• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral de Baja California a sujetarse a los principios de legalidad, imparcialidad e independencia que la ley señala, suscrita por los diputados Antonio Valladolid Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a intervenir frente a los cobros excesivos de energía eléctrica, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del Infonavit y del ISSSTE, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a rehabilitar la carretera Poza Rica-María y la Torre y construir el Puente Remolino, en Papantla, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF a dotar de insumos y equipo al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-190, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que declare región fronteriza la zona conocida como "Los Cinco Manantiales", en Coahuila, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y a las federales a realizar acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la sierra norte del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a incrementar las medidas de seguridad en los puntos de revisión carreteros en el estado de Sonora, a cargo del diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sedesol y a la Sectur a crear un programa que fortalezca y modernice las micro, pequeñas y medianas empresas de artesanos mexicanos de plata, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el periodo 2003-2006, a cargo del diputado Moisés Alcalde Virgen, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, relativo a la situación del médico mexicano-estadounidense Agustín Aguayo, a cargo del diputado José Jaques Medina, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar una cruzada educativa a efecto de analizar el contenido de los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a retomar mediante la Sectur los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Turismo, a cargo de la diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN.

• A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD.

• A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del PRI.

• A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública, a solicitud del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• A la Comisión de Energía, a solicitud del diputado José Amado Orihuela Trejo, del Grupo Parlamentario del PRI.

• A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.

• A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los suscritos, diputados federales Antonio Valladolid Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias, en representación de los diputados de Baja California, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este honorable Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo, a través del cual se exhorta al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California a sujetar sus actos a los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y certeza electoral, para que sea turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Gobernación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Acción Nacional, junto con otras fuerzas políticas y la sociedad civil organizada ha impulsado grandes transformaciones en el país, entre las cuales cabe destacar el importante avance democrático que hemos experimentado en los últimos años.

Para ello, indudablemente, un factor determinante que ha empujado el citado avance democrático han sido las trascendentes reformas que en 1996 observó nuestra Ley Fundamental en materia electoral y a través de las cuales se estableció la exigencia de que la organización de las elecciones recayera en órganos totalmente ciudadanizados, y la obligatoriedad que éstos sujeten sus actos y resoluciones a los principios rectores de la función electoral, es decir, los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y certeza electoral.

A través de estas instituciones y exigencias de nuestro actual estado democrático y constitucional de derecho, con gran eficacia el Constituyente federal ha desmontado las viejas estructuras en las que descansaba el antiguo sistema electoral mexicano y que se caracterizaba, entre otros aspectos, por la sujeción de los órganos electorales a los mandatos de los titulares de los Poderes Ejecutivos y la ilegalidad de sus actuaciones, la iniquidad en la competencia electoral y en el constante atropello a la vida democrática y la pluralidad política.

Sin embargo, es de señalarse que si bien es cierto que hoy en día contamos con un orden constitucional y legal que garantiza en gran medida a los ciudadanos y a los partidos políticos que los procesos electorales se inscribirán dentro de los principios de legalidad y equidad, y que quien obtenga más votos en las urnas es a quien corresponderá asumir las altas responsabilidades que competen al poder público, también lo es que todavía existen intentos de regresión por volver al pasado oscuro donde la trampa, la marrullería, la ilegalidad, el deseo de acceder al poder sin importar los medios y la manipulación eran la constante para ganar las contiendas electorales.

Como es del dominio público, en Baja California el próximo 5 de agosto los ciudadanos elegirán gobernador del estado, diputados y munícipes, y por este motivo los órganos electorales han ejecutado actos y emitido resoluciones que sin duda están incidiendo y trascenderán en las posteriores etapas del proceso electoral.

Es de señalarse que hasta ahora la actuación de cuatro de los siete integrantes del órgano superior normativo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, es decir el Consejo Estatal Electoral, además de poner en predicamento su credibilidad frente a la opinión pública han generado la crítica y el rechazo de diversos partidos políticos, y de la ciudadanía misma a través de organismos de la sociedad civil, quienes han visto con sorpresa la facilidad e irresponsabilidad con que vulneran los principios rectores de la función electoral y exhiben la falta de racionalidad y razonabilidad en sus decisiones.

Es de señalarse que los consejeros Víctor Alarcón Requejo (presidente), y Jaime Vargas Flores, Raúl Flores Adame y Humberto Hernández Soto (numerarios) han asumido conductas que vulneran el orden jurídico electoral, materializando entre otras acciones las siguientes:

Los diputados del Grupo Parlamentario del PAN estaremos pendientes y atentos a la actuación del órgano electoral en Baja California; no podemos ni debemos permitir que los órganos electorales desvíen sus actuaciones en detrimento de nuestra democracia, que es el pilar fundamental sobre el cual descansa nuestro orden jurídico,

Por lo antes expuesto, sometemos a esta honorable soberanía el siguiente

Punto Resolutivo

Único. Se exhorta al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California a sujetar sus actos a los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y certeza electoral que aluden los artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, inciso b, de la Constitución federal; 5 de la Constitución de Baja California; y 1 y 111 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 2007.

Diputados: Antonio Valladolid Rodríguez, Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA PROFECO A INTERVENIR FRENTE A LOS COBROS EXCESIVOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La energía eléctrica es fuente de progreso, pero también forma parte de un drama cotidiano para las familias de escasos recursos que residen principalmente en las zonas de alta temperatura. En ellas, su demanda es elevada para enfrentar el clima extremo pero su baja capacidad adquisitiva las coloca en la disyuntiva de trabajar para vivir o trabajar para pagar la luz.

La sociedad ha expresado de manera continua su descontento, tanto por el alza de los costos de la energía eléctrica como por los cobros excesivos e injustificados, llegándose a casos en donde el recibo de luz presenta cantidades hasta cinco o más veces mayores que un recibo normal. Esta tribuna ha sido ocupada frecuentemente para plantear éste justo reclamo social, mediante proposiciones e iniciativas para modificar el cálculo de las tarifas, para reclasificar las tarifas y para apoyar, por lo menos, a los municipios con mayor índice de marginación.

Mi partido, el PRI, ha sido un activo gestor ante la Secretaría de Hacienda y ante las dos empresas públicas de energía eléctrica para sensibilizarlas y atender este problema. De igual modo, existen varios proyectos legislativos en la Comisión de Energía y en la de Hacienda, también presentados por legisladoras y legisladores priístas.

Lo hemos hecho, animados por dos criterios políticos fundamentales. En primer lugar, porque conocemos de primera mano el drama que vive la población, principalmente en las zonas más pobres, en cada ocasión que reciben el recibo de energía eléctrica. En segundo lugar, porque creemos que se ha desvirtuado la función de las empresas públicas en aras de una mal entendida racionalidad, que pretende que se administren como si fueran negocios mercantiles, cuando en realidad deben ser promotoras de infraestructura y herramientas de bienestar general.

Frente a los cobros excesivos, la respuesta tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Luz y Fuerza del Centro es evitar explicaciones y simplemente señalar que en eso consiste su consumo, dejando en la total indefensión a cientos de miles de personas.

Por otro lado, el uso doméstico de la energía eléctrica, que representa el 25 por ciento del consumo total en sus seis tarifas, ha presentado un alza considerable y continua, sin que existan razones claras de porqué se carga todo el peso del cobro en un sector tan pequeño y que, a la vez, es el de mayor necesidad económica.

Frente a la indolencia de estas empresas, que cada día reciben a muchas personas manifestando su inconformidad, la situación se presenta más difícil en los próximos meses, por lo que es necesario demandar atención y respuestas urgentes ante la problemática expuesta. Se ha pronosticado el incremento del calor, por efecto del fenómeno conocido como El Niño, que pondrá en predicamento a muchas regiones por el verano extremadamente cálido. Esto traerá como consecuencia el incremento del consumo eléctrico. No es necesario hacer gala de prestidigitación, para anticipar el incremento de los cobros abusivos por parte de ambas empresas paraestatales.

Nuestro objetivo es exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en los términos de la Ley federal de Protección al Consumidor, que define esta institución como representante social, se solidarice con la población y presente una actitud firme en defensa de los consumidores de energía eléctrica. Recordemos que el artículo 24 de dicha Ley concede amplias facultades para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervenga en todo tipo de incumplimiento o adulteración de contratos mercantiles, independientemente de sí se trata de empresas públicas o privadas.

Los cobros excesivos representan una violación a los contratos suscritos entre los consumidores con las empresas de energía eléctrica y la Profeco tiene que cumplir responsablemente con su finalidad de garantizar el cumplimiento del derecho.

Por ello, creemos que es procedente exhortar a dicha procuraduría a realizar diferentes acciones, mediante un programa integral, que considere establecer convenios con las empresas paraestatales referidas para atender rápida y eficientemente las inconformidades, que realice una amplia divulgación en medios de comunicación y en su revista, tanto en temas relacionados con el ahorro de energía eléctrica, como acerca del procedimiento para que las quejas sean atendidas.

De igual manera, es deseable que la Profeco establezca mesas especiales para atender a los consumidores y a las familias mexicanas en sus quejas en el caso de los cobros excesivos de la energía eléctrica, con un trato respetuoso y esmerado, pero que, sobre todo, resuelva las solicitudes.

Con el trabajo de esta importante institución, estamos seguros de que la defensa de los consumidores procurará la tan anhelada equidad, seguridad jurídica y protección social de las que hoy carece un amplio sector de la población y donde el Estado tiene que responder con verdadero compromiso social.

Por lo expuesto y fundado, solicitando el carácter de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, mediante la aplicación irrestricta de las facultades que le confiere el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, promueva mecanismos especiales de protección de los derechos de los consumidores de energía eléctrica ante los cobros injustificados, empleando mecanismos de información, orientación, vigilancia, verificación y apoyo especial a la población, principalmente frente al incremento de este problema por la llegada del fenómeno meteorológico El Niño, que producirá elevadas temperaturas, con el consecuente incremento del consumo eléctrico.

Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 2007.

Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL INFONAVIT Y DEL ISSSTE, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN PEDROZO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 23, numeral 1, inciso f, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo que crea la Comisión de Investigación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al tenor de las siguientes.

Consideraciones y antecedentes

Primera. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías individuales y sociales que contempla nuestra Constitución Política, entre las que destaca el derecho que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, que satisfaga en todo momento los requerimientos mínimos de comodidad a los que cualquier persona aspira, para lo cual el artículo cuarto de la Carta Magna define la obligación de que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar este objetivo.

Segunda. El artículo 123 de la propia Constitución establece el derecho de los trabajadores a la vivienda, definida a partir del concepto de habitaciones cómodas e higiénicas.

El apartado A del artículo 123 de la Constitución, en su fracción XII regula lo relacionado con los obreros, jornaleros, empleados domésticos, y en general todos los trabajadores que estén bajo un contrato laboral con empresas privadas, y contempla la obligación que tienen los empleadores de estos trabajadores, a proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas. Dicha obligación constitucional debe cumplirse mediante las aportaciones que tales empresas hacen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con la finalidad de constituir depósitos en beneficio de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar crédito barato y suficiente para que estos adquieran en propiedad tales habitaciones. Para cumplir con este objetivo se expidió la Ley del Infonavit que regula las formas y procedimientos mediante los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones.

De manera similar la fracción XI, inciso f, del apartado B del mismo artículo de la Ley Fundamental, referido a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de varias instituciones públicas incluidas en la ley que reglamenta este apartado, establece que mediante las aportaciones que el Estado haga, instituirá el Fondo Nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) a fin de constituir depósitos en favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Dichas aportaciones son enteradas al Fovissste, que es un órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encargado de administrar las aportaciones realizadas por las dependencias y entidades afiliadas a este instituto, constituidas para otorgar a los derechohabientes el financiamiento correspondiente. Ese fondo está regulado por la Ley del ISSSTE, la cual acota el objeto y el destino de los recursos del Fovissste en sus artículos 100 y 103.

Tercera. Es obligación de los patrones del sector privado observar las disposiciones legales relativas a la determinación de las cuotas y aportaciones a su cargo y enterar su importe al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores conforme a los mandatos definidos en las Leyes del Seguro Social y del Infonavit, respectivamente. Dicha aportación es prioritaria para que los trabajadores puedan recibir financiamiento para ejercer su derecho a la vivienda. Cabe señalar que las aportaciones que hacen los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores, de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Infonavit; por lo que es indispensable detectar a las empresas que eluden sus compromisos con el instituto y por consiguiente, con sus empleados.

Todo lo anterior es materia de las regulaciones que la Ley Federal del Trabajo establece en sus artículos 136 al 153, en concordancia con lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna.

Sin embargo el Infonavit gradualmente ha dejado de cumplir con el objeto social por el cual fue creado, por lo que se ha configurado en un organismo gestor de poderosos consorcios inmobiliarios que determinan la orientación de los programas de este fondo de los trabajadores, incumpliéndose así el carácter de organismo de servicio social definido en el artículo 2 de la Ley del Infonavit, de tal modo que el objeto por el cual fue instituido este organismo ha sido adaptado a las exigencias de esos consorcios, cuyo poder económico ha dado lugar a contrarreformas en al estructura, funcionamiento y operación del propio Infonavit.

Cuarta. En el caso del Fovissste las aportaciones las realiza el gobierno en su carácter de empleador. Cabe hacer mención que el marco jurídico que norma el funcionamiento y operación de dicho fondo han obligado al fondo a permanecer ligado y dependiente en términos jerárquicos, económicos y administrativos al ISSSTE, el cual es el organismo de la administración pública federal responsable de la seguridad social de los trabajadores del Estado.

