Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a considerar y autorizar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, mayores recursos para el Instituto Nacional de la Pesca, recibida del senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de agosto de 2007.
- De la Comisión para Investigar los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en las finanzas el pago del derecho de trámite aduanero, de trabajo, correspondiente al periodo 2007-2009.
- De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la undécima reunión de mesa directiva, que se verificará el miércoles 15 de agosto, a las 10 horas.
- De la Comisión de Cultura, a la duodécima reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 15 de agosto, a las 11 horas.
- De la Comisión de Turismo, a la reunión de la Subcomisión de Ley General de Turismo que tendrá lugar el miércoles 15 de agosto, a las 11 horas.
- De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la duodécima reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 15 de agosto, a las 14:30 horas.
- De la Comisión de Transportes, a la reunión de trabajo que se verificará el miércoles 15 de agosto, a las 14:30 horas.
- De la Comisión de Ciencia y Tecnología, a la reunión de mesa directiva que se realizará el jueves 16 de agosto, a las 9 horas.
- De la Comisión de Equidad y Género, a la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el jueves 16 de agosto, a las 10:30 horas.
- De la Comisión de Puntos Constitucionales, a la reunión de mesa directiva que se efectuará el jueves 16 de agosto, a las 11 horas.
- De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a su reunión de trabajo con personas con discapacidad visual, que se llevará a cabo el jueves 16 de agosto, a las 12 horas.
- De la Comisión de Defensa Nacional, a la quinta reunión de mesa directiva, que tendrá lugar el miércoles 22 de agosto, a las 9:30 horas.
- De la Comisión de Seguridad Social, a la reunión de junta directiva que se realizará el miércoles 22 de agosto, a las 10 horas.
- De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la octava reunión del grupo de trabajo encargado de la aplicación permanente del principio ético en las actividades de esta soberanía, que se llevará a cabo el miércoles 22 de agosto, a las 11 horas.
- De la Comisión de Seguridad Social, a la reunión ordinaria que tendrá lugar el miércoles 22 de agosto, a las 12 horas.
- De la Comisión de Cultura, a la reunión de mesa directiva que se efectuará el martes 11 de septiembre, a las 12 horas.
- Del Comité de Competitividad, a la primera de las Mesas de trabajo para la competitividad de México, con el tema "Colaboración público-privada en investigación, innovación y desarrollo tecnológico", que se llevará a cabo el miércoles 15 de agosto, a las 10:30 horas.
- De la Comisión de Salud, al Foro de medicamentos biotecnológicos que se efectuará el miércoles 15 de agosto, de las 11 a las 14 horas.
- De la Comisión de Cultura, a la exposición Presencia de la Somaap en la Cámara de Diputados, que se llevará a cabo hasta el viernes 17 de agosto.
- De la Comisión de Cultura, a la exposición de la Unión de Artesanos de la Meseta Purépecha de la Región Lacustre de Michoacán, que se llevará a cabo hasta el viernes 17 de agosto.
- De la Comisión de Cultura, a la exposición Visión difícil de roer, del maestro J. Emilio Jiménez Guzmán, que se presentará del lunes 20 al viernes 24 de agosto.
- De la Comisión de Defensa Nacional, al foro Hacia la modernización del servicio militar, que se realizará el martes 21 de agosto, a las 10 horas.
- De la Comisión de Cultura, a la exposición Xochimilco cerca de ti, que se llevará a cabo del lunes 27 al viernes 31 de agosto.
- De la Comisión Especial para la Reforma del Estado, al diplomado Análisis y diseño de la reforma del Estado en México, que –en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México– ese órgano legislativo llevará a cabo hasta el lunes 12 de noviembre, de las 8 a las 10 horas.
Proposiciones
Luis Alberto Coppola Joffroy, senador de la república de la LX Legislatura por el estado de Baja California Sur, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, mayor presupuesto para el Instituto Nacional de la Pesca (INP), a fin de que en los términos de sus facultades implante los mecanismos y procedimientos administrativos y legales que se requieren para que ese instituto pueda mejorar y ampliar sus atribuciones y facultades. Lo anterior, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Desde 1971, el INP ha sido el órgano asesor científico y tecnológico del gobierno federal para el desarrollo y la evaluación de las pesquerías. Su origen lo tiene con la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Biológico Pesqueras, en 1962, que respondió a las demandas de apoyo técnico y científico del sector, y con base en la preocupación y voluntad política del Estado, en promover el desarrollo pesquero y la preservación de los recursos sobre bases racionales y científicas.
La identificación de los problemas y de la potencialidad pesquera y acuícola por la que en esos momentos atravesaba el país puso de manifiesto que era del todo indispensable la existencia de instituciones para realizar investigación pesquera y acuícola con metas y objetivos muy precisos. Esta necesidad fue ratificada y se convirtió en demanda de todos los sectores de la pesca, buscando obtener un mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros.
Con la instauración de la Secretaría de Pesca, en 1982, el INP pasó a depender de ésta, debido al grado de desarrollo alcanzado hasta esos momentos por el sector pesquero y a la presión por lograr los potenciales de crecimiento existentes acordes con el desarrollo del país; surgió así la necesidad de reforzar institucional y técnicamente el INP.
Las orientaciones y características que debía tener la investigación científica y tecnológica realizada por la Secretaría de Pesca se establecieron inicialmente en la Ley Federal de Pesca de 1986. En ésta se establece que la investigación científica y tecnológica que realice la secretaría del ramo deberá vincularse a la producción, en particular a la de alimentos para el consumo humano, y como propósito esencial incrementar la capacidad nacional para identificar, aprovechar, administrar, transformar, conservar e incrementar la flora y la fauna de las aguas de jurisdicción nacional.
Debido a los cambios que se generaron en la administración pública federal en 1994, el INP pasó a formar parte de la estructura de la recién creada Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnap). En ese lapso, la política gubernamental dio un giro al conferir más importancia a la conservación de las pesquerías que a su desarrollo y aprovechamiento, el cual había permanecido por más de 20 años.
A partir de 2000, el área de pesca fue separada de la Semarnap, y se creó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), situada en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Asimismo, el INP pasó a formar parte de la estructura actual de esta secretaría.
En 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a petición del gobierno federal, realizó una evaluación para el fortalecimiento del instituto.
En la actualidad, el INP es un órgano desconcentrado del gobierno federal, adscrito a la Sagarpa, y tiene como principal precepto actuar como órgano asesor científico y tecnológico del gobierno federal para el desarrollo y la evaluación de los recursos pesqueros y acuícolas del país.
Exposición de Motivos
La pesca es una actividad primaria que, por sus características específicas, contribuye de manera importante en el quehacer económico y social del desarrollo regional y nacional, aporta alimentos nutritivos para la población, insumos para la industria, divisas por la venta de parte de su producción y crea empleos directos e indirectos en las diversas cadenas productivas.
De acuerdo con información oficial, México aporta 1.1 por ciento de la producción pesquera y acuícola mundial. Eso le permite situarse entre los 20 países con mayor producción pesquera y el tercero en Latinoamérica.
En promedio, la producción pesquera en los últimos años se ha estabilizado en alrededor de 1.4 millones de toneladas. Las principales especies que sostienen la producción pesquera en México son sardina, atún y similares, camarón, calamar, mojarra, ostión, carpa, tiburón y cazón.
De esa producción, 66 por ciento de la captura se obtiene en el Pacífico nororiental, 20 por ciento en el golfo de México, 9 por ciento en el Pacífico tropical y 3 por ciento en el mar Caribe. Con base en lo anterior, la zona más productiva en recursos pesqueros corresponde al litoral del océano Pacífico, donde sólo cuatro estados (Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur) aportan aproximadamente dos tercios de la producción nacional pesquera y acuícola.
La población de pescadores es más numerosa y productiva en el noroeste, es decir, en las costas de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit; y menor en el resto del litoral del océano Pacífico, en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Actualmente, la flota pesquera está constituida por 106 mil embarcaciones, de las cuales 102 mil 820 (97 por ciento) son artesanales o de pequeña escala y 3 mil 180 (3 por ciento) corresponden a la flota mayor. Esta distribución da como resultado una concentración del esfuerzo pesquero en la zona cercana a la costa, con un probable subaprovechamiento de los recursos en aguas nacionales lejanas a la franja costera.
La acuacultura ha adquirido gran importancia y ha arrojado beneficios sociales y económicos. En los años recientes tuvo grandes avances, pero se considera que aún se encuentra en una etapa de desarrollo, principalmente porque no se han alcanzado los rendimientos proyectados o identificados como potenciales.
En algunos contextos regionales, la acuacultura comercial constituye una importante fuente generadora de empleos directos e indirectos, además de promover el desarrollo socioeconómico local. Se ha traducido en una fuente de alimentación de elevado valor nutricional. La actividad acuícola es uno de los segmentos pesqueros de mayor potencial de crecimiento.
De acuerdo con cifras oficiales, la producción acuícola nacional en 2003, fue de 207 mil 780 toneladas. En el litoral del Pacífico alcanzó 102 mil 667 toneladas, en el Golfo y el Caribe 73 mil 560 toneladas y las entidades sin litoral 31 mil 549 toneladas. Esta producción rebasó 4 mil 400 millones de pesos, casi un tercio de la producción total pesquera.
La producción por cultivo representó sólo 15 por ciento de la producción pesquera nacional y se concentró en dos especies: camarón, con 62 mil 361 toneladas; y tilapia, con 61 mil 516 toneladas, principalmente en sistemas de pesquerías acuaculturales.
Las especies tradicionalmente cultivadas son trucha, bagre, ostión, rana, carpa, tilapia y langostino; y más recientes, el camarón, la almeja catarina, mano de león, peces de ornato, peces marinos, abulón, madre perla, mejillón y catán. Como resultado de inversiones privadas y de los diferentes programas oficiales, la producción de camarón y de tilapia ha crecido de manera significativa en los últimos años.
En el periodo enero-julio de 2007 se observó un ligero incremento, de 0.3 por ciento, en la producción pesquera total respecto del mismo lapso de 2006, mientras que en la acuacultura el crecimiento fue del orden de casi 1 punto porcentual.
Las cifras anteriores pueden ser alentadoras; no obstante, desde hace tiempo se ha constatado que, aunque los recursos acuáticos son renovables, no son infinitos y, por ende, conviene aprovecharlos de manera apropiada para mantener su contribución al bienestar nutricional, económico y social de una población en constante crecimiento.
Entre los principales problemas que actualmente tiene la pesca en México se encuentran pesquerías sobreexplotadas, exceso de capacidad pesquera, modificación severa de ecosistemas, captura incidental, deterioro de hábitat, contaminación, sobreesfuerzo pesquero, falta de apoyo técnico y financiero, flota excedente y caduca, falta de control y vigilancia, y deficiencias en la ordenación de las pesquerías.
Por ello, México requiere explorar zonas con recursos potenciales y llevar al máximo sustentable las pesquerías para las que se tiene potencial. De acuerdo con la Carta Nacional Pesquera, 71 por ciento de los stocks explotados está en máximo rendimiento o explotación plena, 15 por ciento en deterioro por sobreexplotación y 13 por ciento presenta potencial de expansión de las capturas.
En el caso de las pesquerías que han alcanzado los máximos rendimientos sustentables, en las actuales condiciones no es posible incrementar las capturas. Para esas pesquerías es preciso instaurar acciones para sostener las capturas en los niveles actuales y hacer grandes esfuerzos para maximizar el valor de las capturas mediante la agregación de valor en los mercados nacional y de exportación. Las acciones necesarias deberán ser consensuadas entre autoridades y productores y consignadas en los planes de manejo pesquero, instrumentos de gestión prescritos en la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Por otro lado, para las pesquerías en estado de sobreexplotación es impostergable implantar planes de manejo, con el objetivo explícito de recuperación para el posterior aprovechamiento sustentable.
Finalmente, a todo esto hay que sumar la falta de tecnología y de cadenas productivas, lo que coloca la pesca mexicana en una seria desventaja en relación con otros países pesqueros, y la carencia de un sistema ágil y adecuado de distribución y mercadeo que facilite la disponibilidad de los productos en las diferentes regiones del país.
La acuacultura, por otra parte, enfrenta problemas para la atención en el incremento de especies en peligro de extinción, deficiencia en transferencia tecnológica, deterioro en cuencas hidrológicas, deforestación, contaminación, carencia de estudios de investigación, falta de coordinación con planes de ordenamiento ecológico, deficiencias de condiciones sanitarias, y la presencia de enfermedades.
La falta de financiamiento hace prever dificultades para que la acuacultura tenga un desarrollo sostenido, aunado a la falta de infraestructura para la producción de semillas necesaria para inducir una tendencia de crecimiento.
Sin embargo, no se considera la acuacultura una simple actividad económica sino, también, una palanca para el desarrollo socioeconómico de algunas regiones con gran marginación en el país, y para ello se ha implantando un programa muy ambicioso de acuacultura rural tanto en zonas del interior del país como en las ribereñas. Asimismo, se considera la acuacultura como alternativa viable para reducir el esfuerzo pesquero al retirar pescadores de la captura en las bahías para incluirlos en proyectos acuícolas productivos y sostenibles.
En general, se considera que el sector pesquero y acuícola enfrentan claros problemas por el inadecuado aprovechamiento del potencial pesquero y acuícola, la aplicación de políticas que no satisfacen plenamente la administración de los recursos de flora y fauna acuática, la falta de regulación eficiente y equitativa, la escasez y deficiencia en los estudios de investigación para la toma de decisiones administrativas, así como la pesca y acuacultura ilegal, clandestina y no registrada, todo esto por la falta de recursos y de una orientación correcta de la pesca y la acuacultura.
Por ende, la investigación pesquera y acuícola reviste trascendental importancia porque con la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos se apoya en la búsqueda de respuestas y soluciones a los problemas que en la pesca y acuacultura enfrenta la población del país.
La investigación pesquera y acuícola es una actividad ardua y compleja que requiere conocimiento, capacidad y experiencia del personal de investigación; tiempo para desarrollar con eficiencia y suficiencia los procesos de trabajo científico y tecnológico; consistencia para cubrir sistemáticamente, sin interrupciones o lagunas en aspectos esenciales las etapas de trabajo, combinadas con ciclos de vida y desarrollo de los organismos; y recursos económicos y materiales indispensables para la realización de las actividades programadas.
De la misma forma, su ámbito de cobertura temática y geográfica es muy amplio, ya que se abarcan especies de aguas marinas y continentales. Para dar una idea más precisa al respecto, basta mencionar que México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y que sus aguas marinas, al adoptar la jurisdicción sobre la zona económica exclusiva de 200 millas, cubre aproximadamente 2 millones 900 mil kilómetros cuadrados; además, posee 29 mil kilómetros cuadrados de aguas interiores, comprendidas por ríos, lagos, presas y lagunas, en 314 cuencas hidrológicas.
La investigación de recursos naturales se caracteriza, en gran medida, por llevarse a cabo en un ambiente ajeno al hombre, lo que es determinante para su ejecución, ya sea esta directa o indirecta (por medio de aparatos e instrumentos). Los recursos estudiados, en su mayoría de una gran movilidad y ampliamente susceptibles a los cambios en las condiciones ambientales y a la actividad extractiva del hombre, los hace variar en forma cualitativa en el espacio (aparecen y desaparecen en determinada zonas) y en el tiempo (ciclos y estaciones del año).
Los países con mayor desarrollo y vocación marina y economías fuertemente dependientes de los recursos del mar, están dentro de los mayores países inversionistas en la investigación científica marina.
En México, el INP desde hace 45 años ha sido y continúa siendo la institución del gobierno federal responsable de la investigación técnico-científica que sustenta la evidencia científica para el diseño y aplicación de las políticas, estrategias y prioridades del desarrollo sustentable en materia pesquera y acuícola del país.
En apoyo al fomento de la pesca y la acuacultura, atiende las necesidades de investigación de los recursos pesqueros y acuícolas, y de esta manera contribuye a dar unidad y congruencia a los programas y acciones sectoriales, dimensionando de manera integral, interdisciplinaria y sistemática, los procesos naturales, económicos y sociales de estas actividades.
Para cumplir sus funciones, el INP actualmente cuenta con 14 centros regionales de investigación pesquera, 3 estaciones biológicas, oficinas centrales en la Ciudad de México, 3 direcciones regionales de investigación pesquera y 1 dirección general de investigación en acuacultura. Su personal científico, técnico y administrativo lo forman 456 trabajadores.
El instituto tiene una infraestructura regional distribuida estratégicamente en los litorales y centro del país. Dicha cobertura le permite cumplir sus funciones con prontitud y eficiencia en atención al sector pesquero-acuícola regional y nacional, como ninguna otra institución de investigación en la materia tiene.
Sus funciones sustantivas son la investigación y asesoramiento a la autoridad para preservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies acuícolas y pesqueras, así como emitir opinión de carácter técnico y científico que proporcione elementos de juicio para la administración y conservación de los recursos de flora y fauna acuáticas.
La elaboración de investigaciones con un enfoque integral e interdisciplinario y vinculadas a los procesos económicos y sociales de la actividad pesquera y acuícola; la transferencia de resultados de la investigación y de tecnología generada por este instituto a productores acuícolas y pesqueros; la realización de análisis de riesgo sobre la introducción, establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades acuícolas y pesqueras; el ofrecimiento de servicios profesionales de investigación científica y tecnológica y de opiniones y dictámenes técnicos y consultoría en las áreas de competencia del Instituto a usuarios públicos y privados, así como la elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera, son algunas de las atribuciones sustantivas del INP, contenidas actualmente en el reglamento interno de la secretaría del ramo.
Entre estas atribuciones, la elaboración y la actualización de la Carta Nacional Pesquera adquiere gran importancia, porque es un instrumento que, por mandato, sirve de base para la toma de decisiones en la administración de los recursos pesqueros y acuícolas, ya que contiene, entre otros aspectos, la presentación cartográfica y escrita de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal.
Asimismo, contiene información que, de acuerdo con la Ley de Pesca vigente, es fundamental para la toma de decisiones en la administración y manejo de recursos, además de eliminar la discrecionalidad de la autoridad para resolver las solicitudes de las concesiones, permisos y autorizaciones que prevé el mismo ordenamiento estableciendo criterios, requisitos y plazos de respuesta.
En general, las funciones de este instrumento son esenciales en apoyo a la pesca y acuacultura, ya que con éste se determinan y apoyan las acciones de ordenamiento de la actividad pesquera, se simplifican los trámites administrativos establecidos actualmente, asimismo se orienta a los usuarios sobre el estado de los recursos, brindando una mayor certeza jurídica de los mismos al realizar alguna solicitud.
Tanto la autoridad pesquera como los usuarios pertenecientes al sector pesquero y acuícola, se ven beneficiados en su aplicación, ya que con la información contenida, se pueden orientar las decisiones de los recursos pesqueros que aún soportan un incremento del esfuerzo pesquero, abriendo de esta manera la posibilidad de gestionar permisos, concesiones o autorizaciones con una mayor certeza jurídica, además de facilitar y agilizar los trámites que son solicitados a la autoridad para la toma de decisiones, fundando y motivando sus resoluciones con bases científicas, haciéndolas a su vez más eficaces y vinculantes.
Información como métodos y líneas de investigación; información estadística en gráficas de producción y captura; estrategias de administración y manejo de las pesquerías, así como una descripción sucinta de los sistemas de pesca; investigación científica orientada a la acuacultura; investigación sobre lagunas costeras y una descripción y líneas de investigación sobre las especies bajo algún régimen de protección especial, son sólo algunos de los elementos conceptuales y metodológicos novedosos que este instrumento aporta y son de gran utilidad para el sector pesquero y acuícola.
Es importante mencionar que existe una participación sustantiva de algunas unidades administrativas y operativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la información y elaboración de los capítulos de pesca en áreas naturales protegidas y especies marinas prioritarias sujetas a protección y conservación, lo que permite atender específicamente mayores aspectos ecológicos y ambientales de las pesquerías.
Igualmente esencial es la elaboración y desarrollo de programas de investigación pesquera y acuícola regional y nacional; la formulación, desarrollo y evaluación de proyectos de investigación de recursos pesqueros y acuícolas; así como la emisión de dictámenes, opiniones técnicas, informes técnicos y de investigación, como parte de los trabajos cotidianos que lleva a cabo el INP.
Los principales usuarios a los que ofrece sus servicios y productos son el gobierno federal, a través de diversas secretarías de estado; gobiernos estatales y municipales, pescadores y productores acuícolas, universidades, institutos, centros de investigación científica, organizaciones internacionales a las que pertenece México, así como organizaciones no gubernamentales interesadas en el uso y conservación de recursos pesqueros y acuícolas.
En la evaluación más reciente (FAO 2005), realizada para el fortalecimiento de este instituto, se analizaron y evaluaron aspectos institucionales, así como los relacionados con la infraestructura física, plantilla de personal, presupuesto de operación, manejo legal y estructura orgánica y su funcionamiento.
Los objetivos principales de esta evaluación se dirigieron al desempeño de este instituto, en cuanto a su misión de investigación científica y tecnológica para asesorar al gobierno y a los productores en materia pesquera y acuícola, y a la formulación de recomendaciones para fortalecer su capacidad para desarrollar tareas de investigación aplicada.
Las conclusiones más relevantes de esta evaluación fueron las siguientes:
Se identificaron requerimientos de capacitación y entrenamiento para realizar con mayor eficacia las funciones de investigación científica y tecnológica, además de necesidades para brindar asesoría e información a los usuarios de los productos y servicios, así como la percepción de los usuarios respecto de la calidad y oportunidad de los productos proporcionados por este instituto.
Específicamente dentro de los principales problemas detectados y por los que actualmente atraviesa la institución se encuentra la evidente insuficiencia de recursos financieros, materiales y humanos, y de procedimientos e instrumentos administrativos, lo que obstaculiza y minimiza su cobertura de operación, y no permite que se cumpla eficientemente al cien por ciento.
Parte de estos problemas han provocado que la mayoría de los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el INP hayan culminado o estén próximos a culminar su vida útil y funcional; las instalaciones de los centros regionales de investigación pesquera (CRIP) y las embarcaciones presentan problemas serios de deterioro, lo cual dificulta su operación y administración, y requieren de mantenimiento inminente y óptimo o su reemplazo.
