El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es del conocimiento de las diputadas y de los diputados de esta Cámara, el gobierno federal anunció el incremento de 1 peso al litro de la leche que distribuye la empresa paraestatal Liconsa. Con ello, el costo de este producto ascendería de 3.50 pesos, como vino costando los últimos cinco años, a 4.50 pesos, a partir del viernes 17 de este mes.
Mi grupo parlamentario, por medio de los diputados que suscribimos la siguiente proposición, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a esa medida, que atenta contra las familias mexicanas más desprotegidas.
Esta deplorable decisión se suma a otros hechos, como la desaparición de la Conasupo, de las bodegas rurales de abasto y del sistema de tiendas Diconsa. Son una cascada de acciones que, paulatinamente, pretenden desmantelar el sistema de políticas sociales que llevó más de medio siglo edificar.
Rechazamos esta medida porque elimina una de las pocas ayudas que reciben los grupos tradicionalmente excluidos de la economía y de la política social formal. Recordemos que Liconsa abastece principalmente a familias rurales y a las urbanas marginales, lo cual representa 5.8 millones de personas, que son las beneficiadas de ese producto lácteo. Esas personas se encuentran inmersas en 42 por ciento de la población del país que viven con menos de dos salarios mínimos al mes, como revela la última actualización censal del INEGI y que forman parte de la economía informal. Por ello, el aumento de 28 por ciento a la leche traerá como consecuencia mayor índice de desnutrición y severos riesgos en la salud, por los valores nutrimentales que aportan a los consumidores de tan importante producto lácteo.
En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son los estados de mayores índices de marginación, el incremento representaría a los pobladores la restricción a los niños a tener una formación y un crecimiento adecuados y demandados por los tiempos actuales. Sin embargo, no representará sólo impedimento a las familias de esos estados: será un fenómeno que se extenderá a lo vasto de nuestro territorio nacional y afectará a las familias más desamparadas.
Actualmente, un peso en la economía de este sector de la población representa el alejamiento de la posibilidad de dar de desayunar a los niños en la casa, la cancelación de una fuente fundamental de nutrición para garantizar el mínimo aprovechamiento escolar y laboral de nuestros niños.
México produce 2.4 por ciento de la leche mundial, por lo que no es posible que no exista un sector lechero fuerte ni que este producto siga siendo accesible y a bajo costo para la población de menores ingresos y que más lo requieren.
Con lo anterior, esta propuesta manifiesta nuestra censura al incremento de la leche Lincosa y hace un llamado al gobierno federal para que se cancele la decisión tomada y se mantenga el precio actual, con un criterio eminentemente social.
Por lo expuesto, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al gobierno federal y al Consejo de Administración de Liconsa a reconsiderar y retractarse de su decisión de incrementar el precio de la leche que se distribuye entre la población del país en 28 por ciento, que entrará en vigor el próximo 17 de noviembre de 2006.
Palacio Legislativo, a 16 de noviembre de 2006.
Diputado Jorge Toledo Luis (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP Y AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LICONSA A
SUSPENDER EL INCREMENTO ESTABLECIDO PARA LA LECHE DEL PROGRAMA LICONSA,
A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PNA
La suscrita, diputada federal Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el pasado informe presidencial (2006), la estabilidad económica no se ha reflejado suficientemente en la generación de empleos y fuentes de ingreso para atender, sobre todo, las aspiraciones de nuestros jóvenes. Por ello, generar trabajo digno y oportunidades de ingreso independientes para todas las familias y personas continúa siendo un reto para México.
El ritmo de crecimiento de la economía fue de alrededor de 1.9 por ciento en promedio anual de 2001 a 2005. Y precisamente es también de ese orden el crecimiento poblacional, por lo que se vive una situación de estancamiento grave.
De 2000 a la fecha, la tasa de desempleo abierto ha aumentado casi 80 por ciento, al pasar de una tasa 2.2 por ciento al inicio del presente gobierno a 4.4 en el presente año. A lo largo del sexenio se crearon apenas 1 millón 155 mil empleos, cifra que incluye tanto empleos permanentes como eventuales.
La desocupación abierta, que en 2001 afectaba a más de 600 mil personas, se fue expandiendo año con año hasta generar un déficit en la generación de empleos de aproximadamente 5 millones de mexicanos, de los cuales 2.7 emigraron a Estados Unidos y 2.5 se refugiaron en el mercado informal. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2005 (ONU) y con el Banco Mundial, el empleo en México ha caído por 180 mil desde 2001.
Siguiendo los estudios realizados por el Banco Mundial, México baja al lugar 70 en cuanto al ingreso por habitante (su ingreso per cápita en el último año fue de 6 mil 790 dólares), y al sitio 80 si el ingreso se mide por la capacidad real de compra, rango comparable con Bostwana, un pequeños país africano al sur del Sahara, con sólo 2 millones de habitantes. De acuerdo con la Cepal en cuanto a economías de la región en 2005, en 5 años el PIB por habitante creció a una tasa de tan sólo 0.4 por ciento. El ingreso de los hogares creció más despacio que el PIB, por lo que el nivel real de crecimiento del ingreso disponible de los hogares debe ubicarse en alrededor de 1 por ciento, o incluso menos. La recuperación del poder adquisitivo fue únicamente de 3.58 puntos porcentuales, es decir, 80 centavos.
La línea de pobreza no se ha abatido, por lo que más de 50 por ciento de la población mexicana se ubica en pobreza y cerca de 20 por ciento en pobreza extrema. Uno de cada cinco mexicanos no tiene lo suficiente para comer, mientras que 15.8 por ciento de las familias mexicanas es extremadamente pobre.
Cincuenta millones de mexicanos viven con 10 pesos diarios, mientras que un poco más de 4 millones se quedan con 80 por ciento del ingreso nacional.
En este contexto, el objetivo del Programa de Leche de Liconsa consiste en contribuir a la nutrición y al desarrollo de capacidades, garantizando un beneficio en el ingreso de familias en condiciones de pobreza, con la intención de proveerles leche fortificada con vitaminas y minerales a un precio autorizado por el Consejo de Administración.
La misión de Liconsa consiste en industrializar y distribuir leche de alta calidad al accesible precio de 3.50 por litro. Su infraestructura comprende 10 plantas productoras, las cuales distribuyen posteriormente 84 por ciento de la leche líquida y 16 por ciento en polvo, con 7 mil 240 distribuidores a lo largo del país en mil 793 municipios y 4 mil 916 localidades.
Las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche (PASL) 2006, definen como población objetivo a las familias que tienen dentro de sus miembros del hogar a niños de 6 meses a 12 años de edad, a mujeres en periodo de gestación y lactancia, enfermos crónicos y personas con discapacidad mayores a 12 años, adultos de 60 o más años, mujeres de 45 a 59 años y, mujeres adolescentes de 2 a 15 años; además deberán cumplir con los criterios de elegibilidad que justifiquen su condición de pobreza mediante la evaluación de la situación económica y social de las familias a través de la aplicación de un sistema de puntaje.
La cobertura del PASL va de 4 millones 185 mil 166 beneficiarios en 2000 a 5 millones 766 mil 835 beneficiarios en 2006; y de 2 millones 407 mil 710 familias en 2000 a 2 millones 774 mil 448 en 2006.
El PASL es único en el mundo, debido a que combina diversas características, como la integración de producción vertical, la estructura de distribución, el subsidio económico y la formulación de la leche. En general, el programa cuenta con la cobertura efectiva de 20 por ciento de su población objetivo, con un error relativo de inclusión de 16 por ciento. La operación de Liconsa es sumamente eficiente, por lo que absorbe la mayoría de sus costos. Sus beneficiarios muestran un alto grado de satisfacción en términos de servicio, calidad, precio y sabor de la leche.
El consumo de leche por las familias beneficiadas aumenta entre 60 y 100 por ciento (3 a 5 litros por semana), dependiendo de su economía familiar. Los ahorros en gastos alcanzan hasta 50 por ciento.
Por las razones expuestas, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo de Administración de Liconsa a suspender el incremento establecido a la leche del programa Liconsa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 16 de noviembre de 2006.
Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 RECURSOS DESTINADOS AL RAMO 21, TURISMO,
SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO
El suscrito diputado federal Octavio Martínez Vargas, a nombre de los integrantes de la Comisión de Turismo de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El turismo, es un sector dinámico cuyo crecimiento tanto a nivel mundial como nacional es innegable. Según cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT) en los primeros ocho meses de 2006 las llegadas de turistas internacionales ascendieron a 578 millones en el mundo, lo que representa un incremento del 4.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Esta tendencia proyecta que para el 2007 el turismo continuará creciendo a un ritmo del 4 por ciento mundial. Incluso foros de renombrado reconocimiento como el de Davos, Suiza, han reconocido la trascendencia de la actividad turística como una herramienta fundamental para la generación de negocios, desarrollo de infraestructura y combate a la pobreza.
México, forma parte de este escenario mundial, donde el turismo es una actividad de gran importancia, cuyas bondades se reflejan en aspectos económicos, culturales y sociales. En este sentido, nuestro país, se consolida como potencia turística mundial.
El sector rompió cifras históricas en el 2004 y 2005 en cuanto a recepción de turistas y generación de divisas, lo cual propició el aumento en el nivel de empleo.
En este sentido, México está elevando la actividad turística a una política de Estado, aprovechando sus ventajas competitivas para fortalecer la economía doméstica, preservar el patrimonio y distribuir mejor la riqueza entre todos los mexicanos.
Es evidente que nuestra nación, representa un mosaico de posibilidades de prosperidad reales, y el desarrollo de este sector es una fuente inagotable para generar riqueza y combatir los rezagos sociales, además de fortalecer los polos regionales de crecimiento.
Al tiempo que es generadora de numerosos empleos, el turismo contribuye al bienestar social al elevar la calidad y nivel de vida de los habitantes, mediante el crecimiento económico y laboral, de ahí que cada vez más gobiernos a nivel mundial le confieren una importancia insoslayable, puesto que fomenta la atracción de inversiones produciendo toda una gama para un portafolio de proyectos productivos de mediano y largo plazo.
En este sentido debemos enfocar nuestros esfuerzos de manera sostenida al fortalecimiento pleno del mercado interno; toda vez, que en México, el mercado doméstico, representa el 81.3 por ciento del consumo del turismo en la economía, mientras que el turismo internacional representa el 18.7 por ciento.1
Por lo tanto, no es concebible el hecho de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 en el Ramo 21, Turismo, se haya incrementado únicamente en apenas el 0.03 por ciento con relación al año inmediato anterior, teniendo en cuenta que la actividad turística representa para el país el tercer lugar en obtención de divisas al obtenerse 11 mil 803 millones de dólares, y que generó aproximadamente 1.8 millones de empleos en el año anterior.
En el año 2001 el Presupuesto de Egresos para el sector fue de 2 mil 061 millones de pesos a precios constantes, teniéndose que para el presente año fue de mil 227 millones de pesos, lo que representa una disminución significativa del 40.5 por ciento.
La tendencia anteriormente mostrada de la disminución del monto del Presupuesto asignado al sector, fue evidente ya que en el año 2004 se aprobó un Presupuesto de 2 mil 678 millones de pesos, descendiendo en 55.7 por ciento la cantidad programada para el año 2005.
Derivado de lo anterior, la participación del sector en el Producto Interno Bruto (PIB) pasó del 8 por ciento al 7.7 por ciento2 para 2006, como consecuencia de la caída drástica del Presupuesto en 2005 del 55.7 por ciento, y al incremento paupérrimo del 0.03 por ciento para 2006. Es imposible continuar con la tendencia demostrada durante el presente sexenio.
El turismo es una actividad que juega un papel trascendental en la economía nacional y esto sólo se reconoce en el discurso. Para alcanzar la meta de que México sea un líder en el turismo mundial, es necesario el apoyo económico, el fortalecimiento de un marco jurídico plural e incluyente, así como también su reconocimiento como pilar para el crecimiento regional, además de elevar el nivel y calidad de vida de la sociedad.
En síntesis, el turismo es un sector considerado de prioridad nacional, por lo tanto cumple dos funciones sustantivas, por un lado debe ser de competitividad internacional, y por otro constituirse en el detonador del desarrollo socioeconómico y regional. Para lograr lo anterior, el sector requiere de infraestructura y comunicaciones, la consolidación de centros turísticos integralmente planeados, además de otorgar seguridad a los inversionistas, promover nuevos mercados y nichos para el crecimiento económico, y sobre todo promover esta actividad con el apoyo irrestricto a las micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al turismo, sin descuidar la preservación del medio ambiente y el fomento de la riqueza cultural de nuestro país.
Los requerimientos son muchos, y los recursos han sido muy limitados. Para que la actividad turística pueda continuar creciendo, se le deben otorgar recursos suficientes a fin de fortalecer los programas existentes y que son exitosos como ejemplo se encuentra el de "Pueblos Mágicos". También debemos fortalecer los proyectos que conduce el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) como son el Mar de Cortés, la Riviera Maya, Nayarit, Palenque y Barrancas del Cobre.
Debemos tener una visión a largo plazo. Las bondades económico, sociales y culturales del turismo sólo podrán llegar a buen cauce si se fortalece a la actividad a través de un presupuesto adecuado a los requerimientos del sector, pero también teniendo presente los grandes beneficios que otorga el turismo para la economía nacional.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que considere en su propuesta de Presupuesto de Egresos para 2007, la cantidad de 5 mil millones de pesos para el Ramo 21, Turismo, con el objetivo de fortalecer al sector, incrementar la inversión, fomentar y promocionar la actividad, además de generar empleos y una importante derrama de recursos en las zonas de influencia.
Notas:
1 Fuente: Anexo VI del Informe de Gobierno, Vicente Fox,
2006.
2 Fuente: Anexo VI del Informe de Gobierno, Vicente Fox,
2006.
Palacio Legislativo, a 16 de noviembre de 2006.
Comisión de Turismo
Diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica),
presidente; Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Francisco
Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia
Hernández (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica),
Rosa Elva Soriano Sánchez, Sara Latife Ruiz Chávez, María
del Carmen Salvatori Bronca, Armando García Méndez, secretarios;
Armando Enríquez Flores, Carlos Eduardo Felton González,
Francisco Javier Gudiño Ortiz, Addy Cecilia Joaquin Coldwell, Lorenzo
Daniel Ludlow Kuri, Héctor Manuel Ramos Covarrubias, Adriana Rodríguez
Vizcarra Velásquez, Martha Angélica Romo Jiménez,
Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Rafael Franco Melgarejo, Benjamín
Hernández Silva, Francisco Márquez Tinoco, María Soledad
López Torres, Juan Adolfo Orci Martínez, Joel Guerrero Juárez,
Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, José Ascensión Orihuela
Bárcenas, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Gilberto
Ojeda Camacho, Juana Leticia Herrera Ale, Pilar Guerrero Rubio.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2007 SE ASIGNEN RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA CONMEMORACIÓN
DEL BICENTENARIO DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DEL INICIO
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARGARITA
ARENAS GUZMÁN Y ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Los que suscriben, Margarita Arenas Guzmán y Alejandro Landero Gutiérrez, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
2. Que la Independencia y la Revolución son nuestro pasado común; es la historia en que todos nos vemos, es la historia que a todos nos une; son el punto de partida, ambas, de nuestra identidad como mexicanos.
3. Que la gesta de los padres de la patria no fue en vano; ellos encabezaron la lucha del pueblo mexicano por ser una nación libre, independiente y soberana, una nación de leyes e instituciones, una nación democrática de ciudadanos.
4. Que la República Mexicana tuvo como base la Independencia; en ella encontró su guía, su sendero, su verdadero proyecto de nación. En ella encontró los principios de igualdad, de libertad y de justicia que requerían su tránsito desde entonces.
5. Que doscientos años después del Grito de Dolores la nación mexicana había crecido y madurado; sin embargo, no había logrado resolver problemas profundos y ancestrales: la desigualdad, la marginación, la falta de democracia y de libertades políticas. Todo ello representó un obstáculo que impedía cristalizar el proyecto de país creado por la gesta independentista.
6. Que por eso en 1910 Madero, el Apóstol de la Democracia, al llamar a derrocar a un gobierno ilegítimo expresó en el Plan de San Luis que los pueblos en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de la independencia se ven precisados en determinados momentos a realizar los mayores sacrificios.
7. Que la Independencia y la Revolución crearon leyes e instituciones que hoy nos rigen, y éstas las hemos fortalecido y actualizado.
8. Que las conmemoraciones de la Independencia y la Revolución Mexicana deben servir para que las actuales generaciones de mexicanos evoquemos los valores y los ideales que inspiraron a nuestros héroes para que sigan orientando nuestros actos.
9. Que la celebración de los festejos del inicio de la Independencia y de la Revolución serán ocasión propicia para demostrar los principios de nuestra organización política, acorde con lo establecido en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afirmando que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y el ejercicio del poder público dimana directamente de éste para su beneficio y cuya voluntad es la de organizarse en una república representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos.
10. Que las conmemoraciones fortalecerán la colaboración y trabajo conjuntos de los distintos niveles de gobierno, ya que el decreto convoca a los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a ser protagonistas en la organización de los festejos, coadyuvando con los poderes estatales y municipales, otorgándoles, de la misma forma un papel relevante en la organización de la celebraciones nacionales.
11. Que en el decreto publicado por el Ejecutivo federal el 16 de junio de 2006, el honorable Congreso de la Unión declara el 2010 como "Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana".
12. Que en el decreto aprobado por el Congreso también se crea la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, responsable de preparar un programa base que contenga la relación de eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país para llevarse a cabo desde la entrada en vigor de dicho decreto y hasta el último día del año 2010.
13. Que el 19 de junio de 2006 el Presidente Vicente Fox Quesada instaló formalmente la Comisión Organizadora para la Conmemoración del 2010: Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de la Independencia Nacional y Año del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, y designó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Presidente de dicha comisión.
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana a cumplir con la preparación, expedición y publicación de su programa base dentro del plazo establecido en el cuarto transitorio del decreto de su creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2006, para que pueda ser considerado en el decreto de Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el objeto de que, en el marco de la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se apruebe una asignación presupuestal específica destinada para el cumplimiento de las acciones, actividades, eventos y demás proyectos que se establezcan en el programa base mencionado en el artículo primero de este punto de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.
Diputados: Margarita Arenas Guzmán, Alejandro
Landero Gutiérrez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA CÁMARA DE SENADORES QUE EXCITE A LAS COMISIONES
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA,
A FIN DE QUE PRESENTEN EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA MINUTA CON PROYECTO
DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA LA SOBERANÍA
Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR
NARCIA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Héctor Narcia Álvarez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, inciso c), 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 21, fracción XVI, y el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se solicita que se tomen las determinaciones correspondientes para que la Cámara de Senadores formule excitativa a sus comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presenten el dictamen sobre el proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, remitida a la colegisladora el jueves 30 de marzo de 2006, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El jueves 30 de marzo de 2006 la Comisión de Agricultura y Ganadería presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, la cual fue dictaminada y aprobada con 328 votos en pro, 5 en contra y 6 abstenciones.
Es importante señalar que, ante el proceso que vive el campo mexicano, el cual se enfrentara a la apertura comercial total con Estados Unidos y Canadá, es necesario impulsar leyes que apoyen y den certidumbre a los productores agrícolas de este país.
Que actualmente no existe una política de Estado a largo plazo para alcanzar y mantener la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, y lo que se establece es la incertidumbre, inestabilidad y discrecionalidad en políticas, programas, reglas de operación y presupuestos para el sector agroalimentario.
El proyecto en cuestión es el resultado de una demanda generalizada del sector, recogida en el numeral 229 del Acuerdo Nacional para el Campo, que a la letra dice que se deben de realizar "reformas jurídicas que permitan contar con una Ley Federal de Planeación Agropecuaria y Soberanía y Seguridad Alimentarias, y presentar la iniciativa para su dictaminación y, en su caso, aprobación en el presente año, que contemple instrumentos de planeación, programación y presupuestación multianual, que otorgue certidumbre y protección a los productores y que tenga como sustento el concepto de soberanía y seguridad alimentarias".
El proyecto establece una política de Estado de largo plazo para alcanzar y preservar soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, un sistema nacional de planeación específico y especializado, programas multianuales clave de apoyos, marco de certidumbre y estabilidad para el sector agroalimentario nacional.
Señor, Presidente, por todo lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más atenta lo siguiente:
Único. Sírvase comunicar a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores la presente solicitud, a efecto de que, en el debido ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, tenga a bien excitar a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presente, con la mayor brevedad, el dictamen correspondiente del proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, aprobada en esta Cámara de Diputados en la sesión del jueves 30 de marzo de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.
Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA SE A ESTABLECER REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES
PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CALIDAD DE LAS PLAYAS, A CARGO DEL DIPUTADO
SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PVEM
Sergio Augusto López Ramírez, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Como es sabido por todos, las normas mexicanas junto con las oficiales, forman parte del proceso de normalización y son elaboradas por un organismo nacional de normalización, o por la Secretaría de Economía en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, teniendo como principal objeto prever para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto; proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.
Con respecto a su importancia para el medio ambiente, cabe señalar, que permiten el establecimiento de estándares o límites para evitar consecuencias negativas para el medio ambiente, la salud humana y cada uno de los ecosistemas en general; como resultado del desarrollo de alguna actividad o de un proceso productivo, por lo cual, su formulación no debe ni puede encontrarse sujeta a ningún tipo de interés particular.
Sin embargo, las normas mexicanas se constituyen como instrumentos autorregulatorios que no son jurídicamente vinculantes, y que su aplicación depende de la voluntad de quien decide adherirse a ellas.
En esta ocasión acudimos a esta tribuna en virtud de que la autoridad recientemente expidió la Norma Mexicana NMX-AA-20-SCFI-2006 relativa a los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.
Dicho instrumento trata de lograr que las playas sean certificadas con base en ciertos requisitos previstos en la misma con el objeto de que no representen un riesgo para la salud humana ni para la supervivencia de los ecosistemas; y surge principalmente como una opción para solucionar los problemas ambientales que presentan nuestras zonas costeras.
Cabe señalar que la problemática asociada a la contaminación de playas que ha sido denunciada por mi grupo parlamentario en diferentes ocasiones, resaltando que debe garantizarse la conservación de nuestros recursos costeros ya que representan una gran parte del potencial turístico nacional.
Lo anterior, tomando en cuenta las condiciones en que se encuentran playas como las de Jalisco, Chiapas, Veracruz y Campeche que presentan un alto grado de contaminación como se desprende del Programa Integral de Playas Limpias.
Es por ello, que ante la expedición de la norma en comento, y la problemática asociada, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que no obstante el esfuerzo que se ha hecho en materia de certificación de playas, éste queda corto al expedirse una norma mexicana, la cual, solamente es un instrumento autorregulador y cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a la voluntariedad de quien quiera adherirse a ella y no posee un carácter obligatorio que garantice su efectivo cumplimiento por todos los prestadores de servicios turísticos en las playas del país.
Es en este sentido, que por medio de la presente proposición con punto de acuerdo nos permitimos solicitar a la Secretaría de Economía a que cambie la naturaleza jurídica de la norma en comento para que la misma sea expedida como Norma Oficial Mexicana, lo que permitirá exigir su cumplimiento forzoso.
De esta manera, el instrumento de la certificación al ser obligatorio permitirá que los prestadores de servicios turísticos introduzcan mejoras en sus operaciones, tendentes hacia una mayor sustentabilidad ambiental, económica y social, facilitando incentivos y asistencia técnica para lograrlo; sirviendo también para distinguir aquellos productos o servicios turísticos que satisfacen requerimientos medio-ambientales, sociales y económicos más allá de lo exigido por la legislación vigente; y orienta a los consumidores sobre las características de sostenibilidad de los servicios turísticos disponibles en el mercado.1
Es importante mencionar que con la certificación de playas se logrará la formación de capacidades en las comunidades locales, generándose nuevas formas sustentables para la prestación de servicios turísticos.
Lo anterior, con el objeto de que sea un instrumento de carácter vinculante que permita su sujeción por parte de los actores a quienes les aplique, ya se trate de una playa cuya finalidad sea el uso recreativo, o sea considerada como prioritaria para la conservación; generando con ello, una mejora sustancial en todas las playas nacionales lo que permitirá estar en condiciones de revertir el deterioro ambiental al cual han estado expuestas.
Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que la de la voz, a nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Economía a que la NMX-AA-SCFI-2006 que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de las playas sea expedida como Norma Oficial Mexicana a efecto de que sea vinculante y obligatoria.
Nota:
1 http://www.world-tourism.org/sustainable/conf/cert-brasil/esp.htm#1
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días de octubre de 2006.
Diputado Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL GOBIERNO FEDERAL OTORGUEN RECURSOS
PARA IMPLANTAR UN PROGRAMA QUE REACTIVE LA ECONOMÍA EN EL ESTADO
DE OAXACA, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PNA
La diputada Irma Piñeyro Arias, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El conflicto político, económico y social que vive el estado de Oaxaca desde hace varios meses ha afectado la economía de la entidad y, en particular, la capital oaxaqueña.
Locatarios, artesanos, trabajadores, comerciantes, prestadores de servicios y empresarios se han visto seriamente afectados ante esta situación: unos 3 mil trabajadores de servicios han sido despedidos, se estiman en más de 6 mil millones de pesos las pérdidas económicas y 500 establecimientos comerciales no pueden operar con regularidad, de los cuales 42 están cerrados. Éste es el balance de la economía en el estado, que está al borde del colapso.
Oaxaca es uno de los estados de la República Mexicana que más atraso económico y social presenta: este año, la economía creció a 1 por ciento, situación que ubica la entidad en el último lugar de la tabla nacional. Aunado a lo anterior, la permanencia de los problemas que se viven en la entidad genera un grave retraso en las posibilidades de desarrollo que vive el estado, por lo que se requiere la oportuna intervención de todos los sectores para rescatar y reactivar la economía de la entidad.
Es imprescindible continuar por el camino del combate de la pobreza en la entidad para alcanzar mejores niveles en educación, salud y alimentación.
Es fundamental que la entidad recupere la estabilidad que permita a los oaxaqueños recobrar un entorno que propicie un sano ejercicio de las actividades de los diferentes sectores.
La crisis de Oaxaca representa una emergencia que nos obliga a que se atienda con respuestas inmediatas.
Por lo expuesto me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que considere la asignación de una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, con el propósito de resarcir los daños económicos y reactivar la economía del estado.
Segundo. Se hace un atento y respetuoso exhorto al gobierno federal para que, en uso de sus atribuciones, presente un programa especial para apoyar a los empleados que han quedado sin trabajo por el conflicto en la entidad; y constituya un fideicomiso público para apoyar a las personas que quedaron sin empleo, a los prestadores de servicios, a las empresas y a los productores.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implantar un programa especial que considere estímulos y exenciones fiscales para las empresas que se han visto afectadas.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a otorgar más recursos del programa de apoyo al empleo para el estado de Oaxaca, en beneficio de las personas que han quedado desempleadas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.
Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD QUE IMPLANTE MECANISMOS PARA
LA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS IMPORTADOS, A CARGO
DEL DIPUTADO FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a implantar un mecanismo efectivo de revisión para los productos cárnicos importados, a fin de garantizar que su consumo no constituya un riesgo para la salud de la población mexicana e informe de ello esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En nuestro país, el nivel de importaciones de cárnicos para consumo humano ha crecido de manera exponencial y sin sujetarse a verificación alguna que garantice la salud pública.
Existe evidencia de que diversas empresas exportadoras de cárnicos hacia México incurren en prácticas inadecuadas de mezcla de calidad de producto, de reempaque, y de refacturación, confundiendo con ello a la autoridad mexicana, lo cual no ocurre en el mercado norteamericano, donde este tipo de prácticas es severamente sancionado.
Los incrementos de las importaciones son alentados por los precios deprimidos de los productos de dudosa calidad e inocuidad, ya que, al no cumplir la norma de calidad en su país de origen, son castigados en los precios. Ello les permite competir con los productos nacionales en condiciones inequitativas y con el riesgo de producir graves daños a la salud, dado que no son aptos para el consumo humano.
Consideraciones
Que la Secretaría de Salud es la responsable de garantizar la salud de la población mexicana, evitando cualquier riesgo de contaminación por productos de dudosa calidad, tanto de origen nacional como importados, en particular.
Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene entre sus responsabilidades la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades.
Que esta honorable Cámara de Diputados en diversas ocasiones ha dado cuenta de las denuncias públicas por parte de productores nacionales ante hechos reales de productos importados con serio riesgo de contaminación, ante la importación masiva de productos no aptos para el consumo humano.
Que las importaciones de productos sin la verificación efectiva representan un serio riesgo para la salud de la población mexicana, al exponerla a la ingesta de productos que carecen de una calidad idónea para su consumo.
Que cada año se destina una gran cantidad de recursos públicos para el tratamiento de diversas enfermedades de la población mexicana, cuya prevención, a través de una verificación efectiva, representaría un gran ahorro.
Que las omisiones de verificación conforme la normatividad vigente en los puntos de entrada al país afectan en su totalidad al sector agropecuario y en particular al pecuario, poniendo en riesgo la salud de los mexicanos y la de la propia producción nacional, al ser un agente detonante de diversas enfermedades.
Que es urgente adoptar medidas de verificación en frontera para preservar esta actividad y otras agropecuarias, garantizando la soberanía alimentaría del país, evitando la dependencia de los productos de importación cuya calidad es inferior a la comercializada en su mercado de origen.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía, como de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Salud a implantar, de manera inmediata, un mecanismo efectivo de revisión de productos cárnicos importados, a fin de garantizar que su consumo no constituya un riesgo para la salud de la población mexicana.
Segundo. Que dicha dependencia presente a esta Cámara de Diputados un informe de los resultados obtenidos derivados de las medidas realizadas, en un plazo de 15 días naturales, a partir de la aprobación de este punto de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.
Diputado Francisco Domínguez Servién (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL
PROGRAMA QUE EL IFE REALIZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
PARA PROMOVER LA CULTURA POLÍTICA E INVITAR A TRAMITAR LA CREDENCIAL
DE ELECTOR, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, Alberto Amaro Corona, diputado federal, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Los resultados del proceso electoral del 2 de julio muestran que la participación ciudadana descendió un 5.42 por ciento respecto a la elección presidencial del 2000, que tuvo un porcentaje de participación del 63.97 por ciento y el 2006 observo un nivel de participación de 58.55 por ciento según los resultados del IFE. Este aumento en el abstencionismo se debió a múltiples factores; uno de ellos, sin duda, fue las campañas de miedo y polarización, que incidieron por la incipiente y frágil cultura política y la condescendiente actuación del Instituto Federal Electoral (IFE).
Una de las responsabilidades del IFE es llevar a cabo los procesos de educación cívica y la promoción de la participación ciudadana en el ámbito público. Por ende, concibe a los ciudadanos como actores fundamentales de la democracia y se propone, a través de sus programas en la materia y de su trabajo institucional en general, dotarlos de conocimientos que consoliden una cultura cívica que permita el ejercicio pleno de su ciudadanía.
Este órgano electoral del Estado mexicano tiene entre sus encomiendas atender de manera integral la educación cívica, por lo que es responsable, por medio de su programa estratégico, de establecer las líneas a través de las cuales desempeñará su acción pública en materia de cultura cívica.
Como lo establece su programa estratégico y por mandato del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el IFE tiene el propósito de orientar su quehacer institucional a promover y difundir acciones para fortalecer la cultura cívica y construir ciudadanía.
De igual forma, el IFE debe cumplir con el espíritu del artículo 69 del Cofipe respecto a contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fomento de la cultura cívica y ciudadanía; sin embargo, vemos que los spots donde se solicita tramitar la credencial de elector -que se ven y escuchan en los medios masivos de comunicación-, en los cuales, por ejemplo, aparece un personaje denominado Camaleón de Oro, como para solicitar el trámite, u otro caso donde habla la credencial de elector al señor Casillas para que la recoja; muestran los absurdos de los spots y en nada contribuyen con la idea de consolidar la democracia o de vivirla como argumentan en los mismos mensajes.
Por otra parte, cabe recordar que el IFE tiene un presupuesto anual de 186 millones de pesos para el rubro de publicidad, y que durante los meses de marzo a junio se erogaron, sólo en el rubro de reproducción y multiplicación, 47 millones de pesos. Estos recursos deberían enfocarse a la construcción del espacio público que requiere de ciudadanos concientes y capaces de tomar sus propias decisiones políticas con base en el análisis de las diferentes propuestas y alternativas. Para lograr este objetivo, desde luego, los partidos políticos tienen un papel fundamental; sin embargo, en el ámbito de la pluralidad corresponde al IFE coadyuvar en el logro de este objetivo y no andar utilizando una cantidad muy importante de recursos económicos que se aplican ineficazmente los spots en mención.
El pasado 20 de septiembre, el representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Felipe Solís Acero, criticó el gasto hecho en medios de comunicación a partir del 3 de julio, que sumó 8 millones de pesos; por su parte, el representante del PRD ante el IFE, Horacio Duarte, argumentó su desacuerdo por la contratación de inserciones en medios impresos y tiempos en radio y televisión que difunden una actividad que no tiene como objetivo promover los principios del IFE.
Como hemos visto, la mayor parte de las inserciones en medios de comunicación que realiza en Instituto Federal Electoral no cumplen cabalmente en la promoción de una cultura política entre los ciudadanos; por el contrario, después del 2 de julio se dedicaron a justificar y "legitimar" su actuación durante el proceso electoral, lo que incluso puede calificarse como una desviación de recursos públicos, porque el Instituto Federal Electoral no puede gastar el erario en cuestiones que se pueden calificar como frívolas.
Que los resultados de la tercera Encuesta Nacional de Cultura Política arroja que al 55 por ciento de la población le interesa poco la política y al 33 por ciento no le interesa la política, lo cual resulta grave ante el estancamiento o retroceso del proceso de transición democrática que vive nuestro país y a esto se agrega que los contenidos de los promocionales y los spots del IFE, como los que se han mencionado, no contribuyen a la formación de una cultura política sólida que tanto hace falta en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Federal Electoral a revisar y, en su caso, modificar los contenidos de las inserciones y spots en los medios masivos de comunicación que no cumplan con los elementos esenciales para el fomento de la cultura cívica, política y la promoción de los valores de la democracia; sobre todo los que últimamente se viene difundiendo para invitar a los ciudadanos a tramitar la credencial de elector.
México, DF, a 16 de noviembre de 2006.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL
NOMBRAMIENTO DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD Y LA PROBLEMÁTICA DE LA SALUD PÚBLICA EN MÉXICO,
A CARGO DE LA DIPUTADA ORALIA VEGA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 8 de noviembre el Consejo Ejecutivo de la OMS propuso para ocupar el puesto de Directora General de la Organización Mundial de la Salud a la doctora Margaret Chan, de China, y su nombramiento fue confirmado el día 9 del mes en curso por la Asamblea Mundial de la Salud, representada por 159 países, para sustituir al doctor Lee Jong-Wook, quien falleciera en mayo pasado sin poder concluir el mandato para el que fue electo.
Reconocemos el espíritu abierto con el que la Asamblea tomó su resolución, eligiendo entre 11 candidatos con méritos suficientes para desempeñar ese elevado cargo, a la doctora Chan. Con ella, son dos las mujeres destacadas que asumen su titularidad, ya que la anterior fue la noruega Gro Harlem Bruntland, lo que constituye una señal positiva para el mundo, ya que además de la complejidad que están asumiendo las enfermedades normales y crónicas, locales y mundiales, tienen en su centro, como uno de sus sujetos de mayor vulnerabilidad a las mujeres.
No es casual que la directora general de la OMS señale que tendrá como prioridad la situación mundial de la mujer y la región afectada, en donde la expectativa de vida de algunos países es de apenas 45 años de edad y en donde muchas muertes ocurren por enfermedades derivadas de la pobreza, que pueden evitarse con agua limpia, vivienda digna o servicios mínimos de infraestructura sanitaria.
Los legisladores mexicanos debemos respaldar plenamente el trabajo de este Organismo Mundial de la Salud, en virtud de que por los desafortunados sucesos del 11 de septiembre de 1999 la agenda mundial ha sido avasallada por los temas de la seguridad nacional y global, además de la lucha contra el terrorismo, haciendo a un lado los problemas de la economía y del bienestar social que tiene el mundo y que cancelaron su esperanza de ser atacados de frente, al término de la Guerra Fría y la declaratoria del fin de la carrera armamentista.
La pobreza como concepto es una expresión romántica y su combate una verdadera utopía, pero cobra forma, evidencia sus límites y sus posibilidades cuando las relaciones con la situación que viven más de mil millones de personas en estado de hambruna y de enfermedad perpetua en el mundo. Hay grandes regiones en donde las infecciones intestinales y las gripes no son causa de un día de permiso del trabajo, sino de muerte.
Además del reconocimiento expresado, hacemos notar que está plenamente acreditado que América Latina -que es una de las regiones más ricas de recursos naturales, es también la zona con más altos índices de desigualdad social, que aqueja a cerca de 250 millones de personas, siendo una de sus principales manifestaciones el alto nivel de morbilidad, además del surgimiento de las pandemias, que pueden llevar a situaciones de alto riesgo de la salud pública en esta región, por lo que proponemos que se solicite a la nueva dirección de la OMS que incluya a México y a América Latina como destinatario específico de sus esfuerzos y de sus programas, especialmente en esta nueva etapa de dirección a cargo de la doctora Chan.
La doctora Chan ha subrayado en la asamblea, la importancia de unos sistemas robustos para dispensar atención de salud a todos cuanto la necesitan; manifestó también que observa en el campo de la salud mundial un número creciente de iniciativas y actores, y bajo esta óptica, la doctora Chan ha dicho que colaborará estratégicamente con esos interlocutores a fin de conseguir los mejores resultados posibles para la salud mundial y concluye con el siguiente enunciado: "Hoy día, la colaboración para alcanzar las metas de salud pública ha dejado de ser un simple recurso: es una necesidad imperiosa. La OMS tiene que elaborar una perspectiva de colaboración que haga hincapié en la gestión de la diversidad y la complejidad".
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México expresa su reconocimiento a la doctora Margaret Chan por su nombramiento como directora general de la Organización Mundial de la Salud, deseándole sus mejores votos por el éxito de su gestión, solicitándole que incluya en sus políticas y programas los problemas de salud pública que aquejan a la región de Latinoamérica, una de las más desiguales del mundo, así como a México.
Palacio Legislativo, a 16 de noviembre de 2006.
Diputada María Oralia Vega Ortiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A INCLUIR LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA
COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, A CARGO
DE LA DIPUTADA OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PVEM
Patricia Chozas y Chozas, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Doce años han pasado desde que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor. El preámbulo de la Convención afirma que "las respuestas al cambio climático deberían coordinarse de manera integrada con el desarrollo social y económico, con miras a evitar efectos adversos sobre este último, teniendo plenamente en cuenta las necesidades prioritarias legítimas de los países en desarrollo para el logro de un crecimiento económico sostenido y la erradicación de la pobreza".1
Desde entonces los Estados parte de la convención marco asumieron el compromiso de adoptar, con base en sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, una serie de medidas para contribuir a la lucha global de reducción de emisiones de los gases de efecto de invernadero e instrumentar una serie de políticas para mitigar los efectos del cambio climático.
El artículo 4.1 enlista las obligaciones a los Estados parte. Entre éstas se encuentran elaborar inventarios de emisiones por fuente de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal y la absorción por sumideros; la elaboración de planes nacionales para hacer frente a los efectos del cambio climático, incluidas las medidas de mitigación; la promoción de la cooperación internacional en la transferencia de tecnología, prácticas y procesos que contribuyan a reducir las emisiones; la conservación y reforzamiento de los sumideros; los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático; la cooperación internacional en la transferencia de información.
En abril de 1997 nuestro país, como Estado parte de la convención marco, llevó a cabo una de las primeras acciones para cumplir con los compromisos antes enunciados: la creación del Comité Intersecretarial para el Cambio Climático. Éste coordinó las estrategias sectoriales, nacionales, la posición internacional y atendió las implicaciones directas e indirectas en la materia.2 Las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales fueron las encargadas de organizar sus actividades.3
La Estrategia Nacional de Acción Climática contemplaba la formal institucionalización del comité mediante la creación de una comisión que, a través de la participación efectiva de todas las autoridades federales competentes garantizaría un enfoque integral del tema. Más aún, la estrategia previó que dicha comisión se constituyera como "?mecanismo estable y permanente de coordinación interinstitucional, instrumentación, seguimiento y evaluación? para las consultas internas y acuerdos que definan la posición de México ante la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otros foros donde se aborde el tema."4
No fue sino hasta abril de 2005 que, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que tiene por objeto "coordinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, relativas a la formulación e instrumentación de políticas nacionales para la prevención y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la convención marco en la materia y los demás instrumentos derivados de la misma."5
Las dependencias de la administración pública federal que forman parte de esta comisión son, en su mayoría, las mismas que integraron el comité y, si bien es cierto que a la fecha el trabajo que el comité y ahora la comisión lleva a cabo ha sido positivo, nos percatamos de una gran ausencia: la Secretaría de Salud. Esta apreciación tiene una base legal y teórica que a continuación se explica.
Por lo que se refiere al aspecto legal, el artículo 4.1 f) de la convención marco establece como obligación de los Estados parte "tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados?. con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él". De ello se infiere que el sector salud es uno de los sectores que tienen que ser convocados a participar en la definición e implantación de la política nacional sobre cambio climático.
De igual forma, el segundo párrafo del artículo segundo del acuerdo de creación de la comisión dispone que "la Comisión podrá invitar a otras dependencias y entidades gubernamentales a participar de manera permanente o temporal en sus trabajos cuando se aborden temas relacionados con su ámbito de competencia u objeto."6 En ese sentido, nada impide a la comisión evaluar la conveniencia de que la Secretaría de Salud participe en los trabajos del mismo.
En cuanto al sustento teórico, es pertinente señalar que, si bien es cierto que en cuestiones de cambio climático se ha avanzado mucho más en el aspecto científico, en la actualidad el impacto de esta amenaza se deja sentir con mayor intensidad en prácticamente todos los países. En ese sentido, las políticas de adaptación y mitigación cobran cada día mayor relevancia. Por ello, no es casualidad que Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático haya decidido incorporar, como parte del tercer informe de evaluación, un capítulo que se aboca a las cuestiones de salud humana y su relación con el cambio climático.
El informe señala que la influencia negativa de fenómenos meteorológicos en la salud humana es mayor "particularmente en relación con periodos de tensión térmica, de la modulación de los impactos de la contaminación atmosférica, los impactos de tormentas e inundaciones y el influjo de la variabilidad climática estacional e interanual en enfermedades infecciosas."7
También reconoce que las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, como el paludismo y la malaria, aumentarán considerablemente no sólo en las zonas donde actualmente existen, sino en otras más. Esto nos debe alertar pues en la actualidad ya amenazan al 40 por ciento y 50 por ciento de la población mundial, respectivamente.
De igual forma, el informe llama la atención respecto del considerable aumento de las olas de calor, como la que hace unos meses se padeció no sólo en el norte del país sino también en diversas naciones Europeas, donde los termómetros registraron temperaturas record, además de presentarse los casos de decenas de muertes y episodios de enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica.
Otro aspecto que señala este informe y que sin duda alguna debe ser tomado en cuenta seriamente, porque ya hemos padecido sus efectos es el del impacto de las tormentas tropicales y huracanes en la salud humana, "es obvio y conocido por la experiencia que cualquier aumento de las inundaciones llevará consigo un aumento del riesgo de ahogados, diarreas y enfermedades respiratorias, y en los países en desarrollo también hambre y desnutrición. Si aumentaran los ciclones regionalmente, ocurrirían frecuentemente impactos devastadores, particularmente en poblaciones de asentamientos muy densos con recursos inadecuados."8
En nuestro país no se ha llevado a cabo un extenso estudio de los impactos del cambio climático en la salud humana, aún cuando, como ya hemos visto, es necesario. Las consecuencias en países como México, altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, instan a incluir en el diseño y aplicación de la política nacional en la materia al sector salud. En ese sentido, es claro que la ausencia de la Secretaría de Salud en el seno de la comisión intersecretarial debilita profundamente sus alcances.
Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que evalúe la conveniencia de invitar a participar a la Secretaría de Salud como miembro permanente de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; y a informar a esta soberanía el resultado de dicha evaluación.
Notas:
1 Párrafo operativo 21 del preámbulo de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
En: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
2 Instituto Nacional de Ecología. 2000. Protegiendo
al ambiente: políticas y gestión institucional. En: www.ine.gob.mx.
3 También forman parte del comité las secretarías
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
de Comunicaciones y Transportes; de Desarrollo Social; de Economía,
y de Energía.
4 Instituto Nacional de Ecología. 2000. Estrategia
nacional de acción climática. México, página
157.
5 Semarnat. Acuerdo por el que se crea con carácter
permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.
Diario Oficial de la Federación, 25 de abril, 2005, página
34.
6 Ibídem.
7 PNUMA-OMM. 2001. Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático. 2001. Tercer informe de evaluación. Impactos,
adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables en políticas
y resumen técnico. Cambridge University Press, Reino Unido, página
13
8 Ibídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil seis.
Diputada Patricia Chozas y Chozas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL A IMPLANTAR ACCIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIN AFECTAR EL FLUJO DE TURISTAS
INTERNACIONALES NI LA INVERSIÓN EXTRANJERA, A CARGO DEL DIPUTADO
FRANCISCO DÁVILA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El diputado, Francisco Dávila García, a nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal, para que en lo inmediato tomen acciones en materia de seguridad para que no incida en la economía y la imagen del país a nivel mundial, afectando el flujo turistas internacionales y la inversión extranjera. Al tenor de las siguientes:
Consideraciones
México, siempre se ha distinguido por ser un país amigo, por su hospitalidad y calidez en el trato a quienes visitan nuestro país, por lo que goza de una imagen con gran prestigio y esto ha motivado a que millones de personan tengan deseos de visitarnos nuevamente y por sus comentarios animen a otros mas a viajar y disfrutar de México. Los acontecimientos que afectaron a nuestro país vecino el 11 de septiembre de 2001, por todos conocidos, provocaron una disminución de visitantes impactando a la economía nacional en la baja demanda de servicios turísticos, no obstante la imagen en el extranjero de nuestro país se mantuvo como un destino turístico seguro.
Nuestro país en la ultima década ha afrontado diversos movimientos sociales que pudieron haber dañado en mucho la imagen como destino turístico seguro, pero la acertada toma de decisiones del gobierno de la República y en particular de la Secretaría de Turismo han contrarestado las afectaciones económicas a este sector, e incluso es la actividad que ha presentado un continuo crecimiento en la aportación al producto interno bruto.
Sin embargo compañeras y compañeros legisladores las circunstancias actuales nos obligan desde esta tribuna a pedir que no únicamente se investiguen las causas o los causantes de los actos terroristas suscitados en la Ciudad de México la madrugada del 6 de noviembre, así como la problemática que se vive en el estado de Oaxaca, están generando a nivel internacional una imagen negativa e insegura de México lo cual se comprueba con los pronunciamientos que han hecho países como Canadá, Inglaterra, Estados Unidos de solicitarles a sus compatriotas que se abstengan de visitar las zonas que presentan conflicto, por el riesgo que puedan tener, esta situación nunca se había presentado.
Por lo que es la hora de solicitar a los gobiernos federal y del Distrito Federal que implementen programas de difusión e información, acerca de cómo se esta atendiendo los conflictos aislados que en mucho están dañando la imagen de nuestro país, frenando inversiones en materia económica y afectando el flujo de visitantes internacionales a nuestro país, por ello se deberá hacer saber con base a los resultados que México es y será un destino turístico seguro, preocupado por acrecentar y conservar sus bellezas naturales, tradiciones culturales, astronómicas y sobre todo la fraternidad a quien nos visite.
Diputadas y diputados les solicito pensando en el bien de México se apruebe el presente punto de acuerdo, para lograr que la imagen turística de México no se vea afectada.
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución
Único. Por que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal, para que en lo inmediato tomen acciones en materia de seguridad para que no se afecte la economía y la imagen del país a nivel mundial, afectando el flujo turistas internacionales y la inversión extranjera.
Se solicita respetuosamente que informen a esta soberanía de las acciones, programas y resultados para contrarrestar el deterioro de la imagen de nuestro país.
Diputado Francisco Dávila García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE QUERÉTARO Y AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA MISMA ENTIDAD A NO VIOLENTAR LA
AUTONOMÍA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO
ALMAZÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura, José Antonio Almazán González, integrante del grupo parlamentario del PRD, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, con el objeto de que se exhorte al gobernador del estado de Querétaro, licenciado Francisco Garrido Patrón y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad, licenciado J. Jesús Lomelí Rojas, a efecto de que no continúen violentando la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro y, en consecuencia extiendan la toma de nota a su Comité Ejecutivo electo legalmente y en forma democrática, en apego a derecho. Presento esta solicitud conforme a las siguientes:
Consideraciones
1. Que la autonomía sindical es un derecho constitucional de todo sindicato para decidir con libertad su vida interna, y poder así cumplir su tarea en defensa de los intereses de sus agremiados, tal y como lo establece la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que una de las manifestaciones concretas de la autonomía sindical es la organización periódica de sus elecciones internas, para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, de acuerdo al artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo, y del artículo 3° del Convenio 87, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
3. Que el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, fue electo legalmente por medio del proceso electoral, calificado por su asamblea general el 15 de agosto de 2006, y ratificado por dos asambleas generales más, donde los trabajadores ya externaron su libre voluntad de elegir y ratificar a sus dirigentes sindicales, todo lo cual se llevó a cabo en apego al marco jurídico aplicable y, concretamente en respeto a sus estatutos sindicales.
4. Sin embargo, como ya es costumbre tanto del gobierno federal como local, en una ilegal intromisión en la autonomía sindical, el gobernador del estado de Querétaro apoyándose en las acciones de su Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (Tecae), y sin mediar procedimiento alguno les ha negado con diversos pretextos legaloides la toma de nota al Comité electo legalmente por los trabajadores del sindicato mencionado.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al gobernador del estado de Querétaro, licenciado Francisco Garrido Patrón, y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad, licenciado J. Jesús Lomelí Rojas, para que no continúen violentando la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro y, en consecuencia extiendan de manera inmediata la toma de nota a la mesa directiva electa en forma democrática y en apego a derecho por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO
AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA YESCA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
José Antonio Arévalo González, diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita se turne a la Comisión correspondiente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
En nuestro país el derecho a desarrollarse en un ambiente sano esta consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución Política y en el artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. De igual forma, la conservación de las especies en peligro de extinción está prevista por la Ley General de Vida Silvestre y la propia Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
México participa activamente desde 1991, en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), concretado en la NOM 59-SEMARNAT-2001, "Protección Ambiental - especies nativas de México de Flora y Fauna - categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - lista de especies en riesgo), aunado a la existencia de acuerdos internacionales para la protección de estas especies y de sus hábitat.
Dentro de ellas encontramos al ocelote, incluido como especie en categoría de peligro de extinción y al Jagurundi en categoría de especie amenazada. Especies a las cuales el gobierno mexicano, por conducto de la Comisión Federal de Electricidad y contraviniendo los tratados internacionales signados, la LGEEPA, la Ley General de Vida Silvestre y las normas oficiales mexicanas, que protegen a éstas y otras especies, exponen y aumentan el riesgo que enfrentan, al dejar de lado el aspecto de protección ambiental y sin escuchar las opiniones de los expertos en conservación que debieran ser consideradas en las manifestaciones de impacto ambiental.
Un ejemplo de ello es la consulta pública realizada para la implementación del proyecto conocido como "La Yesca", en el estado de Jalisco que abarcará cuatro mil hectáreas de los estados de Jalisco y Nayarit.
En la reunión pública de información del "Proyecto hidrológico La Yesca", promovido por la Comisión Federal de Electricidad, con presencia de autoridades de Semarnat, delegaciones federales y de los gobiernos de Jalisco y Nayarit, los representantes del Área Ambiental y de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, expusieron los beneficios del proyecto, pero minimizando los daños ambientales que generaría, a pesar de haberse hecho público el daño que provocarán las presas del río Santiago, como es la destrucción de ecosistemas.
Ante la falta de interés por parte del gobierno federal por conservar nuestro recursos y nuestras especies, es necesario que la Procuraduría General de Protección al Ambiente verifique y haga una verdadera evaluación del impacto ambiental que este proyecto hidroeléctrico generará.
Al respecto cabe recordar, que en el Congreso de Ciencia Ambientales, el titular de Semarnat dijo que el proyecto no comenzará hasta que se tengan los permisos ambientales, se modifique el uso del suelo y se conozca la información referente a la consulta pública a realizarse entre los pobladores. Comentando que el Presidente de la República estaba enterado de que la Semarnat aún no autorizaba el inicio de los trabajos por no haber cubierto todos los requisitos, en especial el estudio de impacto ambiental.
Por ello, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, a nombre de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar y evaluar el impacto ambiental generado por las obras del "Proyecto hidrológico La Yesca", promovido por la Comisión Federal de Electricidad.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a no autorizar el "Proyecto hidrológico La Yesca", hasta que sea finalizado el estudio de impacto ambiental y se hayan realizado los foros de consulta con los pobladores afectados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días del mes de noviembre de 2006.
"2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García"
Diputado José Antonio Arévalo González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A REALIZAR LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD PERTINENTES PARA
CONSTRUIR ACCESOS Y RETORNOS EN LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA ORIENTAL-TEZUITLÁN
Y AMOZOC-ENTRONQUE PEROTE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO FUENTES
ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, José Guillermo Fuentes Ortiz, en mi calidad de diputado federal en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicito respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en el ámbito de su competencia, se realicen los estudios de viabilidad pertinentes para la construcción de accesos, salidas y retornos en las comunidades de Nuevo México, San Andrés Payuca y la cabecera municipal Ocotepec en el tramo de la autopista Oriental-Teziutlán y a la comunidad de Guadalupe Sarabia en el tramo de la autopista de nueva construcción Amozoc-entronque Perote; comunidades ubicadas en el estado de Puebla y que quedan fraccionadas por estas vías de comunicación, inhibiendo su desarrollo social y económico, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Con fundamento en los artículos 5 y 11 de nuestra Constitución, artículo 5, fracciones I y II, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, considerando que la vocación natural de los suelos donde existen comunidades pequeñas, es de uso agrícola principalmente, con la construcción de autopistas y carreteras de cuota, esta vocación se ve afectada, debido a que no se hacen los estudios necesarios para que se lleve a estos pueblos pequeños la aportación de los beneficios económicos que trae consigo la población flotante que visita a estas pequeñas comunidades, cuando participan de los beneficios de una carretera, en el entendido que la inversión de los recursos de los ciudadanos de este país es y deberá priorizar la intención y atención de llevarles el desarrollo e inclusión a los pueblos pequeños del país donde las carreteras significan ser una bolsa de oportunidades para el acceso al bienestar y desarrollo.
No hay que perder de vista que las autopistas son una oportunidad que se debe aprovechar para que sean una de las mayores inversiones que involucren a las comunidades, con diversos rezagos, a las zonas económicas mejorando con esto su conectividad de dichas comunidades con la región.
Cito el artículo 11 de la Carta Magna, "que todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo conducto u otros requisitos semejantes" termino cita; además que es de conocimiento de todos que la tenencia de la tierra en México va desde la propiedad de algunos surcos, a extensiones de hasta 100 hectáreas de acuerdo el uso de la vocación del suelo. En la construcción de una autopista o carretera de cuota, varios pueblos pequeños además de perder su libertad de acceso a la única fuente de empleo que tiene y su vocación de identidad con la tierra se les mutila de tajo, al perder esta fuente de empleo, la libertad de acceso a la misma produciendo un desarraigo de su lugar de origen y además los lanza violentamente a la migración, olvidando sus pocas pertenencias, arraigo y sobre todo a su familia.
Todos hemos oído que las carreteras son la herramienta para acceder al desarrollo de la población, porque es cierto que la economía de los pueblos camina en ruedas. Por ello no tenemos derecho, por jugosa que parezca la rentabilidad de hacer carreteras que incuben el criterio del principio y fin, de arrebatar a los pueblos la oportunidad de acceder a las vías de comunicación, que por un lado los discriminan en una flagrante violación a la dignidad de la persona humana, consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la prioridad que tenemos como país de combatir en la faz del territorio nacional la lacerante marginación que trae la pobreza, produciendo en la persona una automarginación y el decaimiento de la autoestima, por ello, nunca será un gasto el dotar a las autopistas de los accesos, salidas y retornos para que sea libre determinación del individuo, respetando su libre albedrío, transitar por las mismas a lo largo y ancho del territorio nacional.
Con fundamento en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la carencia de accesos al flujo automovilístico de las autopistas en las pequeñas y medianas comunidades entorpece la actividad económica y productiva de las personas que habitan en ellas.
Tomando en consideración lo anterior, nos damos cuenta que se requiere impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades pequeñas que quedan partidas por las vías de comunicación, que a su paso, marginan a su población. Es necesario mencionar que en las comunidades de Nuevo México, San Andrés Payuca y la cabecera municipal Ocotepec en el tramo de la autopista Oriental-Teziutlán y a la comunidad de Guadalupe Sarabia en el tramo de la autopista de nueva construcción Amozoc-entronque Perote, hay un importante potencial agrícola, ganadero y comercial que se ve completamente limitado por las faltas de acceso a las autopistas. Si se permitiera dicho acceso, así como sus correspondientes salidas y retornos, se incentivaría el desarrollo de las actividades antes mencionadas, aunado a que se permitiría el acceso de otras nuevas más, contribuyendo con esto a mejorar la vida económica y social de la región.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de su competencia, se realicen los estudios de viabilidad pertinentes para la construcción de accesos, salidas y retornos en las comunidades de Nuevo México, San Andrés Payuca y la cabecera municipal Ocotepec en el tramo de la autopista Oriental-Teziutlán y a la comunidad de Guadalupe Sarabia en el tramo de la autopista de nueva construcción Amozoc-entronque Perote; comunidades ubicadas en el estado de Puebla y que quedan fraccionadas por estas vías de comunicación, inhibiendo su desarrollo social y económico. En caso de ser positiva su viabilidad, se insta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a su aplicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.
Diputado José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA UNA AUDITORÍA RESPECTO AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO
LA PAROTA, EN GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO MODESTO BRITO GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática integrante del LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 40, 42, y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 42, fracción VIII, inciso f) fracción IX ,de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto ante el Pleno de esta soberanía al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno. México al entrar el siglo XXI se encuentra como todas las naciones del orbe, en búsqueda de recursos energéticos, que le permitan enfrentar los desafíos de un nuevo mundo, que exige el cuidado de nuestros los naturales, en el marco de la globalización y la búsqueda de la justicia social.
En esta búsqueda y al tratar de encontrar energías alternativas, a el sistema energético, basado en los combustibles fósiles, -los hidrocarburos- mismos que dan muestras de agotamiento, en estos momentos, y que están contribuyendo al cambio climático planetario.
Ante esta realidad global, se presentan diversas opciones, de generación de energía. Una de ellas, son las centrales hidroeléctricas; aquellas que producen electricidad, mediante el aprovechamiento, de la energía latente del agua embalsada, en una presa, situada a más alto nivel, que la central generadora, en la cual se encuentra una o mas turbinas hidráulicas, que transforman la energía mecánica en eléctrica.
Por ello, la utilización de la hidroelectricidad, como una fuente más de generación de energía, se presenta como un alternativa energética. Es menester reconocer que en nuestro país, existen diversas Cuencas Potenciales de ser aprovechadas. Y que en este momento, según técnicos conocedores, solo se ha desarrollado el 25 por ciento de la capacidad hidroeléctrica del país.
Dos. Por ello el estado de Guerrero, que posee este tipo de cuencas y riquezas naturales, en este sexenio, que esta por concluir, se le designó, para la realización del mega proyecto hidroeléctrico denominado La Parota mismo que se diseño desde hace 35 años. Fue en el año de 1976, que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, inició los estudios técnicos, en el sitio La Parota -ubicado en el extremo oriental del municipio de Acapulco- y en 1988 terminó el estudio de factibilidad geológica. Los mismos estudios se suspendieron hasta fines del año 2002, que se retomaron por la administración federal encabezada por Fox; creando en Acapulco una residencia de obra y una unidad para Asuntos Sociales del anteproyecto.
Fue así que en ese año, la CFE planteó prioridades de acción a las que llamo estratégicas, respecto a la construcción de la hidroeléctrica destacándose: la información permanente a la comunidad y la participación sistemática de ella.
Tres. Sin embargo en la realidad, las cosas fueron completamente distintas, hasta este momento. Con la llegada de la CFE a la región y su pretensión de construir el embalse de 14 mil hectáreas, pertenecientes a los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa y Chilpancingo. Por cierto en los tres primeros municipios indicados, de acuerdo al proyecto original, se encuentra el 98 por ciento de las posibles afectaciones y 22 poblados que abarcan entre otros, los ejidos: Altos del Camarón, Agua de Perro, El Reparo, Dos Arroyos, Sabanillas, La Palma, El Zapote, Tierra Colorada, Los Huajes, Bienes Comunales de Cacahutepec. Este ultimo, uno de los centros agrarios más grandes del país. Se pretende, para darnos una idea, que el tamaño del embalse sea aproximadamente de 12 bahías de Acapulco. La altura proyectada de la cortina principal, sería de 187 metros, en la cual se instalarían las turbinas, además de la construcción de varios diques y de una cortina menor para administrar la corriente del río Papagayo, después de que en la primera se generó la electricidad. Por otro lado en noviembre del 2005 según, Alfredo Elías Ayub, director de la CFE; Eugenio Laris, director de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE y Benjamín Granados, subdirector de Construcción de la CFE señalaron que: Esta hidroeléctrica, la construirá una empresa privada, nacional o extranjera, que aportará el financiamiento; 850 millones de dólares. Las obras sociales e indemnizaciones por expropiación, costarán otros 200 millones de dólares, que se pagarán con recursos públicos, autorizados en el Presupuesto del gobierno federal. Estos proyectos son proyectos de recursos extra presupuéstales o Pidiregas.
Vale señalar que este proyecto, en sus dimensiones, es parecido al que se construye actualmente por la CFE en el estado de Nayarit, denominado El Cajón.
Cuatro. En el caso de La Parota la CFE al llegar a la zona en el año 2003 provocó división y conflicto durante los últimos años. Comenzó a actuar en ese año, sin el consentimiento de las comunidades, generando dudas, molestias y aún más desconfianza, se aunó a esto, la mala fama pública que tiene en Guerrero la CFE: El no pago de indemnizaciones y expropiaciones, abuso de poder, como el caso de La Venta pequeña hidroeléctrica ubicada sobre en el río Papagayo, que se construyó hace más de 40 años y hasta el 2004 se pago la expropiación.
El saldo actual: Se provocó desinformación, se polarizó entre opositores y promotores, provocando enfrenamientos policíacos con opositores, cierre de caminos, acusaciones mutuas, homicidios vinculados al rechazo de la obra: el 18 de septiembre de 2005, 10 de noviembre del 2005, 29 de enero del 2006. Impugnación de asambleas comunitarias, realizadas fuera del núcleo agrario original. La existencia de la resolución del Tribunal Superior Agrario, emitida este año que establece la prohibición a la CFE a entrar a territorio de bienes comunales de Cacahuatepec, como medida cautelar, en tanto no se produce una sentencia definitiva a la demanda de nulidad de la asamblea que aprobó la expropiación de las tierras de los bienes comunales de Cacahuatepec. Tenemos entonces que el proyecto a generado división social y existe malestar por la posible expropiación "concertada" de las tierras. Es reiterado el señalamiento de que muchos actos, se respaldan, en la ilegalidad, existiendo un clima de hostigamiento y violencia en la zona entre partidarios de la obra y opositores.
Quinto. Este es un asunto de derechos patrimoniales y de confianza política. Obras de generación de energía, son necesarias, pero no con los esquemas o métodos del pasado, sostenidos en el abuso, la simulación y el robo del patrimonio del los más débiles, requiriéndose hoy, la transparencia en la acción de las instituciones.
En tal sentido y por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, de esta honorable Cámara de Diputados, LX legislatura, para la realización de la auditoria, investigación, análisis, evaluación y seguimiento del proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, realizado por la Comisión Federal de Electricidad durante los años 2004, 2005 y 2006. Que contenga entre otras cosas, su desempeño, el cumplimiento de las metas financieras y demás elementos necesarios para la misma.
Segundo. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la LX Legislatura, que no apruebe recursos públicos para el Ejercicio Fiscal 2007, para el proyecto, hidroeléctrico La Parota en el estado de Guerrero, en tanto no se trasparenten las acciones realizadas por la CFE durante los últimos tres años y se reformulen, en todo caso, los procedimientos de relación con los pobladores posibles afectados.
Tercero. En caso de constituirse la comisión especial para asuntos relacionados con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerreo, se propone integrar:
b) Realización de los avalúos de las tierras a valor comercial y de los bienes distintos a estas; dictaminados por distintas instituciones bancarias para el conocimiento de los afectados.
c) Elaboración del diseño institucional para garantizar, de inmediato, el posible pago y restitución de bienes materiales e indemnizaciones y de los métodos vinculantes de participación comunitaria.
Palacio Legislativo, a 16 de noviembre de 2006.
Diputado Modesto Brito González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 SE CREE UN FONDO CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS
DESTINADO A LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS DEL NORTE DEL PAÍS, A CARGO
DEL DIPUTADO CRUZ PÉREZ CUÉLLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Cruz Pérez Cuéllar, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 se cree un fondo que destine recursos extraordinarios a los municipios fronterizos del norte del país.
Consideraciones
La frontera entre México y los Estados Unidos de América separa a dos naciones con historias y culturas particulares, a pesar de la gran colindancia que comparten, los dos difieren enormemente de términos de lenguaje, cultura y sistemas políticos.
En esta región los temas de salud, seguridad, medio ambiente y sociales han demandado en los últimos años la atención de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal). Por otra parte, el crecimiento de la población provocado por la migración ha motivado una gran concentración urbana en algunos de los municipios fronterizos.1
La frontera norte de México ha sido una zona de atracción de migrantes, no sólo por el desarrollo y oferta de trabajo en esta región del país, sino también por la cercanía con los Estados Unidos de América y la posibilidad de trabajar en el país vecino. En este sentido la migración es un fenómeno demográfico sobre el que ambos países han hecho esfuerzos por conocer su dinámica y las repercusiones tanto para la región como para los países (Corona, 1991; Ham, 1992; Hans, 1996; Martin, 1996; PPIC, 1997, en Ybañez, 2000).
La capacidad de crecimiento demográfico se ha sostenido en los municipios fronterizos del norte del país debido al desarrollo comercial, a los servicios de turismo, a los convenios bilaterales de migración y de la localización de la industria manufacturera de exportación (Estrella, 1999).
Por otro lado, la concentración de la población en los estados fronterizos para 1990 era de 16.3 por ciento de la población total del país;2 también es necesario mencionar que no toda la población que habita en estos estados reside en los municipios fronterizos, de acuerdo con estudios realizados el 4.7 por ciento de la población total del país es la que vive en los municipios de la frontera norte y es el 29 por ciento de la población de los estados norteños la que habita en ellos.3
Asimismo, el crecimiento demográfico de la frontera ha sido mayor que el que se da en el interior del país, pues ya desde 1940 mientras que en México la tasa de crecimiento anual era del 1.72 por ciento anual los municipios del norte tenían una tasa del 3.6 por ciento. Entre 1950 y 1960 las tasas de crecimiento para estos mismos municipios estuvieron por arriba del 4.5 por ciento y después de esta década comenzaron a descender manteniéndose siempre por arriba de la tasa de crecimiento del país.4
Durante el periodo de 2000 a 2005 la tasa de crecimiento de la población en el país fue de 1 por ciento5 mientras que en promedio para los municipios fronterizos fue del 2.6 por ciento.6 Este crecimiento acelerado de la población encuentra su explicación a la migración tanto interna como externa que llega a estos lugares.
Una de las características de la población en la frontera norte es que es predominantemente urbana, con alta tasa demográfica, ocasionada por el flujo migratorio de la población del país que llega a estos lugares, tanto para trabajar como para intentar cruzar hacia los Estados Unidos de América.
Es necesario mencionar que la población no se distribuye de manera uniforme a lo largo de la frontera. Actualmente son treinta y nueve los municipios que colindan directamente con la frontera entre México y los Estados Unidos de América, empero sólo ocho de ellos concentraban en 1990 una elevada población: Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en ellos residía cerca del 82.9 por ciento de la población fronteriza,7 y para 2005 alcanzaba ya el 84.7 por ciento en promedio integrando un noveno municipio el de Ciudad Acuña.
Respecto al crecimiento demográfico de los principales municipios de la frontera norte los que observan una mayor tasa durante el periodo 1995-2005 son: el municipio de Reynosa, con una tasa de crecimiento de 4.61, y el municipio de Acuña, con una tasa de 4.50, según datos obtenidos de los I y II Conteos de Población y Vivienda 1995, 2005, y XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Aunque estos municipios cuentan con una tasa de crecimiento alta no quiere decir que su población es mayor al millón de habitantes, pues sólo los municipios de Tijuana y Juárez presentan población que supera el millón de habitantes; para el 2005 el municipio de Tijuana contaba con una población de un millón 410 mil 700, y el municipio de Juárez un millón 313 mil 338 habitantes. Lo anterior se presenta en la siguiente gráfica:
Fuente: IMIP de Ciudad Juárez con información del I Conteo de Población y Vivienda 1995, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI
De acuerdo a cifras de los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con la comparación entre algunos de los municipios fronterizos, (Díaz 2006) la distribución ocupada por sectores económicos para el año 2004 se daba de la siguiente forma: 0.3 por ciento en promedio de la población estaba ocupada en el sector primario es decir la agricultura, el 60.3 por ciento de la población se encontraba en el sector industrial, esto entendido principalmente como la industria maquiladora de exportación, mientras que el 36.1 por ciento restante se ocupaba en el comercio y los servicios.
Asimismo, las condiciones de admisión instrumentadas por el gobierno estadounidense, los mercados de trabajo que atraen migrantes de uno y otro lado de la frontera, así como las redes sociales y familiares que utilizan los migrantes en sus desplazamientos, entre otros factores, convierten a los municipios fronterizos en un tema que obliga a la creación de políticas de población, económicas y sociales que coadyuven a que los seres humanos que ahí se establecen vivan con dignidad y le permitan alcanzar el bienestar personal y familiar que demandan.
La frontera norte de México constituye una de las áreas neurálgicas del país, durante los últimos 25 años, cada vez más, la economía nacional se ha industrializado. De esta manera, el flujo migratorio hacia los municipios fronterizos del país se puede mostrar tal y como aparece en el siguiente cuadro:
Fuente: Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) 1995.
El diagrama muestra de manera esquemática la dinámica del cruce fronterizo o de la llegada a la ciudad fronteriza. Los migrantes procedentes del sur llegan a la frontera para permanecer en ella, o como punto de cruce (documentado o indocumentado) hacia Estados Unidos. En sentido contrario (es decir, de norte a sur) los migrantes llegan a las ciudades fronterizas procedentes de Estados Unidos (de manera voluntaria o como producto de una devolución de la patrulla fronteriza) o de las mismas ciudades fronterizas, utilizándolas como punto de salida hacia el sur, como destino, o como punto para iniciar un nuevo intento de cruce hacia Estados Unidos.
La migración del sur tiene un aspecto interesante, ya que llega a los municipios de la frontera norte del país, para vivir en ocasiones de manera temporal pero en su gran mayoría de manera definitiva. Los flujos migratorios de acuerdo con la información del INEGI (www.inegi.gob.mx) se presentan en el siguiente mapa:
Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Considerar los flujos migratorios nos ayuda a entender e identificar, además de las principales rutas y destinos de la migración interna, los municipios que cuentan con una alta migración y que coinciden con la estadística que refiere al crecimiento en su población, como es el caso de Tijuana, Juárez y Mexicali.
A esta información es necesario añadir que el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana, en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizaron en el 2003 una encuesta sobre la migración en la frontera norte del país, y dentro de los resultados obtenidos se consideraron los flujos a las ciudades fronterizas y que no piensan pasar a los estados de América y que se podría asumir que pensaban en radicar en el lugar, con un pequeño sesgo de aquellos que iban en viaje de placer, vacaciones o a visitar a sus familiares y que para efectos de los resultados mostrados no infieren de manera importante en estos y que se muestran en la siguiente tabla:
Fuente: Elaboración propia basada en STyPS, Conapo, INM y El Colef, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF).
En esta gráfica podemos apreciar que la ciudad con el mayor flujo corresponde a Tijuana, seguido de Ciudad Juárez y después por Mexicali. Asimismo, la media de los datos presentados y de acuerdo con el muestreo realizado se estima en alrededor de 70 mil personas, las cuales se establecen en la frontera norte, cabe señalar que la información corresponde a una estimación cuatrimestral que se puede desfasar al semestre con una variación de 2 mil personas, es decir, en promedio 68 mil personas de un universo de 180 mil se establecen cada seis meses en estas localidades, estamos hablando que cada 4 de 10 personas que llegan a los municipios de la frontera del país, no piensan cruzar a Estados Unidos y por ende empiezan a residir en el lugar.
Lo anterior ayuda a explicar que el porcentaje de inmigrantes que se establecen en los municipios fronterizos del norte de México se pueda establecer en un rango del 50 por ciento al 68 por ciento.8
En lo que respecta al atractivo que ofrece la industria maquiladora de exportación podemos mencionar que el empleo industrial está determinado por la cantidad de personal que requiere esta industria, a su vez las maquiladoras determinan la cantidad de empleados requeridos de acuerdo a las técnicas aplicadas en los procesos de producción y los costos de la mano de obra. La tendencia del número de maquiladoras y los empleos industriales es muy similar, ya que la segunda está determinada por la primera, un leve incremento en el número de maquiladoras se traduce a un gran incremento en los empleos industriales, lo que hace a esta una relación totalmente elástica.
Asimismo, en los últimos años y debido a la presencia de la industria maquiladora de exportación en los municipios fronterizos del norte del país, la generación de empleos en ese lugar se ha incrementado mostrando una tendencia a la alza, tal y como nos muestra la siguiente gráfica:
Según Díaz (2006), en el año 2004 se generaron 81 mil 516 empleos en la maquiladora a nivel nacional, de los cuales 9 mil 218 correspondieron al municipio de Juárez, lo que significa un 11.3 por ciento del empleo nacional, ese mismo año la tasa de crecimiento del empleo respecto al año 2003 fue de 7.76 a nivel nacional y de 4.68 para Juárez.
Para el año 2005, los empleos generados en la maquiladora a nivel nacional fueron sólo 24 mil 751, de los cuales el 77.1 por ciento es decir 19 mil 83 se encontraban en Juárez, la tasa de crecimiento del empleo a nivel nacional en 2005, respecto a 2004 fue de 2.19 y en Juárez 9.26. (Díaz, 2006)
Lo anterior menciona la importancia de la presencia de esta Industria en los municipios de la frontera norte de México y que en cierta forma se convierte en un catalizador para la migración del sur al norte del país. Si a esto sumamos los indicadores que la Asociación de Maquiladoras, AC, nos aporta conforme al periodo 2004 al 2006, y que a continuación se muestran:
Tabla I 
Podemos apreciar que aparece una gran tendencia al aumento en el número de empleos en los principales municipios fronterizos, que el valor agregado de exportación que es cobrado por el servicio de maquila y que se integra por la suma de costos de operación y utilidades brutas sufre también un aumento en pesos corrientes, lo mismo ocurre en el rubro que refiere a gastos diversos efectuados por esta industria y que considera la compra y utilización de bienes y servicios tales como: alquiler de la maquinaria y equipo, renta de edificios y terrenos, energía eléctrica, telégrafos, trámites aduanales, fletes y acarreos, mantenimiento de edificios y maquinaria y otros gastos, muchos de los cuales son aportados, en la gran mayoría de los casos, por proveedores nacionales más que extranjeros.
Si a lo anterior añadimos el monto que se eroga por el consumo de insumos nacionales y que se muestra a continuación:
Tabla II
Podemos decir que además de incentivar la creación de empleos indirectos y en su caso exportadores indirectos se contribuye a que la tributación por impuestos federales sea elevada y aporte de manera importante para los ingresos de la federación mediante tres de las contribuciones más importantes: impuestos, derechos y aportaciones de seguridad social, entre otros.
Ahora bien, tomando como base la información en relación al valor agregado de exportación (cobrado por el servicio de maquila), que para el 2005 en el caso de Ciudad Juárez ascendió a 41 mil 639 millones 687 mil pesos, de los cuales de acuerdo con la AMAC de Ciudad Juárez se tributa cerca del 25 por ciento en lo que es impuestos federales, dicha suma correspondería a 10 mil 409 millones 921 mil 750 pesos en tributación, que tan sólo por el municipio de Ciudad Juárez se le reporta a la Federación, lo que supera en gran medida el presupuesto que para 2005 tenía éste municipio que era de 2 mil 250 millones de pesos, aproximadamente; es decir, estamos diciendo que la industria maquiladora aporta a la federación, aproximadamente cinco veces el presupuesto completo de ese municipio para el mismo periodo fiscal.
En resumen, podemos considerar que el establecimiento de la industria maquiladora de exportación en los municipios fronterizos del norte del país hace que estos sean de importancia nacional por tres básicas derramas a la economía nacional: por la tributación obtenida a través de los gastos directos y con ingerencia en la balanza comercial en materia de las exportaciones e importaciones; por la atracción de inversión extranjera directa, esta última con incidencia directa en la cuenta de capital de la Balanza de Pagos, que además es de largo plazo y finalmente por la enorme generación de empleos y microempresas que se crean para poder atender la demanda de los servicios e insumos requeridos por esta industria contribuyendo a la economía del estado, municipio y federación.
Sin embargo, pese a que la información aquí presentada pudiera dar lugar a una interpretación de enorme prosperidad y desarrollo, existen ciertos factores que nos indican que esto no es del todo así, ya que para las autoridades municipales este crecimiento, que como se señalo es por encima de la media nacional, el gastos público para proveer los servicios necesarios para el incremento de la población en estas localidades se ve mermado, ya que la gran captación de contribuciones son del orden federal y en su caso estatal, por lo que al tratar de atender estas necesidades el municipio cae en un déficit presupuestario.
Tan sólo por citar un ejemplo, se tiene el municipio de Ciudad Juárez en donde, de acuerdo con Díaz (2006), para el 2005 el presupuesto municipal era de 187.85 millones de dólares corrientes, equivalente a 143.03 dólares per cápita/año, empero el gasto en infraestructura necesaria para atender algunas de las necesidades de esta población asciende a 61.77 millones de dólares, es decir, casi el 33 por ciento del presupuesto con el que se contaba, esto se puede apreciar en el siguiente esquema:
Fuente: IMIP con información del movimiento de ingresos y egresos y situación patrimonial del municipio; varios años, I Conteo de Población y Vivienda 1995, XII Censo de Población y vivienda 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI.
De acuerdo con esta gráfica, el nivel de empleo muestra una tendencia de crecimiento del periodo de 2002 a 2004, mientras que el nivel de la población mantiene, por igual, una tendencia de crecimiento, lo que ha significado un incremento del gasto per cápita para el municipio de Ciudad Juárez desde el 2002 al 2004, lo que a su vez reafirma la necesidad del municipio de contar con una mayor aportación federal que permita cubrir las necesidades de estas personas y sobre todo con ello contribuir al desarrollo del bienestar familiar que muchas de estas personas le demandan, para de esta manera poder cerrar la brecha entre la gráfica del gasto per cápita y el de la población, es decir, poder contar con un gasto de acuerdo con el número de habitantes.
Siguiendo con el caso de Ciudad Juárez podemos apreciar en la siguiente tabla que al igual que la mayoría de los municipios de nuestros país, los ingresos están influenciados en gran medida por las aportaciones y participaciones federales que se le hacen llegar, empero, las mismas sólo permiten en cierta medida poder cubrir una parte de los servicios que se demandan por parte de su población, ya que con los ingresos obtenidos por la recaudación propia y de acuerdo con lo necesario para 2005 en materia de servicios, se requeriría erogar cerca del 82 por ciento de los ingresos obtenidos por la tesorería para dar cumplimiento a lo requerido, ello sin mencionar que esto obligaría a la administración municipal a emplear exclusivamente el ingreso en este rubro cuando en realidad no es así, ya que otra de las altas necesidades en estos municipios es de la seguridad, educación, drenaje, transporte, salud, entre otros.
Tabla III
Por otra parte, no es desconocido que el alto consumo de drogas en los Estados Unidos de América es causa directa del intenso tránsito de enervantes hacia el vecino del norte, ésta situación ha provocado que el narcotráfico mantenga una presencia muy importante y que los ciudadanos de los municipios de la frontera norte del país, vivan en condiciones de inseguridad y violencia, acrecentados por el crimen organizado y el intenso narcotráfico, originado fuera de esas localidades.
En ocasiones mucha de la gente que llega a intentar cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos de América, o que se establece en estos municipios se encuentra marginada y forman a manera de colonias o asentamientos irregulares viviendas carentes de servicios como luz, agua, drenaje, salud, seguridad. Carencias que se convierten en los principales aliados por parte de la inseguridad para ocupar estos espacios para poder delinquir.
Es notorio que los nuevos asentamientos que se crean se hacen en lugares que no son aptos para la vivienda y en ocasiones ponen en riesgo no sólo la salud de quienes ahí habitan, sino la integridad física ya que en casos de fenómenos metereológicos como excesivas precipitaciones pluviales estos lugares tienden a derrumbarse, tal es el caso de las colinas que se encuentran en los alrededores de la ciudad de Tijuana, Baja California en donde habitan muchos migrantes que, al carecer de un espacio decoroso en el cual habitar, pueblan el lugar con el fin de tener una pequeña vivienda o espacio a manera de patrimonio para ellos y su futura familia.
Asimismo, estas personas en temporadas de bajas temperaturas tienden a tener el índice más elevado de mortandad por carecer de servicios de salud que les permitan atender las enfermedades de las vías respiratorias que tienden a presentarse en estas temporadas del año, en algunos de los casos, acuden a los servicios públicos de salud, pero que debido a la elevada demanda no pueden en algunos de los casos suministrar las medicinas necesarias, lo que obliga a que muchas de estas personas hagan frente a la enfermedad con sus propias defensas y en el mejor de los casos poder salir librados de la enfermedad con lesiones pulmonares severas y en el peor falleciendo por complicaciones fisiológicas.
Por otro lado, aunque el presupuesto que se destina en el rubro de seguridad pública, por parte de los municipios del norte del país, la realidad es que el personal empleado y las estrategias desarrolladas son superadas, tanto por los recursos asignados, como el constante crecimiento por parte de la población flotante, que como ya mencionamos emigra hacia estos municipios en búsqueda de oportunidades que en ocasiones no llegan a consolidarse.
Finalmente, debemos mencionar que los fenómenos metereológicos vienen a apuntalar más al municipio, tal y como aconteció con las inundaciones por elevadas precipitaciones pluviales que se vivieron en el 2005 y 2006 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila, sin mencionar los destrozos que se suscitan en Matamoros, Tamaulipas.
En el caso de Ciudad Juárez, que pudiera de cierta manera tomarse como ejemplo reciente para su generalización en la gran mayoría de los municipios fronterizos, las precipitaciones pluviales han sido controladas por un sistema de más de 60 vasos reguladores y presas de control de avenidas localizadas principalmente en la zona poniente, muchas de estas estructuras se encuentran invadidas, azolvadas o requieren rehabilitación y aunque existen más de 500 pozos de absorción; la gran mayoría están colmatados y no funcionan eficientemente por falta de mantenimiento o por nuevos asentamientos provocados por la migración.
En las partes bajas de la ciudad no cuentan con un sistema de drenaje pluvial, el agua de lluvia acumulada es desalojada de forma muy lenta por el sistema de alcantarillado sanitario, varios arroyos fueron convertidos en calles o fueron urbanizados. Las áreas que originalmente fueron cauces constituyen ahora zonas de inundación, es decir, no se cuenta con obras de capacidad suficiente para el control, manejo y desalojo adecuado de los escurrimientos pluviales, por lo que, cuando se presentan lluvias extremas, hay problemas como el taponamiento y colapso de colectores por ingreso de agua pluvial, amplias zonas inundadas con daños a bienes muebles e inmuebles por inundaciones, contaminación con afloramiento de mezcla de aguas pluviales y sanitarias, ingreso de agua pluvial a plantas de tratamiento, derrumbes en cauces por erosión e importantes daños a la infraestructura urbana, pero sobre todo la situación de contar con la pérdida de vidas humanas que se ubican en las zonas en las que la carencia de estos servicios es un detonante para que le inundación o desborde de cauces ocasione que la gente que habita en estas zonas y renuentes a abandonar su poco o escaso patrimonio decida tratar de cuidarlo o salvarlo, inclusive con su propia vida, muriendo en el intento.
Este complejo fenómeno que viven los municipios de la frontera norte de nuestro país pro la carencia de infraestructura básica, crecimiento de la población y demográfico desmedido por la migración afluente a estos lugares, tráfico de enervantes, estupefacientes, el crimen organizado y los fenómenos naturales como las recientes y excesivas precipitaciones pluviales generan demasiados problemas sociales graves para los seres humanos que habitan esas zonas del país que tanto están produciendo y contribuyendo a la economía nacional, incidiendo directamente en la balanza de pagos de las finanzas públicas de nuestro país, y que desafortunadamente y por como se integra la cuenta pública municipal no es posible atender, prever y actuar eficiente y responsablemente por parte de las administraciones públicas municipales, quienes debido a esta escasez de recursos pecuniarios hacen lo que pueden, pero no lo que se debe.
Por estos motivos, es necesario considerar que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 se cree un fondo que destine recursos extraordinarios para esta zona del país que tanto lo está demandando en beneficio sobre todo de seres humanos que ahí residieron, residen y llegarán a residir.
Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, el suscrito, diputado federal de Grupo Parlamentario Acción Nacional de la LX Legislatura, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se cree un fondo para el desarrollo de la zona fronteriza norte del país dentro del Ramo 33, o en aquel en el que se considere participaciones a los municipios del país por un monto de al menos el 10 por ciento de lo que se pueda asignar a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y de Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF (Fortamundf).
Segundo. Los recursos a que se hace referencia en el párrafo anterior se repartirán proporcionalmente a los municipios fronterizos del norte del país según el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) disponible.
Notas:
1. Ybañez Zepeda, Elmyra: "Algunas características
demográficas de la población de la frontera México-Estados
Unidos." Frontera Norte, volumen 13, número 24, julio-diciembre
2000, p. 1.
2 Zenteno y cruz, 1988. En Ybañez, 2000, p. 2.
3 Ybañez Zepeda, Elmyra: "Algunas características
demográficas de la población de la frontera México-Estados
Unidos." Frontera Norte, volumen 13, número 24, julio-diciembre
2000, p. 2
4 Ibídem.
5 http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob08&c=3185
6 Juárez 2005, con información del INEGI.
7 "Algunas características demográficas
de la población de la frontera México-Estados Unidos." Frontera
Norte, volumen 13, número 24, julio-diciembre 2000, p. 4
8 Juárez 2005, con información del INEGI.
Bibliografía:
Corona Vázquez, Rodolfo. "Principales características demográficas de la zona fronteriza del norte de México"m en Frontera Norte, El Colegio de la Frontera Norte, volumen 3, número 5, Tijuana, 1991.
Díaz Arellano, Rosario y otros. Radiografía socioeconómica del municipio de Juárez, 2005, "Así comenzó 2006", Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, Chihuahua, octubre de 2006.
Estrella Valenzuela, Gabriel, Canales Cerón, Alejandro y Zavala de Cosío María Eugenia. Ciudades de la frontera norte: migración y fecundidad. Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali 1999.
Ham Chande, Roberto. "Diferenciales de población y migración internacional a corta distancia en la frontera México-Estados Unidos", en Frontera y Migraciones, volumen III, El Colegio de la Frontera Norte, Ciudad Juárez, 1992.
Hans P. Johnson. Undocumented Immigration to California: 1980-1993, Public Policy Institute of California, San Francisco, 1996. http://www.ppic.org./publications/PPPIC100/index.html
Martin, Philip. The Mexican Crisis and México US-Immigration, University of California, Davis 1996. http://www.agecon.udavis.edu/Faculty/Phil M./crisis/crisis.html
Public Policy Institute of California (PPIC). "Return Migration to Mexico: Who goes? Who stays?", en Research Brief, San Francisco, 1997. http://www.ppic.org/publications/PPICI02/pp102rb.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil seis.
Diputado Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP Y A LA SHCP A REMITIR RECURSOS FINANCIEROS A LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA DÍAZ
CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN NOMBRE DE DIPUTADOS DE DIVERSOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS
Quienes suscriben, diputados dederales pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD, PRI y PV, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tienen a bien someter a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La propuesta que hoy vengo a presentar a nombre de legisladores de diversos partidos representados en esta cámara tiene como origen una problemática que cada día crece, y a la cual debemos poner soluciones urgentes; es la del financiamiento de las universidades públicas.
Ya en esta legislatura algunos legisladores han planteado esta inquietud. Como recordarán, a partir de la discusión del caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se declaró en franca quiebra, muchos legisladores y legisladoras expusieron ante el Pleno la situación de penuria financiera que viven las universidades públicas de las entidades que vienen a representar ante esta soberanía. Frente a este tema todos hemos coincidido en la necesidad de ampliar el gasto educativo en el diseño y aprobación del Presupuesto de Egresos del próximo año.
Pues bien, apoyándonos en ese interés, es que hoy traemos a esta alta tribuna de la nación la lamentable situación que vive la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con la idea, desde luego, de buscar canales de solución a dicha problemática.
Desgraciadamente ésta no es una situación exclusiva de la UAEM en el contexto nacional, sino es generalizable al conjunto del subsistema de educación superior pública. Los recursos públicos destinados a ese rubro descendieron considerablemente en los años posteriores a la crisis económica de diciembre de 1994, y sólo recuperaron el nivel que tenían antes de la crisis en 1998, a partir del cual crecieron a una tasa de 3 por ciento anual entre ese año y 2006. En contraste, el gobierno del estado incrementó en seis años los recursos transferidos a esa institución educativa en un 125 por ciento.
No obstante, el crecimiento de los recursos experimentado al final de la década de los noventa no repercutió favorablemente en el sistema de educación superior, pues resulta claramente insuficiente. Se aprecia que el gasto federal por alumno disminuyó 49 por ciento entre 1996 y 2001, lo que significó que durante este periodo las instituciones tuvieron que hacer frente a sus actividades con menos recursos.
Sin embargo, lo que acrecienta nuestra preocupación es la consistente disminución del porcentaje del producto interno bruto destinado a las universidades públicas en la actual administración federal. Repasando las cifras al respecto, podemos cotejar que, en 2003, el gasto al que aludimos significaba 0.69 por ciento del PIB; un año después disminuyó a 0.63 por ciento. Por fortuna, la Cámara de Diputados ha logrado detener esa tendencia negativa, bajo la consideración de que lo aportado a la educación superior no es un gasto, sino una inversión.
De manera particular, como cada año, la universidad de nuestro estado enfrenta un déficit que le impide terminar el presente ejercicio solventando todos sus compromisos, y que en este 2006 es cercano a los 70 millones de pesos.
Queremos alertar que de no tomar medidas urgentes, se estaría condenando a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a una eventual quiebra financiera. Deudas considerables con distintos acreedores la desvían su objetivo principal, que es el desarrollo de la ciencia, la investigación y la difusión cultural, para la generación de profesionistas capaces de transformar no sólo a la entidad, sino a todo el país.
Los compromisos incumplidos para el pago de distintas aristas de la administración de las universidades, tanto para el mantenimiento estructural de los centros educativos como para el cumplimiento de las prestaciones sociales a que tienen derecho sus trabajadores académicos y administrativos, se deben a una situación un tanto kafkiana.
Pese a que desde 1989 la SEP apoyó la creación de cuatro facultades y cinco centros de investigación, con el correspondiente crecimiento en cobertura y diversificación de la oferta académica, en reiteradas ocasiones la Secretaría de Hacienda no autoriza recursos para el pago de la nómina administrativa que deriva de la coordinación de esos planteles académicos, con lo cual se incumplen no sólo compromisos salariales, sino además de prestaciones, como lo son el Seguro Social e Infonavit, que por contrato colectivo y por ley tienen los trabajadores universitarios. A mayor abundamiento, la SEP otorga recursos económicos destinados a la contratación de profesores de tiempo completo, equipamiento y gastos de operación de estas nueve entidades académicas, pero, de modo contradictorio, la Secretaría de Hacienda no complementa esta buena decisión de la SEP, pues no asigna presupuesto específico para los salarios de diversos puestos administrativos que hacen posible la tarea académica.
Éste es sólo uno de los varios ejemplos que caracterizan el panorama de la educación superior pública en el país. ¿Cómo explicar que se le otorguen subsidios extraordinarios vía Promep, PIFI o Pifop a unidades académicas por proyectos de excelencia sin que, por otro lado, se remitan recursos de manera ordinaria para su funcionamiento?
De modo que el presupuesto actual está diseñando para mantener la misma dinámica, de tal forma que la UAEM pueda desempeñar las tareas como hoy las está cumpliendo; es decir, en forma insuficiente.
Se requiere entonces de una amplia ingeniería financiera y organizativa que pueda atender las necesidades de financiamiento del modelo de educación permanente y de inclusión social, y trascienda con ello la lógica de pequeños incrementos anuales que permiten operar un proyecto limitado.
La UAEM cuenta en la actualidad en el nivel superior con 41 programas de licenciatura o ingeniería y 7 de profesional asociado; en programas de posgrado, 6 son especialidades, 24 maestrías y 12 doctorados.
Destaca el esfuerzo que implica asegurar la calificación del personal académico. En los últimos años se ha incrementado el número de profesores de tiempo completo, desde 352, con que contaba en 2003, hasta llegar a 454 -incluido el nivel medio superior-, al día de hoy.
Asimismo, la valoración de los programas educativos de licenciatura y posgrado por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, indica que 15 de ellos están ubicados en el nivel 1 por dichos comités.
Por lo que hace al nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene como misión fundamental ofrecer un bachillerato incluyente, de alta calidad, flexible y socialmente pertinente, orientado a la formación integral del estudiante. El esquema con que se ha desarrollado la organización de este nivel se basa en la optimación de la capacidad física instalada. Así, en 2005 pudimos atender a más de 6 mil estudiantes en el sistema escolarizado y a mil en las modalidades abierta y a distancia.
En suma, el esfuerzo de consolidación académica que busca la UAEM, como otras universidades, está ligado al hecho de que, se quiera o no, se debe sostener una estructura docente y administrativa, que es precisamente el recurso humano fundamental en un reto de esta naturaleza.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados hace un exhorto a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, para que en lo inmediato remitan recursos financieros a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por un monto aproximado de 70 millones de pesos, a fin de que dicha institución pueda concluir el Ejercicio Fiscal de 2006 sin deudas. Asimismo, las exhorta a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 incrementen la partida correspondiente al presupuesto federal destinado a esa casa de estudios.
Segundo. Asimismo, se exhorta a dichas secretarías a incrementar los recursos fiscales al gobierno del estado de Morelos, a fin de que éste cuente con mayor disponibilidad financiera, y pueda con ello ampliar los subsidios que canaliza a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 2007.
Diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar,
Enrique Irragorri Durán, Demetrio Román Isidoro, José
Víctor Sánchez Trujillo, Adriana Rebeca Vieyra Olivares,
Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo,
José Amado Orihuela Trejo, Víctor Samuel Palma César
y Faustino Javier Estrada González.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA SAGARPA A MANTENER EL SUBSIDIO DE APOYO DEL
DIESEL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS EDUARDO
FELTON GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal por Sinaloa, Carlos Eduardo Feltón González, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo urgente y de obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Estimados compañeros legisladores:
La pesca es un sector productivo sumamente importante para nuestro país, ya que atiende no sólo la parte alimentaría y nutricional de las familias mexicanas, sino que además tiene la posibilidad de convertirse en una actividad determinante para impulsar el desarrollo nacional.
México tiene una producción anual de 1.5 millones de toneladas, con valor promedio total de 14 mil millones de pesos.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 3o., establece que se entenderá por actividades agropecuarias los procesos productivos primarios basados en recursos productivos renovables, como son agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura y pesca.
Esta misma ley señala, en su artículo 7o., que para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva y de servicios a la producción, así como mediante apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad.
La Ley de Energía para el Campo, publicada el 30 de diciembre de 2002, obliga a la Sagarpa a establecer mecanismos, mediante precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, que permitan a los productores del campo, del mar y acuícolas tener acceso a precios preferenciales de cuatro insumos básicos en los costos de producción de las unidades productivas, como gasolina, energía eléctrica, combustóleo y diesel.
Por su parte, el Programa Especial de Energía para el Campo, publicado el 4 de diciembre de 2003, tiene por objeto, de conformidad con su artículo 1o., impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias de manera sustentable con el medio ambiente, a fin de contribuir a que éstas sean más rentables, al dar acceso a los productores agropecuarios, acuacultores y pescadores a los energéticos para uso agrícola, pecuario, silvícola, acuícola y de pesca ribereña a precios y tarifas de estimulo; esto, compañeros legisladores, con el fin de reducir las asimetrías del sector respecto de otros países con los que México tiene tratados comerciales.
México ocupa el lugar 16 en el ámbito internacional en cuanto a producción en el sector pesquero, y esto es posible gracias a las más de 100 mil embarcaciones ribereñas y cerca de 3 mil 500 embarcaciones de altura.
Debido a la incesante alza en los precios internacionales del petróleo, el estímulo otorgado por la SHCP por medio del Programa de Diesel Marino Especial fue decreciendo paulatinamente; pasó de 2.11 pesos por litro en junio de 2002 a menos de un peso por litro en junio de 2004, y hasta 35 centavos por litro durante noviembre del mismo año. De septiembre de 2005 a la fecha dicho estímulo es equivalente cero pesos por litro.
Ante esta grave situación para el sector agropecuario en su conjunto, el 3 de marzo del 2005 Sagarpa publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece el lineamiento para la aplicación del subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias en el marco de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción.
Este acuerdo establece, en su primer punto, que el apoyo directo al precio público Pemex diesel para actividades agropecuarias, que para fines de identificación se denominará subsidio Sagarpa, se determina como la diferencia que resulte del precio estímulo determinado por Pemex de manera mensual, en los términos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y un precio de venta a los sujetos productivos de 3.50 pesos por litro de diesel establecido en su cuota energética.
El citado acuerdo señala, en el quinto punto, que el subsidio Sagarpa tendrá vigencia a partir del 3 de marzo de 2005 y hasta el 30 de noviembre de 2006, sujeto a la disponibilidad presupuestal que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por esta Cámara de Diputados.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 establece recursos por mil millones de pesos para los energéticos agropecuarios, los cuales en su conjunto han sido insuficientes, al grado de que la Sagarpa suspendió el subsidio al Programa de Diesel Marino Especial el jueves 9 de noviembre del presente año, debido a la falta de recursos presupuestales disponibles en el Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción para tal efecto.
Esta situación vulnera de manera inmediata a la competitividad del total de la flota mayor nacional y a 87 por ciento de las granjas acuícolas de todo el país.
A causa de esta suspensión al subsidio del Programa de Diesel Marino Especial existe una gran incertidumbre en el sector pesquero y acuícola respecto a la continuidad del apoyo después del 1 de diciembre, cuando una nueva administración sexenal tome posesión de las instituciones del Poder Ejecutivo federal.
Por lo anterior, considerando que el sector pesquero constituye una actividad de manera determinante por su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la población mexicana, y preocupado por defender los intereses de los hombres y mujeres que viven y se desarrollan en México, particularmente los sujetos que se dedican a la actividad pesquera en todo el país.
Que para un país como México, con una extensión de litorales de cerca de 11 mil 500 kilómetros y un mar patrimonial de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados, esta actividad significa, además de un ejercicio de la soberanía nacional, una importante cantidad de empleos, divisas y un medio de sustento de poblaciones costeras y ribereñas.
Que aún cuando la pesca es una actividad basada en la explotación de recursos renovables, es también impulsora de otras actividades industriales relacionadas.
Que los efectos de diversas anomalías climáticas, como El Niño y La Niña, también repercuten en la producción pesquera y aumentan la incertidumbre asociada a la actividad.
Que el sector pesquero en su conjunto tiene dificultad para planear a largo plazo, debido a la escasez de financiamiento similar al que gozan sus competidores extranjeros.
Que el gasto para comprar diesel marino representa, en promedio, 42 por ciento para la flota camaronera, la cual se encuentra actualmente en su fase más intensiva de operación, en la cual obtiene mayor producción pesquera.
Que la combinación coyuntural actual de precios mínimos históricos del camarón con el alza abrupta del costo del diesel marino, debido al fin del subsidio Sagarpa afectará de manera negativa inmediatamente a las actividades económicas relacionadas a esta pesquería.
Que el costo del diesel marino es un factor determinante en la competitividad de la Flota Mayor Nacional, y por consiguiente, el alza en los precios de este energético en México incide negativamente en la competitividad de nuestros productores en los mercados internacionales frente a sus competidores extranjeros.
Que la flota atunera nacional está enfrentado su tercer año consecutivo con capturas insuficientes que además son obtenidas realizando cruceros más largos, lo cual aumenta de manera significativa el costo de operación derivado del diesel marino.
Que el abastecimiento suficiente de materia prima para la industria atunera, por parte de la flota mexicana, es una cuestión vital para mantener esta proteína de alto valor nutritivo a un precio accesible para toda la población del país.
Que la actividad pesquera nacional es independiente de los tiempos administrativos gubernamentales, por lo que los apoyos no deben estar sujetos, en medida de lo posible, a los cambios en la administración dependiente del Poder Ejecutivo federal.
En virtud de de lo antes expuesto, se somete a la consideración esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de carácter urgente y obvia resolución:
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se mantenga el otorgamiento del subsidio Sagarpa al diesel marino en lo que resta del presente año.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.
Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 RECURSOS SUFICIENTES DESTINADOS AL PROGRAMA
ESPECIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La participación del producto interno bruto del estado de Hidalgo representa apenas cerca de 1.5 por ciento del PIB nacional, ubicando a esta entidad federativa en el lugar 24 en este rubro. Asimismo, el crecimiento medio anual del estado de Hidalgo para las divisiones de la actividad económica en Hidalgo tuvo un bajo desempeño en comparación con el registrado para el conjunto de las entidades federativas, ya que solamente dos divisiones presentaron un mayor nivel; tales divisiones fueron agricultura y servicios comunales.
En 2005, la población económicamente activa estatal representó 40.15 por ciento de la población total estatal, lo que se traduce en 959 mil 438 personas. Respecto a la PEA nacional, esto significa 2.4 por ciento, colocando al estado en la posición 18 de participación en este indicador.
En materia de distribución del ingreso, el PIB cápita en el estado en 2005 ascendió a 34.3 miles de pesos anuales; el cual, comparado con el nacional, es bajo, ya que este último asciende a 59.9 miles de pesos, por lo que la entidad se coloca en el 25o lugar de mayor ingreso per cápita.
Todo este desempeño magro en la economía se explica en gran parte por la inseguridad pública que priva en el estado de Hidalgo.
En materia de seguridad pública, Hidalgo cuenta con niveles bajos de delincuentes sentenciados por delitos del fuero federal, dichos delitos se pueden clasificar en delitos sentenciados al narcotráfico, delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego, robo, delitos contra la Ley de Población, daño en las cosas, delitos contra la Ley de Vías de Comunicación, delitos contra el Código Fiscal, delito de Peculado y homicidio.
El mayor porcentaje con respecto al nacional, se presenta en los delincuentes sentenciados por peculado, seguido de los delincuentes sentenciados por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego.
Al igual que en el caso de los delitos del fuero federal, los delitos del fuero común, presentan niveles preocupantes, donde los delincuentes sentenciados por violación, presentan el mayor porcentaje en el contexto nacional, con 1.9 por ciento, seguido de los delincuentes sentenciados por homicidio y por despojo con 1.5 por ciento, respectivamente.
En Hidalgo, según datos de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, del INEGI, se registra un total de 7.1 por ciento de personas que fueron víctimas de la delincuencia en el 2004-2005, por lo que la entidad se ubicó en la novena posición en el contexto nacional.
De igual manera, la encuesta registró que 43.5 por ciento de la población en la entidad perciben inseguridad pública, por lo que se ubica en la decimoséptima posición nacional de mayor percepción de inseguridad en el estado.
Es inobjetable que la seguridad pública es uno de los principales pendientes no sólo a nivel nacional sino específicamente en el estado de Hidalgo. Si no hay seguridad pública, no hay inversiones, si no hay inversiones, no hay empleo y si no hay empleo se implica un caldo de cultivo para que la delincuencia en todos sus rubros se incremente sustancialmente creando con ello un círculo perverso difícil de contener. Si esto es así, es necesario incrementar de manera sustancial el presupuesto en esta materia.
En la asignatura presupuestal se tiene que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, presentado por el Poder Ejecutivo federal consideró recursos totales para el estado de Hidalgo por poco más 15 mil millones de pesos.
La Cámara de Diputados reasignó un total de poco más de 2 mil 500 millones de pesos para dicha entidad federativa, de los cuales mil 188 millones de pesos correspondieron al gasto federalizado, ubicando a Hidalgo en el lugar 18 de la estructura porcentual total.
De esta manera, para el Programa Especial de Seguridad Pública, Ramo 36, se asignaron para el estado de Hidalgo apenas 13.7 millones de pesos. De igual forma, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Ramo 33, la entidad federativa en comento obtuvo sólo 124 millones de pesos, teniendo un decrecimiento real de 3.3 por ciento en comparación con lo aprobado en 2005.
De esta forma es impostergable que los recursos públicos del Presupuesto de Egresos de 2007 que aprobará la Cámara de Diputados en materia de seguridad pública para el estado de Hidalgo, se incremente sustancialmente con el propósito de hacer frente a una de las preocupaciones más importantes de todos y cada uno de los hidalguenses.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se incluya en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, un incremento al Programa Especial de Seguridad Pública, Ramo 36, para quedar en un monto final de 697 millones de pesos y con ello triplicar el presupuesto del estado Hidalgo en programas y acciones especiales de seguridad pública impactada por la incidencia delictiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA Y A LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN
FEDERAL A IMPULSAR EL CONSUMO DE SARDINA EN MÉXICO, A CARGO DEL
DIPUTADO LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ AHUMADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado federal por Sonora, Luis Fernando Rodríguez Ahumada, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad se producen en México alrededor de 580 mil toneladas de sardina por año, sin embargo, más del 90 por ciento de esa sardina es prácticamente quemada y transformada en harina para alimentar ganado vacuno, porcino, bovino, entre otros.
Por lo tanto, en este país con altos índices de desnutrición, obesidad, hipertensión y falta de una alimentación adecuada, cada año se queman alrededor de 500 mil toneladas de un alimento tan saludable y rico en nutrientes como la sardina, todo ello, para alimentar animales.
Parte primordial del desperdicio de estas casi 500 mil toneladas de sardina se debe a la falta de cultura para su consumo, lo que a su vez propicia una escasez de demanda y por lo tanto, un obstáculo para su industrialización y comercialización.
Compañeros legisladores, es por ello que no es difícil de entender el por qué en nuestro país, estamos importando cada vez más alimentos bajos en nutrientes y que los mismos, en la última década, estén formando parte de la dieta básica de los mexicanos, incluso desplazando al frijol y las tortillas.
Y me refiero, señoras y señores diputados, a alimentos como éste, esto compañeros es lo que está consumiendo el mexicano más humilde, nuestros niños e incluso, nuestros jóvenes.
Sólo a manera de ilustración daré el siguiente dato: según una investigación, en 1988 se consumían en nuestro país cerca de mil 500 sopas instantáneas al día. No obstante, para el año 2004, el crecimiento fue diríamos, relevante, ya que el consumo alcanzó los 31 millones de sopas a la semana, esto es, 4 millones 500 mil sopas al día, sin tener el dato preciso, la cifra para 2006 debe sobrepasar los 5 millones de sopas al día. Y esto, no es un problema menor.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, nuestras necesidades diarias de sodio son dos gramos al día, elemento que si se consume en exceso, propicia enfermedades como la hipertensión, padecimiento que en los últimos años ha incrementado en un 37 por ciento los casos de mortandad en México. En el caso de las citadas sopas instantáneas, su contenido abarca casi la totalidad de sodio que requiere al día una persona, sin considerar que el consumo excesivo de este producto incrementa el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad y afectación al riñón.
Por el contrario, la sardina se incluye dentro de los pescados azules o grasos, y posee casi 10 gramos de grasa por cada 100 gramos de porción comestible, donde además, por la calidad de su grasa concentrada en ácidos grasos Omega-3, así como por su elevado contenido en proteínas en torno al 17 por ciento, y por la variedad de vitaminas y minerales que contiene, este producto interviene en numerosos procesos de gran importancia funcional para nuestro cuerpo, tales como la formación de glóbulos rojos, la síntesis de material genético, así como el crecimiento óseo y la producción de enzimas del hígado y suprarrenales. En cuanto a los minerales, la sardina contiene fósforo, magnesio, potasio, hierro, yodo y zinc, todos indispensables para nuestro desarrollo.
Si realizamos un comparativo acorde con la información revelada por la Norma Oficial Mexicana 051, Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados, la sardina contiene 0.1 por ciento de calorías respecto a la sopa instantánea, 25 por ciento menor en grasas, 79 por ciento menor en carbohidratos y 85.5 por ciento menor en sodio, sin mencionar químicos y saborizantes artificiales.
Los ácidos grasos poliinsaturados y en concreto los Omega 3, abundantes en las sardinas, contienen muchas de las propiedades saludables que presenta este pescado, y lo más importante, están relacionados con la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares como el infarto al miocardio y los accidentes cerebro-vasculares.
Tenemos la necesidad, el producto, la cantidad y la red de distribución para brindar a la población mexicana un recurso nutritivo que mejorará los índices de salud, nutrición y desarrollo económico en el país, por ser un recurso nuestro. Recordemos que el gobierno federal, tiene una red de más de 23 mil tiendas y abarrotes afiliados a Distribuidora Conasupo (Diconsa), cubriendo el 90 por ciento de los municipios de 31 entidades federativas, pero causantes también del incremento en ventas de un 80 por ciento de este tipo de sopas instantáneas.
Por ello, solicitamos que se implemente una política de Estado integral para el fomento al consumo de la sardina, implicando con ello su promoción, difusión y apoyo para su comercialización.
Una política de Estado para que la sardina se convierta en un platillo básico de los mexicanos, en especial, de los que menos tienen. El gobierno mexicano debe fomentar la nutrición de los mexicanos, sobre todo, con un producto que cuesta 70 centavos el kilo.
Estimados compañeros legisladores
Este punto de acuerdo está muy alejado de pretender comprometer a la próxima administración con la erogación de un gasto más a diestra y siniestra, por el contrario, la lógica económica y social que nos motiva es muy clara, invertir para poder generar mayor bienestar social.
Por lo anterior, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a que asuma como parte integral y fundamental para el presupuesto de 2007 el apoyo irrestricto para el impulso al consumo de la sardina.
Segundo. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la próxima administración pública federal, a que por su alto valor nutricional, asuma como política de Estado el impulso al consumo de la sardina de origen nacional, y desarrolle diversas acciones de promoción para incrementar su producción, industrialización y comercialización.
Tercero. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la próxima administración pública federal para que, dentro de esta política de Estado y a través de la red de distribución de tiendas Diconsa, fortalezca la distribución en todo el territorio nacional de sardina de origen nacional, a efecto de que haya un abasto suficiente para el consumo de las familias mexicanas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2006.
Diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica)