Las que suscriben, diputadas federales María del Pilar Ortega Martínez, Margarita Arenas Guzmán, Elia Hernández Núñez y Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La calidad y sanidad de los productos consumidos por la población mexicana es un tema prioritario dado que debe garantizarse que los mismos no pongan en riesgo la salud de nuestras familias.
Al respecto, debemos reconocer que la tortilla es parte integral de la dieta de todos los mexicanos; sin embargo, en los últimos años se han multiplicado los molinos clandestinos que abaratan sus costos como consecuencia de prácticas contrarias a la normatividad sanitaria vigente contenida en la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, que establece las especificaciones sanitarias que se deben cumplir los establecimientos donde se elabora y procesa la tortilla.
Entre esas prácticas perjudiciales, se pueden mencionar:
Que el inmueble donde se encuentran establecidos suele ser destinado, al mismo tiempo a casa habitación y a factoría, por lo que en la mayoría de los casos ese lugar no reúne las condiciones establecidas en la normatividad para garantizar que el producto final cumpla con las condiciones sanitarias suficientes y adecuadas para garantizar la salud de los consumidores.
Otro punto trascendente es la cantidad y la calidad de las materias primas que utilizan en sus procesos. Al incumplir la normatividad oficial, estos productores ponen en riesgo la salud de los mexicanos, pues no conocen los efectos que producen las sustancias que utilizan, ni las cantidades que de ellas pueden disponer para consumo humano. Al mismo tiempo, para asegurar un beneficio económico mayor, adquieren insumos de dudosa calidad a un precio menor.
Por lo que se refiere a la venta del producto preenvasado, la NOM mencionada establece una serie de requisitos que deben cumplirse a fin de que el consumidor cuente con la información necesaria que le de certidumbre sobre la calidad del producto que está adquiriendo, como es el hecho de que debe constar el nombre, domicilio y razón social del fabricante, los ingredientes y las cantidades utilizados, y mucho menos aparece impresa la fecha de fabricación ni la de caducidad del producto, con lo que los consumidores pueden estar adquiriendo, por desconocimiento, un alimento en vías de descomposición.
Sin embargo, los productores informales que venden las tortillas preenvasadas, no sólo generan un riesgo para la salud pública al incumplir con dichos requisitos, sino que, adicionalmente, representan una competencia desleal con los que sí están bien establecidos, que pagan impuestos, inscriben a sus empleados en el sistema de seguridad social, pagan sus licencias municipales, y reciben periódicamente la visita de los inspectores que se aseguran del cumplimiento de las disposiciones sanitarias, laborales, municipales y hacendarias.
Esta situación afecta las ventas de los tortilleros formales, lo cual repercute en una disminución de la producción y en muchos casos, en despido del personal.
En resumen, la producción clandestina de tortilla, y su venta, implican un riesgo tanto para la salud pública como para la economía de los industriales legalmente establecidos, por lo que es necesario que se implanten medidas efectivas para su erradicación.
Compañeros legisladores, debemos considerar que el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Salud a realizar el control e inspección sobre la preparación de alimentos y bebidas, así como a actuar como autoridad sanitaria, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
La Ley General de Salud establece que es materia de salubridad general el control sanitario del proceso de elaboración de alimentos, así como de las materias primas y, en su caso, aditivos que intervengan en su elaboración; y en caso de incumplimiento, le corresponde a la Secretaría de Salud la imposición de sanciones.
A su vez, esa secretaría cuenta con el órgano desconcentrado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con autonomía técnica, administrativa y operativa, que tiene por objeto el ejercicio de las atribuciones que, en materia de regulación, control y fomento sanitarios conforme a la Ley General de Salud y demás ordenamientos aplicables, le corresponden.
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 199 de la misma Ley General de Salud, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas ejercer la verificación y el control sanitario de los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas, basándose en las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea, como de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, implante las acciones necesarias para vigilar el exacto cumplimiento de la normatividad sanitaria en la elaboración de tortillas y, en su caso, castigar a quien la viole.
Segundo. Se exhorta a que los gobiernos de las entidades federativas realicen una exhaustiva verificación de los comercios que expenden tortillas para que éstos solamente vendan producto procesado de acuerdo con la normatividad sanitaria y, en caso contrario, sancionarlos.
Dado en el salón de sesiones, a 24 de enero de 2007.
Diputada María del Pilar Ortega Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REVISAR Y, EN SU CASO, EXPEDIR
UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las suscritas diputadas y diputados presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 10 de junio de 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual dispone la constitución de dos consejos: el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, integrado por los representantes de gobierno y seis representantes de la sociedad civil, y el Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad, que debe estar integrado por representantes de las organizaciones sociales.
2. El Consejo Consultivo, definido en el Capítulo II; artículo 35, es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer y opinar sobre los programas o acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad, así como recabar propuestas y presentarlas al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. La ley dispone que estará integrado por representantes de las organizaciones, que participarán en calidad de consejeros de acuerdo con la convocatoria pública que para estos efectos emitirá el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.". Adicionalmente, y de acuerdo al artículo 2o. fracción X, se interpreta que pueden participar todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente.
3. Para estos efectos el secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, el 14 de marzo de 2006, publicó en diarios de circulación nacional y en Internet, la Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad, aprobada previamente por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.
4. De acuerdo con ésta convocatoria, se seleccionó a 20 respetables organismos sociales, lo cual ha sido motivo de reclamo por parte de una gran mayoría de organismos de y para personas con discapacidad, que bien señalan, la ley no indica en ninguna parte límite en el número de consejeros, y sí, la convocatoria observa una serie de imprecisiones jurídicas que consideramos no se ajustan al espíritu de la ley y en algunos requisitos observan discriminación.
5. De acuerdo con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, existen en el país, por lo menos 600 organismos sociales debidamente acreditados cuyo objeto social comprende en una diversidad de modalidades la atención a personas con discapacidad. El hecho de que solo 20 organizaciones integren este consejo, significa que se pretende lograr un consenso nacional con apenas el 3.3 por ciento del total de las organizaciones.
6. En obvio del tiempo, anexamos a éste punto de acuerdo las observaciones puntuales a la citada convocatoria, y solo para establecer posición al respecto, señalaremos lo siguiente:
El punto 3.2 fracciones III, IV y V, que se refieren a los requisitos que deben cumplir las personas que representen a las organizaciones en el Consejo Consultivo, a la letra se cita:
Fracción IV. No desempeñar o no haber desempeñado cargo de dirección en algún partido político o asociación religiosa en el año inmediato anterior al de su designación como representante de alguna organización social ante el Consejo, y.
Fracción V. No haber sido servidor público de cualquier nivel u orden de gobierno durante el año inmediato anterior al día de su designación como representante de alguna organización social ante el Consejo.
En conclusión, consideramos que esta convocatoria fue diseñada con un carácter discrecional, cuando la ley claramente define que debe ser pública, y de ninguna manera atendió al espíritu de inclusión y pluralidad que la propia ley pretende.
Consideramos además, que este Consejo Consultivo requiere de la participación de todos, que efectivamente establezca un mecanismo abierto, plural y que se reproduzca en cada una de las entidades federativas, debido a que a nivel local, estatal y regional, las necesidades de la población con discapacidad son distintas y diversas, y que por lógica, un mínimo conjunto de 20 respetables organizaciones no reproduce la voz y consenso nacional.
Por último, señalamos nuestro extrañamiento, al hecho de que la misma convocatoria dispone como ejecutor de la convocatoria a una Secretaria Técnica cuyo domicilio se encuentra en la residencia oficial de Los Pinos. La ley dispone que el DIF Nacional es el Secretario Ejecutivo de la propia ley.
En virtud de lo expuesto, las diputadas y diputados firmantes nos permitimos proponer a esta honorable Comisión Permanente con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Salud a que realice una exhaustiva revisión del procedimiento para integrar el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y en caso de encontrar deficiencias o anomalías, emita una nueva convocatoria que se ajuste a lo establecido por la Ley General de las Personas con Discapacidad; y
Segundo. Que el secretario de Salud obsequie a esta soberanía un informe pormenorizado de la revisión observada al procedimiento de integración del Consejo Consultivo en un plazo no mayor a treinta días a partir de la aprobación del presente acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro LX Legislatura de la Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de noviembre de 2006
Diputados: Emilio Gamboa Patrón (rúbrica),
Javier González Garza (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez
(rúbrica), Eduardo Elías Abuxapqui (rúbrica), Gustavo
Fernando Caballero C. (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso,
Juana Leticia Herrera Ale, Gerardo Lagunes Gallina, Fernando Quetzalcóatl
Moctezuma, María del Carmen Pinete Vargas, David Sánchez
Camacho (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA ESTUDIAR E INVESTIGAR LOS CASOS
DEL BALNEARIO PÚBLICO PALMILLA, EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR;
Y EL TAMARINDILLO, EJIDO EL TICUIZ, EN COAHUAYANA, MICHOACÁN, A
CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta, al Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tanto el caso del balneario Palmilla, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, como el de Tamarindillo, ejido el Ticuiz, municipio de Coahuayana, Michoacán, se presume que las circunstancias y contextos en las que se realizaron las operaciones de compraventa de los terrenos mencionados, se violaron diversas disposiciones legales y no se respetaron las formalidades del proceso, en perjuicio de los sudcalifornianos y de los ejidatarios de Michoacán, respectivamente.
Por ello, es que se propone la creación de una misma comisión especial que investigue, el contexto y las circunstancias de cada caso.
Para la venta del terreno del balneario Palmilla, municipio de Los Cabos, Baja California Sur, los antecedentes señalan:
El contrato establecía como condición que el inmueble se destinara a la construcción de un balneario y desarrollo turístico público, con instalaciones adecuadas para ser utilizado por los residentes de la zona y para el uso y disfrute de los mismos visitantes. El convenio firmado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la empresa Palmilla San José Inmobiliaria, SA, el 12 de mayo de 1987 en la ciudad de México. En él, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se compromete a no otorgar concesiones ni permiso alguno y vigilar permanentemente que la zona que comprende el balneario se mantenga libre de cualquier aprovechamiento distinto que impida el uso previsto.
Aún cuando Semarnat conocía la existencia del contrato de donación del señor González y del convenio celebrado en 1987, el 21 de diciembre de 2004, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto signado por el ciudadano Alberto Cárdenas Jiménez, por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la federación, la superficie de 9 mil 791.90 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, así como de las instalaciones y construcciones existentes en la misma, localizada en el lugar conocido como balneario Palmilla. Además se autoriza su enajenación a título oneroso a favor de Palmilla San José Inmobiliaria, SA de CV, con el objetivo de que la utilice como complemento de un desarrollo turístico privado.
El 11 de noviembre de 2005, el gobierno federal representado en ese acto por la licenciada Blanca Cielo Margarita Corona Vizcaíno, directora de Análisis, Evaluación y Resolución Administrativa de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, concretó la venta del balneario Palmilla a la sociedad mercantil arriba señalada.
De la superficie que fue vendida, hay un área empalmada de mil 448.46 metros cuadrados, que coincide con el terreno donado a los sudcalifornianos por el señor Manuel González Canseco en las condiciones anteriormente descritas. Además, en la compra venta se incluyó una fracción de terrenos correspondientes a la zona federal marítimo terrestre, que de acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Bienes Nacionales, es un bien de uso común, del dominio público de la federación y, por lo tanto, no es susceptible de enajenación.
El gobierno municipal de Los Cabos ha llevado a cabo diversas acciones de defensa legal del terreno, librando una batalla por la vía jurídica para que el Ejecutivo federal respete el acuerdo de donación registrado en 1978.
En diversos artículos publicados por periódicos de Michoacán, como por la revista Proceso en sus números 1470, 1471 y 1577, se reveló la compra de 265 hectáreas de terrenos del ejido El Ticuiz, en la bahía de El Tamarindillo en las costas de Michoacán, por un precio de 25 millones de pesos (cotización muy por abajo del precio real), por el mismo Cosme Mares Hernández y Rubén Hernández H., como supuestos prestanombres de Vicente Fox.
De los 118 contratos de cesiones de derechos de superficie de terreno, a favor de los dos prestanombres, de fecha 29 de agosto de 2003, no cuentan con medidas y colindancias, así como la superficie comprada a cada uno de los ejidatarios.
De igual forma relatan que varios ejidatarios que se rehusaron a vender sus derechos sobre estos terrenos de uso común del ejido, fueron presionados por autoridades federales, así como la gente allegada a Mares Hernández, que en todo momento afirmaron tener el respaldo del ahora ex Presidente Vicente Fox.
Las actas de las asambleas "realizadas" en el ejido se encuentran firmadas por personas que al momento de la asamblea, habían fallecido meses atrás, o bien de personas que aparecen en actas y que no son ejidatarios, sin embargo, votaron y firmaron.
Los ejidatarios interpusieron una demanda de nulidad de la compra venta ante el Tribunal Agrario número 38, con sede en la ciudad de Colima, registrado con número 385/03, de fecha 4 de diciembre de 2003.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42, la creación de la Comisión Especial para Investigar los Casos de Conflicto del Balneario Público Palmilla, municipio Los Cabos, Baja California Sur, y de Tamarindillo, ejido El Ticuiz, municipio de Coahuayana, Michoacán.
