Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal Adriana Dávila Fernández, secretaria de la Comisión de Comunicaciones, a nombre de los integrante de dicha comisión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen y presenten ante esta soberanía sus comentarios para enriquecer la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C, 30-D, 30-E, y se reforman los artículos 12, 18, 38 y 70 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para ser incluidos en el dictamen que a dicho efecto tenga a bien elaborar la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, basado en los siguientes
Considerandos
1. Hago referencia al proyecto de dictamen de adiciones y reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentado el 17 de octubre de 2006 por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El documento en comento ha causado gran revuelo en el medio legislativo pues, en efecto, propone normas que no pueden ser analizadas a la ligera, pues podrían cambiar en su totalidad la dinámica del sector telecomunicaciones y los relacionados en nuestro país.
Me permito llamar la atención de esta honorable Cámara de Diputados a que durante el receso entre el primer y segundo periodos ordinarios de sesiones, observamos una intensa actividad política alrededor del proyecto de dictamen de la citada iniciativa.
2. Es importante señalar el largo camino que hemos recorrido de la mano de una política de telecomunicaciones que ha apuntado en todo momento en la dirección de la innovación tecnológica y la competitividad, tanto para sector como para la economía mexicana en su conjunto.
Este avance derivó de un importante proceso de reforma, emprendido de manera conjunta por el Poder Ejecutivo y el Legislativo hace más de una década. Gracias a ello, las inversiones en el sector telecomunicaciones totalizaron cerca de 22 mil millones de dólares en sólo ocho años.
Hago mención de esto, pues las áreas de oportunidad para una agenda legislativa en telecomunicaciones que impulse a nuestra economía hacia nuevos niveles de competitividad, son enormes.
Es importante evaluar los efectos de lo anterior en nuestras vidas y en la capacidad de las empresas mexicanas que tan destacadamente compiten en el exterior, y que son fuente generadora de empleo. Cabe recordar que mientras en 1990 en México sólo contábamos con acceso limitado a telefonía básica, celular y radiotelefonía, actualmente dichos servicios están al alcance de millones. Ahora el mercado ofrece una variedad expansiva de servicios como banda ancha, ADSL, redes de datos, redes corporativas desagrupadas, acceso inalámbrico a Internet desde teléfonos celulares y todo tipo de innovaciones que amplían nuestro potencial competitivo. Esto no significa que la tarea esté terminada, sino por el contrario, nos hace más conscientes de lo enorme de nuestras posibilidades.
3. A saber, la coyuntura que nos ofrece la nueva economía en un mundo globalizado ha multiplicado la escala de los mercados para los países capaces de darse los medios para llegar a ellos. Sin embargo, lo anterior viene acompañado de un entorno mucho más competitivo y vanguardista. Es decir, las oportunidades para los empresarios mexicanos y para la creación de empleos han aumentado de manera importante, pero la competencia es ahora también de clase mundial. Por tanto, nuestros competidores no están aquí, no son los fabricantes vecinos ni los legisladores de otro partido. Son las empresas y los legisladores de otras naciones que trabajan para crear las mejores oportunidades competitivas que les permitan triunfar en los mercados internacionales.
No obstante, lo que nos ocupa, no sólo incide en el bienestar de los usuarios. Por el contrario, el tema de las telecomunicaciones, en particular el de las satelitales, repercute decisivamente en las posibilidades de creación de riqueza y bienestar de las naciones. En otras palabras, haciéndonos más competitivos, los sistemas de telecomunicaciones de los distintos países resulta determinante en el modo de vida al que aspiran sus habitantes.
Para ilustrar la importancia de lo anterior en nuestro país, basta mencionar que en los años de crisis económica recurrente, como en 1982, el comercio internacional de México representaba sólo 17.5 por ciento del PIB. En la actualidad, conforme los medios para llegar a los mercados internacionales han mejorado, nuestro comercio con el resto del mundo supera el 65 por ciento.
4. Pero si bien esto representa un gran avance para México, también nos plantea un formidable reto. A fin de que las empresas mexicanas sigan mejorando su desempeño, requieren certidumbre respecto a que contarán con un sector telecomunicaciones en continua expansión, con un entorno altamente competitivo y que busque permanentemente implementar los beneficios de la innovación tecnológica. Esto sólo nos puede traer beneficios a todos los mexicanos. Por tal motivo, es de vital importancia asegurarnos de que cualquier modificación que se proponga en la materia busque mantener el rumbo elegido y acelerar el proceso que brevemente hemos ilustrado aquí. Es por ello que está en el interés de los diputados de Acción Nacional asegurarnos de que cualquier reforma que aprobemos para el sector nos siga impulsando en la dirección correcta.
Para tal efecto resulta oportuno comentar que los mexicanos nos hemos dotado de instituciones que pueden ayudar a garantizar que nuestras acciones como legisladores estén fundadas en opiniones técnicas al más alto nivel. La Cofetel es la encargada de que México se encuentre a la vanguardia de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, con acceso, diversidad, calidad, mejores precios y cobertura en todos los servicios, en un ambiente competitivo y convergente. Por su parte, la Cofeco es la encargada de proteger al proceso de competencia y libre concurrencia. Los principales beneficiados de esto somos los consumidores; es decir, todos los mexicanos, pues se promueve mayor diversidad de opciones en servicios a menores precios. La competencia incrementa también la eficiencia de las empresas y tiene un alto impacto en la competitividad internacional de México.
Por lo anterior, nos permitimos manifestar que no podríamos pensar en instituciones más aptas, más indicadas, para poder orientar a los integrantes de la Comisión de Telecomunicaciones de esta soberanía en la tarea que actualmente estamos desempeñando.
Por ello y, en virtud de que somos los responsables de garantizar que el ritmo de crecimiento y diversificación del sector siga elevando los estándares de vida de los mexicanos y expandiendo sus posibilidades a la par de la plataforma de infraestructura tecnológica con la que cuentan nuestras empresas para hacer frente a sus competidores internacionales, a nombre de de los diputados de Acción Nacional que suscribimos, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen y presenten ante esta soberanía sus comentarios a la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C, 30-D, 30-E, y se reforman los artículos 12, 18, 38 y 70 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para enriquecer el dictamen que a dicho efecto tenga a bien elaborar la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2007.
Diputados: Adriana Dávila Fernández,
Nabor Ochoa López, Demetrio Román Isidoro, María Sofía
del Perpetuo Socorro Castro Romero, José Guillermo Fuentes Ortiz,
Francisco Javier Gudiño Ortiz, Elia Hernández Núñez,
Alonso Manuel Lizaola de la Torre, Apolonio Méndez Meneses, Francisco
Javier Paredes Rodríguez, Antonio Vasconcelos Rueda, Antonio Vega
Corona (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR LA RECLASIFICACIÓN DE
LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALGUNAS LOCALIDADES
DE OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO DANIEL DEHESA MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, diputados federales por el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter al conocimiento de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo a instruir, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a las Secretarías de Hacienda y Crédito publico, de Energía y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, a reclasificar a la baja las tarifas eléctricas de uso doméstico y comercial, considerando las altas temperaturas que se registran durante la mayor parte del año, en los municipios de la Cuenca baja del Río Papaloapan del estado de Oaxaca al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Comisión Federal de Electricidad como depositaria del mandato supremo del pueblo de México y establecido en el artículo 7o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el sentido de que este servicio público se preste con carácter social. Fue observando hasta hace poco un comportamiento dentro del ámbito tarifario, que obedecía siempre al marco jurídico, es decir, permitiendo el desarrollo de los diferentes sectores del país a través de las tarifas eléctricas y la forma de aplicarlas; y en el caso de los subsidios, aplicándolos de manera generalizada, de acuerdo al último párrafo del artículo 28 constitucional. Sin discriminar a diferentes sectores de la población por su consumo, tal como sucede hoy, mediante el establecimiento de tarifas domésticas sin subsidios, como es el caso de la tarifa de alto consumo (DAC).
Sin embargo, desde 1992, cuando fue modificada inconstitucionalmente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el comportamiento de la Secretaría de Energía y de la CFE, ha sido distinto y contrario a lo que esta plasmado en nuestra Constitución.
El secretario de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto el 6 de febrero del año de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero del mismo año, conteniendo el "Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas", en el que, sin fundamentarlo legalmente y otorgándose una facultad que no tiene e invadiendo la esfera de competencia del Poder Legislativo, en especial de la Cámara de Diputados, toda vez que los subsidios se establecen en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual es facultad exclusiva de esta honorable Cámara, según los establece el artículo 74, fracción IV, constitucional; generó un nuevo sistema de tarifas de energía eléctrica para consumo doméstico más cara en un 187 por ciento que la tarifa de consumo de energía eléctrica comercial afectando al 100 por ciento de los usuarios.
Y en virtud a lo anterior y refiriendo que en esta cuenca baja del río Papaloapan funciona una hidroeléctrica, Miguel Alemán, y una presa, Miguel de la Madrid (Cerro de Oro) abastecedora de la misma, la cual genera energía eléctrica, que incluso se exporta a países de Centroamérica y para la construcción de ambos hidrocarburos, ciudadanos de la región fueron desplazados a otras entidades en tierras de menor calidad a los que poseían en la región, nos permitimos proponer a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:
Por todo lo anterior y
Considerando
Que en todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas.
Que la población de los distintos estados de la república se ha manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.
Que la población, sobre todo de escasos recursos, requiere de una mayor sensibilidad para que se les cobre de forma justa, y no con recibos que están imposibilitados de pagar.
Que no existe una negativa a pagar por parte de la ciudadanía sino que exigen tarifas justas, de acuerdo a lo que consumen.
Que los habitantes de los municipios de la cuenca Baja, del Estado de Oaxaca, tales como San Miguel Soyaltepec, Acatlán de Pérez Figueroa, Cosolapa, San Juan Bautista Tuxtepec, Loma Bonita, Chiltepec, Jacatepec, están siendo afectados gravemente en su economía familiar al pagar altos costos en el consumo intenso de energía eléctrica, producto de las altas temperaturas que durante la mayor parte del año sufren y debido al bajo subsidio con el que cuentan.
Que la temperatura promedio que presentan la mayoría de los municipios del estado en temporada de verano asciende hasta 35 grados centígrados.
Que ante esta honorable Cámara de Diputados en diferentes legislaturas, se han venido presentando diversos puntos de acuerdo, con referencia a la inconformidad de la población mexicana sobre el alto costo de las tarifas eléctricas en diversas regiones del país, sobre todo en aquellas ciudades donde prevalece el clima extremoso y que fueron afectadas con el recorte del subsidio eléctrico del decreto del 7 de febrero de 2002.
Que no sólo las familias se ven afectadas por el incremento de la temperatura y la humedad. Los comercios, restaurantes y hoteles, que destinan aproximadamente 50 por ciento de su gasto operativo al pago del recibo de energía eléctrica, llegan a verse afectados con incrementos de hasta 300 y 400 por ciento en el pago del recibo de electricidad durante el verano.
Que es indispensable, la urgente implementación por el Ejecutivo federal, a fin de no posponer por más tiempo la necesaria aplicación de criterios justos, equitativos y no discriminatorios en los cobros de los recibos de luz.
Que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica concede gran discrecionalidad al Ejecutivo federal, lo que ha dado lugar a que se realicen ajustes y modificaciones a las tarifas eléctricas para el consumo doméstico, lo cual a traído como consecuencia el detrimento de la economía familiar de la mayoría de los consumidores del servicio, con lo cual se violentan los principios de equidad y justicia social que deben de prevalecer en la prestación de todo servicio público, situación que es incompatible con el sentido social que debe caracterizar la actividad y la función de las empresas públicas del estado.
Que ante la evidencia claramente desproporcionada de las tarifas se hace urgente conocer cuáles son los criterios utilizados por la Comisión Federal de Electricidad para aplicar las tarifas no sólo en el estado Oaxaca, sino en todo el país, y en especial saber que ocurre en aquellas entidades y municipios donde la época de verano, y en algunos casos como en mi estado donde es casi todo el año, conlleva la alta elevación de las temperaturas, y por consecuencia el uso obligado por parte de miles de usuarios, de diversos aparatos eléctricos para aclimatar sus hogares y espacios de trabajo, incluso en el día y la noche.
Que el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que "la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía. A través del procedimiento señalado, la SHCP podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas".
Que en virtud de esto, no es posible que el consumidor final sea el que pague las ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad, en su operación de distribución.
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se solicite al titular del Ejecutivo federal que con fundamento en los artículos 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracción V, de la Ley de Planeación y artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la participación de las Secretarías de Energía, Economía y la Comisión Federal de Electricidad, reclasifique a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico y comercial para los Municipios localizados de la Cuenca Baja del Río Papaloapan del estado de Oaxaca y todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan los 30 grados centígrados, y asimismo informen a esta honorable Cámara de Diputados los criterios económicos, poblacionales, geográficos, climatológicos, o de cualquier índole, bajo los cuales han sido definidas las tarifas del decreto del 7 de febrero del año 2002.
Diputados federales del Estado libre y Soberano de Oaxaca integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Daniel Dehesa Mora, Daisy Selene Hernández Gaytán,
Carlos Roberto Martínez Martínez, Carlos Altamirano Toledo,
Othón Cuevas Córdova, Benjamín Hernández Silva
y Joaquín de los Santos Molina (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA QUE SE AUDITE EL CENTRO NACIONAL DE DETECCIÓN DE TALENTOS
Y ALTO RENDIMIENTO, A NOMBRE DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos formular ante este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo
Considerandos
El 27 de noviembre de 2006 el Ejecutivo federal develó la placa de la inauguración del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos de Alto Rendimiento (Cnar), en compañía del entonces titular de la Conade, Nelson Vargas Basáñez, quien señaló que desde 1968 no se contaba con unas instalaciones deportivas como las que ese día se inauguraban.
El pasado 8 de enero, con un 98 por ciento de las instalaciones terminadas, dieron inicio las actividades dentro del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos (Cnar), cuyo costo ascendió aproximadamente a mil millones de pesos y cuenta con 16 edificaciones con capacidad de albergar a 750 deportistas, así como a más de 480 jóvenes deportistas que ocuparán las instalaciones para prepararse tanto técnica como académicamente.
El Cnar ha sido calificado por las autoridades deportivas como la mejor infraestructura deportiva de América Latina, a la par de las mejores del mundo. Lo anterior contrasta con errores técnicos que se observan en las instalaciones, lo cual resulta lamentable; como ejemplo está la alberca olímpica, que presenta un desnivel de aproximadamente 7 centímetros.
Al respecto, Max León Corona, actual director del Cnar, señaló que: "Al llenar la alberca, los mismos litros hicieron un asentamiento en el subsuelo del extremo sur", ocasionando el hundimiento de la misma; asimismo, se detectó una situación similar en la fosa de clavados.
Cabe señalar que la anterior administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Nelson Vargas Basáñez, y la del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (Capfce) tuvieron conocimiento de la falla en la alberca y supuestamente fue notificada a la empresa constructora para que la anomalía fuese corregida, lo cual a la fecha no ha sucedido.
Por ello, compañeras y compañeros, en virtud de que esta Cámara de Diputados aprobó para el Presupuesto de Egresos 2007 recursos adicionales por un monto de 100 millones de pesos para el funcionamiento y operación del Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento, hacemos un llamado al gobierno federal y solicitamos a los organismos involucrados para que no se destinen recursos para corregir el imperfecto en las instalaciones sin antes contar con la información precisa sobre los mecanismos utilizados en la construcción, deslindar responsabilidades y exigir el cumplimiento de una obra con las características y la calidad idóneas.
En este sentido, lo que se pretende con este punto de acuerdo es aplicar los recursos públicos de manera justa, congruente y analizar con base en la ley quiénes deben reparar las fallas.
La auditoría que hoy se propone tendrá por objetivo examinar las operaciones con el propósito de verificar si los estados financieros presentan razonablemente su fin, si la utilización de los recursos económicos se ha realizado en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y eficiente y si en el desarrollo de las actividades se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes.
Considerando los conceptos anteriores, la auditoría pública es una actividad independiente de apoyo a la función directiva, enfocada al examen objetivo, sistemático y evaluatorio de las operaciones financieras y administrativas realizadas; de los sistemas y procedimientos implantados; de la estructura orgánica en operación y de los objetivos, programas y metas alcanzados por las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal, con el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que les fueron suministrados a la Conade, así como la calidad con que prestaron sus servicios al deporte nacional.
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De obvia y urgente resolución
Primero. Se solicita a la actual administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, informar a esta soberanía las condiciones en las que recibió y se encuentran actualmente las instalaciones que forman parte del Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento.
Segundo. Se requiere al Ejecutivo federal y al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, Organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Educación Publica, para que proporcione la información necesaria relativa a la licitación, construcción y estado actual de la alberca olímpica y fosa de clavados del complejo acuático que forma parte del Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones y organismos de la administración federal involucrados para que no eroguen recursos públicos destinados a la reparación de las fallas en la infraestructura sin antes deslindar la responsabilidad de la empresa constructora y de los funcionarios públicos involucrados, conforme a la legislación vigente, así como actuar conforme a las leyes en la materia.
Cuarto. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de la Función Pública auditar financiera y programáticamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en toda la administración sexenal pasada.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, LX legislatura, a 6 de febrero de 2007.
Diputados: Morales García Elizabeth (rúbrica),
Aguilera Rico José Luis (rúbrica), Lagunes Gallina Gerardo
(rúbrica), Barradas Miravete Gregorio (rúbrica), Enríquez
Martínez Luis Rodolfo (rúbrica), Medina Macías Alma
Hilda (rúbrica), Monraz Ibarra Miguel Ángel (rúbrica),
Hernández Gaytán Daisy Selene (rúbrica), Sánchez
Ramos Francisco (rúbrica), Elizondo Garrido Francisco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELACIONADO
CON LOS PROGRAMAS Y LAS MEJORAS DEL AMBIENTE DERIVADOS DEL PROYECTO BURGOS,
A CARGO DE LA DIPUTADA ANA MARÍA RAMÍREZ CERDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM
Ana María Ramírez Cerda, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la comisión correspondiente, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Cuenca de Burgos, la cual comprende una extensión total de 28 mil 960 km2 distribuidos en 11 municipios de Tamaulipas (17 mil 160 km2), 10 en Nuevo León (10 mil 660 km2) y 7 en Coahuila (mil 200 km2), es el principal yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, el cual aporta más de 1,380 miles de millones de metros cúbicos por día (de gas natural no asociado), representando alrededor del 80 por ciento de la producción nacional de dicho gas, y aproximadamente 25 por ciento de la producción total de gas a nivel nacional.1
El Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012 incluye 5 proyectos de exploración y 16 de desarrollo, para que así se exploten diariamente más de 1,400 miles de millones de pies cúbicos en un periodo de 12 años. Asimismo, el Activo Integral Cuenca de Burgos 2007-2025 prevé inversiones por alrededor de varios miles de millones de dólares, con perforación y terminación de pozos exploratorios y de desarrollo, con el objeto de aumentar la producción a 2,000 miles de millones de pies cúbicos por día.
El proyecto en comento es de suma importancia para el país, toda vez que proporcionará a México las cantidades adecuadas del ya multicitado energético para satisfacer la demanda interna del mismo y, en su caso, llevar a cabo exportaciones.
Es conveniente mencionar que la explotación de la Cuenca de Burgos no sólo comprende a los yacimientos de gas no asociados, sino también se extiende a otros productos tales como el gas ligero y el gas condensado, e igualmente permitirá el aprovechamiento del agua subterránea.
Sin embargo, aun y cuando el proyecto de Cuenca de Burgos generaría beneficios económicos para el país, no debe perderse de vista que por mandato constitucional el Estado es quien ejerce la rectoría del desarrollo nacional para que éste sea integral y sustentable, para que así toda persona pueda contar con un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
En este sentido, es de todos conocido que el proyecto Cuenca de Burgos ha generado una alteración negativa de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, es decir, ese proyecto ha causado desequilibrios ecológicos por las obras o actividades que ahí se realizan.
Por tal motivo, Petróleos Mexicanos se comprometió a proporcionar recursos a los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas para que éstos instrumentaran políticas públicas de protección, restauración y mejoramiento del medio ambiente.
Se tiene conocimiento que para el ejercicio fiscal de 2006 se aprobaron recursos por alrededor de 80 millones de pesos para programas y mejoras ambientales para contrarrestar los impactos negativos que sobre el ambiente ha tenido y tiene el proyecto Cuenca de Burgos.
Es así como en la presente proposición con punto de acuerdo se exhorta a Petróleos Mexicanos a que entregue a las autoridades correspondientes de Nuevo León y Tamaulipas, de forma directa y en tiempo y forma, los recursos que correspondan al ejercicio fiscal de 2007 relacionados con los programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos, sin que entre dicha empresa paraestatal federal y los organismos mencionados exista algún instrumento jurídico alguno como el fideicomiso, entre otros, para que de esta forma los recursos sean entregados con celeridad y sean aplicados en beneficio del medio ambiente.
Asimismo, se exhorta a dicha empresa paraestatal federal a que remita a la Cámara de Diputados la documentación que contenga la información relativa a los recursos que fueron otorgados a los estados de Nuevo León y Tamaulipas en el ejercicio fiscal de 2006 para programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos.
Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a Petróleos Mexicanos para que:
I. Entregue directamente, y en tiempo y forma, tanto a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León como a la autoridad correspondiente de Tamaulipas, los recursos que correspondan al ejercicio fiscal de 2007 relacionados con los programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos, sin que entre dicha empresa paraestatal federal y las autoridades mencionadas exista algún instrumento jurídico alguno como el fideicomiso, entre otros, para que de esta forma los recursos sean entregados con celeridad y aplicados en beneficio del medio ambiente.
II. Entregue a esta soberanía la documentación que contenga la información relativa a los recursos que fueron otorgados en el ejercicio fiscal de 2006 tanto a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León, así como a la autoridad correspondiente de Tamaulipas, recursos para programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos.
Nota:
1. La información que se presenta en este párrafo,
así como en los subsecuentes, básicamente fue tomada de los
documentos entregados por la Comisión Especial Región Cuenca
de Burgos en enero de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los seis días del mes de febrero del año dos mil siete.
Diputada Ana María Ramírez Cerda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGR A CREAR UNA FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR
LOS HECHOS DELICTIVOS DERIVADOS DEL CONFLICTO POLÍTICO-SOCIAL OAXAQUEÑO,
A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO ESTEVA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
CONVERGENCIA
Alberto Esteva Salinas, con el carácter de diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comparece ante esta soberanía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar proposición con punto de acuerdo, expresando para ello la siguiente
Exposición de Motivos
El conflicto histórico en el estado de Oaxaca deriva de la insatisfacción de los gobiernos incapaces que no han sabido atender las demandas sociales legítimas desde hace muchos años. Y el término legítimo hace referencia a las garantías constitucionales, específicamente a la del artículo 25 constitucional, que a la letra dice:
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Ese conflicto social ha dejado un saldo de 17 muertes violentas, las de las siguientes personas: Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez Martínez, Octavio Martínez Martínez, Marcos García Tapia, José Jiménez Colmenares, Lorenzo San Pablo Cervantes, Arcadio Fabián Hernández Santiago, Alejandro García Hernández, Daniel Nieto Ovando, Jaime René Calvo Aragón, Pánfilo Hernández, Bradley Roland Will, Emilio Alonso Fabián, Esteban Zurita López, Fidel Sánchez García, Jorge Alberto Gómez Bernal y Roberto López Hernández. Por lógica, esto es acompañado por 17 familias, que aún lamentan la pérdida de sus familiares.
