El que suscribe diputado federal Armando Enríquez Flores perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de ésta soberanía, con carácter de urgente resolución, una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se establezca una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República en contra del ex gobernador del estado de México Arturo Montiel Rojas.
Consideraciones
Primera. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Segunda. Por su parte el artículo 42 del ordenamiento legal que se invoca, establece que el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiéndose establecer en el acuerdo que las establezca, el objeto, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado y cumplido su objetivo se extinguirán.
Tercera. En términos de lo establecido por el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara nombrará las comisiones especiales que crea convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.
Antecedentes
I. El licenciado Arturo Montiel Rojas se desempeñó como gobernador constitucional del estado de México de 1999 a 2005 y meses después fue electo como precandidato a la Presidencia de la República por parte de la corriente Unidad Democrática del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo declinó a dicha aspiración a consecuencia del escándalo que provocaron las acusaciones que por los delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito se hicieron en su contra, sustentado en la posesión de diversas propiedades de muy alto lujo en México, Francia y España y el hallazgo de cuentas millonarias a su nombre y de sus progenitores en México y otros países.
El periodista Víctor Trujillo en su programa "El cristal con que se mira" presentó un avance de la investigación que se llevaba a cabo en contra de Montiel Rojas, documentando la existencia de diversos depósitos en efectivo por más de 35 millones de pesos, así como la adquisición de inmuebles en el extranjero, así como en Acapulco, Guerrero, Careyes, Jalisco; Toluca, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo y Metepec, en el estado de México; destacándose el valor del éste último, el cual asciende a 21 millones de pesos según documento notarial.
II. Las anteriores acusaciones motivaron a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México iniciara diversas averiguaciones previas en contra de Montiel Rojas y otros ex funcionarios públicos, habiéndose creado una fiscalía especial que llevara a cabo las indagatorias, sin embargo tanto la designación del procurador como de los fiscales especiales responsables fue seriamente cuestionada, toda vez que todos ellos fueron identificados como personas cercanas al ex mandatario estatal.
A la par de la fiscalía se creó una comisión ciudadana encargada de dar seguimiento a las investigaciones, la cual se integró con profesionales del derecho de diversas universidades, integrantes de los colegios y barras de abogados, sin embargo se denunció públicamente que a dicha comisión ciudadana se le negó el acceso a la información necesaria.
III. La determinación del Ministerio Público de archivar las indagatorias iniciadas en contra de Montiel Rojas porque supuestamente no existían los elementos que acreditaran la existencia de delito ni la probable responsabilidad, fueron motivo de gran inconformidad, por lo que se presentó ante la mesa de responsabilidades de servidores públicos de la Procuraduría General de la República una denuncia en contra de los funcionarios encargados de practicar las indagatorias, las cuales a la fecha continúan llevándose a cabo, al estimarse que no obstante existen elementos suficientes para consignar al indiciado por la comisión de diversos delitos del carácter económico y patrimonial.
El expediente de la averiguación previa practicada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México fue enviado a la Procuraduría General de la República a fin de que sea integrado en la indagatoria que practica ésta representación social.
IV. Por cuanto al ámbito administrativo de las irregularidades denunciadas, en el mes de diciembre del año 2006, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de México dio a conocer un informe en el que se determinaba que toda vez que las manifestaciones de bienes que reporto Arturo Montiel Rojas y su esposa, correspondientes a los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y baja, eran consistentes con los ingresos que percibió durante el periodo en que se desempeñó como gobernador de esa entidad federativa, se le absolvía de responsabilidad alguna.
El resultado de la investigación realizada por Eduardo Segovia Abascal, un ex colaborador de Montiel Rojas, fue considerado por demás parcial y oscuro, ya que no revelaba el monto de su patrimonio, ni tampoco detallaba los bienes muebles e inmuebles que posee.
V. En el febrero de 2006 el periodista Javier Zavala documentó la existencia de un documento confidencial enviado a la Procuraduría General de la República, en el se denunciaba que la empresa Lock, SA de CV, dedicada al traslado de valores, era propiedad de Montiel Rojas a través de prestanombres, y que su funcionamiento podría estar ligada a actividades ilícitas como tráfico de influencias y lavado de dinero.
VI. Los funcionarios que han tenido a su cargo la investigación de las diversas denuncias formuladas en contra del ex gobernador del estado de México han actuado de manera parcial y desapartado a derecho, y las diligencias que han practicado se han caracterizado por que no han sido lo exhaustivas que se requiere para llegar al fondo del presente asunto.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República en contra del ex gobernador del estado de México Arturo Montiel Rojas.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
Tercero. Para el debido cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial, dentro del ámbito de su competencia, se deberá allegar de la información que estime necesaria, así como llevar a cabo reuniones con las autoridades responsables de las investigaciones que se realizan en contra del ex gobernador del estado de México Arturo Montiel Rojas, a fin de dar un puntual seguimiento a las mismas.
Cuarto. La Comisión Especial de referencia funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones relativas y aplicables, debiéndosele asignar los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Quinto. Para la integración de la Comisión Especial que se crea, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en esta soberanía.
Sexto. El plazo máximo de duración de los trabajos de la Comisión Especial materia del presente acuerdo será el mes de agosto del año 2009, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo anticipadamente se extinga.
Séptimo. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2007.
Diputado Armando Enríquez Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE REALICE UN ESTUDIO A FIN DE REVALORAR
Y DETERMINAR CUÁLES DEPENDENCIAS FEDERALES RESULTAN INDISPENSABLES
PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
EMILIO GAMBOA PATRÓN Y ENRIQUE CÁRDENAS DE AVELLANO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, Emilio Gamboa Patrón y Enrique Cárdenas del Avellano, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición de punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Estado mexicano necesita una reforma administrativa integral que le permita ser eficiente y obtener ahorros, los cuales pueden ser utilizados para la atención de los grupos más vulnerables, pues todo Estado moderno debe tener como base la eficiencia en el ejercicio de sus funciones.
Es importante mencionar que la conformación del Estado mexicano se sustenta sobre la base de un sistema federal implementado mediante la firma de un pacto federal, el cual permite una organización y colaboración más eficiente entre el gobierno federal, sus instituciones y cada una de las entidades federativas.
Este mismo federalismo tiene, como uno de sus principios básicos, la descentralización de las funciones administrativas del gobierno central, dando un trato especial a las cuestiones de seguridad pública, programas sociales, infraestructura y de aquellos sectores que se consideran como prioritarios, como es el caso de los energéticos y el sector agropecuario.
La eficiencia y la descentralización administrativa deben incluir una disminución de la burocracia, a fin de reducir los gastos que implica mantener un Estado obeso e ineficiente.
Debemos reconocer que la razón de establecer delegaciones de la administración pública federal obedece, por una parte, a la legítima aspiración de proveer de servicios adecuados a los habitantes del país en las materias específicas que les compete. Asimismo, en otros de los casos es fortalecer tareas de competencia única y exclusiva de la federación, de tal modo, consideramos que con esa visión y distribución administrativa algunas de las delegaciones existentes en el territorio nacional bien podrían ser coordinadas, o en su caso, atender sus atribuciones por las autoridades estatales que cuenten con la disponibilidad y la intención de ejercer dichas atribuciones de manera coordinada con la federación, mediante la suscripción de los documentos legales necesarios que favorezca la participación de autoridades diversas a las de la federación.
De lo anterior resultaría evidentemente una mejor utilización de los recursos públicos, lo que repercutiría en mejores expectativas de crecimiento y desarrollo para nuestro país.
La coordinación entre las esferas gubernamentales, federales, estatales y municipales sería el factor determinante para aprovechar los recursos materiales, financieros y humanos con que actualmente se cuenta para una efectiva prestación de servicios en beneficio de los usuarios.
El adecuado aprovechamiento de los recursos de que se dispone nos permitirían ampliar el margen de oportunidades que nuestro país requiere, pues no podemos soslayar que tan solo en el año 2006, el presupuesto destinado a estas delegaciones federales ascendió a 33 mil 643 millones. De acuerdo al análisis realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, a las delegaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se les destinó el 77 por ciento del gasto total asignado y el restante 23 por ciento se distribuyó entre el resto de las delegaciones. Esta diferencia se debe a la aplicación del programa carretero impulsado durante los recientes años.
La reorganización, fusión o coordinación de algunas delegaciones federales en las entidades federativas es un tema que debe abordarse a la mayor brevedad, con el propósito de consolidar una administración eficiente y funcional.
En razón de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo único. El honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal, que realice un acucioso estudio que permita revalorar y a la vez determinar cuáles delegaciones federales resultan indispensables para la administración pública, desempeñando sus atribuciones de manera directa en la República Mexicana, y cuales podrían coordinarse con las instancias de los gobiernos estatales y municipales para evitar una innecesaria duplicidad de funciones para brindar un eficaz servicio, y el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales, financieros y humanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2007
Diputados: Emilio Gamboa Patrón y Enrique
Cárdenas del Avellano (rúbircas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A REQUERIR
A LAS COORDINACIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS LOS RECURSOS ASIGNADOS
PROVENIENTES DE LOS REMANENTES DEL PRESUPUESTO DE 2006, SUSCRITA POR DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Juan Abad de Jesús, Alberto Esteva Salinas, Humberto López Lena Cruz, Cuauhtémoc Velasco Oliva y Layda Elena Sansores San Román, integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Mediante acta de la sesión extraordinaria del 26 de diciembre de 2006 el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a través de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, se solicitó y acordó "…transferir recursos por 103 millones 999 mil 998 pesos 17 centavos a la subpartida 3823-3 ‘Asignaciones a los Grupos Parlamentarios.- subvención ordinaria variable’, afectando las partidas que presentan remanentes presupuestales, según se detalla en el anexo I..."
El anexo I precisa la siguiente distribución presupuestal: Partido Acción Nacional 42 millones 933 mil 866 pesos 96 centavos; Partido de la Revolución Democrática 26 millones 468 mil 937 pesos 41 centavos; Partido Revolucionario Institucional 22 millones 92 mil 183 pesos 98 centavos; Partido Verde Ecologista de México 3 millones 543 mil 86 pesos 11 centavos; Convergencia 3 millones 543 mil 86 pesos 11centavos; Partido del Trabajo 2 millones 501 mil 1 peso 96 centavos; Partido Nueva Alianza 1 millón 875 mil 751 pesos 47 centavos; Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina 1 millón 42 mil 84 pesos 15centavos.
Mediante acta de la sesión extraordinaria del 27 de diciembre de 2006, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a través de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, se solicitó y acordó: transferir recursos por 42 millones 499 mil 999 pesos 66 centavos a la subpartida 3823-3 "asignaciones a los Grupos Parlamentarios.- subvención ordinaria variable", afectando las partidas que presentan remanentes presupuestales, según se detalla en el anexo I
El anexo I precisa la siguiente distribución presupuestal: Partido Acción Nacional 17 millones 545 mil 90 pesos 4 centavos; Partido de la Revolución Democrática 10 millones 816 mil 633 pesos 18 centavos; Partido Revolucionario Institucional 9 millones 28 mil 56 pesos 4 centavos; Partido Verde Ecologista de México 1 millón 447 mil 895 pesos 78 centavos; Convergencia 1 millones 447 mil 895 pesos 78 centavos; Partido del Trabajo 1 millón 22 millones 44 pesos 8centavos; Partido Nueva Alianza 766 mil 533 pesos 6 centavos; Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina 425 mil 851 pesos 70 centavos.
El total de los recursos distribuidos en estas dos fechas a los grupos parlamentarios, afectando las partidas que presentan remanentes presupuestales ascendió a la cantidad de 146 millones 499 mil 997 pesos 83 centavos.
De esta información poco se conocía hasta que los medios de comunicación lo pusieron al descubierto, generándose un fuerte debate tanto al interior de algunas fracciones parlamentarias de esta legislatura como en diversos medios de comunicación.
El conocimiento de esta información provocó diversas reacciones por parte de los legisladores y de la opinión pública. Muchos externando su malestar e inconformidad por la falta de criterios transparentes en la asignación de estos recursos; otros convalidando esta clase de decisiones y otros indiferentes ante estos hechos.
Desde nuestro punto de vista estas asignaciones resultan contrarias a los principios de transparencia, certeza jurídica y objetividad en el quehacer administrativo de la Cámara de Diputados; por ello necesitamos un congreso más transparente para ser más eficientes, porque un congreso eficiente genera un flujo confiable de información que le da certidumbre a nuestro trabajo, y con ello, la información no sólo se transparenta sino que también se democratiza, tendiendo con ello puentes con la sociedad civil para desterrar la imagen que de los legisladores tienen.
Por eso consideramos que ese presupuesto con conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados, debe ser reintegrado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; o bien con aprobación del Pleno de la Cámara bajo criterios de transparencia, eficiencia, eficacia y honradez se destine para fortalecer los trabajos en materia editorial, la realización de foros, investigaciones y financiamiento de evaluaciones externas de los programas gubernamentales en materias de salud, educación, desarrollo social y seguridad, entre otros, para que esta Cámara de Diputados pueda contar con criterios adecuados que nos permitan hacer una correcta asignación en estos rubros en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los legisladores debemos ser los primeros en evitar caer en actos carentes de transparencia que pueden ser calificados como ilegales, pues nos preocupa que cuando hay una turbia distribución de recursos millonarios puedan ser destinados para inducir conciencias y poner precio a la inmoralidad.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a su consideración la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que se hagan los tramites a que haya lugar, a fin de requerir que las coordinaciones de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados reintegren los 146 millones 499 mil 997 pesos 83 centavos que indebidamente les fueron asignados, provenientes de los remanentes del presupuesto que no se ejercieron durante el 2006, con conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados debe ser reintegrado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; o bien con aprobación del Pleno de la Cámara bajo criterios de transparencia, eficiencia, eficacia y honradez, se destine para fortalecer los trabajos en los diversos rubros de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2007
Diputados: Juan Abad de Jesús, Alberto Esteva
Salinas, Humberto López Lena Cruz, Cuauhtémoc Velasco Oliva
y Layda Elena Sansores San Román del Grupo Parlamentario de Convergencia
(rubricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGUE TANTO EL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
COMO EL ORIGEN, LA APLICACIÓN Y EL DESTINO DE SUS RECURSOS, A CARGO
DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la honorable Cámara de Diputados que apruebe la creación de una comisión especial que investigue el proceso de liquidación del Fideicomiso para las Vías de Comunicación, así como para investigar el origen, la aplicación y destino de los recursos de éste, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 21 de diciembre del 2001 se constituyó el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic) del Distrito Federal con la finalidad de "ayudar a agilizar el tránsito de vehículos, reducir los tiempos hora-hombre en el transporte, reducir los índices de contaminación, etcétera", en el Distrito Federal, según consta en la página web de ese órgano especializado.1
La información brindada por dicho fideicomiso no profundiza en que tanto contribuyeron los segundos pisos del Periférico y el resto de las obras que se financiaron con el Fimevic para "resolver algunos de los problemas más grandes que enfrenta la ciudad" o a generar "un ambiente armónico urbano que embellezca a la ciudad",2 es necesario hacer un balance del costo-beneficio y tomar en cuenta que a pesar de ser el fideicomiso más supervisado a nivel nacional, al día de hoy la información que de él se tiene es poco transparente y las anomalías que arrojan las auditorías anteriormente realizadas resultan suficientes para atraer la atención de esta soberanía.
Desde sus inicios, el Fimevic se ha visto rodeado de suspicacias. El 11 de marzo de 2002, a menos de tres meses de haberse constituido, se suscribió un primer convenio para modificar las cláusulas relativas a sus fines, y el 15 de octubre del 2002 se firmó un segundo convenio modificatorio para cambiar cláusulas relativas a la constitución, honorarios y estructura orgánica y los fines nuevamente, entre otras. Si en verdad la planeación y edificación de megaobras viales hubieran resultado de un profundo análisis de la problemática de las vías de comunicación y de transporte que enfrentan los capitalinos no existiría razón alguna para modificar frecuentemente los fines del fideicomiso.
Sin embargo, más que la evaluación de un proyecto realizado al vapor, con pocos estudios para analizar su viabilidad y cuya entrega apresurada representa no sólo una continua erogación del erario público –que aún no termina de pagar la construcción de estas obras–, es a todas luces un monumento a la opacidad y a la evasión de la rendición de cuentas.
El primer intento por ocultar información fue el acuerdo clasificatorio de información que el Fimevic emitió el 30 de julio de 2004, publicado en la Gaceta Oficial ese mismo día y en el que se restringió del conocimiento público la información relacionada con la construcción de los segundos pisos. Aunque quien en ese entonces el que era jefe de gobierno de la Ciudad de México se dio cuenta que reservar la información por ocho años había sido un gran error, pues generaba sospechas de la opinión pública; hoy hay quienes continúan apostando a colocarle un velo a la transparencia.
A la fecha, todavía no queda claro dónde se encuentran los 8 mil millones de pesos que presuntamente fueron ocupados, no se sabe aún cómo fue distribuido el dinero ni como se ejerció. Apelando a una verdadera cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, que va más allá de la responsabilidad democrática y que responde a la exigencia ciudadana, es necesario que los diputados integrantes de la LX Legislatura atraigan el asunto con el objetivo de rendir cuentas claras a los ciudadanos.
Consideraciones
1. De conformidad con los artículos 42 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones especiales se integran para cumplir con asuntos determinados por el pleno de la Cámara y, al igual que las comisiones de investigación, tienen carácter de transitorias; estableciendo la extinción de este tipo de comisiones al final de la legislatura correspondiente.
2. De acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior, la Cámara de Diputados está facultada para crear tantas comisiones especiales como crea conveniente, cuando lo exija la urgencia y la calidad de los negocios que ocupa.
3. En efecto, es el Pleno de la Cámara el que tiene la facultar de acordar la constitución de las comisiones especiales, decidir el número de los integrantes que las conforman y dictar los plazos que tienen para efectuar las tareas a su cargo.
4. Que por lo anteriormente expuesto y fundado, y con fundamento en los artículos 42 y 85; y 71 y 78, de la Ley Orgánica y en el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhortamos a este honorable Pleno de la Cámara de Diputados a acordar la constitución de una comisión especial para dar seguimiento al proceso de liquidación del Fideicomiso para las Vías de Comunicación, así como para investigar el origen, la aplicación y destino de los recursos de dicho fideicomiso, debiéndose reflejar la pluralidad existente de los grupos parlamentarios.
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea en esta soberanía, y en el marco de sus atribuciones, una comisión especial para dar seguimiento al proceso de liquidación del Fideicomiso para las Vías de Comunicación, así como para investigar el origen, la aplicación y destino de los recursos utilizados por dicho fideicomiso.
Segundo. De conformidad con los tiempos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para dictaminar los asuntos en comisiones, así como en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará al Pleno una propuesta de integración plural de esta comisión especial.
Tercero. La comisión especial contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Cuarto. La comisión especial, una vez creada, sesionará en conferencia para un oportuno y eficaz cumplimiento de su objeto.
Quinto. La comisión especial contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.
Notas
1 http://www.fimevic.df.gob.mx/acercade.htm
2 Ídem.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE DÉ SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO
E INVESTIGUE EL DESTINO DEL DINERO DE LOS VIDEOESCÁNDALOS, A CARGO
DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la honorable Cámara de Diputados apruebe la creación de una comisión especial que dé seguimiento exhaustivo, e investigue el destino del dinero de los videoescándalos al tenor de los siguientes
Antecedentes
Tres años han pasado desde que en México la corrupción adquirió rostro. El 3 de marzo del 2004 comenzaron a transmitirse por televisión las imágenes que circularían por el mundo entero: el entonces secretario particular del jefe de Gobierno del Distrito Federal, el ciudadano René Juvenal Bejarano Martínez se mostraba sorprendido al contemplar en el monitor el momento en el que aceptaba del empresario Carlos Ahumada.
Aunque muchos lo hayan olvidado ya, este evento y los otros expuestos ante la opinión pública, el de Gustavo Ponce apostando grandes cantidades de dinero en Las Vegas, por ejemplo, mostró las redes de corrupción que existen en los distintos niveles de gobierno. Quedaba claro que el combate a la corrupción no podía permanecer en el discurso, era necesario actuar y aceptar que no por ser una práctica común y reiterada en el gobierno mexicano, debía ser solapada.
El entonces presidente de la Asamblea Legislativa se enredó en sus propios argumentos y de manifestar que se defendería los intereses del pueblo por encima de los particulares y que existiría una defensa de la legalidad sin importar cuantas cabezas tuvieran que rodar, cambió su discurso para ocuparse de encontrar justificaciones empeñándose por demostrar que nada había de ilegal en aquellas poco usuales y cuantiosas transferencias de dinero.
Después de un proceso inédito para el México que estaba transitando hacia la democracia en el que la Cámara de Diputados se erigió como juzgado de procedencia para permitir el inicio de un proceso contra René Bejarano, se le acusó por promoción de conductas ilícitas, delitos electorales y lavado de dinero. El ex diputado fue despojado de su investidura como legislador local.
Durante las investigaciones y cateos a las instalaciones del Grupo Quart, la PGJDF encontró varios videos más. Varios funcionarios y allegados al gobierno de la ciudad de la esperanza se vieron involucrados en el gran escándalo de corrupción.
Finalmente el proceso que tuvo 8 meses preso a René Bejarano concluyó con la absolución asentando que el dinero que había recibido de Carlos Ahumada no lo había utilizado. Queda pues entonces la duda de quiénes y cómo utilizaron esos recursos.
El tema de los 11 millones de pesos quedó perdido entre los argumentos del complot y los dimes y diretes entre los que los involucrados se acusaban unos a otros en un intento por "quedar limpios". Siempre se puso a debate de dónde había salido la información o quien había expuesto abiertamente las negociaciones, pero después de los videos ya no había quien negara que el dinero que tomó Bejarano fuera para apoyar un proyecto político.
Sin embargo, resulta necesario averiguar el destino de los recursos que se dice fueron entregados para financiar las campañas de aquellos que decían "primero los pobres".
La importancia de darle seguimiento al caso no radica en continuar con un proceso jurídico o penal que ya ha sido concluido, simplemente pretende cerrar por completo el tema. En defensa de la legalidad y buscando que se esclarezca definitivamente el destino de estos recursos someto a consideración la creación de esta comisión tomando en cuenta las siguientes:
Consideraciones
De conformidad con los artículos 42 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones especiales se integran para cumplir con asuntos determinados por el Pleno de la Cámara y, al igual que las comisiones de investigación tienen carácter de transitorias; estableciendo la extinción de este tipo de comisiones al final de la legislatura correspondiente.
De acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior, la honorable Cámara de Diputados está facultada para crear tantas comisiones especiales como crea conveniente, cuando lo exija la urgencia y la calidad de los negocios que ocupa.
En efecto, es el Pleno de la Cámara el que tiene la facultar de acordar la constitución de las comisiones especiales, decidir el número de los integrantes que las conforman y dictar los plazos que tienen para efectuar las tareas a su cargo.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, y con fundamento en los artículos 42 y 85; y, 71 y 78, de la Ley Orgánica y Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhortamos a este honorable Pleno de la Cámara de Diputados acuerde la constitución de una Comisión Especial para que dé seguimiento exhaustivo e investigue el destino del dinero de los videoescándalos, debiéndose reflejar la pluralidad existente de los Grupos Parlamentarios.
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea en esta soberanía, y en el marco de sus atribuciones, una Comisión Especial que dé seguimiento exhaustivo e investigue el destino del dinero de los videoescándalos.
Segundo. De conformidad con los tiempos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para dictaminar los asuntos en comisiones, así como en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará al Pleno una propuesta de integración plural de esta Comisión Especial.
Tercero. La Comisión Especial contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Cuarto. La Comisión Especial, una vez creada, sesionará en conferencia para un oportuno y eficaz cumplimiento de su objeto.
Quinto. La Comisión Especial contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2007.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE COADYUVE EN LA DISMINUCIÓN
DE LOS ALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD QUE SE PRESENTAN EN EL VALLE
DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la honorable Cámara de Diputados apruebe la creación de una Comisión Especial que coadyuve en la disminución de los altos índices de criminalidad que se presentan en el Valle de México, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El Valle de México se ha destacado por ser un ejemplo de descoordinación, y de incorrecta gestión en el combate a la delincuencia. Los problemas que se viven actualmente de inseguridad han hecho de esta zona geográfica el cuarto lugar más inseguro a nivel mundial, según datos estadísticos.
2. Diversos factores son los que intervienen en incrementar el índice de la violencia, como lo son los problemas sociales, psicológicos, económicos, demográficos, entre otros. De estos factores también debemos aunar la globalización económica y el crimen organizado en el cual las bandas ya se desarrollan a nivel nacional e internacional.
3. Mucho se ha escrito sobre el problema que tiene el Valle de México en cuanto índices de inseguridad, sin embargo en gran medida el problema, es la falta de capacidad de las autoridades para traducir esta información, así como de difundirla entre la población.
4. El sentimiento de inseguridad es un factor que afecta negativamente los datos oficiales. Aun cuando las cifras colocan a la zona metropolitana del Valle de México como una de las más delictivas, las cifras oficiales podrían potenciar más aún los índices detectados si la población denunciara todos los eventos que se presentan en realidad, no obstante el temor fundado de sufrir algún delito permite suponer índices graves de inseguridad.
5. Actualmente en México se cuenta con las encuestas sobre inseguridad pública que se realizan a través del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, AC, estas encuestas permiten obtener datos de la criminalidad que no se revelan en las estadísticas oficiales, tales como las cifras negras, los patrones de los delitos, las características de los delincuentes y la actuación de las autoridades encargadas, el problema de estas encuestas es que van desfasadas un año a la realidad de las zonas geográficas que se estudian.
6. Es por más conocido que la manera mas certera que se tiene para saber los índices de criminalidad, es de la contabilización de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la segunda manera por las sentencias. Este resultado más que un índice de criminalidad debe considerarse como un indicador que evalué el sistema jurídico de la zona metropolitana del Valle de México y no la realidad delictiva en una metrópoli.
7. En estas encuestas podemos destacar la siguiente problemática en el Valle de México:
La edad para ser posible víctima esta en un rango
de los 2 a los 29 años de edad.
Ocho de cada diez personas se sienten inseguras en la
ciudad donde viven.
Sólo una de cada cinco víctimas denuncia
en el Valle de México.
En las zonas urbanas sólo 13 de cada 100 delitos
se registran oficialmente. En la zona metropolitana se registraron sólo
el 87.2 por ciento.
1. En términos de lo dispuesto por los artículos 42 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones especiales se integran para cumplir con asuntos determinados por el Pleno de la Cámara y, al igual que las comisiones de investigación tienen carácter de transitorias.
2. De acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior, la honorable Cámara de Diputados está facultada para crear tantas comisiones especiales como crea conveniente, cuando lo exija la urgencia y la calidad de los negocios que le ocupan.
3. En efecto, es el Pleno de la Cámara el que tiene la facultar de acordar la constitución de las comisiones especiales, decidir el número de los integrantes que las conforman y dictar los plazos que tienen para efectuar las tareas a su cargo.
4. Que por lo anteriormente expuesto y fundado, y con fundamento en los artículos 42 y 85; y, 71 y 78, de la Ley Orgánica y Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhortamos a este H. Pleno de la Cámara de Diputados acuerde la constitución de una Comisión Especial para la Seguridad Pública, debiéndose reflejar la pluralidad existente de los Grupos Parlamentarios.
5. Que la creación de una Comisión Especial permitiría identificar las deficiencias de los gobiernos locales en materia de inseguridad pública.
6. Que permita determinar los factores principales que detonan la criminalidad en el valle de México.
7. Que permitirá determinar que políticas públicas están siendo incongruentes para abatir la criminalidad en la zona metropolitana del valle de México.
8. Que identifique los actos de corrupción y en que niveles de autoridad son mas susceptibles a estos, para que la creación de la Comisión Especial establezca candados que al ser alterados permita sancionar a la autoridad que fomente estas acciones.
9. Que permita desarrollar bases de datos eficaces y confiables sobre los factores que ocasionan la criminalidad, así como los índices de cada una de las entidades involucradas que permitan generar un diagnostico real.
10. Que promueva políticas publicas donde se trabaje de una manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, a fin de lograr objetivos, metas mas eficaces.
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados, en el marco de sus atribuciones, crea una Comisión Especial plural que coadyuve en la disminución de los altos índices de criminalidad que se presentan en el Valle de México.
Segundo. De conformidad con los tiempos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para dictaminar los asuntos en comisiones, así como en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará al Pleno una propuesta de integración plural de esta Comisión Especial.
Tercero. La Comisión Especial contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Cuarto. La Comisión Especial, una vez creada, sesionará en conferencia para un oportuno y eficaz cumplimiento de su objeto.
Quinto. La Comisión Especial contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2007.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE DÉ SEGUIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2005 QUE REALIZÓ LA ASF AL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados que apruebe la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las responsabilidades administrativas derivadas de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2005 que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobierno del Distrito Federal, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. De acuerdo con el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de 2005 que realizó la Auditoría Superior de la Federación y en donde rindió su informe el pasado 28 de marzo del año en curso, se destacó que las entidades federativas que tuvieron un mayor número de observaciones fueron, entre otras, el Distrito Federal con 263 observaciones, de las cuales se desprenden 70 observaciones relevantes que impliquen una posible responsabilidad administrativa; Nayarit con 188 observaciones; Quintana Roo con 183 observaciones y, por último, San Luis Potosí con 126 observaciones.
2. De conformidad con lo anterior, que en el ejercicio fiscal 2005 el gobierno federal aportó recursos por la cuantía de 2,182,619.1 miles pesos al Gobierno del Distrito Federal, los cuales fueron destinados al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) correspondientes al Ramo 33 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005. De este monto total transferido, el Gobierno del Distrito Federal ejerció un monto de 2,014,686.5 miles de pesos, donde la Auditoría Superior de la Federación seleccionó una muestra auditada por 1,719,251.1 miles de pesos, que representa 85.3 por ciento del total erogado.
3. Así las cosas, el Gobierno del Distrito Federal erogó 203,288.2 miles de pesos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (Ramo 39) que corresponde al Capítulo 6000, "Obras Públicas", del proyecto Corredor Vial Insurgentes. De esta partida presupuestaria ejercida, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) eligió una muestra auditada de 186,557.4 miles de pesos, cantidad que representa 91.8 por ciento del presupuesto ejercido.
4. Por otra parte, el denominado "gobierno de la ciudad de la esperanza" ejerció un presupuesto para el proyecto vial San Antonio de 525,282 miles de pesos, del cual la ASF designó una muestra por auditar por el monto de 486,452.9 miles de pesos, representando 92.6 por ciento del presupuesto erogado.
5. En este sentido, el Gobierno del Distrito Federal erogó durante el ejercicio fiscal de 2005 un monto de 2,743,256.7 miles de pesos provenientes de las aportaciones federales para las entidades federativas y municipios. De este monto total erogado la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó 1,906,294.952 miles de pesos.
Considerandos
1. En términos de lo dispuesto por los artículos 42 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Especiales se integran para cumplir con asuntos determinados por el pleno de la Cámara y, al igual que las comisiones de investigación tienen carácter de transitorias.
2. De acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior, la Cámara de Diputados está facultada para crear tantas comisiones especiales como crea conveniente, cuando lo exijan la urgencia y la calidad de los negocios que ocupa.
3. En efecto, el Pleno de la Cámara tiene la facultad de acordar la constitución de las comisiones especiales, decidir el número de los integrantes que las conforman y dictar los plazos que tienen para efectuar las tareas a su cargo.
4. Que por lo anteriormente expuesto y fundado, y con fundamento en los artículos 42 y 85; y 71 y 78 de la Ley Orgánica y Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhortamos al Pleno de la Cámara de Diputados acuerde la constitución de una comisión especial para dar seguimiento a las responsabilidades administrativas sancionatorias que acreditó el Gobierno del Distrito Federal durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2005, debiéndose reflejar la pluralidad existente de los grupos parlamentarios.
5. Que permitan resolver y, en su caso, se finquen las cinco responsabilidades administrativas sancionatorias de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Transferidos al Gobierno del Distrito Federal.
6. Que permitan resolver y, en su caso, se finquen las veintiocho responsabilidades administrativas del Capítulo 6000, "Obras Públicas", del proyecto Corredor Vial Insurgentes correspondiente al Gobierno del Distrito Federal.
7. Que permitan resolver y, en su caso, se finquen las treinta y siete responsabilidades administrativas del Capítulo 6000, "Obras Públicas", del proyecto Distribuidor Vial San Antonio que realizo el Gobierno del Distrito Federal.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, en el marco de sus atribuciones, crea una comisión especial para que se dé seguimiento a las responsabilidades administrativas sancionatorias que acreditó el Gobierno del Distrito Federal correspondientes al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de 2005 que realizó la Auditoría Superior de la Federación.
Segundo. De conformidad con los tiempos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para dictaminar los asuntos en comisiones, así como en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará al Pleno una propuesta de integración plural de esta comisión especial.
Tercero. La comisión especial contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Cuarto. La comisión especial, una vez creada, sesionará en conferencia para un oportuno y eficaz cumplimiento de su objeto.
Quinto. La comisión especial contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2007.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE HIDALGO A HACER PREVALECER EL ESTADO DE DERECHO
EN LA ENTIDAD Y A DESAPARECER LAS COORDINACIONES Y SUBCOORDINACIONES REGIONALES
EN SUS MUNICIPIOS, A CARGO DEL DIPUTADO LORENZO DANIEL LUDLOW KURI, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal por el estado de Hidalgo, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del articulo 33 y 34 fracción a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Hidalgo para que haga prevalecer el estado de derecho en el mismo y se desaparezcan las coordinaciones y subcoordinaciones regionales en los municipios.
Exposición de Motivos
El pasado nueve de abril aproximadamente a las 10 horas alrededor de 300 vecinos del municipio se manifestaron en la sede del ayuntamiento, donde los inconformes destrozaron algunos cristales de la puerta de acceso al edificio en protesta por la supuesta falta del servicio de agua potable para algunas comunidades del lugar irrumpieron en la sede de la presidencia municipal, donde se enfrentaron con los agentes de la policía municipal, cabe señalar que algunos de los manifestantes son trabajadores de gobierno de estado de Hidalgo pertenecientes a la Coordinación Regional Uno A, además, de que la Secretaría de Seguridad Pública del estado se negó a intervenir y pidió a las corporaciones policíacas de los municipios aledaños que no prestaran ayuda al municipio.
Antecedentes
A las 10 horas con 20 minutos, llegó un contingente de aproximadamente 200 personas, a bordo de sus vehículos, los cuales fueron estacionados frente a esta presidencia municipal, obstruyendo con esto la libre circulación. Estando al frente de este contingente los ciudadanos Honorio Pérez Gamero, enlace técnico de la Coordinación Regional I-A, Álvaro Pérez Téllez responsable de Proyectos Sociales de la Coordinación Regional I-A, Adalberto Gamero Pérez, Alfredo Pérez Soberanes, Honorio Pérez Téllez, Oscar Villa y Javier Callejas estos auxiliares de la misma coordinación; los cuales se trataron de introducir a la fuerza, destrozando la entrada principal de esta presidencia, sin que esta dirección conociera la causa del evento.
A las 10 horas con25 minutos se pide apoyo vía telefónica a tránsito del estado delegación Atotonilco, debido a que la gente enardecida estaba a punto de derribar la puerta principal del palacio municipal.
A las 10 horas con 28 minutos, se procede a realizarle una llamada vía Matra (radio) a la policía municipal de Huasca de Ocampo, para solicitar el apoyo con su estado de fuerza, la cual indica se trasladan 4 elementos de su dirección en apoyo.
A las 10 horas con 30 minutos, se realiza una llamada telefónica a la policía municipal de Zacualtipan de Ángeles, solicitando enviara apoyo a esta dirección debido al problema al que nos enfrentábamos y en el cual nos veíamos superados en numero, ya que nuestro estado de fuerza era apenas de 21 elementos de esta dirección, cuando el contingente era de aproximadamente 200 personas rijosas.
A las 10 horas con 35 minutos se procede a realizar una llamada telefónica al licenciado Abelardo Zerón, quien es el coordinador regional grupo Metztitlán, para que por su conducto se comunique con las instancias correspondientes para retomar el orden y seguridad, solicitándole en varias ocasiones por el mismo medio para que mandara apoyo de los municipios que conforman el grupo ínter constitucional.
A las 10 horas con 46 minutos, el contingente toma fuerza y se introducen hasta el limite de las escaleras, resultando en el acto lesionados los policías Anastasio Durán Romero, Ignacio Cruz Hernández y el jefe de grupo Ariel Lozada Beltrán, los cuales fueron atendidos y certificados por el medico Humberto Ortiz Luna de Cruz Roja de Atotonilco.
A loas 10 horas con 50 minutos, el director de esta dependencia establece un convenio de 30 minutos de prórroga para que en este tiempo se formaran una comitiva para que el ciudadano presidente municipal los atendiera, manifestando que darían el tiempo, pero que tendría que recibir.
A las 13 horas con 45 minutos, se asegura a quien dijo llamarse Honorio Pérez Gamero, quien es uno de los responsables de ocasionar lesiones a los oficiales antes citados y por estar involucrado en este acto vandálico, por alterar el orden, la seguridad y por ocasionar daños en este palacio municipal.
A las 13 horas con 50 minutos, se asegura al ciudadano Álvaro Pérez Téllez, por los hechos delictivos encausados al ciudadano Honorio Pérez Gamero ambos personal que labora la Coordinación Regional I-A por faltas y ultraje a la autoridad en agravio de la Dirección de Seguridad Pública municipal, daño en propiedad y lo que resulte.
A las 16 horas con 30 minutos, se realiza el aseguramiento de quien dijo llamarse Pedro Sánchez Badillo, por agredir a la policía municipal, irrumpir la seguridad, actos vandálicos y destrozos de los inmuebles del honorable ayuntamiento.
Consideraciones
1. La toma de la presidencia municipal no fue por la falta de agua en el municipio como lo manifestaron algunos medios de comunicación.
2. El sistema de agua potable Los Berros–Cerro Colorado es completamente independiente a la presidencia municipal, no existe vínculo técnico o financiero con ellos.
3. Se sabe que el sistema de agua ha estado durante 15 años en manos de una misma familia y esta vez la familia perdió las elecciones aunque, para la presidencia municipal es irrelevante el grupo que obtenga el triunfo ya que se repite que es un sistema ajeno a la administración municipal.
4. El presidente del comité saliente del sistema de agua de Los Berros, profesor. Álvaro Pérez Téllez es una de las personas que encabezó el movimiento pero además es trabajador de la Coordinación Regional I-A de Atotonilco El Grande, que se desempeña como responsable de Proyectos Sociales, aunque, al parecer ya fue destituido de su puesto por el propio secretario de Planeacion y Desarrollo Regional del gobierno del estado, no le exculpa que no haya actuado por órdenes especificas de un superior, que le solicitó acudir con los pobladores y tomar por la fuerza la presidencia municipal de Atotonilco El Grande , ya que el argumento de que son habitantes del municipio y están en su derecho de manifestarse no es valido debido a lo que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece:
Fracción V. Observar buena conducta en su empleo, cargo comisión o concesión, tratando con respeto diligencia imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación con motivo de este.
6. Se contiene momentáneamente el movimiento por elementos de la dirección de seguridad publica municipal y empleados de presidencia los cuales son agredidos y lesionados por los antes citados haciendo además otro tipo de desmanes como ruptura de cristales, destrozo de equipos de computo, entre otros.
7. Cuando se solicita apoyo a la Delegación de Seguridad Publica y Tránsito del estado haciendo su representante Juan Monroy Camargo caso omiso de la petición y argumentando la espera de instrucciones de sus superiores pero no solo eso, sino que detienen el apoyo que se solicitó a los municipios vecinos por parte del director de Seguridad Pública del municipio de Atotonilco El Grande.
8. Los elementos de policía de Zacualtipan de Ángeles y Huasca de Ocampo apoyan de una manera decidida al control del movimiento ignorando las indicaciones del delegado de Seguridad Pública y Tránsito del estado.
9. Empieza a llegar gente contraria al grupo de personas que tomaron la presidencia y apoyan en el control del movimiento uniéndose a la labor de los elementos de policía que decidieron intervenir de manera absoluta logrando con esto el control de la situación.
10. Se logra la captura de las personas empleados de la Coordinación I-a cuyos nombres se citan en los primeros puntos de este documento.
11. Después de una labor complicada y con obstáculos por parte de los funcionarios de Seguridad Publica, el director Jurídico del municipio de Atotonilco El Grande logra poner a disposición del agente del Ministerio Público licenciado Sonia Barrera Dorantes a los inculpados, se advierte el nerviosismo en la funcionaria por las constantes llamadas de la Secretaría de Gobernación del estado.
12. Finalmente los inculpados se trasladan del edificio de presidencia a las oficinas del Ministerio Público custodiados por la policía ministerial.
13. La licenciada Sonia Barrera Dorantes agente del Ministerio Público libera al profesor Álvaro Pérez Téllez y al señor Honorio Pérez Gamero aproximadamente a las 7 horas del 10 de abril del presente a través del pago de una caución.
14. Es comprobado que en este movimiento estuvieron presentes más miembros de la Coordinación Regional I-A informando constantemente vía telefónica a otras personas, de esto se tienen testimonios fotográficos y de video.
15. La solución al conflicto de los grupos que luchan por el poder del sistema Los Berros Cerro Colorado corresponde resolverlo a la propia asamblea del sistema por lo que la toma de la presidencia representa más un asunto de carácter político que otra cosa.
Las instituciones y los funcionarios tienen la obligación de prestar apoyo a las comunidades que se encuentren con un conflicto de intereses y la policía municipal sea insuficiente para resguardar el orden de su región, además de la falta de actuación de la Secretaría de Seguridad Publica del estado de Hidalgo, que aún teniendo conocimiento de lo acontecido y ya solicitado el apoyo del presidente municipal se negaron a brindarlo faltando así a sus funciones y desafiando a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y sobre todo el por que deben solicitar autorización para actuar y ejercer la labor que les fue encomendada como servidores públicos, cuando es su obligación, el conocer y actuar sin distinciones, no debería de existir este tipo de favoritismos que sólo nos dejan pensar que todos los involucrados ya tenían conocimiento anterior de lo que iba acontecer y estaban en espera de recibir ordenes para intervenir, faltando así al
Artículo 47. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de su empleo cargo, comisión o concesión.
Fracción I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo, comisión o concesión.
I. …
II. …
III. …
IV. Destitución del puesto.
V. Sanción Económica e,
VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios la sanción será de seis meses a tres años si el monto de aquellos no excede de 100 veces el salario mínimo vigente en el estado y de tres años a diez años si excede dicho limite.
En cuanto las Coordinaciones y Sub Coordinaciones Regionales fueron creadas en el año de 1994 por decreto de creación de 13 de junio publicado por el Lic. Jesús Murillo Karam Gobernador Constitucional que en ese periodo, creo estos organismos con la finalidad de ser un enlace entre el gobierno estatal y los municipios como lo manifiesta en su artículo 2 que a la letra dice:
La Secretaria de Planeacion y Desarrollo Regional como dependencia del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo tiene a su cargo conducir la planeación y el ejercicio democrático a fin de que se promueva el desarrollo integral de la entidad y se utilicen eficientemente los recursos públicos de acuerdo a lo señalado en el articulo 26 Bis.
I. Coordinar la ejecución de los programas y acciones responsabilidad de la secretaría en el ámbito de su jurisdicción territorial, con apego a las normas y lineamientos que determinen el secretario y las unidades administrativas competentes e informarles de los avances y resultados de su ejercicio;
II. Promover el desarrollo equilibrado de la región y la participación de los municipios que la integran, en la instrumentación y definición de políticas y estrategias para el desarrollo local y regional, conforme a lo señalado por el plan y con pleno respeto a la autonomía municipal.
V. Informar a los municipios sobre la aplicación de las transferencias de fondos que se realicen a su favor, en los términos de las disposiciones relativas y señaladas por la secretaría.
IX. Dar a conocer a los municipios los criterios, normas, lineamientos y disposiciones formuladas y emitidas por las áreas centrales de la secretaria para el diseño, formulación y ejecución de programas y para orientar los posesos de programación y presupuestacion
XIV. Auxiliar a los municipios en la gestión de apoyos técnicos y financieros, que les correspondan ante las unidades administrativas de la secretaria y conjuntamente con ellos atender sus demandas sociales y proponer la factibilidad de su inclusión en el programa de inversión.
XXIV. Coadyuvar en los programas de colaboración intermunicipal y en los procesos de entrega recepción de acciones de obra publica.
La principal preocupación es la intervención directa del gobierno del estado de Hidalgo a través de las coordinaciones regionales que en vez de ser un órgano de enlace entre los municipios y el gobierno estatal se han convertido en órganos de control político con los cuales se mantiene el mismo, y dejan por demás inoperables las políticas de federalismo en las que se han trabajado por tanto tiempo violando el artículo 115 constitucional específicamente en lo que hace a la autonomía de los municipios, al intervenir directamente en las decisiones de los mismos, una práctica común de algunos gobiernos, como lo observamos con estas acciones del personal del gobierno del estado de Hidalgo, que sin duda actúan con instrucciones especificas por parte de los mandos altos que siempre buscan actuar con impunidad, violando el estado de derecho y pasando por alto la libre elección de los comités que organizan los pobladores interviniendo y operando a favor del grupo que convenga más, como fue le caso en este Comité del Sistema de Agua de esta comunidad del municipio, a través por supuesto de las coordinación y subcoordinación regional.
Este caso no es aislado ya que en muchos de los municipios del Estado se han obstaculizado los recursos y la obra pública, cuando de manera coercitiva se condicionan los mismos a cambio de trabajos políticos o de que se negocie de una u otra forma con la ideología política de la población.
Estos actos dejan a los presidentes municipales sin ninguna forma de fortalecer su trabajo en las alcaldías a las que pertenecen y manifestándose así la mano negra del gobierno que trata por cualquier medio de obtener el control político. El gobernante de un estado debe gobernar para todos no para un partido en especifico y debe velar porque las leyes se cumplan tal y como debe de ser, ya que las leyes no se pueden utilizar a conveniencia de unos.
Punto de Acuerdo
Con base en lo dispuesto en los artículos 58 fracción I, II, III, artículo 59 y artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Hidalgo, para que por medio de la dependencia conducente, (Contraloría) se aplique la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en contra de quien o quienes resulten responsables, trabajadores del gobierno del estado de Hidalgo de la Coordinación I-A, Honorio Pérez Gamero, quien funge como enlace técnico, Álvaro Pérez Téllez quien funge como responsable de Proyectos Sociales, así como Alfredo Pérez Sobornes, Óscar Villa Mendoza y Javier Callejas Cortés estos últimos auxiliares de la misma coordinación y del delegado de Seguridad Publica del estado en Atotonilco El Grande Juan Monroy Camargo y se compruebe y corrobore que los trabajadores de la Coordinación I-A involucrados, han sido separados de sus cargos y sancionados conforme al mencionado ordenamiento.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Hidalgo para que realice lo conducente a fin de desaparecer las coordinaciones y subcoordinaciones regionales en los municipios, dependientes de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, para facilitar el desempeño de los ayuntamientos y establecer estrictamente la autonomía de los mismos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2007.
Diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE PROPONE AL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE REALICE DE MANERA PERMANENTE
Y ANUAL EL PARLAMENTO UNIVERSITARIO, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE LA COMISIÓN
DE JUVENTUD Y DEPORTE
Los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante el pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La importancia de las demandas de la juventud radica en las respuestas que se obtengan de ellas, el año pasado el Senado de la República hizo realidad una de esas demandas, que fue de gran trascendencia para los jóvenes, ya que en él se brindó a la juventud mexicana un espacio de participación política mediante la agrupación de jóvenes para poder expresar y fomentar en ellos el desarrollo y la participación de expresiones políticas que les atañe.
El Primer Parlamento Universitario realizado en el Senado se formó con 128 jóvenes estudiantes de dieciocho diversas instituciones académicas a nivel licenciatura con muy buenos resultados.
Como pudimos observar de esta actividad, los jóvenes demostraron que se complacen al sumarse a este tipo de colaboración y aportación ya que en ellos no caben las políticas mediocres ni del pasado, ellos quieren modernidad, quieren políticas que se ajusten a su realidad cotidiana, quieren ser cómplices, partícipes de todo lo que se aplique para su bienestar y crecimiento.
Este Parlamento persigue objetivos claros y satisfactorios mediante la reproducción de un periodo de sesiones que se apegue al entorno en el que viven y la finalidad es acercarlos al estudio y práctica legislativa llevando a cabo actividades del poder legislativo.
Asimismo, en este espacio los jóvenes pueden compartir y debatir los asuntos de interés nacional y formular y proponer iniciativas que contribuyan a la construcción de políticas públicas y a la actualización del Poder Legislativo y mediante la visión que nos pueden brindar los jóvenes es como podremos crear escenarios más justos para la sociedad.
Lo anterior tiene un sustento y un apoyo fuerte en esta Cámara de Diputados, y nos referimos al Parlamento de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como el de la Mujer, que han mostrado ser claros ejemplos de actividades con buenos resultados y en donde se han beneficiado enormemente estos sectores de la sociedad, por lo que derivado de los efectos y frutos que se sembraron en el Primer Parlamento y reconociendo su efectividad se torna importante que la Cámara de Diputados prosiga con estas labores sociales.
De igual manera, consideramos que es una buena manera el poder interactuar con la sociedad, ya que ese es nuestro deber y trabajo, escuchar sus ambiciones, sus necesidades y poder conjuntar esfuerzos en beneficio de nuestra nación.
Nuestro país esta conformado en su mayoría por una población joven, ocupamos el segundo lugar en América con el mayor porcentaje de población joven, como antecesor se encuentra Brasil seguido por Venezuela y Perú.
Ante esto, lo que debemos esperar de ellos es una mayor presencia de actuación y no la presencia de corrientes migratorias por el hecho de que en nuestro país no encuentran los espacios ni las oportunidades para crecer; los jóvenes de hoy están mejor preparados, más estudiados, más sanos y, sin embargo, se enfrentan todos los días a las contrariedades de la vida, a los riesgos en la salud, a la falta de desempleo, a la falta de oportunidades para crear y expresar.
Honorable asamblea: seamos parte de esa llave y sumémonos y abramos las puertas, seamos la coyuntura para el fomento de la expresión juvenil, el reconocerlos es una obligación social, fomentemos en ellos el interés por el futuro de nuestro país.
Es por ello que consideramos a bien, establecer la realización y establecimiento permanente del parlamento universitario, y esto fue precisamente una de las propuestas hechas en el primer Parlamento por los jóvenes participantes en tan lograda actividad.
Por ello proponemos se de continuidad al primer Parlamento Universitario, realizado en el Senado de la República de manera permanente y anual en ambas Cámaras para reproducir el Poder Legislativo conformado por jóvenes universitarios que deseen participar con el honorable Congreso de la Unión.
El Parlamento va dirigido a estudiantes en el nivel de licenciatura que tenga interés en el desarrollo de propuestas y soluciones a los problemas nacionales, así como en participar en el debate democrático de retos y logros de la función legislativa del país.
El objetivo del mismo será el de reproducir de manera sucinta un periodo de sesiones del honorable Congreso de la Unión, para que se pueda compartir, debatir y formular iniciativas que contribuyan a la construcción de políticas públicas y a la modernización legislativa.
La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados tendrá como base formar un Comité Organizador para convocar por los medios que considere apropiados a los jóvenes de las universidades que quieran participar, preferentemente a aquellos que hubieran participado en Parlamentos anteriores, asimismo establecerán los lineamientos y requisitos para el registro de participantes, constituirán la forma de trabajo, el número de integrantes en cada grupo parlamentario definido por los jóvenes participantes, el número de comisiones, el número de integrantes y sus competencias temáticas.
Tendrán la obligación de asistir en todo momento al desarrollo de las actividades y establecer un reglamento que rija los trabajos del parlamento.
De igual forma, se propone establecer un Reglamento para el Parlamento Universitario cuyo objetivo será normar los procedimientos que permita a los parlamentarios universitarios reproducir un periodo de sesiones del Honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de permitir el acercamiento de los jóvenes interesados en el ámbito parlamentario a las actividades llevadas a cabo por ambas Cámaras Legislativas.
El ordenamiento será de observancia obligada para los parlamentos universitarios que integran el Parlamento Universitario y que regirá de manera permanente.
Asimismo, el ordenamiento acumulará las experiencias de la Asamblea deliberante y los procedimientos y prácticas que reconocen su origen en los ordenamientos jurídicos del Congreso Mexicano, de manera indudable e indiscutible el reglamento tendrá la necesidad de ser actualizado y perfeccionado por los propios participantes de este modelo legislativo, con base en la experiencia de su práctica, las reglas que surjan del ejercicio del debate y la discusión y particularmente de la dinámica de los trabajos que los propios parlamentos universitarios produzcan de su propio desempeño.
Los apartados normarán las competencias y alcances del Parlamento Universitario, así como los diferentes momentos que toda asamblea deliberante procesa para constituirse en un órgano productor de normas y reglas.
Los temas fundamentales del reglamento serán la constitución legal de la asamblea; el proceso de designación de los integrantes de la Mesa Directiva del Parlamento; la constitución y organización de los grupos parlamentarios; la integración de comisiones y designación de sus juntas directivas; así como las reglas que norman el debate parlamentario, lo que permitirá reproducir el modelo legislativo y a los estudiantes tener conocimiento de las prácticas parlamentarias.
Por tanto, el reglamento establecerá la forma en la que se integrará el Parlamento Universitario; la organización del Parlamento Universitario; los órganos que lo constituyen; el procedimiento para las sesiones y deliberaciones del Parlamento Universitario; el trabajo en comisiones; y la interrelación del Parlamento Universitario con el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La integración de este Parlamento deberá conformarse por 128 estudiantes1 de nivel licenciatura, que hayan sido acreditados, previa convocatoria pública, emitida por el Comité Organizador de este ejercicio práctico.
El Parlamento tendrá un solo periodo de sesiones, que se realizara en los recesos de ejercicio de ambas Cámaras y su duración será no mayor a 5 días, lo que constituirá una legislatura universitaria.
En cuanto a las propuestas y conclusiones de los legisladores universitarios, serán redactadas en una "Declaración Final" que será presentada a ambas Cámaras.
La organización del primer Parlamento Universitario estará bajo la conducción de un comité organizador integrado por un diputado federal o un senador designado para tal efecto por la Comisión de Juventud y Deporte, dos estudiantes universitarios por cada asociación o institución convocante y un funcionario designado por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El Comité Organizador, tendrá las siguientes responsabilidades:
Establecer las fechas de realización;
Establecer el programa de los trabajos;
Integrar y definir a los grupos parlamentarios;
Definir el número de integrantes en las comisiones,
así como sus competencias temáticas.
Asistir en todo momento el desarrollo de actividades.
El Parlamento Universitario se constituirá para su funcionamiento por los órganos y organizaciones siguientes:
Una junta directiva, que será integrada por un presidente, un vicepresidente y los secretarios necesarios para incorporar a los grupos parlamentarios en la misma, que serán los parlamentarios de mayor edad, en caso de presentarse igualdad de edades, la precedencia se establecerá tomando en cuenta al parlamentario que curse el semestre mas avanzado, en caso de prevalecer el empate se tomara en consideración el promedio de calificaciones mas elevado.
Una mesa directiva, integrada por un presidente, tres vicepresidentes y los secretarios necesarios para incorporar a los grupos parlamentarios en la misma, elegidos en sesión plenaria mediante votación por cédula, a partir de la propuesta de la junta de coordinadores parlamentarios.
Por grupos parlamentarios, que serán las formas de organización que adoptarán los parlamentarios universitarios.
Una junta de coordinadores, que expresará la pluralidad del Parlamento como un órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos; se integrará por los coordinadores y vicecoordinadores de los grupos parlamentarios y será presidente de la junta el coordinador del grupo parlamentario que, por sí mismo, cuente con la mayoría absoluta del voto ponderado de la junta.
Por comisiones, que será órganos plurales constituidos por integrantes de todos los grupos parlamentarios, para la discusión y elaboración de propuestas de indistintos temas. Las comisiones contarán con un máximo de 25 integrantes, entre los cuales se nombrara a un presidente y a un secretario.
Los temas a debatir en las comisiones serán definidos por sus integrantes; se deberá elaborar un documento que contenga las conclusiones finales respecto de los temas debatidos y se elegirá a un representante de la comisión para presentar ante el pleno las conclusiones de los temas discutidos.
La asamblea o el pleno, que será el órgano colegiado, constituido por los 128 parlamentarios en sesión plenaria o el número que determine la comisión, requiriendo de la mitad mas uno de sus integrantes para poder sesionar validamente.
La asamblea sesionara en sesión constitutiva y en sesión plenaria.
La sede para dar continuidad a los trabajos del Parlamento Universitario será las instalaciones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Por lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Acuerdo por el que se propone que el Congreso de la Unión realice de manera permanente y anual el Parlamento Universitario, el cual será de manera alternada con cada Cámara.
Segundo. El Parlamento tendrá como sede para continuar los trabajos la Cámara de Diputados, y se realizará durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LX Legislatura.
Tercero. La Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Diputados de la LX Legislatura establecerá las bases y los lineamientos de funcionamiento, organización y convocatoria; así como el reglamento para normar las acciones que permitan a los legisladores universitarios realizar las sesiones durante el Parlamento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintinueve días del mes de marzo de 2007.
La Comisión de Juventud y Deporte
Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica),
presidenta; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Luis Rodolfo Enríquez
Martínez (rúbrica), Alma Hilda Medina Macías, Miguel
Ángel Monraz Ibarra, Daisy Selene Hernández Gaytán,
Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina,
Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Luis Aguilera
Rico, secretarios; Joel Arellano Arellano (rúbrica), Salvador Barajas
del Toro, Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Gustavo Fernando
Caballero Camargo, Ricardo Franco Cázarez (rúbrica), Ramón
Ignacio Lemus Muñoz Ledo, Ana Yurixi Leyva Piñón,
Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández
(rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Concepción
Ojeda Hernández (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso
(rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Martín
Ramos Castellanos (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera, Carlos
Alberto Torres Torres (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez, Rafael
García Villicaña.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EL EJECUTIVO FEDERAL ESTABLEZCA MEDIANTE LAS DEPENDENCIAS Y LAS ENTIDADES
CORRESPONDIENTES UN ESQUEMA DE APOYO A LOS PESCADORES, SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, ARMANDO
JESÚS FÉLIX HOLGUÍN E IÑIGO ANTONIO LAVIADA
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
Ante el gran apoyo que el gobierno federal ha otorgado a los miles de mexicanos en nuestro país, entre ellos los diversos apoyos que para el efecto se han implantado a lo largo del país y otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tales como el del subsidio al diesel marino y el de reposición de artes de pesca, programas a los que tuvieron acceso aquellas personas que contaran con embarcaciones adecuadas para ello; pues bien, atendiendo a dichos apoyos cabe agregar que si bien es cierto, que las personas beneficiadas fueron numerosas, lo es cierto también que esos apoyos jamás llegaron a los pescadores como se hizo ver en los referidos programas, ya que fueron a dar a personas que cuentan con una situación económica media alta, como lo fueron los propietarios de barcos de Puerto Peñasco, Sonora y varias partes del estado de Sonora y del resto del país.
Esto provocó un desencanto general en aquellos que en realidad salen en busca del producto marino, ya que a dichos apoyos sólo tuvieron acceso aquellas personas que tienen una posición económica de media alta a alta, olvidándose por completo del verdadero pescador, que es el que sale a la mar arriesgando sus vidas y percibiendo los más bajos ingresos económicos que jamás se hayan otorgado al pescador en México.
Es de reconocer el valor de nuestros pescadores mexicanos, pero lo lamentable es que conforme pasa el tiempo estos perciben sueldos que en realidad no les alcanza para una vida digna que merecen.
Algunos de los armadores o dueños de las embarcaciones pesqueras, aparte de recibir el apoyo del gobierno federal por los programas en mención, emplean al pescador otorgándoles bajos sueldos al momento en que se les liquida el producto y, sin embargo, ellos son los únicos beneficiados con los mencionados programas.
No olvidemos que los pescadores trabajan las 24 horas del día durante la temporada de pesca, que por lo regular en la captura del camarón oscila entre los siete meses, tiempo que sólo lo dedican a trabajar en lo único que han aprendido a hacer durante su vida, y que desgraciadamente, no han recibido el apoyo suficiente para ellos y sus familias.
Considerandos
Como se aprecia, es muy importante incentivar al verdadero pescador, que aparte de que arriesgan sus vidas, pasan largas jornadas de trabajo en las embarcaciones pesqueras que por lo regular llegan a 30 días en alta mar sin retornar a puerto, aquel que deja a su familia por salir adelante, aquel que le da a ganar al armador y que no recibe lo justo. Es lamentable que a la fecha a nuestros pescadores se les nieguen incentivos económicos para solventar las necesidades primarias de su familia, como lo son atención médica, escuela, comida y vestido.
El gobierno federal se ha preocupado en incentivar económicamente a los campesinos, así como de otorgar programas a favor de las personas de la tercera edad, por las mujeres, por los menores, por el más necesitado, pero es el momento que también vea por los pescadores mexicanos, ya que son ellos los que arriesgan sus vidas para que otros coman.
Estamos seguros que incentivando al pescador con apoyos del gobierno mexicano tendrán una mejor forma de vida, una vida digna a la que por ley todos tenemos derecho, lo que repercutirá en una mejor estabilidad social y económica de sus familias.
Punto de Acuerdo
Único: Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias y entidades correspondientes, evalúe la posibilidad e implemente un programa adicional a los programas federales que permitan que los beneficios de dichos programas existentes lleguen a los verdaderos pescadores y no sólo queden en manos de los propietarios de las embarcaciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 19 de abril de 2007.
Diputados: José Inés Palafox Núñez,
Armando Jesús Félix Holguín, y Íñigo
Antonio Laviada Hernández (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE QUERÉTARO Y AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA MISMA ENTIDAD A EVITAR LA VIOLACIÓN
DE LA AUTONOMÍA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, José Antonio Almazán González, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRD y con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, con el objetivo de que se exhorte al gobernador del estado de Querétaro, licenciado Francisco Garrido Patrón, y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad, licenciado J. Jesús Lomelí Rojas, a efecto de que no continúen violentando la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro y en consecuencia extiendan la toma de nota a su comité ejecutivo electo legalmente y en forma democrática, en apego a derecho. Presenta esta solicitud conforme a las siguientes
Consideraciones
La autonomía sindical es un derecho constitucional de todo sindicato para decidir con libertad su vida interna y poder cumplir su tarea en defensa de los intereses de sus agremiados tal y como lo establece la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una de las manifestaciones concretas de la autonomía sindical es la organización periódica de sus elecciones internas para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes de acuerdo al artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo y del artículo III del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
El comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro fue electo legalmente por medio del proceso electoral calificado por su asamblea general el 15 de agosto de 2006 y ratificado por dos asambleas generales más donde los trabajadores ya externaron su libre voluntado de elegir y ratificar a sus dirigentes sindicales, todo lo cual se llevó a cabo en apego al marco jurídico aplicable y concretamente el respeto a sus estatutos sindicales.
En una práctica recurrida tanto por el gobierno federal como también por el gobierno de dicha entidad, en una ilegal intromisión a la autonomía sindical el gobernador del estado de Querétaro apoyándose en las acciones de su Tribunal de Conciliación y Arbitraje y sin mediar procedimiento alguno les ha negado con diversos pretextos legaloides la toma de nota al comité electo legalmente por los trabajadores del sindicato mencionado.
Contraviniendo la organización interna y la voluntad de la mayoría de los trabajadores, el Tribunal de Conciliación de Arbitraje entregó la representación legal de la organización sindical al comité de vigilancia, dejando en estado de indefensión a los agremiados de la organización trabajadora con la consecuente violación a sus derechos laborales y propiciando un daño patrimonial al sindicato y a los trabajadores a quienes no se les ha entregado parte de los ahorros que efectuaron en el año anterior.
En un acto sin precedentes, en la lucha sindical en Querétaro, fueron despedidos injustificadamente en un mismo día la mayoría de los integrantes del comité ejecutivo electo y han azuzado de manera pública y abierta a trabajadores para que denuncien penalmente a varios los integrantes de la dirección del sindicato de la retención de los recursos que la propia patronal ha retenido en perjuicio de los trabajadores, ya que auditorias realizadas concluyen que no existe manejo inadecuado de los recursos de los agremiados.
A lo largo de los ocho meses que lleva este conflicto, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no ha agotado las etapas procesales que permitan la resolución del conflicto, lo que es una evidente violación al principio constitucional de que la justicia deberá de impartirse de manera pronta y expedita.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al gobernador del estado de Querétaro, licenciado Francisco Garrido Patrón, y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad, licenciado Jesús Lomelí Rojas, para que no continúen violentando la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro y en consecuencia extiendan de manera inmediata la toma de nota a la mesa directiva electa en forma democrática y en apego a derecho por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro. Del mismo modo se exhorte al gobernador del estado, cesen los actos de represión laboral, política y judicial efectuados en contra del comité ejecutivo del sindicato.
Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2007.
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEMARNAT A CESAR AL DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO
Y RIESGO AMBIENTAL, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM
Diego Cobo Terrazas, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, 23, y 25 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite someter ante esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El intenso crecimiento demográfico e industrial, la falta de estrategias de planeación y manejo, así como el desconocimiento del valor ambiental y socioeconómico de los ecosistemas, han inducido graves problemas de contaminación e impacto ambiental así como la pérdida de valiosos recursos naturales y económicos en todo el mundo. Esta situación ha determinado la necesidad de incorporar la variable ambiental y los criterios ecológicos dentro de las políticas orientadas hacia la planificación y el desarrollo sustentable.
En la década de los sesenta se empezaron a difundir en Europa diversos llamados de atención acerca de los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente. En Suecia y Dinamarca se intentó predecir qué repercusiones sobre los ecosistemas podría tener el desarrollo de algunos proyectos productivos. También en Estados Unidos de América se dejaron oír voces de inquietud por los daños que causaban los proyectos productivos en el ambiente, al grado que gobierno y empresas privadas se vieron obligados a invertir tiempo, atención y recursos económicos para buscar las formas de prevenir y contrarrestar esos efectos.
Los gastos para limpiar los sitios contaminados, la imagen negativa de las empresas contaminantes ante la opinión pública, el boicot a sus productos y los posibles cierres de las plantas que provocaban perjuicios ambientales, constituyeron un alto costo para las empresas, circunstancia que las impulsó a buscar mecanismos que les permitieran conocer con anticipación los efectos de sus proyectos productivos sobre el ambiente.
En respuesta a estas inquietudes, a principios de los años setenta se desarrolló en Estados Unidos de América el procedimiento de evaluación del impacto ambiental (environmental impact assessment), el cual fue introducido en su marco legal por medio de la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act, NEPA), promulgada en 1970. Desde entonces, la evaluación del impacto ambiental cuyo objetivo primordial fue en su inicio disminuir los costos derivados de la contaminación que genere un proyecto, fue adoptada en la práctica y/o incorporada a la legislación ambiental de numerosos países como México.
En México, los estudios de impacto ambiental se realizan desde hace poco más de 20 años. En la administración pública federal, se aplicaron a partir de 1977 para la evaluación preliminar de proyectos de infraestructura hidráulica, aunque se tiene noticia de estudios realizados previamente, sobre todo para tesis profesionales y estudios de investigación. Siendo contemplado jurídicamente por primera vez en la Ley Federal de Protección al Ambiente (publicada el 11 de enero de 1982).
Sin embargo, no es sino hasta 1988 que arranca formalmente el procedimiento de evaluación del impacto ambiental en México, año en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental.
La evaluación del impacto ambiental tiene sus bases jurídicas en las disposiciones que al respecto establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en lo sucesivo LGEEPA), la cual considera como instrumentos de la política ambiental a los siguientes:
Instrumentos económicos.
Regulación ambiental de los asentamientos humanos.
Evaluación del impacto ambiental.
Normas oficiales mexicanas en materia ambiental.
Autorregulación y auditorías ambientales.
Investigación y educación ecológicas.
Con respecto a la evaluación del impacto ambiental, la misma ley apunta en su artículo 28 que "es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente".
En México, la evaluación del impacto ambiental está dirigida a efectuar análisis detallados de diversos proyectos de desarrollo y del sitio donde se pretenden realizar, con el propósito de identificar y cuantificar los impactos ambientales que puede ocasionar su ejecución. De esta manera es posible establecer la factibilidad ambiental del proyecto (análisis costo beneficio ambiental) y, en su caso, determinar las condiciones para su ejecución y las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales que será necesario tomar para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.
Entre las principales características de la evaluación del impacto ambiental, están las siguientes:
Su objetivo es prevenir los efectos negativos sobre
la salud humana y el medio ambiente que pudieran derivarse del desarrollo
de una obra o actividad.
Basa su efectividad en un análisis prospectivo-predictivo.
Establece regulaciones a las obras o actividades sujeta
a evaluación.
Es un procedimiento integrador de diversas disciplinas
científicas.
El principal objetivo de los legisladores al incorporar a nuestro sistema normativo la figura de la manifestación de impacto ambiental y su evaluación, fue plasmar en la legislación ambiental mexicana las orientaciones y los principios de la nueva política ambiental, fundada en el principio del desarrollo sustentable, como resultado de una comprensión lógica acerca de que es que es mejor prevenir que corregir, ya que con frecuencia, los costos asociados a medidas correctivas son mayores que los costos asociados a medidas preventivas.
Desafortunadamente, esta figura ha perdido la importancia de su carácter preventivo, como instrumento de política ambiental con aplicación específica e incidencia directa en las actividades productivas.
Resulta evidente la ineficacia de la autoridad ambiental, en el momento de realizar la evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental que son puestas a su consideración, ya que cada vez es más frecuente la problemática relacionada con autorizaciones emitidas sobre una base estrictamente intuitiva, aplicando medidas de mitigación sin conocerse siquiera los impactos ambientales reales, careciendo en muchas ocasiones de criterios técnicos, regulación y procedimientos coherentes, supeditándose en la mayoría de las veces a un mero trámite administrativo a cumplir, que será autorizado sin ninguna consideración preventiva hacia los impactos ambientales que pueda ocasionar.
Actualmente, no nos resulta extraño que en la realización de la gran mayoría de los proyectos y obras, las manifestaciones de impacto ambiental se realizan con el proyecto ya en ejecución, ya licitado o ya "concertado" por las autoridades en los tres órdenes de gobierno, independientemente de su viabilidad ambiental, prácticas que revelan no sólo el desinterés por el ambiente, sino el sistemático desacatamiento de la legislación ambiental, inculcando desde el Estado la práctica del incumplimiento de la ley, el descuido del aspecto temporal de aplicación del proceso y el desinterés por la participación pública en al toma de decisiones.
Aunado a esto, en los últimos años son cada vez más constantes y notorias las irregularidades jurídicas y procedimentales que se han presentado durante los procesos de evaluación y autorización de manifestaciones de impacto ambiental sobre distintos proyectos en todo el país, ya que, no obstante que muchos de ellos no cumplen con los requisitos que la ley exige, son autorizados ya sea en su totalidad o de manera condicionada.
Derivado de todo lo anterior, resulta evidente que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, a cargo actualmente del biólogo J. Ricardo Juárez Palacios, ha incumplido de manera reiterada con sus obligaciones jurídicas en la materia, contraviniendo las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan el procedimiento de evaluación de impacto ambiental; desvirtuando el objetivo principal por el que fue creada la manifestación de impacto ambiental y su evaluación, razón por la cual organizaciones de la sociedad civil, han presentado ante la Secretaría de la Función Pública, sendas denuncias en contra de este funcionario por las presuntas irregularidades en el ejercicio de su función pública.
Entre algunas de estas podemos mencionar las irregularidades manifiestas en las siguientes autorizaciones otorgadas:
3. Nombre del proyecto: "Proyecto Hidroeléctrico
La Yesca", clave: DGIRA/Semarnat: 14JA2006HY-0003. Municipios de "La Yesca",
Nayarit y "Hostotipaquillo", Jalisco.
4. Nombre del proyecto: Construcción de la carretera
Salamanca-Morelia, Tramo Cuitzeo-Salamanca en el estado de Guanajuato,
números de referencia: 11/MG-2536/02/04; 11GU2004VD001. Estados:
Michoacán y Guanajuato.
5. Nombre del proyecto: Planta de Suministro de Gas LP,
Zeta Gas del Pacífico. Números de referencia: 09/MG-4273/02/04;
06CL2004G0001. Municipio: Manzanillo, Colima.
6. Nombre del proyecto: "Cambio de Uso del Suelo en Terrenos
Forestales del Ejido Nuevo Cuyutlán". Números de referencia:
06/MP-3366/07/03; 06CL-2003MD065. Municipio: Manzanillo, Colima.
7. Nombre del proyecto: Terminal GNL de Sonora, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2006G0007. Localidad: Puerto Libertad, Municipio: Pitiquito,
Sonora.
8. Nombre del proyecto: Gasoductos de Sonora, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2006G0008. Localidad: Puerto Libertad, Municipio: Pitiquito,
Sonora.
9. Nombre del proyecto: Servicios Ambientales La Choya,
clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005I0008. Municipio: Puerto Peñasco,
Sonora (se registró como si fuera de este municipio, pero en realidad
está ubicado en el municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora).
10. Nombre del proyecto: Gasoductos de Sonora, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2006G0008. Municipio: Pitiquito, Sonora.
11. Nombre del proyecto: Terminal de recibo, almacenamiento
y regasificacion de gas natural licuado "Energía Costa Azul", clave:
DGIRA/Semarnat: 02BC2002G0028. Municipio: Ensenada, Baja California.
12. Nombre del proyecto: Desarrollo Turistico The Point
Las Conchas, clave: DGIRA/Semarnat: 26SO-2006TD023. Municipio: Puerto
Peñasco, Sonora.
13. Nombre del proyecto: Marina Turística Sandy
Beach, clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2006TD050. Municipio: Puerto Peñasco,
Sonora.
14. Nombre del proyecto: Banco de materiales pétreos
"Sierra Pinta", cave: DGIRA/Semarnat: 26SO2006TD056. Promovente: Materiales
pétreos para la construcción.
15. Nombre del proyecto: Aeropuerto del Mar de Cortés,
clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2006V0014. Promovente: Aeropuerto del Mar de
Cortés, SA de CV.
16. Nombre del proyecto: Plaza náutica comercial
Los Marineros, clave: DGIRA/Semarnat: 26SO-2006TD057. Promovente: Sociedad
Turística Caballito de Mar S de RL de CV.
17. Nombre del proyecto: Las Misiones, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2006TD063. Promovente: Marina Vallarta SA de CV.
18. Nombre del proyecto: Muelle Flotante Marina Legada,
clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2006-HD051. Promovente: Pesquera Legada SA
de CV.
19. Nombre del proyecto: Marina Sandy Beach Resorts, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2006TD050. Promovente: Inmobiliaria Playa Ensueño,
SA de CV.
20. Nombre del proyecto: Condominos -Y22, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2006TD049. Promovente: Primestone de México S de RL de CV.
21. Nombre del proyecto: Brazo Náutico Los Beleros,
clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2006TD028. Promovente: Boca del Lobo S de RL
de CV.
22. Nombre del proyecto: Playa Marbella, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2006TD029. Promovente: Mardonio Talavera.
23. Nombre del proyecto: Playa Maravilla, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2006TD030. Promovente: Wadell Playas SA de CV.
24. Nombre del proyecto: Residencial Las Perlas, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2006TD026. Promovente: Pedro Villagrán.
25. Nombre del proyecto: Marbella, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2006TD025. Promovente: Desarrollos Procasa SA de CV.
26. Nombre del proyecto: Playas Paraíso, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2006TD024. Promovente: Malibu Beach S de RL de CV.
27. Nombre del proyecto: The Point-Las Conchas, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2006TD023. Promovente: The Point at Las Conchas S de
RL de CV.
28. Nombre del proyecto: Condominios Linda Vista, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2006TD014. Promovente: Reservas Territoriales SA de
CV.
29. Nombre del proyecto: Playa Mia Venture, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2006TD002. Promovente: Playa Mia Venture SA de CV.
30. Nombre del proyecto: Marina Sandy Beach Resorts,
clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD095. Promovente: Inmobiliaria Playa Ensueño,
SA de CV.
31. Nombre del proyecto: Planta de tratamiento y desaladora/Fraccionamiento
Riviera, clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005HD093. Promovente: North Beach
Agua Potable y Saneamiento SA de CV.
32. Nombre del proyecto: La Perla del Mar, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD094. Promovente: CM La Perla de Peñasco, S de RL de CV.
33. Nombre del proyecto: La Perla del Mar, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005T0020. Promovente: Banca Mifel, SA (Fideicomiso 568/2005).
34. Nombre del proyecto: Premier Vacation Club at PP,
clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD087. Promovente: Puerto Peñasco
Vacation Destinations, S de RL de CV.
35. Nombre del proyecto: Portal del Lago, clave: DGIRA/Semarnat:
29TC2005TD005. Promovente: Portal del Lago SA de CV.
36. Nombre del proyecto: Los Portales, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD089. Promovente: Portal del Lago, SA de CV.
37. Nombre del proyecto: Riviera Real, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD090. Promovente: Khelo International Developers S de RL de CV.
38. Nombre del proyecto: Condominios Estrella Las Duna,
clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005-TD088. Promovente: Grupo Desarrollos Santo
Tomas, SA de CV.
39. Nombre del proyecto: Desaladora "Las Conchas", clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2005UD079. Promovente: Asociación de Vecinos
Las Conchas.
40. Nombre del proyecto: Concesión Zofemat La
Bajada, clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005UD013. Promovente: Ayuntamiento.
41. Nombre del proyecto: Las Fuentes del Mar, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD042. Promovente: NGC Las Fuentes del Mar.
42. Nombre del proyecto: Condominio del Sol, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD073. Promovente: Seaport Group, SA de CV.
43. Nombre del proyecto: Holyday inn Express, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD06. Promovente: Pelican Harbor Yatch Club S de RL de CV.
44. Nombre del proyecto: Harbor view yatch club, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD064. Promovente: Peñasco Partners S de
RL de CV.
45. Nombre del proyecto: Playa Azul, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD030. Promovente: Seypet Resorts.
46. Nombre del proyecto: Sunset Village, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD036. Promovente: Sunset Village SA de CV.
47. Nombre del proyecto: Playa Encantame, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD029. Promovente: Nine East Properties SA de CV.
48. Nombre del proyecto: Muelle en espigon Principal,
clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD025. Promovente: Vista Marbella Inn and
Suites.
49. Nombre del proyecto: Marina Seca con muelle flotante,
clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005VD028. Promovente: Laguna de Juan S de RL
de CV.
50. Nombre del proyecto: Muelle en espigon 1 del Malecón,
clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005VD024. Promovente: Nui Properties S de RL
de CV.
51. Nombre del proyecto: Hotel El Mirador, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD040. Promovente: Desarrollos el Mirador.
52. Nombre del proyecto: Casa Blanca, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD005. Promovente: Desarrolladora Playa Vista S de RL de CV.
53. Nombre del proyecto: Muelle Flotante y pasarela, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2005T0017. Promovente: Unión de Servicios turísticos
y anexos Isla San Jorge de Puerto Peñasco AC.
54. Nombre del proyecto: Ocean View Condominios, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD009. Promovente: Ocean View Development S de
RL de CV.
55. Nombre del proyecto: Marina Seca con muelle flotante,
clave: DGIRA/Semarnat. 26SO2005VD012. Promovente: Puerto Compañero
MX S de RL de CV.
56. Nombre del proyecto: Escala Náutica Puerto
Peñasco, clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD007. Promovente: Fonatur.
57. Nombre del proyecto: El Dorado Estates, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2005TD022. Promovente: Playa Dorada Development.
58. Nombre del proyecto: Carretera Costera PP-GSC, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2005VD002. Promovente: Junta de Caminos de Sonora.
59. Nombre del proyecto: Muro de contención parcela
71-Z-2P1/1 Zofemat, clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD016. Promovente: Inmobiliaria
J & B Empresas SA de CV.
60. Nombre del proyecto: Muro de contención parcela
72-Z-2P1/1 Zofemat, clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD017. Promovente: Inmobiliaria
J & B Empresas SA de CV.
61. Nombre del proyecto: Condominios Peñasco, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD014. Promovente: Condominio Peñasco S
de RL de CV.
62. Nombre del proyecto: Condominio Torre Playa Mayan
Island Tee 14, clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD002. Promovente: Marina
Vallarta SA de CV.
63. Nombre del proyecto: La Jolla Village, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2004TD044. Promovente: La Jolla Village S de RL.
64. Nombre del proyecto: Village in Las Conchas, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD001. Promovente: Desarrolladora Regional del
Noroeste S de RL de CV.
65. Nombre del proyecto: Ejido Estero La Pinta, clave:
DGIRA/Semarnat: 26SO2005TD004. Promovente: Elmer García Acosta.
66. Nombre del proyecto: Condominio Encanto, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2004TD040. Promovente: Habitat Real State.
67. Nombre del proyecto: Muelles Flotantes, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2004HD047. Promovente: Servicios Marinos de Peñasco.
68. Nombre del proyecto: Casa Blanca, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2004TD042. Promovente: Desarrolladora Playa Vista S de RL de CV.
69. Nombre del proyecto: Luna Blanca, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2004TD041. Promovente: Seven Ocean Real Estate SA de CV.
70. Nombre del proyecto: Portal del Mar, clave: DGIRA/Semarnat:
26SO2004TD043. Promovente: Fraccionamiento Playa Encanto S de RL de CV.
71. Nombre del proyecto: Construcción de muelle
de atraque, clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2004HD048. Promovente: Salvador
Cabrales Noriega.
72. Nombre del proyecto: Sandy Beach Resort segunda etapa,
clave: DGIRA/Semarnat: 26SO2004D0006. Promovente: Inmobiliaria Playa Ensueño,
SA de CV.
73. Nombre del proyecto: Megacolector Sur 2006, Constructora Ingeniería Oso SA, el cual es eximido de la presentación de manifestación de impacto ambiental mediante oficio SGPA/DGIRA/DDT/2494/06, firmado por el del biólogo J Ricardo Juárez Palacios.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que el ejercicio de sus facultades legales cese de sus funciones al actual titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, biólogo J. Ricardo Juárez Palacios, lo anterior, con el firme objetivo de transparentar los procesos que realiza dicha dirección, y en busca del estricto apego a la legalidad en sus procesos.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública dictar la resolución conducente a las denuncias ya interpuestas en contra del biólogo J Ricardo Juárez Palacios, en cuanto titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, algunas de las cuales ya han sido referidas en la exposición de motivos de la presente proposición y envíe a esta soberanía un informe del estado que guardan dichos procedimientos.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio del Instituto Nacional de Ecología, a que realice un estudio para determinar la efectividad y utilidad actual de la evaluación de impacto ambiental como instrumento de política ambiental de carácter preventivo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a diecinueve de abril del año dos mil siete.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE SE INTEGRE UNA DELEGACIÓN DE DIPUTADOS QUE ASISTA A MEXICALI
PARA CONOCER LAS REPERCUSIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO,
SUSCRITA POR DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes:
Antecedentes
El 13 de septiembre de 2006 se presentó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la iniciativa HR-6061, la cual fue aprobada el día siguiente por esa misma Cámara y el 29 de septiembre del mismo año por el Senado. Esta iniciativa prevé, entre otras medidas, la construcción de un muro fronterizo de 1,123 kilómetros; la utilización de tecnología de punta para vigilancia y el reforzamiento de la patrulla fronteriza, así como un presupuesto de 38 millones de dólares al Departamento de Seguridad Interna.
El gobierno mexicano rechazó enérgicamente tal decisión y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su profunda preocupación ante el establecimiento de barreras físicas en la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos pues éstas solo propician un clima de tensión en las comunidades ahí establecidas.
La SRE manifestó respetar el derecho de cualquier Estado de adoptar las medidas en su territorio que estime necesarias para su seguridad, así como en la necesidad de afianzar la seguridad en la frontera común, a la vez que señaló que el establecimiento de un muro fronterizo lastima la relación bilateral en su conjunto y es contraria al espíritu de cooperación que debe prevalecer para garantizar la seguridad en la frontera común.
El gobierno de México insiste en que la atención adecuada del fenómeno migratorio requiere de un enfoque integral basado en el principio de responsabilidad compartida, por lo que las medidas parciales y exclusivamente concentradas en la seguridad niegan la realidad y representan, en el contexto actual, más una respuesta política que una solución viable.
El Congreso mexicano, por su parte, también rechazó la medida estadounidense. Todos los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara de Diputados aprobaron un punto de acuerdo en el cual expresaron su rechazo a la decisión del Congreso de Estados Unidos y manifestaron su respaldo al pronunciamiento del Ejecutivo federal que demandaba al Presidente George W. Bush vetar dicha resolución. De igual manera, manifestaron su desacuerdo con que a los migrantes se les trate como delincuentes, pues no constituyen una amenaza a la seguridad y a la economía de Estados Unidos de América sino que por el contrario, constituyen un impulso al desarrollo a través del trabajo honesto, el pago de impuestos y el aporte cultural que realizan.
El muro, continúa el punto de acuerdo aprobado, presenta una falsa salida al reto de la migración ya que propicia el crecimiento del mercado negro de personas; altera el flujo circular de los migrantes con lo que fomenta su estadía en los Estados Unidos, y aumenta los riesgos de muerte de los migrantes al intentar nuevos cruces más peligrosos.
En seguimiento a lo anterior, presentamos el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La Comisión de Relaciones Exteriores considera que la solución al fenómeno migratorio no se encuentra en el levantamiento de muros, sino en el establecimiento de medidas que fomenten el desarrollo de México y disminuyan la disparidad salarial entre ambas naciones.
México promueve, a través de su política exterior, el respeto a los derechos humanos independientemente de la condición migratoria; los mexicanos que se han visto en la necesidad de emigrar hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida merecen un trato digno.
Los valores y los principios deben ser los ejes rectores de toda conducción política que busque el beneficio y el desarrollo de sus ciudadanos. Por tanto, el levantamiento de muros entre socios es no sólo contrario al principio de cooperación internacional sino también al de buena vecindad.
Las fronteras son espacios en donde se debe estimular la calidad de vida de los habitantes, la actividad comercial y productiva en un ambiente seguro.
Sin duda alguna, la construcción de esta cerca en la frontera tendrá consecuencias en la relación bilateral, en las comunidades ahí establecidas y en el entorno ecológico.
Convencidos de la necesidad de conocer de primera mano y a detalle los pormenores de esta medida y las implicaciones que dicha barrera pueda generar, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados reitera su preocupación por la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos de América y México.
Segundo. Se autoriza que una delegación plural y representativa de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados viaje a la ciudad de Mexicali del 22 al 24 de abril del año en curso, con el objetivo de conocer y analizar las acciones tomadas respecto a la construcción del muro fronterizo, así como las implicaciones que ello conlleva en la vida de las comunidades mexicanas ahí establecidas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2007.
Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica),
presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica),
Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc
Sandoval Ramírez, Mario Enrique del Toro, Antonio de Jesús
Díaz Athie (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica),
Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar
Solís (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, César
Octavio Camacho Quiroz, Cristián Castaño Contreras, Ariel
Castillo Nájera (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete, Felipe
Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez,
María Dolores González Sánchez (rúbrica), José
Jacques y Medina, Alejandro Landero Gutiérrez, Érika Larregui
Nagel (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez
Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez,
Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones
Canales, Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica ),
Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez,
Artemio Torres Gómez, Jesús Humberto Zazueta Aguilar.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL LA NORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES
DIPLOMÁTICAS CON LA REPÚBLICA DE CUBA, A CARGO DEL DIPUTADO
JAVIER HERNÁNDEZ MANZANARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
La tradición diplomática de nuestro país siempre ha sido de respeto a la soberanía de los estados y al ejercicio de la no intervención en sus asuntos internos. Esta es y debe seguir siendo la premisa básica de actuación en la arena internacional.
Durante los últimos años, las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y el Estado mexicano se han desgastado de una manera preocupante. Como países latinoamericanos debemos hacer el esfuerzo por acercar posiciones que nos permitan llegar a mejores entendimientos entre nuestras naciones.
El Estado mexicano, a través de la historia, ha sido uno de los países más cercanos a la República de Cuba, cuando la Organización de Estados Americanos expulsó a esta nación, nuestro país fue el único que levantó su voz para denunciar este atropello. A largo de los años, la solidaridad mexicana con ese país se ha expresado de diferentes maneras.
Los últimos acontecimientos en la República de Cuba son escenarios inéditos por los cuales atraviesa este país; México debe acompañar el proceso cubano de una manera respetuosa y con apego a nuestra tradición diplomática de no intervenir en asuntos internos de los demás países. La historia de las relaciones entre nuestro país y Cuba nos obliga a estar atentos al acontecer político de lo que sucede en la isla y entablar acuerdos constructivos y prósperos de largo plazo para beneficio de nuestras naciones.
Por lo anterior, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para normalizar de la manera más expedita, las relaciones diplomáticas y políticas con la República de Cuba.
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa, al titular del Poder Ejecutivo federal, a fomentar un acercamiento constructivo con los países de la región latinoamericana y del Caribe, en función del papel destacado que en la política internacional nuestro país ha tenido, impulsando siempre las mejores causas en esta región.
Diputado Javier Hernández Manzanares (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA A ORDENAR EL ALEJAMIENTO DE LA FLOTA PESQUERA ATUNERA
DE LA COSTA DE LOS LITORALES RIBEREÑOS DE PUNTA SANTA ELENA, OAXACA,
A CARGO DEL DIPUTADO BENJAMÍN HERNÁNDEZ SILVA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Benjamín Hernández Silva, a nombre de los diputados María Guadalupe Josefina García Noriega, Carlos Orsoe Morales Vázquez y Carlos Ernesto Zatarain González, integrantes de la Comisión de Pesca, ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que ordene a la brevedad posible el alejamiento de la flota pesquera atunera a 15 millas de la costa de los litorales ribereños de Punta Santa Elena, municipio de Santa María Tonameca, hasta Punta Sacrificio, municipio de Santa María Huatulco, en el estado de Oaxaca, hasta en tanto no se emitan disposiciones reglamentarias para la normalización de la pesca de atún en la zona, al tenor de los siguientes
Considerandos
La pesca ribereña en el estado de Oaxaca es considerada como una actividad humana de mayor arraigo y persistencia en las zonas en donde se lleva a cabo, la misma se caracteriza por los métodos utilizados que siguen siendo básicamente artesanales, además es practicada por los grupos de mayor identidad regional que suelen encontrarse en lugares cercanos a las lagunas y en la línea de la costa de acuerdo a la topografía, principalmente en las partes bajas.
Este tipo de pesca se desarrolla en los litorales ribereños en donde viven y trabajan de esta actividad aproximadamente 20 mil familias de pescadores; en las costas de esta identidad se capturan aproximadamente 30 mil toneladas de atún por parte de las flotas pesqueras atuneras provenientes del norte del país, de las cuales solo 500 toneladas son capturadas por los pescadores oaxaqueños, provocando con ello desempleo y quebranto económico a unos 500 pescadores y a sus familias que viven de esta actividad. Esta labor está siendo completamente acaparada por las flotas atuneras grandes, mismas que cuentan con tecnología de punta, además del apoyo incondicional de las autoridades tanto federales y estatales para su funcionamiento, dejando en total desventaja a los pescadores ribereños del estado, quienes no cuentan con la infraestructura suficiente que tienen estos barcos.
Cabe mencionar que antes de que llegara la flota atunera, los pescadores ribereños lograban una producción significativa, que les permitía vivir dignamente, pero a partir de la llegada a las costas oaxaqueñas de estos barcos que en su mayoría son de empresas trasnacionales, se han venido dando innumerables controversias originadas por las distancias con las que se captura el atún respecto de la costa, de igual forma al tipo de redes de cerco que deja sin producción para el autoconsumo y venta a los pescadores ribereños la denominada "fauna de acompañamiento" y "pesca incidental", además hacen caso omiso de la prohibición que se tiene de acercamiento a la playa La Escobilla, considerada como zona de reserva para la protección de las tortugas marinas, ya que es la zona de anidación más importante en México, y una de las más importantes a nivel mundial de esta especie, en donde se ha registrado el arribo de un poco más de un millón de tortugas durante toda la temporada, vale la pena señalar que también se ven afectadas otras especies como son el dorado, el marlín, el pez vela, mantarayas, entre otros.
Esta situación ha provocado serios problemas, como lo son los enfrentamientos que han sido del conocimiento de las autoridades de la Sagarpa, así como de la Secretaría de Marina, sin que hasta la fecha se dé una solución favorable para ambas partes en este conflicto, a pesar de que existe la norma oficial mexicana NOM-EM-04-PESC-2001 que estipula que los barcos deberán de reducir hasta en 10 por ciento la pesca del atún juvenil, pero en clara desobediencia a esta norma, las flotas atuneras capturan atún juvenil a sólo tres millas de la costa, cuando deberían tirar sus redes 25 millas mar adentro.
A este problema, hay que agregarle la llegada de unas 500 embarcaciones de la flota camaronera del norte del país, las cuales capturan un promedio de mil 500 toneladas de camarón de consumo nacional y unas mil 200 toneladas que los dueños de las embarcaciones exportan.
Compañeros diputados, con el presente punto de acuerdo, no se pretende de ninguna manera solicitar la exclusividad de la pesca del atún, sino lograr una pesca legal, equitativa y justa entre pescadores. Esta problemática requiere de acciones en lo inmediato por parte del Ejecutivo federal y estatal, para poder así elevar el nivel de vida de los pequeños pescadores, no debemos sentarnos a mirar como día a día expulsamos a más gente a las ciudades o hacia el norte del país por falta de oportunidades, necesitamos de una pesca sustentable que genere el desarrollo económico para todas las familias que viven y trabajan de esta actividad.
Por todo lo anterior, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que ordene a la brevedad posible el alejamiento de la flota pesquera atunera a 15 millas de la costa de los litorales ribereños de Punta Santa Elena, municipio de Santa María Tonameca, hasta Punta Sacrificio, municipio de Santa María Huatulco, en el estado de Oaxaca.
Segundo. Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emita, a la brevedad posible, la normatización aplicable de la pesca de atún en los litorales ribereños de Oaxaca.
Dado en el Palacio Legislativo, a 12 de abril de 2007.
Diputados: María Guadalupe Josefina García
Noriega (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica),
Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Carlos Eduardo
Felton González, Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA A ATENDER
EL FALLO DEFINITIVO REFERENTE A LA PRETENDIDA FUSIÓN DE FERROMEX
Y FERROSUR, A CARGO DEL DIPUTADO ÉRICK LÓPEZ BARRIGA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Érick López Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Michoacán, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar el siguiente punto de acuerdo:
Consideraciones
La privatización del sistema ferroviario mexicano
En marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo objeto fue sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en el servicio de transporte público ferroviario por otro que permitiera la participación de la inversión privada.
El gobierno federal, a través de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, dictó un acuerdo mediante el cual aprobó el esquema para llevar a cabo la reestructuración del sistema ferroviario, consistente en la segmentación regional en tres vías troncales y una terminal de servicios de interconexión y maniobras en el valle de México, así como diversas líneas cortas.
Las tres vías troncales eran Noreste, Pacífico-Norte y Sureste. Cada uno de los tres concesionarios de estas vías contaría con una concesión para explotar el servicio ferroviario de carga en los términos y con las condiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público Ferroviario y el propio título de concesión.
El primer proceso de licitación fue la venta de 80 por ciento de las acciones representativas del capital social del Ferrocarril del Noreste, SA de CV (FNE), posteriormente TFM y hoy Kansas City Southern de México (KCSM). El segundo correspondió a la vía Pacífico-Norte, hoy Ferromex; y por último, el tercero, a la ruta Sureste, hoy Ferrosur.
La competencia del sistema ferroviario de carga se basó entonces en el establecimiento de estas tres líneas troncales con sus diferentes inversiones, de acuerdo con las ventajas y dimensiones de cada una, formando así las bases para un sistema competitivo.
La fusión de dos líneas troncales
En noviembre de 2005, Grupo México y Grupo Carso anunciaron la fusión de Ferromex y Ferrosur, dos de las empresas troncales en que se dividió el sistema ferroviario mexicano hace 10 años.
El pasado 22 de junio de 2006, la Comisión Federal de Competencia (CFC) ratificó su rechazo a dicha fusión, la cual ya había sido sometida a la consideración de dicha autoridad regulatoria en 2002 y había sido también declarada ilegal tanto en primera como en segunda instancia. Con este fallo, entonces, son ya cuatro (dos veces con su respectiva revisión) que la CFC rechaza la unión, por considerar que afecta el diseño competitivo del sector.
La SCT y la CFC señalaron con claridad en 2002 que el sistema no podía operar con Ferromex y Ferrosur unidos, por lo que la transacción resultaba improcedente (se anexa resumen ejecutivo de sus argumentos de entonces).
La CFC declaró improcedente la fusión. Sin embargo, su resolución no ordenó la desincorporación de los activos de las empresas fusionadas ya que, de forma paralela, anunció una investigación para comprobar prácticas monopólicas violatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, bajo el supuesto de que las compañías se habrían ya unido ilegalmente.
Tras varios meses, la CFC no ha concluido la investigación, a pesar de ser del dominio público que las empresas operan fusionadas, como se comprueba revisando la información periodística del sector en los últimos meses.
Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se ha pronunciado tras el fallo definitivo de la CFC contra una fusión con esas características.
El esquema de privatización del sistema ferroviario en México tenía, entre otros, el objetivo de mantener acceso equilibrado a puntos origen/destino importantes, puertos fronterizos y marítimos.
Las siguientes consideraciones desaparecerían con la fusión que la CFC rechazó:
Como resultado de la fusión, los usuarios que envían mercancías del sureste hacia el centro y norte del país verían disminuidas sus opciones de prestadores de servicios de carga por ferrocarril de dos actualmente, KCSM y Ferromex, a sólo una.
Al observar un mapa del sistema ferroviario mexicano, es claro que Ferrosur (y Chiapas-Mayab) puede elegir entre enviar su carga por KCSM o por Ferromex para alcanzar los destinos del norte. Con la fusión, ese equilibrio se rompería.
El nuevo agente formaría una extensa red que cubriría gran parte del país, siendo además el único enlace directo con las líneas cortas Coahuila-Durango y Chiapas-Mayab, así como el único enlace con el corredor Coatzacoalcos-Salina Cruz.
Las únicas ciudades importantes en las que no participaría Ferromex/Ferrosur serían Nuevo Laredo y Matamoros.
La fusión entre Ferromex y Ferrosur atendería de manera exclusiva, sin ninguna otra alternativa para los usuarios, las ciudades de Minatitlán, Córdoba, Orizaba, Pachuca, Irapuato, Salamanca, León, Aguascalientes, Zacatecas, Torreón, Monclova, Chihuahua, Culiacán, Oaxaca, Los Mochis, Hermosillo y Mexicali.
Ferromex y Ferrosur tendrían acceso a todos los puertos del golfo de México: Coatzacoalcos, Veracruz, Tampico y Altamira (con Altamira y Coatzacoalcos en forma exclusiva); y KCSM, sólo Veracruz y Tampico (ninguna en forma exclusiva).
En el litoral del Pacífico, KCSM sólo llegaría a Lázaro Cárdenas, mientras que Ferromex/Ferrosur llegarían a Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Manzanillo y Salina Cruz, todos en forma exclusiva.
La transacción rompería el esquema original de promover la competencia intraconcesionarios del servicio ferroviario (una de las premisas centrales del esquema de privatización), lo que afecta a los usuarios y crea un ambiente de competencia muy limitada. Lo que se requiere para el beneficio de los usuarios es un sistema ferroviario de carga más competitivo.
Nunca se ha visto que menos competencia reduzca los costos del servicio, y los usuarios de la industria mexicana requieren costos más competitivos y servicios más eficientes.
Resulta difícil creer que sin presión competitiva por parte de las tres troncales que existen actualmente se creen eficiencias que se traduzcan en mejores servicios y tarifas para los usuarios del sistema ferroviario en México.
Es difícil creer que las supuestas eficiencias de la fusión puedan objetivamente contrarrestar el daño que se causa al proceso de competencia y libre concurrencia, específicamente a los clientes, que verían limitadas sus opciones.
Sin duda, que Ferromex y Ferrosur se mantengan concentradas haciendo caso omiso del fallo de la Comisión Federal de Competencia afecta la competitividad del sistema ferroviario mexicano.
Punto de Acuerdo
Primero. Que la SCT, como autoridad regulatoria en la materia, se pronuncie con claridad contra la fusión que ya ha sido rechazada por la autoridad antimonopolios del Estado mexicano, para dar certidumbre al sector.
Segundo. Exhortar a que la Comisión Federal de Competencia agilice también su investigación sobre prácticas monopólicas y que, de ser el caso y comprobar las irregularidades supuestas, ordene la disolución de la fusión, siendo consecuente con su fallo que la considera improcedente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2007.
Diputado Érick López Barriga (rúbrica)
Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2007
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicito se sirva excitar a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para que se realice dictamen a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de alimentos con bajos niveles nutricionales (comida chatarra), presentada el 19 de octubre de 2006 por el diputado Faustino Javier Estrada González.
Sin otro particular.
Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
Vicecoordinador
A LAS COMISIONES DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, DE JUSTICIA, DE DERECHOS HUMANOS, Y DE GOBERNACIÓN, A SOLICITUD DE LOS DIPUTADOS ALEJANDRO CHANONA BURGUETE Y JOSÉ JACQUES MEDINA, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE CONVERGENCIA, Y DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RESPECTIVAMENTE
Los suscritos diputados federales Alejandro Chanona Burguete coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, y José Jacques y Medina integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicitamos que en uso de la facultad que le confieren los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tenga a bien formular excitativa a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Justicia, de Derechos Humanos y de Gobernación a efecto de que se elaboren a la brevedad posible el dictamen correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto que a continuación se enuncian
1. Iniciativa con proyecto de decreto en que se reforma los artículos 116, 125, 137 y 143 de la Ley General de Población, así como la fracción III del artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; adiciona un Título Vigésimo Séptimo, denominado "Delitos en Materia Migratoria", así como los artículos 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 y 441 al Código Penal Federal, así como el inciso 35) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y derogan los artículos 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 138 y 139 de la Ley General de Población, así como la fracción V del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por la diputada María Guadalupe Suárez Ponce del Grupo Parlamentario del PAN, turnada a las comisiones unidas de Justicia, de Derechos Humanos, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios el 18 de marzo de 2004.
2. Iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforma el artículo 128 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal del Grupo Parlamentario del PRI, turnada a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios el 11 de octubre de 2005.
3. Iniciativa con proyecto de decreto en el que se adiciona el artículo 71 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero del Grupo Parlamentario del PRD, turnada a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios el 11 de enero de 2006.
4. Iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo del diputado José Jacques Medina del Grupo Parlamentario del PRD, turnada a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios el 8 de marzo de 2007.
5. Iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez del Grupo Parlamentario del PRI, turnada a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios el 8 de marzo de 2007.
6. Iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar del Grupo Parlamentario del PAN, turnada a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios el 13 de marzo de 2007.
7. Iniciativa con proyecto de decreto en el que se adicionan dos párrafos al artículo 71, se deroga el artículo 123, y se reforma el artículo 128 de la Ley General de Población, presentada por el diputado Alejandro Chanona Burguete del Grupo Parlamentario de Convergencia, turnada a las comisiones unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación el 12 de abril de 2007.
Las iniciativas anteriores a la fecha no han sido dictaminadas por las comisiones correspondientes; por ello, nos permitimos acudir a usted para los efectos pertinentes, y en este sentido exponemos los siguientes
Antecedentes
1. Que en las sesiones del 18 de marzo de 2004, 11 de octubre de 2005 y el 11 de enero de 2006, las diputadas María Guadalupe Suárez Ponce del Grupo Parlamentario del PAN, Martha Laguette Lardizábal del Grupo Parlamentario del PRI e Irma Figueroa Romero del Grupo Parlamentario del PRD en la LIX Legislatura; asimismo, en las sesiones del 8 de marzo de 2007, 13 de marzo de 2007 y 12 de abril de 2007, los diputados José Jacques Medina del Grupo Parlamentario del PRD, Edmundo Ramírez Martínez del Grupo Parlamentario del PRI, Cruz Pérez Cuéllar del Grupo Parlamentario del PAN, y Alejandro Chanona Burguete del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presentamos las iniciativas mencionadas.
2. Que en esas fechas el Presidente de la Cámara de Diputados dictó trámite, y turnó dichas iniciativas a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Justicia, de Derechos Humanos, y de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.
Debe argumentarse a favor de estas iniciativas las siguientes
Consideraciones
La migración no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. De hecho, vivimos en la era de la migración internacional, pues ésta ha crecido en volumen e importancia. Este movimiento masivo de personas de un país a otro genera, tanto para las naciones expulsoras como para las receptoras, desequilibrios y demandas que no siempre son atendidos debidamente.
Para nosotros resulta prioritario tomar medidas concretas para evitar maltrato a indocumentados en las estaciones migratorias de nuestro país, al considerar que el origen de este fenómeno es la falta de oportunidades, de empleos bien pagados y de proyectos regionales que posibiliten el arraigo en sus países de origen. Se debe resaltar que la misma problemática se observa en la forma de vida de un gran porcentaje de nuestra población, por lo que reconocer los derechos humanos de quienes se encuentran ilegalmente en el país, respetar su dignidad y proponer soluciones de fondo es ahora nuestra labor; ya que reprimirlos no significa una respuesta a los verdaderos orígenes del tema, por lo tanto es tiempo de avanzar en dicho reconocimiento y así cumplir con los tratados internacionales y las demandas de diversas organizaciones no gubernamentales en la materia.
Resulta indispensable revisar la legislación vigente con el propósito de despenalizar la inmigración indocumentada y evitar los abusos contra las personas que incurren en ella, proponer reformas a la Ley General de Población encaminadas a mejorar el trato que las autoridades mexicanas les otorgan a los migrantes que arriban a nuestro país.
Las iniciativa enlistadas contemplan establecer condiciones para la estancia digna en las estaciones migratorias; prohibir la utilización de las cárceles públicas federales, estatales o municipales para el alojamiento de extranjeros; se señala que sólo el encubrimiento de indocumentados, la información apócrifa, el atentar contra la soberanía y seguridad nacional, y el tráfico de personas será sancionado; se observa despenalizar la internación ilegal e imponer sólo en los casos de reincidencia, conductas dolosas y actividades ilícitas sanciones administrativas, salvo en el caso de que el extranjero no exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación y finalmente, cumplir de manera conveniente con los diferentes acuerdos y condiciones internacionales sobre la materia, además de evitar que malos servidores públicos pretendan extorsionar a los inmigrantes otorgándose incentivos a los buenos servidores para que cumplan con sus funciones. Es indispensable que las cárceles federales, estatales o municipales dejen de prestar el servicio de estaciones migratorias, impedir el aseguramiento de quienes incurren por primera vez en la internación ilegal, así como asegurar el pleno respeto a las garantías de libertad, igualdad y justicia; así como de los derechos humanos de las personas detenidas en las estaciones migratorias.
Dada la importancia de las iniciativas en comento, considerando que versan sobre el mismo tema y dado que algunas de ellas cuentan con más de un año del trámite dictado, asimismo que las comisiones dictaminadoras no han presentado el dictamen correspondiente en contravención del artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos necesario que se lleven a cabo las acciones conducentes para su dictamen.
Por lo expuesto, le solicitamos de la manera más atenta dicte trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Se requiere a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Justicia, de Derechos Humanos, y de Gobernación de la Cámara de Diputados a que presenten los dictámenes correspondientes a las iniciativas señaladas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2007
Diputados: Alejandro Chanona Burguete y José
Jacques y Medina (rúbricas)
A LAS COMISIONES DE JUVENTUD Y DEPORTE, DE JUSTICIA, DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, Y DE GOBERNACIÓN, A SOLICITUD DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2007
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicito se sirva excitar a las comisiones de Juventud y Deporte, de Justicia, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Gobernación para que se realice dictamen a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; Ley de la Protección para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la Ley de Información Estadística y Geográfica, presentada el 12 de diciembre de 2006 por el diputado José Antonio Arévalo González.
Sin otro particular.
Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
Vicecoordinador
A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2007
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito que sirva excitar a la Comisión de Justicia para que se realice dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona un capítulo del Código Penal Federal en materia de trabajo infantil, presentada por el diputado José Antonio Arévalo González.
Sin otro particular.
Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
Vicecoordinador
A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A SOLICITUD DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2007
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicito se sirva excitar a las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social para que se realice dictamen a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo en materia de trabajo infantil, presentada el 27 de febrero de 2007 por el diputado José Antonio Arévalo González.
Sin otro particular.
Atentamente
Diputado Diego Coba Terrazas (rúbrica)
Vicecoordinador
A LAS COMISIONES DE JUSTICIA, DE DERECHOS HUMANOS, Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2007
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicito se sirva excitar a las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables para que se realice dictamen a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de niños migrantes, presentada el 7 de noviembre de 2006 por la diputada Ana María Ramírez Cerda.
Sin otro particular.
Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
Vicecoordinador
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, A SOLICITUD DEL DIPUTADO DIEGO AGUILAR ACUÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Diego Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI; 87 y demás relativos y aplicables, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente de esta presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Seguridad Social, a efecto de que se dictaminen a la brevedad posible para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social, al tenor de las siguientes
Antecedentes
Primero. El 12 de octubre de 2006, el que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura presenté al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto en el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social en materia de trabajadores rurales y jornaleros agrícolas.
Segundo. En sesión celebrada el 12 de octubre de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, lo cual se hizo del conocimiento de esa Presidencia mediante el oficio número DGPL 60-II-4-80 para su dictamen.
De acuerdo a los antecedentes mencionados, el que suscribe funda dicha iniciativa en las siguientes
Consideraciones
Uno de los pendientes históricos que lacera la conciencia de la sociedad mexicana es, sin duda, la desigualad e injusticia social de quienes fueron propulsores del movimiento revolucionario de inicios de siglo, es decir, los trabajadores jornaleros, quienes han sido durante décadas, el sector prácticamente más olvidado y quienes más han resentido el deterioro productivo y social que ha sufrido el país.
Los esfuerzos de los gobiernos federales y estatales para implementar programas de financiamiento e inversiones en este rubro aunado a la fuerza de trabajo de los jornaleros agrícolas, ha traído mejoras al respecto; sin embargo, a través del tiempo se les ha seguido sacrificando sin que exista la mínima consideración de otorgarles el beneficio de la seguridad social por completo y mucho menos, un sistema de pensiones para su retiro. Debemos tomar en cuenta que los trabajadores rurales y jornaleros agrícolas superan en pobreza y rezago social a cualquier otro sector de nuestra sociedad; consecuentemente, no es casualidad que estos trabajadores procedan de los municipios con más altos índices de marginalidad en el país.
El Estado mexicano y la sociedad estamos en deuda con los jornaleros agrícolas y por lo tanto, obligados a velar por la salvaguarda y conquista de sus derechos, reforzando e innovando nuevos esquemas que les permitan mejorar sus condiciones de vida, obteniendo beneficios de orden social de manera inmediata, que garanticen la seguridad social para él y su familia.
Cabe señalar, que en el país laboran en el campo aproximadamente mil 700 millones de trabajadores cubriendo de manera efectiva temporadas de dos, tres y hasta ocho meses al año, y que un trabajador que realiza su actividad productiva en cualquier otro trabajo que no sea el campo, debería cotizar aproximadamente de treinta años para alcanzar las mil 250 cotizaciones semana que le dan derecho a una pensión.
Mientras que un trabajador del campo tendría que cotizar, considerando su labor discontinua, aproximadamente de 40 a 46 años para tener acceso a esta misma pensión y se comprende que aún así un trabajador jornalero jamás se pensionaría, generando un estado de abandono e incertidumbre, por lo que es necesario con base en los principios sociales de igualdad y seguridad social, garantizarles el derecho a una pensión digna.
Para lo cual proponemos que este tiempo laborado por los jornaleros agrícolas, sea contabilizado dentro del sistema de pensiones para efectos de cotización de semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por todo lo antes expuesto, es fundamental la implementación de un esquema que les permita acceder a una pensión decorosa, integrada inicialmente con 800 cotizaciones semanales aproximadamente para cada trabajador jornalero agrícola considerándolo, para tales efectos, como trabajador eventual permanente, identificado con su número único de seguridad social a través de una tarjeta carnet.
Estas cotizaciones podrán hacerlas efectivas el trabajador una vez cumplidos los 60 años de edad, aun si el mismo, no registra ingresos en alguna época del año, en una cuenta individual con vísperas al término de su etapa productiva.
Por todas estas consideraciones, presenté al pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social.
Consideraciones de derecho
Desde el 12 de octubre de 2006 a la fecha, ha transcurrido más del tiempo del que establece en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que las comisiones de la Cámara competentes presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del citado reglamento excite a la Comisión de Seguridad Social de esta representación nacional, a fin de que emitan el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la iniciativa en comento adquiere actualidad y pertenencia, por lo que solicito respetuosamente a usted señor Presidente de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión sirva dar trámite a la siguiente
Excitativa
Único. En los términos por lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; excite y envíe el presente documento a la Comisión de Seguridad Social, para que presenten a la brevedad el dictamen respectivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social en materia de trabajadores rurales y jornaleros agrícolas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2007.
Diputado Diego Aguilar Acuña (rúbrica).