Segundo. La Comisión Especial para Estudiar e Investigar los Casos de Conflicto del Balneario Público Palmilla, Los Cabos, Baja California Sur y el Tamarindillo, ejido El Ticuiz, municipio de Coahuayana, Michoacán, estará integrada por 22 diputados de todos los grupos parlamentarios, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías.
Palacio Legislativo, a 24 de enero 2007.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, A CARGO DEL SENADOR JORGE LEGORRETA ORDORICA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El suscrito, en nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
El 21 de diciembre de 2006, la Cámara de Diputados como Cámara revisora aprobó con 382 votos a favor, 3 abstenciones y 0 votos en contra, la minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo 60 Ter, y un segundo párrafo al artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre. Esta modificación de la ley tiene por objeto proteger de manera efectiva los manglares de nuestro país, es decir, a lo largo de los 11 mil kilómetros de litoral.
El texto de dicha reforma es como sigue:
Artículo Primero. Se adiciona un artículo 60 Ter a la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:
Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.
Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:
Artículo 99. ...
Las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en manglares, deberán sujetarse a las disposiciones previstas por el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Segundo. Con la entrada en vigor del presente decreto se derogan todas las disposiciones legales que contravengan al mismo.
Debido a su localización costera, los manglares son ecosistemas complejos y frágiles que juegan un papel importante como zona de transición, conexión y amortiguamiento entre el medio acuático y terrestre, por lo que constituyen una importante barrera ante inundaciones y huracanes, al mismo tiempo que protegen contra la reducción de la línea de costa.
Los manglares constituyen un criadero esencial de especies comerciales y son zonas de protección y crianza de una diversidad de especies de peces, crustáceos y moluscos, todos ellos de suma importancia para las actividades pesqueras y de acuacultura de nuestro país.
Más aún, contribuyen a evitar la producción del efecto invernadero de la atmósfera, ya que representan sumideros de carbono, con lo que contribuyen a evitar los efectos adversos del cambio climático.
Los desarrollos costeros son una de las causas principales de la pérdida de estos ecosistemas tan importantes, ya sea por causas debidas a desarrollos turísticos, la expansión de ciudades, las actividades agrícolas, así como las granjas de cultivo de camarón.
Sin embargo, tan sólo en siete años se reconoció la pérdida de 8 por ciento de la cobertura de manglar. A este ritmo la pérdida será irremediable en unos cuantos años.
No podemos negar los efectos negativos de la pérdida de manglares, que han sido más que evidentes en los fenómenos naturales más recientes, como los observados por el tsunami en diciembre de 2005 en Indonesia, Sri Lanka e India, y que cobró miles de vidas, o los devastadores efectos del huracán Wilma, en octubre de 2005, en las costas de Quintana Roo, con enormes pérdidas económicas y devastación de la naturaleza.
Más aún, el artículo 27 de nuestra Carta Magna establece que son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales, incluyendo las aguas marinas interiores, lagunas y esteros. Los manglares, por su conexión ya sea permanente o intermitente con el mar, forman parte de la propiedad nacional y el gobierno federal debe cumplir el mandato de proteger los recursos naturales como en este caso se muestra.
Por esas razones consideramos que la publicación de este decreto es de vital importancia. Sabemos que algunos desarrolladores turísticos se oponen a esta publicación, precisamente por tener una visión de corto plazo.
La conservación de los manglares proporcionará más beneficios económicos para amplios sectores de la población como son los pescadores, que dependen de la permanencia de estos recursos. Además, los servicios ambientales que proporcionan los manglares van de 200 mil a 900 mil dólares por hectárea por año, lo cual demuestra una vez más, que conservar deja más beneficios que destruir.
Estamos conscientes de que el término previsto por la Constitución no ha vencido y respetuosos de este ordenamiento, pero enormemente preocupados por la presión que ejercen grupos empresariales en contra de la promulgación de esta reforma, que es de orden público e interés social y, debido a la especial importancia de los manglares para nuestro país, tanto en lo ecológico como en lo económico, creemos que su promulgación no debe hacerse esperar.
La sociedad civil organizada también ha solicitado y apoyado esta publicación, por lo que creemos que el titular del Ejecutivo federal deberá responder a su puntual publicación. Además, debemos recordar que este decreto fue aprobado por ambas Cámaras prácticamente por unanimidad y por todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, con lo cual se demuestra que las modificaciones que en él se contienen fueron estudiadas integralmente y avaladas en su conjunto por los mismos actores de la vida nacional.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus facultades constitucionales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de nuestra Carta Magna, publique con la mayor brevedad en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adiciona un artículo 60 Ter y un segundo párrafo al artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre, aprobado previamente por el honorable Congreso de la Unión, debido a la importancia que los manglares representan en el ámbito social, económico y ambiental de nuestro país.
Salón de sesiones de la Comisión Permanene, a 24 de enero de 2007.
Senador Francisco Agundis Arias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROMULGAR EL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, SUSCRITA
POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Las y los suscritos diputados federales integrantes de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, con base a los siguientes:
Considerandos
El ejercicio de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión se caracterizó por el importante trabajo de legisladores interesados y comprometidos en responder a la irreversible necesidad de implementar un sistema nacional dedicado a prevenir, proteger y asistir con los instrumentos legales indispensables a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas de México.
Por tratarse de un tema de Estado que resolviera la grave problemática de falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia de género a través de medidas de reinserción social de los agresores, promoción de la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional, se realizaron las tareas necesarias en el Decreto de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que las voces de la ciudadanía y las diversas organizaciones se devolviera a las mujeres y niñas de México el reconocimiento a sus calidades natas que la sociedad civil tradicionalmente ha ignorado.
La tradición cultural de fincar una facultad inexistente al hombre traducida como la capacidad por regular y limitar las prerrogativas inherentes a las mexicanas, reconocidas en las garantías preceptuadas en el artículo 4 de la Constitución Federal definitivamente debe ser frenada y ello ha sido imposible en virtud que una disposición legal secundaria al pacto federal crea específicamente para velar por los derechos de las mujeres y las niñas, además que se ha demostrado la ineficacia de la aplicación de normas emanadas de necesidades vinculadas con el tema, como sucede con la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la cual consagra instrumentos internacionales suscritos por el país vigentes para insuficientes para erradicar las formas de discriminación y violencia de género.
A mayor abundamiento es menester resaltar que una norma autónoma debe facilitar la función del Instituto Nacional de las Mujeres acorde al Plan Nacional de Desarrollo desde la óptica gubernamental a fin de demostrar el debido cumplimiento a las obligaciones que el Estado tiene con la política de género, a través de un serio proceso de modificación de patrones socioculturales de conducta basados en la educación impartida desde las aulas encaminada a obtener una visión social colectiva y necesaria para sensibilizar a las generaciones de educandos, incluso con la intervención de los medios de comunicación en la difusión de la prevención a todas las formas de violencia radicada en todos los sectores primarios a efecto de proporcionar por parte del gobierno la comedida atención a las víctimas, respetando su intimidad, situación sanitaria, en el ámbito de la seguridad pública, la procuración y administración de justicia mediante acciones coordinadas en los tres órdenes de gobierno con los organismos privados comprometidos con el género.
Es menester destacar que el Decreto de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es emanado de una situación real, producto del franco desinterés evidenciado por generaciones y que se ocupa de las familias que han visto vulnerada la integridad de las mujeres y las niñas mexicanas, ya que solo con este dispositivo podremos contribuir a superar los lastres que han perjudicado a la sociedad, por ello contempla la creación de políticas trasversales para afrontar el impulso de reformas jurídicas que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos humanos y sancionar a quienes los transgreden acorde a los delitos especiales que atiende el proyecto que obra en poder del responsable de la conducción de la administración publica federal desde diciembre del 2006, en virtud que le fue remitido para su promulgación y publicación en cumplimiento con los artículos 89, fracciones I y 72 incisos A y B de la Ley Fundamental por parte del Senado de la República.
Con base a las disposiciones que establece el proyecto de marras demuestra una habida conjunción de las voluntades de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, el consenso social de la representación popular con sentido social ante la necesidad de contar con un instrumento mínimo e idóneo que permita a las mujeres y las niñas contar con un adecuado marco legal que las proteja de la violencia desde la prevención y en el caso de las victimas aportarles un contexto legal humanitario desde los órganos competentes para fomentar una debida atención desde la plataforma inmediata hasta las mexicanas que son recibidas en albergues para fortalecer la inversión del gasto social en cumplimiento a los objetivos que brinden certeza jurídica de que los derechos de las mujeres no serán violados sin que haya sanción.
Por ello resulta indispensable que el Titular del Poder Ejecutivo Federal promulgue y publique la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que de conformidad con el proceso legislativo establecido en la fundamentación invocada, este proyecto de ley se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo, ya que no fue devuelto con observaciones a la Cámara emisora dentro de los 10 días útiles a que lo recibió.
En consecuencia de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 89 constitucional el Presidente Constitucional de México, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tiene que promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y velar por el cumplimiento de la Ley Fundamental en congruencia con la protesta realizada ante esta soberanía, siendo en este caso un extremo de la demanda que la nación le formula al evidenciarse un tangible caso de incumplimiento con lo mandatado en la Carta Magna.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados solicita al titular del Ejecutivo federal para que en uso de las facultades que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publique a la brevedad el decreto que expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Diputados: Marina Arvizu Rivas, Alejandro Chanona
Burguete, Emilio Gamboa Patrón, Ricardo Cantú Garza, Javier
González Garza, Héctor Larios Córdova, Miguel Ángel
Jiménez Godínez, Gloria Lavara Mejía, Yolanda Rodríguez
Ramírez, Maricela Contreras Julián, Rosario Ignacia Ortiz
Magallón (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LOS RECURSOS DEL SUBPROGRAMA DE APOYO DIRECTO AL INGRESO OBJETIVO CORRESPONDIENTE
AL MAÍZ, A CARGO DEL SENADOR ANDRÉS GALVÁN RIVAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Andrés Galván Rivas integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que analice la posibilidad de que los recursos del Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo correspondiente al maíz, se reoriente y destine al proceso productivo de este alimento en sus etapas de cosecha, post cosecha y mejoramiento de la semilla del maíz, bajo las siguientes
Consideraciones
En el país es necesario el apoyo a ciertos productos alimenticios entre los que se encuentra el maíz por ser básico en la dieta de los mexicanos.
De los diferentes programas que existen para el apoyo a la producción de alimentos, se encuentra el Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, mismo que apoya la producción de maíz, frijol, sorgo, algodón, arroz, trigo, soya, cártamo y cebada, y tiene como fin homologar los precios que por venta de la cosecha obtuvo el productor, con el precio de referencia internacional que en el momento de la venta este vigente.
Algunos de los criterios que se consideran para establecer las cantidades económicas que se otorgarán en el Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo por tonelada, en el caso del maíz y los demás productos que este subprograma considera, son: los precios que se registran en las ofertas que los compradores ofrecen en el momento de la cosecha; los precios pactados en la agricultura por contrato cuando es el caso y, los precios imperantes en el mercado internacional y las condiciones del mercado regional que prevalezcan.
El Subprograma de Ingreso Objetivo erogó en el Ejercicio Fiscal 2006, la cantidad de 2 mil 912 millones 572 mil, 614 pesos con 19 centavos, para la atención y apoyo únicamente al grano del maíz, ésta cantidad cubrió un volumen de 8 millones, 461 mil, 973.23 toneladas, con lo cual se vieron beneficiados en sus ingresos los productores de este cereal básico en la alimentación de la población.
Para el Ejercicio Fiscal 2007, dentro del presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el cual asciende a 58 mil 384 millones, 700 mil pesos, de los cuales se destinaron 7 mil 650 millones de pesos para el Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, mismo que contempla nueve productos alimenticios, entre los que se encuentra el maíz.
Ante la contingencia del aumento repentino que ha registrado en los últimos días el precio del maíz en el país, el Ejecutivo federal firmó el pasado jueves 18 de enero del presente año junto con los productores de maíz e industriales de la masa y la tortilla, el acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla, en el cual se establece fijar a un máximo de 8 pesos con 50 centavos el precio por kilo de maíz.
Con lo anterior y basados en las proyecciones es posible que el precio de referencia internacional del maíz no alcance y mucho menos supere el precio máximo que se fijó en el acuerdo antes mencionado, de ser así, es necesario que los recursos destinados al Subprograma de Apoyo al Ingreso Objetivo para el grano del maíz, se reoriente en un sentido que sea de utilidad al proceso productivo del maíz en su etapa de cosecha, post cosecha y en el mejoramiento de semilla de este producto.
Si se reorientaran estos recursos y tomando en cuenta lo que se destinó a apoyar el ingreso objetivo por concepto de maíz en el Ejercicio Fiscal del año 2006, contaríamos con un mínimo aproximado de 2 mil 912 millones, 572 mil, 614.19 pesos para apoyar el proceso productivo del grano del maíz sin afectar a otros productos que se contemplan en dicho subprograma.
Considerando las estimaciones de que el precio del maíz en el país, no estará por debajo del precio de referencia internacional, es necesario darle una utilidad a los recursos destinados para a este fin, que ayude a hacer más eficiente el proceso productivo del maíz y no se vaya a considerar como un ahorro o se utilice en forma discrecional.
Compañeros uno de los desafíos del sector rural de México es sin duda superar sus rezagos estructurales y crear condiciones de productividad y eficiencia.