No se olvidan más de un centenar de heridos, desaparecidos, detenciones arbitrarias y demás latrocinios que continúan cometiéndose en Oaxaca.
A eso pueden agregarse los múltiples ataques por paramilitares en las manifestaciones o plantones, documentados un sinfín de veces por distintos medios informativos estatales, nacionales e incluso internacionales; todo, ante la complacencia y permisión de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, ya que hasta el momento no conocemos caso alguno en que se haya ejercitado acción penal contra los autores de esos cobardes delitos; sólo simulaciones del inicio de algunas investigaciones amañadas, como la que se realizó contra los probables responsables del delito de homicidio contra el estadounidense Brad Will, que fueron puestos en libertad cuando en su contra existieron testimonios y pruebas documentales que los involucraban en la comisión de ese ilícito, curiosamente son ligados a las filas del Revolucionario Institucional y al grupo político de Ulises Ruiz.
Por lo dicho, existe la imperiosa necesidad de que las investigaciones de los delitos cometidos en el marco del conflicto social oaxaqueño se realicen con total imparcialidad y fidedignamente. No podemos permitir que el gobierno de Oaxaca sea juez y parte en la búsqueda de la verdad, pues ha provocado un escepticismo en todos los que hemos vivido y sufrido los estragos del oscurantismo gubernamental en esa entidad; y lo vemos con claridad: cuando se trata de investigar ilícitos cometidos por la APPO, es cuestión de horas la integración de las averiguaciones previas respectivas, y el libramiento de la orden de aprehensión es automático.
Compañeros diputados: como podrán darse cuenta, es un asunto grave porque, de permitir que se siga torciendo la ley para castigar a unos y defender a otros, estaremos provocando mayor inconformidad en el pueblo oaxaqueño y, lejos de llegar a una solución, permitiremos que se siga acumulando resentimiento en una parte de la sociedad que ha mostrado su hartazgo y desprecio a las instituciones estatales.
Es necesaria la intervención de las instituciones federales, amén de que la investigación de los ilícitos se realice de forma distinta de como se ha estado haciendo porque –repito– el Ministerio Público oaxaqueño no goza de credibilidad. Sería sano pedir que la PGR aplicara su facultad de atracción de los distintos casos; y no sólo eso, sino que creara una fiscalía especial para la investigación de los delitos relacionados con el conflicto político y social de Oaxaca.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía pide a la Procuraduría General de la República que cree una fiscalía especial para investigar los hechos delictivos derivados del conflicto político-social oaxaqueño, que prevalece en la entidad desde hace más de seis meses y en donde proceda ejercer la facultad de atracción de los asuntos que ya se investigan para una revisión integral y la continuación de las investigaciones respectivas.
Señores diputados: si están a favor de que se coadyuve en la solución del conflicto oaxaqueño y que en la búsqueda de la justicia se agoten los mecanismos institucionales, les pido que se manifiesten en pro de que este asunto sea considerado grave y de urgente resolución, en términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y se dispense su turno a la comisión correspondiente para que pueda ser discutido y sometido a votación de inmediato.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.
Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A DICTAMINAR
EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ANTIMONOPOLIO,
A CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN HUMBERTO VELA GONZÁLEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El que suscribe, diputado federal Joaquín Humberto Vela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Señoras y señores diputados, es importante replantear la política legislativa que hasta ahora ha seguido esta honorable Cámara de Diputados. En tal sentido, habrá que establecer cuáles son las prioridades legislativas en función de las necesidades, problemas y expectativas de nuestros ciudadanos. Ello implica que debemos ser sensibles al sentimiento nacional, estableciendo y fortaleciendo las normas e instituciones necesarias para el efectivo cumplimiento de nuestro marco constitucional.
Pasar inadvertida dicha problemática implica un acto de indiferencia por parte del Poder Legislativo hacia el sufrimiento de nuestra sociedad. Para el caso, tenemos como ejemplo el incremento del precio de la tortilla, producto del acaparamiento y especulación de un grupo controlador, situación que se une al problema del control oligopólico de los medicamentos, financiero y de las telecomunicaciones, por unas cuantas empresas. Creo, compañeras y compañeros legisladores, que esto amerita una autocrítica, en el sentido de que debemos pasar de una política legislativa de apagafuegos, a una política legislativa proactiva, eficiente y eficaz.
La pregunta al respecto sería, si no es importante establecer una comisión especial antimonopólica, que fomente la competencia en el mercado y evite la especulación y el acaparamiento que afectan la salud y el bienestar nacional. Entonces, cuál o qué es lo importante para nuestra actual política legislativa, cuál es la prioridad legislativa de no ser la alimentación, la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Podríamos repetir y plantear nuevos datos adicionales a los que ya se mencionaron en el punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial Antimonopolios y sus efectos nocivos para la sociedad, a la cual se encuentran atentos los ciudadanos y los medios de comunicación. Sin embargo, creemos que la realidad habla por sí misma.
Es importante que los criterios por los cuales se aprueben las comisiones especiales trasciendan el ámbito puramente político-proporcional, basado en el número de legisladores por grupo parlamentario, anteponiendo los criterios urgentes y prioritarios para la economía nacional, máxime cuando nuestra economía se encuentra secuestrada por los grandes intereses monopolios y oligopolios que lucran con las necesidades de nuestro pueblo.
Con la aprobación o no de esta comisión especial veremos a quién responden los intereses de esta honorable Cámara de Diputados, si a la soberanía nacional o a los intereses facciosos de los monopolios.
Por nuestra parte, nos resistimos a creer que la falta de dictamen del punto de acuerdo para crear la Comisión Especial Antimonopolios se deba a que los intereses particulares de los poderes fácticos han terminado por minar y prevalecer sobre el interés social de esta honorable Cámara de Diputados.
Por el contrario, soy un ferviente creyente en la honestidad y el trabajo legislativo de todas y todos mis compañeros legisladores, creemos que la Cámara de Diputados se guía y se orienta por el interés nacional, velando por el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos.
En tal sentido, estamos ciertos de que la Junta de Coordinación Política, siendo sensible a la gran cantidad de problemas que aquejan a la economía y a sociedad en su conjunto y que requieren un trato legislativo particular, resolverá en lo inmediato para este caso, al igual que para algunas otras propuestas de comisiones especiales presentadas por nuestros colegas y amigos legisladores, que a la fecha no han sido dictaminadas, y que también son de vital importancia.
Es por lo anterior que proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. En consideración a la grave problemática que aqueja a nuestra sociedad, propiciada por el incremento especulativo en los precios de la tortilla, medicamentos, comunicaciones y servicios financieros, esta honorable Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Coordinación Política a dictaminar el punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Antimonopolios, presentada el 23 de diciembre de 2006 por el diputado Joaquín Vela González, en el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados.
Diputados: Ricardo Cantú Garza, Joaquín
Humberto Vela González (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD PARA QUE EXPLIQUE
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DEPENDENCIA A SU CARGO EN MATERIA
DE SALUD REPRODUCTIVA Y EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARINA ARVIZU
RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
1. El jueves 11 de enero del presente año, el periódico Excélsior publicó una entrevista realizada al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. En ella, el secretario manifestó planteamientos diversos sobre los siguientes asuntos:
Prevención de embarazos no deseados: "Aparte del ejemplo de los homosexuales, están los embarazos de los jóvenes que van en aumento y el hecho de que los jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales cada vez a más temprana edad. ¿Cómo se va a impedir que adquieran una enfermedad o tengan un embarazo? A través de una educación sexual intensa en la que participen los padres, en la que participe la sociedad y en la que haya una responsabilidad. Muchas veces, ante la recriminación de que algunas de las campañas eran incorrectas, pensaba: ¿no será que los padres estamos fallando también en tomar nuestro papel?"
Campañas contra la homofobia: "Es que de repente hay acciones que, más que prevención, parecían hacer promoción de prácticas de mayor riesgo. Por ejemplo, entre las campañas de no discriminación había algunas que parecían más promover la homosexualidad que evitar la discriminación a los homosexuales y dices, bueno, ¿quién hizo estos spots?, ¿se trata de no discriminar o se trata de promover algo? Creo que, en este sentido, se trata de ser muy críticos. Y el objetivo de hacia quién va dirigido, qué se trata de hacer, debe ser muy claro".
Campañas para evitar enfermedades de transmisión sexual: "Tenemos que llegar a un consenso con el Instituto Nacional de las Mujeres y con el Instituto Nacional de la Juventud para ver cuál es la terminología más clara en términos de promoción de educación para la salud que nos permita hacer que estos conceptos sean adquiridos por la población a que van dirigidos. Una de nuestras estrategias más importantes es la de educación para la salud, pero la educación se puede dar de diferentes maneras, y muchas veces los fracasos son enormes aunque se inviertan grandes cantidades. Entonces, hay que optimizar los recursos utilizando las estrategias que tengan más impacto. Este tipo de campañas se hicieron con regular frecuencia en el sexenio pasado; incluso, hubo algunas críticas al hecho de que se promoviera abiertamente el uso del condón. Creo que debe privilegiarse, sobre todo lo que es educación, debe privilegiarse la promoción de la salud y deben privilegiarse las acciones que tienen más impacto".
Finalmente, ante la pregunta de que si los padres serán quienes tengan la responsabilidad de la sexualidad que ejercen sus hijos, el secretario contestó: "Creo que sí; creo que en muchas cosas ellos deben tomar el papel que les corresponde para guiar de manera muy importante en la educación no nada más sexual sino, en general, la educación para la salud. La familia debe ser el núcleo donde muchas de las acciones preventivas deben partir".
2. El viernes 12 de enero, el subsecretario de Prevención y Promoción de la misma Secretaría de Salud, Mauricio Hernández Ávila, manifestó al diario Excélsior que para atender la problemática relativa los embarazos no deseados entre jóvenes, la Secretaría de Salud promovería la abstinencia sexual, en los siguientes términos: "El uso del condón es uno de los mejores métodos, pero hay muchos. Si practicas la abstinencia, es un buen método, el más seguro; ahí no hay pierde. Si practicas la fidelidad, es un buen método, pero los tres son buenos; y ahí es donde entra la diversidad. La secretaría va a buscar dar información plural".
3. El articulo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define en el artículo 4 discriminación como "toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas".
El artículo 15 de la referida ley establece que "los órganos públicos y las autoridades federales adoptarán las medidas que tiendan a favorecer la igualdad real de oportunidades y a prevenir y eliminar las formas de discriminación de las personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley".
Las declaraciones descritas del secretario de Salud dejan clara su opinión sobre las campañas contra la homofobia realizadas durante el sexenio anterior, sin que esta soberanía conozca de los estudios e investigaciones a partir de los cuales dicho funcionario ha determinado que tales campañas "promueven la homosexualidad" y, más aún, que el secretario del ramo exponga sus razones para que la Cámara de Diputados conozca a detalle cómo se "promueve la homosexualidad" entre la población.
Resulta necesario que el secretario de Salud presente y describa a detalle los estudios e investigaciones por los cuales concluye que los promocionales difundidos en la anterior administración federal constituyeron un "fracaso".
Pero más importante aún: resulta indispensable que el secretario de Salud explique, en virtud de su crítica a los promocionales difundidos durante el sexenio anterior, cuáles serán los criterios de la secretaría bajo su responsabilidad para evitar la discriminación contra esa población y sus preferencias sexuales, en función de lo señalado en el citado artículo constitucional y los artículos de la ley correspondiente.
4. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en las fracciones I y II lo siguiente:
II. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, y luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios.
Lo anterior, porque sería en extremo preocupante que el diagnóstico de la Secretaría de Salud se reduzca a delegar en los padres de familia la responsabilidad de la salud pública preventiva en el país, quienes, dicho sea de paso, nunca han necesitado las recomendaciones de una secretaría de Estado para cuidar de ellos y sus familias.
De hecho, si tal es el diagnóstico de la Secretaría de Salud, sería entonces conveniente extenderlo a otras dependencias del gobierno federal para que, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública atendiera el mismo criterio y resolviera los problemas de seguridad a través de la educación que impartan los padres de familia de la delincuencia organizada, para que inculquen en sus hijos valores con responsabilidad y no cometan fechorías.
Sin embargo, seguramente la Secretaría de Salud no basa las políticas públicas en la materia en lugares comunes y prejuicios sino que cuenta con estudios e investigaciones serios y contundentes, respaldados con datos duros a nivel nacional e internacional para avalar sus afirmaciones. Porque esta soberanía comprende perfectamente que la abstinencia es uno de tantos métodos para evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual, como la abstinencia a robar resolverá los problemas del robo, y la abstinencia de hablar públicamente es muy buen método para evitar declaraciones desafortunadas. Como sostendría el subsecretario referido, "ahí no hay pierde". Sólo es preciso conocer si a eso se reduce la estrategia prioritaria, fundamental, rectora de la Secretaría de Salud en estos asuntos, y en tal caso, cómo piensa instaurarla y qué cuentas piensa rendir en el ejercicio de su responsabilidad.
5. Si bien la Secretaría de Salud emitió con posterioridad diversas precisiones en torno de dichas declaraciones, de ello se deriva que esta soberanía, así como la sociedad en su conjunto, no tiene claridad ni certeza sobre las prioridades y los criterios con que habrán de desarrollarse las políticas públicas de dicha secretaría en los asuntos mencionados.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la honorable Cámara de Diputados solicite la comparecencia del secretario de Salud a efecto de que explique a esta soberanía las políticas públicas que habrán de emprenderse en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades, así como de las dirigidas contra la discriminación, conforme a lo señalado en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Túrnese a las comisiones de Salud, y de Equidad y Género.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.
Diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA CFE A ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE AMPLIAR EL
PERIODO DE APLICACIÓN DEL DESCUENTO DE VERANO A LA TARIFA 1F DEL
SERVICIO DOMÉSTICO DE ELECTRICIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL
VILLANUEVA ARJONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Juan Manuel Villanueva Arjona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, que exhorta a la SHCP y a la CFE a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen un análisis de impacto y factibilidad para ampliar de seis a siete meses el periodo de aplicación del descuento de verano a la tarifa 1F del servicio doméstico de electricidad, basado en los siguientes
Considerandos
1. De acuerdo con los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es responsabilidad de la SHCP, tomando en consideración a la Secretaría de Economía y con base en la propuesta de la CFE, fijar, ajustar o reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.
El 7 de febrero de 2002 el Ejecutivo federal, mediante la SHCP, emitió un acuerdo por el que se propuso la modificación de las tarifas eléctricas y la creación de la tarifa doméstica de alto consumo (DAC), así como la reducción de los subsidios a este sector, con objeto de disminuirlos parcialmente para los usuarios con consumos intermedios y eliminarlos por completo para los que registran los mayores consumos.
Como resultado de lo anterior, y en consideración del alto consumo de energía de los sistemas domésticos de enfriamiento durante el verano, se expidió otro decreto el 8 de abril del 2002, creando la nueva tarifa 1F. Con ello se buscó atenuar la grave afectación que lo anterior causaba a la economía de las familias asentadas en regiones con temperaturas promedio de 33°C o más, durante dicha estación.
Estas reformas han logrado una mejora importante en el esquema tarifario vigente. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para los usuarios de regiones en las que las altas temperaturas persisten durante periodos más prolongado que en el resto del país.
Aunado a lo anterior debemos tomar en cuenta que un consumo de hasta 140 kwh, como el planteado para el segmento básico en el acuerdo publicado en febrero de 2002, sólo permite hacer uso escaso de algunos electrodomésticos menores.1 Esto obliga a cualquier familia que desee utilizar un sistema de enfriamiento ambiental a ubicarse en el siguiente segmento tarifario, y con ello enfrentar el aumento en cuotas correspondiente.
En consecuencia, los usuarios que residen en las zonas en cuestión ven los costos del suministro eléctrico subir de manera irremediable y sustancial, tanto antes como después de verano.
2. La estructura tarifaria vigente en nuestro país es sumamente compleja, ya que actualmente existen más de 15 tarifas específicas determinadas por el uso de la energía, y casi 20 tarifas generales, determinadas principalmente por el nivel de tensión de red y el consumo registrado. De igual forma, factores como la ubicación, el voltaje de suministro, la demanda contratada, el horario de uso y si el suministro es continuo o interrumpible juegan un papel en la determinación de cada tarifa específica. Tan sólo para el sector industrial existen 8 regiones tarifarias y hasta 4 temporadas de consumo en el año. Para el caso del sector doméstico, la diferenciación se realiza por nivel de consumo, división de regiones y temperaturas.
No obstante lo anterior, factores básicos, como los prolongados periodos durante los que las altas temperaturas de verano persisten en ciertas regiones del país, no son tomados en cuenta por este complejo esquema. En consecuencia, las familias de estas regiones enfrentan tarifas que no se adaptan a su realidad, obligándolas a hacer desembolsos sumamente gravosos, en particular para las familias de menores ingresos.
3. Para dimensionar la relevancia de lo aquí expuesto basta destacar que existen municipios en los que las temperaturas promedio de verano exceden a las registradas en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California. Tan sólo en el municipio de Los Uvalle, Tamaulipas, la temperatura registrada para marzo durante un periodo de 18 años promedió más de 30°C, y no bajó de dicho nivel hasta el mes de noviembre.
Esto deja en claro la importancia de hacer los ajustes pertinentes al esquema tarifario vigente, para que los consumidores de estas regiones no enfrenten costos excesivos en épocas en las que, a diferencia del resto del país, las temperaturas a nivel local son aún sumamente elevadas.
En virtud de lo expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo y presenten a esta soberanía un análisis de impacto y factibilidad para que se amplíe de seis a siete meses el periodo de aplicación de descuento de verano para la tarifa 1F del servicio doméstico de electricidad.
Notas:
1. Dicho consumo comprende el uso de un radio, un refrigerador,
3.5 focos de 100 watts, una televisión, una plancha, una licuadora
y un aparato de sonido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de enero de 2007.
Diputado Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A PEMEX Y A LA SAGARPA A INDEMNIZAR AL GRUPO DE PESCADORES UNIDOS
DE ALTA MAR DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC Y A EJECUTAR UN PROGRAMA INTEGRAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA EL SECTOR PESQUERO DEL PUERTO
DE SALINA CRUZ, OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Desde 1958, los pescadores del golfo de Tehuantepec comenzaron a producir grandes cantidades de camarón de exportación y de consumo nacional, situándose entre los primeros lugares nacionales de producción del crustáceo; 18 años después en 1976, a partir de la instalación de la refinería de Pemex Ingeniero Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, la pesca en el golfo de Tehuantepec ha venido en detrimento.
Antes de la instalación de esta industria, se producían al mes entre 500 y 800 toneladas de camarón de exportación, generando cerca de 15 por ciento de la producción nacional, desgraciadamente hoy día ya no se produce ni un kilogramo de camarón de exportación.
La llegada de la refinería de Pemex ocasionó la restricción a la pesca de las áreas más ricas para la captura de camarón, aunado a la importante contaminación ambiental generada por la misma.
El estudio Los contaminantes orgánicos persistentes en el istmo mexicano, elaborado por los investigadores Lorenzo M. Bozada Robles y Fernando Bejarano González, refleja que existe un alto grado de contaminación en el golfo de Tehuantepec.
Los resultados de este estudio hacen notar la gran dominancia de grupos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) de alto peso molecular entre los que se ubican compuestos muy tóxicos cuyo origen está asociado a la combustión incompleta o pirolisis de combustible como las gasolinas, el combustóleo y otras fuentes como son los desechos de aceites y lubricantes.
Las actividades pesqueras han sufrido impactos Antropogénicos transitorios por derrames de hidrocarburos y amoniaco, originados en el tren de ductos que proceden del área industrial de Coatzacoalcos-Minatitlán hacia la terminal marítima y la refinería de Salina Cruz.
Hay registros de que en mayo de 1982 se produjo una fuga de petróleo en el subsistema lagunar de la parte norte de la laguna superior; que en octubre de 1983 ocurrió un derrame de petróleo crudo sobre el canal igú, que el 18 de mayo de 1984, se suscitó un derrame de amoniaco sobre el mismo canal igú; que se produjeron dos derrames de diesel sobre el río verde ocurridos en mayo de 1982 y diciembre de 1984; que se suscitó un derrame de petróleo crudo en junio de 1999 y uno de diesel el 12 de abril de 2002; teniendo otro más de crudo en 2005.
Se detectó una crónica y no evaluada contaminación atmosférica sobre el área de laguna superior proveniente de la refinería Antonio Dovalí Jaime, Jáuregui (1984), en su estudio sobre los vientos del puerto de Salina Cruz registró que después del medio día se hace sentir el efecto de la brisa y entonces soplan vientos débiles (aproximadamente 3 m/seg) del sur. Esta velocidad es suficiente para arrastrar las emisiones de la refinería hacia la zona de la laguna superior.
Namihira-Santillán (2005) señalaron que las fuentes principales de aportes de HAP al Complejo lagunar del istmo de Tehuantepec están constituidas por
b) fuentes móviles (automóviles y embarcaciones de motores fuera de borda),
c) fuentes fijas (refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz y el transporte eólico de contaminantes provenientes de los complejos petroquímicos y petroleros de la región de Coatzacoalcos en el istmo norte).
Al paso de los años el padrón de embarcaciones ha ido disminuyendo en forma progresiva sin que a la fecha se haya sustituido las embarcaciones hundidas o transferidas a otros puertos, generando con esto un creciente desempleo en la región y una disminución en la producción pesquera, en la que al día de hoy Oaxaca aporta sólo 1 por ciento de la producción nacional.
La flota camaronera pasó de contar con aproximadamente 500 embarcaciones antes de la llegada de la refinería Dovalí Jaime a solamente 40 embarcaciones en la actualidad; esto quiere decir que las embarcaciones camaroneras en el Istmo de Tehuantepec han disminuido en los últimos 30 años en un 98 por ciento, generando la desaparición de la producción de camarón de exportación, la cuál era antes de la llegada de la planta de Pemex del orden de 500 a 800 toneladas mensuales.
También es necesario hacer notar que durante los últimos 15 años no se ha construido ninguna embarcación para la pesca de camarón, la flota existente tiene un promedio de 27 años de estar en operación.
Salina Cruz es el único puerto en el estado de Oaxaca que dispone de infraestructura pesquera, portuaria y naval que aunque se ha visto deteriorada en la última década, constituyendo un pilar importante para la reactivación de la industria pesquera en el estado.
Para hacer rentable la captura en alta mar es necesario reactivar la flota camaronera, llevar a cabo reparaciones mayores de: maquinaria, equipos y renovar placas del fondo de las embarcaciones, en virtud que constantemente regresan a puerto por fallas en sus equipos y en el casco, con la consecuente perdidas de días efectivos de pesca, menor volumen de capturas por temporada, y mayores gastos por consumo de combustibles y avituallamiento.
A causa de lo anterior, setecientas familias del Istmo de Tehuantepec, han tenido que sufrir las consecuencias de la contaminación causada por la empresa paraestatal.
En los últimos 30 años, la producción de camarón en el golfo de Tehuantepec ha disminuido en más de 50 por ciento; esto se a traducido en un olvido para los pescadores y sus familias, los cuáles han perdido su fuente de trabajo, sin tener posibilidad alguna de recuperarlo, pues el veneno de la refinería no solo ha aniquilado a la fauna marina, sino que ha eliminado también toda posibilidad de desempeñarse dentro de las labores que habían realizado toda la vida.
El decremento de la producción de camarón, y de la pesca en general en Oaxaca, ha tenido graves consecuencias, ecológicas, económicas y sociales, arrebatándoles la posibilidad de trabajar dignamente, en la captura de alta mar ha a cientos de pescadores, eliminando de facto las posibilidades de subsistencia de más de mil familias, que dependían enteramente de esta actividad.