Algunas de estas dificultades se manifiestan en la infraestructura y los equipos de la mayoría de los laboratorios, que están en condiciones deficientes y requieren mantenimiento y modernización. De los ocho barcos con que cuenta, sólo cinco están en condiciones de funcionar, pero en forma limitada, ya que carecen de presupuesto suficiente para el mantenimiento y operación o por falta de tripulación; por ello que se han dado en comodato algunas embarcaciones a otras instituciones con los medios necesarios para mantenerlos y utilizarlos.
De los catorce CRIP, sólo uno tiene presupuesto anual de renovación bibliográfica y únicamente otro y las oficinas centrales cuentan con biblioteca operativa con personal mínimo y condiciones adecuadas para los usuarios.
Otro aspecto fundamental es que en la mayoría de los CRIP se carece de personal, debido a los retiros voluntarios y las jubilaciones de manera ordinaria, además de que durante su existencia fueron escasas y eventuales las autorizaciones para contratar personal; y si a esto le sumamos que actualmente hay un alto porcentaje del personal que se acerca a la edad de jubilación, se precisa que esto pone en alto riesgo la estructura operativa y funcional del organismo.
Por otra parte, la creación de programas y proyectos sectoriales para cubrir otras necesidades y brindar atención a otros requerimientos del sector han provocado la absorción y canalización de recursos para su realización y desarrollo, lo que ha provocado una limitación sustancial al presupuesto que se le otorga.
En relación con la investigación en acuacultura, se determinó que se ha prestado menor atención debido a la limitación de medios institucionales y financieros y el tardío crecimiento de la acuacultura nacional, entre otros aspectos. De igual forma, en cuanto al personal, se determinaron carencias de capacitación y entrenamiento en áreas prioritarias, como son nutrición, genética y bioeconomía.
Esto ha inducido a una menor capacidad de investigación acuícola en relación con otras instituciones de investigación. Por diferentes razones, investigadores con amplia experiencia y conocimientos de esta área se encuentran realizando su labor fuera, en otros centros acuícolas y universidades; asimismo, las empresas ya están generando sus propias indagaciones, orientadas principalmente a los aspectos productivos.
Como resultado de la evaluación, se emitieron recomendaciones en las que se plantea que sean reforzadas con carácter prioritario las funciones sustantivas y líneas de investigación orientadas a la provisión de dictámenes y ajustes técnicos, para que el instituto pueda hacer frente a la demanda de servicios con la calidad y cantidad que se requieren.
Además, implantar otras líneas que estén relacionadas con la evaluación biológica, económica y social de pesquerías artesanales e industriales y de proyectos acuícolas, y de aquellas que efectúen dirigidas a la determinación de riesgo e incertidumbre para la ordenación de pesquerías, y las de análisis espaciales, utilizando sistemas de información geográfica y modelación espacial dinámica. Y otras más, dirigidas al desarrollo de tecnologías de captura selectivas de especies y tallas, así como las de captura que minimicen el impacto bentónico y permitan la adaptación de tecnologías de procesamiento y empaque de productos acuícolas.
En cuanto a la acuacultura, se sugiere hacer una redistribución de la capacidad actual y una utilización más eficiente de la infraestructura; así como fortalecer el área mediante la incorporación de científicos y técnicos especializados en los diversos temas, el reforzamiento de presupuesto para este rubro en general y la incorporación de procedimientos y tecnología de vanguardia.
Adicionalmente, se sugiere que para el mejor desempeño del INP se desarrollen nuevas sinergias, mediante la colaboración con universidades y centros de investigación marina que ya existen en México; promover la vinculación académica mediante proyectos con otras instituciones, que permitan la obtención de recursos externos, producir datos sustentados en un sistema de información geográfica de los ecosistemas costeros que coadyuve con los usuarios a tomar decisiones más fundamentadas sobre pesquerías y acuicultura en el contexto de usos múltiples de la zona costera y el desarrollo de patentes en técnicas de capturas y tecnología de alimentos que sean apropiadas para el sector pesquero y acuícola del país.
Finalmente, las recomendaciones y sugerencias convergen en la necesidad de reforzar el INP con más y mejores medios humanos y financieros para que pueda cumplir mejor su función primordial como centro de investigación y superación científica y técnica; promover un mayor intercambio técnico y científico inter e intrainstitucionalmente, la modernización, actualización y mantenimiento correctivo de la flota de buques de investigación y reactivar lo antes posible los Consejos Consultivos Regionales y los Comités Técnicos Consultivos de Programas.
Es pertinente mencionar que en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, aprobada por el Senado de la Republica el pasado 26 de abril del 2007, prevé la incorporación de figuras y mecanismos dentro de los cuales se plantea el fortalecimiento de la investigación y su vinculación con el sector y una red de instituciones de enseñanza e investigación y la función del INP.
De los propósitos esenciales que se incorporan, se encuentran orientar las decisiones de las autoridades competentes en materia de pesca y acuacultura relativas a la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; promover el diseño de nuevas artes y métodos de pesca selectivos y ambientalmente seguros; brindar elementos para el establecimiento de medidas encaminadas a protección de especies pesqueras sobreexplotadas; y establecer los procedimientos de evaluación para determinar el estado de las pesquerías del país.
Este ordenamiento no elimina ni delimita las facultades que confiere al INP la Ley de Pesca vigente, sino que lo fortalece para que continúe siendo el órgano administrativo del gobierno federal encargado de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica requerida para el sector pesquero y acuícola.
A las atribuciones actuales del INP se incorporan otras que permiten brindar mayores ámbitos de cobertura funcional y espacial, así como vincular y fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico para el manejo y la administración de los recursos pesqueros y el desarrollo ordenado de la acuacultura.
Entre estas atribuciones destacan coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura, con base en las propuestas de las instituciones educativas y académicas, de investigación, universidades, y organizaciones de productores; así como la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura para la articulación de acciones, la optimización de recursos humanos, financieros y de infraestructura y elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas por recurso.
Con la elaboración, expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, se prevé contar con elementos esenciales para la toma de decisiones administrativas en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en la implantación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos.
El instituto contará con un Comité Asesor Técnico y Científico, que se integrará por su titular, como presidente, un coordinador general y representantes de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, la cual estará integrada por los centros de investigación, universidades, escuelas o cualquier institución académica con reconocimiento en el ámbito de las ciencias marinas, pesqueras y de acuacultura.
Los programas de ordenamiento pesquero toman singular relevancia como instrumentos de política pesquera. La información contenida en dichos programas contendrá la delimitación precisa del área del programa, la lista actualizada de los usuarios de la región, los recursos pesqueros sujetos al aprovechamiento y los planes de manejo pesquero sancionados y publicados.
De igual forma, los planes de manejo pesquero serán de eminente importancia; la información comprendida en los mismos, como son los objetivos de manejo definidos por el Consejo Nacional de Pesca y los consejos estatales de pesca y acuacultura, la descripción de las características biológicas de las especies sujetas a explotación, los ciclos de captura y estado de aprovechamiento de las pesquerías, las artes y métodos autorizados y los indicadores socioeconómicos de la población, que permitirán determinar las acciones encaminadas al desarrollo de la actividad pesquera y acuícola y su aprovechamiento sustentable.
Aunado a esto, para contrarrestar la problemática existente y orientar las acciones previstas para el mejor desempeño de la institución, el INP ha considerado la realización e implantación de una planeación estratégica, que tiene como objetivos específicos establecer la política nacional de investigación pesquera y acuícola; coadyuvar en la definición de políticas pesqueras; impulsar la investigación para incentivar el desarrollo, minimizando el impacto sobre el ecosistema; formular los elementos técnicos en la implantación del ordenamiento pesquero y acuícola; fortalecer la vinculación; incrementar el valor agregado de los productos pesqueros y acuícolas; y desarrollar la investigación social y económica de los componentes y efectos de las actividades productivas.
Con la implantación de una ruta crítica de acciones internas y externas, se pretende hacer eficiente la estructura organizativa interna, fortalecer el capital humano mediante incentivos laborales, y proveer de esquemas de capacitación y la apertura a la información generada en sus distintas áreas y regiones.
De esta manera se pretende diseñar estrategias precisas que permitan el fortalecimiento institucional y su inclusión efectiva en el sector pesquero y acuícola, a fin de establecer una vinculación óptima entre la investigación y la determinación de políticas públicas sectoriales.
Con dicha planeación se intenta orientar hacia el futuro las facultades básicas y elementales que confiere el Estado al INP y que el sector demanda, a través de líneas estratégicas que fortalezcan con bases lógicas y racionales las deficiencias y requerimientos, buscando minimizar los riegos y optimizar sus recursos.
Asimismo, definir, desarrollar y coordinar investigación de calidad que dé sustento científico y técnico a la administración pesquera para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, que generen ingresos, alimento, y bienestar social con un impacto mínimo al ambiente.
Con base en lo anterior, se precisa que la investigación pesquera y acuícola es esencial para orientar y contribuir al ordenamiento de la pesca y la acuacultura, por lo que es necesario fortalecer las acciones de investigación que en conjunto realiza el INP, tomando en consideración aquellas relacionadas con la provisión de dictámenes y opiniones técnicas para ayudar a la toma de decisiones sobre el ordenamiento pesquero y acuícola con un enfoque implícitamente sostenido.
El análisis y la evaluación efectuados por la FAO confirman que el INP es un activo para el país, que desde su creación y a través de los años se ha consolidado en apoyo al desarrollo sostenible del sector pesquero y acuícola nacional y a sus políticas nacionales e internacionales. Además, ha contribuido a crear conciencia en la población acerca de la importancia de los recursos pesqueros y sus beneficios potenciales, aparte de apoyar el desarrollo de otras instituciones de investigación marina a través de la formación de personal y de la diseminación del conocimiento generado.
En este sentido, se debe considerar que la investigación científica en el mar es, por naturaleza, "costosa" y exige apoyo tecnológico y cooperación. El presupuesto que normalmente asigna el Estado a la investigación científica marina en México es mínimo cuando se compara con el de otras investigaciones, y es de suponer que éste varíe en función de la relación mar-desarrollo económico.
En México, existe un fuerte rezago en la inversión para investigar e innovar, a diferencia de los países altamente desarrollados.
La inversión pública que se hace en el área de ciencia y tecnología es baja: actualmente es de menos del 0.4 por ciento del producto interno bruto (PIB); de ésta, se considera que para el sector agropecuario sólo se invierte el 0.17 por ciento, y para pesca y acuacultura son mínimos estos recursos.
Estos porcentajes indican que la inversión para desarrollo de ciencia y tecnología no es parte fundamental de las políticas económica, social y alimentaria.
En este sentido, si realmente se aspira a un desarrollo integral y sustentable del país, el cual demandan los mexicanos, es más que fundamental incrementar la inversión pública en investigación, además de fortalecer y dotar a las instituciones oficiales responsables en la materia con los recursos que les permitan enfrentar las situaciones actuales y los retos en materia pesquera y acuícola.
Considerandos
Que de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la gestión para el aprovechamiento, protección y conservación de los Recursos Naturales debe realizarse considerando, ante todo, el interés de la nación.
Que la investigación pesquera y acuícola es fundamental para el desarrollo del sector pesquero y acuícola de México, ya que se apoya y determinan con base en las mejores evidencias la toma de decisiones administrativas para el aprovechamiento sustentable de los recursos de flora y fauna acuáticas.
Que de acuerdo con la Ley de Pesca vigente, para el desarrollo de la indagación científica y técnica, la Sagarpa tendrá el apoyo del INP, que realizará investigaciones de la flora y fauna acuáticas, y emitirá opinión de carácter técnico científico que proporcione elementos de juicio a la autoridad pesquera.
Que de acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal y de la Ley de Pesca vigentes, se confiere a la Sagarpa la facultad para elaborar, publicar y mantener actualizada la Carta Nacional Pesquera, previa sanción por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, un mayor presupuesto de dos décimas al Instituto Nacional de la Pesca sobre el presupuesto asignado a la Sagarpa, a fin de que se fortalezca y cumpla eficientemente con su mandato de órgano asesor científico y tecnológico del gobierno federal para el desarrollo y evaluación de los recursos pesqueros y acuícolas en beneficio del país.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal a realizar, en términos de sus facultades, las modificaciones e implantar los procedimientos administrativos y legales que se requieren para que el Instituto Nacional de la Pesca pueda mejorar y ampliar sus atribuciones actuales y las que se prevén con el ordenamiento (Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables) aprobado por el honorable Congreso de la Unión.
Tercero. Que se disponga de los excedentes petroleros obtenidos, recursos por el orden de cuatro décimas para el Instituto Nacional de la Pesca, con la finalidad de fortalecer la investigación sobre el impacto generado en los mares mexicanos por el cambio climático mundial. Desarrollando nuevas técnicas acuícolas y pesqueras.
Senadores: Luis Alberto Coppola Joffroy (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Sebastián Calderón Centeno, Eva Contreras Sandoval, Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Agosto 8 de 2007.)
Programas
Con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el acuerdo por el que se crea una Comisión para Investigar los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en las finanzas el pago del derecho de trámite aduanero, las diputadas y los diputados integrantes de la mencionada comisión, de conformidad con el artículo 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan el proyecto de plan de trabajo que contiene, en líneas generales, lineamientos, metas y objetivos, así como las acciones y las estrategias para llevarlos a cabo.
I. Presentación
El pasado 25 de abril de 2007 fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 2240, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea una Comisión para Investigar los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto de que tiene en las finanzas el pago del derecho de trámite aduanero.
El acuerdo fue sustentado en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la Cámara de Diputados por petición de una cuarta parte de sus miembros tiene la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria; asimismo, que los resultados de dichas investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.
Con base en el acuerdo, el 7 de mayo de 2007 fue instalada la Comisión para Investigar a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en las finanzas el pago de los derechos de trámite aduanero.
La comisión está integrada por 10 miembros, propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: 4 del PAN, 2 del PRD, 2 del PRI y 2 de los restantes grupos parlamentarios. Ellos son Pablo Trejo Pérez, presidente, Raúl Cervantes Andrade, Ricardo Rodríguez Jiménez, secretarios; Lorena Martínez Rodríguez, Moisés Alcalde Virgen, Raúl Alejandro Padilla Orozco, Obdulio Ávila Mayo, Hugo Eduardo Martínez Padilla y Antonio Xavier López Adame.
Conforme al acuerdo, el objeto de la comisión es el que se deriva de su denominación y estará vigente hasta el 31 de agosto de 2009, debiendo presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto en su vigencia, los resultados de las investigaciones realizadas, a fin de hacerlos del conocimiento del Ejecutivo federal, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 93 constitucional.
II. Antecedentes
El 1 de enero de 1992 entró en vigor la modificación al artículo 8-B de la Ley Aduanera (actualmente artículo 16), la cual estableció que las personas que realizaran operaciones aduaneras, tanto de importación como de exportación, pagaran una cuota como contraprestación de los servicios que prestaran diversos particulares. Lo anterior permitió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizara a estos últimos la prestación de distintos servicios relacionados con los procesos aduaneros, toda vez que por el Tratado de Libre Comercio no estaba preparada para administrar el volumen y complejidad de las operaciones aduaneras y recaudatorias que se esperaban, ya que se requerían robustas aplicaciones informáticas, mejor infraestructura tecnológica y personal capacitado en la operación y desarrollo de sistemas, y fortalecer la infraestructura física de las aduanas.
En 1993, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió que el manejo de los sistemas relacionados con la recaudación del derecho del trámite aduanero (DTA) sería realizado a través de empresas privadas. Debido a lo anterior la Secretaría de Hacienda y Crédito Público licitó este servicio, adjudicándolo a la empresa privada denominada Integradora de Servicios, SA de CV (ISSA).
Sin embargo, como resultado de irregularidades detectadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la empresa ISSA se le rescindió el contrato y se constituyó el fideicomiso 954-8 en Nafin, denominado Aduanas I, con una aportación inicial instruida por el entonces subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz, de 200.5 millones de pesos, tal como consta en el estudio para el recurso 685 promovido por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública contra el Sistema de Administración Tributaria, producto de la solicitud de información que hizo un ciudadano sobre el fideicomiso Aduanas I, donde el órgano desconcentrado mintió al señalar que el fideicomiso Adunas I estaba constituido con recursos privados, cuando la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se contó con una aportación inicial de recursos públicos por la cantidad antes señalada.
Con fundamento en el artículo 8-B de la Ley Aduanera se otorgó la autorización correspondiente a este fideicomiso, lo que llevó en su momento a constituir la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA de CV (ISOSA), para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y de despacho aduanero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Servicio de Administración Tributaria, así como otros servicios a las empresas del sector público.
En la revisión de la Cuenta Pública 2001 y 2002 la Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades en el capítulo de Hacienda, relativas al Fideicomiso Aduanas I y a la empresa ISOSA, entre las que se destaca lo siguiente:
b) Los ingresos obtenidos por la recaudación del DTA fueron depositados en el fideicomiso Aduanas I.
c) En 2001 el monto no entregado a la Tesorería de la Federación por concepto del DTA fue de 2 mil 250 millones de pesos; tampoco fueron enterados los recursos correspondientes a 2 mil 295 pedimentos de exportación.
d) En el ejercicio fiscal de 2002 se observaron irregularidades por 2 mil 2 millones de pesos en los ingresos que se recaudan por el DTA, que se cobra a importadores y exportadores, que no se reportaron adecuadamente a la Tesorería de la Federación.
Con base en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, durante 2005 se recuperaron 2 mil 457 millones de pesos, 25 por ciento del monto total observado, que el fideicomiso privado Aduanas I devolvió a la Tesorería de la Federación en mayo y diciembre de 2005. Dentro de su reporte agrega que ni el Sistema de Administración Tributaria ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionaron información, manifestando que ISOSA es una empresa privada, aun cuando Nacional Financiera (Nafin) posee 99 por ciento de las acciones de ISOSA, lo que hace que tenga características de empresa pública. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostiene que los traspasos se han hecho al amparo del acuerdo suscrito entre el subsecretario de Ingresos y el tesorero de la Federación, en el cual se incluye la constitución del citado fideicomiso, constituido con los fondos de ingresos "ajenos", entre los que incluye al DTA.
Asimismo, el fideicomitente del fideicomiso Aduanas I es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Sistema de Administración Tributaria, y su comité técnico está formado por servidores públicos de este último y de Nafin.
Es de señalarse que en 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso la controversia constitucional (84/2004) en contra de la Auditoría Superior de la Federación, objetando su competencia para solicitar información y fiscalizar los recursos del DTA con el argumento de que eran privados. El 14 de agosto de 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su fallo al respecto, con votación de ocho a tres, negando la posibilidad de auditar el mencionado fideicomiso y, por consecuencia, a ISOSA.
No obstante, en mayo de 2004 se constituyó el Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), aportando recursos públicos por parte del Servicio de Administración Tributaria y recursos depositados que derivan de la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera que pagan los importadores y exportadores, y que son de carácter privado. Situación que fue resaltada durante la discusión de la controversia constitucional 84/2004 por el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien se refirió al FACLA y al proceso de transparencia señalando: "Podemos apreciar que prudente, legalmente y correctamente la secretaría corrigió el mecanismo para el pago de las prestaciones, ya que ahora es la propia Tesorería la que recibe todos los recursos y transfiere los correspondientes a la fiduciaria, situación totalmente distinta de la del asunto que ahora nos ocupa, toda vez que en éste la normatividad aplicable disponía que las propias oficinas autorizadas (los bancos) distribuyeran los recursos captados entre lo que correspondería a la Tesorería, por concepto de derecho de trámite aduanero, y al fideicomiso Aduanas I, por concepto de contraprestaciones, sin que este dinero ingresara jamás a la Tesorería".
Ahora bien, de conformidad con el artículo primero, los gravámenes que establece la Ley Federal de Derechos se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta ley. Asimismo, se establece en dicho numeral que cuando se concesione o autorice que la prestación de un servicio que grava esa norma se proporcione total o parcialmente por los particulares deberá disminuirse el cobro que se establece por el mismo en la proporción que represente el servicio concesionado o prestado por un particular respecto del servicio total.
En el artículo 49 de la ley de mérito se establece que se pagará el DTA por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, agregando que la recaudación de los derechos de trámite aduanero se destinará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con base en lo anterior, tenemos que los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria han hecho importaciones y exportaciones con base en la Ley Federal de Derechos; sin embargo, existe poca transparencia del destino de estos recursos.
Es inadmisible que se establezca que el fideicomiso Adunas I sea de naturaleza privada, cuando se nutre del impuesto que el Servicio de Administración Tributaria cobra a importadores y exportadores que cruzan la frontera mexicana, incluyendo los del sector público, denominado DTA, tal y como se señala en la información estadística publicada en la página electrónica del INEGI, en la que queda de manifiesto el monto en millones de dólares que de 1998 a 2005 el sector público ha hecho en exportaciones e importaciones, recursos que a todas luces son públicos.
Si bien es cierto que las transacciones comerciales con el exterior del sector público son menores que las realizadas por el privado, también lo es que éstas representan un ingreso para el erario público, ingreso que, debido a la discrecionalidad y la poca transparencia con que se han conducido los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, constituyen un quebranto en las finanzas públicas de nuestro país, aunado a que Ley Aduanera no prevé la figura de "fideicomisos" para prestar servicios de procesamiento electrónico de datos y apoyo aduanero.
III. Objetivo general
La comisión analizará, debatirá y, en su caso, propondrá un informe que documente y concluya si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y las entidades paraestatales que hayan participado en el cobro, administración, destino e impacto de los DTA se sujetarán al marco jurídico vigente; si afectaron o no a la hacienda pública, y si existen evidencias o conductas que deban ser del conocimiento de las autoridades para que inicien las investigaciones correspondientes.
IV. Objetivos particulares
b) Definir de qué manera y quiénes son los responsables del quebranto.
c) Elaborar propuestas de iniciativas de reformas legales para mejorar la fiscalización y la rendición de cuentas que constitucionalmente corresponde llevar a cabo a la Cámara de Diputados.
d) Elaborar propuestas de reformas legales que den certeza y transparencia a los instrumentos jurídicos donde coexistan recursos públicos y privados.
e) Contribuir para que los actos de corrupción, impunidad y nepotismo en el país terminen.
La creación de la Comisión para Investigar los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en las finanzas el pago del derecho de trámite aduanero responde a la necesidad de conocer la verdad y los responsables de los hechos, para que a través de los instrumentos jurídicos con los que cuenta la Cámara de Diputados se obtengan elementos que puedan ser constitutivos de alguna sanción.
VI. Visión
Ser una comisión que se distinga por realizar un trabajo plural e incluyente, cuyo desempeño se caracterice por la eficiencia, eficacia, transparencia y obtención de resultados.
VII. Marco jurídico
El trabajo de la comisión se desarrolló en el marco normativo establecido en los artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el acuerdo por el que se crea la Comisión para Investigar los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en las finanzas el pago del derecho de trámite aduanero, además de las siguientes leyes que tienen injerencia para la investigación y el análisis:
Ley Aduanera
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley de Fiscalización Superior de la Federación
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental
Ley General de Bienes Nacionales
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
Ley del Servicio de Administración Tributaria
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
Ley que Determina que Respecto de los Impuestos de Importación
y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones Consignadas
en la Ley Aduanera
Ley de los Impuestos Generales de Importación
y Exportación
Ley del Impuesto sobre los Servicios Expresamente Declarados
de Interés Público por Ley, en los que intervengan Empresas
Concesionarias de Bienes del Dominio Directo de la Nación.
Los principios que rigen el trabajo de la comisión son: objetividad, transparencia, inclusión, tolerancia e imparcialidad, exhaustividad y certeza jurídica. Los principios anteriormente descritos consisten en lo siguiente:
b) Transparencia. La comisión hará públicas sus reuniones de trabajo, elaborará las minutas y actas correspondientes a las sesiones e informará al pleno de la comisión mensualmente de sus actividades; asimismo, informará a todos los integrantes de la comisión de sus actividades, documentos de trabajo y acuerdos que se determinen.
c) Inclusión. La comisión pedirá y analizará las opiniones a todos los involucrados que hayan tenido relación con el tema.
d) Tolerancia e imparcialidad. La comisión escuchará en igualdad de circunstancias las opiniones que se hagan durante sus investigaciones, sin discriminación.
e) Exhaustividad. La comisión procurará estudiar todas las opiniones que se generen en torno al asunto, ponderando, en su caso, las razones de las decisiones que se adopten.
f) Certeza jurídica. La comisión revisará y hará las consultas pertinentes a las instituciones, centros de investigación, universidades y especialistas, entre otros, para hacer un pronunciamiento y, en su caso, recomendaciones que estén sustentadas en derecho.
El presente plan de trabajo pretende llevar a cabo todas las acciones que permitan dar cumplimiento al objetivo de la comisión, tomando en cuenta los principios que la rigen y dan sentido a su trabajo, a través de ejes rectores que orienten nuestro actuar diario, por lo que se consideraron los siguientes puntos:
2. Recopilar y analizar los documentos legales que soportaron la creación de los fideicomisos aduaneros.
3. Recopilar y analizar la información soporte mediante la cual se decidió crear un fideicomiso en lugar de otorgar un permiso a un particular para que proporcionara los servicios aduaneros.
4. Definición y estudio analítico de la naturaleza jurídica de Integradora de Servicios Operativos, SA de CV.
5. Analizar las auditorías practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda al fideicomiso en 1999 y 2000.
6. Analizar las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación al fideicomiso en el lapso 2001-2006.
7. Analizar la sentencia de la controversia constitucional número 84/2004.
8. Solicitar un informe especial a la Auditoría Superior de la Federación sobre las revisiones practicadas a los fideicomisos aduaneros.
9. Invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la comisión para que den sus puntos de vista respecto a la sentencia dictada en la controversia constitucional número 87/2004.
10. Citar a reuniones de trabajo a los siguientes funcionarios:
a) Secretario de la Función Pública.
b) Director fiduciario de Nafin.
c) Procurador fiscal de la Federación.
d) Jefe del SAT.
e) Subsecretario de Ingresos.
f) Administrador general de Aduanas del SAT.
g) Tesorero de la Federación.
h) Auditor superior de la Federación.
i) Director general jurídico de la Subsecretaría
de Egresos de la SHCP.
j) Auditor especial de Cumplimiento Financiero de la
ASF.
11. Recopilar y analizar los documentos legales que dieron origen a la extinción del fideicomiso.
12. Creación del portal de la comisión, donde se informe de los avances de la investigación y se puedan recibir denuncias e información relacionadas con los fideicomisos aduaneros.
13. Consultar a especialistas sobre la naturaleza de los recursos depositados en los fideicomisos aduaneros.
14. Elaborar el documento de conclusiones y recomendaciones para ser enviado al Ejecutivo federal.
15. Editar y presentar una memoria de los trabajos de la comisión.
16. Elaborar, en su caso, un proyecto de iniciativa de reforma legal para normar y transparentar los instrumentos jurídicos donde coexistan recursos públicos y recursos privados.
2. La convocatoria y confirmación a las reuniones se hará por quien preside la comisión, y en su ausencia, por uno de los secretarios presentes elegido por votación mayoritaria.
3. La convocatoria, el orden del día y los documentos de trabajo serán enviados en forma electrónica a los correos de los diputados de la comisión con al menos 48 horas de anticipación a las reuniones ordinarias.
Anexo 2
Cronograma
Anexo 2
Calendario de actividades
Convocatorias
A la undécima reunión de mesa directiva, que se verificará el miércoles 15 de agosto, a las 10 horas, en la sala de juntas de la comisión.
Atentamente
Diputada María Esperanza Morelos Borja
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la duodécima reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 15 de agosto, a las 11 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A la reunión de la Subcomisión de Ley General de Turismo que tendrá lugar el miércoles 15 de agosto, a las 11 horas, en el salón de usos múltiples 3 del edificio I.
Orden del Día
2. Presentación y bienvenida, a cargo del senador Luis Coppola Joffroy, presidente de la Comisión de Turismo.
3. Presentación de las propuestas del Conletur respecto a la Ley General de Turismo.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
Diputado Octavio Martínez Vargas
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A la duodécima reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 15 de agosto, a las 14:30 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputada María Esperanza Morelos Borja
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES
A la reunión de trabajo que se verificará el miércoles 15 de agosto, a las 14:30 horas, en el Club de Banqueros de México, situado en 16 de Septiembre número 27, colonia Centro.
Orden del Día
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación del acta de la reunión del miércoles 25 de julio de 2007.
5. Intervenciones de
• Doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones
y Transportes.
• Licenciado Manuel Rodríguez Arregui, subsecretario
de Transportes.
• Ingeiero Óscar de Buen Richkarday, subsecretario
de Infraestructura.
Temario:
- Concesión de carreteras.
- Cielos abiertos.
- Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 referente a transportes.
- Acuerdo de trabajo operativo permanente entre la SCT y la Comisión de Transportes.
7. Clausura.
Diputado Rubén Aguilar Jiménez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A la reunión de mesa directiva que se realizará el jueves 16 de agosto, a las 9 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo que convoca, situada en el edificio F, segundo nivel.
Atentamente
Diputada Silvia Luna Rodríguez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el jueves 16 de agosto, a las 10:30 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A la reunión de mesa directiva que se efectuará el jueves 16 de agosto, a las 11 horas, en la sala de juntas de ese órgano legislativo (edificio D, tercer piso).
La reunión será privada.
Atentamente
Diputado Raymundo Cárdenas Hernández
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión de trabajo con personas con discapacidad visual, que se llevará a cabo el jueves 16 de agosto, a las 12 horas, en el salón 2 del edificio I.
Atentamente
Diputada María Esperanza Morelos Borja
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
A la quinta reunión de mesa directiva, que tendrá lugar el miércoles 22 de agosto, a las 9:30 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio F, cuarto nivel).
Orden del Día
2. Lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la cuarta reunión de mesa directiva, celebrada el 20 de junio de 2007.
3. Lectura del acta de la cuarta reunión plenaria, efectuada el 18 de julio de 2007.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
5. Lectura del proyecto de dictamen en sentido negativo
sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los
artículos 1, 3, 5, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 37, 44, 46,
53, 70 y 73 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza
Aérea Nacionales.
6. Lectura del proyecto de dictamen relativo a la proposición
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la
Defensa Nacional y a las autoridades correspondientes a implantar, en el
ámbito de sus atribuciones, una logística que permita agilizar
los procesos de inspección en los puntos de revisión carreteros
situados en Sonora, y a analizar la posibilidad de establecer filtros de
revisión inteligentes a fin de agilizar la instauración de
ese tipo de medidas de seguridad.
7. Asuntos generales.
Diputado Jorge Justiniano González Betancourt
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de junta directiva que se realizará el miércoles 22 de agosto, a las 10 horas, en la sala de juntas de la que convoca, situada en el segundo piso del edificio D.
Atentamente
Diputado Miguel Ángel Navarro Quintero
Presidente
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
A la octava reunión del grupo de trabajo encargado de la aplicación permanente del principio ético en las actividades de esta soberanía, que se llevará a cabo el miércoles 22 de agosto, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Mesa Directiva, situada en el segundo piso del edificio A.
Orden del Día
II. Avances.
III. Exposición de Davor Harasic Yaksic, presidente del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, "La experiencia chilena en promover la transparencia y rendición de cuentas del Poder Legislativo desde la sociedad civil".
IV. Sesión de preguntas y respuestas.
V. Clausura de la reunión.
Diputada María Elena Álvarez Bernal
Vicepresidenta en Funciones de Presidenta
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión ordinaria que tendrá lugar el miércoles 22 de agosto, a las 12 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2007.
4. Asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados entre el 19 de julio y el 22 de agosto de 2007.
5. Lectura, discusión y, en su caso, votación de diversos dictámenes.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Diputado Miguel Ángel Navarro Quintero
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la reunión de mesa directiva que se efectuará el martes 11 de septiembre, a las 12 horas, en el salón A del edificio G.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
Invitaciones
A la primera de las Mesas de trabajo para la competitividad de México, con el tema "Colaboración público-privada en investigación, innovación y desarrollo tecnológico", que se llevará a cabo el miércoles 15 de agosto, a las 10:30 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputado Mariano González Zarur
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
Al Foro de medicamentos biotecnológicos que se efectuará el miércoles 15 de agosto, de las 11 a las 14 horas, en el auditorio del edificio E.
Formato: Paneles de opinión.
Programa
11:00-11:15. Inauguración.
11:15-12:00. Marco teórico.
• Doctor Jaime Mas Oliva, investigador titular del Departamento de Bioquímica del Instituto de Fisiología Celular, UNAM.
• Doctor Augusto Bondani Guasti, consultor en farmacología.
12:50-13:10. Panel 2. Impacto a la salud.
• Doctor Jorge Vela Ojeda, médico hematólogo jefe del Servicio de Hematología Hospital de Especialidades IMSS-CMN La Raza.
• Doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo, coordinador de Capítulos, Academia Mexicana de Cirugía.
• Doctora Patricia Saltigueral Semental, Academia Mexicana de Pediatría.
• Doctora Josefina Alberú Gómez, jefa del Departamento de Transplantes del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán.
• Doctor Raúl Arcega Revilla, jefe de la Clínica de Esclerosis Múltiple de la UMAE Puebla.
• Doctor Pablo Moreno Guevara, director de la UMAE Monterrey.
• Licenciado Eduardo Gallástegui Armella, socio fundador de Gallástegui y Lozano, SC, firma asociada a Holland & Knight LLP.
• Doctor Luis Fernando Hernández Lezama, consultor en materias de regulación sanitaria y evaluación de riesgo.
Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Presencia de la Somaap en la Cámara de Diputados, que se llevará a cabo hasta el viernes 17 de agosto, en el vestíbulo principal del Palacio Legislativo.
La inauguración será el martes 14 de agosto, a las 12 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición de la Unión de Artesanos de la Meseta Purépecha de la Región Lacustre de Michoacán, que se llevará a cabo hasta el viernes 17 de agosto, en la explanada del Palacio Legislativo.
La inauguración será el martes 14 de agosto, a las 13 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Visión difícil de roer, del maestro J. Emilio Jiménez Guzmán, que se presentará del lunes 20 al viernes 24 de agosto, en el vestíbulo principal del Palacio Legislativo.
La inauguración será el martes 21 de agosto, a las 12 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
Al foro Hacia la modernización del servicio militar, que se realizará el martes 21 de agosto, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República.
Programa General
• Exposición de los siguientes ponentes:
Diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez
Tema: "Antecedentes del SMN, una vista al pasado para
un mejor futuro"
Diputado Carlos Madrazo Limón
Tema: "Organización y funcionamiento de las juntas
municipales de reclutamiento, propuestas para mejorar"
General de brigada DEM Jesús Ernesto Estrada Bustamante,
director general del SMN
Tema: "Situación actual, desarrollo y perspectiva
del servicio militar"
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera
Tema: "Propuestas para la modernización del Servicio
Militar Nacional"
Diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez
Tema: "Participación de la mujer en el Servicio
Militar Nacional"
Diputado Manuel Portilla Diéguez
Tema: "Servicio Militar Nacional, un servicio al medio
ambiente"
Ciudadano Carlos Simón Núñez Estrada,
conscripto del Servicio Militar Nacional
Tema: "El Servicio Militar Nacional desde la óptica
del conscripto"
Diputado Carlos Rojas Gutiérrez; comentarios y conclusiones
• Preguntas y respuestas
• Clausura, a cargo del diputado Jorge Justiniano González
Betancourt
Diputado Jorge Justiniano González Betancourt
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Xochimilco cerca de ti, que se llevará a cabo del lunes 27 al viernes 31 de agosto, en la explanada del Palacio Legislativo.
La inauguración será el martes 28 de agosto, a las 11 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO
Al diplomado Análisis y diseño de la reforma del Estado en México, que –en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México– ese órgano legislativo llevará a cabo hasta el lunes 12 de noviembre, de las 8 a las 10 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo nivel) del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Módulo III. Representación política y régimen electoral
Miércoles 15 de agosto
Ponente: Diputado Diódoro Carrasco Altamirano
Ponente: Doctor Manuel Villa Aguilera
Ponente: Doctor Manuel Villa Aguilera
Ponente: Doctor Mauricio Merino Huerta
Ponente: Senador Santiago Creel Miranda (por confirmar)
Ponente: Senador Arturo Núñez Jiménez
Ponente: Diputado César Camacho Quiroz
Ponente: Licenciado Javier Corral Jurado
Diputada Silvia Oliva Fragoso
Presidenta