El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
Desde el inicio del presente año, la tortilla, alimento básico en México, sufre un fuerte incremento de precios, lo que ha derivado en una encolerizada polémica entre autoridades, productores y asociaciones campesinas, y el repudio generalizado de la población, sobre todo de los más pobres.
Con la finalidad de impedir el alza en el precio de la tortilla, el gobierno federal acordó establecer un precio fijo del kilogramo de éste producto básico, dejando de lado cualquier subsidio a favor de los productores de tortilla, quienes finalmente son los que deben atender el precio establecido por el gobierno federal.
Los costos en la producción de la tortilla como producto final se ven incrementados, entre otras cosas por el consumo de luz y gas, lo que repercute en el incremento de sus precios. Por ello, el Gobierno Federal debe otorgar subsidios para los productores, a fin que estén en condiciones de mantener a bajo costo el precio de la tortilla y la sociedad en general pueda verse beneficiada.
Nuestro sistema de producción de maíz y tortilla se encuentra frente a un panorama poco alentador, ya que la siguiente fase del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) liberará el mercado de maíz, frijol, leche y carne. Mientras Estados Unidos mantiene fuertes subsidios, México deja a la deriva a sus productores.
Sin subsidios para la agricultura y para la producción de la tortilla, ésta se enfrentará a importaciones desleales, donde se generará un claro dumping, solapado por el propio gobierno mexicano, ya que la importación del maíz eleva su precio y el costo de la tortilla, por lo que debemos decidir de qué manera se apoyará tanto a los agricultores como a los productores de tortilla.
Se debe considerar que en México se produce el 70 por ciento de maíz para consumo nacional y se importa el 30 por ciento; sin embargo, las importaciones están aumentando más rápido que la producción nacional lo que es poco alentador para los productores de la tortilla, pues las estadísticas indican que este producto básico, pilar de la alimentación nacional, será abastecido mediante las importaciones a precios cada vez mayores, lo que incrementa el precio de la tortilla como producto final.
Aunado a lo anterior, debe considerarse que la apertura total al mercado del maíz del 2008 afectará a más del 50 por ciento de la población activa del campo o, todavía más grave, a más del 65 por ciento de los productores que se dedican a cultivar maíz y que afectará la producción agropecuaria y a toda la sociedad.
Con el TLCAN y con la falta de políticas compensatorias, México pone en duda la viabilidad de su seguridad alimentaria, pues con el criterio de "seguridad alimentaria", impuesto por la Organización Mundial de Comercio, nos convierte en importadores de alimentos.
Así ha sucedido con otros granos, como el arroz, pues las importaciones de este producto representan el 300 por ciento de la producción nacional y la producción per cápita nacional cayó 60 por ciento. Algo similar sucede con el trigo, donde se importa más de lo que se produce, cuando a principios de los noventa las importaciones sólo representaban el 20 por ciento de la producción nacional, al tiempo que la producción nacional per cápita se desplomó de 20 por ciento a 30 por ciento.
Con el TLCAN, nuestra soberanía enfrenta el poder de transnacionales como Cargill-Monsanto, Archer Daniels, Midland Dreyfus, Novartis y Maseca, quienes controlan el comercio mundial de alimentos, provocando precios monopólicos y especulativos que afectan en gran medida a la sociedad en general.
Por ello, al tiempo de replantear la apertura total del maíz contemplada para el 2008, según el TLCAN, es pertinente buscar medidas de urgencia para protege la soberanía alimentaría de los mexicanos.
No debemos olvidar que la tortilla es el alimento fundamental del pueblo mexicano y, por ello, no debemos arriesgar su alimentación, no debemos abrirle las puertas al hambre exhortando al gobierno de Felipe Calderón a que enfrente la realidad con acciones más eficaces y expeditas.
En el 2006 la inflación fue del 4.05 por ciento, arriba del objetivo previsto por el Banco de México por un punto porcentual. Este año la inflación ha superado lo previsto y se prevé un deterioro mayor en las expectativas inflacionarias. Esto es debido a que el maíz alcanzó el precio más alto en 10 años, provocando un daño más duro que el del tomate o el azúcar en 2006, lo que afectó principalmente a las clases populares y quienes ahora se ven afectados con el aumento de la tortilla.
Si bien el problema del precio de la tortilla tiene que ver con la reconversión productiva de este producto para generar etanol, el hecho de la especulación es patente y cuatro grandes acaparadores del maíz, Cargill, Maseca, Minsa y Bimbo, se han beneficiado con el precio elevado de la tonelada del maíz a nivel internacional.
Lo demuestra que no hay evidencias de desabasto, pues en el ciclo otoño-invierno 2005-2006 quedaron rezagadas cuatro millones de toneladas de maíz cosechadas en Sinaloa, a las que se suman 17 millones del ciclo primavera-verano 2006, lo que da un total de 22 millones de toneladas. En 2006 se obtuvo una cosecha record de 22.1 millones del grano, superior en 2.8 millones de toneladas a la de 2005, y se importaron poco más de diez millones de toneladas, lo que suma una oferta global de 32.8 millones de toneladas. La oferta global de maíz para el último trimestre de 2006 fue de 19.5 millones de toneladas
La solución para reducir el precio de la tortilla no se encuentra en importar 600 mil toneladas de maíz, sino en fomentar la producción con estrategias agropecuarias y una visión de Estado, que finalmente se refleje en el precio del producto final que es la tortilla.
De ahí que es necesario llevar a cabo acciones inmediatas, sin dejar de lado la planeación a largo plazo, aumentando la producción para asegurar nuestra soberanía alimentaría y subsidiar a los productores de la tortilla con la condonación del impuesto al valor agregado en el consumo de energía eléctrica y consumo de gas, para asegurar nuestra soberanía alimentaría como responsabilidad ineludible del gobierno, pues éste es un asunto de seguridad nacional.
Tomando en cuenta que la producción de tortilla presenta sus mayores costos en las materias primas, las cuales representan el 70 por ciento de los costos de producción, el aumento en los precios del maíz se trasladó al consumidor final, debido a que la tortilla es un bien manufacturado, si las materias primas elevan sus precios, los consumidores son quienes reciben el mayor impacto. Para que los productores de tortilla puedan bajar los costos de producción, es necesario presentar un plan de emergencia donde se abaraten los principales insumos.
Por tal motivo, propongo condonar el pago del impuesto al valor agregado en los insumos como energía eléctrica y gas, elementos de suma importancia para el productor de tortilla, lo que significaría llevar a cabo una estrategia de impacto inmediato, sin dejar de lado las acciones a largo plazo.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para condonar el pago del impuesto al valor agregado en energía eléctrica y gas para los productores de tortilla, a fin de disminuir sus costos de producción, con el fin de apoyar la economía familiar de los mexicanos, así como frenar la escalada inflacionaria. Tomando en cuenta que es necesario orientar las estrategias para asegurar nuestra soberanía alimentaría desde la perspectiva de la Seguridad Nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2007.
Diputado Mario Mendoza Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL INEGI A COMPARECER ANTE LAS COMISIONES ORDINARIAS
Y LAS ESPECIALES DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PARA QUE EXPLIQUE LA METODOLOGÍA, LAS ETAPAS OPERATIVAS Y LOS ALCANCES
DEL VIII CENSO AGROPECUARIO, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO
ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El VIII Censo Agropecuario, de acuerdo con la tradición histórica censal, debió realizarse en el año 2001, por el INEGI, en su carácter de organismo responsable de la ejecución del Programa de Censos Nacionales, sin embargo, la institución ha argumentado la carencia de recursos presupuestales para su elaboración.
Este censo debe comprender el levantamiento de información para dos proyectos estadísticos relacionados, como son el VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal; y el IX Censo Ejidal.
El primero, el Censo Agrícola, se realiza con el propósito de captar información estructural del sector agropecuario e información básica sobre las características económicas y tecnológicas de las unidades de producción. Con el Censo Ejidal, se habrá de producir información acerca de los principales aspectos de la estructura agraria en el ámbito de la propiedad social, así como de las características generales de los núcleos agrarios y sociodemográficos relacionados con las autoridades ejidales.
Dada la importancia de este Censo Agropecuario,en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año, los legisladores federales aprobamos para su realización, mil 600 millones de pesos; y en la pasada legislatura federal, en el PEF 2006, se aprobaron más de 800 millones de pesos, por lo que el INEGI cuenta con 2 mil 400 millones para su elaboración. Recursos superiores a los requeridos por esta institución para que realice un trabajo serio y profesional sin contratiempos.
Con el VIII Censo Agropecuario se deberá obtener, ordenar y clasificar geográficamente la información relativa al nombre y domicilio de 4.7 millones de productores agropecuarios y forestales, ubicar e identificar en cartografía alrededor de 9.3 millones de terrenos que integran las unidades de producción, enumerar cerca de 260 mil terrenos en áreas urbanas, captar información de aproximadamente 1.8 millones de viviendas con actividad agropecuaria e identificar y censar a más de 30 mil núcleos agrarios.
Esta información constituirá la base imprescindible para conocer puntualmente los niveles y condiciones de producción, identificar y diagnosticar la situación que prevalece en áreas geográficas y grupos de productores altamente sensibles ante la liberación del comercio de productos básicos.
Asimismo, permitirá diseñar políticas orientadas, entre otros propósitos, a impulsar la productividad a través de la reconversión o compactación de tierras, dirigir con precisión los planes y programas de apoyo hacia regiones específicas y grupos bien definidos de productores e implementar mecanismos de apoyo a la producción y comercialización que garanticen la competitividad y penetración en los mercados internacionales.
No se debe perder de vista que en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se aproxima el último plazo de la apertura comercial que tendrá lugar en enero de 2008, en el cual se eliminarán las barreras comerciales a aquellos productos que se consideran sensibles a los efectos de la competencia internacional.
En esta circunstancia se encuentra la apertura comercial a maíz y frijol que significa la exposición a la competencia internacional de los productos agrícolas de mayor importancia para México en términos de volumen de producción, superficies dedicadas al cultivo y como base de sostenimiento económico de gran parte de las familias mexicanas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a comparecer, a la brevedad, al titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ante las comisiones ordinarias y especiales del Sector Agropecuario de esta honorable Cámara de Diputados, para que explique la metodología, las etapas operativas y los alcances del VIII Censo Agropecuario. Garantizando su elaboración en el presente año y el uso transparente del presupuesto asignado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de febrero del año 2007.
Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP, A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
Y A LA SENER A REALIZAR UN ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD
DE LA CONDONACIÓN DEL PAGO DE ADEUDO HISTÓRICO DE LOS MUNICIPIOS
POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL DIPUTADO LORENZO
DANIEL LUDLOW KURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal por el estado de Hidalgo, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en la facultad que me confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 33 y 34, fracciones a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo relativo al problema de pago de energía eléctrica de los municipios morosos con adeudos históricos con los organismos Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad.
Exposición de Motivos
Conciente de la grave problemática que enfrentan actualmente los municipios en el estado de Hidalgo y a nivel nacional, ante hechos que han lastimado su economía en forma injusta e in equitativa para las administraciones de cada presidente municipal, que asume el cargo del honorable ayuntamiento con un adeudo histórico por concepto de pago de energía eléctrica proveniente de administraciones pasadas.
Los municipios, de acuerdo con sus necesidades, pueden tener relación con Comisión Federal de Electricidad o con Luz y fuerza del Centro, según su situación geográfica, por medio de las siguientes tarifas:
05 – Se aplica al suministro de energía eléctrica en baja y media tensión en las zonas conurbadas del Distrito federal, Monterrey y Guadalajara;
5A – Los mismos conceptos para el resto del país;
06 – Servicio publico de bombeo de aguas potables y negras;
OM – Servicio general en media tensión; demanda
menor de 100 kw;
HM - Servicio general en media tensión; demanda
mayor a 100 kw;
Palacios municipales, escuelas, mercados, receptorías, centro de salud, delegaciones municipales, oficinas del DIF, auditorios municipales, unidades deportivas, bombeos de agua potable y alumbrado público; estos dos últimos servicios son los que más inciden en la problemática municipal ocasionando una grave afectación a sus finanzas por las siguientes razones:
El alumbrado público municipal constituye un servicio básico para el conjunto de la población y requiere de una planeación adecuada y una administración moderna en términos de sistemas y equipos; como ya se mencionó anteriormente, en México se aplican las tarifas 05 y 5A al servicio de alumbrado público. La tarifa 05 se aplica en las zonas conurbadas del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, la tarifa 5A se aplica en el resto del país.
Esta tarifa es la única que está autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a facturarse de manera estimada, para calcular el costo de alumbrado público se toma como base el dato proporcionado por INEGI de 4 mil 47 horas anuales de utilización de uso de alumbrado público.
4 mil 47 horas entre 12 meses nos da un factor mensual de 337.25, este factor se multiplica por el total de kw, resultado de un censo realizado de manera conjunta por personal del sector eléctrico y autoridades de las presidencias municipales con lo cual obtenemos kwh; a este resultado se le aplica el costo de la tarifa actual, obteniendo un total; a este importe se le debe aplicar el IVA y descontar el DAP (derecho de alumbrado público), el resultado es el importe por pagar.
Se desprende también la obligación municipal de mantener en buen estado las lámparas del alumbrado público, situación que también le genera un gasto al municipio, que tampoco alcanzan los recursos y, sobre todo esto, aunque las luminarias no funcionen, son cobradas, no hay ningún cálculo de merma o luminarias inhabilitadas, lo que tampoco es justo ni correcto, ya que se paga por algo que no se está consumiendo.
Como ya mencionamos, el alumbrado público actualmente requiere de una planeación adecuada y una administración moderna en términos de sistemas y equipos, ya que si nos remitimos a la problemática que enfrentan los municipios por las enormes deudas por concepto de pago de energía eléctrica, nos encontramos que originalmente las empresas suministradoras del servicio eléctrico fueron utilizadas por el gobierno como entidades receptoras de votos, ya que en época de elecciones se realizaban electrificaciones sin planeación que, de manera conjunta con el crecimiento normal de los municipios, que no informaban de la instalación de lámparas en avenidas y comunidades, afectando posteriormente al municipio con bajos voltajes por saturación en los transformadores o por refacturaciones realizadas por las empresas suministradoras de energía por aumento en la base de facturación y, por otra parte, si el municipio coincidía con la corriente política estatal o federal, estaba garantizado el suministro de energía, aún sin realizar el pago por ese concepto, incrementándose el adeudo, haciéndose impagable.
Pero existen otras razones, además de las antes expuestas, por lo que las deudas han crecido, y es que muchos ayuntamientos no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer frente a estos pagos, ya que no tienen manera de generar grandes cantidades de recursos propios vía recaudación por derechos e impuestos y dependen exclusivamente del apoyo federal en el Ramo 33 para realizar sus aportaciones de consumo de energía eléctrica, pero también deben destinar parte de esos recursos a pago de cloración de agua potable, reparación y mantenimiento de patrullas y de equipo auxiliar así como de viáticos al personal de seguridad, recolección de basura entre otros.
Con referencia al derecho de alumbrado público como parte fundamental del proceso de interrelación entre municipios y organismos suministradores de energía eléctrica, podemos mencionar que este derecho se estableció en el estado de Hidalgo mediante el decreto 64, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Hidalgo el 16 de octubre de 1997, que faculta a los cabildos municipales a aplicar el 1.5 por ciento a usuarios de media y alta tensión y el 5 por ciento a los usuarios de baja tensión a la facturación que por consumos de energía eléctrica realicen los habitantes de su municipio, cifras que se deben acreditar mensualmente a la cuenta del alumbrado público municipal.
En ningún caso este importe alcanza a cubrir la totalidad del adeudo por concepto de consumos de energía eléctrica municipal, y aún así los ayuntamientos deben pagar grandes sumas por el servicio. Esto ocasiona que las cuentas de particulares por consumo de energía eléctrica se eleven y salgan sus cuentas más caras de lo que ya son y prácticamente sin ningún beneficio al ayuntamiento, que de todos modos acaba pagando cuentas enormes.
En lo que respecta a los servicios de bombeo de agua potable con cargo a los municipios, se ha detectado la falta de conocimiento para la aplicación de determinada tarifa que en este caso sería la tarifa 06, específica para bombeo de agua potable, pudiendo ser ordinaria en media tensión (OM) con demanda menor de 100 kilovatios, o la tarifa (HM) horaria en media tensión con demanda de 100 kw, o más en este caso, si se utiliza el servicio de forma indiscriminada en las horas pico la facturación presentará un gasto excesivo por consumos de energía eléctrica.
Independientemente de la adecuada planeación y administración del alumbrado público y de los servicios de bombeo, hay otras razones que inciden directamente en el adeudo municipal por concepto de consumo de energía eléctrica, tal es el caso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de autorizar las tarifas eléctricas, en el mes de diciembre de 2006 emite para las tarifas 05 y 5A en baja tensión un costo de 2.102 pesos y 1.735 pesos, respectivamente, y en media tensión para estas mismas tarifas 1.763 pesos y 1.460 pesos, respectivamente, debiendo el municipio realizar y pagar infraestructura en este último caso; en este mismo mes para la tarifa 9-CU, la cuota energética es de 0.360 pesos y el excedente se cobra a tarifa 9 o 9M; en este comparativo nos damos cuenta que existe una gran desventaja entre ambas tarifas, con perjuicio de los municipios.
De esta forma y tomando como base las tarifas de diciembre de 2006, y en específico la tarifa 9-CU (tarifa de riego agrícola con cargo único en baja y media tensión), la cuota energética autorizada es de 0.360 centavos y el excedente de esta cuota energética autorizada se cobrará de acuerdo a la tarifa 9 en baja tensión o 9M si se suministra el servicio en media tensión.
Esto quiere decir que si el servicio se da en tarifa 9 y excede su cuota energética; los primeros 5 mil kw se cobrarán a 0.759 centavos; de 5001 a 15 mil kwh, 0.843 centavos; de 15,001 a 35 mil, 0.922 centavos, y el adicional a 1.011 pesos, en lugar de 2.101 pesos de cargo fijo por cada kwh de consumo en tarifa 5 en baja tensión o de 1.75 pesos en tarifa 5A en baja tensión.