En el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional se define la obligación de los titulares de las instituciones de la administración pública federal para cumplir con los preceptos normativos relativos a la vivienda de los trabajadores del sector público.

Esta situación ha impedido la conformación de una estructura orgánica que procese decisiones con autonomía técnica, administrativa y financiera que permitan el cabal cumplimiento de los objetivos sociales para los que fue creado el Fovissste, impidiendo así la libre planeación y puesta en práctica de sus atribuciones y actividades, repercutiendo en la calidad y atención de las necesidades de los trabajadores. Por tal motivo es necesario modernizar esta institución mediante reformas que contribuyan a cambiar la naturaleza del Fovissste, y dejar de ser un organismo dependiente del ISSSTE para erigirse en una institución con autonomía técnica, administrativa y financiera que cumpla con el mandato constitucional que inspiró su creación, superando también la subordinación que tiene respecto a los consorcios inmobiliarios y constructores que han distorsionado la política y los programas habitacionales respectivos.

Quinta. La Ley de Vivienda, reglamentaria de lo planteado en materia de vivienda en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con previsión varias disposiciones explícitas que obligan a Infonavit y Fovissste a acatar diversos lineamientos jurídicos y programáticos. Ambos organismos deben sujetarse a lo establecido en la Ley de Vivienda y el Plan Nacional de Desarrollo (artículo 3, cuarto párrafo), dado que son parte del Sistema Nacional de Vivienda (artículo 14, fracción III), esto implica que deben atender las necesidades de vivienda en todos sus tipos y modalidades no exclusivamente para financiar la adquisición de viviendas producidas por empresas tales como Sare, Geo, Homex, Consorcio Hogar, Ara, Urbi, Demet, entre otras, que ejercen un control oligopólico del mercado habitacional (artículo 48, primer párrafo), debiendo por tal motivo establecer tasas preferenciales en sus programas de financiamiento, incorporando plenamente a los derechohabientes de menores ingresos para ejercer su derecho a la vivienda, para resolver la excluyente situación que está ocurriendo en los últimos años (artículo 57) así como articular programas de suelo y vivienda con sentido social (artículo 73) sin subordinar sus políticas a las determinaciones del mercado.

En su carácter de entidades de la administración pública federal, también deben sujetarse a la Ley de Planeación y el Programa Nacional de Vivienda (artículo 10), toda vez que los lineamientos del Programa Nacional de Vivienda, son obligatorios para la administración pública federal en su conjunto (artículo 9, tercer párrafo); lo anterior deriva de la clara definición de la vivienda como área prioritaria del desarrollo nacional que la Ley de Vivienda establece en el segundo párrafo de su artículo 1, por lo que debe haber equidad y no discriminar a los beneficiarios de los programas públicos de vivienda (artículo 3, primer párrafo). Por lo tanto, Infonavit y Fovissste deben orientar sus programas bajo el precepto de vivienda digna y decorosa definido en el artículo 2 de la propia Ley de Vivienda, superando las prácticas mercantilizadas que lejos de fortalecer el libre mercado han consolidado un mercado oligopólico subsidiado con recursos de los trabajadores, para lo cual se ofrecen institucionalmente "productos financieros" que muestran la subordinación oficial a las condiciones financieras, técnicas, arquitectónicas y de diseño urbano impuestas por empresas que basan su poderío en la especulación, además de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, en franca contradicción entre sus elevados niveles de ganancia y la precaria calidad de las viviendas que venden con el ignominioso apoyo de los dos fondos de los trabajadores, que además han modificado su gestión para consolidar la intermediación de instancias privadas como son las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) hipotecarias, que encarecen los créditos a los trabajadores.

Sexta. A partir de 1983, con la administración del entonces presidente Miguel de la Madrid, el régimen político mexicano abandonó de forma definitiva la política de Estado benefactor, que si bien no respondía a plenitud las exigencias de vivienda de la clase trabajadora, si asumía parcialmente tal responsabilidad a través de los organismos públicos emanados del artículo 123 comentado, la obligación constitucional de garantizar el derecho a la vivienda en el ámbito de los derechos de los trabajadores. Cabe hacer mención que recientemente esta Cámara de Diputados coeditó un libro con la Universidad Autónoma Metropolitana titulado "Entre el Estado y el mercado. La vivienda en el México de hoy", y donde se demuestran las negativas repercusiones de estas contrarreformas en el sector de la vivienda.

Desde esa primera etapa del neoliberalismo mexicano se transita a una política gubernamental supeditada a los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que cuentan con el respaldo político del régimen presidencialista para iniciar experimentos de "reingeniería institucional" desde la cual se inicia la reconversión institucional y programática para responder a las estrategias de ajuste macroeconómico que supuestamente pretendían resolver la crisis fiscal del Estado y atender la impagable deuda externa. Tal estrategia consistió en la apertura irrestricta de la economía a la inversión del capital extranjero, promoviendo para ello un fuerte abatimiento salarial, imponiendo topes salariales y la llamada flexibilización laboral, iniciando además el proceso de la contrarreforma de las políticas de vivienda para los trabajadores.

Durante las administraciones de los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox se redujo el presupuesto público social y se privatizaron la mayoría de las empresas públicas. En suma, el país quedó a merced de las empresas trasnacionales. A pesar de que las políticas neoliberales no resolvieron los problemas económicos a los cuales la demagogia presidencial afirmaba dar respuesta definitiva para encaminar a la nación por la vía del progreso y el desarrollo, se insiste en continuar y profundizar estas nefastas políticas con la administración de Felipe Calderón, avanzando en una estrategia de privatización de las empresas públicas estratégicas que aún existen (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad) y de los servicios públicos, incluyendo el sistema de seguridad social. Sin olvidar que la política agropecuaria de estos gobiernos ha creado una situación de desastre en el campo, como lo está mostrando crudamente la tolerancia del gobierno actual hacia las empresas especuladoras que aumentaron el precio de la tortilla sin ser sometidos al Estado de derecho, al contrario, cuentan con apoyo presidencial para atentar contra el pueblo mexicano.

Han transcurrido cuatro sexenios y la continuidad neoconservadora de los desgobiernos tiene como base de estrategia para garantizar mayores ganancias al gran capital la imposición de programas, decisiones y acciones en contra de los derechos sociales conquistados por los trabajadores a lo largo de varias décadas de luchas sociales. La amenaza a la seguridad social es de tal magnitud que la tendencia hacia su destrucción y posterior reforma hacia un sistema privatizado no debe ser permitido por esta soberanía. Debemos defender la Constitución ante el alto riesgo que representa la voracidad neoliberal que nuevamente se refugia en el discurso modernizador y de ver al futuro para regresar a nuestra nación a los tiempos de la tienda de raya y otras formas de explotación propias de regímenes de hambre y represión.

Séptima. La intensa campaña iniciada con Fox y continuada con Calderón acerca de los falsos logros en materia de vivienda oculta la realidad, falsea los hechos porque pretende ocultar que el rezago habitacional existente en 2000, según datos del propio gobierno federal, era de más de 4.2 millones de viviendas, mismo que aumentó durante el sexenio anterior en 2.5 millones de viviendas. Esto significa que actualmente el déficit es mayor a 6.8 millones de viviendas, es claro que las estrategias neoliberales y los programas del gobierno federal no tienen un compromiso con la sociedad, por ello sus resultados expresan el desinterés real por atender las necesidades sociales.

La situación es peor en las regiones más pobres y subdesarrolladas de nuestro país. Es la población de menores ingresos del sector formal y la no asalariada del campo y la ciudad la que esta más lejos del ejercicio del derecho a la vivienda reconocido en la Carta Magna. Para los funcionarios neoliberales que irresponsablemente tienen a su cargo a los organismos nacionales de vivienda (Infonavit, Fovissste, Fonhapo y Sociedad Hipotecaria Federal), orgullosos de la cantidad de créditos otorgados para adquisición de viviendas de mala calidad (y ubicadas en megaproyectos localizados en las periferias metropolitanas creando graves problemas urbanos y sociales) conforme a la política oligopólica de las empresas desarrolladoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, no hay problema, pues se trata solamente de imperfecciones menores del mercado, mismas que se resolverán con el enfoque financiero en curso, creando paquetes crediticios para los sectores con ingresos inferiores a tres salarios mínimos.

El entusiasmo de los funcionarios mencionados constituye una mentira tecnócrata. Además de que cerca de la mitad de los hogares están excluidos del sistema de seguridad social y por lo tanto no tienen acceso a los programas de Infonavit y Fovissste según datos de la "Encuesta Nacional Ingreso-Gasto" del Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Informática (INEGI). Pero además la mayor parte de los trabajadores perciben bajos salarios. En el caso de Infonavit 75% de los derechohabientes percibe menos de cuatro salarios mínimos y sistemáticamente han sido excluidos de los "novedosos" paquetes financieros sugeridos por el Banco Mundial.

La sociedad mexicana necesita más y mejor vivienda, mediante programas integrales donde el financiamiento no sea definido exclusivamente desde criterios de mercado, sino que esté sujeto al mandato constitucional y se base en los principio de equidad, calidad y protección a la vivienda de los trabajadores. La Constitución es clara en sus disposiciones: debe ponerse orden en beneficio de la mayoría de la población, no el orden de la violencia institucional que vulnera los derechos sociales.

Para hacer cumplir la Constitución deben democratizarse las decisiones en los organismos de vivienda de los trabajadores, en caso contrario la continuidad neoliberal seguirá imponiendo la desarticulación e incongruencia de los programas institucionales, sirviendo así a las poderosas empresas del llamado sector vivienda en detrimento de los derechos de los trabajadores.

La Comisión propuesta en este punto de acuerdo deberá estudiar la problemática actual, elaborando propuestas para reformar la Ley del Infonavit, la Ley del ISSSTE en lo relativo al Fovissste y la Ley de Vivienda para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores establecido por la Carta Magna.

En el caso de la denominada vivienda económica, tenemos una necesidad que debe ser atendida en la perspectiva mencionada. Hemos demostrado que 75 por ciento de los trabajadores afiliados al Infonavit perciben menos de cuatro salarios mínimos. Este organismo público creó en 1992 un programa de vivienda económica para atender a este sector mayoritario de los trabajadores.

Sin embargo no nos engañemos, este programa recibe subsidio público. No es con el ahorro de los trabajadores que administra el Infonavit como opera este programa. Dentro de la demagógica argumentación que sustenta este programa se habla de esquemas de cofinanciamiento. Con recursos provenientes del Ramo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el programa "Tu Casa", administrado por Fonhapo, canaliza recursos fiscales para los trabajadores de bajos ingresos que deberían ser destinados para atender a la población no asalariada del campo y la ciudad, que conforma el universo de atención para el cual fue creado Fonhapo hace más de 25 años.

Estamos frente a un manejo perverso de los recursos fiscales. Al abdicar de las responsabilidades que nuestra Ley Fundamental establece en el artículo 123, Infonavit y Fovissste otorgan una parte del financiamiento a este sector de trabajadores pobres mientras que el gobierno federal complementa con alrededor de 30 mil pesos el "paquete" para que los trabajadores puedan acudir al mercado habitacional controlado por un poderosos sistema oligopólico que he mencionado anteriormente, de tal modo que los programas públicos son rediseñados para adaptar el "crédito barato y suficiente" enunciado en el artículo 123 constitucional a las condiciones del inexistente libre mercado.

Octava. Es claro que hoy en día el otorgamiento de créditos hipotecarios para los trabajadores es un jugoso negocio para un verdadera mafia que controla el mercado habitacional y que están cohesionados gracias al apoyo del gobierno federal y los organismos nacionales de vivienda, y también con la cobertura que les otorgan otras leyes secundarias como son las leyes del Infonavit, del ISSSTE y de Vivienda.

Así, en la industria de la construcción, en la comercialización y compra-venta de viviendas, así como con el financiamiento, Infonavit y Fovissste han modificado radicalmente sus estructuras, organización, funcionamiento y operación para dar cabida al sector privado oligopólico que participa a través de dos mecanismos, la incursión en el mercado de valores mediante la bursatilización de cartera, la cual en el caso de Infonavit representa aproximadamente 450 mil millones de pesos mediante los Certificados de Vivienda (Cedevis); entre los principales compradores de estos, están las Afores y las compañías de seguros. Vía bursatilización se esta vendiendo parte de la cartera, lo que permite que inversionistas privados compren ese papel y participen en el distorsionado financiamiento de los trabajadores del Infonavit de mayores ingresos; el segundo mecanismo utilizado para involucrar al sector privado está conformado por el cofinanciamiento y el Apoyo Infonavit.

Novena. Desde 1993, en pleno auge del Salinato, los fondos de los trabajadores han padecido de mala administración y corrupción, no sólo en los mecanismos tradicionales que provocan pérdidas y deterioro financiero, sino también por el incumplimiento del mandato constitucional, donde tenemos que no se cumple con los preceptos de "habitaciones cómodas e higiénicas" del artículo 123 y en referido a la "vivienda digna y decorosa" del artículo cuarto.

Esto implica una corrupción de otro tipo: violar la Constitución con base en el poder político como garante del incumplimiento del orden jurídico. Lejos de crear bases para el desarrollo nacional, se atenta contra las bases del mismo, que se encuentran en la propia sociedad. Tratar los derechos sociales como mercancías es un abuso de autoridad, una perversión política y un ejemplo de ausencia de ética y moral pública.

Todo esto ha contribuido al auge de los negocios inmobiliarios de carácter especulativo, ajenos al desarrollo social, urbano y sustentable, ligado íntimamente con la intención privatizadora de la seguridad social, dejando de lado la esencia solidaria y el carácter social del bienestar colectivo, sustituyéndola por una racionalidad mercantil, especulativa y de despojo social, en contra de los derechos sociales garantizados por nuestra Constitución.

La seguridad social y los organismos encargados de administrar y proteger el derecho a la vivienda de los trabajadores debe estar bajo la custodia de instituciones de otro tipo, con el objetivo de construir un sistema de Seguridad Social Universal, de calidad en los diversos niveles de atención, vivienda digna y barata; para lograrlo debemos reconstruir las instituciones y reformar las leyes y reglamentos, en pro del desarrollo social, incluyendo la vivienda como satisfactor básico para el bienestar individual y colectivo.

Décima. El reto de dignificar la vivienda para los trabajadores demanda que esta soberanía asuma como guía de actuación parlamentaria y trabajo legislativo la estricta observancia de nuestra Constitución.

En virtud de lo anterior, considero inaplazable que esta soberanía, que este poder público apruebe la creación de una comisión responsable de dar respuestas a la problemática de la vivienda de los trabajadores, como una instancia colegiada que analice, supervise en su ámbito de competencia y lleve seguimiento y fiscalice a Infonavit y Fovissste, orientando su trabajo legislativo a favor de reformas integrales de ambos organismos públicos con la finalidad de rescatar la seguridad social de su actual situación, reivindicar su esencia solidaria y dar marcha atrás al proceso de privatización en curso, por supuesto que sin menoscabo de la necesidad de viabilidad financiera que requieren los organismos en comento, pugnando por la transparencia en todos los aspectos de organización, funcionamiento y operación, así como no ceder en el necesario combate a la corrupción imperante.

En razón de lo anteriormente fundado y motivado, me permito presentar ante esta soberanía, solicitando su voto favorable, el siguiente.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura crea la Comisión de Investigación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Segundo. El objeto de la Comisión es analizar si ambos organismos han cumplido con el derecho a la vivienda de los trabajadores en el marco de los cambios que en los últimos años ha tenido la legislación en la materia.

Tercero. Esta Comisión investigará las causas por las que las viviendas de los trabajadores se ha encarecido ya que los precios de éstas han quedado al libre juego del mercado, atentando contra el derecho a la vivienda.

Cuarto. Esta Comisión funcionará de conformidad con los ordenamientos correspondientes establecidos la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas, de tal modo que contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Quinto. La comisión estará integrada por 15/30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de esta soberanía.

Sexto. La Comisión materia del presente acuerdo, funcionará durante la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Séptimo. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2007.

Diputados: Adrián Pedrozo Castillo, Pablo Trejo Pérez, Javier González Garza, Alejandro Sánchez Camacho, Faustino Soto Ramos, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Santiago López Becerra, Hugo Eduardo Martínez Padilla, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Raymundo Cárdenas Hernández, Miguel Ángel Navarro Quintero, Francisco Sánchez Ramos, Susana Monreal Ávila, Aurora Cervantes Rodríguez, Silbestre Álvarez Ramón, Santiago Gustavo Pedro Cortés, Víctor Gabriel Varela López, Mónica Fernández Balboa, Moisés Félix Dagdug Lützow, Javier Hernández Manzanares, María Soledad López Torres, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Octavio Martínez Vargas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Ramón Almonte Borja, Concepción Ojeda Hernández, Aleida Alavez Ruiz, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Juan Dario Lemarroy Martínez, Juan Manuel San Martín Hernández, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Fernando Enrique Mayans Canabal, Alberto López Rojas, Miguel Ángel Solares Chávez, Carlos Sánchez Barrios, Maribel Luisa Alva Olvera, Roberto Mendoza Flores, Antonio Ortega Martínez, Amador Campos Aburto, Odilón Romero Gutiérrez, David Sánchez Camacho, Ramón Félix Pacheco Llanes, Gerardo Villanueva Albarrán, David Mendoza Arellano, Andrés Lozano Lozano, Maricela Contreras Julián, Venancio Luis Sánchez Jiménez, Daniel Dehesa Mora, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Alejandro Martínez Hernández, Martín Zepeda Hernández, Armando Barreiro Pérez, Valentina Valia Batres Guadarrama, Holly Matus Toledo, Francisco Javier Calzada Vázquez, Irene Aragón Castillo, Isidro Pedraza Chávez, Martín Jaime Espejel Lazcano, Juan Dario Arreola Calderón, José Antonio Saavedra Coronel, Miguel Ángel Peña Sánchez, Alma Lilia Luna Murguía, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Ana Yurixi Leyva Piñón, Martín Ramos Castellanos, Carlos Orsoe Morales Vázquez, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Neftalí Garzón Contreras, Adriana Díaz Contreras, Carlos Ernesto Navarro López, Héctor Narcía Álvarez, Francisco Javier Santos Arreola, César Flores Maldonado, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Miguel Ángel Arellano Pulido, Humberto Wifrido Alonso Razo, Rafael Villicaña García, Mario Vallejo Estevez, Francisco Márquez Tinoco, Silvia Oliva Fragoso, Efraín Morales Sánchez, Lourdes Alonso Flores, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Higinio Chávez García, María Eugenia Jiménez Valenzuela, Sergio Hernández Hernández, Ruth Zavaleta Salgado, Alliet Mariana Bautista Bravo, Cuitlahuac Condado Escamilla, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Daisy Selene Hernández Gaytán, Benjamín Hernández Silva, José Jacques y Medina, Modesto Brito González, Salvador Ruíz Sánchez, Layda Elena Sansores San Román, Juan Ignacio Samperio Montaño, Jorge Godoy Cárdenas, Aída Marina Arvizu Rivas, Elías Cárdenas Márquez, Rafael Franco Melgarejo, Tomás José Luis Varela Lagunas, José Luis Aguilera Rico, María del Carmen Salvatori Bronca, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, Martha Angélica Tagle Martínez, Humberto López Lena Cruz, José Antonio Almazán González, Claudia Lilia Cruz Santiago, Marcos Matías Alonso, María Elena Torres Baltasar, Raciel Pérez Cruz, Víctor Aguirre Alcalde, Othón Cuevas Córdova, Carlos Roberto Martínez Martínez, Antonio Soto Sánchez, Irineo Mendoza Mendoza, Gloria Rasgado Corsi, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Gloria Ángela Bertha Lavara Mejía, Carlos Alberto Puente Salas, Joaquín Humberto Vela González, Rafael Plácido Ramos Becerril, Jaime Cervantes Rivera, Rubén Aguilar Jiménez, Rodolfo Solís Parga, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Mario Enrique del Toro, Emilio Ulloa Pérez, Juan Adolfo Orcí Martínez, Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbricas)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR Y PUBLICAR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal por el Distrito Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 10 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de las Personas con Discapacidad, con objeto de sentar las bases de integración y de acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida, así como la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y de los municipios colaborarán con la federación en dicha tarea.

Sin embargo, a pesar de que la propia Ley de Personas con Discapacidad, en el artículo quinto transitorio, concedió al presidente de la república un plazo de seis meses para la expedición del reglamento de la propia ley, el Ejecutivo federal cumplió sólo dos de las tres acciones; es decir, publicó la ley en el Diario Oficial y en marzo se formó el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, sin expedir el reglamento a que está obligado.

Por tanto, nos encontramos ante el incumplimiento del mandato legal, lo que trae como consecuencia inmediata que la legislación en materia de personas con discapacidad permanezca inconclusa sin permitir su aplicación, como exigen la justicia, la solidaridad y el deber con este sector de la población.

La atención de los grupos vulnerables, entre los que se encuentran las personas con alguna discapacidad, merece nuestro apoyo unánime. Merece superar diferencias políticas e ideológicas. Debe unirnos bajo la idea de una sociedad verdaderamente fundada en la equidad y la no discriminación. Lamentablemente, los discapacitados viven una doble y hasta una triple exclusión: a las diferencias económicas y de clase se agregan el menosprecio y el rechazo de quienes se autonombran "personas normales".

Las personas con discapacidad forman una dolorosa realidad. En el mundo alcanza a 10 por ciento de la población, lo que representa cerca de 650 millones de personas; 80 por ciento de ellos vive en la pobreza y en la más lacerante miseria. En México se estima que hay casi 2 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que es cercano a 2 por ciento de la población total. Éstas son las personas que tiene que vivir con alguna limitación motriz, visual, mental, auditiva o de lenguaje, que limita no su esfuerzo y el valor de su trabajo sino la posibilidad de competir en condiciones iguales y la práctica imposibilidad de romper los cercos físicos, sociales y culturales que les hemos impuesto.

Para ilustrar su situación, algunos datos ejemplifican el drama y la diferencia cotidiana que viven: de los jóvenes con discapacidad de entre 15 y 29 años, sólo 15 por ciento asiste a la escuela; 33 por ciento no sabe leer ni escribir y de cada 100 sólo 30 tienen trabajo durante más de 48 horas a la semana, sin mencionar el bajo salario que se les otorga, muchas veces como un favor y no como resultado del valor de su desempeño.

Esto es lo que estamos exigiendo: hacer realidad la legislación justiciera que hemos aprobado los legisladores y expedir las reglas que permitan que las personas con discapacidad puedan acceder a los derechos que a todos se nos reconocen y que para ellos muchas veces están inaceptablemente negados.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir, con ánimo de justicia y observando el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley, lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de las Personas con Discapacidad, emitiendo su reglamento y cuidando en todo momento que su contenido no incurra en violaciones o restricciones de los derechos que ésta reconoce.

Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 2007.

Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A REHABILITAR LA CARRETERA POZA RICA-MARÍA Y LA TORRE Y CONSTRUIR EL PUENTE REMOLINO, EN PAPANTLA, VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a los gobiernos municipal y federal a rehabilitar la carretera Poza Rica-María de la Torre y a construir el nuevo Puente Remolino, en Papantla, Veracruz.

Antecedentes

El pasado lunes 19 de febrero, campesinos, maestros y dueños de transportes de Papantla, al norte de estado de Veracruz, bloquearon el acceso al Puente Remolino, debido a que las autoridades correspondientes no han iniciado la rehabilitación de tan importante vía de comunicación.

El bloqueo de la vía de comunicación se suscitó de las 8:00 a las 11:00 horas; tras dialogar con autoridades de los gobiernos municipal y estatal, los manifestantes se retiraron pacíficamente.

Las personas que se dieron cita para tomar el acceso manifestaron su inconformidad porque no se han iniciado los trabajos de construcción de lo que será el nuevo puente, a pesar de que presuntamente el gobierno federal y Pemex ya aportaron la cantidad prometida desde el año pasado.

Además, señalaron que la carretera que va de Poza Rica a María y la Torre está completamente destrozada y cada año le administran sólo un "mejoral" con los programas de bacheo.

Considerando

Punto de Acuerdo

Único. Para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno municipal de Papantla, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para rehabilitar la carretera Poza Rica-María de la Torre e iniciar la construcción del nuevo Puente Remolino.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 22 de febrero de 2007.

Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DF A DOTAR DE INSUMOS Y EQUIPO AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA

Mónica Arriola, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, viene a solicitar que se ponga a discusión y eventual aprobación por el Pleno de esta asamblea el presente punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 1887, la sociedad ha dado testimonio para reconocer la valiosa e insustituible labor del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal en las actividades de emergencia y salvamento, las cuales han sido invaluables para la ciudadanía en la protección de sus vidas, bienes y entorno. Sin embargo, en su historia institucional, el bombero, a pesar de ser un pilar en la protección civil, ha tenido que enfrentar situaciones difíciles para su operación y adecuado funcionamiento, como la marginación y el abandono a su suerte.

Hasta ahora, la situación de los bomberos no ha cambiado mucho, pues existen en el Distrito Federal tan sólo 14 estaciones, con aproximadamente mil 300 elementos, de los que 150 son femeninos, lo que resulta insuficiente para brindar ayuda a los habitantes de las 16 delegaciones políticas, lo que no alcanza siquiera para contar con una estación por delegación política.

El bombero es un servidor público cuyas funciones son la prevención, el control y el ataque de las contingencias que acontezcan en el Distrito Federal.

El mando supremo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal corresponde al jefe de Gobierno, quien lo ejercerá a través del director general.

Por mandato legal, el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal tiene la obligación de brindar a los habitantes de la Ciudad de México un servicio público de especialización: estará en alerta permanente las 24 horas del día los 365 días del año y todo el personal del organismo deberá estar en disposición para prestar sus servicios con la mayor brevedad, si así le requiere el mando.

La gran responsabilidad de los elementos de este organismo es digna de encomio, y es que su tarea la realizan sin los instrumentos necesarios que les permitan mayor eficiencia. Por ejemplo, no cuentan con las plumas hidráulicas adecuadas –máquinas que sirven para acceder por la parte exterior a un inmueble inmerso en un incendio de grandes magnitudes–, las que utilizan sólo tienen capacidad para atender edificios de 10 o 12 pisos aproximadamente, de tal manera que si se presenta un incendio en las grandes construcciones de la ciudad, como la Torre Mayor, la torre de Pemex, el Word Trade Center, el edificio donde se localizan los tribunales del Distrito Federal o el de Relaciones Exteriores, el Cuerpo de Bomberos no estaría en posibilidad de combatir el siniestro por no contar con los instrumentos de trabajo necesarios, lo que acarrearía como consecuencia que el combate del fuego se realice sin la prontitud que requiere la emergencia. De esa manera, se corre el riesgo de que existan más pérdidas de vidas humanas, tanto del personal de bomberos como de las víctimas por rescatar.