El problema que actualmente enfrenta México en relación al maíz es uno de los resultados de la debilidad del sector, por lo que es apremiante fortalecer entre otras cosas, los sistemas de producción.
Nuestro gran reto, en este momento, además de pugnar por que se estabilice el precio y se garantice el abasto de maíz, es sin duda construir un campo con una nueva visión de modernidad; productivo y competitivo que redunde en mejores condiciones de vida para la sociedad rural y el resto de los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que en caso de que el precio por kilo del maíz en México sea igual o esté por encima de las proyecciones del precio de referencia internacional, se analice la posibilidad y viabilidad para que los recursos del Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, en lo que corresponde al maíz, se reoriente y destinen al proceso productivo de este alimento en sus etapas de cosecha, post cosecha y mejoramiento de la semilla del maíz.
Senado de la República, a 24 de enero de 2007.
Senador Andrés Galván Rivas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EL PROGRAMA VISIÓN 2020 SE INTEGRE EN EL PLAN NACIONAL DE SALUD
2007-2012, A CARGO DEL SENADOR ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, senador Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo que se fundamenta en los siguientes datos:
En la 59 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en el 2006, la Organización Mundial de la Salud informó que para 2002 las discapacidades visuales a escala mundial afectaban a más de 161 millones de personas, de las cuales 124 millones presentaban disminución de la agudeza visual y 37 millones sufrían ceguera. Éstas son apenas unas estimaciones, que no consideran los problemas visuales ocasionados por errores de refracción. En otras palabras, esto significa que el alcance real es por mucho mayor. De acuerdo con el análisis del perfil epidemiológico mundial de la ceguera, hasta 75 por ciento de los casos son evitables.
Asimismo, se dio a conocer que las cataratas, el glaucoma y la retinopatía asociada a la diabetes mellitus son las principales enfermedades crónicas que ocasionan ceguera (50, 12 y 5, por ciento respectivamente). Dado que 82 por ciento de los casos de ceguera se presentan en personas de 50 o más años, las cifras podrían aumentar si la pirámide poblacional continúa invirtiéndose, como ocurre en el caso mexicano.
En la asamblea se indicó que estudios recientes demostraron que hay una relación directa entre la privación social y económica que sufren los discapacitados visuales (específicamente en los países de bajos ingresos) y su capacidad para buscar y obtener atención médica. De ahí que sea de suma importancia detectar y atender los problemas visuales y prevenir la ceguera, mediante intervenciones curativas apropiadas, preventivas, costoeficaces y ampliamente accesibles.
En 1999, la Organización Mundial de la Salud, en alianza con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, lanzó la iniciativa mundial para la eliminación de la ceguera evitable, denominada Visión 2020: El derecho a ver, con el propósito de eliminar las causas evitables de ceguera así como frenar e invertir el incremento de discapacidades visuales evitables en el mundo entre 1990 y 2020. A través de dicha iniciativa se incita a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud para que se comprometan a establecer planes nacionales Visión 2020 a más tardar en 2005, para implementarlos como máximo en 2007. En el caso de nuestro país, el Programa Nacional de Salud 2000-2006 no incluyó este rubro.
En México, según datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los problemas visuales son la segunda causa de discapacidad y están determinados por factores hereditarios, sociales y ambientales.
Algunos problemas visuales que aquejan a la población mexicana son la miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia (vista cansada), catarata, glaucoma, conjuntivitis y malformaciones congénitas, a lo que hay que agregar la retinopatía diabética.
A nivel mundial, el glaucoma es la segunda causa de ceguera y la primera causa de ceguera irreversible. Actualmente, en México hay 3 millones de personas con glaucoma diagnosticado, 2 millones padecen la enfermedad sin saberlo y 2 millones están en latente riesgo de desarrollarla.
Por su prevalencia en el país, la retinopatía diabética es la enfermedad visual más alarmante. Según datos del 2004, esta enfermedad se debe a un mal manejo de la diabetes mellitus, primera causa de morbilidad-mortandad en México. Para 2005, el Centro Médico Siglo XXI del IMSS detectó entre sus derechohabientes un total nacional de 1 millón 851 mil 72 pacientes diabéticos. A ello habría que sumar los pacientes adscritos a otras instancias de salud pública, aquellos atendidos por el sector privado, así como los que no han sido diagnosticados y padecen la enfermedad.
De la consulta oftalmológica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, 90 por ciento corresponde a complicaciones de retinopatía diabética en pacientes adultos de entre 40 y 50 años;1 el otro 10 por ciento a accidentes en casa o en el trabajo y a otras enfermedades de los ojos. Hay que decirlo, las complicaciones de la diabetes son a veces peores que la enfermedad misma y su presencia genética en la población mestiza mexicana, según datos arrojados por el mapeo genómico, hace prever que los casos irán en aumento.
La miopía y la hipermetropía se cuentan entre las enfermedades hereditarias que se presentan en la infancia y se agravan en la adolescencia. La Sociedad de Oftalmólogos del Centro Médico La Raza del IMSS estima que 15 millones de personas en el país padecen de miopía. Desde 1996, estudios realizados bajo los auspicios del Instituto Nacional de Salud Pública, en una población de infantes preescolares de la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal, señala que casi la tercera parte de los niños presentaban algún trastorno visual, por lo que se recomendaba atender la problemática a través de un examen de la vista obligatorio en las escuelas preescolares y primarias.
Debido a los altos niveles de contaminación presentes en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la conjuntivitis infecciosa es un padecimiento común en 60 por ciento de los habitantes.
En México, las ciudades no están constituidas para ningún tipo de discapacidad física (salvo el Metro y los cajones de estacionamientos públicos) ni para ancianos. Tampoco hay una cultura para integrar a estos sectores a la sociedad; por tanto, la gente queda al margen del gozo y disfrute de la ciudad –cuando es gente adulta–; cuando son jóvenes, las oportunidades educativas, labores son limitadas, quedando expuestos a la explotación laboral, como los niños de la calle.
Es preciso, señoras y señores senadores, hacer algo por mejorar la vida de los débiles visuales y atender los casos donde la ceguera es evitable.
El caso de Venezuela es paradigmático, ya que con el programa Misión Milagro se ha logrado en apenas dos años, reducir considerablemente los trastornos visuales en aquel país. Con la cooperación de médicos cubanos, este programa se implementó en abril de 2004 con el objeto de solucionar los trastornos visuales de manera gratuita.
Un elemento interesante es que el acuerdo de cooperación se basa en que todos los bienes y servicios precisados en el convenio –adquisición de equipo y servicios médicos, especialistas y técnicos de la salud cubanos– son pagados, en el valor equivalente a precio de mercado mundial, con petróleo venezolano y sus derivados.
Las condiciones de pago y demás especificaciones son definidos anualmente. De hecho, este plan se concibió como una manera de hacer llegar directamente a las personas una parte de los recursos derivados de los excedentes petroleros. Participan asimismo en el programa, especialistas venezolanos adscritos al sector de salud pública.
A la fecha, se han operado a más de 25 mil pacientes en aquel país que presentaban casos de cataratas, pterigium glaucoma y retinosis pigmentaria, y se han beneficiado a 32 mil 942 personas de diferentes estados.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud se integre e implante el Programa Visión 2020, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en el Plan Nacional de Salud 2007-2012.
Segundo. El Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Salud, dé a conocer públicamente las acciones y los resultados en materia de combate de enfermedades visuales.
Tercero. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se convoque a la Sociedad Oftalmológica Mexicana y asociaciones afines para que den a conocer su opinión sobre el panorama de problemas visuales en México.
Nota:
1 Boletín de prensa número 635 publicado
en la página electrónica del Instituto Mexicano del Seguro
Social: www.imss.gob.mx
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2007.
Senador Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SHCP Y DE LA STPS A REALIZAR EL PAGO A
LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DE PEMEX POR SUS APORTACIONES PARA EL
SEGURO DE VIDA CONTRATADO CON SEGUROS LA REPÚBLICA EN EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE 1970 Y 1992, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ
VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el pasado sexenio, la clase trabajadora mexicana fue objeto de una serie de injusticias laborales, que han golpeado su economía, patrimonio y en los casos más extremos, han atentado contra su vida.
Hoy acudo a esta tribuna para presentar el caso de trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual se suma a la ya larga lista, como es el caso de trabajadores de minas, del seguro social entre muchos otros. Por ello, no podemos, ni debemos quedarnos callados.
Los trabajadores y ex trabajadores de Pemex, que laboraron en el periodo comprendido entre 1970 y 1992, con gran esfuerzo realizaron aportaciones para un seguro de vida, contratado con Seguros La República, hoy llamada Interacciones, SA de CV, a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Dicha empresa se dio financieramente por quebrada, quedando en reserva el fondo generado y acrecentado por intereses y manejos de mercados de dinero, bajo el fideicomiso bancario 56342/FID/III/06, el cual asciende a ochocientos veintiocho millones, quinientos cuarenta y siete mil ciento noventa y ocho pesos.
Desde 1994, con el anuncio de la quiebra, la Coalición Petrolera Independiente, promovió la demanda en todas las secciones petroleras del sistema de Petróleos Mexicanos, condenando al reembolso de la reserva matemática, depositada legalmente ante la instancia hacendaría del gobierno federal, mediante la sentencia a su favor del 3 de octubre de 2005.
Dicha sentencia benefició a todos los que laboraron entre 1970 y 1992 y que se vieron afectados. Entre trabajadores y ex trabajadores ascienden a un total de 80 mil, de los que 10 mil pertenecen al Consejo de Defensa de Minatitlán, AC.
Una vez que se decretó la resolución final, los trabajadores través de la Coalición Petrolera Independiente, comenzaron con los trámites para reclamar lo que se les había descontado en el periodo comprendido entre 1970 y 1992 que se realizaría a través de una institución bancaria.
De este caso tuvo conocimiento la pasada administración federal, desde finales de septiembre de 2006, y cuyo expediente turnaron al subsecretario de Gobierno, el 14 de noviembre de 2006, mediante el volante número UCG/007147/2006, con folio 009013.
Del mismo modo, se turnó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros la copia de la petición para que esos trabajadores fueran incluidos en el reembolso de la reserva matemática que se acumuló del seguro La República, hoy denominada Seguros Interacciones, SA de CV.
Por su parte, los trabajadores y ex trabajadores del Consejo de Defensa de Minatitlán, AC, hicieron del conocimiento de la Cámara de Diputados la carta dirigida al entonces presidente, Vicente Fox, el 13 de noviembre de 2006.
A pesar de todo ello, hasta la fecha no se ha concretado ningún pago, debido a que las autoridades han argumentado que se están estableciendo los requisitos para que los trabajadores o familiares de personas fallecidas puedan concretar el reclamo.
Por lo expuesto se somete a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar secretario de Hacienda y Crédito Público para que se reincorporen los recursos al reembolso de la reserva matemática que se acumuló del seguro La República, hoy denominada Interacciones, SA de CV, y se realice el pago a los trabajadores y ex trabajadores de Pemex por sus aportaciones para el seguro de vida, durante los años comprendidos entre 1970 y 1992.
Segundo. Exhortar al secretario del Trabajo, para que supervise y asesore en todos los trámites requeridos a los trabajadores y ex trabajadores de Pemex para que realicen el cobro de su aportación para el seguro de vida contratado con Seguros La República, hoy denominada Interacciones, SA de CV.
Palacio Legislativo, a 24 de enero de 2007.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE MÉXICO MANIFIESTE
MEDIANTE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES SU RECHAZO A LA
CAZA DE BALLENAS OCURRIDA EN ZONA PROHIBIDA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE
GODOY CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Jorge Godoy Cárdenas, diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se considere, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México manifieste un repudio ante la caza de ballenas ocurrida en zona prohibida.
Considerandos
México tiene en sus costas varios santuarios para las ballenas, que explota turísticamente. Por ello repudia la caza de ballenas y ratificará en la Comisión Ballenera su oposición a la caza del animal que practican, sobre todo, Japón y Noruega.
Está a favor incluso de que se elimine definitivamente la caza con fines científicos, "ya que si hay caza comercial, no es necesaria la científica, pues existen muestras suficientes para llevar a cabo cualquier tipo de análisis".
La Secretaría de Medio Ambiente destacó que gracias a las medidas adoptadas por México para conservar las ballenas se ha logrado la recuperación de la población de ballena gris, que cada año visita las aguas mexicanas en el océano Pacífico nororiental, hasta alcanzar hasta 25 mil ejemplares.
Una medida eficaz para ampliar la protección de las ballenas es la creación de santuarios, áreas en las cuales la caza esté prohibida por tiempo indeterminado y donde se estimulen la investigación no letal y la conservación.
El Santuario Ballenero Austral (SBA), establecido en 1994 por la Comisión Ballenera Internacional (CBI, el organismo multinacional responsable de la conservación y el manejo de las poblaciones de ballenas de todo el planeta), abarca todos los mares que rodean la Antártica, protegiendo en sus áreas de alimentación a las tres cuartas partes de las ballenas del mundo. El SBA brinda protección a las mermadas poblaciones de ballenas azules, sei, de aleta y jorobadas, así como a la única gran población que no ha sido gravemente reducida por la caza: la de las ballenas minke antárticas. En la actualidad se planea la creación de otros santuarios complementarios del SBA, que pondrán bajo protección las áreas de apareamiento y cría y las rutas de migración, con lo cual las ballenas de la Antártica estarán protegidas durante todo su ciclo vital.
El gobierno de Japón continúa cazando ballenas en el santuario ballenero, desafiando los repetidos llamados de la CBI para que detenga esta actividad. Al ignorar a la CBI, Japón esta violando las normas de la Convención de las Naciones Unidas para la Ley del Mar.
Sin embargo, los sectores que defienden la caza de la ballena están intentando debilitar el esfuerzo de protección; tratan de que se elimine el Santuario Ballenero Austral y se bloquee la creación de otros santuarios. La industria ballenera de Japón y los organismos del gobierno de ese país que apoyan la caza han sido particularmente activos en esas gestiones. Cada año, con el pretexto de la "cacería científica", Japón da muerte a cientos de ballenas en el SBA.
La caza que los japoneses llaman "científica" es una farsa que se utiliza para mantener la viabilidad de la industria ballenera (la carne de las ballenas muertas es comercializada) y no aporta ninguna información que la CBI necesite para manejar las poblaciones. Al llegar al consumidor, la carne de ballena obtenida por los japoneses genera unas ganancias anuales de 100 millones de dólares para los cazadores, los intermediarios y los vendedores al público. Por ello, hablar de "cacería científica" es una ofensa y un desprestigio para la ciencia y la comunidad científica.
La CBI aprobó la creación del SBA por 23 votos contra 1, imposibilitando para siempre la reanudación de la caza comercial legal en los mares antárticos. A pesar de ello, mediante la "cacería científica" los japoneses se las arreglan para poner cada año en su mercado doméstico 2 mil toneladas de carne de ballena.
Con la fachada que sea, la caza comercial de la ballena en la Antártica es un desafío a las leyes internacionales. Según la Convención de las Naciones Unidas para la Ley del Mar, los Estados deben trabajar en pro de la conservación, manejo y estudio de los cetáceos a través de los organismos internacionales correspondientes. La Comisión Ballenera Internacional es el organismo internacional apropiado para tales fines, que todos los años aprueba una resolución instando a Japón a detener su programa de caza ballenera en el SBA. Pero todos los años Japón ignora las resoluciones y continúa matando ballenas.
En el umbral del nuevo milenio, es tiempo para relegar la caza ballenera al basurero de la historia de las prácticas de explotación destructiva, que tanto daño causaron al planeta durante los últimos mil años.
Oficialmente, Japón no caza ballenas, pero mata alrededor de 300 al año para "propósitos de investigación", una excusa tan delgada como las rodajas de sashimi (sushi) en las que inevitablemente se transforma a la ballena "investigada". –The Economist, 25 de octubre de 1997.
Cuando –en 1987– Japón lanzó el programa de "cacería científica" en la Antártica, la prensa de Japón informó que el programa intentaba mantener con vida a la industria ballenera hasta encontrar la forma de revertir la moratoria a la caza comercial de ballenas. Desde entonces, cada año la CBI ha criticado el programa, evidenciando que la información producida por éste no es necesaria para el manejo de las ballenas, y ha conminado a Japón a detenerse. Cada año Japón ha seguido adelante con el programa que ha llamado Jarpa (Programa Japonés de Investigación en la Antártica). La caza ballenera está gestionada por el Instituto de Investigación de Cetáceos, establecido en 1987 como una fundación sin fines de lucro con donaciones de la industria ballenera de 10 millones de dólares, un subsidio de 9 millones de dólares al año del gobierno de Japón y la venta de carne de ballenas. En 1994, Japón comenzó un segundo programa de "investigación" en el Pacífico norte, y en 1995 incrementó de 330 a 440 el número de ballenas minke cazadas en la Antártica.
Se supone que la llamada "cacería científica" en la Antártica provee datos para el manejo de las poblaciones de ballenas, estudiando aspectos como la distribución por edades. La única utilización de esos datos es el establecimiento de cuotas para la industria comercial. Y dos años después que el Jarpa comenzara, la CBI adoptó un moderno sistema de manejo, el cual no incluía ese tipo de datos. En un taller de científicos organizado por la CBI se convino revisar el programa después de 8 años de estar en marcha, y el grupo coincidió unánimemente (incluidos los científicos japoneses) en que el Jarpa "no era necesario para el manejo".
De cualquier manera, en 1994 la CBI designó el mar Austral (el mar que rodea la Antártica) como santuario ballenero, donde la matanza de ballenas con propósitos comerciales fue prohibida, independientemente del estado de las poblaciones, lo que significa que los datos destinados al manejo que produciría el programa japonés no serían necesarios.
Claramente, la "cacería científica" de Japón no produce información necesaria, ni siquiera útil. Lo único importante que produce el Jarpa es carne de ballenas, y en este campo el Jarpa es exitoso. Cada año un barco factoría arriba desde las aguas de la Antártica con cerca de 2 mil toneladas de carne de ballenas y ésta ingresa en el sistema de distribución comercial. Aunque el balance del ICR no evidencia ganancias, los mayoristas y distribuidores no reflejan preocupación. En 1997, el ICR anunció oficialmente que la captura del año en la Antártica, mil 995 toneladas, sería vendida en 3.500 millones de yenes (33 millones de dólares) y que los precios de reventa serían tres veces mayores, lo que implicó un ingreso adicional de más de 60 millones de dólares generado en la red de distribución.
El ICR en sí mismo es un buen negocio: en su balance de 1996/97 mostró un ingreso de 6 mil 800 millones de yenes (unos 64 millones de dólares), y gastos en relaciones públicas tanto como en la caza de ballenas.
Por lo expuesto, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia somete a la aprobación de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Para exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México manifieste un repudio ante la caza de ballenas ocurrida en zona prohibida.
Nota:
1 Fuente: Greenpeace.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes de enero de 2007.
Diputado Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
QUE INVESTIGUE LA LEGALIDAD DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA EMPRESA
FACOPSA Y LA SCT, A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL CERVANTES ANDRADE, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es del conocimiento de los integrantes de este órgano representativo, los legisladores tenemos una especial preocupación por abordar con seriedad y la más profunda responsabilidad, las denuncias que revelan hechos de corrupción y para lograr reformas al marco legal, que perfeccionen la transparencia y la rendición de cuentas en todas las áreas de la administración pública.
Más allá de los puntos de vista naturales en la integración plural de las Cámaras, todos los partidos hemos asumido un compromiso público para construir un sistema de gobierno que recupere la credibilidad de la ciudadanía. Partimos de un diagnóstico verdaderamente alarmante, que califica mal a las instituciones públicas dentro y fuera del país. En el plano internacional, en los últimos cinco años nos ubicamos en el lugar 55 de percepción de la corrupción, muy atrás de naciones latinoamericanas con menor nivel de desarrollo.
La confianza del ciudadano en torno al gobierno es de las más bajas y esto se debe tanto a la realización generalizada de actos indebidos, como a la debilidad de la persecución y castigo a los actos de corrupción. Por ejemplo, el auto pregonado gobierno del cambio sólo logró culminar unos cuantos procesos administrativos de sanción, la mayoría de ellos contra funcionarios menores. En seis años de gobierno, se emprendieron 30 mil procesos administrativos y solo se consignaron a los jueces en materia penal 29 casos, lo que es inadmisible para el inocultable nivel de la corrupción pública.
Entre los casos que más llamaron la atención de la opinión pública a fines de sexenio pasado, destaca una secuela de vinculaciones ligadas al tráfico de influencias, la asignación irregular de contratos, la tolerancia a la evasión fiscal, entre otras, de un personaje llamado Cosme Mares Hernández, a quien se ligó con el caso del despojo del Tamarindillo, en Michoacán, con las cabañas de Los Pinos y con el arreglo con presumibles fondos públicos de los ranchos del señor Fox.
Recientemente, esta persona ha sido señalada por irregularidades en contratos carreteros que le fueron otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ello, la Procuraduría General de la República ha tomado cartas e iniciado una investigación. Al mismo tiempo, la Secretaría de la Función Pública tiene 9 expedientes por diversas anomalías de dicha empresa. El daño patrimonial causado propicia que Facopsa, tenga que devolver al erario más de 250 millones de pesos, aunque no exista un plazo para ello. Existen también otros hechos graves, como el ocultamiento de información fiscal.
Este asunto podría ser uno más de la extensa lista de actos irregulares que los medios de comunicación dan a conocer con relativa frecuencia, pero no es así. Es probable que en el esté presente un hecho inmoral e inaceptable, como es el caso del favoritismo y el influyentismo desde las altas esferas del poder, lo que equivale a la impunidad y a un grado de vulnerabilidad del estado de derecho de altas proporciones, por parte de los que debieran ser los primeros obligados a respetar la ley y a fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas.
No lo podemos tolerar. Amplias zonas del país están incomunicadas o tienen redes carreteras en pésimo estado. El programa carretero es uno de los asuntos de mayor interés cuando discutimos el presupuesto de egresos, por su impacto en el desarrollo regional, la generación de empleo y de oportunidades de mejoría para las familias. A pesar de ello, se presentan manejos como el denunciado que rompen con estos altos principios y con la honorabilidad de la función pública.
Dada la gravedad de la situación, someto a su alta consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública que realice una investigación exhaustiva a los contratos suscritos entre la empresa Facopsa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que pueda establecer posibles irregularidades, finque las sanciones administrativas y penales procedentes, precise el daño al erario y defina plazos y montos para su reintegro a la Tesorería de la Federación, en el plazo más breve. Asimismo, se requiere que la información de sus resultados los haga llegar a esta institución representativa.
Palacio Legislativo, a 24 de enero de 2007.
Diputado Raúl Cervantes Andrade (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIJAR POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA
DE SALUD LA POSTURA DEL PAÍS EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA Y
SEXUAL ANTE LA 120 SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ
DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La y el que suscriben, diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Desde el pasado 22 de enero hasta el próximo día 30, se realizará el 120 periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el cual se abordarán los temas de violencia y salud, problemas de salud pública provocados por el uso nocivo del alcohol, progresos realizados en el uso racional de medicamentos y las estrategias para mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas en el combate del VIH/sida, entre otros.
El Consejo Ejecutivo de la OMS, es el encargado de facilitar y asesorar a la Asamblea General de la Salud, máximo órgano de toma de decisiones dentro de la Organización, así como de dar cumplimiento a las políticas que se adopten. En materia internacional. Nuestro país, actualmente pertenece a dicho Consejo desde 2005.
La Secretaría de Salud informó que su titular, José Córdova Villalobos, asistirá al periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo de la OMS, para posicionar a México como líder en temas fundamentales de salud.
En días pasados, diversos medios de información han dado cuenta de las desafortunadas declaraciones del Secretario de Salud y diversos funcionarios de la dependencia, respecto a la política del Gobierno Federal sobre el tema de salud reproductiva y salud sexual.
En ellas, se manifestaban por realizar campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados, con base en la educación, la abstinencia y la fidelidad y por encima de cualquier otro método preventivo o anticonceptivo. De igual forma, señalaban que el principal grupo transmisor del VIH/sida, se encontraba entre quienes practicaban relaciones homosexuales, rechazando las campañas que se habían emprendido para erradicar la discriminación contra este grupo de personas.
Declaraciones como esas no son nuevas en el Secretario de Salud, pues como presidente de la Comisión de Salud en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, se opuso a las reformas propuestas a la Ley General de Salud para ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; además expresó su negativa de incluir la píldora del día siguiente en el cuadro básico de medicinas bajo el argumento de que promovía el libertinaje y la promiscuidad.
Derivado de las reacciones en contra que provocaron estas declaraciones, la dependencia en cuestión tuvo que decir que siempre sí se realizarán campañas para prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados.
Lo anterior nos lleva a poner en duda la política del Gobierno Federal en materia de salud reproductiva y salud sexual. Por ello debemos instar en que el Gobierno garantice el pleno respeto de los derechos, especialmente de las mujeres, cumpliendo con el artículo 4to. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Población, la Ley General de Salud, el Programa Nacional de Desarrollo y la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar, así como los compromisos internacionales que México tiene en la materia como son: la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo; el Informe del Comité Especial Plenario del Vigésimo Primer Periodo Extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Protocolo Facultativo de la CEDAW del cual México es signatario desde 2002; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); la Plataforma de acción de Beijing; la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer y los objetivos de la Declaración del Milenio.
Al Estado le confiere hacer que se respeten los derechos individuales de las personas considerando su carácter laico. Asimismo, es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a "decidir de manera libre, responsable e informada, el número y espaciamento de sus hijos", así como el derecho a la "protección de la salud".
Las campañas para el uso diversos métodos anticonceptivos y particularmente el uso del preservativo, forman parte de las estrategias recomendadas por la OMS para prevenir el contagio de VIH/sida y de enfermedades de transmisión sexual, además de evitar embarazos no deseados. En el caso del VIH/sida, en nuestro país existen cerca de 4,000 nuevos casos cada año, de los cuales, más del 95% ocurren por transmisión sexual; se han producido poco más de 107 mil casos, de los cuales 39 mil continúan vivos.
En el caso de los embarazos no deseados se presentan en una cifra superior al 60% entre adolescentes y jóvenes entre 15 y 25 años, representando el 23% de los embarazos totales en el país, según cifras de la propia Secretaría de Salud.
Por esas razones, la salud sexual y la salud reproductiva es y debe ser un asunto de salud pública, la cual debe estar en manos del Gobierno y no dejar esa responsabilidad sólo a la educación familiar; por lo que el ejercicio de gobierno debe responder al diseño y aplicación de políticas públicas y no debe obedecer a creencias personales ni ideologías propias o de grupo, de los funcionarios públicos, dado el carácter laico del Estado Mexicano.
Las resoluciones que adopte el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, constituyen la base de las políticas que discutirá y, en su caso, adoptará la Asamblea Mundial de la Salud, para que los Estados miembros las apliquen en sus países. De ahí que la postura que lleve el Secretario de Salud de México, no responda a los criterios que hasta ahora ha manifestado y atienda a la protección y respeto de los derechos de la población.
Por las consideraciones expuestas y ante la participación del Secretario de Salud del Gobierno Federal en el 120 periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo de la OMS, para efecto de los artículos 58, 59 y 60, primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, para que fije la postura de nuestro país en materia de salud reproductiva y salud sexual, ante la 120 sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, con apego a las instrumentos internacionales de los que México es parte, así como a los criterios de laicidad del Estado Mexicano, para garantizar con ello el pleno ejercicio del derecho a la protección a la salud de la población de nuestro país.
Palacio Legislativo, a 24 de enero de 2007.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A PROMOVER MEDIANTE LA COMISIÓN
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UNA REFORMA FISCAL INTEGRAL,
A CARGO DEL DIPUTADO JORGE GODOY CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
Jorge Godoy Cárdenas, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, a fin exhortar a la Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se promueva una reforma fiscal integral, conforme a las siguientes
Consideraciones
Enrique Barón Crespo, distinguido miembro del Partido Socialista Obrero Español, señaló con toda la autoridad moral que representa ser un forjador de la reforma del sistema político español, que en su país, al término de la dictadura, construyeron la transición política de día y la reforma fiscal de noche.
Esto significa que no hay modelo político formulado en las voluntades que por sí mismo sostenga el proyecto de nación en el largo plazo; en todo caso, dicho esfuerzo debe ir acompañado de un esquema de participación fiscal tal, que las promesas de la democracia se materialicen en hechos económicos y en beneficios tangibles para todos los habitantes de un país.
Consolidar la incipiente democracia en el país requiere por fuerza construir los cimientos de nuestra nación sobre bases sólidas; por tanto, la decisión de llevar a cabo la reforma fiscal es un importante componente de todo este proceso encabezado por diversas voluntades políticas consensuadas y convergentes en el mismo punto, la solidez de la economía y la política del país a través de la reforma fiscal.
La naturaleza de la discusión en torno a este tema, ha sido ampliamente comentada en esta Cámara de Diputados durante años, la reforma fiscal y sus componentes llenan hojas de propuestas y de argumentaciones a favor o en contra de la misma.
En Convergencia creemos que el sistema fiscal, inclusive todo el sistema hacendario mexicano, debe ser reformulado, de tal manera que se tomen medidas que con carácter de largo plazo superemos la visión de un esquema impositivo meramente recaudatorio.
En el pasado se ha propuesto como aparente reforma fiscal el dar finiquito al régimen de exención en el cual se encuentran los alimentos y medicinas. Consideramos que una reforma fiscal que vulnere a los sectores populares es inadmisible; debe trascender hacia un espectro de opciones en el que el Estado aumente y consolide sus fuentes de ingresos, con la aportación de todos los sectores sociales pero fundamentalmente de los grupos que hoy por su posición privilegiada no pagan o pagan muy pocos impuestos.
El Estado debe despetrolizar las finanzas públicas y garantizar sus fuentes de ingresos al margen de la actividad petrolera. Esto no significa que Pemex no deba aportar recursos a la nación sino hacerlo en un marco de racionalidad para que su renta petrolera y los excedentes de explotación del sector energético sirvan para financiar su expansión y desarrollo, así como potenciar el crecimiento industrial.
Así mismo, tenemos que prever el agotamiento de los yacimientos petroleros, mismos que hoy componen el 40 por ciento del gasto público. Creemos en la construcción de una reforma fiscal que dependa de ingresos estables y de largo plazo.
Por otra parte, consideramos que es de fundamental importancia conocer la opinión de los mexicanos sobre la carga fiscal actual. Un estudio publicado por el centro de estudios sociales y de opinión pública arroja lo siguiente:
Al mismo tiempo, consideramos pertinente fortalecer la responsabilidad de Hacienda por hacer efectivo el ejercicio transparente de los recursos recaudados tanto de personas físicas como personas morales.
Es fundamental considerar en la reforma fiscal, los criterios de tributación que permitirán consolidar el desarrollo de empresarios comprometidos con el país, ello necesariamente implica revisar el Impuesto al Activo y sus efectos en el sector.
Hasta el momento, un amplio porcentaje de los contribuyentes son definidos por la misma Hacienda como "contribuyentes cautivos"; sobre ellos recae el peso de la tributación de impuestos como el ISR, o el IVA. En esta materia creemos que se debe ampliar la base de contribuyentes y en congruencia con nuestra responsabilidad republicana, asumir el costo político que significa el tocar los intereses cupulares de distintos grupos en aras de un mejor panorama fiscal para la nación.
El tiempo para ampliar las fuentes de ingresos públicos, con bases sólidas, constantes y de largo plazo es aquí y ahora. No podemos esperar más, es quizás, la última oportunidad que tenemos para alentar los cambios requeridos en México en estos primeros años del siglo XXI, y que por medio de la conducción de la cámara de diputados se lleve al país a buen puerto.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
A fin de exhortar a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se promueva una reforma fiscal integral, socialmente responsable. Misma que surja de la convergencia de todas las corrientes representadas en la cámara de diputados y que sea capaz de privilegiar los intereses de la sociedad mexicana por encima de los poderosos monopolios económicos del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2007.
Diputado Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL
EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR AL PODER LEGISLATIVO EL PROYECTO DE REFORMA
RELATIVO AL PROCESO DE UNIFICACIÓN DE MANDOS DE DIVERSAS CORPORACIONES
POLICIALES, A CARGO DEL SENADOR MARIO LÓPEZ VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, senador Mario López Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Mediante el boletín de prensa número 008/06, fechado el 15 de diciembre de 2006, la Secretaría de Seguridad Pública federal dio a conocer que, como parte de la reingeniería al modelo de combate al crimen puesta en marcha por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el licenciado Ardelio Vargas Fosado fue designado comisionado de la Policía Federal Preventiva y titular de la Agencia Federal de Investigación. Esta decisión, señala el documento, "permitirá sumar las atribuciones, facultades, capacidades técnicas y de operación de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal Preventiva en un solo mando para potenciar la estrategia nacional en contra del crimen organizado".
Esta doble designación, según consta en el documento de referencia, contó con el aval de la Secretaría de la Función Pública, la cual, a través de un "riguroso análisis de los distintos marcos jurídicos que rigen a ambas corporaciones policiales, determinó la procedencia de la designación".
Por otra parte, el 21 de diciembre de 2006 la Secretaría de Seguridad Pública presentó un plan de reestructuración de las policías federales, a través del cual, a decir del titular de la dependencia, Genaro García Luna, serán creadas cuatro subsecretarías en la Secretaría de Seguridad Pública federal: de Estrategia e Inteligencia Policial; de Prevención, Participación Ciudadana y Derechos Humanos; del Sistema Penitenciario Federal; y de Desarrollo Institucional e Innovación. El nuevo organigrama incluiría el Cuerpo Federal de Policía, que integra todas las policías federales; el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y el Consejo de Menores.
Finalmente, el Cuerpo Federal de Policía se integraría con seis unidades, cada una al mando de un comisionado. Se trataría de las divisiones de Proximidad Social, de Inteligencia Policial, de Información y Análisis, de Fuerzas Federales, de Servicios Judiciales y Ministeriales y Antidrogas.
Resulta prematuro juzgar sobre la conveniencia de las reformas que en materia policíaca se han planteado desde la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que, hasta el momento no ha sido presentada ante este Congreso de la Unión iniciativa de reforma alguna que permita conocer a los legisladores las pretensiones del ejecutivo sobre este particular, situación que resulta contraria a lo dispuesto por los artículos 73 y 135 de nuestra Constitución Política, mismos que, por una parte facultan al Poder Legislativo para legislar sobre seguridad pública y, por la otra, establecen el proceso para reformar nuestra Carta Magna.
En efecto, la fracción XXIII del artículo 73 dispone que el Congreso tiene facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública, así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal; mientras que el diverso 135 señala a la letra que "la Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de ella, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas".
En tal virtud, y toda vez que el propio titular de Seguridad Pública reconoció que el Cuerpo Federal de Policía estaría operando en los hechos, antes de haberse aprobado las reformas legales correspondientes, entonces nos encontramos frente a una violación grave de nuestro sistema de división de poderes, ya que el Ejecutivo actúa de manera inversa de como lo establece nuestra Ley Fundamental; es decir, primero ejecuta la norma y luego la somete a la decisión del legislativo, máxime si tomamos en consideración que las medidas antes descritas tienen sustento en un análisis de la Secretaría de la Función Pública, cuyo contenido nadie conoce por no haberse puesto a disposición de la opinión pública.
Sin embargo, esto no es todo. La unificación de los mandos en las policías investigadora y preventiva federales requiere también de una reforma a nuestra Constitución, específicamente en su artículo 21, proceso que implica la participación de las legislaturas de los estados. Tal requisito, en aras de un despliegue propagandístico, se está vulnerando en menoscabo de nuestro sistema federalista, situación que debe cesar de manera inmediata, por lo que resulta indispensable exigir al titular del Ejecutivo que envíe al Congreso el estudio realizado por la Secretaría de la Función Pública sobre el tema que nos ocupa, así como todas las iniciativas que sobre este particular tenga elaboradas, a fin de estudiarlas y en su caso, aprobarlas, absteniéndose durante el tiempo que dure el proceso legislativo, de contradecir el contenido de nuestras normas vigentes, le parezcan éstas adecuadas o no para los fines que persigue.
El diseño de las políticas de seguridad pública y el combate a la criminalidad no son monopolio de un poder, sino una responsabilidad que debe ser ejercida de manera compartida y responsable por todos aquellos que tienen facultades al respecto. Es deseo de todos los representantes populares trabajar junto con el Ejecutivo para garantizar a las familias mexicanas que sus vidas y bienes se encuentran debidamente resguardados por el Estado. Esperemos que este llamado no sea entendido como un intento de obstaculizar la actividad desplegada desde la administración pública federal, sino como una preocupación legítima emanada desde un poder electo democráticamente el pasado día 2 de julio. Ojalá que así sea.
Por las razones y los fundamentos planteados, solicito a esta soberanía que se apruebe, con el carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que envíe al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma legislativa que respaldará el proceso de unificación de mandos de diversas corporaciones policiacas, iniciado en fechas recientes por la entrante administración pública federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2007.
Senador Mario López Valdez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SEP, AL CONACULTA, AL INAH Y AL GDF
A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS SOBRE LAS MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS
QUE SE LLEVAN A CABO EN LA EX FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS LA FAMA
MONTAÑESA, EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La y el que suscriben, diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La región de Tlalpan fue en la época prehispánica asentamiento de grupos indígenas dependientes de Tenochtitlán mismos que desarrollaron importantes manifestaciones culturales, logrando construir una ciudad, en donde se logra una expresión original en sus monumentos arquitectónicos y espacios urbanos por la fusión de elementos de la cultura indígena y europea.
Es indispensable que dentro de los programas de desarrollo de los asentamientos humanos se realicen acciones de protección, conservación y restauración de las expresiones urbanas y arquitectónicas relevantes que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
En 1831 fue fundada la fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa, en la delegación Tlalpan, al sur del Distrito Federal, la cual cerró sus puertas en 1998 después de 167 años para convertirse en bodega de un supermercado.
Dicho inmueble fue considerado monumento histórico de la delegación Tlalpan de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de diciembre de 1986, este decreto considera un perímetro que incluye el barrio de La Fama como una zona de valor histórico y patrimonial, lo cual forma parte del patrimonio cultural de la nación.
La construcción que ocupó la fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa se encuentra inscrita en el Registro Público de Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas, dependiente de las obras civiles relevantes de carácter privado, realizadas en los siglos XVI a XIX.
En el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, publicado en marzo de 2005 por la Coordinación de Monumentos Históricos del INAH del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) se clasifica al conjunto arquitectónico de la fábrica textil y su capilla como edificaciones del siglo XIX sujetas a conservación y preservación por ser parte del patrimonio cultural del país.
Sin embargo, declaraciones recientes en diversos medios periodísticos de los habitantes del barrio de La Fama y del Distrito Federal, de organizaciones no gubernamentales y grupos de académicos, han denunciado las modificaciones arquitectónicas y han solicitado ante distintas instancias la expropiación del inmueble para destinar su uso a un espacio en el cual se lleven a cabo actividades culturales y artísticas.
Nuestro país está obligado a preservar los monumentos históricos, los cuales representan parte de nuestra identidad cultural.
Por las consideraciones expuestas, como diputada integrante de la LX Legislatura y preocupada por este tipo de situaciones, que puedan ir perdiendo nuestra identidad como nación, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Gobierno del Distrito Federal para que tomen las medidas necesarias con relación a las modificaciones arquitectónicas y a la demolición de algunas fracciones que se están produciendo en el inmueble de la ex fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa, situada en el barrio de La Fama, delegación Tlalpan, Distrito Federal.
Segundo. Se exhorte al Gobierno del Distrito Federal para que busque los mecanismos legales con la finalidad de lograr que el inmueble en mención pueda ser expropiado, para la creación de un espacio dedicado a la cultura y las artes, en beneficio de los habitantes de la delegación Tlalpan.
Palacio Legislativo, a 24 de enero de 2007.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE
LAS ACCIONES QUE EMPRENDERÁ PARA PREVENIR LAS EMISIONES DE GASES
DE EFECTO DE INVERNADERO Y LA ADAPTACIÓN A LAS CONSECUENCIAS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito Diputado Federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante el último siglo, la temperatura media global ha aumentado 0.6 grado centígrados, lo que es un calentamiento inusualmente rápido. Los científicos prevén que la temperatura global de la Tierra podría aumentar de 3 y 9 grados para fines de siglo, lo que implicaría un aumento en los niveles del mar, en las olas de calor, en las sequías, en los incendios, en la plaga de enfermedades, y en la extinción de algunas especies animales y vegetales.
De acuerdo al Tercer Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de no disminuirse considerablemente la emisión de gases, se podría registrar una crisis mundial semejante a la que se dio en 1930 provocada por una enorme escasez de recursos.
Más aún, de acuerdo con el experto Phil Jones, director de la Unidad de Investigación del Clima de la universidad de East Anglia en Inglaterra, el calentamiento global se verá empeorado por la llegada de El Niño, un fenómeno causado por un aumento de las temperaturas promedio del mar en el océano Pacífico.
Estos fenómenos causarán condiciones extremas en todo el mundo y harán que 2007 sea más caluroso que 1998, hasta ahora el año en que se registraron las temperaturas más altas.
Por su situación geográfica, México es un país muy vulnerable a los fenómenos derivados del cambio climático, lo que implica importantes riesgos tanto en materia de salud, disponibilidad de recursos naturales, protección de ecosistemas, infraestructura y seguridad para la población.
Lo escenarios climáticos para el país que se establecen en el informe "México Tercera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", elaborado por el Instituto Nacional de Ecología, muestran la urgencia de la aplicación de políticas públicas eficaces que contribuyan a la disminución del calentamiento global, así como la necesidad de mayores inversiones en investigación.
De acuerdo con el informe citado, se prevén importantes disminuciones en la lluvia, de 15 por ciento en regiones del centro y de menos de 5 por ciento en la vertiente del Golfo de México, principalmente entre enero y mayo.
El balance hídrico sugiere que el aumento en temperatura hará que la evapotranspiración se incremente y que la humedad en el suelo disminuya. México puede experimentar una disminución significativa en el escurrimiento, del orden del 10 al 20 por ciento a nivel nacional, y mayor al 40 por ciento en los humedales costeros del Golfo.
El ciclo hidrológico se volverá más intenso, por lo que aumentará el número de tormentas severas y la intensidad de los periodos de sequía.
También se vislumbra que la temperatura de la superficie del mar en el Caribe, Golfo de México y Pacífico mexicano podría aumentar entre 1 y 2 grados centígrados, por lo que los ciclones tropicales tendrán mayor intensidad.
El cambio climático repercutirá también en el sector agrícola. El informe señala que para el 2020 se reducirá la aptitud para el cultivo de maíz de temporal y se darán incrementos en la superficie no apta de hasta 4.2 por ciento.
Es importante señalar que el gobierno de México ha tomando medidas importantes para mitigar los efectos del cambio climático en respuesta a los compromisos contraídos por la ratificación del Convenio Marco sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto, el 7 de mayo de 1993 y el 24 de noviembre de 2000, respectivamente.
Sin embargo, los esfuerzos deben intensificarse, más aún cuando se presentará este año el fenómeno El Niño, que causó pérdidas superiores a los 2 mil millones de dólares en el país en 1997 y 1998 por afectaciones en la agricultura, en los recursos forestales, por desastres naturales y alteraciones a la pesca.
No podemos permitir que este año se vuelva a vivir la misma historia de hace una década, por la ausencia de planes de acción para enfrentar este fenómeno.
Además es indispensable que se cree una política pública para educar, formar y sensibilizar a los mexicanos ante el cambio climático.
Que abarque desde a una fuerte campaña en los medios de comunicación hasta programas en la educación a partir del nivel básico hasta superior, a través de asignaturas y talleres específicos, tal y como lo hacen los países europeos, en donde las carreras de carácter técnico ofrecen asignaturas sobre ahorro y eficiencia energética, energías renovables, de transporte sostenible y tecnologías frente al cambio climático.
El Grupo Parlamentario del PRI esta consciente de grave impacto económico y social que tendrá el cambio climático en el país. Es por ello que es indispensable que el gobierno federal informe a esta soberanía cuáles serán los programas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, para prevenir y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático. Así como las acciones de prevención que se están tomando ante el fenómeno de El Niño.
Asimismo, consideramos que es necesario que se incluya a la Secretaría de Educación Pública dentro de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la cual tiene entre sus funciones la e formular, promover y coordinar las políticas y estrategias nacionales en materia de cambio climático.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que a la brevedad informe a esta soberanía cuáles serán las estrategias, acciones y metas que llevará cada una de las dependencias para prevenir y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático y a que se informe de manera semestral de los avances en la materia. De igual forma, que informe el plan de acción y prevención ante el fenómeno de El Niño.
Segundo. En virtud de que es indispensable de que se sensibilice, se forma y eduque a los mexicanos en materia de cambio ambiental, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como presidente de la Comisión Intresecretarial de Cambio Climático, a que invite a la Secretaría de Educación Pública a que sea un miembro permanente de dicha comisión.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A INICIATIVAS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN EN LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,
A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los grupos parlamentarios integrantes de esta honorable legislatura, acordaron como parte de los acuerdos del pasado periodo ordinario, iniciar a partir del mes de enero del año en curso, una discusión para lograr una reforma fiscal progresiva y de fondo, que permita simplificar y mejorar la recaudación en los impuestos federales. Por tal motivo, es importante que en esta nueva discusión, se consideren y dictaminen de manera positiva las iniciativas que se han consensuado con los contribuyentes denominados pequeños contribuyentes.
Los dictámenes consensuados con los mencionados contribuyentes son:
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que una vez que inicien los trabajos del segundo periodo ordinario por los meses de febrero a abril, del presente año y como parte de los compromisos de una reforma fiscal progresiva y profunda, acordada por todos los grupos parlamentarios, se dictaminen las iniciativas de los Diputados Guillermo Huízar Carranza, Alfonso Ramírez Cuéllar y el suscrito que reforman el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y los artículos 137, cuarto párrafo; 138, primer párrafo, y 139 del Capítulo II, "De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales", Sección III, "Del Régimen de Pequeños Contribuyentes", del Título Cuarto, "De las Personas Físicas", de la Ley del Impuesto sobre la Renta, turnadas a la mencionada Comisión con fechas miércoles 26 de abril y martes 12 de diciembre de 2006.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los veinticuatro días de enero de 2007.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE ENVÍE A LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN LOS NOMBRAMIENTOS REALIZADOS
PARA OCUPAR CUATRO CARGOS SUPERIORES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, A EFECTO DE INICIAR EL PROCESO DE RATIFICACIÓN,
A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 76, fracción II, 78, fracción VII, y 89, fracciones II y IV, señala que es facultad exclusiva del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente la ratificación de los nombramientos que haga el Presidente de la República, entre otros, de los empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esta disposición constitucional obedece a la necesidad de que los altos cargos públicos sean ocupados por personal con aptitudes, experiencia y honradez para manejar recursos y políticas públicos, conforme a las atribuciones y responsabilidades que la ley les establece. Precisamente a la luz de revelaciones sobre la ética, el desempeño en el servicio público y el conflicto de intereses que afectan a uno de los más altos servidores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como es el ex titular del ramo, durante y después de su encargo, es que esta función de control constitucional adquiere mayor relevancia.
Es preciso señalar que si bien es cierto que del contenido expreso del texto constitucional no se desprende quiénes son los funcionarios comprendidos como "empleados superiores de Hacienda", y de conformidad con la práctica parlamentaria, con fecha 7 de diciembre de 1987, el Senado de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo por el que se determinaron en concreto los empleados superiores de Hacienda sujetos a proceso de ratificación de su nombramiento.
Dicho acuerdo tuvo vigencia hasta el día 7 de diciembre del año 2000, cuando dicho acuerdo fue actualizado en virtud de que los cargos en él enunciados habían cambiado de naturaleza o denominación, debido a las múltiples reformas del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la creación de nuevos órganos administrativos, como lo fue el Servicio de Administración Tributaria.
Por circunstancias similares, el Senado de la República aprobó por unanimidad, el 29 de noviembre de 2006, la actualización del instrumento normativo para precisar la personalidad jurídica de los empleados superiores de Hacienda sujetos al proceso de ratificación de manera ineludible.
Tal es el caso del funcionario que el punto de acuerdo anterior denominaba "presidente del Servicio de Administración Tributaria", mismo al que actualmente se denomina "jefe del Servicio de Administración Tributaria". En el mismo sentido, el anterior cargo de "director general de Crédito Público" pasó a denominarse "jefe de unidad de la Unidad de Crédito Público".
De conformidad con estos criterios, el acuerdo senatorial del 29 de noviembre del año próximo pasado, aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos representados en el Senado, determinó que por las actividades que desempeñan, así como por el alto grado de responsabilidad del puesto y por lo delicado de sus encargos, se consideren empleados superiores de Hacienda a efecto de que sean sujetos a ratificación senatorial, a los nombramientos que haga el Presidente de la República respecto de los siguientes trece cargos:
De lo anterior se desprende la falta grave en que se encuentran cuatro empleados superiores de Hacienda que están desempeñando cargos públicos no ratificados por el Senado de la República o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, habida cuenta de que, sin excepción, el Presidente de la República envió para ratificación los casos de nueve empleados superiores de Hacienda, subsistiendo aún por enviar los casos de cuatro de ellos, que se refieren al procurador fiscal de la Federación, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, el administrador general de Recaudación y el jefe de unidad de la Unidad de Crédito Público.
Esta falta es más grave aún si se considera que existen servidores públicos desempeñando los cargos aludidos sin haber sido ratificados por el Senado o, en su caso, por la Comisión Permanente, lo que los haría susceptibles de serles imputadas las sanciones previstas en la ley para quienes se ostentan en cargos públicos sin estar facultados para ello.
En esta virtud, propongo a la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, con carácter urgente e inexcusable y con fundamento en los artículos 76, fracción II, 78, fracción VII, y 89, fracciones II y IV, así como en el acuerdo senatorial de fecha 29 de noviembre de 2006 que establece la identidad jurídica de los empleados superiores de Hacienda sujetos a ratificación, el envío a esta soberanía de los nombramientos realizados para ocupar los cargos de procurador fiscal de la Federación, jefe del Servicio de Administración Tributaría, administrador general de Recaudación y jefe de unidad de la Unidad de Crédito Público, a efecto de proceder al proceso de ratificación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de enero de 2007.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A REMITIR
A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER LAS RESPONSABILIDADES Y ORIGEN
DE LA TRAGEDIA DE LA MINA DE CARBÓN PASTA DE CONCHOS TODAS LAS DOCUMENTALES
OBTENIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO CREADO AL RESPECTO POR LA LIX LEGISLATURA,
A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER GONZÁLEZ GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, del diputado Javier González Garza, para exhortar al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la honorable Cámara de Diputados, diputado Jorge Zermeño Infante, para que de inmediato remita a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, todas las documentales obtenidas por el grupo de trabajo creado en la LIX Legislatura con el mismo propósito.
Las y los legisladores del Grfupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en los artículos 71, 78 fraccion III y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión.
Consideraciones
1. Uno de los derechos humanos centrales, es el de respeto a la vida e integridad física de los trabajadores en los centros de trabajo. Nunca debe aceptarse ninguna excusa para que los patrones respeten de manera íntegra el marco jurídico aplicable en materia de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo, disposiciones que por cierto consagran los derechos mínimos en la materia. Los patrones pueden disponer de la fuerza de trabajo, pero no de la vida de las personas que le prestan sus servicios.
2. Por tanto, es legal y moralmente indispensable que cuando tengan lugar riesgos de trabajo, se investiguen a fondo sus causas para evitar en lo futuro su repetición y, deslindar al propio tiempo las responsabilidades laborales, administrativas, civiles y penales que procedan, ya que la impunidad es el mejor impulso para que no se invierta en la seguridad e higiene en los centros de trabajo.
3. En este sentido esta honorable Cámara de Diputados aprobó el 28 de febrero de 2006 la constitución de un grupo de trabajo integrado por diputadas y diputados de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social con el objeto de investigar las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene en la mina Pasta de Conchos después de la terrible explosión del 19 de febrero de todos conocida.
4. Para dar continuidad a la labor de este grupo de trabajo, el 18 de diciembre de 2006 la LX Legislatura de este mismo órgano colegiado a propuesta de la Junta de Coordinación Política aprobó la creación de una Comisión Especial, ya que aquél en su informe de Final de actividades del 13 de julio de 2006, señaló que no contaba con los elementos necesarios para identificar las causas de tal explosión, no pudiendo tampoco, en consecuencia deslindar las responsabilidades correspondientes.
5. Que en el pleno de esta Comisión Especial que tuvo lugar el 8 de enero de 2007, las y los diputados integrantes de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, plateamos como uno de los elementos indispensables para su actividad la obtención de todas y cada una de las documentales que dieron base al informe del anterior grupo de trabajo publicado el día 13 de julio de 2006 en la Gaceta Parlamentaria, documentales que por cierto se detallan en este mismo informe. De lo contrario y si la labor de la Comisión Especial parte de cero, además del inadmisible desperdicio de recursos, será imposible que concluya su labor en los 90 días que tiene de vigencia.
Con base en todo lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al diputado Jorge Zermeño Infante, en su carácter de Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, para que tenga a bien remitir de inmediato a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, todas las documentales recabadas por el grupo de trabajo creado en la LIX Legislatura con el mismo propósito, a efecto de que pueda cumplir con eficiencia su objetivo y, al propio tiempo los diputados integrantes de la misma puedan tener acceso a toda la información indispensable para el adecuado y oportuno desempeño de nuestra responsabilidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2007
Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA ESCALADA DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS, A
CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde que comenzó la gestión del gobierno del empleo se ha desatado una escalada de precios de los principales productos de consumo básico que han afectado a la economía de la población con menores ingresos.
En efecto, se ha incrementado el salario mínimo, pero ante la escalada de precios de los principales productos básicos, el aumento no ha tenido una repercusión en un mejor bienestar económico para las familias.
Por el contrario, si se considera que el salario mínimo creció 3.9 por ciento y que tan sólo en diciembre aumentaron los precios de productos diversos productos entre ellos, los de consumo básico como el de granos, verdura, pollo, leche y huevo, entre otros, en 4.02 por ciento, entonces lejos de haber una mejoría se muestra una severa pérdida de poder adquisitivo.
Si se observa la evolución de los precios de productos como la cebolla, cuyo incremento fue tan sólo en un mes de 52.61 por ciento y de diciembre de 2005 a diciembre de 2006 de 186 por ciento, así como el del huevo cuyo incremento anual fue de 15.79 por ciento, también se muestra que el incremento del salario no tiene ninguna correspondencia con el de estos productos.
La situación se agrava cuando se observa un espiral inflacionario en toda la cadena agropecuaria y en servicios como el del gas y la luz.
El incremento del peaje de las autopistas de 3.1 por ciento repercutirá en el costo de los transportistas y en el incremento de otros insumos como refacciones automotrices.
Una situación parecida ocurre en el sector restaurantero, pues el alza del precio del maíz, leche, pollo y carne ha impulsado a un crecimiento generalizado de los precios de esta industria.
El brutal aumento del preció del maíz también generó presiones para que se incrementaran los de otros productos como el huevo y el azúcar.
Para el Grupo Parlamentario del PRI es relevante proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2005, el 30 por ciento del ingreso del 10 por ciento de la población con menores recursos, es destinado a la compra de alimento.
Asimismo, es importante conocer el impacto certero que sobre el nivel de ingreso y el objeto de gasto de los hogares con menores recursos económicos.
Estamos conscientes que en México se instrumenta un modelo económico donde las libres fuerzas de mercado determinan el precio y la cantidad del mercado. Pero, también consideramos que cuando esas fuerzas del mercado afectan de manera sustancial a la población, el gobierno federal tiene la responsabilidad de procurar el bienestar de la población en general, interviniendo de manera oportuna.
La experiencia que hemos tenido en el control de precios es que genera desabasto y distorsiones del mercado que terminan por generar una situación de ineficiencia en el mercado. Sin embargo, tomar medidas de corto plazo que tengan por objeto estabilizar el acelerado crecimiento de los precios que han mostrado diversos productos desde comienzo del año, es una medida que demanda la pronta intervención del gobierno.
El gobierno debe establecer medidas enérgicas que procuren preservar el poder adquisitivo de las familias, ante la ya inminente espiral inflacionaria que se agravará de no controlar el incremento de precios de productos básicos y los que se encuentran relacionados.
Es un imperativo de la sociedad, pero en mayor medida de aquella que con tan sólo el incremento de la tortilla ha absorbido por completo el salario mínimo.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Derivado del incremento sustancial de precios de los principales productos básicos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al Ejecutivo federal establecer medidas enérgicas y contundentes para detener el crecimiento de diversos precios básicos, así como de sus cadenas productivas con las que tenga relación a fin de proteger el ingreso de los consumidores finales. Asimismo, se solicita a que se canalicen subsidios para apoyar a los sectores de menores ingresos.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al gobernador del Banco de México a que a la mayor brevedad envíe un informe sobre el impacto inflacionario de la escalada de precios para el mes de enero, y los subsecuentes meses clasificado por objeto de gasto y estrato de ingreso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2007.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A DECLARAR ZONA DE DESASTRE DIVERSOS MUNICIPIOS
DE TABASCO Y A DESTINAR LOS RECURSOS DEL FONDEN CORRESPONDIENTES, SUSCRITO
POR EL DIPUTADO FRANCISCO SÁNCHEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos diputados federales, Francisco Sánchez Ramos y Moisés Dagdug Lutzow, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, según los sucesivos
Considerandos
Las precipitaciones pluviales registradas en el mes de enero, generadas por los frentes fríos, han rebasado los datos históricos del estado de Tabasco.
Por citar unos ejemplos, el promedio normal para todo el estado de Tabasco es de 151 milímetros, y en tan sólo los primeros 15 días ya se tienen registrados 347 milímetros, es decir más del doble en la mitad del tiempo. Asimismo en el municipio de Cárdenas el promedio normal es de 122 milímetros y en los primeros 15 días alcanzó 534 milímetros, para el municipio del Centro el promedio normal es de 118 milímetros y se registraron en los primeros 15 días 452 milímetros, por lo que la capacidad de reacción de protección civil de las autoridades estatales y municipales ha sido rebasada.
Las fuertes lluvias hasta ahora han afectado a más de 30 mil habitantes en nueve municipios a causa de los desbordamientos de las partes bajas de los ríos, lagunas, drenes, deslaves y vados, destruyendo a su paso carreteras, puentes e interrumpiendo el tráfico vehicular, hasta ahora se encuentran incomunicados más de 60 localidades de la entidad.
El coordinador de la Unidad de Protección Civil de Centro, Leoncio López Montoya, ponderó que las lluvias afectarían a unas 900 familias, es decir, casi 5 mil personas, y que sólo contaba con 30 mil costales en existencia para contener el desborde de los ríos, cantidad notablemente menor a la necesitada.
La Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua reconoció además que el río Grijalva registra un nivel no visto desde hace 6 años, aclaró que las fuertes lluvias en la sierra pueden provocar fuertes escurrimientos, manteniendo a los ríos de la Serra, Puxcatán y Grijalva, con sus caudales en niveles de riesgo. Confirma además, que la presa Malpaso se encuentra a 32 centímetros arriba de su nivel máximo de operación y que los ríos Samaria, Carrizal, Pichucalco, Oxolotán, Puxcatán, Tacotalpa y Teapa registran caudales arriba de sus escalas críticas.
El informe rendido por la Secretaría de Gobierno reportó que los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana y Paraíso presentaban afectaciones en 60 localidades donde habitan 2 mil 689 familias haciendo un total de 12 mil 873 personas con serios problemas, muchas de las cuales estaban siendo trasladadas hacia 30 albergues distribuidos en las cabeceras municipales.
Sin embargo, el despacho informativo de Protección Civil estatal todavía no incluía en su totalidad la magnitud de afectaciones en el municipio de Centro, debido a que hasta las 21 horas del día 17 del año en curso, la fuerza del caudal del río Grijalva abrió un boquete de más de 30 metros en el bordo de contención de la zona de Acachapan y Colmena 1a sección, donde trabajan a marcha forzada elementos del Ejército Mexicano, Seguridad Pública, Protección Civil estatal y municipal colocando costales de arena para de impedir la entrada del agua.
De acuerdo al "mapa pronóstico" el potencial de tormentas en México con validez de las 12 del día 17 a las 12 horas del jueves 18 de enero, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones originadas por el frente frío número 31, en Tabasco serán hasta por 70 milímetros en los municipios de Centro, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Cunduacán, Comalcalco, Paraíso, Centla, Huimanguillo, Jalapa, Macuspana, Teapa, Tacotalpa y en Cárdenas, son hasta de cuatro veces el promedio normal, siendo éstas las más importantes generadas por este fenómeno en el territorio nacional.
Por lo anterior y con fundamento en la Ley General de Protección Civil en sus artículos 29 al 37 establece los fundamentos legales para que el gobierno federal emita declaraciones de desastre y de emergencia. Con esta base las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), definen los lineamientos de intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por desastres. Este fondo cuenta con los recursos aprobados por esta Cámara de Diputados en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable define en los artículo 129, 133 y demás aplicables, lo concerniente a la declaratoria de zonas de contingencia climatológica. Este fundamento rige los criterios con los cuales las Reglas de Operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) para dar respuesta a la problemática del sector rural. Este fondo cuenta con los recursos aprobados por esta Cámara de Diputados en el decreto del presupuesto, debe considerarse estos municipios zona de desastre, por lo que le solicitamos:
Único. Se exhorta al gobierno federal que declare zona de desastre al estado de Tabasco, por los graves daños causados a sus municipios por las intensas lluvias, y por consiguiente se destinen los recursos del Fondo de Desastres Naturales.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2007.
Diputados: Francisco Sánchez Ramos, Moisés
Dagdug Lutzow (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A DECLARAR ZONA DE DESASTRE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO
AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DERIVADAS DE LOS FRENTES FRÍOS 30 Y 31,
A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar la entrega de los recursos destinados al Fonden, a efecto de atender la situación de desastre que vive el estado de Tabasco causada por las intensas tormentas que han ocurrido recientemente, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Los frentes fríos números 30 y 31 que azotaron al país se manifestaron en la forma de lluvias torrenciales en el sureste mexicano, en particular en el estado de Tabasco, causando el desbordamiento de varios cursos fluviales que drenan la llanura, destruyendo cosechas e inundando ciudades enteras. Este año, la entidad ha testificado la precipitación más intensa registrada en más 50 años; esto es, 256 mm en sólo dos horas, cuando lo usual es que esta precipitación se registre por lo menos en un mes.
Los caudales de los ríos Mezcalapa, Samaria, Carrizal, Grijalva, Puxcatán y la Sierra alcanzaron gastos que rebasaron la capacidad de sus cauces, provocando desbordamientos que han anegado las cabeceras municipales de Cárdenas y Teapa e innumerables comunidades ribereñas de otros siete municipios.
Las pérdidas que se registran en bienes domésticos de la población urbana son incalculables, a pesar de que nuestras poblaciones están relativamente acostumbradas a enfrentar inundaciones. La desafortunada combinación de los hábitos de tirar la basura al sistema de alcantarillado, con el consecuente azolvamiento de la red, junto con las atípicas tormentas dio como resultado el anegamiento de calles y viviendas, no sólo con aguas meteóricas sino con aguas negras, incrementando los riesgos de enfermedades transmisibles y epidemias en la población.
La situación amenaza con agravarse, toda vez que las población más desprotegida enfrentará los brotes epidemiológicos derivados del encharcamiento del agua y de la contaminación de aquella destinada al consumo humano, lo que se manifestará en una inusual incidencia de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dermatológicas.
La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las cabeceras municipales es tal, que perjudica ya a 3 mil 945 familias con 18 mil 478 damnificados de 114 comunidades de los municipios de Cárdenas, incluida la cabecera municipal, Teapa, Jalpa de Méndez, Cunduacán, Centro, Nacajuca, Paraíso. Huimanguillo y Macuspana, como lo constató el viernes pasado el comisionado nacional del Agua, en un recorrido conjunto con el gobernador de la entidad, químico Andrés Granier Melo, y que derivó en la petición expresa de solicitar la emisión de la declaratoria de zona de desastre para los municipios tabasqueños afectados, ante la Secretaría de Gobernación.
Por lo anterior, resulta pertinente solicitar a esta soberanía el apoyo irrestricto para exhortar al Ejecutivo federal para declarar zona de desastre en los municipios de tabasqueños afectados por los frentes fríos 30 y 31, con el propósito de paliar los efectos negativos mediante la asignación de los recursos que el Fonden tiene contemplados para estos casos, situación que exige que el punto de acuerdo que nos ocupa sea aprobado como de urgente y obvia resolución, toda vez que estos recursos no sólo permitirán aliviar la situación de los damnificados, sino que también permitirá enfrentar el frente frío 32 que está en ciernes y agravará la delicada situación que priva en la región.
Por lo pronto, es necesario realizar un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, con base en el dictamen técnico correspondiente, se declare de manera ágil y oportuna como zona de desastre a los municipios afectados, con el propósito de que la población pueda ser atendida eficazmente con los correspondientes recursos del Fonden.
En mérito de lo anterior, presento a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación para que se atienda de manera ágil y oportuna la solicitud de declaratoria de zona de desastre que ha promovido el gobierno del estado de Tabasco, con motivo de la afectación provocada por las lluvias torrenciales derivadas de los frentes fríos 30 y 31 a la población de los municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Macuspana, Paraíso, Huimanguillo y Teapa, entre otros, en Tabasco.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a transferir inmediatamente los recursos necesarios al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), una vez emitida la declaratoria de desastre para el estado de Tabasco, para auxiliar a la población afectada por las lluvias torrenciales y desbordamientos de los ríos que se han presentado y que se siguen registrando actualmente en la entidad.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de enero de 2007.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACIÓN
CON LOS SALARIOS Y LAS PERCEPCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA SCJN, A CARGO
DEL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
En días pasados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, sugirió aplicar un plan de austeridad en el Poder Judicial de la Federación, destacando entre las medidas sugeridas la de disminuir el salario de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Resulta increíble que esta propuesta no haya encontrado eco en el Poder Judicial federal, pese a los magros incrementos que tuvo el salario mínimo y, sobre todo, teniendo presente la pobreza extrema que azota al país.
La determinación del ministro Ortiz Mayagoitia en el sentido de detener el incremento salarial de los jueces y magistrados federales, previsto para este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, resulta una medida importante pero insuficiente, ya que pese al argumento de la prohibición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a descuentos al salario de los impartidores de justicia, no deja de observarse la falta de disposición de cada uno de ellos para con la población, al no aceptar esta disminución de manera voluntaria.
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibe alrededor de 350 mil pesos libres de impuestos mensuales, por lo que resulta ridículo que no estén dispuestos a aceptar una reducción de 10 por ciento de su salario, como sugirió el ministro presidente.
Es necesario que los tres Poderes de la Unión participen de una política de austeridad para destinar así más recursos a programas sociales y diversas necesidades que la ciudadanía reclama que sean cubiertas.
Con base en lo anterior, propongo a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Enviar un exhorto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, de acuerdo con la política de austeridad, acepten de forma voluntaria reducir en 10 por ciento o más sus percepciones mensuales.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 24 días del mes de enero de 2007.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
QUE EMITA LAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES PROCEDENTES EN LOS HECHOS
OCURRIDOS EN EL ESTADO DE OAXACA, A CARGO DEL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Hasta el día de hoy el tema de Oaxaca continúa sin llegar a una solución plena, quedando en el olvido una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos.
Este vergonzoso conflicto de índole totalmente político tiene un saldo aproximado de 350 detenidos y varios desaparecidos, desencadenando en que a la fecha se han recibido aproximadamente 500 quejas por violación a derechos humanos, especialmente derechos a la vida, integridad física y psicológica, libertad personal, propiedad, legalidad, seguridad jurídica, libre tránsito, ecuación, protección a la salud, de manifestación y reunión, derecho a la información, provenientes todas del uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias e incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas, cateos ilegales, negativas a proporcionar los servicios de educación y de salud.
En todo el orbe el hombre posee derechos naturales que el Estado esta obligado a salvaguardar, aquí en México a estos derechos naturales los conocemos como garantías individuales, pero estos derechos fundamentales desafortunadamente en el país han sido vulnerados por "todas las autoridades" cayendo en la barbarie en donde podemos concluir que han criminalizado la política y politizado la justicia.
Pero estas violaciones a los derechos humanos no fueron suficientes para las autoridades, las detenciones ilegales fueron antecedidas por actos de autoridad que cayeron en la barbarie, presos que con tal de acallarlos fueron encarcelados en prisiones de máxima seguridad, prisiones que fueron diseñadas para recluir a delincuentes de máxima peligrosidad e integrantes del crimen organizado, y que ahora son utilizadas para incomunicar a dirigentes sociales dejándolos en estado de indefensión por el único delito de no estar de acuerdo con el sistema en su municipio, estado o nación.
Dirigentes sociales ahora sinónimo de delincuente, sometidos a las más viles y atroces vejaciones como el abuso sexual, maltratos que se pensaba que en la actualidad sólo existían en documentales históricos de gobiernos fascistas, pero que nos damos cuenta que existen en el país tolerados por la falta de oficio político de algunos gobernantes.
Dentro de los principios democráticos, de reciprocidad entre los poderes de la Unión y como entes garantes de la representación de que somos objeto, es nuestro deber solicitar las intervención de todos los organismos de derechos humanos, en especial del alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas con base y fundamento en lo siguiente:
"La misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) es proteger y promover todos los derechos humanos para todas las personas y prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos en todos los lugares del mundo."
El suscrito, senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 21 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la intervención de la señora Louise Arbour, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de que emita sus consideraciones y recomendaciones procedentes en el caso de las violaciones a los derechos humanos acaecidos en Oaxaca.
Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 24 días de mes de enero de 2007.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA ASF Y A LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A REVISAR Y EVALUAR LA APLICACIÓN
DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ
DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
María de Lourdes Rojo e Incháustegui, senadora de la República de la LX Legislatura por el Distrito Federal, y diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados para que se revise y evalúe la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. Lo anterior, al tenor de los siguientes
Antecedentes
No cabe duda de que es para todos deseable que los administradores del país sean profesionales en su oficio, capaces de resolver los pormenores de tan ardua tarea. El nombramiento de funcionarios en la administración pública fue durante muchos años el mecanismo para pagar favores, otorgar prebendas y resolver compromisos contraídos durante las campañas electorales. Por eso, el Partido de la Revolución Democrática coincidió en la Ley del Servicio Profesional de Carrera no con el propósito de obstaculizar la labor del Poder Ejecutivo federal, como se ha mencionado en muchas ocasiones, sino para dotarlo de herramientas para alcanzar la vida democrática de la nación en todos los ámbitos.
La iniciativa de ley fue presentada por el entonces senador Carlos Rojas Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, aprobada en el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la LVIII Legislatura y aplicada por el Ejecutivo federal al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de abril de 2003.
Uno de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática que se ha manifestado en pro de esta ley es el ahora diputado Raymundo Cárdenas. El entonces senador, en su participación en tribuna el día que se votó, se refirió al Servicio Profesional de Carrera como "una acotación de las facultades del Poder Ejecutivo, una variable determinante de la sujeción del Estado y del gobierno a la ley; y, por tanto, uno de los requisitos fundamentales de la reforma democrática del Estado por la que hemos venido luchando".
También comentó que había algunos defectos técnicos cuya corrección "evitaría problemas originados en lo confuso de algunas normas. Las reglas generales para operar los procedimientos deberían quedar claras y precisas, evitando en lo posible la discrecionalidad de la libre designación y los principios básicos para operar el sistema".
Cabe mencionar que en el primer periodo ordinario de sesiones, el 19 de septiembre de 2006, el diputado Cárdenas Hernández presentó una iniciativa de ley para dar mayor sustento a la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
Aquel 3 de abril de 2003, cuando se votó la ley en comento, también participó en la tribuna el senador Guillermo Herrera Mendoza, de Convergencia. Mencionó: "Las mexicanas y los mexicanos ahora contarán con un ordenamiento acorde con la realidad democrática que construye y con el cual lograrán combatir una práctica añeja en los servidores públicos como el compadrazgo... Los servidores públicos ahora no estarán sujetos en su ingreso o permanencia a consideraciones de orden político, sino que dependerán de su preparación y desempeño, creándose un clima propicio para contar con instituciones sólidas y transparentes".
Por su parte, el senador Carlos Rojas Gutiérrez comentó: "Esta ley permitirá que quienes colaboren en el gobierno, al margen de partidarismos, amiguismos o compadrazgos, puedan desempeñarse de manera neutral.
"Por eso querer lucrar políticamente con esta ley desvirtuaría el objetivo superior que perseguimos: garantizar la neutralidad en los servicios y programas que opera el gobierno, al tiempo de mejorar su calidad y, ante todo, respetar los derechos de los servidores públicos."
El artículo cuarto transitorio dice textual: "Cada dependencia, conforme a los criterios que emita la secretaría, iniciará la operación del sistema de manera gradual, condicionado al estudio que se realice sobre las características, particularidades, condiciones, requisitos y perfiles que conforman la estructura de la dependencia respectiva, sin excederse del plazo máximo establecido en el párrafo siguiente.
"Una vez publicado el reglamento, todos los cargos vacantes deberán ser asignados a través de concursos públicos y abiertos en tanto el registro no opere en su totalidad. A partir del siguiente año fiscal a su publicación se convocarán en los términos de esta ley los concursos a primer ingreso.
"La contravención de esta disposición será causa de responsabilidad del servidor público que haya autorizado nombramientos sin apegarse al proceso de ingreso contenido en la presente ley y motivará su nulidad inmediata.
El 7 de marzo de 2006, el diputado federal por la LIX Legislatura Rafael Flores Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa para modificar la Ley del Servicio Profesional de Carrera después de analizar la aplicación de ésta y detectar una serie de anomalías en los procesos de selección, nombramientos y actitudes discriminatorias que desvirtuaban el proyecto original que tenía dentro de sus metas principales lograr que la administración pública contara con transparencia en los procesos de selección con equidad, justicia y democracia. Para motivar su iniciativa, el diputado Flores mencionó en la exposición previa que "el Ejecutivo federal se dio a sí mismo un salvoconducto para despedir arbitrariamente a tales servidores públicos para sustituirlos con una burocracia afín, para designar en su lugar a personas sin perfil, mérito, trayectoria y experiencia en la administración pública federal, sin observar ningún rigor ni formalismo en su contratación; y cuyo único mérito es pertenecer al partido en el poder.
"En consecuencia, ha quedado de manifiesto que, lejos de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en la función pública con base en el mérito, la legalidad, la eficiencia, la objetividad, la calidad, la imparcialidad, la equidad y la competencia, el Ejecutivo federal ha tergiversado los objetivos de tan noble legislación, privilegiando la sustitución de servidores públicos de carrera con militantes panistas, Amigos de Fox y con los amigos de los secretarios y gobernadores del partido en el gobierno. Todo ello, a pesar de que dicha ley fue aprobada por el consenso de los grupos parlamentarios en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Hemos visto que en la actual administración ha habido casos lamentables en la designación de funcionarios en todos los niveles y no se ha cumplido a cabalidad el proceso señalado en la ley. Para ilustrar mi proposición, solamente mencionaré lo que sucede en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde se ha sustituido a funcionarios por otros que ya habían ocupado cargos dentro del consejo en administraciones anteriores. Pero también se han nombrado funcionarios que no cubren el perfil y que, por encima de la ley, se han designado sin cumplir los principios que en ella se establecen.
Hablaré específicamente sólo de un caso, el de la Dirección General de Culturas Populares. La socióloga Griselda Galicia es reconocida por académicos, colaboradores y especialistas por su labor, publicaciones, formación, experiencia y conocimiento, en gran medida por su origen étnico. Fue sustituida por la ex diputada Carla Rochín, quien tiene en su currículum el mérito de ser pasante de diseño de interiores, regidora en Salamanca, haber sido integrante de la Comisión de Cultura de la anterior legislatura y presidenta de la Comisión Bicamaral de Bibliotecas y otros cargos menores durante su gestión en la Cámara de Diputados. Nada más.
Este nombramiento viola flagrantemente la Ley del Servicio Profesional de Carrera, en los artículos 2, 4, 5, 11, 21, 23, 29 y 34.
La socióloga Griselda Galicia, a quien por cierto no tengo el gusto de conocer personalmente, fue sustituida sin explicación de la Dirección General de Culturas Populares y reubicada en la Dirección del Museo de Culturas Populares. Sin embargo, casi de inmediato fue notificada para que dejara el cargo sin haber incurrido en alguna causal prevista en el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
Esta situación es grave, pues la socióloga cumplió en su desempeño como directora general en sus investigaciones y cubrió a cabalidad el proceso de certificación que exigen los ordenamientos de la Secretaría de la Función Pública, lo cual ha provocado gran indignación en los ámbitos académico y cultural, pues ha destacado por el trabajo realizado y se reconoce ampliamente su labor para la elaboración del inventario del patrimonio inmaterial, y así dar cumplimiento a los compromisos internacionales de México al ser ratificada por el Senado de la República la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, adoptada en París, Francia, el 17 de octubre de 2003.
Por lo anterior someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados para que se revisen y evalúen la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
Segundo. Se cite a comparecer al secretario de la Función Pública para que explique los procedimientos seguidos en el nombramiento de funcionarios de diferentes niveles y dependencias al margen de lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
Salón de sesiones Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de enero de 2007.
Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN FELICITA
A LOS CINEASTAS Y ARTISTAS MEXICANOS POR LAS RECIENTES NOMINACIONES Y LOS
RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS DE LA ACADEMIA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quienes suscriben, senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui y diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, para efecto de que sea considerado como asunto de urgente u obvia resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión felicita calurosamente a los cineastas y artistas mexicanos Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Salma Hayek, Guillermo Arriaga, Emmanuel Lubezki, Alfonso Cuarón, Guillermo Navarro y Adriana Barraza por las diversas nominaciones y reconocimientos recientemente recibidos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y por la Asociación de la Prensa Extranjera de Estados Unidos.
Asimismo, esta soberanía ratifica su determinación de apoyar en todos los terrenos la industria cinematográfica nacional, tomando en cuenta su enorme aportación al desarrollo cultural del país y sus constantes éxitos a escala internacional.
Salón de sesiones Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de enero de 2007.
Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera (rúbrica)