Como referencia vale tomar en cuenta el comportamiento de adeudos totales de municipios, organismos operadores de agua y gobiernos estatales, histórico a diciembre del 2000, en el estado de México de 1 mil 531.2 millones de pesos, a abril del 2006 arroja 3 mil 984.2 millones de pesos; el estado de Hidalgo, diciembre del 2000, 190.0 millones de pesos, a abril del 2006 599.9 millones de pesos; estado de Morelos, diciembre del 2000, 121.1 millones de pesos, a abril del 2006, 234.5 millones de pesos; estado de Puebla, diciembre 2000, 7.6 millones de pesos; a abril del 2006, 15.8 millones de pesos.
Por lo antes expuesto y con el propósito de sanear las finanzas municipales se realizan las siguientes propuestas:
Punto de Acuerdo
Con base a lo dispuesto en los artículos 58, fracciones I, II y III; 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior:
Primero. Se solicite a Luz y Fuerza del Centro y a la Comisión Federal de Electricidad que remitan a esta soberanía un reporte de municipios con adeudo;
Segundo. Exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen un análisis de todos los elementos relevantes para determinar la viabilidad de la condonación de pago del adeudo histórico de los municipios;
Tercero. Compensar a los municipios que realicen programas de ahorro de energía con importes equivalentes al costo del programa con el propósito de eficientar el servicio de alumbrado público;
Cuarto. Equiparar el costo de las tarifas 05 y 5A a las de la tarifa 9 de riego agrícola. Y al igual que en esta última, poner diferentes clasificaciones en el consumo de energía para el alumbrado público (tarifas 5 y 5A) de acuerdo a la asignación presupuestal del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal (FAFM) de cada uno de los municipios.
Quinto. Exhortamos a los ayuntamientos a aceptar, respetar y cumplir los acuerdos a los que se llegaran para la resolución emitida en conjunto por las distintas instancias para la solución de este problema.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007.
Diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A RATIFICAR LOS CONVENIOS DE
LA OIT 81, 85, 174 Y 176, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN
GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado José Antonio Almazán González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se exhorte al Senado de la República para que proceda a ratificar los convenios de la OIT 85, 81, 174 y 176.
Consideraciones
1. Estamos a unos días de que se conmemore un año de la explosión en la mina de carbón Pasta de Cochos, en San Juan Sabina, estado de Coahuila, misma que cobró la vida de 65 mineros y dejó heridos a otros once; pero que sobre todo cimbró la conciencia nacional al mostrarse con toda su crudeza el estado de desprotección que padecen los trabajadores de este sector económico tan importante para el país, en contraste con las utilidades millonarias para los concesionarios de este patrimonio nacional.
2. A la fecha, no se ha avanzado todo –lo que la gravedad de este caso reclama– en cuanto a la definición de las causas de la explosión, en el deslinde de responsabilidades, en la entrega de las pensiones e indemnizaciones que corresponden a los deudos. Pero sobre todo, ningún progreso se ha dado en realizar las reformas que exige el marco jurídico a efecto de tutelar de una manera más actualizada y justa los derechos humanos a la salud y la integridad física de los mineros y, en general de los trabajadores del país, evitándose al máximo los riesgos de trabajo.
3. Que en la Cámara de Diputados, además de constituirse una Comisión Especial que investiga los hechos de Pasta de Conchos, se han presentado diversas iniciativas de ley para actualizar y hacer más integral las disposiciones en la materia.
4. A la mejora y actualización de los instrumentos jurídicos del país en materia de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo, contribuiría enormemente la ratificación que efectuará el Senado de la República de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 81, 85, 174 y 176, mismos que ya fueron previamente suscritos por el Ejecutivo federal. Todo esto en apego a lo previsto por el artículo 133 de la Carta Magna.
5. Los referidos convenios de la Organización Internacional del Trabajo se refieren a: el 81 es el "Convenio sobre la Inspección del Trabajo"; el 85 se trata del "Convenio sobre la Inspección del Trabajo (Territorios No Metropolitanos); el 174 "Convenio sobre la Prevención de Accidentes Industriales Mayores", y el 176 aborda el "Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas". Su ratificación permitirá que las disposiciones de convenios cobren plena vigencia en el país para la mejor tutela del derecho de los trabajadores a la seguridad e higiene en los centros de trabajo; impulsando a la vez reformas indispensables al marco jurídico del país.
6. Sólo de esta manera se hará posible que la dolorosa experiencia de Pasta de Conchos redunde en beneficios concretos de justicia para las personas que viven de su trabajo.
7. Finalmente señalamos que el Secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, en su reunión con la Comisión Especial sobre Pasta de Conchos de esta Cámara de Diputados, el pasado 7 de febrero de 2007, compartió nuestra preocupación para buscar la ratificación de los convenios en mención.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. Se exhorte respetuosamente al Senado de la República para que a la brevedad ratifique los convenios 81, 85, 174 y 176 de la Organización Internacional del Trabajo ya suscritos por el Presidente de la República y relativos a: "Convenio sobre la Inspección del Trabajo" es el 81; "Convenio sobre la Inspección del Trabajo (Territorios No Metropolitanos) contenido en el 85; "Convenio sobre la Prevención de Accidentes Industriales Mayores"en el 174, y el "Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas" que corresponde al 176; siendo que su ratificación permitirá una más actualizada y completa tutela de la seguridad e higiene en los centros de trabajo y prevención de los riesgos de trabajo a favor de la clase trabajadora del país, especialmente de los mineros, coadyuvándose a la prevención de sucesos como los de Pasta de Conchos .
Segundo. Que en el futuro esta colegisladora ratifique con mayor oportunidad los convenios de la OIT cuyo retardo siempre afecta la debida tutela de los derechos de los trabajadores, privándolos de beneficios irrenunciables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA EL IMPULSO DE PROYECTOS DE DESARROLLO ARQUEOLÓGICO,
CON VISIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
FERNANDO MOCTEZUMA PEREDA Y EMILIO GAMBOA PATRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México el turismo cultural tiene una larga tradición, originado por el amplio número de museos, zonas arqueológicas y monumentos históricos con que cuenta el patrimonio histórico nacional. Varias ciudades y sitios arqueológicos han sido declarados patrimonio cultural de la humanidad, con lo que no sólo se preserva el rico legado milenario del país, que data de épocas similares a las de las grandes civilizaciones fundadoras de la humanidad, sino que también ofrece un atractivo relevante para el turismo nacional e internacional.
En ese sentido, nuestro patrimonio puede ser, bajo el concepto de la industria sin chimeneas, una herramienta que impulse el desarrollo regional de manera realista, sustentable y de largo plazo.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se tienen 153 zonas arqueológicas abiertas al público en la República Mexicana, de las cuales 4 zonas se encuentran en el Distrito Federal, con un promedio de 90 mil 486 visitantes por año a cada una de ellas y 18 zonas en el estado de México, con un promedio de 129 mil 850 visitantes por año a cada una de ellas. Por citar algunas, Teotihuacan, Monte Albán, Malinalco, Tulum, La Venta, Tula, Palenque, Chichen Itzá, Templo Mayor, etcétera, son una pequeña muestra, que evoca la grandeza de nuestras raíces y la potencialidad que ofrecen para nuestro futuro.
México tiene grandes posibilidades para competir con éxito en el turismo cultural internacional, a través del fortalecimiento turístico de su patrimonio arqueológico. Sin embargo, para acceder a un mercado turístico cultural, no es suficiente contar con un patrimonio cultural, sino que es necesario desarrollar un sistema turístico que soporte un nuevo papel de este patrimonio, a través de infraestructura y de servicios que permitan su disfrute por parte de los turistas.
Desde el punto de vista cultural y turístico los atractivos de un país, región o lugar no están acompañados por la publicidad, las facilidades y la accesibilidad, es como si no existieran, pues no constituyen destinos conocidos ni que ofrezcan posibilidades de permanecer temporalmente en ellos. Además, por lo que se refiere al patrimonio arqueológico, el turismo cultural debe tomar conciencia de que es necesario armonizar el desarrollo del turismo con la preservación del patrimonio cultural y, por ello, se requiere planificar la explotación de dichos sitios, para que pueda garantizarse su conservación y su disfrute por las generaciones actuales y futuras.
Como parte de esta planificación y para determinar qué se debe ofrecer, a quién debe ofrecerse y cómo debe ofrecerse, se precisa realizar un diagnóstico integral que nos permita conocer las características de los visitantes actuales y potenciales, las variables que miden su grado de satisfacción, la infraestructura turística existente y la oferta publicitaria que se realiza con el fin de determinar el potencial y las expectativas turísticas del destino. Ello nos permitiría hacer proyecciones para el mediano y largo plazo tanto del ritmo de afluencia de turistas, así como de la necesidad de las inversiones, la determinación de las fuentes de financiamiento, tanto público como privado, además de calcular el impacto local, regional y nacional en la generación de empleo, mejoramiento de los ingresos, elevación de la calidad de vida y el impacto agregado en otros sectores que se beneficiarían de su adecuado desarrollo.
Si continuamos desaprovechando nuestra riqueza arqueológica o considerándola un mero referente histórico así como bienes de ornato, estaremos renunciando a potenciar una riqueza que pocos países en el mundo tienen y que ha probado su enorme capacidad de generación de bienestar y riqueza. Es lamentable que alrededor de las principales zonas arqueológicas se encuentre la pobreza, el desempleo, la falta de comunicaciones y de servicios.
En muchas zonas arqueológicas prevalece el abandono, la maleza perniciosa, el tráfico de piezas históricas e inclusive acciones inverosímiles, basadas en la necesidad y en la ignorancia, como el hecho de que los restos de muchos monumentos se emplean como cimientos para casas en esas regiones, sin pensar en el daño patrimonial al país.
Para avanzar hacia una concepción de conservación y aprovechamiento integral de nuestra riqueza arqueológica, consideramos que se debe integrar al patrimonio turístico cultural los servicios de transportación que faciliten la accesibilidad al sitio y los servicios de atención al turista, como son hospedaje, alimentación, actividades durante la visita, traslado a los sitios, guías especializados, etcétera, procurando que la derrama económica que generan se extienda a las comunidades visitadas.
Cuando se promueve fuera de la comunidad un producto cultural para crear en el público un interés por visitarlo y por realizar actividades planeadas por los propietarios o gestores del recurso para el disfrute de los turistas, entonces el producto turístico se convierte en oferta turística cultural, es por ello que actualmente los operadores del turismo y los organismos oficiales del turismo en todo el mundo gastan millones de dólares para informar a los turistas potenciales sobre los destinos, medios de transporte, distracciones y facilidades existentes.
En nuestro país, la realidad se encuentra lejana de esa perspectiva; por ello, nuestra propuesta consiste en solicitar a las autoridades vinculadas al turismo y a la preservación ecológica que impulsen el desarrollo y el turismo cultural, como una alternativa realista para impulsar el desarrollo regional que nuestro país requiere y que muchas comunidades tienen al alcance si cuentan con los apoyos necesarios.
Por lo expuesto, sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Turismo, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como al Instituto Nacional de Antropología e Historia que impulsen el desarrollo del turismo cultural, con base en el patrimonio arqueológico con que se cuenta en todas las regiones del país, bajo una concepción de desarrollo regional sustentable. Su explotación integral contribuiría a preservar el inventario arqueológico y aprovecharlo para generar empleos, ingresos e infraestructura para el desarrollo en el mediano y largo plazos. Para ello, se exhorta a implementar este tipo de programas mediante la coordinación interinstitucional y con los diferentes niveles de gobierno, para sumar esfuerzos.
Segundo. Se solicita que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de ésta Cámara que considere, en su oportunidad, la asignación de recursos y la consolidación de los existentes en un programa nacional de desarrollo del turismo cultural.
Palacio Legislativo, a 20 de febrero de 2007.
Diputados: Fernando Moctezuma Pereda, Emilio Gamboa
Patrón (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
FEDERAL Y EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN,
SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
La suscrita diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base a los siguientes:
Considerandos
Para México, el primer año de ejercicio de labores de la LX Legislatura y del sexenio 2006-2012, son los escenarios idóneos para escribir en las páginas de la historia, una primera conquista en materia de política social, emanada con el esfuerzo de los actores de los poderes de la Unión y las organizaciones de mujeres, preocupados para legar a la sociedad con un trabajo responsable y comprometido, las bases culturales para dar origen a una nueva generación de mujeres, cuyas bases para la aplicación de políticas protectoras con sentido de justicia al margen de la igualdad reconocida con los varones en el artículo 4 constitucional, se están construyendo con perspectiva de género a través de un ordenamiento legal, capaz de sistematizar las medidas necesarias para prevenir y proteger de la violencia a las mujeres y niñas.
Esta ley, nace respetando la calidad de géneros, sostenido en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya realización se cristaliza a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, en respuesta a la lucha permanente e incansable de mujeres preocupadas por sensibilizar permanentemente a las instituciones y facilitar su desarrollo con una mentalidad de Estado, orientada a la no discriminación de género y así garantizar el pleno goce de sus derechos.
Recordemos que históricamente, las mexicanas han enfrentado múltiples luchas por superar los fenómenos de la época a fin de alcanzar el poder de decisión y orientar sus demandas en todos los escenarios, con el tiempo ha quedado demostrado que las mujeres son la piedra angular de la base familiar, pocas veces reconocida; empero, por primera vez, dados los cimientos culturales de la actualidad, en un hecho sin precedentes, hemos visto como la promulgación de esta ley, ha causado opiniones polarizadas debido a la magnitud y profundidad de los temas, que obligan al poder público a transformar su estructura operativa e incluso alcanzar a todas las regiones involucradas en el pacto federal, a partir de la implementación de acciones rectoras en las que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por ser la casa del pueblo conformada por representantes populares de todo el país, deben trabajar por cumplirse de manera puntual con los fines de la norma.
En una reflexión de esta magnitud, por otra parte se define de manera literal en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el establecimiento de la coordinación de todos los niveles de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, para garantizar el desarrollo, bienestar, igualdad y no discriminación de género conforme a las leyes vigentes y los tratados internacionales debidamente ratificados por el Senado de la Republica, los cuales adquieren la calidad de norma constitucional a partir de lo establecido en el artículo 133 de la Ley Fundamental, para operar mediante una adecuada distribución de competencias estratégicas entre los estados, municipios e instituciones de la administración pública federal, como son la Secretaría de Gobernación, de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación Pública, Salud, Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de las Mujeres y el Poder Legislativo Federal, en el cual recae la responsabilidad de reformar las leyes necesarias, en ejercicio de las facultades de control, evaluación y seguimiento sobre el Ejecutivo federal previstas en los artículos 74, 76 y 93 constitucionales, para que juntos y de manera coordinada acaten el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujeres, debiendo canalizar los recursos económicos que se encuentran debidamente contemplados en el ejercicio fiscal en curso, conforme a lo previsto en el numeral sexto transitorio del propio decreto, que marcó el inicio de la vigencia de esta normatividad.
En un segundo término, los legisladores estamos obligados a cumplir con el compromiso que tenemos con las mujeres, la sociedad, nuestros representados y todo el país involucrándonos responsablemente y de manera directa en el inicio y desarrollo del trabajo a que nos obliga esta ley desde nuestra competencia instalando, con fundamento en los artículos 40 inciso c), 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una Comisión Especial para la Armonización de Legislación Nacional y Seguimiento del Sistema de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, para que se haga cargo en específico del objeto establecido y a trabajar en los fines específicos para su cumplimiento, oyendo a los órganos de gobierno de todos los niveles y competencias en los congresos locales, ayuntamientos, organismos públicos y privados con el fin de homologar las normas que rijan, orienten, eficienticen y faciliten a los poderes judiciales la aplicación de estas normas con pleno respeto a los derechos humanos, las garantías individuales en especial las de audiencia, legalidad y seguridad jurídica en un contexto de equidad y tratamiento de atención a víctimas, a partir del establecimiento de refugios y operación adecuada, mesurada y acertada del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y así, establecer e implementar una política transversal de Estado.
Lo anterior obliga a dar seguimiento y consolidar la efectividad de la ley, además permitirá analizar y corregir sus aspectos débiles que no se hayan resuelto desde la Federación en los reglamentos correspondientes que el Presidente de la República, deberá expedir para cumplir su función en el margen de su esfera de competencia y a partir de los términos, que abordan los artículos transitorios de la ley y que, por ende dejan en claro que toda la organización del sistema que defina las acciones futuras y el destino de las mismas, operará con base al diagnóstico nacional que ordena.
Cumplir con estas tareas de ningún modo es una labor sencilla, que desde la Comisión de Equidad y Género o la Comisión Especial de Feminicidios e inclusive las establecidas previamente en la presente legislatura se pueda realizar. La armonización legislativa deberá hacerse de manera detallada y expedita, para que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pueda perfeccionar sus deficiencias y se procure el éxito de las políticas de Estado en todo México a esta obligación obedece la exigencia de la aprobación del presente punto de acuerdo, para brindar a esta comisión especial, facultades de opinión a emitir por parte de las dictaminadoras, sin que esto dé lugar a legislar con un margen de errores tendientes a cometerse ante la premura de modificar los ordenamientos que la ley compromete sin la realización de estudios serios que la sociedad merece de sus diputados.
En Convergencia, las mujeres estamos comprometidas con la democracia, el desarrollo, el respeto a la pluralidad, a las creencias y el Estado de derecho; por tanto, considero de urgente y obvia resolución, proteger los derechos de las mujeres desde el ámbito de la legitimidad de las organizaciones que han dado su confianza a la que suscribe, proponiendo sea la de la voz, quien presida esta Comisión Especial, dado que el órgano colegiado de mujeres y hombres comprometidos con dicha misión, colaboremos estrechamente para una consolidar una justa aplicación de ley, a partir de acciones acordes con las disposiciones legales vigentes y lo establecido en nuestra Carta Magna, esta misión requiere de apego al sentido humano para dar seguimiento a las observaciones que la sociedad civil estime en los tres poderes del Estado Mexicano y sus niveles de gobierno, sólo de ésta manera se cumplirán los objetivos del nuevo gobierno, que consisten en responder oportunamente a las necesidades que predominan en la parte preventiva, la operativa y de gestión a partir de la aplicación de la ley.
La Cámara de Diputados por ser parte de la Federación, representante de los estados, municipios y poderes de la Unión, parte de la base de las facultades y derechos que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos de gobierno, así como los organismos públicos autónomos, está obligada y debidamente legitimada a ejercer los recursos para llevar a cabo de manera conjunta, la implementación de las acciones que derivan de la ley, y que en forma independiente se carguen al presupuesto autorizado, al Ejecutivo federal, Poderes Ejecutivo y Judicial previstos en el citado artículo sexto transitorio del decreto del 1 de febrero del año en curso, y que obliga a dar cumplimiento con este mandato del jefe de Estado, a esta representación popular debidamente legitimada por el pueblo; en este sentido, la Junta de Coordinación Política, deberá ponderar que el presente punto de acuerdo, surge para dar cumplimiento a las tareas inherentes que nos son concedidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto nos obliga a luchar constantemente por conservar la soberanía del Legislativo como poder; por tanto, las partidas autorizadas en la ley, deben aplicarse para el perfeccionamiento de la ley, esto significa superar las deficiencias que se vayan generando, para que al mismo tiempo se pueda avanzar y contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer, con estudios sobre las disposiciones normativas que brinden el control transparente de evaluación al combate de la violencia contra la mujer.
Por todo lo anterior hago un atento llamado a esta honorable Asamblea, para que se vote a favor la presente propuesta con base a los acuerdos que se hacen valer en el capítulo correspondiente y en cumplimiento a lo fundado con anterioridad, además se deberá contemplar una vigencia y duración de esta Comisión por todo lo que resta de la LX Legislatura, tiempo necesario para realizar la adecuación normativa indispensable y prioritaria, esto permitirá cumplir los mandatos de la ley recientemente aprobada, así como las metas establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo. Esta ardua tarea, requiere evitar la rotatividad en la permanencia y la conducción de los trabajos, para establecer una política integral y transversal de Estado y establecer al mismo tiempo, la continuidad de las políticas públicas y sociales establecidas a partir de un control de gestión, establecido en el marco legal.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para la Armonización de la Legislación Federal y Seguimiento del Sistema de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, en los términos planteados en los contenidos del presente, con base a los fines establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Segundo. De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dotar de las atribuciones a la Junta de Coordinación Política, para aprobar la integración de esta Comisión Especial en sus términos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero de 2007.
Diputada Martha Angélica Tagle Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A VERIFICAR MEDIANTE LA SEMARNAT LOS PERMISOS
OTORGADOS PARA CONSTRUIR DESARROLLOS TURÍSTICOS EN LORETO, BAJA
CALIFORNIA SUR, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ
GODÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA
Miguel Ángel Jiménez Godínez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
El municipio de Loreto está localizado en el mar de Cortés, en la mitad sur de Baja California. El territorio del municipio de Loreto comprende aproximadamente 4 mil 311 kilómetros cuadrados, con 270 kilómetros de costa, incluidas las islas. Alberga aproximadamente a 15 mil personas, de las que 80 por ciento vive en la ciudad de Loreto. El resto de la población vive en 130 rancherías, y otras 21 comunidades pesqueras y ganaderas (Ivanova y Cota, 2005).
Loreto es el asentamiento colonial más antiguo de las Californias, construido alrededor de una misión fundada en 1679; fue la capital y el centro administrativo de Baja California hasta que la capital fue trasladada a La Paz, después de un huracán devastador, en 1829.
Loreto es conocido por su impresionante belleza natural. Abruptas montañas descienden a una angosta franja costera a lo largo del mar de Cortes, en la costa este de Baja California Sur. La vista de la costa es notable, acentuada por el número de islas. A pesar de esto, las playas de Loreto no son consideradas de primer orden. Más aún, manta rayas habitan los obscuros fondos arenosos de muchas de las áreas cercanas a la costa, reduciendo aún más el atractivo del turismo tipo "sol y playa".
El acuario del mundo
El famoso explorador francés Jacques Yves Costeau llamó el golfo de California "el acuario del mundo". Y es que el golfo de California es uno de los cinco ecosistemas marinos con mayor productividad y biodiversidad en el planeta.
Varias características hacen única esta región:
Nos hemos enterado por diversos medios de comunicación del grave peligro que corre esta área por la construcción de diversos desarrollos turísticos; el más reciente es el publicado por La Jornada (19 de febrero de 2007):
Alarma a ecologistas auge turístico e inmobiliario en Loreto, BCS
Loreto, BCS, 18 de febrero. La apacible e histórica ciudad de Loreto, cuna de las Californias, vive un auge turístico e inmobiliario lo que, según el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la zona, incrementará su población actual, de 14 mil habitantes, hasta en nueve veces en los próximos 25 años.
El grupo ecologista Antares sostuvo que este crecimiento demográfico "espanta" por sus implicaciones sociales, económicas y ambientales. Advirtió que las autoridades subestiman los números, pues suponen que por cada cuarto de hotel construido arribarán al municipio entre 2.7 y 13.5 personas, según el lugar, cuando en Los Cabos y Cancún la densidad promedio es de 20 personas por habitación edificada.
"Sólo en el desarrollo turístico inmobiliario Loreto Bay empresarios prevén construir 13 mil cuartos; es decir, habrá 260 mil nuevos habitantes en la región", señaló Sergio Morales Polo, representante del grupo no gubernamental en el Comité de Planeación Municipal.
Agregó que el Programa de Desarrollo Urbano sólo abarca el corredor Loreto-Nopoló-Puerto Escondido-Notri-Ligüi-Ensenada Blanca, es decir, 65 kilómetros de litoral, cuando todo el municipio cuenta con 225 kilómetros de playa, y hay desarrollos proyectados al norte y al sur, en San Bruno, San Bacilio, Tembabichi, Agua Verde y San Nicolás, sin injerencia de autoridades.
Precisó que el programa autoriza erigir 31 mil 914 cuartos de hotel en el corredor planificado, que generaría un impacto poblacional de 167 mil 203 personas, de acuerdo con autoridades, o de 638 mil 238, si se toma como parámetro el desarrollo de otros centros impulsados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
En general, se proyectan 80 mil cuartos de hotel, y crecimiento de 1 millón y medio de habitantes, en una región donde los mantos acuíferos sólo pueden soportar a 42 mil 200, sin padecer intrusión salina, señaló Morales Polo.
Desarrollos turísticos
Loreto, localizado en la parte media de la península de Baja California Sur –de donde partieron misiones religiosas de conquista hacia el sur del estado y al norte hasta la Alta California–, tiene 225 kilómetros de litorales en el mar de Cortés. En los años setenta fue elegido por el Fonatur como emporio turístico de calidad mundial.
La dependencia adquirió en 1976 3 mil 522 hectáreas en la zona de Nopoló, 6 mil 400 en Puerto Escondido y 743 en Loreto para construir hoteles, condominios y residencias turísticas, marinas y asentamientos humanos.
Los primeros hoteles comenzaron a operar en 1982, con una oferta de 454 cuartos, que incluían 138 habitaciones en el poblado de Loreto. El número de turistas registrados ese año fue de 46 mil.
A pesar de 3 mil 600 millones de pesos que el Fonatur dijo invertir en infraestructura para Loreto, el proyecto quedó estancado hasta 2001, cuando el gobierno foxista lo relanzó.
Loreto Bay Company, de capital canadiense, fue la primera en tomar la palabra al Fonatur, con un proyecto de mil 600 cuartos de hotel, 6 mil 374 viviendas, 4 mil 571 villas residenciales, campo de golf, marina, spa, centro de pesca deportiva, restaurantes e instalaciones comerciales, recreativas y culturales.
En el corredor se considera inversión de empresarios de Arizona en el proyecto Golden Beach –que ocupará 3 mil 458 hectáreas–, donde se pretende construir cuatro hoteles, dos campos de golf, una marina, villas residenciales, spa, área comercial y restaurantes.
Villas de Group, con experiencia en Los Cabos, promueve el complejo Ensenada Blanca, donde invertirá 750 millones de dólares en la construcción de 2 mil 200 cuartos de hotel en un plazo de 15 años, que generarán 6 mil 500 empleos.
Al norte del municipio, en San Bruno, fuera del área de planeación, ya se hizo oficial el inicio del proyecto Loreto Paraíso, del grupo español Fadesa, que considera invertir 5 mil millones de dólares en una superficie de 3 mil hectáreas, y generar 3 mil empleos directos.
El plan maestro del complejo turístico que se presentó al gobernador Narciso Agúndez Montaño considera 12 hoteles y 7 mil cuartos de hotel, 2 campos de golf tipo campeonato y 2 más tipo turista, 6 mil 500 unidades residenciales, 1 marina de 23 hectáreas con capacidad de mil amarres y una reserva natural de 800 hectáreas.
Ante la profusión de inversiones, el director del grupo Antares, Fernando Arcas, advirtió que el crecimiento será caótico y sus repercusiones en la naturaleza, devastadoras.
Sostuvo que autoridades y desarrolladores "toman con mucha ligereza" el tema del agua. Dicen que construirán desaladoras, pero no aclaran el tamaño de sus plantas, dónde las instalarán ni dónde depositarán la salmuera. Recordó que Antares impulsó "el parque nacional Bahía de Loreto, ya hay una regulación, pero no sabemos qué va a pasar con tanta gente".
Expresó que hay muchas preguntas sin responder, como dónde vivirán los trabajadores y sus familias; el uso de las playas de la zona, que son pequeñas, y el asunto de los servicios básicos para la población.
Arcas expuso que el argumento de las autoridades para traer inversiones a Loreto son el desarrollo y el empleo, pero la realidad es que los buenos puestos serán para los de afuera, los lugareños deberán conformarse con ser jardineros, albañiles, plomeros y ejercer oficios por el estilo.
Puntualizó que en Loreto Bay, donde se construye un "Infonavit de lujo", se da la especulación de la tierra: pequeños terrenos ejidales que antes costaban 20 mil pesos ahora se comercializan en 1 millón y medio porque tienen playa al frente. "Son precios de locos, la tierra no los vale, porque carece de servicios, pero hay quien paga esas cantidades, sobre todo la gente que viene de Estados Unidos y Canadá", dijo.
Indicó que "por todos lados" se venden lotes, y comentó que el turismo se incrementó el año pasado porque personas de La Paz, Los Cabos y extranjeros buscaban tierra para comprar.
Destacó que están en riesgo la sierra de la Giganta, el parque nacional Bahía de Loreto, islas, islotes, manglares, esteros y ojos de agua de la zona, sobre todo porque el plan de desarrollo urbano los ignora, sólo ubica dónde estarán los desarrollos, cuántos cuartos se construirán y cuántos pisos van a tener los hoteles, además de que la mayor parte de los litorales, entre ellos San Bruno, no están planificados por el municipio.
"Si hay lugares que van a madrear son los manglares, Loreto Paraíso tiene un manglar precioso", señaló.
El presidente municipal –panista– de Loreto, Rodolfo Davis Osuna, más optimista, aceptó en entrevista que habrá un crecimiento poblacional acelerado, pero confió en que pronto habrá tres instrumentos para controlarlo: el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Ordenamiento Ecológico y estudios científicos de los acuíferos de la región.
Admitió que el tema de la ecología preocupa a todos, y por eso se trabaja en la elaboración de documentos que den certidumbre al desarrollo respeto al ambiente.
No obstante, Morales Polo, del grupo Antares, consideró "increíble que se haga un plan estratégico de desarrollo y no se tengan estudios científicos sobre el problema del agua en la región."2
Como señalan, no es el único problema en la región, pero sí agrava los ya existentes, como la falta de agua, situación que ha quedado expuesta a través de organismos no gubernamentales y la población civil a través de diversos medios.
Día tras día vemos en los distintos medios la frecuente queja de la población por la falta de agua potable. "Un viaje por el clima", organismo no gubernamental expuso en su pagina web su preocupación por el hecho de que en Baja California Sur haya menos de 25 centímetros de lluvia por año y de que la mayoría del agua sea de pozos, del subsuelo.
Las fuentes de agua en Baja California Sur no tienen un futuro con o sin el calentamiento global. Parece que el agua se está usando demasiado rápido. En Loreto es probable que el agua dure por 10 o 20 años. La población está creciendo de manera sorprendente. La ciudad de Cabo San Lucas, que está al punto más sur de Baja California, ya usa una máquina tratadora de aguas para sacar agua por viajeros de turismo.3
Otro problema importante que conlleva el auge turístico e inmobiliario en la construcción de desarrollos turísticos es la desaparición de los manglares, considerados "fuente de vida". Los manglares actúan como amortiguadores protectores contra mareas muy fuertes y para las costas. Sus raíces ayudan a impedir la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes, y filtran la contaminación del agua. Los manglares ofrecen un rico hábitat y una excelente zona de cría para animales, peces y crustáceos. Por otra parte, también tienen valor económico: durante siglos la gente los ha usado para obtener leña, material de construcción, carbón vegetal, alimentos y medicinas, y hoy día –en vista de que a menudo forman parte de hermosos ecosistemas costeros– también son importantes para el turismo.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos preocupados por la degradación de nuestro ambiente y la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, no sólo en esta área sino en todas las del país. Por ello, en cumplimiento de nuestro encargo, proponemos a esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales verifique que los permisos y las manifestaciones de impacto ambiental otorgados para la construcción de desarrollos turísticos en el municipio de Loreto, Baja California Sur, hayan sido realizados con arreglo a la legislación vigente.
Segundo. Del resultado de lo anterior sea informada esta soberanía.
Notas:
1 Green Peace, http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/fungames/animations/salvemos-el-acuario-del-mundo.swf
2 La Jornada, lunes 19 de febrero de 2007, http://www.jornada.unam.mx/2007/02/19/index.php?section=estados&article=037n1est
3 http://www.rideforclimate.com/s/journals/?p=5
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 20 de febrero de 2007.
Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE EMITA EL DECRETO PARA
DECLARAR EL PRIMER DOMINGO DE MARZO DE CADA AÑO DÍA NACIONAL
DE LAS FAMILIAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO ALTERNATIVA
De conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la signante, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, legisladora federal del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo con la siguiente:
Exposición de Motivos
Históricamente la estructura de las organizaciones sociales se ha modificado de acuerdo con sus realidades políticas, geográficas y económicas.
La historia de la humanidad da cuenta de que el núcleo social denominado familia es, como se señala hasta el día de hoy, la célula de la sociedad en donde la persona adquiere valores –de acuerdo con lo que cada núcleo familiar considere son sus propios valores– recibe afecto, aprende reglas de comportamiento social, recibe protección y se desarrolla. Ninguna de las anteriores funciones de la familia está en entredicho en este momento. Lo que no es posible aceptar es la unívoca concepción de familia con una estructura predeterminada, inamovible y por lo tanto, la única posible y funcional.
A partir de lo macro, la ciencia social ha dejado claro que la comunidad mundial está constituida por sociedades, en plural, toda vez que cada grupo se da sus propias reglas, tradiciones, ordenamientos, formas de organización y estructura. La organización social que prevalece en Marruecos, Indonesia, Norteamérica y la Patagonia es tan diversa, que cada colectividad constituye un grupo social distinto.
De la misma manera, la familia como núcleo social tiene diferentes formas de organización mediante las cuales cumple su función básica de integración de la persona a la vida social. La familia nuclear integrada por padre, madre e hijos, es sólo una de las muchas formas de organización familiar que actualmente conforman a la sociedad mexicana.
Las familias mexicanas son entidades dinámicas que han experimentado vertiginosas transformaciones en su estructura, valores y estilos de vida. Al igual que en el mundo entero, en el nuevo milenio las familias de nuestro país se caracterizan por una diversidad que debe ser visibilizada y tomada en cuenta en el diseño legislativo y de políticas públicas. La consideración de la diversidad familiar permite pensar a las familias en plural y proponer alternativas acordes a la compleja realidad que viven. Se requiere dar protección jurídica y establecer políticas encaminadas a fortalecer y atender integralmente al conjunto de arreglos familiares actuales.
Cada vez con mayor frecuencia conocemos familias monoparentales, en donde una mujer es la jefa de familia y está a cargo de uno, dos o más hijos, por elección propia o porque el compañero se ha marchado. La independencia económica de las mujeres, la posibilidad de regular su facultad reproductiva y la desmitificación sobre la maternidad sin matrimonio de por medio ha generado que esta nueva forma de organización familiar se extienda en toda la sociedad mexicana. Más del 20 por ciento de los hogares mexicanos son encabezados por mujeres y sus familias están siendo amenazadas por el modelo económico vigente y por intereses conservadores que pretenden hacer retroceder las conquistas laborales y sociales de las mujeres.
Una especial consideración merecen las familias, especialmente las del mundo rural, que han sido afectadas por la migración masiva que ha dejado en la indefensión a quienes se quedan, sin garantías de protección a los hijos, como es la pensión alimenticia, y sin recursos ni oportunidades para que las mujeres accedan a bienes o créditos.
Dejar de reconocer que la organización familiar monoparental es una forma de familia tan valiosa como la tradicional, es dejar fuera de los derechos familiares, por ejemplo, a los integrantes de familias en donde hay un jefe de familia varón que por cualquier razón no tiene compañera.
La esperanza de vida en nuestro país aumenta vertiginosamente lo que ha generado que la integración de abuelos a la familia tradicional sea una práctica cada vez más frecuente o bien, que haya familias constituidas por dos o más adultos mayores.