Ahora bien, las funciones de los bomberos no se circunscriben sólo a combatir incendios. También se encargan de atender los siguientes siniestros: explosiones, rescate de cadáveres, retiro de cables caídos, atención de cortocircuitos, servicio de prevención de incendios, atención en las inundaciones, destape de coladeras, retiro de secciones de árboles, retiro de enjambres, rescate de personas en peligro de suicidio, atención de derrames de fluidos de diversa naturaleza, retiro de sustancias peligrosas, derrumbes, mezclas inflamables, atención de fugaz de gas, choques y volcaduras, servicio social y atención de falsas alarmas. Como vemos, sus tareas se multiplican.

Sin embargo, la protección de las vidas humanas, y de los bienes muebles e inmuebles es la misión primaria de los bomberos. Hablar de la agrupación de bomberos es referirse al valor, al arrojo, a la valentía y al peligro, pero también significa responsabilidad, vocación de servicio, honestidad y auxilio de víctimas.

La Ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo que cuenta con una población de 8.5 millones de habitantes en un territorio cercano a mil 500 kilómetros cuadrados, sin considerar los 10 millones de personas que se ubican en la zona conurbada, por lo que la atención de servicios y su calidad se convierten en un reto para las autoridades, que enfrentan gran diversidad de problemáticas por las demandas de la población y las características geográficas de sus asentamientos.

A pesar de este escenario, el Heroico Cuerpo de Bomberos trata de dar cobertura en todo el territorio de la Ciudad de México, optimizando los recursos con el equipo con que cuenta, que resulta obsoleto, o está ya muy trabajado o desgastado por su uso natural, de allí la urgencia de su renovación. En tanto, el discurso no ha cambiado por parte de las autoridades capitalinas, porque se argumenta falta de presupuesto para satisfacer las necesidades.

Si queremos tener una "ciudad cosmopolita", como la han denominado las autoridades capitalinas, debemos tener la certeza de que los elementos del Cuerpo de Bomberos cuenten con incentivos para otorgar a la capital de la república servicios suficientes para brindar seguridad y protección a los habitantes. Si no es así, estamos lejos de que la Ciudad de México sea considerada cosmopolita.

No se puede seguir con esta situación; es necesario voltear la vista hacia ellos y reflexionar sobre lo importante que resulta su labor para todos nosotros. Su misión y objetivo son salvar las vidas de las personas que sufren un siniestro o incendio, aun a costa de la propia, convencidos de su obligación, la cual ejecutan con convicción y con ánimo de servicio, lo que los hace doblemente héroes, de allí el nombre de "Heroico Cuerpo de Bomberos".

Sin embargo, se presentan algunas circunstancias que conviene analizar; por ejemplo, los horarios que tiene que cubrir cada uno de los bomberos resulta fatigoso: es de 24 horas de trabajo por 48 de descanso.

El personal femenino no cuenta con guarderías donde las madres puedan dejar a los hijos mientras se dedican a sus labores, prestación que el gobierno central debería cumplir. En cuanto a los uniformes, se les dota de uno cada año, por lo que cada elemento tiene que adquirir, por sus medios, una o dos mudas más para tener una presencia decorosa.

La creciente explosión demográfica que presenta la Ciudad de México obliga a las autoridades a que por lo menos exista una estación de bomberos con varias subestaciones en cada delegación política y a que se doble el número de elementos, que se les proporcionen más uniformes, carros bomba y tanquetas, entre otras, para brindar un servicio de mayor calidad, conforme a las exigencias de esta metrópoli.

Salvar vidas es su primera misión; después, sofocar los incendios que se presenten, que en muchos casos son de gran dimensión, lo que agudiza el problema y obliga a la agrupación a redoblar esfuerzos.

Para ser candidato a ocupar las plazas disponibles, los aspirantes deben acudir a un curso intensivo y arduo, cuya duración es de seis meses, sin incentivo económico a los participantes. Quienes lo acrediten pasan a formar parte como bombero, que es el rango más bajo. La capacitación que reciben podríamos decir que es buena, pero no excelente porque esta agrupación no cuenta con las instalaciones necesarias para instruir al personal de nuevo ingreso.

Por eso es loable y digna de admiración la labor y el sacrificio que realiza el Heroico Cuerpo de Bomberos para rescatar vidas humanas, así también poner a salvo los bienes muebles o inmuebles, evitando con ello pérdidas millonarias a sus propietarios.

No podemos permanecer inermes o insensibles ante la precaria situación que están pasando los bomberos, dado lo importante y delicada que es su tarea. Es necesario inyectarle recursos humanos, materiales y financiamientos para contar con una organización acorde con las necesidades de esta urbe.

En síntesis, es urgente lograr la dignificación del bombero, la cual ha sido una lucha constante de quienes forman esa institución.

Por lo expuesto, someto a la discusión y eventual aprobación por el Pleno de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que se realicen las gestiones o los procedimientos administrativos necesarios para hacer factible la dotación de insumos y equipo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, con la finalidad de que los servicios de socorro y auxilio de las personas que sufran una contingencia sea cubierto de manera oportuna y eficiente.

Segundo. Que el mismo jefe de Gobierno de la Ciudad de México informe a esta soberanía sobre el resultado del presente exhorto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2007.

Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A EMITIR COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE LA NUEVA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-190, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con fecha 9 de marzo de 2000 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana (NOM-190-SSA 1-1999), sobre prestación de servicios de salud y criterios para la atención médica de la violencia familiar. Conforme al artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor. En virtud de lo anterior, la Secretaría de Salud inició la revisión de la misma desde el año 2005, con el fin de llevar a cabo las adecuaciones correspondientes y hasta la fecha no ha sido publicada.

La norma oficial mexicana citada tiene por objeto establecer los criterios a observar en la atención médica y la orientación que se proporcionan a las y los usuarios que se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar. Es de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el sistema nacional de salud. Es un instrumento para atender en los establecimientos de salud a las personas involucradas en situación de violencia familiar, y para contribuir a la prevención de esta última.

La violencia familiar es un serio problema de salud pública y el gobierno mexicano desde el punto de vista de atención médica lo ha reconocido así. En México, como en muchas partes del mundo, la violencia familiar tiene un trasfondo cultural complejo, lo que dificulta la adecuada planeación y ejecución de acciones para su prevención, detección y atención.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud "la violencia contra la mujer es causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva, tan grave como el cáncer, así como un factor de riesgo de salud mayor que el de los accidentes de tránsito y la malaria combinados".¹

En el caso de las mujeres, la violencia de pareja tiene una importancia especial tanto por su frecuencia como por la carga de enfermedad que provoca. De acuerdo con el Informe mundial sobre la violencia y la salud de la Organización Mundial de la Salud, a partir de 48 encuestas realizadas en diversos países, se encontró que entre 10 y 69 por ciento de las mujeres encuestadas mencionaron haber sido agredidas físicamente por su pareja en algún momento de sus vidas.

La violencia familiar se reconoce no sólo como un problema de salud pública, sino también de derechos humanos, de justicia social y como un delito, que además incluye la violencia psicológica, física, sexual y económica.

La violencia sexual es un fenómeno mucho más frecuente de lo que pensamos y cuyas consecuencias físicas, psicológicas y para la salud pública poco se mencionan; con estas consideraciones, es necesario que proveedores y proveedoras de los servicios de salud cuenten con información especializada para prevenir y limitar en lo posible y de manera inmediata mayores daños a la salud, derivados de este tipo de agresión, para apoyar a quienes la padecen y garantizar su seguridad así como promover su recuperación.

Es importante reconocer que la atención oportuna y de calidad, tiene un impacto positivo y significativo en la prevención de complicaciones importantes ante delitos como el de violación, que afectan la calidad de vida, al perpetuar los daños emocionales biológicos y sociales, entre los que se encuentran el embarazo forzado y las infecciones de transmisión sexual.

La mayoría de las mujeres en situación de violencia familiar o en riesgo de sufrirla, acuden al menos una vez al sector salud para recibir atención médica por las lesiones producto de la violencia o por otros motivos de salud, hecho que incrementa la necesidad de que personal de salud participe de manera acertada para la prevención, detección y atención de casos de violencia familiar.

Con las adecuaciones realizadas a la nueva Norma Oficial Mexicana, el Gobierno de México seguirá cumpliendo con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de violencia, especialmente los que se encuentran plasmados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.²

Bajo este contexto es de especial relevancia que la norma siga vigente como instrumento de ayuda para conocer la magnitud y características específicas del impacto de la violencia familiar en nuestro país. Además de que con su publicación apoyará a la recientemente publicada Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A casi 7 años de la entrada en vigor de la norma fue necesario adecuarla a los nuevos retos y circunstancias que se presentan en el tema de la violencia. El proyecto ya está, el proceso ya se cumplió, por lo que es importante que la Secretaría de Salud, a través de las instancias correspondientes agilice los trámites hacia el interior de la secretaría y lleve a cabo la publicación de la misma con la mayor brevedad.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a la Secretaría de Salud federal, en particular a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a emitir los comentarios correspondientes sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana 190, sobre prestación de servicios de salud y criterios para la atención médica de la violencia familiar, y se lleve a cabo su publicación a la brevedad.

Notas:
1 Datos del Centro Nacional de Equidad y Género de la Secretaría de Salud. Comentarios a la Norma Oficial Mexicana, 1ª edición, 2003.
2 Foros internacionales importantes (Asamblea General de las Naciones Unidas. 1979), Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989), Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" (OEA, 1994), Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), y la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE DECLARE REGIÓN FRONTERIZA LA ZONA CONOCIDA COMO "LOS CINCO MANANTIALES", EN COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL HUMBERTO GARCÍA REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Ángel Humberto García Reyes, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Legislatura, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene por objeto solicitar al Ejecutivo federal la expedición de una resolución que determine y declare como región fronteriza la zona conocida como Los Cinco Manantiales, integrada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila, para que, en consecuencia, puedan éstos y sus habitantes tener pleno acceso a los apoyos fiscales y facilidades administrativas otorgados por los decretos y demás ordenamientos legales que regulan a dicha figura jurídica, sustentando esta solicitud en las consideraciones y conclusiones siguientes:

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único. Se solicite al Ejecutivo federal la emisión de una resolución que determine y, en su caso, declare que queda comprendida dentro de la región fronteriza del país, la zona conocida como Los Cinco Manantiales, del estado de Coahuila, integrada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, con pleno acceso a todos los beneficios, apoyos, facilidades, programas y servicios establecidos y que en el futuro se establezcan en los ordenamientos jurídicos correspondientes, para bien de los habitantes de dicha zona.

Diputado Ángel Humberto García Reyes (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN CIVIL LOCALES Y A LAS FEDERALES A REALIZAR ACCIONES A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LOS ESTADIOS DE FUTBOL, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO BARREIRO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte es fundamental para el desarrollo de los individuos, elemento coadyuvante de la salud física y mental de quien lo practica, además de reflejar la cultura e idiosincrasia de un pueblo es un elemento necesario para crear hábitos de buen comportamiento que fomente solidaridad y armonía de la comunidad que concurre a los espacios en donde se desarrolla algún evento deportivo, valores que deben ser protegidos por el Estado y que no pueden ser avasallados por grupos que ejercen la violencia en los escenarios y espectáculos deportivos en México, especialmente en las competencias de fútbol soccer profesional.

En los últimos años es evidente el crecimiento alarmante de conductas violentas y agresivas en las competencia de este deporte, constantemente se suscitan riñas entre porras o barras que asisten supuestamente a animar a sus equipos y que de alguna manera pierden la ecuanimidad ya sea por el probable triunfo o derrota de su equipo favorito.

Los hechos de violencia sucedidos en espectáculos masivos son cada vez más frecuentes, la autoridad, hemos visto, ha sido rebasada por estos desagradables eventos.

Los espectáculos deportivos de gran convocatoria como el futbol se constituyen como un fenómeno social que implica la atención de las autoridades.

Los espectáculos deportivos no son sólo una eventualidad o un tema frívolo, son una empresa, con operaciones millonarias, que debe ser corresponsable con las autoridades para garantizar la seguridad de los asistentes a este tipo de eventos.

En la actualidad, los espectáculos masivos requieren de la movilización de una gran parte de la seguridad pública y de protección civil, la presencia de las barras bravas son un elemento a considerar, pues en ellas participan verdaderos vándalos que ocultos en el anonimato atentan contra la sociedad.

Un incidente que vale la pena mencionar fue el ocurrido el 30 de octubre del 2005, cuando el equipo América venció al equipo de Pumas lo cual provoco una batalla campal con un saldo de 318 detenidos y 20 heridos.

La Federación Mexicana de Futbol pretende recuperar el control de estos grupos de animación que degeneraron en grupos violentos y que son una seria amenaza para este espectáculo deportivo, mediante medidas como el retiro de boletos que obsequian a granel a los clubes así como el patrocinio de los viajes para apoyar a sus equipos en el interior de la República.

En sesión extraordinaria del consejo directivo del Sistema Nacional del Deporte se aprobó un proyecto, cuyo objetivo es prevenir las agresiones a los inmuebles deportivos, el cual esta programado para ponerse en marcha en el mes de marzo del año 2007 con el Primer Seminario Internacional contra la prevención de la violencia.

El presidente de la Federación Mexicana del Futbol destacó en esta sesión sobre la necesidad de sumar esfuerzos de todas las cúpulas del ramo del país para trabajar en forma conjunta con la finalidad de erradicar la violencia en el deporte.

En días pasados presenciamos los lamentables hechos de violencia suscitados en la ciudad de Catania, Italia, durante la celebración de un partido de fútbol soccer en el que al final del mismo se enfrentaron policías y aficionados con un saldo de un policía muerto y cientos de detenidos.

Estos acontecimientos provocaron la intervención inmediata del ministro del Interior italiano para tomar medidas enérgicas para solucionar la violencia en los estadios de futbol.

Si no queremos vivir la problemática que sucede en Italia, debemos coordinar esfuerzos para prevenir la aparición de la violencia, se deben revisar las medidas de seguridad de todos los estadios de futbol soccer de primera división, y de cualquier espacio que albergue público de manera masiva y revisar la capacitación de los cuerpos policíacos para prevenir y controlar estas circunstancias.

En México, desafortunadamente no somos ajenos a tales problemas, en un pasado cercano los considerábamos exclusivos de Sudamérica o de Europa; sin embargo como antecedente en esta tribuna, en diciembre del año 2000 la Cámara de Diputados condenó los actos de violencia en los espectáculos públicos y exhortó a los gobiernos locales y federal y asociaciones deportivas a emitir las medidas y mecanismos necesarios que garanticen la seguridad de los participantes, así como prevenir y combatir la violencia al interior y exterior de las instalaciones destinadas a la realización de eventos y espectáculos deportivos.

Se debe garantizar que los organizadores de los eventos deportivos no rebasen la venta de boletos de entrada, evitando así el sobrecupo del espacio en donde se lleva a cabo este tipo de espectáculos como medida de protección civil.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y federal, a que realicen de manera urgente una exhaustiva revisión de las medidas de seguridad en los estadios de futbol de primera división con la finalidad de garantizar la integridad de los asistentes.

Segundo. Se solicita a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y federal, informen a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los resultados de las revisiones realizadas.

Tercero. Se solicita a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y federal, informen a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre la capacitación de sus elementos para la atención de eventos con asistencia masiva de público.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a 22 de febrero de 2007.

Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE LA SIERRA NORTE DEL ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para el desarrollo integral y sustentable de la sierra norte del estado de Puebla.

Exposición de Motivos

El desarrollo regional equilibrado y sustentable consiste en integrar a las comunidades, acondicionar su territorio y aprovechar de manera equitativa y racional los recursos naturales, de tal forma que se mejoren progresivamente las condiciones de bienestar humano y social, se vigorice la gestión del Estado y de los municipios y, al mismo tiempo, se garantice a las próximas generaciones, por lo menos, las mismas bases para su progreso.

En la coyuntura actual, que se distingue por la alternancia y, a la vez, por un renovado pluralismo político en los Estados y los municipios; la promoción del desarrollo regional y la planeación de los programas y las obras de los tres órdenes de gobierno, asume un papel de enorme trascendencia.

Ciertamente para hacer concurrir las visiones, los afanes y, desde luego, los recursos de los tres órdenes de gobierno hará falta, antes que nada, voluntad política, pero también instrumentos que faciliten los acuerdos que permitan un despliegue eficaz e incluyente de los programas de gobierno. Por ello, se propone que en el marco del Sistema de Planeación se promueva la ejecución de programas para el desarrollo, integral e incluyente, de las regiones prioritarias.

México enfrenta un enorme reto para erradicar la situación de pobreza y marginación de una parte importante de su población. De los aproximadamente 104 millones de habitantes que tiene el país, más del 50 por ciento se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En el sector rural la proporción de la población humilde es mayoritaria, pues según las mediciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de los cerca de 26 millones de habitantes rurales, 70 por ciento carece de ingreso suficiente para cubrir los requerimientos básicos de alimentación, salud, educación y vestido y el 35 por ciento no recibe un ingreso que le permita pagar al menos sus gastos en alimentación por lo que se encuentra en clara vulnerabilidad alimentaria.

El estado de Puebla se encuentra dividido en siete regiones socioeconómicas. Esta distribución declinó por razones de planeación y por ser unidades de desarrollo más homogéneas y con un alto grado de identidad histórica.

La región I comprende a la sierra norte de Puebla, que tiene marcados contrastes sociales y agudos desequilibrios en la distribución e intensidad de las diferentes actividades productivas. Se requiere, en consecuencia, de la aplicación de medidas urgentes que permitan dar una salida adecuada a las tensiones y conflictos que se están gestando en su seno, como consecuencia de la carencia de bienes, servicios, satisfactores básicos y sobre todo de empleo e ingreso. Pero la región cuenta también con infraestructura y, sobre todo, con recursos humanos y naturales que la dotan de una gran potencial para su desarrollo.

1. Antecedentes

Con fecha 14 de diciembre de 2000 los diputados Alberto Amador Leal y Cutberto Cantorán Espinosa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron una proposición con punto de acuerdo ante el pleno para que, en el marco de las facultades concurrentes que les son propias, los tres ordenes de gobierno procedieran a la ejecución de un Programa Integral para el Desarrollo de la Sierra Norte del Estado de Puebla. El punto de Acuerdo fue aprobado y, consecuentemente, la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara realizó, en coordinación con el gobierno del Estado de Puebla, un foro en los municipios de Zacatlán y Huauchinango del propio Estado de Puebla. El Foro en el que participaron Diputados de todas las Fracciones parlamentarias, facilitó la aprobación de obras y programas estratégicos, tales como: la instalación del Tecnológico de Huauchinango y la Universidad Tecnológica de Xicotepec; el proyecto de la Universidad Intercultural, la instalación del campus de la BUAP en Chignahuapan; la construcción de la autopista Tlaxco-Tejocotal; la continuación de la construcción de la autopista México-Tuxpan; la pavimentación de carreteras a las cabeceras municipales; el Programa de Estabilización de los Precios del Café; el fomento a la producción ganadera y la citricultura; la construcción del Parque Industrial Chignahuapan-Zacatlán; la construcción de los Hospitales Generales de Tlaola, Mecapala, Xicotepec de Juárez y Huauchinango (en proceso); el inicio del Programa Integral de Saneamiento de la Cuenca de Necaxa; el proyecto ecoturístico del corredor Chignahuapan-Zacatlán-Piedras Encimadas; la construcción de 2 mil 500 viviendas y de 25 mil 000 pisos dignos; la dotación de agua a 21 mil 491 viviendas; la dotación de drenaje a 31 mil 165 más y de energía eléctrica a 22 mil 800, como lo más relevante.

El 20 de enero de 2004 se publicó el decreto que expide la Ley General de Desarrollo Social. El artículo 29 establece que se consideran zonas de atención prioritaria las regiones cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de marcadas insuficiencias y rezagos. Asimismo establece en su artículo 30 que la Cámara de Diputados hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Tal declaratoria no se ha realizado, toda vez que el Ejecutivo federal no ha presentado la propuesta correspondiente. No obstante, los gobiernos de los estados han establecido sus propias estrategias de desarrollo local.

Así, el gobierno del estado de Puebla incluyó, en su Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010, estrategias específicas para el desarrollo de las regiones de Puebla, particularmente de: la sierra norte; la sierra nororiental; la Mixteca; y Tehuacán y Sierra Negra que son las zonas de atención prioritaria por su mayor grado de marginación.

Precisamente le Presidente Felipe Calderón presentó el programa de 100 acciones, en 100 días para los 100 municipios más marginados del país. El programa incluye 10 municipios de Puebla, de los cuales tres son de la sierra norte: Chiconcuautla, San Felipe Tepatlán y Camocuautla, siendo positivo por su inmediatez y focalización, este programa es insuficiente, por que no ataca de manera integral los problemas estructurales que tenemos que ver, además de la pobreza, con la producción, el empleo y el medio ambiente.

La diferencia esencial entre el modelo de atención territorial de micro región y el de zona de atención prioritaria; estriba en que el primero privilegia la dispersión territorial y la atención por municipio con mayor grado de marginación, en tanto que el segundo pretende abordar de manera integral los problemas estructurales, vinculando las acciones y obras de alcance nacional, estatal ó sectorial (medio ambiente, desarrollo rural, infraestructura carretera, etcétera) con las potencialidades y obstáculos para el desarrollo de cada zona o región.

Por todo ello y ante la exigencia social de la población de los Distritos que nos eligieron, presentamos este primer punto de acuerdo que posteriormente habrá de extenderse al resto de las regiones de Puebla, a la vez que pugnaremos por el ejercicio pleno de la facultad que otorga a esta soberanía el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

2. Breve diagnóstico

La sierra norte de Puebla comprende en lo geográfico una extensión territorial con una superficie accidentada, con elevaciones que varían entre los 500 y 3 mil metros sobre el nivel del mar; lo que le da una amplia diversidad de paisajes naturales y ambientes productivos. También cuenta con una compleja composición sociocultural colinda con los Estados de Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala siendo un paso recurrente hacia el noreste del país.

Esta región, la segunda en importancia en el Estado, cuenta con más de 1593 localidades distribuidas en 35 municipios con una población total de 628,962 mil habitantes, correspondiendo el 51.7 por ciento mujeres y el 48.2 por ciento a hombres y representando el 11.6 por ciento de la población absoluta en el Estado, que tiene un total de 5 millones 383,133. Del año 2000 al 2005 se observa un incremento marginal en la región, pero con la tendencia en los últimos treinta años de ser la tercera región con mayor crecimiento de población rural y urbana.

Dentro de la región se destacan por su dimensión poblacional y económica los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán y Chignahuapan.

En el siguiente cuadro se puede apreciar que la población aumentó 881 habitantes, respecto a 2000, cuando tenía una población de 628 mil 81 habitantes. En la región existe una población orgullosamente indígena que ha preservado la identidad y la cultura y que suma casi 160 mil personas de 5 años y más, alrededor de un tercio del total del Estado. La población indígena más numerosa es la hablante de náhuatl con poco más de la mitad, la lengua totonaca es hablada por poco más de un tercio de esta población y el otomí lo habla uno de cada veinte indígenas de la región.

En cuanto a las zonas urbanas, en los últimos 30 años, la región aumentó su población urbana en poco más de 3.2 veces. Ello propició que el crecimiento de la inversión pública fuera destinada en mayor medida a dotar de servicios urbanos básicos a los principales centros de población, que crecieron de manera desordenada.

Pese a este esfuerzo, la cobertura de servicios básicos, con relación a las demás regiones del Estado, sigue siendo deficitaria puesto que ocupa el cuarto lugar en drenaje. En el siguiente cuadro se puede observar la cobertura de este servicio para 90 mil 383 viviendas, es decir 65.16 por ciento, al incrementarse este indicador en 31 mil 165 viviendas, puesto que en 2000 era de 59 mil 218 viviendas con el servicio. Respecto al rubro de energía eléctrica, en 2000 se tenía una cobertura en 111 mil 241 casas con el servicio, y para 2005 se observa una disminución de 22 mil 888, resultando una cobertura de 88 mil 353 viviendas con el servicio. La tenencia de agua potable tuvo un incremento de 21 mil 491 viviendas adicionales, ya que en 2000 se tenía una cobertura de 80 mil 240 viviendas, y en 2005 se cubrieron 101 mil 731 viviendas.

En materia de salud, se cuenta con 0.92 médicos por cada mil habitantes ubicándola por debajo de la media estatal que es de 1.12. En cuanto a la población total que cuenta con servicio de salud como derechohabiente es de 196 mil 678 habitantes aumentando en 126 mil 704 personas más, porque en 2000 apenas 69 mil 974 era la población que contaba con este servicio. Si bien es considerable el avance tenido, resulta insuficiente a la luz de dos factores: El primero es el tamaño de su población, una de las más grandes dentro del Estado de Puebla y, la segunda que se cubre a menos de 30 por ciento del total, es decir que siete de cada diez serranos están a la espera de este servicio.

La suma de estos elementos han hecho que más de dos tercios de la población en sus municipios califiquen con grados de marginación alto y muy alto, aún cuando una porción importante de la población vive en condiciones de marginación distintas a la señalada, persisten situaciones de polarización social hasta en estos municipios. Uno de los elementos que más incide en esta condición de marginación es la existencia de altos niveles de analfabetismo, que alcanzan a uno de cuatro serranos de 15 años y más. Para referenciar la magnitud de este rezago, vale decir que es tres veces superior al presentado en el ámbito nacional.

Su economía se mantiene predominantemente agropecuaria, en una cercana vinculación con los estados vecinos, ya que un alto porcentaje de su excedente de producción está destinado a los mercados de Hidalgo y Veracruz. Esta vocación es una condición prioritaria que deberá ser tomada en cuenta al desarrollar las políticas de planificación regional, en donde se considere y respete la perspectiva de los propios productores.

La región de la sierra norte de Puebla es eminentemente rural, de producción agrícola, donde actualmente es notorio el proceso de deterioro del medio ambiente. Ejemplo de ello es el saqueo de los recursos forestales, ante esta situación es imprescindible impulsar un proyecto de investigación para elaborar un diagnóstico, donde la búsqueda del beneficio regional sea articulada con una participación social intensa.

La mencionada marginación cuyo carácter es secular, ocurre dentro de esta región afectando a un gran número de pueblos, teniendo como consecuencia un grave atraso en el desarrollo. Esta situación de alta incidencia de la pobreza, analfabetismo, deterioro de las condiciones de salud y alimentación, que sintetizan las precarias condiciones de vida de la población, aunada a las limitadas expectativas de alcanzar mejores niveles de bienestar, obligan al abandono de las tierras y a optar por la migración.

Existen otros factores que contribuyen a inducir la migración, como

Por lo anterior, y en uso de las facultades que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos federal y del estado de Puebla a incluir en el ejercicio de los programas propios y los concurrentes, las siguientes obras y programas prioritarios:

A. Obras

1. Municipio de Ahuacatlán

1. Promoción del crecimiento económico y del empleo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2007.

Diputados: Alberto Amador Leal, Wenceslao Herrera Coyac, María Esther Jiménez Ramos (rúbricas)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEDENA A INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS PUNTOS DE REVISIÓN CARRETEROS EN EL ESTADO DE SONORA, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID FIGUEROA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, David Figueroa Ortega, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a las autoridades correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen una logística que permita agilizar los procesos de inspección en los puntos de revisión carreteros situados a lo largo del estado de Sonora, y que analice la posibilidad de implantar filtros de inspección inteligentes en los puntos de revisión carreteros del referido estado, a fin de agilizar la instrumentación de este tipo de medidas de seguridad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el sexenio anterior a la fecha ha sido una consigna el combate contra la delincuencia organizada, lo cual ha llevado al gobierno federal a echar mano de diversos mecanismos y técnicas para contrarrestar al crimen que, no obstante los arduos esfuerzos, se ha venido reforzando y modernizando de tal forma que minimizan los efectos de las políticas y estrategias policiales implementadas para atacar estas prácticas.

Como consecuencia inmediata de lo anterior, actualmente es común ver a lo largo de la red carretera del país puntos de revisión carreteros mejor conocidos como retenes, los cuales constituyen un medio de combate a la delincuencia algunas veces necesario con resultados importantes en materia de prevención de delito tal y como se ha venido reportando desde las primeras semanas del actual gobierno.

Sin embargo, en últimas fechas estos mecanismos de control han sido fuertemente atacados, debido a las posibles molestias que causan a la población, toda vez que dichas molestias resultan engorrosas y en algunas ocasiones incomodas para aquellas personas que tienen la necesidad de transitar en el tramo donde se localiza el punto de revisión respectivo.

En tal virtud, los puntos de revisión carreteros resultan una medida permisible en el entendido de que todos debemos poner de nuestra parte para contrarrestar un mal mayor que aqueja a nuestro país y, por consiguiente, a nosotros, como sus ciudadanos.

Aunado a lo anterior, debemos entender que los retenes no tienen por objeto el causar actos de molestia a la sociedad; por el contrario, los fines que persiguen son el salvaguardar y aplicar el estado de derecho; sin embargo, algunos puntos de revisión instalados en las carreteras, concretamente en el estado de Sonora, han venido a causar diversas inconformidades por parte tanto de la ciudadanía como de los empresarios de la zona, no por las revisiones mismas, sino porque han visto disminuidas sus ganancias, debido a las complicaciones que trae consigo el hecho de que los retenes se lleven a cabo de una forma un tanto engorrosa, lo que se deriva en la dilación en la entrega de los productos y servicios y, por ende, en pérdidas que han superado los 52 millones de dólares durante 2006, únicamente en el sector alimenticio.

En efecto, en diversos diarios de la capital sonorense, así como entre la comunidad empresarial, se ha levantado la voz en el sentido de que los retenes causan indirectamente considerables pérdidas económicas derivadas de la demora del paso de carga hacia la frontera con Estados Unidos, en el entendido de que la tardanza de estos retenes trae consigo, en ciertos casos, la elevación en el consumo de diesel de los transportes de carga, ineficiencia en el trasporte, reclamos y quejas por los servicios, e incluso la desesperación e impotencia por parte de los transportistas que les produce el encontrarse con filas de hasta diez kilómetros.

Para tales efectos, se ha planteado en diversas ocasiones el uso de tecnologías avanzadas que abatan la ineficiencia de los sistemas de revisión actuales y de esta manera se agilicen los procedimientos de inspección, trayendo consigo mayores logros en el combate a la delincuencia, a la par de una agilización del flujo de tránsito en los tramos carreteros que actualmente cuentan con un número importante de retenes.

En este contexto, la instalación de retenes inteligentes resulta una propuesta sumamente atractiva, toda vez que pretende dotar de equipo electrónico a los retenes con más afluencia vehicular, tal como lo es el caso de los ubicados en Pótam y Benjamín Hill.

Estos retenes inteligentes son artefactos que mediante la utilización de rayos gama muestran una radiografía del interior de todo tipo de vehículos lo cual ayudaría a identificar de manera más precisa e inmediata artefactos que puedan ser objeto de algún hecho ilícito y, de esta manera, también se beneficiaría a los usuarios de las carreteras afectadas, en el entendido de que se agilizaría el tráfico producido actualmente por los retenes trayendo consigo una economía más sana para los empresarios, que hasta la fecha han visto perjudicados sus patrimonios.

Sin duda, instrumentar mecanismos de revisión ágiles auxiliados de los medios tecnológicos idóneos propiciaría que este tipo de medidas de seguridad causen la menor afectación posible en la esfera jurídica de los gobernados.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a las autoridades correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones, implanten una logística que permita agilizar los procesos de inspección en los puntos de revisión carreteros situados a lo largo del estado de Sonora, así como analice la posibilidad de implementar filtros de inspección inteligentes en los puntos de revisión carreteros del referido estado, a fin de agilizar la instrumentación de este tipo de medidas de seguridad.

Segundo. Que, en su momento, se informe a ésta soberanía acerca de las acciones implantadas para efectos de agilizar el flujo de transito en los retenes implementados en el estado de Sonora.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 22 de febrero de 2007.

Diputado David Figueroa Ortega (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SE, A LA SEDESOL Y A LA SECTUR A CREAR UN PROGRAMA QUE FORTALEZCA Y MODERNICE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE ARTESANOS MEXICANOS DE PLATA, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, las siguientes

Consideraciones

El turismo es una actividad que representa una opción real de desarrollo económico tanto regional como nacional.

Es un sector cuya riqueza nace de la combinación de los atractivos naturales e históricos con que cuenta el país. Con la hospitalidad, las tradiciones, gastronomía y las artesanías mexicanas.

A diferencia de otras actividades económicas, la llamada industria sin chimeneas se caracteriza por ser un ramo con gran nobleza. No sólo por lo que representa económicamente para el país, sino porque permite la integración familiar, el orgullo, arraigo local y nacional.

En diversos documentos, la organización mundial de turismo ha reconocido que dicho sector tiene consecuencias en la vida y en la cultura tanto de los visitantes como de la población oriunda.

Es innegable, la importancia que el turismo tiene para nuestro país: representa el 7.7 por ciento del producto interno bruto, el cual se produce en diferentes sectores económicos entre los que destacan: los transportes, servicios de hospedaje y restaurantes y bares.

De la composición del producto interno bruto turístico, los servicios de transporte, restaurantes y bares participan con el 26 y 26.36 por ciento, respectivamente.

Por otra parte, las artesanías, que son bienes que se ofrecen en su mayoría directamente de los productores al turista tienen una contribución del 11.3 por ciento. Esto se debe en gran medida a que no existe una vinculación de los pequeños y medianos productores con los turistas.

Hasta ahora, estos productores no han recibido ni el apoyo de promoción ni de protección. Actualmente muchos artesanos enfrentan una competencia desleal con copias chinas que no tienen la calidad ni representan la historia de los originales, de las artesanías mexicanas.

Si bien es cierto que existe el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, como un fideicomiso público cuya misión es apoyar y promover el desarrollo humano, social y económico de los artesanos del país, hasta ahora su papel, ha sido muy limitado.

El apoyo a los artesanos mexicanos que trabajan la plata es claramente insuficiente, a pesar de ser un producto que los turistas extranjeros valoran y gustan comprar.

El escaso apoyo por parte del gobierno federal se refleja en todos los ámbitos de producción y comercialización de las artesanías de plata.

Un amplio sector de este mercado lo comprenden las denominadas empresas familiares; es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 70 por ciento del mercado.

De tal forma, que la micro, pequeña y mediana empresa de artesanos de platería es un detonador de empleo, crecimiento y desarrollo económico. Ante ello, es urgente dotar de un programa que apoye a los artesanos de plata mexicanos para que lleven a cabo un programa de modernización en la distribución y comercialización de sus productos.

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la secretaría de economía para que brinde apoyos de asesoría para empresas o talleres familiares que trabajan la plata.

Segundo. Se exhorta a la secretaría de desarrollo social para que promueva y difunda a micro, pequeñas y medianas empresas de artesanos plateros mexicanos.

Tercero. Que la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México, a través de las distintas campañas de promoción tanto nacionales como en el exterior, apoyen a los artesanos mexicanos que trabajan la plata.

Cuarto. Que las mencionadas secretarías informen a esta soberanía sobre las acciones que tomarán en consecuencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil siete.

Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y AL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS DURANTE EL PERIODO 2003-2006, A CARGO DEL DIPUTADO MOISÉS ALCALDE VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, otorgue a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la de la Función Pública, así como a las instancias de control y fiscalización competentes del Ejecutivo y Legislativo federal y estatal, las facilidades necesarias para conocer y revisar toda la información relativa a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), durante el período 2003-2006, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En observancia de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual señala que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal; y bajo el mismo tenor del mismo artículo que señala la atribución exclusiva de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública del año fiscal precedente.

Ante estas responsabilidades, la Cámara de Diputados requiere constantemente de información oportuna y detallada sobre el ejercicio de los recursos públicos. Las decisiones que involucran a la hacienda pública, su distribución y destino, son consideraciones de la mayor trascendencia nacional.

Es comprensible que la discusión y aprobación del presupuesto público no puede ser reducido a un breve período; al final de cada ejercicio fiscal. El análisis del presupuesto es un proceso continuo e implica que la toma decisiones colegiada de esta soberanía sobre el uso y distribución de los recursos públicos demanda profundidad y reflexión sin restricciones de tiempo para evitar resoluciones apresuradas.

La canalización de recursos a través del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) representan un monto estratégico para el desarrollo de infraestructura regional y nacional que requiere de un conocimiento puntual. Respecto a su distribución, los recursos asignados a través de este Fideicomiso y Fondo han promediado anualmente 17 mil 800 millones de pesos. Alcanzando su monto máximo en 2004, cuando se distribuyeron 23 mil 201 millones de pesos. En 2005, año en donde se tienen datos definitivos, ambos superaron el uno por ciento de los ingresos del sector público presupuestario. La importancia de este fondo y fideicomiso se expone no por su tamaño relativo respecto al total de los recursos públicos sino por que implican la utilización de recursos provenientes de un flujo extraordinario que tiende a reforzar el equilibrio entre regiones y alientan el esquema federalista del país.

Sin embargo, consideramos que la asignación de recursos a las entidades federativas debe ir acompañada de mecanismos eficientes de seguimiento de su uso final, así como de su plena justificación con los planes, programas, y acciones de los objetivos de desarrollo federales y de las entidades federativas que, en última instancia, deben brindar un creciente beneficio a la ciudadanía.

En los últimos años, las finanzas públicas estatales se han esforzado por consolidar formalmente los flujos extraordinarios de recursos provenientes principalmente de ingresos excedentes petroleros. Es evidente que refuerzan sus recursos disponibles, aunque poco se ha dicho sobre la generación de incentivos negativos que podrían tener en el esfuerzo por generar y acrecentar recursos enteramente propios. Los recursos del FIES están etiquetados a la inversión en infraestructura pública y equipamiento de proyectos de ámbito local debidamente elegibles y, para el caso del FEIEF, funciona como estabilizador de los ingresos de las entidades al compensar la caída de la recaudación federal participable. No obstante la existencia de un filtro técnico de elegibilidad de los proyectos, puede darse un fenómeno económico no deseable al combinarse en el agregado de obras, proyectos financiados de gran relevancia social y otros de menor importancia estratégica en el desarrollo económico.

En este orden de ideas, resulta imperante que esta soberanía solicite información desagregada, proyecto por proyecto, elegido y financiado para poder realizar un seguimiento técnico apropiado y, llegado el momento de la discusión presupuestal, contar con elementos necesarios y suficientes para continuar mejorando el esquema de la distribución de los excedentes petroleros y encontrar fórmulas más precisas para respaldar el esquema fiscal federalista en el país.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios SNC otorgue a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de la Función Pública, así como a las instancias de control y fiscalización competentes del Ejecutivo, Legislativo federal y estatal, las facilidades necesarias para conocer y revisar toda la información relativa a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) considerando, en este último caso, todos los proyectos elegidos, autorizados y financiados, durante el período comprendido de 2003 a 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 días de febrero de 2007

Diputado Moisés Alcalde Virgen (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA SITUACIÓN DEL MÉDICO MEXICANO-ESTADOUNIDENSE AGUSTÍN AGUAYO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JAQUES MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, José Jacques y Medina, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se someta a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Estados Unidos está llevando a cabo una guerra injusta contra una nación soberana e independiente. Esta invasión, que se justificó con reportes falsos de inteligencia, ha costado cientos de miles de vidas de personas inocentes. Hasta el momento 3 mil 133 soldados estadounidenses han fallecido y decenas de miles más han resultado heridos en esta guerra absurda, que todos los días provoca también la muerte de cerca de un centenar de iraquíes y que ha causado ya más de dos millones de exiliados.

2. En días recientes, la asamblea de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que se opone al plan del presidente George W. Bush de incrementar el número de tropas en Irak. Dicha resolución refleja el creciente descontento en dicha nación con el curso de la guerra, al tiempo que aumenta el número de estadounidenses que se oponen a la invasión. El documento ha sido interpretado como el preludio de medidas más drásticas dirigidas a generar un cambio en la dirección de los acontecimientos, que permita poner fin al conflicto y regresar a las tropas estadounidenses a su país en un futuro cercano.

