El suscrito, diputado federal Luis Alonso Mejía García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, párrafo tercero, de la Ley Fundamental; y 23, numeral 1, inciso f), y 41, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En el sexenio 1982-88, con Miguel de la Madrid Hurtado como presidente de la república, se instituyó el Plan Nacional de Desarrollo 1983-88 como parte de un proceso de reestructuración del sector paraestatal, con objeto de concentrar la acción del Estado en las actividades estratégicas y prioritarias al desarrollo, con lo que descarta su participación en áreas no esenciales para el ejercicio de la rectoría económica que le confiere el artículo 28 constitucional.
Por instrucciones del presidente de la república, acordó con su gabinete económico proceder a la enajenación a título oneroso a favor de los sectores social o privado del capital social o de los derechos que tienen suscritos el gobierno federal, sus dependencias u otras entidades paraestatales en diversas empresas que no fueran estratégicas ni prioritarias, conforme a las propuestas de los coordinadores del sector, como una de las medidas para contribuir a la política de racionalización del gasto público.
La Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento, creada por acuerdo del Ejecutivo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 1999, posteriormente modificado por diverso publicado en dicho órgano oficial el 26 de enero de 1983, el cual tiene entre otras funciones la de examinar la situación financiera de las empresas y organismos públicos más importantes y de los que presenten condiciones críticas, en colaboración con los coordinadores del sector correspondiente y, en su caso, con las propias entidades, para proponer las medidas conducentes que, para tal efecto, determinó que la enajenación de las empresas se efectuara a través de sociedades nacionales de crédito y que por acuerdo del gabinete económico se confirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad para coordinar, supervisar y ejecutar la venta de las acciones de empresas paraestatales no estratégicas ni prioritarias seleccionadas por la coordinadora del sector correspondiente y que cuya enajenación se efectúe a través de las sociedades nacionales de crédito que serán designadas específicamente para tal fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, como coordinadora del sector, recomendó la venta de 100 por ciento de la participación en el capital suscrito en Hules Mexicanos, SA, en virtud de que su producción no se situaba en las actividades estratégicas o prioritarias definidas para la industria paraestatal y que dicha empresa tiene perspectivas viables de corto, mediano y largo plazos.
En consecuencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designó a Banamex, SNC, como agente encargado de los estudios, avalúos y enajenación correspondientes a Hules Mexicanos, SA, que recopiló información de la empresa en venta, realizó las evaluaciones técnico-financieras y llevó a cabo el análisis y evaluación de las propuestas de compra recibidas, todo ello con estricta observancia a los lineamientos de venta y de acuerdo con las operaciones que le permite realizar la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conoce la evaluación técnico-financiera de la empresa de referencia, y el análisis y evaluación de las propuestas de compra, así como la opinión sobre los proyectos y programas que en relación con el desarrollo futuro de la empresa presentaron los inversionistas interesados en la adquisición, la cual fue emitida previo análisis de los mismos, por las entonces secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Comercio y Fomento Industrial, Programación y Presupuesto, Trabajo y Previsión Social, Contraloría General de la Federación, así como por parte de Petróleos Mexicanos, al proyecto presentado por Grupo Servia, SA de CV, y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana.
Por tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encontró en posibilidades de aprobar la propuesta de compra que garantiza al Estado las mejores condiciones.
El análisis y la evaluación que sustentan la enajenación de referencia cumplen la normatividad señalada en los procedimientos de venta a partir de la evaluación de los posibles impactos que se originarían por la venta de las acciones de las empresas sobre otros del mismo sector, en términos de competencia, monopolio, integración de grupos y viabilidad de largo plazo, entre otras. Tomando en consideración los resultados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la siguiente resolución:
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conoce los términos del análisis y evaluación técnico-financiera de Hules Mexicanos, SA, elaborados bajo la responsabilidad de Banamex, SNC, y se da por enterada de las propuestas de compra recibidas y del análisis de las mismas elaborados por la institución.
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprueba la venta de la totalidad de las acciones propiedad del gobierno federal, que representan 60 por ciento del capital social de Hules Mexicanos, SA, a Grupo Servia, SA de CV, y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana; este último, por conducto de la figura legal que permita su participación en la empresa en 41 millones de dólares de Estados Unidos de América, cubriéndose esta cantidad según las condiciones que autorizará previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruirá a Banamex, SNC, para que proceda a efectuar las operaciones y trámites correspondientes para formalizar la venta de que se trata, conforme a las condiciones de compra aprobadas por la propia secretaría y vigilará su cumplimiento.
5. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará esta resolución al presidente de la república, a la Comisión Intersecretarial Gasto, Financiamiento y a cualquier otra instancia que fuere necesario. Asimismo, solicitará a la Secretearía de Programación y Presupuesto que desincorpore del Registro Público de Entidades del Sector Público Paraestatal a Hules Mexicanos, SA.
6. Una vez concluido el proceso de venta Banamex, SNC, deberá depositar los recursos derivados de la misma, de acuerdo a las instrucciones que recibirá de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
7. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitará a las secretarías de Estado procedentes los asuntos de su competencia para concluir eficientemente este proceso.
A su vez, la empresa canadiense Polysar Ltd., socio de Pemex en Hules Mexicanos, ha decidido retirarse de la empresa y está dispuesto a vender su participación a Pemex a cambio de productos petrolíferos.
Por su parte, Pemex resuelve que tendría que negociarse una nueva tecnología para los productos principales de esta planta (hule sintético y negro de humo) y que está analizando la posibilidad de firmas japonesas que desean adquirir una participación en el capital social de la empresa.
Destaca asimismo que se evaluó la posibilidad de formar dos empresas independientes, una productora de hule sintético y otra de negro de humo, lo que tendría ventajas tecnológicas, administrativas y de comercialización; así como una promoción y su eventual privatización más provechosa tanto para Pemex como para los futuros accionistas, puesto que se han detectado grupos privados que les interesa más un producto que otro.
Con relación a la solicitud de Pemex para detener el proceso de venta de Humex y, eventualmente, realizarla bajo el mecanismo que propone, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsable del proceso de venta y considerando la opinión de la SEMIP, determine si se considera procedente o no detener dicho proceso, estableciendo, en su caso, un plazo. Hasta ahora, la SEMIP sólo se ha pronunciado favorablemente respecto de la posibilidad de que Industrias Negromex, funja como posible comprador.
La Secretaría de Economía y Fomento Industrial en su momento envió a la Secretaría de Hacienda y crédito Público opinión favorable para considerar a la empresa privada Industrias Negromex como posible comprador de la entidad Hules Mexicanos, SA, porque la consolidación de ambas empresas podrían mejorar la productividad de la planta industrial y, por consiguiente, a su competitividad; impulsar el desarrollo tecnológico e incrementar la capacidad de exportación del sector.
Por la trascendencia de esa operación para el país y para el desarrollo futuro del subsector de petroquímica básica, la Secretaría de Economía y Fomento Industrial recomienda que paralelamente a la recepción de las propuestas de compra de los clientes interesados, se analicen a nivel secretarial y con mayor profundidad, las implicaciones de esa consolidación y la forma de evitar los efectos nocivos que en el mercado interno podrían ocasionar un monopolio no controlado.
Se estima aconsejable que, previas las consultas intersectoriales necesarias, la Secretaría de Economía y Fomento Industrial como autoridad en la materia, manifieste en forma clara su conformidad u oposición para que Negromex sea o no considerado desde un principio, entre los posibles compradores de Hules Mexicanos, SA, ya que restaría seriedad a la negociación de venta que se permitiera la participación de Negromex en la promoción de compradores y, después, un grupo intersecretarial llegara a la conclusión de que no es conveniente que se enajene a esa entidad paraestatal a dicha empresa privada.
Finalmente, se autorizó la operación y Negro Servia, SA, adquirió Hules Mexicanos, SA, la que posteriormente se dividió para dar origen con parte de los activos a la empresa Nhumo, SA.
La autorización de la Secretaría de Hacienda contiene un resolutivo número RVP-062, donde se desprende que de la venta de la empresa Hules Mexicanos, SA, el Grupo Servia, SA de CV, se entregaría a los trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana un porcentaje de la comercialización, confirmado y cotejado en el oficio de comunicación al director general de Banamex, SNC, con la entrega de un mínimo de 2.5 por ciento del capital social total de la empresa.
El 8 de junio de 1989, el señor Gilberto Muñoz Mosqueda, en ese momento Diputado Federal de la LIV Legislatura y Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Carboquímica, Petroquímica, Similares y conexos de la República Mexicana, en asamblea general de la Sección 7 de dicha organización realizada en Altamira, Tamaulipas, manifestó como consta en actas, que el Sindicato era socio en 3 por ciento de la empresa.
Los trabajadores involucrados fueron despedidos y liquidados entre los años 1988 a 1992 resistiendo agresiones y ataques por parte de los Comités Ejecutivos de la Sección 7 y el Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana.
En este proceso de despidos quedaron pendientes, entre otros beneficios, diversos seguros de vida contratados desde 1979 conforme al contrato colectivo de trabajo con la aseguradora del sindicato, así como las participaciones convenidas con el mismo, sin embargo, al día de hoy el representante legal del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana manifiesta que desconoce absolutamente los acuerdos que hayan tenido entre el gobierno federal y Hules Mexicanos, SA, así como el porcentaje que debería ser repartido entre los trabajadores con motivo de la operación que se realizó debido a que el sindicato representado jamás tuvo intervención alguna en la operación que aparentemente se celebró entre el gobierno federal con Hules Mexicanos, SA.
Por lo anteriormente expuesto, existe un incumplimiento de lo resuelto por el gobierno federal y ejecutado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la resolución número RVP-062 y en el oficio 344 de lo ordenado al director general de Banamex, SNC, del 29 de enero de 1988, donde autorizan al director a realizar la compraventa de la empresa Hules Mexicanos, SA.
Ante esta situación, existe la real incertidumbre sobre si se cumplió con lo ordenado en la resolución señalada, y de ser cierto, si el porcentaje comentado y correspondiente a los trabajadores permaneció en el patrimonio de la empresa Negro Servia, SA, o en su defecto en el de algún funcionario que conoció del asunto.
El presente punto de acuerdo pretende incitar a esta soberanía para crear una comisión de investigación, fundamentado en el último párrafo del artículo 93 de nuestra Carta Magna que faculta a la Cámara de Diputados a solicitud de una cuarta parte de sus miembros de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, y con ello certificar el interés y la indagación por la verdad que permita dar solución a los problemas que enfrentan los ex trabajadores de Hules Mexicanos, SA.
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta legislatura, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a esta honorable asamblea la creación de una comisión investigadora sobre la situación laboral que guardan ex trabajadores de la extinta empresa Hules Mexicanos, SA, desincorporada por el gobierno federal por ser considerada no prioritaria para el Estado.
Segundo. El objeto de la comisión de referencia será
b) Precisar los términos en los que se dio la comercialización y desincorporación de la extinta empresa Hules Mexicanos, SA, aprobada por el gobierno federal mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a los trabajadores afectados.
c) Valorar la labor realizada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana y su dirigente en ese entonces, el diputado federal de la LIV Legislatura, señor Gilberto Muñoz Mosqueda.
d) Decretar si se cumplió lo ordenado en la resolución señalada, y de ser cierto, si el porcentaje comentado y correspondiente a los trabajadores permaneció en el patrimonio de la empresa Negro Servia, SA, o en su defecto en el de algún funcionario que conoció del asunto.
Cuarto. La duración de la comisión será por el término de una legislatura.
Quinto. La Junta de Coordinación Política hará una propuesta de integración de la comisión ante la Mesa Directiva, en la que se encuentren representados todos los grupos parlamentarios al seno de la Cámara de Diputados, atendiendo a la pluralidad y con base en el criterio de proporcionalidad.
Diputado Luis Alonso Mejía García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE SALUD FEDERAL Y DE CHIAPAS A ESTABLECER
PERMANENTEMENTE EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA ERRADICAR EL TRACOMA
EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ENTIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA
YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones
Consideraciones
En nuestro país existen regiones que constituyen un foco rojo en la propagación de diferentes enfermedades; tal es el caso de las comunidades indígenas de Chiapas, donde se enfrentan ante una precaria situación de salud, caracterizada por altas tasas de mortalidad debido a enfermedades evitables, principalmente procesos infecciosos y deficiencias nutricionales asociadas a elevados índices de pobreza y marginación social.
En ese sentido, resaltan los sectores rurales e indígenas de diversas regiones del estado, en las que se reportan altos índices de mortalidad perinatal, infantil y preescolar, así como de mortalidad materna. Otros problemas importantes son las enfermedades respiratorias y diarréicas agudas, la tuberculosis pulmonar y el tracoma, que han sido ampliamente relacionados con las condiciones de pobreza de la población.
Ahora bien, el tracoma es una enfermedad oftalmológica crónica provocada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Entre sus síntomas destacan los ojos rojos, las secreciones, la fotofobia, el lagrimeo excesivo y la falta de visión. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad existen aproximadamente seis millones de personas invidentes como resultado de esta enfermedad, lo que la convierte en una de las tres causas principales de la ceguera después de la catarata, y es la primera que se puede evitar; se asocia a la pobreza, la marginación y la falta de servicios públicos, principalmente por agua potable y servicios de salud.
Podemos hacer mención, que algunas características epidemiológicas del tracoma se ha desarrollado sin medida en la región de los Altos de Chiapas; limitándose a 256 localidades de 5 municipios de Chiapas, tales como Chanal, Huixtán, Oxchuc, San Juan Cancuc y Tenejapa, considerados como zonas de mayor índice de marginación social y pobreza. Aunado a esto, los servicios institucionales de salud (IMSS y SSA) muchas de las veces no están provistos del medicamento requerido o tienen una deficiente capacidad en la detección de los casos.
En dichas comunidades el tracoma se adquiere por contagio entre los miembros de los grupos domésticos: hijos padres, abuelos y otros convivientes. Asimismo, la reinfección se ve favorecida por ciertas condiciones comunitarias.
Actualmente se reporta una baja de la enfermedad en niños y jóvenes, asociada probablemente a la incorporación de éstos a los centros escolares y a una mayor educación higiénica, así como al incremento en la disponibilidad de agua en las instalaciones educativas.
El comportamiento epidemiológico actual del tracoma sugiere la importancia de la educación, la disponibilidad de servicios y la mejoría en la calidad de vida de la población para el control de esta enfermedad.
Es importante considerar que la prevalencia del tracoma se encuentra probablemente en proceso de control, pero eso no es suficiente, el Ejecutivo federal debe implementar acciones que acaben con este problema que afecta a miles de indígenas en estado de indefensión no sólo ante esta enfermedad, si no ante diferentes enfermedades que los aquejan día con día.
Compañeros, muchos chiapanecos han perdido la vista ante la falta de programas que combatan con entereza las necesidades de las comunidades indígenas. Es tiempo de que nuestros indígenas reciban la atención adecuada y se erradique la enfermedad de raíz, esto debe ser un acto de justicia y equidad con ellos y sus familias.
Nuestro reto es lograr la completa eliminación de la enfermedad del tracoma en el país y específicamente en Chiapas; ese debe ser el compromiso de todos nosotros. Por ello, los invito a que trabajemos juntos a favor de los sectores más necesitados del país. Hagámoslo por Chiapas, hagámoslo por México.
Por lo expuesto, somete a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que implemente un programa emergente que combata y erradique la enfermedad de tracoma que está afectando a comunidades indígenas de Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2007.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL PROGRAMA SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN, A CARGO
DEL DIPUTADO ROBINSON USCANGA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal Robinson Uscanga Cruz, a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo en relación al programa Seguro Médico para una Nueva Generación, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Presidente Felipe Calderón se comprometió a que los niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006 que no cuenten con algún tipo de seguro médico, automáticamente serían incorporados al sistema nacional de salud. Más allá de la revisión de las posibilidades de concretar este ambicioso proyecto, y sin considerar las connotaciones de discriminación que pueda tener, lo cierto es que representaría una buena alternativa por lo menos para los mexicanos que nazcan a partir de que inició este sexenio.
El pasado 8 de enero en Yautepec, Morelos, comenzó a operar de manera oficial el Seguro Médico para una Nueva Generación que ofreció el presidente Felipe Calderón a los niños que hayan nacido a partir del 1 de diciembre de 2006. Así, todos los niños que nazcan durante su gobierno y que no cuenten con acceso a los servicios de salud del IMSS o del ISSSTE, quedarán protegidos en materia de salud a través del Seguro Popular.
La Cámara de Diputados autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos fiscales por más de 26 mil millones de pesos asignados al Seguro Popular que, según estimaciones del secretario de Salud, permitirán el crecimiento de 5.1 millones de familias a 6.8 al final del presente año.
De acuerdo con información del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, tan sólo para la atención que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brindará a los recién nacidos, ello dentro del esquema anunciado por el presidente Felipe Calderón, recibirá 200 millones de pesos.
Aun y cuando el compromiso presidencial se ha empezado a concretar, lo cierto es que sólo ha sido de manera parcial, toda vez que únicamente se viene aplicando en los estados de Chiapas, Oaxaca Yucatán y Tabasco. De ninguna manera ponemos en duda las necesidades que tienen estas entidades hermanas de la región sur sureste, pero si queremos llamar la atención sobre el hecho de que los municipios del sur de Veracruz, colindantes con regiones de similar marginación en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, presentan también grandes carencias en los servicios básicos, un bajo nivel de vida y no han sido incluidos en el arranque de este programa, que tiene como sustento la palabra presidencial.
Existe la falsa creencia entre quienes no conocen bien el distrito electoral XIV que represento, de que los municipios veracruzanos de Minatitlán, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jesús Carranza, Las Choapas, Moloacán y Uxpanapa gozan de un gran nivel de vida por la industria petrolera, pero la realidad es que conforman una gran extensión territorial casi en su totalidad de carácter rural de tamaño similar a entidades como Colima o Tlaxcala, la cual sólo cuenta con servicios adecuados en dos zonas urbanas.
Los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005 muestran que en Veracruz, 40 de cada 100 personas son derechohabientes a servicios médicos otorgados por instituciones públicas o privadas. Respecto del total de la población con derechohabiencia, la mayor parte está registrada en el IMSS con 58.1 por ciento, le sigue con un 22.5 por ciento el Seguro Popular, el ISSSTE con 9.6 por ciento, un 8.7 por ciento corresponde a Pemex o a las secretarías de Defensa o Marina, y un 2.2 por ciento a otras instituciones de seguridad social de los gobiernos estatales u organismos privados.
Traemos a esta alta tribuna el justo reclamo de la población de los municipios de Minatitlán, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jesús Carranza, Las Choapas, Moloacán y Uxpanapa para que a la brevedad se les haga llegar los beneficios del catálogo universal de servicios de salud, el cual cubre el 100 por ciento de los servicios médicos que se prestan en los centros de salud (primer nivel) y el 95 por ciento de las acciones hospitalarias (segundo nivel) y los medicamentos asociados, así como las consultas y tratamientos.
De acuerdo con datos del Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, la región cuenta con una población total de 318 mil 370 habitantes. Este conjunto de municipios agrupa una población urbana (57 por ciento) de 181 mil 679 habitantes y una población rural (43 por ciento) de 136 mil 691 habitantes, siendo esta última la que requiere los servicios de salud de manera prioritaria. En el año del conteo se registró una población de 30 mil 793 habitante de 0 a 4 años de edad en estos municipios, correspondiendo 15 mil 214 (49 por ciento) al área rural; es decir, si se toma en cuenta los datos que se tienen a nivel estatal, alrededor del 60 por ciento, aproximadamente 18 mil recién nacidos en la región estarían fuera de la cobertura de derechohabiencia.
Esperamos poder garantizar a los recién nacidos que estarán protegidos de los principales padecimientos que se presentan en los primeros cinco años de vida, pero sobre todo en el primer mes de vida, que es donde se presenta el mayor número de casos de muerte infantil neonatal.
Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Salud para que, de manera inmediata, instrumente la puesta en marcha del Seguro Universal para Recién Nacidos en la región sur de Veracruz, especialmente en los municipios de Minatitlán, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jesús Carranza, Las Choapas, Moloacán y Uxpanapa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2007.
Diputado Robinson Uscanga Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A HACER EXTENSIVO EL PAGO EXTRAORDINARIO Y COMPLEMENTARIO
A LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO QUE EL GOBIERNO FEDERAL OTORGÓ
A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, A LOS PENSIONADOS Y A LOS JUBILADOS,
A CARGO DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
El suscrito, diputado federal Jacinto Gómez Pasillas, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos duodécimo y párrafo segundo, inciso b, del artículo décimotercero del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicita se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que haga extensivo el pago extraordinario complementario a las medidas de fin de año que otorgó el gobierno federal a los trabajadores en activo al servicio del Estado, a todos los pensionados y jubilados, con base en las siguientes
Consideraciones
El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estableció las disposiciones para la instrumentación del pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año que se otorgaron a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Es conveniente señalar que de acuerdo con los lineamientos para el pago de dicha medida, fue aplicable únicamente a los trabajadores ubicados en los niveles salariales 1 a 8 del tabulador de percepciones para los servidores públicos, por lo que solo beneficia al personal operativo de las dependencias y entidades de la administración pública federal con la curva salarial del sector central.
Es por ello que el estímulo que otorga el gobierno federal, como símil del tradicional bono sexenal, debe ser extensivo a todos los trabajadores, pensionados y jubilados, por el esfuerzo entregado y por la importante razón de que gracias a ellos el gobierno ha realizado y sigue desempeñando la gestión pública que le es propia.
Este reconocimiento a que se ha otorgado desde hace muchos sexenios, más que una tradición o retribución, para el caso de los trabajadores pensionados y jubilados, representaría revalorar la labor social de quienes a lo largo y ancho del territorio nacional contribuyeron y siguen aportando con su esfuerzo y compromiso laboral, desarrollados en condiciones que son, ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones, con frecuencia, verdaderamente difíciles.
El compromiso del Estado y del Ejecutivo federal con todos los servidores públicos de base, en activo, pensionados y jubilados sin excepción, debe hacerse explícito en la aplicación del pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año, sin distingo de la remuneración que perciben, como reflejo de una política social incluyente y de amplio respeto a los trabajadores.
Siendo consecuentes con una política laboral que beneficie a la clase trabajadora y en congruencia con el peso que la nueva Ley del ISSSTE, recientemente aprobada por el Pleno de esta Cámara de Diputados, otorga a pensionados y jubilados, insistimos en que este beneficio debe ser respaldado y otorgado.
Con base en lo anterior, de acuerdo a los principios generales del derecho y revalorando el principio de equidad como un valor fundamental de toda sociedad democrática, solicitamos se instrumente y se haga extensivo el pago de la compensación equivalente a todos los pensionados y jubilados.
Más allá de la letra escrita hay derechos que por inclusión y retribución social se transforman en una obligación social del Estado. El compromiso del gobierno federal con todos los trabajadores al servicio del Estado debe traducirse en la autorización, implementación y pago inmediato del multicitado pago extraordinario a todos los pensionados y jubilados de todas dependencias federales.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones y competencias, disponga lo necesario para que de inmediato se haga extensivo el pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año o equivalente al denominado bono sexenal a todos los pensionados y jubilados de la administración pública federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 de abril de dos mil siete.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COFETEL QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA POLÍTICA
DEL GOBIERNO FEDERAL EN APOYO DE LOS CONCESIONARIOS DE RADIO DE AMPLITUD
MODULADA, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito Humberto López Lena Cruz, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, y en mi calidad de secretario de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a efecto de que rinda un informe acerca de la política que asume el gobierno federal para apoyar a los concesionarios de radio de amplitud de modulada ante la evolución tecnológica en radiodifusión sonora, así como en lo referente a la igualdad y competitividad de las AM ante los demás medios de comunicación, con base en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial, y en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas, siendo competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la encargada de otorgar las concesiones y permisos para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas.
El servicio de radiodifusión es aquel que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales audio o de audio y video asociado, haciendo un uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico concesionado por el Estado.
En la ley de la materia se establece que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.
Los avances tecnológicos han permitido la posibilidad de modificar la forma de explotación del espectro radioeléctrico concesionado por el Estado, tan es así, que las autoridades han adoptado el estándar tecnológico para la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre; política publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004, y que a la fecha es aplicada mejorando la calidad de la televisión.
El desarrollo urbano de las poblaciones a nivel Nacional; ha generado que los concesionarios de las estaciones de amplitud modulada tengan en algunos casos que reubicarse en sitios fuera de los centros de población, lo que repercute en que los concesionarios y permisionarios tengan que realizar mayores inversiones para cumplir con sus objetivos.
Hecho que repercute en la ya problemática situación de los concesionarios de amplitud modulada, en razón de que tienen que competir con la frecuencia modulada de una forma desigual, lo que acarrea una disminución generalizada en la venta de publicidad comercial, por la baja calidad de sus señales, al no ser competitivos con la FM o bien con otros medio de comunicación.
Ante esta problemática planteada, en el año de 1994 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó la modificación de 83 concesiones de radio en amplitud modulada para asignar una frecuencia de transmisión simultanea en la frecuencia modulada (conocidas comúnmente como combos), a fin de revitalizar y hacer competitiva la amplitud modulada con la única limitación de que se transmitiera la misma programación en la ciudad principal objeto de la concesión.
El desarrollo de las tecnologías digitales aplicables a la radiodifusión sonora, permite al Estado elevar la calidad de radio en la amplitud modulada, generando así una competitividad en igualdad de circunstancias con los concesionarios de la frecuencia modulada y los demás medios de comunicación.
De esta forma se fortalecerá la función social que les atribuye la Ley a los concesionarios y permisionarios de amplitud modulada, dando a los radioescuchas una amplia diversidad de programación, obligando a las radiodifusoras a mejorar la calidad de su programación para su competitividad.
En un mundo globalizado como en el que vivimos, no nos podemos dar el lujo de quedarnos en el rezago, siendo obligación del Estado propiciar la utilización de los avances tecnológicos para el beneficio de todos los mexicanos de acuerdo a las posibilidades disponibles.
Si bien es cierto, que en el año de 1994 se otorgaron 83 modificación a las concesiones de amplitud modulada, también es cierto que esto no resuelve la problemática que vive el país en materia de radiodifusión, siendo necesario que la Comisión Federal de Telecomunicaciones de soluciones a la problemática, mediante el establecimiento de la radio digital y todo lo que ello conlleva.
Por todo lo señalado y en atención de que a la fecha no se ha adoptado en nuestro país el estándar tecnológico para la transición a la radio digital, se hace necesario que el titular de la Cofetel nos informe y en su caso nos remita la documentación sobre el avance que presenta esta transición tecnológica, con la finalidad de eliminar la problemática existente. Además de que resulta imperante determinar la tecnología por aplicar, ya que el norte del país ya se esta adoptando una tecnología para la digitalización y en el resto del país todavía se esta discutiendo cual se debe de aplicar.
El presente exhorto atiende los reclamos realizados por radiodifusores independientes en la reunión que se tuvo con el pleno de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía el día 25 de abril del presente año, en donde expusieron la problemática existente y la necesidad de que las autoridades federales solucionen la situación que atraviesa los concesionarios y permisionarios de amplitud modulada.
En la reunión indicada se puso en manifiesto que no de atenderse la problemática se pone en riesgo la continuidad del servicio de alrededor de mil concesionarios y permisionarios de AM que representan la fuente de trabajo de mas de diez mil trabajadores. Por tanto solicitaron a la comisión que se exhortara a las autoridades para que se otorguen frecuencias espejo con fundamento en el artículo 22 de la Ley Federal de Radio y Televisión, tal y como se hizo en años anteriores.
Recordemos que el arquitecto Héctor Osuna Jaime en la comparecencia que tuvo el día 21 de febrero con la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía se comprometió a dar una solución a la problemática de los concesionarios y permisionarios de amplitud modulada hecho que puede ser observado en el acta de la sesión de fecha antes señalada.
Por todo lo señalado es que se exhorta al presidente de la Cofetel a que rinda un informe de la situación que guardan las estaciones radiodifusoras de la banda de AM, y de las acciones que se realizaran para darles competitividad, así como de la posibilidad de otorgar frecuencias espejo, señalando al mismo tiempo que tecnología se aplicara para la digitalización y el tiempo en que se implantará en el país.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se realice una respetuosa exhortación al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que rinda un informe acerca de la política que asume el gobierno federal para apoyar a los concesionarios y permisionarios de radio de amplitud de modulada ante la evolución tecnológica en radiodifusión sonora (la radio digital), así como en lo referente a la igualdad y competitividad de las AM ante los demás medios de comunicación, y en su caso la posibilidad de otorgar los "combos", para dar competitividad a la AM y asegurar de esta forma la continuidad de la fuente de trabajo que los concesionarios y permisionarios generan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2007.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A INSTRUMENTAR POLÍTICAS EN MATERIA MIGRATORIA,
A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA EFICIENTE PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT
GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones
Consideraciones
En la actualidad, la ausencia de una visión de largo plazo en la planeación nacional, ha ocasionado que México carezca de medidas adecuadas en ciertos rubros, incluyendo el migratorio, y se dejen de atender las necesidades sociales más importantes del país.
Bajo estas condiciones, se ha identificado la necesidad de desarrollar propuestas de política pública y mecanismos que trabajen en las áreas claves de la agenda social.
Las migraciones hoy día experimentan cambios, tanto en volumen de flujos como en la ampliación de redes migratorias; se han incorporado nuevos países de origen y destino, diversificándose los tipos y formas de migración, en términos socioeconómicos, de derechos humanos y seguridad nacional.
Ante la complejidad del fenómeno migratorio y la evidencia del fracaso de la mayoría de las políticas migratorias, se han multiplicado los esfuerzos orientados a ofrecer un marco conceptual más adecuado, formulando propuestas que faciliten la creación de políticas públicas que construyan un acuerdo migratorio que permita el acceso a los mexicanos a una vida más digna.
Es por ello que el reto sigue siendo la construcción de una política migratoria que contemple una visión integral del fenómeno, en la que se desarrollen programas tanto para la atención de nuestros migrantes, como para los migrantes de otros países que se internan en nuestro territorio. Sólo así, con el compromiso de respetar los derechos humanos de todo migrante, podremos contar con una auténtica política migratoria humanista y sensible.
En ese contexto, la política migratoria debe inscribirse centralmente en el marco de las políticas sociales; a través de una política más eficiente de organización y coordinación del gobierno, que desarrolle estrategias que atiendan de manera coordinada e integral a los migrantes mexicanos.
Considero que la principal debilidad de México en materia migratoria es precisamente su marco normativo, caracterizado por su espíritu inquisitorio y que adolece de una crónica imprecisión que ha dado cabida al exceso en el uso de la facultad discrecional de las autoridades migratorias en detrimento de la seguridad jurídica de los migrantes.
En materia de seguridad y migración se propone situar al individuo en el centro de las políticas y marcos normativos migratorios, que permitan la debida coherencia con el respeto a los derechos humanos y la democracia.
Bajo una perspectiva tradicional de seguridad nacional, la migración es algo que debe impedirse, tanto porque es una fuga de mano de obra, como por protección del acervo cultural. Sin embargo, en países como México, lo importante es asegurar la protección de la vida de los y las migrantes, así como de sus remesas. Ésa debe ser la prioridad del Estado mexicano, ya que la verdadera amenaza sería el cierre total de las fronteras y el regreso de los migrantes que ya viven en Estados Unidos.
Por ello, el Estado debe proporcionar seguridad a la nación, con el propósito específico de avanzar en la construcción de un modelo que busque la integración bilateral de las regiones fronterizas reconociendo e incluyendo la dimensión local, su realidad y necesidades. De tal manera que estas no violenten la dinámica social transfronteriza.
Compañeros, debemos concebir a las fronteras como líneas de encuentro y de oportunidad para sus respectivos países en vez de verlas como líneas de separación o de conflicto. Dicho enfoque de ninguna manera pretende ignorar las legítimas preocupaciones de los Estados en materia de seguridad, sino que propone abordarlas desde el enfoque de la seguridad humana, el desarrollo y los derechos humanos.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a que instrumente las políticas necesarias en materia migratoria a fin de garantizar la seguridad nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2007.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEMARNAT Y DE LA PROFEPA A INTENSIFICAR
LAS CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN DE LA
CUBIERTA VEGETAL DEL TERRITORIO MEXICANO, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL
CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La República Mexicana tiene la fortuna de ser un país que cuenta con una gran riqueza y diversidad forestal, encontrándose dentro de los diez países que concentran el 80 por ciento de la superficie forestal del mundo, de tal manera que a lo largo y ancho del territorio nacional existen bosques templados de coníferas y encinos, bosques mesófilos de montaña, selvas húmedas y subhúmedas, matorrales xerófilos y pastizales, entre otros tipos de vegetación; recursos naturales que de ser bien conservados y protegidos brindan grandes beneficios como son la captura de carbono y otros contaminantes, contribuyen al abasto de agua, participan en la generación de oxígeno y colaboran a controlar la erosión, entre otros.
No obstante lo anterior, según cifras oficiales, la deforestación en el país en el período comprendido de 1988 a 2005 va de entre las 316 mil y las 800 mil hectáreas de bosques y selvas por año. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha informado que en México durante el lapso comprendido de 2000 a 2005 se perdieron el 5.5 por ciento de su superficie forestal, siendo los estados de Veracruz, Tabasco, Distrito Federal, Tamaulipas, Chiapas, Aguascalientes, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Zacatecas, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa e Hidalgo las entidades federativas con mayor superficie afectada.
Lo anterior significa que, nuestros bosques están desapareciendo rápidamente, por lo que según datos proporcionados por organizaciones no gubernamentales, de continuar el actual ritmo de deforestación, en 50 años ya no habrán zonas boscosas, lo que se reflejaría en problemas como son sólo por mencionar algunos de ellos, la desaparición de los ecosistemas que actualmente garantizan nuestro abasto de agua, ya que actualmente dos terceras partes del agua potable que consumimos proviene de nuestros bosques.
Lo anterior hace necesario fortalecer las políticas implementadas para la efectiva protección de la cubierta vegetal de nuestro país, en razón de que se ha perdido alrededor del 50 por ciento de nuestros bosques, ocupando la nación mexicana uno de los primeros lugares por lo que a deforestación se refiere.
Por ello, se hace necesario exhortar al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin que intensifique las inspecciones de manera periódica en las zonas con suelo vegetal los cuales son prioritarios para mantener el adecuado equilibrio ecológico y la protección de nuestro ambiente.
La Profepa juega un papel por demás trascendente en dicha encomienda, pues es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargado de contribuir con el desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental, por ende esta facultado para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la preservación y protección de los recursos forestales, salvaguardando los intereses de la población.
Por ello, es necesario que el actuar de la Profepa efectivamente represente a esa institución fuerte y confiable que pretende ser, que su misión que tanto enaltece, consistente en procurar justicia ambiental a través del estricto cumplimiento a la ley, alejada de la impunidad, corrupción, indolencia y vacíos de la autoridad sean efectivamente cumplidos y no se quede solamente en el papel, y por ende carente de trascendencia en el campo de los hechos.
Como diputados federales tenemos la obligación de vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad por lo que a protección de nuestros recursos naturales se refiere, rechazando de manera enérgica cualquier acto de destrucción y depredación de los mismos, pues debemos de representar un recio garante del cumplimiento de la garantía individual consagrada en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, que establece el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que intensifiquen las campañas y programas destinados a la protección de la cubierta vegetal del territorio mexicano, y se lleven a cabo las acciones necesarias con el objetivo de que la procuración e impartición de justicia se hagan efectivas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2007.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE IMPARTEN
LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA A INCLUIR EN SUS PLANES DE
ESTUDIO LA MATERIA DE MEDICINA PALIATIVA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO
BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Jorge Quintero Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las instituciones de educación superior que cuenten con las carreras de medicina y enfermería a incluir en sus planes y programas de estudio la materia de medicina paliativa, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que la estimación de vida media se ha incrementado de forma significativa en nuestro país. En la actualidad el promedio de vida es de 77.6 años en las mujeres y de 72.7 en hombres.1De la mano de este aumento, la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas tales como el cáncer, sida, enfermedades renales, pulmonares, diabetes mellitus, hipertensión arterial y cardiopatías también se ha disparado.
2. Que las enfermedades antes referidas se consideran graves llegando a una etapa terminal. La muerte que sigue a estos padecimientos se caracteriza por un deterioro físico y emocional que se traduce en un trastrocamiento de las esferas más íntimas de la persona. El dolor físico, pesar psicológico y espiritual transforman de manera negativa el entorno del paciente con enfermedad en estado terminal y el de su familia.
3. Que las opciones que existen para estos pacientes son muy limitadas. El sistema nacional de salud no ha atendido de manera eficaz a este tipo de enfermos. Las alternativas más comunes son las del abandono y la del encarnizamiento terapéutico. Ambas representan una gran deficiencia y costo para el sistema nacional de salud.
4. Que según el presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología, AC, José Manuel Manzano, el 80 por ciento de los médicos del sector salud no están capacitados para tratar con pacientes condenados a morir por enfermedad terminal haciendo que el trato en los hospitales se vuelve cada vez más deshumanizado y frívolo.2
5. Que una opción adecuada y viable para atender las necesidades de los pacientes con enfermedad en estado terminal es la medicina paliativa. Para la Organización Mundial de la Salud la medicina paliativa es "un método que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan el problema asociado con las enfermedades que ponen en riesgo la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento mediante una rápida identificación, impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales"3
6. Que el uso y manejo de los cuidados paliativos se encuentra en una fase muy precaria en nuestro país, limitado a algunos estados, como es el caso de Jalisco, y de algunas casas de asistencia social. Es deseable impulsar una cultura de cuidados paliativos, para que pacientes con alguna enfermedad en estado terminal gocen de las bondades que proporcionan los tratamientos paliativos.
7. Que una mayor difusión de la medicina paliativa dependerá de la capacitación que tengan los especialistas en la materia. Es necesario desarrollar diversas habilidades a fin de garantizar una óptima atención paliativa, éstas involucran aspectos tanto éticos como científicos. Por un lado se requiere de una gran sensibilidad y empatía de parte del especialista a fin de comprender y dar al paciente y familia las opciones necesarias para que ellos tomen las decisiones que a su parecer mejor convengan; por el otro es necesario desplegar conocimientos tendientes al control del dolor y de algunos síntomas, así como a aplicar algunas técnicas de rehabilitación que redunden en el bienestar del paciente con enfermedad en estado terminal.
8. Que estos conocimientos deben cimentarse desde la formación profesional de los diversos especialistas en salud. Las instituciones de educación superior que impartan las carreras de medicina y enfermería deben contar con la materia de medicina paliativa. Los objetivos de estos cursos deben ser propiciar el desarrollo de equipos multidisciplinarios tendientes a dar una atención integral al paciente; así como el de desarrollar en los profesionales de la salud las habilidades de comunicación necesarias para interactuar con los pacientes con enfermedad en estado terminal.
9. Que involucrarse en el pronóstico y evolución de un paciente con enfermedad en estado terminal es complicado, se requiere entender y adaptarse a sus circunstancias. No es una tarea menor y por lo mismo el compromiso de las instituciones educativas y de salud ha de verse como básico para una adecuada atención paliativa.
10. Que de acuerdo con el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las instituciones de educación superior tienen plena autonomía para revisar y adecuar sus planes y programas de estudio. Atendiendo a esta facultad y en atención a lo arriba expuesto se considera apropiado que éstas incluyan dentro de los programas de sus carreras de medicina y enfermería la materia de medicina paliativa. Con ello se logrará dar respuesta y un trato digno a todos los pacientes que padezcan alguna enfermedad en estado terminal.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Con pleno respeto a la autonomía educativa, esta honorable asamblea debe exhortar a las instituciones de educación superior que cuenten con las carreras de medicina y enfermería a incluir en sus planes y programas de estudio la materia de medicina paliativa.
Notas
1 Datos del Consejo Nacional de Población http://www.conapo.gob.mx/prensa/2004/612004.pdf
2 Crónica, 31 de enero de 2005.
3 The solid facts, palliative care (2004), Organización
Mundial de la salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de abril de 2007.
Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE MICHOACÁN A INVESTIGAR
EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN Y DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LOS DESARROLLOS HABITACIONALES EN EL ÁREA DEL ZAPIEN, MUNICIPIO
DE URUAPAN, A CARGO DEL DIPUTADO FAUSTO FLUVIO MENDOZA MALDONADO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
La ciudad de Uruapan, Michoacán, es un ejemplo de como los asentamientos urbanos avanzan sobre tierras agropecuarias o forestales.
Se puede afirmar que ninguna ciudad del país escapa a esta situación, ya que en ellas la demanda de la población por tener vivienda es lo cotidiano. Muchas veces esta demanda sacrifica al ambiente, sin pensar en las consecuencias no solo de inmediatas, sino también de futuro.
Por ello, el pasivo ambiental del país crece día con día. Las consecuencias en las ciudades son mayor contaminación del agua, suelo y atmósfera, falta de espacios verdes, pérdida de las mejores tierras productivas para actividades agropecuarias, sólo por citar algunos efectos de esta presión sobre el espacio urbano.
Ante esta situación, sin duda alguna, nosotros como legisladores tenemos que promover acciones para armonizar nuestra forma de vida con el entorno. Siempre nos debe preocupar que haya denuncias de posibles daños ambientales ante alguna nueva actividad humana. Por ello, este punto de acuerdo considera como eje principal la defensa del medio ambiente y el equilibrio ecológico con relación al crecimiento urbano.
Recientemente el diputado Antonio Berber Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, presento ante el Pleno de esta soberanía un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que fue aprobado, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que en un predio denominado El Zapién o Taximácuaro, en Uruapan, Michoacán, se realicen los estudios necesarios para hacer un área natural protegida.
En este caso, hay señalamientos sobre posibles perjuicios ecológicos a un predio de 7 hectáreas denominado Aurora Boreal, en Uruapan. Ahí se pretende realizar la construcción de un nuevo fraccionamiento habitacional. Se dice que este predio forma parte de las 300 hectáreas de un predio denominado El Zapién o Taximácuaro y que se localiza en una zona de conservación ecológica.
Con este hecho se pretende hacer responsable de esta problemática a un nuevo ayuntamiento en Uruapan, que no es del PAN, pues resulta que no es el desarrollo Aurora Boreal la punta de lanza para acabar con el predio El Zapién, como se señala en el punto de acuerdo antes mencionado. La punta de lanza es de quienes han estado en los últimos años autorizando fraccionamientos en dicha área de El Zapién, que son los anteriores ayuntamientos de Uruapan gobernados por el PAN. Ellos generaron los precedentes, que colocan en una situación complicada al actual ayuntamiento.
El 14 de diciembre de 2001 se autorizó en dicha zona el conjunto habitacional Paseos de Taximácuaro por el director de desarrollo urbano municipal, fue un primer pellizco de 8.2 hectáreas al área que dicen se quiere proteger. Lo interesante, es que en ese entonces el presidente municipal de Uruapan es el ahora actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, máximo responsable de la política ambiental en el país.
En el año 2002, se autorizan dos desarrollos habitacionales más por el gobierno municipal: El Pedregal de San Miguel por 5.1 hectáreas y El Zapién por 3.4 hectáreas, ambos bajo la presidencia municipal de la señora Jesús María Dóddoli Murguía.
Un cuarto desarrollo habitacional en la misma área, denominado De la Santa Cruz, se autoriza en el año 2004. Su superficie es de 14.1 hectáreas y es bajo la presidencia municipal del ingeniero Prisciliano Jiménez Rosales.
Sólo estas cuatro autorizaciones suman un total de 30.8 hectáreas (el 10 por ciento de lo que se dice se quiere proteger).
Además, el punto de acuerdo ya aprobado, no considera que hay otros asentamientos, como es el caso del fraccionamiento El Capulín, el empaque procesadora Calavo, el empaque West Pack, la Modelo de Uruapan, asentados en la parte norte de la cuenca del río Cupatitzio y colindante del área que se pretende declarar natural protegida autorizados por los citados anteriores gobiernos municipales en la misma área, que todos queremos se proteja. En ese sentido, es necesario realizar un diagnóstico ambiental más amplio, no se debe reducir el caso a un único fraccionamiento.
Hay que estudiar que está pasando en el área y qué tipos de sinergias se están generando con estos asentamientos humanos ya autorizados. Por ello, consideramos que hay que realizar un diagnóstico integral de impacto ambiental de todos los desarrollos habitacionales autorizados en el área de El Zapién. Queremos saber el grado de afectación que éstos han originado y en su caso como mitigarlos.
Por lo anterior, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al honorable ayuntamiento de Uruapan para que, en el ámbito de su competencia, realice una investigación sobre posibles conductas irregulares en el procedimiento para otorgar autorizaciones de los desarrollos habitacionales ubicados en el área de El Zapién, y que se señala como zona de conservación ecológica en Uruapan, Michoacán.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán a realizar, por cuenta propia y con el visto bueno de universidad del estado, un estudio en su conjunto del impacto ambiental de los desarrollos habitacionales ya autorizados, así como de aquellos proyectos de desarrollo urbano en trámite de autorización, ubicados en el área de El Zapién, en Uruapan, Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2007.
Diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SHCP QUE OTORGUE RECURSOS EMERGENTES A LAS OBRAS DE DESAZOLVE
Y REFORZAMIENTO DE LOS BORDES DEL RÍO BRAVO, EN CIUDAD JUÁREZ,
CHIHUAHUA, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE SERRANO ESCOBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado federal Enrique Serrano Escobar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 3 de febrero de 1944 se firmó en la ciudad de Washington DC el tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, relativo a la utilización de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del río Bravo (Grande) desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México. El 14 de noviembre de ese año y el 30 de marzo de 1946 se firmó un protocolo adicional en la misma ciudad.
El tratado de aguas de 1944 norma la relación entre ambos países para administrar conjuntamente las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo. Para tal efecto, se consolida la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) como organismo binacional para asegurar su aplicación y solucionar los problemas particulares sobre la materia.
Desde que fue creada en marzo de 1889 y, sobre todo, desde su consolidación con el tratado de aguas de 1944, la CILA ha realizado una labor de coordinación, asesoría, supervisión, operación y mantenimiento de de obras de saneamiento e infraestructura binacionales que han contribuido a resolver problemas de carácter ambiental. Mediante la suscripción de actas, la CILA atiende asuntos y requerimientos específicos que forman parte integrante del tratado de 1944.
El tratado de aguas establece un orden de prioridad para el uso de las aguas y un criterio de distribución para cada país. Se establecen bases de cooperación para la construcción conjunta de obras hidráulicas en ríos internacionales y bases para definir criterios particulares para la operación de presas. Asimismo, da prioridad a la atención del saneamiento y permite el desarrollo de procedimientos para la hidromedición y contabilidad del agua de los ríos internacionales.
Consideraciones
El año pasado las lluvias que se presentaron en la zona fronteriza de Ciudad Juárez–El Paso provocaron daños personales y materiales muy importantes en ambas ciudades, estimados en 120 millones de dólares en el lado norteamericano; y mil 760 millones de pesos en el lado mexicano.
Los pronósticos climatológicos para este año prevén precipitaciones mayores a las del 2006, las cuales dejaron muchos residuos sólidos en el lecho del río Bravo, reduciendo en forma importante su capacidad de canalización de las aguas que eventualmente se reciban en la zona y de las que pudieran ser vertidas por las presas norteamericanas que podrían estar al punto de colapso. Esta reducción en la capacidad del río pone en riesgo a ambas ciudades fronterizas, ya que los efectos serían devastadoramente superiores a los que se tuvieron el año pasado.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas ya ha efectuado los estudios técnicos correspondientes y requiere un presupuesto de 75 millones de pesos como aportación de la parte mexicana en el trabajo conjunto que los gobiernos de Estados Unidos y México deben efectuar en la limpieza del lecho del río, en la prevención de un desastre que pudiera ser de enormes proporciones para los habitantes de ambos lados de la franja fronteriza.
Ahora bien, la Comisión Internacional de Límites y Aguas tiene, entre sus funciones, el operar y mantener la infraestructura construida bajo los acuerdos internacionales en materia de límites y aguas asegurando la integridad territorial y promoviendo la conservación del recurso hidráulico.
De igual manera, y de conformidad con el manual de organización institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de marzo del 200, la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para América del Norte y Europa, tiene como facultades:
• Ejecutar los programas de inversión que se le autoricen para la operación y mantenimiento de las obras internacionales a su cargo, así como celebrar los actos jurídicos y contratos que se requieran para el ejercicio de sus atribuciones.
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que otorgue recursos emergentes por un monto de 75 millones de pesos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, esta dependencia, los aplique de manera urgente en las obras de desasolve y reforzamiento de los bordes que requiere el cause del río Bravo en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007.
Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SCT QUE, A TRAVÉS DE CAPUFE, REUBIQUE LA CASETA
DE COBRO DEL MUNICIPIO DE NAUTLA, VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA
DE JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
Honorable asamblea, la que suscribe María de Jesús Martínez Díaz diputada federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 58, 59, 71, 78 del Reglamento para el Gobierno Interior; y el numeral 34 apartados A y B de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos la reubicación de la caseta de cobro ubicada en el municipio de Nautla del estado de Veracruz.
Exposición de Motivos
Históricamente la democracia es un proyecto de organización política y administrativa de la sociedad, cuya finalidad se identifica con dos principios sustantivos, la primacía del interés publico y la libertad del mercado, aunado a esto, el turismo es hoy en día una directriz dentro de la economía y parte fundamental en la democracia, ya que persigue la igualdad de condiciones en el mercado turístico, es por esto, y ante este pleno, que expongo la proposición con punto de acuerdo para la reubicación de la caseta de cobro en el municipio de Nautla.
Nautla cuenta con un sin numero de playas preciosas por ejemplo Playa Maracaibo, al este de la cabecera municipal, de arena fina, pendiente ligera y oleaje regular, donde se practica la pesca tradicional, con gran variedad de especies.
Playa de El Raudal, donde desemboca el río Misantla, uno de los más importantes ríos del estado, además de ser el único lugar en donde anidan cinco de las ocho especies de tortugas marinas existentes en el mundo.
El municipio de Nautla ha visto impedido el desarrollo turístico debido a la caseta de cobro, por poner un ejemplo en el municipio vecino de Tecolutla, donde se encuentran los desarrollos turísticos de Casitas y Costa Esmeralda, según datos del INEGI, a estos centros turísticos y vacacionales llegan alrededor de 521 mil 500 turistas al año, de los cuales, en su mayoría buscan las playas de la región, pero como el acceder a las playas del municipio de Nautla tiene un costo por la multicitada caseta de cobro prefieren no utilizarlas, esto pone en una clara desventaja competitiva al municipio de Nautla.
Es nuestro compromiso social el dar instrumentos a los ciudadanos, para que se desarrollen económicamente y explotemos el potencial que ahí se encuentra, y permitamos a los inversionistas que hagan lo propio en las zonas prosperas como lo es el municipio de Nautla, esto incrementaría la generación de empleos para evitar la desintegración familiar y la alta migración.
Otra de las razones por las que debe reubicarse dicha caseta de cobro, es por que, la normatividad que la propia Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos señala no la satisface, Como aquí lo señalo y a la letra dice:
Normatividad para la operación de las plazas de cobro
Por lo anteriormente, expuesto y fundado, y debido a que esta es una exigencia y necesidad de los ciudadanos del municipio de Nautla, someto al pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, reubique en el menor tiempo posible la caseta de cobro en el municipio de Nautla del estado de Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2007.
Diputada María de Jesús Martínez
Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SEP A GESTIONAR QUE EL PROGRAMA NACIONAL
DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO SE APLIQUE EN TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ENRIQUE DEL TORO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Mario Enrique del Toro, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sin lugar a dudas, la educación es un elemento básico e indispensable para complementarlo con el aprendizaje de la vida, donde no sólo se conocen las matemáticas o la historia, también se aprende el valor del respeto, de la tolerancia y donde día a día, se forja la vida de todo hombre.
Bajo la concepción tradicional, en la mayoría de lo hogares mexicanos contemporáneos nos encontramos con una realidad constante e inminente, que es la exigencia de que ambos padres de familia se ven en la necesidad de trabajar, debido a que las condiciones de vida que enfrentan las familias mexicanas no son las más cómodas; convirtiéndose está en una situación de difícil solución, debido a las circunstancias preponderantes en los horarios escolares, pudiéndoles causar un menoscabo tanto en su relación familiar como en las laborales.
Actualmente, la Secretaría de Educación Pública se encuentra implementando un Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, el cual consta de la extensión de jornada escolar y la cual permitirá brindar a los alumnos educación artística, actividades deportivas, lenguas extranjeras y computación entre otras asignaturas.
Dicho Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo contempla un horario de 8 a 16 horas, iniciará en su primera etapa en 461 planteles de 12 estados del país en el ciclo escolar 2007-2008. Dando a conocer que en Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Morelos, Nayarit, Tamaulipas, Aguascalientes, Guerrero y el Distrito Federal iniciará este programa que se extenderá en el ciclo 2008-2009 a otros mil planteles en el país.
Es por al motivo que consideramos urgente implementar el programa de mérito, en todas las escuelas a nivel nacional; si bien en materia de cobertura nos encontramos con un avance, no lo es todo, debemos hacer que esto sea de manera inmediata en todas y cada una de las escuelas de educación básica de la República Mexicana. De nada nos sirve que sólo se operé en unas cuantas, ya que dentro de la vorágine de las necesidades de nuestra sociedad no es viable la implementación de programas pilotos, por el contrario debemos tomar las acciones conducentes para satisfacer todas y cada una de las prioridades a que se enfrenta nuestra sociedad, debiendo asumir los compromisos creados con la misma. Siendo ésta la mejor manera de demostrarle al pueblo mexicano que los compromisos hechos por parte del titular del Ejecutivo y de su actual gabinete, con hechos y no con palabras, ya que el pueblo está cansado de mentiras y de burlas. Lo que la gente este necesita es solucionar los problemas a los que se enfrenta día con día.
Y como el mismo Presidente lo ha manifestado dentro de sus compromisos en el enmarcado con el número 65 de los primeros cien días de gobierno, era la implementación de manera rápida y fehaciente dicho programa "opción de horarios extendidos en escuelas", pero debiendo hacerse de manera general para toda la ciudadanía no como programas pilotos, los cuales sólo quedan reducidos a meras acciones de propaganda gubernamental. Este es un problema al que se enfrentan todas las madres y padres de familia de toda la república no sólo unos cuantos.
No olvidemos que la educación es básica e indispensable para la vida de todo ser humano, y que si asumimos compromisos con México debemos cumplirlos de manera fehaciente e íntegra, no a medias, ya que dicha situación no se presenta en sólo algunos estados de nuestro país, por el contrario es un problema generalizado, por lo que no solamente basta con la buena voluntad hay que trabajar de manera real.
Con base en las consideraciones anteriores, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciada Josefina Vázquez Mota, para que, dentro de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para que el Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo sea llevado a cabo de manera inmediata dentro de todas las escuelas de educación básica de la República Mexicana.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2007.
Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN EL COMERCIO Y LA ECONOMÍA, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR BARAJAS DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Salvador Barajas del Toro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes Consideraciones 1. El comercio de mercancías ilícitas constituye una de las actividades más lucrativas, no sólo en México, sino en el mundo. La fabricación no autorizada de productos, las ganancias obtenidas por la venta de éstos, el soborno de personas para introducirlos en diversos países, pasando por alto todo marco normativo, son actividades cotidianas que fluyen en las diversas fronteras económicas del mundo. 2. Prácticamente todos los países padecen del fenómeno de la economía ilegal. Ésta tiene repercusiones no sólo para el sector empresarial, que es el directamente afectado, sino que también tiene influencias perjudiciales en el bienestar social, la seguridad pública y el desarrollo de cualquier país. 3. La piratería, el contrabando y, en general, toda práctica de comercio ilegal, rebasa la capacidad del Estado. Únicamente con la aportación de todos como sociedad se podrá combatir este fenómeno, que trasciende fronteras y avanza a pasos agigantados. 4. Las transacciones de compra-venta fuera del marco legal, donde las mercancías comercializadas provienen de prácticas ilícitas, como el contrabando, el robo o la reproducción no autorizada de obras y productos, contribuyen a la caída de las ventas, con la consecuente desaceleración en el crecimiento económico del país. En México, según cifras de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, AC (ANTAD), el producto generado por la economía ilegal, representa 12.1 por ciento del valor agregado generado en el total de la economía, lo que significa ocho veces más que el producto generado por los asociados de la ANTAD. 5. El fenómeno de la ilegalidad en el comercio constituye un problema contra la planta productiva y laboral del país y es considerado una práctica fraudulenta, al evadir los controles de calidad y seguridad establecidos para los artículos y servicios. Los sectores más afectados son el textil, higiene y cuidado personal, y juguetes. En cuanto a la temporalidad, la época de mayor repunte es la navideña, época en que se incrementan sus ventas a más de 40 por ciento. 6. Debido a la complejidad del problema, es muy difícil determinar con exactitud las pérdidas. Sin embargo, se estima que la ilegalidad en México representa activos por un valor de 597 mil millones de dólares, cifra que es nueve veces las reservas internacionales totales de 2005; tres veces la inversión directa extranjera del periodo 1979-2003 y 62 veces el total de la asistencia oficial para el desarrollo recibida en el lapso 1960-2003.* 7. Ante esta problemática, México cuenta con un marco normativo federal, como la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor, las cuales otorgan la regulación y otorgamiento de patentes de invención, así como protección de los derechos de autores, respectivamente. En marzo de 2006 fue creada la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal. 8. Sin embargo, son más los esfuerzos de organismos empresariales, como la Canaco, Canacintra, Canirac, CNIV, Concamin, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, entre los que destacan: • La Alianza contra la Piratería, que nació en 1998, bajo la figura de asociación civil, con la participación de empresas como Reebok, Adidas, Disney, Nike, Microsoft y Glaxo SmithKline, entre otras. • El Instituto para la Defensa de la Propiedad Intelectual y la Economía legal, que fue creado por ocho organizaciones del sector productivo (marzo 2006) para hacer frente a la piratería y al contrabando. 9. Ante este panorama, se requieren acciones claras que se traduzcan en mayores garantías de protección a la propiedad intelectual, industrial y a la innovación productiva, pero, a su vez, dotar de mayores incentivos para quienes cumplen con la legalidad. Esto traerá como consecuencia también un mayor crecimiento económico y finanzas más sanas. 10. Como ejemplo de ello, según cifras de la ANTAD; en 2002 el 30 por ciento de la ropa que se compraba se adquiría en mercados, tianguis y comercio informal; mientras que en 2004 el porcentaje se redujo a 19.5 por ciento, en virtud de los incentivos para importar pagando legalmente el impuesto al valor agregado. 11. lo anterior hace necesaria nuestra intervención como legisladores para poner fin a las acciones aisladas y concretar esfuerzos conjuntos para dar soluciones concretas a esta problemática. Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable asamblea el siguiente Punto de Acuerdo Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que constituya una comisión especial para el fortalecimiento de la legalidad en el comercio y la economía, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, inciso c), del artículo 34 y en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Los objetivos de esta comisión serán los siguientes: a) Generar, de manera conjunta con las autoridades y la sociedad en general, las medidas y soluciones concretas para poner fin al comercio y la economía ilegales. b) Sensibilizar a la sociedad sobre los daños ocasionados a la economía del país, derivados de las prácticas del comercio y economía ilegales. c) Generar las reformas legislativas necesarias, a efecto de otorgar mayor protección a los derechos de intelectuales, de propiedad e innovación industrial y productiva. d) Realizar foros de discusión con los organismos empresariales, la administración pública y la sociedad civil, a efecto de escuchar sus demandas y propuestas. e) Generar las acciones necesarias para impulsar la incorporación en el comercio formal, tanto en el ámbito presupuestal y fiscal como en diversas leyes e instituciones públicas abocadas a este fenómeno. Tercero. La comisión especial se integrará por 15 diputados, distribuidos de la siguiente forma, atendiendo a la pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara: • Seis diputados del Partido Acción Nacional, • Cuatro diputados del Partido de la Revolución Democrática, • Tres diputados del Partido Revolucionario Institucional y • Dos diputados de los grupos parlamentarios restantes. Cuarto. La comisión especial contará con una mesa directiva, integrada por un presidente y dos secretarios. Quinto. La comisión especial tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2009 y presentará de manera periódica un informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su defecto, ante la Comisión Permanente del Congreso General. Nota * Datos obtenidos de la edición de El Universal del 12 de junio de 2006, referentes a una evaluación preliminar elaborada por el Instituto Libertad y Democracia, a solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Multilateral de Inversiones. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2007. Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)
El suscrito, diputado de la LX Legislatura del H. Congreso
de la Unión, Carlos Felton González, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se apruebe la siguiente proposición
con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Como todos sabemos, a raíz de la privatización
de Ferrocarriles Nacionales de México comenzó el recorte
de personal. En 1998 se integra la comisión liquidadora, con la
finalidad de finiquitar las justas demandas de los ex trabajadores.
Han pasado ya casi nueve años desde la creación
y aún quedan ex ferrocarrileros sin recibir la liquidación
completa. Ante los múltiples esfuerzos y trámites que varias
personas en esta situación han tenido que enfrentar debido a los
incumplimientos de la liquidadora, los legisladores tenemos el compromiso
desde nuestras facultades de ver por los intereses de los mismos.
Durante la gestión del anterior fiduciario, licenciado
Jaime Montaño Guillen, se cumplió con el pago de una demanda,
la correspondiente al expediente 22/99. Por otro lado, estuvo tramitándose
la liquidación de los ex ferrocarrileros adscritos en el expediente
66/99, misma que no puede hasta la fecha ser cumplida. Aún habiendo
contado con los mismos trámites, este grupo de 350 ex trabajadores
no han sido completamente liquidados. Es imprescindible que la Comisión
Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México cuente con la
mayor transparencia en sus trámites y formas de pago, misión
para la cual fue creada.
El actual director del Área Jurídico Laboral
de la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México,
se encuentra en pleno conocimiento de la situación por la que han
pasado estos ex ferrocarrileros; de igual forma, el licenciado Enrique
Rivas Zivy, delegado fiduciario especial de la misma, por lo que de ninguna
forma debemos permitir que este caso continúe sin ser debidamente
atendido.
Es evidente que, pese al tiempo transcurrido no ha existido
el debido cumplimento de los quehaceres de la comisión liquidadora,
pues no han sucedido con plena transparencia debido al que ya fue liquidado
un expediente y no otro, que han cumplido con los mismos trámites;
y que la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje,
no ha dado el recto seguimiento del caso a favor de 350 ex trabajadores
que se encuentran esta situación.
Por todo lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social para que, por medio de la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje, vigile y agilice debidamente el trámite de pago de
faltante de liquidación a ex ferrocarrileros adscritos en el expediente
66/99 a cargo del delegado fiduciario especial Enrique Rivas Zivy, de Ferrocarriles
Nacionales de México.
Segundo. Solicitar a la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje, que publique en la página de Internet de la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social, los resultados y trámites
de la gestión al término de la misma.
Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica)
El que suscribe, diputado por mayoría del décimo
distrito de Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática y presidente de la Comisión
Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos
de desarrollo regional del sur-sureste de México de la Cámara
de Diputados, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración de esta honorable asamblea un punto de
acuerdo de urgente u obvia resolución para que se pronuncie a favor
de las acciones emprendidas por el gobierno de Chiapas para el esclarecimiento
de los homicidios de periodistas en la década de los noventa, y
en particular envíe un reconocimiento al Ejecutivo estatal por la
detención de los presuntos responsables del asesinato del periodista
Roberto Mancilla Herrera perpetrado en 1993, lo anterior con base en las
siguientes
Consideraciones
Las acciones emprendidas por el gobernador Juan Sabines
Guerrero a favor del esclarecimiento y el castigo a los responsables de
los asesinatos de periodistas ocurridos en Chiapas durante la década
de los noventa, son respuesta a una sentida demanda de la sociedad chiapaneca
que encuentra correspondencia con el sentimiento nacional de indignación
por los atentados que han privado de la vida a periodistas en el ejercicio
de su profesión.
En este grave tema, el país ha sufrido un proceso
especialmente vergonzoso pues a los asesinatos de Estado en contra de periodistas
se le fueron sumando los asesinatos a manos de la delincuencia organizada,
todo ello frente a la parálisis cómplice del aparato gubernamental,
incapaz de castigar a los responsables de los crímenes acontecidos
y también de garantizar que nuevos atentados no fueran cometidos.
Es urgente detener la violencia y el deterioro social
que vive el país a manos de los grupos delictivos. La sociedad no
puede permitir que México sea el país en América Latina
con el mayor número de asesinatos en contra de periodistas. Los
poderes públicos deben actuar para resolver esta situación
que le ha válido al país ser uno de los dos sitios más
peligrosos del planeta para quien ofrece testimonio público e informado
de la barbarie, el cinismo, la corrupción y la desesperanza.
En este contexto es que las recientes acciones de la Fiscalía
General de Chiapas para detener a los presuntos responsables del asesinato
del periodista Roberto Mancilla Herrera, ocurrido en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez a principios de las década de los noventa, son
acciones concretas que buscan poner alto al ambiente de impunidad y que
atienden la grave problemática denunciada por las resoluciones 29
de la UNESCO, aprobada el 12 de noviembre de 1997, y de la Organización
de Estados Americanos, aprobada el 2 de junio de 1998. Sólo con
acciones concretas frente a los delincuentes que victiman a periodistas
siguiendo el patrón de la impunidad, es como sociedad y gobierno
alzarán un categórico ¡ya basta! que hará valer
el derecho a la libertad de expresión, y con él, defenderá
el derecho de la ciudadanía a la información.
La historia contemporánea mexicana consigna los
esfuerzos valerosos de algunos periodistas y medios de comunicación
a favor de la transición política, la transparencia en el
ejercicio del poder y la conquista de derechos para la ciudadanía.
Por ello, los poderes emanados de la transición
política mexicana tenemos una deuda moral con quienes desde el ejercicio
de su profesión han denunciado la serie de abusos, atropellos y
corrupción de los poderes político y económico que
han envilecido y contaminado la vida pública nacional.
México debe abandonar el primer plano de la violencia
institucional y orgánica contra la vida de los periodistas, como
lo señalan, diversas agrupaciones, tanto nacionales como internacionales,
quienes han exigido al Estado mexicano, haga lo necesario para garantizar
el libre ejercicio del periodismo y llevar a buen término las investigaciones
de los asesinatos de periodistas en nuestro país.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta
honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados
respalda las acciones emprendidas por el gobierno del licenciado Juan Sabines
Guerrero en Chiapas para el esclarecimiento del asesinato del periodista
Roberto Mancilla Herrera acontecido el primero de febrero de 1993 en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados
envía un reconocimiento público al gobierno de Chiapas, en
particular a la Fiscalía General del estado, por haber llevado adelante
las investigaciones y pesquisas de los presuntos responsables del asesinato
del periodista Roberto Mancilla Herrera y exhorta a la sociedad y gobierno
chiapanecos a continuar los esfuerzos por lograr que la democracia con
justicia y seguridad se consolide.
Diputado Martín Ramos Castellanos (rúbrica)
El suscrito, diputado federal Marcos Matías Alonso,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
la consideración de esta soberanía la proposición
con punto de acuerdo.
Con profunda indignación vengo ante esta tribuna
teniendo presente las imágenes desgarradoras que ha presentado la
prensa nacional sobre el caso de la hermana mayor, Ernestina Asencio Rosario,
indígena nahua de 73 años de edad de la comunidad de Tetlalcingo,
municipio Soledad Atzompa de Veracruz, que el pasado 25 de febrero de este
año fue víctima de una violación tumultuaria a manos
de algunos malos integrantes del Ejército Mexicano que se encontraban
en las inmediaciones del lugar, supuestamente haciendo labores de patrullaje
contra el narcotráfico, el día en que fue atacada sexualmente
cuando esta humilde persona pastoreaba sus cabras en los montes aledaños.
Las diferentes instituciones que atendieron en las primeras
horas a la hoy occisa diagnosticaron esta violación de la que fue
objeto la señora Ernestina. El médico legista Juan Pablo
Mendizábal Pérez, quien practicó la primera necropsia
a la indígena Ernestina el pasado 26 de febrero, fue contundente
en su argumento pericial que diagnóstico una violación tumultuaria.
Sin embargo, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe
Calderón Hinojosa el pasado 13 de marzo sin que mediara pregunta
expresa sobre este caso declaró al periódico La Jornada,
antes de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que
Ernestina Ascencio Rosario había muerto víctima de una gastritis
crónica mal atendida que le había ocasionado una anemia aguda,
pretendiendo deslindar a priori a los malos elementos del Ejército
Mexicano que habían cometido esa barbaridad.
El ombusman José Luis Soberanes, presidente de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos semanas más
tarde, el 29 de marzo quiso confirmar que la mujer en referencia falleció
en consecuencia de una anemia aguda, y que después de la exhumación
que ellos habían solicitado, no se apreciaron lesiones a nivel de
cráneo, ni la existencia de desgarros en la región vaginal
y anal de la víctima. Pretendiendo con ello reforzar el dicho del
jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón Hinojosa.
Existen por lo menos tres dictámenes periciales
con opiniones de médicos legistas abismalmente distintos uno del
otro, que se contradicen abiertamente pues mientras que las primeras opiniones
médicas del forense y de los médicos del Hospital de Río
Blanco que la atendieron, dicen:
2. En el dictamen pericial del 26 de febrero de 2007,
que fue la primera necropsia realizada por el doctor Juan Pablo Mendizábal
Pérez, médico forense adscrito a la Dirección General
de Justicia de Veracruz de la ciudad de Orizaba, según su diagnóstico,
el fallecimiento ocurrió debido a las lesiones provocadas por la
agresión de la que fue víctima, producto de esta violación.
3. En el informe pericial del 12 de marzo de 2007, realizado
por el ministerio público investigador especializado en delitos
contra la libertad y la seguridad sexual de Orizaba, Veracruz, a solicitud
de peritos especializados adscritos a la Segunda Visitaduría de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tipo de peritaje:
examen de exhumación, en el que ratifican lo dicho por el Presidente
de la República y por el presidente de la Comisión de los
Derechos Humanos, antes de que se realizaran estos peritajes.
4. La opinión médica del doctor Adrián
Ramírez López, médico cirujano y partero con cédula
profesional 1396538, con estudios concluidos de maestría en atención
integral de salud social, quien posee una experiencia de 16 años
en atención a víctimas de la tortura y violaciones a los
derechos humanos, en certificación médica no jurisdiccional
y como perito médico particular de la defensa en diversos procesos
judiciales, autor de diversos trabajos e informes en relación con
la tortura; participante en los seminarios para la elaboración del
procedimiento modelo para el examen médico de las torturas y otros
abusos físicos, así como del seminario del protocolo modelo
para la investigación forense de muertes sospechosos de haberse
producido por violación a los derechos humanos pertenecientes ambos
a la primera fase del Programa de Cooperación Técnica en
Derechos Humanos entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y el gobierno de México, así como presidente
de la liga mexicana por la defensa de los derechos humanos, filial de la
Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH); a emitido
opinión contraria a los anteriores dictámenes periciales
que en su opinión médica expresa: Las condiciones físicas de edad, de salud y de
vida que corresponden a una mujer de más de 65 años e indígena,
como se dan en el presente caso, se vieron severamente agravadas por una
serie de eventos traumáticos agudos, que impactaron de manera grave
en la ya débil y frágil persona que en vida llevó
el nombre de Ernestina Ascencio Rosario. Por lo tanto, partiendo de los
informes periciales, no se puede atribuir su muerte a causas naturales
relacionadas con el estado de salud previo de la persona, constituyendo
éstos únicamente factores de mayor riesgo ante eventos traumáticos
agudos.
Es obvio que la señora Ernestina Ascencio Rosario
presentó daños a su salud de manera súbita que, de
acuerdo a los peritajes, son perfectamente compatibles y correspondientes
a los hechos denunciados de probable violación tumulturaria, basados
en los datos descritos.
Asimismo, tal evento traumático severo es capaz
de desencadenar como mecanismo productor directo un sangrado transrectal,
como el descrito en los informes periciales, y un cuadro severo de gastritis
hemorrágica aguda secundaria a estrés intenso, como se describe
en los dictámenes posmortem.
Se subraya que el sangrado de tubo digestivo alto, es
decir del estómago, tuvo una presentación súbita e
inmediata al hecho de la violación, puesto que se presentó
en la horas inmediatas, posterior al hecho. Tal afirmación se sostiene
con los hallazgos de las dos primeras revisiones médicas en las
que no se consigna la presencia de sangre semidigerida, es decir melena.
Y en las necropsias aparece de manera abundante, además de datos
francos de sangrado del estómago.
Incluso especulando que dicha paciente hubiera tenido
una historia previa de gastritis crónica (lo cual, repetimos, sería
incompatible con el cuadro descrito en los dictámenes periciales),
tal hecho no cobra relevancia puesto que esta circunstancia no es causa
de muerte por sí misma, sino que requiere de un factor desencadenante,
es decir, de haber existido antecedentes de gastritis o úlcera péptica
previa sólo sería una factor más de riesgo y no la
causa desencadenante.
El sangrado abundante del tubo digestivo produce una disminución
de la presesión sanguínea y éste, a su vez, un colapso
circulatorio que lleva al estado de choque, coma y finalmente la muerte.
No se trata de que la persona haya muerto por una gastritis
mal atendida, es decir, ella muere por un sangrado de tubo digestivo alto,
como consecuencia del estrés en el que el organismo aumenta la actividad
secretora de los líquidos gástricos, ácido clorhídrico
responsable de la lesión de la mucosa, es decir, del recubrimiento
interior del estómago y así se produce el sangrado.
Se descartan las causas derivadas de traumatismos craneoencefálicos
(como así se menciona en alguno de los dictámenes) o de fractura
de vértebras cervicales y la afectación de la médula
espinal, puesto que la evolución de las lesiones traumáticas
producen un cuadro clínico distinto y su evolución hasta
producir la muerte es diferente.
Flujograma de eventos: violación, estrés,
gastritis hemorrágica aguda, sangrado del tubo digestivo alto, anemia,
shock,
coma, muerte.
Opinión: con los elementos analizados en
la presente opinión, se establece fuertemente que, Ernestina Ascencio
Rosario, fue objeto de violación vaginal y anal, provocando además
un estrés intenso que le llevó a presentar una gastritis
hemorrágica aguda, es decir, acompañada con sangrado de tubo
digestivo alto, desencadenando un cuadro severo de anemia aguda, y las
consecuencias orgánicas, titulares y funcionales que la llevaron
a la muerte.
Por lo anterior, comparezco ante esta tribuna, la más
alta de la nación, desde donde los derechos humanos y libertades
fundamentales deben de quedar plenamente garantizados, para pedir el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que en virtud de que el descrédito
obtenido por el trabajo sucio que quiso asumir el señor José
Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, al tratar de ocultar los hechos ocurridos en torno a la violación
tumulturaria a manos de algunos malos elementos del Ejército Mexicano
contra quien en vida llevara el nombre de Ernestina Ascencio Rosario, por
tal razón exhortamos al Senado de la República para que retire
de inmediato de su cargo al ciudadano José Luis Soberanes.
Segundo. Se ordene el retiro inmediato de las Ejército
Mexicano de la sierra de Zongolica, Veracruz.
Tercero. Para contrarrestar el cuadro de pobreza
extrema en el que se debate esta región se solicita apoyo especial
para el desarrollo sustentable regional a través del financiamiento
a los proyectos productivos que ellos consideran prioritarios, así
como otras propuestas para el desarrollo regional que ellos propongan.
Cuarto. Que se constituya una comisión plural
de diputados con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos a la señora
Ernestina Ascencio Rosario, y sean castigados los culpables de la violación
tumultuaria, hasta lograr la justicia plena para los hermanos indígenas
de la sierra de Zongolica, Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril
de 2007.
Diputado Marcos Matías Alonso (rúbrica)
El que suscribe, diputado federal Modesto Brito González,
del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
integrante del LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete ante el Pleno de esta soberanía
al tenor de las al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Nuestro planeta, ubicado en el tercer
lugar del sistema solar, esta viviendo una de las trasformaciones más
importantes, producto de la actividad humana. México no está
ajeno a estas transformaciones. Lo que antes parecía un cuento de
ciencia ficción, es hoy una realidad. Se esta generando un cambio
en el clima que afecta la delgada capa de la biosfera planetaria de la
Tierra, que consiste en lo que científicos de diversas disciplinas
han denominado como "el cambio climático planetario", que de acuerdo
a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
se define como la afectación directa o indirecta de la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial
y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos
de tiempo comparables.
Estos mismos científicos de la ONU han advertido
que cada vez tendremos climas más extremosos y fenómenos
climáticos más intensos. En general, los veranos serán
más cálidos y los patrones de las lluvias se modificarán,
dando lugar a lluvias más intensas en algunas partes y lluvias menos
frecuentes en otras, aumentando así las sequías. También
se teme que las capas de hielo que actualmente permanecen en las partes
más frías del planeta, en los polos y en las montañas
más altas se vayan derritiendo, lo que aumentará el nivel
medio del mar, inundando permanentemente amplias zonas costeras.
Deducen los estudiosos que es fácil advertir las
consecuencias de estas transformaciones pues afectara de manera inmediata
la forma en que todos vivimos en nuestro planeta. La principal evidencia
es el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera terrestre,
con el nivel del mar y la disminución de la capa de nieve sobre
la superficie terrestre, y el calor de los océanos.
Señala la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático que nuestro clima en el planeta
depende de los equilibrios que existen entre las radiaciones que emite
el Sol y el efecto de la radiación térmica provocada en la
superficie de la Tierra; los efectos de estas combinaciones y flujos de
energía constantes en la rotación del planeta alrededor del
Sol se manifiestan como el "clima".
Es importante señalar que esta transformación
planetaria abre un nuevo tema de alerta para los políticos y los
estados, no es un asunto menor, los desafíos que se le presentan
la actual generación no debe ser abordado con instrumentos superficiales,
por el contrario se requiere una transformación de la conciencia
individual y colectiva que permita abordar integralmente y con responsabilidad
ante nuestro planeta esta nueva realidad, la que sin duda debe ser fomentada
desde la escuela elemental pública y privada así en los medios
de comunicación de modo de una promoción permanente.
Segunda. Que en octubre de 2006 fue presentado
en Londres, Inglaterra el famoso y relevante informe elaborado por el investigador
Nicolas Stern: sobre aspectos económicos del cambio climático
y medios para combatirlo; cuyo contenido y conclusiones destacan que al
ignorar el cambio climático puede ser desastroso además puede
tener consecuencias para la economía y crear 200 millones de refugiados,
para mediados del presente siglo, como consecuencia del incremento en el
nivel medio del mar, inundaciones y sequías. También resalta
que los países más pobres serán los primeros y los
más afectados por el cambio climático. Calcula que las pérdidas
económicas por los desastres que desencadene el desequilibrio ambiental
podrían ser mayores a las de las guerras mundiales juntas, es decir,
entre 5 y 20 por ciento del producto interno bruto mundial. Pero si los
gobiernos actúan a tiempo los costos se pueden reducir hasta en
80 por ciento.
Por otro lado, el 30 de enero del presente año,
en el periódico Excélsior dice que el secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada aseguró
que en dos meses ya tendrá el estudio sobre los impactos del cambio
climático en la agricultura de México, lo que permitirá
que el gobierno localice las zonas prioritarias a atender. Esta afirmación
se produjo como respuesta, entre otras cosas, a la presentación
del mencionado informe.
Sin embargo, hasta este momento en nuestra nación,
se desconoce la existencia de una política integral que anticipe
los efectos del cambio climático en el país y en especial
la zona costera del Pacífico, esto implica que al no existir el
mencionado plan de contingencia se requiere diseñarlo y que su aplicación
sea viable y efectiva, que rebase estrictamente las acciones propagandísticas
e incluya la participación ciudadana, objetivos, proyecciones, cultura
de anticipación, acciones y metas, pues la vida, integridad y bienes
de millones de mexicanos están en juego.
Tercera. Que el cambio climático es una
realidad de nuestro tiempo y que es indispensable anticipar los efectos
de este en nuestro país, sobre todo, en las zonas que previsiblemente
serán las más afectadas en términos sociales y económicos.
Que al ignorar esta realidad se provoca una ausencia de
conciencia colectiva sobre la importancia de nuestro planeta y sus transformaciones,
así como de la responsabilidad de gobiernos ante este nuevo fenómeno
que requieren atención inmediata.
Además, el cambio climático produce efectos
en la salud humana pudiendo ser afectada por sus acciones.
La manifestación de los impactos negativos a la
salud humana pueden generarse como efecto de olas de calor, aumento de
la contaminación, aumento en la temperatura del clima provocando
sequías e inundaciones. La transformación climática
genera las condiciones para el desarrollo de agentes infecciosos, como
virus bacterias y parásitos.
Por cierto, investigadores del fenómeno señalan
que es fácil predecir que el calentamiento global provocará
transmisión de enfermedades como el dengue y la malaria a mayores
altitudes y latitudes de las costas. Esto en las masas continentales.
Cuarta. Aunado a esto, regiones de la nación
como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco se encuentran
en la zona que especialistas han determinado como de alto riesgo ante la
posibilidad de ser afectadas por un tsunami que literalmente significa
tsu "puerto" y nami "ola" o "maremoto". Asimismo, que en la
zona del Pacífico desde Baja California a Chiapas existen más
de 800 poblaciones desde ciudades, puertos, pueblos, villas, pequeños
embarcaderos, etcétera. Se le aúna a ello que no existe una
cultura colectiva de seguridad y prevención.
Que actualmente no existe un sistema de alerta temprana
de prevención o de rápida evacuación, ni un programa
que considere los riesgos, entre otros, del cambio climático y sus
efectos en la costa del Pacífico, como de la acción de un
tsunami, dado que en esta costa se generan la mayoría de los sismos
que producen tsunamis provocados por el choque de las placas oceánicas
de Cocos y Rivera con la placa continental de norteamérica conocida
como "la fosa mesoamericana".
Por ejemplo, y de acuerdo a una investigación de
la especialista y antropóloga social, Graciela Alcalá, en
Acapulco se ha documentado la llegada de tres maremotos en la época
colonial, cinco en el siglo XIX y 22 en el XX.
El riesgo esta latente y se convierte en tarea del Estado
diseñar la política de prevención y seguridad física
de los habitantes de las costas mexicanas.
Por cierto, en el mundo se pronuncian diversos líderes
de opinión ante esta realidad; para algunos pudiera ser un discurso
de oportunismo político, quedando este argumento rebasado por el
fenómeno del cambio climático, que es un nuevo reto ante
el que se enfrenta la raza humana. Uno de los avisos relevantes es del
ex vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore, en el documental Una verdad
inconveniente, en el que señala lo que estamos afirmando: no habrá
país exento del daño que provocará la subida de los
mares y océanos generando nuevas migraciones y tensiones políticas.
En este sentido el catedrático Salvador Farreras,
del Centro de Investigación Científica de Educación
Superior y especialista en estudios de los maremotos y tsunamis, afirmó
en entrevista del periódico La Jornada que como producto del maremoto
ocurrido el 26 de diciembre de 2004, en Asia se constato que este fenómeno
abarco las costas mexicanas ya que 14 horas después del sismo en
Asia se comprobó un incremento de 80 centímetros en el oleaje
del puerto de Manzanillo, pues la onda de expansión viajó
por todo el Pacífico hasta las costas de Canadá. Este mismo
investigador recomienda la construcción de una red de alerta temprana
de tsunamis y maremotos, que se amplíe la red de sismógrafos
que opera actualmente y a estos se les incluya sensores de nivel de mar.
Además de que dichos sensores se construyen en México. También
es necesario el diseño de programas de evacuación y mapas
de riesgo. Adicionado a ello se requiere la formación de una capacitación
del personal de protección civil y del población del Pacífico.
El mismo especialista informó que a pesar de que
los tsunamis, no suelen penetrar en tierra firme más allá
de un kilómetro de la línea costera, el caso de Asia nos
deja claro que esto no necesariamente se puede aplicar a todos los maremotos,
por lo que la posibilidad de salvar la vida de miles de personas y limitar
los daños materiales dependerá en gran medida de la capacidad
de reacción que tenga la ciudadanía y de las medidas de prevención
que se puedan aplicar.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, las personas
que son sorprendidas por un tsunami, dado que estos son inevitables,
no tienen posibilidades de salvarse.
Asimismo, y debido al continuo aumento de población
en las costas, el riesgo aumenta, en tal sentido se deben tomar medidas,
que establezcan los sistemas de prevención y alerta en las zonas
costeras.
Para los investigadores se piensa que el principal mecanismo
capaz de generar tsunamis de mayor tamaño como el de Asia, son los
dislocamientos tectónicos acompañados de desplazamientos
de grandes extensiones del fondo del océano, producidos por terremotos
cuyo hipocentro está situado en el basamento marino. Estos desplazamientos,
que según parece tienen una substancial componente vertical, están
provocados por un movimiento de tipo pistón de los fondos marinos.
De acuerdo con esta teoría, en el curso de terremotos oceánicos
de gran magnitud es posible que se produzcan desplazamientos rápidos
ascendentes y descendentes, que pueden ocasionar modificaciones bruscas
del fondo del océano y que desequilibran la columna de agua que
tiene encima generando ondas solitarias que se propagan al exterior de
la fuente del tsunami. Pudiendo alcanzar olas de 30 metros de altura. Existiendo
unos efectos anteriores de la llegada del tsunami y conocerlos puede salvar
la vida de muchas personas, señalan los investigadores que el más
común y llamativo es la retirada del agua de la costa centenares
de metros a modo de una rápida marea baja, como consecuencia del
desequilibrio que se ha originado en la fuente con el desplazamiento vertical
de una parte importante del fondo marino ocasionado por un terremoto. Desde
entonces hasta que llega la ola principal pueden pasar entre cinco y diez
minutos, tiempo posible para escapar a toda velocidad hacia los lugares
más elevados. Dicen testimonios que se vieron rápidas y sucesivas
mareas bajas y altas, luego el mar se retiró por completo y sólo
se sintió el estruendo atronador de la ola que venía. En
el tsunami de Indonesia, una niña inglesa que había estudiado
este fenómeno en el colegio alertó a las personas que estaban
en la playa y así pudieron ponerse a salvo.1,2,3
Quinto. Que a partir de 1950 se establecieron sistemas
regionales de alerta y aviso contra los tsunamis en Japón, Estados
Unidos y la URSS. Hoy en día existen también sistemas de
alerta y aviso de tsunamis de ámbito regional en Alaska y Hawai.
El sistema de alerta de tsunamis norteamericano surgió
a raíz de la catástrofe. Este Centro de Prevención
de Tsunamis en el Pacífico (Pacific Tsunami Warning Center,) se
estableció en 1949 y actualmente constituye un Sistema Internacional
del que forman parte todos los países ribereños del Pacífico
y cuyo centro se encuentra en Honolulú. Presta servicio a 26 naciones,
y dispone de unos sensores submarinos que miden las olas y de balizas en
la superficie que transmiten datos vía satélite al centro.1,2,3
Que el Banco Mundial ha otorgado millones de dólares
al gobierno mexicano para atender el cambio climático.
Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración
de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Uno. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría
de Educación Pública a incluir en los libros de texto gratuito
la descripción y acciones de prevención producto del cambio
climático y añadiendo la elaboración e integración
de la cultura de la prevención, ante el fenómeno mundial
del cambio climático en dichos textos.
Dos. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación,
Defensa Nacional, Marina, Educación Publica, la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Politécnico Nacional, el Instituto
Nacional de Ecología, a la Comisión Intersecretarial para
el Cambio Climático, gobiernos estatales y municipales a que se
diseñen los mecanismo y programas de prevención, participación
y atención para los efectos del cambio climático en la costa
del Pacífico sugiriendo una propuesta presupuestal para el plan
general de prevención en el año fiscal de 2008 e informando
a esta honorable asamblea de las acciones realizadas.
Se solicita respetuosamente sea turnado este punto de
acuerdo a las comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina,
Educación, y Medio Ambiente, y Especial de Estudios Prospectivos
de México.
Notas:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril
de 2007.
Diputado Modesto Brito González (rúbrica)
El que suscribe, Mario Enrique del Toro, diputado federal
de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado
en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración
de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La devoción a los valores que han cimentado al
Estado mexicano es una labor cotidiana, que debemos cumplir con un inquebrantable
espíritu patriótico. El respeto a la dignidad humana representa
una valía inalienable para cualquier régimen democrático,
y es responsabilidad del Estado y sus instituciones velar por su irrestricta
obediencia.
Nuestro país ha sufrido modificaciones sociales
radicales, acordes con la globalizada realidad y la explosión de
la comunicación en la era de la información y el conocimiento.
Bajo esta perspectiva debemos adecuarnos a la vorágine contemporánea
sin trastocar los principios generadores de una cohesión nacional
histórica.
Actualmente nos enfrentamos al desenfrenado crecimiento
de industrias que ponen en riesgo aspectos tan fundamentales como la formación
de nuestra niñez, y que afectan de sobremanera a la institución
básica de nuestra sociedad, la familia. Una de estas industrias
consideradas para adultos es la pornografía.
El diccionario de la lengua española define pornografía
como "carácter obsceno de obras literarias o artísticas".
Es la industria del sexo, la que produce y vende material de contenido
sexual explícito; si bien, es cierto que este es un negocio perfectamente
lícito y reglamentado, también es cierto que existen algunas
lagunas en materia regulatoria, específicamente en lo concerniente
a su distribución y comercialización. De ordinario es encontrar
este tipo de material al alcance de la mano de menores de edad, los cuales
además, lo pueden adquirir sin muchos obstáculos, y esto
sucede a lo largo y ancho de nuestro país, encontrado especial preeminencia
en las concentraciones urbanas. Nuestros niños y jóvenes
tienen acceso directo y sin restricciones a material pornográfico
en los propios puestos expendedores de periódicos, lo que denigra
la condición y la naturaleza humana.
Es importante destacar que con esta medida no se pretende
adoptar una posición moralista al respecto; más bien se busca
optar por una perspectiva enfocada al respeto de la ley, la cual restringe
este tipo de contenidos a personas menores de edad.
En nuestro país el tema adquiere diversas vertientes,
pues aunado a ello, nos encontramos ante el hecho de que gran cantidad
del material de este tipo que se exhibe libremente en las calles, es material
apócrifo, denominado tradicionalmente "pirata" ello nos lleva a
desvirtuar la discusión para llevarla al ámbito de lo federal.
Debemos diferenciar ambas cosas, la federación tendrá sus
respectivas obligaciones con respecto al combate a los delitos en contra
de la propiedad intelectual; sin embargo es menester de los ayuntamientos
regular la exhibición de dichos materiales, tales como portadas
de películas, libros, revistas etcétera los cuales sólo
deben estar al alcance de quienes son legalmente aptos para su adquisición.
Otro factor a consideración para optar por esta
medida es el bajo nivel de educación sexual existente en nuestro
país, y al hecho de la existencia de añejos tabúes
en esta materia, lo cual orilla a niños y jóvenes a buscar
información de cualquier índole, y en su mayoría obtienen
información errónea, confusa, o en algunos casos falsa. La
industria de la pornografía mal encaminada, abona a hacer más
grandes las confusiones entre los niños y jóvenes de nuestro
país, y fomenta en cierta medida la continuidad de la mala educación
y la persistencia de los tabúes sociales.
La exhibición de material pornográfico no
puede ser reducida meramente al aspecto de la proyección de alguna
película, o la presentación de alguna publicación;
debemos de considerarla también al momento de la comercialización
mediante gráficas explícitas por medio de las cuales se accede
a las imágenes sin restricción alguna, violentando preceptos
preestablecidos.
El Estado debe proteger y encaminar al desarrollo de la
niñez, y lo debe hacer en un marco de respeto a la dignidad de la
condición humana, fomentando la educación y la formación
adecuada, apegada a la divulgación de información sexual
por canales conducentes, evitado a toda costa eventos que se traduzcan
en un mayor desgaste del tejido social.
La modernidad nos debe hacer crecer como país y
como sociedad, el acceso a toda clase de información nos debe procurar
una mejora; sin embargo, nada de ello tendrá validez, en tanto atente
contra la legalidad, y el orden social en que vivimos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración
de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión exhorta a los ayuntamientos para
que en el marco de sus atribuciones restrinjan la exhibición pública
de material pornográfico.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril
de 2007.
Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica)
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La zona arqueológica de Teotihuacán es una
zona de gran valor histórico cultural de México, reconocida
a nivel nacional e internacional. Se sitúa en el estado de México.
Teotihuacán, que en náhuatl significa
"la Ciudad de los Dioses" o "el lugar donde se hacen los dioses" es considerado
uno de los lugares más impresionantes de la República Mexicana,
sitio donde los conocimientos espirituales y materiales de los pueblos
mesoamericanos generaron la más alta expresión arquitectónica,
urbanística y artística del continente.
La riqueza de la zona está plenamente reconocida.
Estudios arqueológicos han mostrado que Teotihuacán era,
600 años a.C., una aldea que comenzó a elaborar objetos de
piedra pedernal obtenida de la zona. El excedente de ese producto permitió
un intercambio con otras regiones y, posteriormente, establecer un eficiente
comercio y agricultura planificada a partir del siglo II a.C.
Los pobladores de Teotihuacán aportaron su filosofía
y conocimiento en la elaboración de joyas, vasijas y herramientas,
lo que generó una efervescencia cultural y comercial, que llevó
a que la influencia de Teotihuacán se extendiera a toda Mesoamérica.
La zona ceremonial de Teotihuacán estaba rodeada
por una gran concentración urbana que, según los investigadores,
tenía en su momento de apogeo entre 125 mil y 250 mil habitantes,
y ocupaba unos 20 kilómetros cuadrados. Era una de las cinco ciudades
más pobladas en el mundo de la época.
Los conocimientos desarrollados por esta cultura preclásica
se concentraron en torno del centro político y religioso de Teotihuacán,
que duraría hasta el siglo IX de nuestra era.
Como muestra del alto grado de civilización que
alcanzó esta cultura, perduran algunas de las edificaciones prehispánicas
más impresionantes del mundo. La Pirámide del Sol (la segunda
más grande de México), la Pirámide de la Luna, el
Templo de Quetzalcóatl, entre otros, todos alineados alrededor de
una gran avenida de más de 2 kilómetros que se ha denominado
"La Calle de los Muertos", debido al gran número de pequeñas
pirámides que se encuentran a su paso, lo que hizo creer a los primeros
arqueólogos de la zona que se trataba de mausoleos.
De igual forma, en esta zona arqueológica se conservan
murales que narran la cultura y forma de vida de esos pueblos. Su existencia
estuvo regida por profundas convicciones religiosas y normas de vida en
torno de los ciclos de la naturaleza, la siembra, la cosecha, la lluvia
y una cosmogonía de estrechas relaciones fenomenológicas
cuya expresión calendárica y astronómica se reflejó
en la construcción de la ciudad.
Justamente en esto radican su esplendor y riqueza que,
a diferencia de las pirámides de Egipto, son escalonadas y se dividen
en cuerpos horizontales para servir de plataforma a un templo. Estos niveles
son además elementos simbólicos de los supramundos a manera
de una montaña metafísica. Sin dejar de ser emulación
de los cerros (morada del agua), las pirámides teotihuacanas hacen
de su silueta un sello de taludes y tableros que se repiten a manera de
cantos sagrados.
El sentido vertical lo complementan su base cuadrangular
y su posición precisa respecto al trayecto de los astros. En efecto,
la orientación de la Pirámide del Sol tiene una inclinación
de 17° de la dirección del polo terrestre, lo que apunta hacia
el polo magnético y permite al Sol coincidir en el Cenit del centro
de la pirámide el 20 de mayo y 18 de junio. Son más las características
astronómicas de ésta y otras pirámides mesoamericanas,
pero en el caso de Teotihuacán, el conjunto de templos y edificios
rodeado por una urbe mimetizada de campo crea un espacio magnífico
que permite establecer vínculos olvidados entre el hombre y la naturaleza.
Por todo lo anterior, son evidentes el esplendor y riqueza
de la zona arqueológica de Teotihuacán, la cual recibe alrededor
de 1.3 millones de visitas anuales. Sin embargo, su potencial no ha sido
aprovechado convenientemente. Las pirámides de Egipto reciben 9.6
millones de visitantes anuales.
Es necesario que a través de la Secretaría
de Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México
se rescate y realice una adecuada promoción del sitio que, además
de toda su riqueza, representa orgullo regional, histórico y nacional.
Por ello considero fundamental que se establezca como icono de nuestro
esplendor en la cultura mexicana. Ante ello se debe denominar la zona arqueológica
como las "Pirámides de México".
Por lo expuesto, se somete a la consideración del
Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Por el que se exhorta a la Secretaría
de Turismo para que a través del Consejo de Promoción Turística
de México, realice una campaña permanente de promoción
de la zona arqueológica de Teotihuacán como las "Pirámides
de México".
Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2007.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
El que suscribe, Mario Enrique del Toro, diputado federal
de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado
en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración
de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Vivimos en la era del conocimiento y la información,
el uso de las tecnologías de la comunicación es una herramienta
recurrente en la vida cotidiana. Los avances tecnológicos han rebasado
nuestra capacidad de normarlos, por tanto, es trascendental regular el
uso, y evitar los abusos que amasen grandes fortunas a costa de los usuarios
de estos servicios.
El uso de la telefonía móvil es el segmento
de mayor crecimiento y penetración social en cuanto a las tecnologías
de la información, y la comunicación. En los últimos
años la modificación a diversas regulaciones ha generado
que el mercado de usuarios de telefonía móvil se desarrolle
de manera exponencial, dejando atrás su calidad de artículo
suntuario, para transformarse en un servicio de uso común.
No podemos estar en contra de los diversos avances técnicos;
sin embargo, es nuestra obligación generar un marco normativo acorde
a dichos avances, y respetando siempre el criterio de protección
al usuario final.
La Ley Federal de Telecomunicaciones, en su artículo
4o. establece claramente que tanto el espectro radioeléctrico, las
redes de telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía
satélite son vías generales de comunicación, y por
tanto, patrimonio de todos los mexicanos. Si bien es cierto que debemos
ser respetuosos de la inversión privada en materia de uso y aprovechamiento,
también debemos de proyectar un marco normativo acorde con la realidad
del país, en el cual se mantenga un espíritu de protección
al usuario, por encima del interés comercial. De la misma forma,
el artículo 7o. de la Ley de Mérito establece como sus objetivos
el promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer
la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía
nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores
de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten
con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios,
y promover una adecuada cobertura social. Desafortunadamente, esta perspectiva
retórica encuentra ciertos vicios en el quehacer cotidiano.
El panorama actual presenta una serie de importantes retos,
ante los cuales, el Estado deberá respetar los valores que lo han
formado, y velar por los intereses del eslabón más débil
en la cadena de las telecomunicaciones, el usuario.
Es menester regular el trabajo de los proveedores del
servicio de telefonía celular de manera tal que no se vea afectados
los millones de usuarios de sus servicios, y que al contrario, estas regulaciones
se traduzcan en un mayor y mejor uso de las mismas.
En este momento, las empresas concesionadas que proveen
el servicio de telefonía móvil presentan diversas tarifas
por un mismo servicio; dichas tarifas tienen variaciones de acuerdo a criterios
comerciales, de contratación, lealtad a la marca, horarios, etcétera;
esta situación va en detrimento de los usuarios porque generan confusión
y una desigualdad de aprovechamiento de elementos constitutivos del patrimonio
nacional, por tanto la homologación de tarifas en beneficio del
usuario, es una medida generadora de confianza, y que devuelve certidumbre
sobre el uso y aprovechamiento de las telecomunicaciones.
En la actualidad, en la mayoría de los países
donde se ofrece la telefonía móvil, las marcaciones se dan
sólo con el número y la clave de ciudad a la que correspondan,
lo que facilita el uso del servicio en todas las modalidades, por lo que
debe considerarse la eliminación de los prefijos 044 y 045, inscribiendo
en el cuerpo de los contratos correspondientes la aceptación expresa
de los usuarios del servicio en su modalidad el que llama paga, con esto
se tendrá un ahorro en el tiempo de marcación, evitándose
confusiones y permitiendo una mejor calidad del servicio.
Otro elemento importante que merece una regulación
más estricta es el servicio de grabación de mensajes de voz,
en los cuales, prácticamente se obliga al usuario a mantenerse al
teléfono, mientras se le hace escuchar un menú de opciones
para la grabación de su mensaje y la obligación de marcado
de claves personales para la recuperación de los mismos, impactando
en el uso de tiempo aire y sus costes correspondientes, por lo que deben
de simplificar el uso de estos servicios haciéndolo optativos para
aquellos que así lo requieran.
La creciente inseguridad en nuestro país nos obliga
a tomar medidas integrales que nos permitan acotar la capacidad de maniobra
de los delincuentes, por lo tanto es necesario hacer exigible a todo contratante
de los servicios de telefonía celular, la exhibición de la
credencial de elector original y dejar en poder del distribuidor la copia
correspondiente, los cuales, a su vez deben obligarse a mantener dicha
información disponible hasta por un año para que en su caso
se puedan tener las referencias correspondientes.
Todo régimen democrático debe tener una
profunda vocación de aprovechamiento máximo de sus recursos,
y jamás en detrimento de sus ciudadanos, la comunicación
es un derecho elemental, y debemos de aprovechar los elementos tecnológicos
para hacer más cortas las distancias, no más grandes las
diferencias.
Con base en lo anteriormente expuesto, someto a consideración
de esta honorable asamblea el presente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión exhorta al pleno de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), a llevar a cabo las acciones necesarias
para que los proveedores de servicio de telefonía móvil homologuen
las tarifas de sus diversos planes comerciales, sin perjuicio alguno para
los usuarios de su servicios, sea regulado el servicio de grabación
de mensajes de voz, a fin de hacer optativo su uso, en la medida de lo
posible se eliminen los prefijos 044 y 045, y se obligue a la identificación
precisa de los contratantes de estos servicios.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril
de 2007.
Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA STPS A VIGILAR Y AGILIZAR, A TRAVÉS DE LA JUNTA
FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, LA LIQUIDACIÓN FALTANTE
A EX FERROCARRILEROS ADSCRITOS AL EXPEDIENTE 66/99, A CARGO DEL DIPUTADO
CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA SE PRONUNCIA A FAVOR DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS
POR EL GOBIERNO DE CHIAPAS PARA ESCLARECER LOS HOMICIDIOS DE PERIODISTAS,
A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN RAMOS CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A REMOVER AL PRESIDENTE DE
LA CNDH, COMO CONSECUENCIA DE LO OCURRIDO EN ZONGOLICA, VERACRUZ, A CARGO
DEL DIPUTADO MARCOS MATÍAS ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COSTA DEL PACÍFICO, A CARGO DEL
DIPUTADO MODESTO BRITO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
1. Tomado de BBC Mundo, Cambio climático global.
Efecto invernadero.
2. Adaptado de revista de cambio climático, Baede,
APM, Ahlonsou, E., Ding, Y., Schimel, D. (2001), The climate system: an
overview. En: Climate change 2001: The scientific basis. Contribution of
working group I to the third assessment report of the intergovernmental
panel on climate change. (Houghton, J.T.,Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer.
3. Jaramillo, Víctor J., El ciclo global del carbono,
Cambio climático: una visión desde México, INE, 2004.
4. Adaptado de: IPCC, Cambio climático 2001: Impactos,
adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de políticas.
Ginebra, Suiza.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS DEL PAÍS A RESTRINGIR LA EXHIBICIÓN
PÚBLICA DE MATERIAL PORNOGRÁFICO, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO
ENRIQUE DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECTUR A REALIZAR, A TRAVÉS DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA, UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PERMANENTE SOBRE
TEOTIHUACAN, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COFETEL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS
PROVEEDORES DE TELEFONÍA MÓVIL HOMOLOGUEN LAS TARIFAS DE
SUS PLANES DE SERVICIO, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ENRIQUE DEL TORO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de esta Cámara a la Junta de Coordinación Política para que integre la mesa de diálogo para la solución del conflicto laboral que existe entre el INEGI y trabajadores despedidos injustificadamente por este instituto, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 13 de marzo de 2007, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se dio cuenta con la proposición de punto de acuerdo solicitando que se instalara una mesa de diálogo entre la Secretaría de Gobernación, una comitiva del Congreso de la Unión y autoridades del INEGI para solucionar el conflicto laboral de dicho instituto.
II. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó el referido punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política para su estudio y aprobación del acuerdo según el caso.
III. Con fecha 26 de marzo de 2007, la Junta de Coordinación Política realizó su sesión, en la cual se acordó que se instalara la mesa de negociación referida con un diputado por cada grupo parlamentario.
Consideraciones
Con relación a la problemática que enfrentan los trabajadores despedidos por el INEGI de unos años a la fecha y no haber todavía una solución por parte de las autoridades responsables, Convergencia se ha pronunciado en diversas ocasiones en favor de buscar una inmediata salida a esta problemática.
El tema principal del punto de acuerdo es que se instale una mesa de diálogo entre la Secretaría de Gobernación, una comisión especial por parte del Congreso de la Unión y autoridades del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con el fin de buscar la inmediata solución del conflicto laboral que existe entre el INEGI y trabajadores despedidos injustificadamente por ese instituto.
También, que en la mesa de diálogo se trataran asuntos de trascendencia para las partes, como la reinstalación de los trabajadores o una justa liquidación, en el caso de los que ya no puedan ser reinstalados; el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores y su calificativo como trabajadores de base; asimismo, que la Secretaría de la Función Publica sea la encargada de la vigilancia de los recursos que se otorguen al INEGI y obligar al mismo instituto a cumplir la ley y los laudos emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Así, pues, tras haberse turnado este punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política, ésta, en sesión de fecha de fecha 26 de marzo de 2007, acuerda que se instale la mesa de diálogo, con ocho diputados, uno de cada fracción parlamentaria del Congreso para trabajar sobre el tema.
Es el momento en que ningún grupo parlamentario ha designado a su representante en esta mesa, lo cual consideramos una falta de compromiso e incumplimiento de sus obligaciones como representantes populares y no observar un acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política.
Por todo lo expuesto, solicito a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva:
Único. Que la honorable Cámara de Diputados excite a la Junta de Coordinación Política para que integre la mesa de diálogo para la solución del conflicto laboral que existe entre el INEGI y trabajadores despedidos injustificadamente por este instituto, en términos del Reglamento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 abril de 2007.
Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ALTERNATIVA
La suscrita, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, legisladora federal integrante del grupo parlamentario del Alternativa de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, propone a esta presidencia que formule excitativa a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca de la iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 71, deroga el artículo 123 y reforma el artículo 128 de la Ley General de Población, en materia de tratamiento a migrantes en la frontera sur del país.
Antecedentes
I. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 12 de abril de 2007, el diputado Alejandro Chanona Burguete presentó al Pleno de esta soberanía una iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 71, deroga el artículo 123 y reforma el artículo 128 de la Ley General de Población, en materia de tratamiento a migrantes en la frontera sur del país.
II. La iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para su dictamen, mismo que a la fecha no ha sido presentado, por lo que me presento ante esta soberanía para expresar las siguientes
Consideraciones
Primero. Los pasados días 18, 19 y 20 de abril del año en curso asistí, en mi calidad de integrante del Parlamento Centroamericano, a la sesión celebrada en Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Segundo. Entre los puntos abordados en dicha conferencia es de primordial importancia señalar el que motiva y funda la presente excitativa, relativa al dictamen de la Comisión de Paz, Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Grupos Étnicos del Parlamento Centroamericano, el que dictamina las iniciativas siguientes:
AP/777-185/2006 "Exhortar a los gobiernos de Estados Unidos de América y de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana a la búsqueda de soluciones integrales al fenómeno migratorio"; y
AP/792-188/2007 "Exhortación a la Cámara de Representantes del Congreso, al Senado y al gobierno de Estados Unidos de América para limitar las medidas de fuerza y lograr una repatriación ordenada, digna, legal y segura de todos los inmigrantes que se encuentran indocumentados en ese territorio y que son ciudadanos de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana"
6) Proponer a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, al movimiento organizado de inmigrantes en los Estados Unidos, la realización de una campaña conjunta con el Parlamento Centroamericano de recolección de firmas y envío de cartas al gobierno, al Congreso y al Senado de los Estados Unidos de Norteamérica y México solicitando la implementación de una reforma migratoria integral que otorgue la residencia permanente a los millones de familias de los países miembros del Sistema de la integración Centroamericana asentados en ese país.
Quinto. En la frontera sur mexicana se reproducen, a veces con mayor crueldad, los esquemas de maltrato que en Estados Unidos viven nuestros connacionales. El tema toma tintes de alarma toda vez que con mayor frecuencia son menores de edad quienes intentan cruzar la frontera. El trato denigrante no tiene distinciones, el hacinamiento y el maltrato son iguales para hombres, mujeres o niños; aún más, las mujeres son especialmente vulnerables, toda vez que suelen ser sujetas de hostigamiento sexual o pueden encontrarse embarazadas.
Sexto. Es obligación del estado mexicano promover la protección y defensa de los derechos humanos, el trato digno, la libertad y el respeto para toda persona que se encuentre en territorio nacional, en la calidad que sea; no sólo porque eso exigimos del gobierno de Estados Unidos para los mexicanos migrantes, sino porque esa es una práctica que México ha defendido por décadas.
Séptimo. Cada vez con mayor intensidad México actualiza su marco jurídico internacional a través de la suscripción de tratados y convenciones mediante los cuales asume compromisos. En materia migratoria no sólo firmó la Declaración de los Derechos Humanos y el Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, sino más específicamente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Octavo. El pasado 20 de febrero del presente año, esta soberanía se pronunció firmemente al respecto, mediante la presentación y posicionamiento en tribuna por parte de todos los grupos parlamentarios, respecto al "acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la protección de los derechos humanos en relación a las deportaciones masivas de trabajadores migratorios que transitan o trabajan dentro del territorio nacional", acordando lo siguiente:
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, especialmente al secretario de Gobernación, para que se decrete una moratoria suspensiva a los operativos de deportaciones masivas en contra de los trabajadores indocumentados que transitan o trabajan en nuestro territorio nacional, para garantizar plenamente el respeto a los derechos que se contemplan en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y de la cual nuestro país es parte firmante.
Segundo. Solicitar la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de Migración ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con el propósito de que informe de los objetivos, avances y resultados de los programas relacionados con el fenómeno migratorio y comuniquen de la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados en territorio nacional.
Tercero. El Pleno de la Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para que forme un grupo de trabajo y que en conferencia, de manera inmediata, inicien el análisis de las reformas legales que se requieran para garantizar el respeto pleno a los derechos que se contemplan en la Convención antes mencionada.
Noveno. Es imperioso que México cumpla sus compromisos internacionales, pero es más necesario aún que ésta instancia legislativa realice las tareas que le corresponde, con premura y un alto grado de responsabilidad, para que sean las leyes las que les ofrezcan tanto a autoridades como individuos, las herramientas necesarias para exigir el respeto a los derechos humanos que les asisten.
Por lo anteriormente expuesto, a usted ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de abril de 2006.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
El próximo jueves 3 de mayo de 2007 se festeja el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Si en este momento les preguntáramos a los compañeros periodistas y comunicadores si hay algo que festejar en México a ese respecto, seguramente la respuesta comenzaría por ser dubitativa, sino es que de total descontento.
Porque hoy México se ha convertido en zona minada para el ejercicio del oficio periodístico. Nuestro país está considerado por Amnistía Internacional, entre otras organizaciones que se ocupan de la defensa de los Derechos Humanos, como un territorio que sin estar sufriendo una guerra de intervención, como es el caso de Irak, es el segundo país más peligroso para los trabajadores de la prensa.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Convergencia, al finalizar este periodo ordinario de sesiones de la honorable Cámara de Diputados quiere rendir un sencillo homenaje a nuestros compañeros periodistas. No solamente a quienes laboran aquí en este recinto, sino a todos aquellos de la brega diaria en los campos que hoy se han convertido en tierra de nadie para el trabajo reporteril.
Solamente en lo que va del año 2000 a la fecha, han sido asesinados 34 periodistas mexicanos y un estadounidense. Parece además, que ese récord nefasto del gobierno de Vicente Fox se va a romper en este nuevo sexenio. Este lunes 23 de abril apenas, se descubrió el cadáver abandonado del periodista sonorense, Saúl Noé Martínez Ortega, tirado en un camino de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, luego de haber sido ‘levantado’ en Sonora.
Van 20 días ya del asesinato por la espalda del corresponsal de Televisa, en el estado de Guerrero, Amado Ramírez, y aún no se ha aclarado ese crimen, aunque existan presos arraigados dos presuntos criminales.
El lunes 23 durante el aniversario de la Unión de Voceadores de México, en el DF el Ejecutivo declaró que él respeta y respetará el libre ejercicio de los periodistas.
Habrá que recordar que esa declaración no tendría razón de ser, sino hubiera el clima de terror que la delincuencia organizada –y quienes desde el poder político, y, económico, así como los poderes de facto–, se aprovechan del río revuelto para intentar callar al mensajero, porque gracias a las luchas del pueblo mexicano por su emancipación, es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la plena libertad de pensamiento y de expresión, las cuales refuerzan la irrestricta libertad de prensa.
Por lo tanto, a mi juicio y a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia, queremos traer este reconocimiento sociopolítico y cultural al trabajo profesional de los periodistas mexicanos, quienes deben ser protegidos por el Estado, justamente para que nadie pueda castrar la voz del pueblo, que ellos con su oficio significan.
Queremos ratificar que sin el libre ejercicio del pensamiento y su expresión a través del profesionalismo de los medios de comunicación, ninguna obra política trasciende.
Aunque con esta brevedad hemos querido traer hasta esta tribuna de la República, nuestra solidaridad legislativa, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido, para reconocer el alto significado del oficio de la prensa en el siglo XXI, con la finalidad además de que sepan que este clima de violencia contra su libertad, no nos es ajeno. Muchas gracias.
Diputado Ramón Valdés Chávez (rúbrica)