La tendencia mundial a reconocer otras formas de relaciones sociales –además del matrimonio– y el hecho de que vaya ganando terreno el derecho de las personas a decidir sobre su propia vida, ha traído consigo en México, por lo menos en dos entidades del país, el reconocimiento jurídico de otras formas de organización mediante pactos de convivencia, en donde personas del mismo sexo realizan un pacto civil que les otorga derechos y obligaciones. Además de las relaciones familiares civiles y consanguíneas, es necesario avanzar en el reconocimiento y protección de las formas de convivencia permanente cuyo vínculo se establece a través de la amistad, el apoyo mutuo y la solidaridad. Junto con ellos, cada vez es más frecuente que matrimonios heterosexuales decidan prescindir de los hijos toda vez que la maternidad-paternidad no es compatible con sus deseos personales de desarrollo profesional o de pareja, sin dejar de mencionar aquellas parejas que no los tienen porque padecen problemas de infertilidad.
Es indispensable reconocer que, además de la familia nuclear hay familias emergentes: de madres y padres solteros; parejas del mismo sexo con o sin hijos; reconstituidas vinculadas en segundas uniones con hijos de una u otro; personas que hacen vida en común; de una sola persona; de personas adultas mayores; o de mujeres que cuidan hijos propios o de otras mujeres.
En Alternativa estamos convencidos y convencidas de que el valor de las familias debe considerarse en su exacta medida; que es necesario dotarlas de los instrumentos necesarios de protección a sus derechos y de las garantías para su ejercicio pleno, de que fortalecer a las familias como organización social es un paso necesario para el mejor desarrollo de las personas; todo lo cual no será posible hasta en tanto transitemos hacia el reconocimiento de que la familia tradicional compuesta por padre, madre e hijos, es sólo una forma entre muchas otras, de organización familiar.
El 2 de marzo de 2006 el presidente Vicente Fox Quesada emitió el decreto por el que se declara Día Nacional de la Familia el primer domingo de marzo de cada año. En concordancia con las consideraciones vertidas hasta este momento y toda vez que es necesario fortalecer siempre todas las acciones que favorezcan el reconocimiento de derechos a favor de las personas, ponemos a la consideración de esta soberanía solicitar al Ejecutivo federal emita decreto por el que se declara Día Nacional de las Familias el primer domingo de marzo de cada año, con lo cual quedarán incluidas en una celebración tan importante todas las formas de organización familiar que constituyen la sociedad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que, en cumplimiento a sus atribuciones y con base en sus facultades constitucionales, emita decreto por el que se declara Día Nacional de las Familias el primer domingo de marzo de cada año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días de febrero de 2007.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SAGARPA QUE CERTIFIQUE MEDIANTE EL SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA LOS PRODUCTOS LÁCTEOS
QUE SE CONSUMEN EN EL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA
ROMO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal por el distrito 02 de Jalisco, Martha Angélica Romo Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presenta punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), certifique los productos lácteos consumidos en territorio nacional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, la demanda del producto lácteo ha crecido más que la producción nacional.
Nuestro país es deficitario en la producción de leche por más de 4 mil millones de litros al año. Para compensar ese déficit, la Secretaría de Economía ha permitido la importación de cupos y sobrecupos de leche en polvo y fórmulas lácteas previstas en el Tratado de Libre Comercio con diversos países que México tiene suscrito.
Desde hace algunos años, dichas fórmulas lácteas se consumen en nuestro país usando nombres como "Mi Leche", "Nutri Leche" o, incluso, "Soy Milk", con el propósito de que el consumidor considere que son productos que contienen leche entera, lo cual deja mucho que desear.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, "Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba", la leche es el producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas, sin calostro, el cual debe ser sometido a tratamientos térmicos u otros procesos que garanticen la inocuidad del producto; además, puede someterse a otras operaciones, como clarificación, homogeneización, estandarización u otras, siempre que no contaminen el producto y cumpla las especificaciones de su denominación.
Mientras, la fórmula láctea se define como el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, como caseína, grasa, lactosueros, y agua para uso y consumo humano, con un mínimo de 22 gramos por litro de proteína de la leche y, de ésta 70 por ciento de caseína, puede contener grasas de origen vegetal en las cantidades necesarias para ajustarlo a las especificaciones establecidas en las tablas 14 a 17 de dicha norma oficial mexicana.
Como resultado de las características señaladas, las fórmulas lácteas resultan más baratas que la leche entera de vaca, pero con una cantidad de nutrientes y calidad inferiores.
La necesidad de poder brindar a la población productos de "alta calidad nutricional" al menor precio posible ha hecho que esas leches tengan auge en el mercado nacional. Aunado a ello, la falta de información precisa y correcta del producto que se exhibe en el anaquel o la tienda de abarrotes, la confusión y la creencia en el consumidor que leche entera es lo mismo que fórmula láctea es una práctica común, a la que se debe dar solución inmediata.
De acuerdo con la fracción XVII del artículo 49 del Reglamento Interior de la Sagarpa, corresponde al Senasica "reconocer, autorizar y, en su caso, certificar, de conformidad con las leyes aplicables, los sistemas de producción, procesamiento, verificación e inspección de alimentos con el fin de garantizar su calidad sanitaria para consumo nacional o de exportación".
Es preciso que el Senasica realice estas atribuciones a cabalidad a fin de garantizar a los consumidores que los productos de leche entera reúnen efectivamente esas características.
Hasta hace pocos años, México ocupaba el primer lugar en importación de leche en polvo del mundo; el rezago en la producción lechera no ha sido la excepción de lo que padece el campo mexicano, que se ha venido quedando atrás del desarrollo y eficiencia en otros rubros del país.
Igualar la productividad a la de nuestros socios comerciales sin los estímulos y subsidios que reciben en la producción de lácteos y derivados de ellos en estos años que el TLC se ha implantado tiene condenada la actividad lechera en nuestro país a su desaparición.
La industria lechera, mundialmente competitiva, es una de las industrias alimenticias más complejas y con costos más altos, ya que su tecnología es bastante sofisticada y requiere inversiones importantes. Sin embargo, éstas no van a fluir libremente sino hasta que el precio de mercado permita un margen de ganancia razonable para la actividad.
Y ese margen lo permiten precisamente la importación y la preparación de fórmulas lácteas que son necesarias, pero deben distinguirse de la leche entera de vaca, por lo que consideramos necesario que la autoridad correspondiente realice una certificación que permita a los consumidores distinguir entre la "leche entera de vaca" y las fórmulas lácteas, mediante la asignación de un sello distintivo que certifique su calidad a fin de promover su consumo y sus beneficios, y estimular la producción de leche nacional.
Asimismo, dicha certificación debería contar con el aval del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, a fin de asegurar a los consumidores mexicanos que los productos denominados como leche tendrán las propiedades requeridas y establecidas en la NOM-155-SCFI-2003.
Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía, como de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realice la certificación de los productos lácteos consumidos en territorio nacional, a través de un sello oficial.
Segundo. Que la expedición del sello distintivo de calidad se realice con el aval del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, a fin de garantizar las propiedades de la leche a los consumidores mexicanos.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar las acciones necesarias para vigilar el cumplimiento estricto de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, "Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba", tal y como se establece en su numeral 11.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007.
Diputada Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
SE ACUERDE UN AUMENTO DE EMERGENCIA DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, A CARGO
DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado Antonio Almazán González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable CÁMARA de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se acuerde un aumento de emergencia a los salarios mínimos
Consideraciones
2. Tales circunstancias económicas están plenamente justificadas, por el reciente incremento a la tortilla de entre un 150 por ciento hasta un 500 por ciento según el municipio y entidad de la República, en tanto que el aumento de los mínimos fue de apenas de 3.9 por ciento, por debajo incluso de la inflación del 2006 que alcanzó una tasa del 5.04 por ciento.
3. Desde luego, el aumento en el precio de la tortilla y concretamente del maíz ha desatado una escalada de precios de otros alimentos como el pollo, la carne, y se prevé que también incrementen sus precios el huevo y la leche, entre otros.
4. Estos aumentos, se suman a los decretados por el anterior gobierno federal –apenas a unos días de su salida– de la leche Liconsa y en los energéticos que elevaron los precios del transporte, entre otros servicios y productos.
5. A un deterioro salarial de décadas, se suman estos últimos aumentos desmesurados, que provocan que literalmente se le esté quitando la comida de la boca al pueblo de México, especialmente en perjuicio de millones de personas que perciben el salario mínimo o menos.
6. Esta situación representan un pisoteamiento aberrante y absoluto de lo ordenado en la fracción VI, Apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, y el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen: "El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos."
7. Es inconcebible que el país, cuna histórica del maíz en el mundo, pase por esta situación tan grave de escasez de este grano, lo que reclama: atención prioritaria para el campo, recuperar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria sobre la base de un nuevo impulso al reparto agrario, al ejido y al cooperativismo social, garantizando la asistencia técnica y los recursos financieros para la producción, renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, sobre todo una política que se defina por la atención preferente de las necesidades de los que menos tienen, que es la inmensa mayoría del pueblo de México.
8. Evidentemente esta escalada de incrementos en los precios no sólo afecta la alimentación de los mexicanos, sino la salud pública, la educación, entre otras, pues se presionará hacia una mayor deserción escolar y menor aprovechamiento, y, en última instancia se está poniendo en peligro la propia paz social.
9. En suma, el raquítico aumento de los salarios vigente a partir del primero de enero de 2007, ha sido totalmente anulado por el actual incremento en los precios de la canasta básica.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, para que de inmediato y con fundamento en la fracción VI, Apartado A del artículo 123 Constitucional, en relación con los artículos 90, 571 y 572, todos de la Ley Federal del Trabajo, presente solicitud ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que se proceda de inmediato a un aumento de emergencia a los salarios mínimos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL GOBERNADOR DE COAHUILA QUE AMPLÍE LAS DECLARACIONES
RELACIONADAS CON LOS ACONTECIMIENTOS EN LA MINA PASTA DE CONCHOS, A CARGO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los mexicanos nos estremecimos profundamente con la tragedia ocurrida el año anterior en la Mina Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila. Este hecho fue seguido día a día por toda la ciudadanía, ante la evidencia de que las condiciones en que operan este tipo de actividades no ofrecen seguridad para la vida de los trabajadores y que tuvo como colofón la muerte de los 65 mineros que se encontraban dentro de ella al momento de que ocurriera este suceso.
La catástrofe demostró al menos dos cosas, que pueden estar ligadas en el fondo. En primer lugar, las malas condiciones que tienen las instalaciones mineras, como muchas otras actividades industriales del país, que colocan en suspenso tanto las disposiciones de la Constitución como las de la Ley Federal del Trabajo en materia de higiene y seguridad, que han merecido recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
En segundo lugar, evidencian la existencia de omisiones de funcionarios públicos de diferentes niveles, para expedir permisos y licencias sin cumplir con las normas de seguridad y para realizar eficazmente su vigilancia y corrección.
Los organismos internacionales, en particular la Organización Internacional del Trabajo, impulsan una cultura de la seguridad laboral y un concepto nuevo denominado: calidad del trabajo, que consiste en garantizar la seguridad mínima en las instalaciones industriales, tanto para la vida como para la salud de los empleados, en el manejo de sustancias nocivas y de aparatos o instalaciones de riesgo elevado. Se llega a calificar a las empresas que cumplen mejor con estas condiciones como un modelo a seguir, de tal manera que en muchas naciones avanzadas la seguridad laboral es un indicador de desarrollo, por lo que resulta sorprendente el nivel de garantía en construcciones, actividades comerciales que implican el manejo de sustancias o de utensilios punzocortantes, así como en la industria.
En nuestro caso, es lamentable constatar que hemos avanzado lentamente en materia de seguridad laboral y que el número de accidentes o muertes en el trabajo es elevado, sin contar con que la elevada incidencia de enfermedades profesionales en el sector privado y público, consumen altos recursos hospitalarios en tratamientos terminales y de largo plazo, aunque sus causas pueden ser evitables con normas de seguridad e higiene.
Por otro lado, la sociedad demanda que todos cumplan sus responsabilidades, incluidos los funcionarios para cumplir la ley sin reservas.
Esta demanda es evidente en el caso del accidente en la mina Pasta de Conchos, en donde, durante cerca de un año, la anterior administración no pudo concretar responsabilidades y aplicar la ley como corresponde.
En este sentido, las revelaciones del gobernador de Coahuila, relacionadas con una solicitud expresa del anterior Presidente de la República, de ser ciertas, mueven a la preocupación nacional, porque indica posibles conductas al margen de la ley.
Estos señalamientos del gobernador de Coahuila, se realizan a la luz de la estrategia, que él mismo denuncia, para involucrarlo en los hechos, aunque se trata de una responsabilidad federal.
Por lo anterior, creemos que es de total interés público que se amplíen tales declaraciones y que, de ser necesario, se encaucen conforme a derecho, sin importar de quien se trate, cualquier responsabilidad.
Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Ante las revelaciones del gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, relativas a presiones para desviar los hechos y las investigaciones en torno al accidente de la mina Pasta de Conchos en dicha entidad, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión considera indispensable que se amplíen esas declaraciones para determinar lo conducente.
Palacio Legislativo, a 20 de febrero de 2007.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP A DAR A CONOCER LOS CRITERIOS, OBJETIVOS Y MÉTODOS
EN QUE FUNDAMENTA LAS EVALUACIONES EDUCATIVAS QUE APLICA, A CARGO DE LA
DIPUTADA SILVIA LUNA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA
Durante décadas, los esfuerzos de nuestro sistema educativo se orientaron a la expansión de la cobertura, las políticas educativas y la inversión en el sector estuvo centrada en la infraestructura; se construyeron más escuelas y se formaron más maestros para poder ofrecer acceso a la educación pública a toda la población en edad escolar.
Hoy con una matrícula cercana a los 30 millones de alumnos en todos los niveles, se dice que la cobertura en educación básica, esta cubierta, habrá que tomar este dato con sus reservas, pues en muchas entidades de nuestra República, con el afán de cumplir con la cobertura, el docente debe atender grupos de más de sesenta alumnos en detrimento de la calidad, a pesar de lo anterior, las autoridades educativas, sostienen que la cobertura no constituye uno de los problemas más urgentes.
En este contexto, ha surgido un renovado interés político y público por saber qué es lo que efectivamente aprenden los alumnos en la escuela, preocupación que se ha manifestado desde hace más de una década en el mundo, cito la Declaración Mundial de la Educación para Todos (UNESCO, 1990, párrafo 4), que señala "si la expansión de las oportunidades educacionales se traduce o no en desarrollo –para un individuo o para la sociedad– depende en último término de lo que la gente efectivamente aprende como resultado de dichas oportunidades, en otras palabras, depende de la medida en que incorporan conocimientos útiles, habilidad de razonamiento, destrezas y valores".
Por otra parte, existe en la sociedad mexicana un consenso sobre la importancia estratégica que tiene la educación como factor para el desarrollo de nuestra economía; el libre comercio y la competencia entre las naciones, exige que de nuestras escuelas egresen ciudadanos preparados para incorporarse al sector productivo, preparados para competir y con los conocimientos y habilidades para poder alcanzar un mejor nivel de vida.
Hoy en nuestro país, es la calidad del servicio educativo el que se coloca como el factor que debe ser atendido con urgencia.
La evaluación educativa, se ha convertido en un elemento central del debate sobre la educación que se ofrece en nuestro país. A partir de la publicación de los resultados de las evaluaciones desarrolladas como parte del Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de Rendimiento de los Alumnos, denominado Proyecto (PISA), de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), se planteó la necesidad de que nuestro país contara con mecanismos propios que le permitieran medir los resultados de la educación que se imparte en nuestras escuelas.
Con el propósito de que las autoridades educativas federales y estatales contaran con las "herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes elementos que integran sus correspondientes sistemas educativos" el día 7 de agosto de 2002, se publicó el decreto presidencial a partir del cual se creaba el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.
Desde su creación, el INEE ha realizado diversas evaluaciones, así como el diseño de indicadores y otros instrumentos metodológicos necesarios para la evaluación, sin embargo hasta ahora es evidente que el impacto de este trabajo, paradójicamente no se puede medir.
A los esfuerzos del INEE, se suman los de las propias autoridades educativas, quienes a través de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), aplicada a más de 8 millones de niños y jóvenes de 3º a 6º grados de educación primaria y 3º de educación secundaria, nos ofrece una amplia base de datos e información, a partir de la cual se reactiva el debate sobre la calidad de la educación que se imparte en México.
Como legisladora, para la sociedad y para los padres de familia, considero de enorme valor el poder contar con datos confiables que permitan conocer la calidad de nuestras escuelas, la información resultado de estas evaluaciones, deberá ser analizada y comparada con otras, a fin de que sean útiles en la revisión de todos los factores que componen el proceso educativo.
En diversos medios de comunicación, se ha hecho énfasis en los resultados de ENLACE, la propia Secretaría los ha publicado y anuncia que para el próximo mes de abril esta programada la aplicación de una nueva evaluación en alumnos de primaria y secundaria, supongo que se habrán contemplado indicadores que permitan comparar resultados entre esta nueva evaluación y la realizada en el mes de junio del año pasado.
Asimismo, es de suponerse que al ser esta evaluación "un instrumento fundamental para detectar desigualdades, explicar avances o limitaciones y sustentar procesos de planeación y de toma de decisiones", ya se contarán con propuestas concretas para corregir en donde así lo requiera o consolidar resultados en las escuelas que muestran buen desempeño.
De no ser así, surgen muchas interrogantes, por lo que considero urgente solicitarle a las autoridades educativas, que hagan de la evaluación un efectivo instrumento para mejorar la calidad educativa, que esta evaluación contemple todos los factores del proceso educativo y que informe de manera clara y transparente a la sociedad, que acciones se estarán tomando a partir de los resultados obtenidos en estas pruebas.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que dé a conocer a la sociedad, docentes, padres de familia y alumnos, los criterios, objetivos y métodos en que se fundamentarán las diversas evaluaciones que se aplicarán a todos los elementos del sistema educativo.
Segundo. Se exhorte a Secretaría de Educación Pública para que cumpla con lo que establece el artículo 31 de la Ley General de Educación e informe de manera transparente, a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa.
Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que las evaluaciones que realice se hagan de manera integral sobre el proceso educativo; incluyendo el desempeño de las autoridades educativas; la currícula en cuanto a su pertinencia y actualidad; la calidad y tipo de materiales que se proporcionan a los docentes; las condiciones de la infraestructura y equipamiento de las escuelas; la participación social y todos aquellos factores que inciden el aprovechamiento escolar.
