Gaceta Parlamentaria, año X, número 2152-II, jueves 14 de diciembre de 2006


Proposiciones Excitativas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DE RECTIFICACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO TURBIO, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN LANDEROS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal Ramón Landeros González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el distrito 11 en Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, viene ante esta soberanía a presentar proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En la región suroeste del estado de Guanajuato se encuentra la cuenca del río Turbio que a su vez está compuesto por tres subcuencas, denominadas río Turbio-presa El Papalote, río Turbio-Manuel Doblado, y río Turbio-Corralejo.

En esta misma región se localizan los municipios de Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Abasolo y Pénjamo, municipios que forman parte del distrito 11 federal y que se ubican en las riberas de esta cuenca del río Turbio.

El río Turbio, debido al paso del tiempo, se ha venido azolvando, desapareciendo los bordos que lo limitan y en ciertos casos se requiere de su reencauzamiento para que haya mejor fluidez del agua.

Sin duda, el río Turbio ha sido un fuerte detonador de la actividad agrícola y ganadera de la región, puesto que las comunidades por donde pasa esta cuenca aprovechan para el riego de sus cultivos.

Como consecuencia del debilitamiento y en su caso desaparición de los bordos del río Turbio se han ocasionado desbordamientos provocando fuertes inundaciones en comunidades de los municipios de Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Abasolo y Pénjamo, entre otros.

Lo anterior, debido a las fuertes lluvias que han acosado a nuestra región y que dicha cuenca se ha visto rebasada por el deterioro que ha sufrido al paso de los años, sin que se le de un mantenimiento al mismo.

Como ejemplo de lo que estoy mencionando, en el 2003, cuando su servidor era presidente municipal de la ciudad de Abasolo, Guanajuato, sufrimos una de las inundaciones mas fuertes de todos los tiempos, donde se vieron afectadas mas de 25 comunidades rurales, mas de mil 500 viviendas afectadas y miles de hectáreas de cultivo siniestradas, así como una severa afectación al ganado vacuno de la región.

Todo esto, provoca que se lesione la economía de las familias afectadas al perder lo que han venido forjando con mucho esfuerzo que forma parte del patrimonio familiar, como lo es su casa, bienes, cosechas, animales de traspatio, etcétera, existen comunidades que año con año se ven en estos problemas de inundaciones, que apenas empiezan a recuperarse cuando les llega otro.

Por iniciativa del Consejo de la Región IV Suroeste, de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado y los municipios de Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Abasolo y, Pénjamo tomaron la decisión de mandar elaborar el proyecto ejecutivo de rectificación y encauzamiento del río Turbio, que abarca del tramo comprendido del puente de San José del paso (municipio de Manuel Doblado) a la comunidad de Zambrano (municipio de Pénjamo), al desembocar con el río Lerma.

Los municipios involucrados consideran una obra de alta prioridad para evitar que sus comunidades se sigan viendo afectadas, lamentablemente los recursos con los que cuentan los municipios son insuficientes para ello.

Por esta razón, se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que en su presupuesto del 2007 destine recursos oportunos y suficientes para que se lleve a cabo la rectificación y encauzamiento del río Turbio y se evite con esto se lesione a uno de los sectores más vulnerables de nuestra región.

Subo a esta máxima tribuna de la nación, para solicitar a esta soberanía, apelando a su buena voluntad, que apoyen esta proposición con punto de acuerdo y evitar con ello que año con año muchas familias se vean afectadas por este problema de inundación y pierdan lo que tanto trabajo les ha costado construir que es su patrimonio familiar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua, organismo descentralizado del gobierno federal, a incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 el presupuesto necesario y suficiente para llevar a cabo la obra de rectificación y encauzamiento del río Turbio, en el estado de Guanajuato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.

Diputado Ramón Landeros González (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE CREAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA UNIVERSAL PARA ADULTOS MAYORES, MADRES SOLTERAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN ZEPEDA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado Martín Zepeda Hernández, somete a consideración del Pleno de esta H. Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo por el se crea en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007, el Programa de Pensión Alimenticia con Carácter Universal para Adultos Mayores, Madres Solteras y Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Siendo responsables y comprometidos con los problemas que laceran al país los legisladores tenemos que ser sensibles ante los obstáculos que entorpecen el desarrollo de México; conscientes de esta situación, resulta preciso señalar que la pobreza es el principal freno para el desarrollo de nuestra sociedad.

Los sectores más desprotegidos de la sociedad, aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza no sólo carecen de acceso a satisfactores básicos de sustento, sino también carecen de oportunidades que les permitan autoproveérselos. Esta situación de desventaja, en principio económica, pero también, y aún más grave, social, afecta de sobremanera a los adultos mayores, las madres solteras y las personas con discapacidad, sectores de la población a los que el Estado ha olvidado, olvidando también su enorme contribución, en base a su trabajo, en el desarrollo de nuestro país.

En este contexto, la justicia social se erige como un principio rector de una sociedad democrática e incluyente, y de ninguna manera debe volverse moneda de cambio en el reconocimiento de los mínimos derechos que salvaguarda la Constitución para las y los mexicanos.

Nuestro país es, en América Latina, uno de los que menos recursos destinan a la seguridad social, incluso por debajo de Bolivia.

De hecho, según cálculos de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2004, 18 millones de mexicanos no obtuvieron los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica alimentaria; es decir, perciben menos de 750 pesos mensuales, apenas suficientes para sobrevivir.

En el caso de los adultos mayores, es por demás evidente su grado de marginación y pobreza, lo que hace indispensable que el Estado ejerza su responsabilidad, histórica por cierto, con este sector desprotegido. En el país hay más de tres millones 600 mil personas mayores de 70 años, y se calcula que de cada 10 adultos mayores solo dos reciben una pensión, lo anterior nos indica que cerca de tres millones de personas adultas mayores están, en el mejor de los casos, simplemente sobreviviendo o, en el mejor de los casos, recibiendo apoyo de sus familiares, situación que erosiona la economía de estas familias, de por sí inmersas en la pobreza.

Por otro lado, se calcula que, en nuestro país, alrededor de 22.8 millones de mujeres son madres solteras. Una de cada cinco mujeres de las generaciones jóvenes -menores de 30 años de edad- inicia su primer embarazo siendo soltera. A su vez, por lo menos la mitad de las mujeres en edad reproductiva en el país educan solas a sus hijos: 11% por divorcio, 17% por viudez, 12% por abandono del hombre, y el 60% restante por ser madres solteras. En este caso en particular, lamentablemente, se tiene un severo rezago en las acciones de gobierno para abatir su marginación, las oportunidades de empleo para este sector son aún más escasas que para la población en general y, dado el caso de aquellas madres con empleo, en un gran número descuidan el desarrollo de sus hijos ante la disyuntiva de perder el empleo o conservarlo y tener, por lo menos un medio de subsistencia.

Es necesario precisar que cuando hablamos de la marginación y la falta de oportunidades para las madres solteras, estamos hablando también del inadecuado crecimiento de sus menores hijos, expuestos a la mala alimentación, vicios y sin acceso a la educación y servicios de salud, todo lo anterior ante la pasividad del Estado que es, en teoría, garante de su desarrollo.

Por último, la Organización Mundial de la Salud estima que el México existe alrededor de 10 millones de personas con discapacidad, de los cuales un promedio de 98% no tienen un empleo formal lo que los conduce, en buena cantidad, a la indigencia, a la mendicidad y al comercio informal.

En México no se ha fomentado una verdadera cultura de la discapacidad, capaz de generar y fomentar la convivencia, tanto social como laboral, entre la sociedad en general en condiciones de equidad y respeto.

Este sector poblacional ha significado para el Estado, históricamente, una estadística, un mero dato, sin embargo, y a pesar de los compromisos de los anteriores gobiernos, nunca se dirigió política alguna, integral, hacia la reivindicación de sus derechos, humanos y sociales.

Por todo lo anterior, resulta indispensable que el Estado mexicano asuma su obligación de ser el principal proveedor y garante del bienestar social, los adultos mayores, las madres solteras y las personas con discapacidad, representan un gran segmento de la sociedad y en especial de la sociedad desprotegida, sin acceso, en la gran mayoría de los casos a la seguridad social, la falta de oportunidades los ha orillado a la marginación y pobreza.

La pensión alimenticia no es, de manera alguna, un programa de excepción o diferenciación sobre otros sectores, sino que representa parte de la responsabilidad que se debe de ejercer a favor de aquellos que se han encontrado desprotegidos y en desventaja social y que, como el resto de los mexicanos, han dado su vida, su esfuerzo y entrega por nuestro país.

Cabe mencionar que en la actualidad el gobierno aplica diversos programas que van dirigidos a apoyar a estos grupos, pero su acción se da de modo restringido y focalizado, lo que implica altos costos, al establecer una estructura que determine y verifique cuales son las personas que son candidatas a recibir dicho apoyo y cuales no, además de los gastos originados por el seguimiento que se le debe de dar a los beneficiarios de estos programas.

La posibilidad de que genere un sistema de pensiones alimenticias para estos segmentos de la sociedad, permite que los gastos que se destinan a cuestiones administrativas, puedan ser redistribuidos y asignados de forma directa a quienes requieren de la ayuda, optimizando el uso de los recursos, beneficiando a estos grupos desprotegidos.

Lo que se propone en una primera instancia, sería que los apoyos se otorgaran de modo universal a los adultos mayores a partir de los 70 años y a las personas con discapacidad; ya sea de nacimiento, por accidentes o enfermedad, hasta los 70 años, edad en la que son acreedores de la pensión de adulto mayor; y de forma progresiva a la madres solteras a quienes, se les otorgaría una pensión, al total de las madres solteras de mayor pobreza y con hijos menores de 18 años.

Mediante estos programas se beneficiará a 2 millones 432 mil adultos mayores, con un financiamiento de 22 mil millones; a 586 mil 427 personas con discapacidad con alta y muy alta marginación, con un monto de 5 mil 306 millones; y a 290 mil 400 madres solteras con mayor índice de pobreza, con un financiamiento de 2 mil 627 millones 539 mil 200 pesos. Dichas asignaciones no representan un costo al erario público, son una responsabilidad del Estado hacia los grupos más desprotegidos de la sociedad.

Por lo anterior, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acuerda incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 un programa de pensión alimenticia para adultos mayores de 70 años en adelante, de carácter universal, así como destinar los recursos suficientes en el Ramo 19, Seguridad Social.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acuerda incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 un programa de pensión alimenticia para las madres solteras de carácter universal, así como destinar los recursos suficientes en el Ramo 20, Desarrollo Social.

Tercero. Se acuerda la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 de un programa de pensión alimenticia para personas con discapacidad, de carácter universal; así como destinar los recursos suficientes en el Ramo 20, Desarrollo Social

Dado en el salón de sesiones, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado Martín Zepeda Hernández (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE PREVEA UNA PARTIDA DESTINADA A CREAR UN FONDO NACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ASCENSIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal José Ascención Orihuela Bárcenas, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para su urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país privilegiado por su situación geográfica. Además de contar con una gran extensión de tierra, rica en recursos naturales, se encuentra entre los dos océanos más grandes del planeta, situación que le facilita el incremento de las relaciones directas económicas, políticas y culturales con los países de Europa y África por el oriente, y de Asia y Oceanía por el occidente.

Posee un litoral envidiable para muchas naciones. Tiene 1 millón 958 mil 201 kilómetros cuadrados de superficie continental, 9 mil 753 kilómetros de litoral, más de 5 mil 300 kilómetros cuadrados de superficie insular y 2 millones 946 mil 825 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva (200 millas), 2 millones 175 mil 325 en el océano Pacífico y 771 mil 550 en el golfo de México.

A pesar de ello, México ha mostrado indiferencia sobre su patrimonio marino. El territorio marino e insular es parte de nuestras razones de seguridad nacional y el eje articulador del desarrollo de México en el presente siglo. En él existe un futuro prometedor para el país.

Debemos definir una política que incorpore las riquezas marinas al proyecto nacional en todos sentidos, especialmente en lo económico. Tenemos que exigir e impulsar la realización de actividades de investigación científica, oceanográfica, biológica y demográfica.

La investigación oceanográfica y el aprovechamiento de los recursos marinos, son actividades estratégicas desde el punto de vista económico, político y social. Es por ello que la comunidad internacional le ha dedicado, desde hace muchos años, considerables esfuerzos e inversiones, con el objetivo de conocer las características de los ecosistemas marinos, comprender su dinámica y desarrollar tecnologías para la explotación racional de variados recursos.

En México, en la década de los cuarenta se iniciaron investigaciones en las zonas costeras, enfocadas fundamentalmente a conocer los recursos bióticos y algunas características del ambiente marino. El desarrollo de estas investigaciones fue lento, en virtud de no contar con los recursos humanos capacitados, con los equipos y embarcaciones con que se pudieran llevar a cabo estos trabajos.

En la década de los setenta, con el apoyo del Conacyt y entidades internacionales como la UNESCO, FAO y OEA, se desarrolló una infraestructura en las investigaciones marinas, que consistía en la creación de centros de enseñanza e investigación, además de becar a jóvenes mexicanos para estudiar, a nivel de postgrado, en el campo de las ciencias marinas en el extranjero.

Durante ese periodo, el aprovechamiento de los recursos del mar del país aumentó considerablemente, en particular en lo que concierne a la producción petrolera y pesquera, requiriendo medidas adecuadas para proteger el medio ambiente y explotar de manera sostenible los recursos pesqueros. Sin embargo, las investigaciones de los mares de México y sus recursos permanecieron restringidas a las zonas lagunares y a las franjas costeras. Por ello era preciso abrirse paso al mar abierto y a las áreas oceánicas adyacentes al país.

Con base en lo anterior y tomando en cuenta la situación de 1973, en la cual la Organización de las Naciones Unidas convocó a Estados miembros a la conferencia sobre el derecho del mar, con objeto de analizar todos los asuntos relacionados con el tema, impulsar su desarrollo e intentar llegar a un acuerdo para la delimitación de áreas y bases para la utilización de sus recursos, así como establecer lineamientos para la protección del medio marino, se creó la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar, aprobada por consenso en diciembre de 1982.

De los aspectos sobresalientes de esta convención, destaca la aceptación del concepto de zona económica exclusiva, entendida como la "franja marina comprendida desde la línea de costa hasta una distancia de 200 millas náuticas mar adentro". Esta área, que para el caso de México en superficie es mayor que el territorio nacional, representa para los estados ribereños jurisdicción exclusiva sobre los recursos que ahí se encuentran.

México incorporó desde 1975 en el artículo 27 de su Constitución Política, el concepto de zona económica exclusiva, quedando la misma como parte integrante de su patrimonio nacional.

Contar con una zona de esta naturaleza representa para el país un gran reto y oportunidad, no sólo en lo referente a la potencial fuente de valiosos recursos naturales renovables y no renovables, sino también por la responsabilidad de investigar sus características, dinámica y su preservación ecológica.

Ante este panorama, desde el inicio de la presente Legislatura los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos hemos dado a la tarea de investigar los temas y necesidades de la federación, para que desde esta máxima tribuna propongamos soluciones que coadyuven al desarrollo nacional.

Uno de los temas que a todas luces destaca es la necesidad de apoyar la actividad oceanográfica del país. Lo anterior, motivado en la facultad que tiene el Congreso para sostener la investigación científica, en el marco del artículo 73, fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Grupo Parlamentario del PRI buscará e impulsará los mecanismos de estudio, cooperación, vinculación, intercambio, promoción, apoyo con instituciones nacionales y extranjeras, que permitan elaborar y presentar proyectos que se orienten hacia la exploración y explotación de los recursos marinos, en beneficio de la economía nacional.

Es el momento de que en el Congreso resaltemos la trascendencia de nuestros mares, ya que representan una fuente incalculable de riqueza por la enorme cantidad de recursos que se encuentran en ellos. La adecuada explotación de éstos y su buena administración, reforzarán la soberanía nacional sobre el área.

El PRI siempre ha tenido como bandera la defensa de nuestra soberanía, y la entiende como el derecho inalienable y exclusivo de los mexicanos para dar rumbo al desarrollo de México. Por ello, los priistas refrendamos el compromiso de defensa de la soberanía sobre los mares, islas, esteros y lagunas, así como la explotación de sus recursos naturales única y exclusivamente por mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe, diputado federal José Ascención Orihuela Bárcenas, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, envía al Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de 2007 se apruebe un presupuesto de 50 millones de pesos para la creación de un fondo nacional para investigación oceanográfica, con el fin de impulsar la investigación oceanográfica nacional, coadyuvar en el aprovechamiento adecuado de los recursos marinos, así como solventar parte de los insumos necesarios para llevar a cabo esta actividad, considerada como prerrogativa para el desarrollo y para la seguridad e interés nacionales.

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública otorgue una partida por 50 millones de pesos para la creación de un fondo nacional para investigación oceanográfica, con el fin de impulsar la investigación oceanográfica nacional, así como solventar parte de los insumos necesarios para llevar a cabo esta actividad.

Segundo. Formar un comité de vigilancia, integrado por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Marina, de Pesca, de Ciencia y Tecnología, y de Energía de la Cámara de Diputados; por el coordinador de la investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México; y por un representante de la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Secretaría de Marina. La función de este comité será vigilar, auditar y discutir el destino de los recursos del presupuesto asignado.

Tercero. Para evaluar y asignar los recursos financieros y la utilización del tiempo de los buques, se formará un comisión académica interinstitucional, integrada por científicos y académicos reconocidos en la comunidad oceanográfica nacional, que representen a las instituciones de investigación oceanográfica de México, la cual deberá realizar un proyecto de actividades en el que se incluya la realización de foros, con el fin de conocer alternativas de solución.

La comisión será coordinada por la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Secretaría de Marina, por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y la Coordinación de la Investigación Científica, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y un representante de la Cámara de Diputados.

Esta comisión, recibirá y evaluará los resultados que se obtengan por las investigaciones realizadas, proporcionará información a las instituciones públicas e institutos de investigaciones que lo soliciten, además de brindar los elementos que contribuyan a la elaboración de un plan rector de desarrollo de las actividades marítimas a corto, mediano y largo plazos para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Cuarto. Los recursos serán depositados en la Tesorería de la Federación, y serán asignados, vigilados y auditados por el Comité de Vigilancia. La Comisión Académica Interinstitucional presentará programa de trabajo y presupuesto de egresos a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para su aprobación.

Se somete este punto de acuerdo a consideración del Pleno de esta soberanía para urgente y obvia resolución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE DESTINEN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL PUENTE VADO, SOBRE EL RÍO SAN JUAN, EN NUEVO LEÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA MARÍA RAMÍREZ CERDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Los diputados y las diputadas que firman al calce, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre de distintos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicitan que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una condición necesaria para impulsar el desarrollo pleno de las localidades, regiones o países es sin duda la infraestructura en comunicaciones, tales como carreteras, caminos y puentes. Contar con vías de comunicación adecuadas, seguras y ágiles ha sido un justo reclamo de cualquier sociedad. Los gobiernos han realizado enormes esfuerzos y canalizado cuantiosos recursos a este tipo de infraestructura, ya que este tipo de servicios ha propiciado que en sus naciones se hable de superación y de bienestar para su población.

En México, este gran esfuerzo también se ha llevado a cabo a lo largo de muchas décadas para transformar el país mediante la construcción de una infraestructura de considerables dimensiones, particularmente en el ámbito de las comunicaciones, lo que ha permitido estimular favorablemente el desarrollo regional en todas sus acepciones, de manera muy señalada en los temas económicos y sociales, que están estrechamente ligados a la facilidad y oportunidad que tengan los productores de miles de comunidades para poder transportar sus productos y tener acceso a los servicios más elementales, como la educación y la salud. Sin embrago, debemos reconocer que el esfuerzo no ha sido suficiente y faltan muchas obras por realizar.

Los caminos y puentes que unen comunidades rurales, son la base de la infraestructura de transporte en México, porque contribuyen a la integración económica, social y cultural de los pueblos. Es una infraestructura de la mayor relevancia, ya que son redes de comunicación permanente entre los centros de población y los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural, también permiten el acceso de la población campesina a servicios básicos de salud y educación, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo regional.

Coadyuvan a mejorar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos, e impulsan la integración social y productiva. De ahí la importancia de fortalecer presupuestalmente los proyectos para la construcción de caminos y puentes que los municipios de nuestro país requiere.

La accesibilidad es un factor importante para integrar socialmente a la población que vive en regiones apartadas; quizá muchos, desde una óptica equivocada ven a su incorporación poco rentable, sin embargo, bajo una visión social integral, las inversiones y los recursos se justifican si ello conlleva a proporcionar a las regiones un mejor equipamiento, y un consecuente incremento en el nivel de bienestar.

El municipio de Los Ramones, Nuevo León requiere con urgencia la construcción del Puente Vado sobre el río San Juan que comunica a Las Enramadas con Hacienda El Porvenir, cuya construcción es indispensable a la brevedad por la necesidad de una comunicación rápida entre estas comunidades con la cabecera municipal, además de que con este se ahorraría tiempo en el traslado de los alumnos de secundaria y preparatoria que habitan dichas comunidades y asisten a sus respectivos planteles ubicados en la cabecera municipal.

Cabe señalar, que ya se cuenta con el proyecto de obra que se divide en tres etapas; preliminares, subestructura, estribos y pilas y superestructura y cuyo costo total asciende a 8 millones 884 mil 681.85 pesos.

Por ello, y con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores que firmamos al calce sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incorporar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 una partida específica para la construcción del puente vado sobre el río San Juan, en el municipio de Los Ramones, Nuevo León.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de diciembre de 2006.

Diputad Ana maría Ramírez Cerda (rúbrica)

Anexo
Estudio Presupuestal y Datos Técnicos
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE DESTINEN RECURSOS PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS PERMANENTES DE LUCHA Y REDUCCIÓN DE LA TASA DE MUERTES MATERNAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Las suscritas, diputadas federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, interesadas en garantizar a las mujeres mexicanas la debida atención para reducir los índices de mortalidad por causa de maternidad, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

En el marco del derecho positivo mexicano, conforme el artículo 4, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por ello la normatividad secundaria a este dispositivo fundamental definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud en concurrencia con la Federación y las entidades federativas por ser el tema relativo a la salubridad general uno de los objetivos esenciales de atención dentro del Plan Nacional de Desarrollo que corresponde al Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la administración pública centralizada eficientizar y resolver de manera imperante a fin de garantizar a toda la población la adecuada prevención y atención médica.

Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud está obligada a ejecutar en forma cuantitativa y cualitativa el otorgamiento de los servicios mínimos básicos, priorizando el aspecto materno-infantil y la debida planificación familiar conforme al Catálogo de Insumos elaborado por el Consejo de Salubridad General, órganos que en el orden del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal para el 2007 refleja una clara desigualdad y falta de conciencia por sensibilizar a las autoridades sanitarias a promover con protección específica la debida ejecución de diagnósticos tempranos.

Los dictámenes médicos efectivos que permitan a las mujeres contar con una debida atención ginecológica, que les proporcione un tratamiento oportuno en las clínicas de salud publica como lo concibió el legislador en las metas trazadas por los artículos 3, fracción VII, 48 y 61 de la Ley General de Salud, relativos a la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio, la promoción de la integración y bienestar físico mediante del mejoramiento de la calidad de la vida humana que contribuyan al desarrollo social son aspectos que no han sido atendido de manera eficiente en las políticas de Estado, ni debidamente atendidas a través de una planeación sanitaria adecuada en su ramo que de manera responsable y comprometida con la sociedad satisfaga las necesidades de la colectividad.

Como podemos apreciar, en ningún tiempo estamos considerando que estamos frente a un deber que se sitúa en el marco de la problemática nacional que deba estar sujeta a la vigencia de una norma transitoria anual como lo es el caso del presupuesto de egresos, sin embargo tampoco podemos señalar que exista la suficiente cultura de la educación sanitaria o la capacitación humana necesaria en los centros de salud pública que atienda el reclamo social de revertir la tendencia de acrecentar la tasa de mortalidad de mujeres que demandan les son negados los servicios de maternidad gracias a una falta de conciencia que fomenta la discriminación, mermando la capacidad de las mujeres para revertir los indicadores marcados por una profunda desigualdad social relacionada con la pobreza, la ineficacia en los servicios de salud que les permitan el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.

Basta darnos cuenta de que en México anualmente ocurren alrededor de 4 millones 200 mil embarazos, de los cuales sólo llegan al alumbramiento un 60%, dado que aproximadamente el 40% restante, terminan en abortos espontáneos o inducidos, lo cual acrecienta la tasa de mortalidad materna que hoy por hoy representa la cuarta causa de muerte de las mujeres en edad reproductiva; cifra que parece no tender a modificarse durante los últimos diez años en doce de las entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Durango, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Baja California, el Distrito Federal y Querétaro.

Conforme a estas experiencias la tendencia a disminuir la cifra, por desgracia no es una realidad digna de informarse en esta tribuna, por ser un aspecto vergonzoso aceptar que el flujo de defunciones va en aumento dado que la magnitud del problema es ignorado, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ya que por cada muerte materna, alrededor de 30 mujeres quedan con lesiones irreversibles en su salud después del parto, situación que de ningún modo demuestra un marco de respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos de manera integral o que estemos en presencia de un Estado debidamente dotado de políticas basadas en la visión de género.

Por ello, las legisladoras hacemos un llamado a esta honorable asamblea a adquirir conciencia en el fomento al respeto de los derechos individuales de las mexicanas, trabajando para el mejoramiento de las políticas públicas que obstaculizan el avance hacia la equidad y la igualdad de oportunidades para acceder a la salud y calidad de vida, que garanticen los derechos sexuales y reproductivos en lo concerniente al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva con calidad, mediante una información veraz y científica sobre planificación familiar el acceso a los métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, instando a la Secretaria de Salud a realizar su trabajo mediante la aplicación de recursos federales suficientes en la operación efectiva de las políticas transversales que garanticen a las mujeres el pleno goce de sus derechos, ya debidamente plasmados en la Ley Fundamental.

Por lo expuesto, y fundado en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se considere en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 destinar recursos suficientes para garantizar la aplicación de programas permanentes para la lucha para reducir la tasa de muertes maternas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE DESTINEN RECURSOS PARA IMPLANTAR UN PROGRAMA EMERGENTE QUE ATIENDA LOS EFECTOS COLATERALES PROVOCADOS POR EL HURACÁN STAN EN CHIAPAS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

Deseamos sensibilizar a los integrantes de esta honorable cámara y a las autoridades del gobierno federal sobre la necesidad de apoyar a los compañeros productores de café que realizan una actividad económica en la que se ven beneficiados millones de personas.

El café de Chiapas ha dado prestigio a nuestro estado y a México en el mundo, el café orgánico representa el 30 por ciento de la producción del estado, esta variedad no causa perjuicio al entorno ambiental y a los consumidores, por lo que es mayor su valía.

Las secuelas del huracán Stan siguen vigentes en el estado de Chiapas. A dos años de la tragedia todavía hay comunidades y sectores de nuestro estado que no se han recuperado de las consecuencias que dejó el paso del meteoro.

La economía del estado no se ha recuperado del todo. Esta situación se ha visto de manera más dramática con los productores de café. Las regiones cafetaleras del Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca y Sierra sufrieron cuantiosas pérdidas materiales y económicas que han provocado que la cosecha para esta año haya disminuido sensiblemente.

Es necesario resaltar que en estas 4 regiones cafetaleras sufrieron afectaciones 29 municipios del estado que realizan esta actividad, lo que hace más urgente que se tomen acciones para hacer frente a esta situación.

La forma en que se siembra y cultiva el café permitió que éste sirviera de contención para que el daño a otro tipo de cultivos que se siembran en tierras bajas y en centros de población fuera menor.

Las estimaciones que hicieron los productores en el 2005 de las pérdidas sufridas ascienden a 2 mil 500 millones de pesos, considerando las plantaciones, la infraestructura, la cosecha pero sobre todo el daño a mediano y largo plazo a todo el entorno ecológico que a la siembra del café va aparejado.

Es muy importante destacar que la cafeticultura es una actividad que se nutre del medio ambiente y que lo enriquece, ya que por ejemplo, al ser sembrado en las laderas requiere la sombra que generan los árboles, y en ellos, vive una gran diversidad de flora y fauna, por lo que las zonas cafetaleras son en sí mismas grandes reservas ecológicas que benefician no sólo a los productores de café sino a la humanidad en conjunto porque dichas zonas son reservas de biodiversidad.

El proceso de cultivo y cosecha del café requiere varios años para su maduración. En promedio podemos señalar que mínimo son 4 años para poder tener una planta madura que brinde un producto de calidad. De ahí que las pérdidas en esta actividad no puedan ser resarcidas en sólo un año.

Para el ejercicio fiscal de 2005 se aprobaron recursos para un programa emergente que resarciera parcialmente el daño sufrido en los cafetales. Dicho programa fue instrumentado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Fondo para a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas.

Aunque este programa sirvió para paliar el problema, no ha sido suficiente para solucionarlo.

En el presente ejercicio fiscal se destinaron ciento cincuenta millones de pesos para ayudar a los productores. Pero dada la magnitud de los daños, dicha cifra aún es insuficiente.

Por lo tanto, en el presente Punto de Acuerdo proponemos que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para que establezca nuevamente el programa emergente de atención a los cafeticultores afectados por el huracán Stan en el ejercicio fiscal 2007, y que ésta Honorable Cámara de Diputados asigne los recursos para el mismo.

Consideramos que es necesario destinar al menos 200 millones de pesos en el Presupuesto de 2007, para que los productores cafetaleros sean apoyados y que estos recursos sirvan para recuperar la producción cafetalera que se destina tanto al mercado nacional como a las exportaciones.

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que constituya nuevamente el programa emergente de atención a los cafeticultores afectados por el huracán Stan en el estado de Chiapas.

Artículo Segundo. La Cámara de Diputados aprueba destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007 para dicho programa al menos 200 millones de pesos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil seis.

Diputado Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE DESTINEN RECURSOS PARA REALIZAR EL VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNA

La suscrita, diputada federal Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El campo mexicano no está produciendo los alimentos que México necesita, pudiera ser por la falta de apoyos a los productores, campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios que no lo han recibido de manera oportuna y suficiente. Pero también, por el fracaso de las políticas públicas que se han empleado para este sector.

Los jóvenes del campo, que quieren un futuro mejor, se han visto obligados a emigrar principalmente a los Estados Unidos donde, paradójicamente, van a trabajar en actividades agrícolas en su mayoría, a producir a otro país. Es una realidad que lastima y una desgracia para el campo mexicano.

Es urgente que la planeación para el sector agropecuario tenga los elementos estadísticos veraces y oportunos, actualizados y cercanos a la realidad. Ningún gobierno podrá ser eficiente si no cuenta con información que refleje de manera muy sensible la realidad nacional. Por eso es tan importante contar con los insumos estadísticos para evitar errar en la planeación, para un buen proveer a este sector de los recursos suficientes y oportunos que requiere.

Otro problema es la improvisación de los proyectos productivos para el sector agropecuario, por quienes toman las decisiones, que los ha llevado a cometer errores.

Por esa razón, es urgente contar con el censo agropecuario. No es posible que lo que se esté planeando se haga con información que no corresponde a la realidad. El último Censo, el VII, que el gobierno hizo fue hace 15 años, en 1991. El VIII Censo Agropecuario se debió haber hecho hace cinco años, desconociendo los motivos del por qué no se ha llevado a cabo.

En la pasada Legislatura ésta H. Cámara de Diputados aprobó 813 millones de pesos en el presupuesto del presente año. Recursos insuficientes de acuerdo al INEGI, institución que por ley es la responsable de hacer los censos en nuestro país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), promueve la realización de censos agropecuarios nacionales. Recomienda que estos censos, además de recoger los datos estructurales convencionales sobre las explotaciones familiares, incluyan datos socioeconómicos a nivel de las comunidades locales.

Entre los nuevos datos a nivel de comunidad destacan la vulnerabilidad ante los desastres naturales y la disponibilidad de servicios como carreteras, electricidad, asistencia sanitaria, escuelas, mercados y proveedores de insumos agrícolas, así como la existencia de organizaciones de campesinos.

La FAO ha diseñado una nueva ronda del censo agrícola (denominada ronda 2010) para ayudar a los países a evaluar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (ODM) a través de sus programas estadísticos nacionales.

Por ejemplo, el contar con datos precisos y actualizados ayudará a entender la repercusión de los cambios en el sector agrícola sobre la seguridad alimentaría de las familias. Así se contará con indicadores sobre los pasos realizados para alcanzar el primero de los Objetivos del Milenio: erradicar el hambre y la pobreza extrema.

La información ayudará a los responsables de la planificación a entender mejor los motivos de la escasa asistencia escolar, en especial en las zonas rurales.

Las cifras sobre el papel de las mujeres en la agricultura y su participación en actividades económicas no agrícolas pueden arrojar luz sobre las pautas sociales y culturales existentes.

La información sobre los regadíos, la degradación del suelo, los bosques, el uso de fertilizantes minerales y pesticidas, ayudará a los gobiernos a una mejor vigilancia sobre las cuestiones medioambientales.

Recomienda que, además de la información a nivel de comunidad, el censo incluya elementos como la degradación del suelo, el riego según el tipo de cultivo, métodos y recursos hídricos en el regadío, prácticas y servicios agrícolas, características demográficas y sociales, seguridad alimentaría de las familias, acuicultura y actividades agroforestales.

Desde 1930 en nuestro país la generación de la estadística agropecuaria y forestal tiene una larga tradición y ha permitido disponer de un soporte básico para conocer la situación que prevalece en el sector y adoptar decisiones al respecto.

El VIII Censo Nacional Agropecuario es una demanda urgente que debe ser atendida, al representar el insumo fundamental para la planeación de las políticas públicas del sector. Nos habrá de decir cómo se encuentra el campo a más de una década de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y de las reformas al artículo 27 Constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 recursos económicos suficientes para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realice el VIII Censo Nacional Agropecuario.

Segundo. Se exhorta a las comisiones ordinarias del sector rural de esta honorable Cámara de Diputados y a la de Presupuesto y Cuenta Pública incorporar, en uso de sus atribuciones, en su dictamen de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación el monto requerido para el VIII Censo Nacional Agropecuario.

Tercero. Se solicita al INEGI que, con la mayor brevedad, haga llegar el requerimiento presupuestal para realizar el VIII Censo Nacional Agropecuario a las comisiones ordinarias del sector rural de esta honorable Cámara de diputados, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública; e informe sobre los 813 millones de pesos que fueron aprobados para este censo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2006.

Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES Y ETIQUETADOS PARA MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA

La que suscribe, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, legisladora federal del Grupo Parlamentario de Alternativa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

1. El progreso de todas las sociedades está directamente vinculado al avance de sus mujeres: mayor desarrollo para las mujeres se traduce en mayor desarrollo para el país.

2. De acuerdo con el Informe Estado Mundial de la Infancia, dado a conocer el pasado 11 de diciembre por Unicef, "la igualdad entre los géneros permitirá obtener la autonomía y la superación de la pobreza, además de la de sus hijos, familias, comunidades y países. La igualdad entre los géneros no sólo es adecuada desde el punto de vista moral, sino también es fundamental para el progreso humano".

3. A pesar de que en México supuestamente todas las personas gozamos de igualdad jurídica, en los hechos prevalece la subordinación y discriminación por razones, entre otras, de sexo. En realidad nos enfrentamos a un igualitarismo formal. Para tutelar la igualdad sustantiva se requieren medidas específicas que vayan más allá del diseño de políticas y programas, se requiere además de dotarles de recursos suficientes que garanticen su aplicación y efectividad. El presupuesto público que se presenta sin mencionar específicamente a mujeres y hombres, puede parecer neutral respecto al género, pero si no toma en cuenta necesidades de los distintos grupos poblacionales necesariamente reproduce la inequidad existente en las relaciones de género.

4. "Un presupuesto elaborado con perspectiva de género es un presupuesto que refleja que las políticas públicas son elaboradas con este enfoque y no sólo eso, sino que también permite que la sociedad civil monitoree y evalúe las acciones de gobierno, por lo que fomentan la transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno" señala Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC.

5. Garantizar la equidad entre los géneros pasa necesariamente por destinar recursos específicos que permitan atender los rezagos que padecen las mujeres en por lo menos tres materias básicas: salud, educación y contra la violencia. Con ellos, habrá que atender además a la promoción de programas específicos que permitan la protección del medio ambiente con el cual están directamente vinculadas las comunidades rurales y en donde las mujeres en específico tienen un papel preponderante. Las mujeres sanas, con buen nivel de instrucción educativa, productivas y libres de violencia promueven el desarrollo de sus comunidades y, con ellas, del país.

6. El gobierno federal ha reconocido la estrecha relación existente entre el medio ambiente y las mujeres al proyectar el "Programa de Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad", impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al respecto expresa que:

"La Semarnat está conciente de que existen diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres respecto al acceso, control, uso, manejo y beneficio de los recursos naturales, así como en la oportunidad para tomar decisiones, y en la responsabilidad frente a la conservación ambiental. Estas diferencias y desigualdades han colocado, en muchos casos, en condiciones de desventaja a las mujeres. Por ello, la política ambiental debe promover acciones que aseguren la equidad entre los géneros y acciones afirmativas en favor de la población femenina, con el fin de evitar que las diferencias y desigualdades se profundicen". 7. México ha suscrito Convenciones Internacionales, entre las que se encuentra la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, (CEDAW), en la que se compromete, en su artículo 12: "1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia". 8. Por otra parte, México ha suscrito un compromiso con la Conferencia Internacional de Parlamentarios 2006 sobre la Implementación del Programa de Acción de La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en Bangkok, Tailandia los días 21 y 22 de noviembre del año en curso, en donde por conducto de la suscrita, nos comprometimos en el punto 18 de la Declaración de Bangkok a:

Nos comprometemos a:

a) Dedicar al menos un 10 por ciento de los presupuestos nacionales de desarrollo y de los presupuestos de asistencia al desarrollo a programas de población y salud reproductiva, inclusive los de prevención del VIH y el sida, y especialmente a servicios de planificación de la familia y productos de salud reproductiva. 9. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, aprobada en el presente año y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de agosto, señala la obligatoriedad del estado para destinar recursos específicos para el cumplimiento de la Política Nacional en materia de Igualdad: "Artículo 10.- En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, deberán tomarse en consideración los recursos presupuestarios, materiales y humanos, para el cumplimiento de la presente Ley, conforme a la normatividad jurídica, administrativa presupuestaria correspondiente.

Artículo 12.- Corresponde al Gobierno Federal:

VII. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad,.."

10. Por otra parte, para que nuestra labor legislativa cuente con todas las herramientas posibles para cumplir las obligaciones del Estado Mexicano de pugnar por alcanzar la equidad entre los géneros, se ha creado el Centro de Estudios para el Avance de las Mujeres y la Equidad de Género en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se hace indispensable fortalecer todos los esfuerzos por impulsar el avance de las mujeres y, en concordancia con el espíritu de la Legislatura pasada de crear éste centro como apoyo para diputados y diputadas interesadas en legislar a favor de las mujeres, es menester dotarle también de los recursos que garanticen su correcto funcionamiento, lo que repercutirá, sin lugar a dudas, en beneficios directos para diputados y diputadas de la presente legislatura y, con ellos, para la ciudadanía a la cual representamos.

11. En el tenor del considerando anterior se encuentra la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados que ha demostrado con creces su efectividad, ya que a partir de su creación se han visto avances significativos en materia legislativa a favor de la equidad entre los géneros. Nunca en la historia del Poder Legislativo de nuestro país se había legislado tanto a favor de la equidad entre los géneros, como a partir de la creación de la Comisión para la que ahora solicitamos se destinen recursos suficientes.

12. Además de los organismos ya señalados, en materia de violencia hacia las mujeres el gobierno mexicano ha sido objeto de múltiples observaciones y recomendaciones hechas por organismos internacionales defensoras de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional, en donde la situación de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez no ha sido resuelta. Aún más, ha puesto en relieve el hecho de que en todo el territorio nacional hay homicidios contra mujeres con características similares. Este sigue siendo un punto débil en la garantía de seguridad que el estado debe a sus gobernados. En este rubro, no se puede desconocer el avance que significó la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos de Violencia contra las Mujeres en el País, dependiente de la Procuraduría general de la República. Resolver de fondo los homicidios de mujeres en el país requiere contar con equipo técnico, oficinas regionales, materiales de investigación criminológica: reactivos, operación de laboratorios, sustancias químicas, etc. Se requiere además dotarle de recursos para la investigación ministerial, equipo informático y adecuación de Centros de Atención especializados. Todo esto hace indispensable un aumento al presupuesto destinado a ésta fiscalía.

Punto de Acuerdo

Artículo Único: Se destinan, de los ramos: 1, Poder Legislativo; 4, Gobernación; 6, Hacienda y Crédito Público; 11, Educación; 12, Salud; 16, Medio Ambiente; 17, Procuraduría General de la República; 20, Desarrollo Social, etiquetados para mujeres, de acuerdo con las cantidades determinadas en el siguiente cuadro:

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de diciembre de dos mil seis.

Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE SOLICITAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE NO PREVEA NINGÚN AUMENTO DE LA DIETA DE LOS DIPUTADOS EN EL DICTAMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR MANUEL RAMOS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal por el estado de Baja California, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

La Constitución Política de los Estados estipula en la fracción IV de su artículo 74 que: El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para su aprobación. Como representantes del Poder Legislativo, encargado de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, exigimos de los otros dos Poderes de la Unión la aplicación de una política económica prudente y responsable, basada en la austeridad republicana y la transparencia en la utilización de los recursos financieros.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en el inciso d) del artículo 34: "A la Junta de Coordinación Política le corresponde presentar al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara". La Junta de Coordinación Política, al ser la expresión de la pluralidad que compone la Cámara, y desde donde se impulsan el entendimiento y la convergencia necesaria para llegar a acuerdos, aprobó un aumento de 4 por ciento, el cual representa el índice inflacionario esperado para 2006.

El aumento propuesto por la Junta de Coordinación Política, en su anteproyecto de presupuesto para la Cámara de Diputados, no debe ser consentido por nosotros, no podemos defender este incremento, argumentando que solo se trata, de un aumento que obedece a la inflación de 4 por ciento que se espera para el año que concluye, y que, por tanto, no representa de ninguna manera, un incremento real al sueldo que recibimos como diputados; los ciudadanos reclaman nuestra solidaridad para con ellos, no es ético aprobarnos un aumento -aunque sea justificado- cuando podemos, y debemos destinar estos recursos a la atención de los más necesitados.

En la última encuesta acerca de nuestro desempeño como legisladores, publicada por el CESOP, una tercera parte de los mexicanos encuestados nos ubica como generadores de conflictos; asimismo, cuando les pidieron a los encuestados su calificación a nuestro trabajo, apenas si alcanzamos un seis, lo que en lenguaje coloquial se conoce como pasar de panzazo; más de la mitad de los mexicanos no confían en nosotros como diputados, ni en la institución a que representamos, y por si todo lo anterior no fuera suficiente, para que consideren mi propuesta, señalo a mi parecer la razón mas alarmante para aprobar este punto de acuerdo, y es el hecho de que 70 por ciento de los mexicanos consideran que no se han visto beneficiados con el trabajo que realiza el Poder Legislativo. No sé cuán justa sea la percepción que se tiene de nosotros, pero en nuestras manos esta la posibilidad de revertirla.

Con el trabajo solidario de todos, con nuestra capacidad para poner por encima de los intereses particulares o de grupo, el interés general y la búsqueda del bien común, lograremos proyectar una imagen positiva de la LX Legislatura, que está para servir a México.

Somos conscientes, y celebremos la pluralidad de visiones que enriquecen el quehacer parlamentario, y es nuestra obligación encontrar los comunes denominadores que nos permitan llegar a acuerdos para la construcción del México de la paz y la justicia.

El debate parlamentario debe estar muy por encima de visiones maniqueas, que en nada contribuyen a la búsqueda de acuerdos para el bienestar de los mexicanos.

Muy apreciables compañeras y compañeros:

Sé que a todos los aquí presentes nos anima el espíritu de servicio a la sociedad.

Sé que durante nuestras campañas, en ese contacto directo con la población, conocimos y sentimos sus más dolorosas, y sentidas necesidades.

Sé que quienes confiaron su voto en nosotros, esperan nuestra solidaridad y trabajo; no debemos ni podemos fallarles mostrando indiferencia, ante sus reclamos.

En días próximos nos encontraremos revisando, modificando y aprobando el Presupuesto de Egresos de la Federación, ¿Cómo podremos tener la calidad moral para exigir de los otros dos Poderes de la Unión austeridad y transparencia en su gasto corriente sino predicamos con el ejemplo?

Sería preocupante que, a unos meses de haber concluido el proceso electoral, no fuéramos capaces de practicar la congruencia, y de reconocer que nuestra actual dieta es suficiente para el sustento decoroso de nuestras familias. En este sentido debemos pensar y razonar que millones de mexicanos viven con un escaso ingreso que los mantiene sumidos en la pobreza extrema. No hay que olvidar las promesas hechas en campaña a los ciudadanos que votaron por nosotros, su voto fue para que trabajáramos, desde el Congreso, en los cambios que el país necesita y, no para llegar, y a los tres meses subirnos el monto de nuestra dieta. Triste carta de presentación, seria, el aprobar ese aumento, que de antemano el pueblo repudia por injusto.

Debemos ser conscientes que el servicio público es una vocación que se vive, este no tiene una finalidad de lucro, todo lo contrario, debe cumplir a cabalidad los principios de disciplina y austeridad, y además, tiene como premisa la mística de servicio al pueblo de México. El servicio público nunca más se debe usar como medio para enriquecerse, debe por el contrario procurar enaltecer a la persona humana, no olvidemos que estamos aquí para servir y no para ser servidos.

Compañeras y compañeros:

No debemos hacer del Presupuesto un motivo para exigir austeridad al Poder Ejecutivo y Judicial, cuando nosotros no somos capaces de practicar esta austeridad republicana. No podemos ser sordos a la exigencia de la sociedad que solicita que el monto total de los sueldos y las remuneraciones de todos los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión sean austeros y transparentes. México requiere de nuestro trabajo y sacrificio solidario para el bienestar de las futuras generaciones.

Hago un llamado a la conciencia y espíritu patriota de todos los aquí presentes, porque se que anida en nosotros el propósito de la prosperidad de nuestra patria.

Seguro estoy de que verán con agrado la propuesta, y que su aprobación les proporcionara una legítima satisfacción.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 no se incluya ningún aumento a la dieta que recibimos cada uno de los diputados federales.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación, y aprobación del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 no se apruebe ningún aumento a las dietas o demás apoyos económicos que los diputados federales reciban como remuneración.

Finalmente, diputado Presidente, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a su soberanía sea puesta a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo, por considerarse de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDERE UN AUMENTO PARA LA CONAGUA, A CARGO DE LA DIPUTADA LOURDES ALONSO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los que suscribimos diputados federales Lourdes Alonso Flores, Silvia Oliva Fragoso, Efraín Morales Sánchez y David Mendoza Arellano, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el numeral 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición, a efecto de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Recursos Hidráulicos y a la Comisión de Desarrollo Metropolitano de esta honorable Cámara de Diputados, para que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, consideren un aumento presupuestal a la Comisión Nacional del Agua, a fin de que estos sean destinados para la ejecución de obras y a la aplicación de acciones, mediante programas de inversión en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que permitan resolver la problemática en materia de abasto y saneamiento del agua en el corto, mediano y largo plazo. Lo anterior bajo los siguientes:

Antecedentes y Considerandos

1. Dentro de las mediciones que para el desarrollo humano existen, destacan 4 vertientes en las que coinciden los estudiosos del tema, siendo indispensables para el desarrollo integral de las personas, las siguientes directrices: el adecuado acceso al agua, contar con una buena alimentación, propiciar el desarrollo de capacidades y tener una vivienda digna.

2. De acuerdo al Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos presentado por la UNESCO con motivo de la celebración del Año Internacional del Agua Dulce (en el año 2003), 1,800 millones de habitantes sufren la escasez del vital liquido, cifra que tiende ir en aumento por el constante crecimiento de: la población, la contaminación y el cambio climático.

3. De acuerdo con estimaciones oficiales casi tres cuartas partes de la población recibe una dotación inferior a la mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud que es de 150 a 170 l/hab/día, además que la calidad de la misma ha sufrido deterioro debido a la contaminación que produce la infiltración de descargas sin tratamiento y lixiviados de industrias y tiraderos de basura.

4. Lo anterior no obstante a que la mayor parte del planeta es agua, de esta el 97.5% es agua salada, lo que significa que solamente el 2.5 restante es agua dulce, misma que se encuentra en los continentes, es así como el total de agua dulce en nuestro planeta es de 39 millones de km3, de los cuales 29 millones de km3 se encuentran en estado sólido en los casquetes polares y glaciales, 5 millones de km3 son agua subterranea y los otros 5 millones corresponden a aguas superficiales.

5. Datos que no podemos dejar de mencionar, debido a que en nuestro país como en el resto del mundo, el agua se percibe como un recurso de valor ilimitado, debido a la relación que ha guardado con toda actividad económica y social a lo largo de la historia de la humanidad.

6. En la actualidad, suministrar este vital líquido para satisfacer las necesidades de la población y distribuirla equitativamente, representa uno de los retos más grande que todo gobierno debe afrontar, ya que en estudios realizados por el Banco Mundial el 25% de la población del mundo carece de una vía directa de los servicios de agua potable. En los países desarrollados los niños consumen de 30 a 50 veces más que en los países en vía de desarrollo, situación que se agrava aún más en las grandes ciudades, con un crecimiento poblacional desordenado, ya que en 1950 existían en el planeta alrededor de 2,500 millones de habitantes, número que fue duplicado en menos de 50 años. Para el 2005, la Organización de las Naciones Unidas estimó la población mundial en 6,500 millones de habitantes. Para el 2015, se calcula que la población mundial rebasará los 7,200 millones de habitantes, casi tres veces más de la que existía en 1950.

7. De este fenómeno poblacional la República Mexicana no ésta exenta, ya que de acuerdo con los resultados del Conteo 2005 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), para este año 13 entidades de nuestro país poseen el 69.9% de la población y en sólo 5 zonas metropolitanas, que abarcan 118 municipios, se concentra el 29.7% de la población, es decir 30.7 millones de habitantes, asimismo define a las zonas metropolitanas como la extensión de la superficie total de los municipios en los que se ubican las ciudades y localidades urbanas del área metropolitana, formándose éstas últimas cuando al núcleo original se incorporan localidades de diferentes Municipios o Estados y su población supera los 100 mil habitantes.

8. Particularmente en la cuenca del Valle de México se localiza una de las concentraciones urbanas-industriales más grande del mundo, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, misma que se encuentra conformada por las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y 35 municipios del estado de México (datos reconocidos por el INEGI), alberga cerca de 20 millones de habitantes, es decir aproximadamente el 20% de la población total del país, en una superficie de 4'979 km2, es decir menos del 0.5% del Territorio Nacional, acumula el 45% de la industria nacional y con las variadas y diversas ocupaciones se genera el 40% del PIB nacional.

9. El crecimiento exponencial desordenado e incontrolado de la capital de la República Mexicana ha generado la disminución y perdida del patrimonio natural que la rodeaba, generando con ello el aumento de las demandas de agua. La sobreexplotación local de los acuíferos del valle que se hizo evidente hacia mediados del siglo pasado y más adelante su sobreexplotación generalizada, han traído como consecuencia fuertes abatimientos en los pozos de abastecimiento y su frecuente reposición, degradación progresiva de la calidad del agua, hundimientos y agrietamientos del suelo junto con la necesidad de importar agua de otras cuencas (Alto Lerma y Cutzamala); solamente entre los años 30 y 40 el hundimiento del subsuelo de la Ciudad de México se incremento notablemente (10 metros acumulados en el Zócalo y hasta 40 cm por año en el sureste del valle), debido a la excesiva extracción de aguas subterráneas por medio de pozos y norias.

10. En respuesta a tal situación durante la segunda mitad del siglo pasado, se realizaron grandes obras de abastecimiento a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para satisfacer la creciente demanda de los sectores urbano e industrial y mitigar la sobreexplotación de los acuíferos. Fue por ello que ha principios de la década de los 50 se puso en operación el Sistema Lerma que llegó a aportar, en los años 70 hasta 13,700 l/s del agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México la cual abarcaba para ese entonces el Distrito Federal y 11 municipios del estado de México.

11. Haciéndose nuevamente necesaria la búsqueda de fuentes alternas de abastecimiento, frente a este problema en 1972 la entonces Comisión de Aguas del Valle de México realizó estudios de las cuencas Cutzamala, Tecolutla y Oriental Libres al este, Amezcua al Sur y Tula (Taxhimay) al norte de la Zona Metropolitana del Valle de México, con proyecciones de aportación de estas últimas cuatro de 15, 7, 11 y 2.5 m3/seg. respectivamente, pero fue la cuenca del río Cutzamala la que disponía de las mejores condiciones en cuanto a calidad del agua y caudales existentes y que solamente se requería realizar un cambio de uso de generación eléctrica al suministro de agua potable, que no ocasionará perjuicios la región, concibiéndose en esos momentos como uno de los proyectos de mayor magnitud a nivel mundial al conjugar carga, volumen y distancia de recorrido

12. Los sistemas Lerma y Cutzamala evitaron que la sobreexplotación se incrementara en forma acelerada; sin embargo, en los últimos 30 años debido a su sobreexplotación los impactos persisten y se agudizan (se han minado un volumen no renovable del orden de 25 mil millones de m3)

13. Actualmente para la Zona Metropolitana del Valle de México se dispone de un abastecimiento de agua potable de 61,000 l/s de los cuales, 39,700l/s provienen del subsuelo del Valle de México 14,700 l/s del Sistema Cutzamala, 5,100 l/seg del Sistema Lerma y 1100 l/s de aprovechamientos superficiales como la presa "Madín" y los manantiales del propio valle.

14. Del abastecimiento total a la Zona Metropolitana del Valle de México la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala suministran un promedio de 22.700 l/s (37%) mediante la operación del Sistema Cutzamala y del sistema de pozos denominado "Plan de Acción Inmediata" (PAI). Éste último está conformado por 217 pozos, distribuidos en 7 ramales ubicados en el DF y en los estados de México e Hidalgo, por ocho acueductos con una longitud superior a los 200 km, seis plantas de bombeo, la presa y planta potabilizadora "Madín" y la planta de remoción de fierro y manganeso.

15. El Sistema Cutzamala inicio su operación en 1982. Lo integran las presas Villa Victoria, Valle de Bravo, Tuxpan, El Bosque, Ixtapan de Oro, Colorines y la Chilesdo. El gasto (caudal) del proyecto de sus tres primeras etapas fue de 19 m3/seg en los que se incluía la recuperación de las fugas de la presa El Bosque y se dejaban unos 3 m3/seg. a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la generación de picos en las plantas hidroeléctricas, durante los últimos lustros se ha registrado una disminución de los escurrimientos de la cuenca. El gasto aprovechable se redujo en cerca de 1 m3/seg. A pesar de que la CFE a renunciado al gasto destinado a esta dependencia.

16. La sobreexplotación actual de 28.0 m3/s está provocando una disminución del almacenamiento y el abatimiento de los acuíferos que afecta gravemente a los pozos y su operación. De seguir al ritmo actual (del orden de 1 m por año) amenaza con provocar un colapso de la principal fuente de abastecimiento de la ZMVM, generándose problemas de calidad en el agua

17. En la actualidad la 3ª etapa construida del proyecto Cutzamala, opera con un caudal promedio de 15.5 m3/seg. por lo que la rehabilitación y adecuación del sistema para asegurar el caudal de 19 m3/seg. constituye una acción impostergable.

Asimismo es necesaria la ejecución de los proyectos de ordenamiento, restauración de cuencas, drenaje y saneamiento y el desarrollo de la 4ª etapa del Sistema Cutzamala "Temascaltepec"; con una inversión total que asciende a 50,000 millones, es decir, las acciones en materia de abastecimiento de agua, 21,500 millones, representando el 43% de la inversión y significa un costo de 4.98 por metro cúbico incorporado o recuperado en el sistema regional que incluye las obras pospuestas por falta de recursos financieros para rehabilitar y adecuar el Sistema Cutzamala, lo anterior sumado a los 28,500 millones que se requieren para implementar acciones de restauración de cuencas reforzamiento de drenaje troncal y las macro-plantas de tratamiento, constituye un monto sin precedentes. La inversión prevista a 10 años plazo, es del orden de 5,000 millones por año (adicionales a los costos de operación), inversión que solamente representa el 0.2% del PIB generado en la cuenca, cifras que respaldó el director general de la Comisión Nacional de Aguas, durante el IV Foro Mundial del Agua.

19. Es impostergable destinar los recursos financieros necesarios para asegurar la sustentabilidad, en correspondencia con la importancia de la región, para lo cual no solamente se requiere de la suma de voluntades y disponibilidad de todas las instancias involucradas, sino que además se deben que atender las necesidades locales actuales y futuras.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado es que sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Recursos Hidráulicos y así como a la Comisión de Desarrollo Metropolitano de esta honorable Cámara de Diputados, para que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, consideren un aumento presupuestal a la Comisión Nacional del Agua, a fin de que estos sean destinados para la ejecución de obras y la aplicación de acciones, mediante programas de inversión en la Zona Metropolitana del Valle de México, que permitan resolver la problemática en materia de abasto y saneamiento del agua en el corto, mediano y largo plazo.

Segundo. Que por conducto de la Mesa Directiva se solicite a la Comisión Nación del Agua, remita a esta soberanía un informe completo y detallado sobre la factibilidad de la conclusión de la cuarta etapa del Sistema Cutzamala, así como el proyecto ejecutivo para la construcción de éste.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil seis.

Diputados: Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, Efraín Morales Sánchez (rúbrica), David Mendoza Arellano.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 SE ASIGNEN RECURSOS ADICIONALES A LA CONADE Y AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIZABETH MORALES GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, diputada federal por el estado de Veracruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite formular ante este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Considerandos

El desempleo es uno de los problemas más graves del país, y este se acentúa en la población joven, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó en su informe sobre la situación laboral de 2004, México alcanza el más alto registro de desempleo juvenil en América Latina. Con una tasa de 8.9 por ciento lo que representa 2.5 millones de jóvenes desempleados.

Ante la falta de oportunidades para los jóvenes encontramos problemas sociales fruto del desempleo como son la delincuencia, actualmente la juventud representa el 52.5% del total de los presuntos delincuentes registrados en los juzgados de primera instancia del fuero común, cerca de 82 mil jóvenes de 16 a 29 años de edad. Del total de sentenciados en nuestro país el 55.4% son jóvenes, esto es 65 mil jóvenes de 16 a 29 años de edad.

Sin duda la delincuencia no es la única consecuencia del desempleo, las adicciones son un reflejo de la falta de oportunidades, la principal causa de muerte en los jóvenes entre los 15 a 29 años son los accidentes de tráfico de vehículos con una tasa de defunción del 56.9 por cada 100 mil jóvenes estos accidentes se relacionan en un 90% con el consumo de alcohol.

El consumo de drogas en Nuestro país ha aumentado en los últimos cinco años 20%, asimismo la edad promedio en la que los jóvenes se inician en este tipo de adicciones bajó de 12 hace un lustro a 10 años en la actualidad.

México ocupa actualmente el noveno lugar mundial en la prevalencia de diabetes. Las proyecciones de los especialistas internacionales refieren que para el año 2025, el país ocupará el séptimo lugar si no se realiza una campaña trascendente de prevención, diagnóstico oportuno y control de la diabetes. Cada dos horas en el país mueren cinco personas por complicaciones.

Alrededor de una de cada diez personas de más de 20 años de edad, y uno de cada cuatro adultos mayores de 65 años, tiene Diabetes Mellitus, con una tendencia al incremento en la población joven e infantil. La diabetes es la tercera causa de mortalidad general desde 1997, y la primera causa de mortalidad en el grupo de 45 a 64 años de edad.

Situación preocupante para nuestro país y para nuestros jóvenes y lo que es alarmante es el porcentaje de jóvenes que practican algún deporte, sólo el 15.2 por ciento de la juventud mexicana.

Con el fomento del deporte y de una cultura que promueva el cuidado físico, sentamos bases muy sólidas para elevar el bienestar social y apoyamos la formación integral de las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos.

El deporte también ayuda a los jóvenes se mantengan alejados de la drogadicción, de la delincuencia, del pandillerismo, de todos los vicios y conductas antisociales.

No hay duda, la Educación y el Deporte no son prioritarios para el nuevo gobierno del presidente Calderón, prueba de ello es la disminución al proyecto de presupuesto de egresos contenido en el PEF para 2007 en el Instituto Mexicano de la Juventud, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la educación.

La solicitud de la Conade para el año 2007 fue de 916 millones 214 mil 465 pesos lo que significa 142 millones más. Sin embargo en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para 2007 se proponen 778 millones 994 mil 401 pesos de los cuales esta programado el 95.88 por ciento para gasto corriente y el 4.12 restante para inversión. Lo que significa que el presupuesto aprobado es 137 millones menor que el solicitado por el titular de la Conade.

Esta disminución tiene un gran significado puesto que la Conade tiene 3 cargas en su erario, La manutención del Centro Nacional de Alto Rendimiento, la Aportación económica a los municipios y aportación especial para infraestructura de los Juegos Panamericanos de Guadalajara de 2011.

En la pasada administración se construyo un centro nacional de alto rendimiento con un costo aproximado de 900 millones de pesos, inversión que está destinada a ser un elefante blanco, debido a que no están canalizando recursos para su operación.

Los costos de operación anual del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) ascenderán a 125 millones de pesos, por lo que el recorte de 137 millones en el proyecto de presupuesto para 2007, significa que este centro no opere, lo que implica que los 170 deportistas que se hospedan actualmente en el CNAR no puedan continuar con su preparación académica y deportiva, sin embargo estos deportistas no son sino solo el 25 por ciento de los 640 deportistas que resultarían afectados ante la falta de recursos. Además de CNAR hay que contemplar las deudas contraídas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el pago a entrenadores quienes desde enero, en algunos casos no han cobrado sus salarios y lo que quedó pendiente de construcción y equipamiento del CNAR y las remodelaciones a las instalaciones de Tlalpan.

En la práctica del deporte, nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos, encuentran un camino positivo hacia una vida productiva.

En la práctica del deporte se alejan de los peligros de la delincuencia y la drogadicción.

La práctica del deporte contribuye a esa formación integral que queremos; es decir, al desarrollo del cuerpo y a la formación de la personalidad, porque promueve el trabajo en equipo, enseña a valorar el esfuerzo y los logros que se derivan de él; a competir con lealtad y a comportarse con generosidad y reconocer el esfuerzo de los demás, tanto cuando vencen como cuando son vencidos.

El deporte y la juventud mexicana no reciben los suficientes recursos para que realmente sean una prioridad, es un lugar de educación en el que se invierte y no se gasta, por eso debemos aumentar el presupuesto federal y en los estados, ya que para que sea un éxito hay que meterle, no solamente ganas y palabras, sino también dinero y gente con corazón, cariño y compromiso.

El presupuesto federal que hoy recibe la Conade y el IMJ, son de los más pequeños dentro del presupuesto total del gobierno federal.

Todo lo que emprendamos en favor de la juventud el deporte y la cultura física es en favor de un México más próspero, más sano, con mayores oportunidades para todos; de ese México que ha sido el sueño de ustedes y de muchas y muchos mexicanos.

Los exhorto a que trabajemos juntos para el mayor éxito de la política pública en materia de deporte y de desarrollo físico, al igual que un gran esfuerzo para sumar en un trabajo conjunto y en equipo a estados, municipios y a la sociedad entera.

Al aumentar el impulso al deporte, disminuye la delincuencia juvenil nuestro país avanzará con una población sana, donde se prevenga el consumo de drogas, la obesidad y la diabetes, y que mejor que la activación física, la recreación y el deporte, no sólo el competitivo, sino en el que se haga equipo para encontrar beneficios permanentes físicos y psicológicos.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007 un aumento de los apoyos públicos destinados a la Conade e Instituto Mexicano de la Juventud.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.

Diputada Elizabeth Morales García (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN DEL RÍO SEDEÑO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ELIZONDO GARRIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Francisco Elizondo Garrido, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Veracruz se caracteriza por ser uno de los más representativos a nivel nacional por la flora y fauna que lo constituyen como un valuarte nacional. Específicamente, su capital, Xalapa, presenta un considerable número de manantiales, y en sus inmediaciones encontramos al río Sedeño y el Sordo; así como los arroyos Sucio, Limpio, Carneros, Honduras y Verdes.

No obstante ello, y que el Estado recibe la tercera parte del escurrimiento nacional, las coberturas de agua y saneamiento están por debajo de la media nacional lo que origina una degradación ambiental que impacta directamente a los habitantes de la zona, quienes se ven afectados por factores como los fenómenos climatológicos, contaminación y deterioro de los cauces de agua.

Específicamente, me referiré al río Sedeño, el cual, se origina en el Cofre de Perote, a una elevación de 2960 m y que actualmente sufre de problemas de contaminación, no obstante es el cargado de abastecer de agua a la ciudad de Xalapa.

Su cuenca abastece a una población superior a los 330 mil habitantes, en donde el peso mayor y la dinámica de migración esta marcada por la conurbación de Xalapa y Banderilla de perfil urbano (95 por ciento de la población total), que en términos gruesos atrae a la población regional.

Las actividades productivas están marcadas por los pisos ecológicos y así las tierras más altas están cubiertas por bosque y pastizales para ovinos y caprinos; las medias se dedican al cultivo de maíz y ovinos mientras que las tierras bajas poseen una ocupación agrícola.

Aunado a lo anterior, el río Sedeño cobra importancia en virtud de que presta importantes servicios ambientales a la región central de Veracruz: Tiene una precipitación media anual de 1,350 mm3. Recarga los mantos acuíferos a través de la infiltración del agua en sus zonas boscosas por la lluvia convencional, así como por la lluvia horizontal proveniente de la niebla, propiciada por los vientos alisios dominantes. Ambas precipitaciones alimentan los numerosos manantiales característicos de la región y que son los que le dieran nombre autóctono a la ciudad de Xalapa: "Manantiales en la arena".

No obstante ello, fenómenos como el crecimiento urbano, y una inadecuada política en materia hidráulica ha impactado significativamente la riqueza y el valor ecológico de la Cuenca y la calidad de vida de sus habitantes propiciando deforestación; y patrones de cultivo que han empobrecido el suelo y que han fomentado la disminución en la recarga de agua; aunado a la sobreexplotación del recurso mediante extracciones irregulares.

Al respecto, sorprende que en lugar de tomar conciencia con respecto a la problemática existente, las autoridades del Municipio de Barandilla entubaron gran parte del cauce del río, contraviniendo las disposiciones legales; aunado a que en el cauce del río se están vertiendo los desagües de las casas habitación, con lo que se prevé en el corto plazo fuertes situaciones de riesgos a la salud, por la evaporación de desechos fecales que empezaran a inundar la ciudad de Xalapa, en tanto las corriente de aire se desplazan del frió hacia lo cálido y, precisamente, el río corre por partes más frías que las del centro de la ciudad de Xalapa.

Es así, como se evidencia el grave problema de contaminación del agua que existe en esta ciudad por la descarga de aguas residuales, y por el deficiente sistema de alcantarillado, que en época de lluvias se ve rebasado en su capacidad para conducir las aguas; generándose problemas de contaminación graves.

Es así, como consideramos urgente que las autoridades competentes tanto en el ámbito municipal, como en el estatal tomen las medidas tanto legislativas como administrativas que permitan frenar y en su caso, revertir el deterioro que sufre el Río Sedeña y a los cauces de agua aledaños.

Ello, ya que de continuar en las actuales condiciones, dicho Río se verá afectado de manera que se volverá insostenible su existencia; y consecuentemente la salud de los veracruzanos que viven en Xalapa se verá mermada al ser la principal fuente de abastecimiento del recurso.

Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, solicitando sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las autoridades municipales y estatales del Estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen medidas administrativas y legislativas que permitan frenar y revertir las tendencias de deterioro ambiental que sufre actualmente el río Sedeño.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de diciembre de 2006.

Diputado Francisco Elizondo Garrido (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE DESTINEN RECURSOS PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, interesada en que el gobierno federal demuestre su convicción social e interés en el avance y afirmación de los derechos sociales y humanos de las mujeres, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

El funcionamiento de las instituciones de la administración pública en México, se debe a la sociedad mexicana, en un Estado social de derecho como el nuestro, el fin fundamental es fungir como detonador de la igualdad y la equidad en todos los espacios públicos y las dependencias, para consolidar un régimen y sistema democrático.

En una institución como la Secretaría de Desarrollo Social, la perspectiva de género, se fundamenta en la normatividad nacional e internacional, a la cual se apega el Programa de Apoyo a las Instituciones de Mujeres en las Entidades Federativas para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres conocido como Paimef, programa que demostró su éxito, operatividad y arrojó resultados positivos en las mujeres de la Nación, lo reconocen los titulares de las instituciones y las ciudadanas que se beneficiaron de esta medida programática.

Este programa fue exitoso porque demostró resultados positivos e interacción con los gobiernos estatales, las organizaciones de la sociedad civil y creó un vínculo estrecho con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, de continuar en operación las prácticas discriminatorias y de violencia hacia las mujeres disminuirán.

Es un programa que logró no sólo la transversalidad de la política de género sino la corresponsabilidad de los poderes, las instituciones y la sociedad civil en beneficio del avance de la mujer, además promovió acciones positivas de prevención y mitigación de la violencia de género, a través de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, por tanto ha sido un buen ejemplo de cómo la interdependencia de las instituciones ha logrado reducir el circulo vicioso cultural de la violencia contra las mujeres.

En este programa quedó demostrado el compromiso, eficiencia y eficacia de las personas comprometidas con él, ya que llegó a amplios colectivos de mujeres, quienes han visto y vivido ya sus beneficios, con lo cual se ha mitigado el sufrimiento que la violencia provoca en las víctimas.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a esta soberanía a destinar en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes para el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Paimef, y quede establecido en el rubro de Sedesol, en el marco operativo de Indesol.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE ASIGNEN RECURSOS PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA

La que suscribe, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, legisladora federal del Grupo Parlamentario de Alternativa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

1. Uno de los puntos medulares en el que cualesquier gobierno debe cifrar sus expectativas de desarrollo se centra en la educación, la cual deber ser especializada y de calidad.

2. El acceso a la instrucción universitaria es un derecho que el estado debe garantizar a sus gobernados.

3. México hoy no es un país en donde la educación signifique justicia y libertad. Por el contrario es una de las expresiones más evidentes de las desigualdades que vivimos. El Estado debilitado fomenta dos mecanismos que mantienen el tiempo congelado para las víctimas de la desigualdad. Uno es la transmisión de la riqueza a través de las familias, y otro es la transmisión diferenciada de las oportunidades educativas.

4. La educación pública mantiene su importancia como contrapeso a la familia, a la comunidad y al espíritu de la época. Otorga a los estudiantes un sentido de compromiso con una comunidad más amplia que la local. Los dota con las cualidades de la argumentación lógica y de la perspicacia y con una visión comparativa basada en experiencias ajenas (publicado).

5. La educación es la inversión más redituable que un país puede tener en el largo plazo y es ahí donde se debe poner la mirada. En este sentido se actualiza una frase del presidente Mexicano, Lázaro Cárdenas, quien hizo suyo el programa educativo de Narciso Bassols: "El pueblo de México es poseedor de una gran riqueza: la inteligencia de sus hombres y de sus mujeres. Podemos afirmar que su desarrollo y aprovechamiento es condición sin la cual todo intento de establecer una sociedad más justa resulta vano".

6. El apoyo que se proporciona a cada una de las Universidades del país es, sin duda, una de las más redituables inversiones, ya que de sus aulas salen personas capacitadas y autosuficientes, lo que les permite contribuir al desarrollo social y económico de México.

7. En la sesión del martes 12 de diciembre pasado, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, hizo Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual "La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso con la educación pública superior". Aún más, todos los grupos parlamentarios presentaron posiciones en tribuna apoyando la necesidad imperiosa de dotar de mayores recursos a las universidades del país.

8. En el caso de a Universidad Autónoma de Guerrero, cabe destacar que es una de las que menor costo tienen por alumno en todo el país: 15 mil 361 pesos (quince mil trescientos sesenta y un pesos) sólo detrás de la Universidad de Oaxaca, a pesar de ser de las de mayor matrícula: sesenta y dos mil trescientos alumnos para el ciclo escolar 2006-2007 y una plantilla real no reconocida de mil seiscientos dos plazas. Por ello, la LIX legislatura de la Cámara de Diputados autorizó a la UAG en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, un apoyo adicional de 225 millones de pesos, de los cuales únicamente se recibieron 133 millones de pesos.

9. La Universidad Autónoma de Guerrero presenta una grave crisis financiera ante la imposibilidad para cubrir los adeudos que se han generado en los últimos años derivados principalmente del déficit de plazas sin reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública pero que son indispensables para cumplir los objetivos de la institución, incluyendo aquéllos que devienen de nuevos Programas Educativos que, paradójicamente, sí ha aprobado la propia SEP, pasando de 50 a 84 programas en los últimos 10 años.

10. El presupuesto global de egresos de la Universidad es de $1,704.8 millones de pesos, habiendo recibido como subsidio federal ordinario para el 2006, un total de $827.5 millones de pesos. Aunado los problemas señalados, hay actualmente 2,553 empleados que carecen del reconocimiento de antigüedad por parte del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para su jubilación y/o pensión por retiro, con lo cual la UAG reporta que su adeuda ascendería a 710 millones de pesos en el 2007.

11. Para cubrir estos pasivos, la Universidad Autónoma de Guerrero solicita un apoyo extraordinario único de mil 236 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 920 millones de pesos federales y 316.5 millones de pesos estatales.

En concordancia con los posicionamientos y compromisos hechos por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura y de sus grupos parlamentarios, y de acuerdo con las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se destinen recursos extra para la Universidad Autónoma de Guerrero.

Punto de Acuerdo

Artículo Primero: Se destinan del Ramo 11, Educación, mil doscientos treinta millones de pesos para la Universidad Autónoma de Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.

Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO EL TROMPO INTERACTIVO, EN TIJUANA, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO FRANCO CÁZAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Ricardo Franco Cázarez, en su calidad de diputado federal en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que someta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a considerar recursos para la construcción del Museo Interactivo de Tijuana, AC, mejor conocido como museo El Trompo Interactivo.

Consideraciones

La era moderna de la divulgación de la ciencia en México empieza alrededor de los años sesenta, impulsada por un pequeño grupo de científicos convencidos de la importancia de promover la cultura científica, se hizo a través de revistas y programas educativos de difusión científica, para los setentas se realizaron actividades de comunicación directa con el público como ciclos de conferencias, espectáculos, cursos de verano, talleres de ciencia para niños, así como algunas exposiciones de ciencia, desde entonces existían museos tradicionales de ciencia como el Chopo y de Geología, además surgiendo en esta década los muesos de Historia Natural , el Museo Tecnológico (Ciudad de México) y el Centro Cultural Alfa (Monterrey).

En la década de los ochenta se realizaron encuentros de Divulgación de la Física (hoy Encuentros de divulgación de la ciencia), se creó la colección de libros "La ciencia desde México" (más tarde La ciencia para todos) del Fondo de Cultura Económica, la fundación de la Casa de la ciencia de la Universidad de Morelos y el Túnel de la Ciencia en el Metro de la Ciudad de México. Varias universidades del país iniciaron sus publicaciones periódicas para el público general, así como series y cápsulas radiofónicas.

En la década de los noventa se inicia la consolidación de esta actividad, lo cual se hace evidente en dos medios: el escrito y los museos y centros de ciencia.

En la última década del siglo XX proliferaron los museos interactivos y centros de ciencia. Los primeros fueron: el Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, Universum (UNAM) y Papalote, Museo del Niño (Ciudad de México). Después, comenzaron a florecer museos y centros en otras ciudades: Centro de Ciencias (Sinaloa), Centro de Ciencias Explora (León, Guanajuato), Descubre (Aguascalientes), el Museo de la Luz (UNAM, Ciudad de México), el Museo del Rehilete (Pachuca, Hidalgo), Museo de Ciencias Tecciztli (Ensenada, Baja California), Museo de Ciencia y Tecnología el Chapulín(Saltillo, Coahuila), La Burbuja, Museo del Niño (Hermosillo), Casa de las Ciencias (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), La Casa de la Ciencia (Hermosillo, Sonora), Museo del Desierto (Coahuila), Papalote Móvil I y II (Exposiciones itinerantes del Papalote), Casa de la Ciencia y Tecnología de Campeche, Museo del Sol del Niño, (Mexicali, Baja California), El Trompo,(Guadalajara, Jalisco), El Exploratorio (Puebla), Acuario de Veracruz, Museo de la Tortuga(Mazunte, Oaxaca), La Avispa (Chilpancingo, Guerrero) y Tráiler de Ciencia (Tabasco). Esta lista ha seguido incrementándose con museos y centros de reciente creación y otros que están en proyecto, tal es el caso del Museo Interactivo Tijuana, AC.

Por ello podemos deducir que la divulgación de la ciencia en México ha evolucionado y sobre todo ha ido a la vanguardia, siendo así una labor fundamentalmente de tres instancias: universidades, instituciones gubernamentales y las asociaciones académicas o sociales.

Convencido de que la cultura científica y técnica es un factor fundamental para la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno natural, social y cultural y que este compromiso es esencial para el cambio social incluyente que tanta falta hace en nuestro país, dado que se ha volcado una ola de desorden social, como delincuencia, vandalismo, drogadicción, desintegración familiar, entre otros. Un ejemplo claro es el de Tijuana, donde ha ido aumentado considerablemente el índice delictivo, sobre todo en cuanto a asesinatos de policías y funcionarios públicos de este sector.

Por eso la necesidad de construir una cultura en general y en especial científica nacional es indiscutible y la labor de divulgar la ciencia y la técnica en este proceso es indispensable. Sin embargo, la divulgación de la ciencia es todavía una disciplina joven donde todavía se enfrentan varios retos para consolidar este campo y cumplir con la gran responsabilidad que tenemos con la sociedad que es impulsar la cultura en aras de inculcar valores y actitudes que encaminen hacia una vida armónica con el medio social y natural.

Hoy tenemos la oportunidad de refrendar el compromiso con la ciencia, con el objetivo de crear en México una conciencia en este campo, ya que como país falta fomentar una cultura científica sobre todo en los niños de México.

Existen importantes esfuerzos en el espacio de museos que buscan una actualización y modernización para que sean un medio para acercar la ciencia a nuevos públicos, se busca que estos recintos sean interactivos donde los niños se interesen más por estos temas, y participen activamente en el conocimiento del tema tecnológico y científico, además de que la cultura no se centralice sino que se expanda por todo el país.

Por todo lo anterior y dado que para Acción Nacional es primordial poner al alcance de la ciudadanía los medios por los cuales podamos adquirir lo mejor de nuestra sociedad y solo a través de nuestra cultura discernimos los valores y efectuamos opciones, es de interés la continuación de la construcción del Museo Interactivo Tijuana, mejor conocido como museo El Trompo Interactivo que se estableció en 1998 a iniciativa del Municipio y un grupo de empresarios, que mediante aportaciones municipales, estatales y federales se han empleado para la construcción, considerando hasta hoy que se ha gastado más de 30 millones de pesos, los avances han sido sustantivos y los esfuerzos requeridos para culminar la obra requieren de una estrategia para obtener recursos públicos a fin de terminar la etapa de construcción y poner en práctica las campañas de procuración de fondos para equipamiento de las salas.

No hay que olvidar que este museo interactivo busca contribuir la estimulación científica y tecnológica, además de fomentar, difundir e incentivar la creatividad, imaginación y el conocimiento de la ciencia y tecnología para los niños de Tijuana, sus familias y los visitantes de la ciudad.

Actualmente se encuentra en su segunda etapa, el avance en la obra está al 30 por ciento teniendo como meta la habilitación de áreas como la sala de exhibiciones, servicio al público y oficinas con lo cual permitiría una operación parcial del museo.

Asignaciones presupuestarias

Para el ejercicio fiscal de 2006, a través del contrato C-PT-CONACULTA-06-TIJ-EP-086, se asignaron recursos federales por un monto de 13.4 Millones de Pesos y se elaboró una segunda etapa en la que se propone habilitar una parte del Museo y que para otoño del 2007 se pueda abrir parcialmente.

Es un proyecto ambiciosos, pero realmente es importante concluirlo para que sea un museo de vanguardia del cual carece Tijuana y la región, está concebido arquitectónicamente como un puente de comunicación entre el hombre, la naturaleza, la ciencia y la tecnología que impactará entre los niños, niñas, jóvenes y adultos como un sitio que estimule de manera educativa e interactiva la curiosidad por la ciencia, así mismo, es un elemento importante para la integración familiar, pilar importante de nuestra sociedad, los usuarios serán elementos activos que interactuaran con los objetos y aplicaciones que se encuentren durante el recorrido por el museo.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos generales para la terminación de la construcción del Museo Interactivo Tijuana, AC, mejor conocido como El Trompo, ubicado en el Tijuana, Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado Ricardo Franco Cázarez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA REACTIVAR EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE CIUDAD SAHAGÚN, HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La economía de Hidalgo, es una economía diversa y compleja. Hidalgo tiene tierras fértiles, y gracias al uso de sistemas de riego como canales, pozos o por goteo, se ha logrado mejorar y aumentar la producción tanto en la agricultura como en la ganadería.

Nuestro estado es principalmente productor de maíz, avena, cebada, caña de azúcar, alfalfa, frijol, chile, y muchos otros productos del campo. También se cría ganado vacuno, ovino, caprino y aves de corral. El estado es rico en yacimientos de metales y también se extrae cantera y mármol.

La población total en el estado de Hidalgo (según datos del Censo 2000) ascendió a 2 millones 235 mil 591 habitantes, lo cual representó 2.3 por ciento de la población total en dicho año, y con lo que se colocó en la 18ª posición en el contexto nacional. Para 2006, el Consejo Nacional de Población (Conapo) proyectó una población de 2 millones 480 mil 400 habitantes, lo cual representa 2.24 por ciento de la población nacional, y con lo que la entidad se coloca en la 19ª posición en el ámbito nacional.

En el estado de Hidalgo operaron en este año cerca de 95 mil unidades económicas y sobresalen por su mayor número los establecimientos comerciales con casi 52 mil, de ellos la mayoría realiza sus actividades en el comercio al por menor. Los dedicados a prestar servicios privados son 24 mil (24.7%).

La industria manufacturera en esta entidad reporta 11,696 unidades económicas, entre las que se cuentan: el complejo petroquímico, las cementeras y las ensambladoras de autos; también aparecen diseminados en barrios y localidades: las tortillerías, panaderías y herrerías.

Sin embargo, la situación económica se mantiene prácticamente en el estancamiento económico. Lejos está la bonanza de los años del desarrollo estabilizador en donde Hidalgo era ejemplo nacional industrial.

El 14 de octubre de 1954, el Congreso del estado de Hidalgo decretó establecer el centro de población industrial en el que se encontraba el Centro Industrial de Irolo con lo que se pretendía ser modelo nacional industrial. Este complejo, orgullo nacional, incluyó la instalación de empresas como Renault, Diesel Nacional (Dina), Siderúrgica Nacional (Sidena) y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (Concarril). Ciudad Sahagún, en ese entonces, generaba oportunidades de trabajo a los pobladores de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal.

A principio de la década de los ochenta, se cerró Renault, la empresa más grande del complejo industrial en donde se perdieron alrededor de 7 mil empleos. Concarril, a finales también de los ochenta pasó a manos de capital canadiense cambiándole el nombre a Bombardier.

Las pérdidas económicas son incuantificables, todo el complejo industrial que gozó de fama nacional por los estándares de producción y de generación de empleo hoy se encuentra prácticamente desmantelado.

Los hidalguenses y todos los estados circunvecinos necesitan de inmediato la reactivación de un complejo industrial como el que se edificó en el periodo del desarrollo estabilizador. Este simple hecho representaría una derrama económica estatal que ayudaría al crecimiento económico nacional. Con tal medida, se pretende colocar al estado de Hidalgo dentro de las primeras ocho economías estatales con una generación de empleos de arriba de los 7 mil.

Para tal efecto es necesario que las diputadas y diputados pongan sus ojos en Ciudad Sahagún Hidalgo, tanto por su ubicación geoestratégica como por su contribución económica regional del país. A todos conviene la reactivación y ésta sólo puede darse con una inyección inmediata de recursos públicos.

Es momento que esta soberanía planifique la estrategia económica de los próximos 25 años, y para ello el complejo industrial de Ciudad Sahagún tiene que regresar a lo que fue: ejemplo productivo nacional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, una partida especial correspondiente a la Secretaría de Economía por un monto de mil millones de pesos con el objetivo de reactivar el complejo industrial de Ciudad Sahagún en el estado de Hidalgo.

Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE INCREMENTEN LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR DEL IPN, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados federales, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo de financiamiento para la educación media y superior del Instituto Politécnico Nacional.

Exposición de Motivos

Antecedentes

El Instituto Politécnico Nacional en los últimos tres años ha realizado importantes esfuerzos para utilizar los recursos federales que se le han asignado con toda racionalidad y transparencia, orientando su aplicación a los compromisos consignados en sus respectivos Programas Operativos Anuales y al logro de los objetivos estratégicos de calidad, pertinencia, cobertura y equidad.

El planteamiento presente en el PEF 2007, de asignar al IPN un monto de 6 mil 656 millones de pesos, inferior en 464.5 millones de pesos al cierre presupuestal de 2006 (7 mil 120.6 millones de pesos), no solamente implica detener los esfuerzos de mejoramiento del instituto con el consecuente desaliento de una comunidad que se ha empeñado en ello, sino que pondría en riesgo la operación institucional y el cumplimiento de los compromisos contractuales. En el PEF 2007 se afectan gravemente los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, becas y apoyos. La asignación propuesta es insuficiente para cubrir necesidades impostergables, asegurar productividad académica, la seguridad e integridad de la comunidad y el patrimonio institucional. El planteamiento de la situación y problemática frente a esta situación se presenta en el punto 1.

De darse la situación prevista en estos riesgos, podrían generarse consecuencias imprevisibles en la estabilidad de la institución, entre otros, por la disminución en el número de becas a estudiantes de alto desempeño y escasos recursos, y posibles conflictos con el SNTE ante la incapacidad financiera para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato colectivo; situaciones nunca antes vistas en la historia del instituto.

El IPN presentó ante la SEP una propuesta de Presupuesto 2007 que implica un incremento del 25 por ciento (1 mil 807.1 millones de pesos) respecto al cierre del ejercicio 2006. Las necesidades a ser cubiertas y su justificación se presentan en el punto 2.

1. Situación y problemática ante la propuesta PEF 2007.

Por primera ocasión en la historia del IPN, el presupuesto regularizable al cierre de 2006, muestra una reducción global de -464.5 millones de pesos (6.5 por ciento); con esta asignación no se garantiza la productividad académica, la seguridad e integridad de la comunidad y ni la preservación del patrimonio institucional, con las consecuencias a las que ya se ha hecho mención. El detalle de las reducciones puede observarse en la siguiente tabla.

Los docentes participantes en actividades de investigación pasaron de 2 mil 479 en 2004, a 4 mil 794 en 2006.
Los investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores pasaron de 356 a 518 aceptados por Conacyt para 2007.
2. Propuesta de Presupuesto 2007

En su oportunidad, el IPN presentó ante la SEP la propuesta de Presupuesto 2007. Para que el instituto continúe generando los resultados e impactos necesarios para contribuir al desarrollo nacional, debe atender un conjunto de necesidades y compromisos que constituyen la plataforma sobre la que se diseñó la propuesta presupuestal 2007, con un monto total de 8 mil 927.8 millones de pesos, los cuales se integran y sustentan como a continuación se detalla:

En el marco de estas cifras, y sin considerar futuros crecimientos en calidad (contratación de profesores de excelencia) y en cobertura (nuevos programas educativos y Campus Virtual), se requieren mil 109 millones adicionales al cierre del ejercicio 2006 (presupuesto regularizable) que fue de 6 mil 222.2 millones de pesos. El PEF 2007 muestra una disminución del 18.5 por ciento respecto de la propuesta del IPN, y del 4 por ciento respecto al cierre de 2006. Gasto de Operación. Capítulo 2000. El incremento por 70.1 millones de pesos, planteado en el Anteproyecto de referencia, alude a las siguientes necesidades: Adquisición de materiales indispensables para la impartición de la docencia y el desarrollo de la investigación, tales como acervo bibliográfico, material didáctico y otros gastos requeridos por escuelas y centros de investigación.

De igual forma, se deben adquirir artículos e insumos necesarios para la operación de talleres y laboratorios; prendas de protección para la seguridad de profesores y trabajadores; herramientas, refacciones y accesorios para la operación de las Unidades Académicas; artículos deportivos para apoyar el desarrollo integral de los estudiantes; materiales y artículos de construcción para la conservación, adaptación, mantenimiento y mejora de los bienes muebles e inmuebles de la infraestructura académica.

Servicios Generales. Capítulo 3000. El incremento solicitado para 2007 por un monto de 221.3 millones de pesos, responde a la necesidad de solventar los siguientes incrementos a los costos de los servicios, críticos todos ellos para la operación institucional. Servicios básicos de operación como energía eléctrica; enlaces satelitales; conducción de señales analógicas y digitales y, telefonía convencional (37 millones de pesos).

Servicios de mantenimiento y conservación; de limpieza, higiene y fumigación; de jardinería, mantenimiento y rehabilitación de la plataforma y, parque informático (85 millones de pesos).

Contratación de licencias de software; servicios de vigilancia y seguridad para el resguardo del patrimonio institucional y, seguros patrimoniales (33 millones de pesos).

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, de bienes informáticos, de subestaciones de energía, de laboratorios, de vehículos y, de equipo especializado operando en los Centros de Investigación (66.3 millones de pesos).

Inversión. Capítulo 5000. Es particularmente crítico para que el Instituto Politécnico Nacional no suspenda procesos claves de avance, fortalecimiento y consolidación de sus funciones sustantivas. Para ello resulta indispensable una inversión de 232. 2 millones de pesos, que serán destinados a la adquisición de diferentes equipos necesarios para respaldar la calidad y la evolución de los procesos educativos? y de investigación, así como para reemplazar bienes y recursos obsoletos, indispensables para la docencia, la investigación, la extensión y la administración, tales como equipo informático; de talleres y laboratorios; de espacios deportivos y culturales; mobiliario e instrumental médico; vehículos para la realización de prácticas escolares; equipos para la consolidación del Campus Virtual Politécnico, así como el equipamiento de los centros diseñados para promover y fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social.

Becas y apoyos. Capítulo 7000. En el marco de criterios de equidad, el Instituto Politécnico Nacional desde su creación otorga becas a estudiantes destacados que las requieren para continuar y concluir sus programas de estudio, así como a los recursos necesarios para consolidar la vinculación académica con los diferentes sectores, a través de las prácticas escolares, plantea necesidades adicionales del orden de 173 millones de pesos, indispensables para continuar apoyando a los 21 milo 632 estudiantes que hoy gozan de estos apoyos.

En síntesis, el Instituto Politécnico Nacional es hoy una institución estratégica del Estado mexicano, que asumiendo compromisos sustantivos con los sectores sociales a los que desde su origen ha brindado servicios educativos y de investigación, requiere hacer congruentes sus recursos con las demandas que la conducción de sus funciones sustantivas plantean, para consolidarse como la institución rectora de la educación superior tecnológica, comprometida desde hace 70 años con el proyecto de desarrollo nacional.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

De financiamiento para la educación media y superior del Instituto Politécnico Nacional

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2007, una asignación de 8 mil 927.8 millones de pesos para el financiamiento de la educación media y superior del Instituto Politécnico Nacional, lo que representa un incremento de mil 807 millones de pesos respecto del ejercido en 2006.

Señor Presidente, solicito a usted que la presente propuesta con punto de acuerdo, sea turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos para su trámite, asimismo se inserte integramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS DESTINADOS A CREAR LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA ESCLARECER LOS DELITOS RELACIONADOS CON ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Las suscritas, diputadas federales integrantes de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentan punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Todos estamos de acuerdo en que debemos superar la inequidad, la desigualdad y la pobreza prevaleciente en el país, ello es una tarea impostergable y es punto en el cual la confluencia política debe seguir trazando posibilidades, fundamentalmente cuando nos referimos al fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia, en este sentido, debemos dar pasos firmes, paulatinos, aunque en ocasiones modestos para que las miles de mujeres desde sus distintas trincheras continuemos construyendo una sociedad igualitaria, como en su momento sucedió con la creación de la Comisión Especial para el Esclarecimiento de los Feminicidios en Ciudad Juárez, esfuerzo que dio resultados pero no los suficientes, porque se requirió redoblar esfuerzos para continuar innovando organismos funcionales para una procuración de justicia eficiente y expedita.

Un importante paso es el gestado durante la LIX Legislatura, que influyó para que el abogado de la nación se sensibilizara ante la demandante exigencia de atender los lamentables efectos que causa la violencia cíclico cultural contra las mujeres, resolviendo concienciar este juicio de reproche mediante el acuerdo número A/003/06 de fecha 19 de enero del año en curso que determinó crear la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país.

Los planteamientos anteriores, abrieron caminos para iniciar una nueva etapa en la procuración e impartición de justicia, para las mujeres, un nuevo ciclo que fortalece a las instituciones creadas en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, como sucedería con la trasformación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País por una Fiscalía Especializada.

Recordemos que el deber legal de la representación social es legitimarse a través de una eficiente labor de investigación y persecución de los delitos con una trabajo serio y comprometido con la sociedad cansada de sufrir la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas que causan daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico en los ámbitos públicos y privados, pero es importante valorar que si bien es cierto la Fiscalía Especial ha realizado un loable esfuerzo en los once meses de su vigencia, los mismos son minúsculos ante la injustificada carencia de facultades plenas para luchar con infraestructura, equipo cualitativo, insumos, capital humano y económico necesarios para convertir su actividad en oportuna.

La creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres actualmente surge como una estrategia para el cumplimiento de una misión con visión de profesionalismo para dar mayor eficacia a la demostrada por la Fiscalía Especial, relativa al ejercicio de la facultad de atracción de los delitos del orden común, coordinar el desarrollo de y cumplimiento de las funciones de las unidades que la integran, mantener la interrelación con las áreas de la propia Procuraduría General de la República, emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento de la fiscalía, fortalecer la cooperación con los órganos de investigación de las entidades federativas, nombrar a los servidores públicos para el adecuado cumplimiento de su encomienda, implica el fomento de una política de Estado que deben los Ministerios Públicos resolver, sin contar hasta esta fecha con una adecuada capacitación sobre el esclarecimiento de conductas típicas con perspectiva de género, suficientes para garantizar la atención con calidad y calidez a las victimas, y no sólo eso sino vigilar la integración de la enseñanza a los agentes investigadores para el debido cumplimiento a la obligación establecido en el artículo 20, inciso B de la Carta Magna, relativo al debido fomento de la reparación del daño, desde el momento de la integración de la averiguación previa y hasta el momento en que el Juez de la causa declare la sentencia definitiva en autoridad de cosa juzgada.

Los representantes populares estamos obligados a responder día con día al mandato conferido por nuestros electores, luchando por alcanzar el ideal de país ajeno a la violencia contra las mujeres por una democracia sustantiva que con perspectiva de género eduzca los casos de actos reprobables como el tráfico de mujeres, de sus órganos, la violación y tortura, cuyos elementos indispensables para resolver estos ilícitos exige contar con una fiscalía debidamente integrada por personal capaz de comprender el reto que implica enfrentarse a casos de víctimas impelidas a proporcionar la información indispensable para acreditar el cuerpo del delito, sin dar lugar a continuar con viejas prácticas que debemos erradicar con firmeza: la exclusión, la falta de oportunidades, la discriminación y el maltrato; con lo cual, el acceso a la justicia para las mujeres víctimas y la sociedad agraviada, será un ideal ajeno a las dificultades y complicaciones que día a día restan calidad moral a nuestras instituciones.

Todos sabemos de la importancia del personal técnico en la delicada función de esta naturaleza, de ahí la necesidad de incorporar Peritos Especializados en la Materia, mujeres forenses, psicólogos, psiquíatras, sociólogos y trabajadoras sociales, que brinden una asistencia oportuna y profesional en la declaración preparatoria y determinen con precisión los delitos y actos de violencia contra las mujeres a fin de erradicar paulatinamente la violencia de género y fomentar una sociedad más sensible al respecto, lo cual es posible dotando a la actual Fiscalía, como hemos dicho, de un área de investigación que integre y coordine a los profesionales antes citados, con el objetivo de cubrir en el ámbito nacional la protección de las mujeres.

En verdad, es indispensable brindar al órgano responsable de la procuración de justicia los estudios técnicos especializados en violencia de género, que son determinantes cuando se pretende implementar políticas públicas y sociales, que corrijan las atrofias sociales que fomentan los procesos cíclicos de violencia hacia las mujeres, a partir de lo cual, se hace indispensable formar un Centro de Análisis y Estadística, que elabore registros desde la Fiscalía de mujeres, niñas y niños ausentes y desaparecidos a fin de establecer, el encuadramiento jurídico del delito en forma expedita y se conozcan los datos reales en este sentido.

Otros aspectos en los cuales se debe profundizar, son los relacionados con los asesinatos, las desapariciones, la trata, la prostitución forzada, la violencia familiar, la explotación y cualquier otra forma de violencia contra niñas y mujeres, a fin de terminar con la información disfuncional, situación que con la estructura de la Fiscalía Especial vigente se ha impedido su realización debido a la falta de instrumentos y medios necesarios para lograrlo.

Contar con datos veraces permitirá el esclarecimiento de la violencia feminicida, acabar con la impunidad que la caracteriza y así hacer realidad el ideal de nuestra Constitución, el de la impartición de justicia. Por ello, es importante conocer las causas, los tipos de violencia, sus mecanismos sociales, culturales y jurídicos, para poner en marcha políticas de gobierno tendientes a prevenir, atender y sancionar estos delitos.

A pesar del grave problema de la violencia contra las mujeres y de la obligación de parte de las instituciones de satisfacer la demanda social de dar solución a los feminicidios, nos indica que no ha sido fácil convencer a sus titulares, ya que algunas autoridades continúan reaccionando con resquemor, desconfianza, con demora, burocratismo y hasta con rechazo a la visión de género, más por su desconocimiento que por falta de sensibilidad, para dar solución a los asesinatos de niñas o mujeres en todo el país.

Esta fiscalía especializada será fundamental para apreciar el acuerdo y entendimiento con los poderes de la Unión, las instituciones y las organizaciones sociales con el Ejecutivo Federal y así dar una respuesta más firme y sólida a la violencia contra las mujeres. El reto en sí mismo, está en que el feminicidio, ha rebasado a la sociedad y no se ha podido detener dada la falta de coordinación de las distintas instituciones en los distintos niveles de gobierno.

En este acuerdo de objetivos en común, se conjuga la idea de un nuevo pacto entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a fin de evitar el colapso del Estado de Derecho en la materia, no sin antes impulsar la convergencia de criterios jurídicos a lo largo y ancho de la nación, para lograr la colaboración estrecha entre las distintas instituciones de seguridad pública del país, para prevenir, atender, perseguir, sancionar, procurar justicia y erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños.

Por lo anterior, de conformidad con los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Bajo esta perspectiva, las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, las diputadas que aquí suscriben tienen a bien presentar el siguiente punto de acuerdo:

Las suscritas, diputadas federales en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos proposición con punto de acuerdo para crear y dar continuidad a la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, de conformidad con los siguientes

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que esta soberanía contemple en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, la creación de la fiscalía especializada para esclarecer los delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LOS PENSIONADOS POR INVALIDEZ MENORES DE 60 AÑOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad social tiene gran importancia para el desarrollo del país, ya que garantiza el derecho a la salud, a la asistencia medica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Esto, lo establece la Ley del Seguro Social, la cual a su vez, esta fundamentada por el artículo 123 de nuestra Constitución que establece que dicha Ley deberá comprender seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares.

En atención a este mandato constitucional, el Instituto Nacional del Seguro Social busca atender las necesidades públicas de salud tanto de los que se encuentran en activad como de los pensionados, sin embargo, el Instituto se ha visto frenado dada la situación financiera por la que atraviesa actualmente.

Esto nos adentra a la problemática que actualmente presenta el Instituto con la calidad y cobertura de servicios para aquellos mexicanos que solicitan asistencia y apoyo. Hoy, en particular hago mención de los miles pensionados por invalidez que solicitan que se atiendan las necesidades que actualmente demandan y que buscan un trato justo y equitativo en cuanto a la distribución del apoyo económico que reciben.

El número total de derechohabientes del IMSS al mes de diciembre del 2005 fue de 43 millones 893 mil 165 personas, cifra que por sí misma nos da una idea de la magnitud del problema para brindar atención a un gran porcentaje de la población nacional.

Como podrá observarse en los artículos 581 y 141,2 las pensiones otorgadas son considerablemente bajas, lo que prohíbe a los pensionados a, por lo menos, mantener un estilo de vida decente.

Esta claro que, las personas que son objeto de alguna incapacidad física, además de que se les impide obtener un trabajo remunerado para solventar las necesidades vitales tanto de ellas como de la familia misma, también deben luchar en contra de una serie de discriminaciones sociales y prestación de servicios.

Todos estamos enterados de los problemas financieros que presenta actualmente IMSS y debemos tratar el tema con delicadeza y profundidad. Es así que el Instituto, a medida que pasa el tiempo, tendrá que llevar a cabo esfuerzos administrativos para el pago de pensiones, de tal forma que se dispondrá de menores recursos cada vez para la prestación de otros servicios, por lo que resulta fundamental dotarlo de mayores ingresos, y que el Presidente de la República canalice más fuentes de ingresos para otorgar suficientes recursos para mejorar la calidad y la prestación de servicios de esta Institución.

Las recientes reformas vistas a la Ley del Seguro Social en materia de pensiones incrementaron los ingresos otorgados a los jubilados por vejez, así como a los pensionados por invalidez mayores de 60 años, pero se mantiene ajenos de los pensionados por invalidez que cuentan con menos de 60 años, los cuales también presentan con incapacidades físicas para laborar.

La seguridad social en México cuenta con una cobertura limitada, particularmente en lo que se refiere a las pensiones por invalidez. Esta baja cobertura limita el papel de la seguridad social que brinda el Estado y reduce los mecanismos para lograr la equidad y reducir la pobreza.

Las personas que reciben una pensión por invalidez tienen pocos derechos. Por ello, debemos proveerlos de mayor asistencia y estímulos económicos, para con ello saldar una deuda histórica ante quienes con su trabajo expusieron su integridad física y mental por sacar adelante a nuestro país.

Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno, conforme a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a permitir que a los pensionados por invalidez menores de 60 años se les consideren recursos dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2007.

Notas:
1 El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero:
Fracción II. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al setenta por ciento del salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. En el caso de enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio del salario base de cotización de las cincuenta y dos últimas semanas o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor para determinar el monto de la pensión. Igualmente, el incapacitado deberá contratar un seguro de sobre vivencia para el caso de su fallecimiento, que otorgue a sus beneficiarios las pensiones y demás prestaciones económicas a que tengan derecho en los términos de esta ley.

2 La cuantía de la pensión por invalidez será igual a una cuantía básica del treinta y cinco por ciento del promedio de los salarios correspondientes a las últimas quinientas semanas de cotización anteriores al otorgamiento de la misma, o las que tuviere siempre que sean suficientes para ejercer el derecho, en los términos del artículo 122 de esta Ley, actualizadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, más las asignaciones familiares y ayudas asistenciales.
En el caso de que la cuantía de la pensión sea inferior a la pensión garantizada, el Estado aportará la diferencia a fin de que el trabajador pueda adquirir una pensión vitalicia.
En ningún caso la pensión de invalidez, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, podrá ser inferior a la pensión garantizada establecida en el artículo 170 de esta ley.

Diputado José Inés Palafox Núñez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA AGAVE MEZCAL, A CARGO DEL DIPUTADO BENJAMÍN HERNÁNDEZ SILVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos diputados Susana Monreal Ávila y Benjamín Hernández Silva, integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se le destinen y etiqueten 350 millones de pesos al fortalecimiento de la cadena productiva agave mezcal, bajo los siguientes

Considerandos

México es el lugar de origen y evolución del maguey-mezcal, desde los primeros pobladores ha sido utilizado como alimento, bebidas como el mezcal, pulque y tequila, fibras y medicamentos. El maguey se ha reportado en América con 310 especies, de las cuales en México existen 272, por ello es considerado como el centro de origen.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994 Mezcal, es una bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves, previamente hidrolizados o cocidas, y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido, para el caso del mezcal tipo II, con hasta 20% de otros carbohidratos en la preparación de dichos mostos. El mezcal es un líquido de olor y sabor sui géneris de acuerdo a su tipo, incoloro o ligeramente amarillento cuando es reposado o añejado en recipientes de madera de roble blanco o encino, o cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo.

El mezcal se puede elaborar con los agaves de las siguientes especies: Angustifolia Haw, Esperrima jacobi, Weberi cela, Patatorum zucc, Salmiana Otto, Karwinskii y otras especies de agave, siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para otras bebidas con denominaciones de origen dentro del mismo estado.

El cumplimiento de la NOM establece que las materias primas e ingredientes deben ser de calidad sanitaria y deben aplicarse buenas técnicas higiénicas y de destilación que aseguren que el producto es apto para el consumo humano.

La denominación de origen mezcal comprende los estados de Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas y San Felipe Guanajuato.

En el territorio de la denominación de origen mezcal se registran alrededor de 30 mil productores, con 50 mil hectáreas establecidas y 170 mil en poblaciones naturales, que generan 5,270 empleos al año, e ingresos por el orden de los 1,700 millones de pesos.

En la zona de denominación de origen se cuenta con 625 fábricas, las condiciones socioeconómicas de los productores primarios y productores de mezcal incorporadas a la zona de denominación tienen un común denominador se trata de poblaciones de alta y muy alta marginalidad; las áreas donde se desarrolla la actividad mezcalera por lo general son marginales, como ejemplo la región mezcalera de Oaxaca es predominante por la presencia de población indígena como los: chontales, mixtecos y zapotecos.

La mayoría de los productores de mezcal carece de tecnología moderna, obteniendo el mismo de manera artesanal, mediante procesos poco eficientes. La producción de mezcal está muy dispersa, en la práctica, varios productores de mezcal abastecen envasadoras. Existen 80 envasadoras que manejan 130 marcas de mezcal, las cuales envasan alrededor de 8 millones de litros anuales.

Los costos de producción del cultivo agave son altos. En un ciclo completo de 8 años varían entre 40 mil y 250 mil pesos la hectárea, de acuerdo a la región de que se trate, paquete tecnológico que se aplique y tipo de agave. La producción por hectárea es cercana a las 135 toneladas de materia prima y 17 mil litros de producto. Los costos de producción de mezcal a granel también varían en función del tamaño de la fábrica y del grado de tecnificación de la misma, en promedio es de 35 pesos por litro. Los rendimientos tienen que ver con la riqueza de azúcares del agave y del aprovechamiento de estos en los procesos de cocimiento, fermentación y destilación.

Por ello en octubre de 2004, se creo el Comercam, organismo de certificación acreditado por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, para evaluar la conformidad de la NOM-070- Bebidas Alcohólicas Mezcal Especificaciones, la misma exige el certificado vigente en el envasado, etiquetado para la comercialización del mezcal. Lo anterior incluye un esquema de prueba de laboratorio y la vigilancia en todo proceso de producción, de lo contrario el producto no podrá comercializarse ni salir del país. El mezcal tiene un reconocimiento y aprecio por parte de los consumidores europeos, asiáticos y estadounidenses, por lo que esta certificación garantizará la calidad y origen del producto, para su comercialización en el mercado nacional e internacional.

Actualmente la cadena productiva agave-mezcal se ha contraído, los productores de agave atraviesan por serios problemas de comercialización de su materia prima, ya que los precios se han desplomado hasta en menos de un peso por kilogramo, cuando en años anteriores estos eran hasta de 14 pesos. Mucho del agave no tiene salida de comercialización, ni se industrializa por la falta de infraestructura para éstos propósitos, por lo que el esfuerzo y la inversión de los productores corre el riesgo de perderse y de que se abandone esta actividad.

Cabe mencionar que a la cadena productiva agave-mezcal, se le destinaron 99 millones de pesos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, de los cuales el Ejecutivo federal solo le destinó 66 millones de pesos, posteriormente en el PEF 2006 se le volvieron a etiquetar recursos a esta cadena productiva por 100 millones de pesos y solamente fueron liberados 43 millones de pesos, quedando así, proyectos sin apoyarse, situación que repercutió en la falta de atención al fortalecimiento a la planta productiva, para atender la demanda de agroindustrialización de la materia prima disponible en cada uno de los estados con denominación de origen mezcal, en grado extremo de madurez, a pesar de que los productores tienen proyectos por arriba de los 400 millones, ello demuestra que lo que se ha aprobado ha sido insuficiente para atender los proyectos.

Cabe señalar, que esta cadena productiva fue reconocida por el ejecutivo federal y la representa el Consejo Mexicano de Productores de Maguey Mezcalero, constituido por cada uno de los consejos estatales y que cuenta también con un diagnóstico y plan rector para el ordenamiento de la cadena productiva en el campo mexicano.

Hago un llamado respetuoso a las diputadas y los diputados, para que aprobemos recursos en el presupuesto 2007, para que sean orientados a la cadena productiva agave-mezcal, de los cuales dependen miles de productores de muy bajos ingresos.

Por lo anterior mencionado, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para Ejercicio Fiscal 2007, se destinen 350 millones de pesos al fortalecimiento de la cadena productiva agave-mezcal en acciones de fortalecimiento a la agroindustria, promoción y comercialización del mezcal en los mercados nacionales e internacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2005.

Diputados: Susana Monreal Ávila, Benjamín Hernández Silva, Othón Cuevas Córdova, Carlos Martínez Martínez, Daysi Selene Hernández Gaytán, Carlos Altamirano Toledo, Daniel Dehesa Mora, Raymundo Cárdenas Hernández, Amador Campos Aburto, María Soledad López Torres, Joaquín de los Santos Molina, Jorge Toledo Luis, José Murat, César Duarte Jáquez (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EL DESARROLLO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALBERTO AMADOR LEAL, MARIO MENDOZA CORTÉS Y WENCESLAO HERRERA COYAC, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, en uso de las facultades que nos otorgan los artículos 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del Congreso de la Unión, presentamos ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo para el desarrollo del municipio de Tlacuilotepec perteneciente al estado de Puebla, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El municipio de Tlacuilotepec es uno de los 35 municipios que integran la Sierra Norte de Puebla, una de las zonas que por los índices de marginación y aislamiento físico es considerada como de atención prioritaria. Herederos de una tradición de lucha, forjada en la fuerza de las tradiciones y de la cultura indígena y de un mestizaje, arraigado en los principios liberales; los hombres y mujeres de la Sierra Norte de Puebla han dado una lucha histórica ejemplar, la mayor de las veces librados a sus propias fuerzas, para transformar de manera consistente la compleja realidad local.

La economía del municipio se ha sustentado históricamente, en la producción agrícola, de ganado, de café y de otros productos frutícolas. La población disminuyó al pasar de 17 mil 764 habitantes en el año 2000 a 16 mil 797 en el 2005, de los cuales más del 50 por ciento pertenecen orgullosamente a las comunidades indígenas totonacas y náhuatl.

En 1983 se dio un paso importante con la apertura del camino de terracería del municipio de Pahuatlán a la cabecera municipal de Tlacuilotepec. En 1985, Luís Donaldo Colosio siendo director general de Desarrollo Regional de la SPP promovió la extensión de esta carretera hasta el municipio vecino de Tlaxco, también del estado de Puebla, y por la parte baja la carretera embalastrada de la Ceiba municipio de Xicotepec a San Pedro Petalacotla; lo que detono el desarrollo de esta micro-región aparejado al auge de la producción cafetalera. Debe destacarse que la geografía del municipio es particularmente complejas ya que las comunidades de la parte alta, y de la propia cabecera municipal, están asiladas de las comunidades de la parte baja, en las que se concentra la mayor parte de la población, lo cual reclama un doble esfuerzo de inversión sobre todo en lo que concierne a la construcción y pavimentación de carreteras.

Con Solidaridad, se avanzo en la ampliación de la red caminera, incluyendo la apertura de carreteras de terracería a las principales comunidades como Cuatepec, Papalotipan, Plan de Ayala, el Zacatal; al tiempo que se ampliaron los sistemas de agua potable, salud y educación. En 1998 se introdujo el Progresa, y se iniciaron obras en la mayor parte de las comunidades a través del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (Fism) del denominado Ramo 33, que en ese año fue descentralizado a los municipios.

Recientemente, con inversión Fism y el Programa de Infraestructura para el Bienestar de los Pueblos Indígenas (Pibai), se inició la pavimentación del tramo Pahuatlán-Tlacuilotepec. Al mismo tiempo el gobierno del estado ha promovido la expansión del sistema educativo y obras de agua potable. En tanto que el Programa de la alianza para el campo mantiene una presencia, que no contenido la contracción económica derivada de la caída de los precios del café, lo cual se refleja en signos crecientes de migración laboral, incluso a EUA.

En el periodo 2000-2005, el número de viviendas con piso de tierra se redujo del 75 al 46 por ciento; con agua potable del 42 al 46 por ciento; con drenaje del 23 al 45 por ciento y la cobertura de energía eléctrica del 80.9 al 93 por ciento; al tiempo que descendió ligeramente el analfabetismo.

Actualmente el municipio enfrenta nuevos retos, es necesario replantear la estrategia de desarrollo para recuperar el crecimiento y el empleo, al tiempo que se sostiene el esfuerzo en materia de educación (particularmente en materia de y salud y se termina el rezago de agua potable y drenaje.

El ramo 33 transferido al municipio es ya insuficiente para enfrentar estos retos. Ejemplo de ello es el proyecto de pavimentación del tramo La Ceiba-Tlacuilotepec-Tlaxco, proyecto que ha sido pospuesto, al ser excluido en dos ocasiones del Programa Indígena(Pibai), no obstante que el gobierno del municipio cuenta ya con el proyecto validado por las autoridades normativas del estado y por la federación.

El pasado 28 de octubre realizamos un foro sobre el Pibai en el municipio de Huauchinango, en el que participaron miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara, representantes del gobierno del estado y de la CDI, así como los presidentes municipales y representantes de las comunidades.

A su vez se han realizado dos reuniones una en San Pedro Petlacotla y otra en Papalotipan, en donde las comunidades han reiterado la justa exigencia de la pavimentación de este camino, que después del periodo de lluvias se encuentra en situación francamente desastrosa e intransitable. El contraste será mayor, en los siguientes meses cuando se construya el tramo correspondiente a la autopista México-Tuxpan, próximo a concluir.

La Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas que recién concluyo su encomienda y los gobiernos del estado de Puebla y del municipio han priorizado ya este proyecto para el 2007. No obstante, el Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, considera la reducción de la inversión de aproximadamente 4 mil 500 millones al cierre del 2006 ha 2 mil 300 para el 2007. De modo que es apremiante que la nueva administración federal tome conciencia de la urgente necesidad de esta obra y ratifique su inclusión en el ejercicio del 2007, tal y como estaba programado.

Es por estas razones que proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Para el Desarrollo del municipio de Tlacuilotepec perteneciente al estado de Puebla.

Primero. Se exhorta a los gobiernos federal y del estado de Puebla, para que en el desempeño de las facultades concurrentes que les son propias, apoyen el desarrollo del Municipio de Tlacuilotepec, para impulsar una estrategia de crecimiento económico y bienestar, que permita superar los problemas estructurales de este municipio.

Segundo. Que, en este contexto, se ratifique la inclusión de la pavimentación de la carretera La Ceiba-San Pedro Petlacotla-Tlaxco en el Pibai, en el ejercicio del 2007.

Diputados: Alberto Amador Leal, Wenceslao Herrera Coyac, Mario Mendoza Cortés (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE DESTINEN RECURSOS PARA EL AUMENTO DE LAS PRESTACIONES, LA CAPACITACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE ASCENSOS DE LAS MUJERES MILITARES DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, interesada en que el gobierno federal demuestre su reconocimiento y apoyo financiero a las mujeres militares, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

El adecuando funcionamiento de las instituciones de la administración pública en México, es una problemática de Estado, el cual debe fungir como detonador de la equidad en todos los espacios de las dependencias para lograr consolidar un régimen democrático republicano, para ello debemos romper con viejas ideologías y creencias, que impiden el desarrollo de la garantía de igualdad establecida en el articulo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de la vida castrense.

Día con día, las mujeres hemos conquistado importantes espacios en la vida política, social, cultural, económica, académica e intelectual de la sociedad a nivel nacional e internacional, que de ningún modo constituyen ayudas, atenciones o reconocimientos a nuestra participación política responsable, más bien, responde a una labor comprometida de efectos reales y positivos, que de ningún modo se ha logrado ampliar al terreno de las fuerzas armadas mexicanas.

Desde la promulgación de nuestra Carta Magna, las corporaciones militares del país, fijaron las bases elementales para la institucionalización de la Universidad de Guerra, que dio lugar a la legión de honor para academizar la formación de los miembros activos al servicio de México, evidenciando una naturaleza inminentemente dirigida a los varones; no obstante que la presencia histórica de la mujer, ha cobrado un gran trascendencia en los movimientos armados, en la creación de políticas de defensa nacional, en la armada naval, y en general el manteamiento de la paz y la soberanía nacional. La independencia y la primera revolución del siglo XX, son impensables sin la presencia de mujeres que ofrendaron su vida por un país independiente y más justo.

Por tanto, en la actualidad, sería una injusticia pensar que estos grandes acontecimientos históricos, se hayan construido solo con el esfuerzo del género masculino.

Tradicionalmente, los beneficios en estímulos económicos, únicamente se habían destinado para las prestaciones de viudas o familiares de los hombres militares, como quedó demostrado ya en la legislatura pasada con la aprobación a las reformas de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, cuyo espíritu busca favorecer a las mujeres militares en activo a fin de hacerlas parte de una política de Estado incluyente, que reconozca sus méritos en igualdad y equidad, dentro de las fuerzas armadas.

Las mujeres militares tienen el derecho que la Constitución, las leyes y los reglamentos respectivos les otorgan a un salario digno, prestaciones, permanencia en el trabajo, estabilidad de residencia y ascensos en igualdad como sus compañeros lo tienen, solo así su sacrificio y entrega a la nación, se verá recompensando, ya que cada día ponen en riesgo su vida misma.

Lo anterior es importante para consolidar y fortalecer los derechos militares de las mujeres, por ello instamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica a darse cuenta de la obligación que desde el orden legislativo hemos contraído con las mexicanas responsables de destinar su vida al servicios de las fuerzas castrenses de manera comprometida, responsable y entregada a la lucha contra el narcotráfico, la defensa de la soberanía, la inviolabilidad de la jurisdicción nacional, el clima de civilidad en las regiones del país y el goce de los derechos de toda la población. En concordancia al decreto del ejecutivo, concerniente a fortalecer a los cuerpos y tropas militares de la Fuerza Aérea, Naval Mexicana y Armada de México.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a esta soberanía, de urgente y obvia resolución, a destinar en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes para el aumento de las prestaciones, la capacitación y la promoción de ascensos a las mujeres militares de México.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS DESTINADOS AL FONDO PARA PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LOS HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado Jorge Quintero Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a valorar la asignación de recursos anuales, tendientes a formar parte del Fondo para Pensiones de los Trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, al tenor de la siguientes

Consideraciones

I. Que los hospitales civiles de Guadalajara son organismos públicos descentralizados (OPD), cuya misión es brindar servicios integrales de salud hospitalaria de segundo y tercer nivel, fundamentalmente a la población que no pertenece a ningún régimen de seguridad social, buscando en la prestación de servicios la generación de conocimientos y la formación de recursos humanos de excelencia en las ciencias de la salud, ya que son hospitales escuelas.

II. Que la visión de dichas instituciones es la de conformarse en centro asistencial de referencia hospitalaria de segundo y tercer nivel, otorgando servicios de salud oportunos, con calidad y eficiencia. Ser hospital-escuela líder y de vanguardia en la enseñanza e investigación que impulse en nuestro estado una nueva cultura para la salud.

III. Que actualmente en los dos hospitales civiles de Guadalajara existen más de 6 mil 200 trabajadores sindicalizados, a parte los trabajadores eventuales. Y se da el caso que desde que los hospitales se convirtieron en OPD, la planta médica no ha aumentado en los últimos años, y en cambio la planta administrativa ha crecido exponencialmente lo cual ha afectado la cobertura de la demanda de servicios médicos de la población no sólo del estado de Jalisco, sino también de la región de influencia, pues los pacientes vienen de todos los estados vecinos.

IV. Que los trabajadores de esta institución aportan el 5 por ciento para sus jubilaciones sobre el salario nominal, y no sobre sus percepciones totales (salarios más prestaciones), tal y como lo establece la Ley de Pensiones del estado de Jalisco. Ello ha resultado en tres fenómenos negativos para los trabajadores que cotizan para Pensiones del estado: primero, que se está acumulando monto de recursos insuficientes para las jubilaciones de los propios trabajadores; segundo, que el monto de la jubilación resulta ser muy inferior al salario promedio último de trabajo en que cotizan los trabajadores.

V. Que en 1998 Pensiones del Estado de Jalisco difundió una circular a todas las instituciones públicas del Gobierno de Jalisco en donde se les exigía, de acuerdo a la Ley, que cotizarán las deducciones por concepto de jubilaciones sobre el salario real de los trabajadores (salario más prestaciones). Exigencia que sólo cumplieron pocas dependencias, entre ellas el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

VI. Que los hospitales civiles de Guadalajara actualmente sólo cotizan 20 millones de pesos anuales a Pensiones del estado. Cuando el total deberían de ser 57 millones de pesos anuales. De allí un faltante total de 37 millones de pesos para el concepto de jubilaciones.

VII. Que la comisión de Hacienda del Congreso del estado de Jalisco planteará ante el Pleno la asignación de 10 millones de pesos para el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2007 por concepto de fondos a las jubilaciones de los trabajadores de los hospitales civiles de Guadalajara.

VIII. Que los hospitales civiles de Guadalajara se comprometen a canalizar 10 millones de pesos anuales para los fondos de jubilaciones de sus trabajadores, si el Congreso del estado aporta otros 10 millones anuales. Con ello, los trabajadores necesitarían a portar los otros 17 millones de pesos restantes anuales.

IX. Que con el fondo de 37 millones se puede subsanar los problemas a los que se enfrentarán actualmente un total de 200 trabajadores susceptibles de jubilarse, permitiéndoles una jubilación digna para ellos y sus familias, y en recompensa a todo el gran servicio y trabajo humanitario que prestan en esta institución pública.

X. Que actualmente se encuentran casos de personal que tiene más de 30 años de trabajo en los hospitales civiles y siguen laborando hasta prácticamente "morir" en el mismo hospital. Pero el problema de las jubilaciones los ha orillado a asumir esta estrategia de sobrevivencia, pues prefieren seguir trabajando, pese a su salud y edad, a empezar a recibir una jubilación 50 por ciento menor a su salario actual; lo cual impacta negativamente en su nivel de vida de ellos y sus familiares.

XI. Que dadas las condiciones de ingresos de los trabajadores no es posible que ellos reúnan tal cantidad. Además ello significaría una doble deducción a sus salarios por concepto de jubilaciones, lo cual resulta ser toda una injusticia. Los trabajadores no tienen que absorber este déficit de recursos.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Único. El suscrito exhorta a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Asamblea a analizar y valorar la posibilidad de asignar anualmente recursos, y a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, por un monto de 17 millones de pesos en concepto de aportación para el fondo de pensiones de los trabajadores de los hospitales civiles de Guadalajara.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre del 2006.

Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS Y RURALES DE TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO SÁNCHEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal, Francisco Sánchez Ramos, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, según los sucesivos.

Considerandos

La carencia en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento es un indicador que está relacionado directamente con un bajo nivel de vida. El Estado debe proveer un marco de desarrollo que incluya un medio ambiente saludable como elemento esencial del bienestar humano.

El informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que el gran problema de nuestro continente son las aguas residuales. El mismo informe dio a conocer que sólo el 30 por ciento de las aguas residuales son tratadas con procesos adecuados.

Si se considera que el 60 por ciento de la población de Latinoamérica vive en zonas costeras, y que la mayor parte de sus desechos desembocan en el mar sin ningún tipo de tratamiento, no es de extrañar que el dengue, el paludismo y las diarreas sean enfermedades comunes.

Otra problemática es que únicamente el 30 por ciento del agua en México es de buena calidad.

El agua es el elemento que permite sostener adecuadamente los tres factores críticos del desarrollo: el social, el económico y el ambiental, sin embargo la ausencia de infraestructura, de los servicios o acceso al suministro de agua potable y la carencia de drenaje, impiden erradicar las muertes por agua contaminada, sostener la biodiversidad de los ecosistemas y el desarrollo de las comunidades poniendo freno al progreso.

En el municipio de Huimanguillo, Tabasco la escasez en el suministro de agua se presenta en la cabecera municipal y en la zona costera.

La cabecera municipal es la ciudad de Huimanguillo que tiene una población de 32,113 habitantes y además está conformado por 3 villas, 18 poblados, 26 colonias agrícolas, 42 rancherías y 106 ejidos. Su extensión es de 3,757,59 km², los cuales corresponden al 15.35% del total del estado. Esto coloca al municipio en el primer lugar en extensión territorial en el estado.

La cabecera municipal se encuentra franqueado por dos caudales de gran importancia; el río Mezcalpa, que corre por la parte oriental del municipio y pasa a un costado de la cabecera municipal y el Tancochapa que luego toma el nombre de Tonalá, que corre por su parte occidental, sirviendo de límite entre los estados de Tabasco y Veracruz. A pesar de ello sólo 12,986 viviendas cuentan con agua entubada que es suministrada por 3 pozos profundos con un volumen de extracción de 18,534 lt/s, que resultan insuficientes.

En el ejido El Paraíso se encuentra abandonada desde el 2001 la obra de la planta potabilizadora y el equipo de bombeo y filtración, toda vez que el presupuesto destinado para su construcción, de 3 millones de pesos, fue insuficiente para concluirla. Esta planta pudo haber solucionado la carencia del vital líquido a los ejidos circunvecinos y en Villa la Venta, donde los dos pozos que existen no cubren la demanda de agua debido a la falta de presión. Asimismo, la obra hubiera permitido a los habitantes locales y de los ejidos La Ceiba, El Paraíso, Aquiles Serdán y el sector Ruiz Cortines recibir en sus hogares agua tratada químicamente para ser consumida sin ningún riesgo.

En Cárdenas la carencia de agua para beber se debe tanto a la falta de inversiones en el sistema de abasto de agua como a la falta de mantenimiento.

La planta potabilizadora de agua construida en el ejido Paso y Playa hace poco mas de seis años, con capacidad para abastecer 500 litros por segundo no pudo resolver el problema de abasto, toda vez que la planta se encuentra subutilizada al 30 por ciento de su capacidad, ya que los embates de la presión inicial colapsaron las desvencijadas tuberías de la red de abasto municipal; provocando problemas de fugas en toda la ciudad, al grado que el 50 por ciento del agua del sistema de suministro se pierde dejando a miles de habitantes de las colonias populares sin el abasto del líquido.

Por lo anterior se diseñaron los siguientes proyectos que en primera instancia son los que aportarían beneficios a una mayor población. Proyecto FP-062 construcción de carcamo y línea de presión de descarga en la colonia CSAT por un monto de 2.4 millones de pesos en Cárdenas, Tabasco.

Construcción de planta potabilizadora para abastecimiento de la cabecera municipal en módulos de 250lt/seg por un monto de 35 millones de pesos en Huimanguillo, Tabasco.

Construcción y encauzamiento del drem emisor A, en villa estación Chontalpa, por un monto de 8 millones de pesos en Huimanguillo, Tabasco.

Construcción de planta de tratamiento para aguas negras de ciclo combinado de 18.5 lt/seg en la colonia Lázaro Cárdenas (para dar servicio a 7 colonias) de la Ra y Río Seco y Montaña por un monto de 7 millones doscientos mil pesos en Huimanguillo, Tabasco.

CN40 Proyecto de agua potable construcción de la red de alcantarillado sanitario que incluye pozos de visita, tubería de PVC serie 20 de 6 y 8 /diam. Pozo de visita, brocales y registro por u monto de 15 millones de pesos en Huimanguillo, Tabasco.

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara a que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 autorice una ampliación a los Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas [PROSSAPYS] y Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales [APAZU] de la delegación Tabasco con un 27.4% adicional al presupuesto otorgado en el 2006.

Diputado Francisco Sánchez Ramos (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CENTRALES DE ABASTO DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En nuestro país, los comerciantes micro, pequeños e inclusive los medianos, han visto disminuido su posicionamiento en el mercado debido, entre otras cosas, al incontenible avance de las grandes cadenas comerciales, a la falta de desarrollo y competitividad.

Como una parte de nuestras tradiciones, el comercio al menudeo de los productos agropecuarios se ha venido realizando a través de un esquema de venta muy antiguo y que por ello se conoce como comercio tradicional.

Este esquema utiliza básicamente cuatro formas de venta:

El mercado público, el mercado regional, los mercados sobre ruedas o tianguis y las centrales de abasto

Hasta la década de los 80 los supermercados se ubicaban de forma estratégica en áreas urbanas preferentemente en segmentos poblacionales con el alto y medio poder adquisitivo.

Sin embargo, en los años 90 el crecimiento de los autoservicios se presentó como un fenómeno comercial de expansión desmedido logrando un importante posicionamiento tanto en términos de ventas como en el número de establecimientos, basando este desarrollo en el entendimiento y respuesta que ofrecieron al crecimiento y exigencias de la sociedad.

Según algunos estudios del sector, se tiene identificado que algunas transnacionales controlan de forma íntegra el mercado de importaciones a nuestro país de los tres principales productos de consumo nacional: el maíz, el frijol y el sorgo.

La consecuencia directa de esto, en el mejor de los casos ha sido la afectación a los pequeños productores nacionales, pero en muchos de ellos ha sido la quiebra.

La sociedad de México y el mundo se encuentra en un permanente proceso de crecimiento, cambiando hábitos de consumo y exigiendo mayor calidad en los productos que adquiere.

De igual forma, que la demanda alimenticia ha crecido, las tiendas de autoservicio han asumido un papel de satisfactor, que no les corresponde si consideramos que en su mayoría están conformadas por capital extranjero. Por ejemplo, en la actualidad, prácticamente el 80% de las ventas de productos al menudeo en la Ciudad de México, esta controlado por este sector.

Los autoservicios son dueños de agresivas estrategias de comercialización y posicionamiento en el gusto del consumidor, lo que les ha permitido la creación de sus propios sistemas de acopio y distribución, encerrando en un callejón sin salida a los grandes centros de acopio, como son las centrales de abasto.

De continuar por este camino el sistema tradicional de ventas en áreas de subasta y distribución de hortalizas, verduras o frutas por fragmentos mayoristas tiende a desaparecer.

Algunos de los efectos directos en el sector son: infraestructura inadecuada, tecnología obsoleta, inocuidad inexistente, productos y servicios sin calidad y disminución dramática de ventas.

Hoy día, las centrales de abasto aún juegan un papel muy importante en nuestra sociedad, pues concentran a más de 27 mil comerciantes, generan más de 300 mil empleos directos y más de 800 mil empleos indirectos que representan la dependencia de cerca de 700 mil familias y manejan cerca del 80% del consumo nacional de frutas y hortalizas.

Por otra parte, no se puede dejar de considerar el derecho de alimentación de las personas y sobre la importancia de crear esquemas que permitan atender esta necesidad que nos incumbe específicamente a los mexicanos.

En suma, el sector se enfrenta a una compleja crisis ante el embate estratégico y de fuerte potencial económico y que resulta prioritario revertirlo. Si no se logra realizar la tarea de abasto racional y eficientemente, habremos fracasado en uno de nuestros más importantes objetivos, que es el apoyo al desarrollo social y seremos responsables de los efectos devastadores que esto conllevará en toda la estructura socioeconómica.

Por tanto, es indispensable incrementar de manera sustancial los recursos para las centrales de abasto, con el firme propósito de:

Impulsar la competitividad del sector abasto de México.
Modernizar su infraestructura y equipamiento.

Establecer importantes estrategias de posicionamiento en todos los segmentos y a todos los sistemas producto.
Impulsar y mejorar la cultura empresarial.

Crear nuevas alternativas de negocio.
Detonar igualdad de condiciones económicas para hacer frente a la competencia.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, una partida especial correspondiente a la Secretaría de Economía por un monto de dos mil millones de pesos con el objetivo de incrementar la infraestructura, apoyar con tecnología de punta y modernizar a todas las centrales de abasto del país.

Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA QUE LA CONAGUA REALICE DIVERSOS PROYECTOS EN LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS SILVIA OLIVA FRAGOSO, LOURDES ALONSO FLORES, EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ Y DAVID MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos diputados Silvia Oliva Fragoso, Lourdes Alonso Flores, Efraín Morales Sánchez y David Mendoza Arellano integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

Es una realidad para nosotros que la Zona Metropolitana del Valle de México constituye una de las metrópolis más grandes del mundo; su actividad cultural, económica, industrial y comercial originan que un enorme flujo de personas transiten día a día a lo largo de la ciudad y los municipios que la conforman, originando innumerables problemas para la población que ahí habita.

La Zona Metropolitana del Valle de México representa un cúmulo de necesidades, sin embargo, el abastecimiento de agua limpia de manera permanente, el desalojo de aguas negras, el aprovechamiento de las aguas pluviales, y el evitar inundaciones son temas que deben atenderse de manera prioritaria, principalmente en la zona oriente del Valle de México.

Esto lo podemos justificar en la enorme necesidad de los habitantes de la zona oriente del Valle de México de salvaguardar sus bienes, que no obstante la falta permanente de agua, en temporada de lluvias corren un enorme riesgo de sufrir inundaciones de hasta metro y medio del nivel de sus casas sufriendo severos deterioros en sus construcciones y muebles, sobretodo en colonias como U.H. La Colmena, Ermita Zaragoza, Santa Martha Acatitla, Santa María Aztahuacan, Juan Escutia, Ejército Constitucionalista, Unidad Vicente Guerrero, Renovación, Paraje Zacatepec entre otras, de la delegación Iztapalapa y municipios como Nezahualcóyotl, Chalco, o Los Reyes La Paz que por su ubicación geográfica padecen de manera conjunta esta problemática.

No es cosa menor atender la parte oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, la población que se vería beneficiada con la construcción de los colectores asciende a más de 200 mil personas. Es por ello que debemos reconocer nuestra obligación de garantizar la calidad de vida de estos habitantes, a través de una mayor captación de aguas pluviales mediante pozos de absorción y el desalojo de aguas negras que permitan dotar de este recurso a la población y evitar inundaciones como las que han padecido reiteradamente en los últimos años, en esa zona del Valle de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Se solicita que del presupuesto del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México del 2007, se asignen recursos para que la Comisión Nacional del Agua realice:

Primero. El proyecto y construcción del colector de alivio "John F. Kennedy" que cuenta con las siguientes características:
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR Y AMPLIAR EL TRAMO CARRETERO TIZAYUCA-GENERAL FELIPE ÁNGELES, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, presentado por el Poder Ejecutivo consideró recursos totales para el estado de Hidalgo por poco más de 15 mil millones de pesos.

La Cámara de Diputados de la pasada legislatura reasignó un total de más de 2 mil 500 millones de pesos para dicha entidad federativa, de los cuales mil 188 millones de pesos, correspondieron al gasto federalizado.

Dentro de estos recursos, se contemplaron 562 millones de pesos adicionales para el Programa Carretero.

Al considerar las ampliaciones anteriores, el estado de Hidalgo contó con aproximadamente 17 mil 500 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2006.

En el mismo sentido, para el Programa Carretero, dentro de los recursos adicionales para "Construcción y Modernización de Carreteras" se consideraron 228.2 millones de pesos, de los cuales 90.0 millones de pesos se destinaron al tramo Atotonilco el Grande-Mineral del Monte; 68.0 millones de pesos se destinaron al tramo Pachuca Cd. Sahagún; 50.2 millones de pesos para el tramo Ixmiquilpan- Portenzuelo y 20.0 millones de pesos para el tramo Pachuca-Tulancingo.

Sin embargo, el estado de Hidalgo necesita de la construcción ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Tizayuca-General Felipe Ángeles con el propósito de reducir el tiempo de traslado entre Pachuca y Tizayuca. Asimismo, esto permitiría mejorar la seguridad para los usuarios en este tramo por el intenso tráfico de vehículos pesados que se genera y al mismo tiempo impulsar el desarrollo comercial con los estados de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Veracruz sin dejar de mencionar a nuestro estado Hidalgo ya que es por esta vía de comunicación por donde se desfoga el trasporte pesado que se dirige al norte de nuestro gran país.

Las metas específicas que se intentan conseguir son la construcción de dos carriles de 3.50 metros en cada cuerpo con acotamientos exteriores de 2.50 metros. La longitud que se considera es de 7 kilómetros. La inversión estimada sería de 45 millones de pesos para considerarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

Con la construcción de esta carretera se estaría beneficiando a más de 200 mil habitantes de los municipios de Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca, Ixtlahuaca, Villa de Tezontepec, Zapotlan de Juárez, Santa María; entre otras comunidades.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, un monto adicional de 45 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción ampliación del tramo carretero Tizayuca-General Felipe Ángeles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE ESTABLEZCAN CRITERIOS DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA PARA EVITAR EL SUBEJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AL CAMPO, A CARGO DEL DIPUTADO IRINEO MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado Irineo Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo en relación a la aplicación de las reglas de operación en los programas del sector agropecuario para el año 2007.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer los mecanismos institucionales para que en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, la utilización de los recursos contenga los máximos criterios de eficiencia administrativa y transparencia, a fin de evitar el subejercicio de los recursos públicos destinados al campo, así mismo se entregue un informe trimestral detallado a esta soberanía, sobre los avances en la entrega de recursos de los programas bajo reglas de operación.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Rural a informar de manera clara y amplia; -en las comunidades rurales y entre los productores-, los procedimientos necesarios para acceder a los beneficios de los programas federales de apoyo al campo sujetos a reglas de operación, asimismo para que modifiquen el criterio de las reglas de operación en el Programa Alianza para el Campo, con el objetivo de que en las zonas que están consideradas de alta y muy alta marginación los beneficiarios aporten la participación que les corresponde y al mismo tiempo el gobierno federal, estatal y municipal, entreguen los recursos asignados, para dicho proyecto.

Tercero. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en las discusiones sobre el presupuesto de Egresos 2007, se incrementen los recursos destinados al Programa Alianza para el Campo.

Diputado Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL ARCO NORTE DEL DISTRIBUIDOR SAN JUAN IXHUATEPEC, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO RACIEL PÉREZ CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

En la zona limítrofe en el norte del Distrito Federal y el estado de México, se ubica la avenida Insurgentes que se prolonga como la carretera México-Pachuca, la cual presenta un aforo vehicular intenso en el que se descarga el transporte de la zona metropolitana de los municipios con la mayor densidad y población del estado de México tales como: Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcoyotl y Tultitlan entre otros; así como también todo el flujo vehicular que ingresa y sale del estado de México, Distrito Federal y estado de Hidalgo.

Vale la pena mencionar que la avenida Insurgentes es la avenida más grande del Distrito Federal, en su parte extrema al sur de la ciudad, se conecta al estado de Morelos y por el norte, al estado de México e Hidalgo. Además por esta vía de comunicación todo el tiempo ingresan y salen diariamente miles de habitantes que se trasladan a sus centros de trabajo.

Particularmente en esta zona limite del DF y el estado de México, donde convergen 2 municipios (Tlalnepantla y Ecatepec), ha quedado suspendida la obra conocida como Distribuidor San Juan Ixhuatepec en su primera etapa conocida como Arco Norte Periférico, el cual queda truncado por la avenida Insurgentes-Pachuca; este arco al no construirse, ha provocado el congestionamiento vehicular sobre estas dos importantes arterias, particularmente desde la zona conocida como la Raza, hasta la zona donde se pretende construir este distribuidor a la altura de la comunidad de San Juan Ixhuatepec. Generando con ello un punto de conflicto de transito vehicular, el cual se agrava por tener muy cercana la zona conocida como Indios Verdes donde se ubica el paradero del Metro y de autobuses utilizado por miles de personas a diario.

Agregamos que este cruce de la avenida Insurgentes-carretera Pachuca y el Periférico Norte, ha provocado innumerables accidentes: perdida de vidas humanas y también materiales; en época de lluvias se inunda provocando el congestionamiento total del transito por horas en este lugar.

Parte de la solución a dicha circunstancia, es la construcción del Arco Norte (primera etapa), del Distribuidor San Juan Ixhuatepec y que nuestro Grupo Parlamentario ha impulsado desde la legislatura anterior. Inclusive, en el año 2005 fueron presupuestados por esta honorable Cámara, y publicados en el Diario Oficial de la Federación, los recursos necesarios para la realización de dicha obra, pero fue cancelada por el veto al presupuesto interpuesto por el Ejecutivo federal durante el año 2005.

Con esta asignación de recursos federales para esta obra en el ejercicio fiscal del próximo año, contribuiremos a mejorar las condiciones de la circulación del transporte, costo, tiempo y seguridad en el traslado de las personas y bienes materiales que transitan en dichas vías.

Considerando lo antes señalado someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Transportes, y de Comunicaciones, a que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, recursos por 100 millones de pesos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, destinados a la construcción del Arco Norte (primera etapa) del Distribuidor San Juan Ixhuatepec estado de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado Federal Raciel Pérez Cruz (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA MODERNIZAR LOS SISTEMAS ESTATALES DEL REGISTRO CIVIL Y MUNICIPALES DE REGISTRO CATASTRAL; Y DE QUE SE SOLICITE A PEMEX LA DONACIÓN DE MATERIAL ASFÁLTICO DESTINADO A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE LOS MUNICIPIOS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, Francisco Javier Calzada, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 34 incisos a), b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para la creación de los fondos para la modernización de los sistemas de registro civil, de registro catastral y para solicitar a Petróleos Mexicanos que proporcione material asfáltico para mejorar la infraestructura carretera y de caminos de los municipios, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El municipio constituye la base de la división territorial, de la organización política, económica y social de la población mexicana. Las mejoras de los servicios públicos que le son propios constituyen una condición imprescindible para el fortalecimiento del federalismo y para la consecución de un desarrollo regional más equilibrado, igualitario y justo.

Cualquier ciudadano, cualquier niño mexicano, debe tener, por ese sólo hecho y con independencia del lugar en el que nazca, el mismo acceso a la provisión de bienes y servicios públicos. Es deber del Estado mexicano tomar las medidas adecuadas para garantizar que los beneficios provenientes de la acción pública se distribuyan de manera homogénea en todo el territorio nacional. Sin embargo, la disparidad que existe entre las regiones del país y que en la mayoría de los casos se reproduce hacia el interior de los estados, hace que una gran cantidad de población reciba de parte de los municipios servicios obsoletos, de baja calidad o alejados de los niveles de eficiencia que se alcanzan en las grandes ciudades. Las diferencias en los niveles de desarrollo municipal provoca una situación paradójica: debido al atraso tecnológico, a la falta de infraestructura de comunicaciones y transportes, y al difícil acceso a las cabeceras municipales, en las comunidades menos desarrolladas la gente tiene que enfrentar costos muchos más altos para acceder a los bienes y servicios públicos.

Dentro de los servicios más importantes para el desarrollo de las comunidades, se encuentra el Registro Civil, materia de competencia estatal que se presta en cada municipio y que permite dar certidumbre jurídica en la acreditación de las personas y de su estado civil. Como una forma de impulsar la modernización de los sistemas de registro civil en donde se registre la población de los municipios menos desarrollados proponemos la creación de un fondo con recursos federales que denominaremos Fondo para la Modernización de los Sistemas de Registro Civil. Nuestra propuesta es que el fondo se integre con $120,000,000.00 (ciento veinte millones de pesos) y que la Federación apoye la modernización de los sistemas de registro civil mediante la capacitación, el desarrollo y la implementación de servicios informáticos, la actualización de hardware, entre otras acciones.

Aunado al Registro Civil, el catastro constituye otro elemento fundamental para el desarrollo municipal y regional. Un sistema catastral eficiente permite a los municipios orientar acciones que abatan los rezagos sociales, como la regularización y certificación de la tenencia de la tierra y el ordenamiento territorial. Además, el que los municipios cuenten con un registro preciso de la situación de los inmuebles que se encuentran en sus demarcaciones implica que tengan una mayor capacidad para recaudar impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Estos recursos, al canalizarse hacia el cumplimiento de los programas de desarrollo municipal, generan de manera inmediata una menor dependencia de los municipios hacia los recursos provenientes de la Federación o de los gobiernos estatales en forma de participaciones o aportaciones. Así, modernizar el catastro les permite a los municipios aprovechar de una mejor manera sus potestades tributarias, lograr una mayor independencia financiera con respecto a los otros órdenes de gobierno y tener una mayor capacidad para brindar servicios públicos de mejor calidad; así como dar certidumbre jurídica a los poseedores de inmuebles en cada uno de los ámbitos municipales.

Por ello, proponemos la creación de un fondo con recursos federales que sugerimos se denomine Fondo para la Modernización de los Sistemas de Catastro, integrado con una bolsa de $240 000 000.00 (doscientos cuarenta millones de pesos) que la Federación deberá utilizar para apoyar la modernización de los catastros municipales mediante la capacitación, el desarrollo y la implementación de servicios informáticos, la actualización de hardware, entre otras acciones.

Por otra parte, muchos municipios cuentan con los recursos humanos, la maquinaria y el conocimiento necesario para llevar a cabo la construcción o pavimentación de carreteras y caminos que conecten a las cabeceras municipales con rancherías, congregaciones o comunidad alejadas. Sin embargo, la parte crítica de ese proceso de construcción, en términos de recursos financieros, lo constituye la carpeta asfáltica superior. Para coadyuvar a una mejor integración de los municipios con los asentamientos humanos que los constituyen proponemos que se solicite a Petróleos Mexicanos, la donación en especie, por un monto equivalente a $340 000 000.00 (trescientos cuarenta millones de pesos), del material asfáltico conocido como AC-20. A razón de que se requieren en promedio 50 toneladas de este material por kilómetro de carretera, esta acción representaría la pavimentación de cerca de 3 mil 333 kilómetros de caminos municipales que permitirían mejorar las comunicaciones y el transporte hacia el interior de los municipios. Por lo anterior, es que se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. De acuerdo a los antecedentes expuestos en párrafos anteriores, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la creación de un Fondo para la Modernización del Registro Civil, consistente en $120,000,000 (ciento veinte millones de pesos).

Segundo. La creación del Fondo de Modernización de los Sistemas Catastrales, consistente en $240 000 000 (doscientos cuarenta millones de pesos) que se destinará a modernizar los sistemas de catastro de los municipios.

Tercero. Otorgar a Petróleos Mexicanos (Pemex) recursos por $340 000 000 (trescientos cuarenta millones de pesos) para que brinde material asfáltico AC-20 a favor de los municipios, con el objeto de que se logre la pavimentación de 3 mil 333 kilómetros de caminos que conecten a las cabeceras municipales con las comunidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EJECUTAR UN PROYECTO REGIONAL DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JAIME ESPEJEL LAZCANO Y RAFAEL RAMOS BECERRIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, diputados federales a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los grandes problemas a nivel nacional, es el relativo a los desechos sólidos, mejor conocidos por el término basura, al respecto, asociaciones privadas, instituciones públicas y autoridades de todos los ámbitos, han manifestado su preocupación. Sabemos, que lo relativo a este tema, no es sencillo y sí en cambio, muy delicado, esto, no solo por el daño ambiental que se provoca por el mal manejo de estos residuos, sino también por los daños que se pueden ocasionar, indudablemente, en la salud de las personas, cuando no se toman las decisiones adecuadas y precisas al respecto.

La cantidad diaria estimada de residuos sólidos urbanos que se genera en el Estado de México es de 14 mil toneladas por día y tan sólo en el municipio de Chalco es de 315 toneladas por día. Se estima que sólo el setenta y cinco por ciento es recolectada y de ella sólo el treinta por cierto se dispone en rellenos sanitarios predominantemente predios abiertos con quema indiscriminada de desechos y sin tratamiento alguno.

La responsabilidad de un medio ambiente saludable es de todos los órdenes de gobierno, esta solicitud, significa la colaboración entre la federación y los gobiernos municipales en virtud de que el recuso se destinará a la construcción de un relleno sanitario de carácter regional cuya superficie es de 85 hectáreas localizada en el kilómetro 47 de la autopista México-Puebla, ya que no podemos dejar a un lado que se generan de 500 a 1000 gramos de basura por habitante por día que nos da un aproximado de 1500 toneladas diarias que no cuentan con un destino viable.

Esta propuesta beneficiaría a la población de los municipios de Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Cocotitlán, Valle de Chalco, Chalco, Tenango del Aire, Tlalmanalco y los Reyes con la finalidad de contribuir a un ambiente más saludable. Es de señalar, que este proyecto se entregará a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para su análisis.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados y a la Comisión de Desarrollo Metropolitano del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 un monto de 60 millones de pesos destinado al Fondo Metropolitano para la ejecución de un proyecto regional de tratamiento y valorización de residuos sólidos urbanos para la zona oriente del estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 diciembre de 2006.

Diputados: Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Rafael Ramos Becerril.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quien suscribe, Francisco Javier Calzada Vázquez, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que solicita se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida específica para el desarrollo y promoción turística para el estado de Zacatecasal tenor de los siguientes

Consideraciones

I. Con fecha 13 de Septiembre del año 2006, los integrantes de la Comisión Legislativa de Turismo de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Zacatecas, celebraron reunión plenaria, en la que se desahogó la necesidad de atender el desarrollo en infraestructura y promoción turística; siendo que es una prioridad de la actividad turística del Estado como una oportunidad de crecimiento económico y ha contribuido a elevar la calidad de vida de sus habitantes, de igual manera ha quedado demostrado que el turismo se ha reflejado de una forma directa en la economía de las familias zacatecanas, por ejemplo, en empleos, más inversión de capital local, nacional e internacional, más prestadores de servicios.

II. Que el trabajo realizado por el Gobierno del Estado de Zacatecas que encabeza la licenciada Amalia García Medina, a través de la Secretaría de Turismo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, en virtud del cual, el Congreso del Estado de Zacatecas aprobó mediante un punto de acuerdo la exhortación a esta soberanía para otorgar el apoyo económico para el turismo en el estado de Zacatecas; y para tales efectos se adjunta el Proyecto de Inversión turística para los diferentes municipios.

III. Que mediante Acuerdo número 129 aprobado por la honorable Quincuagésima Octava Legislatura del estado de Zacatecas en su sesión ordinaria, aprobaron que se someta a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que solicita se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, una partida específica para el desarrollo y promoción turística.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicita se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, una partida presupuestal con un monto de 57millones 850 mil pesos para el desarrollo y promoción turística para el estado de Zacatecas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre del 2006.

Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE INCREMENTEN LOS RECURSOS PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, A CARGO DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quién suscribe, Alliet Mariana Bautista Bravo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se incremente la partida presupuestal destinada a la Universidad Autónoma Metropolitana en un orden del siete por ciento adicional a lo establecido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, ubicado en el Ramo 11, Educación Pública, bajo la entidad A2M, conforme a las siguientes

Consideraciones

El carácter de la política económica instrumentada por las instituciones de gobierno en materia de educación pública, define en un gran porcentaje la tendencia democrática, autoritaria o neoliberal de las sociedades actuales. El nivel de desarrollo de las naciones depende directamente de su nivel educativo. En el caso de nuestro país, con motivo de la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2007, el Presidente de la República propuso una disminución de entre 6 y 8 por ciento de los recursos destinados a las universidades públicas federales, no obstante que entre sus temas de interés plasmados en el documento denominado: Temas Legislativos. Agenda Nacional, considera como condición para hablar de desarrollo humano sustentable: garantizar al menos, el acceso a la educación, a la salud, y a los servicios públicos de calidad, y propone la adecuación del marco legal para que promueva la calidad de la educación mediante incentivos que estimulen su constante mejora y establezca responsabilidades compartidas entre padres de familia, autoridades y maestros (fin de la cita).

Es confuso que en el ánimo de lograr la igualdad de oportunidades y el desarrollo humano sustentable como compromisos de gobierno de Felipe Calderón, envíe a la Cámara de Diputados un presupuesto con disminuciones importantes a universidades públicas como lo son la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras. Instituciones que han demostrado a lo largo de los años y con creces, un alto nivel educativo en América Latina y en el mundo, no solo en la preparación de futuros profesionistas sino en la formación de docentes y académicos que conforman el Sistema Nacional de Investigadores.

En el Proyecto de Presupuesto, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Casa Abierta al Tiempo, sufre un recorte de alrededor de 28 millones de pesos, en comparación con el presupuesto ejercido en el 2006 que ascendió a 3 mil 395 millones 56 mil pesos (sin considerar ingresos propios); para el 2007, sólo se consideran recursos en el orden de 3 mil 367 millones 476 mil 306 pesos; cantidad que pone en riesgo los proyectos destinados a infraestructura, mantenimiento de equipo, servicios operativos, así como planes de investigación e innovación educativa, y que de no recibir incremento, no se garantizan los proyectos académicos -a corto y mediano plazo-, mucho menos si se considera la construcción y operación de la cuarta unidad Cuajimalpa.

Cabe destacar que el modelo educativo de la UAM, respaldado por la figura del profesor-investigador, proporciona a los alumnos una sólida formación profesional y el dominio de un amplio conjunto de habilidades y técnicas que les permiten incorporarse con éxito al mercado laboral, la planta académica de la universidad está formada por 2 mil 315 profesores-investigadores con dedicación de tiempo completo, por 477 de medio tiempo, y por 301 de tiempo parcial. Esto significa que cerca del 75 por ciento del personal académico de la universidad dedica tiempo completo a sus labores de docencia e investigación -de los porcentajes más altos en instituciones de educación superior. Esta capacidad académica permite a cada profesor de tiempo completo atender alrededor de 20 alumnos, lo cual da como resultado uno de los mejores promedios de relación profesor-alumno de todo el país.

El número de académicos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores se ha incrementado significativamente durante los últimos 12 años. La UAM garantiza a sus alumnos una adecuada atención en la impartición de los programas docentes y una infraestructura de calidad y en número suficiente: laboratorios, talleres, centros de cómputo, bibliotecas y demás servicios universitarios indispensables para el desarrollo de la formación profesional.

Tan solo en tres unidades: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, sin contar la unidad Cuajimalpa de reciente apertura, se absorbe un total de 46 mil 200 alumnos de nivel licenciatura y de postgrado.

El 90 por ciento de los alumnos egresados de la UAM, pudo obtener un empleo en la profesión que cursó, mientras que el resto se desempeña en otra ocupación profesional. El 48 por ciento de las y los egresados, prestan sus servicios en empresas o instituciones privadas y un 47 por ciento, en el sector público. De aquéllos que laboran en el sector privado, alrededor de un 13 por ciento estableció su propia empresa.

Como puede apreciarse, los resultados en eficiencia terminal, son acordes con el compromiso de la institución en la formación de nuevos profesionistas, así como con el desarrollo del país.

Por otra parte, es importante resaltar que independientemente de tales aportaciones y logros que la Universidad Autónoma Metropolitana otorga al Sistema Educativo Nacional, organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), han señalado en diversos informes que en México persisten las desigualdades educativas entre mujeres y hombres, entre el medio rural y el urbano; que existe una vinculación insuficiente entre la educación y el aparato productivo, así como poca atención a la ciencia, a la investigación científica y al fomento de la innovación. Y por si esto fuera poco, coinciden en que los últimos resultados del modelo económico aplicado en México en materia educativa, no solo no han combatido, sino que han incrementado los niveles de desigualdad social, económica y de vulnerabilidad de diversos sectores sociales.

En el informe más reciente del PNUD respecto al índice de desarrollo humano en México, se recomienda a nuestro país: proporcionar una educación de calidad, adecuada a las necesidades de las y los mexicanos, avanzar hacia la equidad en la educación; diversificar y flexibilizar las ofertas de la educación media superior y superior, a fin de lograr una mayor adecuación de los aprendizajes respecto a las necesidades individuales y los requerimientos laborales; fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para apoyar el desarrollo de los recursos humanos de alta calificación. Lo anterior sin mencionar que la UNESCO establece como política educativa permanente que el gasto mínimo que los países deben destinar al rubro de educación debe ser el equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto. Para enfrentar dichas metas, lo menos que se espera por parte del Ejecutivo federal es una reducción al presupuesto de las universidades de educación superior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en términos de sus facultades y atribuciones, incremente la partida presupuestal destinada a la Universidad Autónoma Metropolitana en un orden del siete por ciento adicional a lo establecido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, ubicado en el Ramo 11, Educación Pública, bajo la entidad A2M.

Palacio Legislativo, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.

Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 SE INCORPOREN RECURSOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN GUERRERO, OAXACA Y CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO AMADOR CAMPOS ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En México la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante, y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado mexicano.

Dentro de este contexto los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los que manifiestan los índices mayores de marginación en el país.

El diagnóstico de la situación rural de los estados señalados es por todos conocido, no es, por tanto, necesario hacer referencia a datos que están en la mente de todos ustedes.

En virtud al proceso de revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007, es ocasión propicia para reorientar recursos de manera preferente a esta marginada región del país, programas estratégicos como Alianza para el Campo, el Programa Especial para la seguridad alimentaria y el Programa de Conservación y Restauración de los Ecosistemas forestales.

En virtud de las razones antes expuestas y debido a la importancia que para el impulso al desarrollo rural sustentable, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tienen los rubros presupuestales señalados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Ganadería a destinar a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en proporciones iguales para cada uno, 600 millones de pesos adicionales dentro del Subprograma de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, que administra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para ser aplicados bajo la mecánica del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, y 750 millones de pesos dentro del Programa de Conservación y Restauración de los Ecosistemas Forestales del Pro-Árbol, que administra la Comisión Nacional Forestal, para apoyar a los productores de menores ingresos y propiciar la conservación y restauración de los eco sistemas forestales de esas entidades federativas.

Derivado de las condiciones de restricción presupuestal que se enfrenta en esta región, estos recursos se otorgaran sin necesidad de una aportación estatal en contrapartida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre del año 2006.

Diputado Amador Campos Aburto (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A TERMINAR LA CONFRONTACIÓN POLÍTICA IMPERANTE EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS E INICIAR UN PROCESO DE DIÁLOGO POLÍTICO INCLUYENTE Y RESPETUOSO, ASÍ COMO A APROBAR UN PRESUPUESTO RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, José Luis Varela Lagunas, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados inició sus trabajos en un ambiente de crispación y tensión política producto del proceso electoral del pasado 2 de julio.

Del 1 de septiembre a la fecha, esta legislatura ha sido la más pobre de todas, legislativamente hablando, pero también la que es calificada como la de peor imagen frente a la sociedad, frente a los ciudadanos.

A las y los diputados se nos retribuye por nuestro trabajo. Somos funcionarios públicos y tenemos la responsabilidad de servirle a este país.

En la Cámara de Diputados, donde estamos representados todas las expresiones políticas e ideológicas de nuestro país, tiene que haber un punto de encuentro, un punto de diálogo, de coincidencia, de acuerdo.

Aquí, en la Cámara de Diputados, donde se dan cita muchas de las mentes más lúcidas del país, donde se expresan los regionalismos, donde se funden anhelos de construir una mejor Nación, hemos olvidado a la política.

En los próximos días tendremos la gran oportunidad de reconstruir las relaciones políticas en la Cámara de Diputados; tendremos la gran oportunidad de demostrar al pueblo de México que esos spots que se difunden en todos los medios, no son demagogia y que por el contrario, sí sabemos ponernos de acuerdo a favor de México.

Es necesario que revisemos el proyecto de presupuesto. No es posible darle al IFE recursos que no necesita y negárselos a la educación y a las universidades públicas; no es posible destinar recursos a programas que solamente enriquecen a líderes sociales y campesinos, cancelando la oportunidad a miles de jóvenes universitarios.

Ciertamente que cada legislador y el propio Presidente de la República tienen su propia visión del gobierno que quiere lograr, pero más allá de las diferencias es preciso hallar puntos de encuentro entre el ejecutivo y el legislativo, para que estas propuestas sean aprobadas buscando el beneficio de la nación.

Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo estamos obligados a encontrar ese espacio de diálogo y concertación política para aprobar en los próximos días un presupuesto por consenso, si no por unanimidad, sí por una gran mayoría legislativa.

Nadie debe quedar al margen de este acuerdo político, nadie debe excluirse, por el contrario, impulsemos de manera responsable un presupuesto que le sirva al gobierno que inicia, pero que sobre todo, le sirva al pueblo de México.

Soy representante del partido político Convergencia, y como diputado convergente estoy obligado a impulsar los acuerdos políticos. Pero también y ante todo, me debo a quienes me eligieron; yo actuaré en consecuencia para defender la integridad y la honorabilidad de esta Cámara de Diputados.

Por eso convoco a todas mis compañeras legisladoras y a todos mis amigos diputados a dejar atrás el amargo inicio de los trabajos legislativos en esta LX legislatura y mirar hacia adelante. Nos quedan aún muchos meses de trabajo y nuestra responsabilidad es grande.

La disyuntiva es seguir por el camino de la confrontación innecesaria o construir los acuerdos políticos necesarios. El presupuesto del 2007 es nuestra mejor oportunidad política.

Sólo espero que en todos los grupos parlamentarios prive la conciliación y la voluntad para lograrlo.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los diversos grupos parlamentarios a terminar con la confrontación política imperante en la honorable Cámara de Diputados e iniciar un proceso de diálogo respetuoso e incluyente, que permita recuperar la credibilidad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones, pero particularmente en sus representantes populares.

Segundo. Sin dejar de lado nuestras propias propuestas de partido, impulsemos por amplia mayoría la aprobación de un presupuesto responsable para el ejercicio fiscal de 2007, como signo de nuestra voluntad por reencauzar el diálogo y los acuerdos políticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SHCP Y A LA CFE A AMPLIAR EL PERIODO DE APLICACIÓN DEL DESCUENTO DE VERANO RESPECTO A LA TARIFA 1F DEL SERVICIO DOMÉSTICO DE ELECTRICIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL VILLANUEVA ARJONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Juan Manuel Villanueva Arjona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, un análisis de impacto y factibilidad para ampliar de seis a siete meses el periodo de aplicación del descuento de verano a la tarifa 1F del servicio doméstico de electricidad, con base en los siguientes

Considerandos

1. De acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es responsabilidad de la SHCP, tomando en consideración a la Secretaría de Economía y con base en la propuesta de la CFE, fijar, ajustar o reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.

El 7 de febrero de 2002 el Ejecutivo Federal a través de la SHCP emitió un acuerdo por el que se propuso la modificación de las tarifas eléctricas y la creación de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), así como la reducción de los subsidios a este sector, con el objeto de disminuirlos parcialmente para los usuarios con consumos intermedios y eliminarlos por completo para los que registran los mayores consumos.

Como resultado de lo anterior y en consideración al alto consumo de energía de los sistemas domésticos de enfriamiento durante el verano, se expidió otro decreto el 8 de abril del 2002 creando la nueva tarifa 1F. Con ello se buscó atenuar la grave afectación que lo anterior causaba a la economía de las familias asentadas en regiones con temperaturas promedio de 33°C o más, durante dicha estación.

Estas reformas han logrado una mejora importante en el esquema tarifario vigente. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para los usuarios de regiones en las que las altas temperaturas persisten durante periodos más prolongado que en el resto del país.

Aunado a lo anterior debemos tomar en cuenta que un consumo de hasta 140 Kwh, como el planteado para el segmento básico en el Acuerdo publicado en febrero de 2002, sólo permite hacer uso escaso de algunos electrodomésticos menores.1 Esto obliga a cualquier familia que desee utilizar un sistema de enfriamiento ambiental, a ubicarse en el siguiente segmento tarifario y con ello enfrentar el aumento en cuotas correspondiente.

En consecuencia, los usuarios que residen en las zonas en cuestión, ven los costos del suministro eléctrico subir de manera irremediable y sustancial, tanto antes como después de verano.

2. La estructura tarifaria vigente en nuestro país es sumamente compleja ya que actualmente existen más de 15 tarifas específicas determinadas por el uso de la energía, y casi 20 tarifas generales, determinadas principalmente por el nivel de tensión de red y el consumo registrado. De igual forma, factores como la ubicación, el voltaje de suministro, la demanda contratada, el horario de uso y si el suministro es continuo o interrumpible, juegan un papel en la determinación de cada tarifa específica. Tan solo para el sector industrial existen 8 regiones tarifarias y hasta cuatro temporadas de consumo en el año. Para el caso del sector doméstico, la diferenciación se realiza por nivel de consumo, división de regiones y temperaturas.

No obstante lo anterior, factores básicos como los prolongados periodos durante los que las altas temperaturas de verano persisten en ciertas regiones del país, no son tomadas en cuenta por este complejo esquema. En consecuencia las familias de estas regiones, enfrentan tarifas que no se adaptan a su realidad, obligándolas a hacer desembolsos sumamente gravosos, en particular para las familias de menores ingresos.

3. Para dimensionar la relevancia de lo aquí expuesto basta destacar que existen municipios en los que las temperaturas promedio de verano exceden a las registradas en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California. Tan solo en el municipio de "Los Uvalle" del estado de Tamaulipas, la temperatura registrada para el mes de marzo, durante un periodo de 18 años, promedió más de 30°C y no bajó de dicho nivel hasta el mes de noviembre.

Esto deja en claro la importancia de hacer los ajustes pertinentes al esquema tarifario vigente para que los consumidores de estas regiones no enfrenten costos excesivos, en épocas en las que a diferencia del resto del país, las temperaturas a nivel local son aún, sumamente elevadas.

En virtud de lo expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo y presenten a esta Soberanía, un análisis de impacto y factibilidad para que se amplíe de seis a siete meses, el periodo de aplicación de descuento de verano para la tarifa 1F del servicio doméstico de de electricidad.

Nota:
1 Dicho consumo comprende el uso de un radio, un refrigerador, 3.5 focos de 100 watts, una televisión, una plancha, una licuadora y un aparato de sonido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR DE NAYARIT QUE EMPRENDA MEDIDAS PARA DETENER LOS FEMINICIDIOS EN ESA ENTIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia en contra de las mujeres es una realidad aberrante en nuestro país. En pleno siglo XXI, la marginación, la falta de oportunidades para el desarrollo y la exclusión social son signos permanentes en nuestra sociedad y en la vida de millones de mujeres mexicanas.

Actualmente, de 9 millones de mujeres mexicanas que viven con su pareja, 47 por ciento reporta un incidente de violencia, 38 por ciento padece violencia emocional, 29 por ciento económica, 9 por ciento física y el 7 restante por ciento violencia sexual.

Conocer las causas, los tipos de violencia y sus mecanismos tanto sociales, culturales y jurídicos, son un deber público de cualquier gobierno para poder poner en marcha políticas públicas efectivas tendientes a prevenir, atender y sancionar estas conductas.

La comisión especial sobre feminicidios de la anterior legislatura indicó que de 1999 a 2005 fueron asesinadas más de seis mil niñas y mujeres en México. El ambiente propicio para este tipo de actos, es el abandono de la función estatal para garantizar mejores condiciones sociales, culturales, educativas y económicas para las mujeres. Esta demostrado que en ambientes fragmentados y de marginación social, la violencia contra las mujeres es mayor.

Como expresa Celia Aguilar, representante del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer: "el feminicidio es la expresión más cruda de la falta de derechos". Según el estudio antes referido, esta problemática abarca casi la totalidad de los estados de la república.

Desgraciadamente el estado de Nayarit ocupa el primer lugar en feminicidios en materia de porcentaje en todo el país. El dato es revelador: en ese estado mueren cuatro mujeres por día. Una situación que es necesario combatir con todos los recursos del estado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Nayarit a tomar las medidas necesarias para combatir eficazmente los feminicidios cometidos en ese estado, pues es una obligación de Estado proveer la seguridad necesaria a sus habitantes.

Segundo. Se exhorta al gobernador antes citado a que inicie una campaña permanente de prevención de las conductas que fomentan la discriminación de género, la marginación y la violencia que sufren las mujeres en el estado. La responsabilidad estatal abarca la prevención del delito, y es una de las cuestiones fundamentales que el gobernador debe atender.

Tercero. Se exhorta al gobernador antes citado a que inicie de manera expedita una campaña permanente para difundir los derechos humanos que se encuentran consagrados en nuestra Carta Magna, pues ello coadyuvará en la reestructuración del tejido social dañado profundamente por las muertes de estas mujeres.

Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE ESTA SOBERANÍA A ANALIZAR EL SISTEMA DE PENSIONES DE 1997 Y EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO MANEJADO POR LAS AFORE, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Diputado Federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente resolución me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Seguridad Social, a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que analicen de manera exhaustiva y de fondo la naturaleza jurídica del nuevo sistema de pensiones, así como el Sistema de Ahorro para el Retiro manejado por las administradoras del fondo de ahorro para el retiro (Afore), y se realicen las reformas correspondientes a la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y a la Ley del Seguro Social, a fin de que se ajusten al artículo 123, fracción XXIX, del pacto federal, así como realizar actividades encaminadas a informar y asegurar los derechos de los trabajadores sujetos a este régimen, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El punto de acuerdo que el día de hoy presento ante esta asamblea tiene su antecedente inmediato en:

a) Articulo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) Numerales 1o. y 2o. de la Ley del Seguro Social.
c) Preceptos jurídicos 1o., 3o., fracciones IV y X; 5, fracciones X y XII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
En efecto, la fundamentación jurídica anunciada, se corrobora con el texto de los argumentos siguientes:

A) Inicialmente, debe tenerse en cuenta que el numeral 123 apartado A fracción XXIX, de la Constitución General de República, consagra el derecho de los trabajadores a seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería así como cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores. Quedando establecidos dichos seguros y servicios en la Ley del Seguro Social la cual según el mismo mandato constitucional es de "Utilidad Publica", siendo oportuno señalar que con el Nuevo Sistema de pensiones de 1997 se privatizó el servicio de seguridad social consistente en la administración de los recursos para el retiro de los trabajadores por empresas privadas, servicio que tradicionalmente siempre ha estado a cargo del Estado, por su finalidad eminentemente social y de interés público.

El establecimiento del nuevo sistema de ahorro para el retiro deriva fundamentalmente de reformas a la Ley del Seguro Social, publicadas en el Diario Oficial del 21 de diciembre de 1995 y otra vez reformada el 21 de noviembre de 1996 entrando en vigor el 1o. de julio de 1997. El gobierno, en contubernio con los directivos del IMSS, modificó por primera vez la ley del Seguro Social en 1997, en perjuicio de los trabajadores del país por que antes podían cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social 500 semanas y con la nueva ley deben cotizar 1250 semanas. Con la creación de las Afore, se entregó el dinero a los banqueros.

Por tanto, el trabajador ya no tiene una garantía social con relación a su retiro, puesto que al individualizar las cuentas y hacerlo propietario de su ahorro se pretende que sin formación, ni información financiera, se haga responsable de las decisiones de inversión de los recursos así como para conocer de los requisitos y procedimientos para reclamar las aportaciones patronales y la indebida administración de sus recursos de retiro que se traduce en arbitrariedades y abusos por cuanto al cobro de comisiones y entrega de información oportuna por parte de las Afore, las Siefore y la Consar.

Siendo necesario y de suma importancia buscar y lograr un principio de crecimiento compartido al compaginar la administración privada del retiro, con la participación activa de los trabajadores a través de la obtención de acciones, certificados y títulos bursátiles que les generen beneficios directos relacionados con el rendimiento de sus aportaciones y ser propietarios aunque sólo sea en forma minoritaria de las empresas que utilizan sus recursos.

Por lo que debe buscarse que la utilización de los recursos que se generen del ahorro para el retiro de los trabajadores, se concrete hacia la generación de actividades productivas y no especulativas en beneficio de las Administradoras de Fondo para el Retiro, por lo que considero que la creación de fondos individuales administrados en forma privada rompe el carácter público de la seguridad social, pues el gobierno viola la Constitución ya que de acuerdo con la fracción XXIX del artículo 123 de la Carta Magna es de interés público y social.

B) De igual forma, los numerales 1o. y 2o. de la Ley del Seguro Social, establecen el primero de éstos, que sus disposiciones son de orden público y de interés social, el segundo precepto jurídico estipula que la seguridad social tiene por finalidad garantizar los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizado por el Estado.

Ya ha sido denunciado por legisladores ante esta Tribuna, que las Afores son rentistas, buscando la ganancia como grupos financieros entre ellas, y no necesariamente construir pensiones dignas.

C) Los dispositivos jurídicos 1o., 3o. fracciones IV y X; 5, fracciones X y XII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el retiro, señalan: el primero de los mencionados establece que la misma es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro. Con lo anterior nos damos cuenta que se continúa ratificando el carácter público y social de dicho sistema

El 3o. en su fracción IV nos deja claro que este Nuevo Sistema de Pensiones se maneja a través de concesiones, y señala que se le denomina Empresas Operadoras, a las entidades concesionarias para operar la base de datos Nacional SAR. Así está facultado en la Ley cuando lo ideal seria que estuviera a cargo del Estado a fin de que las ganancias favorezcan a los propios trabajadores y no a las administradoras.

La fracción X del mismo precepto, establece que los Sistemas de Ahorro para el Retiro son aquellos regulados por las leyes de seguridad social que prevén que las aportaciones de los trabajadores, patrones y del Estado sean manejadas a través de cuentas individuales propiedad de los trabajadores, con el fin de acumular saldos, mismos que se aplicaran para fines de previsión social o para la obtención de pensiones como complemento de éstas. Lo cual no debe ser así, pues no se entiende que sea a través de una cuestión contractual la seguridad de los trabajadores y los fines sean especulativos mediante el cobro de comisiones en beneficio de las Afore.

Por lo que ve al artículo 5o. fracción X se encuentra la facultad a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades públicas, en todo lo relativo a los sistemas de ahorro para el retiro, por lo que se le debe solicitar su opinión sobre la realización de actividades encaminadas a la promoción de los derechos de los trabajadores sujetos a este Nuevo Sistema de Pensiones, puesto que la mayoría de los trabajadores no tienen conocimiento de ello.

En la fracción XIII del mismo ordenamiento se establece la obligación de la Consar de rendir un informe semestral al Congreso de la Unión, el cual lo hizo en el mes de agosto presentando información relativa al periodo Enero- Junio de 2006. Para lo cual se le incentiva a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Seguridad Social analice y valore la situación actual que guarda el Sistema de Ahorro para el Retiro, en el que se deberá de considerar un apartado específico que mencione las carteras de inversión de las sociedades de inversión y sus respectivos resultados e impacto en la cuenta de los trabajadores.

Concluyo expresando que la pensión de retiro dejó de ser un derecho colectivo conquistado por los trabajadores y administrado por el Estado. Y cambia a una practica individual de ahorro en bancos privados dejando de ser una obligación de la sociedad para con los trabajadores, para transformarse en un simple contrato presumiblemente mercantil, entre aquéllos y una empresa privada, que presuntamente escoge el trabajador y que administra la respectiva Afore.

Nada garantiza que las cuentas de pensiones y los fondos de ahorro crezcan en un promedio que supere la tasa de inflación y el porcentaje de las devaluaciones constantes; tan es así, que en la cláusula del contrato tipo que ofrecen las Afore, el trabajador es obligado a reconocer y aceptar que por la naturaleza de las inversiones que hagan las Siefore, no pueden garantizar rendimientos y la consecuencia es que esas inversiones quedan sujetas a perdidas o ganancias que provienen de fluctuaciones del mercado. Esto es obligar a los trabajadores a admitir que los ahorros para la vejez pueden desaparecer e inclusive quedar en la nada.

Por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión de Seguridad Social, y a la Comisión de Puntos Constitucionales realicen estudios minuciosos sobre la verdadera naturaleza jurídica de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ya que se está violentando el artículo 123 apartado A fracción XXIX de la Constitución General de la República.

Segundo. Se solicita de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico analice el informe que presentó la Consar en el mes de agosto pasado, para que entregue datos claros sobre los rendimientos de inversión de las Siefore.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales a que coadyuve con la Comisión de Seguridad Social para que le aporte datos que permitan esclarecer la naturaleza jurídica de dicho Sistema y de esta manera se realicen las reformas correspondientes a la Ley del Seguro Social, a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás relativas a fin de que se ajusten a los principios de interés público y social consagrados por nuestra Máxima Norma.

Cuarto. Pido encarecidamente a la Comisión de Seguridad Social realice actividades tendientes a promover una cultura de la información sobre los derechos de los trabajadores sujetos a este régimen estipulados en las leyes respectivas del multicitado Sistema de Ahorro para el Retiro manejado por las Administradoras conocidas como Afore, a fin de hacer valer en un momento dado lo conducente para la restitución de sus derechos como lo es la pensión y el retiro del saldo de su cuenta cuando no reúnen las semanas cotizadas requeridas, entre otros.

Quinto. Se solicita que el asunto se turne a las comisiones de Hacienda y Crédito Publico, de Seguridad Social, y de Puntos Constitucionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006

Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA A CONSTITUIR EL PROGRAMA DIPUTADA AMIGA-DIPUTADO AMIGO; Y AL EJECUTIVO FEDERAL, A GARANTIZAR UN TRATO DIGNO A LOS CONNACIONALES QUE INGRESAN EN EL PAÍS O TRANSITAN POR ÉL HACIA SUS LUGARES DE ORIGEN, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNA

La suscrita, diputada federal Mónica Arriola Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Dentro de unos días, como cada año, México habrá de recibir la visita de más de millón y medio de nuestros connacionales, provenientes principalmente de Estados Unidos, país a donde emigraron por la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades laborales. Retornan tradicionalmente en esta temporada a sus lugares de origen después de sus largas jornadas de trabajo en aquel país, para pasar las fiestas decembrinas con sus familiares y amigos a los que tuvieron que abandonar por razones de subsistencia.

El fenómeno migratorio hacia Estados Unidos, todos sabemos, se da principalmente en las regiones geoeconómicas consideradas como de mayor marginación y pobreza. Fenómeno que ha sido una constante en las relaciones entre ambas naciones, intensificado considerablemente en las últimas tres décadas. Circunstancia que ha llevado a radicar en aquel país a más de 10 millones de mexicanos nacidos en México.

En los últimos años, un promedio de 400 mil paisanos por año han emigrado a Estados Unidos, cantidad que podría ser mayor ante la creciente y sistemática desocupación laboral en el país. El INEGI reportó hace unos días una tasa nacional de desocupación de 4.02 por ciento de la Población Económicamente Activa en el mes de octubre, porcentaje superior al registrado en octubre del año pasado cuando resultó de 3.57 por ciento. Por sexo, la tasa de desocupación en los hombres aumentó de 3.29 por ciento a 3.70 por ciento y la de las mujeres pasó de 4.02 por ciento a 4.56 por ciento entre octubre de 2005 e igual mes de 2006. El desempleo es uno de los factores que hace que la tendencia del fenómeno de la emigración siga en ascenso.

Nuestros paisanos con su trabajo han contribuido significativamente ha fortalecer la economía mexicana. De acuerdo al Banco de México, trimestralmente ingresan por concepto de remesas más de 6 mil millones de dólares a nuestro país, es decir, 24 mil millones de dólares al año. La misma institución bancaria reconoce que el flujo de dólares por este concepto es la fuente más estable de divisas para el país, por encima de la inversión extranjera directa y de los recursos que gastan los turistas extranjeros que visitan a México.

Las remesas son la segunda fuente de ingreso del país, hecho que debe dar pena, al ser ingresada por nuestra gente a la que se le negaron las oportunidades de progreso. A los que se les orilló abandonar a sus familias por buscar mejores condiciones de vida. Los migrantes son agentes de cambio en el país, en sus municipios y en sus comunidades.

Lo mínimo que podemos hacer por nuestros paisanos es poner a salvo sus derechos humanos y garantizarles, un feliz retorno.

Desde 1989, el gobierno federal instauró el programa Paisano, con el objetivo de inhibir el maltrato, la extorsión, el robo, la corrupción y la prepotencia de los servidores públicos en contra de los connacionales en su ingreso al país. Sin embargo, poco se ha logrado ante la serie de incidentes que siguen lacerando a nuestros paisanos por las vejaciones de las que son objeto por insensibles servidores públicos.

Ante la sistemática violación a sus derechos, los connacionales han tenido que organizarse para protegerse, creando organizaciones sociales que sirvan para su defensa fuera y dentro de México.

La mayoría son organizaciones informales, esto les impide muchas veces una actuación de protección más abierta ante el gobierno mexicano o extranjero y, ante los organismos internacionales de derechos humanos. Sus recursos provienen fundamentalmente de eventos organizados por ellos mismos y de apoyos que les brindan los propios paisanos.

El Poder Legislativo no debe sustraerse en las medidas de protección de los derechos de los connacionales. En la LVIII Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó de urgente resolución el programa denominado "Diputada Amiga-Diputado Amigo" con el objetivo específico de apoyar a nuestros paisanos en su retorno a sus lugares de origen. En la que participaron diputadas y diputados federales, como observadores en las terminales de autobuses, aéreas y en los principales puntos de revisión carretero.

Es compromiso de los legisladores velar por el respeto de las garantías individuales de todos los mexicanos, sin olvidar a aquellos que por necesidad se encuentran fuera del país. Por lo tanto, es necesario que la Cámara de Diputados evalúe las acciones del programa Paisano y apoye a las organizaciones civiles que protegen los derechos humanos de nuestros connacionales.

Por las razones anteriores, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que el programa Diputada Amiga-Diputado Amigo se inicie con la mayor brevedad y se mantenga como programa permanente de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, reforzando su operación en noviembre, diciembre y enero.

Segundo. Que se procure a través de los medios de comunicación la difusión a los paisanos migrantes que la Cámara de Diputados, a través de su programa Diputada Amiga-Diputado Amigo garantizará hacer valer sus derechos y garantías.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a asegurar un trato digno para los connacionales que ingresan o transitan en nuestro país, y la protección de su integridad física y patrimonial, así como la atención y seguimiento de sus quejas y denuncias de manera oportuna.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2006.

Diputada Mónica Arriola
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR A LA SRE Y A LA SEP A GESTIONAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RESCATAR EL MURAL EJERCICIO PLÁSTICO -DEL PINTOR MEXICANO DAVID ALFARO SIQUEIROS-, QUE SE ENCUENTRA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, A CARGO DEL DIPUTADO BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Benjamín González Roaro, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Sin duda, México es un país que se caracteriza por poseer una gran riqueza artística, prueba fehaciente de ello es la obra del pintor y muralista David Alfaro Siqueiros.

Su principal legado radica en la concientización de que las disciplinas artísticas deben ser consideradas como uno de los principales activos para incluir al mayor número de personas en programas de divulgación y difusión artística, dado que no debemos olvidar que la creatividad y la pluralidad en las formas de expresión, fortalecen la riqueza cultural y artística universal, en razón a que contribuyen a fincar y consolidar los valores de respeto y apertura social.

2. La obra denominada Ejercicio plástico, realizada en 1933 en Buenos Aires, Argentina, por el maestro Siqueiros, se ubicaba en un sótano de una quinta de la localidad de Don Torcuato, y ahí estuvo durante 60 años, hasta que en 1994 el último propietario del inmueble, tuvo la intención de realizar una venta clandestina, motivo por el cual la obra fue mutilada tras un arduo trabajo de ingeniería. A partir de ese momento, el mural ha quedado en situaciones indignas de conservación.

Desde hace más de 13 años la obra se encuentra resguardada en cuatro contenedores bajo amenaza latente de destrucción, lo cual es inconcebible ya que este mural representa el principio del arte cinético y sirvió de base para los principios de poliangularidad en el muralismo.

En 2003 el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, por decreto 10/85/20/03 declaró el mural en mención como patrimonio histórico cultural de ese país.

No es posible que por mediar una contienda jurídica donde se cuestionan derechos patrimoniales privados, la obra mural está en riesgo de no poder ser restaurada si no se toman las medidas pertinentes para su conservación en un periodo no mayor de tres años, como prueba de lo aseverado, el documental Siqueiros, ejercicio plástico detalla la realidad de los hechos.

Cabe destacar que parte del mural se encuentra extraviado.

3. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece en el artículo 33, párrafos primero, quinto, séptimo y octavo, que

"Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante (....)

Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas (....)

La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca.

La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado."

Con fundamento en lo anterior, el 18 de julio de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara monumento artístico la totalidad de la obra de David Alfaro Siqueiros, sean de propiedad nacional o de particulares.

En este tenor, es importante especificar que es obligación del Estado mexicano el conservar y restaurar el mural Ejercicio plástico, aun cuando dicha obra se encuentre en un país extranjero. En consecuencia, el poseedor o propietario debe permitir dicha intervención.

4. Con fundamento en los artículos 28 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como en los artículos 2, 3, 5, 12, 13, 34, 45 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; el artículo 17 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; son competentes para conocer de este asunto, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Relaciones Exteriores.

5. El 22 de noviembre de 1968 en París, Francia, se aprobó en la decimoquinta reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) "la recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro", sobresaliendo el Capítulo III, numeral 13, "Sobre las Medidas de Conservación y Salvación":

"Para conservar o salvar bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro debería recurrirse a medios que correspondan a las siguientes medidas precisas, de conformidad con el sistema jurídico y de organización de cada Estado:

A. Legislación,
B. Financiamiento,
C. Medidas administrativas,

D. Métodos de conservación y salvación de los bienes culturales
E. Sanciones,
F. Reparaciones,

G. Recompensas,
H. Asesoramiento,
I. Programas educativos".

No podemos permitir que esta obra continúe bajo esa clase de resguardo. Ni su fuerza expresiva ni su indudable valor artístico e incluso económico, han podido lograr que salga a la luz pública.

El arte por si mismo ilumina la inteligencia y agudiza los sentidos, cambia la idea del mundo que puede tener el hombre; descubre un lenguaje y una nueva representación de este mundo, ya que lo que el arte nos sugiere aún antes de saberlo, es que la realidad tiene distintos significados e interpretaciones, por lo cual se transforma en un elemento enriquecedor de nuestra experiencia intelectual y vital.

No olvidemos que el arte tiene un sentido universal extraordinario: es la apuesta por un futuro más promisorio.

Con base en las consideraciones anteriores, solicito la aprobación del presente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución:

Único. La Cámara de Diputados del honorable congreso de la unión exhorta a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública para que, dentro de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias ante el gobierno argentino y trabajar en coordinación para restaurar el mural Ejercicio plástico del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, que se encuentra en ese país, en peligro de deteriorarse irreparablemente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2006.

Diputado Benjamín González Roaro (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA SITUACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD EN QUINTANA ROO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO SÁNCHEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito Francisco Sánchez Ramos, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ala LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con relación a la situación del ciudadano Juan Ignacio García Zalvidea, presidente del Comité Ejecutivo estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Quintana Roo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Juan Ignacio García Zalvidea, durante el periodo 2002-2005, ocupó el cargo de presidente municipal del ayuntamiento de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, el cual fue injustamente privado de la libertad mediante un proceso penal plagado de irregularidades, fue detenido, con el objeto de privarlo de sus derechos políticos, encarcelado y destituido como presidente municipal, sin embargo mediante resolución constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó su exoneración y su reinstalación como presidente municipal.

A pesar del mandato de la Suprema Corte de Justicia, Juan Ignacio García Zalvidea y su familia han sido -de manera reiterada- objeto de una persecución política en el estado de Quintana Roo que lo mantiene actualmente privado de su libertad, sujeto a un procedimiento penal a todas luces arbitrario.

Con fecha 20 de noviembre de 2006, una vez que concluyó con su mandato de ley, nuevamente el gobierno del estado de Quintana Roo instauró otro proceso penal número 2218/2005, decretando auto de formal prisión por el supuesto delito de peculado. Los recursos que presuntamente fueron desviados jamás pasaron por manos del acusado, fueron utilizados para el pago de intereses y capital de deudas bancarias contraídas por administraciones anteriores. Sin embargo en un acto de abuso de autoridad, funcionarios del gobierno del estado, del Tribunal Superior de Justicia y jueces de distrito han vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, que lo mantienen retenido ilegalmente y han retardado deliberadamente las diligencias judiciales; al sustentar todo el proceso penal en un dictamen pericial contable que ya ha sido desconocido por quien presuntamente lo suscribió.

Las violaciones a las garantías de Juan Ignacio García Zalvidea consisten en:

Un continúo desahogo de exhortos judiciales a las ciudades de Guadalajara, Chetumal y el Distrito Federal.

La expedición de nuevos exhortos con distinta numeración, lo que entorpece la presentación de testigos a la defensa.

El rechazo constante por parte del juez de la causa de las documentales que se ofrecen como pruebas de descargo.

El rechazo constante por parte de diversas autoridades judiciales de las documentales que se ofrecen como pruebas de descargo, argumentando que requieren mayores requisitos a los establecidos en la ley.

Las autoridades judiciales no toman en consideración las inconsistencias y contradicciones del expediente, principalmente las referidas a fechas, cantidades en diversos documentos.

Cabe señalar que el auto de formal prisión por el que se le consignó fue elaborado por la propia Procuraduría General de la República, por conducto de José Luis Moreno Oredain entonces director de Consignación y Trámite de la propia PGR.

Actualmente su liberación se ha complicado en virtud del pasado proceso electoral del 2 de julio y por el próximo proceso electoral local del ha realizarse en el año 2008.

Lo anterior nos permite afirmar que Juan Ignacio García Zalvidea es un preso político del gobierno del estado de Quintana Roo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. De conformidad con el pacto federal, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un atento exhorto al gobernador constitucional del estado de Quintana Roo para que de manera pronta y expedita, adopte las medidas necesarias para la debida valoración de las pruebas dentro del proceso penal 2218/2005 que se sigue en contra de Juan Ignacio García Zalvidea, que permitan su pronta liberación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a los 14 días del mes de diciembre de 2006.

Diputado Francisco Sánchez Ramos (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SCT QUE DISMINUYA EL PEAJE PARA MOTOCICLETAS EN LAS AUTOPISTAS NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO BARBA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes.

Antecedentes

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 36, establece las atribuciones y el despacho de los asuntos competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en la fracción XII del citado artículo señala como una de sus responsabilidades:

...

2. Fijar normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tantas para el cobro de los mismos... y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes".

Por su parte la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en sus artículos 5, fracción VIII, y 15, fracción VIII, señala como facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecer las bases generales para el cobro de las cuotas en las carreteras y puentes, las cuales deberán estar contenidas en los correspondientes títulos de concesión.

Además, dentro de su esquema de concesiones la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la responsable de definir las bases de regulación tarifaría para las autopistas de cuota concesionadas.

La SCT determina la tarifa promedio máxima que puede aplicarse en la vía, por tipo de vehículo o grupo vehicular, considerando las características de cada ruta.

Las tarifas que pagamos los usuarios de las carreteras o autopistas en nuestro país varían de forma desproporcionada, y como es del conocimiento público, en bastantes carreteras la infraestructura y el servicio no concuerda con el pago.

Actualmente el servicio de autotransporte federal cuenta con esquemas de apoyo fiscal por la utilización de las autopistas de cuota.

Consideraciones

El uso de motocicletas para recorridos turísticos se ha venido incrementando en los últimos años, y por el alto costo que representa el uso de autopistas de cuota, optan por utilizar carreteras alternas, con lo que se han presentado un considerable número de accidentes.

Que las motocicletas a diferencias de los automotores transportan un menor número de personas, y su peso y dimensiones son considerables de mencionar, por lo que el pago de las cuotas en carreteras para quienes utilizan este medio de transporte se vuelve desproporcionado.

Actualmente la creación de club de motociclistas así como su convocatoria a reuniones y exposiciones en todo el país se ha incrementado y con esto la posibilidad de aprovechar el potencial turístico que esto representa.

Que disminuir el costo del peaje de las autopistas de cuota para las motocicletas favorecerá el turismo de quienes gustan de este transporte, además de que representa un acto de justicia.

Por lo anterior expuesto y fundado pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, de acuerdo con las bases de regulación de las tarifas de peaje en las autopistas nacionales, se disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas.

Segundo. Que la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta honorable Cámara de Diputados forme un grupo de trabajo para que llegue a los acuerdos con la SCT para el logro de este beneficio de un importante grupo social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2006.

Diputado Alfredo Barba Hernández (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SHCP A OBLIGAR A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE BANCA Y CRÉDITO PÚBLICAS Y PRIVADAS, A LAS CASAS COMERCIALES Y A LAS ENTIDADES AFILIADAS AL BURÓ DE CRÉDITO A ENVIAR UN REPORTE DE NO ADEUDO A LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA RESPECTO A LAS PERSONAS QUE HAN LIQUIDADO SUS DEUDAS, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO RAMÓN RAMIRO FLORES DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, integrante del Partido Acción Nacional, adscrito a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el Poder Ejecutivo federal obliguen a la Comisión Nacional Bancaria y a los prestadores de servicios enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia (buró de crédito) respecto a las personas que han liquidado sus deudas ante las instituciones de crédito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El buró de crédito es una sociedad de información crediticia cuya misión es recabar antecedentes sobre la conducta crediticia de las personas físicas y morales.

El buró de crédito tiene sus inicios en el año 1996, por dos empresas de nacionalidad extranjera: Trans Union de México, SA SIC, y Dun & Bradstreet, SA SIC, ambas con permiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tienen como propósito integrar información sobre personas físicas y morales, conformando una base de datos que ofrece a otras instancias.

Hasta hoy, es un importante marco de referencia para el otorgamiento de crédito en México debido a que cuenta con expedientes crediticios de personas físicas, personas físicas con actividad empresarial y personas morales que han contraído un crédito en alguna entidad del sistema financiero mexicano y casas comerciales que otorgan créditos al consumo y menudeo.

En virtud de lo anterior, resulta relevante apuntar que el buró de crédito no decide si un crédito debe o no aprobarse, asimismo, no emite juicio sobre si una persona es o no sujeta de crédito, únicamente se remite a proporcionar información sobre el comportamiento crediticio de personas físicas y morales a través de la vida de los empréstitos.

Diversos bancos y prestadores de servicios a crédito recurren a la información del buró de crédito con el fin de investigar si una persona es sujeta de crédito o no. La mayoría de los mexicanos hemos sido participes de compras y préstamos a crédito. El no pagar a tiempo dichos préstamos, en muchas ocasiones debido a la economía y orillados por la situación que vivimos día a día, conlleva a aparecer en las bases de datos del buró de crédito teniendo como resultado el contar con historial crediticio negativo. Al solicitar un nuevo crédito, se rechaza la solicitud debido a que al estar dentro del buró se considera una persona morosa.

Otro supuesto en el que nos hemos visto inmersos es el llamado quebranto a la institución, es decir, cuando el deudor negocia el pago con la institución crediticia logrando una reducción del adeudo total para su finiquito. No obstante de tal negociación, los bancos no reflejan el reporte del pago del deudor ante el buró, argumentando el ya mencionado quebranto a la institución.

Por eso debemos decir que los efectos negativos de estar situado en el buró de crédito porque nos hace enfrentarnos a problemas muchas veces estructurales difíciles de resolver pues nos hace incurrir muchas veces a prestamos en condiciones de usura para liquidar las deudas por el temor de estar en el buró.

Los efectos de ser acreedor a una nota negativa nos hace enfrentarnos a problemas muchas veces estructurales difíciles de resolver pues nos impide acceder a servicios financieros, principalmente al acceso a créditos bancarios, teniendo que recurrir así a créditos caros de igual manera cuando se nos prestan oportunidades de compra de algún bien inmueble u otro tipo estos nos son negados por la ya mencionada situación y aunado a eso cuando liquidamos la deuda con el banco no se pasa el reporte a tiempo para informar que dichas deudas están liquidadas para que nuestro historial crediticio denote una buena referencia.

Por lo anterior resulta importante que los bancos y prestadores de servicios que piden el reporte a las sociedades de información crediticia para verificar el ya mencionado historial crediticio tengan la obligación de pasar el reporte de no adeudo en cuento el crédito sea liquidado, por lo anterior pongo a su consideración el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta el Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a obligar a las instituciones financieras de banca y crédito publicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito se obliguen a pasar el reporte de no adeudo cuando los deudores cumplan cabalmente sus compromisos de pago en un término no mayor de 30 días naturales, de lo contrario se harán acreedores a una sanción de 100 salarios mínimos diarios a partir del día 31 y así sucesivamente por cada día de atraso que no entreguen dicho reporte.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REFORMAR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al Ejecutivo federal a reformar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, bajo las siguientes

Consideraciones

Que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, lo cual queda establecido en la Constitución y en las leyes, a objeto de ser garantizados por el Estado.

Que, coincidiendo con Miguel Carbonell, uno de los momentos más brillantes de lo que se ha llamado la hora inaugural del Estado Constitucional, lo representa la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que ha sido calificada como el texto jurídico más importante de la era moderna, en la que, enfáticamente, se reconoce la libertad de las personas como un derecho natural, inalienable y sagrado.

Que en nuestra Constitución Política, la libertad de las personas, se establece como garantía individual, cuyo espíritu es instituir ese derecho como valor superior del ordenamiento jurídico.

Que, en su artículo 14, párrafo 2o., la Constitución Política de los Estados Unidos, establece:

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, inciso 1o., establece:

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

Que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece en su artículo 7o., inciso 2o., señala:

Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

Que, consecuentemente, el respeto a la libertad de las personas es una materia obligada para todo ser humano. No obstante ello, diversos titulares o administradores de algunas instituciones de salud, públicas, sociales y privadas del país, transgreden este derecho, al momento de retener u obstaculizar el egreso de los pacientes, con el propósito de garantizar el pago del servicio brindado por los establecimientos; acción que indiscutiblemente no tan sólo viola el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución Política, así como en su ley reglamentaria; sino además, viola, indiscutiblemente, el derecho a la libertad de las personas.

Que a esta práctica ilegal de retener a los pacientes por falta de pago, antecede el hecho de exigir, en algunas instituciones de salud privadas, como requisito de ingreso hospitalario, la expedición de un baucher abierto, con el objeto de garantizar al establecimiento el pago del servicio; acto que, de igual forma, y expresamente, viola el derecho a la protección de la salud.

Que no debe permitirse, bajo ninguna circunstancia, comercializar con la salud que representa esa ilegal práctica.

Que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece en su artículo 7, numeral 7:

Nadie podrá ser detenido por deudas?

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, párrafos 1o. y 4o., establece:

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Nadie puede ser apresado por deudas de carácter puramente civil.

Que en consecuencia, el Código Penal Federal establece, en su artículo 230:

Se impondrá prisión de tres meses a dos años, hasta cien días multas y suspensión de tres meses a un año a juicio del juzgador, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:

I. Impedir la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole.

............

Que a objeto de evitar expresamente las prácticas ilegales en los establecimientos que prestan servicios de salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, deberá adecuarse conforme a lo establecido por el Código Penal Federal en la misma materia, para lo cual se propone la siguiente reforma al texto del reglamento mencionado: Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica

Artículo 85. A los directores, encargados o administradores de cualquier establecimiento que preste servicios de salud, que retenga o pretenda retener a cualquier usuario o cadáver para garantizar el pago de la atención médica prestada, o cualquier otra obligación, se hará acreedor a las sanciones previstas por este Reglamento y demás disposiciones aplicables sin perjuicio de las penas a que se hagan acreedores de conformidad con lo establecido en la legislación penal.

...........

Artículo 244.- Se sancionará con multa de cien a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, y se impondrá prisión de tres meses a dos años y suspensión de tres meses a un año a juicio del juzgador, a los directores, encargados o administradores de cualquier establecimiento de preste servicios de salud, que pretendan retener o retengan al usuario o cadáver, para garantizar el pago de servicios recibidos en dichos establecimientos. Esta sanción podrá duplicarse en caso de reincidencia.

Que no es pretensión de la presente propuesta, motivar la práctica irresponsable de los usuarios de los servicios de salud respecto al no pago de dichos servicios que le fueron prestados y recibidos, ya que al respecto son otras las instancias, civiles y mercantiles, las encargadas de solucionar los conflictos que resulten de esta relación.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instruir la incorporación de la presente propuesta al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de la Prestación de Servicios de Atención Médica, con el objeto de incorporar, expresamente, la prohibición y sanción que conlleva la retención de pacientes en establecimientos que prestan servicios de salud, pretendiendo garantizar el pago del servicio brindado por los mismos, en concordancia por lo establecido en el Código Penal Federal vigente

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de diciembre del año 2006.

Diputado Efraín Morales Sánchez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA ASF A PRACTICAR UNA REVISIÓN QUE TRANSPARENTE EL MANEJO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL FÓRUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS, MONTERREY 2007, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN LÓPEZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hago uso de esta alta tribuna para revisar un evento internacional que se realizará en mi Estado el próximo año.

Se trata de la realización del Forum universal de las culturas en el estado de nuevo león entre el 20 de septiembre al 8 de diciembre de 2007, para el cual el gobierno estatal ha recibido recursos de la Federación desde el año pasado.

Dicho forum es un macrofestival que contará con conferencias y exposiciones que se encaminan a dar a conocer a Monterrey como la Ciudad Internacional del Conocimiento. Si bien esto supone un desarrollo urbano de la ciudad por todo el interés internacional y la derrama económica que generaría, por la mayor ocupación hotelera y toda la infraestructura física que tendría que derivarse, es importante que el Gobierno estatal maneje con total transparencia la información referente a este proyecto.

Sin embargo, a pesar de las muchas voces que se han alzado en mi entidad en el sentido de solicitar al gobierno del estado que defina sus prioridades de inversión pública, así como las incontables peticiones para consultar con la ciudadanía sobre la realización de este evento, es un hecho que se llevará a cabo por voluntad personal del gobernador de Nuevo León.

Todavía siguen sin contestar preguntas como ¿Cuál es el detalle de la "ruta económica" que seguirá este proyecto?, ¿Cuál será el espacio físico que se utilizará para el mismo? Ya que el Parque Fundidora es insuficiente. Y sobre todo la pregunta que nos hacemos todos los neoleoneses ¿Es necesario un Forum de estas características, cuando son evidentes las grandes carencias y necesidades que padecen nuestros habitantes? ¿No será mejor utilizar estos recursos para realizar el Forum en obras de alto impacto social?

En el Congreso del estado de Nuevo León se han hecho exhortos al Gobierno estatal para que entregue información referente al Forum sin respuesta alguna. Dichos exhortos se han formulado al propio gobernador y ante la negativa a éstos es que acudo a esta alta tribuna.

Compañeras y compañeros legisladores, los invito a reflexionar sobre la importancia de este tema y sus posibles efectos para el estado de Nuevo León. Finalmente, si se trata de un proyecto rentable y positivo para la sociedad, no veo las razones para que el gobierno del estado no quiera transparentar la información acerca del Forum. Hasta el día de hoy seguimos sin conocer la estrategia seguida por el Gobierno estatal para conseguir los recursos económicos que se necesitan para concretar la sede. Tampoco conocemos los estudios técnicos, de ubicación y de infraestructura necesarios para llevar a cabo este magno evento.

Ante estas irregularidades, y atendiendo a la facultad que tiene esta Honorable Cámara de Diputados para fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas y sus municipios, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 74 y del 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que propongo este Punto de Acuerdo, a fin de que la Auditoría Superior de la Federación realice una profunda revisión sobre los recursos otorgados a Estado de Nuevo León para este evento.

Vivimos tiempos en los que la transparencia en la aplicación de los recursos públicos es una obligación para cualquier institución, más tratándose del Estado, ya que utiliza recursos del pueblo.

Por ello, y ante la reiterada negativa de las autoridades de Nuevo León, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que realice un atento exhorto a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie una amplia auditoría, así como para que lleve a cabo las acciones necesarias con el fin de trasparentar el manejo de los recursos utilizados en la organización y operación del Fórum universal de la culturas Monterrey 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO IRREGULAR DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS DE ESTA SOBERANÍA, A CARGO DEL DIPUTADO ÉRICK LÓPEZ BARRIGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. A partir de la sesión de instalación de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, celebrada el día 17 de octubre del presente año, la presidencia no ha convocado a reunión plenaria para analizar los asuntos pendientes y presentar su programa de trabajo, contraviniendo lo señalado en los incisos a), d), e), f) y g) del numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Existe un importante rezago legislativo en la comisión que incluye temas turnados desde la LVIII Legislatura y que requieren atención inmediata.

3. Es imperativo resolver la distribución de actividades y la integración de subcomisiones para analizar los diversos temas relacionados con la atención a nuestros connacionales migrantes y sus familias, a fin de dar cumplimiento con las normas internas del Congreso y a los Instrumentos Internacionales que nos obligan.

4. Dada la importancia que reviste la protección de los derechos humanos y laborales de los migrantes, su participación en la economía nacional y el bienestar de sus familiares y comunidades en México, no podemos permitir la inmovilidad de la comisión sin dar respuestas a sus demandas.

5. Resulta urgente ajustar nuestro marco jurídico, en materia de población, a fin de dar respuesta a la nueva dinámica poblacional de nuestro país, la inmigración al interior de nuestro país y sentar bases para la planeación demográfica y las políticas públicas derivadas de ella.

6. Ante la inminente discusión del paquete presupuestal para el año 2007, debemos elaborar las propuestas necesarias para atender los programas de atención a migrantes y los demás que tienen que ver con los temas propios de la comisión.

7. Es prioritario dar atención al problema derivado de la migración de personas provenientes del sur de nuestro país y garantizar la protección a sus derechos humanos, en congruencia con nuestras demandas de defensa y auxilio a los migrantes mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un severo extrañamiento al diputado Andrés Bermúdez Viramontes y se le exhorta, en su calidad de Presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; a dar cumplimiento a las normas que nos rigen y a las que nos comprometimos a cumplir y, con la mayor brevedad, convoque a reunión de trabajo de la citada comisión ordinaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

Diputados integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios: Roberto Badillo Martínez, Enrique Cárdenas de Avellano, Antonio de Jesús Días Athié, Isael Villa Villa, Yari del Carmen Gebhardt Garduza, Mario Mendoza Cortés, Ramón Álvarez Silvestre, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Érick López Barriga, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica).
 
 











Excitativas
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El pasado 17 de octubre presenté una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de establecer un monto de 2.6 por ciento de la recaudación federal participable, la cual fue turnada para su dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En la iniciativa presentada ante esta soberanía destacamos, entre otros, los siguientes motivos que le dieron origen:

1. Comportamiento de los recursos asignados al Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas

La LVIII Legislatura, en el marco de las negociaciones previas a la aprobación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2001, impuso el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), con un monto inicial de 13 mil 157.8 millones de pesos. A partir de dicho ejercicio, la partida se ha mantenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación con el siguiente comportamiento:

La incorporación del PAFEF al presupuesto federal se realizó, inicialmente, mediante el denominado Ramo 23, referido a previsiones salariales, al que, posteriormente, se incorporó el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) para el Ejercicio Fiscal de 2002 nuevamente el gobierno federal, de manera deliberada, omitió la partida a este programa, de modo que se utilizó como instrumento de negociación en aras de concretar la reforma fiscal. En tal contexto, la Cámara de Diputados decidió incorporar nuevamente la partida con 14 mil 700 millones de pesos corrientes. El decreto respectivo estableció que los recursos del programa serían utilizados exclusivamente para saneamiento financiero; apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales; y a la inversión en la infraestructura de las entidades federativas.

Para el ejercicio de 2003 se crea el Ramo 39, al cual se incorporaron los recursos de PAFEF, con un monto de 17 mil millones de pesos. El DPEF 2003 estableció que los recursos del Ramo General 39 tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones. Para este fin, y con las mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir entre ellas, o con el gobierno federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.

Para 2004, en el proyecto de Presupuesto de Egresos se asignaron recursos por 10 mil millones de pesos, cantidad que fue modificada durante el proceso de dictamen; finalmente se aprobó un monto por 17 mil millones de pesos.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, de manera reiterativa no se consideraron recursos para el PAFEF, debido a la restricción financiera prevaleciente, por lo que en la exposición de motivos presentada por el Ejecutivo Federal, se menciona que corresponderá a la Cámara de Diputados determinar, en su caso, el financiamiento para dicho programa. Durante las deliberaciones de los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se asignaron recursos por un total de 20 mil 386 millones de pesos.

Finalmente, para el ejercicio presupuestal de 2006 el gobierno federal se abstuvo, otra vez, de incluir la partida en la iniciativa del DPEF, argumentando las restricciones presupuestales. Por ello, la Cámara de Diputados volvió a incluir la partida, con un monto de 22 mil 500 millones de pesos con los mismos criterios de ejecución del ejercicio anterior. No obstante lo anterior, en noviembre pasado se dio una imprudente tentativa de reducir esta partida en 4 mil 900 millones de pesos, lo que generó tensiones innecesarias entre la federación y las entidades federativas.

2. Inclusión del Pafep en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

La creación del PAFEF ha sido producto de la demanda de los estados y de la vocación federalista de los diputados federales.

La permanencia del programa, durante seis ejercicios, implica que ha trascendido ya el carácter temporal que el gobierno federal ha insistido en asignarle. El gobierno federal ha mantenido una posición conservadora, al considerar las partidas como subsidios.

Independientemente de que es indispensable una reforma integral, que permita una revisión a todas las partidas transferidas a estados y municipios, así como las potestades fiscales de los tres órdenes de gobierno; propusimos esta iniciativa en ánimo de corregir, aun parcialmente, la distorsión generada al incluir este programa en la Ley de Presupuesto Federal y Responsabilidad Hacendaria, y no en la de Coordinación Fiscal.

3. Presupuesto de 2007

El Ejecutivo federal ha presentado ante esta Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007. En este presupuesto se consideraron recursos para el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), por un monto 17 mil 400 millones de pesos son las asignaciones previstas en el propio Ramo 39. En consecuencia, el monto asignado para dicho ramo, comparado con el ejercicio de 2006, muestra una disminución de 26 por ciento.

Por ello, la iniciativa en comento adquiere relevancia y actualidad, en la medida que está en juego la fortaleza financiera de los estados y, por tanto, su soberanía.

La propuesta consiste en modificar el artículo 85 para suprimir el carácter de subsidios a los recursos del PAFEF, así como establecer un monto de 2.6 por ciento de la recaudación federal participable, equivalente a 30 mil millones de pesos, de acuerdo con la estimación prevista en la Ley de Ingresos de la Federación para 2006. Asimismo, se propone que la distribución de los recursos entre las entidades federativas se realice conforme a las proporciones que deriven del reparto de las participaciones federales del ejercicio fiscal precedente.

Es por ello que el suscrito, diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se formule una atenta excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara con el propósito de que proceda a dictaminar la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de presupuestal, para incrementar las participaciones que me permití presentar el pasado 17 de octubre de 2006.

Mucho le agradeceré que esta excitativa sea turnada con carácter de urgente a la citada comisión, para que el dictamen sea presentado a esta asamblea antes de la aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.

Diputado Alberto Amador Leal
 
 
 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El pasado 3 de octubre presenté una iniciativa con proyecto de decreto que agrega un inciso al artículo 25; se adiciona el apartado A al artículo 45 y reforma el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Se trata de establecer el Fondo de Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas para: A) Otorgar el rango de aportaciones federales a los fondos adicionales destinados a los pueblos indígenas en los términos del apartado B del artículo 2 de la Constitución General de la República, incorporando el Fondo de Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal; B) Establecer dichos fondos en una cantidad equivalente al 0.79 de la recaudación federal participable.

En la iniciativa presentada ante esta soberanía destacamos, entre otros, los siguientes motivos que dieron origen a la misma:

Gasto federal destinado a las comunidades indígenas

En el penúltimo párrafo del citado apartado B del artículo 2 de la Constitución se estipula textualmente que: "Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio, y vigilancia de las mismas".

En principio, para cumplir este mandato el gobierno federal únicamente sumó el presupuesto asignado a diversos programas ejercidos en los municipios indígenas o con cargo a programas orientados a la población indígena administrados por del INI, la SEP o la Secretaria de Salud. Sin embargo, a juicio de lo legisladores, no se acataba con esa sumatoria de recursos, al espíritu de la reforma al artículo 2 apartado B que tiene el propósito de inducir un gran programa, con nuevos enfoques, con mayores recursos y que permita abatir, con determinación y en el menor plazo posible, el rezago histórico en los diversos indicadores sociales y económicos. Por ello, a iniciativa de los diputados de la LVIII Legislatura se incorporó al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002 un fondo adicional para el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas que ascendió a mil millones de pesos, como parte de los programas que tenía a cargo la Sedesol, dependencia que fungía como cabeza de sector del Instituto Nacional Indigenista (INI). También se ordenó la descentralización de este instituto y la transferencia de los activos, ubicados en las regiones, a los estados y los municipios. Esta decisión, por cierto, abrió un nuevo espacio a los desencuentros y las disputas en torno las instituciones responsables y los recursos destinados a los programas indígenas.

Con estos antecedentes, el 21 de mayo de 2003 se publica la ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), misma que sustituye al Instituto Nacional Indigenista. La CDI es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio y con autonomía presupuestal y administrativa. La CDI, en coordinación con los diputados, logró que creciera el citado fondo, ahora como Programa de Infraestructura para el Bienestar de los Pueblos Indígenas (PIBAI), que ha logrado sumar cerca de 4 mil 500 millones de pesos al cierre del 2006.

Presupuesto 2007

En este lapso, el Ejecutivo federal ha presentado ante esta Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

En el mismo se incluye un presupuesto asignado al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, en la cual se establece un presupuesto de 5 mil 058 millones de pesos para la CDI, de los cuales se propone destinar, únicamente, 2 mil 371 millones de pesos al PIBAI, es decir una disminución significativa respecto de los 3 mil millones aprobados en el presupuesto de 2006 y una mayor reducción con relación al cierre de 2006 que se estima en 4 mil 500 millones de pesos.

Por todo esto la iniciativa en comento adquiere actualidad y pertinencia.

Es por ello que el suscrito, diputado Alberto Amador Leal, con fundamento en la fracción XVI, artículo 21, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se formule una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, con el propósito de que proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 25; se agrega el apartado A al artículo 45, y reforma el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, que me permití presentar el pasado 3 de octubre de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.

Diputado Alberto Amador Leal