Teniendo en cuenta los elementos mencionados, se presenta ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a Pemex y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación al pago de una indemnización al grupo de pescadores unidos de alta mar del golfo de Tehuantepec, y a ejecutar un programa integral de desarrollo económico y social para el sector pesquero del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, por las consecuencias de la contaminación y creación de áreas restringidas a la pesca, las cuales han afectado sustancialmente la vida laboral de todos los pescadores de este puerto.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
INCORPORAR UNA PARTIDA ESPECIAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2007 PARA EVITAR DESABASTO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES, A CARGO
DE LA DIPUTADA ELDA GÓMEZ LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Elda Gómez Lugo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguientes
Consideraciones
El pasado 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, lo que nos pone frente a nuevos retos que permitan superar el avance de esta enfermedad, incrementando la calidad de la atención, reforzando las acciones preventivas e impulsando las acciones contra el estigma y la discriminación.
La salud es importante para construir una vida plena; implica gozar de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social. Por ello, la Constitución Política Mexicana reconoce en el artículo 4o. el derecho a la protección de la salud.
Para alcanzar la salud, las medidas preventivas son herramienta esencial en el combate de muchas de las enfermedades que aquejan a las y los mexicanos; tal es el caso del VIH/sida.
Una vez agotada la prevención, el suministro adecuado de los medicamentos es la opción más eficiente para combatir el virus.
De tal suerte, tras el fracaso de la vacuna aidsvax, que se esperaba protegiera de la infección por VIH, los medicamentos antirretrovirales siguen siendo la opción más sólida para el tratamiento de personas que viven con sida. Sin embargo, el desabasto de esos fármacos en las instituciones del sector salud (principalmente IMSS e ISSSTE) ha llegado a ser una constante que pone en riesgo la vida de las personas al volverlas más resistentes a dichos antirretrovirales.
La federación ha dejado de destinar recursos para la compra de medicamentos antirretrovirales para aproximadamente 3 mil 800 infectados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Si continúa esta política de parte del gobierno, para fines de marzo de 2007 podría haber desabasto de tratamientos, provocando la reducción de la calidad de vida en los pacientes, llevándolos irremediablemente a una muerte prematura.
Ante esta situación de escasez, muchos seropositivos han establecido el préstamo o intercambio de fármacos como forma alternativa, algunos otros, encuentran en los diversos grupos u organizaciones de apoyo, la forma de continuar su tratamiento sin tener que pagar los altos costos de los medicamentos que algunas empresas farmacéuticas los hacen inasequibles, pues los precios de los tratamientos fuera del ámbito gubernamental alcanzan niveles sumamente costosos.
El VIH lacera a nuestra sociedad, por lo que se requieren acciones inmediatas e integrales, con el objetivo de detener y reducir la propagación de este virus.
Lamentablemente, los que menos tienen son quienes más padecen la falta de medicamentos y atención personalizada, por lo que debemos redoblar esfuerzos, trabajando más con las Instituciones del sector salud, modificando la legislación y destinando recursos suficientes para superar el avance de esta enfermedad que vulnera a miles de mexicanas y de mexicanos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Incorporar una partida especial suficiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 para garantizar una mejor atención y la oportuna adquisición de medicamentos en el combate del VIH/sida.
Segundo. Exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas en materia de prevención, principalmente entre los grupos más vulnerables, ampliar la cobertura de atención integral de los pacientes con VIH/sida e impulsar acciones para combatir la discriminación de las personas que viven con el virus.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.
Diputada Elda Gómez Lugo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
RECLASIFICACIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS EN DIVERSOS MUNICIPIOS
DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX legislatura, con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para solicitar que se reclasifiquen a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico y comercial para los municipios que comprende desde Martínez de la Torre hasta Pánuco, en la parte norte del estado de Veracruz.
Antecedentes
En el artículo 7o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional se dispone la prestación del servicio de energía eléctrica con carácter social.
Desde 1992, cuando fue modificada inconstitucionalmente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el comportamiento de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad ha sido distinto y contrario a lo establecido en la Constitución.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto el 6 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, el "Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas", generando un nuevo sistema de tarifas para consumo doméstico más caras en un 187 por ciento que la tarifa de consumo de energía eléctrica comercial, afectando al 100 por ciento de los usuarios.
Considerando
2. Que el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y racional consumo de energía.
3. Que en todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas.
4. Que la población de los distintos estados de la República se ha manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.
5. Que como representantes populares es nuestra obligación atender a las demandas ciudadanas, más aún cuando se traducen en un beneficio económico y social para una región.
6. Que no existe una negativa a pagar por parte de la ciudadanía, sino que exige tarifas justas, de acuerdo con lo que consumen.
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se solicite al titular del Ejecutivo federal que, con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracción V, de la Ley de Planeación y el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la participación de la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Electricidad , reclasifique a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico y comercial para los municipios localizados de Martínez de la Torre a Pánuco, en el estado de Veracruz, y en general para todas aquellas localidades donde las temperaturas excedan los 30 grados centígrados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS
COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS A INFORMAR SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS
EN EL ESTADO DE PUEBLA, Y A DAR CELERIDAD A LA AVERIGUACIÓN PREVIA
MOTIVADA POR EL PERIODISTA MARIO MARTELL, A CARGO DE LA DIPUTADA VIOLETA
DEL PILAR LAGUNES VIVEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La libertad de expresión es una piedra angular de toda sociedad libre y democrática. La libertad de expresión es una condición esencial de la democracia. Todo Estado que aspira a ser democrático tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión.
Nuestra Constitución General de la República, en el artículo 6o., establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado.
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales ratificados por México, por lo que son de obligatorio cumplimiento en nuestro país.
La libertad de expresión, según estos instrumentos internacionales, comprende no sólo el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, sino también el derecho a opinar y expresarse libremente. La libertad de expresión implica además el derecho de todo individuo a tener acceso a la información que se encuentre en los archivos del Estado y de las instituciones públicas, así como la información, sobre sí mismo, que permanezca en bancos de datos públicos y privados.
Asimismo, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, el secuestro, la intimidación, la amenaza a los comunicadores sociales y la destrucción material de los medios de comunicación violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.
Por otra parte, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión conlleva para quienes lo ejercen deberes y responsabilidades. Tanto el periodista y comunicador social, como los medios de comunicación, tienen la responsabilidad de proporcionar información veraz, contrastada y basada en fuentes certeras.
La libertad de expresión comprende tanto la obligación negativa de las personas de no restringir ni obstaculizar el ejercicio de este derecho, como la obligación positiva de facilitar el acceso a la información que esté en poder de las distintas autoridades e instituciones públicas.
Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo relacionadas con hechos que atenten contra los derechos de los periodistas o comunicadores, deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el procurador general de la República tiene la facultad de crear fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.
En la administración del Presidente de la República Vicente Fox Quesada, mediante el acuerdo número A/031/06, de fecha quince de febrero de dos mil seis, el entonces procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, con la finalidad de que dicho órgano de gobierno coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y con las diversas procuradurías generales de Justicia de los estados integrantes de la federación, en la investigación de los ilícitos materia del presente acuerdo, al ejercer la facultad de atracción en los que tengan conexidad con algún ilícito penal del fuero federal, así como apoyar y reforzar los diversos programas de atención a víctimas del delito, otorgándole competencia para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros en el territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional, otorgándole para tal efecto, todas las facultades que se desprenden del artículo tercero del acuerdo referido.
Sin embargo, a pesar de los avances que se han dado en la protección al derecho de informar de los periodistas, todavía es preocupante constatar que se continúa atentando contra la libertad de expresión y opinión, e integridad física de periodistas y comunicadores.
Los atentados contra periodistas han sido denunciados en esta tribuna por compañeros diputados y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios, la más reciente fue realizada por el senador Mario López Valdez, integrante del Partido Revolucionario Institucional, que el día diecisiete del presente mes y año presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar de manera urgente las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas contra periodistas y editores, así como para que el propio presidente de la república realice una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes los medios de comunicación nacional y local, y para que se comprometa a garantizar durante su mandato la plena vigencia del derecho a la información y las libertades y derechos civiles correspondientes.
La mayoría de actos violentos cometidos contra periodistas y comunicadores se dan contra los que ponen en evidencia actividades del crimen organizado, las relaciones de éste con autoridades y los abusos de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Un fenómeno que se observa en diversas entidades federativas es la falta de tolerancia a la crítica por parte de algunos gobernantes, quienes presuntamente han utilizado medios de coerción y la detención arbitraria, entre otros, de los periodistas y medios de comunicación que se atreven a informar a la sociedad sobre algunos de sus actos, problema en el que desgraciadamente el estado de Puebla ha ocupado un lugar protagónico desde hace casi un año hasta la fecha.
El último caso se denunció el viernes 26 de enero del presente año, Mario Martell, periodista de Intolerancia Diario, se presentó ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, lo que motivó el inicio de la averiguación previa 110/2007, atribuyendo actos de violencia en su contra a Miguel Ángel Romero Ortega, a quien señaló como guarura de Roberto Marín Torres, según su dicho el último de los mencionados le fracturó la nariz porque le quiso impedir entrevistar al nuevo secretario de organización del CDE del PRI, el día anterior, en la sede del PRI municipal.
Compañeros legisladores, es necesario que pongamos un fin a la ola de violencia contra periodistas que se ha desatado en el estado de Puebla en los últimos meses. Por esa razón, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas a informar cuántas denuncias se han presentado ante dicho órgano de gobierno desde el inicio de sus operaciones en el estado de Puebla hasta la fecha y el estado en que se encuentran éstas.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas en el estado de Puebla a dar la mayor celeridad a la averiguación previa 110/2007, motivada por la denuncia penal presentada por el periodista Mario Martell; y, en su oportunidad, presentar ante el propio órgano legislativo un informe sobre los resultados de la indagatoria.
Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA SHCP Y DE LA SFP PARA
EXPLICAR LOS ALCANCES DEL PLAN DE AUSTERIDAD Y DE LA INICIATIVA DE REFORMA
CONSTITUCIONAL RELATIVA A LOS SALARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,
A CARGO DEL DIPUTADO HUGO EDUARDO MARTÍNEZ PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 4 de diciembre el Ejecutivo Federal dio a conocer las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal que permitirán obtener un ahorro por 25 mil 500 millones de pesos. Dichas medidas incluyen la reducción de los sueldos y salarios netos del Presidente de la República, así como de los secretarios y subsecretarios de Estado, oficiales mayores, titulares de unidad y de los puestos equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales.
Para racionalizar las erogaciones de servicios personales, el decreto establece que deberán reducirse en un 10 por ciento los sueldos y salarios del Presidente de la República, de los secretarios y subsecretarios de Estado, oficiales mayores, titulares de unidad y los puestos equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales. Sin embargo, la reducción de 10 por ciento al salario de los altos funcionarios generarán un ahorro a las finanzas públicas de apenas 105 millones de pesos, de manera que los ajustes a los altos funcionarios representan menos del 0.5 por ciento del programa de medidas de austeridad anunciadas por el Ejecutivo.
Durante el ejercicio fiscal de 2007 no se otorgarán incrementos saláriales a los servidores públicos de mando ni a los niveles homólogos. A través de las medidas de austeridad se plantea que los gastos de representación y comisiones oficiales se reducirán al mínimo indispensable. En tanto que los recursos destinados para servicios personales se deberán reducirse en 2 por ciento con relación al mismo concepto de gasto regularizable correspondiente al ejercicio fiscal de 2006.
Así, los recursos para gastos de operación de la administración pública federal deberán contemplar una reducción de 5 por ciento con respecto al mismo concepto. Por otra parte, será la Secretaría de Hacienda la que reduzca el costo correspondiente a los seguros de gastos médicos mayores, de vida y de separación individualizada, para los servidores públicos.
Las medidas de austeridad representan 25 mil 522 millones de pesos, los cuales se generarán por la aplicación de las medidas de reducción del 10 por ciento al salario, de reducción del 2 por ciento del presupuesto de servicios personales, de ahorros en la contratación de seguros institucionales y de reducción del 5 por ciento del presupuesto de operación, como se observa en el cuadro 4, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda.
El decreto menciona la necesidad de generar ahorros con la aplicación de medidas de austeridad en la gestión pública por lo que Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa para regular las percepciones a las que los funcionarios públicos tienen derecho, así como para transparentar las mismas.
En ese sentido, el Ejecutivo federal presentó el 23 de enero de 2007 una iniciativa de reforma constitucional de salarios de los servidores públicos; asimismo, faculta al Congreso de la Unión para que legisle en la materia. El titular del Ejecutivo menciona que la reforma constitucional permitirá al Congreso crear una ley con algunos criterios específicos como la conformación de comités técnicos especializados, quienes determinan los topes mínimos y máximos de sueldos para cada nivel. Se precisa que ningún funcionario podrá ganar más que su superior inmediato ni tampoco podrá devengar un salario mayor al del Presidente de la República.
La iniciativa incluye a los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; a los servidores públicos de los organismos constitucionales autónomos, como son el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, los Tribunales Agrarios, entre otros, y de los tres órdenes de gobierno, de la federación, de los estados de la república y de los ayuntamientos del país.
Sin embargo, la reforma constitucional del Ejecutivo federal omite en su iniciativa las jubilaciones de los altos funcionarios además de los elevados sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o las pensiones de los ex presidentes de la república que se pagan con recursos públicos.
Es en este contexto, que de acuerdo con un diagnóstico realizado por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda, entre dependencias de la administración pública federal centralizada, arrojó que la situación en cuanto a las estructuras, funciones y remuneraciones del personal de mando en 2004, se debió a que la administración pública federal (APF) contaba con 2 millones 866.8 mil plazas, que incluyen 1 millón 362.1 mil plazas de los Ramos 33, Aportaciones a Entidades Federativas, y 25, Servicios Educativos del Distrito Federal. Del total de plazas de la APF, un millón 810.6 mil (63.2 por ciento) corresponden a personal técnico que se desempeña en áreas de servicio al publico.
Por otra parte, el concepto de categorías que incluye, entre otros, al personal docente, al personal de la rama médica, paramédica y grupos afines, al personal del servicio exterior mexicano, así como a investigadores, policías, personal militar y controladores aéreos. Las plazas del nivel de mando y personal operativo fueron, 101.8 mil y 954.4 mil plazas, 3.5 por ciento y 33.3 por ciento del total, respectivamente. Es pertinente mencionar que para el presupuesto de 2007, la SHCP incluye en los anexos un analítico de plazas, sin embargo dicho desglose no esta contemplado para la totalidad de dependencias y entidades que conforman el sector público.
Por otra parte, la información de la Secretaría Técnica de las Comisiones Intersecretariales de Gasto Financiamiento y de Desincorporación, señala que hasta julio de 2005, las entidades paraestatales eran 212. De ese total, 172 organismos, empresas y fideicomisos públicos se encuentran vigentes y 40 están en proceso de desincorporación. Mientras que de las entidades vigentes, 86 son organismos públicos descentralizados, 67 son empresas de participación estatal mayoritaria y 19 son fideicomisos públicos.
En la pasada administración, se adoptaron medidas de ahorro y austeridad para aumentar la eficiencia del gasto público en materia de administración, servicios personales y con la intención de darle otra dimensión a las estructuras administrativas. Una de las acciones que aplicó el gobierno federal fue la de los programas de retiro y separación voluntaria con la cual se buscó que los servidores públicos que así lo desearán tuvieran la posibilidad de separarse del cargo que desempeñaban recibiendo una compensación económica en relación con su puesto y antigüedad.
Según datos de las secretarías de Hacienda y la Función Pública, en el periodo de 2001 a 2003 la aplicación de los programas de retiro y separación voluntaria derivó en la cancelación de 71 mil 278 plazas con un costo total de 18 mil 112 millones de pesos, estas medidas permitieron generar ahorros en el erario público por concepto de pago de servicios personales al mismo tiempo que se redujeron las estructuras administrativas.
Cabe recordar que a partir del 18 de junio de 2003, con la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal (APF), inicia de manera formal y obligatoria el servicio de entre los servidores públicos de mando medio y superior de la Administración Pública. Dicha ley establece como principios rectores del sistema: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito. Además se pretende alcanzar la simplificación de las estructuras, la desregulación de los procesos y el uso racional del gasto público.
Para algunos especialistas, el Ejecutivo ha venido aplicando una política basada en el despido sistemático de servidores públicos para designar en su lugar a personas sin perfil, mérito, trayectoria o experiencia en la administración pública federal, además sin observar ningún rigor en su contratación.
A pesar de que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, establece la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el merito, No obstante, en la pasada administración se han eliminado servidores públicos ajenos a sus intereses, con la finalidad de abrir espacios para miembros afines.
Algunos especialistas estiman que durante los últimos años se dieron grandes avances en la organización y en el diseño de políticas, gestión y técnicas de personal, más no así en el diseño e implementación de un servicio civil y carrera administrativa. De manera que, no se logro una profesionalización de la burocracia debido a la fuerte influencia partidista en la administración pública, a la nula autonomía de las unidades de recursos humanos, a la ausencia de procedimientos claros de ingreso a la administración, así como por el endeble marco legal laboral.
Actualmente, se desconoce cuáles han sido los procedimientos aplicados por la Secretaría de la Función Pública en la designación de Servidores Públicos para ocupar puestos en las dependencias y entidades de la Administración Pública.
Con relación a los alcances del servicio civil de carrera, existen aún muchos aspectos que se tendrían que mejorar, por lo que se puede afirmar que no se ha dado una evaluación de la eficiencia con la que en muchas dependencias públicas opera el servicio civil.
Respecto a las remuneraciones que en México se dan en el sector público y en el privado, la Auditoría Superior de la Federación encontró que en 2003, el salario mensual bruto del titular del Ejecutivo Federal ascendió a 20 mil 326 dólares y el de un director general en el sector privado fue de 72 mil 236 dólares, lo que representó 3.6 veces más que el primero. Pero al comparar con lo de otros países se obtuvieron los siguientes resultados: en Estados Unidos el sueldo del presidente fue de 33 mil dólares, en el Reino Unido de 21 mil, en México de 20 mil, nivel muy por encima de países como España con 6 mil y Brasil con 4 mil dólares.
Sin embargo, durante los últimos años no se ha racionalizado el gasto, por ejemplo hemos presenciado el incremento en el gasto de publicidad y otros privilegios a funcionarios públicos de manera que el gasto corriente ha crecido, en detrimento de la cobertura y calidad de los servicios públicos. Es muy lamentable que con el recorte de plazas, los recursos económicos que se ahorrarán no se destinen a la creación de empleos.
El grupo parlamentario del PRD ha señalado insistentemente que se tiene que ahorrar en gastos superfluos, disminuyendo el despilfarro, aumentando la transparencia, mejorando la calidad en la rendición de cuentas donde al tiempo que se disminuye la opacidad en el manejo de recursos, se da cuenta de cómo se gastan los recursos públicos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía acuerda solicitar la comparecencia de los secretarios de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público para rendir un informe preciso del estado que guardan los sueldos, salarios, prestaciones, gastos médicos mayores, de vida y separación individualizada de los servidores públicos en la administración pública federal, así como también expliquen y proporcionen un informe detallado del servicio profesional de carrera y de los programas de separación voluntaria, con objeto de que esta soberanía cuente con mayores elementos sobre la reforma para regular los sueldos de los servidores públicos que propone el Ejecutivo federal.
Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2007.
Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SRE Y A LA SEP A GESTIONAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
RESCATAR EL MURAL EJERCICIO PLÁSTICO –DEL PINTOR MEXICANO
DAVID ALFARO SIQUEIROS–, QUE SE ENCUENTRA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, A
CARGO DEL DIPUTADO BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, Benjamín González Roaro, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Sin duda, México es un país que se caracteriza por poseer una gran riqueza artística, prueba fehaciente de ello es la obra del pintor y muralista: David Alfaro Siqueiros.
Su principal legado radica en la conciencia de que las disciplinas artísticas deben ser consideradas como uno de los principales activos para incluir al mayor número de personas en programas de divulgación y difusión artística, dado que no debemos olvidar que la creatividad y la pluralidad en las formas de expresión, fortalecen la riqueza cultural y artística universal, en razón de que contribuyen a fincar y consolidar los valores de respeto y apertura social.
2. La obra denominada "Ejercicio Plástico" realizada en 1933 en Buenos Aires, Argentina por el maestro Siqueiros, se ubicaba en un sótano de una Quinta de la localidad de Don Torcuato, y ahí estuvo durante 60 años, hasta que en 1994 el último propietario del inmueble, tuvo la intención de realizar una venta clandestina, motivo por el cual la obra fue mutilada tras un arduo trabajo de ingeniería. A partir de ese momento, el mural ha quedado en situaciones indignas de conservación.
Desde hace más de 13 años la obra se encuentra resguardada en cuatro contenedores bajo amenaza latente de destrucción, lo cual es inconcebible ya que este mural representa el principio del arte cinético y sirvió de base para los principios de poliangularidad en el muralismo.
En 2003 el presidente de Argentina: Néstor Kirchner, por decreto 10/85/20/03 declaró al mural en mención como patrimonio histórico cultural de ese país.
No es posible que por mediar una contienda jurídica donde se cuestionan derechos patrimoniales privados, la obra mural está en riesgo de no poder ser restaurada si no se toman las medidas pertinentes para su conservación en un periodo no mayor de tres años, como prueba de lo aseverado, el documental Siqueiros "Ejercicio Plástico" detalla la realidad de los hechos.
Cabe destacar que parte del mural se encuentra extraviado.
3. La ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece en el artículo 33 párrafos primero, quinto, séptimo y octavo, que:
Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. (…)
Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas. (…)
La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca.
La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.
Con fundamento en lo anterior, el 18 de julio de 1980 se publicó en el diario oficial de la federación el decreto por el que se declara monumento artístico la totalidad de la obra de David Alfaro Siqueiros, sean de propiedad nacional o de particulares.
En este tenor, es importante especificar que es obligación del Estado mexicano el conservar y restaurar el mural "Ejercicio Plástico", aún cuando dicha obra se encuentre en un país extranjero. En consecuencia, el poseedor o propietario debe permitir dicha intervención.
4. Con fundamento en los artículos 28 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como en los artículos: 2, 3, 5, 12, 13, 34, 45 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; el artículo 17 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; son competentes para conocer de este asunto, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Relaciones Exteriores.
5. El 22 de noviembre de 1968 en París, Francia, se aprobó en la decimoquinta reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, sobresaliendo el capítulo III, numeral 13 Sobre las medidas de conservación y salvación:
Para conservar o salvar bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro debería recurrirse a medios que correspondan a las siguientes medidas precisas, de conformidad con el sistema jurídico y de organización de cada Estado:
C. Medidas Administrativas
D. Métodos de conservación y salvación
de los bienes culturales
E. Sanciones
F. Reparaciones
G. Recompensas
H. Asesoramiento,
I. Programas educativos
El arte por sí mismo ilumina la inteligencia y agudiza los sentidos, cambia la idea del mundo que puede tener el humano; descubre un lenguaje y una nueva representación de este mundo, ya que lo que el arte nos sugiere aun antes de saberlo, es que la realidad tiene distintos significados e interpretaciones, por lo cual se transforma en un elemento enriquecedor de la experiencia intelectual y vital.
No olvidemos que el arte tiene un sentido universal extraordinario: es la apuesta por un futuro más promisorio.
Con base en las consideraciones anteriores, solicito la aprobación del presente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública para que, dentro de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias ante el gobierno argentino y trabajar en coordinación para restaurar el mural "Ejercicio Plástico" del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, que se encuentra en ese país, en peligro de deteriorarse irreparablemente.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 de febrero de 2007.
Diputado Benjamín González Roaro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE PRACTIQUE UNA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
A LOS TRABAJOS DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL QUE PEMEX EXPLORACIÓN
Y PRODUCCIÓN REALIZA EN LA CUENCA DE BURGOS, A CARGO DEL DIPUTADO
ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
Desde que fue anunciado el esquema de contratos de servicios múltiples para la explotación de gas no asociado en la Cuenca de Burgos, el PRD ha señalado la inconstitucionalidad de los mismos, puesto que su objetivo central es encomendar al contratista la ejecución de actividades de exploración, producción, transporte y procesamiento de gas natural por un periodo de hasta 20 años. En la práctica, se trata de contratos a través de los cuales Petróleos Mexicanos cede a un tercero la exclusividad que en materia de hidrocarburos le otorga la Constitución.
Los llamados Contratos de Servicios Múltiples (CSM) no son en realidad contratos de servicios, ya que no están orientados hacia los servicios especializados asociados a la actividad petrolera, como el tratamiento de datos, la prospección sismológica, el mantenimiento de equipo, etcétera; sino que implican el corazón mismo de esta actividad reservada al Estado. Pretendiendo ocultar este hecho, en los contratos de servicios múltiples, se emplea el término "mantenimiento" para encubrir que el contratista se encargará de la operación de pozos, instalaciones, equipos y sistemas de monitoreo de supervisión de operaciones; además del mantenimiento en sentido estricto de los mismos.
De hecho, las actividades de exploración, perforación, extracción y conducción que realizan las empresas contratistas en un área o "bloque" determinado, mediante los contratos de servicios múltiples, implican que Pemex Exploración y Producción (PEP) pierda el control de todo lo que se haga al interior de ese bloque. De facto, la empresa substituye a Petróleos Mexicanos en el bloque objeto del CSM. De existir una controversia entre PEP y el contratista, la misma será dirimida por el Tribunal de Comercio de París.
Pero más allá de la discusión sobre la constitucionalidad de estos contratos, la cual será dirimida en lo fundamental cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en torno al juicio de nulidad interpuesto por la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, lo cierto es que de acuerdo a la opinión de ingenieros petroleros, geólogos y geofísicos de Petróleos Mexicanos; existen indicios de que los trabajos realizados por las empresas contratistas no se ciñen estrictamente a las mejores prácticas internacionales de desarrollo de campos, ni son lo suficientemente acuciosas con el cumplimiento de las normas ambientales, ni han significado una fuente de aprendizaje tecnológico para nuestra empresa petrolera.
De ahí que nos parezca de suma importancia para la nación, que se haga una evaluación rigurosa y objetiva, desde el punto de vista técnico y económico, de los trabajos que realizan las contratistas en la cuenca de Burgos. Los mexicanos tenemos derecho a saber, por ejemplo, a cuánto ascienden las inversiones realizadas hasta la fecha por las contratistas, el monto que han recibido de PEP como contraprestación a sus servicios, la cantidad de gas natural producido, el número de pozos perforados y el porcentaje esperado de recuperación de gas en los mismos, sus planes de protección ambiental, cuántas y cuáles actividades han subrogado y bajo qué condiciones, qué aprovechamiento hacen de las instalaciones y el personal de la propia PEP, si PEP sigue manteniendo el dominio de la información histórica del control geológico, geofísico y de yacimientos y cual es la información que entrega a los contratistas de los CSM, y un largo etcétera.
En resumen, estamos pidiendo que se esclarezca hasta qué punto las empresas contratistas han cumplido con los compromisos establecidos en sus respectivos contratos; y con los objetivos cualitativos y cuantitativos de producción y desarrollo de los diferentes bloques licitados.
La pregunta es ¿ha valido la pena otorgar a trasnacionales de segunda categoría, como Repsol, contratos que menosprecian las competencias profesionales de nuestros técnicos y cuya inversión se paga con el propio flujo de efectivo?
Para responder a ella y con base en todo lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría de desempeño a los trabajos de producción de gas natural que efectúa Petróleos Mexicanos Exploración y Producción en la cuenca de Burgos bajo el esquema de contratos de servicios múltiples.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.
Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA CONAGUA Y AL GOBIERNO DE JALISCO QUE CONSIDEREN RECURSOS
PARA EL SANEAMIENTO DE LA LAGUNA DE CAJITITLÁN, EN DICHO ESTADO,
A CARGO DEL DIPUTADO MARIO SALAZAR MADERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo a efecto de que se solicite a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado de Jalisco, asignen recursos suficientes para llevar a cabo las obras de saneamiento de la laguna de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Cajititlán, en su peculiar paisaje lacustre ribereño, en su construcciones prehispánicas de estilo recio teotihuacano, de herencia ya milenaria, en sus edificaciones coloniales barrocas, ya triseculares, como sus templos de San Juan Evangelista, San Lucas y la parroquia de los Tres Reyes Magos, simetría perfecta, es ejemplo que se hace norma del genuino México, que no podemos permitir se esfume.
Dicha laguna actualmente es afectada por descargas de aguas residuales procedentes de cabeceras y cinco poblaciones ribereñas sin tratamiento alguno; mortandad cíclica de peces en los meses de abril a mayo y riesgo de deterioro de la salud publica. Afectación económica a las uniones de pescadores de las poblaciones ribereñas y disminución del turismo. Infestación de maleza acuática, lirio y tule, entre otras.
Para evitar lo anterior es necesario sanear de manera urgente la laguna logrando que las aguas que ingresen estén dentro de las normas ambientales vigentes, para ello es necesario llevar a cabo dicho saneamiento en dos etapas, en la primera:
2) Se construirá la planta de tratamiento de la cabecera proyectada en el predio la cajilota que aporta aproximadamente el 80 por ciento de lo que ingresa de manera permanente.
3) Se realizaran acciones en el canal de cabecera a la laguna para reducir la cantidad de los sólidos y se oxigenará el agua, se propone realizar cascadas de oxigenación
4) Se establecerá el cambio de alcance de la auditoria ambiental que se realizara del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2006 del rubro de recursos naturales por Ingesa, SA de CV, que proporcionará el plan de acción que se deberá cumplir ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, en cuestión ambiental para el desarrollo sustentable de la zona.
5) Se integraran a las uniones de pescadores de la zona para establecer acciones para la mejora en la laguna (generar limpieza de laguna y realizar composteo)
6) Se realizarán acciones en el canal de Cedros para garantizar mayor ingreso de agua limpia en los próximos temporales, con anuencia del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Se buscarán alternativas de la mejora de la calidad de agua de laguna, a través de procedimientos y técnicas para mejorar el ecosistema.
Esta etapa se enfocaría a la mejora del ecosistema de la laguna en los siguientes rubros:
Estimación total del proyecto Laguna de Cajititlán Saneamiento Integral
Total: 79 millones 421 mil 285 pesos, 50 centavos
Por lo anterior se somete a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado de Jalisco, se asignen recursos suficientes para llevar a cabo el saneamiento de la laguna de Cajititlán del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2007.
Diputado Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A ENVIAR UN INFORME RESPECTO A
LAS CAUSAS DE LA FUGA Y EXPLOSIÓN EN EL POLIDUCTO DE GAS ETANO EN
CENTRO, TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO MOISÉS DAGDUG LÜTZOW,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Moisés Dagdug Lutzow, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 22 de enero a la altura del kilómetro 77 de la carretera Villahermosa-Cárdenas, se registró una explosión derivado de la supuesta ordeña de gas etano plus en poliductos de Pemex, resultando afectada la comunidad Plátano y Cacao, municipio de Centro, dejando un total de 378 personas evacuadas, entre ellas ocho intoxicadas y un gran número de familias sin patrimonio.
Con 52 mil kilómetros, esta paraestatal tiene la tercera red de ductos más importantes en todo el mundo, de éstos 50 mil pertenecen a ductos terrestres y 2 mil son marítimos; muchos de estos operan bajo condiciones de riesgo. De ese total, poco más de 39 mil kilómetros fueron construidos en los años setenta, y su vida útil que es de 21 años, ha llegado a su término.
Cerca de 7 mil kilómetros de esas líneas conductoras de hidrocarburos pasan por Tabasco; mismas que muestran falta de mantenimiento como sucede a nivel nacional derivado del transporte de productos a altas temperaturas y presiones, así como a factores ambientales (cambios climáticos, lluvias, salinidad), a lo cual se suma una intensa corrosión causada por los propios componentes del gas.
Si bien es cierto que en esta entidad la industria desarrollada por Petróleos Mexicanos ha generado importantes avances económicos, así como impulsado su desarrollo social y urbano, también es cierto que ha traído catástrofes a la población originadas por el deplorable estado de los sistemas de los ductos.
Basta recordar accidentes de este tipo como una fuga en un oleoducto ubicado en el ejido La Ceiba, municipio de Cunduacán, también un oleogasoducto en la ranchería Benito Juárez, en el municipio de Centla; el incendió de un pozo y el desplome de una torre de perforación, sucesos acontecidos en el municipio de Huimanguillo y el derrame de un pozo petrolero en Cárdenas. De igual modo, en Cunduacán, cuando se suscitó la explosión de un oleoducto en la ranchería Benito Juárez de Huimangillo, tan solo por mencionar los que han afectado a Tabasco, sin contar casos similares en Veracruz y Tamaulipas.
Todos estos hechos han tenido como consecuencia perdida de vidas humanas, materiales e impacto al medio ambiente, dejando en claro la negligencia con la que opera Pemex en el estado de Tabasco.
Por los razonamientos antes expuestos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. En los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Cámara de Diputados exhorta al doctor Jesús Federico Reyes Heroles González Garza, director de Petróleos Mexicanos, a que explique y envíe un informe a esta soberanía sobre las causas que provocaron la fuga y explosión en el poliducto de gas etano en el municipio de Centro en Tabasco, e implante acciones inmediatas para evitar futuros accidentes.
Segundo. Además proporcione los datos técnicos, que incluyan: capacitación de personal, equipamiento y mantenimiento preventivo y correctivo, de los proyectos, programas y medidas destinados a evitar y corregir las fugas de hidrocarburos de los ductos de Pemex, particularmente en el estado de Tabasco, y que se ponga un alto definitivo a la negligencia de la paraestatal.
Tercero. Que Pemex indemnice a las familias de la comunidad Plátano y Cacao, municipio de Centro, que resultaron afectadas; y asimismo enmiende junto con la Profepa los daños ecológicos causadas a seis hectáreas de cultivo quemadas, y
Cuarto. Que a la brevedad posible Pemex haga entrega del Atlas de Riesgo del estado de Tabasco; y de a conocer las situaciones que guardan las instalaciones en esta entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de febrero de 2007
Diputados: Moisés Dagdug Lutzow (rúbrica),
Francisco Sánchez Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SEDESOL Y DE LICONSA QUE ESTABLEZCAN
Y CUBRAN EL PRECIO DE REFERENCIA DE ADQUISICIÓN DE LA LECHE A LOS
PRODUCTORES DE ÉSTA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO MUÑOZ
SERRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado José Antonio Muñoz Serrano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes
Consideraciones
En los últimos días, uno de los problemas más urgentes de resolver para el gobierno mexicano ha sido el relativo al precio de la leche que se expende a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Liconsa, después de haber sufrido un incremento en su precio que por más de cinco años se mantuvo en 3.50 pesos y que en noviembre de 2006 se incrementó a 4.50.
Esa situación, tras la manifiesta inconformidad pública, ha requerido la inmediata atención de las secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, de Ganadería, de Economía, y de Hacienda, toda vez que el objetivo principal de Liconsa es precisamente abastecer del producto lácteo a un amplio sector de escasos recursos.
Ante tales acontecimientos, se aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 500 millones de pesos para estar en condiciones de bajar de 4.50 a 4.00 pesos el precio de la leche Liconsa. Ello resulta una medida benéfica para quienes adquieren este producto. Sin embargo, se habrán de tomar las medidas necesarias para atender el otro perfil del problema, el relativo al precio en que Liconsa adquiere la leche a los productores.
No está de más subrayar que esa empresa debe dar prioridad a la adquisición de leche proveniente de nuestros productores nacionales y no de extranjeros, ya que aun cuando el objetivo primordial de Liconsa es proporcionar el producto lácteo a un precio notoriamente menor que el comercial, no se puede ni debe llevar a cabo esta acción en detrimento de los productores lecheros mexicanos, por lo que resulta imprescindible no sólo fijar un precio justo y razonable de adquisición sino, más aún, agilizar las condiciones para poder pagar a los productores lo que por ley les corresponde.
Nuestra propuesta busca establecer un precio de adquisición elevado, que pudiera interpretarse como subsidio a los productores. No, nosotros proponemos que, con base en lo establecido en materia de leche en la Ley de Ingresos para 2007, se pague un precio justo que apoye, incentive y mantenga viable la producción nacional lechera. No basta que Liconsa ponga al mercado leche a bajo precio, es indispensable también, ofrecerle a toda la población que la adquiere, leche de primera calidad, y eso es lo que nuestros productores nacionales ofertan.
De esa forma contribuiremos a mejorar no sólo a quienes adquieren la leche, sino también a quienes, al producirla, sólo reclaman lo que legítimamente les corresponde, ya que hay un gran número de familias afectadas por esta situación, y hablo en particular de los hombres, mujeres niños y adultos mayores de la zona de los Altos, Jalisco, que han dejado de percibir el dinero suficiente para su sustento diario.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Envíese respetuoso oficio a la secretaria de Desarrollo Social y al titular de Liconsa para que, con base en la fórmula establecida en la Ley de Ingresos, con la mayor brevedad se establezca y cubra, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2007, el precio de referencia de adquisición de la leche a los productores lecheros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 6 de febrero de 2007.
Diputado José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR LA DECLARATORIA DE VEDA DE AGUAS
EN LA REGIÓN DE LOS VALLES DE CUATROCIÉNEGAS, EL HUNDIDO
Y LAS CALAVERAS, EN COAHUILA, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Aleida Alavez Ruiz, diputada federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo federal publique de inmediato la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en Coahuila, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que constituye una garantía constitucional establecida en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de toda persona de gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Segundo. Que es facultad de este Congreso legislar en materia que establezca las competencias concurrentes entre los gobiernos federal, estatal y municipal para el equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
Tercero. Que el propio artículo 27 constitucional señala que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación así como para cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país (integral y sustentable), dictando las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, aludiendo a la facultad federal de llevarlas a cabo, así como para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, esto de manera concurrente entre los distintos órdenes de gobierno.
Cuarto. Que durante la ultima semana de septiembre y primera de octubre de 2006, el otrora secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hoy director general de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero José Luis Luego Tamargo, se comprometió públicamente y ante la nación entera en promover en un mes la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras; sin embargo, han pasado cuatro meses y no hay viso de publicación alguna. Cabe recordar que este pleno ya aprobó el 5 de octubre de 2005 sendos puntos de acuerdo para la protección de la región en comento, por lo que recurrimos a la sensibilidad de las y los legisladores para seguir protegiendo este importante ecosistema único en el mundo que se ubica en tierras coahuilenses.
Quinto. Que debido a las particularidades geomorfológicas, hidrológicas y ecológicas de Cuatrociénegas, el Hundido y Las Calaveras, se necesita mayor profundidad en las investigaciones sobre los impactos ambientales del uso del suelo en esta región. El área protegida y las regiones prioritarias de la Conabio enfrentan severos impactos por las transformaciones históricas en el espacio geográfico que comprometen la sustentabilidad de la región misma. Los recursos naturales, incluidos el yeso, sal y candelilla, están siendo aprovechados con escasos lineamientos legales. Los recursos hídricos se explotan para cultivos agrícolas en una región que representa uno de los dos oasis en el desierto chihuahuense del suroeste estadounidense y el noreste mexicano.
Sexto. Que es urgente que el gobierno mexicano adopte sus compromisos contraídos con la comunidad científica nacional, los legisladores y el pueblo de México en general, mediante la urgente publicación de la declaratoria de aguas correspondiente para esta región.
En tal virtud y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata y con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la declaratoria de veda de aguas de la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en Coahuila.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a los seis días del mes de febrero de dos mil siete.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SHCP A OBLIGAR A LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE BANCA Y CRÉDITO PÚBLICAS Y PRIVADAS, CASAS
COMERCIALES Y ENTIDADES AFILIADAS AL BURÓ DE CRÉDITO A ENVIAR
UN REPORTE DE NO ADEUDO A LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
RESPECTO A LAS PERSONAS QUE HAN LIQUIDADO SUS DEUDAS, A CARGO DEL DIPUTADO
EMILIO RAMÓN RAMIRO FLORES DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, integrante del Partido Acción Nacional, adscrito a la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el Poder Ejecutivo Federal obliguen a la Comisión Nacional Bancaria y a los prestadores de servicios a enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia (buró de crédito) respecto a las personas que han liquidado sus deudas ante las instituciones de crédito al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El buró de crédito es una sociedad de información crediticia cuya misión es recabar antecedentes sobre la conducta crediticia de las personas físicas y morales.
El buró de crédito tuvo sus inicios en el año 1996 por parte de dos empresas extranjeras: Trans Union de México, SA, SIC, y Dun & Bradstreet, SA, SIC, ambas contaron con el permiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tienen como propósito integrar información sobre personas físicas y morales, conformando una base de datos que ofrece a otras instancias.
Hasta hoy, es un importante marco de referencia para el otorgamiento de crédito en México, debido a que cuenta con expedientes crediticios de personas físicas, personas físicas con actividad empresarial y personas morales que han contraído un crédito en alguna entidad del sistema financiero mexicano y casas comerciales que otorgan créditos al consumo y menudeo.
En virtud de lo anterior, resulta relevante apuntar que el buró de crédito no decide si un crédito debe o no aprobarse, asimismo, no emite juicio sobre si una persona es o no sujeta de crédito, únicamente se remite a proporcionar información sobre el comportamiento crediticio de personas físicas y morales a través de la vida de los empréstitos.
Diversos bancos y prestadores de servicios a crédito recurren a la información del buró de crédito con el fin de investigar si una persona es sujeta de crédito o no. La mayoría de los mexicanos hemos sido participes de compras y prestamos a crédito. El no pagar a tiempo dichos préstamos, en muchas ocasiones debido a la economía y orillados por la situación que vivimos día a día, conlleva a aparecer en las bases de datos del buró de crédito teniendo como resultado el contar con historial crediticio negativo. Al solicitar un nuevo crédito, se rechaza la solicitud debido a que al estar dentro del buró se considera una persona morosa.
Otro supuesto en el que nos hemos visto inmersos es el llamado quebranto a la institución, es decir, cuando el deudor negocia el pago con la institución crediticia logrando una reducción del adeudo total para su finiquito. No obstante tal negociación, los bancos no reflejan el reporte del pago del deudor ante el buró, argumentando el ya mencionado quebranto a la institución.
Es por eso que debemos mencionar los efectos negativos de estar situado en el buró de crédito porque nos hace enfrentarnos a problemas muchas veces estructurales difíciles de resolver pues nos hace incurrir muchas veces a préstamos en condiciones de usura para liquidar las deudas por el temor de estar en el buró.
Los efectos de ser acreedor a una nota negativa nos hace enfrentarnos a problemas muchas veces estructurales difíciles de resolver pues nos impide acceder a servicios financieros, principalmente al acceso a créditos bancarios, teniendo que recurrir así a créditos caros de igual manera cuando se nos prestan oportunidades de compra de algún bien inmueble u otro tipo estos nos son negados por la ya mencionada situación y, aunado a eso, cuando liquidamos la deuda con el banco no se pasa el reporte a tiempo para informar que dichas deudas están liquidadas para que nuestro historial crediticio denote una buena referencia.
Es por lo anteriormente expuesto que resulta importante que los bancos y prestadores de servicios que piden el reporte a las sociedades de información crediticia para verificar el ya mencionado historial crediticio tengan la obligación de pasar el reporte de no adeudo en cuanto el crédito sea liquidado, por lo anterior pongo a su consideración el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a obligar a las instituciones financieras de banca y crédito publicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito se obliguen a pasar el reporte de no adeudo cuando los deudores cumplan cabalmente con sus compromisos de pago en un termino no mayor de 30 (treinta) días naturales, de lo contrario se harán acreedores a una sanción de 100 (cien) SMD a partir del día 31 (treinta y uno) y así sucesivamente por cada día de atraso que no entreguen dicho reporte.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2006.
Diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA
ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El de mañana ha sido señalado por la comunidad internacional como Día Mundial de los Humedales, conmemorándose la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales en 1971. La razón subyace en realizar actos, actividades y acciones encaminadas a aumentar la sensibilización del público acerca de los valores de los humedales y los beneficios que reportan en general y la Convención de Ramsar en concreto.
El Poder Legislativo, en consecuencia, debe también promover acciones que involucren la protección de los humedales.
Estos ecosistemas son uno de los más frágiles que existen en el planeta y por ello la acción gubernamental, sustentada en la legislativa y apoyada por la judicial, implica poner importante énfasis en la consecución de los compromisos internacionales adquiridos sobre esta materia, así como la aplicación irrestricta de nuestra Carta Magna y las leyes que derivan de ella.
El tema sobre los humedales en nuestra nación ha carecido de firme compromiso político toda vez que es visto como un rubro especifico de los recursos hídricos del país y no como un proceso que involucra otras variables fundamentales como la vida silvestre, la protección ambiental, los recursos forestales y el propio término de equilibrio ecológico.
Se evidencia una clara falta de compromiso de todos los sectores sociales, iniciando por el gubernamental, quien debería ser el garante de la viabilidad de estos frágiles ecosistemas.
Resulta desalentador que el gobierno mexicano, avalado por un puñado de organizaciones no gubernamentales que no representan la diversidad de ideologías relacionadas con lo ambiental, no tenga mucho que decir en su último informe ante el Secretariado de la Convención Internacional sobre Humedales.
En la última reunión de las partes de dicha convención que tuvo lugar en la ciudad de Kampala, Uganda, en 2005, se presentó el informe nación del gobierno mexicano sobre la aplicación de la convención. Desde 1986 que nuestra nación inscribe un sitio bajo la tutela de esta Convención, los avances han sido nulos.
El informe señala que está en realización un inventario completo de los humedales del país y reconoce que no se guió por la metodología señalada por la convención, señalando que no existe un término para finalizar dicho inventario y que es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua su ejecución.
La realidad no las da los contenidos que remitió a la Convención el gobierno mexicano en su informe, del cual destaca lo siguiente:
Si acaso existe un listado, que no inventario, por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sobre cuáles son los humedales protegidos.
No existen metadatos sobre humedales.
Algo realmente grave es que reconoce la inexistencia de información sobre humedales para que las autoridades tomen decisiones sobre políticas en estas zonas.
El gobierno no ha presentado proyectos al Fondo de para Pequeñas Subvenciones de la Convención Ramsar y por tanto es una de las tantas inferencias que se sustentan la falta de voluntad política del gobierno mexicano para proteger los humedales. De este fondo hubieran salido fondos para proteger algo de los humedales mexicanos como Cuatrociénegas, delta del Colorado, La Mancha, Lerma, etcétera.
Es lamentable que el informe señale que el gobierno mexicano sólo contribuyó con comentarios y revisión de la Evaluación del Milenio sobre Ecosistemas, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
El gobierno mexicano ni siquiera llenó la parte del formulario relativo a Poner a disposición de las Partes Contratantes y de otras organizaciones interesadas las conclusiones y orientaciones elaboradas por la Evaluación del Milenio de los Ecosistemas (EM) a fin de que se valgan, según proceda, de las orientaciones y de los métodos de la EM para llevar a cabo evaluaciones subglobales de los ecosistemas de humedales en los planos local, nacional y regional (supranacional), incluso mediante la cooperación internacional en la evaluación de ecosistemas acuáticos transfronterizos. Esto es realmente serio ante la problemática que se tiene con el delta del Río Colorado.
El gobierno mexicano no llevó a cabo evaluaciones de la vulnerabilidad de los humedales al cambio de las características ecológicas, comprendida su vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático y del aumento del nivel del mar.
No existe un depósito de las contribuciones consistentes en la evaluación nacional de las modificaciones de los recursos de humedales, como base para un análisis periódico y para mejorar la presentación de informes sobre el estado de los recursos mundiales de humedales.
No existe documentación de las pérdidas registradas y la situación y las tendencias actuales de los ecosistemas costeros.
No se evaluaron las consecuencias de las represas en los humedales.
No se ha monitoreado y evaluado las repercusiones de la sequía y otros desastres naturales en las características ecológicas de los sitios Ramsar y otros humedales y en los medios de vida de las comunidades locales y pueblos indígenas dependientes de los humedales.
A pesar que el informe señala que se inicia la elaboración de una norma para caudal ecológico y que existe una Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua, esto es de manera general y no se particulariza sobre los humedales.
México no cuenta con una política explícita sobre humedales.
El gobierno federal no ha velado por que las cuestiones relativas a los humedales estén plenamente integradas en otros documentos estratégicos o de planificación y armonizadas con ellos.
No hay evaluación de los ecosistemas de humedales de montaña. Las comunidades locales y los pueblos indígenas no han participado en los procesos de evaluación del impacto ambiental ya que la participación social que en México se tiene no es autogestiva ya que sigue siendo paternalista.
El gobierno ni siquiera respondió sobre si se ha trabajado en la revisión del concepto de uso racional, su aplicabilidad y su compatibilidad con los objetivos del desarrollo sostenible, a pesar que es mandato constitucional que el desarrollo nacional será integral y sustentable.
No se ha participado en el proceso dirigido por la oficina de Ramsar para establecer un comité coordinador para la acción mundial sobre las turberas.
El gobierno no ha considerado, dentro de los marcos nacionales y jurídicos, entre otras cosas, la posibilidad de realizar la compilación y evaluación de los elementos culturales materiales e inmateriales relacionados con los humedales y el agua teniendo en cuenta, según proceda, los derechos de propiedad intelectual, el derecho consuetudinario y el principio de consentimiento fundamentado previo; ni promovido el aprecio y la revitalización de estos valores culturales entre las poblaciones próximas a los humedales y la población en general; ni incluido los aspectos pertinentes del patrimonio cultural tanto en la preparación como en la ejecución de los planes de gestión de los humedales, llevando a cabo estos empeños con la participación activa de los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros interesados directos, y considerar la posibilidad de emplear los valores culturales de los humedales como herramienta para reforzar esta participación, en particular en la planificación y el manejo de los humedales.
No se han emprendido evaluaciones de los flujos ambientales en relación con las repercusiones de las grandes represas.
El gobierno reconoce que no ha promovido iniciativas de participación de organizaciones de la sociedad civil, tanto públicas como privadas, relacionadas con la gestión de las aguas subterráneas, dentro del marco del manejo integral de los recursos hídricos; ni se han evaluado las consecuencias de la aplicación del Protocolo de Kyoto en la conservación de los humedales.
El gobierno reconoce que se han tomado medidas en el manejo de manglares para preservar el papel de los ecosistemas de manglar en la mitigación del cambio climático y del aumento del nivel del mar argumentando la publicación de la NOM 022 pero lo que no dice es que las modificaciones que el propio secretario Cárdenas Jiménez realizó unilateralmente, violando la ley, a esta norma va en sentido contrario al espíritu que se le solicita informar al respecto.
El gobierno menciona que se han llevado a cabo algunas acciones transfronterizas importantes se relacionen con humedales, sin embargo la situación que prevalece en el delta del Río Colorado desdice lo informado.
Resulta entonces evidente que a partir de hoy se tomen medidas emergentes y de largo plazo para construir una política pública en torno a los humedales. Por ello, en el pasado período de sesiones presente ante este pleno, mismo que fue aprobado en ese mismo acto, la convocatoria a una Consulta Pública Nacional para elaborar un diagnóstico de la situación que impera en los humedales nacionales y se promuevan los cambios legislativos correspondientes para su protección y manejo sustentable.
No obstante, ni la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni la Comisión de Recursos Hidráulicos han promovido su realización, pese a que esta Cámara ha avanzado en aprobar sendos puntos de acuerdo y minutas relacionadas con el tema de los humedales, como lo fue el caso de Cuatrociénegas y la aprobación de adiciones a la Ley General de Vida Silvestre. Con ello queremos dejar en claro que no se trata de realizar un foro al respecto sino que la Consulta consiste en abrir un período mínimo de seis meses ante la opinión pública para que se haga llevar a esta Cámara las distintas propuestas relacionadas con modificaciones legales o nuevas propuestas de ley en torno al tema de los humedales y una vez expirado el lapso, crear un grupo técnico de trabajo para elaborar las iniciativas correspondientes y presentarlo, todo ello podría reforzarse con foros regionales, pero lo fundamental es que todos los interesados puedan participar con sus propuestas de la manera que se ha mencionado.
En tal virtud y dado que esta Cámara recién aprobó la instauración de comisiones especiales me permito someter a la consideración del pleno, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos sea la que coordine los trabajos de la Consulta pública nacional para la protección de los humedales por este pleno el 5 de octubre de 2006, toda vez que dentro de las razones por la cual fue constituida está la protección de los ambientes acuáticos que incluye a los humedales.
Segundo. Que la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos se encargue de darle seguimiento a los compromisos adquiridos en la Convención Ramsar y a los diversos documentos que han surgido desde su creación, participando activamente en la revisión del próximo informe nacional que el gobierno mexicano someta a la convención, previo a su envío, de tal forma que promueva una visión más realista de la situación que prevalece en los humedales mexicanos.
Tercero. Que la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos contacte de manera inmediata a los titulares de las siguientes organizaciones civiles: Ann Sock de Amigos del Manatí, AC; David Ocampo Peraza de Consejo Ecológico de Mazatlán, AC; Arturo García Lozano de Cuerpos de Conservación Guanajuato, AC; y Sergio Jiménez Lezama de Organización Vida Silvestre, AC, quienes realizaron junto con autoridades de la Semarnat el Instrumento de planificación nacional para la aplicación de la Convención de Ramsar sobre los Humedales, para que informen sobre su motivación por avalar dicho informe, así como los trabajos de investigación, documentos y sinopsis de su participación en tal documento, así como la consecución que se le ha dado al mismo instrumento y cómo lo promovieron frente a la sociedad ambientalista de la nación, dado que se trata de una responsabilidad que involucra el interés general de la nación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2007.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A INCORPORAR EN EL CALENDARIO OFICIAL EL 24 DE AGOSTO
COMO DÍA DE LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE CÓRDOBA Y DECLARARLO
DÍA DE FIESTA NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO ÉDGAR MAURICIO
DUCK NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
"La patria es tradición y experiencia del pasado, actividad y voluntad en el presente y esperanza en el futuro. No podemos aceptar que se pretenda ignorar o mutilar el pasado, ni siquiera que se relate a través de verdades incompletas que le cambien el sentido".
Al hablar de la Independencia de México, nos remontamos al 16 de septiembre de 1810, fecha que la historia ha marcado como el día en que el pueblo mexicano inicia la independencia del Imperio español, 16 de septiembre día en que inicia también uno de los capítulos más importantes de la vida de México como país naciente.
Años más tarde, la batalla del 21 de mayo de 1821 en la Villa de Córdoba fue un hecho muy importante, en ella los cordobeses lucharon por su independencia, derrotando al Ejército Realista español.
Esta última acción de armas, realizada en la ciudad, constituye un importante paso para la consumación de la independencia de México; este suceso sirvió para que el 24 de agosto del mismo año, se reunieran en la población cordobesa: Agustín de Iturbide, jefe del Ejército Trigarante y Juan O’Donojú, último Virrey de la Nueva España, para firmar los tratados de Córdoba, mediante los cuales se reconocía la independencia del país y se daba fin a la guerra.
El valor que demostraron en ese entonces concedió a Córdoba el 2 de noviembre de 1880, el titulo de "Heroica" siendo esta ciudad y Veracruz las únicas que ostentan dicho honor en todo el estado.
La firma de los Tratados de Córdoba, el 24 de agosto de 1821 como lo mencionamos con anterioridad, pone fin a once años de una guerra en la que miles de mexicanos perdieron la vida por uno de los fines más nobles que una persona pueda buscar, la libertad. Con lo anterior, da inicio a la vida independiente de México como patria nueva, sin tener que rendir tributo a una potencia extranjera que durante tres siglos se apoderó de lo que quiso y de cuanto pudo.
Córdoba tuvo el honor de enfrascarse en la última batalla para lograr la independencia del país de la Corona española, batalla que hizo que nuestros compatriotas encabezados por José Joaquín Herrera al mando de 300 soldados, contingentes de amatecos, un gran número de cordobeses, soldados de Cuchichapa y 70 negros comandados por el negro Fernando Segura, lograran retener la plaza con un derroche de heroísmo y valor obligando meses más tarde a la firma de los Tratados de Córdoba documento que pone fin a este pasaje de la historia del país.
Por lo mismo, la firma de los Tratados de Córdoba no es una fecha que tenga que ser excluida del calendario oficial. Hay veces que la misma historia causa injusticias, por esto hacemos esta propuesta, no queremos que nuestros hijos sepan la historia a medias, queremos que se enorgullezcan del valor de México, del valor de su gente y del valor que tiene su historia.
Precisamente por lo anterior, es que creemos que este acontecimiento es motivo de ser incluido de manera más específica dentro de los libros de texto gratuitos que se reparten a millones de niños en educación primaria. Actualmente los libros de texto gratuitos hacen mención a este acontecimiento pero lo hacen de manera muy escueta, no dándole la importancia que tiene, estamos hablando del día que se dio fin a la a la guerra donde murieron miles de mexicanos, hablamos del día que se firmó la independencia de México, hablamos de hacer justicia a un pueblo y a una ciudad para que sean reconocidos por ser el lugar donde se dio fin a este acontecimiento.
Actualmente, las jornadas del 21 de mayo de 1821 y del 24 de agosto de ese mismo año, sólo se recuerdan y se celebran localmente en la ciudad de Córdoba y no se les dan el lugar histórico que les corresponde, de ahí que México sea el único país del mundo que festeje y celebre el inicio del movimiento liberatorio (16 de septiembre de 1810) y no se reconozca a quien lo concluyó y mucho menos donde se realizó dicho acontecimiento. De ahí la injusticia de la historia oficial con la ciudad de Córdoba donde se concluyó.
Rememorando la culminación de la lucha de independencia, así como la última batalla disputada para alcanzarla, no hacemos menos el 16 de septiembre, al contrario hacemos que nuestras fiestas patrias sean completas celebrando tanto el inicio como el fin de un capítulo fundamental en la historia del pueblo mexicano, no hacemos menos ni hacemos más una fecha de la otra; nuestra intención no es esa, simplemente es dar a cada fecha su justa importancia y trascendencia histórica.
Es justo rememorar el día en que la independencia del país fue firmada por ser el día que terminó el derramamiento de sangre por la libertad del pueblo mexicano, así como a la ciudad que albergó tan importante acontecimiento. Debemos reconocer el heroísmo del pueblo de Córdoba al ser protagonistas de la última batalla que se libró para alcanzar la independencia del pueblo de México.
No dejemos de reconocer el día en que culminó la lucha por la que hombres y mujeres perdieron la vida para que futuras generaciones –entre ellas la nuestra– sepamos lo que es vivir en un país libre e independiente. Hagamos que futuras generaciones conozcan y se enorgullezcan de lo que en 1821 ocurrió en la Heroica ciudad de Córdoba, Veracruz.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal somete a esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones y con fundamento en la fracción XXVI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal incorpore al calendario oficial el día 24 de agosto por ser fecha histórica para el pueblo mexicano y la declare como fiesta nacional.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus facultades con fundamento en el artículo 3o. constitucional y en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal incluya dentro de los libros de texto gratuitos de manera más profunda y elaborada la fecha del 24 de agosto de 1821 por ser esta la misma en que se firmaron los Tratados de Córdoba y con ello se dio fin a la Guerra de Independencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 de febrero de 2007
Diputado Edgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PROTECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI Y LA REGIÓN DEL DELTA
DEL RÍO COLORADO, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Aleida Alavez Ruiz, diputada federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para e Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo para la protección del desarrollo rural y ambiental del Valle de Mexicali y el delta del Río Colorado, en el estado de Baja California, con base en las siguientes
Consideraciones
Primero. La historia y destino del delta del Río Colorado ilustra la interacción bilateral compleja entre México y los Estados Unidos de América. Las prácticas del manejo de agua, las batallas legales y los acuerdos políticos en ambos lados de la frontera, han tenido impactos dramáticos en la cultura local y su economía, y están perturbando el ecosistema delicado del delta del Río Colorado.
Segundo. Aunque los desbordamientos periódicos en los últimos 20 años han traído vida nueva al delta, las acciones que se están tomando en torno a esta corriente en los Estados Unidos de América, tales como la construcción del canal Todo Americano, están poniendo en jaque a una de las regiones más vulnerables del país, derivada de la constitución de los suelos utilizados para la agricultura, pero fundamentalmente porque la región del delta aunado al alto Golfo de California es la zona de mayor impacto negativo que pone en entredicho la viabilidad de la Reserva de la Biosfera que se ha constituido para tal región.
En tal virtud, una política enérgica para la restauración del delta del Río Colorado constituye un reto que no solo compete a nuestra nación sino que se requiere de la cooperación y compromiso de largo plazo entre México y los EUA.
Tercero. El Río Colorado, con una longitud de 2 mil 333 kilómetros, drena casi 625 mil kilómetros cuadrados de los estados de Wyoming, Utah, Colorado, Nuevo México, Nevada, California, en los Estados Unidos, así como en los estados mexicanos de Sonora y Baja California. Sus corrientes alguna vez sustentaron 780 mil hectáreas de desierto en el delta con vastos humedales riparios y mareas que se vacían dentro del Golfo de California. A mediados de la década 1970, diez presas principales y muchos proyectos de irrigación y desviación de agua para el uso humano del caudal, disminuyeron la capacidad del río y el delta. También, las inundaciones intermitentes que son tan importantes para soportar el sistema del delta del desierto, fueron contenidas por las represas estadounidenses. Desde entonces, el último de los depósitos principales (el lago Powell) alcanzó su máxima capacidad. El fenómeno de El niño produjo unas inundaciones en las décadas 1980 y 1990 que viajaron por el delta y se restablecieron en una área pequeña, pero muy crítica, de este importante ecosistema, que incluye la ciénega de Santa Clara, un humedal salino que es parte de la Biósfera Internacional, toda vez que está inscrita bajo la Convención Ramsar sobre la protección de humedales de importancia internacional.
Cuarto. Mientras que el tratado de 1944 distribuía 10 por ciento del flujo anual para México, el río se maneja unilateralmente por el Departamento de Reclamaciones de los EUA. Los 18 mil 500 millones de metros cúbicos anualmente en represas para ese país, se dividen equitativamente entre California, Arizona y Nevada (los estados bajos) y el resto (los estados altos). La presa de Glen Canyon se construyó en la frontera de Arizona y Utah fundamentalmente para que los estados de arriba tuvieran garantizado su suministro equitativo de agua. Toda el agua está completamente distribuida y sobre distribuida en años secos. Los permisionarios, para evitar la pérdida de derechos adquiridos, utilizan el agua en cultivos de poco valor. El distrito de irrigación Cibola tiene un número de derechos que igualan a todos los derechos asignados a México y por tanto tiene para vender al mejor postor. La mayoría del agua que cruza la frontera es dirigida por las autoridades mexicanas hacia las granjas de los valles de Mexicali y San Luis Río Colorado; sale de los drenajes salinos de los procesos agrícolas o se filtra del canal Todo Americano y surge como acuífero al sur de la frontera estadounidense.
Quinto. La historia legislativa sobre la cual se sustenta el cauce del Río Colorado se sintetiza en lo siguiente:
1936: Se signa el Tratado sobre aves migratorias
1944: Se signa el Tratado de aguas entre México y los Estados Unidos
1972: Se suscribe la minuta 242 (Comisión Bilateral de Límites y Aguas. Preocupación sobre la calidad del agua para reducir la salinidad)
1986: Se elabora el plan de manejo norteamericano sobre flujo de aguas que identifica al delta como un sitio de importancia
1992: La red de reservas de aves costeras del hemisferio occidental designó al delta como un sitio prioritario
1993: México declara la Reserva de la biosfera del alto Golfo de California y el delta del Río Colorado
1996: El delta se adhiere a la lista de sitios de protección mundial bajo la convención Ramsar sobre humedales
1997: Se signa la Carta conjunta entre México y los Estados Unidos de América que establece el interés por proteger la Reserva de la biosfera
No obstante esta historia de compromisos legales, la situación que impera en el delta del Río Colorado es cada vez más crítica, lo que infiere que ambos países no han tenido la voluntad política para proteger este ecosistema vulnerable.
Sexto. La disminución del flujo dentro de las corrientes debido a las prácticas de manejo del agua a lo largo del río ha tenido un impacto significativo en el ambiente local. Existen períodos en los cuales el alto Golfo de California no recibe agua dulce, resultando la hipersalinidad del ecosistema y el calentamiento de la temperatura del agua, que ponen en peligro a numerosas especies marinas y a la vegetación riparia estuarina. Los sedimentos atrapados aguas arriba en las presas están reduciendo considerablemente el inventario de sedimentos en el delta, que resulta en la pérdida de especies endémicas. Los lodos son abundantes donde la vegetación es exuberante y en donde los campos agrícolas solían prosperar. Debido a la disminución de recursos, muchos pobladores indígenas están siendo presionados a abandonar el área. El agotamiento del acuífero es un serio problema que enfrentan muchas comunidades fronterizas que dependen fundamentalmente de él, incluyendo a los valles Imperial y Mexicali.
Séptimo. El uso más común del término está ligado a la esfera económica, a pesar que considera aspectos sociales y ecológicos. Es decir, es importante la integridad ecológica sobre la que se basa la explotación de recursos. También lo es que la gente tenga acceso a los beneficios económicos de la sustentabilidad a través de su distribución con justicia social, escuchando sus peticiones para las decisiones. El ambiente en la economía mundial es un ambiente globalizado que existe para servir los intereses económicos y políticos. El manejo de un ambiente internacionalizado sólo puede tener éxito si reconoce el hecho que la preocupación ambiental no debe separarse de las políticas de desarrollo. Entonces, la sustentabilidad debe ser vista como una nueva propuesta que trabaja de abajo hacia arriba, y por tanto evitar verla como parte de la competencia internacional impuesta por los intereses de poderosos que relacionan a la naturaleza como un recurso cuyo valor se subordina a los cálculos de la renta de capital.
Octavo. En tal virtud, hay una necesidad urgente de hacer un acuerdo bilateral específicamente dedicado a los flujos de corrientes internas al delta, así como lineamientos jurídicos para proteger y mejorar el uso de recursos y la propiedad territorial de las tierras indígenas. La política de sustentabilidad para el delta debe funcionar de abajo hacia arriba, e incluir las necesidades de los pueblos indígenas del delta. El tratado de distribución de aguas necesita ser revisado para adecuarlo a los usos que requieren las sociedades fronterizas del siglo XXI.
Como consecuencia, y con fundamento en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se pone a la consideración del Pleno la
siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que en el marco de sus respectivas competencias instauren un grupo de trabajo interinstitucional con la finalidad de aplicar acciones urgentes e inmediatas para proteger el desarrollo rural del valle de Mexicali y la región del delta del Río Colorado y alto Golfo de California. (Turno a Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores y Desarrollo Rural, con opinión de la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y protección de ambientes acuáticos).
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que inicie los contactos diplomáticos necesarios con el gobierno de los Estados Unidos de América para establecer compromisos conjuntos que devengan en la protección y desarrollo sustentable de las aguas que alimentan la región del valle de Mexicali y el delta del Río Colorado, mediante un adendum capitular al Tratado de Aguas entre ambos gobiernos. (Turno a la Comisión de Relaciones Exteriores)
Tercero. Que la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y protección de ambientes acuáticos de la Cámara de Diputados se aboque a realizar un diagnóstico social, económico y ambiental de la región del valle de Mexicali y del delta del Río Colorado y alto Golfo de California, cuya finalidad tenga como función primordial contribuir a los trabajos del grupo interinstitucional al que se refiere el primer punto de este acuerdo, así como para definir las reformas legales que sobre este respecto deban realizarse. (Turno a la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y protección de ambientes acuáticos).
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo el seis de febrero de dos mil siete.
Diputada federal Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES A INTEGRAR UNA COMISIÓN DE
TURISMO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO DÁVILA GARCÍA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El diputado, Francisco Dávila García, en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar a los congresos estatales a la integración de una comisión de turismo.
Consideraciones
La atención en lo particular, al tema del turismo, implica una gran diversidad de estudios, acciones, programas y estrategias, teniendo como única finalidad el desarrollo, de la actividad en los destinos con oportunidad para su potencialización, generándoles un crecimiento económico y, por tanto, un beneficio social a sus habitantes. Ejemplo de ello lo encontramos en los cinco centros integralmente planeados por el Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur) en los destinos Los Cabos, Loreto, Ixtapa, Cancún y Huatulco; éstos se iniciaron a finales de los años setenta, con una política de visión a futuro, que tubo como objetivo el crear fuentes de empleo que permitieran urbanizar y dotar de la infraestructura básica a nuevas poblaciones para elevarlas a rango de ciudades con todos los servicios públicos.
Como resultado exitoso de estas acciones y conocido a nivel mundial es el municipio de Benito Juárez en el cual se encuentra Cancún, siendo este el polo turístico mas importante del país y el mayor captador de ingresos en sus tres órdenes de gobierno y ejemplo de modelo turístico para otros lugares.
Actualmente el aeropuerto internacional del municipio Benito Juárez, Cancún, ocupa el segundo lugar en vuelos internacionales, siendo puerta de entrada para el turismo internacional, y en la búsqueda de estrategias para un mayor crecimiento y desarrollo, a principios de los noventas, se conformó una organización tripartita integrada por el gobiernos federal, estatal y los prestadores de servicios turísticos de Cancún para promover el destino mundialmente denominada Consejo de Promoción Turística (Coprotur); esto sentó las bases para que a finales de década anterior se constituyera a nivel nacional el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Con este antecedente del diseño, creación y desarrollo de un destino turístico puedo asegurar, que la atención integral para la actividad turística puede acrecentar de manera sustantiva el crecimiento económico de un municipio, región o estado, por ello propongo que los congresos estatales que aún no cuenten con una comisión que atienda únicamente este tema, analicen las oportunidades, ventajas y beneficios que el turismo generará en sus estados, con la implantación de políticas propias para el tipo o modalidad de turismo que se pueda aprovechar en cada una de estas entidades con un ordenamiento jurídico que tenga como base de referencia la Ley General de Turismo y particularizando, lo relativo a las necesidades propias del estado.
Lo anterior deberá ser en cumplimiento en la disposición constitucional estipulado en el inciso K, fracción XXIX, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de turismo y la concurrencia con las entidades de la federación para establecer las bases en esta materia.
Al contar con una comisión propia de la materia, los congresos podrán estudiar, analizar y legislar lo relativo en materia de turismo para su estado y coparticipar en diseño, supervisión y evaluación de las políticas que se formulen para potencial izar las oportunidades que el turismo otorgue al estado.
Único. Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a los congresos estatales a la creación e integración de una comisión de turismo.
Diputado Francisco Dávila García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP A APLICAR DE MANERA OBLIGATORIA, PÚBLICA Y SIN
EXCEPCIÓN LOS EXÁMENES DE OPOSICIÓN PARA EL INGRESO
DE DOCENTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA, A CARGO DE
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, a que en el ámbito de sus facultades, instrumente las medidas necesarias para que se aplique de manera obligatoria, pública y sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al sistema de educación básica, en las plazas que le corresponden a la secretaría, bajo los siguientes
Antecedentes
Una educación de buena calidad es fundamental para que un país alcance altos niveles de desarrollo, lo cual incluye que sea productivo, equitativo, libre, democrático y culto.
Al reconocer el papel privilegiado de la evaluación como una herramienta para lograr la calidad en la educación, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 propuso la consolidación de un sistema de evaluación, como meta prioritaria de la política educativa.
Una parte fundamental en el sistema educativo nacional, es sin duda, el nivel profesional de los docentes, por lo que la asignación de plazas para ingresar al sistema de educación básica, debe estar orientada hacia una política de examen abierto que promueva que los mejores perfiles, en cuanto habilidades y conocimientos, sean los que accedan a un plaza.
Así entonces, la aplicación de exámenes para el ingreso de maestros al sistema de educación básica se refleja necesaria para mejorar la calidad de la enseñanza y hacer más transparente la inversión pública.
Con esta forma de ingreso, se está coadyuvando a elevar la calidad de educación en el país, y da certidumbre legal en cuanto a los procedimientos para la asignación de plazas.
Por otro lado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, establece lo siguiente
Artículo 62. Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio realizado por el titular de la dependencia, tomando en cuenta la opinión del sindicato, que justifique su ocupación, serán cubiertas en un 50 por ciento libremente por los titulares, y el restante 50 por ciento por los candidatos que proponga el sindicato.
Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que para esos puestos, señala cada una de las dependencias.
Lo anterior, otorga la facultad al sindicato para decidir sobre el 50 por ciento de las vacantes, empero, a la fecha el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, asigna sus plazas de manera discrecional sin definir ni difundir públicamente los criterios para hacerlo.
Actualmente, en México solamente los estados de Baja California, Chiapas y Quintana Roo, aplican exámenes de oposición para el 100 por ciento de las plazas vacantes. Lo anterior, es sin duda un avance significativo entre las autoridades educativas locales y el sindicato, quienes con estas acciones han contribuido a elevar la calidad educativa aceptando que las plazas que les corresponden sean asignadas mediante la aplicación de pruebas.
En las demás entidades se siguen otorgando las plazas sin aplicar pruebas de ingreso para los docentes. En las entidades federativas como Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; se aplican los exámenes de ingreso y promoción de maestros de educación básica de manera parcial, es decir, que las autoridades educativas locales ponen a concurso una parte o el 50 por ciento de las plazas que les corresponden, y que el sindicato no específica claramente como es el procedimiento para que asigne una plaza.
La Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) de la Secretaría de Educación Pública, elabora y califica los exámenes de selección de maestros de educación básica que utilizan diversas entidades. La DGEP capacita a los funcionarios de las entidades federativas, mismos que serán los encargados de realizar los exámenes a los aspirantes que concursan por una plaza o por un ascenso a directivos escolares, supervisores y jefes de sector.
A través de estas pruebas y exámenes, se busca que ingresen al servicio los maestros con las mejores competencias, transparentar la asignación de plazas y eliminar los mecanismos discrecionales o arbitrarios para otorgarlas.
Las pruebas constan de entre 60 y 80 preguntas, que sirven para evaluar el grado de manejo de los conocimientos a impartir, los concursos que se llevan a cabo actualmente, se realizan mediante convocatoria pública, empero existen algunos lugares donde los resultados no se hacen públicos.
Considerandos
Primero. Que la educación que tenemos no es aún la que necesitamos para construir el país que queremos: un México democrático, libre, justo y próspero; orgulloso de su cultura ancestral y a la vez competente para participar en la comunidad internacional contemporánea.
Segundo. Que los medios para impulsar el desarrollo integral de los mexicanos y de la sociedad en general es contar con un sistema educativo de buena calidad, que esté orientado a mejorar la educación pública y privada en todos sus niveles y modalidades, creando una cultura nacional de evaluación continua para el mejor desarrollo de las capacidades.
Tercero. Que el Compromiso Social por la Calidad de la Educación suscrito por las autoridades federales, estatales, los padres de familia, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por el Poder Legislativo y Judicial, por las instituciones de educación superior y media superior, por el sector de empresarios y productores de bienes y servicios, por las asociaciones científicas y culturales y por las organizaciones sociales, dentro del marco del Programa Nacional de Educación 2001-2006, fue un paso importante para hacer realidad la premisa de que la educación es asunto de todos.
Cuarto. Que en la actualidad, nuestro sistema educativo presenta, en diferentes medidas, fallas de articulación, rigidez en los programas de estudio, insuficiente diversificación de las instituciones, repetición y deserción, falta de aprovechamiento, problemas de cobertura, así como desigualdades entre los estados, las regiones y los diversos sectores sociales.
Quinto. Que la baja calidad de nuestra educación intervienen, factores como la existencia de profesores con perfiles inapropiados para el adecuado desempeño de su función y la falta de instrumentos de evaluación integral y, en general, un avance insuficiente en la cultura de rendición de cuentas.
Sexto. Que en un informe sobre la formación de docentes presentado en el año 2004, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gobierno mexicano reconoció que prevalecen en el país procedimientos discrecionales en la asignación de plazas magisteriales, lo que promueve su corrupción.
Séptimo. Que actualmente y porque la normatividad así lo permite, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene derecho a otorgar el 50 por ciento de las plazas vacantes de docentes, empero no existe una metodología conocida para asignarlas.
Octavo. Que es menester señalar que en las plazas que otorga directamente la secretaría en las diferentes entidades federativas, tampoco existe la aplicación integral de exámenes de oposición para el ingreso de docentes en el Sistema de Educación Básica.
Noveno. Que a la fecha solamente tres entidades federativas, realizan exámenes para el 100 por ciento de las plazas magisteriales, éstas son Baja California, Chiapas y Quintana Roo.
Décimo. Que conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación, se deben mejorar los mecanismos de participación social para elevar la calidad educativa en todos los niveles, con especial énfasis en la orientación para que los docentes sean profesionales e ingresen al sistema educativo conforme a sus capacidades.
Undécimo. Que en el marco del Compromiso Social para la Calidad en la Educación, las autoridades educativas de los gobiernos federal y estatales asumieron la responsabilidad de realizar la evaluación integral de los procesos educativos y la rendición de cuentas.
Duodécimo. Que en el mismo compromiso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Nacional (SNTE), convencido de la necesidad de llevar a cabo una profunda transformación en el sistema educativo, asumió el compromiso de impulsar una nueva cultura laboral orientada hacia la mejora de la calidad de las formas de organización y gestión escolar, así como de fomentar una actitud responsable y comprometida entre los trabajadores de la educación con su materia de trabajo y con el derecho de los mexicanos a contar con una educación de buena calidad y equitativa.
Se comprometió además a impulsar acciones para alentar la capacitación permanente del magisterio; a fomentar la innovación desde la comunidad educativa e incidir en el fortalecimiento de los perfiles de los responsables de la docencia, la dirección, la supervisión y la jefatura de sector, impulsando medidas para que el acceso a estos cargos sea mediante exámenes de ingreso al servicio y las promociones de los docentes y los directivos se lleven a cabo por medio de concursos de oposición.
Décimo Tercero. Que la relación entre el sindicato y las autoridades educativas debe ser respetuosa, clara, transparente y propositiva, privilegiando la construcción de acuerdos, que coadyuven con los retos que enfrenta la educación en el país.
Décimo Cuarto. Que conforme a las facultades exclusivas que otorga la Ley General de Educación a la Secretaría de Educación Pública, la fracción XI del artículo 12, señala que la secretaría debe realizar la planeación y la programación global del sistema educativo nacional, evaluarlo y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deben realizar; por ello, es necesario que la secretaría promueva entre las diferentes autoridades educativas la asignación de plazas mediante convocatorias públicas y transparentes al igual que los resultados de éstas.
Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a que, en el ámbito de sus facultades, instrumente las medidas necesarias para que se aplique de manera obligatoria, pública y sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al sistema de educación básica, en las plazas que le corresponden a la secretaría.
Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal que promueva a través de los acuerdos necesarios con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cumplimiento al Compromiso Social por la Calidad de la Educación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 6 de febrero de 2007.
Diputada María Gabriela González Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO,
A CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR
VIAL SOBRE EL CANAL DE AGUAS BLANCAS, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA
MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente municipal constitucional de Acapulco de Juárez, ingeniero Félix Salgado Macedonio, cumpla con la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El día domingo 22 de octubre del año en curso, se dio a conocer por los medios de comunicación, que la presidencia del ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez, inició la construcción de un distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, el cual comunicará las avenidas La Costera, Cuauhtémoc y Ejido.
En la información dada a conocer a la opinión pública, se señalaba que al interior del canal de Aguas Blancas serán cimentados un total de 38 pilas en forma de diamante para sostener las trabes y las ballenas del paso a desnivel, cuyo costo será superior a los 60 millones de pesos, aunque las obras complementarias elevarán el gasto.
2. Sobre el canal de Aguas Blancas se construyeron, en los años noventa, superficies de rodamiento que comunicaron las tres avenidas más transitadas de Acapulco. Sin embargo, los trabajos de construcción del distribuidor están demoliendo parte de la vía que hasta hace unos días conectaba hacia Pie de la Cuesta.
En este sentido, el paso elevado por estar construido dentro de un canal pluvial que desemboca a bahía, requiere de permiso por parte de la Comisión Nacional del Agua. Empero, sin la autorización federal, las obras de este paso elevado están en el proceso de cimentación del caudal del río de Aguas Blancas.
3. Según declaraciones dadas a la opinión pública por el presidente municipal de Acapulco de Juárez, Félix Salgado Macedonio, no se ha tramitado aun la manifestación de impacto ambiental para la construcción de ese paso elevado, a pesar de que es probable que se impacte negativamente la corriente pluvial del canal de Aguas Blancas.
Por su parte, el director de Ecología del municipio de Acapulco de Juárez, indicó que la Secretaría de Obras Públicas del ayuntamiento debió haber tenido el estudio de impacto ambiental para presentarlo a la Comisión Nacional del Agua, pero no se hizo en su momento aunque se debe presentar.
4. A través del Sistema de Solicitudes de Información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Sisi) y mediante la solicitud de información pública número 1610100116106, de 17 de noviembre de 2006, solicité a la Comisión Nacional del Agua me informara respecto de la existencia o no del permiso para la construcción, en el municipio de Acapulco de Juárez, de un distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, el cual comunicará las avenidas La Costera, Cuauhtémoc y Ejido.
5. El 28 de noviembre pasado se respondió la solicitud referida, a la que se acompaña el memorando número BOO.E.53.4./2006.-300, de 27 de noviembre del año en curso, suscrito por el ingeniero Víctor Jacinto Vélez, encargado del área técnica de la gerencia estatal en Guerrero, por medio del cual informa que la Comisión Nacional del Agua no ha otorgado permiso para la obra.
Asimismo, se manifiesta en el documento de referencia que, desde el 13 de mayo del año pasado se ha tenido comunicación, por escrito, con autoridades del ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez, con el propósito de orientarlos en la forma de integrar el expediente técnico del proyecto para el trámite correspondiente de permiso de construcción en zona federal.
6. Expuestos los hechos, existe la certeza de que el ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez inició la construcción de un distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, sin haber integrado el expediente técnico del proyecto para el trámite correspondiente de permiso de construcción en zona federal.
Asimismo, queda incertidumbre respecto si las obras que se realizan puedan afectar la corriente de agua o produzcan consecuencias indeseables, como inundaciones durante la época de lluvias, tal y como sucedió hace poco más de nueve años cuando el huracán Paulina arrastró el caudal del río de Aguas Blancas, provocando daños humanos y materiales a las personas que tenían sus viviendas dentro de ese río y en los márgenes.
Por lo anterior, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Que de conformidad con el artículo 98 de la Ley de Aguas Nacionales, cuando con motivo de la operación de obras se pudiera afectar el régimen hidráulico e hidrológico de los causes o vasos propiedad nacional o de las zonas federales correspondientes, se requerirá del permiso en los términos de la citada ley y su reglamento.
En estos casos, la Comisión Nacional del Agua supervisará la construcción de las obras, y podrá, en cualquier momento, adoptar las medidas correctivas que sea necesario ejecutar para garantizar el cumplimiento del permiso y de dichas normas.
Segundo. Que asimismo, el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, dispone que las personas que pretendan realizar obras que impliquen desviación del curso de las aguas nacionales de su cauce o vaso, alteración al régimen hidráulico de las corrientes o afectación de su calidad, al solicitar el permiso respectivo de la Comisión Nacional del Agua, deberán acompañar el proyecto y programa de ejecución de las obras que pretendan realizar, y demostrar que no se afecta riesgosamente el flujo de las aguas ni los derechos de terceros aguas abajo.
La Comisión resolverá si acepta o rechaza el proyecto y, en su caso, dará a conocer a los interesados las modificaciones que deban de hacer a éste para evitar que cualquier afectación al régimen hidrológico de las corrientes no imponga riesgos en la seguridad de las personas y sus bienes, no altere la calidad del agua ni los derechos de terceros.
En el permiso respectivo, la Comisión Nacional del Agua fijará los plazos aproximados para que los solicitantes realicen los estudios y formulen los proyectos definitivos, inicien las obras y las terminen.
Este procedimiento se aplica a todas las obras o trabajos que se realicen para dragar, desecar y en general, modificar el régimen hidráulico de los cauces, vasos, lagos, lagunas y demás depósitos de agua de propiedad nacional.
Tercero. Que resulta también aplicable lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en el artículo 28 señala que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.
También, dicho precepto establece en sus fracciones I y X, que en tratándose de obras hidráulicas, vías generales de comunicación, y obras y actividades en ríos, conectados con el mar, se requiere previamente de la autorización en materia de impacto ambiental de la citada secretaría.
Cuarto. Que en virtud de que los hechos presumiblemente pueden constituir violaciones al marco normativo aplicable, es necesario analizar las sanciones e infracciones aplicables caso particular.
Así las cosas, y de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, la autoridad del agua sancionará administrativamente las faltas a la citada ley, con independencia de las sanciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia.
En el caso en concreto, de comprobarse la falta de los permisos por parte de la Comisión Nacional del Agua, para la construcción del distribuidor vial multialudido, se actualizaría la hipótesis del artículo en comento, la cual señala que de no acondicionar las obras en los términos establecidos en los reglamentos o en las demás normas o disposiciones que dicte la autoridad competente para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de abastecimientos o de la cuenca; lo cual es sancionable con multa que puede ir desde mil 501 a 5 mil días de salario mínimo.
Por otra parte, y de acreditarse que con la ejecución de la obra se ocasionan daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos de conformidad con las disposiciones en la materia; el honorable ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez podría hacerse acreedor a una multa entre 5 mil 1 a 20 mil días de salario mínimo.
Asimismo, el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en su Título Décimo: de las Infracciones Sanciones y Recursos, establece que la Comisión Nacional del Agua podrá realizar actos de inspección y vigilancia para verificar, en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento; así como de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El artículo 182 en análisis, faculta a la comisión para solicitar la documentación e información necesaria o efectuar visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Quinto. Que en la especie, la presidencia del ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez, para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, debe obtener el permiso correspondiente de la Comisión Nacional del Agua, previa realización de la manifestación de impacto ambiental que al efecto provea, por tratarse de una obra que pueda causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
Sexto. Que al respecto, este honorable órgano legislativo, debe emitir un exhorto al presidente municipal constitucional de Acapulco de Juárez, ingeniero Félix Salgado Macedonio, para que cumplimente las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus respectivos reglamentos, así como las demás relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
Lo anterior, a efecto de que substancie los procedimientos para la obtención del permiso correspondiente para la realización del proyecto multialudido, con el objetivo de garantizar que no se afecten riesgosamente la corriente pluvial del canal de Aguas Blancas.
En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace una atenta invitación al presidente municipal de Acapulco de Juárez, Félix Salgado Macedonio, para que explique la realización del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, el cual comunicará las avenidas La Costera, Cuauhtémoc y Ejido, y garantice a la ciudadanía que las obras que se realicen no afecten riesgosamente la corriente pluvial del canal de Aguas Blancas.
Segundo. Se exhorta al presidente municipal constitucional de Acapulco de Juárez, ingeniero Félix Salgado Macedonio, a efecto de que cumpla con la normatividad federal vigente para la obtención del permiso de la Comisión Nacional del Agua, para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de diciembre del año 2006.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA, A LA SE Y A LA SHCP A EFECTO DE QUE CONSIDEREN
RETOMAR EL CIERRE DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE PROVENIENTE DE LOS PAÍSES
INFECTADOS CON FIEBRE AFTOSA, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO PULIDO PECERO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Pedro Pulido Pecero, y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior, así como 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de este Pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; y de Hacienda y Crédito Público a efecto de que consideren retomar el cierre a las importaciones de carne provenientes de los países infectados con fiebre aftosa.
Considerandos
La fiebre aftosa es una enfermedad aguda, infecciosa y en extremo contagiosa que afecta principalmente al ganado bovino y cuyo impacto económico es tan severo que cuando una nación la reporta, todos los países del mundo se cierran a sus exportaciones.
Para su erradicación se deben sacrificar todos los animales alrededor del foco y región de infección, debiendo permanecer bajo aislamiento cinco años y otros cinco sin reporte de casos para poder ser declarado como libre de la enfermedad. México es un país libre de fiebre aftosa desde 1954.
El inventario actual, de 29 millones de bovinos, implica la generación directa de 1.1 millones de empleos en el campo, así como una relación estrecha con 3 millones de empleos en la red de valor de la carne de res.
El total del inventario es superior a 30 mil millones de dólares, por lo que arriesgar al país a un contagio de esta enfermedad implicaría pérdidas por más 4 mil 500 millones de dólares que es la producción anual.
En Sudamérica existe una fuerte incidencia de fiebre aftosa debido al contrabando de ganado y cárnicos, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile son países con presencia de la enfermedad, por lo cual ven limitado su acceso a países importadores de carne refrigerada y congelada.
En 2001, Uruguay presentó un brote de fiebre aftosa que propició el cierre a sus exportaciones, sin embargo cinco años después, Uruguay alcanzó el estatus de libre bajo vacunación intensiva, lo que no implica que el riesgo de contagio se haya terminado, no obstante en octubre de 2005 nuestro país, a través de la Sagarpa retomó la aprobación de las importaciones de carne de bovino de Uruguay.
Las organizaciones pecuarias de México han manifestado su inconformidad ante esta reapertura, pues no solo se pone en riesgo la economía del sector pecuario, sino la sanidad y el riesgo que implica para el consumo humano. A pesar de esto, el Senasica dio su autorización a las empresas exportadoras uruguayas argumentando el que éstas habían cumplido con las observaciones hechas a su infraestructura para tal efecto y dejando ver su flexibilidad ante una situación de riesgo.
El evento se agrava ante las negociaciones de libre comercio con nuestro país de los gobiernos de Brasil y Argentina, países declarados como positivos a la fiebre aftosa, ya que ante el antecedente de apertura a la carne de Uruguay, México podría perder contundencia en los argumentos zoosanitarios de defensa ante un panel internacional.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional somete a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Sagarpa, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que considere retomar el cierre a las importaciones de carne provenientes de los países infectados con fiebre aftosa.
Diputado Pedro Pulido Pecero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA Y A LA SE A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR
DEL SISTEMA DE CENTRALES DE ABASTO DEL PAÍS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
JOSÉ GILDARDO GUERRERO TORRES Y ERNESTO OVIEDO OVIEDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
José Gildardo Guerrero Torres y Ernesto Oviedo Oviedo, diputados federales a la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 27 de septiembre de 1983 se presentó a la opinión pública el sistema nacional de abasto, como la respuesta del Estado mexicano a los problemas de disponibilidad de alimentos con altos estándares de calidad, dicho sistema, tenía como objetivo general fomentar la integración, ordenación y modernización del proceso comercial de productos alimenticios de consumo generalizados, en sus diferentes fases, para abatir la "intermediación innecesaria".
De igual forma, con dicho sistema se trataba de arraigar a los productores de básicos elevando sus ingresos, así como de elevar el nivel de vida y nutricional de la población, al incrementar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, así como crear una infraestructura de acopio, almacenamiento y distribución nacional sin precedentes, para lo cual se ejercieron 115 millones de dólares otorgados por organismos internacionales, y canalizados a través de diversos fideicomisos.
Para 2000, se establecía como meta al menos contar con 83 centros de acopio (granos y oleaginosas), 135 para frutas y verduras (con 45 adicionales de tipo desmontable para las mismas), 52 centrales y módulos de abasto, 52 frigoríficos, 180 unidades de enfriamiento y un sistema eficiente de información de mercados, en la República Mexicana. Sin embargo, dicha meta no se cumplió, pues en los años noventa, al adentrarse nuestro país en el proceso de globalización, el gobierno federal abandonó el papel de órgano rector, para transformarse en un promotor de la apertura económica con lo que los aspectos normativos y operativos del mencionado sistema perdieron aplicación y relevancia.
Lo anterior dejó desprotegidos y desarticulados los sectores agrario y comercial de nuestro país, afectando también las centrales de abasto, con lo que se generaron –entre otras– las siguientes problemáticas:
2. El rezago del modelo de comercialización, contra las mejores prácticas internacionales, tales como la implementación de herramientas tecnológicas en los sistemas internos de distribución de las centrales de abastos para la comercialización de los productos; ubicación estratégica dentro de los grandes centros poblacionales; la calidad de los empaques; el decremento de las mermas; entre otras, han generado perdida de la participación de mercado, por la falta de valor agregado en las transacciones y servicios al cliente.
3. Asimismo, la ausencia de capacitación ha generado una cultura empresarial poco competitiva en el sector comercial, lo que ha generado desequilibrios en la distribución de la riqueza a lo largo de la cadena del suministro alimentario.
En consideración de lo mencionado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía a informar a esta soberanía sobre el estado que guarda el sistema de centrales de abasto en nuestro país.
Segundo. Se exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía a proponer un proyecto para insertar en el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2012 las centrales de abasto, como entidades de interés nacional en el desarrollo de nuestra nación.
Tercero. Se exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía a solicitar una partida en el Presupuesto de Egresos de 2007 para atender de inmediato el rezago del sistema de centrales de abasto en el país.
Cuarto. Se exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía a generar un vínculo entre aquéllas para atender la desarticulación de los sectores agrario y comercial del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro., a 6 de febrero de 2007.
Diputados: José Gildardo Guerrero Torres,
Ernesto Oviedo Oviedo (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO MUNDIAL DEL PROYECTO CAMINO REAL DE TIERRA
ADENTRO, PROMOVIDO POR EL INAH, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE SALUM DEL PALACIO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
EL suscrito diputado, Jorge Salum del Palacio, en representación de los diputados que suscribimos el presente documento, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX legislatura y pertenecientes a los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Durango y Chihuahua, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Ejecutivo federal para que expida la declaratoria nacional de zona de monumentos arqueológicos e históricos del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro y, de la misma manera, solicitar al la honorable Cámara de Diputados exhortar a los congresos locales de las entidades que están dentro de la ruta del Camino Real y a la comisión de Presupuesto y Cuenta Publica del Congreso de la Unión a asignar los recursos necesarios a fin de realizar los trabajos e investigaciones requeridas para la inscripción como patrimonio mundial de la humanidad del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro, por parte de la UNESCO. Lo anterior en base a las siguientes
Consideraciones
El Camino Real de Tierra Adentro es una ruta histórica de 2 mil 900 kilómetros que se integró durante la colonia. Después de más de 400 años, representa un testimonio de historia viva que pocos conocen. Hace cinco siglos unía a la capital de la Nueva España con la ciudad de Santa Fe, provincia de Nuevo México.
El Camino Real de Tierra Adentro tuvo también su origen en las ciudades prehispánicas que conformaron natural y socialmente una ruta que permitió hacia los siglos XVI y XVII la fundación de ciudades como Zacatecas, Durango, Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), Parral, Chihuahua, Alburquerque y Santa Fe. Este pasado histórico generó una riqueza patrimonial y cultural a través de la arquitectura, además de que sirvió para explotar el desarrollo comercial de la región así como el de la evangelización.
Por tanto, esta ruta es una de las mas largas de América Latina, va desde la Ciudad de México, pasa por Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua y termina en Nuevo México, en las que se fundaron las primeras misiones, villas, presidios, haciendas y reales de minas, y en la cual también existen sitios prehispánicos. Precisamente porque dicha ruta llega hasta Nuevo México, desde hace once años el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, investigan y preservan el Camino Real de Tierra Adentro (Carta), antes "Camino de la Plata" o "Camino a Santa Fe".
Dentro de las acciones que se han llevado a cabo para difundir y promover la ruta del Camino Real, es importante resaltar lo siguiente:
Tanto México como Estados Unidos buscan obtener la declaratoria como itinerario cultural. De acuerdo con el INAH, en 2003 la ruta quedó inscrita, por parte de México, en la lista indicativa de patrimonio mundial de la UNESCO. Por otra parte, el Congreso estadounidense declaró el Camino Real, en su tramo de Nuevo México, como una ruta histórica.
Inició como un proyecto binacional en 1994. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del centro INAH Chihuahua, firmó una declaración conjunta con instituciones federales de Estados Unidos para la investigación, conservación y protección del Camino Real de Tierra Adentro, como un proyecto binacional que promueve el registro de los sitios arqueológicos naturales e históricos de esta ruta. Se busca propiciar y apoyar una red de museos culturales que permitan una amplia difusión de su significado histórico y cultural, además del rescate de sus archivos, programa que ya inició el INAH en Zacatecas, Durango y Chihuahua.
El INAH-Zacatecas lleva a cabo un programa que tiene por objeto investigar, conservar, proteger y difundir los bienes culturales del Camino Real, así como el establecimiento de políticas culturales para su preservación, además del impulso del proyecto de protección legal para este camino.
El gobierno de estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de Cultura (Ivec), junto con el INAH, solicitará a la UNESCO la inclusión del Camino Real de Veracruz a Perote en la lista indicativa de sitios patrimonio cultural de la humanidad.
De acuerdo con las consideraciones expuestas, se observa que se han llevado a cabo diferentes acciones para su rescate, conservación y protección de los bienes culturales que existen a lo largo de la ruta del Camino Real, sin embargo es necesario reforzar dichas acciones con la adecuación del marco legal con el objeto de garantizar la protección permanente de los sitios y monumentos arqueológicos e históricos que se encuentran en la ruta del Camino Real.
La inscripción en la lista mundial de la UNESCO de la declaratoria como patrimonio de la humanidad de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, permitiría potenciar de manera importante las posibilidades de todos los estados incluidos en esta ruta para preservar el patrimonio cultural y arquitectónico de los edificios y monumentos incluidos, así como sería un gran aliciente para fomentar el turismo en todos los sitios y estados incluidos, facilitando la obtención de recursos económicos para la promoción, conservación e investigación, reforzando además nuestra identidad y valores. Por lo tanto, además de que es necesario conseguir la declaratoria por parte de la UNESCO, también lo es realizar acciones conducentes de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, cuyos ordenamientos establecen que
Artículo 28. Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionadas con esas culturas.
Artículo 35. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva ó por determinación de ley.
Artículo 36. Por determinación de esta ley, son monumentos históricos:
II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la federación, de los estados ó los municipios y de las casas curiales.
III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero durante los siglos XVI, XIX que por su rareza o importancia para la historia merezcan ser conservados en el país
IV.- Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría mediante la declaratoria correspondiente.
Artículo 39. Zona de monumentos arqueológicos es el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles o en que se presuma su existencia.
Artículo 41. Zona de monumentos históricos, es que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país.
Por lo anterior me permito presentar la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
Primero: Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a expedir, en uso de sus facultades, la declaratoria nacional de zona de monumentos arqueológicos de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro.
Segundo: Que la Cámara de Diputados exhorte a los congresos locales de las entidades dentro de las que se encuentra la ruta del Camino Real de Tierra adentro y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar recursos para acelerar los trabajos e investigaciones necesarias para la declaratoria de patrimonio mundial de la humanidad del itinerario conocido como Camino Real de Tierra Adentro por parte de la UNESCO.
Diputado Jorge Salum del Palacio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SAGARPA, A LA PROFEPA Y A LA CONAGUA QUE RINDAN UN INFORME
ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS SOBRE EL MANEJO DE LOS CONTAMINANTES
QUE EMITE GRANJAS CARROLL DE MÉXICO Y SOBRE LA EXTRACCIÓN
DE AGUA DEL ACUÍFERO DEL VALLE DE PEROTE, VERACRUZ, A CARGO DEL
DIPUTADO CHRISTIAN MARTÍN LUJANO NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Christian Martín Lujano Nicolás, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, la ganadera es una de las actividades que ha mostrado crecimiento en los últimos años. Dentro de ésta, la porcicultura ocupa el tercer lugar en importancia por su aportación a la producción total de cárnicos.
Su participación en el producto interno bruto es mínima, alrededor de 0.3 por ciento; más bien, su relevancia reside en que proporciona un conjunto de productos importantes en la dieta de los estratos de bajos ingresos de la población y es realizada principalmente por comuneros o en forma privada, siendo esta una actividad intensiva.
Estudios del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México enfatizan que las ganaderías, tanto las de pastoreo como las intensivas, tienen un impacto negativo en la fertilidad de los suelos, la biodiversidad y la calidad del agua.
El impacto ambiental de los desechos porcinos afecta de manera directa los recursos agua, aire, suelo, además de malos olores y plagas de insectos. La mezcla de residuos sólidos y líquidos que son acarreados por el agua llevan excretas (heces y orina), agua y alimento desperdiciado, y otras partículas.
Otro elemento importante por considerar es el agua utilizada por las granjas porcinas, ya que habitualmente utilizan mucha agua en este tipo de ganadería. Debido a la gratuidad del agua en lo que se refiere a las actividades agropecuarias, algunos sectores de los porcicultores no ponen atención en la cantidad de agua que utilizan en la granja y le dan un uso ineficiente.
El mismo Instituto de Investigaciones Económicas reconoce que los problemas ambientales mas relacionados con la porcicultura se deben al mal manejo en la utilización de aguas residuales, pero también a la proliferación de este tipo de granjas, sin controles adecuados. Una característica general es la falta de capacitación del personal acerca del manejo adecuado de los productos, así como de los residuos, debidos a excretas y cadáveres.
Un ejemplo de ese tipo de granjas intensivas son Granjas Carroll de México, S de RL de CV, empresa que produce cerdos para abasto y que tiene su domicilio en Perote, Veracruz.
Esa empresa inició operaciones en 1994 y anualmente produce alrededor de 800 mil cabezas, con base en un pie de cría de 40 mil vientres, lo que la sitúa como una de las tres principales productoras de cerdo en la República Mexicana.
Granjas Carroll es una sociedad formada por las compañías estadounidense Smithfield, el mayor productor de cerdo en Estados Unidos; y Agroindustrias de México S.A. de CV.
Es importante resaltar que 100 por ciento de la producción se vende en México, del cual 85 por ciento se comercializa en el Distrito Federal y el estado de México; y el resto, entre Veracruz, Puebla, y Tabasco.
Recientemente, la empresa tuvo serios problemas de tipo ambiental, ya que contaminaba el suelo, el aire y las aguas y sin dejar de lado la sobreexplotación de los mantos acuíferos en donde se abastecen del vital líquido para consumo humano. Esto, debido a que no aplicaban los mecanismos adecuados para manejar sus contaminantes y por ende la contaminación del aire, que es provocada por el olor fétido que emite la granja, así como la contaminación de los mantos freáticos y sobreexplotación del recurso.
Esta problemática fue constatada y documentada por diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que realizaron una visita el 22 y el 23 de febrero de 2006 a dichas instalaciones.
En el informe publicado en la Gaceta Parlamentaria número 1969, del 17 de marzo de 2006, se describe una serie de anomalías de la empresa, entre las que destacan las siguientes:
3. Las lagunas de tratamiento no cuentan adecuadamente con geomembranas, filtros y fosas de tratamiento biológico.
4. El aire de la localidad presenta un aumento de amoniaco y otras sustancias debido a que las lagunas de oxidación son mal llevadas.
6. Los suelos están totalmente erosionados.
7. Los olores fétidos ponen en entredicho la calidad
del aire.
8. El consumo del agua en las granjas mayor que el de todas las poblaciones de la región.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es la instancia gubernamental encargada de vigilar a las actividades de las empresas que tratan con animales de abasto, como queda asentado en la Ley Federal de Sanidad Animal, en el artículo 4o., fracción XI, que a la letra dice:
"Regular los animales, productos y subproductos de origen animal, los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos que constituyan un riesgo zoosanitario y coadyuvar a evitar riesgos para la salud humana, implementando las medidas zoosanitarias pertinentes."
Al mismo tiempo, la Comisión Nacional del Agua es la instancia encargada de vigilar la calidad de los cuerpos de agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de vigilar y sancionar la contaminación de suelos y atmósfera, se hace necesario conocer las acciones llevadas a cabo por estas dependencias para controlar y aminorar los impactos negativos al medio ambiente y a la salud pública, en dicha región.
Sin duda estamos frente a una empresa que debe ser constantemente monitoreada, por su historial ambiental negativo debido al impacto ambiental en todas sus esferas, que provoca la producción intensiva de cerdos y por el problema de salud pública que provoca la misma contaminación en los municipios aledaños.
Es necesario acabar con la vieja práctica de otorgar a las empresas el derecho a contaminar un bien de la nación a cambio sólo de un pago económico, hablando específicamente del recurso hídrico; más bien hay que apostar al desarrollo de las empresas que sean responsables con el medio ambiente, de tal forma que a estas empresas se les siga alentando e incentivando para seguir fortaleciendo nuestra desarrollo económico sin descuidar nuestro ambiente.
Por tanto, es importante que esta soberanía tenga conocimiento de las acciones que se han llevado a cabo, en lo que se refiere a la inspección y el control de la contaminación que produce la empresa en cuestión.
Por todo lo anterior es necesario solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua que, en el ámbito de sus competencias, rindan un informe a esta soberanía acerca de las acciones tomadas en el manejo de los contaminantes que emite Granjas Carroll de México, S de RL, la vigilancia que se ha efectuado sobre la misma con respecto al manejo de contaminantes y un informe detallado acerca de la sobre- extracción del agua del acuífero del valle de Perote.
Por lo expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua que, en el ámbito de sus respectivas competencias, rindan un informe a esta Soberanía acerca de las acciones se han realizado sobre el manejo de los contaminantes que emite Granjas Carroll de México, S de RL; la vigilancia que se ha efectuado sobre la misma con respecto al manejo de contaminantes, así como un informe detallado de la sobreextracción de agua del acuífero del valle de Perote.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 6 de febrero de 2007.
Diputado Christian Martín Lujano Nicolás
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDENA Y A LA PGR A SUSPENDER LA REVISIÓN DE LOS
TRAMOS CARRETEROS EN SALAMAYUCA, CHIHUAHUA, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura, Emilio Flores Domínguez, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es por todos sabido que en México existen puntos de revisión carreteros, conocidos como Precos, para combatir al narcotráfico, el tráfico de armas y, en estos días, para que revisen mercancías de procedencia extranjera, olvidando que los ciudadanos ya pasaron por dos aduanas.
Pero también es conocido por todos que estas acciones no solucionan este cáncer social, y que por el contrario, agravan más el problema al atropellar diversas garantías que consagra nuestra Carta Magna a los ciudadanos comunes que viajan por necesidades o negocios en nuestras carreteras.
En ese sentido, quiero referir el caso del estado de Chihuahua, en el cual los puntos de revisión carreteros a cargo de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, proliferan a lo largo y ancho de la carretera y en algunos casos, como en el tramo Chihuahua-Juárez, a la altura del kilómetro 316, en el punto de revisión de Precos Samalayuca, el flujo de automovilistas se ha visto afectado por las constantes revisiones en estos retenes desde hace varios años y que son controlados por las mencionados instituciones federales hasta en dos puntos de la carretera en un tramo menor de 3 kilómetros.
Quiero señalar que el tomar medidas para evitar el tráfico de drogas no debe ser un esfuerzo minimizado ni eliminado; pero también estoy cierto que estos puntos de revisión constantemente están recibiendo reportes de personas por diversas anomalías que ahí se cometen cotidianamente en las personas que van a bordo de vehículos, pasando por la falta de respeto hacia quienes tienen la necesidad de transitar por estas vías y ser detenidos de manera arbitraria e injustificada para solicitarles documentos que éstos no tienen obligación legal de mostrar, provocando actos de extorsión.
Sin embargo, este plan de combate a la delincuencia, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, en el caso del estado de Chihuahua tiene un costo negativo para los conductores, especialmente los que transitan de la ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez, y viceversa, donde existe un doble retén de la Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaria de la Defensa Nacional que exaspera con su lentitud por las revisiones a los conductores que hacen filas eternas de varios kilómetros, con tiempos de espera de hasta dos horas a las afueras de Samalayuca y que a la postre –parafraseando al maestro y jurista Ignacio Burgoa– enlodan a la Constitución.
Estos retenes carreteros que existen en toda la República Mexicana son inconstitucionales, porque los efectivos militares y la Procuraduría General de la República están entorpeciendo el desplazamiento de automóviles en las carreteras correspondientes, y están actuando sin orden escrita de la autoridad competente, ignorando el artículo 16 de la Constitución. De tal manera que esa situación de inconstitucionalidad obedece a la grave situación por la que no solamente Chihuahua, sino muchos estados de la república, están pasando en este momento, pero desde un punto de vista estrictamente constitucional.
Cito el artículo 129: "Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión, o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de tropas".
Además, los encargados de los retenes a veces no tienen un criterio adecuado para realizar las funciones que les son encomendadas, y por esa razón en muchas ocasiones molestan a los ciudadanos de manera innecesaria y no respetan los derechos civiles de las personas y familias.
Por eso no sólo coincido, sino aplaudo al maestro Burgoa en que las revisiones que realizan miembros del Ejército y la PGR violan flagrantemente la libertad de tránsito, consagrada en el artículo 11 de la Constitución General de la República.
Garantía que otorga a los mexicanos el derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar pos su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, más aún cuando ya pasaron el punto de revisión aduanal 20 kilómetros antes.
Urge desaparecer este Precos que estrangula las garantías de los chihuahuenses y todos los mexicanos con esos retenes, que se practican de forma indiscriminada y que no resuelven el problema, porque hasta ahora no se conocen decomisos importantes, ni de armas ni de drogas, que se hayan efectuado en ese punto de revisión militar.
Pero eso no es todo, ya que existen testimonios en Chihuahua del abuso de autoridad, cohecho y extorsión en contra de trabajadores migratorios, los paisanos en estos días navideños, por su aspecto, y por carecer de documentos de identificación personal, reincidiendo nuevamente al claro atropello del referido articulo 11 de la Carta Maga.
Por lo general, los migrantes no denuncian las violaciones de que son objeto, lo que propicia la impunidad, y lo más grave de todo: estos connacionales en la pasada época decembrina sumaron poco más de 216 mil sólo en Chihuahua, y dejaron una derrama –ya contando el regreso de estos paisanos por el estado– de aproximadamente 300 millones de pesos, principalmente dirigida a hospedaje, alimentación, gasolina, casetas de peaje y compra de artículos regionales, que gustan de llevar los paisanos del estado de Chihuahua a sus lugares de trabajo en Estados Unidos.
Es realmente preocupante la situación que se está viviendo por la consecuencia que traen aparejada estos retenes militarizados que, como ya lo hice notar, no sólo enlodan la Constitución, también discriminan a quienes hoy por hoy aportan la segunda derrama económica del país desde hace ya muchos años; ya nos tienen muy cansados a todos.
Por todo lo anterior, vengo a someter a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
de urgente y obvia resolución
Único. La LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República a suspender el Precos Salamayuca, en el estado de Chihuahua, que no contribuye eficazmente al combate del tráfico de drogas y armas, y sí propicia las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días de diciembre de 2006.
Diputados: Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez
(rúbrica), Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica),
Israel Beltrán Montes (rúbrica), María Eugenia Campos
Galván (rúbrica), César Horacio Duarte Jáquez
(rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), María
Soledad Limas Frescas (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica),
Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Carlos Armando Reyes
López, Enrique Serrano Escobar, Víctor Leopoldo Valencia
de los Santos.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS A ESTABLECER LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS DE 60
AÑOS EN ADELANTE EN TAMPICO Y CIUDAD MADERO, A CARGO DEL DIPUTADO
LUIS ALONSO MEJÍA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
En nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorte al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, a que establezca las políticas públicas necesarias en la atención de las personas de 60 años en adelante en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, con base en las siguientes
Consideraciones y Antecedentes
La obligación de prestar las ventajosas subvenciones para la subsistencia de las personas adultas mayores es un principio fundamental del orden moral y un compromiso tácito de cualquier autoridad.
La inclusión de los adultos mayores, su presencia e intervención en los diferentes órdenes de la vida pública de nuestro país ha sido una de tantas prioridades del actual gobierno federal.
Hace más de dos décadas se creó por decreto presidencial el Instituto Nacional de la Senectud (Insen), el cual se enfocó exclusivamente al aspecto médico-asistencial. A pesar de las beneficios, las necesidades superaron las expectativas de este instituto, por lo que en 2002, por decreto presidencial, se destina a la Secretaría de Desarrollo Social el compromiso de reformar y restablecer a este sector de la sociedad, para lo cual modifica su nombre por Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (Inaplen), se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que da origen al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el cual tiene hoy en día la rectoría de las políticas públicas para la atención de este grupo social mediante la protección, atención, ayuda y orientación a las personas de la tercera edad, así como dar seguimiento y análisis a las diversas problemáticas a fin de encontrar soluciones adecuadas, otorgar asistencia médica, asesoría jurídica y opciones de ocupación, entre otros muchos beneficios.
Sin embargo, a pesar de que este programa se ha fortalecido año con año mediante la consolidación de vínculos y apoyos tanto federales como estatales, existen hoy en día gobiernos que no ratifican su compromiso con nuestros adultos mayores.
El presente punto de acuerdo surge a raíz de las urgentes demandas de la sociedad que cuentan con sesenta años de edad o más y que se encuentren domiciliadas en los municipios de Tampico y Madero.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores trabaja en coordinación con las entidades federativas y los municipios para dar a nuestra gente grande, entre otros servicios, la credencial del Inapam, por lo que en Tamaulipas deben existir módulos para la expedición de ésta, tal como se lleva a cabo en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Altamira y Ciudad Victoria, pero no es el caso en Tampico y Madero.
En 2005 la directora del Sistema DIF del municipio de Tampico, licenciada Tita Eugenia Pérez Gallardo, solicitó en forma terminante que se retirara de las instalaciones del DIF municipal el equipo de credencialización por no tener espacio para ello; la misma respuesta se recibió por el municipio de Madero; sin embargo, de manera frecuente se ha ofrecido un módulo fijo o, en su caso, movible para otorgar los múltiples beneficios a quienes con sus años de vida se lo han ganado y que constantemente lo reclaman en esa zona.
En Acción Nacional exigimos el respeto al deber de otorgar apoyos que garantizan una mejor y mayor subsistencia por ser un derecho legítimo y concedido a nuestras personas adultas.
Por esta razón exponemos la presente proposición a esta honorable asamblea, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes a no sobreponer el interés privado sobre el de la sociedad, y que implementen las políticas públicas necesarias para la aplicación y seguimiento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta legislatura, me permito presentar a esta honorable asamblea la siguiente propuesta para ser considerada como asunto de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a esta honorable Cámara de Diputados que exhorte al gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, a que intervenga ante el licenciado Fernando Azcárraga López, presidente municipal de Tampico, y ante el licenciado José Guadalupe González Galván, presidente municipal de Ciudad Madero, a fin de que se respeten de manera cabal los derechos adquiridos por nuestra gente grande mediante el cumplimiento de la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Segundo. Que se exhorte a la señora Adriana González de Hernández, presidenta del Sistema DIF de Tamaulipas, a que de manera inmediata establezca la infraestructura necesaria en Tampico y Ciudad Madero a fin de allegar a nuestra gente grande la credencial del Inapam y, con ello, los múltiples beneficios que legítimamente han ganado.
Diputado Luis Alonso Mejía García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES EN
LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA DÍAZ
DE LEÓN TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada Leticia Díaz de León Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Nuestro país, para lograr su pleno desarrollo económico, social, tecnológico y cultural, requiere la participación activa y decidida de cada uno de los que formamos parte de él. Sin duda alguna, los estudiantes de educación media superior y superior tienen una excelente oportunidad de contribuir con la sociedad a través del servicio social y las prácticas profesionales.
Se entiende por servicio social la realización obligatoria de actividades temporales que ejecutan los estudiantes de nivel medio superior y superior, tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen el ejercicio de la práctica profesional en beneficio de la sociedad.
Dicho servicio tiene por objeto extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad; consolidar la formación académica y fomentar en el prestador una conciencia de solidaridad con la comunidad a la que pertenece.
El servicio social es un vínculo entre las instituciones educativas y los sectores público y social, permite a las instituciones de nivel medio superior y superior integrar eficazmente los planes y programas de estudio a las necesidades y prioridades del país.
En algunas instituciones universitarias los programas de servicio social se prestan de diferentes formas como son las brigadas comunitarias multidisciplinarias, proyectos disciplinarios diseñados dentro de la especialidad de la carrera, asesoría técnica, labores administrativas, labores docentes en escuelas, en bufetes, laboratorios, centros de investigación y de servicio, en organismos sociales, como son las cooperativas obreras y campesinas, ejidos, sindicatos, en asociaciones civiles y en dependencias y organismos descentralizados pertenecientes a los gobiernos federal, estatal y municipal.
El servicio social y las prácticas profesionales son actividades formativas que brindan a los estudiantes la posibilidad de desarrollar sus conocimientos, valores, capacidades, virtudes y actitudes. Sin embargo, es conocido por todos que en ocasiones los prestadores de servicio social y de prácticas profesionales no están realizando actividades propias o adecuadas a la formación adquirida ni en beneficio de la sociedad.
Debido a esa situación, este punto de acuerdo busca construir una vía para apoyar a los prestadores de dicho servicio y de las prácticas profesionales al aplicar los conocimientos adquiridos y tener un acercamiento efectivo con la población en las oficinas de gestión que los diputados federales tenemos en nuestros distritos.
Como representantes populares ante esta Cámara de Diputados somos mayoría quienes provenimos y fuimos electos en el interior de la república. En ocasiones deseamos que alumnos de las instituciones de educación superior de nuestros estados y de nuestros distritos puedan acompañarnos en nuestras tareas legislativas.
Por ello consideramos que es necesario contar con prestadores de servicio social y prácticas profesionales en nuestras oficinas de gestión, a fin de brindar una atención más adecuada a la comunidad de acuerdo con sus necesidades prioritarias.
Esto, sin duda, permitirá un mayor acercamiento de la ciudadanía con el trabajo que realiza el Poder Legislativo, y de esta manera nos aproximaremos a la creación de un gobierno humanista, cercano y accesible a las necesidades de los mexicanos.
Asimismo, los prestadores de servicio social que están adscritos a esta Cámara de Diputados, alrededor de 600 personas, no reciben remuneración económica alguna que los apoye en sus gastos de transporte o comida, por lo que es necesario buscar un estímulo monetario que fije un precedente de esta Legislatura en los próximos años.
En este sentido se inscribe este punto de acuerdo que pongo a su consideración, compañeras y compañeros legisladores. La propuesta va dirigida en primer lugar a crear un proyecto de prestadores de servicio social y prácticas profesionales que apoyen la labor legislativa de los diputados federales en sus oficinas de gestión y, en segundo lugar, a brindarles a éstos y a los adscritos a esta Cámara una remuneración económica.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Esta honorable Cámara de Diputados mandata a la Dirección General de Recursos Humanos para que establezca las reglas específicas de operación del proyecto de prestadores de servicio social y de prácticas profesionales en las oficinas de gestión de cada diputado federal en el convenio que realice la Cámara de Diputados con las instituciones de educación superior, públicas y privadas.
Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados otorgará un apoyo económico a los prestadores de servicio social adscritos a la misma.
Tercero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta a los diputados federales de la LX Legislatura a otorgar del presupuesto asignado para oficinas de gestión en sus distritos, una remuneración económica a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales que los apoyen en su trabajo legislativo.
Palacio Legislativo de San Lázaro; México, Distrito Federal, a 6 de febrero de 2007.
Diputada Leticia Díaz de León Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ACEPTAR Y CUMPLIMENTAR
LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 16/2006, EMITIDA POR LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, RELATIVA AL PLANTÓN EN
EL CORREDOR REFORMA-CENTRO HISTÓRICO, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO
ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a que acepte y cumplimente la Recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El diez de noviembre de dos mil seis, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 16/2006, en la cual se señala que, en los 47 días que duró el plantón en el Corredor Reforma-Centro Histórico, el Gobierno del Distrito Federal no salvaguardó los derechos humanos de los capitalinos.
En virtud de la comentada recomendación, se estableció, entre otros, que el jefe de Gobierno del Distrito Federal impulse proyectos de ley que regulen las manifestaciones en la Ciudad de México, así como que el gobierno local brinde apoyos a los comerciantes afectados.
2. El día martes catorce de noviembre del año en curso, se dio a conocer por los medios de comunicación, que el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal protagonizaron un duelo de críticas y descalificaciones, con motivo de la recomendación 16/2006 que emitió la Comisión al Jefe de Gobierno, por su desempeño durante los 47 días que duró el plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico.
Desde el punto de vista del organismo público autónomo, la administración del Gobierno del Distrito Federal se abstuvo de ejercitar sus atribuciones y aplicar la normatividad para retirar los bloqueos; por su parte, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, cuestionó la recomendación y, en su momento, señaló que sería la Secretaría de Gobierno, la responsable de analizar la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como determinar su aceptación.
3. El cinco de diciembre del año pasado, se dio a conocer por los medios de comunicación que el Gobierno del Distrito Federal rechazó aceptar la Recomendación 16/20006, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió por el plantón que mantuvieron simpatizantes de la denominada, durante el proceso electoral 2006, coalición Por el bien de todos, en el Paseo de la Reforma.
En el documento enviado al organismo público, signado por el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, se desestiman las observaciones del organismo y se pronuncia a favor de ejercer la libre manifestación de ideas en la Ciudad de México, asimismo considera que la CDH DF no efectuó una valoración adecuada de la tutela, de una garantía constitucional fundamental, como lo es la garantía de libre manifestación de las ideas.
Asimismo, dentro de los fundamentos esgrimidos por la administración local para su negativa se encuentran que considera que en su momento dieron cumplimiento a las medidas precautorias solicitadas y porque entablaron diálogo con los líderes de la coalición Por el bien de todos para desalojar Reforma. También, comentan que proporcionaron servicios sanitarios a los manifestantes y reabrieron vialidades alternas al inicio del ciclo escolar.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de las siguientes
Consideraciones
Primero. Que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es el organismo público del Estado mexicano que tiene competencia en el Distrito Federal, para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, cuando estas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión local en el Distrito Federal, con fundamento en lo establecido por el artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3 y 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el artículo 4 de su Reglamento Interno.
Segundo. Que a partir del 31 de julio y hasta el 15 de septiembre de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se hizo cargo de lo siguiente:
Cabe señalar que de las 904 quejas y las 1551 aportaciones presentadas por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) fueron motivadas por la obstrucción de diversas vialidades en esta ciudad a cargo de los simpatizantes de la denominada, durante el proceso electoral 2006, coalición Por el bien de todos.
De todas las quejas y aportaciones se desprenden agravios expresados por los peticionarios que tienen que ver con omisiones a cargo del Gobierno del Distrito Federal, empero de las quejas recibidas fueron admitidas 185 por haber cubierto los requisitos normativos.
Tercero. Que por economía procesal y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 Bis del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se acumularon al expediente CDHDF/122/06/CUAUH/D4522.000 las quejas y las aportaciones mencionadas. Lo anterior, en razón de que a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le corresponde velar por la salvaguarda de todos los habitantes y transeúntes del Distrito Federal, sin menoscabo del respeto a las formalidades esenciales del procedimiento de investigación que normativamente le corresponde realizar a esta institución.
Cuarto. Que de manera sintética los hechos denunciados se refirieron, entre otros, a los siguientes:
2. Se solicitó se restableciera el orden de la Ciudad de México, a efecto de que los ciudadanos pudieran desplazarse libremente en la ciudad, pues dicho plantón trajo aparejado severos problemas a los ciudadanos para trasladarse a sus trabajos, domicilios, entre otros.
3. Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, en especial el jefe de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública, se abstuvieron de ejercitar sus atribuciones y aplicar la normatividad correspondiente para retirar los bloqueos existentes, a fin de que el tránsito vial se restableciera y los ciudadanos pudieran circular sin problemas. Los bloqueos perjudicaron a todos los ciudadanos, además de afectar a los turistas y a los dueños de negocios que se ubican en la zona.
4. El jefe de Gobierno debió cumplir con sus atribuciones estatuarias y legales, empero su omisión fue en detrimento directo a todos los ciudadanos, además de provocar una afectación a sus actividades cotidianas.
5. El jefe de gobierno violó el Bando 13 del Gobierno del Distrito Federal y, como consecuencia, el derecho al libre tránsito por las calles del Distrito Federal.
De avenida Paseo de la Reforma a la altura de la fuente
de Petróleos a la glorieta de La Diana cazadora.
Del monumento de: El Ángel de la Independencia
a la avenida Balderas.
Séptimo. Que existen constancias en el sentido de que el Gobierno del Distrito Federal llevó a cabo una serie de acciones con la finalidad de contribuir a la distensión del conflicto ocasionado por la instalación de los campamentos en diversas vialidades del Distrito Federal, tales como:
Acciones tendientes al diálogo y la comunicación con los dirigentes de los manifestantes para resolver el mismo.
Dotación de servicios básicos de salud, sanidad y seguridad a los manifestantes a fin de mantener condiciones de higiene y evitar así la propagación de epidemias, insalubridad o crecimiento del índice delictivo en las zonas afectadas.
Octavo. Que no debe pasar inadvertido que es responsabilidad de todo gobierno, sin distinción de ámbito de competencia u origen ideológico o partidario, atender en todo momento a los ciudadanos. No es posible que lo conflictos políticos dejen a la ciudadanía en la indefensión y que, además, los gobiernos tomen parte activa en los conflictos. Desde la función de Estado y la perspectiva de los derechos humanos, siempre deben prevalecer los intereses de los ciudadanos, por encima de los intereses particulares.
Noveno. Que la recomendación que formuló la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe considerarse como precedente, que en lo futuro pueda contribuir a la no repetición de hechos como los que motivaron estas quejas, así como sobre aspectos compensatorios, dentro de los parámetros que el propio Gobierno del Distrito Federal estableció para algunos sectores de la sociedad capitalina que se vieron afectados por los bloqueos.
Décimo. Que en efecto, la Recomendación 16/2006 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue emitida por dicho organismo en apego a su mandato constitucional, por lo que esta honorable Cámara de Diputados observa con preocupación que, desde diversas instancias de la administración pública capitalina, el Gobierno del Distrito Federal haya rechazado aceptar la Recomendación 16/20006 y busque articular descalificaciones a la recomendación emitida.
Décimo Primero. Que aunque es evidente que a ninguna autoridad le gusta ser señalada como presunta violadora de derechos humanos, resulta imprescindible que el Gobierno del Distrito Federal acepte y cumplimente lo señalado en la Recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En este sentido, el Ejecutivo local deberá, en el ámbito de sus competencias y posibilidades, impulsar la elaboración de un marco normativo que regulen las manifestaciones en el Distrito Federal.
De igual forma, resulta necesaria la aceptación de la recomendación para que, en consecuencia, el Gobierno del Distrito Federal lleve a cabo y o refuercen todas las acciones para recuperar el dinamismo económico del centro histórico de la Ciudad de México, que fue una de las zonas más afectadas por estos hechos.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, acepte y cumplimente la Recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE MEDIANTE LA SEGOB INFORME Y RECONVENGA
AL PARTIDO ESPAÑOL IZQUIERDA UNIDA POR LA INTERVENCIÓN POLÍTICA
DE SUS MILITANTES EN EL CONFLICTO DEL ESTADO DE OAXACA, SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ Y CRISTIÁN CASTAÑO
CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales Alejandro Landero Gutiérrez y Cristián Castaño Contreras, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que informe por los medios diplomáticos conducentes al partido español Izquierda Unida del contenido del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que reconvenga a sus militantes por su participación activa en la crisis política que vive el estado de Oaxaca y se le solicite que en las próximas visitas que realicen se abstengan de inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Asimismo, se solicita a la Secretaría de Gobernación que dé puntual seguimiento al apoyo político y económico de los militantes de Izquierda Unida en el conflicto oaxaqueño, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El conflicto político y social que vive actualmente el estado de Oaxaca contiene tras de sí una problemática compleja en la que conviven causas políticas, económicas y sociales.
Es un conflicto que nos duele a todos los mexicanos porque su intensidad y duración posterga la posibilidad de encontrar caminos para el desarrollo de los oaxaqueños.
La complejidad del conflicto no debe ser causa para que grupos radicales que en realidad desconocen el sentir popular se inmiscuyan en el conflicto alentando la división de los oaxaqueños. Menos aceptable es que personas extranjeras portadoras de un ideologismo extremo se introduzcan en el país con fines de desestabilización política y se comprometan a financiar determinadas causas políticas.
La solución política de los problemas de Oaxaca compete en primer lugar a los oaxaqueños y a todos los mexicanos por igual. El reto de un mejor Oaxaca es un reto de los mexicanos. La solución vendrá de nosotros, no de un grupo de extranjeros que se inmiscuye en la política interna de nuestra nación soberana.
Diversos medios nacionales y extranjeros han dado a conocer hace unos días que militantes de Izquierda Unida, encabezados por Milagros Hernández, responsable de asuntos sociales de dicho partido, participaron en el primer congreso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca los pasados 11 y 12 de noviembre.
La señora Milagros Hernández, de ciudadanía española, ha expresado ante medios de comunicación de su país y de México la intención de llevar la situación del conflicto oaxaqueño ante el Congreso de los Diputados español, con el objetivo de que se envíe una comisión parlamentaria a Oaxaca.
Aunado a ello, la representante de Izquierda Unida ha sostenido: "Queremos con nuestra presencia, demostrar al pueblo de Oaxaca nuestro apoyo y solidaridad a la lucha de sus maestros y de sus ciudadanos... Hemos estado en contacto con movimientos sociales de Oaxaca y del Distrito Federal que nos han pedido que como Partido canalicemos los apoyos sociales, políticos y económicos de partidos y organizaciones de los países europeos, es lo que vamos a hacer", declaró la responsable de asuntos sociales de Izquierda Unida.
El apoyo y la intención de enviar recursos económicos por parte de un partido político extranjero a un movimiento político nacional es una clara trasgresión al artículo 33 de nuestra Constitución Política, que violenta nuestra soberanía.
No consentimos que un partido de resabios comunistas, con todo lo que ello significa en materia de violación de los derechos humanos, venga a querer darnos lecciones de humanismo.
Los mexicanos hemos ido construyendo instituciones que tienen como objetivo vigilar el uso y el posible abuso del poder. Aunado a estas instituciones, nuestro país ha abierto sus puertas para que haya un relator de Naciones Unidas de forma permanente que vigile el cumplimiento de los derechos humanos.
Estamos abiertos a que organizaciones serias e independientes puedan desarrollar un trabajo de observación para garantizar la defensa de los derechos de las personas, pero no consentimos, por ningún motivo, que un grupo de alborotadores venga a dar asesoría, apoyo logístico y apoyo económico a un movimiento político.
Nuestra soberanía no puede ser vulnerada por ningún movimiento político extranjero, independientemente de su ideología. Rechacemos enérgicamente la intromisión de militantes de Izquierda Unida en asuntos que sólo competen a los mexicanos.
Por las razones expuestas, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que informe por los medios diplomáticos conducentes al partido político español Izquierda Unida del contenido del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que reconvenga a sus militantes por su participación activa en la crisis política que vive el estado de Oaxaca y se le solicite que en las próximas visitas que realicen sus militantes se abstengan de inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Asimismo, se solicita a la Secretaría de Gobernación de puntual seguimiento al apoyo político y económico de los militantes del partido político español Izquierda Unida en el conflicto oaxaqueño.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 6 de febrero de 2007.
Diputados: Alejandro Landero Gutiérrez,
Cristián Castaño Contreras (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE FISCALICE LICONSA, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO
ARMENDÁRIZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización de Liconsa, bajo las siguientes
Consideraciones
La pobreza en México es una realidad que pesa en nuestro pasado histórico y que, lamentablemente, permanece en la actualidad. Es por ello que con el propósito de mejorar los niveles de nutrición de millones de mexicanos, nuestro país ha instrumentado desde 1944 un Programa de Abasto Social de Leche, mismo que inició con la inauguración de la primera lechería de la empresa pública Nacional Distribuidora y Reguladora, SA de CV.
A partir de diciembre de 1994 el programa se resectorizó de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la Secretaría de Desarrollo Social. Ese cambio determinó su desincorporación como filial del Sistema Conasupo y por tanto la sustitución de su razón social a la actual Leche Industrializada Conasupo, SA de CV (Liconsa).
En 1999 su acción quedó sujeta a las Reglas de Operación para el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa. La operación, la coordinación, el seguimiento y la evaluación del programa están regulados por los estatutos sociales de Liconsa y por las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, contribuyendo así a su incorporación al desarrollo del país, mediante el apoyo a la alimentación de familias en condiciones de pobreza extrema, con leche de excelente calidad, a precio subsidiado, fundamentalmente para niños menores de 12 años.
Mientras que países como Francia, Holanda, Alemania y Estados Unidos subsidian sus exportaciones de leche hasta con 30 por ciento, promedio, más los estímulos otorgados a la producción, la Federación Internacional de la Leche considera a México el país con mayor apertura a la leche y sus derivados, siendo Liconsa de las primeras empresas que importa productos lácteos, por lo menos en el periodo 2005 con una cantidad de 90 millones 155 mil toneladas.
De esa manera, Liconsa se encuentra entre las últimas cinco empresas en comprar leche nacional en el periodo 2005. Con la cantidad de 278.9 millones de litros al año, siendo un equivalente de 0.76 millones de litros al día.
Sobre este particular el gobierno mexicano no ha hecho esfuerzo alguno para evitar la competencia desleal, más todavía, en 2008 los acuerdos del TLCAN permitirán la entrada de este producto al mercado nacional sin aranceles.
Ante esa realidad, Liconsa tendrá que sufrir algunos ajustes en su política comercial y el mercado cautivo de los productores nacionales será saturado por productos lácteos de importación. Recordemos que Estados Unidos nos vende 76 por ciento de los lácteos que importamos.
Adicionalmente, a pesar de que las reglas de operación de Liconsa señalan que los programas de subsidios se destinarán, exclusivamente, a la población en condiciones de pobreza y de marginación a fin de contribuir a la nutrición y al desarrollo de capacidades, otorgando un beneficio al ingreso de las familias en condiciones de pobreza, mediante el suministro de leche fortificada con vitaminas y minerales, el padrón de venta de Liconsa no se considera confiable pues existen ventas de varios millones de litros de leche fuera de su programa de abasto social.
Por su papel histórico en el sistema de abasto mexicano y por su trascendencia en la política de desarrollo social, esta empresa merece una revisión a fondo en programas, estructura orgánica, estados financieros, tecnología, infraestructura y por supuesto un análisis detallado de la estructura de precios. Así, sabremos de sus verdaderos niveles de eficacia e índices reales de productividad.
Partimos del supuesto de que Liconsa es una empresa socialmente responsable, con experiencia en su giro y con mejora continua en sus procesos productivos. Sin embargo, durante varios sexenios se convirtió en la caja chica del gobierno; fue el símbolo del populismo; ejerció el tráfico de influencias y fue objeto de poderosos escándalos de corrupción.
Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta soberanía solicite a la Auditoría Superior de la Federación que con la mayor brevedad realice la fiscalización de Liconsa, a fin de esclarecer dudas y transparentar la información de las operaciones, tales como padrón de proveedores, políticas de importación, compras nacionales, políticas de precios, proyecto de largo plazo, padrón de beneficiarios e impacto social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.
Diputado Pedro Armendáriz García (rúbrica)
El suscrito, Manuel Cárdenas Fonseca, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía que formule una excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el articulo 23, numeral 1, inciso f), artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción XVI del articulo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para que cumpla con el mandato legal de presentar el dictamen y el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente a 2002, 2003, 2004 y 2005.
Considerando
Que el gasto público tiene gran trascendencia en la vida económica, social y política de la nación, a nivel macroeconómico tiene un peso notable, pues su ejercicio incide en el crecimiento de la economía y en variables tan relevantes como el empleo, la inflación y la estabilidad. A nivel microeconómico impacta directamente en el bienestar de los ciudadanos a través de diversos mecanismos, como la redistribución de ingreso, la reducción de la pobreza y el acceso a los servicios públicos.
Si se considera que los recursos de los que dispone el gobierno federal son escasos, cobra gran relevancia que se ejerzan con la más alta calidad y eficiencia. Por ello, una condición necesaria para lograr el propósito implica la articulación y coordinación eficiente de las distintas fases que componen el ciclo de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, pues la paralización de este procedimiento tiene graves consecuencias en la evaluación de transparencia y de resultados del ejercicio del gasto público.
En ese sentido, durante la LIX Legislatura la Auditoría Superior de la Federación rindió a la Cámara de Diputados los Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de 2002, 2003, 2004 y 2005, los cuales fueron objeto de análisis y debate en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; integrando un documento de conclusiones y, en su caso, recomendaciones. Dicha información fue remitida conforme al procedimiento legislativo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para el estudio y análisis del dictamen correspondiente.
Por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debió presentar el dictamen de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, para su aprobación, al Pleno de la Cámara de Diputados durante el segundo periodo ordinario de sesiones del año siguiente a aquel en que se haya recibido la Cuenta Pública; al no presentar los dictámenes correspondientes a 2002, 2003, 2004 y 2005 se incumple el ordenamiento legal que se deriva de los artículos 30 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que a la letra establecen:
Artículo 31. El Informe del Resultado a que se refiere el artículo anterior deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Los dictámenes de la revisión de la Cuenta Pública;
b) El apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, respecto a la evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, así como de la satisfacción de las necesidades correspondientes, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía;
c) El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales correspondientes;
d) Los resultados de la gestión financiera;
e) La comprobación de que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, y en las demás normas aplicables en la materia;
f) El análisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso.
Único. Se sirva excitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del honorable Congreso de la Unión, para que cumpla el mandato legal que tiene de dictaminar y presentar el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 2002, 2003, 2004 y 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.
Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ARIEL CASTILLO NÁJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNA
El suscrito, Ariel Castillo Nájera, en su calidad de diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de manera respetuosa a esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; a partir de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 14 de diciembre de 2006, el diputado Ariel Castillo Nájera, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza presentó la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
2. Que en la misma fecha, el Presidente de la Cámara de Diputados dictó trámite, y turnó dicha iniciativa a la Comisión Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen correspondiente.
Consideraciones
1. El cobro de impuestos es la mayor fuente con la que cuenta el gobierno para hacerse de recursos que le permitan contribuir en el desarrollo económico del país, y así poder atender las demandas sociales. Sin embargo, en México contamos con un impuesto creado con un fin específico, que hoy en día ya no tiene razón de ser y ha sido en las últimas décadas cuestionado y repudiado por la sociedad mexicana. El Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos creado mediante decreto el 28 de diciembre de 1962 con la promulgación de la llamada Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso e Automóviles con la finalidad específica de sufragar los gastos financieros que el gobierno iba a realizar al ser nuestro país sede de los Juegos Olímpicos de 1968.
2. La participación de este impuesto a los estados, Distrito Federal y a los municipios, deriva de las reformas realizadas en diciembre de 1974, en donde se estableció que dicha participación a los estados y al Distrito Federal sería en un 30 por ciento del rendimiento que la federación obtuviera por concepto del referido impuesto. De la participación destinada a los estados, correspondería a los municipios una tercera parte, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les cubriría directamente con la distribución que señalara la legislatura local; con la condicionante, que estos no mantuvieran en vigor gravámenes locales y municipales sobre tenencia y uso de vehículos.
3. Dicha ley ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su existir en cuanto a la actualización de los factores y la forma de pago del impuesto. No obstante, no se han contemplado beneficios para el contribuyente. Como ejemplo de ello, tenemos los años 2003 y 2004, en los cuales se estableció que el pago de la tenencia de un vehículo se tenía que calcular tomando en cuenta el valor total del automóvil, incluyendo los demás impuestos inherentes, lo que generó inconformidad entre algunos contribuyentes que promovieron amparos para no pagar la tenencia bajo dicha modalidad.
4. La recaudación que se logra con dicho impuesto no resulta representativa para los ingresos federales si se le compara con otros impuestos tributarios (menos del 2 por ciento de los ingresos federales). De acuerdo a varias fuentes la federación recauda alrededor de 13 mil 500 millones de pesos por el cobro de la tenencia, los cuales se regresan íntegramente a los estados, por lo que la recaudación federal no se ve afectada en ningún sentido. Además en México el uso de vehículos, en los últimos años, más que un lujo, se ha convertido en una necesidad debido a la ineficacia del transporte público.
Por lo expuesto, le solicito de la manera más atenta
Excitativa
Único. Se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a fin de que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que abrogue la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Diputado Ariel Castillo Nájera (rúbrica)