Palacio Legislativo, 20 de febrero de 2007.
Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SEDENA Y A LA PGR QUE INFORMEN SOBRE LOS ALCANCES Y LA
EFICACIA DE LOS PUNTOS DE REVISIÓN CARRETEROS INSTALADOS EN EL PAÍS,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARINA ARVIZU RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ALTERNATIVA
La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
1. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
En ese marco, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 4 define la discriminación como "toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas".
En iguales términos, el artículo 9 de la referida ley establece:
A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:
...
XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos;"
Asimismo, el artículo 15 de la referida ley establece que "Los órganos públicos y las autoridades federales adoptarán las medidas que tiendan a favorecer la igualdad real de oportunidades y a prevenir y eliminar las formas de discriminación de las personas a que se refiere el artículo 4 de esta Ley".
En términos de lo anterior, se desprende que los alcances de la autoridad administrativa se encuentra limitada expresamente por la propia norma constitucional.
3. Por su parte, el artículo 16 constitucional establece que "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".
4. Conforme a lo anterior, la existencia misma de retenes y puntos de revisión en las carreteras del país es cercana a la violación de los referidos preceptos constitucionales, en tanto que impiden el libre tránsito de los ciudadanos por el país, requiriéndose documentación que no están obligadas a portar y generando dificultades y retrasos en los traslados de mercancías y personas que resultan contraproducentes para la economía y el bienestar de los individuos, sobre todo en periodos vacacionales.
De igual forma, los referidos retenes y punto de revisión generan molestias en sus personas, familias y posesiones, al detener su traslado entre diferentes puntos geográficos del país, lo que se realiza de manera generalizada causando retrasos en los trayectos, sin que exista mayor explicación para los ciudadanos.
De hecho, cuando tales revisiones no se hacen de manera generalizada, las razones para determinar cuál vehículo es detenido para revisión y cuál no, deriva de la simple percepción del personal adscrito a dichos puntos, con lo cual no sólo se abren amplios espacios de discrecionalidad de la autoridad correspondiente, con criterios que suelen asociarse con prejuicios y percepciones discriminatorias, agrediendo la dignidad de las personas.
5. No pasa desapercibida a esta soberanía los propósitos y fines prácticos de tales operativos, en términos de combate a la criminalidad y para garantizar la seguridad de las personas que viajan por las carreteras del país. Sin embargo, es preciso que la actuación de la autoridad no sobrepase sus ámbitos competenciales y respete en todo momento las libertades garantizadas en la Constitución General de la República.
6. En tal sentido, resulta necesario que la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Procuraduría General de la República informen a esta soberanía la dimensión que han alcanzado los referidos retenes y puntos de revisión, es decir, que informen de su número total y ubicación. Asimismo, es necesario que esta soberanía conozca de manera puntual los resultados que, año con año, han tenido los citados retenes y puntos de revisión, a efecto de que esta Cámara de Diputados conozca de manera precisa su eficacia y pueda valorar con objetividad su desenvolvimiento, toda vez que si bien al inicio de su operación tales puntos de revisión y retenes pudieran tener cierto éxito, a la fecha su costo y eficacia ya no corresponda con los perjuicios que causan entre la población.
7. De igual forma, y a efecto de conocer la forma con que dichos retenes y puntos de revisión actúan, es menester conocer de los procedimientos, instrucciones y demás normas mediante las cuales el personal de ambas dependencias garantizan el pleno respeto de los derechos humanos y la manera con que se previenen y se impiden actos de discriminación, en términos de las leyes aplicables correspondientes.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República informen por escrito de los alcances y eficacia de los retenes y puntos de revisión carreteros instalados en el país, así como de los procedimientos establecidos por ambas dependencias que permitan el ejercicio pleno de las garantías individuales, el respeto de los derechos humanos y que impidan prácticas discriminatorias por parte del personal responsable de los referidos retenes y puntos de revisión, en los términos de las consideraciones que lo preceden.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007.
Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS DIPUTADOS DE LA LX LEGISLATURA, A LOS CONGRESOS LOCALES
Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A DONAR LIBROS DE CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y GENERALES PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ESTATALES
Y LAS MUNICIPALES, A CARGO DEL DIPUTADO ERNESTO OVIEDO OVIEDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, ciudadano diputado Ernesto Oviedo Oviedo y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional someten a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición de punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La lectura es base de la educación e investigación, la cultura, las artes y fundamental en el desarrollo personal, actividad esencial en el proceso de formación del individuo, y fortaleza para consolidar su identidad. Los libros son instrumento necesario para la iniciación a la vida de los niños, guías de las familias, soporte para la fortaleza de los profesionistas, distracción y acervo para los adultos.
La cultura y el arte no serían posibles sin considerar ese instrumento fundamental que son los libros y que a través de la lectura conforman y sustentan su esencia. Educación e investigación recursos generadores del desarrollo, productividad, crecimiento, y soporte de nuestra integración al mundo, se consolidan sustentándose en los conocimientos y la ciencia, que impresos le dan el carácter técnico a los libros que formaran a los hombres y mujeres que el día de mañana serán los líderes de la sociedad.
Los libros son una ventana al mundo, permiten allegarse del conocimiento generado en otras latitudes y las ideas encuentran ahí su lugar propicio. El libro y la lectura enriquecen los valores humanos y son ejemplo del respeto al ejercicio y la libertad de expresión.
En ese sentido, es necesario reconocer que la lectura es un medio insuperable de aprendizaje, información y desarrollo personal y social, además de que resulta trascendental para impulsar el desarrollo cultural de los ciudadanos. Por ello, es fundamental crear y difundir una cultura de fomento del libro y de la lectura de calidad, con la finalidad de generar un número creciente de lectores y una práctica más intensa de esta actividad.
Derivado de la necesidad de fomentar la lectura, y de que en los últimos años se ha ido agudizando la conciencia de que los niveles de lectura en el país son muy inferiores a los que demanda la exigencia de desarrollo y a los que supondría el nivel de alfabetización, es que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha venido impulsando un conjunto de acciones bajo la denominación Hacía un país de lectores.
Entre estas acciones podemos mencionar que en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra año con año, además de los títulos con los que se cuenta, se imparten sesiones de talleres de fomento a la lectura; esta feria recibe 350 mil visitantes anualmente. Asimismo, hasta el mes de noviembre de 2006, se instalaron mil 100 nuevas bibliotecas públicas durante todo el sexenio, con lo que la red nacional queda integrada por 7 mil 211 bibliotecas en operación, incluyendo la puesta en marcha de la Biblioteca Vasconcelos. Además a través de esta red se realizan actividades de fomento a la lectura, dirigidas a todos los sectores de la población.
Cierto que ha habido avances en la materia, pero también debemos tener la convicción de que la cultura es un derecho de todos los mexicanos, una necesidad en la participación de la vida civil y en el desarrollo individual y social y un componente fundamental de la calidad de vida, por lo que es necesario impulsar y complementar este tipo de acciones para que abran paso a una política cultural más vigorosa en el conjunto de la política de desarrollo humano y social, que la enriquezcan y contribuyan a un mejor logro de su misión.
Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional queremos hacer conciencia en todos ustedes para que ésta sea la legislatura que contribuya a propiciar el hábito de la lectura. El apoyo de ustedes, el interés, la voluntad y el compromiso serán decisivos para que logremos cultivar el conocimiento, la investigación, imaginación, la cultura, el arte y el esparcimiento que contribuyan al perfeccionamiento del individuo, a través de la lectura.
En León, Guanajuato, entidad de la que soy originario, existe una red estatal de 142 bibliotecas públicas, a través de las cuales se atienden anualmente aproximadamente 19.3 millones de consultas. No obstante estas cifras, además de ser necesario incrementar el número de bibliotecas, también lo es enriquecer y diversificar su acervo bibliográfico.
Por ello, vengo a exhortarlos a que contribuyamos a la importante y necesaria labor de enriquecer el acervo de las bibliotecas públicas donando diez libros cada uno de nosotros, y así colaborar a la formación de acervos básicos que sirvan como eje de las actividades didácticas, educativas, de capacitación, de difusión y de fomento de la lectura que se programan en las bibliotecas públicas.
El compromiso de Acción Nacional y de todos los legisladores será importante para contribuir a la formación de los acervos bibliográficos que requieren las bibliotecas públicas. Hoy damos un paso.
Por todas las consideraciones señaladas proponemos al pleno de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que los diputados de la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, donen para las bibliotecas públicas estatales diez libros, cinco de conocimiento científico y cinco de conocimientos generales, los cuales se harán llegar, a través de la Comisión de Cultura, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que ésta realice su distribución.
Segundo. Se exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con objeto de que los diputados locales donen libros de conocimiento científico y de conocimientos generales a las bibliotecas públicas municipales de sus entidades correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 2006.
Diputado Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS SISTEMAS DEL DIF A INCORPORAR LA MIEL DE ABEJA EN LOS
DESAYUNOS ESCOLARES, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO MAYANS CANABAL, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los principales productos alimenticios con mayores bondades nutricionales y medicinales, es la miel de abeja. A este producto 100 por ciento natural, se le atribuyen diversas propiedades: favorece la eliminación de los radicales libres (células que producen el envejecimiento prematuro de los tejidos); también contiene hierro, fósforo, calcio y cobre, minerales útiles para el aparato circulatorio; es fuente importante de las vitaminas B 12, B1, B5, y C, además de cumplir con un rol bactericida contra infecciones del tracto intestinal, comunes a todas las edades.
Desde el punto de vista comercial, cabe señalar que México exporta cada año 28 mil toneladas de miel, por lo que la producción anual en México es de 59 mil toneladas. De esta forma, nos ubicamos en el cuarto lugar mundial en producción de miel después de China, Argentina y Estados Unidos, y en el tercer exportador detrás de China y Argentina.
El principal mercado de la miel mexicana es Alemania, a donde se exporta 50 por ciento de la producción destinada para cubrir la demanda externa; el resto se envía a Estados Unidos e Italia.
En nuestro país, podemos distinguir cinco regiones apícolas bien definidas, caracterizadas por la flora nectarpolinífera y la existencia de explotaciones apícolas: la región norte, la región costa del Pacífico, la región del Golfo, la región del centro o altiplano, y la región del sureste o península de Yucatán, que es la más importante en producción de miel, de donde se obtiene 40 por ciento de la producción mexicana, la cual es desarrollada por 40 mil apicultores, quienes explotan cerca de dos millones de colmenas.
La miel de esta zona goza de gran prestigio nacional e internacional, ya que se caracteriza por tener su origen en floraciones únicas, como de Tzitzilche en una época y en la otra miel de Tajonal, destinándose en su mayoría al mercado de la Unión Europea.
Con estos referentes, y considerando los resultados de una reciente investigación realizada por expertos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, en torno a la calidad nutricional de los desayunos escolares que distribuye el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; se propone que en ellos se incorpore la miel de abeja, mediante un empaque de 10 gramos, que es la cantidad recomendada por los especialistas como complemento nutricional diario por su contenido energético y vitamínico; a través de un programa de integración gradual que prevea su consumo inicial de un día a la semana hasta cubrir la semana completa en los periodos escolares.
La investigación que hemos referido concluye que los desayunos escolares que reparte diariamente el DIF nacional a los 5.6 millones de niños que viven en zonas de alta y media marginación del país no han servido para abatir la desnutrición que se padece en estos lugares, porque están hechos con alimentos que no proporcionan una adecuada calidad nutricional; por lo que más que un desayuno, son un refrigerio, que si bien ayuda a la alimentación, no combate la desnutrición.
Lo anterior adquiere relevancia, si se toma en cuenta que 30 por ciento de los niños mexicanos que viven en zonas indígenas y rurales están desnutridos, mientras que en el medio urbano este porcentaje se ubica en 7 por ciento, por lo que este mal continúa siendo un problema grave de salud pública.
Los estudios del instituto de referencia revelan que un niño desnutrido reduce su capacidad física y mental, además de que presenta deficiencia inmunológica, lo que repercute que tenga mayor cantidad de infecciones y padecimientos.
Una persona –se señala– que padece desnutrición desde la infancia tiene más tendencia a adquirir el síndrome metabólico en la edad adulta, por falta de alimentos saludables.
Por ello, en este análisis se recomienda a las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que presten especial atención para que el desayuno escolar no se convierta en un factor promotor de la sobrealimentación infantil, en razón de los desayunos escolares están muy lejos de ser un factor que genere una mejor nutrición en los niños, más aún cuando existe un problema de sobrealimentación debido al alto consumo de comidas chatarra, incluso expedidos dentro de las propias escuelas.
Los alimentos que les dan a los niños en el desayuno escolar DIF contiene más la leche, las galletas, las leguminosas, y en menor escala las verduras y las frutas. De acuerdo con este diagnóstico, se ha establecido que la calidad nutricional de estos desayunos que se ofrecen a los niños en las escuelas antes de iniciar la jornada escolar es de 74.2 por ciento; sin embargo, para los especialistas este desayuno "es más bien un refrigerio".
En suma, los resultados del estudio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición señalan que los desayunos escolares no son ideales, porque contienen demasiados carbohidratos y grasas saturadas.
Compañeras y compañeros
"…El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos."
Además, de que: "El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez".
De ahí que son principios rectores de esa protección el de interés superior de la infancia; corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad, y tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, entre otros.
Parte fundamental para cumplir ese objetivo y principios se encuentran los sistemas nacional, estatales y municipales que tienen como una de sus funciones primordiales, la de promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.
Considerando
• Que coincidimos plenamente con el estudio realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, que afirma que los desayunos escolares, en todo caso, deben ser elementos que contribuyan al desarrollo de hábitos alimentarios saludables en el marco de una cultura del autocuidado de la salud y estilos de vida recomendable.
• Que, efectivamente, se debe poner la máxima atención en el tipo y calidad de los alimentos que constituyen las raciones escolares, no sólo en cuanto a su composición nutrimental, sino también en cuanto a la promoción del consumo de una dieta completa, variada, inocua, saludable y equilibrada.
• Además de que debe darse un mayor énfasis en la calidad de los componentes alimentarios, cumplir con las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana para la Orientación Alimentaria, articular un sistema de vigilancia epidemiológica de la nutrición para la detección oportuna de riesgos y daños en la población beneficiaria, así como contar con sistemas de evaluación externa que permita certificar la calidad de los insumos, estructura, procesos y resultados.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la licenciada María Cecilia Landerreche Gómez Morín, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que
• En el ámbito de sus atribuciones, se implementen, con la mayor brevedad, los mecanismos de coordinación con los sistemas estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia a efecto de que se lleve a cabo tal medida; y, con ello, se beneficie a los productores nacionales de miel en cada entidad federativa, fomentando la comercialización de este producto alimenticio con dichos organismos, y su consumo en la población escolar.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los veinte días del mes de febrero de 2007.
Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA
AL GDF QUE INSTRUYA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS
LEGALES PARA QUE REVISE Y ACTUALICE LA REMUNERACIÓN DE LOS DEFENSORES
DE OFICIO DE LA ENTIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para revisar y, en su caso, actualizar la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, bajo los siguientes
Antecedentes
Una de las preocupaciones de elevada prioridad, en toda sociedad, lo constituye el acceso a la procuración y administración de justicia en condiciones de equidad. Este ideal constituye uno de los pilares del Estado democrático, y uno de los medios para lograr su consecución es precisamente el que la totalidad de la población pueda ver tutelado su derecho a una defensa y asesoría jurídicas apropiadas.
Sin lugar a duda, la institución de la defensoría de oficio constituye uno de los baluartes dentro del sistema jurídico para el Distrito Federal. A través de ella se garantiza el derecho a la defensa y el acceso a la justicia en todas las ramas del derecho, por lo que, al proveer a su organización y funcionamiento se contribuye a la adecuada defensa y protección de los derechos y garantías individuales.
Conforme a los artículos cuarto y quinto de la Ley de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal, esta institución tiene como finalidad proporcionar, obligatoria y gratuitamente, los servicios de asistencia jurídica, consistentes en la defensa, patrocinio y asesoría, en los asuntos del fuero común señalados en la ley, para lo cual cuenta con defensores de oficio, trabajadores sociales, peritos y personal administrativo que apoyan en el ejercicio de su objeto.
En tiempos actuales hemos sido testigos de un dinamismo social generalizado, ya sea por fenómenos de globalización, o por destacada influencia de la economía, o quizá por la gran revolución científica generada en muchos ámbitos del conocimiento.
No obstante ello, el estado debe, con obligación insalvable, estar atento a todos los requerimientos sociales; de otra manera faltaría a la más elemental exigencia de su creación que es velar por el desarrollo, fortalecimiento y bienestar de la sociedad.
De esta manera, también el legislador se debe dar a la tarea de vigilar el cumplimiento de las condiciones en las cuales el defensor de oficio cumple su cometido.
Dentro de las actividades torales del defensor de oficio es proporcionar asistencia jurídica mediante la defensa, patrocinio y asesoría en los asuntos penales y civiles. Por ello, es de imperiosa necesidad que el defensor de oficio sea debidamente retribuido en congruencia con la importante función que desempeña.
En este sentido el artículo 15 de la Ley de la Defensoría de Oficio para el Distrito Federal señala textualmente:
"Capítulo IV
De los Defensores de Oficio
Por defensor de oficio se entiende el servidor público que con tal nombramiento tiene a su cargo la asistencia jurídica de las personas, de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.
Los defensores de oficio se auxiliarán en el desempeño de sus funciones con trabajadores sociales, peritos y demás personal necesario.
La remuneración de los defensores de oficio será equivalente, al menos a la categoría básica que corresponda a agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal adscritos a juzgados del fuero común, sin perjuicio de que la defensoría de oficio se estructure con los niveles necesarios que, atendiendo a las materias de la propia defensoría, responsabilidades asignadas y otros elementos, ubiquen las percepciones de los defensores acorde con ellos."
Por ello, y conscientes de que el servicio público que desempeñan los defensores de oficio funge una importante labor social, solicitamos que el Gobierno del Distrito Federal instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la entidad a que revise y, en su caso, actualice la retribución que actualmente recibe un defensor de oficio de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Considerandos
Primero. Que una de las preocupaciones de elevada prioridad, en toda sociedad, lo constituye el acceso a la procuración y administración de justicia en condiciones de equidad;
Segundo. Que la institución de la defensoría de oficio constituye uno de los baluartes dentro del sistema jurídico para el Distrito Federal;
Tercero. Que dentro de las actividades torales del defensor de oficio es proporcionar asistencia jurídica mediante la defensa, patrocinio y asesoría en los asuntos penales y civiles;
Cuarto. Que el legislador se debe dar a la tarea de vigilar el cumplimiento de las condiciones en las cuales el defensor de oficio cumple su cometido;
Quinto. Que el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de la Defensoría de Oficio para el Distrito Federal señala que la remuneración de los defensores de oficio será equivalente, al menos a la categoría básica que corresponda a agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal adscritos a Juzgados del Fuero común;
Sexto. Que actualmente la disposición referida con anterioridad no se cumple y los defensores de oficio de la entidad reciben una remuneración menor a la señalada en la normatividad:
Séptimo. Que es importante que el gobierno de la ciudad instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la entidad para que revise y, en su caso, actualice la retribución que actualmente recibe un defensor de oficio de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, que, en el ámbito de sus facultades, instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la entidad para que revise y, en su caso, actualice, conforme a la normatividad aplicable, las remuneraciones que reciben los defensores de oficio de la entidad.
Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A
DIVERSOS ÓRGANOS Y COMISIONES DE ESTA SOBERANÍA A REMITIR
A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES
DE ACCESO AL AGUA Y LA PROTECCIÓN DE AMBIENTES ACUÁTICOS
TODAS LAS DOCUMENTALES RELACIONADAS CON SU OBJETO, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARÍA SOLEDAD LÓPEZ TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, con fundamento en los artículos 71, 78, fracción III, y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al Pleno de esta honorable Cámara, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con objeto de que se exhorte a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y a los presidentes de las comisiones de Recursos Hidráulicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Derechos Humanos, Agricultura y Ganadería, así como a la especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, todos de esta honorable Cámara de Diputados, para que remita a la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, todas las documentales relacionadas con el objeto de esta comisión a efecto de unificar criterios.
Consideraciones
1. En el planeta en los albores de éste siglo XXI, resulta indignante que más de mil 500 millones de habitantes no tengan acceso al agua potable. Debido a este grave problema se estima que cerca de 34 mil personas están condenadas a morir diariamente, de hecho, cada 8 segundos un niño muere debido a enfermedades y padecimientos asociados con la falta del vital líquido. Sin embargo, la situación más terrible y compleja apenas está por llegar, pues la contaminación de los principales ríos y lagos de mundo, la deforestación y desecación de pantanos, ciénegas y humedales, la vertiginosa urbanización y la sobreexplotación de los mantos freáticos, entre otros asaltos y agresiones al medio ambiente, exponen a los seres humanos en la dimensión más tremenda de fragilidad.
2. En México, sin que a la fecha exista un monitoreo real, se estima que el deterioro anual de suelos impacta entre 150 mil y 200 mil hectáreas. En total, se estima que alrededor del 64 por ciento de la superficie del territorio nacional, es decir, 1.25 millones de kilómetros cuadrados está afectada por diversos procesos e intensidades de la degradación de los suelos. Destaca la degradación por erosión hídrica con un 57 por ciento.
3.- El anterior gobierno federal a través del cuarto Foro Mundial del Agua que se realizó en México, del 16 al 22 de marzo del 2006, pretendió darnos a conocer al Consejo Mundial del Agua como una panacea, se presentó con una ternura generosa que conmovía; sin embargo omitieron decir que el mentado Consejo Mundial del Agua, al contrario de lo que cree mucha gente no es un organismo de la Organización de Naciones Unidas, mucho menos una organización filantrópica ni nada que se le parezca, es una institución privada, que fue creada en 1996 por iniciativa del Banco Mundial, que se integra por instituciones financieras, organizaciones científicas y profesionales en el tema del agua, organismos de la ONU representantes gubernamentales y un número reducido y hasta selectivo de las organizaciones no gubernamentales, ONG, cuya meta es clara: orientar las políticas del agua hacía una intervención creciente del sector privado en asociación con el sector público, en síntesis, presentar el agua como una mercancía que debe tener precio. Aseguran que el sector público ya no puede asumir esa responsabilidad y que, por lo tanto, debe compartirla con empresas privadas. Cada foro se presenta como una reunión privada informal en la que se debate el tema del agua, pero siempre termina con una cumbre interministerial en la que numerosos gobiernos del planeta ratifican las conclusiones del foro. Es así como las orientaciones definidas del Consejo Mundial del Agua van influyendo en las políticas nacionales.
4. Lo anterior se agrava con la gran cantidad de denuncias de corrupción formuladas por diversas ONG, particulares, así como organismos operadores, los cuales mencionan que debido a la discrecionalidad que la Ley Nacional de Aguas otorga en todo lo relativo a la obtención de concesiones para perforación, extracción y uso de aguas subterráneas, descargas de aguas residuales y otros más análogos, aunado a esto, los mentados Consejos Técnicos de Aguas Subterráneas (Cotas) han resultado inoperantes al ser meramente declarativos y sus decisiones sin fuerza vinculativa para las partes, por tal es urgente que de la aprobación de la presente propuesta se presenten a esta soberanía elementos idóneos, prácticos, pertinentes y democráticos, para que a la luz de los mismos, estemos en posibilidades reales de hacer frente a la demanda de agua limpia y de calidad para todas y todos.
5. Concientes y preocupados de tal problemática las y los diputados de la LX legislatura acordamos por medio de la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, la creación de la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, cuyo objeto y misión se enfocan a consolidar el derecho al acceso al agua, incentivando su reconocimiento como derecho humano y social en el país, en defensa del interés público y del medio ambiente. Generar instrumentos legales, sociales, económicos, técnico-científicos y políticos tendientes a consolidar un nuevo orden jurídico que garantice el acceso al agua potable.
Punto de Acuerdo
Único. Que se exhorte a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al diputado Jorge Zermeño Infante, en su carácter de presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a los presidentes de las comisiones de Recursos Hidráulicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Derechos Humanos, Agricultura y Ganadería, así como la especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, todos de esta honorable Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus respectivas competencias tengan a bien intervenir para la inmediata remisión a la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, de las documentales recabadas y que se relacionan con el objeto de esta comisión, a efecto de que esta comisión especial cumpla con eficiencia su objetivo y, al propio tiempo, los diputados integrantes podamos tener acceso a toda esta información indispensable para el correcto y eficaz desempeño de nuestra responsabilidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL
EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR LA MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DE LOS PROGRAMAS OPORTUNIDADES Y DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, A CARGO DEL
DIPUTADO MARIO SALAZAR MADERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo a efecto de que se exhorte de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que se modifiquen las reglas de operación de los programas correspondientes con el fin de que se permita otorgar el beneficio de abasto social de leche a los beneficiarios del Programa de desarrollo humano oportunidades, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los programas de política social, impulsados por este gobierno han tenido como visión la integralidad, que refiere efectivamente a la confluencia de acciones. Sin embargo actualmente en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 75 señala los criterios a los cuales deberán sujetarse los subsidios, precisando en la fracción VII, que las entidades y dependencias deberán asegurar la coordinación de acciones para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir los gastos administrativos.
En atención a dichas disposiciones las reglas de operación de los programas de abasto social de leche y Oportunidades, señalan que sus beneficiarios son mutuamente excluyentes, en el sentido de que una familia que reciba los beneficios de un programa no pueda recibir los de otro.
Sin embargo, Evaluación de Resultados del Programa de Abasto Social de Leche 2004, a cargo de Liconsa, SA de CV, realizada por el Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey, incorpora un capítulo VII donde analiza el problema de incompatibilidad que se presenta en torno a las dos más grandes e importantes intervenciones focalizadas para combatir la pobreza en México: El Programa Oportunidades y el Programa de abasto social de leche, PASL, a cargo de Liconsa.
Dicha incompatibilidad consiste en la mutua exclusión de beneficiarios entre los programas, de forma que si una familia recibe los apoyos de alguno de ellos no puede por normatividad recibir los del otro, a pesar de que cumpliera con los requisitos de elegibilidad para ambos simultáneamente. Esto implica que muchas familias, actualmente entre 2 y 3 millones, pero potencialmente muchas más, se vean forzadas a elegir entre uno u otro programa, pudiendo beneficiarse de ambos.
Las conclusiones de dicho estudio son:
Capítulo VI. Estudio de complementariedad, duplicidades o sinergia entre el Programa de abasto social de leche PASL y Oportunidades
Estas hipótesis no se comprobaron por dos razones. La primera porque el consumo promedio de leche es mucho menor en las familias Oportunidades que en las familias Liconsa, tanto en el estado de México (4.08 litros contra 10.25 litros) como en Oaxaca (3.74 litros contra 6.74 litros). La segunda razón es porque, al compararse los datos de las familias Oportunidades y Liconsa con los de aquellas que no reciben los beneficios: 1) no se encontró un impacto significativo en las familias Oportunidades en el consumo de leche; 2) mientras que en caso de las familias Liconsa, tanto en el estado de México, como en el de Oaxaca consumen significativamente más que las familias sin apoyo.
Segunda. El estudio también sugiere que no existe duplicidad de beneficios en términos del ingreso disponible para el consumo de otros productos distintos de leche. Se rechazaron las hipótesis de duplicidad que proponían que, por la vía del ahorro en el gasto en leche, el PASL genera una transferencia de ingreso sustancial y significativa que puede utilizarse para incrementar el consumo general de las familias, que es precisamente lo que se obtiene con Oportunidades. Las hipótesis no se comprobaron por dos razones. La primera es que al menos en el estado de México, las familias Liconsa gastan mucho más en leche que las familias Oportunidades (39 pesos contra 24.44 pesos por semana), mientras que en Oaxaca la diferencia no es estadísticamente significativa. La segunda razón es que, al compararse los datos de las familias Liconsa con los de las familias sin programa, el ingreso que las primeras tienen disponible para utilizarse en otros rubros de gasto distintos de leche, resultó de –1.56 y 12 pesos a la semana en el estado de México y en Oaxaca respectivamente; al calcularse mensualmente, estos datos se traducen en 6.24 pesos y 48 pesos, que son por mucho inferiores a la mínima transferencia de ingreso disponible que entrega Oportunidades por familia, que es de 155 pesos al mes.
Tercera. En cuanto a la duplicidad de beneficios sobre el consumo de otros productos distintos de leche, el estudio no arrojó resultados que permitan elucidar este aspecto. Al analizar las frecuencias de consumo de algunos componente de canasta básica, en específico, carne de res, cerdo o pollo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las comparaciones planteadas en las hipótesis de trabajo, familias Oportunidades contra familias sin programa y, familias Liconsa contra familias sin programa. No se pudo probar el impacto de Oportunidades ni el PASL en la variable de referencia, incluso cuando se controló por las distintas líneas de pobreza."
I. a XI. …
XII. Los mecanismos para asegurar la complementariedad de acciones con otros programas; para aprovechar la información y el padrón del programa para focalizar otros subsidios complementarios y no duplicados, y para definir la transición de beneficiarios de otros programas federales que otorgan subsidios con el mismo objetivo de evitar duplicidad"
Por lo anterior señalado se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de las entidades o dependencias correspondientes modifique las reglas de operación de los programas Oportunidades y de Abasto Social de Leche a fin de que los beneficios de ambos puedan converger en una misma poblacion objetivo; siempre y cuando cumplan con los requisitos de elegibilidad.
Palacio Legislativo, a 20 de febrero de 2007.
Diputado Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA
AL EJECUTIVO FEDERAL QUE SUSPENDA LA APLICACIÓN DEL HORARIO DE VERANO
EN TANTO NO SE DEMUESTREN LA DISMINUCIÓN ANUAL DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Y EL AHORRO ACUMULADO DESDE SU ESTABLECIMIENTO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN
DARÍO LEMARROY MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
México, a pesar de haber participado en la Conferencia Internacional sobre Meridianos, no aplicó la convención de los usos horarios sino hasta el año de 1922, cuarenta años después de su implantación en el mundo. Anterior a la aplicación de husos horarios, en la República Mexicana la hora oficial –conocida también como "hora del ferrocarril" o "la hora ferrocarrilera"– que regía en ésta era la correspondiente al meridiano de Tacubaya.
Una vez establecidos los usos horarios en México, se han venido presentando una serie de cambios y adecuaciones, siendo éstos de carácter principalmente comercial y económico. Desde la implementación del horario de verano el ahorro en la economía de las familias con este horario es nulo, los recibos de consumo de energía eléctrica llegan más altos. Al adelantar el reloj una hora, la gente debe levantarse más temprano, lo que en consecuencia trae que las luces se enciendan, por la mañana, una hora más temprano, asimismo, la gente se duerme una hora más tarde lo que también provoca que las luces se apaguen una hora más tarde. Así, no hay el ahorro en el consumo de energía que señala el gobierno.
El supuesto ahorro de energía que se produce con el cambio de horario se ve contrarrestado con condiciones más inseguras para las personas que salen a realizar sus labores cotidianas, salir una hora más temprano implica salir en plena oscuridad, lo que origina que estas personas sean más susceptibles de ser asaltadas y lesionadas en su integridad física y su patrimonio.
Esas modificaciones traen afectaciones negativas a la salud, actividades escolares, económicas, incremento de la inseguridad pública por las mañanas y el ahorro económico no se percibe en la factura eléctrica.
Punto de Acuerdo
Único. Solicitamos se suspenda la aplicación del horario de verano hasta que no se informe a esta soberanía cuál ha sido la disminución anual en el consumo de fluido eléctrico tanto en kilowats-hora como en megawatts de la demanda máxima en las horas pico. Así como conocer el ahorro acumulado durante todos los años que se ha aplicado esta política.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2006.
Diputado Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A
LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA PROTECCIÓN, VIGILANCIA
Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A REALIZAR UN ESTUDIO
DE AFECTACIÓN ECONÓMICA POR PIRATERÍA DE SOFTWARE
EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, realice un estudio de impacto económico para que dé los resultados, determine planes y programas, de conformidad con la legislación aplicable, que permitan coadyuvar a la disminución del fenómeno de la piratería de software en nuestro país, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Es preciso señalar que, en buena medida, el desarrollo que en las últimas décadas ha experimentado la sociedad ha sido producto de la aplicación de nuevas tecnologías.
En ello radica la importancia de la propiedad intelectual, la cual se erige como un instrumento estratégico para el impulso de nuevas tecnologías, lo que se materializa en la modernización de las empresas y redunda directamente en la competitividad económica del país.
2. La propiedad intelectual engloba un sistema de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, procedimientos o diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.
Cabe mencionar que estos derechos están revestidos de un fundamento ético, ya que los autores ven reconocida y protegida su calidad de creadores y reciben, en consecuencia, un reconocimiento moral y material. Por otra parte, se caracterizan por un elemento económico, dado que se garantiza la exclusividad y se asegura la lealtad en las relaciones industriales y comerciales. En definitiva, estos derechos representan un factor de desarrollo y progreso.
En efecto, este conjunto de derechos ha traído aparejado, mayormente en los países en vías de desarrollo, la integración y actualización de sistemas de propiedad intelectual que permiten a la población beneficiarse de los mismos. En consecuencia, debe considerarse a la propiedad intelectual como un elemento rector y esencial para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.
3. En los países en desarrollo, las condiciones económicas y sociales de la población y la necesidad de solventar necesidades básicas como alimentación, salud y educación hacen indispensable establecer prioridades y, en ocasiones, postergar elementos que, aunque trascendentes para el desarrollo, no satisfacen requerimientos inmediatos.
En este contexto, aún en los países en los cuales se cuenta con un sistema moderno de propiedad intelectual, no ha sido factible involucrar a la sociedad en la materia, es decir, no existe una adecuada cultura de empleo y observancia de la propiedad intelectual. Para el grueso de la población, los beneficios derivados del sistema de propiedad intelectual y su utilización como factor de desarrollo es totalmente ajena; en este sentido, el desconocimiento del sistema se ha convertido en un factor de ineficiencia y un obstáculo para el desarrollo.
4. La propiedad intelectual es un mecanismo esencial para el desarrollo del país y una posibilidad para lograr el equilibrio y la estabilidad entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Asimismo, constituye una herramienta para beneficiar a las personas mediante la ampliación de las posibilidades derivadas de las nuevas tecnologías, fundamentalmente de la información y de las comunicaciones.
Empero, para que el sistema de propiedad intelectual de nuestro país sea un mecanismo eficiente y contribuya al desarrollo, es indispensable su difusión no sólo para los actores directamente involucrados, verbigracia, gobiernos, titulares y usuarios directos del sistema, sino en la sociedad en general.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Que en el grueso de los países en vías de desarrollo, la implementación de sistemas de propiedad intelectual modernos y acordes a los requerimientos de una economía globalizada es reciente.
Tal es el caso de nuestro país, que a pesar de contar con una regulación en la materia y con el funcionamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se han podido abatir los impactos reales del fenómeno de la piratería en la economía nacional.
Segundo. Que a nadie escapa que la venta de software pirata se ha reproducido con la misma velocidad con la que "queman" los discos compactos, pero de contrarrestarse el efecto nocivo en la economía de estas prácticas enraizadas en nuestra sociedad, se estaría fomentado el desarrollo de actividades que se caractericen por la innovación científica y tecnológica y, en consecuencia, se impulsaría la competitividad nacional, lo cual es trascendental para la creación de nuevas y mejores fuentes de empleo.
Tercero. Que la piratería de software tiene muchas consecuencias económicas negativas: debilita las industrias de software locales por la competencia con el software pirata, y genera pérdidas de ingresos por impuestos y trabajos por la falta de un mercado legítimo. Estos costos se reflejan a todo nivel en las cadenas de suministro y distribución.
Cuarto. Que en la especie, y de acuerdo con una investigación independiente realizada por la Internacional Data Corporation,1 los beneficios que obtienen los países que vuelven más estrictas y hacen cumplir sus leyes de propiedad intelectual y trabajan para educar al público sobre las consecuencias de la piratería, resultan positivos, notables y bondadosos.
En este estudio de impacto económico se concluyó que la reducción de la piratería en 10 puntos porcentuales en cuatro años agregaría más de un millón de nuevos trabajos y generaría 400 mil millones de dólares en el crecimiento económico mundial.
Lo anterior, analizado desde un amplio panorama, nos permite concluir que con la reducción de la piratería de software se obtienen resultados reales en el crecimiento económico en general.
Quinto. Que las pérdidas en México para la industria del software por piratería ascienden a más de 180 millones de dólares. A nivel regional, América Latina ocupa el segundo lugar de piratería de software, con un índice del 58 por ciento; sólo detrás de Europa Oriental, con el 63 por ciento.
Sexto. Que en el año 2005, por primera vez en el país después de cinco años, el porcentaje de piratería de software se logró contener, ya que se mantuvo en la cifra del 65 por ciento de programas de cómputo ilegales, esto es, por cada 10 programas de software instalados en el país, poco más de 6 son copias piratas.
Para ello, las iniciativas gubernamentales han sido un factor determinante en la contención del fenómeno de la piratería de software en nuestro país, ya que en el año 2005 se llevaron a cabo más operativos que los realizados durante el 2003 y el 2004.
En efecto, es de observarse que las políticas de gobierno son fundamentales sobre el impacto de la piratería, y en el caso del software, además, influyen profundamente sobre su desarrollo tecnológico.
Séptimo. Que en el caso específico de nuestro país, una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de piratería de software de 65 por ciento, por un periodo de cuatro años, podría crear 35 mil puestos de trabajo adicionales, un crecimiento económico de 2 mil setecientos millones de dólares y mil 100 millones de dólares en recaudaciones tributarias para ayudar al gobierno a pagar los servicios públicos para el año 2009, según el estudio dado a conocer por la Bussiness Software Alliance. Respecto de este punto, resulta notable dicha reducción, en virtud de que permitiría al gobierno federal obtener recursos desde esta trinchera que actualmente permite la evasión fiscal en grandes dimensiones.
Octavo. Que de lo expuesto se discierne la importancia de proteger los derechos de propiedad industrial, ya que de su progresivo desarrollo se impulsará paralelamente la competencia del país a nivel internacional.
En este sentido, se propone exhortar a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a generar planes y programas que permitan coadyuvar a la disminución del fenómeno de la piratería de software en nuestro país, lo que redundará en los beneficios antes expuestos.
Para la consecución de estos fines es necesario que se desarrollen actividades tendientes a difundir de manera directa e inmediata el sistema de propiedad intelectual en la población, destacando sus beneficios y las oportunidades que de este derivan.
También, se propone la realización de diagnóstico que permita conocer la situación actual del sistema de propiedad intelectual, así como su conocimiento y empleo, por parte de la población.
Noveno. Que, bajo este contexto, debe señalarse que en términos de lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la tutela del software recae en la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor.
Empero, la presente proposición con punto de acuerdo refiere la realización de un estudio de impacto económico nacional, cuyo ámbito de competencia pudiese encuadrar dentro del marco de atribuciones y acciones que lleva a cabo la Secretaría de Economía; sin embargo, también se involucra que, derivado de dicho estudio, deberán determinarse planes y programas cuyas acciones correspondería realizar a otras instancias de gobierno.
En suma, la materia de la presente proposición, así como del fenómeno de la piratería de software, tiene varias aristas, y las acciones que se implementen para disminuir la misma involucrará la participación de varias dependencias del gobierno federal.
Ante este hecho, es preciso que el exhorto se dirija a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, creada mediante acuerdo presidencial del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y tres, ya que la misma tiene por objeto coordinar las acciones que lleven a cabo las distintas dependencias de la administración pública federal para asegurar el cabal cumplimiento y debida aplicación de las leyes federales de derecho de Autor y la diversa de la propiedad intelectual.
Cabe señalar que la citada comisión se encuentra integrada por representantes de las Secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de Educación Pública; así como de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Así las cosas, esta honorable Cámara de Diputados debe exhortar a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, a efecto de que realice un estudio de impacto económico nacional, para que de los resultados, se determinen planes y programas que permitan coadyuvar a la disminución del fenómeno de la piratería de software en nuestro país, lo que redundará en que los mexicanos dispongan de nuevos empleos, los consumidores tengan más opciones, los empresarios sean libres de lanzar su creatividad al mercado y el gobierno federal se beneficie con mayores recaudaciones tributarias.
En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un estudio de impacto económico, para que dé los resultados, determine planes y programas, de conformidad con la legislación aplicable, que permitan coadyuvar a la disminución del fenómeno de la piratería de software en nuestro país.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un diagnóstico a nivel nacional que permita conocer la situación actual del sistema de propiedad intelectual, así como su conocimiento y empleo por parte de la población.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, a efecto de que desarrolle actividades tendientes a difundir de manera directa e inmediata el sistema de propiedad intelectual en la población, destacando sus beneficios y las oportunidades que de este derivan.
Nota:
1 Este estudio está disponible en http://www.bsa.org/idcstudy
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil siete.
Diputado Obdulio Ávila Mayo
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL
EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR –MEDIANTE LA SECTUR– LAGOS DE MORENO, JALISCO,
EN EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARTHA
ANGÉLICA ROMO JIMÉNEZ Y MARIO ALBERTO SALAZAR MADERA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales a la LX Legislatura Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar Lagos de Moreno, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, que promueve dicha secretaría, en virtud de que cumple los requisitos culturales, históricos y de infraestructura para su adecuado desempeño y desarrollo, a través de las siguientes
Consideraciones
La ciudad de Lagos de Moreno, cabecera municipal de la zona Altos Norte del estado de Jalisco, fue fundada con el nombre de "Villa de Santa María de los Lagos" el 31 de marzo de 1563 con 73 familias españolas "nobles y de valor" y en la actualidad permanece como pueblo colonial, después de cuatro siglos y medio.
Colinda al norte con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado de Aguascalientes, al sur con el estado de Guanajuato y el municipio de Unión de San Antonio, al este con Guanajuato y al oeste con los municipios de San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz.
Su vida social se encuentra centrada alrededor de su plaza principal, bajo la sombra de sus árboles, y la belleza de su parroquia, cuya arquitectura le da una especial personalidad.
Por decreto del 27 de marzo de 1824 se le concede el título de "ciudad"; desde 1825 se convierte en cabecera del cantón y departamento de Lagos, y por el decreto 207, el 9 de abril de 1829 toma el nombre de "Lagos de Moreno", para honrar la memoria del ilustre insurgente don Pedro Moreno, originario de esta ciudad.
Además de Pedro Moreno, la ciudad ha sido cuna de héroes nacionales y personajes distinguidos como el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, los escritores José Rosas Moreno, a quien está dedicado el teatro principal de la ciudad, y Mariano Azuela.
Tanto en el centro de la ciudad como en sus alrededores, Lagos de Moreno cuenta con monumentos históricos reconocidos a nivel internacional, entre los que destacan la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (donde se encuentran las reliquias de San Hermión, un mártir soldado romano que participó en las cruzadas), puente del río Lagos, Templo del Calvario, plaza principal, Pueblo de la Laguna, Rinconada de las Capuchinas, Presa del 40, Fuerte del Sombrero, teatro Rosas Moreno, Rinconada de la Merced, museo Agustín Rivera, Casa Serrano, haciendas y casas rurales (Sepúlveda, Las Cajas, San Rafael, Ciénega de Mata, La Punta, La Estancial, La Labor de Padilla), el antiguo pueblo minero Comanja de Corona, capilla de los Mártires de San Joaquín, el quiosco porfiriano, levantado en el centro del Jardín de los Constituyentes, el Cerro de la Mesa, la Escuela de Artes Miguel Leandro Guerra, barrios de San Felipe, de la Luz, del Refugio, del Calvario, templo de la Purísima, jardín Salvador Azuela, el Mesón de Jesús María, Paseo de la Rivera.
El turismo es actualmente una actividad económica que a través de los años se ha consolidado como prioritaria en el proceso de planeación de desarrollo económico.
Además, requiere la participación de casi todos los sectores productivos, y como tal, debe encauzarse la participación entre los distintos sectores involucrados en la actividad turística, en especial en áreas como infraestructura, transporte, abasto de alimentos y servicios urbanísticos.
Lagos de Moreno, por lo anterior, cuenta con atractivos naturales, culturales, históricos y una ubicación geográfica magnífica; pero no se le ha dado el enfoque o la importancia suficiente y no se ha aprovechado su potencial; no obstante, la derrama económica turística ha contribuido a la obtención de divisas, a la creación de empleos, al desarrollo regional y al estímulo de todos los sectores económicos.
Lagos de Moreno ofrece al visitante más de 30 establecimientos de hospedaje, entre hoteles, moteles y casas de huéspedes, instalaciones que pueden ajustarse a las necesidades de los más exigentes. Tiene 40 establecimientos de alimentos y bebidas, donde algunos manejan la cocina internacional y tienen capacidad para dar atención a las más exigentes necesidades. Cuenta también con varias agencias de viajes, que brindan orientación al visitante y lo conectan con cualquier parte del país y el extranjero; y centros recreativos y deportivos, casas de antigüedades, artesanías y centros comerciales.
Además, se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad de León, Guanajuato, y de San Juan de los Lagos, Jalisco, ambas con una importante oferta de servicios e infraestructura.
Por lo expuesto, y con base en el óptimo estado de conservación de sus recintos culturales e históricos, que la definen como una ciudad colonial, se considera procedente y justificado el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar Lagos de Moreno, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, que promueve dicha secretaría, en virtud de que cumple los requisitos culturales, históricos y de infraestructura para su adecuado desempeño y desarrollo.
Diputados: Martha Angélica Romo Jiménez, Mario
Alberto Salazar Madera (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA
AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE COADYUVE A QUE LAS DELEGACIONES
DE LA ENTIDAD SUSCRIBAN CONVENIOS CON LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE FOMENTAR
LA CULTURA DE NO DISCRIMINACIÓN EN LA CAPITAL DEL PAÍS, A
CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal a que en el ámbito de sus facultades, coadyuve a que los 16 jefes delegacionales de la entidad suscriban convenios con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, para el desarrollo, el fomento y la difusión de la cultura de la no discriminación en las diferentes demarcaciones, bajo los siguientes
Antecedentes
En términos de derechos humanos, discriminar significa: toda distinción, exclusión o restricción en cualquier ámbito y a cualquier persona, grupo o entidad colectiva, basada en el origen étnico, el sexo, la edad, la apariencia física, la discapacidad, la condición de salud, la religión, ideología u orientación sexual, que tenga como consecuencia, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades de todas las personas.
Actualmente es necesario identificar los efectos nocivos que la discriminación provoca en la vida de las personas, los problemas y necesidades principales que requieran acciones preventivas y correctivas, así como el costo social y económico que este fenómeno genera, para actuar sobre sus causas, y determinar los cambios de que deben ser objeto las instituciones públicas y privadas en las que socializan y desarrollan su experiencia de vida.
Es necesario contar con instrumentos legales, para sensibilizar a la población y crear una cultura de la equidad y respeto a las diferencias, se requiere modificar las condiciones estructurales que generan la discriminación y generar cambios que permitan el desarrollo social y humano pleno de las personas.
Para erradicar la discriminación también es necesario que el gobierno cuente con una política pública definida, que establezca con toda claridad: prioridades y objetivos pudiendo contribuir a construir una sociedad más justa, equitativa, en la que existan condiciones que permitan a las personas exigir ante la ley, igualdad de oportunidades.
Con base en los avances sustanciales que ya existen en materia de política social que todos estos esfuerzos se consoliden y articulen en una política integral de largo alcance, para eliminar y erradicar la discriminación.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (Conapred) es un órgano de Estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del mismo año.
El Conpred es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución federal.
El Conapred también se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el Conapred desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas (artículo 4o.de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación).
De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los objetivos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación son:
Por lo anterior expuesto, el Conapred ha celebrado convenios con entidades gubernamentales y con organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo investigaciones, eventos y acciones conjuntas dentro del marco de sus objetivos.
Se trata de cooperar en diferentes acciones que pueden ir desde la coedición de materiales de difusión y la organización conjunta de eventos sobre temas de discriminación, inclusión social e igualdad de derechos y oportunidades, hasta la puesta en marcha de programas que conjunten los esfuerzos de instituciones interesadas en prevenir y eliminar la discriminación.
Entre las instituciones que han suscrito convenios con la Conapred, se encuentran el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), el gobierno del estado de Nuevo León, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, en el estado de México, el gobierno del estado de Chihuahua, la Coordinación General de Educación intercultural bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Querétaro, entre otros.
También existen convenios en proceso con dependencias de gobierno e instituciones importantes como la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Secretaría de la Función Pública (SFP), Radio Universidad Veracruzana (XERUV), el Instituto Nacional de Migración, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la División de Estudios de Posgrado, de la UNAM.
En este contexto, observamos que son relativamente pocas las instituciones y organizaciones civiles que han suscrito convenios de colaboración para erradicar de manera integral la discriminación, por ello, es necesario que las dependencias de gobierno sean las que principalmente estén dispuestas a fomentar y difundir la cultura de la no discriminación en sus dependencias.
En el Distrito Federal, a pesar de que existe una ley para prevenir y erradicar la discriminación local, reciente puesto que apenas se publicó en julio del año próximo pasado, han sido lentos los avances en esta materia, incluso hace unos meses el jefe de gobierno en turno firmo un acuerdo por el cual fue instalado el Consejo para Prevenir y Erradicar la discriminación en el Distrito Federal.
En el año 2004, la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo suscribió un acuerdo con la Conapred, de vigencia indefinida a efecto de establecer relaciones de coordinación para el desarrollo, fomento y difusión de la cultura de la no discriminación en la demarcación.
De lo anterior y toda vez que existe el precedente de mejora en esta materia por parte de la delegación Miguel Hidalgo, para promover el respeto a las diferencias y así evitar la discriminación entre los habitantes de esa demarcación, pensamos que es necesario que este convenio sea suscrito por todos los jefes delegacionales que conforman ésta entidad federativa.
Consideraciones
Primera. Que discriminar significa: toda distinción, exclusión o restricción en cualquier ámbito y a cualquier persona, grupo o entidad colectiva, basada en el origen étnico, el sexo, la edad, la apariencia física, la discapacidad, la condición de salud, la religión, ideología u orientación sexual, que tenga como consecuencia, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades de todas las personas;
Segundo. Que el modelo jurídico, educativo, religioso y político que tenemos actualmente responde a la sociedad que hemos construido, de ahí que si queremos modificar esto tenemos que empezar por reconocer que la discriminación está presente, aquí y ahora, en toda la vida y que para hacer algo necesitamos ver y entender el mundo de otro modo. Ahí es donde entra el ámbito de ocupación de la Ciudad de México;
Tercero. Que para esto es necesario crear un marco institucional común, donde se respeten las diferencias de las personas y grupos, y se garanticen su dignidad y derechos de libertad e igualdad;
Cuarto. Que para lograr este objetivo, es de gran utilidad que los diferentes órganos y dependencias de gobierno coadyuven en la construcción de una cultura de no discriminación;
Quinto. Que una política pública para prevenir y erradicar la discriminación puede contribuir a construir una sociedad más justa, equitativa, en la que existan condiciones que permitan a las personas exigir ante la ley, igualdad de oportunidades;
Sexto. Que es posible, con base en los avances sustanciales que ya existen en materia de política social que todos estos esfuerzos se consoliden y articulen en una política integral de largo alcance, para eliminar y erradicar la discriminación;
Séptimo. Que en el año 2004, fue suscrito por la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo un convenio de relaciones de coordinación para el desarrollo, el fomento y la difusión de la cultura de la no discriminación en la demarcación;
Octavo. Que toda vez que el Distrito Federal, es actualmente un entidad federativa dónde se convive diariamente con el fenómeno social de la discriminación, es necesario que se apliquen las medidas necesarias para erradicar dicha situación; y
Noveno. Que toda vez que ya existen lineamientos, bases y mecanismo operativos en pro de una cultura de la nscriminación, es necesario que las diferentes instituciones y órganos de gobierno, inicien esta reestructuración en sus normas internas y reglamentos, con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal a que en el ámbito de sus facultades, coadyuve a que los 16 jefes delegacionales de la entidad, suscriban convenios con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, para el desarrollo, el fomento y la difusión de la cultura de la no discriminación en las diferentes demarcaciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero de 2007
Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE ASIGNEN
A LA SECRETARÍA DE MARINA RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA ADQUIRIR
EQUIPO BÉLICO Y DE QUE SE REFUERCEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN
INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO
MARCO ANTONIO PEYROT SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Marco Antonio Peyrot Solís, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal se asignen, inmediatamente, a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios con cargo a los recursos que se generen por excedentes petroleros, a fin de que adquiera equipo bélico para reforzar las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas para prevenir un posible ataque terrorista.
Consideraciones
Primera. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene la facultad para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales y para reglamentar su organización y servicio.
Por su parte el artículo 74 del referido ordenamiento legal dispone que es facultad exclusiva de esta soberanía, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Segunda. La seguridad nacional vela por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones, emprendiéndose al efecto acciones contra el terrorismo, el cual es considerado como una verdadera amenaza a la seguridad nacional.
Tercera. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Marina ejercer la soberanía en aguas territoriales, así como la vigilancia de las costas del territorio, vías navegables, islas nacionales y la zona económica exclusiva.
Por su parte los artículos 1o. y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México establecen que ésta, es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; y entre sus atribuciones se encuentran el cooperar con el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano, realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva.
Antecedentes
Primero. El 11 de septiembre de 2001 los Estados Unidos de América fueron el blanco de una serie de ataques terroristas que estremecieron al mundo entero, el World Trade Center en Nueva York fue el blanco principal de esos ataques. Además fueron vulneradas las oficinas del Pentágono, consideradas hasta ese día como uno de los lugares más protegidos y seguros del mundo.
El resultado fue de consecuencias catastróficas, según información oficial el saldo fue de casi tres mil muertos.
La responsabilidad de los violentos ataques fue asumida por fundamentalistas árabes vinculados a la red terrorista Al-Qaeda y al líder terrorista Osama Bin Laden.
Segundo. El 11 de marzo de 2004 la ciudad de Madrid, capital de España, es victima del terrorismo islámico, diez bombas explotan casi al mismo tiempo en cuatro trenes del sistema de transporte suburbano que se dirigían a esa ciudad capital; los ataques suceden en la hora en que la gran cantidad de estudiantes y trabajadores utilizan ese medio de transporte para dirigirse a sus actividades, el saldo fue de 191 muertos y casi 2 mil heridos: el mundo nuevamente se vuelve a estremecer.
El acto también fue reivindicado por la red terrorista Al Qaeda.
Tercero. El jueves 7 de julio de 2005 la ciudad de Londres en Inglaterra fue la nueva victima del terrorismo. En el centro de la capital londinense fueron detonados cuatro artefactos explosivos, tres de ellos fue en las instalaciones del metro y una más a bordo de un autobús de pasajeros.
La autoría de esos ataques fue asumida a través de un comunicado dado a conocer vía Internet por un grupo denominado: Organización Al Qaeda para la Yihad en Europa.
Cuarto. El pasado 8 del actual apareció en Internet una publicación de la red terrorista Al Qaeda a través de la cual lanza una amenaza en contra de los mayores abastecedores de petróleo a Estados Unidos, entre los que se menciona a México, a Canadá y a Venezuela. El artículo cuyo título es "Bin Laden y el arma petrolera" fue traducido al inglés por el Instituto de Búsqueda de Entidades Terroristas, por sus siglas en inglés SITE, agrupación no lucrativa con sede en Washington.
En dicha publicación México es señalado como objetivo de posibles ataques terroristas, el blanco serían las instalaciones petroleras con el fin de detener o disminuir –a como de lugar– las importaciones de energéticos que realiza Estados Unidos y con ello asfixiar su economía.
Cabe recordar que el año pasado el país fue el segundo abastecedor de crudo a Estados Unidos de América.
Los gobiernos de Canadá y Venezuela se han pronunciado en estado de alerta ante esa amenaza frente a la posibilidad de que la misma pudiera llevarse a cabo.
Quinto. Con motivo de los hecho terroristas que sufrieron Estados Unidos, España e Inglaterra el gobierno federal puso en operación el plan Centinela de vigilancia extrema a instalaciones estratégicas, entre las que se incluyen la infraestructura de telecomunicaciones, transportes, puertos marítimos, instalaciones hidroeléctricas e instalaciones petroleras, dicho plan es un operativo antiterrorista que se encuentra coordinado por el Consejo de Seguridad Nacional en el que participan elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, así como las entidades de seguridad pública y de inteligencia, y tiene por objeto prevenir cualquier acto terrorista que pudiera desatarse dentro del territorio nacional.
Sexto. La vigilancia y seguridad de las zonas e instalaciones estratégicas ubicadas en la sonda de Campeche son de especial importancia toda vez que en ellas se produce aproximadamente el 82 por ciento del crudo del país y el 35 por ciento de gas natural, lo cual representa aproximadamente el 34 por ciento del Producto Interno Bruto; a esas tareas de vigilancia y seguridad deberá dársele aún mayor importancia a raíz de la amenaza de ser objeto de actos terroristas por parte de la red terrorista Al Qaeda.
La importancia de los recursos económicos que obtiene dicha paraestatal puede dimensionarse plenamente si tomamos en consideración que de los 2 mil 214.4 miles de millones de pesos presupuestados para el Ejercicio Fiscal del año 2007, 811.3 miles de millones de pesos provendrán de los recursos petroleros.
Corresponderá a la Armada de México hacer frente a los actos terroristas que pudieran llevarse a cabo en contra de los intereses nacionales que se encuentran en las aguas jurisdiccionales, y que de concretarse traerían indudablemente una repercusión económica y social de graves consecuencias. Para el desarrollo de esas tareas de vigilancia la Armada de México deberá emplear toda su capacidad técnica, haciendo uso de los recursos materiales y humanos con que cuenta, y en las cuales utiliza una importante cantidad de los recursos económicos que se le asignan en el Presupuesto.
Séptimo. Durante la pasada administración los recursos asignados a la Secretaría de Marina mostraron una tendencia decreciente en los rubros de gasto corriente y gasto de inversión, lo que ocasionó que en los últimos años, dicha institución observe un déficit presupuestal.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año se asignaron a la Secretaría de Marina recursos económicos por la cantidad de 10 mil 951.3 millones de pesos, sin embargo únicamente 300 millones de pesos están destinados para gastos de inversión, mismos que fueron etiquetados para la construcción de un nuevo hospital en ésta ciudad.
Es importante recordar que esta soberanía hizo un recorte del orden de los 150 millones de pesos a esa institución respecto de lo solicitado por el Ejecutivo federal, reducción que se reflejó en el rubro de gasto de operación.
Octavo. Las tareas de protección y vigilancia a instalaciones estratégicas que realiza la Armada de México requieren de la utilización de equipo y armamento de la más alta tecnología, sin embargo los mismos no han podido ser adquiridos en las cantidades necesarias debido a los recortes presupuestales que hemos mencionado, lo cual ha traído como consecuencia que esa institución armada realice esas tareas de seguridad en condiciones desfavorables.
No debemos olvidar que corresponde a ésta soberanía como facultad exclusiva la asignación de recursos económicos suficientes a las Fuerzas Armadas para que lleven a cabo su misión de velar por la seguridad nacional, por lo tanto somos corresponsables de la seguridad que el Estado debe aplicar y administrar a los intereses estratégicos nacionales.
En el año 2005 la Secretaría de Marina inició un programa para la adquisición de 6 aviones tipo Sukoy para intercepción, mismos que estaban destinados a realizar labores de vigilancia en la sonda de Campeche; para dicho programa se requería de 2 mil 200 millones de pesos, sin embargo a consecuencia de la rígida disciplina presupuestaria implantada por el Ejecutivo federal no fue posible llevar a cabo dicha adquisición.
El país se encuentra en una situación vulnerable, por lo que es imprescindible asignar recursos extraordinarios a la Secretaría de Marina para que los ejerza inmediatamente en el equipamiento y adquisición de material bélico necesario para resguardar las instalaciones estratégicas que custodia en la sonda de Campeche.
Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de este Poder de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal se extremen las medidas de seguridad implantadas en las instalaciones estratégicas de Pemex en la sonda de Campeche a fin de prevenir un posible ataque terrorista.
Segundo. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal se asigne inmediatamente a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios por la cantidad de 2 mil 200 millones de pesos con cargo a los recursos que se generen por excedentes petroleros, a fin de que adquiera equipo bélico para reforzar las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche para prevenir un posible ataque terrorista.
Palacio Legislativo, a 20 de febrero de 2007.
Diputado Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica)
Silvio Gómez Leyva, en su carácter de diputado federal de la LX Legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve efeméride relativa al 94 aniversario de las muertes de Francisco Indalecio Madero González y de José María Pino Suárez, que tuvieron lugar el 22 de febrero de 1913.
Francisco I. Madero nace el 20 de octubre de 1873, en el municipio de Parras, Coahuila, y desde muy temprana edad comenzó a preocuparse en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus trabajadores.
En el año de 1905 inicia una participación activa en la vida política del país, fundando clubes antirreeleccionistas y escribiendo artículos de oposición al régimen del Porfirio Díaz; todo ello con la finalidad de establecer un gobierno representativo de la voluntad popular y de los intereses del pueblo mexicano.
Por otra parte, José María Pino Suárez nace el 8 de septiembre de 1869, en Tenosique Tabasco; años después, graduado como abogado, comenzó una participación activa en la vida política de México, y no es sino en dentro de la organización denominada Antirreeleccionismo donde conoce a Francisco I. Madero, llegando a establecer una fuerte amistad.
En 1909 ambos fundaron el Partido Antirreeleccionista, el cual postuló a Madero como candidato a la Presidencia de la República y a Pino Suárez como vicepresidente; sin embargo, el primero fue encarcelado en San Luis Potosí, por ordenes de Porfirio Díaz, con la finalidad de eliminarlo de la contienda electoral; en consecuencia, Madero publica el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, que dio origen a la Revolución el 20 de noviembre de aquel año.
Rebasado por el movimiento armado, Porfirio Díaz renuncia a la Presidencia de México, ocupando entonces el cargo como interino Francisco León de la Barra, quien convocó inmediatamente a elecciones; como era de esperar, por haber sido el líder nato de los últimos acontecimientos del país, resultó ganador de la contienda presidencial don Francisco I. Madero, acompañado en la fórmula por don José María Pino Suárez como nuevo vicepresidente en el año de 1911.
Sin embargo, Madero perdió buena parte del enorme apoyo que alguna vez tuvo, debido a la política de conciliación que sostuvo con todos los actores revolucionarios y ex porfiristas en la búsqueda de la unificación nacional, lo cual no satisfacía las expectativas de revolucionarios radicales, ex militares y de algunos intereses extranjeros en torno a esas medidas, por lo que fue común que durante los quince meses que duró su gobierno que se enfrentara a rebeliones armadas, huelgas, conspiraciones e intrigas revolucionarias; además de que la prensa mermó con sus comentarios los avances que había logrado a la cabeza del nuevo gobierno.
En éste contexto, el 9 de febrero de 1913 la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y la tropa del cuartel de Tacubaya, al mando de los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón se rebelaron contra Madero, para obligarlo a renunciar a la Presidencia de la República; así como liberar a Bernardo Reyes, quien había sido encarcelado después de una fallida sublevación contra el nuevo gobierno.
Durante los combates en la Ciudad de México murió Bernardo Reyes frente a Palacio Nacional, mientras Mondragón y Díaz se apoderaron de la Ciudadela, lugar desde donde dirigieron los ataques contra Madero, dando inicio de ésta forma la llamada Decena Trágica.
En medio de una Ciudad de México, cuya población se encontraba consternada por los combates que dejaban civiles muertos o heridos, Madero determinó efectuar un acto mediante el cual recobrara la confianza y la tranquilidad del pueblo mexicano, por lo que, escoltado por los cadetes del Heroico Colegio Militar, acompañado por sus más cercanos colaboradores y amigos, inició la llamada Marcha de la Lealtad, cuyo recorrido lo efectuó caminando del Castillo de Chapultepec rumbo al Palacio Nacional.
Durante su paso por el teatro de Bellas Artes, el presidente Madero fue enterado de que el general Lauro Villar resultó herido en los combates, lo cual le preocupó gravemente, pues se trataba del hombre al que había encomendado la defensa de la plaza de la Constitución, por lo que inmediatamente tomó la determinación más grave de su vida, pues nombró como nuevo comandante militar de la plaza a Victoriano Huerta, sin conocer los verdaderos intereses de éste último.
Instalado en Palacio Nacional, Madero reforzó la Plaza con tropas provenientes de Tlalpan, San Juan Teotihuacan, Chalco y Toluca, organizando la defensa y el contraataque para reestablecer el orden en el centro del país; mientras tanto Victoriano Huerta inició su traición al sumarse discrecionalmente a la conspiración, estableciendo negociaciones con los líderes sublevados.
Finalmente, Victoriano Huerta, a través del general Aurelio Blanquet, efectúa la aprehensión de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, por lo que inmediatamente pacta con Félix Díaz ocupar provisionalmente la Presidencia de México, conformar un gabinete integrado por simpatizantes de Bernardo Reyes y del mismo Félix, así como apoyarlo en su candidatura a la Presidencia de la República.
Mientras tanto, Madero y Pino Suárez permanecieron en Palacio Nacional, en espera del tren que los llevaría al puerto de Veracruz, y de ahí serían enviados a Cuba, como se les había hecho saber falsamente; no sin antes haber sido obligados a firmar una carta dirigida al Congreso de la Unión, en la que renunciaron a sus respectivos cargos; por lo que inmediatamente, en sesión extraordinaria, el Congreso nombró como presidente interino a Pedro Lascuráin, quien a su vez renunció y nombró presidente a Victoriano Huerta.
La noche del 22 de febrero de 1913 el general Aurelio Blanquet, por órdenes de Victoriano Huerta, trasladó a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez a la penitenciaría de Lecumberri; ya en las proximidades de la cárcel, los automóviles en que viajaban fueron atacados por gente de Cecilio Ocón, quien era partidario de Félix Díaz, con la finalidad de acabar cobardemente con la vida de estos dos grandes hombres de la historia democrática de México.
Al día siguiente la prensa dio la noticia sobre las muertes de Madero y Pino Suárez, informando que se trato de un intento de liberación de los prisioneros por un grupo de amigos, el cual derivó en un enfrentamiento con los custodios, en el que perdieron la vida estas personas; además, los diarios elogiaban a los usurpadores y condenaban a los recién caídos.
La usurpación de Victoriano Huerta duró 17 meses, tiempo en que instauró una dictadura, que originó la disolución del Congreso de la Unión; además de que fueron asesinadas varias personas consideradas maderistas; afortunadamente, para beneplácito de la democracia en nuestro país, surgió un nuevo líder revolucionario que puso fin desde Coahuila al poder absoluto de éste usurpador.
Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión recuerda con tristeza y, a la vez, con gran orgullo a don Francisco Indalecio Madero González y a don José María Pino Suárez, porque fueron dos grandes personajes en la historia México que contribuyeron en la construcción de un gobierno democrático en los momentos en que nuestro país se encontraba estancado en una cruel dictadura; así como por haber ofrendado sus vidas en defensa de su real convicción en sus ideales en aras de un país cada vez mejor.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a 20 de febrero de 2007.
Diputado Silvio Gómez Leyva
RELATIVA AL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA, A CARGO DEL DIPUTADO WENCESLAO HERRERA COYAC, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
In cuicapihqui Nezahualcoyotzin oquihto:
El poeta Nezahualcóyotl dejó dicho:
Amo queman ixpolihuis noxochiuh,
amo queman ixpolihuis in cuicatl.
Nehuatl nicuicani nictlalana,
nicxitinia, nicmoyahua.
No acabarán mis flores,
no cesarán mis cantos.
Yo cantor los elevo,
se reparten, se esparcen.
Ipan senmpoali ihuan se tonati tlen febrero metztli, tech nahuatia UNESCO matiquilhuichihuaca "Semanahuac Totlahtolnantzin". Axcan melahuac cuali tonali tlen ica huelis ticyeyecoseh quenihqui sen yetoseh masehual tlahtolmeh tlen Mexihco totlalnantzin.
El 21 de febrero de cada año se conmemora, por acuerdo de la UNESCO, el Día Internacional de la Lengua Materna. Que mejor ocasión para reflexionar sobre el futuro de las lenguas originarias de México.
Como han expresado muchos escritores, la lengua preserva la memoria de cada pueblo. Sus historias, sus mitos, sus conocimientos ancestrales, los valores morales y espirituales, se transmiten a través de la propia lengua.
Además, la lengua materna, nos da identidad y pertenencia a un grupo social, a una comunidad, a un pueblo. Por eso, el poeta siciliano Ignacio Buttita escribió, a principios del siglo pasado, que: "un pueblo se vuelve pobre y esclavo/ cuando le roban la lengua/ heredada de sus padres…".
Todo esto explica porqué nuestros pueblos lucharon, durante cinco siglos, para mantener sus propios idiomas, pese a las políticas de imposición del castellano como única lengua para todos los mexicanos.
Afortunadamente, en el momento actual, México cuenta con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que garantiza el estudio y fortalecimiento de nuestros idiomas originarios. Esta ley, hay que reconocerlo, es el resultado de la lucha que los pueblos indígenas, han llevado a cabo en los últimos 30 años.
Sin embargo, de aquí en adelante, las instituciones y la sociedad, deben trabajar más ambiciosamente sobre el futuro de nuestras lenguas, pensando en el proyecto de nación multilingüe y multicultural del siglo XXI.
Para ello, hay que emprender una tarea amplia y permanente, involucrando a toda la sociedad en el estudio, conocimiento y valoración de nuestros idiomas nacionales. Estas acciones deben realizarse de manera que las lenguas indígenas puedan disfrutarse por su contenido, por su musicalidad y como puentes para el diálogo intercultural que nos ayude a conocer y valorar otras lenguas, otras culturas y otras visiones del mundo. Sobre todo, hay que impulsar el canto en las diversas lenguas, para que los pueblos y la sociedad mexicana recuperen la dignidad, el orgullo y el aprecio por nuestros propios idiomas.
Sihuatzitzin ihuan tlacatzitzin; nocnihuan tepantlahtoanih: namechtenehua matiquicahuacah pinahualistli tlen timachialiah ica tomexicatlahtolhuan. Monequi maticasicamatican yolchicahualistli ihuan yolpaquilistli, ipampa nochtin yehuan tochicahualis ihuan toxicnelhuayo.
Señoras y señores, compañeras y compañeros diputados: los convoco a que superemos la vergüenza que sentimos por los idiomas mexicanos. Recuperemos la dignidad y el orgullo, porque ellos constituyen nuestra fortaleza y nuestras raíces antiguas y son el sustento de nuestra identidad como nación.
Finalmente, leo el poema Canto nuevo de Anahuac del poeta Natalio Hernández, que anuncia el renacimiento de nuestras lenguas.
Mostla momiaquilis topialis
Mañana seremos ricos
chamanis toxochih
brotarán nuestras flores
huehca mocaquis in cuicatl
trascenderán nuestros cantos.
Ipan cualtzin xochicuahuitl
Del árbol florido
cueponis in xochitl,
brotarán nuestras flores
chamanis in cuicatl.
renacerán nuestros cantos.
Diputado Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica)