El que suscribe, diputado José Antonio Muñoz Serrano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes
Consideraciones
En los últimos días uno de los problemas más urgentes de resolver para el gobierno mexicano ha sido el relativo al precio de la leche que se expende a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), después de haber sufrido un incremento en su precio que por más de 5 años se mantuvo en 3.50 pesos y que en noviembre de 2006 se incrementó a 4.50 pesos. Esta situación, tras la manifiesta inconformidad pública, ha requerido la inmediata atención por parte de las secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía, y Hacienda y Crédito Público, toda vez que el objetivo principal de Liconsa es precisamente abastecer de éste producto lácteo a un amplio sector de escasos recursos.
Ante tales acontecimientos, se aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 500 millones de pesos para estar en condiciones de bajar de $4.50 a $4.00 pesos el precio de la leche Liconsa, lo cual resulta una medida benéfica para quienes adquieren este producto. Sin embargo, se habrán de tomar las medidas necesarias para atender el otro perfil del problema, es decir, el relativo al precio en que Liconsa adquiere la leche a los productores.
No está de más subrayar que esta empresa debe dar prioridad a la adquisición de leche proveniente de nuestros productores nacionales y no de extranjeros. Ya que aún cuando el objetivo primordial de Liconsa es proporcionar el producto lácteo a un precio notoriamente menor al comercial, no se puede ni debe llevar a cabo esta acción en detrimento de los productores de leche mexicanos, por lo que resulta imprescindible no sólo fijar un precio justo y razonable de adquisición, sino, más aún, agilizar las condiciones para poder pagar a los productores lo que, por ley, les corresponde.
Nuestra propuesta busca establecer un precio de adquisición elevado, que pudiera interpretarse como subsidio a los productores; no, nosotros proponemos que, con base en lo estipulado en materia de leche, dentro de la Ley de Ingresos para 2007, se pague un precio justo, que apoye, incentive y mantenga viable la producción nacional lechera. No basta con que Liconsa ponga al mercado leche a bajo precio, es indispensable también ofrecer a toda la población que la adquiere leche de primera calidad, y eso es lo que nuestros productores nacionales ofertan.
De esta forma, contribuiremos a mejorar no sólo a quienes adquieren la leche, sino también a quienes, al producirla, sólo reclaman lo que legítimamente les corresponde, ya que hay un gran número de familias afectadas por esta situación, y hablo en particular de los hombres, mujeres niños y adultos mayores de la zona de Los Altos, Jalisco, que han dejado de percibir el dinero suficiente para su sustento diario.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exhórtese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados a adecuar la fórmula de referencia prevista en la Ley de Ingresos de 2007.
Segundo. Gírese respetuoso oficio a la titular de Liconsa, para que, con base en la fórmula establecida en la Ley de Ingresos, con la mayor brevedad, se establezca y cubra, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2007, el precio de referencia de adquisición a los productores de leche.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2007.
Diputado José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A INVESTIGAR LA APARICIÓN
DE MIL DESPENSAS PROPIEDAD DEL DIFESTATAL, EN ALVARADO, VERACRUZ, A CARGO
DEL DIPUTADO ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
Adolfo Mota Hernández, diputado del Grupo Parlamentario del PRI en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta H. Cámara la siguiente proposición.
Como ha sido del conocimiento de la opinión pública, fueron descubiertas en el municipio de Alvarado, Veracruz, alrededor de mil despensas las cuales debían ser destinadas al pueblo de Veracruz, damnificado por las lluvias torrenciales del pasado 2006.
A nuestro criterio este es un hecho lamentable y que requiere se deslinden las responsabilidades a que haya lugar. Es inaudita la actitud asumida por la administración municipal que aparentemente dispuso el confinamiento de los víveres.
Por ello, demandamos a las autoridades competentes, se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.
Por lo anterior, se somete el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, formula un llamado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes, y se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 13 de febrero de 2007.
Dip. Adolfo Mota Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESTA SOBERANÍA
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS A
REVISAR EL PACTO SUSCRITO POR ÉSTA RESPECTO AL INCREMENTO DEL SALARIO
MÍNIMO VIGENTE, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS DEL TORO DEL VILLAR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Antecedentes
La Comisión de Trabajo y Previsión Social celebró su cuarta reunión plenaria el pasado 31 de enero en el salón F de del edificio G del recinto legislativo, reunión en la que se acordó un pronunciamiento de la Comisión de Trabajo y Previsión Social contra las prácticas monopólicas que prohíbe el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un pronunciamiento contra los especuladores y contra los intermediarios que abonan a la erosión del salario de los trabajadores con menores ingresos, considerando pertinente exhortar al gabinete económico del gobierno de la república estructurar alternativas que mitiguen la erosión del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, dentro de éstas, contemplar el crédito al salario para los trabajadores con ingresos de uno a tres salarios mínimos en la iniciativa de reforma fiscal y hacendaria que se promueva en este periodo de sesiones y la indexación del salario mínimo a la inflación.
En esta misma reunión el pleno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social también acordó invitar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a una reunión de trabajo para hablar con relación a la realidad que viven los asalariados de menores ingresos a fin de exhortar a la invitada Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a revisar el pacto mediante el que se incrementó el salario mínimo para el año dos mil siete a partir del 1 de enero del corriente de conformidad con los siguientes
Fundamentos de Derecho
En apego a lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 59, 60 en su primer párrafo, artículo 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social es competente para emitir el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, consecuente con los resultados y considerandos siguientes
Resultando
Primero. Que en sesión celebrada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social el 31 de enero de 2007, se trató lo relativo a la proposición a que se alude en los antecedentes de este punto de acuerdo.
Segundo. Que esta Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene la facultad de proponer al pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución; y,
Considerando
Primero. Que son muchos los aspectos a valorar en el caso de la erosión del salario y las repercusiones que un incremento al salario puede generar en los índices inflacionarios;
Segundo. Que es conveniente recibir los planteamientos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para valorar las acciones que promuevan la revisión del pacto que incrementó el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2007;
Tercero. Que el incremento de precios modificó el entorno económico por lo tanto es conveniente evaluar y proponer alternativas que puedan mitigar la erosión del ingreso de aquellos trabajadores con percepciones de uno a tres salarios mínimos, tales como el crédito al salario y la indexación del salario a la inflación, entre otras alternativas para el mediano y largo plazo;
Cuarto. Que las expresiones de diversos sectores de la sociedad demandan acciones que atiendan con una política de Estado a la temática del poder adquisitivo, el empleo y el salario;
Quinto. Que como diputados federales debemos contribuir en este momento para que el Plan Nacional de Desarrollo implante políticas públicas que atiendan las demandas de los trabajadores y que, al mismo tiempo, en la mesa de reforma del Estado se contemplen las reformas que promuevan el crecimiento de la economía con justicia social, reforzando la garantía de acceso a la salud, al salario, a la educación y a las oportunidades para el bienestar social;
Sexto. Que resulta inadmisible que el gobernador del Banco de México alegue una supuesta generación de espirales inflacionarias por los incrementos del salario, posición ésta que va en detrimento directo de los niveles de vida y los intereses de los trabajadores ya que por otra parte, los diputados federales que integramos esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, consideramos que existe el derecho a la contratación colectiva y la autonomía de las organizaciones sindicales como elementos esenciales de mejora de vida y de equilibrio entre los factores de la producción, por lo que la práctica de este instrumento no genera inflación y tampoco depende de la anuencia o actuaciones de los legisladores y que, por el contrario, resulta ser un instrumento irreducible de lucha, conquista y de competitividad en el ámbito de la microeconomía, por lo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el uso de sus atribuciones y responsabilidades legislativas somete a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
De Urgente u Obvia Resolución.
Que esta honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, exhorte atenta y respetuosamente a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a revisar el pacto suscrito por esa comisión en el que se acordó un incremento al salario mínimo vigente a partir del 1 de enero de 2007, celebrando para este propósito una reunión de trabajo con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía a fin de evaluar las consideraciones de este punto de acuerdo;
Que la honorable Cámara de Diputados exhorte al gabinete económico del Gobierno de la República para estructurar alternativas que mitiguen la erosión del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, dentro de estas alternativas contemplar el crédito al salario para los trabajadores con ingresos de uno a tres salarios mínimos en la iniciativa de reforma fiscal y hacendaria que se promueva durante este periodo de sesiones, y la indexación del salario a la inflación.
Que se exhorte a la Comisión para la Reforma del Estado de esta soberanía a efectos de contemplar las reformas que promuevan el crecimiento de la economía con justicia social, reforzando la garantía de acceso a la salud, al salario, a la educación y a las oportunidades para el bienestar social.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LX Legislatura Federal, el 8 de febrero del 2007.
Dado en la sala de Plenos del honorable Congreso de la Unión 8 de febrero del 2007.
Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputado Tomás del Toro del Villar, presidente.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE AUDITE APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN
AGROPECUARIA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito Diputado Federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes
Considerandos
La llamada crisis de la tortilla ha puesto en el debate nacional una situación que desde hace años se venía denunciando por el movimiento campesino y que hoy amenaza a nuestro país. La política impulsada a lo largo de los últimos 20 años en el campo ha llevado al desmantelamiento de la base productiva de alimentos de nuestro país: "el campo no aguanta más" no es un slogan de campaña, es una realidad que arroja dramáticas consecuencias. Esta política ha sacrificado la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro país; hoy las reservas de alimentos con que cuenta México no son suficientes ni siquiera para enfrentar un mes de de abasto.
A un mes de que estallo esta crisis las respuestas del gobierno no muestran claridad y compromiso frente a la magnitud del problema. No se observan acciones tendentes a evaluar de fondo la política que se ha desarrollado en los últimos años y menos un replanteamiento de fondo que incluya cambios estructurales a la insostenible situación del incremento de precios de los alimentos básicos.
Como legisladores tenemos el compromiso de profundizar en las causas de esta crisis y en este sentido resulta fundamental revisar el ejercicio de los recursos autorizados por esta soberanía. La institución encargada de administrar y suministrar los recursos públicos para impulsar la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados es Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, mejor conocida como Aserca.
El incremento de precios del maíz, como mucho se ha dicho, fue la "crónica de un alza de precios anunciada": desde mediados del año pasado fue evidente que el incremento en la producción de etanol a partir de maíz en Estados Unidos provocaría la disminución de las reservas del grano y la subsiguiente alza en los precios.
En un documento publicado por la misma Aserca titulado Proyecciones de largo plazo del sector agrícola 2006-2015 la institución señalaba: "el crecimiento en la producción de etanol y biodiesel en algunos países tendrá un gran impacto en la demanda global de maíz y aceites vegetales y, por ende, en los precios internacionales de esos productos. El crecimiento en la producción de este grano en la Unión Americana responderá a la gran demanda para el consumo industrial en función de que la Ley de Política Energética 2005 establece un fuerte crecimiento en uso de combustibles renovables. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta que el consumo de maíz para la producción de etanol ascenderá a 48.26 millones de toneladas en 2006/07, cifra que representará casi el 18 por ciento de la producción total, contra el 14 por ciento de este año."1
Este documento se elabora en marzo y al mes siguiente, el 13 de abril de 2006 la misma Aserca publica en el Diario Oficial de la Federación los "Lineamiento específicos de operación del esquema de apoyos a la exportación de maíz blanco de la cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno 2005-2006 del estado de Sinaloa"; en este instrumento se señala, en el numeral tercero, lo siguiente: "el monto del apoyo por tonelada lo determinará Aserca de acuerdo con las condiciones de mercado de los excedentes y/o problemática de comercialización del maíz, y será publicado en el DOF mediante una adición al presente instrumento". Esta adición se publicó el primer día de agosto, indicando los montos de apoyo por tonelada.
Resulta inexplicable que Aserca hubiera apoyado con recursos la exportación de maíz blanco con el conocimiento del incremento del precio del grano. No se puede entender que cuando se anuncia un incremento de precios de manera irresponsable se apoye la exportación del grano que se requeriría para el consumo humano en el país.
No únicamente cabe la duda sobre esta operación específica, es menester señalar que Aserca opera un alto porcentaje de los recursos públicos destinados al sector agropecuario. Este órgano desconcentrado tiene autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación la cantidad de 7 mil 650 millones de pesos para el Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, significando alrededor del 13 por ciento de los recursos con que cuenta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
VII. Observaciones de Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa, Auditoría Gubernamental, Órgano Interno de Control y otras instancias de control que se encuentren en proceso de atención al 31 de diciembre de 2005
Al 31 de diciembre de 2005, Aserca tenía 99 observaciones en proceso de atención, de acuerdo con el Informe de Resultados al cuarto trimestre de 2005, del Órgano Interno de Control en Aserca. En los cuadros siguientes se muestra el estado que se guarda al respecto, clasificando las observaciones por órgano fiscalizador y posteriormente por área responsable de Aserca:
OIC en Aserca
56
Auditoría Superior
de la Federación
14
Auditoría gubernamental
6
Auditores externos
23
Totales 99
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que de inmediato realice una auditoria a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).
Nota:
1 Sagarpa, Aserca. Coordinación General de Comercialización,
Dirección General de Operaciones Financieras, Dirección de
Estudios y Análisis de Mercados; Proyecciones de largo plazo
del sector agrícola 2006-2015, U.S.D.A. Baseline Agricultural
Outlook Forum, marzo de 2006.
San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
Diputado Juan N. Guerra Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
QUE REALICE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, A
CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente punto de ácuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
He solicitado el uso de la palabra para realizar algunas reflexiones en torno a un tema de la mayor importancia para el desarrollo del país y que, desafortunadamente se ha visto inmerso en una serie de confusiones, dudas y posibles irregularidades, que defraudan la confianza de la sociedad y de quienes tenemos el honor de representarla en esta institución legislativa.
Es de todos conocido que el país presenta un grave atraso en materia de competitividad. Me refiero no sólo a lo que tiene que ver con la eficiencia productiva de las empresas, sino sobre todo con el factor clave del desarrollo, que es la elevación de las capacidades humanas. Sin ellas, ni la mejor tecnología podría ser aprovechada cabalmente para satisfacer las expectativas de mejoramiento económico y social que requiere nuestra nación.
La globalización y la formación de la sociedad del conocimiento, exigen reforzar el sistema educativo con mecanismos de mejor calidad y aprovechamiento. Por ello, tenemos el reto de superar el problema que representa ocupar uno de los últimos lugares en materia de competitividad internacional, en donde en 6 años nos fuimos a pique, toda vez que pasamos del lugar 33 al 55.
Adicionalmente a ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha realizado en los últimos dos años varias evaluaciones de la calidad de la educación que se imparte en México y, en ellas, los alumnos del sistema de educación básica resultaron calificados en matemáticas y en lectura en los últimos lugares. Son dos áreas de conocimiento vértices, tanto para el desarrollo técnico como para la toma de decisiones en la vida productiva, por lo que, con estos resultados, nuestra expectativa se reduce considerablemente.
Para subrayar la importancia de ello, hay que recordar que la clave de la superación de países como Corea, Taiwán o Singapur consistió en la introducción seria, amplia y comprometida de nuevos esquemas educativos, a partir de generar sociedades de conocimiento. Corea fue el primer país en integrar todo su sistema educativo con Internet de banda ancha, empleando de manera generalizada los pizarrones electrónicos y ahora los libros electrónicos. Ese país pasó de ser una nación subdesarrollada a otra con tasas de crecimiento superiores al 8 por ciento anual, con presencia en prácticamente todos los mercados mundiales, con productos de alta tecnología. Precisamente, ese país fue el mejor evaluado el año anterior en matemáticas.
La integración de la educación y las nuevas tecnologías requieren la mayor prioridad, inversiones sostenidas, pero sobre todo honestidad y respeto a su adecuada implantación.
A pesar de ello, el gobierno pasado inició dos proyectos, que en lugar de ser presentados como alternativas para la calidad educativa, terminaron siendo vistos como proyectos enfocados a elevar la imagen presidencial y como auténticos caprichos. Me refiero tanto a la Biblioteca José Vasconcelos como al proyecto Enciclomedia. Desde su arranque hubo dudas con relación a si representaban la mejor alternativa, respecto a la aplicación de los recursos, envueltos en la discrecionalidad y con un procedimiento alejado del control y la fiscalización, lo cual era básico por tratarse de cuestiones de suma importancia.
Lo anterior, dio motivo a que se integrara una comisión investigadora de la biblioteca señalada y a generar el contexto para que, como pasa ahora, el programa Enciclomedia hiciera crisis tanto en credibilidad por parte de esta Cámara, como dentro de la propia Secretaría de Educación Pública que hasta ahora tiene la ocurrencia de llamar a un debate sobre el tema y, por supuesto, esto llega al proceso de licitación, de adjudicación y de cumplimiento de contratos, en donde brotan irregularidades y demandas, en torno a varios miles de millones de pesos que afectan al Estado.
Se han señalado favoritismos y serias irregularidades en el otorgamiento de los contratos para extender el programa a las escuelas secundarias. Ello motivó múltiples preguntas por parte de los legisladores para autorizar más recursos para 2007, las cuales nunca tuvieron respuesta satisfactoria, lo que se confirma con la política de avestruz que ahora quieren seguir los funcionarios de la SEP.
Es necesario que la sociedad reciba cuentas claras de cómo se diseño, estructuró y realizó el programa, qué está operando en el nivel primaria y respecto del proceso de licitación correspondiente a las secundarias. Por ello, en cumplimiento de la responsabilidad que tiene el Poder Legislativo de controlar y fiscalizar la utilización de los recursos públicos, que son recursos de la nación, proponemos que se ejerciten las facultades de auditoría que se establecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para aclarar las dudas, y deslindar responsabilidades, las cuales tienen que hacerse del conocimiento de esta institución.
Nuestro compromiso tiene que ser con una lucha firme e inquebrantable para eliminar toda forma de abuso y desviación del servicio público, para recuperar la confianza y la credibilidad ciudadana.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea, la presente proposición con carácter de urgente y obvia resolución:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura solicita a la Secretaría de la Función Pública que, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, realice una auditoría integral al programa Enciclomedia, tanto en sus procesos de licitación y adjudicación, como en la evaluación de sus resultados, durante el periodo que abarca desde su origen, enfocado al sistema de educación primaria y hasta la fecha.
Segundo. Asimismo, se exhorta a la misma dependencia, para que, con una actitud de transparencia, envíe sus resultados a esta institución legislativa.
Palacio Legislativo, a 13 de febrero de 2007
Rúbrica
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA A EXPEDIR CON LA MAYOR BREVEDAD EL REGLAMENTO GENERAL
DE LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL Y LOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS
GONZÁLEZ MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jesús González Macías, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Por mandato constitucional el Estado mexicano se encuentra obligado a promover las condiciones para un desarrollo rural integral con el propósito de general empleo y garantizar a la población campesina el bienestar, participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentando la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra, con obras de infraestructura, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
No obstante ello, el sector se encuentra abandonado y los efectos de esto han perjudicado gravemente a la clase campesina, con lo cual el Estado se encuentra moral y funcionalmente obligado a tomar las medidas que solucionen esta problemática.
Es por ello que debe contar con una política en materia agraria que brinde los elementos para insertar dentro del desarrollo nacional a los actores cuya economía pende del medio rural; toda vez que en los últimos 10 años el ingreso de los productores ha caído 24.5 por ciento en términos reales, la rentabilidad del sector ha disminuido 16 por ciento y el crédito al campo se ha desplomado casi en 60 por ciento; siendo el resultado final un peligroso aumento en las importaciones de alimentos básicos como maíz, frijol, soya, sorgo, trigo y carne de res, cerdo y po1lo.1
Dado lo anterior, es menester contar con los instrumentos de política ambiental que brinden las herramientas para solucionar, ya sea en todo o en parte, la problemática que aqueja a millones de mexicanos que se dedican a actividades agropecuarias o ganaderas.
Uno de estos instrumentos lo constituye la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuya finalidad consiste la promoción del medio rural mediante un aprovechamiento adecuado del campo en términos del artículo 4o. constitucional, ya que la manera en que prevé estas actividades es bajo la óptica de preservación de los recursos naturales.
La visión de dicho ordenamiento no solamente se circunscribe al ámbito productivo, sino busca regular diferentes aspectos del medio rural, como los relacionados con la situación familiar de los trabajadores, que dependen de este tipo de actividades económicas, y de aquellas que sólo residen en estas áreas.
Esta Ley prevé la participación social en la integración de los programas sectoriales y en las acciones relacionadas con el Programa Especial Concurrente, lo que supone un avance en la materia que abre nuevas oportunidades para el desarrollo rural a través de una estrategia conservacionista y concertada en materia de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Cabe señalar que busca equiparar las condiciones en que viven los diferentes productores rurales en nuestro país, ya que el porcentaje promedio de aquellos que poseen capacidad para la exportación a nivel nacional sólo asciende a 30 por ciento; mientras que aquellos que ni siquiera cuentan con las condiciones mínimas para poder decir que tienen una vida digna y decorosa ascienden a un promedio de 70 por ciento del total de los habitantes de este medio.
Es así como se justifica que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable prevea diferentes figuras orgánicas y jurídicas para dar cumplimiento con los objetivos que le dieron origen. Es así como surge la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural, organismo institucional encargado de coordinar el marco programático con las acciones a desarrollar por cada uno de los actores interesados y encargados de la gestión en materia agropecuaria; y también la figura de los distritos de desarrollo rural, como las unidades administrativas básicas para el desarrollo de las comunidades rurales.
No obstante ello, y el avance que representa para el desarrollo del medio rural la expedición de la ley en comento, del mismo texto legal se desprende la inminente necesidad de expedir los reglamentos que hagan operativa su aplicación, es decir, que permitan a los actores afectados cumplir las obligaciones previstas en el cuerpo de la ley.
Es así como dicha necesidad se evidencia con el contenido del artículo sexto transitorio del decreto que expide la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,2 que a la letra dice:
Más aún, es menester que mediante la reglamentación de este ordenamiento se generen políticas para nuestro campo, encaminadas a la inclusión de mecanismos de apoyo y defensa a los pequeños y medianos productores; ejidatarios, comuneros y productores privados que les permitan enfrentar los retos que supone la entrada a un mercado internacional de productos que es regido por reglas estandarizadas que obligan a ser competitivos en aras de subsistir en el mercado global.
Es así como el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publique a la brevedad el Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural, y aquellos necesarios para el cumplimiento de este ordenamiento.
Por ello, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que la de la voz, a nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea, solicitando sea turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que a la brevedad expida el Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural, y aquellos necesarios para el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con lo previsto en su artículo sexto transitorio.
Notas:
(1) Martínez Hernández Ifigenia, El
concepto de desarrollo rural en México en el siglo XXI, Cámara
de Diputados, p.31.
(2) La Ley de Desarrollo Rural Sustentable fue publicada
el 5 de octubre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de febrero de 2007.
Diputado Jesús González Macías (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
PARA QUE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS
DE LOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS DE CENTROAMÉRICA EN TERRITORIO NACIONAL,
A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La situación de los migrantes indocumentados que ingresan por nuestras fronteras ha sido noticia recurrente a causa de las constantes violaciones a los derechos humanos, aplicación discrecional de la ley y condiciones indignas de aseguramiento en las estaciones migratorias.
El trato que se da a los indocumentados en las estaciones migratorias está muy lejos de ofrecer la dignidad y el respeto a los derechos humanos que nuestra ley exige. Se ha generado un número creciente de quejas sobre la condición de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, robo de pertenencias, incomunicación, y negación de asistencia legal o de acceso a abogados particulares, al que tienen derecho. Tal como apenas lo denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Sabemos que por estas condiciones se tuvo que cerrar una de estas instalaciones en Tabasco. No está claro cuál es la norma que se aplica en las estaciones migratorias y las facultades que tienen las autoridades en las detenciones. Existen quejas sobre la participación de cuerpos no competentes como policías privadas que intervienen en la detención de indocumentados, lo cual nos habla de una red de violencia y corrupción.
O como el reciente intento de dar trato de delincuentes a los migrantes extranjeros sin papeles, a través de un ordenamiento menor como el reglamento de operación de 45 estaciones migratorias. La Cancelación del mismo solamente fue posible por la presión de la opinión pública. Exigimos despenalizar la condición de trabajador indocumentado en Estados Unidos y aquí pretendemos dar trato de criminales a los extranjeros que no poseen papeles.
Además, todo parece indicar que los agentes migratorios no tienen la preparación necesaria para la realización de sus funciones. La noticia del operativo del pasado viernes 9 de febrero, en Arriaga, Chiapas, llama con fuerza a atender este asunto. No es posible que ante nuestros ojos, agentes federales y del propio INM detengan a los indocumentados, con violencia, golpes y agresiones. Historias como la de la indocumentada Yolanda de León, que perdió una pierna durante la redada, no pueden repetirse.
No se intenta mermar la soberanía del Estado mexicano sobre el control de sus fronteras, del ingreso ilegal al país, o de la seguridad que debe otorgarse a los indocumentados al depositarlos en dichos centros. Sin embargo, esta tarea debe conducirse conforme a derecho, con procedimientos claros establecidos en los reglamentos, que no dé lugar a lugar a confusiones ni interpretaciones. Sobre todo, se debe velar por respetar los derechos humanos de éstas personas y cerciorarse de que la actuación de los agentes migratorios observe pleno respeto a esos derechos.
Las garantías individuales contenidas en nuestra Carta Magna son claras al establecer la igualdad ante la ley; por lo cual deben otorgarse las mismas garantías de seguridad, integridad y respeto a los derechos humanos a todos aquéllos que se encuentran bajo la custodia del Estado mexicano en las estaciones migratorias.
México debe honrar su más alta tradición de respeto a los derechos humanos de las personas y dar a nuestra política hacia los extranjeros indocumentados la fuerza moral que nos permita exigir a nuestros vecinos del norte el mismo trato a nuestros connacionales.
Hago un llamado para que el Ejecutivo federal realice lo necesario para asegurarnos que estamos cumpliendo con el respeto a los derechos humanos. Y es en ese sentido que me permito presentar a esta honorable Cámara un exhorto de conformidad con el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Para que la titular del Instituto Nacional de Migración comparezca ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Relaciones Exteriores de esta honorable Cámara de Diputados, a efecto de que explique la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados en territorio nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
los 13 días del mes de febrero de 2007.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS FEDERALES RESPONSABLES DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL A ESTABLECER PROGRAMAS Y ACCIONES DE
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS PARA FRENAR LA VIOLENCIA
EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
El suscrito, Manuel Cárdenas Fonseca, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, como asunto de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, a partir de las siguientes
Consideraciones
1. Desde el principio de la actual administración pública federal 2006-2012, en el marco de las políticas y programas emergentes para reforzar la seguridad pública y combatir a la delincuencia organizada, se iniciaron en diversas regiones y entidades federativas del país una serie de acciones planeadas y desarrolladas integralmente por las diversas dependencias del gobierno federal involucradas en las tareas del combate a la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico. En todo caso, tales operativos han sido percibidos por la ciudadanía como una respuesta inmediata y enérgica del nuevo gobierno federal ante el acusado deterioro de las condiciones de seguridad y tranquilidad que se ha venido percibiendo en todo el país en los últimos años.
2. Una vez iniciados desde el mes de diciembre de 2006, en el estado de Michoacán y la ciudad de Tijuana, Baja California, los primeros operativos ordenados por el Ejecutivo federal, en una conferencia de prensa conjunta ofrecida el 21 de enero pasado por los integrantes del llamado Gabinete de Seguridad, los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de Marina y el procurador general de la República, realizaron un amplio recuento de las acciones emprendidas y los resultados obtenidos en dichos operativos, a la vez que informaron de nuevas acciones en los estados de Guerrero, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Cabe destacar de las intervenciones realizadas en esa ocasión y de los datos aportados, que no se realizó prácticamente ninguna mención de acciones conjuntas o coordinadas con las autoridades locales de seguridad pública, tanto estatales como municipales, de las regiones, entidades y localidades involucradas. Tan solo el secretario de Seguridad Pública hizo referencia, sin concretar dato alguno, de algunas acciones que involucran a autoridades locales, tales como el fortalecimiento del trabajo coordinado con las autoridades municipales y estatales; así como la evaluación y control de confianza del personal policial tanto municipal, estatal y federal.
3. En seguimiento de la conferencia de prensa señalada en el punto anterior, el 22 de enero, durante la XXI Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrado en la Ciudad de México, el Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, refrendó su compromiso personal de encabezar un gobierno que ponga un alto a la delincuencia y a la inseguridad, y que enfrente de manera decidida a este mal que por años ha minado la calidad de vida de los mexicanos y la capacidad de captar inversión e impulsar el desarrollo del país.
En ese contexto, enumeró las acciones estratégicas para lograr el objetivo planteado, entre las que mencionó que los cuerpos de seguridad de la federación mantendrán una estrecha colaboración con los gobiernos estatales de todo el país para hacer que, donde se requiera, prevalezca la legalidad por encima de la violencia. Destacó, igualmente, la instrucción impartida al procurador general de la República y al gabinete de seguridad para que "... a más tardar a fines del mes de febrero, y cumplidos los 90 días de la actual administración, presenten a la sociedad mexicana un programa integral para mejorar nuestros mecanismos de seguridad y procuración de justicia".
4. Finalmente, en la citada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se suscribieron los convenios de colaboración en materia de seguridad pública para el año 2007, entre la federación y las distintas entidades federativas, donde se incluyen importantes tareas en materia de modernización y certificación de las fuerzas policíacas; la creación del Sistema Único de Información Criminalística y, sobre todo, el fortalecimiento de las instancias de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
En ese mismo acto, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cabeza del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aseveró ante las instancias de todos los órdenes de gobierno representados en dicha reunión, que "si de algo se ha aprovechado la delincuencia es de la falta de coordinación entre autoridades que estamos aquí presentes, de ahí que la piedra angular en la reingeniería para el combate al delito sea una efectiva colaboración entre todos los que tenemos el privilegio de servir y proteger a la sociedad". Afirmó también, que "... la seguridad pública es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno y la coordinación, entre ellos, un mandato constitucional. Concretar esa coordinación es, por tanto, una obligación legal, pero es también, un imperativo de ética profesional".
5. No obstante todo lo anteriormente reseñado sobre las acciones intentadas, cuyo costo económico es lo de menos ante las cuantiosas pérdidas humanas y los daños al tejido social de comunidades victimizadas en forma permanente, los resultados son hasta ahora magros y vergonzosos. A pesar del amplio despliegue de recursos humanos y materiales realizado en las zonas de mayor incidencia de los fenómenos delictivos y presencia de organizaciones criminales, en un franco desafío a las instituciones y a la sociedad mexicana, la delincuencia organizada, en tales localidades, no solo no ha desaparecido, sino que ha incrementado su peligrosidad y, aún más preocupante, se ha iniciado una escalada de violencia irracional donde ya han perdido la vida muchos civiles inocentes, además de un gran número de integrantes de las fuerzas del orden, principalmente de entre los cuerpos estatales y municipales de vigilancia, seguridad y procuración de justicia.
Por citar sólo algunos casos de muchos que suceden a diario, el día 31 del mes de diciembre pasado, en Culiacán, Sinaloa, una niña perdió la vida en brazos de su madre por culpa de una bala perdida y, en días pasados, dos integrantes del ejército, desarmados e integrantes de tropa, fueron cobardemente asesinados; ya no se diga del salvajismo con que fue ejecutado el coordinador de la Unidad Modelo de Investigaciones de la Policía Ministerial de Sinaloa, Jorge Valdés Fierro. Todo lo anterior a plena luz del día y en las principales calles de la ciudad. Dichos asesinatos se suman a la ya larga e intolerable cadena de cientos de muertes sucedidas en estos pocos días de gobierno, todas las cuales representan el grado de impunidad con que sigue actuando la delincuencia en todo el país y una burla patente hacia los funcionarios del gabinete de seguridad pública. Vale la pena destacar que la experiencia acumulada de varios funcionarios públicos integrantes del gabinete de seguridad pública en las áreas de inteligencia y combate a la delincuencia organizada, independientemente de que el anterior gobierno federal, como ninguno otro, ha sido blanco de críticas por haber solapado y cerrado los ojos ante el crecimiento inusitado de la violencia criminal, tienen la última oportunidad de ofrecer resultados. Ya son más de seis años de experiencia en este tema, y lo hemos señalado varias veces en esta tribuna: "So pretexto de la tolerancia, las autoridades nos han dejado a la impunidad y la violencia como el lugar común de convivencia".
6. Cabe señalar que, en un intento de explicar la escalada de violencia que se ha venido presentando desde el mes de diciembre a la fecha en todo el país, algunas instancias han manifestado que la misma se debe principalmente a los ajustes de cuentas entre las propias organizaciones criminales y a las luchas internas por los vacíos de poder y el control de regiones provocado por las capturas de líderes criminales de las propias organizaciones o, como ha venido argumentándose también, hasta producto de las recientes extradiciones de delincuentes requeridos por la justicia de Estados Unidos.
En el caso de diversos asesinatos y ejecuciones de elementos de las fuerzas de seguridad estatales o municipales que también se han venido suscitando en todo el país, las explicaciones casi inmediatas aducen o sugieren que también son producto de las mismas luchas y reacomodos internos de las organizaciones criminales, dando a entender la corrupción de los servidores públicos, la mayoría de las veces sin las pruebas indispensables a que la ética profesional obliga, en franco irrespeto a los caídos y a sus familias, y burlándose del estado de derecho que proclaman garantizar.
La sociedad exige que frente a los pésimos resultados obtenidos, las autoridades enfrenten sus responsabilidades y asuman sus obligaciones como lo protestaron hacer, y cuando sea el caso, sancionados quienes bajo los pretextos más diversos no entregan resultados positivos, ya que sus incapacidades incrementan el número de muertes de gente inocente y elevan el grado de inseguridad, pánico e incertidumbre de la población. Ya basta de que cuando la autoridad se equivoca no pasa nada y sólo se atiende a sus múltiples pretextos para justificar su incompetencia, pero cuando el ciudadano inocente es allanado, ofendido y muerto, la mayor parte de la sociedad no enfrenta a sus autoridades ni exige claramente sanción por negligencia y, por otra parte, las autoridades siguen con su comercial: "No quedará impune….aplicaremos toda la fuerza del Estado….." y sigue campeando la impunidad y el crimen.
7. En otro orden de ideas, lo que sí es una realidad es que más allá de los discursos y boletines oficiales, existe en los hechos una falta casi absoluta de comunicación y coordinación entre las autoridades federales y las estatales y de los municipios de las entidades y localidades donde se han venido desarrollando los operativos, lo que contraviene el principio más elemental de toda acción interinstitucional y la base del federalismo, que es la colaboración entre los órdenes de gobierno, sobre todo en el ejercicio de una facultad concurrente como lo es la seguridad pública, ya que es de urgencia nacional.
Es de sobra conocida la forma en como se conducen los integrantes de las delegaciones de la PGR y de la SIEDO. Ahí están de ejemplo Nuevo León, Michoacán, Acapulco y Sinaloa. En el mismo tenor, están las declaraciones de distintas autoridades municipales y estatales en el sentido de que se desconoce lo que hacen los servidores públicos que desarrollan labores llamadas de inteligencia, lo que cobra especial relevancia cuando se pretende que exista plena y eficaz colaboración entre las diversas corporaciones con las autoridades locales.
No es justificación para lo anterior el hecho y las explicaciones, muy posibles y atendibles en muchos casos, de que servidores públicos hayan sido corrompidos por el dinero o intimidados por las amenazas de las organizaciones criminales. No obstante, frente a esas posibilidades, no puede reaccionarse institucionalizando la desconfianza y generalizando la sospecha entre corporaciones, ni mucho menos cerrando, como ha venido sucediendo en los hechos, los canales de comunicación entre los órdenes de gobierno, lo que sólo conviene a los delincuentes y confunde e irrita a la sociedad. No deben estos mandos superiores seguir señalando que existe corrupción en las áreas de su competencia sin presentar prueba y culpable alguno, ya que seguir haciéndolo y generalizando solo los alcanza a ellos mismos.
8. En el contexto antes mencionado, es conveniente que la representación nacional depositada en la Cámara de Diputados formule una firme y clara exhortación al Poder Ejecutivo federal, a las entidades y mandos responsables de las fuerzas de seguridad en todos los órdenes de gobierno, a efecto de que, bajo las reglas y estrategia que impongan la inteligencia policial y las circunstancias de cada caso específico, se establezcan canales e instrumentos claros, expeditos y verificables de comunicación y coordinación entre los mismos, especialmente en el caso de operativos conjuntos que involucren la presencia de fuerzas extraordinarias en localidades y regiones determinadas del país. Que no se le olvide al Ejecutivo federal que el combate a la delincuencia organizada es competencia del fuero federal. Que las delegaciones de la PGR dejen de ignorar sus verdaderas responsabilidades y ya no se dediquen sólo a perseguir los delitos de posesión, portación o tráfico de armas de uso exclusivo del ejército. ¡No se puede ignorar! Si hay armas, es porque las autoridades federales no saben detener el contrabando o lo solapan; si hay drogas, es porque las autoridades federales no son eficaces al detectar y destruir los plantíos, además de que toleran el tránsito e internación de contrabando de los estupefacientes; si hay rentabilidad en los negocios ilícitos, es porque no han sido competentes para investigarlos, sancionarlos y, además, muy incompetentes o cómplices en el ataque al lavado de dinero.
Resulta igualmente necesario que las autoridades obligadas a prevenir el delito, así como las de procuración e impartición de justicia federales adopten una nueva cultura de respeto a la ciudadanía y que, sin eludir sus propias responsabilidades e incapacidades, se deje de culpar a los ciudadanos porque no denuncian. Esa es una actitud absolutamente injusta que tal amerite otro calificativo, ya que si la propia autoridad, que cuenta con los recursos, los instrumentos legales, los mecanismos de intercepción de comunicaciones, las tecnologías y los equipos correspondientes, no localizan ni presentan pruebas contra los delincuentes, y mucho menos los detienen o previenen su actividad, no hay razón para pedirle al ciudadano común que lo haga, máxime si las propias autoridades no garantizan, ni por asomo, las mínimas condiciones para proteger y salvaguardar al que se atreve a denunciar.
9. Se ha dicho que el marco jurídico necesita cambiarse y eso lo han tomado como pretexto ya que, de seis años para atrás, antes del año 2000, existían leyes más débiles y no teníamos esta metástasis de muertes y violencia en todo el territorio nacional. Más allá de la convicción de que el marco jurídico será siempre perfectible frente a la dinámica social y al desarrollo en todas sus vertientes, lo cierto es que ningún cambio será suficiente si persisten las fallas estructurales en el elemento humano encargado de implementarlos.
Por lo expuesto y fundado, solicito que, mediante el trámite de urgente y obvia resolución, esta honorable Cámara de Diputados, emita el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, formula una firme exhortación a los titulares de las dependencias de la administración pública federal y a los mandos de las corporaciones y fuerzas de seguridad pública, a diseñar y establecer instrumentos y mecanismos de coordinación y comunicación eficaces, expeditos y claramente verificables, en el marco de la lucha conjunta que libran los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal contra la inseguridad pública y la delincuencia organizada.
Segundo. En el marco de la instrucción y compromiso asumido por el titular del Ejecutivo federal para que el procurador general de la República y el gabinete de seguridad presenten a la sociedad mexicana, a más tardar a fines del presente mes de febrero, un programa integral para mejorar los mecanismos de seguridad y procuración de justicia, se exhorta a los destinatarios de dicha instrucción para que en el mencionado programa se expresen y detallen con toda claridad las acciones, mecanismos de coordinación, ámbitos de competencia y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, a que obligan la Constitución General de la República y la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tercero. La Cámara de Diputados expresa su plena disposición a coadyuvar, en el marco de sus competencias y responsabilidades, en la lucha integral y permanente del Estado mexicano para combatir el delito y mejorar las condiciones de seguridad pública y respeto al estado de derecho en todo el país.
Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de febrero de 2007.
Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR
UN PORCENTAJE DEL TIEMPO FISCAL ASIGNADO AL ESTADO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A TEMAS SOBRE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y LA NO DISCRIMINACIÓN,
A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Conforme al artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, supervisa la administración y la distribución de los tiempos fiscales otorgados por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Dicha distribución se realiza en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal; 30 por ciento al Poder Legislativo, mismo que se distribuye en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos.
En el caso del Poder Ejecutivo la Secretaría de Gobernación es la encargada de dar seguimiento a la utilización de estos tiempos fiscales y está facultada para reasignarlos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se encuentren subutilizados.
El artículo 18 también establece que los "tiempos oficiales sólo se pueden destinar a actividades de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias o entidades, así como a las actividades análogas que prevean las leyes aplicables". En tal virtud exhortamos al Ejecutivo federal para que del 40 por ciento de tiempo que tiene asignado, destine por lo menos un 5 por ciento cada año, para que la población reciba información sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva basándose en los programas que para tal fin cuenta la Secretaría de Salud federal.
De igual forma exhortamos al Poder Legislativo federal, en particular a la Cámara de Diputados, para que del 15 por ciento que le corresponde designe un 2 por ciento anual de su tiempo a los temas mencionados en el párrafo anterior.
El derecho a la salud y a la información son derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en los artículos 4o. y 6o. de la Constitución y por lo tanto hay que respetarlos y fomentarlos.
Es necesario que el Poder Ejecutivo utilice los tiempos fiscales otorgados en medios de comunicación para informar a la población de sus derechos, para campañas preventivas y para la difusión de las políticas públicas que se diseñan en su beneficio. La Secretaría de Salud federal cuenta con diferentes materiales educativos y programas sobre salud sexual y reproductiva que sería muy importante que se difundieran a través de estos espacios. En este sentido destacan los programas sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes; sobre todo, aquellos referidos a la prevención del embarazo adolescente, uso del condón y prevención del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual; tecnología anticonceptiva; salud sexual y reproductiva de las comunidades indígenas; atención en el climaterio y la menopausia; orientación para la prevención y diagnóstico de la infertilidad, así como la promoción y difusión de la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar, entre otros.
También a través de estos espacios se pueden dar a conocer los diferentes servicios que en materia de salud se prestan a la población de todo el país.
La salud reproductiva se define como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de sólo ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.
Se centra de acuerdo a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en la promoción de la toma de decisiones saludables, voluntarias y seguras en lo relativo a la vida sexual y reproductiva de individuos y parejas, incluyendo las decisiones sobre el tamaño de la familia y el momento del matrimonio, las cuales son fundamentales para el bienestar humano. La sexualidad y la reproducción son aspectos vitales de la identidad personal y son elementos clave para la creación de relaciones personales y sociales plenas, dentro de distintos contextos culturales.
Lleva implícito el derecho del hombre y la mujer de obtener información y servicios de planificación familiar de su elección, así como de métodos para regular la fecundidad que no estén legalmente prohibidos y tener acceso a servicios adecuados de atención a la salud.
La salud sexual y reproductiva abarca aspectos tan sensibles como importantes para los individuos, las parejas y las comunidades, como son la sexualidad, la discriminación por género y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. De ahí la importancia de que la población en general reciba este tipo de información de manera constante, lo cual sin duda ayudará a prevenir embarazos no deseados en adolescentes, infecciones de transmisión sexual, prevenir enfermedades, prevención del VIH-Sida, proteger la salud de la población y bajar los índices de mortalidad infantil y materna.
Finalmente, cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud sostiene que el derecho a la educación y a la información es particularmente importante para la promoción y protección de la salud. Y es a través de la difusión de programas de radio y televisión, como función social, la manera de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados para que del tiempo fiscal asignado por ley que otorgan al Estado los medios de comunicación se designe el 5 por ciento en el caso del Poder Ejecutivo y un 2 por ciento para la Cámara de Diputados a temas sobre la salud sexual y reproductiva y la no discriminación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
Diputada: Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y DE LOS MUNICIPALES
A REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CELEBRACIÓN DEL DÍA
NACIONAL DE LA FAMILIA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA GARCÍA MÜLLER,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe Martha García Müller, diputada federal integrante de la LX Legislatura, con fundamento a los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar y solicitar proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La familia es el núcleo por excelencia de toda sociedad y a la vez, es un agente cultural para la transmisión de los valores más representativos de generación en generación.
El valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, y así estar en condiciones de trasmitirlos y enseñarlos.
Puedo mencionar los siguientes valores más importantes en la familia: unión, honestidad, solidaridad, amor, respeto y tradición.
El Estado mexicano, en la búsqueda de un mejor bienestar colectivo, debe fomentar y crear mecanismos que faciliten el desarrollo integral de la familia.
De igual forma la sociedad civil, con la participación del gobierno federal, se organizó de forma espontánea para conmemorar el primer domingo de marzo de cada año el Día de la Familia, por lo que acogiendo esa iniciativa en el 2005 el Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, a fin de preservar los principios que siempre han caracterizado a la nación mexicana, expidió el decreto cuyo objetivo es impulsar este espacio de celebración como un acto de reflexión acerca de lo verdaderamente importante y valioso del papel de la familia, como el núcleo de la sociedad y el mejor lugar para el desarrollo personal y por lo tanto, social del país.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Que solicito se apruebe de urgente y obvia resolución.
Primero: Se exhorta a los titulares de los gobiernos estatales y municipales, para que en sus respectivos ámbitos de su competencia realicen actos de difusión y actividades para celebrar el Día Nacional de la Familia, el cual se conmemora el primer domingo de marzo; esto con el fin de fortalecer el núcleo de toda sociedad, que es la familia.
Segundo: De igual forma, exhorto a mis compañeras y compañeros diputados federales a que difundan y promuevan el día de la familia en sus estados, municipios y a la sociedad misma, a través de los medios de comunicación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero del 2007.
Diputada Martha García Müller (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SRE A INTERVENIR PARA LA REAPERTURA DEL PUENTE INTERNACIONAL
SUCHIATE, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO FERNEL GÁLVEZ
RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que intervenga en la reapertura del puente internacional Suchiate (Rodolfo Robles) en el estado de Chiapas, frontera con Guatemala, para vehículos y productos diversos lícitos las 24 horas del día.
La llegada del huracán Stan a Chiapas afectó fuertemente a puentes, caminos y viviendas. Es por todos conocido que arrasó con colonias y barrios enteros; también afectó las líneas físicas divisorias debido a la brutalidad de las corrientes del río, lo que perjudicó gravemente la comunicación de intercambio internacional entre los pueblos fronterizos como son Suchiate o Ciudad Hidalgo, Chiapas-México y Tecum-Human, Huehuetenango, Guatemala.
Por lo antes dicho, se reparó el puente internacional Suchiate 1 denominado Rodolfo Robles, éste funciona para el traslado peatonal por únicamente 12 horas al día, lo que ha afectado fuertemente la economía familiar de los habitantes, debido a que no operan el intercambio vehicular con productos diversos. Antes del fenómeno metereológico del 5 de octubre de 2005, había operado ya por más de 30 años y las 24 horas; hoy los pobladores, como tricicleros, hoteleros, restauranteros, comerciantes transportistas y agencias aduanales, se encuentran desesperados, ya que sus los ingresos económicos han bajando hasta un 40 por ciento, lo que ha perjudicado enormemente la economía familiar.
Por lo antes dicho, propongo la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a realizar los trámites correspondientes para que se reabra el puente internacional Suchiate 1 (Rodolfo Robles) en Chiapas, frontera con Guatemala, para vehículos y productos diversos lícitos las 24 horas del día.
Palacio Legislativo, a 7 de febrero de 2007.
Diputado Fernel A. Gálvez Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE PRACTIQUE UNA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
A PEMEX REFINACIÓN PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA DE SU FUNCIONAMIENTO,
A NOMBRE DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MARINA
Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Marina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que practique una auditoría de desempeño a Pemex-Refinación, a fin de determinar la eficiencia y eficacia de su funcionamiento.
Antecedentes
1. El 17 de octubre del presente año ocurrió un accidente a bordo del buque tanque Quetzalcóatl, que se encontraba anclado en el muelle número 6 de la terminal marítima Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz; en dicha embarcación se realizaban trabajos de reparación y mantenimiento a cargo de la empresa López García, SA de CV.
2. El saldo final de dicho accidente fue de 8 muertos, 2 desaparecidos y 13 personas lesionadas por quemadura –cuatro de ellas de gravedad–, entre los que se encontraba un menor de edad que trabajaba para la empresa antes mencionada.
Consideraciones
I. Con motivo de los hechos anotados en el apartado de antecedentes, la mesa directiva de la Comisión de Marina acordó efectuar un viaje de trabajo al lugar del accidente para realizar las investigaciones en torno a las causas de éste y constatar personalmente la situación que prevalecía en la terminal marítima Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.
II. El viaje antes mencionado se realizó el 25 de octubre último, al cual asistimos los diputados José Manuel del RíoVirgen, José Luis Blanco Pajón, Luis Alonso Mejía García, Maribel Luisa Alba Olvera y Érick Marte Rivera Villanueva. Dicho viaje permitió a los integrantes de la Comisión de Marina dialogar con las diversas autoridades involucradas en los hechos, así como con los familiares de las víctimas del accidente.
III. Pudimos constatar que el siniestro ocurrido a bordo del buque tanque Quetzalcóatl fue en gran medida a consecuencia de la negligencia e impericia del personal que autorizó que se efectuaran las labores de reparación con soldadura sobre el buque, dado que pudieron haberse realizado sobre el muelle, donde estaba atracada la embarcación.
IV. Otra irregularidad que es de destacar es la situación administrativa en la que se encontraba la empresa López García, SA de CV, la cual al momento de los hechos estaba inhabilitada por parte de la Secretaría de la Función Pública, así como la presumible responsabilidad de la compañía afianzadora que otorgó la fianza a la empresa contratista en mención.
V. Como parte de la investigación realizada por la presidencia de la Comisión de Marina se formuló un pliego de preguntas a la Dirección de Pemex-Refinación, las cuales, a consideración de la presidencia, fueron respondidas de manera ambigua y no aclaran las presuntas irregularidades de la empresa contratista. Por ese motivo se les solicito que se comprometieran a entregar por escrito las respuestas al cuestionario en mención, a más tardar el lunes 30 de octubre, compromiso que aceptó el director de Pemex-Refinación.
VI. En el peritaje de causalidad en incendios y explosiones que presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, dentro de la averiguación previa número COAT4/685/2006, iniciada con motivo de los hechos ocurridos a bordo del Quetzalcóatl, se concluyó que las causas de la explosión fueron los trabajos de corte y soldadura que se realizaban en dicha embarcación, y que dicho accidente era previsible, además de que las medidas de protección que se tomaron no fueron suficientes para evitar el siniestro.
VII. La Auditoría Superior de la Federación es un Órgano Técnico del Poder Legislativo que ejerce funciones fiscalizadoras de carácter externo a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a los estados y municipios y a los particulares cuando ejercen recursos federales; fue creada para apoyar a la Cámara de Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
El programa de auditorías, visitas e inspecciones que desarrolla la Auditoría Superior de la Federación se integra por diversos tipos de auditorías, entre las que se encuentran las de desempeño, las cuales consisten en el examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo, tanto de las actividades gubernamentales enfocadas a la ejecución de una política pública general, sectorial o regional, como de aquellas inherentes al funcionamiento de los entes públicos federales, tanto institucionalmente como a nivel de programa, proyecto o unidad administrativa.
Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de este Poder de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicite a la Auditoría Superior de la Federación que, a la brevedad posible, lleve a cabo las acciones necesarias para aplicar una auditoría de desempeño a Pemex-Refinación, a fin de determinar su eficacia y funcionamiento en los acontecimientos del estallido del buque tanque Quetzalcóatl, en el muelle 6 de la terminal marítima de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.
Segundo. Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación que se dé cumplimiento a la solicitud contenida en el punto anterior, dentro del siguiente informe que rinda ese órgano de control y fiscalización a esta soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
La Comisión de Marina
Diputados: José Manuel del Río Virgen
(rúbrica), presidente; Ángel Rafael Deschamps Falcón
(rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), secretarios;
Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón
(rúbrica), Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica),
Adrián Fernández Cabrera (rúbrica), Leonardo Magallón
Arceo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica),
Nabor Ochoa López, Pedro Pulido Pecero (rúbrica), Víctor
Manuel Torres Herrera (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica);
Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), secretaria; Alberto Amaro Corona,
Higinio Chávez García, Cuitláhuac Condado Escamilla,
Claudia Lilia Cruz Santiago, Carlos Ernesto Navarro López, Miguel
Ángel Navarro Quintero, Odilón Romero Gutiérrez; José
Luis Blanco Pajón (rúbrica), secretario; Luis Ricardo Aldana
Prieto (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Sergio
González García (rúbrica), Mariano González
Zarur (rúbrica), Arturo Martínez Rocha (rúbrica),
Jorge Toledo Luis (rúbrica), Faustino Javier Estrada González
(rúbrica), Félix Castellanos Hernández (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A INTEGRARSE AL
PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
DE LA PROPIEDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA SÁNCHEZ JUÁREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la LX legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía , exhorto con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
En atención al Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, el cual deriva del Plan Nacional de Desarrollo, acuerda:
En su Vertiente 1 estrategia 3; "Apoyo social a la población más necesitada para la adquisición de vivienda y el mejoramiento habitacional, rural y urbano, y la consolidación jurídica de su patrimonio", estableciendo como línea de acción: Instrumentar un programa de mejoramiento jurídico para consolidar la tenencia de la propiedad de la vivienda.
Por otra parte en la Vertiente 3 estrategia 4; "Desgravación, desregulación y normatividad habitacional y su marco normativo", establece como línea de acción: "Reducir los costos indirectos asociados a la producción y titulación de vivienda coadyuvando a la modernización de los catastros y los registros públicos y del comercio en todas entidades federativas".
La Ley de Vivienda publicada en pasado 27 de junio de 2006, establece en su artículo 6, fracción III, "promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda".
Finalmente en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda publicado el pasado 31 de Agosto de 2006, en su artículo 16 fracción VII, "promover en las entidades federativas, y en su caso en los municipios, la modernización de los registros públicos de la propiedad y de los catastros".
De acuerdo con lo antes mencionado uno de los esfuerzos del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de la Vivienda, es identificar los mecanismos y procesos relativos a la generación de vivienda y a los esquemas existentes en el país para la titulación y registro de las propiedades inmobiliarias.
Mediante un diagnóstico de los esquemas nacionales de propiedad existentes, se detectó en la mayoría de las entidades, que los asuntos alrededor de los derechos de propiedad y la operación de las instancias responsables, los registros públicos, han sido históricamente actividades rezagadas en el país.
Los registros Públicos de la Propiedad (RPP) tienen una problemática que se puede sintetizar en los siguientes puntos:
Para dar inicio con este programa, se seleccionaron tres estados para participar en un proyecto piloto de modernización (Baja California, Colima y Sonora), iniciando estas acciones en dichas entidades bajo los principios de modernidad, definidos y elaborados por la Conavi
El financiamiento inicial para este programa de modernización partió de la donación de dos millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a partir del 17 de junio de 2003, con lo que se suscribieron tres anexos de ejecución de los Convenios de Desarrollo de la Vivienda y del Suelo (Codevisu) con los estados mencionados, adicionalmente, se aportó un millón de dólares por parte del gobierno federal y otro millón de los gobiernos estatales, haciendo un total de cuatro millones de dólares.
Beneficios
Este programa pretende lograr que los registros Públicos de la Propiedad (RPP) del país se inserten en el contexto económico de cada entidad federativa, redefiniendo sus funciones, como una institución fundamental, para la confianza de los ciudadanos de que los derechos de propiedad inmobiliaria estén plenamente garantizados a través de su oficio y como una institución capaz de ofrecer información estratégica para la planeación y desarrollo económico de la entidad.
Con ello se obtienen, entre otros, los siguientes beneficios para los usuarios de los registros:
3. Portal de Internet para los notarios.
4. Sistemas de precaptura para fraccionamientos
y trámites masivos vía Internet para los desarrolladores
de vivienda.
5. Ventanillas de atención a clientes Institucionales
(Infonavit, Bancos, Sofoles, entre otros)
6. Vinculación de información del
RPP con información del catastro.
Un registro público transparente y con un enfoque de servicio a la ciudadanía en general, se traduce en salvaguarda del patrimonio de los adquirentes de una vivienda y sobre todo de aquellos que hoy en día no cuentan con acceso a información y asesoría jurídica en materia inmobiliaria, lo que los pone en desventaja ante cualquier contraparte en una transacción de este tipo, los que en su mayoría pertenecen a las clases más desprotegidas de la sociedad.
El programa de modernización contempla la implantación de un programa de cultura registral a lo ancho y largo del país, dirigido a la población en general, a efecto de que todos y cada uno de los mexicanos hagamos conciencia de la importancia que tiene el uso de los instrumentos legales que legitimen esa certidumbre jurídica para protección de nuestro patrimonio.
Modernización
Basado en los principios de modernidad desarrollados por la Conavi y con la experiencia de más de 3 años en la conducción del programa de modernización que instrumenta, en el año 2005 se elaboró conjuntamente con el Instituto Mexicano del Derecho Registral (IMDERAC), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la Asociación Nacional del Notariado Mexicano (ANNM) el modelo integral de Registro Público de la Propiedad que fue avalado por los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis): el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), además de el Colegio de Notarios del DF, la Asociación de Bancos de México (ABM), la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Limitado AC (AMSFOL), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC).
El modelo integral mencionado está formado por nueve componentes que proporcionan una visión global de la modernización de un Registro Público de la Propiedad, los cuales son:
4. Gestión de la Calidad (Certificaciones
ISO-9000).
5. Profesionalización de la función
registral (capacitación universitaria).
6. Políticas institucionales (registros
con autonomía y patrimonio propio).
7. Gestión y acervo documental (preservación
del acervo para consultas).
8. Participación y vinculación con
otros sectores (fundamentalmente con el catastro para compartir y validar
información).
9. Indicadores de desempeño (evaluación
de su operación para mejoras adicionales).
Único. Se hace un atento exhorto a los gobiernos de las entidades federativas, que aún no se han integrado al programa nacional de modernización de los registros públicos de la propiedad aplicado por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda, a que lo hagan, y de esta manera, se operen con mayor eficacia en beneficio propio y de la sociedad los registros públicos de la propiedad.
Palacio Legislativo a 13 de febrero de 2007.
Diputada Claudia Sánchez Juárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
SE DICTAMINE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE
A LOS EJERCICIOS FISCALES 2002-2005, A CARGO DE LA DIPUTADA SUSANA MONREAL
ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Susana Monreal Ávila, diputada federal por Zacatecas a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que esta Cámara de Diputados dictamine a la brevedad la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
2. Que la Auditoría Superior de la Federación tiene como facultad la fiscalización en forma posterior de los ingresos y egresos, el manejo, custodia y aplicación de recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales.
3. Que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva para revisar la Cuenta Pública del año anterior, y el artículo 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el objeto de hacer aportaciones sobre aspectos programático-presupuestales específicos para que sean considerados en la revisión de la Cuenta Pública.
4. Que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala, en sus artículos 80 y 81, que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá la obligación de examinar la Cuenta Pública y presentar el dictamen dentro de los 30 días posteriores.
5. Que el pasado 21 de abril de 2005, en la LIX Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó con reservas la Cuenta de la Hacienda Pública de 2001, en ejercicio de su facultad exclusiva otorgada por la fracción IV del artículo 74 constitucional, instruyendo a la Auditoría Superior de la Federación para que en uso de sus atribuciones legales continúe los procesos de solventación que quedaron pendientes y dé trámite al fincamiento de responsabilidades procedentes, ya que se detectaron diversas irregularidades. Las dependencias y entidades revisadas en mayor o menor medida no cumplieron algunas de las disposiciones y normas jurídicas aplicables, reportando un efecto económico en el orden de los 339 mil 456.2 millones de pesos, cifra equivalente a la quinta parte del gasto ejercido durante el 2001.
6. Que nos encontramos ya en una nueva administración y sólo se ha aprobado con reservas el primer año de gestión del presidente Vicente Fox, estando pendientes por revisar los cinco años restantes de su administración y, por tanto, las responsabilidades que de ellas deriven.
7. Que de acuerdo con un estudio denominado Proyecto Internacional de Presupuesto, realizado a 59 países, México ocupa el lugar 22 con apenas 50 de los 100 puntos posibles, caracterizándose por no tener espacios abiertos para la apertura, transparencia presupuestaria y opacidad total.
8. Que la sociedad a la que representamos demanda de los poderes públicos transparencia en la administración de recursos, y eficiencia en los programas y acciones de gobierno. Esto no es una cuestión de posturas políticas, ni de ideologías partidistas, sino más bien es un elemento esencial de la rendición de cuentas y del eficaz ejercicio gubernamental tendente a la erradicación de prácticas de corrupción, de arbitrariedad y de autoritarismo.
Por lo expuesto, se propone:
Único. Que la LX Legislatura de la Cámara de Diputados dictamine a la brevedad la Cuenta Pública de la Hacienda Federal correspondiente a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005.
Asimismo, solicite a la Auditoría Superior de la Federación que informe detalladamente a las Cámaras del Congreso de la Unión respecto a la situación de los procesos de solventación que quedaron pendientes y del fincamiento de responsabilidades derivadas del dictamen de la Cuenta Pública de 2001.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
Diputada Susana Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LOS SUBSIDIOS AL GAS NATURAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ROSAS
AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, José Rosas Aispuro Torres, diputado de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que, en uso de sus atribuciones, disponga del otorgamiento de un subsidio al gas natural para uso doméstico, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Con fecha 16 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministre a los usuarios residenciales de bajo consumo y se otorga el estímulo fiscal que se indica", en el que se estableció un estímulo fiscal para los permisionarios de distribución del gas natural no sujeto a la metodología de precios de venta de primera mano, siempre que descontaran a los usuarios residenciales de menor consumo el importe que correspondiera al estímulo citado.
Con fecha 2 de febrero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "decreto que modifica el diverso por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministre a los usuarios residenciales de bajo consumo y se otorga el estímulo fiscal que se indica", en el que se modificaba los artículos tercero y cuarto del decreto del 16 de mayo de 2005, eliminando las referencias al gas natural objeto de venta de primera mano, a fin de que los permisionarios de distribución que determinaran un estímulo fiscal recuperaran el total de las cantidades que descontaran a los usuarios residenciales de menor consumo y no se vieran afectados en su actividad comercial.
Ahora bien, el problema fundamental en torno a la fijación del precio del gas tiene que ver con la forma en que se ha manejado la articulación de la economía nacional con el mercado internacional. Esta forma de articulación, que se refleja en el Reglamento de Gas Natural, ha resultado nociva tanto para los consumidores como para la industria nacional. Dicho reglamento establece que para la fijación del precio deben considerarse "los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice la venta".
En la práctica, la fórmula empleada para la determinación del precio da un peso excesivo al valor del gas en el mercado texano. Obviamente no se trata de una mera operación aritmética, sino que refleja la voluntad de buscar atraer capitales extranjeros, pues de esta manera las trasnacionales, que aprovechan en nuestro país la apertura al sector privado del almacenamiento, transporte y distribución de gas, obtienen en nuestro mercado interno ganancias similares a las obtenidas a nivel internacional, con plena independencia de la paridad del poder adquisitivo.
En adición, el consumo de gas natural en el territorio nacional se ha convertido en una necesidad igual que otros satisfactores, como la luz, el agua y el teléfono, por lo que el servicio que prestan las distribuidoras de gas en el país debe cubrir y garantizar mejores condiciones y ahorros a los mexicanos.
En virtud de lo expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno, y en facultad de los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía su intervención ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, para que se autorice un subsidio al precio de gas natural de uso doméstico.
El financiamiento de este subsidio deberá ser cubierto con los recursos provenientes de los excedentes petroleros y de las economías en el gasto corriente derivados de los programas de austeridad que implante el Ejecutivo federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
Diputado José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A DIRIGIR UNA POLÍTICA EXTERIOR RESPETUOSA
DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS, A CARGO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La política exterior de México es el resultado de nuestro acervo histórico, de las experiencias que nos han definido como nación, de las luchas por conservar nuestra soberanía y del liderazgo por enarbolar las causas más justas de las naciones.
México ha logrado condensar estas experiencias y traducirlas en principios de política exterior, cuya dignidad fue elevada a rango constitucional. Observar estos principios no es una opción, sino un mandato constitucional, del que todos los órdenes de los Poderes de la Unión debemos ser garantes.
En días pasados hemos sido testigos del desencuentro y franco enfrentamiento entre el Ejecutivo de México y algunos de sus homólogos latinoamericanos. El inicio de esta nueva era de disputas la identificamos en Davos, donde, por el olvido de los principios de política exterior que nos rigen y la ausencia de oficio diplomático, se vertieron declaraciones desafortunadas, que vulneraban el derecho de autodeterminación de algunos naciones latinoamericanas y del proyecto político y económico que han adoptado.
Este desatino diplomático dio motivo a oposiciones verbales, primero del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil; segundo, del presidente de Venezuela; y después, incluso, del embajador de Bolivia en México, Jorge Mansilla.
No es momento de hacer un corolario de las declaraciones, pero sí de señalar que es una maniobra infructuosa que debilita nuestra ya lastimada posición subcontinental, además de contravenir claramente el artículo 89 constitucional y contradecir un supuesto acercamiento a Latinoamérica, anunciado por este mismo gobierno.
El Ejecutivo federal anunció, en el marco de la XVIII Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México, (9 de enero), que su gobierno buscaría que México reasumiera "su liderazgo (…) especialmente en América Latina". Y pidió corregir los errores con esta región. Para apoyar su idea citó a Octavio Paz, al afirmar que "América Latina debía ser más que una idea y un anhelo de unidad".
La canciller Patricia Espinosa se pronunció en el mismo sentido, e incluso ratificó en su reciente visita a Viena que México buscaría un acercamiento con Cuba y Venezuela.
Claramente se aprecia confusión en el rumbo de nuestra política exterior. Hay un rompimiento entre las declaraciones y las acciones, que de ninguna manera otorgan unidad y solidez a la política exterior.
Por estas razones, señoras y señores diputados, llamo a su congruencia para avanzar en el rumbo que el propio Ejecutivo marcó: de una política exterior articulada, con objetivos claros, de reencuentro con América Latina y, añadiría, consistente y respetuosa del mandato constitucional. No es asunto menor; hablamos de un componente del futuro de México.
Exhorto a esta Cámara de Diputados a trabajar por una política exterior consolidada, que responda a los intereses de la nación mexicana, y emitir un pronunciamiento, sujeto a derecho, de conformidad con el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Único. Se exhorta al gobierno de México, en cumplimiento del artículo 89 constitucional, numeral X, a dirigir una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, de no intervención en los asuntos propios de su soberanía, amparada en la solución pacífica de las controversias, y con un rumbo certero que recupere nuestra vocación latinoamericanista.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de febrero de 2007.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A OTORGAR DE MANERA OPORTUNA LOS RECURSOS FINANCIEROS
APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN
MALAGÓN RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Es de todos sabido que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la infraestructura carretera junto con los servicios de comunicaciones y transportes son fundamentales y estratégicos para el desarrollo económico, político y social que permiten dotar al país de la obra pública eficiente que haga posible la integración de todos los mexicanos entre sí y con el resto del mundo, generando un valor agregado para las diversas actividades económicas y sociales del país, de manera equilibrada y sostenida.
Con respecto a la infraestructura, las acciones desarrolladas para ampliar y mantener la infraestructura carretera federal, estatal y de cuota, así como el incremento de los estándares de calidad, seguridad y desarrollo, presentaron avances registrados en la construcción de instalaciones que conforman la infraestructura del 2000 al 2006, y que las acciones se concentraron en contar con una red carretera moderna y eficiente para lo cual se han llevado a cabo importantes trabajos para su modernización.
De ahí la importancia de la asignación de los recursos, en tiempo y forma, que deberá ir acompañada desde luego de una eficaz y oportuna aplicación de las partidas, en los planes, programas y acciones que las dependencias deban aplicar a favor de la ciudadanía y con una clara línea de objetivos que promuevan acciones tendientes a ampliar y modernizar la infraestructura, a través de inversiones privadas y canalización complementaria de recursos públicos.
Reconocemos que se ha impulsado el proceso de programación del presupuesto asignado a este sector a fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2005 y 2006, por lo que se llevaron procesos de programación en el presupuesto, de conformidad con la norma; sin embargo, la asignación de recursos a los tramos carreteros se hace cuando el proyecto ejecutivo cumple con todos los requisitos marcados en la Ley de Egresos de la Federación y es muy común que las licitaciones y construcciones de las obras, sean desfasadas en sus agendas y programas, iniciando estos procesos generalmente después de la primera mitad del año, adicionando a ello los cambios climáticos, como la época de lluvias que no favorece la construcción y/o mantenimiento de tramos carreteros generando tiempos muertos y pérdida de valiosos recursos financieros asignados para su construcción.
Hoy debemos tomar en consideración que el clima hace que algunos estados de la República tengan un alto riesgo de convertirse en áreas de temporal, lo que dificulta cumplir con los objetivos de modernizar la red federal de carreteras y aumentar su cobertura y eficiencia, desde luego aún cuando el esfuerzo por parte de las entidades federativas encargadas de estos procesos ha sido una labor permanente para planear, programar, presupuestar y dar seguimiento dentro del marco legal vigente para el desarrollo de los programas carreteros, desafortunadamente nos damos cuenta que en la realidad esto nada tiene que ver con las disposiciones establecidas en la práctica por parte de estas instancias.
Esas circunstancias exigen de la puntualidad de agendas programadas para la entrega en tiempo y forma de las partidas presupuestales y calendarizaciones de manera mensual para ejercer la obra pública. Por todo ello, sin duda, el tema de la oportunidad debe de ser un apartado muy importante en la aplicación de los recursos del PEF 2007.
Bajo este contexto y con razones sencillas pero de vital importancia solicito que se haga entrega puntual e inmediata de los recursos financieros en el ejercicio cabal de los programas y calendarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir con respecto a los presupuestos aprobados por esta soberanía.
Pero sobre todo debemos insistir en la planificación y calendarización a la par de los estados, distritos y municipios que se ven inmersos en este proceso y en coordinación con la SHCP de tal suerte que el crecimiento real de la infraestructura a través de la aplicación del presupuesto y con la disponibilidad puntual de los recursos dé certidumbre de la cual se derivará la proyección y planeación por ministraciones.
Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía como de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones, cumpla de manera oportuna con las disposiciones del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en el ejercicio de las partidas presupuestales para que el otorgamiento de los recursos fiscales correspondientes a obras de infraestructura carretera, se haga de manera programada y calendarizada, con el objetivo de lograr su aplicación en tiempo y forma, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero del 2007.
Diputado Martín Malagón Ríos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECONSIDERAR, MEDIANTE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA, LA BAJA DE ARANCELES DE DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS,
A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La industria química sirve de plataforma para apoyar el desarrollo y el crecimiento de México, además de que es útil para la conformación de cadenas productivas abasteciendo a más de 40 ramas industriales.
Las principales ramas beneficiadas son la textil, automotriz y transporte, detergentes y cosméticos, calzado, empaques de bebidas y alimentos, agricultura, construcción, vestido, entre muchas otras.
Los sectores industriales que se nutren de la industria química son el del hule, calzado de tela, adhesivos, películas, laminado, conexiones de resinas, así como artículos de polietileno y plástico.
La química como industria es intensiva en capital y destina entre 2 y 3 por ciento de sus ventas totales al desarrollo tecnológico. La generación de empleos es cuantiosa al determinar una cadena productiva entre la petroquímica básica, petroquímica secundaria y la industria manufacturera. La evolución de la producción de químicos ha venido decreciendo en los últimos dos sexenios. De esta forma, encontramos que en 1995 se produjeron más de 22 millones de toneladas de químicos; en contraste, para 2005 la producción disminuyó para quedar en 19 millones de toneladas. La participación de Pemex en la producción de la industria química ha pasado de 14 a 8 millones de toneladas en los últimos 10 años.
Su participación dentro del producto interno bruto (PIB) ha caído drásticamente. Para 1995 esta industria participaba con más del 5 por ciento del PIB; diez años después ha caído a menos del 2 por ciento. Cabe mencionar que el promedio mundial de la industria química como proporción del PIB se encuentra en cerca del 5 por ciento.
Las inversiones el año pasado alcanzaron los mil 172 millones de dólares, cifra que resulta superior en 24.4 por ciento a la registrada en 2005. Sin embargo, esta inversión todavía resulta totalmente insuficiente para atender el crecimiento de la demanda nacional de productos químicos.
Pese a esta situación crítica, el 2 de octubre de 2006, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que modifica el similar que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía.
Este acuerdo redujo en 30 por ciento unilateralmente los aranceles en algunos productos de la industria química sin consulta previa del sector industrial afectado. Esta reducción atiende en forma desigual a los sectores productivos, afecta la integración de cadenas productivas, la inversión y los procesos de investigación y desarrollo y, finalmente, se contrapone a la postura de negociación de México en los foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio.
Algunos de los principales productos afectados con la reducción de aranceles son el cloro, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el tripolifosfato de sodio. Esto afectará a los mercados del detergente, jabón y papel. Todavía más, los pigmentos y las resinas también fueron afectados con la reducción de aranceles, por lo que se perjudicará al mercado de pinturas, papel, tintas, cosméticos, sector automotriz, electrodomésticos, resinas y textiles, envases y calzado.
Es importante que el gobierno federal pueda apuntalar a la industria química antes de aventurarse a una reducción de aranceles que afecten la inversión en este sector y a la generación de empleos.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, reconsidere la baja de aranceles de diversos productos de la industria química y, asimismo, informe a esta soberanía, en un lapso no mayor a 30 días naturales, sobre los criterios que se consideraron para llevar a cabo tal medida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES DE ESTA SOBERANÍA A
RETOMAR LOS TRABAJOS DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
DEL NUEVO RÉGIMEN FISCAL DE PEMEX, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante años, diversos especialistas han señalado lo que ya es evidente, el régimen fiscal al que se encuentra sujeto Petróleos Mexicanos asfixia a la paraestatal y compromete su viabilidad en los años por venir.
Petróleos Mexicanos requiere del esfuerzo de todos para alcanzar un nuevo régimen fiscal que le permita mejorar su situación financiera y aprovechar las condiciones favorables del mercado, como lo hace cualquier otra empresa petrolera integrada del mundo.
Hoy, Pemex enfrenta el reto de revertir la tendencia de un deterioro financiero cada vez más agudo y disminuir el rezago histórico en inversiones que permitan sustituir de forma competitiva, importaciones de gasolinas, gas natural y petroquímicos.
En materia de mayores facilidades para la paraestatal es posible plantear que una de las necesidades vitales de Pemex radica en dotarle de más posibilidades de autonomía de gestión y que esto le permita mayor flexibilidad en cuanto a su operación, administración y actividad financiera para alcanzar estándares internacionales en términos de productividad, competitividad y transparencia, cuidando que la formulación de la política energética sea siempre responsabilidad compartida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Una nueva revisión del actual régimen fiscal le permitirá a la paraestatal mejorar sus finanzas y disminuir el endeudamiento al que recurre para financiar proyectos de inversión. En la misma proporción que corresponda al monto de los impuestos ahorrados entre el actual régimen fiscal y el nuevo, se deberá garantizar un aumento en los volúmenes de inversión tanto en petroquímica como en exploración, así como en el mantenimiento de sus instalaciones y prevención de accidentes.
Se han cancelado proyectos de inversión que por no llevarse a cabo provocan que las reservas probadas mantengan una tendencia decreciente, la más importante de las observaciones que hacen organismos internacionales es que la tasa de reposición de reservas en México es muy baja; significa esto que extraemos del subsuelo mucho más petróleo del que somos capaces de reponer por medio de nuevos campos o pozos petroleros.
De acuerdo con información publicada por Pemex y la Secretaría de Energía, se evidencia la fuerte tendencia decreciente que experimentan las reservas totales del país. Mientras que en 2000 el país contaba con 58 mil 204 millones de barriles como reservas totales, hoy, en el primer informe de 2006, solamente son 46 mil 417 millones de barriles. Las reservas totales han disminuido en más de 10 mil millones de barriles en sólo seis años.
No obstante la gravedad de ello, la realidad es aún más preocupante, porque al desagregar las reservas en los tres rubros que Pemex define como probadas; probables y posibles, constatamos que la disminución de las reservas probadas es aún más importante, ya que de 34 mil 103 millones de barriles en 2000, pasaron a sólo 16 mil 469 millones de barriles en este año, un decrecimiento de 17 mil 634 millones de barriles, o lo que es igual, una disminución en sólo seis años de 52 por ciento.
Es importante considerar que el nuevo régimen al que se someta la empresa más importante del país deberá hacer 100 por ciento deducibles de impuestos las inversiones en exploración de manera efectiva. Tanto en campos petroleros como, en su caso, para las nuevas explotaciones de los importantes yacimientos de gas con que cuenta México en la cuenca de Burgos, ello se traducirá en una mayor actividad petrolera, encaminada a incorporar más reservas de hidrocarburos y a aumentar los volúmenes de producción.
Con una revisión del nuevo régimen, se facilitará a Pemex Exploración y Producción alcanzar mayores niveles de producción y, fundamentalmente de restitución de reservas de forma gradual y económicamente viable. Dotemos a Pemex con la capacidad financiera para invertir en la exploración y, en su caso, explotación de los 15 mil 788 millones de barriles que significan las reservas probables y prospectar el desarrollo de las posibles.
Inversión es lo que requiere la paraestatal. El asfixiante régimen fiscal al que la Secretaría de Hacienda ha sometido a Pemex durante decenios ha estancado la inversión en refinación y petroquímica, con lo que nunca se fortaleció la posición de México como país exportador de plásticos y polímeros de alta calidad; la poca inversión que hace la paraestatal se destina fundamentalmente a exploración y producción. El resultado, México se ha convertido en país exportador de crudo e importador de petroquímicos y gasolinas.
Asimismo, se promovería un mantenimiento adecuado a las instalaciones petroleras al hacer deducible de impuestos los costos relacionados con esa actividad y, por tanto, podrá ser considerable la disminución de accidentes provocados por derramamiento de crudo, con lo que se beneficiará ecológicamente al país y las zonas de explotación y transporte del petróleo.
Actualmente el régimen fiscal de Pemex, producto del consenso de todos los grupos parlamentarios en la LIX Legislatura, continúa siendo sujeto de revisión, puesto que la paraestatal aún mantiene un esquema con importantes contribuciones fiscales que le dejan el mínimo para operar, la propuesta consiste en hacer efectiva la gradualidad en la disminución de la larga lista de contribuciones con que la paraestatal debe contribuir a Hacienda, que se compone por el derecho extraordinario sobre hidrocarburos equivalente a 79 por ciento del valor anual del petróleo crudo y gas natural extraído en el año, menos las deducciones permitidas; más los pagos por el derecho sobre la extracción de petróleo; más el derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo; más el derecho adicional sobre la extracción de petróleo; más el derecho sobre hidrocarburos; más aprovechamientos sobre rendimientos excedentes; más los impuestos a los rendimientos petroleros; más una larga lista de contribuciones por valor agregado, IEPS, impuestos a la importación de mercancías, etcétera.
Queda claro que conforme aumentó el premio por más recursos públicos, el régimen fiscal de Pemex se modificó para forzar una recaudación mayor de los ingresos que genera este organismo. Así, cuando se examina el resultado final en el presente, se concluye que el régimen fiscal posee todos los mecanismos de recaudación posibles para dejarle a Pemex lo estrictamente indispensable para su operación.
Pemex no puede continuar así, su régimen fiscal es sujeto de mejora y de compromiso tanto del Ejecutivo como del Legislativo, por hacer efectivos los cambios aprobados en su momento y por mantener vigente el esfuerzo por desarrollar, fortalecer, vincular nuevas fuentes de ingresos, evitar lo más posible perturbaciones en el flujo de las finanzas públicas y disminuir la dependencia de ingresos petroleros.
A su vez, se debe fortalecer el compromiso por permitirle a la empresa mejorar sus finanzas, su operatividad y su gestión, de tal manera que la disminución en las contribuciones anuales de Pemex a las finanzas públicas se vea compensada por mayores niveles reales de inversión en los diversos campos de la actividad petrolera.
Es imperante hacer un llamado para que Pemex no sea visto más como "la gallina de los huevos de oro"; si bien el argumento de que la riqueza petrolera debe ser distribuida en el país es valido, también es cierto que Hacienda ha visto en Pemex una mera fuente de ingresos con carácter eminentemente recaudatorio, y ha sido lamentablemente un estimulo perverso para mantener el tema de discusión de la reforma fiscal en un perpetuo impasse.
Cuando de origen se diseñó el régimen fiscal de Pemex predominó el objetivo recaudatorio, que a su vez estuvo motivado por una fuerte presión de gasto público para financiar los programas sociales del gobierno federal. Tal presión gubernamental tuvo su origen en las crisis económicas por las que el país transitó en la década de los ochenta y mediados de los noventa, que provocaron un empobrecimiento general de la sociedad mexicana.
Sin embargo, dicha riqueza petrolera que, se suponía, debía destinarse a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, ¡se dilapidó! Se desperdició en gasto corriente, traducido en altos sueldos para funcionarios públicos y dispendio del sindicato, y poco se destinó a favor del desarrollo nacional.
Esta abundancia petrolera fomentó que hoy 38 por ciento del gasto público aprobado por esta soberanía para el ejercicio fiscal de 2007 esté financiado por la renta petrolera; dicha dependencia sabemos y hemos visto ya, es muy peligrosa.
Aunado a lo anterior, también es momento de discutir el contrato colectivo de trabajo que el sindicato tiene firmado con la paraestatal Pemex, para operar con libertad y criterios que optimen la producción. Los lastres, sean estos fiscales o de otro carácter, llevarán a la bancarrota no sólo a la empresa más importante del país, sino al país mismo.
Hoy la responsabilidad que nos ocupa nos convoca a la decisión entre mantener las mismas prácticas codiciosas hasta secar el último de los pozos del país, o dar un giro de 180 grados para decidir que la riqueza del petróleo, en los cortos 10 años que nos quedan, se aproveche para invertir en desarrollo de tecnología, en canalizar recursos para la investigación en fuentes alternas de energía y, por supuesto, en educar a los mexicanos para aprovechar las oportunidades de este aún temprano siglo XXI.
Legisladores y legisladoras, liberemos a la paraestatal de este yugo fiscal e impulsemos al país, a Pemex y a los mexicanos a un nuevo rumbo, uno donde la riqueza petrolera sí sea fuente de desarrollo.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Para exhortar a las Comisiones Unidas de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a retomar los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, iniciado en la LIX Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A LLEVAR A CABO EL PROGRAMA
DE SALUD AUDITIVA, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR ARREDONDO IBARRA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Salvador Arredondo Ibarra, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo el Programa de la Salud Auditiva, basado en las siguientes
Consideraciones
Se estima que en México más de 8 millones de personas tienen problemas de audición en diversos grados, de los cuales 200 mil padecen sordera profunda y del 10 al 20 por ciento pueden ser candidatos a un implante coclear; una opción científica con la que podría recuperar la capacidad auditiva.
En México se inició con el Programa Multiinstitucional de Implantes Cocleares, en que participan el INER, el Hospital Infantil Federico Gómez y el Hospital General de México, los tres de la Secretaría de Salud.
El INER informa que el programa tiene como propósito presentar esta alternativa para las personas con sordera profunda, quienes hasta hace unos años estaban condenadas al mundo del silencio.
La sordera es la privación completa o parcial de la facultad de oír y puede deberse a múltiples causas. En el caso de la sordera profunda puede deberse a causas congénitas, enfermedades virales dentro del primer trimestre del embarazo y meningitis, entre otras. Hay dos tipos de sordera, la de conducción y la neurosensorial. La primera se debe a alteraciones del oído externo, desde el pabellón de la oreja, conducto, tímpanos y huesillos (martillo, yunque y estribo). En la actualidad este tipo de sordera puede resolverse a través de una cirugía que restituye los mecanismos de la conducción del sonido. Por ejemplo, si una persona nació sin conducto, o si se perforó el tímpano, se le puede crear el primero ó reparar el segundo (timpanoplastías). También se puede hacer una restitución de los huesillos, como sustituir el estribo por una prótesis.
A su vez, la sordera neurosensorial se origina por un defecto del oído interno o del nervio auditivo. Los otorrinolaringólogos apuntan que, para enfrentar la sordera del oído interno, la alternativa a ofrecer es la utilización de audífonos, siempre y cuando la sordera no sea profunda, ya que para estos casos, los audífonos brindan poca o nula utilidad. Asimismo, refiere que hace unos 20 años se comenzaron a realizar los implantes cocleares en diferentes partes del mundo (a la fecha se contabilizan alrededor de 30 mil).
El implante coclear consiste en colocar, mediante cirugía, un dispositivo electrónico de múltiples canales (electrodos) en el lugar del caracol afectado. El aparato cumple las funciones del oído interno dañado, y a través de él, los sonidos del exterior son procesados hasta el nervio auditivo sano. Una vez que cicatriza la herida, se procede a colocar un receptor en la parte posterior de la oreja, como un micrófono que se encarga de captar las ondas sonoras que son enviadas a un procesador (microcomputadora), que puede ser como un audífono para sordera o una caja del tamaño de una cajetilla de cigarros que se coloca en el cinturón o en un bolsillo. Este codifica los sonidos, en otras palabras, separa las diferentes frecuencias (graves, medias y agudas) y el estímulo acústico, convertido en señales eléctricas, es enviado a la parte del implante colocado en el oído interno que, al estimular al nervio auditivo, transmite las señales neuroacústicas al cerebro.
Son candidatos a una implante coclear las personas con sordera profunda bilateral (en los dos oídos) y en quienes los audífonos convencionales no les sirven por muy potentes que sean. Las personas cuyos audífonos les den una buena ganancia, definitivamente no son candidatos a este padecimiento.
En México se han realizado alrededor de 60 implantes, esto marca el inicio del programa multiinstitucional, y para el resto del año se aplicaran tres más. Dado el alto costo de los implantes, las donaciones de instituciones altruistas son muy importantes para la comunidad del programa.
Los convenios con el Hospital General Doctor Gea González de la Secretaría de Salud, y a la donación del acto quirúrgico por parte de los cirujanos, pueden eliminar el costo de la cirugía, lo que equivale a reducir casi en una tercera parte el costo del implante.
Por ello, la misión es llevar el tratamiento óptimo en el momento y con la mejor tecnología disponible para cada caso en particular, a cualquier persona que padezca hipoacusia profunda.
Como legisladores tenemos que ser la fuerza, trabajando junto con las instituciones que atienden este problema, para mejorar en México el manejo de la hipoacusia profunda, sistematizando y difundiendo los procesos de detección oportuna, selección de auxiliares y prótesis, calibración de las mismas y metodología de rehabilitación o habitación en su caso.
La selección de beneficiarios para asegurar el éxito del implante es contar con las evaluaciones médicas, psicológicas y de terapia de lenguaje que identifiquen al solicitante como candidato al implante coclear.
Por lo anterior, se considera que las personas poslocutivas con una sordera de poco tiempo de evolución, así como los niños implantados precozmente, por su mayor plasticidad neurosensorial, por lo que se considera que antes de los 3 años de edad es mejor este implante.
Por todo lo anterior, y en el ámbito de la competencia de la institución mencionada, me permito presentar ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo el Programa de la Salud Auditiva, el cual consistiría en:
2. Identificar a los niños menores de tres años con problemas de audición, ya que es más efectivo a esa edad y menos costoso.
3. Realizar las pruebas para valorar si un candidato puede o no llevar el implante coclear.
4. Realizar la operación para el implante coclear
5. Llevar a cabo la realización de la rehabilitación que dura un periodo de entre seis meses y un año.
6. Enseñar al portador del implante coclear el mantenimiento y cuidado para su buen funcionamiento posterior, así como indicar que las revisiones periódicas sean cada tres meses en un principio y posteriormente reducirse a dos veces por año.
Diputado Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA PGR PARA QUE INFORME SOBRE
LA SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE ERRADICACIÓN, Y DE SERVICIOS AÉREOS
DE DICHA DEPENDENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO BARREIRO PÉREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Armando Barreiro Pérez, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El personal técnico-operativo y administrativo de erradicación adscrito a la Unidad de Operaciones de la Agencia Federal de Investigaciones y de Servicios Aéreos dependiente de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República (PGR) organizó sus actividades sistemáticamente en su ejecución a partir de 1970, debido al aumento registrado en la siembra de plantíos ilícitos en el territorio nacional y como parte de los convenios de cooperación bilateral entre los gobiernos de México y de Estados Unidos de América para la lucha contra el narcotráfico, con la creación de la campaña permanente contra el narcotráfico. Así se inició la formación de personal especializado en el combate de la siembra y del cultivo de plantíos ilícitos, mediante la aspersión aérea de herbicidas con una metodología técnico-operativa funcional basada en la investigación y experimentación realizada por el mismo personal y que para poder cumplir esas actividades utilizaban helicópteros Bell y aviones Cessna con la infraestructura necesaria para desarrollar sus operaciones aéreas, como son instalaciones, hangares equipados para el mantenimiento de aeronaves y equipo logístico, y con procedimientos metodológicos de gabinete para la planeación, registro, análisis y seguimiento estadístico de los resultados obtenidos en sus operativos.
Esas actividades eran realizadas únicamente por la PGR, comprobándose los resultados mediante operaciones de supervisión en la destrucción de plantíos ilícitos de marihuana y amapola, y que los resultados obtenidos, así como la verificación de la eficiencia y eficacia en las acciones de erradicación hasta 2000, fueron avaladas por la NAS de Estados Unidos de América, y desde hace tres años con una periodicidad semestral, se evaluaron las actividades de la Dirección General de Erradicación y el desempeño de su personal mediante la certificación por la norma de calidad ISO-9001-2000.
Consideraciones
Con fecha 2 de enero de 2007, mediante el oficio número AFI/UDO/DGI/0053/20007, firmado por el director general de Intercepción, se notificó al personal que presta sus servicios en la Dirección General de Erradicación que, por instrucciones superiores y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54, fracciones I, X y XI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 134, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, dejan de prestar sus servicios en la mencionada dirección y que a partir de la misma fecha son comisionados hasta nueva orden al Cuerpo de Fuerzas Federales de la Policía Federal Preventiva, por lo que se les indica en el mismo oficio que se presenten de manera inmediata en las instalaciones de avenida Constituyentes número 947, colonia Belem de las Flores, delegación Miguel Hidalgo, donde permanecerán a las ordenes del general Héctor Sánchez Gutiérrez, coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo.
Quien firma el oficio a que hago referencia es el director general de Intercepción, y no el director general de Erradicación y que al hacerlo viola la garantía constitucional considerada en el artículo 16, en el primer párrafo, ya que todo mandato debe ser por escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El director general de Intercepción al hacerlo rebasa las atribuciones específicas reguladas en el artículo 65 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual en ninguna de sus fracciones le otorga atribuciones para comisionar al personal de la PGR a otras instituciones federales, y cuando menciona que por instrucciones superiores no especifica de sus superiores quién le dio las órdenes y tampoco muestra el oficio que pruebe de quien recibe la instrucción. Además, señala que la indicación es conforme a lo establecido en el artículo 134, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, la cual no es aplicable en forma directa a la situación laboral del personal técnico-operativo y administrativo de la Dirección de Erradicación, en virtud de que son trabajadores al servicio del Estado, debiendo ser aplicable en forma directa la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El oficio en comento invierte y altera sustancialmente las funciones y la situación jurídica del personal, toda vez que al comisionarlo a la Policía Federal Preventiva, cuerpo ajeno a la PGR, lo transforma de servidor público administrativo de base a policía federal preventivo, con funciones totalmente diferentes de las que tenía en la Dirección General de Erradicación.
Como consecuencia de lo anterior, se pretende hacer por vía administrativa una situación que no es legal, ya que lo dispuesto en la reforma integral en materia de justicia y seguridad presentada por la administración de Vicente Fox en el sentido de unificar a los cuerpos policiacos para crear una policía, la cual estará bajo el mando de un comisionado, si bien propuesto por el secretario del interior y designado y removido libremente por el Ejecutivo federal, resulta inconstitucional, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 21, primer párrafo, establece que la investigación y persecución de los delitos incumben al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía, la cual estará bajo su autoridad y mando inmediatos.
Por todo lo expuesto, presento respetuosamente el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia del procurador general de la República a fin de que informe sobre los mecanismos de coordinación de policía única en los recientes operativos en diversas entidades.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al procurador general de la República que informe acerca de la situación laboral actual del personal técnico-operativo y administrativo adscrito a la Dirección General de Erradicación, dependiente de la Agencia Federal Investigadora, y del personal de Servicios Aéreos de la Procuraduría General de la República que ha sido comisionado para formar parte del Cuerpo de Fuerzas Federales de la Policía Federal Preventiva.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al procurador general de la República a que se respeten todos los derechos laborales del personal mencionado en la presente proposición como lo establecido en sus condiciones generales de trabajo.
Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA A PROMOVER MEDIANTE LA COMISIÓN
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UNA REFORMA FISCAL INTEGRAL,
A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, a fin exhortar a la honorable Cámara de Diputados a promover, a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, una reforma fiscal integral, conforme a las siguientes
Consideraciones
Enrique Barón Crespo, distinguido miembro del Partido Socialista Obrero Español, señaló con toda la autoridad moral que representa ser un forjador de la reforma del sistema político español, que en su país, al término de la dictadura, construyeron la transición política de día y la reforma fiscal de noche.
Esto significa que no hay modelo político formulado en las voluntades que por sí mismo sostenga el proyecto de nación en el largo plazo; en todo caso, dicho esfuerzo debe ir acompañado de un esquema de participación fiscal tal que las promesas de la democracia se materialicen en hechos económicos y en beneficios tangibles para todos los habitantes de un país.
En Convergencia creemos que para consolidar la incipiente democracia en el país se requiere, por fuerza, construir los cimientos de nuestra nación sobre bases sólidas; por tanto, la decisión de llevar a cabo la reforma fiscal es un importante componente de todo este proceso encabezado por diversas voluntades políticas consensuadas y convergentes en el mismo punto, la solidez de la economía y la política del país con la reforma fiscal como contrafuerte.
La naturaleza de la discusión en torno a este tema ha sido ampliamente comentada en esta Cámara de Diputados durante años, la reforma fiscal y sus componentes llenan hojas de propuestas y de argumentaciones a favor o en contra de la misma.
En Convergencia creemos que el sistema fiscal, inclusive todo el sistema hacendario mexicano, debe ser reformulado, de tal manera que se tomen medidas que con carácter de largo plazo superen la visión de un esquema impositivo meramente recaudatorio.
Intención misma que en el pasado ha propuesto como aparente reforma el dar finiquito al régimen de exención en el cual se encuentran los alimentos y medicinas., en claro detrimento de aquellos sectores a los que se presume ayudar
¡Consideramos que una reforma fiscal que vulnere a los sectores populares es inadmisible!
Los legisladores de Convergencia, en el marco que significa el Frente Amplio Progresista, creemos en que la reforma debe trascender hacia un espectro de opciones en el que el Estado aumente y consolide sus fuentes de ingresos, con la aportación de todos los sectores sociales pero fundamentalmente de los grupos que hoy por su posición privilegiada no pagan o pagan muy pocos impuestos.
Tenemos señores legisladores, la obligación de poner en la mesa el debate y discutir de manera seria y ordenada el asunto: ¿cuál es la política fiscal de interés nacional para los próximos años?
Nos hemos puesto de acuerdo en algo, que la recaudación fiscal pase este año de 10.5 por ciento a 12.5 por ciento del PIB; consideramos que no está mal, pero que a todas luces, es insuficiente.
Un esfuerzo de responsabilidad conjunta de todas las partes que componen la Cámara, deberá resultar en el desarrollo de una reforma fiscal progresiva y de largo plazo.
Y sí, ¡es posible! De acuerdo con informes sobre el desarrollo mundial, publicados por el Banco Mundial, países como Italia pasaron de una recaudación de 29 por ciento del PIB en 1980 a 38.4 por ciento en 1995; España, en el mismo periodo, transitó de 22.2 por ciento a 28.7 por ciento; en América Latina, Costa Rica logró avanzar de 16.8 por ciento de su producto en 1980 a 23.5 por ciento en 1996.
Señores legisladores, ¡es necesario!
De acuerdo con la revista de estadísticas que edita la OCDE, en países como Francia los ingresos del gobierno central son del orden del 43.7 por ciento del PIB, de 50.7 por ciento en Suecia, 34.6 por ciento en Alemania, y de 24.6 por ciento en el caso de Corea del Sur.
Ello contiene efectos desencadenadores de diversas economías en el sector productivo y de mayores niveles de bienestar para los habitantes, porque el Estado se encuentra fiscalmente mejor preparado para cumplir con sus funciones de asignación de bienes y servicios e inclusive de desarrollar infraestructura productiva en aras de atraer y generar inversión así como fuentes de empleo.
Aunado a lo anterior, amigos y amigas, la reforma fiscal en nuestro país es de urgente y obvia resolución, por que la principal fuente de ingresos, el petróleo se está agotando, hoy estos ingresos componen el 40 por ciento del gasto público.
Por esta razón, en Convergencia indicamos que la reforma fiscal para este inicio de siglo deberá estar fincada en fuentes de ingreso estables, internas y de largo plazo.
Significa reconocer que las medidas por instrumentar tienen están relacionadas no sólo con ampliar la base de contribuyentes, lo cual evidentemente es recomendable, y en lo cual creemos; también tiene que pasar por la toma de decisiones que implican, sin dudas, afectar los intereses de grandes empresas y corporaciones que no pagan impuestos o que pagan muy poco.
Significa, de igual manera, asumir el costo político de efecto cortoplacista, e intercambiarlo por el beneficio nacional de largo plazo que resultará de una reforma fiscal, socialmente responsable.
También, tomemos en cuenta la opinión de los ciudadanos, a quienes representamos, y quienes tienen mucho que decir a este respecto, por que ellos deberán ser los primeros beneficiados en cualquier esquema que sea adoptado.
Los ciudadanos, de acuerdo con un estudio publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara manifiestan que:
El régimen fiscal de Petróleos Mexicanos compete también a la discusión de la reforma fiscal; en este sentido, debe establecerse un correlato entre el fortalecimiento de los ingresos fiscales basados en fuentes distintas al petróleo y la posibilidad de que la paraestatal perciba una disminución gradual en las contribuciones que hace a la hacienda pública, como actualmente marca la Ley Federal de Derechos, que sigue estando sujeta de revisión, para que de esta manera la empresa más importante del país este en posibilidades de realizar mayores inversiones en producción, explotación y petroquímica. Con lo que además se retome la discusión sobre fortalecer a la paraestatal, con mayores grados de libertad de gestión administrativa, financiera y laboral.
Por supuesto, creemos también que debe existir transparencia en el ejercicio de los recursos por parte de Hacienda, por informar oportunamente del destino del gasto que tiene el uso del dinero de todos los mexicanos y que de esta manera, los habitantes se encuentren más comprometidos en cuanto a su corresponsabilidad social.
Señores legisladores, compañeros todos, el tiempo para ampliar las fuentes de ingresos públicos, con bases sólidas, constantes y de largo plazo es aquí y ahora. No podemos esperar más, es quizá la última oportunidad que tenemos para alentar los cambios requeridos en México en estos primeros años del siglo XXI, y que por medio de la conducción de la Cámara de diputados se lleve al país a buen puerto.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
A fin de exhortar a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se promueva una reforma fiscal integral, socialmente responsable, que disminuya la dependencia de los Ingresos Petroleros, que surja de la convergencia de todas las corrientes representadas en la Cámara de Diputados y sea capaz de privilegiar los intereses de la sociedad mexicana por encima de los poderosos monopolios económicos del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE COAHUILA A DAR A CONOCER ALGUNOS ASPECTOS SOBRE
LA TRAGEDIA DE LA MINA DE CARBÓN DE PASTA DE CONCHOS, EN SAN JUAN
DE SABINAS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL SANDOVAL MUNGUÍA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito Juan Manuel Sandoval Munguía, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador constitucional del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, para que dé a conocer algunos aspectos sobre la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.
Consideraciones
Primera. Que tenemos como antecedentes más importantes, que el día 19 de febrero del 2006, se suscitó un siniestro dentro de la mina 8, propiedad de la empresa Industrial Minera México, SA de CV.
Segunda. Que en ese triste acontecimiento perdieron la vida 65 personas y 11 sufrieron lesiones, motivo por el cual se inició, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, a través del agente del Ministerio Público de la ciudad de Nueva Rosita, municipio de Sabinas, en esa entidad federativa, la averiguación previa 73/2006, en contra de quien o quienes resulten responsables, la cual actualmente se encuentra en integración.
Tercera. Que la empresa minera informó que el 23 de junio de 2006, fue encontrado el cuerpo de quien en vida respondió al nombre de Felipe de Jesús Torres Reyna, cuyo cadáver se localizó en la parte inferior de un derrumbe, debajo de una viga de madera y dos vigas metálicas en el interior del diagonal 9 ubicado a 500 metros de la plataforma.
Cuarta. Que la empresa de referencia está catalogada con grado de riesgo 5, el cual en términos del Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, está considerado como de actividad peligrosa, ya que esto implica un conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo que generan condiciones inseguras y sobre exposición a los agentes físicos, químicos o biológicos, capaces de provocar daño a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo.
Quinta. Que la existencia de condiciones de seguridad e higiene que no se ajustan a los ordenamientos legales en la materia, impiden garantizar íntegramente la salud y la vida de los trabajadores, como lo establece la fracción XV del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Sexta. Que si bien es cierto, ya había sido creada la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Coahuila, existe un periodo de inactividad que no es subsanada de manera alguna por la creación del denominado Comité de Seguridad de la Región Carbonífera, mismo en el que participan diferentes autoridades de los niveles estatal y federal, así como representantes de los productores de carbón de esa región. Cabe mencionar que el citado comité no cuenta con los instrumentos jurídicos que le otorguen validez ante otras instancias.
Septima. Que la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Coahuila, a que se refiere el artículo 512-B de la Ley Federal del Trabajo, quien contará para su desarrollo, con la participación del gobierno estatal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de dos representantes designados por cada uno de los sectores, obrero y patronal, la que debe cumplir con las atribuciones que establecen los artículos 121 y 122 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo.
Octava. Que la honorable Cámara de Diputados, preocupada por los graves acontecimientos detallados con anterioridad, se dio a la tarea de crear la Comisión Especial, instituída para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, motivo por el cual confiamos en que ya existe un organismo que se encargará de reunir los elementos necesarios para dar un resultado final.
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales ya citadas, me permito someter a la consideración de este Pleno, del segundo periodo de sesiones del primer año de ejercicio de la LX Legislatura, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. En relación con las explosiones ocurridas en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, se exhorta al gobernador constitucional del mismo estado, Humberto Moreira Valdés, a que:
2. Se dirija con toda objetividad, respetando la competencia de cada una de las instancias y niveles de gobierno, al fallo de un peritaje que no permita la fabricación de culpables, sin que se realicen las investigaciones necesarias.
3. Dé a conocer su respuesta a la Comisión Especial de la honorable Cámara de Diputados, creada para conocer las responsabilidades y origen de esa tragedia.
Diputado Juan Manuel Sandoval Munguia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SCJN QUE NOMBRE COMISIONADOS ESPECIALES PARA INVESTIGAR
LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE OAXACA, A CARGO DE
LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre comisionados especiales, para que averigüen los hechos que constituyen graves violaciones de las garantías individuales de la población que permanente o temporalmente reside o habita en el estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad de intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la investigación de algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual la cual puede practicarse de oficio, cuando este máximo tribunal de la República lo estime conveniente, o a petición de parte, pero no de cualquier sujeto indeterminado, sino exclusivamente cuando lo solicite el titular del Poder Ejecutivo o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado.
Sin duda, la facultad investigadora que el Poder Constituyente Permanente le otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la ley suprema, hacen que ésta se erija como un verdadero poder ante delicados temas de violaciones graves a las garantías individuales.
Hoy, a más de ocho meses de haberse iniciado el conflicto social en el estado de Oaxaca y de existir, todavía, constantes violaciones graves a las garantías individuales de los habitantes permanentes o temporales de dicha entidad, se ha conformado el escenario ideal para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad investigadora. Hoy, ante la falta de soluciones a este grave conflicto social es necesaria la voluntad y decisión de los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia para investigar un asunto que requiere de información veraz, investigación imparcial y autoridad moral para ser resuelto.
Sobre las violaciones graves a las garantías individuales, nuestro máximo órgano constitucional ha establecido en la tesis P. LXXXVI/96. "Garantías individuales. Concepto de violación grave de ella para los efectos del "segundo párrafo del artículo 97 constitucional.", la definición de ellas, citada a continuación:
"Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un ‘estado de cosas’, acaecidos en una entidad o región determinadas, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas, con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones; b) Que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien, que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales."
En este tenor, las violaciones graves a las garantías individuales de los oaxaqueños y de las personas que habitan en dicha entidad ha sido una constante desde que Ulises Ruiz Ortiz tomó protesta del cargo a gobernador constitucional del estado de Oaxaca.
Sin embargo, la situación de violaciones a los derechos humanos en dicha entidad federativa, quedaron de manifiesto a nivel nacional e internacional con el estallido el 22 de mayo del 2006 del conflicto magisterial, aunado a la irrupción en el Hotel del Magisterio en la madrugada del 14 de junio de cientos de policías estatales fuertemente armados para desalojar a los maestros que ocupaban el Zócalo de la capital de Oaxaca.
Desde ese día a la fecha, son situaciones cotidianas en la vida de los habitantes del estado de Oaxaca, la represión, las agresiones físicas, las privaciones ilegales de la libertad, los lesionados, los homicidios, el despliegue de fuerzas policiales, los ataques de los grupos de choque del gobierno estatal, las violaciones a las garantías de legalidad, audiencia y debido proceso de los detenidos, entre otros. Pero desgraciadamente, estos hechos provocan la interrupción del orden constitucional, destruyen el estado de derecho y provocan la ingobernabilidad.
La tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la definición y alcance de las violaciones graves a las garantías individuales se actualiza de manera perfecta para los lamentables acontecimientos que han sucedido en el estado de Oaxaca.
Desafortunadamente, es el propio gobernador constitucional de Oaxaca, quien haciendo caso omiso de su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución, ha violentado a las personas que habitan en dicha entidad pues su gobierno ha propiciado continuas agresiones hacia sus gobernados, como se demostrará con los siguientes hechos:
b) Las muertes de numerosas personas desde que se inició el conflicto magisterial:
El 11 de agosto murió José Jiménez Colmenares tras recibir un impacto de bala en el corazón durante una marcha organizada por el magisterio y la Asamblea Popular para exigir la liberación de los presos políticos.
El 22 de agosto murió Lorenzo San Pablo, quien trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado y apoyaba a la Asamblea Popular. Su muerte se registró durante un operativo conjunto que las policías Ministerial, Preventiva y Municipal organizaron en contra de los manifestantes que tenían tomada la estación radiofónica "La Ley".
El 3 de octubre murió el policía popular Arcadio Hernández Santiago en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, donde los pobladores, simpatizantes de la APPO, desconocieron al presidente municipal. Justamente un enfrentamiento entre la policía municipal y la popular fue lo que originó la muerte de este hombre, pues la gresca terminó en balacera.
El 5 de octubre fue asesinado el maestro Jaime René Calvo Aragón. Fue degollado por dos sujetos que lo interceptaron antes de abordar su automóvil. El profesor pertenecía al grupo disidente de la Sección 22, al Consejo Central de Lucha, y esa noche se dirigía a una reunión de trabajo en donde se analizaba la reapertura de escuelas en el estado.
El 14 de octubre Alejandro García Hernández de 39 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza la madrugada del sábado, cuando se encontraba en la barricada "14 de Junio" ubicada en la avenida Símbolos Patrios.
El 27 de octubre son asesinados el camarógrafo neoyorquino Bradley Roland Hill, el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxicha, y el comunero Esteban Ruiz.
El 29 de octubre muere, por el impacto de una bomba de gas en la boca del estómago, el enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Alberto José López Bernal.
c) Algunos datos documentados por diversos medios indican que se afectaron a más de un millón 300 mil alumnos por la falta de clases pues se cerraron 42 mil escuelas lo que originó que se perdieran dos meses del ciclo escolar 2006-2007, representando pérdidas por más de 5 mil millones de pesos.
d) La cancelación de la festividad de La Guelaguetza, provocó pérdidas por 330 millones de pesos para hoteleros y restauranteros. Las protestas redujeron el turismo en un 75 por ciento que, a su vez, causó una pérdida económica para la ciudad de Oaxaca de cuando menos 45 millones de dólares, ya que se estima que el sector hotelero y los comerciantes sufrieron pérdidas por 5 y 9 millones de pesos diarios, respectivamente, mientras duró el conflicto. Además, 1,500 locales de los mercados 20 de Noviembre y Benito Juárez fueron afectados.
e) Se tomaron más de 10 edificios públicos, se cerraron 25 hoteles y 30 comercios, lo que generó que 1,500 personas perdieran sus empleos y 20 mil empleados fueran dados de baja en el IMSS.
f) El 26 de octubre del año próximo pasado se escuchó en la frecuencia modulada 99.1, la llamada "Radio Ciudadana", en la cual se transmitían mensajes en contra de los maestros y de la APPO, su locutor nunca reveló su identidad, omitió decir desde dónde transmitía y anunciaba, y daba como número telefónico para recibir llamadas a micrófono abierto, un número falso, pues entraba al dial una estación pirata del propio gobierno. Las voces de supuestos radioescuchas que "llamaban" a ese número fantasma coincidían al usar lenguaje violento contra los maestros, la APPO y los que demandaban la caída del gobernador, exigían "mano dura" y prodigaban elogios al "góber que sí sabe amarrarse los pantalones".
g) El 27 de octubre se suscitaron más actos de violencia en la ciudad de Oaxaca. Desde las 10 de la mañana comenzaron balaceras y algunos desconocidos brincaron la barda del campus de Ciudad Universitaria y prendieron fuego a las oficinas de la dirección de la Facultad de Derecho, con la intención de distraer la atención de los estudiantes que resguardaban las instalaciones de Radio Universidad, pues un grupo de encapuchados vestidos de negro pretendieron ingresar para tomarla.
Poco después hubo más disparos en el puente de El Rosario, donde fue levantado el mecánico Gerardo Sánchez, quien fue recluido en el penal de Tlacolula acusado de disparo de arma de fuego.
Desde las 5 de la tarde, la capital oaxaqueña vivió un escenario de represión, las zonas donde se ejerció mayor violencia fueron las de Santa Lucía del Camino y La Experimental, ya que las policías ministerial y preventiva, respaldadas por presuntos militantes del PRI, atacaron a balazos barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), resultando muertos el camarógrafo neoyorquino Bradley Roland Hill, el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxicha, y el comunero Esteban Ruiz, además de 23 personas heridas por arma de fuego. El fotógrafo Oswaldo Ramírez, del periódico Milenio, recibió un rozón de bala en la rodilla izquierda. Los hombres armados con cuernos de chivo, escuadras 9 milímetros y revólveres 38 súper, dispararon al fotógrafo Raúl Estrella, de El Universal, quien resultó ileso.
Algunos testigos aseguran haber visto salir de ahí a Pedro Carmona, ex presidente de la colonia Felipe Carrillo Puerto, quien habría disparado contra el documentalista, y a Manuel Aguilar, El Gato, jefe de personal del ayuntamiento y primo del dirigente de la CROC, David Aguilar Robles, actual diputado local del PRI.
h) El 28 de octubre el municipio de Santa María Coyotepec cumplía varios días de estar sitiado por comandos armados organizados por el presidente municipal Jorge Pablo, estos comandos mantenían bloqueados todos los accesos al pueblo, carretera, caminos vecinales y hasta las veredas rurales e impedían reiteradamente el ingreso de enviados de las organizaciones civiles de derechos humanos, de párrocos y familiares de los detenidos y periodistas; es de señalarse que varios heridos no fueron llevados a la Cruz Roja, sino sacados por atrás de la comisaría y subidos en un camión de volteo, como parte de los 17 detenidos que fueron ingresados en la cárcel de Miahuatlán, a dos horas de distancia.
A decir de las autoridades, estos últimos hechos provocaron que la Policía Federal Preventiva (PFP) entrara a la ciudad de Oaxaca, el domingo 29 de octubre. El operativo inició a las 13 horas, y no fue sino hasta las 16 horas que la PFP pudo avanzar a las primeras calles del Zócalo de la ciudad. El operativo policiaco-militar fue realizado en un ambiente de enfrentamientos y protestas contra su presencia en esa ciudad.
El gobierno oaxaqueño frente a un desorden generalizado, fue omiso, negligente e impotente, por lo que tuvieron que hacer el llamado al gobierno federal para controlar la situación, pero no para reestablecer el orden constitucional y mucho menos hacer valer el respeto irrestricto a las garantías individuales. Lo anterior es así, toda vez que los integrantes de la Policía Federal Preventiva que se encontraban en dicha entidad federativa, siguieron con las violaciones a las garantías individuales, detenciones arbitrarias, traslados de los detenidos a penales de alta seguridad y de otras entidades federativas.
i) El 30 de octubre después de la toma de la capital de Oaxaca elementos de la Policía Federal Preventiva allanaron locales del pasaje comercial Alberto Canseco Ruiz, ubicado debajo del quiosco del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, saquearon dichos comercios, robaron refrescos, botellas de agua, bolsas de papas fritas, e inclusive se llevaron carnes frías, una televisión, un horno de microondas y un minicomponente de una tortería. Rompieron las cortinas de un puesto de periódicos ubicado frente a Catedral.
j) El 2 de noviembre grupos policíacos implementan el Operativo Juárez 2006, el cual duró aproximadamente siete horas, su objetivo era liberar la circulación en Cinco Señores y la avenida Universidad, entre el Periférico y la avenida del Sol, pero grupos de supuestos priístas y policías estatales, identificados inclusive por la Secretaría de Gobernación, dificultaron el avance de la Policía Federal Preventiva, generando más violencia.
Al inicio de la operación para liberar las vialidades, la policía federal había dado una muestra de distensión al liberar a dos personas, pero a las ocho de la mañana los grupos ligados al PRI lanzaron cohetones a los agentes y así comenzó el embate. En Ciudad Universitaria y en el crucero de Cinco Señores, miles de estudiantes, docentes y empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, padres de familia y habitantes de distintas comunidades, repelieron a los uniformados y en el campus de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) fueron disparadas contra ellos cientos de granadas de gas lacrimógeno y agua a presión desde las tanquetas con lo que resultaron heridas 40 personas y 22 más en las inmediaciones, así como 10 policías, cuatro de ellos graves. La policía detuvo a 30 personas, quienes fueron golpeados.
A causa de las bombas molotov con fragmentos de metal y clavos y piedras fueron heridos los fotógrafos de Proceso, Miguel Dimayuga y Germán Canseco, y de El Universal, Daniel Jaramillo, quien fue trasladado en helicóptero al hospital de la 28 Zona Militar, un cohetón le estalló cerca al camarógrafo del Canal 9 de la televisión estatal, Jorge Brindis, y el fotógrafo de Centro Medios Libres, Mario Mosqueda Hernández, fue golpeado por varios policías, que lo hirieron con toletes en la cabeza, la espalda y un brazo.
k) El 19 de noviembre agentes de la Policía Federal Preventiva apostados en uno de los retenes instalados en los alrededores de la Plaza de la Constitución, agredieron con agua a la que le pusieron chile piquín, a los participantes de una marcha pacífica convocada por la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (Como) Primero de Agosto y organizaciones feministas. La movilización fue para protestar por el abuso sexual que sufrió una señora de 48 años a manos de efectivos de la PFP, así como por otros casos de hostigamiento y acoso. En el incidente resultó afectado el fotógrafo del diario Reforma, Tomás Martínez.
l) El 20 de noviembre, por casi cuatro horas, agentes de la Policía Federal Preventiva y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca se enfrentaron en las calles del centro histórico de la capital, con un saldo de 53 intoxicados y lesionados por parte de los miembros del magisterio y la asamblea popular, y al menos cinco elementos de dicha corporación. Tres de los seguidores de la APPO fueron reportados graves al diagnosticárseles traumatismo craneoencefálico por golpes, y uno presentó un impacto en la pierna por un proyectil de gas lacrimógeno. Francisco Olvera y Octavio Velez Ascencio de La Jornada, fueron perseguidos pistola en mano por agentes federales. Los fotógrafos de las agencias Efe y Reuters, Patricia Domínguez y Jorge Luis Plata, así como el camarógrafo de Tv Azteca Alejandro Domínguez Juárez fueron agredidos por elementos de la PFP. Mientras, el reportero de El Universal Alejandro Torres recibió un impacto de gas lacrimógeno en la pierna izquierda, que no tuvo mayores consecuencias.
m) El 21 de noviembre en la madrugada, aproximadamente 30 hombres armados y vestidos de civil, algunos con el rostro cubierto, incendiaron el campamento central de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, instalado en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán, a tres cuadras de los retenes establecidos por la Policía Federal Preventiva alrededor de la Plaza de la Constitución.
n) El 25 de noviembre, durante la marcha de la APPO en el centro histórico de la capital del estado de Oaxaca, se dieron enfrentamientos entre éstos y la Policía Federal Preventiva, los cuales tuvieron como resultado más de 140 heridos y 100 detenidos; y fueron incendiados numerosos inmuebles públicos y privados, entre otros: los edificios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Poder Judicial Federal, el Teatro Juárez, ex sede del Congreso local, las oficinas de la Secretaría de Turismo de la entidad. También fueron dañados los edificios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Registro Público de la Propiedad, la Facultad de Sociología de la UABJO y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad. De igual forma, sufrieron daños por bombas molotov el hotel Camino Real y otras dos casonas sobre la calle Macedonio Alcalá, donde se reportaron algunos de los combates más fuertes esa tarde y noche. Asimismo, fueron incendiados diferentes establecimientos comerciales, así como decenas de automóviles y autobuses.
I. Las violaciones graves de garantías a que se refiere el artículo 97 constitucional, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas". Por economía únicamente señalaremos algunos de los hechos generalizados que han sucedido en el estado de Oaxaca:
B. El 27 de octubre, la capital oaxaqueña vivió un escenario de represión, las zonas donde se ejerció mayor violencia fueron las de Santa Lucía del Camino y La Experimental, ya que las policías ministerial y preventiva, respaldadas por presuntos militantes del PRI, atacaron a balazos barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), resultando muertos el camarógrafo neoyorquino Bradley Roland Hill, el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxicha, y el comunero Esteban Ruiz, además de 23 personas heridas por arma de fuego. El fotógrafo Osvaldo Ramírez, del periódico Milenio, recibió un rozón de bala en la rodilla izquierda. Los hombres armados con cuernos de chivo, escuadras 9 milímetros y revólveres 38 súper, dispararon al fotógrafo Raúl Estrella, de El Universal, quien resultó ileso.
C. El 25 de noviembre durante la marcha de la APPO en el centro histórico de la capital del estado de Oaxaca, se dieron enfrentamientos entre éstos y la Policía Federal Preventiva, lo cuales tuvieron como resultado más de 140 heridos, 100 detenidos y fueron incendiados numerosos inmuebles públicos y privados, entre otros: los edificios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Poder Judicial Federal, el Teatro Juárez ex sede del Congreso local, las oficinas de la Secretaría de Turismo de la entidad. También fueron dañados los edificios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Registro Público de la Propiedad, la Facultad de Sociología de la UABJO y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad. De igual forma, sufrieron daños por bombas molotov el hotel Camino Real y otras dos casonas sobre la calle Macedonio Alcalá, donde se reportaron algunos de los combates más fuertes esa tarde y noche. Asimismo, fueron incendiados diferentes establecimientos comerciales así como decenas de automóviles y autobuses.
En el estado de Oaxaca han acaecido los hechos señalados.
III. Su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas, con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad.
Los acontecimientos sucedidos en el estado de Oaxaca no han sido afrontados ni resueltos por las autoridades constituidas, con estricto apego al principio de legalidad, sino todo lo contrario, baste para demostrarlo lo sucedido el 11 de agosto de 2006, cuando murió José Jiménez Colmenares tras recibir un impacto de bala en el corazón durante una marcha organizada por el magisterio y la Asamblea Popular para exigir la liberación de los presos políticos; y el 22 del mismo mes y año murió Lorenzo San Pablo, quien trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado y apoyaba a la Asamblea Popular. Su muerte se registró durante un operativo conjunto que las policías Ministerial, Preventiva y Municipal organizaron en contra de los manifestantes que tenían tomada la estación radiofónica "La Ley". Asimismo, el 3 de octubre del mismo año murió el policía popular Arcadio Hernández Santiago en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, donde los pobladores, simpatizantes de la APPO, desconocieron al presidente municipal. Justamente un enfrentamiento entre la policía municipal y la popular fue lo que originó la muerte de este hombre, pues la gresca terminó en balacera.
IV. Se producen, en consecuencia, violaciones de los derechos fundamentales de los individuos.
El gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y el entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, violaron los derechos fundamentales de los habitantes del estado al ordenar que las fuerzas de seguridad pública agredieran a los ciudadanos de Oaxaca en lugar de protegerlos, como sucedió el 19 de noviembre de 2006 cuando agentes de la Policía Federal Preventiva apostados en uno de los retenes instalados en los alrededores de la Plaza de la Constitución, agredieron con agua a la que le pusieron chile piquín, a los participantes de una marcha pacífica convocada por la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (Como) Primero de Agosto y organizaciones feministas. La movilización fue para protestar por el abuso sexual que sufrió una señora de 48 años a manos de efectivos de la PFP, así como por otros casos de hostigamiento y acoso. En el incidente resultó afectado el fotógrafo del diario Reforma Tomás Martínez.
V. La grave violación de garantías individuales se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad material.
El costo económico del conflicto ha sido enorme para los habitantes de Oaxaca, según se demuestra con las siguientes cifras: la cancelación de la festividad de La Guelaguetza, provocó pérdidas por 330 millones de pesos para hoteleros y restauranteros. Las protestas redujeron el turismo en un 75 por ciento que, a su vez, causó una pérdida económica para la ciudad de Oaxaca de cuando menos 45 millones de dólares, ya que se estima que el sector hotelero y los comerciantes sufrieron pérdidas por 5 y 9 millones de pesos diarios, respectivamente, mientras duró el conflicto. Además, 1,500 locales de los mercados 20 de Noviembre y Benito Juárez fueron afectados.
VI. La grave violación de garantías individuales se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad social
El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ha fallado en su obligación de procurar seguridad social a sus gobernados como se demuestra con que se hayan tomado numerosos edificios públicos, se hayan cerrado 25 hoteles y 30 comercios, lo que generó que 1,500 personas perdieran sus empleos y 20 mil empleados fueran dados de baja en el IMSS. Asimismo, algunos datos documentados por diversos medios indican que se afectaron a más de un millón 300 mil alumnos por la falta de clases, se cerraron 42 mil escuelas y se perdieron dos meses del ciclo escolar 2006-2007.
VII. La grave violación de garantías individuales se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad política.
El pueblo de Oaxaca ha vivido en un clima de inseguridad política pues ha sido agredido por sus autoridades en repetidas ocasiones, según ha sido narrado por habitantes de la localidad, como lo sucedido en el municipio de Santa María Coyotepec, cuando el 28 de octubre de 2006 cumplía varios días de estar sitiado por comandos armados organizados por el presidente municipal Jorge Pablo, estos comandos mantenían bloqueados todos los accesos al pueblo, carretera, caminos vecinales y hasta las veredas rurales e impedían reiteradamente el ingreso de enviados de las organizaciones civiles de derechos humanos, de párrocos y familiares de los detenidos y periodistas; es de señalarse que varios heridos no fueron llevados a la Cruz Roja, sino sacados por atrás de la comisaría y subidos en un camión de volteo, como parte de los 17 detenidos que fueron ingresados en la cárcel de Miahuatlán, a dos horas de distancia. Otro ejemplo de la inseguridad política que han vivido los habitantes de Oaxaca sucedió el 3 de octubre del 2006 cuando murió el policía popular Arcadio Hernández Santiago en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, donde los pobladores, simpatizantes de la APPO, desconocieron al presidente municipal. Justamente un enfrentamiento entre la policía municipal y la popular fue lo que originó la muerte de este hombre, pues la gresca terminó en balacera.
VIII. La grave violación de garantías individuales se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad jurídica.
El gobierno oaxaqueño ha violado las garantías individuales de sus gobernados al propiciar el estado de inseguridad jurídica en el que han vivido en los últimos meses, pues frente a un desorden generalizado, fue omiso, negligente e impotente, para resolverlo conforme a la ley, por lo que tuvo que hacer un llamado al gobierno federal para controlar la situación, pero no para reestablecer el orden constitucional y mucho menos hacer valer el respeto irrestricto a las garantías individuales. Lo anterior es así, toda vez que los integrantes de la Policía Federal Preventiva que se encontraban en dicha entidad federativa, cometieron violaciones sistemáticas a las garantías individuales de los pobladores, detenciones arbitrarias y traslados de los detenidos a penales de alta seguridad y de otras entidades federativas.
IX. Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones.
Es incuestionable que Ulises Ruiz no solamente ha fallado al proteger a la población que gobierna sino que ha propiciado actos violentos en contra de ella, según él, con la intención de reestablecer el orden, pero sin importarle que con su actuar violara los derechos de sus gobernados y de las instituciones. Lo anterior se demuestra plenamente con lo sucedido el 27 de octubre de 2006, cuando la capital oaxaqueña vivió un escenario de represión, las zonas donde se ejerció mayor violencia fueron las de Santa Lucía del Camino y La Experimental, ya que las policías ministerial y preventiva, respaldadas por presuntos militantes del PRI, atacaron a balazos barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), resultando muertos el camarógrafo neoyorquino Bradley Roland Hill, el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxicha, y el comunero Esteban Ruiz, además de 23 personas heridas por arma de fuego. El fotógrafo Osvaldo Ramírez, del periódico Milenio, recibió un rozón de bala en la rodilla izquierda. Los hombres armados con cuernos de chivo, escuadras 9 milímetros y revólveres 38 súper, dispararon al fotógrafo Raúl Estrella, de El Universal, quien resultó ileso.
X. Que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad.
Es innegable que Ulises Ruiz no supo controlar el desorden generalizado que durante meses asoló a la ciudad de Oaxaca, su actuar como gobernante fue omiso y negligente pues falló en encauzar las relaciones pacíficas de su comunidad, lo que se demuestra con la represión que ha ejercido contra los ciudadanos de Oaxaca, las agresiones físicas de que han sido objeto, las privaciones ilegales de la libertad, los lesionados, los homicidios, el despliegue de fuerzas policiales, las violaciones a las garantías de legalidad, audiencia y debido proceso de los detenidos. Estamos conscientes que algunos ciudadanos oaxaqueños actuaron contrario a la ley, pero eso no justifica que el Estado viole sus garantías individuales. Si algún ciudadano infringió la ley deberá ser sometido a un proceso justo y sancionado conforme lo determinen las leyes.
XI. Que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.
Ulises Ruiz ha demostrado una total indiferencia en obtener el respecto a las garantías individuales de sus gobernados, pues en lugar de propiciar un ambiente de tranquilidad, seguridad y respeto en su entidad, ha propiciado el terror, el desorden y la ingobernabilidad.
Al actualizar cada uno de los elementos de la definición del concepto de "violaciones graves de las garantías individuales", se comprueba el distanciamiento constitucional que ha sido una constante en el gobierno de Ulises Ruiz y se demuestra de manera fehaciente la grave crisis de ingobernabilidad y de violencia que vivió el pueblo de Oaxaca y que hace insoslayable el llamado del Poder Legislativo para que intervenga, en consecuencia, el máximo órgano jurisdiccional del país y nos acerquemos un poco al camino de la justicia y de la dignidad que nuestro pueblo reclama.
El Estado mexicano, requiere de un cambio real y profundo y lo requiere con urgencia; la presión es mucha y sería deseable que los integrantes del alto tribunal, decidieran investigar los hechos que constituyen graves violaciones a las garantías individuales de los habitantes permanentes y temporales en el estado de Oaxaca.
Hacemos este llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues desgraciadamente la impunidad campea en Oaxaca. A pesar de que el gobernador Ulises Ruiz ha violado de manera grave las garantías individuales de sus gobernados, sigue intocable en su puesto. Las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han sido rechazadas por el entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, argumentando que los hechos narrados por la Comisión son "fantasías que nunca sucedieron".
Es pues entonces imprescindible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercite su facultad de investigación de los hechos que constituyeron graves violaciones de las garantías individuales de los habitantes del estado de Oaxaca, pues además de ser procedente, su intervención sería de gran ayuda para restaurar el Estado de derecho en la entidad y reestablecer la seguridad jurídica para la sociedad oaxaqueña.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo prescrito por el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre comisionados especiales, para que averigüen sobre los sucesos, que se han hecho de su conocimiento mediante el presente documento, que constituyen graves violaciones a las garantías individuales de la población que permanente o temporalmente reside o habita en el estado de Oaxaca.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los trece días del mes de febrero de 2007.
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica),
Carlos Altamirano Toledo, Othón Cuevas Córdoba, Joaquín
Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora, Daisy Selene Hernández
Gaytán, Benjamín Hernández Silva, Carlos Roberto Martínez
Martínez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A DICTAMINAR LA INICIATIVA
DE LEY PARA DESPENALIZAR EL DELITO DE DIFAMACIÓN Y CALUMNIAS, A
CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal Humberto López Lena Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Senado de la República a que dictamine favorablemente y sea votado en su Pleno el proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal, relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias en el ejercicio periodístico, y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal para que sea la vía civil por la que se reclamen los daños que puedan causar las conductas mencionadas, con base en las siguientes
Consideraciones
Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 23 de febrero de 2006, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que deroga los artículos 350, 351, 352, 353, 354 y 355 del Código Penal Federal.
En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-1-1920, acordó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y dictamen.
Segundo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 7 de marzo de 2006, el diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal.
En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-3-2311, acordó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su estudio y dictamen.
Tercero. En sesión celebrada por la colegisladora el fecha 7 de marzo de 2006, las diputadas y diputados Beatriz Mójica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Ruth Trinidad Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, y Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, miembros integrantes del Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Penal Federal.
En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-2-2039, acordó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su estudio y dictamen.
Cuarto. Los miembros integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, procedieron al estudio de las iniciativas citadas, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en el proyecto que se discute, el cual fue presentado al Pleno de la honorable Cámara de Diputados para su discusión y votación el 18 de abril del 2006, emitiéndose 361 votos en pro, ningún voto en contra y 13 abstenciones.
Esa misma fecha fue remitido el dictamen a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Quinto. En sesión celebrada por el Senado de la República el 20 de abril de 2006, la secretaría informó sobre la recepción por parte de la Cámara de Diputados de la minuta proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal.
Sexto. En sesión celebrada el 14 de diciembre de 2006 por el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos presentaron la primera lectura del dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto que les fue turnada por la Cámara de Diputados.
El Senado de la República, en la primera lectura del dictamen referido, consideró que no era posible derogar los artículos 350 al 363 del Código Penal Federal, con el propósito de suprimir de dicho ordenamiento las disposiciones relativas a los delitos de injurias, difamación y calumnia, en virtud de que a su consideración, se tenía que limitar el ejercicio de la libertad de expresión para cuidar el honor de las personas y castigar ejemplarmente a quienes atenten contra el honor, la privacidad y la buena reputación de otro.
Sin embargo, esto se aparta del propósito central del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, pues lo que se busca es salvaguardar los derechos de los periodistas y comunicadores, ya que a decir del presidente de la CNDH en la misiva que envió al Senado por el mismo asunto, la reforma se hace "con el propósito de limitar los actos discrecionales de molestia y arbitrariedades que sufren los profesionales de la información por parte de diversas autoridades, para que declaren sobre sus fuentes o los documentos que les hayan servido para elaborar la información que presentan a la sociedad, y en otras ocasiones se ocupa al sistema de impartición de justicia como un órgano que acalla las voces objetivas de los comunicadores, lo que sucede con más frecuencia en las entidades federativas.
En mi carácter de secretario de la recientemente creada Comisión para la Atención de las Agresiones cometidas contra Periodistas, considero de suma importancia que para un ejercicio libre de tan noble profesión sea aprobada íntegramente la minuta que fue enviada por esta soberanía, para que se traslade al ámbito civil todo lo referente a las difamaciones y calumnias que se encuentran hasta el momento en el ámbito penal, y correlativamente, que quienes se sientan ofendidos por algún periodista puedan defender su honor exigiendo la reparación del daño.
Al respecto también se han pronunciado funcionarios de primer nivel como el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien manifestó: "Debemos transitar en razón de ir mejorando las condiciones jurídicas y garantizar los derechos y el trabajo de los medios de comunicación, de los señores y señoras periodistas".
Lo antes dicho sería un buen inicio para sentar el precedente y pensar en una reforma constitucional, en donde se eleve al rango de la Norma Fundante el espíritu del dictamen en comento.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Para exhortar al Senado de la República a que dictamine favorablemente y sea votado en su Pleno el proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal, relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias en el ejercicio periodístico, y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal para que sea la vía civil por la que se reclamen los daños que puedan causar las conductas mencionadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE PRACTIQUE UNA AUDITORÍA ESPECIAL AL AYUNTAMIENTO
DE TONALÁ, JALISCO, RESPECTO AL DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005
Y DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS RENÉ SÁNCHEZ GIL,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Carlos René Sánchez Gil, diputado de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de este Pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El municipio libre es base de la división territorial y organización política y administrativa de los estados, como señala el artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, constituye la primera instancia de gobierno con el ciudadano y corresponde a su competencia y atribuciones la prestación de los servicios públicos prioritarios como es el agua potable, drenaje, alumbrado, aseo, calles y seguridad pública, entre otros; servicios públicos que son satisfechos por el gobierno municipal con recursos públicos derivados de su hacienda municipal, de participaciones y aportaciones tanto de la federación como de los estados.
2. Entre las aportaciones de recursos federales que el municipio recibe se encuentran los correspondientes al Ramo 33, "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Fortalecimiento Municipal", que tiene como misión fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y municipales, con apego a la autonomía de gestión en el ejercicio de los recursos que les permita elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de infraestructura básica, lo que coadyuva a mejorar la eficacia en la ejecución del gasto público por parte de las autoridades municipales; la operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal en el capítulo V, artículos 32 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establecen las aportaciones federales para dicho fondo con destino previamente especificado como "recursos etiquetados para destinarse a obras prioritarias de beneficio social", fondo que por disposición de la ley y de sus reglas de operación define criterios de distribución por el índice global de pobreza y crecimiento de su población sin la infraestructura de servicios básicos. No obstante que los gobiernos municipales son autónomos y libres en el manejo y administración de los recursos públicos de su hacienda, tratándose de los recursos federales de los diversos ramos y fondos, tienen la obligación legal imprescindible de destinar dichos recursos a los rubros específicos del fondo, cuyo manejo se debe transparentar y rendir cuentas del manejo de los mismos.
3. El gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, en su periodo 2004-2006, recibió recursos del gobierno federal en concepto de aportaciones por una cuantía superior a los cien millones de pesos anuales, mismos que debieron ser destinados a la realización de obras de infraestructura básica; sin embargo, el gobierno municipal de Tonalá se caracterizo por su irresponsable y arbitraria conducta en el manejo de los recursos públicos, su falta de transparencia y de rendición de cuentas, por presunto desvío de recursos públicos para fines particulares, por sus escándalos públicos y su falta de compromiso y responsabilidad con la sociedad, así como por el desmedido endeudamiento del municipio por 150 millones de pesos en el año 2004, comprometiendo en garantía las participaciones federales que el municipio recibiría en sus próximos 10 años.
4. Prueba de las irregularidades la constituyen las observaciones que la Auditoría Superior del Estado del Jalisco realizó a la Cuenta Pública de 2005 del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de 16.4 millones de pesos a los gastos en obras públicas realizadas, y de 37.9 millones de pesos para aclarar compras con diferencia de precios; obras no ejecutadas ni concluidas, con sobreprecios en trabajos realizados, irregularidades en el destino y ejercicio de recursos públicos, al no encontrar este órgano fiscalizador las pólizas de cheques ni comprobantes correspondientes. Cabe destacar que de estas observaciones y aclaración de gastos al ayuntamiento de Tonalá por parte de la Auditoría estatal, corresponden en su mayor parte a obras públicas realizadas con recursos federales del Ramo 33 (fuente: periódico Mural, de Guadalajara, Jalisco, del día 30 de septiembre del año 2006).
No obstante las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; en 2006 el gobierno municipal vuelve a incurrir en irregularidades en el ejercicio y destino de los recursos públicos municipales y federales, dado que desde finales del año 2005 dejó de pagar a la Dirección de Pensiones del estado de Jalisco las aportaciones del municipio y la cuota que ya había sido descontada a los propios trabajadores para garantizar los servicios y apoyos en materia de seguridad social que por ley el municipio debía de pagar; adeudando a dicha institución la cantidad de 26.2 millones de pesos, situación que el presidente municipal pretendió realizar con la venta de terrenos públicos municipales. El 31 de diciembre de 2006, el municipio de Tonalá, Jalisco, se quedó sin alumbrado público, ya que la Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio de alumbrado al municipio por un adeudo de 3.7 millones de pesos (fuente: periódico Mural, de Guadalajara, Jalisco, del 12 de diciembre de 2006).
Al término del gobierno municipal 2004-2006 (31 de diciembre de 2006), se dejó una deuda pública no justificada en una cuantía aproximada a los 228 millones de pesos, que incluye un adeudo al Instituto Mexicano del Seguro Social en concepto de servicios médicos de los trabajadores municipales y de sus familias; un adeudo por concepto de recolección de basura en el municipio; a Teléfonos de México y a diversos proveedores, entre otros. En resumen, el gobierno municipal 2004-2006 generó un endeudamiento y empobrecimiento del municipio de Tonalá, Jalisco, en perjuicio y menoscabo directo de su población, poniendo en riesgo la debida prestación de los servicios públicos municipales que requiere la población y poner en riesgo la administración y buen despacho de los asuntos municipales (fuente: periódico Mural, de Guadalajara, Jalisco, del 5 de enero de 2007).
5. Ante los antecedentes de irregularidad de los recursos federales derivados del Ramo 33, por las observaciones y aclaraciones solicitadas a la Cuenta Pública del año 2005 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y por las irregularidades manifiestas de los recursos públicos federales del ejercicio 2006 correspondientes a dicho ramo, se corrobora un uso indebido de recursos públicos, ante el manejo arbitrario e irresponsable de los mismos, así como por el desmedido endeudamiento del municipio, por la ausencia de transparencia y la nula rendición de cuentas, en consecuencia se solicita que, en uso de las atribuciones legales conferidas por la fracciones I, III y IV del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 32 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en relación con los artículos 34, 35, 36, 38, 41, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y por tratarse de recursos federales "etiquetados" de fondos del Ramo 33, el órgano de fiscalización superior de la federación, realice una revisión, supervisión y fiscalización mediante una auditoría especial, respecto al destino y ejercicio de los recursos federales aportados al municipio de Tonalá, Jalisco, correspondiente a los años 2005 y 2006, realizando, en su caso, las denuncias, acciones legales y sanciones que en derecho corresponda a los responsables en caso de acreditarse irregularidades.
Por lo antes expuesto, pido a esta honorable Cámara de Diputados que solicite al titular de la Auditoría Superior de la Federación que realice una revisión y fiscalización mediante la aplicación de una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto del ejercicio y destino de los recursos federales del Ramo 33, "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal", correspondiente a los años 2005 y 2006. En consecuencia, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación que realice una revisión y fiscalización mediante la aplicación de una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al ejercicio y destino de los recursos federales del Ramo 33, "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Fortalecimiento Municipal", correspondiente a los años 2005 y 2006; por los motivos, razones y fundamentos legales antes citados.
Segundo. Se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación que informe al Pleno de esta Cámara de Diputados el resultado de la auditoria realizada y, en caso de que existan irregularidades, daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal, se ejerzan las acciones, denuncias y sanciones legales correspondientes.
Dado en el salón de sesiones, a 13 de febrero de 2007.
Diputado Carlos René Sánchez Gil (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE CULTURA A INVESTIGAR LAS POSIBLES VIOLACIONES
DEL DECRETO PRESIDENCIAL POR EL QUE SE DECLARA ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS
LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC
VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y acorde al artículo décimo segundo del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y operación del sistema electrónico de votación, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados realice un respetuoso exhorto a la Comisión de Cultura, para que se investigue el cumplimiento de lo considerado en el decreto presidencial mencionado al tenor de que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 expresa que México, reivindicará con orgullo sus raíces históricas y culturales, que le dan profundo sentido de unidad nacional
Consideraciones
En enero de 2006 el regidor encargado del Centro Histórico del ayuntamiento de Veracruz, Raúl Díaz Diez señaló el inicio de las licitaciones para la construcción del estacionamiento subterráneo con capacidad para 400 cajones, en el Parque Manuel Gutiérrez Zamora –o Parque Zamora como se le conoce popularmente–, obra que atraería una inversión de más de 80 millones de pesos.
El regidor en ese entonces subrayó que la necesidad de esta obra respondía a las necesidades de mejorar la vialidad de la zona que desde años atrás era considerada conflictiva y reactivar el centro de Veracruz, añadió que ya se contaba con el consentimiento de líderes de los mercados, representantes de diversas cámaras y locatarios de comercios.
En esa declaración señaló que sólo faltaba consensuar con los dirigentes de grupos ecologistas, entre ellos el Frente Cívico Veracruzano. Sin embargo, la oposición a esta obra fue inmediata en virtud de que el Parque Zamora es considerado por diversas instituciones como uno de los principales pulmones de oxigeno para el centro de la ciudad de Veracruz. Entre las asociaciones opositoras se encuentran la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Centro de Investigaciones Antropológicas de México y la Academia de Ecología y Medio Ambiente de Veracruz. Este escenario favoreció la constitución del Comité en Defensa del Parque Zamora que sustenta su negativa a la construcción del estacionamiento en los siguientes hechos:
2. Que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de enero de 1988) señala en su capítulo 1, artículo 1 "La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable…"
3. El Parque Zamora cuenta con una importante infraestructura social ya que en él se ubican dos de las bibliotecas públicas más importantes de la ciudad, la del ISSSTE y la del Magisterio.
4. Con la construcción del estacionamiento se causaría una grave afectación al medio ambiente, no sólo por ser considerado uno de los principales pulmones para la ciudad como ya he mencionado, sino que la obra implicaría del retiro de una gran cantidad de árboles y la disminución de los espacios recreativos. Asimismo se prevé un considerable incremento en la emisión de contaminantes y los posibles daños a la ciudadanía por la operación del estacionamiento.
5. Cabe mencionar que en el lugar existen vestigios arqueológicos, por lo que implicaría un programa especial por parte del INAH para salvaguardarlos. En este contexto resulta importante señalar que con fecha 15 de noviembre de 2006 el antropólogo Jacinto Chacha Antele, director del centro INAH-Veracruz informó que la unidad a su cargo, a esa fecha, no había emitido autorización de obra para la construcción de estacionamiento subterráneo en el Parque Zamora, lo que significa una violación a los requisitos que deben cubrirse por las autoridades para la realización de esta obra.
6. El Comité de Defensa del Parque Zamora y el Frente Cívico Veracruzano AC manifiestan la falta de atención y sensibilidad por parte de las autoridades locales y estatales del gobierno de Veracruz a la opinión pública veracruzana quien ha manifestado su rechazo a esta obra, a través de la Encuesta Cívica aplicada por el Frente Cívico Veracruzano y notariada con fecha del 23 de diciembre de 2005. Esta encuesta tuvo la participación de 3 mil 615 personas, manifestándose de la siguiente manera: Por el sí, 116; por el no 3 mil 385 y nulos 114.
Esta falta de atención se observa, en opinión del Frente Cívico Veracruzano, por la nula respuesta de las autoridades a diversos oficios enviados por esta asociación civil al alcalde Julen Rementería del Puerto solicitando se detengan las obras por los argumentos ya expuestos ante esta soberanía.
7. Por último, el Frente Cívico Veracruzano manifiesta su total reprobación a las declaraciones realizadas por el alcalde Julen Rementería del Puerto quien mencionó que las obras darán inicio en próximas fechas, lo que pone de manifiesto la omisión de la opinión pública en la puesta en marcha de estos trabajos.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Cultura, para que se analice, investigue e informe, a fin de aclarar ante esta representación nacional, si se está infringiendo lo dispuesto en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 1 de marzo de 2004 y todas las demás normas vigentes referidas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de febrero de 2007
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE AUDITE LOS RECURSOS FEDERALES QUE INTEGRAN LA
CUENTA PÚBLICA DE 2006 EN EL ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO
FRANCISCO ANTONIO FRAILE GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
1. Como representante popular e integrante del Poder Legislativo, entiendo que la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos deben ser una constante si lo que se busca es la correcta aplicación de dichos recursos y, en caso de comprobarse irregularidades, determinar las responsabilidades correspondientes. Ésta ha sido una constante del gobierno federal, y así lo hemos asumido todos los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias representadas en ésta honorable asamblea.
2. Sabemos –gracias a la grabación de una conversación telefónica entre el llamado "Rey de la Mezclilla", Kamel Nacif, y el gobernador de Puebla, Mario Marín, transcrita y publicada el 14 de febrero del 2006 en el diario La Jornada– que el gobernador de Puebla tuvo una abierta participación en la ilegal detención y violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén.
3. Sabemos también, gracias a otras grabaciones difundidas el 20 de septiembre del 2006 por la periodista Carmen Aristegui en la XEW, que Kamel Nacif regaló 100 mil camisetas con un costo de 1.5 millones de pesos para la campaña de Mario Marín cuando contendía por la gubernatura del estado; donación que nunca fue declarada ante las autoridades electorales del estado.
4. En una "carta a la opinión pública" elaborada y firmada por Kamel Nacif, la cual fue publicada el pasado 19 de septiembre en el periódico El Universal, el llamado "Rey de la Mezclilla" aceptó como propias las llamadas telefónicas que sostuvo con diversas personalidades de la vida política nacional, entre ellas el propio gobernador de Puebla.
5. El recuento de los hechos desde que escuchamos las vergonzosas conversaciones ha sido lamentable y deshonroso para el mandatario estatal y para todos los poblanos. A partir del 14 de febrero del 2006, fecha en que se dieron a conocer las citadas grabaciones, en el estado de Puebla prevalece una crisis de gobernabilidad e incertidumbre política. En su intento por recuperar su imagen pública, el gobernador Mario Marín inició una costosa y agresiva estrategia en medios de comunicación, a la par de su defensa jurídica derivada del caso. ¿Cuánto se ha gastado en su defensa jurídica? ¿Cuánto dinero público le ha costado a los poblanos la ostentosa estrategia mediática del gobierno del estado para intentar resarcir la imagen del gobernador? No lo sabemos, pero suponemos a partir de lo que hemos visto y oído los poblanos a través de los distintos medios de comunicación en la entidad, que está muy por encima de lo que tiene autorizado.
6. Durante los meses de febrero y marzo del 2006, el gobernador de Puebla ordenó diversos estudios de audio y de voz a las grabaciones difundidas. Entre los estudios destaca el realizado por una empresa norteamericana denominada Mattern Inc., que de acuerdo con la versión oficial costó más de 100 mil pesos, sin embargo, diversas versiones periodísticas aseguraron en su momento que los costos reales del estudio estuvieron muy por encima de lo que se dio a conocer.
7. La estrategia mediática del gobernador también incluyó una nueva afrenta contra periodistas. Todos escuchamos en la conversación del 14 de febrero entre Kamel Nacif y Mario Marín que, al referirse a los medios, el gobernador mencionó, de manera despectiva y por demás soez, que los periodistas "se creen dioses". El pasado 26 de septiembre arremetió de manera verbal contra los periodistas Mario Alberto Mejía y Arturo Rueda porque no soportó la crítica de su programa radiofónico La quinta columna. Después de eso el programa citado salió del aire. Fue una clara medida de censura por parte del gobierno estatal, que de acuerdo con diversos testimonios y versiones, incluidas las de la periodista Lydia Cacho, tiene un costo al erario de 1 millón de pesos mensuales. Es un grave error la censura, refleja la condición autoritaria y el pobre nivel de gobierno estatal que tenemos, pero también es un grave error y un agravio a los poblanos que el gobernador disponga del dinero público para su defensa legal y para intentar restituir su imagen pública.
8. El gobierno del estado de Puebla posee amplias facultades legales para el manejo de su presupuesto. El artículo 6 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla establece que el Ejecutivo estatal podrá disponer el traspaso de recursos entre dependencias, entre entidades o entre dependencias y entidades, sin que quede claro a quién se le debe rendir cuentas de estos movimientos. Además, el gobernador también posee el control del Congreso estatal y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, lo que le da un amplio margen de maniobra para realizar los movimientos presupuestales. Aunado a ello, el estado de Puebla es una de las entidades más atrasadas en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. En la actualidad es prácticamente imposible conocer a detalle el uso y destino de los recursos públicos.
9. Otro desatino garrafal por parte del gobernador del estado para intentar restituir su deteriorada imagen pública, fue la erogación de 20 millones de pesos del dinero público para la realización de los Premios Oye, en el Centro Cultural Siglo XXI. Este desacierto se suma a la larga lista de pifias que ha realizado el Gobernador Mario Marín en contra de los poblanos y contra el erario público. El dinero que se recauda vía impuesto sobre nómina es, a fin de cuentas, dinero de todos los poblanos, y como tal, debe ser administrado con absoluta transparencia y estar destinado a atender las necesidades más apremiantes de la población. Esta fue la mejor muestra de la falta de visión del gobierno pues existen áreas prioritarias que necesitan atención urgente para abatir los índices de rezago social y los bajos niveles de competitividad que existen.
El artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta con autonomía técnica y de gestión a la de la Cámara de Diputados para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos de los entes públicos federales, así como los recursos federales que ejerzan los particulares. Además, la fracción primera de dicho artículo constitucional y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación facultan a ésta honorable asamblea para requerir a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe.
En virtud de lo anterior, el presente punto de acuerdo que someto a consideración del Pleno tiene como objetivo solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que investigue, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el manejo y aplicación de los fondos y recursos públicos por parte del gobierno del estado de Puebla, poniendo especial énfasis en los recursos públicos utilizados para la defensa jurídica del gobernador en el caso Lydia Cacho y en los recursos destinados a comunicación social del estado a efecto de resarcir la imagen del gobernador.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta honorable asamblea solicite a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice el correcto ejercicio de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del estado de Puebla correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, y en caso de encontrar irregularidades, se actúe en términos de ley, para imponer las sanciones respectivas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
Diputado Francisco Antonio Fraile García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES A INVESTIGAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y LA SITUACIÓN
ACTUAL EN EL AEROPUERTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO
CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Los suscritos, diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y décimo segundo del acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y operación del sistema electrónico de votación, someten a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados realice un respetuoso exhorto a la Comisión de Comunicaciones para que se investigue el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de seguridad y la situación actual que impera en el aeropuerto de Tijuana, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000,el gobierno federal planteó la "reestructuración del sistema aeroportuario mexicano", iniciando su concreción con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1995 de la nueva Ley de Aeropuertos, que abre la puerta a la inversión privada en la operación aeroportuaria a través de la concesión, con los propósitos de generar empleos, contribuir al desarrollo regional, incorporar tecnologías de punta, aumentar la eficiencia de los servicios aeroportuarios, contribuir al aumento del ingreso de divisas del país y preservar el equilibrio del ambiente, entre otros.
El veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, el gobierno federal otorgó a Grupo Aeroportuario del Pacífico la concesión para explotar 12 centrales aéreas, y el 1 de noviembre del mismo año su subsidiaria Aeropuerto de Tijuana, SA de CV, recibió concesión para operar y administrar el aeropuerto internacional de la ciudad de Tijuana, en el que se han dado diversas anomalías que hemos señalado. Lamentablemente, existe también un problema grave de inseguridad pública.
En el caso del aeropuerto internacional de la ciudad de México, a finales de 2004 se estableció la Coordinación Intersecretarial de Seguridad, para reforzar la vigilancia y combatir la delincuencia. Dicho organismo colegiado es supervisado por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control del AICM, además de mantener la vigilancia en ambulatorios, comercios, sucursales bancarias, casas de cambio, vialidades y zona perimetral de la terminal aérea.
Esto no ha sucedido en los aeropuertos concesionados, donde el tema de la seguridad en las instalaciones se concreta a las áreas restringidas de las terminales aéreas, quedando como tierra de nadie el ambulatorio central, los accesos y las áreas comerciales, donde los vendedores ambulantes, maleteros pirata, prestadores de servicios no autorizados, limosneros, enganchadores y estafadores funcionan con total libertad.
Todo lo anterior hace evidente la responsabilidad de la autoridad aeroportuaria, sea por acción u omisión, en razón de que, no obstante las múltiples quejas de usuarios, locatarios y legisladores relativas a las deficiencias del servicio, incumplimiento de los términos del título de concesión y de las disposiciones legales, de la supuesta supervisión no se ha derivado observación o sanción alguna.
En ese sentido, en términos de lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Aeropuertos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene, entre otras, la atribución de otorgar concesiones y permisos y verificar su cumplimiento; establecer las normas básicas de seguridad en los aeródromos civiles; vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar aeródromos civiles; e imponer sanciones que correspondan por incumplimiento de la ley.
Igualmente, corresponde al comandante de aeródromo, como representante de la SCT, reportar a las autoridades competentes todas las situaciones que deban ser hechas de su conocimiento. Por otro lado, entre los requisitos exigidos a los concesionarios se encuentra presentar "las condiciones de seguridad con que debe contar el aeropuerto" (artículo 11).
También es importante recordar que conforme al artículo 25 de la Ley de Aeropuertos, el título de concesión contiene, entre otros requisitos, las condiciones de construcción, administración, operación y explotación del aeródromo civil, así como de su seguridad operativa y las condiciones de seguridad del aeródromo.
En consecuencia, resulta necesario delimitar claramente el ámbito de competencia de la autoridad aeroportuaria a nivel federal y su representación en el aeropuerto de Tijuana, así como de éstos, con la autoridad local, en virtud de que ante los problemas de inseguridad pública, el argumento principal es la falta de competencia de unos y otros.
En el aeropuerto de Tijuana hay una serie de irregularidades que afectan su seguridad, ya que además del ambiente hostil hacia los locatarios se tiene la presencia de vendedores ambulantes al por mayor, extorsionadores disfrazados de limosneros, taxistas y maleteros pirata, así como de asaltantes y polleros que operan en el lugar. Esta situación ha propiciado innumerables actos delictivos:
En 2004 hubo dos homicidios; y entre 2005 y 2006, constantes robos. Incluso, el 31 de diciembre violaron con soplete el enrejado de uno de los comercios para robarlo.
Por lo expuesto, con la intención de encontrar una solución a la inseguridad en el aeropuerto de Tijuana, condenamos enérgicamente que las autoridades responsables omitan verificar el cumplimiento de las obligaciones y el acatamiento de las disposiciones legales en materia de seguridad que el concesionario debe observar.
Por ser los aeropuertos un sector estratégico, y en virtud de la inseguridad pública denunciada en el aeropuerto de Tijuana; me permito someter a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados a investigar la situación actual de inseguridad que impera en el aeropuerto de Tijuana y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
Diputados: Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Victorio Montalvo Rojas.
El suscrito diputado federal Francisco Antonio Fraile García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicito, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, a que se presente el dictamen de la iniciativa en materia laboral -electoral, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante la Comisión Permanente, el 31 de mayo del 2006, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme al XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso, que el día 31 de mayo del 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva turno a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa en comento, cuyo objetivo es equiparar el régimen laboral de los trabajadores del IFE, con el establecido para los trabajadores al servicio del estado, plasmado en el apartado B del articulo 123 constitucional.
Tercera. Es de señalarse que ha transcurrido el tiempo pertinente para la elaboración del dictamen respectivo, siendo necesario, por la naturaleza de la propuesta, se amplie el turno y se incorpore la opinión de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, al dictamen solicitado.
Señor Presidente, por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta:
Único. Se excite a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, para que se realice el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma los artículos 41, 99 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los párrafos 1 y 3 del artículo 172 del Código Federal de Procedimientos Electorales y diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral tomando en cuenta la opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que se pide se incorpore y que sea solicitado ante esta soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.
Diputado Francisco Antonio Fraile García (rúbrica)