3. El doctor méxico-estadounidense Agustín Aguayo decidió ingresar al ejército de Estados Unidos en el año 2003 con la idea de financiar su educación como médico militar, grado que obtuvo en las fuerzas armadas. Quería retribuirle a la nación que le abrió sus puertas algo de lo que les había dado. Jamás pensó que tendría que ir a una guerra.

4. En febrero de 2004 fue enviado a Irak. Su idea era ir como paramédico de las fuerzas castrenses de aquel país, pero una vez en la zona de conflicto fue obligado a formar parte del frente de batalla. Un año más tarde, Aguayo regresó a la base militar Ramnstein, que el Pentágono tiene en Alemania, donde estuvo acompañado por su esposa y sus dos hijas.

5. El primero de septiembre de 2006, mandos superiores informaron al soldado mexicano-estadunidense que sería enviado de nuevo a Irak, pese a que éste había solicitado ser considerado como "objetor de conciencia", a lo que Aguayo se negó, por lo que tuvo que escapar de Alemania hacia España, donde obtuvo un pasaporte mexicano en el consulado de nuestro país, para después regresar a Guadalajara, Jalisco, de donde es originario, aunque vive desde los tres años de edad en Los Angeles, con sus padres y hermanos.

6. Agustín Aguayo es acusado actualmente de "deserción" por el ejército de Estados Unidos tras su negativa para combatir en Irak. El médico méxico-estadounidense es acusado de ser un "criminal de guerra" justamente por negarse a matar personas. Días después de su acusación, Agustín decidió entregarse de manera voluntaria a las fuerzas castrenses de Estados Unidos en la base militar de Fort Irwin, en California, porque no quería que lo acusaran de desertor. Desde esa fecha Agustín Aguayo se encuentra preso en la base militar en Manheim, Alemania, sujeto a proceso militar.

7. Hace tres años, el médico méxico-estadounidense tramitó ante tribunales militares y civiles en Estados Unidos que se le reconociera como "objetor de conciencia", pues en varias ocasiones se había manifestado en contra de la invasión estadounidense a Irak, considerando esta guerra como "inmoral, injustificada y cruel".

8. Esta petición le ha sido negada en tres ocasiones, la más reciente el pasado viernes, cuando un juez federal argumentó que "no existían elementos suficientes" para demostrar que Aguayo tuviera la convicción necesaria contra esa guerra y levantar así la orden de detención que pesa en su contra. Ante esta decisión, corre el riesgo de ser juzgado como "desertor" por una corte marcial, la cual emitirá su fallo los próximos 6 y 7 de marzo, donde se le podría condenar hasta a siete años de prisión.

9. El Estado mexicano tiene la obligación de defender a sus connacionales por lo que no puede ni debe mantenerse inmune ante esta injusticia que se está cometiendo contra un mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su apoyo y solidaridad con la demanda del ciudadano mexicano Agustín Aguayo de declararse "objetor de conciencia" ante la acusación por deserción que le ha impuesto el gobierno de Estados Unidos de América.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a otorgar la protección consular y la asesoría jurídica necesaria que por ley corresponde al gobierno mexicano conceder a todo mexicano con el fin de evitar su condena.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno federal, Patricia Espinosa Cantellano, a que durante la reunión que sostendrá en los próximos días con la secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, le plantee la solicitud que ha hecho el doctor Agustín Aguayo al gobierno estadounidense para ser declarado "objetor de conciencia".

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los 21 de febrero de 2006.

Diputado José Jacques Medina (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A REALIZAR UNA CRUZADA EDUCATIVA A EFECTO DE ANALIZAR EL CONTENIDO DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MURILLO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Francisco Javier Murillo Flores, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a realizar, en el ámbito de sus facultades, una cruzada educativa donde participen los diferentes actores sociales, a efecto de revisar, analizar y adecuar los contenidos educativos de los libros de texto gratuitos de educación básica y vincular los niveles educativos y, consecuentemente, contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, bajo los siguientes

Considerandos

Una educación de calidad es fundamental para que un país alcance altos niveles de desarrollo y competitividad, lo cual implica que sea productivo, equitativo, culto, libre y democrático.

La educación actual aún no es la que necesitamos para construir el país que queremos: un México democrático, libre, justo y próspero; orgulloso de su cultura ancestral y, a la vez, competitivo para participar en la comunidad internacional contemporánea.

Para alcanzar estos objetivos debemos impulsar el desarrollo integral de las personas y de la sociedad en general, debemos contar con un sistema educativo de calidad, que esté orientado a mejorar la educación pública y privada en todos sus niveles y modalidades, y en la que esté incluida una cultura nacional de evaluación para el mejor desarrollo de las capacidades.

El sistema educativo actual no es el idóneo. Presenta fallas de articulación y vinculación entre niveles y rigidez en los programas de estudio, lo que origina altos índices de reprobación y deserción, indicadores que inciden en un bajo aprovechamiento escolar y eficiencia terminal.

Y en ese sentido, los libros de texto son la expresión concreta de los planes y programas de estudio. Los libros de texto gratuito son la herramienta primigenia a través de la cual los maestros facilitan la construcción del conocimiento a los educandos.

Por supuesto la educación integral incorpora no sólo la adquisición de información, sino la habilidad para procesarla, la pericia para encontrar nueva información y tener la capacidad de aplicarla. Pero sin duda una buena parte de esta información se encuentra contenida en los libros que sirven de guía en el aula de clases.

Así pues la producción de millones de libros de texto gratuito representa un logro encomiable. Nadie pone en duda que los libros de texto gratuitos han sido un apoyo fundamental –si bien no suficiente– para la educación nacional y deben seguir formando parte del compromiso del Estado de proporcionar una educación gratuita, equitativa y de calidad a todos los mexicanos.

Un argumento para revisar la pertinencia de los textos es la necesidad de actualizar los contenidos en función de los más recientes avances científicos y tecnológicos. Siempre se juzgará relevante convocar a los actores sociales y a la comunidad académica a realizar un análisis integral de los contenidos, para detectar omisiones y errores en los diversos campos científicos y humanísticos.

Una opinión entre los críticos ha sido la de equilibrar contenidos sin sobrecargar el currículum de información fragmentaria. A la vez, han quedado pendientes los reclamos de incluir ciertos contenidos potencialmente útiles para todo ciudadano, incluyendo la formación valoral y nociones de tecnología, economía y antropología. En suma, el criterio de pertinencia de los diferentes contenidos para la formación primaria de los niños y niñas mexicanos sigue sin contar con una definición clara.

El observatorio ciudadano de la educación menciona en uno de sus comunicados que "algunas investigaciones cualitativas han mostrado la multiplicidad de maneras de usar los libros de texto, a pesar de su uniformidad. A veces se enriquecen las lecciones y los ejercicios con aportaciones de docentes y alumnos; otras veces se les reduce a una repetición mecánica e incompleta". En este sentido, convendría conocer los efectos que tienen características específicas de los libros sobre las prácticas docentes y sobre los aprendizajes escolares en diferentes medios. En la revisión que se solicita que haga la SEP se puede indagar, por ejemplo, los resultados de elementos como cuadernos de trabajo, textos informativos, ejercicios, instrucciones y materiales para actividades y experimentos. Dicho seguimiento de los usos de los libros de texto permitiría corregir oportunamente los materiales y apoyar la formación de los maestros.

Buena parte de la preocupación aquí externada se deriva del bajo desempeño que los educandos mexicanos han tenido en las evaluaciones internacionales y nacionales. Los resultados arrojan un nivel pobre en la comprensión de lectura, en conocimientos científicos y su aplicación a la vida diaria, así como habilidades matemáticas.

Todo ello nos lleva con este ejercicio de revisión análisis y actualización a detectar y obtener un diagnóstico de las áreas de oportunidad del sistema educativo y a mejorar los campos susceptibles de serlo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a realizar, en el ámbito de sus facultades, una cruzada educativa donde participen todos los actores públicos, sociales y privados involucrados en la educación, a efecto de revisar, analizar y adecuar los contenidos educativos de los libros de texto gratuito de educación básica acerca de que éstos correspondan a los requerimientos y características que se necesitan para que se conviertan en una herramienta más eficaz para los maestros y educandos, y que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa que demanda nuestro país.

Segundo. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, de conformidad con sus atribuciones y conforme a los resultados que arroje la revisión señalada en el artículo precedente, hará los modificaciones conducentes para que los libros de texto gratuito sean un medio para lograr el mejoramiento de la calidad educativa y un mayor efecto positivo en el aprovechamiento escolar de los educandos en el sistema educativo nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 22 febrero de 2007.

Diputado Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RETOMAR MEDIANTE LA SECTUR LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE TURISMO, A CARGO DE LA DIPUTADA YOLANDA MERCEDES GARMENDIA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La de la voz diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El turismo es una de las actividades económicas de mayor dinamismo a nivel internacional. Durante el 2006 se movieron por todo el mundo 842 millones de turistas, colocando al sector como un importante generador de empleos y divisas y convirtiéndolo en un detonador de la economía y el desarrollo regional.

Tan sólo en México la actividad turística contribuye con la creación de aproximadamente dos millones de empleos directos y se ubica en el tercer lugar en la generación de divisas después del petróleo y la remesas. Al mismo tiempo, por cada empleo directo el turismo genera tres empleos indirectos.

En Davos, Suiza, Felipe Calderón declaraba: Que en el país "tenemos todas las ventajas para transformar a nuestro país en una de las cinco economías más grandes del mundo. Primero tenemos recursos naturales, somos el cuarto productor de petróleo en el mundo y somos el quinto país con mayor biodiversidad, y tenemos una posición geográfica estratégica. Tenemos un país pleno de cultura que es uno de los activos más valiosos en un mundo global y tenemos un enorme bono demográfico: somos un país joven, la mayoría de los mexicanos tiene menos de 30 años y el promedio de edad de nuestro país es 27 años".

Para lograr esta meta, México debe aprovechar y desarrollar las ventajas comparativas que lo distingue de otras ofertas turísticas, este gran potencial lo llevó ocupar en el año 2004 el octavo lugar mundial en cuanto al número de viajeros con aproximadamente 20 millones, cantidad que se espera superar en el presente año con 3 millones más de visitantes.

La actividad turística depende de una adecuada coordinación de los agentes que en ella intervienen, una visión compartida respecto de las necesidades y soluciones del sector con el propósito de alcanzar un desarrollo nacional que permita enfrentar con éxito los desafíos del mercado internacional.

Estimados compañeros diputados: Declarar al turismo como prioridad nacional ¡No basta! Qué las declaraciones se reflejen en acciones, en ejecución de programas y políticas que aprovechen el potencial de esta actividad como herramienta de cooperación y coordinación intersectorial que permita el desarrollo regional. La participación de los diversos sectores en la definición de las políticas públicas dará como resultado que el país mitigue la lacerante pobreza en la que viven algunos mexicanos. Tampoco es la panacea, es tan sólo una herramienta más.

De acuerdo con lo expuesto, pongo a la consideración de esta honorable asamblea, como de obvia y urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, a realizar las acciones necesarias a fin de retomar los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Turismo.

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro a 22 de febrero de 2007.

Diputada Yolanda Mercedes Garmedia Hernández (rúbrica)
 
 

Consideraciones

1. En la sesión del 15 de febrero de 2007 fue recibida por la Cámara de Diputados la minuta proyecto de Ley para la Reforma del Estado, enviada por el Senado de la República. Dicha minuta fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

2. Por sus características el Poder Legislativo es la institución del Estado concebida para la confrontación de ideas y propuestas, así como para la búsqueda de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que lo integran. De sus acuerdos han surgido las grandes transformaciones legales a lo largo de nuestra historia y de ellos han emanado soluciones a problemas que México ha enfrentado en el ámbito político, económico y social. La alternancia política en el orden federal no se entendería sin la participación activa del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados ha sido un actor principal en la historia política de nuestro país y es por su naturaleza el órgano representativo del pueblo mexicano.

3. De ahí la importancia de conocer y discutir en lo inmediato una ley de la naturaleza como las que nos propone el Senado de la República. Este proyecto dispone, entre otras cosas, la creación de una Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión como órgano rector de la conducción del proceso de reforma del Estado mexicano. Además, divide por etapas el proceso de negociación y construcción de acuerdos para le reforma del Estado, y compromete al Poder Legislativo en su consecución.

4. Los temas sobre los que, según el proyecto de decreto contenido en la minuta, deberán pronunciarse obligatoriamente el Poder Legislativo, los grupos parlamentarios y los partidos políticos nacionales serán

5. Un punto relevante del proyecto en cuestión, es la disposición de que conforme se logren los acuerdos en la Comisión Ejecutiva o se concluya cualquiera de los temas citados, se elaborarán las iniciativas que expresen estos acuerdos y podrán ser suscritas por los legisladores que la integran que así lo decidan; éstas se presentarán a la Cámara que corresponda.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito

Único. Se formule una excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y la Comisión Especial para la Reforma del Estado, respecto de la minuta proyecto de Ley para la Reforma del Estado, enviada por el Senado de la República, en virtud de que ha transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para emitir el dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2007.

Diputado Juan N. Guerra Ochoa (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE SALUD, A SOLICITUD DEL DIPUTADO SAMUEL AGUILAR SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, realice una excitativa a la Comisión de Salud de esta Cámara, para que presenten a la brevedad el dictamen correspondiente al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud.

Antecedentes

1. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud fue publicada en la Gaceta Parlamentaria con fecha martes 12 de diciembre de 2006.

2. La iniciativa citada, fue turnada a la Comisión de Salud, pero hasta el momento no ha sido dictaminada.

Consideraciones

En los últimos años, hemos visto que se han desarrollado enfermedades no transmisibles, que son de más difícil control y tratamiento que las infecciones comunes, y, por lo tanto, más costosas. Estas enfermedades, que alguna vez se consideraron emergentes, se han establecido de manera plena en México y representan una enorme carga para el sistema de salud.

La reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (Ensanut) muestra que el porcentaje de población afectada por la diabetes se ha incrementado. El peso que ésta representa para el sistema de salud es importante, ya que los pacientes que no tienen un adecuado control metabólico desarrollan complicaciones que suelen requerir de tratamientos largos y costosos. La insuficiencia renal crónica, que es una de las principales complicaciones de la diabetes, es una de las primeras causas de egreso hospitalario en el país.

Esta enfermedad es quizá el mayor reto que enfrenta el sistema de salud mexicano en términos de atención médica y salud pública, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud.

Con un crecimiento mayor al 3 por ciento entre 2001 y 2005, es la única causa de muerte, entre las principales, que no ha podido ser controlada. Otras evidencias resaltan la importancia de esta patología: en mujeres mayores de 60 años, una de cada cinco muertes es provocada por la diabetes.

Dicha encuesta revela que México es el segundo país a nivel mundial, sólo después de Estados Unidos, con mayores índices de sobrepeso y obesidad: 72 de cada 100 mujeres mayores de 20 años tienen sobrepeso y 67 de cada 100 hombres en el mismo rango de edad, también lo sufren.

Peor aún, entre los infantes de 5 a 11 años de edad, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad aumentó un tercio en tan sólo siete años.

El aumento en la prevalencia de obesidad en los últimos siete años en México es alarmante, ya que ocurre en todos los grupos de edad. Por lo que es urgente aplicar estrategias y programas dirigidos a la prevención y control de la obesidad del niño, el adolescente y el adulto.

Considerando que la probabilidad de padecer diabetes se incrementa si existe sobrepeso, y que éste ha alcanzado proporciones alarmantes en el país, el panorama de la diabetes no es optimista. La complejidad del problema requiere de esfuerzos conjuntos del sistema de salud con las autoridades educativas y la sociedad civil, no sin omitir al propio Poder Legislativo. Es la única forma de atacar los elementos culturales que se asocian directamente a esta grave epidemia.

Las claves en el combate a la diabetes son la prevención, el diagnóstico oportuno y el apego al tratamiento. Sin embargo, a pesar de tener bien identificados los factores de riesgo asociados a la diabetes, la prevalencia de esta enfermedad sigue creciendo y las cifras de diagnóstico oportuno no han mejorado. Por lo tanto, las políticas públicas aplicadas no han tenido éxito.

Existe un mercado ilimitado de oferta de comida chatarra, esto es, desde los tacos que se encuentran en cualquier esquina hasta los productos más elaborados e industrializados como las hamburguesas, papas fritas y postres que se venden en las franquicias de las diferentes cadenas.

Otra de las epidemias que la propia Secretaría de Salud ha asegurado no tener resuelta y como tal ha declarado entre los desafíos para los próximos años por los padecimientos que provoca, es el consumo de alcohol.

De acuerdo con información de la propia Secretaría de Salud, el abuso en el consumo de alcohol en hombres en México, es el principal factor de riesgo para muerte prematura y ocupa el mismo lugar en discapacidad. Las cifras indican que casi 11 por ciento de todas las muertes de hombres en México están asociadas al consumo de alcohol. Por lo que hace a las mujeres las cifras son menores, pero de cualquier forma se asocia a más de 5 mil muertes cada año.

El riesgo derivado del consumo del alcohol depende de la frecuencia de consumo, la cantidad ingerida en cada ocasión y variables externas, como la aceptabilidad social a conducir después de haber bebido alcohol, entre otras.

Una alta proporción de los bebedores en México consume alcohol con poca frecuencia pero en gran cantidad, patrón de consumo que suele ser calificado como de alto riesgo. Esta característica está claramente diferenciada por sexo: mientras 44 por ciento de los hombres bebedores tienen un patrón de consumo riesgoso, sólo 9 por ciento de las mujeres que beben reportan consumir en esa forma.

Como se puede observar, los dos principales factores de riesgo para la salud de la población mexicana, son el consumo de alcohol y la obesidad, los que sumados se asocian a más de 40 por ciento de todas las muertes en el país, superando por mucho a cualquier otro riesgo.

En resumen, el sistema de salud mexicano está enfrentando un nuevo perfil epidemiológico que le impone cargas inéditas. Para poder encararlo será necesario movilizar recursos financieros adicionales, ampliar la protección financiera en materia de salud, implantar esquemas de organización eficientes e innovadores, mejorar la calidad de la atención, fortalecer la cooperación con aquellos sectores de la administración pública vinculados a la salud y hacer corresponsables a los ciudadanos del cuidado de su salud, entre las medidas que deberá implementar el propio Poder Legislativo. Es decir el sector salud está demandando políticas públicas de nuevo tipo para atender esta epidemia.

Para el control de estas epidemias se requiere, por un lado, la prevención y el diagnóstico temprano; pero también se requerirá del fortalecimiento de la cooperación con todos los sectores de la administración pública y de una participación más activa de los individuos en el cuidado de su salud.

No obstante lo anterior, también se requiere de nuevas disposiciones de ley que coadyuven con el esfuerzo que nuestro sistema de salud debe continuar realizando.

Es por todo lo anterior que en uso de las atribuciones que se me confieren, vengo a presentar esta excitativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para que dictamine el decreto de iniciativa por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para combatir con los instrumentos normativos, las epidemias que se han descrito anteriormente.

Las modificaciones y adiciones que se proponen pretenden que el consumidor de alimentos considerados de calidad nutricional inadecuada o mejor conocidos como alimentos chatarra y las bebidas alcohólicas, tengan restricciones que disminuyan su consumo.

Propone establecer como materia de salubridad general, un programa contra el sobrepeso y la obesidad en el cual se establece la obligación de coordinarse los tres órdenes de gobierno para la ejecución del mismo, a fin de garantizar la prevención y el tratamiento de padecimientos originados por el sobrepeso y la obesidad y la educación sobre los efectos en la salud.

La propuesta define el significado de los alimentos de calidad nutricional inadecuada, atribuyendo a la Secretaría de Salud, para definir cuales serán dichos productos, garantizando en todo momento, que el consumo de esos productos, no provoquen sobrepeso u obesidad.

Se establece la obligación de colocar en el empaque o envase de los productos, una de tres leyendas precautorias, considerando tamaños y tipos de letra. Asimismo, se establece la obligación de incluir inserciones con leyendas para orientar al consumidor hacia programas de tratamiento contra el sobrepeso o la obesidad.

Se establecen restricciones en materia de publicidad, para los productos considerados de calidad nutricional inadecuada o chatarra, prohibiendo incluso los patrocinios de estos productos.

Se adicionan tres leyendas precautorias para advertir de los riesgos a la salud por el consumo del producto por el sobrepeso o la obesidad.

En materia de bebidas alcohólicas, se establecen restricciones adicionales en materia de publicidad y se adicionan otras dos leyendas precautorias para el control de su consumo, disponiendo el incremento del tamaño de las etiquetas en las que vayan impresas dichas leyendas.

Quiero destacar que las bebidas alcohólicas ya tenían algunas restricciones específicas, no obstante ello, el consumo y sus efectos negativos no han disminuido, por lo tanto es necesario endurecer las regulaciones para este producto.

Por todo lo anterior, quiero decirles que esta reforma permitirá que la autoridad de salud cuente con los instrumentos legales para realizar un combate frontal contra las epidemias que aquejan la salud de los mexicanos y con ello también estaremos permitiendo que se disminuya el gasto público generado por la atención de estos padecimientos.

Para ello, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, se sirva dar trámite a la siguiente

Excitativa

Único. Para que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados presente el dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007.

Diputado Samuel Aguilar Solís (rúbrica)
 
 
 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ARMANDO BARREIRO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Armando Barreiro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente que formule una excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública para que presenten el dictamen correspondiente, con base en las siguientes

Consideraciones

Único. Formule una excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública para que presenten el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de febrero de 2007.

Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE ENERGÍA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ AMADO ORIHUELA TREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 66, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, por este conducto solicita a la Presidencia de esta honorable Mesa Directiva que tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, a efecto de que dictamine la minuta que reforma el párrafo cuarto del artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo, con base en los siguientes

Antecedentes

1. El 30 de septiembre de 2004 el senador integrante de la LIX Legislatura, Héctor Michel Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Energía, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

2. El 25 de abril de 2006 se presentó el dictamen de dicha iniciativa la cual se modificó y se aprobó.

3. El 26 de abril de 2006 se recibió dicha minuta en la Cámara de Diputados, turnándose para su análisis y dictamen a la Comisión de Energía, sin que hasta el momento se haya presentado el dictamen correspondiente.

Consideraciones

La presentación del pasado proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 por parte del titular del Poder Ejecutivo federal es una muestra de la desarticulada y, sobre todo, desinteresada política agraria que nuestros gobernantes tienen hacia el sector agropecuario tan desprotegido en la actualidad.

El gobierno federal, según el artículo 25 y la fracción XX del artículo 27 Constitucional, tiene la obligación de crear las condiciones que garanticen el desarrollo rural integral con el objetivo de que se generen empleos de calidad y bien remunerados que coadyuven a la población campesina a alcanzar el bienestar necesario para satisfacer, al menos, sus necesidades elementales y ser parte sustantiva del desarrollo nacional.

En el campo mexicano actualmente se concentran más de 25 millones de habitantes de los cuales la mayoría se encuentra en condiciones de pobreza, debido a la ausencia de oportunidades y a un campo descapitalizado, originando con esto la migración hacia las ciudades o hacia los Estados Unidos, principalmente, lo que desata la pérdida de los núcleos familiares y la pérdida de la identidad nacional y los valores culturales.

Una de las condiciones que el Ejecutivo debe de crear es proporcionar a los productores agropecuarios de los energéticos necesarios a precios que sean competitivos y que los ayuden a insertarse exitosamente en los mercados internacionales, mercados agropecuarios que se abrirán totalmente a partir del primero de enero del 2008.

La grave crisis del agro nacional demanda la urgente y, sobre todo, responsable asignación de los recursos públicos y privados para capitalizar el campo. El apoyo al campo no se debe de escatimar, ya que existen millones de campesinos y sus familias que requieren de una acción decidida del gobierno para estimular la diversificación productiva y la capacitación, se deben de generar las condiciones para que nuevamente puedan acceder al crédito y al seguro agrícola.

La Ley de Energía para el Campo se aprobó en esta Cámara de Diputados el 9 de diciembre del 2002, y entre los considerandos del dictamen se establecen las disposiciones básicas para hacer más competitivos a los productores agropecuarios como medidas de apoyo para reducir las asimetrías con respecto a otros países, conforme al artículo 13, fracción IX, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios para impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y señala que los precios y tarifas de estímulo se otorgarán a gasolina, diesel, combustóleo y energía eléctrica empleados directamente en la agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura y pesca ribereña, a través de una cuota energética.

Al revisar los datos históricos proporcionados por Aserca en cuanto a las tarifas preferenciales que el productor tiene que pagar por obtener el diesel agropecuario nos damos cuenta que el apoyo ha tenido una tendencia a la baja a partir de su primer año que fue el 2003, en el cual el productor tuvo que pagar el 54 por ciento y para el año 2006 e inclusive en enero de este 2007, la proporción que ha tenido que pagar el productor se encuentra por encima del 64 por ciento, 10 puntos porcentuales ha sido la disminución de este apoyo a los 4 años de su puesta en marcha.

En cuanto a las tarifas eléctricas, según datos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, las tarifas de estímulo 9 CU y 9 N se encontrarán en el orden de 0.38 para periodo diurno y de 0.19 para periodo nocturno por kilowatt hora, lo que significa un aumento de 2 y de 1 centavo, respectivamente, con relación al año anterior.

Tomando en cuenta esta tendencia a la disminución de estos apoyos es que la minuta en comento busca eliminar la facultad discrecional del Ejecutivo para fijar estos precios y tarifas preferenciales, ya que se han fijado sin los soportes técnicos y sin las consideraciones económicas y sociales que prevalecen en el ámbito nacional e internacional, logrando que el objetivo general de la Ley de Energía para el Campo establecido en su artículo 1o. no sea cumplido y, por el contrario, los precarios beneficios obtenidos se vayan diluyendo año con año.

Para el Legislativo debe ser una de sus más altas prioridades el acotar el ejercicio discrecional de la autoridad a fin de garantizar la estabilidad en todas aquellas acciones derivadas de la administración pública.

La minuta en comento modifica el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo, para quedar como sigue:

Único. Que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien excitar a la Comisión de Energía para que con la mayor brevedad dictamine la minuta que reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2007.

Diputado José Amado Orihuela Trejo (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada federal Alliet Mariana Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita respetuosamente que formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente, con base a las siguientes

Consideraciones

Único. Formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la autonomía del Ministerio Público.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de febrero de 2007

Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica)
 
 
 

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada federal Alliet Mariana Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita respetuosamente, formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presenten el dictamen correspondiente con base a las siguientes

Consideraciones

Único. Formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, para crear el sistema penal acusatorio en el país.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de febrero de 2007

Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica)