El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, presentado por el Poder Ejecutivo consideró recursos totales para el estado de Hidalgo por poco más de 15 mil millones de pesos.
La Cámara de Diputados de la pasada legislatura reasignó un total de más de 2 mil 500 millones de pesos para dicha entidad federativa, de los cuales mil 188 millones de pesos, correspondieron al gasto federalizado.
Dentro de estos recursos, se contemplaron 562 millones de pesos adicionales para el programa carretero.
Al considerar las ampliaciones anteriores, el Estado de Hidalgo contó con aproximadamente 17 mil 500 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2006.
En el mismo sentido, para el Programa Carretero, dentro de los recursos adicionales para "Construcción y Modernización de Carreteras" se consideraron 228.2 millones de pesos, de los cuales 90.0 millones de pesos se destinaron al tramo Atotonilco El Grande-Mineral del Monte; 68.0 millones de pesos se destinaron al tramo Pachuca-Ciudad Sahagún; 50.2 millones de pesos para el tramo Ixmiquilpan- Portenzuelo y 20.0 millones de pesos para el tramo Pachuca-Tulancingo.
Sin embargo, el estado de Hidalgo necesita de la construcción del tramo carretero Zempoala-Ciudad Sahagún con el propósito de reducir el tiempo de traslado entre Pachuca y Ciudad Sahagún. Asimismo, esto permitiría mejorar la seguridad para los usuarios en este tramo por el intenso tráfico de vehículos pesados que se genera y al mismo tiempo impulsar el desarrollo comercial con los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Es importante considerar que el proyecto forma parte del Proyecto de Gran Visión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Las metas específicas que se intentan conseguir son la construcción de dos carriles de 3.50 metros en cada cuerpo con acotamientos exteriores de 2.50 metros. También es importante tomar en cuenta la construcción de 4 puentes vehiculares y un distribuidor a nivel de acceso a Ciudad Sahagún. La longitud que se considera es de 16.5 kilómetros. La inversión estimada sería de 227.80 millones de pesos para considerarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.
Con la construcción de esta carretera se estaría beneficiando a más de 220 mil habitantes de los municipios de Pachuca, Zempoala, Tlanalapa, Tepeapulco, Apán y Emiliano Zapata.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, un monto adicional de 228 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción del tramo carretero Zempoala-Ciudad Sahagún-Emiliano Zapata.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a de diciembre de 2006
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL FINANCIAMIENTO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO
ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo de Financiamiento para el Desarrollo Integral del Estado de Puebla.
Exposición de Motivos
I. Antecedentes
El día 28 de noviembre del presente año, el gobernador del estado de Puebla, licenciado Mario Marín Torres, acudió ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, de ésta Cámara de Diputados, a presentar un balance económico -social de esta importante entidad federativa; de los retos que enfrenta para darle celeridad a los proyectos y las propuestas correspondientes. Del documento presentado por el gobernador destaca lo siguiente:
La estructura económica y productiva del estado de Puebla presenta un importante grado de diversificación, en virtud de que en ella se ubica una de las más importantes plantas de manufactura y ensamble automotriz de América Latina, muestra un gran dinamismo el establecimiento de diversas cadenas comerciales, financieras y proveedoras de servicios, tanto nacionales como extranjeras, y cuenta con el mayor número de instituciones de educación superior, públicas y privadas en el país, situación que genera diversas demandas y requerimientos por parte de los sectores productivos social, público y privado.
En el estado de Puebla reside el 5.2 por ciento de la población de nuestro país, ubicándose en el quinto lugar de las entidades federativas más pobladas a nivel nacional, sólo superado por los estados de México, Distrito Federal, Veracruz y Jalisco.
La tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto en el periodo 1993-2004 para el estado de Puebla es de 3.26 por ciento, mientras que para el país es de 2.83, además de que Puebla participa con el 3.6 por ciento en la conformación del Producto Interno Bruto nacional y ocupa el lugar 21 en el PIB per cápita en el contexto nacional.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de desocupación de la entidad poblana, como porcentaje de la Población Económicamente Activa, al segundo trimestre del presente año es de 2.94 por ciento, la cual se ubica por debajo de la nacional que es del 3.33 por ciento.
La inflación nacional al mes de octubre de 2006 es de 2.91 por ciento, siendo inferior en 1.23 puntos base con relación a la registrada en el estado de Puebla, la cual es de 4.14 por ciento.
La tasa media de crecimiento poblacional anual durante el periodo 1990-2005 ubica a Puebla 0.4 puntos base por encima de la media nacional que es de 1.8 por ciento, comportamiento determinado por el hecho de que el número de nacimientos que ocurre en la entidad asciende a 105 mil 550 anuales, sólo superado por tres estados y el Distrito Federal, a lo que se suma la alta densidad de población que es de 161.5 habitantes por kilómetro cuadrado y que es tres veces superior al promedio nacional.
De conformidad con la información dada a conocer por el Consejo Nacional de Población respecto al grado de marginación de los 217 Municipios del Estado de Puebla, 153 de éstos, es decir el 70.5 por ciento, presentan un grado de marginación muy alto y alto, situación que afecta a casi una tercera parte de la población.
De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano México 2004 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, entre las entidades federativas que más contribuyen a la desigualdad en los rubros de salud, educación e ingreso se encuentra Puebla, con índices de 0.8181, 0.7855 y 0.6758 respectivamente, ubicándolo en los lugares 25, 27 y 22, lo que se refleja en el Índice de Desarrollo Humano que es de 0.7598; valores que en todos los casos se ubican por debajo del índice nacional.
Salud
En materia de salud, la mayor parte de las personas que tienen acceso a los servicios que proporcionan las instituciones del sector público (80.5 por einto) son atendidas por el IMSS y en segunda proporción por el ISSSTE.
A Puebla le corresponde el 5.2 por ciento del total de unidades médicas del Sistema Nacional de Salud, constituyéndose en su mayor parte (52.3 por ciento) por las unidades adscritas a los Servicios de Salud del Estado. En cuanto a recursos humanos, Puebla cuenta con el 3.9 por ciento del total de médicos y el 2.7 por ciento del personal de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
Educación
Por lo que se refiere al tema educativo, a continuación se puede observar el reto que enfrenta la presente administración.
Es de observarse que para el Ejercicio Fiscal 2005 la aportación que hace el gobierno del estado al rubro de la educación, ocupa el quinto lugar en el contexto nacional, en tanto que la aportación del gobierno federal se ubica en el lugar número 12, lo que demuestra que proporcionalmente los esfuerzos financieros para apoyar al sector educativo son mayores por parte del gobierno del estado.
Distribución porcentual de las aportaciones federales y estatales al sector educativo1998-2005
Lo anterior tiene como consecuencia un incremento considerable en la demanda de servicios, para lo cual es imprescindible contar, por una parte con los recursos suficientes, y por la otra, con una mayor eficiencia en las instituciones que los proveen.
Ingresos
El programa de gasto del Gobierno del Estado está determinado por la recaudación local y los recursos extraordinarios estatales, así como por el monto y estacionalidad de los recursos provenientes de la Federación, representando éstos últimos para el año 2007 el 90.9 por ciento del total de los recursos del Presupuesto de Egresos.
Para abundar al respecto, podemos decir que Puebla ocupa el quinto lugar entre las entidades federativas que durante el periodo 1990-2005 registraron los mayores crecimientos en los rubros de participaciones e incentivos distribuidos a los municipios con el 179.9 por ciento.
Sin embargo, Puebla es una de las entidades que de acuerdo con el Diagnóstico Integral de la Situación Actual de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales, publicado este año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió menos participaciones per cápita en 2004, lo que provocó que se ubicará en el lugar 31 a nivel nacional, mostrando con ello lo limitados que aún resultan ser estos recursos ante la magnitud de nuestras necesidades.
Adicionalmente, es oportuno señalar que en los rubros de gasto per cápita asignado a salud y educación en el periodo 1999-2005 Puebla ocupa el lugar 30 en ambos casos, al destinar 796 y 6 mil 169 pesos por persona, respectivamente. Por otra parte, con relación a la asignación per cápita del Ramo 39 PAFEF y del Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, Puebla se ubica en los lugares 29 y 27, dentro del contexto nacional.
Todo ello denota que en los últimos años la disponibilidad de recursos provenientes de la Federación se ha reducido considerablemente y en consecuencia la capacidad financiera estatal para afrontar las crecientes necesidades y demandas que se presentan en estos rubros, situación que amenaza con volverse un problema de tipo social y político, debido a que no se logran satisfacer las demandas de un importante sector de la población.
A continuación se presentan los proyectos prioritarios y adicionales que el Gobierno del Estado tiene previsto realizar durante el ejercicio fiscal 2007 y que tienen como propósito fundamental contribuir a la solución de los problemas mas urgentes en materia de comunicaciones y de salud, principalmente, así como Desarrollo Sustentable y Patrimonio y valores culturales.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
De financiamiento para el desarrollo integral del estado de Puebla
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a liberar 419.83 millones autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y 833.8 millones de pesos en el correspondiente al 2006, recursos no radicados al estado de Puebla, de conformidad con el cuadro siguiente:
Proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y 2006
Recursos no radicados al estado.
Segundo. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 los proyectos prioritarios siguientes:
Construcción de la Policlínica Zona Norte del municipio de Puebla que requiere una inversión de 450.0 millones de pesos, que beneficiará a 1 millón 677 mil poblanos.
Cuarto. En materia de salud, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, la construcción del Hospital General del Municipio de Libres, con una asignación de 129 millones de pesos, mismo que beneficiará a 55 mil 143 mexicanos.
Quinto. En Materia de Desarrollo Sustentable, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación una asignación de 834.8 millones de pesos, para los proyectos que se citan a continuación:
Sexto. En el rubro de Patrimonio y Valores Culturales, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, recursos con un monto de 900 millones de pesos para la construcción del Centro Expositor (Centro Cívico 5 de Mayo) lo que beneficiará a 400 mil ciudadanos.
Séptimo. Para Otros rubros, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, recursos que asciendan a 109.0 millones de pesos, 60.0 millones de pesos para el Fortalecimiento de la Protección Civil, que beneficiará a 2 millones 800 mil poblanos y 49.0 millones de pesos para la Educación Secundaria y Bachillerato Intercultural, lo que beneficiará a 3 mil 340 ciudadanos, y recursos por $$$ para la construcción y operación de las extensiones de los planteles de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en los municipios de Pahuatlán y Venustiano Carranza en el estado de Puebla.
Señor Presidente, solicito a usted que la presente propuesta con punto de acuerdo, sea turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su trámite, asimismo sea inserto integro su texto, en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de 2006.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
SE CONSIDERE UNA PARTIDA ESPECIAL DESTINADA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PARA LAS CENTRALES DE ABASTO DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO
MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país, los comerciantes micro, pequeños e inclusive los medianos han visto disminuido su posicionamiento en el mercado, debido -entre otras cosas- al incontenible avance de las grandes cadenas comerciales, a la falta de desarrollo y competitividad
Como una parte de nuestras tradiciones, el comercio al menudeo de los productos agropecuarios se ha venido realizando a través de un esquema de venta muy antiguo y que por ello se conoce como comercio tradicional.
Este esquema utiliza básicamente cuatro formas de venta: el mercado público, el mercado regional, los mercados sobre ruedas o tianguis y las centrales de abasto.
Hasta la década de los años ochenta, los supermercados se ubicaban de forma estratégica en áreas urbanas preferentemente en segmentos poblacionales con el alto y medio poder adquisitivo.
Sin embargo, en los años noventa el crecimiento de los autoservicios se presentó como un fenómeno comercial de expansión desmedido logrando un importante posicionamiento tanto en términos de ventas como en el número de establecimientos, basando este desarrollo en el entendimiento y respuesta que ofrecieron al crecimiento y exigencias de la sociedad.
Según algunos estudios del sector, se tiene identificado que algunas transnacionales controlan de forma integra el mercado de importaciones a nuestro país de los tres principales productos de consumo nacional: el maíz, el frijol y el sorgo.
La consecuencia directa de esto, en el mejor de los casos, ha sido la afectación a los pequeños productores nacionales, pero en muchos de ellos ha sido la quiebra.
La sociedad de México y el mundo se encuentra en un permanente proceso de crecimiento, cambiando hábitos de consumo y exigiendo mayor calidad en los productos que adquiere.
De igual forma, que la demanda alimenticia ha crecido, las tiendas de autoservicio han asumido un papel de satisfactor, que no les corresponde si consideramos que en su mayoría están conformadas por capital extranjero. Por ejemplo, en la actualidad, prácticamente el 80 por ciento de las ventas de productos al menudeo en la ciudad de México, esta controlado por este sector.
Los autoservicios son dueños de agresivas estrategias de comercialización y posicionamiento en el gusto del consumidor, lo que les ha permitido la creación de sus propios sistemas de acopio y distribución, encerrando en un callejón sin salida a los grandes centros de acopio, como son las centrales de abasto.
De continuar por este camino el sistema tradicional de ventas en áreas de subasta y distribución de hortalizas, verduras o frutas por fragmentos mayoristas tiende a desaparecer.
Algunos de los efectos directos en el sector son: Infraestructura inadecuada, tecnología obsoleta, Inocuidad inexistente, productos y servicios sin calidad y disminución dramática de ventas.
Hoy día, las centrales de abasto aún juegan un papel muy importante en nuestra sociedad, pues concentran a más de 27 mil comerciantes, generan más de 300 mil empleos directos y más de 800 mil empleos indirectos que representan la dependencia de cerca de 700 mil familias y manejan cerca del 80 por ciento del consumo nacional de frutas y hortalizas.
Por otra parte, no se puede dejar de considerar el derecho de alimentación de las personas y sobre la importancia de crear esquemas que permitan atender esta necesidad que nos incumbe específicamente a los mexicanos.
En suma, el sector se enfrenta a una compleja crisis ante el embate estratégico y de fuerte potencial económico y que resulta prioritario revertirlo. Si no se logra realizar la tarea de abasto racional y eficientemente, habremos fracasado en uno de nuestros más importantes objetivos, que es el apoyo al desarrollo social y seremos responsables de los efectos devastadores que esto conllevará en toda la estructura socioeconómica.
Por tanto, es indispensable incrementar de manera sustancial los recursos para las centrales de abasto, con el firme propósito de impulsar la competitividad del sector abasto de México, modernizar su infraestructura y equipamiento, establecer importantes estrategias de posicionamiento en todos los segmentos y a todos los sistemas producto, impulsar y mejorar la cultura empresarial, crear nuevas alternativas de negocio y detonar igualdad de condiciones económicas para hacer frente a la competencia.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, una partida especial correspondiente a la Secretaría de Economía por un monto de dos millones de pesos con el objetivo de incrementar la infraestructura, apoyar con tecnología de punta y modernizar a todas las centrales de abasto del país.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
SE CONSIDEREN RECURSOS PARA GARANTIZAR EL PAGO A LOS BENEFICIARIOS DEL
FONDO DE APOYO A EX BRACEROS, A CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN DE LOS
SANTOS MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito Joaquín Conrado de los Santos Molina, diputado del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Como se sabe, el 25 de mayo de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
2. El 29 de septiembre de 2005, se celebró el Contrato de Fideicomiso de Administración, por parte del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública federal centralizada, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, Institución Fiduciaria, en su carácter de fiduciaria. Dicho contrato dio origen al denominado Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964).
3. El 27 de octubre de 2005, se dieron a conocer las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, en el Diario Oficial de la Federación. En tales Reglas de Operación se estableció que la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso sería la Secretaría de Gobernación (Segob).
4. De acuerdo con la información que ha venido proporcionando la Segob, el 10 de marzo de 2006, en sus 32 mesas receptoras, se cerró la recepción de documentación, lo cual arrojó un universo total de 222 mil 775 solicitantes del apoyo social a los ex braceros.
5. La Segob estima que, del universo total de 222 mil 775 solicitantes, sólo 47 mil 749 cumplen con todos los requisitos legales que impone las reglas del fideicomiso.
6. Ahora bien, si a los 47 mil 749 que si cumplen con todos los requisito legales, se les descuentan las 15 mil 825 personas que ya han sido publicadas en las 16 listas de la Segob, tenemos un remanente de 31 mil 924 beneficiarios. Esto significa que para pagar a los 31 mil 924 beneficiarios, se necesitan mil 213 millones 112 mil pesos ($1 213 112 000.00).
7. Finalmente, debemos enfatizar que estamos hablando de ex braceros que trabajaron durante el periodo que comprende los años de 1942 a 1946 y que, por ende se trata de personas de muy avanzada edad, muchos de ellos enfermos, otros están falleciendo, tomando en cuenta que el fideicomiso los hace beneficiarios, porqué no cubrir de una vez por todas el monto total ya que tarde o temprano tendrá que pagarse; por lo que apelamos al sentido humanitario de todos compañeros diputados, para que estos trabajadores puedan gozar del apoyo que se establece el multicitado Fideicomiso 2106. Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del Honorable Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, en el Presupuesto para el año fiscal de 2007, la cantidad de $1 mil 213 millones 112 mil pesos (Un mil 213 millones 112 mil pesos) para garantizar el pago a los 31 mil 924 beneficiarios del Fondo de Apoyo los Ex Braceros que han cumplido con los requisitos legales que dispone el Fideicomiso 2106 y sus Reglas de Operación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de diciembre de 2006
Diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL Y POPULAR, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA TORRES BALTAZAR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal María Elena Torres Baltazar, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones y Antecedentes
Primero. Nuestra Carta Magna estableció desde 1984 en su artículo cuarto que "toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa", derecho que está definido 22 años después en el artículo 2 de la Ley de Vivienda en estos términos:
Sin embargo, las instituciones y el discurso oficial han omitido la segunda parte de dicho precepto constitucional, al sustituir el derecho a la vivienda por el acceso a la vivienda, definido en función de la capacidad de endeudamiento de los acreditados, misma que está condicionada por los precios establecidos por los oferentes, en su mayor parte poderosos consorcios inmobiliarios, de tal modo que la vivienda popular o de interés social ha dejado de ser un derecho para ser una mercancía, con una calidad deficiente perdiendo el sentido de "digna y decorosa", dado que no es rentable para tales consorcios.
La magnitud del desafío habitacional en nuestro país tiene las siguientes proporciones: las necesidades de vivienda por concepto de rezago estimado al año 2012 será de 5.3 millones, mientras que por concepto de vivienda nueva las necesidades será de 6.7 millones para ese mismo año.
Segundo. Lo relacionado con la vivienda de interés social y popular, así como la producción social de vivienda es reconocida y tratada explícitamente en la Ley de Vivienda, la cual establece en sus artículos 3, 4, 5, 6, 8, 42, 47, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63 y 71, su espíritu, diversas definiciones, principios de equidad e inclusión, orientaciones programáticas, instrumentos de apoyo, fomento y financiamiento, así como criterios de atención incorporando las diversas modalidades de vivienda urbana y rural, definiendo las bases legales para instrumentar una política de Estado en materia de vivienda de interés social y popular.
Tercero. Es viable incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2007 un apartado exclusivo para vivienda de interés social y popular, ya que además de los fundamentos jurídicos mencionados en la anterior consideración, tenemos que en la estructura de la Ley de Vivienda es claro el mandato y responsabilidad del Congreso de la Unión al determinar en su Título Séptimo, "De la Producción Social de Vivienda", que los instrumentos y programas de apoyo y fomento permiten establecer una política pública de vivienda popular, conforme a lo dispuesto en los artículos 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91.
Cuarto. La propia Ley de Vivienda establece los principios, bases de coordinación y mecanismos programáticos y operativos para el apoyo a la gestión habitacional por parte de los institutos de vivienda de las entidades federativas, tal y como consta en los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 38, 39, 40, 47, 49, 50, 62, 65, 66, 69 y 88.
Esto significa que es viable fortalecer a los organismos estatales, para lo cual el Presupuesto de Egresos de la Federación constituye un instrumentos fundamental en esta perspectiva de avanzar en la federalización y descentralización de la política de vivienda.
Quinto. Cabe recordar que la Ley General de Desarrollo Social reconoce en su artículo 19, fracción VII, que los programas de vivienda son prioritarios y de interés público.
Sexto. En los últimos años no han sido atendidos de manera sistemática los institutos estatales de vivienda ni la producción social de vivienda como ejes prioritarios de la política habitacional, a pesar de los esfuerzos de esta Soberanía al incorporar aspectos normativos, operativos y presupuestales para el apoyo a la vivienda popular, que es el objeto por el cual fue creado el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
En el aspecto normativo, tenemos que la Cámara de Diputados al aprobar los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006, determinó que el Fonhapo no ejecutara sus programas a través de intermediarios financieros privados, por lo cual debió seguir operando como organismo de primer piso, sin embargo esto no fue acatado por las autoridades competentes.
En materia presupuestal, con la aprobación de los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006, esta Soberanía no sólo procuró incrementar recursos al Fonhapo, sino también definir una política de Estado en materia de vivienda popular, asignando recursos para Vivienda Rural en los tres años a partir de lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para Adquisición de Suelo Apto en 2004 y 2005, además de ampliar recursos para el programa Tu Casa, todo ello inscrito en el Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social", del propio Presupuesto.
Sin embargo, en los tres programas se han registrado subejercicios, lo cual es preocupante ya que a pesar de los reducidos montos destinados a los sectores más pobres de nuestro país, tenemos que no ha habido un adecuado ejercicio de los recursos.
El caso del Programa de Vivienda Rural es particularmente grave, porque en los Presupuestos 2005 y 2006 la Cámara de Diputados aprobó recursos adicionales del Ramo 20 para ser ejercidos en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, lo que no ha ocurrido, dado que en los reportes trimestrales del Programa de Vivienda Rural no se reportan esos recursos adicionales.
En el caso de Reglas de Operación del Programa "Tu Casa", tenemos otro problema no menos grave, y se refiere al hecho de que en tales reglas se ha determinado que los recursos que deberían tener como destinatarios los sectores populares que no tienen vinculación con el mercado formal de vivienda, puedan ser incluidos en supuestos programas de cofinanciamiento con el Infonavit y el Fovissste, a fin de complementar con recursos fiscales los créditos que ambos fondos deberían otorgar a sus derechohabientes de menores ingresos para cumplir con el mandato constitucional de otorgar créditos "baratos y suficientes" para que los trabajadores adquieran "habitaciones cómodas e higiénicas", conforme a lo estipulado en los apartados "A" y "B" del artículo 123 de la Ley Fundamental.
Dado que ambos fondos han desatendido a la población no solvente para acceder a la compra de viviendas en un mercado controlado por un reducido grupo de poderosas empresas desarrolladoras de vivienda, se ha recurrido a este falso esquema de cofinanciamiento, implicando con ello el abandono de la política de vivienda popular.
Por otra parte, en tales reglas de operación se establece que los recursos fiscales también sirven para la operación de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) hipotecarias, mismas que operan en el Programa Especial de Crédito y Subsidio a la Vivienda (Prosavi), a cargo de Sociedad Hipotecaria Federal, lo que también da lugar a que los recursos fiscales que deberían destinarse a la población excluida y marginada de nuestro país sean canalizados a sectores de mayores ingresos.
En el decreto del PEF 2006 esta soberanía aprobó en el artículo 54 que el Ejecutivo federal deberá considerar la opinión de las entidades federativas en el diseño de las reglas de operación para lograr una mejor planeación y ejecución de los programas correspondientes; sin embargo ha prevalecido el centralismo, impidiendo así fortalecer la gestión social y local de los programas de vivienda.
Séptimo. Debe haber un cambio de fondo en la política habitacional. Es claro que el llamado sector vivienda, representado principalmente por la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) no es la opción para la mayor parte de la población; los sectores populares y no asalariados, que eran el universo de atención del Fonhapo, deben ser atendidos con una política de estado que no puede sujetarse al mercado; los desarrolladores, banca y Sofoles deben atender a sectores de mayores ingresos, y no capitalizar recursos definidos constitucional y fiscalmente para la población de menores ingresos.
Los productores industriales de vivienda deben insertarse en un mercado real, de competencia y libre concurrencia en igualdad de condiciones, sin que reciban subsidios indirectamente por parte del estado, traficando influencias, comprando en condiciones altamente favorables terrenos ejidales, corrompiendo a autoridades municipales para modificar los programas de desarrollo urbano local y obtener licencias para construir viviendas en zonas periféricas transfiriendo los costos de urbanización a las finanzas públicas sin compartir tales costos debido a la obtención de altos niveles de plusvalía sin arriesgar sus capitales conjuntamente con la sociedad.
Octavo. Por lo anteriormente expuesto, consideramos indispensable replantear el manejo de los recursos fiscales. Es contradictorio que los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a través del Ramo 20 a Fonhapo, que deberían ser para atender a los productores sociales de vivienda y a la población no asalariada del campo y la ciudad con menores ingresos y más vulnerable estén siendo desviados para crear una ficción de subsidios que complementan los créditos para derechohabientes de Infonavit y Fovissste o acreditados de Sociedad Hipotecaria Federal y las Sofoles.
Debe establecerse en el Presupuesto de Egresos de la Federación un apartado específico, denominado "Programa de Apoyo a la Vivienda Popular y de Interés Social", inscrito en el Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social", con partidas específicas para el otorgamiento de créditos blandos y subsidios a productores sociales, conforme a lo acotado en la Ley de Vivienda.
Las reglas de operación deben acatar lo dispuesto en la Ley de Vivienda y en el decreto del PEF, debiendo ser producto de la consulta pública respectiva y no una imposición centralista del gobierno federal.
Noveno. Es prioritario incrementar los recursos fiscales para vivienda popular. En el Presupuesto de Egresos de la Federación debe aumentar el monto de recursos para la producción social, atendiendo prioritariamente programas de vivienda progresiva, mejoramiento y lotes urbanizados, etiquetando tales recursos para que no sean desviados a programas de cofinanciamiento como los instrumentados a partir de las Reglas de Operación del Programa Tu Casa, en su totalidad los recursos deben destinarse a la producción social de vivienda, conforme a lo ordenado por la Ley de Vivienda.
Esta propuesta debe operar con base en criterios flexibles, combinando líneas de crédito que incluyan lo relativo a suelo, urbanización, edificación, asesoría, estudios y proyectos, guardando equidad y proporcionalidad en zonas urbanas, rurales e indígenas de las entidades federativas y municipios del país, atendiendo prioritariamente a la población con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.
El ejercicio de los recursos se hará conforme a los convenios que se establezcan entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los productores sociales en forma colectiva o individual.
Para el año 2007 se propone un monto de doce mil millones de pesos, que deberán ser operados por los institutos estatales de vivienda, apoyando a los productores sociales de vivienda.
Décimo. Es urgente crear y consolidar los instrumentos de apoyo a la producción social de vivienda. La Ley de Vivienda reconoce explícitamente esta modalidad de producción, ello implica que la población mayoritaria del país no es consumidora o compradora de mercancías habitacionales definidas a partir del valor de cambio.
Debe entenderse que el valor de uso es un factor central en la vida social mexicana, por ello planteamos que no debe obstaculizarse desde el Poder Ejecutivo Federal la posibilidad de que las organizaciones sociales sean incluidas en políticas y estrategias de nuevo tipo, buscando mecanismos para garantizar el derecho a la vivienda para quienes ahí participan.
Algunos criterios para acatar las disposiciones que la Ley de Vivienda establece en materia de producción social de vivienda, y que no deben estar condicionadas a criterios discrecionales por parte de las autoridades para dar cabal cumplimiento al mandato de la Ley de Vivienda respecto a la producción social, son los siguientes:
B) Analizar objetivamente los informes de ejercicios financieros y avances de obra de las propias organizaciones;
C) Apoyar decididamente y/o asesorar a las organizaciones en materia de gestión y administración;
D) Discutir en foros abiertos la forma de sumar recursos públicos, ahorro colectivo e individual y la cooperación internacional;
E) Analizar el diseño de estrategias de financiamiento público con diferentes líneas de créditos y definición de subsidios considerando los niveles de ingreso;
F) Apoyar y financiar la asesoría profesional y apoyos externos especializados;
G) Fomentar la capacidad de autogestión administrativa y de recuperación de cartera por las propias organizaciones;
H) Establecer metodologías de evaluación y seguimiento acordes a las características de los productores sociales;
I) Modificar los esquemas de recuperación de cartera vencida aplicados por los organismos nacionales de vivienda para no anular el derecho a la vivienda.
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar en términos reales el financiamiento para vivienda popular, que comprende a las familias que tienen un ingreso de hasta cuatro salarios mínimos, dando prioridad a la población excluida, marginada y con menores ingresos, de manera equitativa y proporcional en todas las entidades federativas y los municipios urbanos, rurales e indígenas.
Segundo. Para el año 2007 se propone un monto de doce mil millones de pesos, que deberán ser operados por los institutos estatales de vivienda conjuntamente con los productores sociales de vivienda.
Tercero. Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda Popular y de Interés Social, inscrito en el Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social", deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Vivienda y el decreto del PEF, debiendo ser sometidas a consulta pública con los gobiernos estatales, los productores sociales de vivienda y otros sectores sociales vinculados con este programa.
Diputada María Elena Torres Baltazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE SUELO Y AGUA DE LA ZONA DE PRESERVACIÓN
ECOLÓGICA DE TLÁHUAC, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA
GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Guadalupe Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La Ciudad de México es el centro histórico, político y económico de la República Mexicana, tal como lo fue para los pueblos que habitaron la región antes de la llegada de los europeos al continente americano. Desde su origen, su ubicación estratégica fue apreciada por los mexicas, que edificaron aquí la Gran Tenochtitlán. La parte baja de la región estaba cubierta por grandes lagos, surcada por ríos, arroyos y manantiales, y rodeada por exuberantes bosques, conformando un ecosistema que alberga, aún hoy, una rica biodiversidad, que incluye a muchas especies endógenas.
El incremento de la población y de la superficie habitada inició en la región un proceso de alteración del ambiente que continúa hasta nuestros días. Estos cambios se observan en la pérdida de la mayoría de los cuerpos de agua; la desaparición, reencauzamiento o entubado de casi todas las corrientes de agua permanentes o temporales; la disminución drástica de la cobertura vegetal y, como consecuencia, la merma en la biodiversidad y la erosión de los suelos; el abatimiento de los mantos acuíferos hasta poner en riesgo la viabilidad de la metrópoli, y finalmente, el estigma de dejar de ser "la región más transparente", para dar lugar a una densa nube de humo.
En el siglo pasado, el valor principal dado a la zona rural del Distrito Federal fue de "reserva territorial" para el crecimiento urbano, hasta que se tomó conciencia de que ese modelo de desarrollo conducía a la destrucción ambiental, poniendo en duda la viabilidad de la cuenca en el mediano plazo.
El Distrito Federal cuenta con una superficie del orden de 150,000 hectáreas, se localiza dentro de una cuenca hidrográfica que rebasa sus fronteras. Administrativamente se encuentra dividido en Suelo Urbano (SU) con una superficie de 63,800 hectáreas y el suelo de conservación (SC), el cual está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y legislado por el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF; 2000), cubriendo una superficie de 88 mil 442 hectáreas (59 por ciento).
El suelo de conservación constituye un área de gran relevancia dentro de la cuenca, ya que en el se generan servicios ambientales que son indispensable para la viabilidad de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Dentro de estos servicios sobresalen la recarga del acuífero, la captura de carbono, la producción de oxígeno y la retención de suelo fértil. Todos ellos ligados directamente con el mantenimiento del ciclo hidrológico y por ende con aproximadamente el 70 por ciento del agua que abastece al Distrito Federal.
Otros servicios ambientales menos reconocidos por la sociedad, son los ecosistemas que se encuentran presentes en la cuenca, además de ser muy diversos, albergan una biodiversidad tal que tiene representada el 2 por ciento de la mundial.
El suelo es un recurso natural no renovable y constituye uno de los principales elementos del patrimonio natural. Su pérdida o deterioro, como sucede con la desertificación, conlleva graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, ya que es el soporte donde se desarrolla la vida. El suelo actualmente está sometido a una presión cada vez mayor. Gran parte de los procesos de degradación de las tierras está asociado con las prácticas agropecuarias no sustentables y con los cambios de uso de suelo no autorizados de terrenos forestales a usos agrícolas, pecuarios o habitacionales en zonas no aptas para ello.
El deterioro ambiental que ocasiona la degradación del suelo es inestimable; sólo para dar una idea, en México el efecto de la erosión hídrica, considerando la pérdida de productividad de soya, maíz, sorgo y trigo, se ha evaluado en mil millones de dólares (magulis, 1992), las graves consecuencias ambientales, productivas y económicas causadas por la degradación del suelo, obligan a la articulación de esfuerzos públicos y privados, hacia un programa común de combate a esta degradación.
De acuerdo con cifras recientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) -2003-, se estima que en México existen 93.5 millones de hectáreas afectadas por algún proceso de degradación del suelo causada por actividades antropogénicas; lo que representa aproximadamente el 47 por ciento del territorio nacional continental. Si se tienen en cuenta los desiertos naturales, la cifra aumenta hasta un 71 por ciento.
Estos datos confirman que la degradación del suelo es una de las más importantes amenazas medioambientales de México y que, por tanto, es necesario que se desarrollen y dirijan acciones para revertir su deterioro.
Para contribuir a la conservación del suelo que todavía no presenta un deterioro significativo y a la recuperación de los que en alguna medida se han deteriorado, para el año 2005, se contó con recursos federales que dieron sustento a la operación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, cuyo propósito fue dar sustento a los Programas de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal y de Restauración de Suelo y Agua de la Zona sujeta a Conservación Ecológica de Xochimilco del Distrito Federal.
Los recursos que se utilizaron, fueron del presupuesto autorizado para el ejercicio 2005 establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004. El monto inicial aprobado fue de 129 millones de pesos a razón de 99 millones de pesos para el primer programa y 30 millones para el segundo; sin embargo, debido a las reducciones imprevistas, se autorizó un monto total de 94 millones 885 mil 600 pesos, que hasta el 10 de agosto del 2005, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) fue notificado por la Semarnat, a través de su Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, monto que correspondió a 72 millones 819 mil 200 pesos para el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal, y de 22 millones 66 mil 400 pesos para el Programa de Restauración de Suelo y Agua de la Zona sujeta a Conservación Ecológica de Xochimilco del Distrito Federal.
Con base en ello, el 12 de agosto del 2005, se firmó el Convenio de Coordinación Semarnat-GDF, así como los Lineamientos correspondientes y el ejercicio de los recursos arrojaron buenos resultados al aplicarse 92 millones 548 mil 420 pesos, que representan el 97.5 por ciento de lo programado. Asimismo, con respecto a los 123 proyectos aprobados por el Comité correspondiente, se concluyeron 118, es decir, el 96 por ciento de lo previsto.
La aplicación de estos recursos fue sumamente exitosa y permitió establecer un esquema de trabajo institucional sumamente interesante entre el gobierno federal y el gobierno local.
Para el año 2006, aunque el Decreto de Presupuesto de la Federación, consideró la programación de recursos para la Conservación de Suelo, por diversas causas estos fueron aplicados a otros programas de la Semarnat, por lo cual no fue posible contar con recursos para su aplicación al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en el Distrito Federal.
Por otra parte, la zona chinampera de Tláhuac se ubica en la cercanía del centro de la delegación, representada por sedimentos lacustres depositados en el periodo cuaternario y asentada en lo que era el lago Chalco-Xochimilco. Para los colonizadores de la cuenca lacustre del valle de México, las chinampas representaron la única opción de agricultura a nivel artesanal y de alto potencial productivo. La construcción dependía de las características físicas del lugar, por lo que en áreas inundadas se hacía en el lago y en zonas pantanosas en las orillas del lago.
La zona también tiene un alto potencial turístico para el Distrito Federal, que puede generar importantes ingresos para los habitantes de la demarcación a través del turismo ecológico, parte inseparable de la identidad de Tláhuac.
El 11 de diciembre de 1987, la UNESCO inscribió en la lista de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, al sistema de chinampas de Xochimilco y Tláhuac, por el valor excepcional y universal de sus bienes, el cual debe ser protegido para beneficio de la humanidad.
Ahora, la zona está subexplotada, a pesar del alto potencial productivo para la siembra y cosecha de hortalizas, legumbres, flores, granos básicos, forrajes, plantas medicinales, plantas ornamentales, entre otras.
Las chinampas también registran graves problemas de deterioro por las plagas que afectan al ahuejote y al sauce llorón, por el azolve a consecuencia del derrumbe de los bordes y por un proceso de secado del lago, así como el incremento del nivel de salinidad.
El proceso de recuperación de la zona debe incluir la puesta en marcha de programas de reforestación, financiamiento de cultivos y combate a los incendios forestales y construcción de infraestructura hidráulicas para riego.
Ante éste escenario resulta imprescindible e impostergable que en el presupuesto 2007 se destine un monto presupuestal mayor al de 2005 para el Programa de Protección, Conservación y Restauración de los Recursos Naturales del Distrito Federal, así como también destinar un monto presupuestal específico a fin de llevar a cabo un programa similar al implementado en la Delegación Xochimilco, para la restauración del suelo y agua de la zona de preservación ecológica de la delegación de Tláhuac, en el Distrito Federal.
Con base en lo anterior, me permito proponer a ésta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita atentamente a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Presupuesto y Cuenta Pública que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 un monto de 300 millones de pesos para el Programa de Protección, Conservación y Restauración de los Recursos Naturales del Distrito Federal.
Segundo. Se solicita atentamente a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Presupuesto y Cuenta Pública que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 un monto de 30 millones de pesos para el Programa de Restauración de Suelo y Agua de la Zona de Preservación Ecológica de Tláhuac en el Distrito Federal.
Tercero. Se solicita atentamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que considere el convenio de coordinación y los lineamientos elaborados para la ejecución de los programas durante el ejercicio 2005, como base para la aplicación equitativa de los recursos solicitados, en aras de lograr la mayor eficiencia en la ejecución de los mismos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.
Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR UN HOSPITAL GENERAL EN TLÁHUAC,
DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social, por lo tanto combatirla es una responsabilidad pública, por esa razón, la salud es el eje sobre el que deben girar las políticas sociales de un gobierno para proveer bienestar a su población. En el caso de México, el marco jurídico que define el derecho de acceso a los servicios de salud se encuentra consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución.
En las últimas dos décadas, en el Distrito Federal, se aceleraron los procesos de urbanización con la expulsión de los marginados hacia la periferia y el despoblamiento en la zona central de la ciudad, lo que agudizó la segregación socioterritorial y polarizó las condiciones de vida y de salud.
Los servicios de salud se rezagaron cuando la Ciudad se expandió a la periferia donde hoy se concentra la población con mayor necesidad de atención, como es el caso, de las delegaciones Tláhuac y Milpa Alta donde las condiciones de salud coexisten proporciones muy altas de enfermedades infecciosas y graves carencias.
Diversos estudios realizados por universidades públicas y por el Instituto Nacional de Salud Pública establecen que las demarcaciones Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa son áreas que cuentan con altos índices de marginación. En el caso específico de Tláhuac es una delegación que se encuentra clasificada con una alta y muy alta marginalidad, contando con un 80 por ciento de la población que reside en esta zona. Aunado a ello, esta demarcación presenta un déficit en infraestructura social, las desigualdades y las carencias se presentan con mayor fuerza en las zonas periféricas de la delegación y esto viene acompañado por la mala calidad y deterioro en los servicios públicos, es el caso específico de la salud.
La Delegación Tláhuac se ubica al sur oriente del Distrito Federal y de acuerdo al censo de 2005 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la población asciende a 344 mil 106 habitantes. En cuanto a las condiciones de salud, los datos de marginalidad contribuyen al perfil de morbilidad caracterizado por el predominio de enfermedades infecto-contagiosas y carenciales. Asimismo, esta delegación está clasificada como "condiciones de vida precaria", las enfermedades respiratorias agudas ocupan el primer lugar de la morbilidad por demanda de atención.
Respecto al problema de las enfermedades por falta de servicios públicos adecuados (falta de drenaje, pavimentación, agua potable, alumbrado, entre otros) en niños menores de cinco años, se observa que esta demarcación presenta la mayor tasa de padecimientos ligados a la falta de servicios públicos y el diagnóstico de desnutrición leve se ubica entre las principales causas de morbilidad por demanda de atención en los servicios de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. En Tláhuac la morbilidad infantil es elevada registrando en el año 2000 que la delegación ocupó la tasa más alta de muerte en niños menores de un año en la Ciudad de México. La mortalidad materna también fue de la más alta durante el periodo citado, esto significa que los pacientes que fallecen en estos grupos de edad es resultado de la mala atención prenatal, natal y neonatal, lo que se traduce en un mal cuidado ginecoobstétrico a las madres durante su embarazo.
Los problemas como la diabetes y la hipertensión arterial también se localizan entre las principales causas de morbilidad, atendido por el sistema público de salud, asimismo, los accidentes son eventos frecuentes en la zona.
Los recursos humanos para la atención de la población en esta demarcación son muy escasos, ya que la cobertura del primer nivel de atención es solo del 65 por ciento realizada por médicos generales y médicos especialistas. En cuanto a camas censables, presenta un déficit muy importante, considerando que los estándares internacionales y nacionales establecen la relación de un médico por cada mil habitantes y una cama censable por cada mil habitantes. En los 13 centros de salud existentes solo hay 69 médicos, de los cuales once son médicos generales; veinticinco son especialistas; veintidós odontólogos y médicos en formación, y once ejercen otras funciones. El total del personal de enfermería son noventa y siete, y existen 13 auxiliares de salud.
Los datos arriba anotados promedian 0.3 médicos por cada mil habitantes y 0.3 camas censables por cada mil habitantes, presentándose un grave déficit de disponibilidad de infraestructura tanto de recursos humanos como de equipamiento hospitalario.
Lo anterior justifica que actualmente es necesario expandir los servicios de salud en correspondencia a las necesidades del crecimiento demográfico, los cambios epidemiológicos y el crecimiento excesivo de la población de la zona metropolitana y sobre todo en las zonas periféricas del la ciudad.
Las cifras estadísticas presentadas en este Punto de Acuerdo son datos de padecimientos que pueden prevenirse y curarse cuando se tienen los recursos humanos y materiales que optimicen la calidad, la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud pública.
Con base a los antecedentes de la construcción en este año de un nuevo hospital general en la delegación Álvaro Obregón, con recursos presupuestales aportados por el Gobierno Federal por la cantidad de $ 350 millones de pesos, y ponderando que Tláhuac no cuenta con la infraestructura acorde a la dinámica poblacional para responder a las demandas sociales de sus habitantes. En consecuencia es importante considerar y aprobar una partida presupuestal para destinarla a la construcción de un hospital general (de segundo nivel) dentro del perímetro delegacional de Tláhuac, lo que daría solución y mejoraría las condiciones de salud de la zona sur oriente del Distrito Federal, generando una coordinación más eficiente entre los centros de salud de la localidad y generando una atención más pronta y expedita de los pacientes que no tendrían que trasladarse o buscar la atención hacia otras delegaciones distantes a su domicilio.
En resumen, lo que se pretende con la presente propuesta es
d) Disminuir las muertes maternas e infantiles y complicaciones
obstétricas.
e) Aumentar y mejorar las condiciones de vida de la población.
f) Disminuir las complicaciones de las enfermedades crónico-degenerativas.
g) Fomentar la participación integral de los sistemas
de salud involucrando a la comunidad.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Salud de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se contemple la cantidad de 350 millones de pesos para la construcción del hospital general de Tláhuac.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.
Diputada Guadalupe S. Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Y A LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS A IMPLANTAR MEDIDAS
DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO BENJAMÍN GONZÁLEZ
ROARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Benjamín González Roaro diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo por medio de este ocurso a presentar proposición con punto de acuerdo, para que esta Cámara de Diputados se pronuncie por instrumentar y adopte medidas de racionalidad y austeridad, fundamentalmente respecto de las percepciones económicas de las y los diputados que integramos esta Asamblea legislativa, así como para exhortar a otros órganos del Estado mexicano a implementar medidas en el mismo tenor.
Desde luego, vista la importancia, trascendencia y circunstancias de tiempo en las que presento esta proposición, solicito respetuosamente a la Presidencia le de el trámite de urgente resolución y al Pleno cameral pido su aquiescencia, para conseguir la votación calificada que se requiere.
A continuación expreso los argumentos en los que estructuro la proposición referida.
Exposición de Motivos
1. En el tránsito de los días del presente mes de diciembre del año que cursamos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Cámara de Diputados ejercerá las facultades exclusivas que establece dicho precepto y examinaremos, discutiremos y aprobaremos el Presupuesto de Egresos de la Federación.
2. Por norma constitucional, también habremos de atender lo establecido por los artículos 75 y 127 de la Ley Suprema que disponen lo siguiente:
Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.
Artículo 127. El Presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda.
3. Que es del dominio público el reclamo social para instrumentar medidas de racionalidad y austeridad que permitan que el gasto público no se incremente desproporcionadamente, sino en la medida que resulte adecuado para preservar finanzas sanas.
4. Que el titular del Ejecutivo federal sensible a las demandas sociales, anunció el día domingo 3 de diciembre que por medio de un decreto establecía la reducción en un 10 por ciento de las percepciones, del mismo presidente, de los secretarios, subsecretarios, titulares de unidad y homologados, dejando intocadas las percepciones de los demás servidores públicos, incluidos los del Servicio Civil de Carrera, todos del Poder Ejecutivo federal.
5. Que los órganos legislativos no podemos ni deseamos quedar al margen de políticas públicas que, de generalizarse, sin duda representarán un beneficio popular. Y que en buen castellano, el término popular deviene de "pueblo" y es en estos términos que utilizo dicho calificativo, con la rectitud de intención que implica una propuesta seria y viable.
6. Que las y los diputados asumimos una conducta de reivindicación con la ciudadanía que sufragó el pasado 2 de julio y que depositó la representación nacional en una Asamblea plural, que es enriquecida con su diversidad ideológica, que a su vez es reflejo de la composición del conglomerado social. Y que más allá de las legítimas posiciones partidistas y de las tesis basadas en diferentes idearios políticos y programas de acción, los legisladores de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión contamos con la civilidad, madurez y sensibilidad para encontrar puntos de coincidencia en pro del bien común.
7. Que esta propuesta llama a la unidad y de ninguna manera a la uniformidad.
Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia por instrumentar y adoptar medidas de racionalidad y austeridad, fundamentalmente respecto de las percepciones económicas de las diputadas y los diputados que la integran, para lo cual la Junta de Coordinación Política habrá de tomar en cuenta esta posición cameral en el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reitera su absoluto respeto a los derechos laborales de sus trabajadores.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, al Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y a los Organismos Constitucionales Autónomos, a instrumentar en la esfera de su competencia, medidas de racionalidad y austeridad en pro del bien común, sin perjuicio de considerar el derecho constitucional de los servidores públicos a recibir una remuneración adecuada por el desempeño de la función que tienen encomendada.
Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Diputados, a los doce días del mes de diciembre de dos mil seis.
Diputado Benjamín González Roaro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
SE CONSIDEREN RECURSOS DESTINADOS A CREAR EL PROGRAMA DE PENSIÓN
ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos sometemos a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se crea en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el programa de pensión alimenticia para los adultos mayores, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La política social de un país debe estar sustentada en derechos sociales. Los cuales se desprenden de la legislación que cada Estado-nación, de acuerdo a su historia, idiosincrasia y necesidades específicas, se da para sí. Desde la izquierda, proponemos un modelo de política social sustentado en los derechos sociales.
Las políticas actuales de seguridad social demuestran cada vez más sus limitaciones ante el mercado de trabajo, las tendencias poblacionales y epidemiológicas y la situación financiera de los gobiernos. Los modelos de seguridad social basados en la contribución y en la condición de existencia de una relación de trabajo subordinado son cada vez menos efectivos para alcanzar la cobertura universal de riesgos como la vejez y la discapacidad.
México carece de un sistema de seguridad social para amplios sectores de la población cuyas necesidades no son atendidas prácticamente por ninguna institución o cuya atención es muy reducida.
La anterior es una realidad reconocida socialmente. Así lo muestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuyo objetivo fue investigar la percepción que en conjunto tienen los ciudadanos en México con respecto de la discriminación hacia algunos grupos poblacionales específicos, uno de los cuales fueron los adultos mayores.
Ante la pregunta ¿Qué opinan las y los mexicanos sobre la situación que enfrentan los adultos mayores en nuestro país? Casi la mitad de los entrevistados considera a los adultos mayores como el grupo de la población más desprotegido en nuestro país; 36 por ciento de los entrevistados reconoce que son las personas de la tercera edad los que sufren más por su condición; casi 90 por ciento de los adultos mayores opinan que en México sí hay discriminación en contra de ellos; tres de cada cuatro, considera que una persona de edad mayor tiene pocas, o nulas, posibilidades de mejorar sus condiciones de vida; 40 por ciento de los adultos mayores se siente rechazado por la sociedad; los mayores sufrimientos de este grupo de población son la pobreza, la falta de trabajo, el abandono.
Las tendencias del mercado laboral y las tendencias demográficas sugieren que en los años venideros aumentarán las filas de los ancianos pobres y esto sucede mientras en países como el nuestro no existen sistemas básicos de protección social para los ancianos. Vivimos la paradoja de tener una proporción de personas adultas mayores comparable con la de las naciones desarrolladas, pero sin recursos para enfrentar esta situación.
Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica en que la presencia de personas mayores de 60 años es cada vez mayor. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), este grupo es el que crece de manera más rápida desde hace 20 años y, en proyección, duplicará su tamaño en menos de dos décadas. El envejecimiento demográfico provocará en el largo plazo un desequilibrio entre la población trabajadora y la de las edades avanzadas, lo que impondrá fuertes presiones a los sistemas de jubilación y a los servicios de salud.
Mientras la población nacional crece a una tasa anual de 1.02 por ciento, las personas con 60 años o más se incrementan en 3.6 por ciento. En 2005, residían en territorio nacional 8 188 898 adultos mayores, que representan 7.7 por ciento de la población total. Esta proporción llegará a 15.8 por ciento en 2025 y a 28.0 por ciento en 2050.
De la población adulta mayor, 29.1 por ciento participa en la PEA ocupada. Sólo 19.5 por ciento desempeña actividades en el sector formal de la economía, 51.1 por ciento trabaja por su cuenta y 51.3 por ciento recibe por su trabajo menos de un salario mínimo.
De los adultos mayores, sólo 20.1 por ciento reciben una pensión. En el caso de los adultos mayores en situación de pobreza en las ciudades, esta proporción es de 7 por ciento, y de 1 por ciento en el medio rural.
Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre las personas de 70 años o más, 23 por ciento cuenta con una pensión; en el medio urbano, esta proporción es de 31 por ciento y en el rural, de 11 por ciento; entre los adultos mayores de 70 años que viven en situación de pobreza, esta proporción es de 5 por ciento.
Un estudio del Banco Mundial señala que 37.6 por ciento de los adultos mayores están en situación de pobreza.
Lograr los pactos fiscales indispensables para incrementar la inversión social y el aseguramiento requiere un sentido estratégico que oriente las acciones graduales en esa dirección, en el marco de coaliciones políticas que posibiliten reducir la pobreza y la desigualdad.
Con nuestra propuesta de reforma planteamos replicar la experiencia exitosa de política pública del Distrito Federal; por supuesto, llevando a cabo los cambios necesarios para dar respuesta a los requerimientos específicos de un programa de acción a nivel nacional y estableciendo las previsiones financieras pertinentes.
En tal sentido, el reconocimiento del derecho a la Pensión Universal para las personas adultas mayores representa un reconocimiento de la nación en su conjunto a la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo del país, así como un primer paso para reedificar una cultura de respeto y solidaridad hacia nuestros ancianos y ancianas.
¿Por qué entregarla dentro de un esquema universal? Las virtudes de la universalidad en este tipo de acciones públicas son múltiples y crecientemente reconocidas en el ámbito internacional. Un documento reciente del Banco Mundial anota: "Esta es probablemente la mejor manera de proteger a los adultos mayores contra la pobreza". La universalidad de una política: primero, garantiza una cobertura completa de la población pobre, eliminando cualquier error de exclusión que son inevitables con la focalización; segundo, evita desincentivar el trabajo y el ahorro privado, al no condicionar el ingreso de los beneficios a encontrarse en una situación de pobreza; tercero, elimina los altísimos costos administrativos, al desaparecer los procesos de identificación y depuración del padrón de beneficiarios.
Ahora, ¿este tipo de pensión es viable financieramente? Sí. Tomando las proyecciones del Consejo Nacional de Población, en 2005, hay cerca de 3.6 millones de personas de setenta años y más, por lo que el costo anual de ofrecer una pensión equivalente a medio salario mínimo sería de poco más de 28,471 mil millones de pesos, es decir, el 0.35 por ciento del PIB. Si consideramos el incremento de la población de adultos de setenta años y más en los próximos 45 años, y una tasa de crecimiento de la economía promedio de 3 por ciento, la pensión alcanzaría un máximo de 0.5 por ciento del PIB en el 2050, y luego comenzaría a decrecer.
¿De dónde sacar los recursos necesarios para el financiamiento de la misma? Para comenzar, de una política de austeridad presupuestal de los tres poderes de la nación, ésta debe ser una política de Estado. Basta de pensiones para los ex presidentes; basta de gastos excesivos en el Poder Judicial y en el Legislativo; basta de prebendas para la alta burocracia federal y algunas locales, la administración pública no es un botín. La reforma electoral para reducir los recursos destinados a las elecciones y los partidos políticos, y una reforma fiscal progresiva son condiciones necesarias para el impulso de la Pensión Universal.
Establecer un sistema de pensiones de este tipo en nuestro país debe ser congruente además con un cambio radical en el modelo económico vigente, de tal manera que la superación de la pobreza sea armónica y complementaria con políticas económicas que fomenten el crecimiento, generando empleos de calidad y mejores ingresos. Para mitigar la adversidad de la población actualmente ocupada en condiciones precarias, la alternativa urgente es ampliar sus ingresos.
En este contexto, el compromiso del Estado es ineludible. El poder público es el garante de la seguridad social, dado que tiene la potestad de regular su diseño y posee los recursos y la infraestructura administrativa necesarios para reglamentar y operar su ejecución.
Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, enviado por el Ejecutivo Federal a esta Soberanía, no considera un programa de esta naturaleza, ni la comisión de Grupos Vulnerables ha dictaminado la iniciativa que presentamos en la materia el 14 de septiembre de 2006, por lo que nuestro grupo parlamentario, congruente con una política social comprometida con los más pobres y desvalidos de este país somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 un programa de pensión alimenticia para los adultos mayores, de carácter universal, y destinar los recursos suficientes en el Ramo 19, Seguridad Social.
Diputado: Juan Guerra Ochoa (rúbrica), David
Sánchez Camacho, Isidro Pedraza Chávez, Martín Zepeda
Hernández.
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LOS
RECURSOS PRESUPUESTALES EN MATERIA AGROPECUARIA, SILVÍCOLA Y MINERA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR DUARTE JÁQUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del estado de Chihuahua, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Como representantes de nuestros distritos y circunscripciones, y al haber sido depositarios de la confianza y del voto libre y secreto por parte de diversos sectores de la sociedad, tenemos la obligación, por convicción responsable, de elevar a la agenda pública las diversas problemáticas que se generan dentro de nuestras comunidades.
Nuestros representados han confiado en nosotros, votaron por nosotros, porque saben que este es un espacio de toma de decisiones, en donde sus intereses deben estar representados. Como servidores públicos, debemos llevar las diversas problemáticas hasta resoluciones responsables y realistas a través de la estructuración de políticas públicas. En esta Cámara, decidiremos, por ejemplo, a lo largo de lo que resta del mes la forma en que el Presupuesto de México se gastará durante 2007, que por cierto, en rubros como el social y el económico se muestra recesivo en relación con el del año pasado.
El Ejecutivo propone menos recursos para el campo, propone recortar el presupuesto de la UNAM, entre otras insensibilidades. Afortunadamente, el Legislativo, es un poder autónomo, que lejos de ser un obstáculo, como lo decía la anterior administración, se constituye como un equilibrio responsable, comprometido con México, que con seriedad, analizará y corregirá estas iniquidades.
La confianza de nuestros representados debe ser correspondida asumiendo firmemente sus demandas y banderas, para que, con el uso práctico y honesto de las herramientas de la política, sean susceptibles de ser cumplidas. Para que sea viable llevarlas al terreno de lo posible. Ésta es sin duda nuestra responsabilidad fundamental.
En este contexto y con referencia al estado de Chihuahua, los chihuahuenses constatamos día a día como las condiciones del campo de nuestro estado se constituyen como un extremo de la problemática nacional. Sus condiciones de aridez y las formas de producción, que se caracterizan por la dependencia del suministro de agua, representan una afectación grave de la región y, sin duda, requiere la toma de acciones inmediatas y de largo alcance.
El deterioro al acceso a los recursos naturales se deteriora minuto a minuto. El agua es un triste ejemplo que se observa no sólo en nuestro estado sino en todo nuestro país y verdaderamente se constituye en un asunto de seguridad nacional.
Las organizaciones de nuestro estado nos plantean que la estabilidad y el desarrollo del campo es un asunto Estado-sociedad. La fundamental importancia del campo mexicano, a través de las actividades forestales y agropecuarias, radica en los indisolubles nexos de vida que se vinculan con las comunidades, ubicados en tres niveles: el alimentario, el ambiental y el social.
En este contexto, los productores chihuahuenses nos han expuesto que las contingencias ambientales extremas son materia del interés público que va más allá de las regiones y se requieren medidas integrales de largo alcance que permitan hacer frente a los problemas ambientales, económicos, políticos y sociales.
Existe una necesidad inaplazable de que nosotros, los servidores públicos, renovemos nuestro compromiso con el campo mexicano. Debemos revisar las tendencias de explotación de los recursos naturales, debemos construir un esquema competitivo de las actividades rurales, de valor agregado de sus productos, además del empleo, ingreso, calidad de vida.
Estas alertas, como he dicho, nos han sido hechas por los agricultores, por los silvicultores, por los mineros de mi estado. Es responsabilidad nuestra, de los servidores públicos, hacer efectivos nuestros canales de comunicación con nuestros representados.
En este sentido y ante la inminente negociación del PEF de 2007, nosotros, los diputados federales chihuahuenses, suscribimos el punto de acuerdo consensuado por los diputados del Congreso de Chihuahua mediante el cual exhortan a las comisiones de Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para que se incluyan dentro la aprobación del PEF 2007 las propuestas de las organizaciones de agricultores silvícola y mineros de nuestro estado.
Por ello proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Los diputados federales del estado de Chihuahua emitimos un respetuoso exhorto a todas las comisiones involucradas en la estructuración y aprobación del presupuesto para el estado de Chihuahua en materia agropecuaria, silvícola y minera para que observen invariablemente las propuestas y necesidades de los sectores referidos.
México, DF, Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de 2006.
Diputados: María Eugenia Campos Galván,
Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, Felipe González
Ruiz, María Soledad Limas Frascas, Cruz Pérez Cuéllar,
Carlos Armando Reyes López, Israel Beltrán Montes, César
Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio
Reza, Enrique Serrano Escobar, Víctor Leopoldo Valencia de los Santos,
Rubén Aguilar Jiménez, Jacinto Gómez Pasillas.
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A
LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR, A CARGO DEL
DIPUTADO ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la defensa de la educación pública superior con base en las siguientes
Consideraciones
La educación de un pueblo es la base de su desarrollo, por esa razón es una obligación del Estado garantizar que cada uno de los habitantes del país tenga acceso a educación de calidad, de manera que le permita acceder a mejores niveles de vida.
La educación superior tiene las enormes virtudes de elevar el nivel educativo del conjunto de la sociedad, proveerle del instrumental técnico y humanístico para su propio desarrollo, al tiempo que permite que cada uno de sus miembros adquiera conocimientos y habilidades que le hagan posible acceder a mejores niveles de bienestar y transformar en un sentido positivo su realidad y la de la comunidad a la que pertenece y, por ende, a su país.
Las universidades públicas han demostrado ser el mejor vehículo para cumplir con la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación superior; y para promover la vinculación de estudiantes, maestros, investigadores y egresados con la sociedad; y, para hacer realidad la movilidad social. En un país con los niveles de pobreza y desigualdad como los que tiene México las universidades públicas son la única posibilidad para millones de jóvenes de acceder a la educación superior.
En las universidades públicas se concentra el mayor porcentaje de la matrícula escolar en educación superior, así como la mayor parte de la investigación científica que se desarrolla en el país. Las instituciones públicas de educación superior son un patrimonio de nuestro país. Nadie tiene derecho a menospreciarlas, más bien debemos comprometernos con su fortalecimiento.
Millones de mexicanas y mexicanos han egresado de estas universidades, lo que sin duda ha redundado en beneficios para ellos mismos, para sus familias, para sus comunidades y para el país. Muchos de ellos se han significado por ser científicos y humanistas de nivel mundial, líderes de opinión y luchadores sociales, tanto como los millones de profesionistas, maestros e investigadores que en su trabajo cotidiano refrendan la importancia de la educación.
De estas instituciones sin duda destaca la UNAM por su carácter de nacional y por estar considerada entre las cien mejores universidades del mundo. No en vano su nombre está inscrito con letras de oro en el recinto parlamentario de San Lázaro.
Es imposible entender el progreso alcanzado por México sin la contribución de las instituciones públicas de educación superior. Es imposible mirar al futuro sin su participación. De ellas dependerá en mucho alcanzar nuestros anhelos de bienestar, igualdad y justicia social.
Las universidades públicas dependen por definición de los recursos proporcionados por el Estado, estos deben ser entregados en montos suficientes y con la oportunidad debida para que puedan continuar su labor de servicio a la sociedad. Ante las demandas crecientes que significan el desarrollo del país y el aumento de la población que requiere de sus servicios, esos recursos no pueden sino aumentar y ser aplicados de manera eficaz para cumplir con su cometido.
Por esas razones no es entendible que el Ejecutivo federal pretenda reducir en el Presupuesto de Egresos de la Federación las asignaciones para las instituciones de educación pública superior, particularmente de la UNAM.
El proyecto de Presupuesto 2007 para la función educación es de 356 mil 486 millones de pesos, monto inferior en 2.5 por ciento en términos reales al aprobado en el 2006. Para educación superior se proyectan recursos por 44 mil 775 millones de pesos, cifra inferior en 5.9 por ciento real con relación a lo aprobado en 2006 y muy lejos del ocho por ciento que recomienda la UNESCO.
Por todo lo anterior, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución:
Primero. Se hace un exhorto al pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura para que emita una declaración que destaque el valor de la educación pública superior y reconozca su contribución al desarrollo de México, en particular la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Segundo. Se hace un exhorto al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura para que convoque a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no asumir la reducción al presupuesto 2007 propuesta por el Ejecutivo federal a las instituciones de educación superior, y a que analice y dictamine las fórmulas para incrementar en términos reales sus asignaciones para 2007 con respecto al Presupuesto 2006, particularmente en el caso de la UNAM.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre de 2006.
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE
CONSIDERE UN AUMENTO SUSTANTIVO DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A EDUCACIÓN,
A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PNA
La suscrita, diputada federal Mónica T. Arriola Gordillo, en nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar un aumento sustantivo de las partidas correspondientes al rubro de educación, con base en las siguientes
Consideraciones
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza fija su posición sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2007, que presenta el Ejecutivo federal, en materia de gasto educativo.
La propuesta del PEF de 2007 no refleja que para el Ejecutivo federal la educación sea una prioridad nacional: por primera vez, las asignaciones a la educación disminuyen como porcentaje del gasto programable y desde luego del gasto neto total; de la siguiente manera:
b) Decrece con relación al aprobado para 2006 de 18.1 a 16.7 por ciento del gasto neto total.
En el Ramo 11, "Educación Pública", el análisis funcional del gasto refleja
b) Un decremento de 15 por ciento en la función desarrollo social en deporte.
Se establece en el PEF una disminución significativa en la asignación a las universidades e instituciones de educación superior en todo el país. De manera particular, decrecen los recursos que se asignan a la UNAM, a la UAM y, de manera más importante, al IPN, para el que se destina un monto 10.9 por ciento inferior al aprobado para el ejercicio fiscal de 2006.
No refleja un conocimiento de las necesidades de educación pública:
La distribución de recursos no atiende a aspectos fundamentales para elevar la calidad de la educación, ya que disminuyen en 80.6 por ciento los recursos destinados a la formación continua de los maestros en servicio y en 79.4 por ciento la asignación para la formación de los profesionales de la educación.
En el renglón de las previsiones salariales y económicas, con las que se atienden la creación de plazas y los incrementos salariales de los trabajadores de la educación, no se reivindican peticiones añejas de los profesionales de la educación.
La propuesta del Ejecutivo no responde a las necesidades básicas del sector educativo, toda vez que el presupuesto no cubre siquiera las necesidades para mantener el sistema educativo en las condiciones actuales.
La asignación para los servicios personales en el Ramo 11 es inferior al techo presupuestal para atender los gastos irreductibles.
En el Ramo 33, la asignación para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal también es inferior al techo presupuestal para cubrir tan sólo el presupuesto regularizable.
Y qué decir del Ramo 25, en el que la asignación para crear plazas en el Distrito Federal supera el total de los recursos aprobados para todo el país de 2000 a 2006.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza manifiesta su rechazo al proyecto de Presupuesto de Egresos en materia educativa presentado por el Ejecutivo federal e inicia un trabajo legislativo intenso para que se corrija el citado proyecto en favor de la educación en nuestro país.
Un buen gobierno es, entre otras cosas, el que tiene capacidad gubernamental de dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, por medio de soluciones políticamente articuladas, por medio del apoyo de los diferentes niveles de gobierno. Gobernabilidad implica también mantener las condiciones mínimas indispensables para posibilitar el desarrollo económico, político y social en un contexto estable y democrático.1
Esta solicitud, al ser reconocida y autorizada, confirmaría la importancia que tiene para el Legislativo la educación.
Esperando siempre una respuesta positiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere un aumento sustantivo en los ramos 11, 25 y 33, en las partidas correspondientes al rubro de educación.
Nota:
1 Kaufman, Kraay y Zordo (2000), La gobernabilidad
es fundamental, del análisis a la acción, Finanzas y
Desarrollo, FMI, página 10.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de diciembre de dos mil seis.
Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR UNA POLÍTICA DE ESTADO
EN MATERIA MIGRATORIA, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIA HERNÁNDEZ NÚÑEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada federal, Elia Hernández Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta con punto de acuerdo, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Compañeros diputados, como es del conocimiento de todos ustedes, el próximo 18 de diciembre por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, tomando en cuenta que existe un importante número de inmigrantes en el mundo y que su número continúa incrementándose, se proclamó el Día Internacional del Migrante.
En efecto, el Día Internacional de Migrante se proclamó considerando que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional.
Asimismo, en dicha resolución se invita a los Estados miembros a que, para conmemorar el Día Internacional del Migrante, entre otras cosas, difundan información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, intercambien experiencias y formulen medidas para protegerlos.
De esta forma, en el marco del Día Internacional del Migrante, en atención a la resolución que así lo proclama y en atención al fenómeno migratorio en nuestro país, es que se presenta el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.
En términos generales, lo que se pretende es hace un llamado para conformar un "frente común", entre Ejecutivo y Legislativo para trabajar de manera conjunta y ofrecer soluciones a lo problemas derivados de la migración. De manera específica, se propone exhortar a trabajar en un rediseño tanto del marco legal como de los programas federales que permitan generar un marco para la atención integral del fenómeno migratorio.
Esto es, mediante una verdadera política de Estado generar los mecanismos e instrumentos necesarios que concentren los esfuerzos del Estado mexicano en torno a la migración y se genere así una política de atención integral a los migrantes y sus familias.
Compañeros diputados: en su intento por cruzar la frontera norte de nuestro país con el único objeto de conseguir trabajo y un mayor bienestar para su familia, los migrantes sufren el abuso y explotación de traficantes de personas, delincuentes que los asaltan e incluso funcionarios públicos y agentes policíacos de ambos países que los extorsionan.
En ese intento, mucho y muchos han medrado ya con la terrible situación de nuestros migrantes. Por ello, a todos los diputados federales, y en general, a todos los partidos políticos, gobernadores, presidentes municipales, congresos estatales y desde luego el gobierno federal, nos debe quedar claro que la migración es una responsabilidad de todos. El no asumirlo así, equivale a medrar aún más con la situación de los migrantes, utilizándolo ahora como herramienta política.
Como quedó reconocido por todos los partidos políticos, gobierno federal, estados y municipios entre otros, en el documento "México frente al fenómeno migratorio", mientras un número importante de connacionales no encuentre en su propio país un entorno económico y social que le permita su pleno desarrollo y bienestar e incentive su permanencia en el país, habrá condiciones para emigrar al exterior. Por ello, debemos asumir plenamente el compromiso de trabajar para ofrecer soluciones al fenómeno migratorio, pues el desafío además de urgente, es inmenso.
Según datos del Conapo respecto a la población nacida en México residente en Estados Unidos, en 1994 había un total de 6 millones 794 mil 594 compatriotas; diez años después, para 2004, la cifra era de 10 millones 230 mil 089.
Asimismo, entre 1990 y 1995 había una migración anual hacia Estados Unidos de 296 mil personas; entre 1995 y el 2000, la cifra era de 360 mil; y para el periodo entre el año 2000 y el 2003, el promedio era ya muy cercano a los 400 mil.
Y por último, una cifra, la que más cala en la conciencia nacional, es la de pérdida de vidas de migrantes que mueren en su intento por cruzar la frontera, la cual se estima en más de 4 mil desde 1994 a la fecha.
Debido a todo lo anterior, es que resulta urgente el atender de manera integral todo lo relacionado al fenómeno migratorio y atender así, tanto las condiciones de expulsión de migrantes como de quienes se encuentran radicando ya fuera de nuestro país. Mientras no lo hagamos, de una forma u otra, se seguirá medrando con los migrantes.
Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del Día Internacional del Migrante, a nombre de los diputados federales de Acción Nacional, someto a la consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que se diseñe e impulse una política de Estado en materia migratoria, y se creen los mecanismos e instrumentos necesarios que concentren los esfuerzos del Estado mexicano en torno a la migración y se genere una política de atención integral a los migrantes y sus familias.
Palacio Legislativo.
Diputada Elia Hernández Núñez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESTA SOBERANÍA
QUE REALICE UNA VISITA DE TRABAJO AL ESTADO DE OAXACA E INFORME DE LA SITUACIÓN
PREVALECIENTE RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS
ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Cámara de Diputados que realice una visita de trabajo al estado de Oaxaca e informe de la situación prevaleciente respecto de los derechos humanos a este Pleno, así como para solicitar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, en el marco de sus atribuciones, realice una investigación sobre las condiciones en que están las personas detenidas en distintos centros de reclusión por el conflicto que se vive en la entidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La vida cotidiana en Oaxaca está lejos de considerarse normal. Hay detenciones por lo que parecen ser operativos policiales encubiertos, de estilo paramilitar.
Hay personas que han decidido salir del estado. Las órdenes de aprehensión se han generalizado. Hay cientos de personas presas en Nayarit y Tamaulipas sin que se le de atención al tema.
Nadie está seguro, nadie puede transitar libremente y sin temor por las calles y carreteras de Oaxaca.
Parece ser que hubo saña de los policías que hicieron detenciones en la vía pública e incluso en los domicilios que quizá "cobraron" en los detenidos los agravios y tensiones del conflicto. En este contexto ya hay voces de la sociedad que señalan que Oaxaca está al borde la guerra civil.
La convocatoria a la transformación de Oaxaca requiere de condiciones distintas a las de la represión que hoy se vive en la entidad.
No se pueden impulsar transformaciones por la vía pacífica mientras se mantenga el estado de represión que hoy se vive en Oaxaca con más de 200 presos a los que se les dificulta la defensa legal e incluso el contacto con sus familiares.
En vez de festinar la supuesta "tranquilización" de nuestra entidad debemos señalar que el gobierno federal se engaña a sí mismo y pretende sorprender a la opinión pública con demostraciones de fuerza para exhibir una pretendida "mano firme".
La paz social y la convivencia no se construyen con tanquetas, con detenciones arbitrarias y con patrullajes de fuerzas policíacas sin control alguno ni respeto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos.
Así, lo que se está fortaleciendo y profundizando es el encono y se arraiga la desesperación en sectores que ya están en conflicto y que ahora sólo ven la represión como la respuesta principal del gobierno.
El diagnóstico gubernamental es equivocado. No se han reconocido las causas del conflicto social y no se han diseñado vías para la distensión, el diálogo y la atención a las condiciones sociales y políticas en que se generó la crisis.
Se optó por una intervención de fuerza para descabezar a la APPO y los liderazgos que habían actuado de manera pública y que estaban solicitando reabrir negociaciones.
El día de hoy lo que advertimos desde esta tribuna es el riesgo de que el conflicto de Oaxaca se polarice en extremo, que con las acciones del gobierno federal y el estatal se alienten los enfrentamientos, e incluso, que sectores del movimiento se radicalicen y caigan en la tentación de posiciones más radicales y violentas.
Eso no es lo que deseamos, ni de ninguna manera, lo que promovemos. El PRD y el conjunto de la izquierda y de las posiciones progresistas han decidido transitar por un camino pacifico, legal y civilista, en el que habremos de mantener nuestra lucha por el cambio del país.
Pero eso no significa que otras fuerzas no puedan desesperarse ante la cerrazón gubernamental.
Vean ustedes las fotografías de los jóvenes que se quedaron al final en las barricadas en Oaxaca. Son jóvenes marginados, con muy escasas posibilidades de empleo y educación, son jóvenes que pueden ser incitados a polarizarse y a violentarse.
La pregunta es cuál es el camino que podrán tomar algunos de estos jóvenes desesperados y empobrecidos: ¿La de la vida política pública y formal? ¿Se espera que se conformen con que el gobierno federal respalde al gobierno de Ulises Ruiz?, o, cómo hoy alertamos: ¿Algunos tomarán las vías más violentas y extremas?
No se trata de que exista impunidad, pero tampoco debe aceptarse que las soluciones de fuerza sean la solución del conflicto. Tampoco estamos haciendo una apología de los métodos violentos, armados con los que pretenden actuar algunos grupos que hasta hoy no han podido desarrollarse.
Estamos señalando que la solución de fuerza es un espejismo. Que ese no es el camino para una verdadera gobernabilidad y una convivencia armónica entre los oaxaqueños.
Lo que se necesita es inteligencia, vocación política y sensibilidad para tender puentes y abrir caminos al diálogo.
Esta soberanía no debe mantenerse al margen de la situación que hoy se vive en el estado.
Ya acordó solicitarle a Ulises Ruiz que dejara el cargo de gobernador, pero es necesario no cejar en el esfuerzo por generar condiciones que en verdad den tranquilidad y paz a Oaxaca
En concreto es importante que, como primer paso, la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara visite la entidad y de informe de la situación que prevalece en la materia a este Pleno.
Por otra parte es necesario insistir en la urgencia de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atienda la situación de violaciones y amenazas a las garantías constitucionales en Oaxaca y en particular respecto al debido proceso con que se debe actuar en las detenciones y procesamiento de los casos derivados del conflicto.
Compañeras diputadas y diputados:
No aceptemos el espejismo de las soluciones de fuerza. No seamos omisos ante la gravedad de la situación que se vive en el estado, exijamos respeto a los derechos humanos y mantengamos este tema como prioritario. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados acuerda que la Comisión de Derechos Humanos programe y realice una inspección urgente de la situación que prevalece en esta materia en el estado de Oaxaca e informe al Pleno.
Segundo. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el marco de sus atribuciones constitucionales verifique el ejercicio de las garantías constitucionales y de los derechos ciudadanos en el estado de Oaxaca y en su caso emita la recomendación correspondiente.
Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los siete días del mes de diciembre del año dos mil seis.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE INSTRUYA
A LA SECRETARÍA GENERAL PARA QUE SE ABSTENGA DE REMOVER AL CUERPO
DE INVESTIGADORES DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Antecedentes
El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias tiene su fundamento en la Ley Orgánica del Congreso, y en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, así como los otros cuatro Centros de Estudios, a saber, De las Finanzas Públicas; Sociales y de Opinión Pública; Para el Desarrollo Rural Sustentable y de la Soberanía Alimentaria; y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Desde el inicio de la presente legislatura, aprovechando que no se han constituido hasta la fecha los Comités de los Centros de Estudios, el Secretario General, el encargado de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Director General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, iniciaron una serie de acciones tendentes a cesar a dos directores de proyecto, que ingresaron por concurso de oposición en abril de 2002, cuando se fundó el centro. Es de resaltar que existen solamente tres directores en ese centro.
Es el caso de Rodrigo Cervera, quien ingresó en el Centro de Estudios de Derecho por concurso de oposición en 2002. Su nivel académico es el siguiente: estudios de derecho por la UNAM, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda por el mejor promedio. Posteriormente, efectuó estudios de doctorado en derecho, con especialización en derecho constitucional y administrativo, en la División de Posgrado de la Facultad de Derecho. Realizó estudios de especialización en derecho de la Unión Europea, en el Instituto Alcide de Gásperi, en Roma, Italia. Tiene estudios de los idiomas italiano, francés, inglés y alemán, con nivel de dominio. Además, es profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1988, con definitividad por oposición en las materias de introducción al estudio del derecho, teoría del derecho, derecho internacional público I y II y derecho administrativo I y II y derecho parlamentario.
Durante la pasada legislatura, los diputados integrantes del comité del centro le autorizaron continuar desarrollando actividades docentes en la Facultad de Derecho de la UNAM, siempre que cumpliera el número de horas laborales a que obliga su condición laboral, lo cual suscitó un sistemático acoso por parte de la dirección general del centro, que constituyó uno de los principales argumentos por los que fue cesado arbitrariamente, sin soslayar la serie de infundios que le imputaron.
Otro de los casos es el del director de proyecto Cuauhtémoc Lorenzana Gómez, quien tiene estudios de licenciatura y maestría en derecho constitucional y administrativo y maestría en ciencia política por El Colegio de México, con diplomado en derecho parlamentario, es miembro del Servicio Civil de Carrera por concurso de oposición, en la que participaron alrededor de mil 100 aspirantes, de los que sólo 57 fueron aceptados por la Conferencia de la Cámara de Diputados. Para finales de 2001, a la fundación del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, concursó y ganó la dirección de proyecto. Durante la anterior legislatura, en el seno del Grupo de Trabajo para la Reforma del Congreso, coordinó el proyecto de reglamento de la Cámara de Diputados, el cual quedó en primera lectura. Para principios de noviembre se le imputó, sin base alguna, la filtración de información que critica la gestión de la Secretaría General de la Cámara.
Es de destacar que la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios utilizan abusivamente métodos ilegales de chantaje, presión y acoso laboral, llegando al extremo de cometer un delito, como medio de presión económica, al retener el sueldo de los investigadores sin haberles rescindido el contrato, aprovechando que no existe instancia alguna que garantice el desahogo los procedimientos establecidos por el Estatuto para la Organización Técnica y Administrativa del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados.
Para mediados de noviembre, un grupo de diputados integrantes de cinco grupos parlamentarios solicitaron al director general del Centro de Estudios de Derecho que se comisionara al maestro Cuauhtémoc Lorenzana Gómez a fin de que se incorporara los grupos de trabajo constituidos en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Solicitud de comisión que ha sido ignorada por el director general de dicho centro, y que está en subordinación tanto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios como de la Secretaría General.
Los centros de estudios han contado con comités, como órganos de gobierno integrados por diputados, sancionados en su momento por el Pleno de la Cámara, al igual que las comisiones de trabajo legislativo.
Los comités son los órganos de gobierno de los centros de estudios, porque los diputados somos los que debemos determinar la soberanía, la toma de decisiones en todo su ámbito sustantivo como adjetivo de la vida de los centros.
Si queremos modernizar este órgano legislativo, resulta impensable que estemos invirtiendo en recursos humanos con alta calificación técnica, que llevan entre 6 y 10 años de capacitación y creciente experiencia, para que producto de un capricho del grupo de servidores públicos ya mencionados, se lleve al traste un proceso ya de por sí complejo y costoso.
Por lo anterior, y con objeto de evitar una mayor crisis en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, se pone a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se ordena a la Secretaría General que se abstenga de remover al cuerpo de investigadores de los centros de estudios de esta Cámara.
Segundo. Se instruye a la Secretaría General para que deje sin efectos las remociones de los investigadores que ingresaron por concurso, que haya realizado a partir del inicio de la presente legislatura.
Tercero. Una vez que el Pleno apruebe la creación de los comités de los centros de estudios, como órgano de gobierno integrado por diputados, tomará conocimiento pleno de los casos de remoción de los investigadores, para su estudio y resolución.
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LOS GRUPOS VULNERABLES
Y AL COMBATE DE LA POBREZA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO BELLO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal, Jorge Quintero Bello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a incrementar el presupuesto destinado a los grupos vulnerables en particular para el combate a la pobreza, para el ejercicio fiscal 2007. Bajo las siguientes
Consideraciones
Durante los últimos seis años, México, y el gobierno federal desarrollaron políticas públicas dirigidas a población en situación de vulnerabilidad, ya por ser una persona con discapacidad, persona indígena, de género y en particular en lo que respecta a la pobreza extrema. Sin embargo, la pobreza sigue siendo un reto central para el desarrollo del país, pues hasta 2002, la mitad de la población vivía en pobreza y un quinto en pobreza extrema. El nivel actual de pobreza se encuentra apenas por debajo de los niveles prevalecientes antes de la crisis 1994-1995.
Así lo indica un estudio del Banco Mundial, el cual destaca que México ha logrado avances en términos de las capacidades humanas de la población, entre ellas, salud, nutrición y educación. México está razonablemente cerca del punto en que se esperaría que estuviera, dado su nivel de ingresos, con respecto a las condiciones educativas y de salud, y a los niveles de prestación de servicios. "Las estadísticas del reporte sobre las cuestiones de pobreza extrema demuestran que, de hecho, ha habido una reducción de 24,2 por ciento a 20,3 por ciento en el número de personas que viven en pobreza extrema de México", aseguró James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial. "La pobreza moderada también se ha reducido de 53.7 por ciento a 51.7 por ciento; éstos son movimientos importantes en un momento en el que el crecimiento económico fue significativamente desafiante".
En la última década, el patrón de cambios en la pobreza ha seguido de cerca el ciclo macroeconómico y el ritmo asociado al mercado de trabajo. La crisis de 1994-1995 constituyó un enorme revés: la pobreza extrema se incrementó de 21 por ciento de la población en 1994 a 37 por ciento en 1996. Entre 1996 y 2002 la pobreza extrema disminuyó en 17 puntos porcentuales a 20 por ciento, sólo un punto porcentual por debajo del nivel antes de la crisis de 1994. Las tendencias de superación de la pobreza en el periodo 2000-2004 son alentadoras, pues se registró un declive significativo de la pobreza extrema a pesar del estancamiento en los ingresos promedio. No obstante, la reducción en la pobreza moderada y extrema en áreas urbanas no fue significativa.
"La reducción de la pobreza extrema a nivel rural y nacional entre 2000 y 2002 sí es estadísticamente significativa", de acuerdo con Michael Walton, asesor regional para Reducción de Pobreza y Desarrollo Humano del Banco Mundial. Algunos de los factores que contribuyeron a la disminución fueron el crecimiento de las remesas internacionales para los pobres extremos en las zonas rurales y el aumento de las transferencias gubernamentales dirigidas a los pobres extremos a través de Oportunidades, de acuerdo con información del Banco Mundial. Otras razones que contribuyeron a la disminución de la pobreza fueron el crecimiento real de ingresos laborales en actividades poco calificadas; una reducción en los retornos a la educación superior desde 1997 y una reducción en las diferencias de los salarios entre áreas rurales y urbanas.
La pobreza en el país es un desafío importante y que está asociada a una gran desigualdad, la cuál sigue siendo alta sobre todo en las áreas rurales y se mantiene en el promedio latinoamericano y a niveles anteriores a la crisis, aun cuando disminuyó cerca de dos puntos porcentuales. La pobreza también está asociada con la exclusión social, especialmente de los grupos indígenas, de acuerdo con cifras de la Sedesol, 44 por ciento de los indígenas se encuentra en el quintil más pobre de ingreso; estos grupos constituyen 20 por ciento de los pobres extremos y sufren los mayores niveles de privación en términos de salud, educación y acceso a servicios básicos.
Existe gran heterogeneidad de la pobreza entre y dentro de los estados, los indicadores de infraestructura básica social y de ingreso muestran que aun dentro de los estados más ricos existen diferencias importantes en los niveles de bienestar de la población. Si bien la brecha en infraestructura social entre los estados más pobres y los más ricos del país, se ha reducido, aun falta mucho por hacer, sobre todo en la parte monetaria o de ingresos. Por ejemplo, en el sur del país hubo progreso en términos de la provisión de infraestructura básica social, pero ésta se mantiene todavía como una de las zonas más pobres del país.
El carácter prioritario que merecen los temas de pobreza en nuestro país, demuestra la importancia de impulsar soluciones multilaterales a problemas que afectan a la Federación y que por ello requieren de una amplia cooperación entre las áreas e instituciones involucradas, para atenderlos con eficacia y eficiencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorte al Ejecutivo federal, a incrementar el presupuesto destinado a los grupos vulnerables en particular para el combate a la pobreza, para el ejercicio fiscal 2007.
Segundo. Que la Cámara de Diputados, exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, para que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias con el objeto que los programas institucionales involucrados en el combate a la pobreza, instrumenten y fortalezcan éstos dedicados a erradicar este mal de nuestro país mediante la optimización de los recursos asignados para este fin.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre del 2006
Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA CNDH Y A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE OAXACA QUE ELABOREN UN INFORME RESPECTO A LOS DETENIDOS POR
EL CONFLICTO EN LA ENTIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA
BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos legisladores federales ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Oaxaca en la encrucijada: la lucha democrática y la represión del Estado
La situación actual en torno al conflicto en Oaxaca es sin duda inaceptable, en un país con un gobierno que se ufana de ser democrático y garante de la legalidad. La violación de los derechos y las libertades fundamentales contenidas en nuestra Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano ha quedado demostrada ante las naciones del mundo.
Los reportes de los organismos civiles de protección de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Americas Human Rigth Watchs, son contundentes al señalar que en Oaxaca existe un estado de excepción y evidente suspensión de garantías individuales.
Maestros, integrantes y simpatizantes del movimiento de la APPO han sido detenidos de manera ilegal, se están llevando a cabo cateos ilegales, incomunicaciones, malos tratos, detenciones de los maestros en las propias aulas. Preocupante son las violaciones a las garantías procesales de legalidad y seguridad jurídica de los ciudadanos detenidos en Oaxaca y trasladados a un penal de máxima seguridad en Nayarit.
En este contexto de abierta y cínica violación a los principios fundamentales de protección a la esfera jurídica de la persona, el Estado se ubica en un plano de franca y abierta ilegalidad, mostrando su verdadero rostro represor aplicando lo que podríamos llamar "terrorismo de Estado".
Los legisladores debemos hacer un llamado urgente y enérgico para que las instituciones recuperen su función de garantes del orden constitucional dentro de un estado democrático y de derecho y restablezcan la paz del pueblo oaxaqueño en general y el respeto a las garantías individuales de los presos por el conflicto social desencadenado desde hace meses.
Los legisladores federales del PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condenamos los hechos de represión al movimiento ciudadano en Oaxaca y exigimos que las autoridades locales y federales se conduzcan conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tan reiteradamente invocada en esta transición de gobierno.
Consideramos que la gravedad de los hechos amerita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emita un informe urgente para conocer cual es el estado físico y la situación jurídica en la que se encuentran los presos trasladados de Oaxaca penales de alta seguridad.
Sabemos que el traslado se realizó a solicitud de las autoridades de prevención y readaptación social del estado de Oaxaca, bajo el argumento de que los presos tienen un perfil criminal de "alta peligrosidad". Creemos que dicho argumento es discriminatorio en virtud de que no se conocen los estudios psicológicos y peritajes de cada uno de los presos que los diagnostique con ese perfil, de manera que es claro que su detención y traslado se debe sobretodo a sus posiciones políticas por lo que es evidente que se les vulneran el derecho de protección a la integridad personal y a no ser discriminado por ninguna autoridad o representante del Estado mexicano.
Las leyes nacionales e internacionales establecen reglas básicas para las aprehensiones y procedimientos, las cuales en el caso expuesto no se han respetado ya que los detenidos no pueden recibir la visita de sus familiares, sus abogados no tiene acceso a los expedientes mucho menos a fotocopias de la averiguación previa, por lo que se encuentran en completo estado de indefensión.
Por lo anterior, los legisladores federales del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicitamos la protección a la integridad personal de quienes se encuentran en el penal de alta seguridad en Nayarit; y el pleno respeto de las garantías procesales que la propia Constitución les otorga.
Por lo expuesto, sometemos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita de manera urgente un informe preliminar en el que haga publico cual es el estado físico y la situación jurídica en que se encuentran las personas detenidas por el conflicto en el estado de Oaxaca internas en una prisión federal de alta seguridad en Nayarit.
Segundo. Que la Secretaria de Protección Ciudadana del estado de Oaxaca envíe a esta soberanía la documentación que demuestre fehacientemente la "alta peligrosidad" de los detenidos que justifique su traslado e internamiento en un centro de alta peligrosidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de diciembre de 2006.
Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
SE ETIQUETEN RECURSOS PARA LA SECRETARÍA DE MARINA, A EFECTO DE
QUE PAGUE AL GOBIERNO DE VERACRUZ RECURSOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA BASE DE ADIESTRAMIENTO DE TRIPULACIONES DE VUELO, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX legislatura, con base en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que etiquete recursos a una partida especial correspondiente a 160 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2007, en lo relacionado con el rubro presupuestal destinado a Secretaría de Marina para pagar al gobierno del estado de Veracruz dicho monto, que fue utilizado para la construcción de la base de adiestramiento para tripulaciones de vuelo.
Antecedentes
El pasado martes 28 de noviembre, el almirante Marco Antonio Peyrot González, en ese entonces secretario de Marina, acompañado del gobernador del estado de Veracruz, licenciado Fidel Herrera Beltrán, así como de autoridades civiles, militares y navales, inauguraron el Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo, ubicado en las instalaciones de la Base Aeronaval de Veracruz, en Las Bajadas.
Este centro, único en su tipo en Latinoamérica cuenta con un simulador prototipo en el mundo, diseñado e implementado bajo los requerimientos de la compañía constructora y certificado por el Departamento de Estándares de Vuelo del Servicio de la Aviación Civil de Rusia y está en trámite la certificación de las autoridades de la Aviación Civil en México, con lo cual se estará en capacidad de entrenar y certificar tripulaciones y personal técnico de otras dependencias nacionales o extranjeras. El simulador permite a la tripulación integrada por el comandante de helicóptero, el copiloto y el mecánico de a bordo lo siguiente:
Estas instalaciones permitirán preparar al personal de pilotos de la Armada de México en helicópteros MI-17 y por su versatilidad en aeronaves de ala rotatoria de otros tipos.
Cabe destacar que desde 1994, esta Institución cuenta con helicópteros MI-17 y sus resultados durante todo este tiempo han sido satisfactorios, al emplearse como transporte para evacuar a personal civil en zonas afectadas por fenómenos hidrometeorológicos, como fue el caso en las costas de Quintana Roo debido al paso del huracán Wilma.
El Centro de Mantenimiento Técnico y Reparación Integral para helicópteros MI-17 surgió como un proyecto conjunto de la Secretaría de Marina-Armada de México con la compañía rusa Empresa Federal Estatal Unitaria (EFEU) Rosoboronexport, en el marco de un contrato de reparación de cinco helicópteros, (actualmente se tienen 22) obedeciendo a las exigencias de contar con un centro de servicios técnicos que permitieran autonomía en el mantenimiento de estos helicópteros y al mismo tiempo capacidad de proporcionar servicio a terceros nacionales y extranjeros. Su creación pone a México a la vanguardia en toda Latinoamérica en esta materia y es base para el desarrollo de la industria aeronáutica del país.
Con este proyecto la Armada de México cubrirá su demanda interna que justifica su existencia, ya que en el país no existe proveedor para este tipo de servicios y se tiene la necesidad de recurrir al país de origen (Rusia), específicamente en lo que a reparación se refiere, toda vez que en el Centro de Mantenimiento Aeronaval de Veracruz, se aplica el mantenimiento técnico periódico únicamente.
El proyecto será capaz de proporcionar también servicio a terceros, considerando como potencial demanda el mercado latinoamericano, el cual se encuentra constituido por:
Colombia con 14 aeronaves, Ecuador, con 5 aeronaves, Perú con 60 aeronaves, Costa Rica con 1 aeronave, Cuba con 46 aeronaves, Nicaragua con 10 aeronaves y México con 60 aeronaves. Anualmente se podrán realizar seis reparaciones mayores y 40 servicios de mantenimiento técnico periódico a 40 aeronaves MI-17.
Sin embargo, es necesario destacar que el Gobierno del Estado de Veracruz en un gesto solidario apoyó la construcción de este centro con una aportación de 160 millones de pesos, por lo que diputados originarios de esta entidad solicitamos que le sean devueltos estos recursos a la administración estatal señalada para realizar la construcción de escuelas, caminos y otras obras de infraestructura que están pendientes en el estado.
Por todo lo anterior someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a que etiquete recursos a una partida especial correspondiente a 160 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2007, en lo relacionado al rubro presupuestal destinado a pagar un apoyo que proporcionó el gobierno de Veracruz para la construcción de la Base de Adiestramiento y Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los 12 días del mes de diciembre del año 2006.
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
SE CONSIDEREN RECURSOS PARA AMPLIAR LA CARRETERA GUADALAJARA-AUTLÁN
DE NAVARRO, EN JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO NICOLÁS MORALES RAMOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes:
Considerandos
1. Que la carretera federal No. 80, Guadalajara-Autlán de Navarro, construida en 1960, es la única carretera libre que comunica directamente a la capital del estado y su zona metropolitana con una costa de 320 Kms. a través del entronque con la carretera federal No. 200.
2. Que dicha vía cruza 13 municipios con una población de casi 500 mil habitantes, comunicando a toda la región central con la costa del estado de Jalisco y que según los especialistas, presenta hoy una sobrecarga en sus dos cuerpos con un aforo promedio diario anual de 4,450 vehículos. No obstante lo anterior, la costa de Jalisco es la región de nuestro estado con menos infraestructura carretera.
3. Que por la misma antigüedad de esta vía carretera, es urgente implementar las nuevas tecnologías observadas en las obras de infraestructura del resto del país. Ello permitiría hacer rectificación de trazos, modernización de curvas y los tan necesarios carriles de ascenso o tercer carril, en las zonas sinuosas o montañosas, pues la carretera cruza en 4 o 5 tramos los macizos montañosos de la Sierra Madre Occidental y de la cadena montañosa que forman parte del Eje Volcánico.
4. Que es una vía de vital importancia para la subsistencia económica de la región ya que por esta vía por la que se transportan materias primas e insumos esenciales como fertilizantes y productos agrícolas, ganaderos, forestales y agroindustriales que se cosechan y obtienen en las más de 60 mil hectáreas de riego y humedad, y más de 300 mil de temporal y forestales.
Más aún, es la única vía por donde se transportan los productos minerales de casi una decena de empresas caleras y cementeras que abastecen a la zona metropolitana, los Altos y el Bajío de insumos para la construcción.
5. Que si bien en su momento fungió como eje motor del desarrollo económico de la zona, las condiciones actuales de peligro y saturación de la carretera, restringen e inhiben el crecimiento económico. Lo anterior limita sustancialmente las oportunidades de negocio y desarrollo turístico, agrícola, industrial y pesquero de toda la región. Por tal motivo, los cuantiosos recursos naturales existentes no se han podido aprovechar adecuadamente en beneficio económico de nuestro estado.
6. Que los presidentes municipales (algunos de los cuales son a su vez presidentes de algunas regiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado -Coplade- de Jalisco), han expresado en varias ocasiones que, de manera paralela y conjunta, han realizado aportaciones para que la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno del estado de Jalisco realice los estudios respectivos para la modernización y ampliación de esta vía.
7. Que actualmente se están terminando los tramos licitados, con las asignaciones presupuestales del 2004 y del año 2005, que comprenden los 13 kilómetros entre el entronque de Acatlán de Juárez y Villa Corona.
8. Que el pleno de este Congreso federal asignó recursos por 100 millones de pesos en el decreto de Presupuesto de Egresos del presente año, a fin de continuar la ampliación de la carretera de referencia por un tramo de 10 kilómetros a partir de la población de Villa Corona Jalisco.
Estos recursos, de acuerdo con el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jalisco, no pudieron ser ejercidos por falta del proyecto ejecutivo para la licitación de la obra y por ende para su realización.
Por lo expuesto anteriormente, me permito presentar a la consideración de esta honorable Soberanía, como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Transportes de esta soberanía a que incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, la cantidad de 100 millones de pesos para la ampliación de la carretera federal número 80, Guadalajara-Autlán de Navarro, en un tramo de 10 kilómetros a partir de la población de Villa Corona del estado de Jalisco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre de 2006.
Diputado José Nicolás Morales Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITAN A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN
DE UN PLAN DE DESARROLLO REGIONAL DEL PACÍFICO SUR, ASÍ COMO
UN FONDO DE CONTINGENCIA ECONÓMICA PARA ESA REGIÓN, A CARGO
DEL DIPUTADO MODESTO BRITO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El suscrito, diputado federal, Modesto Brito González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, inciso f), de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 34 de la ley orgánica, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno. El desarrollo Nacional y regional no debe fragmentarse, ello propiciaría la desigualdad en el proceso de integración federal. Este es un nuevo desafío al que se enfrenta la Nación, sobre todo, los estados que manifiestan rezagos históricos, producto de circunstancias particulares. En el país existen áreas subdesarrolladas, agravadas durante los últimos 20 años. Esta política económica aplicada en el Pacífico sur y en todo el país, ya no es viable. Seguir pensando en sostener la misma política económica en esta región, sólo conducirá a romper finalmente el tejido social y propiciar, más abandono y miseria.
Dos. Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los tres estados más pobres de la nación, pese a contar con importantes recursos naturales para su desarrollo.
También en estos estados existen numerosas organizaciones sociales y movimientos que exigen respuesta a las instituciones gubernamentales. El desarrollo económico fue y ha sido excluyente en esta región. Actualmente todos los indicadores económicos muestran un panorama devastador en el Pacífico sur. Se ha profundizado el subdesarrollo regional dentro del país.
Tres. Durante el sexenio que feneció, fue evidente que no se quiso resolver la crisis de la región, por el contrario, la misma sólo se administró; los programas federales de gobierno fueron y siguen siendo pensados, como acciones de caridad o de filantropía pública, matizados por el clientelismo y manipulación ideológica de la pobreza, al reducir a ésta, a un problema de carencias y no de ejercicio pleno de derechos para poderla superar. Es así que la acción del gobierno federal, por medio de la aplicación de los programas de diversas instancias, se han convertido, en mecanismos que parcialmente pretenden resolver, sin perspectiva de futuro, los problemas; sin seriedad, sin ver el fondo y causas de los mismos. Esto ocurre con las nuevas problemáticas aparecidas en la sociedad, como efecto del modelo económico neciamente aplicado.
Cuatro. De acuerdo con los indicadores socioeconómicos del Consejo Nacional de Población (Conapo), Guerrero, Chiapas y Oaxaca, conforman el triángulo de la pobreza extrema del país.
Como sabemos, en estas tres entidades del sureste, poco se ha resuelto o nada, para superar las condiciones que generan la miseria y propician la marginación. No aparecen las condiciones para propiciar oportunidades a las sociedades del Pacífico sur.
La ausencia de sensibilidad ante esta realidad, no debe ser lenguaje del Estado mexicano y mucho más ante el rotundo fracaso de la política económica aplicada en los últimos 25 años; que agudizó las diferencias de clase, separó familias y aniquiló las esperanzas de vida de una generación?
De acuerdo con la organización no gubernamental de carácter internacional Si Paz, en sus estudios realizados de la región arrojan los datos siguientes:
Guerrero
El estado de Guerrero cuenta con 3 millones 79 mil 649 habitantes, de los cuales 17.2 por ciento son indígenas (529 780 personas). La población indígena en Guerrero se encuentra esencialmente en la zona de la Montaña y en menor medida en la Costa Chica, siendo éstas las zonas más marginadas del estado.
La población indígena se reparte en 4 grupos:
Trabajo
Más de 53 mil trabajadores no tienen ningún ingreso fijo. La población indígena es la más afectada, un 46 por ciento de los indígenas de más de 15 años no tienen ingresos.
Cerca de 28 mil trabajadores, que representa el 24 por ciento de la población indígena de más de 15 años en Guerrero, perciben menos de un salario mínimo mensual.
Se observan grandes disparidades: en Acapulco, un 5 por ciento de la población indígena de más de 15 años no recibe ingresos; mientras en Acatepec o en Atlixtac región de la Montaña, cerca de 80 por ciento de la misma franja de población no recibe ingresos.
Marginación
Guerrero ocupa el segundo lugar nacional a nivel de marginación por sus viviendas (Fuente: INEGI 2000).
Entre el 80 y 100 por ciento de las viviendas en los municipios indígenas de Guerrero no cumplen con las condiciones mínimas de una vivienda digna.
El 40 por ciento de las viviendas tienen piso de tierra.
El 29 por ciento de las viviendas por un 72 por ciento en la Montaña no tienen agua entubada y más de 500 comunidades un 56 por ciento padecen del mismo problema en un entorno donde las fuentes de agua son pocas y alejadas.
Guerrero es el segundo estado con mayor índice de analfabetismo en las mujeres más del 23 por ciento, comparado con un 9.5 por ciento a nivel nacional; Chiapas ocupa el primer lugar con un 25.5 por ciento, y Oaxaca el tercero con un 22 por ciento. 45.4 por ciento de la población indígena, uno de cada dos personas de más de 15 años no pasó por la escuela mujeres en mayoría.
Salud
El 96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de Hospitales con personal calificado y con equipamientos básicos: la Montaña cuenta con un Hospital General en Tlapa para atender a 300 mil 500 personas, repartidas en 17 municipios 6 hospitales básicos comunitarios, sin especialistas ni insumos básicos; y unas 166 unidades de salud, de las cuales más de la mitad no cuentan ni siquiera con la presencia de un médico general y funcionan sólo con enfermeras.
Desnutrición
En Guerrero se encuentran 22 municipios con elevados porcentajes de desnutrición en la población.
La mortalidad infantil es particularmente elevada en algunos municipios: en Chilapa, zona centro, colindando con la Montaña mueren 89 niños por cada mil nacidos vivos, mientras el promedio es de 28 en México y de 6 en los países industrializados. Muchos niños mueren de enfermedades fáciles de curar en países del primer mundo (Fuente: UNICEF 2005).
Tierra
El concepto de tierra es distinto según los pueblos indígenas y la población mestiza. Los pueblos indígenas siguen considerando la tierra como algo integral la "madre-tierra", sagrado y colectivo, que no se puede vender. Han predominado en México los regímenes de propiedad ejidal y comunal de la tierra:
Tierras comunales: la tierra pertenece a la totalidad de los miembros de una comunidad y en consecuencia los beneficios de la misma se distribuyen entre todos.
Recursos naturales
El estado de Guerrero es una entidad rica en recursos naturales. En sus 63 mil 794 kilómetros cuadrados de extensión, que corresponden al 3.3 por ciento de la superficie nacional y al 14o. lugar respecto a la superficie de las demás entidades federativas, existen extensas playas, su litoral tiene una longitud de aproximadamente 500 kilómetros, yacimientos mineros y de materiales para construcción, bosques, selvas y abundante caza y pesca. Esto es posible gracias a un complejo marco físico, que comprende entre otras cosas, una variada topografía, así como una variedad de materiales litológicos y de unidades climáticas.
Guerrero es considerado como la cuarta entidad con más biodiversidad de la República, detrás de Chiapas, Oaxaca y Veracruz (Fuente: Semarnat 2005).
Chiapas
Chiapas tiene una extensión de 75 mil 634.4 kilómetros cuadrados y representa la 3.8 por ciento de la superficie del país. Chiapas está constitucionalmente dividido en 118 municipios. La capital es Tuxtla Gutiérrez. El estado ocupa el primer lugar del país en la marginación por localidad. De los 118 municipios, 109 padecen de una marginación alta o muy alta. 33 de los 44 municipios con alta marginación son predominantemente indígenas de lo por menos un 40 por ciento.
Según el censo del INEGI en el 2000, Chiapas cuenta con 3 millones 920 mil 892 habitantes, ocupando el octavo lugar de las entidades estatales más pobladas del país.
Chiapas como otros estados del sureste mexicano, tiene una composición pluriétnica y pluricultural. A través de estudios estadísticos se ha establecido que del 24 al 32 por ciento de la población, de 979 mil 614 a un millón 266 mil 43 personas, pertenece a un pueblo indígena. Los porcentajes pueden variar según los criterios utilizados en las encuestas. Por un lado, se establecen criterios visibles como hablar una lengua indígena o mantener el traje tradicional, y por el otro prevalece el criterio de la autoidentificación como indígena.
El 81.5 por ciento de la población indígena se concentra en tres regiones: Los Altos, El Norte y la Selva. Los grupos indígenas predominantes son:
La población general de Chiapas se incrementa por un promedio del 2.1 por ciento por año, lo cual genera una mayor presión sobre la tierra.
Modelo de agricultura y recursos naturales.
En el estado domina el modelo de agricultura de subsistencia que no permite excedentes agrícolas para tener ingresos económicos extras. Chiapas es el primer Estado en la República mexicana en cuanto a la riqueza en agua que es del 30 por ciento en el país, concentrado sobre todo en Montes Azules y de energía hidroeléctrica, el 54 por ciento de la nación se genera en una sola cuenca, en el Grijalva. Dicha presa está ubicada en el municipio de Chicoasén. Esta central a pesar de generar electricidad en gran proporción desde el año de 1981 al 2006 no ha beneficiado a los habitantes del estado a pesar de tener capacidad instalada de 2400 MW.
Es paradójico que pese a ello sigan existiendo comunidades indígenas que no cuentan con luz eléctrica ni con agua entubada, debido a la inequidad existente en el estado.
Tal realidad no puede continuar, un estado rico y pueblo pobre.
Vivienda y educación
Gran porcentaje de los hogares de la población indígena no cumple con las condiciones mínimas de una vivienda digna.
La educación ha sido tradicionalmente el instrumento de las políticas indigenistas que pretendían "aculturar" y asimilar a los indígenas a la cultura nacional mexicana, no permitiendo ni la manifestación ni el desarrollo de su propia cultura. Por otra parte, un gran número de comunidades indígenas nunca han tenido acceso a la educación pública. Según el censo de 2000, Chiapas tiene el nivel más alto en el país en cuanto al analfabetismo. Por toda una serie de políticas discriminatorias la mayoría de las comunidades indígenas no han tenido el acceso al sistema de salud mexicano. La falta de recursos y la lejanía de algunas comunidades de los grandes centros urbanos han llevado a la agudización y reproducción de enfermedades fácilmente curables.
Desnutrición y mortalidad
El estado de Chiapas, ocupa el tercer lugar de desnutrición en el país, después de Guerrero y Yucatán, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán en 2003.
Reforma agraria
Chiapas es un Estado, donde la reforma agraria implementada tras la Revolución Mexicana no llegó a efectuarse. La tierra ha quedado en manos de unos pocos terratenientes. Este hecho convirtió la tierra en uno de los principales factores de conflictividad social, que se ha profundizado con el tiempo. La búsqueda de tierras generó sobre todo a partir de los 50?s, un complejo proceso de migración hacia la Selva Lacandona. Esto es uno de los factores por los cuales la Selva, hoy en día es uno de los escenarios de mayor conflictividad.
Recursos naturales
Chiapas guarda una gran diversidad animal y vegetal debido a su posición geográfica. Se conserva una superficie significativa de los bosques, destacando por su gran biodiversidad la Selva Lacandona. En las últimas décadas esta superficie sufrió una fuerte degradación a raíz de la explotación maderera y ganadera, así como de la fuerte presión humana sobre la tierra. A esto se añade una serie de políticas gubernamentales contradictorias que, por un lado, intentan promover la conservación, pero por otro ha seguido instrumentalizando, como una fuente de recursos naturales mercantilizables. El Plan Puebla-Panamá que siendo el proyecto de modernización y reordenamiento territorial permitiría acceso y extracción de los recursos naturales.
La región hidroeléctrica más grande del país se encuentra en la reserva de la biosfera de Montes Azules.
De las más de 10 cuencas hidrológicas en Chiapas, la más importante es la del río Grijalva, que genera el 54 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.
Oaxaca
"Ocupa los primeros lugares en migración, mortalidad materna e infantil, desnutrición, marginación, analfabetismo, escasez de infraestructura y servicios, así como de vivienda. En el Informe sobre Desarrollo Humano, México 2004, editado por la ONU, Oaxaca registra un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.7164, lo que lo ubicaba en el lugar 31, sólo arriba de Chiapas. En 2004 Oaxaca tenía condiciones de vida similares a Cabo Verde; es decir, si fuera un país ocuparía el lugar 105.
En dicho informe se destaca que del 2000 a 2003 el IDH, no sufrió cambio. Entre enero y septiembre de 2004 Oaxaca recibió remesas por seis mil 926 millones de pesos, que superaron los recursos provenientes de las participaciones federales de 4 mil millones."1
Por otro lado, para otra analista,2 "Oaxaca, siempre al último: en esperanza de vida, marginación, producción, analfabetismo, conclusión de estudios, infraestructura, transparencia, aportación al PIB, número de médicos por enfermos o de maestros por alumnos, longitud de carreteras, inversión directa extranjera.
Pero a veces también puede ser la primera entidad en la lista: en endeudamiento, recepción de remesas y aportaciones del Gobierno Federal.
Y aunque es uno de los cuatro estados que recibe más dinero federal, es el último en cuanto a transparencia.
Lo anterior lo revela un estudio de investigadores del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), próximo a publicarse. Según el gobierno federal, las transferencias que destinó a Oaxaca en 2005 se incrementaron casi una cuarta parte respecto de 2000, vía los ramos 33, 25, 39 y 28."
"Oaxaca está entre los estados con muy alta dependencia de los recursos federales. Esos datos van de la mano de otro: es la entidad donde hay menos transparencia en general, incluido el uso de los recursos públicos. Su gasto no ha servido para bajar las condiciones de marginación. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de entre los 15 municipios más pobres del país, siete son oaxaqueños...
La esperanza de vida de los oaxaqueños es de 73.2 años, cifra inferior a la media nacional que es de 76 años y que ubica a la entidad en el último lugar nacional, junto con Chiapas.
Si se mide a Oaxaca por el Índice de Marginación que revela las carencias de la población en cuanto a acceso a la educación primaria, servicios de salud o infraestructura, bajos ingresos, residencia en viviendas inadecuadas o en localidades pequeñas, aisladas y dispersas.
Oaxaca supera ligeramente a Chiapas en las privaciones asociadas a la dispersión poblacional, pues mientras en Chiapas 61 por ciento de su población ó 2.4 millones de personas, habita en localidades con menos de 5 mil habitantes, en Oaxaca asciende a 64 por ciento, 2.2 millones de personas. Basado en el índice de marginación que elabora el Consejo Nacional de Población, el estudio arroja que una tercera parte de los municipios oaxaqueños (182) presenta muy alto grado de marginación y 48 por ciento (276) alto grado de marginación.
Del resto, 76 municipios tienen marginación media; 27 baja y tan sólo nueve con muy baja marginación que corresponde a menos de 2 por ciento de los municipios .Si se le mide a nivel nacional, ocupa el lugar número tres, con grado de marginación muy alto.
Para realizar el estudio, los investigadores usaron los desgloses de informes de Gobierno, cifras de Conapo, INEGI, ONU, Secretaría de Hacienda, Sedesol, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados federal, Banco de México y Encuesta Nacional de Empleo, entre otras.
Si se le aplica la medición por índice de capital humano, que comprende el grado de equipamiento que tienen los ciudadanos para salir adelante, gracias al nivel educativo, su alimentación y salud, Oaxaca ocupa, otra vez, el lugar 31, sólo superado por Chiapas.
Otra medición, es el nivel de la infraestructura existente, el cual considera el número de maestros y escuelas por alumno y de médicos y camas por habitante, además del número de líneas telefónicas y la longitud de carreteras. En esto, permanece en el lugar 31, el penúltimo nacional...En remesas ocupó el noveno lugar y tuvo una participación de casi 5 por ciento del total nacional.
La tasa de desempleo se incrementó en los años más recientes a consecuencia del incremento de la población económicamente activa (PEA). A lo anterior hay que agregar que apenas 40 por ciento de la población mantiene al restante 60 por ciento.
Asimismo, el Banco Mundial a mantenido la opinión de que esta región representa: "ante los niveles de pobreza extrema en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca el riesgo social en el sur de México es abundante". Por lo que el organismo recomienda al gobierno mexicano establecer mejores políticas públicas federales y estatales de protección social dirigidas hacia los grupos vulnerables clave de la región para lograr mejores resultados en la reducción de la pobreza en los estados del sur". Estos son señalamientos reiterados del Banco Mundial.
Cinco. Por cierto; en opinión de Américo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México aseveró, el día 6 de diciembre del año en curso, después de la presentación formal del paquete fiscal: "Hay que superar las visiones asistencialitas y dar el enfoque de derechos humanos a las políticas públicas y urgió a poner en el centro de éstas al individuo y acabar con el asistencialismo y el paternalismo? y -llamó a- redoblar esfuerzos si queremos insertarnos en sociedades más grandes del mundo y finalmente describió a México como un país con ingresos medios altos, pero con la mitad de sus habitantes en la pobreza , destacando que el 10 por ciento del población concentra el 36 por ciento de la riqueza, eso es desigualdad y es una tarea pendiente que hay que resolver".
En México, hoy la política social debe dar un giro completo y realizar sus tareas en función de objetivos, metas, programas y plazos definidos más allá de programas de rescate estrictamente asistencialistas, la política social debe ser un política de Estado, llegar al fondo de las cosas, no a la superficialidad de las mismas. Sólo con un planteamiento estratégico de largo plazo podrá iniciarse esta reforma profunda.
La justificación de nuestro argumento se sostiene, en base a lo anteriormente expuesto y se añaden datos del INEGI a las siguientes comparaciones:
Subsidio federal y estatal a las universidades públicas
2003
(cantidades en miles de pesos corrientes)
UNAM
13,929,467.2
U. de Guadalajara
3,496,442.0
U.A. de Nuevo León 2,696,883.9
UAM
2,678,015.0
U. Veracruzana
1,920,332.3
U.A. de Puebla
1,507,321.2
U.A. de Sinaloa
1,470,098.7
U.A. de Tamaulipas 1,194,524.9
U.A. de Guerrero
688,948.6
U.A.B.J. de Oaxaca
318,287.3
U. del Mar (Oaxaca)
66,799.0
U.A. de Chiapas
403,461.8
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer por entidad federativa a 2005
Jalisco
5.9 por ciento
Tamaulipas
5.7 por ciento
Sinaloa
5.4 por ciento
Nuevo León
5.1 por ciento
Oaxaca
6.1 por ciento
Guerrero
7.1 por ciento
Chiapas
7.4 por ciento
Población emigrante y saldo neto migratorio hacia los Estados Unidos de América, por entidad federativa según lugar de nacimiento, 2000
Veracruz
1 350 282
Oaxaca
843 317
Guerrero
655 538
Tamaulipas
370 722
Chiapas
336 140
Morelos
143 964
Quintana Roo
34 139
Baja California Sur 29 883
Participación estatal en el producto interno bruto (año 2004)
Distrito Federal
22.8
Estado de México
9.5
Nuevo León
7.3
Jalisco
6.3
Chihuahua
4.3
Guerrero
1.7
Chiapas
1.7
Oaxaca
1.6
Infraestructura hospitalaria 2004
Distrito Federal
Hospitales: Hay 115 unidades médicas públicas
con poco más de 29 mil 500 médicos y 314 unidades médicas
particulares con 3 411 médicos.
Guerrero
Hospitales: Hay un mil 87 unidades médicas públicas
con poco más de un mil 472 médicos y 99 unidades médicas
particulares con 284 médicos.
Oaxaca
Hospitales: Hay un mil 287 unidades médicas públicas
con 3 mil 999 médicos y 83 unidades médicas particulares
con 178 médicos.
Chiapas
Hospitales: Hay un mil 170 unidades médicas públicas
con poco más de 3 mil 942 médicos y 67 unidades médicas
particulares con 180 médicos.
Puebla
Hospitales: Hay un mil 19 unidades médicas públicas
con poco más de 6 mil 90 médicos y 131 unidades médicas
particulares con 470 médicos.
Nuevo León
Hospitales: Hay 603 unidades médicas públicas
con 6 mil 263 médicos y 51 unidades médicas particulares
con 435 médicos.
Guanajuato
Hospitales: Hay 622 unidades médicas públicas
con poco más de 5 mil 104 médicos y 226 unidades médicas
particulares con 473 médicos.
Jalisco
Hospitales: Hay un mil 135 unidades médicas públicas
con poco más de 9 mil 997 médicos y 168 unidades médicas
particulares con 455 médicos.
Seis. Por otro lado en la región Pacífico sur, se encuentran fragmentadas las políticas para su desarrollo: No hay componentes territoriales, económicos, culturales, sociales o de acción de Gobierno que cuando menos estén integrados en proyectos multisectoriales dirigidos hacia un objetivo especifico y mucho menos proyectos de impacto regional que detonen la economía. El publicitado plan Puebla-Panamá, se quedo en eso; sólo publicidad, que por cierto obedece a intereses ajenos a la región.
Por otro lado, no existe una política estratégica que formule una nueva relación entre el Estado y la sociedad para el desarrollo de la zona.
Por ello, se requiere la construcción de un Plan regional basado en criterios de regionalización, geoeconómica, socio histórica y cultural que vaya más allá de la inversión en un sólo rubro económico, que sea multifactorial que abarque: salud, empleo, educación, desarrollo sostenible, temas de urgente atención. Que detone, las economías regionales y locales; que impida la pérdida de la biodiversidad y de los recursos naturales, que ayude a la explotación racional de los mismos.
La acción del gobierno ha sido omisa en la creación de un enfoque regional, que responda entre a las necesidades de las comunidades y de las sociedades de Guerreo, Chiapas, y Oaxaca. Se necesita que la inversión pública sea una palanca del desarrollo en el Pacífico sur que cada día produce el exilio económico hacia los Estados Unidos y a otras regiones de México, sobre todo el Norte. Ello propiciado por la desesperación y la ausencia de ofertas de vida.
Sostener la idea, por no reconocer la urgencia de atención de la zona que abarca los multicitados Estados, sólo producirá el aumento de la desesperación social.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos ante el pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta y se solicita a la autoridad política respectiva el diseño, elaboración y ejecución del plan de desarrollo regional del Pacífico sur, cuyos objetivos sean remontar la tendencia al empobrecimiento y al rezago social, al desempleo; para aumentar las oportunidades de educación, salud e inversión pública y privada que detone las economías regionales y locales. Dicho plan de desarrollo regional Pacífico sur, deberá construir las bases de un nuevo acuerdo social. El plan deberá inscribirse conjuntamente con sus programas como una prioridad nacional para el desarrollo. Considerando la participación social, como soporte básico en su diseño, contando con aportaciones de los tres ordenes del Gobierno, combinado enfoques regionales, locales y sectoriales. En el diseño de una política de Estado de largo plazo, y que permitan la viabilidad del región Pacífico sur. Como un nuevo diseño de plan de contingencia económica.
Segundo. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se cree un fondo de contingencia económica para el desarrollo de la región Pacífico sur; El que será, aplicado por medio de un plan regional, siendo sus objetivos urgentes: revertir la tendencia a la pobreza y detonar la economía de la zona.
Tercero. Que esta honorable Cámara de Diputados convoque en el primer cuatrimestre del próximo año, para la realización del foro Plan regional Pacífico sur, en el que participen los actores políticos y sociales y los tres órdenes de gobierno, cuyo objetivo sea debatir y encauzar las bases para la construcción de un nuevo pacto social en el Pacífico sur, de largo plazo y con ello compense el desequilibrio regional existente en México que contenga:
Principales debilidades, potencialidades, orientaciones estratégicas y metas a alcanzar. Que regule la explotación racional de los recursos naturales y la infraestructura para su utilización como las hidroeléctricas.
Ejes de intervención de la federación y participación estatal y municipal y del Congreso de la Unión.
Método de consulta y participación de los actores económicos y sociales de la región.
Mecanismos de financiamiento para la ejecución del plan, su vigilancia y seguimiento.
Notas:
1 Revista Vertigo, investigación Lorena
Ríos, 8 de noviembre de 2006.
2 En Marcela Turati, noviembre 13, 2006 (Excélsior)
Palacio Legislativo, a 8 de diciembre de 2006.
Diputado Modesto Brito González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGAR EL USO DE LAS RESERVAS
INTERNACIONALES, EN ESPECIAL LOS PREPAGOS DE LA DEUDA EXTERNA REALIZADOS
ENTRE 2000 Y 2006, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica, y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponen la integración de una comisión especial para investigar el uso de las reservas internacionales, en especial los prepagos de la deuda externa realizados entre los años 2000 y 2006, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. Durante la administración que está por concluir la acumulación de reservas internacionales alcanzó niveles históricos.
2. Hace algunos meses la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP anunció que llevó a cabo el prepago de créditos contratados con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial por un monto aproximado de 12 mil millones de dólares (mdd), utilizando nuestras reservas internacionales.
Considerando
1. Que la SHCP adquirió del Banco de México un monto de reservas internacionales equivalente a los prepagos anunciados (12 mil mdd); esta compra de reservas internacionales fue pagada con bonos de deuda que emitió la propia SHCP con cargo al gobierno federal.
2. Que, en pocas palabras, la SHCP liquidó o pago deuda externa, pero a cambio generó deuda interna en la misma proporción; por ello, si bien es cierto que después de la operación la deuda externa se redujo en 12 mil mdd, también lo es que la deuda interna se incremento en 12 mil mdd convertidos a pesos; por ello, la deuda total (interna más externa) de la economía se mantuvo constante y sólo sufrió un cambio de composición.
3. Que por ello, ante esta operación no podemos concluir que el elevado monto de reservas internacionales que existe a la fecha se esté utilizando para disminuir la deuda, sino simplemente se está utilizando para cambiar la estructura de pasivos en el país, lo que puede tener problemas de eficiencia y de legalidad.
4. Que hace algunos meses se dio un fuerte debate público entre analistas económicos, legisladores y algunos empresarios, que sugirieron la posibilidad de utilizar parte de las reservas internacionales (20 mil mdd) para financiar proyectos de infraestructura energética o para apoyar los sistemas de pensiones, o para liquidar pasivos de pidiregas, etcétera, y no necesariamente realizar "pagos" de deuda externa; más aún cuando esta se encuentra redocumenada y no representa ninguna amenaza para las finanzas públicas, no siendo este el caso de la deuda interna, cuyo monto se ha elevado de manera alarmante durante el presente sexenio.
5. Que al respecto conviene mencionar que de acuerdo con el informe sobre la situación de la finanzas públicas, al segundo trimestre del 2006, la deuda neta del sector público ascendió a 3.3 billones de pesos; esta cifra representa el 36.7 por ciento del producto interno bruto, y significa que de cada peso que se genera en la economía, 36 centavos se deben.
6. Que la deuda neta total se ha incrementado durante la presente administración del Presidente Fox, en 989 mil 427 millones de pesos, lo que significa que en el año 2000 cada mexicano debía al nacer 23 mil 776.4 pesos y para el segundo trimestre del 2006, la deuda de cada mexicano es de 31,501 pesos, por lo que la deuda per cápita de los mexicanos se ha incrementado en 7 mil 724.7 pesos, a pesar de que paradójicamente durante los últimos 6 años la economía mexicana obtuvo ingresos petroleros excedentes por casi 200 mil millones de pesos.
7. Que, en términos generales, las reservas internacionales son los activos o recursos en moneda extranjera que tiene el Banco de México y que respaldan los billetes y monedas que circulan en la economía, es decir, las monedas de otros países, así como los metales preciosos (oro y plata) que compra el Banco de México y que conserva para ser utilizadas cuando la economía lo requiera.
8. Que estas reservas no pertenecen ni representan un ahorro del gobierno, por lo que no puede hacer uso de ellas libremente, ni tampoco son propiedad del banco central, por lo que éste tampoco puede disponer de ellas a su libre voluntad.
9. Que, en otras palabras, las reservas internacionales, al respaldar los billetes y monedas que están en circulación son una especie de "seguro que le da aceptación y valor al dinero", por lo que tienen que estar disponibles para cumplir esa función.
10. Que también el monto de las reservas internacionales dependen de la magnitud de los principales pasivos de la economía, por lo que, además de la deuda externa, el nivel de las reservas internacionales en cierta medida esta en función del déficit o superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, por lo que un déficit obliga a mantener reservas internacionales por la misma magnitud.
11. Que en las economías que tienen un tipo de cambio fijo (como México hace muchos años) las reservas internacionales sirven para mantener el tipo de cambio, ya que cuando existe una sobredemanda de moneda extranjera, el Banco de México (banco central) saca a la venta la moneda extranjera necesaria para cubrir la sobredemanda y así evitar que el tipo de cambio se devalúe.
12. Que, sin embargo, nuestra economía se mueve bajo el modelo del tipo de cambio flexible, es decir, que cuando existe una sobredemanda de dólares y en la economía no existen los dólares necesarios, el Banco de México (central) no los pone a la venta, sino lo que se modifica es el tipo de cambio.
13. Que esto nos lleva a concluir que en la situación actual de nuestro país, la reservas internacionales cumplen sólo la función de "respaldo" a los billetes y monedas en circulación; luego entonces, cuando estas reservas internacionales son mayores que la cantidad de billetes y monedas en circulación (es decir existe un excedente de reservas internacionales), son un bien publico, ya que, como se mencionó, no son propiedad ni del Banco de México ni del gobierno federal, al darse esta situación es el Congreso quien debe de determinar el uso y destino que se le debe de dar a esos excedentes de reservas internacionales, más aún cuándo estas reservas internacionales se utilizan para pagar la deuda, ya que el artículo 73 constitucional establece como facultad exclusiva del Congreso, en su fracción VIII lo siguiente:
VIII. Para dar bases sobre las cuales el ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
14. Que, por lo anterior, cualquier operación de prepago de deuda a través de la utilización del "excedente de las reservas internacionales", al no estar contemplada de origen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, el Ejecutivo federal está obligado a requerir la aprobación del Congreso.
Por todo lo anterior, los legisladores suscritos presentamos ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos presentamos pedido para la integración de la comisión especial para investigar el uso y destino de las reservas internacionales entre los años 2000 y 2006.
Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Esta comisión de investigación contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de diciembre de 2006.
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR LA CARRETERA MANZANILLO-TOLIMÁN,
EN COLIMA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL TORRES HERRERA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe Víctor Manuel Torres Herrera, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se ha considerado a la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes como ejes estratégicos del desarrollo económico, político, social y cultural en nuestro país; es así que de los cuatro objetivos a alcanzar en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 se destaca en primer termino: "Lograr una red de infraestructura de transportes eficaz, segura y protectora del medio ambiente, accesible a todos los mexicanos en los ámbitos nacional, regional y local y que además facilite la participación del país en la globalización".
Con este objetivo se reafirma que el sector transportista constituye un instrumento de enlace con los demás sectores económicos del país, ya que todas las actividades económicas de producción de bienes o servicios, dependen en una u otra forma del desplazamiento de sus insumos, de sus mercancías o cargas de todo tipo y del traslado de personas como productoras o consumidoras.
La adecuada planeación de la inversión en obras de infraestructura en las comunicaciones y transportes es indispensable para el desarrollo económico del país, asimismo es importante destacar que su vida útil es de largo plazo.
La región Centro Occidente de nuestro país es una zona de alto potencial económico ya que genera más del 13% del PIB nacional, en esta región se localizan grandes centros de población con un importante desarrollo industrial, comercial y agropecuario. Sin embargo, existen zonas de gran marginación como lo es la región que comprende los estados de Colima y Jalisco y básicamente es desde Manzanillo-Minatitlán-Tolimán-San Gabriel-Tapalpa.
Ante la imperiosa necesidad de desarrollo interestatal en los rubros agropecuario, turístico y comercial, sobretodo en el municipio de Minatitlán, que es el de mayor marginación en Colima, y que colinda con los municipios de Tolimán, San Gabriel y Tuxcacuesco, Jalisco, microregiones de Sedesol y por su alto grado de marginación, los gobiernos de ambos estados se dieron a la tarea de desarrollar un proyecto de eje carretero transvolcánico, se trata de la construcción de una carretera pavimentada tipo "C" de Platanarillos - crucero con El Saúz/Rastrojitos, municipio de Minatitlán hasta el puerto de Toxín, municipio de Tolimán-San Gabriel-Talapa, El proyecto en cuestión se suma a otro en Jalisco que une a Tapalpa con San Gabriel, estableciéndose una ruta de Tapalpa, Jalisco hasta Manzanillo, Colima en aproximadamente 2 horas, con las consiguientes ventajas para ambos destinos y regiones. Colima puede diversificar y mejorar su oferta turística a los viajantes de cruceros, incluyendo recorridos hasta la Sierra de Tapalpa.
Por lo que respecta al puerto de Manzanillo, es el segundo puerto de importancia en la República Mexicana, entrada y salida de numerosos productos para abastecer el mercado nacional e internacional al continente asiático, por lo que consideramos que este proyecto sería fundamental para agilizar en el movimiento y distribución de bienes y servicios, así como en el transporte de personas de la región occidente de la región.
El tramo carretero comprende 24.7 kms, de los cuales 11 kms se encuentran dentro de la demarcación del estado de Colima y 13.7 kms en el estado de Jalisco, por lo que respecta al estado de Jalisco aun esta pendiente de estimar, en virtud de que actualmente el gobierno del estado de Jalisco ya está construyendo el subtramo del entronque de la carretera San Gabriel-Tolimán hacia el puerto de Toxín, y está proyectando para este año por su parte, el subtramo del puerto de Toxín a los limites con Colima con una distancia aproximada de 13.7 kms con el trazo actual de la brecha existente.
Cabe destacar que esta obra detonará el desarrollo social, económico y cultural de Minatitlán y el sur de Jalisco, aportando ventajas comerciales y turísticas para la ciudad de Colima y Manzanillo particularmente en términos del ecoturismo, e inclusive del turismo religioso ya que es la ruta que los peregrinos transitan hacia Talpa de Allende.
La ruta comprende en su mayoría las líneas de transmisión de energía eléctrica de Campos, municipio de Manzanillo, Colima, a Guadalajara, Jalisco, asimismo es la ruta que seguirá el gasoducto, por lo que esta carretera facilitara el mantenimiento de de estas obras energéticas.
En base en lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Comunicaciones y transportes a considerar en las partidas correspondientes de las previsiones presupuestales para el ejercicio 2007, los recursos necesarios y suficientes para la construcción de la carretera Manzanillo-Tolimán con una longitud aproximada de 11 km.
Palacio Legislativo a 12 de diciembre de 2006.
Diputado Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGAR EL RESCATE BANCARIO,
A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la integración de una comisión especial para investigar el rescate bancario, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. En 1991, el gobierno mexicano inició la privatización del sistema de banca múltiple para promover una economía abierta, las autorizaciones de bancos se licitaron al mejor postor, lo que le produjo ingresos al gobierno por 12 mil 500 millones de pesos.
Se licitaron 18 bancos a grupos financieros que estaban representados por 11 casas de bolsa y 7 grupos particulares, los precios llegaron a ser hasta de 5.3 de su valor en libros.
Fue evidente que los procesos no fueron los adecuados. los compradores estaban principalmente relacionados a grupos industriales en donde las casas de bolsa transfirieron operaciones al grupo financiero y el grupo compró el banco.
En la mayor parte de los casos los compradores carecían de experiencia crediticia y del conocimiento técnico para las prácticas bancarias prudentes, además de que no fueron capaces de contratar administraciones eficientes.
En la mayoría de los casos la mayor parte del precio de compra se financió con recursos prestados como en los casos de Inverlat y Banco Unión.
2. La crisis de finales de 1994, la devaluación de la moneda y la débil supervisión bancaria provocaron que los bancos mostraran los siguientes problemas:
4. EL Fobaproa implantó dos tipos de programas de apoyo a los bancos:
Programa de capitalización y compra de cartera
Se implantó para capitalizar a los bancos cuya situación financiera era solvente pero debido al deterioro de sus activos crediticios, se arriesgaba a no cumplir con los requisitos mínimos de capital.
Programas de intervención y saneamiento
Estos programas buscaron solucionar los problemas de liquidez y descapitalización a través de aportaciones de capital contra la participación accionaria asumiendo la CNVB el control de las instituciones lo cual estaba previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, así durante el periodo de 1994-1998 la CNVB intervino 12 instituciones financieras, la primera Banco Unión el 1 de septiembre de 1994 y la última Banca Confía en agosto de 1997.
5. Los resultados obtenidos muestran el rotundo fracaso de la estrategia emprendida por el gobierno federal, prácticamente ninguno de los objetivos que persiguió el acuerdo presidencial del 5 de septiembre de 1990 fue alcanzado; el gobierno federal tiene una deuda que supera los 700,000 millones de pesos, que generan intereses de aproximadamente 40 mil millones de pesos al año, la banca extranjera controla ya, el 87 por ciento de los activos bancarios, y la banca presta en promedio sólo 30 centavos de cada peso que capta.
6. Las operaciones realizadas durante el rescate bancario, han sido consideradas como de dudosa legalidad, por ello en la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, se determinó la necesidad de realizar una auditoria a las operaciones del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa).
7. El 7 de septiembre de 1998, el Comité de Contrataciones de las subcomisiones para el estudio del Fobaproa, creado por el honorable Congreso de la Unión contrató a Michael W. Mackey para realizar una revisión y análisis basado en preguntas específicas previamente convenidas con el Comité de Contrataciones.
De su revisión y análisis el señor Mackey llega a diversas conclusiones entre las que destacan tres aspectos fundamentales:
b) Las limitaciones que tuvo para realizar su trabajo, en lo que respecta al acceso a la información,
c) La existencia de transacciones reportables
1) Las operaciones llamadas "A" que ascienden a 24 mil millones de pesos, y que su razón de "reportabilidad" obedece a que no cumplieron los requisitos originalmente establecidos por el Fobaproa en los programas de compra de cartera.
Las operaciones llamadas "B", cuya razón de "reportabilidad" obedece a que fueron créditos otorgados a "partes relacionadas" es decir a accionistas de bancos y que ascienden a aproximadamente 42 mil millones de pesos.
Las operaciones "C" por aproximadamente 6 mil millones de pesos, llamadas así por que definitivamente existió violación a la ley.
Considerando
1. Que en julio de 1999, el auditor canadiense entregó su informe titulado "Evaluación integral de las operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y la calidad de la supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998" llamado comúnmente "Informe Mackey".
La entrega de dicho informe en la siguiente documentación:
II) Cinco sobres, uno para cada representante que contenía una "clave" de acceso para poder accesar (abrir) el CD-Rom que contenía el detalle de las operaciones reportables. cabe recordar que para conocer la información que contenía el CD-Rom, era necesario ingresar al mismo tiempo las 5 claves.
III) Un CD-Rom que contenía el detalle de las operaciones reportables.
II) Un CD-Rom que contenía el detalle de las operaciones reportables, pero este no requería de "claves" para poder ser abierto, en otras palabras, el IPAB en cuánto recibió el Informe Mackey, tuvo conocimiento del detalle de las transacciones reportables.
III) Un ejemplar de cada uno de los llamados Banks reports, de los cuales por cierto no existe traducción oficial.
4. Que resulta absurdo y negligente, que en el IPAB, no se hayan analizado, discutido y dictaminado, ni el Informe Mackey, ni los Banks reports.
5. Que la Auditoría Superior de la Federación en sus informes sobre la revisión de la Cuenta Pública del 2000 y 2001, ha hecho señalamientos muy importantes en cuanto a la existencia de operaciones irregulares e ilegales en el rescate bancario.
6. Que dichas observaciones involucran un monto superior a los 45 mil millones de pesos, y que el mismo auditor Superior ha señalado que el Comité Técnico del Fobaproa, actuó de manera discrecional, violando sus propias atribuciones.
7. Que a pesar de que la propia Auditoria Superior de la Federación ha ordenado el descuento de casi 8 mil millones de pesos al pagaré de Banamex, el Ejecutivo federal promovió una controversia constitucional para no cumplir con la instrucción del órgano fiscalizador de ésta Cámara de Diputados.
8. Que los 4 bancos beneficiados por los programas de capitalización y compra de cartera, fueron sujetos de unas revisiones llamadas "Gel" que no cumplieron con los dispuesto por el articulo Quinto Transitorio de la Ley del IPAB.
9. Que la Comisión Permanente del Congreso, en agosto 2003 le realizó un exhorto al IPAB, para que llevara a cabo la atención y cumplimiento del articulo Quinto Transitorio de la Ley del IPAB, y que cumpliera las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y revisara y dictaminara los llamados Bank reports.
10. Que el IPAB y su Junta de Gobierno hicieron caso omiso del exhorto a que el IPAB fue conminado por el Congreso mexicano.
11. Que esta situación obedece en gran parte al conflicto de intereses que existe en su Junta de Gobierno.
12. Que la investigación y esclarecimiento de los programas de capitalización y compra de cartera es urgente y necesaria en virtud de que involucran una bolsa de recursos que asciende a más de 212 mil millones de pesos.
13. Que es un clamor de la sociedad mexicana, conocer con todo detalle el proceso del rescate bancario y castigar a quienes se aprovecharon de él.
14. Que como representantes populares es nuestra obligación atender el reclamo de la sociedad.
Por todo lo anterior, los legisladores suscritos presentamos ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos presentamos pedido para la integración de la comisión especial para investigar el rescate bancario.
Segundo. La Comisión Especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Esta Comisión Especial contara con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de octubre de 2006
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007
SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL RELLENO DE LAS MINAS DE ARENA EN LAS COLONIAS
AMÉRICA, DANIEL GARZA, AMPLIACIÓN DANIEL GARZA Y 16 DE SEPTIEMBRE,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La explotación de minas de arena que durante los años 30 se realizó al poniente de la Ciudad de México ha derivado en serios problemas que actualmente enfrentan los habitantes de las colonias América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza y 16 de Septiembre, de la delegación Miguel Hidalgo. Actualmente, 70 por ciento de las viviendas edificadas en estas colonias están sobre rellenos inadecuados que pueden provocar hundimientos.
La Unidad de Rehabilitación de Edificios Urbanos de la demarcación, ha determinado que cuando se construyeron estas viviendas existían minas a cielo abierto que fueron llenadas con escombro, basura, y algunas oquedades, que se utilizaron por mucho tiempo como drenaje, por lo que hace seis años la anterior administración empezó la instalación de la tubería necesaria.
Debido a estas características la superficie donde se edificaron las casas es inestable y por tanto las filtraciones de agua socavan el suelo y provocan hundimientos y con ello daños en las construcciones, como se ha podido constatar. Ante tal situación, el gobierno delegacional invirtió 2.3 millones de pesos en el 2000 para realizar un estudio de mecánica de suelo que determinó la situación de riesgo en la que se encuentra cada vivienda asentada sobre las minas. A través de dicho estudio se determinó, además, que los sititos que requieren atención prioritaria son aquellos en los que el techo de la mina y el piso de las calles cuentan con tan sólo 2 ó 3 metros de espesor.
La administración delegacional 2000-2003 invirtió 10.3 millones de pesos en el relleno de minas, y la Asamblea del Distrito Federal asignó en 2003 una partida especial de 22 millones de pesos, los cuales fueron aplicados en las zonas de más alto riesgo. Sin embargo, es un hecho que toda esta inversión ha sido insuficiente para eliminar el riesgo de hundimientos y daños a infraestructura en la localidad.
Al realizar un recorrido por la zona, la que suscribe el presente pudo constatar la preocupación de los habitantes por que ocurran hundimientos en sus hogares, debido a que sus colonias han sido catalogadas como de alto riesgo por la Unidad de Rehabilitación de Edificios Urbanos. Aunado a esto, se encuentran las obras viales emprendidas por el gobierno del Distrito Federal que darán continuidad al Eje 5 Poniente, lo que aumenta la probabilidad de riesgo de hundimientos en la zona afectada.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción III, y 38 de la Ley General de Protección Civil, el artículo 59 de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal y el artículo 33 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se exhorta a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto de esta H. Cámara de Diputados, a que asigne los recursos necesarios en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007, para el relleno de las minas de arena de las colonias América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza y 16 de Septiembre, de la delegación Miguel Hidalgo, con el fin de garantizar la seguridad de sus habitantes.
Diputada Ma. Gabriela González Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE
ASIGNEN RECURSOS A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A
CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO MEDELLÍN VARELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Antonio Medellín Varela, presenta ante esta H. Camara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que considere en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se asignen mayores recursos destinados al incremento de infraestructura hidráulica al estado de San Luís Potosí, basado en las siguientes.
Consideraciones
De acuerdo a datos del INEGI en su Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, los estados con mayor rezago en cobertura de agua potable para sus habitantes son los de San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero y los de mayor rezago en cobertura de alcantarilladoson los de Hidalgo, Puebla, Campeche, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Yucatán, Guerrero y Oaxaca.
A pesar de que para el año 2006 el presupuesto asignado a la inversión destinada al desarrollo, conservación e infraestructura para abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento fue de mas de 14 mil millones de pesos, la asignación de dichos recursos no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de gran parte de los mexicanos y aun existen diferencias sustanciales entre los estados con mayor y menor cobertura en estos conceptos.
Para el caso de San Luis Potosí, al cierre del 2005 reportó una cobertura del 74.2% en alcantarillado y una cobertura del 82.7% en agua potable, considerando que la media nacional es de 85.6% y 89.2% respectivamente es evidente que San Luis Potosí se encuentra rezagado en promedio 9 puntos porcentuales en el otorgamiento de estos servicios.
Adicionalmente, para el ejercicio fiscal 2006, en la reasignación de los recursos presupuestales del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se destinaron a programas de infraestructura hidráulica, de un total de 3,800 millones de pesos, el estado de San Luis Potosí únicamente se vio favorecido con un 1.08% de ese monto, mientras que estados cuya cobertura en estos servicios rebasan el 95% se vieron favorecidos, en promedio, con el 6% de ese monto.
Es urgente y necesario que el presupuesto administrado por la Comisión Nacional del Agua sea destinado preferentemente a los estados con mayor rezago en cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento con el propósito de que en el 2007 se cierre esa brecha desigual.
Para tal propósito, San Luis Potosí requiere para el 2007 de una asignación federal de $3,725,626,322 para generar una inversión total por $4,228,777,336 para diversas obras entre las que destacan la construcción de la presa de almacenamiento El Realito, que beneficiará también al estado de Guanajuato, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales denominada El Morro así como el anexo de diferentes obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, protección civil y de cultura del agua en los municipios y comunidades del estado.
Finalmente y consciente de la importancia del desarrollo humano sustentable, me pronuncio por el uso de la tecnología de saneamiento a favor de la regeneración, preservación y adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos, así como del incremento en los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para los habitantes del estado, sin embargo, para la cristalización de estos proyectos es necesario al apoyo presupuestal.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica a considerar en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2007, se asignen recursos presupuestales por $3,725,626,322 dirigidos a diversos proyectos de infraestructura para la ampliación de abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado de San Luis Potosí.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.
Diputado Antonio Medellín Varela (rúbrica)
El diputado Israel Beltrán Montes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva formular una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Federalismo y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, para que presenten el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 36, 76, 105, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Antecedentes
1. El diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, con fecha 5 de noviembre de 2004 presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa de reforma a los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria con la misma fecha.
2. La iniciativa citada en el numeral anterior fue analizada y dictaminada por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, juntamente con las presentadas por diputados de los diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura. En esos términos, fue aprobado el dictamen que reforma y adiciona los artículos 36, 76, 105, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en fecha 26 de abril de 2006 y turnada a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.
3. La minuta correspondiente fue presentada ante el Senado de la República el 7 de septiembre de 2006 y turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Federalismo y de Estudios Legislativos, Segunda.
Consideraciones
La minuta con proyecto de decreto anteriormente identificada contiene reformas sustanciales y muy importantes en materia y con propósito de obligaciones de los ciudadanos de la república; resolución de las controversias que se deriven de los convenios o acuerdos de colaboración que se celebren por las entidades federativas; incluir entre las facultades de los ayuntamientos las de aprobar el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera; establecer que el servicio de alumbrado público, a cargo del municipio, se recuperará su costo por los municipios con base en las reglas que expidan las legislaturas de los estados; explicitar que las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los municipios se deberán distribuir "de acuerdo a criterios de eficiencia en la gestión pública y dentro de estos la eficacia en la aplicación de políticas públicas que incrementen los ingresos propios"; establecer fórmulas para la fiscalización de los recursos municipales; normar la celebración de convenios entre un estado y uno o más municipios para el ejercicio de alguna de las funciones y servicios públicos que correspondan a éstos últimos; prever la existencia de entidades estatales de fiscalización, y disponer que las propias Entidades federativas, con el acuerdo de sus legislaturas, podrán celebrar convenios o acuerdos de colaboración para emprender políticas comunes.
Se trata de un proyecto de ley orientado claramente a fortalecer el ejercicio de gobierno de las entidades federativas y de los municipios, así como de permitirles contar con recursos para ello.
Por lo anterior, por tratarse de un proyecto de reforma constitucional que redundará en el fortalecimiento de nuestro federalismo, se justifica la urgencia de que las comisiones de Puntos Constitucionales, de Federalismo y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, elaboren y presenten el dictamen correspondiente.
Consecuentemente, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados que se sirva dar trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Se turne la presente a la Cámara de Senadores a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora, excite a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Federalismo y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presenten el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 36, 76, 105, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 2006.
Diputado Israel Beltrán Montes (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El pasado 31 de octubre presenté una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de aumentar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y establecer un mínimo de 1 por ciento de la recaudación federal participable. La propuesta fue turnada, para su dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En la iniciativa presentada ante esta soberanía destacamos, entre otros, los siguientes motivos que dieron origen a la misma:
1. Financiamiento a la Seguridad Pública
El comportamiento del origen y destino de los recursos, ha sido el siguiente:
Sin embargo, los recursos federales destinados a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública disminuyó, al pasar de 5 mil 213 millones a 5 mil millones; o sea un decremento de 4.1 por ciento.
En tanto que los recursos destinados a las dependencia federales pasaron de 7 mil 80 a 10 mil 746 millones de pesos; lo que significa un aumento de 51.7 por ciento.
Los posibles hechos delictivos del fuero federal pasaron de 81 mil 781, en el 2000, a 89 mil 530, en el 2005. En tanto que los del fuero común pasaron de un millón 338 mil 473 a un millón 406 mil 848.
Nótese además que los delitos del orden común que son los que corresponden al ámbito de responsabilidad de las autoridades locales, constituyeron el 94.2 por ciento de los posibles delitos totales en el 2000 y 94.0 por ciento en el 2005.
El crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia generalizada y nuevas y preocupantes expresiones, como el narcomenudeo, han generado ya un clima de inestabilidad e incertidumbre insostenible, que esta poniendo en riesgo, no sólo la seguridad de las personas y de su patrimonio sino la seguridad nacional misma.
Por otro lado, la población penitenciaria nacional paso de 154 mil 765, en el 2000, a 212 mil 774 internos, en el 2006, o sea un incremento de 37.7 por ciento. De estos últimos, el 79.5 por ciento son del fuero común y 24.1 del fuero federal.
Existe, en consecuencia, una sobrepoblación de 53 mil 847 espacios, el 34 por ciento de la población penitenciaria total. Los estados y los municipios que tienen a su cargo centros de readaptación resienten, entonces, un déficit significativo que debe ser subsanado, aún de manera gradual.
Finalmente, son muchos los factores, de carácter social, económico, de impartición de justicia, de financiamiento; que inciden en esta lamentable realidad. La iniciativa pretende destacar uno de ellos: la insuficiente inversión destinada a los estados, municipios y delegaciones como ya se mostró en líneas anteriores, siendo que es en estos órdenes de gobierno en los que recae la mayor responsabilidad operativa en materia de seguridad pública y de prevención del delito.
3. Presupuesto 2007
En este lapso, el Ejecutivo Federal ha presentado ante esta Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007.
En general se trata de una propuesta de presupuesto y de programa inercial, con escasas innovaciones por parte del nuevo gobierno y con una marcada tendencia a concentrar, aún más, los recursos en el gobierno federal. Tal es el caso del presupuesto destinado a la seguridad , que en su conjunto tiene un crecimiento real de 15 por ciento, en tanto que el destinado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal que ejercen los estados se reduce de 5 mil 200 millones a 3 mil 500 millones, o sea, 32 por ciento en términos reales respecto al 2006 como se observa en el siguiente el Ramo 36, que corresponde al presupuesto que ejerce la Secretaría de Seguridad Pública, pasa de 9 mil 70 millones de pesos a 15 mil 164 millones, o sea, un crecimiento real del ¡54.9 por ciento!
Es de destacarse que del total de los recursos destinados a seguridad, que ascienden a 71 mil 283.4, únicamente se destinarían al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal el 4.9 por ciento.
Es decir, el gobierno federal reitera la visión de la anterior administración en el sentido de que es por medio de las fuerzas públicas nacionales que se abatirán los índices de inseguridad pública y se protegerá el patrimonio y la integridad de las familias y los negocios. Tal criterio como lo demostramos en nuestra iniciativa ha sido erróneo en la medida que no se han logrado resultados eficaces. Por el contrario el crimen y la inseguridad han crecido de manera exponencial.
De manera que resulta imperativo una nueva estrategia que debe sustentarse en el en lo siguiente:
Mantener el equilibrio pertinente entre el imperativo de una acción rectora nacional, el orden interno de las entidades federativas y el principio de libertad municipal.
Alentar la solución de los grandes problemas nacionales, desde el ámbito local que es la forma más eficiente y eficaz de atender cuestiones como la inseguridad, que están rompiendo el tejido social, en los barrios, en las colonias, en las comunidades, en el entorno familiar y en las calles. Su complejidad y diversidad, hace poco probable el éxito de estrategias centrales, como ha sucedido hasta ahora.
Mucho le agradeceré que esta excitativa sea turnada de inmediato a la citada comisión, de modo que pueda ser presentad al pleno antes de la aprobación del Presupuesto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El pasado 29 de septiembre presenté una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de aumentar las participaciones federales del 20 al 25 por ciento de la recaudación federal participable. Se propuso también que la proporción mínima independiente que las legislaturas de los estados han establecido rangos diversos de las participaciones asignables a los municipios sea del 30 por ciento.
En la iniciativa presentada ante esta soberanía destacamos, entre otros, los siguientes motivos que dieron origen a la misma:
Comportamiento del gasto federalizado
En el resumen del gasto federalizado en el periodo 2000-2006 a precios constantes, integrado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se observa que, en su conjunto, el gasto federalizado creció 25 por ciento, en tanto que el Ramo 33 y el Ramo 28 lo hicieron únicamente en 15 por ciento. Más aún la posición del Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, pasó del 46.8 por ciento del gasto descentralizado al 45.3 por ciento y, el Ramo 33, del 47.8 al 45.4 por ciento.
También se precisó que los fondos de aportaciones federales para entidades y municipios (Ramo 33), el 81 por ciento lo administran los gobiernos estatales: el 63 por ciento en materia de educación básica; el 12 por ciento en servicios de salud; el 3 por ciento en múltiples actividades; el 1 por ciento en seguridad publica; el 1 por ciento en educación tecnológica y adultos; y el 1 por ciento para infraestructura social estatal. En tanto que para el ámbito municipal, las aportaciones representan el 19 por ciento (10 por ciento para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones del DF y el 9 por ciento para la infraestructura social municipal).
Por lo tanto, el Ramo 33 es la principal fuente de ingreso en la mayoría de los gobiernos municipales, ya que representa el 43.11 por ciento de sus ingresos en promedio.
En resumen las cifras durante el sexenio muestran que el menor crecimiento del gasto federalizado se ha dado en las participaciones federales. A la vez el análisis cualitativo del impacto del Ramo 33 denota que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal es ya insuficiente, toda vez que la federación y los estados han transferido responsabilidades a los municipios, mismas que sobrepasan la capacidad de dicho fondo.
Ello genera la falta de recursos para atender las necesidades elementales de las comunidades y las colonias populares; la notable falta de capacidad de respuesta de los ayuntamientos para hacer frente al crecimiento urbano y al rezago de las poblaciones rurales, no obstante los esfuerzos realizados y el avance logrado a través de los acuerdos pactados en esta Asamblea en favor del Federalismo, existe una gran dispersión de programas y de recursos y enfrentamos un centralismo ineficaz y antidemocrático que está ahogando la vida de los pueblos, de las comunidades y de los municipios.
De manera responsable, también se enunció la necesidad de abrir un debate sistemático que será fundamental sobre el nuevo orden fiscal de revisión del conjunto de instrumentos que inciden en las finanzas públicas locales a efecto de fortalecerlas a través de una la Reforma Hacendaría de carácter integral donde incluyera:
La reforma del rubro de Aportaciones Federales (Ramo 33) para consolidar la descentralización de los servicios de educación, salud y seguridad pública;
La ampliación del Fondo de Infraestructura Social del Ramo 33;
La inclusión del Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el rubro de Aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal y el establecimiento de una proporción asignable a los municipios;
La incorporación del programa de infraestructura para los pueblos y comunidades indígenas al rubro de Aportaciones (Ramo 33);
La descentralización de los programas sociales y productivos incluyendo el correspondiente gasto federalizado.
En materia presupuestal en el gasto federal descentralizado para el 2007 en el Ramo 28, de las participaciones a entidades federativas y municipios podemos notar que en términos reales presenta un decremento, al pasar de 338, 900.0 millones de pesos, al cierre del 2006 a 319 mil 429.7 millones de para el 2007, es decir una disminución del 5.7 por ciento.
En nuestra propuesta establecimos de manera enfática que los recursos adicionales provendrían de la reducción del gasto corriente del gobierno federal y de la supresión de programas federales que tengan por objeto acciones que sean competencia de los estados y los municipios.
Es por ello que el suscrito, diputado Alberto Amador Leal, con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se formule una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, con el propósito de que proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que me permití presentar el pasado 29 de septiembre del 2006.
Mucho le agradeceré que esta excitativa se turne de inmediato a la citada comisión, de manera que el dictamen se presente a esta asamblea, antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2006.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)