• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General de Salud, y Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación, a cargo del diputado Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario del PNA.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, del Grupo Parlamentario Alternativa.

• Que reforma el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando E. Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Instituciones de Crédito, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo del diputado Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PFP y a la Policía Ministerial de Oaxaca a informar con la mayor brevedad del estado físico y de las investigaciones que se siguen contra las personas detenidas por el conflicto en la entidad, a cargo del Grupo Parlamentario Alternativa.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos generales para los braceros del estado de México, a cargo del diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la PGR que informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas contra la ciudadana Josefina Vázquez Mota, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para cubrir el apoyo social de los ex trabajadores migrantes de Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, relativo al Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incrementen mediante el Instituto Mexicano de la Juventud los recursos públicos para los programas de atención, bienestar y desarrollo integral de la juventud, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial antimonopolios, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del PT.

• Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta a los congresos de los estados y a la ALDF a constituir un comité técnico de transparencia y valoración salarial de sus funcionarios locales, a cargo del diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a efecto de que se destinen los recursos fiscales necesarios para mantener el precio de la leche subsidiada y distribuida por Liconsa, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 considere recursos para atender la problemática generada por el virus del papiloma humano en Durango, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar con la mayor brevedad la NOM relativa a la conservación y protección de tortugas marinas, a cargo de la diputada Guadalupe García Noriega, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para crear un corredor eco-turístico y un museo en Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, en Naucalpan de Juárez, México, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, a fin de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se asignen recursos en los ramos 9, 12 y 20 para Puebla de Zaragoza, Puebla, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa.

• Con punto de acuerdo, a efecto de solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes que atienda la conservación de la autopista Guadalajara-Colima para garantizar la seguridad en ella, a cargo del diputado Mario Alberto Salazar Madera, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a fin de que la SHCP y la SEP remitan recursos financieros a la Universidad Autónoma de Zacatecas para terminar el ejercicio fiscal de 2006 y que éstos se consoliden en el subsidio del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para concluir la construcción de caminos y carreteras en Chiapas, a cargo de la diputada Arely Madrid Tovilla, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que fiscalice los recursos utilizados en la construcción del acceso al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de la diputada Gloria Rasgado Corsi, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se garantice la continuidad del Programa de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a asignar recursos que garanticen el debido cumplimiento de las disposiciones del sistema de justicia para adolescentes, a cargo del diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para continuar la ampliación de la Línea 2 del Metro en Nuevo León, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir diversas carreteras y puentes en San Gabriel, Jalisco, a cargo del diputado Víctor Hugo García Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para fortalecer las finanzas y elevar la competitividad educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir el tramo carretero Villa Chilapa de Díaz-Yolomécatl, a cargo del diputado Víctor Hugo García Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos para el saneamiento integral del cauce del río Zahuapan, en el estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que fiscalice la transferencia de recursos públicos al equipo de transición, particularmente al Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a incrementar el financiamiento para la vivienda popular, a cargo de la diputada María Elena Torres Baltazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno. Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 59 y se incorpora un artículo 168-Bis a la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que están experimentándose a nivel mundial en las últimas décadas han provocado cambios en las pautas del empleo, mismos que repercuten directamente en la vida cotidiana de los hombres, las mujeres y sus familias.

Desde los años setenta ha aumentado significativamente la participación de las mujeres en el mercado laboral, disminuyendo la diferencia entre las tasas de participación del hombre y la mujer en el total de la población activa.

Los aspectos más representativos que llevaron a la población femenina a participar en los procesos productivos de bienes y servicios son la necesidad de mejorar su situación económica personal y familiar, el aumento del número de familias monoparentales con jefatura femenina, así como los cambios en las percepciones y aspiraciones de las mujeres con respecto a su papel en la sociedad y a sus prioridades en la vida. Se puede afirmar que el modelo tradicional que colocaba al hombre como único proveedor del sustento económico ya no corresponde a la realidad, sin embargo al interior de los hogares todavía no se dan los cambios necesarios en lo referente a las responsabilidades familiares y domésticas, pues sigue vigente el estereotipo que determina que la mujer es la única depositaria de las responsabilidades mencionadas.

Advertimos que a pesar del reconocimiento constitucional de la igualdad del varón y la mujer que dio pauta para que se reformaran una serie de disposiciones jurídicas secundarias federales y locales, así como para que establecieran una serie de programas y políticas públicas empeñadas en elevar la calidad de vida de la población femenina, todavía falta mucho por hacer.

A pesar de los avances que se han dado en nuestro país para alentar el desarrollo personal y profesional de la población femenina no hemos logrado consolidar las acciones pertinentes que les posibiliten a las madres compatibilizar su rol de profesionista con las tareas domésticas y responsabilidades en el cuidado de los hijos, y hablo de esta necesidad no porque no crea en la paternidad responsable y en el reparto equitativo de las labores familiares y domésticas entre el hombre y la mujer, antes bien estoy convencido de que la reproducción humana, la crianza y educación de los niños no es una tarea exclusivamente femenina, son actos que comprometen por igual a las madres como a los padres, pero debemos, para generar los mecanismos que favorezcan la efectiva equidad de genero, debemos reconocer el papel protagónico que hasta este momento han tenido las mujeres en el mantenimiento de la familia.

Para las mujeres, las tareas domésticas y las responsabilidades en el cuidado de las hijas e hijos representan una significativa dedicación e inversión de su tiempo, los cuidados maternos representan mayores responsabilidades para las mujeres, y una carga adicional para aquellas que asumen la jefatura de su familia.

En México los hogares encabezados por mujeres se han incrementado aceleradamente al pasar de 13.5% en 1976 a 20.6% en el 2000, así, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población de los más de 24.2 millones de mujeres que tienen hijos, la quinta parte son madres solas, en la mayor parte de los casos, con la ausencia de cónyuge, generalmente por viudez femenina como resultado de una mayor sobrevivencia y esperanza de vida de las mujeres, con el aumento de separaciones y divorcios, con el incremento en la proporción de madres solteras; y con el fenómeno migratorio.

En los hogares con jefatura femenina, en los que suele estar ausente la figura de varones recae el peso de las responsabilidades económicas del mismo, además de las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y en muchos de los casos la atención de familiares enfermos o ancianos.

Al ser las mujeres jefas de familia y no contar con apoyo para el cuidado de sus hijos, los menores no cuentan con la atención necesaria de sus madres, y ello dificulta su proceso de formación y desarrollo.

El senador, de las LVIII y LIX Legislaturas, Benjamín Gallegos Soto mencionó al presentar una iniciativa que: en ocasiones, los hijos de las madres que trabajan se ven obligados a aprender a valerse por sí mismos, a cuidarse solos, e incluso a formarse de acuerdo al ambiente que los rodea sin orientación necesaria, hecho que afecta más a las familias que tienen a una mujer como jefa.

Considero que para lograr la efectiva igualdad y equidad de género México requiere de acciones y medidas legislativas que faciliten los caminos para que en un futuro se rompa la con la visión de que la mujer es la única depositaria de las responsabilidades familiares y domésticas, pero a la vez hoy debemos de crear las condiciones necesarias para que las mujeres que desarrollan la llamada "doble jornada" cuenten con acciones que les permitan compatibilizar su vida laboral con sus responsabilidades familiares.

Reconocemos el esfuerzo del gobierno federal que ha implementado programas para mujeres jefas de familia, cuyo objetivo es brindar apoyo a las mujeres en pobreza extrema que tienen la responsabilidad de mantener económicamente a sus familias.

Sin embargo, compañeros debido a la discriminación que todavía padecen las mujeres al interior de sus hogares en los relativo a las tareas familiares y domésticas, y ante la necesidad de fortalecer la institución familiar considero que es necesario que hagamos más visible el compromiso que han demostrado las últimas Legislaturas en la creación de bases jurídicas que tienen como esencia lograr la igualdad y la equidad de género, por lo que en pro de las mujeres jefas de familia y de sus menores, someto a su consideración reformar la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de establecer que los patrones den preferencia a las madres que cuentan con hijos menores, para que cuenten con un horario de trabajo compatible con el horario escolar de sus hijos, para que les puedan brindar la atención que requieren.

En ese contexto se encuentra inserta la petición de organizaciones de mujeres que han levantado su voz en los Parlamentos de Mujeres, para solicitarnos que reformemos la Ley Federal del Trabajo para crear una nueva cultura laboral.

Debemos tener presente que la evolución de la organización familiar hacia estructuras más justas, equitativas y democráticas exige no solamente una participación más activa de las mujeres en las esferas públicas, sino también de condiciones que favorezcan sus actividades al interior de su hogar.

Lo anterior es congruente con la Declaración de Beijing, en cuyo apartado relativo a la mujer y pobreza, se establece como una de las medidas que habrán de adoptar los gobiernos la de formular y aplicar, cuando proceda, políticas económicas, sociales, agrícolas y de otra índole, en apoyo de los hogares encabezados por mujeres

Es por ello, que el suscrito diputado, pone a consideración de esta soberanía, la presenta iniciativa al tenor del siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 59. ...

...

Con base en el total de horas laborables a la semana y sin que excedan los máximos legales, el trabajador que tenga a su cargo hijos menores de 12 años, podrá convenir con el patrón un horario de trabajo compatible con el horario escolar de éstos, siempre que las condiciones laborales así lo permitan.

En el acuerdo entre el patrón y el trabajador se hará constar el vínculo familiar y el horario escolar de los menores.

Artículo Segundo.- Se incorpora un artículo 168-Bis a la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 168 Bis. Las madres trabajadoras, que tengan a su cargo hijos menores de 12 años de edad, tendrán preferencia para laborar en un horario compatible con el horario escolar de éstos, en los términos del artículo 59 de esta ley.

Transitorios

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los 5 días del mes de diciembre de 2006.

Diputado Francisco Antonio Fraile García (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE SALUD, Y FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, A CARGO DEL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Competencia Económica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un gran problema público, que exige prioritaria atención gubernamental, es el que se refiere a la restricción al acceso de medicamentos patentados, derivado de los altos precios de venta en los que incurren los industriales farmacéuticos, en su mayoría trasnacionales, quienes anteponiendo la utilidad mercantil de la propiedad privada perjudican el interés colectivo, haciendo de estos bienes sociales básicos, necesarios y esenciales para la salud humana, bienes suntuarios o de lujo, toda vez que su adquisición implica un gasto de bolsillo considerable, el cual afecta gravemente la economía familiar, y que, tomando en cuenta la limitación presupuestal de la mayoría de la población,¹se traduce en un gran problema social y económico, que termina siempre por afectar a las personas que menos ingresos tienen.

Tal situación es doblemente preocupante si consideramos que del año 2000 al 2005 el gasto que los hogares destinaron al rubro de la salud se incrementó en un 18.9 por ciento.²

Por otra parte, somos un país que destina el 22 por ciento de sus erogaciones totales de salud a la compra de medicamentos; al mismo tiempo, de este alto porcentaje el 91 por ciento proviene del bolsillo de las personas.

Esto nos habla de una creciente demanda de medicamentos, producto de la transición epidemiológica, los cambios demográficos y sanitarios de nuestra población, y el incremento de la esperanza de vida; en otras palabras, hoy vivimos más, pero nos enfermamos más, lo cual conlleva a que las personas requieran, para una prolongada y mejor calidad de vida, más medicamentos por lapsos prolongados, incluso permanentes y también con mayor frecuencia, circunstancias de las que se ha valido la industria farmacéutica trasnacional para elevar progresiva y significativamente los precios de venta al público.

El hecho de que una persona se vea impedida y excluida a adquirir con oportunidad algún medicamento, porque simple y sencillamente no cuenta con los recursos suficientes para pagarlo, implica la trasgresión a su garantía individual de derecho a la protección de la salud, establecido en el artículo cuarto constitucional.

La política de medicamentos en nuestro país es, a toda luz, excluyente, ya que restringe el acceso y uso de estos bienes sólo a aquellos consumidores que cumplen las condiciones impuestas por su concentrado mercado,³ elemento reprobable si consideramos que la utilidad mercantil y el derecho a la propiedad industrial, no deben superponerse o rebasar a los derechos fundamentales, como es el caso de la protección de la salud.

Hablar de los medicamentos no es hablar de una mercancía más, no se trata de un bien económico, cuya utilidad se sujeta a la elasticidad de la demanda; se trata de bienes sociales preciados, por cuanto la salud y vida de las personas depende de ellos. Es por ello que la Ley General de Salud establece en su artículo 27 la disponibilidad de medicamentos como un elemento del servicio básico de salud, en aras de hacer valer el derecho a la protección de la misma.

Por tanto, el derecho a la protección de la salud debe considerar la disponibilidad obligatoria y acceso oportuno y suficiente a los medicamentos, ya que no puede concebirse un servicio de salud integral y universal sin garantizar el suministro cuantitativo y cualitativo de los mismos, por ser éstos el insumo principal en la lucha contra las enfermedades y sus consecuencias, lo cual -como ciudadanos, sociedad y autoridades- nos debe motivar para pugnar por una política de precios de medicamentos que se adecue a las necesidades de la población, y no así que las necesidades básicas y esenciales de la sociedad estén en función de los intereses particulares de unos cuantos industriales farmacéuticos que tienen poder relevante sobre el mercado y que los ha llevado a monopolizar el sector de medicamentos en nuestro país.

Por tanto, requerimos de una urgente política pública de precios de los medicamentos que se traduzca significativamente en un beneficio para la sociedad en su conjunto.

Atendiendo a esta lógica, el sector farmacéutico es prioritario para nuestro país, por lo que la participación del gobierno en este sector se vuelve fundamental.⁴

Y se vuelve fundamental a objeto de garantizar a la población la adquisición de medicamentos en tiempo y forma necesarios, al mismo tiempo que para evitar las externalidades⁵ del mercado, consecuencia de la monopolización de este sector.

Si consideramos lo establecido en el artículo 28 constitucional, respecto a que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas; así como lo establecido en el artículo 8o. de la Ley Federal de Competencia Económica, respecto a que quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las prácticas que disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios; resulta evidente que la industria farmacéutica trasnacional asentada en nuestro país incurre en la trasgresión de tales preceptos.

Es por ello, que a través de esta iniciativa, se propone establecer un instrumento legal que sirva de marco al diseño de una política de precios de medicamentos patentados asequible, a través de la intervención del gobierno, vía la regulación de los precios de los medicamentos, mediante la fijación de precios únicos, cuya instancia encargada de fijarlos sea la Secretaría de Economía, atendiendo la opinión y proposición del Consejo de Salubridad General, el cual definirá directrices, lineamientos y criterios técnicos para la fijación de los mismos.

Al mismo tiempo, es necesario que la Secretaría de Salud verifique y haga cumplir la Ley General de Salud, específicamente su artículo 225, en el que se establece la obligatoriedad de la identificación genérica para el uso y comercialización de los medicamentos, y debiendo agregar la prescripción de éstos, a fin de coadyuvar a la inserción de los medicamentos genéricos intercambiables al mercado, siendo ésta una estrategia viable que refuerza la presente iniciativa.

Cabe mencionar que, a pesar de que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 34 que es a la Secretaría de Economía, a quien corresponde establecer la política de precios y vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular; y pese a lo que también dicta la Ley General de Salud en su Artículo 31 respecto a que es a la Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, a la que corresponde fijar los precios máximos de venta al público de medicamentos, la realidad imperante es que, en el caso de los precios de los medicamentos, no se fijan por estas instancias, ya que quienes fijan los precios son los grandes laboratorios, sujetos a la demanda de los medicamentos, lo cual muchas veces ni siquiera está en función de lo que la población efectivamente requiere para prevenir, tratar o curar su enfermedad, sino que está en función de la oferta disponible de la industria de medicamentos. Un dato relevante es que de mil 393 nuevas entidades comercializadas, apenas 15, es decir, el 1.1 por ciento, son medicamentos para el tratamiento de las enfermedades prevalentes que la población más desprotegida requiere⁶

En este mismo tenor, no debemos soslayar el perverso monopolio en la distribución de los medicamentos, que genera fabulosas ganancias e inequidad abismal en el acceso de los medicamentos, que las más grandes casas y grupos farmacéuticos han establecido.

Así también, el precio único de medicamentos que propone la presente iniciativa comprendería los establecimientos de salud privada, cuyas prácticas de cobro en los medicamentos como parte de su prestación de servicios sobrepasa, por mucho, incluso el más alto de los precios de cualquier cadena farmacéutica.

Por tanto, es imperativo cambiar el rumbo de la política de precios de medicamentos en nuestro país. Debemos obligar a hacer de ella el sustento efectivo de la política de salud mexicana y motor del crecimiento económico y una vía de escape de la pobreza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley Federal de Competencia Económica.

Primero. Se reforman las fracciones V y VI del artículo 2o.; se reforma la fracción II, se adiciona la fracción II bis 1, se reforma la fracción XII, se reforma la fracción XXIV y se reforma la fracción XXVII, del artículo 3o.; se reforman las fracciones I y VII del artículo 6o.; se adiciona la fracción IX bis al artículo 7o.; se reforma el segundo párrafo del artículo10; se reforma la fracción II del apartado A del artículo 13; se reforma el artículo 15; se adiciona la fracción II bis y se reforma la fracción V, del artículo 17; se reforma el artículo 28; se reforma el artículo 29; se reforma el artículo 30; se reforma el artículo 31; y se reforma la fracción III del artículo 112, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 2o. ......

Capítulo I
Disposiciones Comunes

Artículo 6o. ......

Asimismo, fomentará, a través de las instancias correspondientes, que los fabricantes de medicamentos e insumos para la salud garanticen la disponibilidad suficiente y oportuna de los mismos.

Capítulo II
Distribución de Competencias

Artículo 13. ........

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad General:

Capítulo I
Disposiciones Comunes

Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un Cuadro Básico de medicamentos e insumos para el primer nivel de atención médica y un catálogo de medicamentos e insumos para el segundo y tercero niveles, determinados y elaborados por el Consejo de Salubridad General, a los cuales se ajustarán las instituciones públicas y sociales del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los medicamentos e insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración: la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo federal.

Artículo 29. Del cuadro básico de medicamentos e insumos y del catálogo de medicamentos e insumos del sector salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

Artículo 30. La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la aplicación y ejecución permanente y escrupulosa de la política de farmacovigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados a la elaboración, al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración a fin de que adecuen a lo establecido en el artículo anterior, además y, especialmente, para garantizar la calidad de los medicamentos e insumos.

Artículo 31. La Secretaría de Economía, oyendo la opinión y proposición del Consejo de Salubridad General, asegurará la adecuada distribución y comercialización de medicamentos e insumos y fijará los precios únicos de venta al público de los medicamentos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público.

La Secretaría de Salud con el conocimiento y aval del Consejo de Salubridad General, proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía acerca de la importación de insumos para la salud.

Título Séptimo
Promoción de la Salud

Capítulo II
Educación para la Salud

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

Ley Federal de Competencia Económica

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 7o. Para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos, servicios y bienes básicos, necesarios y esenciales para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:

De la Comisión Federal de Competencia

Artículo 24. La comisión tendrá las siguientes atribuciones:

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Entrado en vigor el presente decreto, las diversas instancias gubernamentales que correspondan, dispondrán de 90 días para modificar las disposiciones reglamentarias respectivas.

Notas:
1 De acuerdo con la Encuesta Nacional Ingreso Gasto 2005, el 60 por ciento de la población de ubica en los seis deciles más bajos.
2 Encuesta Nacional Ingreso Gasto, INEGI, 2005. Trimestre: 21 de agosto a 17 de noviembre de 2005.
3 En el mercado farmacéutico mexicano se encuentran establecidas alrededor de 250 empresas, de las cuales 10 por ciento son de gran capital y 90 por ciento de mediano y pequeño. Esta industria se concentra en diez laboratorios de empresas trasnacionales asentadas en nuestro país, entre los cuales se encuentran Pfizer; Roche; Glaxo Smith Kline; Novartis; SheringPloug y Johnson&Jonson.
4 René Leyva Flores, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública; tesis doctoral Una política de medicamentos para México (estrategias para su implantación), México 2006.
5 Por externalidades podemos entender la afectación a la libre competencia o el impedimento que se genera para que otras empresas puedan competir, libre y efectivamente, en la industria. Asimismo, podemos entender el poder que los grandes laboratorios ejercen para fijar los precios de los medicamentos y sus consecuentes alzas.
6 Jorge Bermúdez (médico, doctor en Salud Pública y jefe de la Unidad de Medicamentos, Vacunas y Tecnologías de la Organización Panamericana de la Salud, Foreign Affairs, número 4, 2006, "Salud y comercio: derechos de propiedad intelectual y acceso a medicamentos".

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días de noviembre de 2006.

Diputado Efraín Morales Sánchez (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO SAMUEL AGUILAR SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Samuel Aguilar Solís, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamentos en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

México tiene una larga tradición emigrante y viajera. Hoy son más de 11 millones de mexicanos los que residen de forma permanente en el extranjero, y 4 millones los que anualmente se desplazan al exterior de forma temporal por turismo, estudios, negocios u otros motivos.

Para atender a nuestros compatriotas en el extranjero, México cuenta con 70 secciones consulares, 31 consulados generales, 32 consulados de carrera, 1 oficina de representación comercial y 152 consulados honorarios.

Los consulados de México en el exterior son centros de prestación de toda una gama de servicios jurídico-administrativos destinados a surtir efectos y validez en México y que, por tanto, facilitan la relación o vinculación con nuestro país de los ciudadanos mexicanos o de los extranjeros conectados por algún motivo con México. Esos servicios se prestan aplicando la legislación mexicana pertinente y ateniéndose a los requisitos que ésta marca.

Al mismo tiempo, corresponde a los consulados la función de proteger y asistir a los nacionales mexicanos víctimas de delito o abuso o que por alguna razón hayan caído en una situación de grave desgracia o necesidad, de tal manera que no resulten discriminados por su condición de extranjeros. Para desarrollar esta función, los consulados suelen recabar el apoyo y la colaboración de las autoridades locales competentes. Según el país de que se trate, las facilidades disponibles pueden variar.

La migración desde 1945 ha llevado a una diversidad cultural creciente y a la formación de nuevos grupos étnicos en muchos países.

La migración internacional difícilmente es una simple acción individual por la que una persona decide trasladarse en busca de mejores oportunidades de vida, deja sus raíces en el terruño y se asimila de forma rápida en el nuevo país.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en 2000 había alrededor de 175 millones de migrantes en el mundo, de los que más de 56 millones estaban en Europa, 50 en Asia y 41 en América del Norte, siendo Estados Unidos el país con mayor número de migrantes recibidos.

Con mucha mayor frecuencia, la migración y el establecimiento son un proceso de largo plazo que se desarrollará por el resto de la vida del migrante y que afectará también a generaciones subsecuentes. Además, la experiencia de la migración y de vivir en otro país, con frecuencia, lleva a modificar los planes originales, de modo que las intenciones del migrante en el momento de la partida no son buenos indicadores del comportamiento real. De manera similar, ningún gobierno se ha dado a la tarea de construir una sociedad étnicamente diversa a través de la inmigración, aun cuando las políticas de reclutamiento de mano de obra con frecuencia conducen a la formación de minorías étnicas, lo que tiene consecuencias de largo plazo para las relaciones sociales, las políticas públicas, la identidad nacional y las relaciones internacionales.

Los vínculos familiares con frecuencia proporcionan tanto el capital financiero como el cultural que hacen posible la migración. Una vez que se establece un movimiento, los migrantes siguen sobre todo rutas conocidas, reciben la ayuda de parientes y amigos que ya están en el área de inmigración. Estas redes sociales hacen que el proceso migratorio sea más seguro y manejable para los migrantes y sus familias.

Las redes de migración aportan además la base para los procesos de establecimiento y formación de comunidades en el área de inmigración. Los grupos migrantes desarrollan su infraestructura social y económica: asociaciones, tiendas, servicios profesionales y otros. La gente comienza a ver sus perspectivas de vida en el nuevo país.

Los Estados de los países de inmigración han tenido que establecer una gama de políticas e instituciones para responder a los problemas de una creciente diversidad étnica. Éstos se relacionan con ciertos temas centrales: definir quién es ciudadano.

La ciudadanía designa igualdad de derechos para todos los ciudadanos en la comunidad política, igual que el correspondiente conjunto de instituciones que garantizan esos derechos. Sin embargo, la igualdad formal raramente conlleva igualdad en la práctica.

No obstante, la primera preocupación para los inmigrantes no es el contenido exacto de la ciudadanía sino de qué manera obtenerla, con objeto de lograr un estatus legal que les conceda igualdad formal con los otros residentes.

Por todo ello, en los últimos años surge el interés de las organizaciones de migrantes, las comunidades de origen y organismos internacionales de buscar canalizar los ingresos por servicios prestados en los consulados hacia proyectos comunitarios que repercutan más en la estructura económica local y regional en términos de fortalecimiento de las actividades económicas que ofrezcan empleos suficientes, permanentes y bien remunerados.

México es el país latinoamericano con más larga tradición migratoria internacional hacia Estados Unidos, donde las remesas son mayores, las organizaciones de migrantes más avanzadas y hay gran experiencia en proyectos sociales comunitarios, con base en los ingresos colectivos de esas organizaciones.

Se trata de planes de inversión que buscan promover actividades económicas y sociales que, al mismo tiempo, aportan beneficios a las comunidades en términos de cambio en su estructura local, empleos, infraestructura, etcétera.

Respecto a las tareas instrumentadas en materia de protección y asistencia consular a mexicanos en el exterior, se pretende con esta iniciativa consolidar la modernización consular, con el propósito de ampliar, mejorar y fortalecer los servicios de protección y documentación que se proporcionan.

Además de dar continuidad a las acciones de los programas institucionales, como repatriaciones de mexicanos, traslado de restos, ayuda económica a mexicanos en el exterior en situación de indigencia, entre otros, se pretende consumar acciones para generar programas específicos de apoyo, información y fomento al desarrollo de nuestros connacionales en el extranjero para responder a nuevas tendencias e incidentes imprevistos de gran envergadura que requieren el despliegue de acciones y estrategias de protección en múltiples ámbitos.

Para lograr esto, se propone a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto para adicionar un párrafo al

Artículo 12. Los ingresos que se recauden por parte de las dependencias o sus órganos administrativos desconcentrados por los diversos conceptos que establece esta ley deberán concentrarse en la Tesorería de la Federación el día hábil siguiente al de su recepción y deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Los ingresos que se enterarán a la Tesorería de la Federación en los términos de este párrafo serán los netos de gasto de recaudación que autorice el Código Fiscal de la Federación.

...

No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de los recursos autogenerados por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquiera otra vía, de los consulados en general, los cuales serán aplicados por éstos para gastos de sus objetivos y programas institucionales. La cuantía o la disponibilidad de recursos autogenerados a que se refiere este párrafo no dará lugar a la disminución, limitación o compensación de las asignaciones presupuestales normales autorizadas conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación, ni tampoco dará lugar para que la Federación reduzca o limite su obligación de destinar recursos crecientes a las relaciones con otros países.

Artículo Transitorio

Único. La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Samuel Aguilar Solís (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNA

Mónica T. Arriola Gordillo, diputada de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

Un tema que lacera a todos los mexicanos es precisamente el del consumo de alcohol y la venta y distribución de drogas.

Sin embargo, "En México, el consumo de drogas no está prohibido y las personas que sean sorprendidas consumiendo o portando cualquier sustancia prohibida cuya cantidad se considere como de estricto consumo personal, no pueden ser sujetas a ningún proceso judicial. Lo contrario es una violación de lo establecido por la legislación penal mexicana en materia de delitos contra la salud.

Aunque etimológicamente la palabra narcótico hace referencia al sueño inducido artificialmente, en México y en muchas otras partes del mundo, siguiendo la doctrina estadounidense, se les llama narcóticos a todas las sustancias prohibidas, ya sea que produzcan sueño, lo quiten o simplemente no interfieran en las funciones del sueño. En la terminología oficial todas son narcóticos. Desde aquí es posible constatar que los criterios de clasificación oficial obedecen poco a la farmacología y mucho menos a la etimología.

La República Mexicana ha firmado una serie de acuerdos internacionales que le obligan a prohibir todas las sustancias que la Organización Mundial de la Salud considere objeto de control internacional, no obstante, no existe una sola ley dentro del territorio nacional que castigue el consumo de sustancias ilegales; por el contrario, el artículo 195 del Código Penal señala que: "No se procederá en contra de quien, no siendo farmacodependiente se le encuentre en posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, por una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse que está destinada a su consumo personal".

Por su parte el artículo 199 del mismo código establece: "Al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo 193 no se le aplicará pena alguna". Así pues, tanto farmacodependientes como no farmacodependientes están protegidos por la ley en cuanto al consumo y a la posesión de pequeñas cantidades.

La posesión de cantidades mayores a las que se explicitan en las tablas anexas al Código Penal se castiga con diversas penas puesto que eso cae ya dentro del delito tipificado como tráfico de narcóticos (para la legislación mexicana, un narcótico no es sólo una sustancia que deprima el sistema nervioso central, sino cualquier sustancia prohibida)."¹

Es en parte por esto que la adicción a las drogas y el alcohol están presentes en todas las clases sociales; nuestros servidores públicos federales no están exentos a esta problemática.

Los ciudadanos tenemos el derecho a estar plenamente seguros que aquellos por los que hemos votado, los que nos juzgan, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, las realicen en uso pleno de sus facultades mentales.

La alteración de las facultades mentales en el desempeño del servicio público, puede traer consecuencias irreparables a la sociedad. Todos tenemos derecho a que se nos atienda de la mejor manera y bajo las mejores condiciones físicas y mentales de aquellos que nos gobiernan.

No es tiempo de palabras, es tiempo de demostrar con hechos concretos, que aquellos que nos están dirigiendo, cuentan con el equilibrio necesario, para tomar decisiones relativas a nuestras familias, persona y bienes; ya que cuantas veces hemos escuchado que sería una buena medida la de realizar la prueba del antidoping a todos los funcionarios y empleados públicos, pero de igual manera, escuchamos "pero nadie hace nada".

No solo sabemos el problema que padecen muchos servidores públicos de alcoholismo y drogadicción por haber sido atendido por un funcionario en evidente estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga, sino también por las publicaciones de las dependencias gubernamentales así como por las realizadas por los diversos medios de comunicación, como lo es el siguiente:

El documento destaca que se detectó, tanto en ministerios públicos como en agentes de la Judicial Federal, que 24.7 por ciento reporta altos niveles de estrés; 26 por ciento hastío laboral y 27.2 por ciento problemas con el consumo de alcohol."²

Ya no podemos seguir tolerando atención de servidores públicos en evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de alguna droga o de personal que se vea disminuido en desempeñar una función por padecer estas adicciones.

Algunas autoridades preocupadas por este tema, han realizado operativos para evitar que los servidores públicos sigan incurriendo en estas prácticas y detectar a los que sufren este tipo de adicciones.

Sin embargo no solo deben de ser medidas provisionales u operativos temporales, sino una obligación de la autoridad, el verificar que los servidores públicos que se encargan de nuestros asuntos lo hagan en las mejores condiciones posibles.

Es por ello que debemos ser enérgicos y regular esta situación que tanto daño provoca a la sociedad.

La manera en que lo podemos hacer es legislando al respecto e implementado programas permanentes de verificación a servidores públicos, y la manera es a través de las conocidas "pruebas antidoping", las cuales consisten en la toma de una muestra de sangre, orina, pelo, sudor o saliva, para conocer la presencia de alguna droga o alcohol en el cuerpo.

Muestra de sangre. Mide consumo inmediato (hasta unas pocas horas después de haber usado la/s droga/s). La sangre se extrae mediante una jeringa.

Es ideal para cuando se quiere medir la ingesta reciente de alcohol, aunque también se utiliza el aliento (alcotest).

Pese a esto, al igual que la saliva, la sangre no es muy útil para pesquisar la presencia de otras drogas en el cuerpo. Sucede que la vida media de las drogas en la sangre es muy corto, por ende, sólo sirve para averiguar consumo unas pocas horas después.

Muestra de orina. Mide consumo reciente (de 3 a 5 días). Puede detectar una dosis única de una droga, no su uso crónico.

A excepción de la marihuana, la vida media de las sustancias se sitúa alrededor de las 48 horas. Una muestra de este tipo sólo sirve en caso de un uso más prolongado en el tiempo."³

Esta iniciativa busca también devolver a los ciudadanos la credibilidad en sus funcionarios e instituciones para un servicio público eficaz y eficiente.

Por las razones expuestas se somete a consideración de la honorable asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo Primero. Se adicionan las fracciones XXV y XXVI al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

Artículo 11. ...; por lo que hace a lo dispuesto en las fracciones XXV y XXVI del ordenamiento antes citado, para efectos de verificación, las autoridades señaladas en el artículo 3 de esta ley, en sus respectivos ámbitos de competencia tendrán la facultad de llevar a cabo los procedimientos tendientes a la práctica de exámenes de detección de consumo de alcohol, de drogas enervantes, narcóticos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos similares.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:
1 http://www.mind-surf.net/drogas/legislacionmexicana.htm
2 http://www.jornada.unam.mx/2000/08/14/016n1gen.html
3 http://www.conacedrogas.cl/inicio/noticias2.php?id=146&reportaje=1

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de diciembre de 2006.

Dip. Mónica T. Arriola Gordillo (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS PENAL FEDERAL, Y FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO SERGIO DE LA TORRE JARAMILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ALTERNATIVA

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 261, 272 del Código Penal Federal y se adiciona un inciso 19 Bis a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

A pesar de que México ha tenido avances jurídicos constitucionales importantes, en materia de protección de los derechos de las niñas y los niños, su legislación secundaria aun no prevé los suficientes mecanismos para poder alcanzar los mismos, y sobre todo para evidenciar en la realidad la aplicación de tales derechos y la obligación del Estado para hacerlos efectivos.

Por lo que es facultad del Poder Legislativo la elaboración de las propuestas de reforma que nuestro marco legislativo requiere a fin de hacer efectivos los derechos de la niñez mexicana.

Cabe señalar que, aún cuando nuestra Constitución establece en los artículos 1 y 4, párrafo sexto al octavo, garantías individuales y derechos fundamentales que amparan implícitamente a la niñez, y pese a todas las normas jurídicas que prohíben toda forma de explotación, maltrato y abuso infantil, estas prácticas subsisten.

En su libro Los fundamentos de los derechos fundamentales, el filósofo y jurista Luigi Ferrajoli define al derecho fundamental como "todos aquellos derechos subjetivos (en sentido positivo: prestaciones, y sentido negativo: no sufrir lesiones), que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados de status (condición del sujeto), de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, considerados así como la base de la igualdad jurídica".

Por su parte, Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, define a los derechos fundamentales como: "aquellos que se encuentran consagrados en la Constitución, es decir, en el texto que se considera supremo dentro de un sistema jurídico determinado, por ese solo hecho y por que el propio texto constitucional los dota de un estudio jurídico privilegiado".

Por ello, a pesar de que los derechos fundamentales de las personas menores de edad, se encuentran contemplados en la Ley Suprema y en la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños y las Niñas y Adolescentes, y en los tratados internacionales de los derechos humanos, el tema de los niños y las niñas aún es un tema que debe de revisarse de manera integral, es decir debe de analizarse en los diversos textos legislativos vigentes, con el fin de ampliar la protección que las leyes anteriormente citadas brindan a este grupo social.

En los últimos párrafos del mencionado artículo 4 constitucional, en su redacción actual, se establecen diversas obligaciones para los padres y para el Estado, en función de garantizar la satisfacción de sus necesidades de salud, educación y sano esparcimiento de las niñas y los niños mexicanos. Sin embargo, el abuso y el maltrato infantil es un problema que persiste en México, al igual que en otros países.

El abuso sexual de menores es un hecho vergonzoso que se ha convertido en cotidiano y lo observamos en los medios de comunicación, y en lugar de asombrarnos e indignarnos como sociedad, las leemos como algo lejano de ser tratado con la severidad legal que el caso merece.

Aun y cuando existen instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de los menores, los países siguen teniendo graves carencias en cuanto a la armonización legislativa de sus ordenamientos internos con los primeros en materia de protección a los derechos humanos de las niñas y los niños.

En materia internacional, considerando que el niño por falta de madurez física y mental, tiene la necesidad de protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, y considerando, que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 y reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de los organismos que se interesan en el bienestar del niño, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que reconoce a todos los menores, como sujetos plenos de derechos. Desde entonces se ha convertido en el instrumento jurídico al servicio de una política para el desarrollo de la infancia.

En este sentido, México, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, el 21 de septiembre de 1990, se convierte en Estado parte y tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el bienestar de la infancia, de acuerdo con los artículos 2, 4, 19 y 20 de dicha convención. De esto último, se desprende la obligación moral y legal del Estado mexicano para tomar las medidas administrativas, legislativas, sociales, educativas y de otra índole, para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cuidado.

De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención de los Derechos del Niño ya se considera norma de derecho interno; es por ello que el Estado mexicano tiene el deber adicional de proteger los derechos de los niños y las niñas. Esta circunstancia no ha sido completamente acatada, y si bien es cierto han existido avances legislativos en materia de protección a los derechos humanos de los menores, estos no han sido suficientes.

Nuestro país ha adoptado estos y otros compromisos en materia de derechos de la infancia celebrados en escala mundial, como la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia de 1990, que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, e implicó múltiples compromiso en materia de políticas públicas hacia este sector, y la Sesión Especial de la Infancia en el 2002, que obliga a México a tomar medidas urgentes sobre los derechos de la niñez.

Algunos datos estadísticos pueden servir para ilustrar la urgente necesidad de proteger los derechos de las niñas y los niños mexicanos. En 1995, entre el DIF nacional y estatal se recibieron más de 15 mil denuncias de abuso sexual y maltrato de menores; más del 60% correspondieron al maltrato físico, casi el 30% a maltrato emocional y un 8% a abuso sexual. Las entidades con mayor numero de denuncias en ese año fueron: Guanajuato, con 2,222; Distrito Federal con 1,870 y Nuevo León con 1,335.

Según datos de la UNICEF para el año 2000, cada día mueren en todo el planeta 30 mil niñas y niños menores de 5 años, por causas susceptibles de prevención; esta cantidad significa que cada tres segundos mueren un niño o niña, 21 cada minuto y 1,270 cada hora.

En ese mismo sentido encontramos la declaración sobre el maltrato infantil dada a conocer en diciembre de 2000, por Berna Asen, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que plantea que el 30% de los menores ha sido víctima de alguna forma de agresión física, moral o sexual.

En 2001 un balance de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, plantea que por lo menos 6 millones de niñas, niños y adolescentes son objeto de agresiones físicas severas y, de esta población, cerca de 85 mil mueren cada año por violencia que se desata al interior de su familia.

El secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal reconoció que los casos de violencia han aumentado; tan sólo en el 2005 se atendieron más de 204 mil situaciones diferentes de maltrato físico, sexual, verbal y psicológico.

Según datos del DIF, en el 2006, se estima que cada día es asesinado un niño menor de 5 años y que la violencia infantil es una realidad cruel y cíclica, en donde las conductas se heredan de padres a hijos.

Se estima que en el 2006, el 10% de los menores, de los 31.6 millones de infantes de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), recibe maltratos y sólo uno de cada 100 es diagnosticado y recibe atención. Así mismo, 15% de las personas que ejercen violencia padece una enfermedad psiquiátrica sin saberlo. No sólo sufren lesiones, sino que además pueden provocar daños sicológicos, irreversibles, discapacidad, problemas de aprendizaje, retardo en el desarrollo y tendencia al suicidio.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, más de 650 millones de infantes en todo el planeta padecen de actos de violencia, mutilación genital o realizan trabajos arriesgados. UNICEF, por su parte, señala que aún sigue la humanidad cerrando los ojos ante la violencia ejercida contra millones de niños y niñas en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud estima que 53 mil menores murieron asesinados en el 2002. El 85% de las muertes por maltrato son clasificadas como accidentales o indeterminadas.

La Organización Internacional del Trabajo dice que 5.7 millones de infantes son obligados a trabajar, 1.8 millones fueron forzados a ejercer la prostitución y la pornografía, mientras 1.2 millones fueron víctimas de trafico humano.

La Clínica de Atención Integral del Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría estima que en el mundo 10% de los infantes pueden ser víctimas de agresión intencional diversa.

Ahora bien, y de acuerdo con especialistas en pediatría, el cerebro de un menor golpeado o maltratado sicológicamente o sexualmente "queda marcado" con una huella neuroinmunoendócrina intangible; es decir, el cerebro queda con esa información sobre todo en el área de las emociones en el sistema limbito, lo cual, aunado a elementos o factores favorecedores de la violencia, genera un padre maltratador.

En el abuso sexual, de 10 a 15% de las víctimas tienen manifestaciones físicas, entonces entre 85 y 90% de los menores quedan sin diagnosticar y eso da origen a las manifestaciones invisibles sobre el maltrato.

La violencia contra los niños permanece oculta porque las víctimas tienen miedo de denunciar o no saben cómo hacerlo. El INEGI revela que entre el 50% y 85% de las personas que sufren violencia en la familia no denuncian sus agresiones, ni solicitan ayuda por vergüenza, miedo de represalias y falta de información sobre los lugares donde puede recibir apoyo. Así mismo, nos proporciona los siguientes datos para el periodo de 1995 a 2005:

El objetivo de difundir dichas cifras, es evidenciar la magnitud del problema, para que con ello, se implementen políticas nacionales más eficientes, de acuerdo con la realidad y orientadas a la prevención, denuncia y protección de los menores.

El autor y escritor Loredo Abdalá, en su libro Maltrato al menor, ha definido al abuso sexual como los "contactos e interacciones entre un menor y un adulto, cuando se emplea al primero, forzado o por medio de engaños, para la estimulación sexual del perpetrador o de otra persona, es decir, que el menor es usado para la gratificación sexual del adulto".

El abuso sexual es cualquier tipo de contacto sexual con un menor por parte de un familiar o cualquier adulto con el objeto de obtener excitación y/o gratificación sexual y que puede variar desde la exhibición de los genitales, los tocamientos corporales, empleando la manipulación emocional como chantajes, engaños, amenazas, y en algunos casos, la violencia física.

La realidad evidencia que la mayoría de los abusos sexuales cometidos contra menores de edad se llevan a cabo en su núcleo familiar y que en este sentido el agresor sexual es generalmente una persona cercana a ellos como lo es el padre, el padrastro, el hermano o cualquier pariente cercano que tiene fácil acceso a la víctima.

Dichos abusos en la mayoría de las ocasiones son conductas delictivas que se repiten durante más de una ocasión al ser una conducta oculta y cometida bajo amenazas o engaños aunado a que esta conducta no es denunciada por los menores agredidos y mucho menos por sus padres o tutores al estar en la mayoría de los casos involucrados en el ilícito.

La comisión de este delito no es privativa de un estrato social o nivel académico lo mismo lo podemos observar en un nivel socioeconómico alto que en uno de escasos recursos afectando directamente a la infancia de nuestra sociedad.

Las repercusiones personales y emocionales que deja este tipo de abusos durante la niñez y aún de adulto, son indeterminadas y ninguna pena podrá ser lo suficientemente adecuada para castigar dicho ilícito.

A decir de especialistas en el tema dentro de las afectaciones más graves para todas aquellas personas víctimas de estos delitos, podemos señalar el sentimiento de culpabilidad, la desvalorización personal, una baja autoestima, depresión, fobias, ansiedad y problemas psicosomáticos, problemas de relación con otras personas, social y sexualmente, y dentro de las más preocupantes socialmente hablando, podemos señalar la tendencia de estos para establecer muchas relaciones de abuso, incluso de maltrato, los niños victimizados tienden a ser hombres abusadores y maltratadotes, mientras que las niñas victimizadas tienden a ser mujeres maltratadas y nuevamente abusadas, lo que constituye un ciclo o un círculo vicioso que no termina y que afecta gravemente a la sociedad.

Por ello, la atención legislativa que se dé a este grave problema que daña irreversiblemente a la niñez mexicana, es una obligación urgente y un compromiso internacional adoptado por México.

Retomando a Ferrajoli, quien en su libro Igualdad y Diferencia plantea que existe una relación entre el derecho y las diferencias, las diferencias no se valorizan ni se desvalorizan, no se tutelen ni se reprimen, no se protegen, ni se violan, simplemente se les ignora. Por ello, en su modelo valoración jurídica de las diferencias, propone que el principio normativo de igualdad en los derechos fundamentales políticos, civiles, de libertad y sociales, se ejerzan por medio de un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad.

En este sentido, nuestra legislación debe adoptar medidas pertinentes, que garanticen los derechos fundamentales de la niñez mexicana y no ignoren que existe un problema que atañe a toda la sociedad.

El actual tratamiento que se le da en el Código Penal Federal a dicho tema es bastante vago, ya que es demasiado flexible y tolerante con los sujetos que cometen este delito, aunado a que la realidad nos señala que cada vez existe un aumento en la comisión de estos delitos, lo que se traduce en la ineficacia de las sanciones para atacar el problema. Dichos ordenamientos no sólo contemplan flexibilidad sobre la pena, sino que aún no son contemplados como delitos graves y por ello los abusadores obtienen libertad bajo fianza.

Es evidente que los ordenamientos jurídicos deben aportar, de manera legislativa, todos los apoyos a los menores para poder salvaguardar sus derechos humanos. En este sentido, la presente iniciativa pretende dar la oportunidad a todas aquellas personas que tengan conocimiento de la comisión de este tipo de delitos, el poder acudir ante las autoridades responsables para denunciarlo y de esta forma coadyuvar en la defensa de los derechos de las niñas y niños que, siendo víctimas, no tienen forma legal alguna para su defensa.

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 261 y 272 del Código Penal Federal, y se adiciona un inciso 19 Bis a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales:

Artículo Primero: Se reforma y adiciona el artículo 261 del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 261. Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en una persona menor de doce años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de tres a ocho años de prisión.

Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad.

Este delito se perseguirá de oficio, y será obligación de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos que se presuman constitutivos del delito, denunciarlo ante el Ministerio Público, en términos del presente Código.

Articulo Segundo: Se adiciona un último párrafo al artículo 272 del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 272. Se impondrá la pena de uno a seis años de prisión a los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes.

La pena aplicable a estos últimos será de seis meses a tres años de prisión.

Se aplicará esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos.

El mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad, cuando los descendientes sean personas menores de doce años de edad o no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho.

Artículo Tercero: Se adiciona un inciso 19 Bis a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar en los siguientes términos:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

Articulo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones a los 5 días del mes de diciembre de 2006.

Diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO E. MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 1 de julio de 1994 se publicó la reforma a la fracción I del artículo 82 de nuestro Código Político, mediante la cual se eliminó uno de los requisitos que se establecían para ser presidente de la república, consistente en ser hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento. En consecuencia, el texto vigente reza:

Después de casi siete años de vigencia de la fracción primera del artículo 82 constitucional, cuyo texto fue aprobado por el Senado de la República el 8 de septiembre de 1993, el contexto económico, político y social ha cambiado tan sustancialmente que hoy en día no se justifica su contenido.

Mucho se habló de que está modificación constitucional representaba un avance notable para la vida democrática del país; sin embargo, dicho cambio al igual que otras reformas constitucionales que se realizaron a espaldas de la sociedad mexicana durante las últimas administraciones, no encuentra eco de respaldo en la mayoría de las y los mexicanos.

La gestión del presidente de la república saliente dista mucho en dar cumplimiento a la máxima constitucional que impone a todo gobernante de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, mirando siempre en todo por el bien y prosperidad de la Unión.

Nunca antes como hoy, el interés nacional, el interés del pueblo mexicano estuvieron tan olvidados y despreciados, por atender prioritariamente aquellos intereses que desde el exterior mantienen sumergido al país en la inestabilidad económica y social. Coincidentemente, esta situación se profundizó con una Presidencia cuyo titular es hijo de madre extranjera y padre de nacionalidad mexicana.

Por ello, la sociedad mexicana hoy demanda al Poder Legislativo tomar la decisión política fundamental para establecer como uno de los requisitos para ser presidenta o presidente de la república ser hija o hijo de padre y madre mexicanos de nacimiento.

El Constituyente del 17, al redactar la Carta Magna lo hizo conciente de que entre una y otra norma debía existir una interconexión y que estas debían ser interpretadas y aplicadas de manera armónica a fin de responder al interés supremo y prosperidad de la nación; es decir, al interés y bienestar de todas y todos los mexicanos; de ahí que se plasmaron en ella, otras prohibiciones para los extranjeros simultáneas a la reserva original de la fracción primera del artículo 82 constitucional.

Esa fue la intención de establecer como requisito el que el presidente de la república, fuera de hijo de padre y de madre mexicanos por nacimiento, a fin de que el rumbo de la nación estuviera en manos de alguien cuyas raíces lo hicieran sentir comprometido con el bienestar y prosperidad de la nación.

De ahí que nuestra propuesta sea rescatar el espíritu de esa decisión que se adoptó por voluntad del pueblo mexicano, a fin de que la ciudadana o ciudadano que se postule a la primera magistratura del país sea hija o hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento; además de haber residido en el país cuando menos durante los últimos 20 años.

En el estado actual de cosas, al final de la administración del cambio, lejos de imponer a capricho requisitos que deben reunir quienes aspiran a dirigir desde la Presidencia de la República los rumbos de México, el Congreso de la Unión debe estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo para poder comprobar: honestidad, responsabilidad, visión de estado, cultura de trabajo, compromiso social, capacidad, conciencia y visión clara de las necesidades del país y de sus regiones; así como visión del entorno internacional de quien aspire a ocupar la elevadísima responsabilidad de presidente o presidenta de la república.

La intención es colmar un reclamo de la república y de la sociedad mexicana, para establecer garantías mínimas que salvaguarden el interés nacional en el ejercicio de la titularidad de la administración pública, frente a la compleja marea de la globalización de la cual no nos podemos escapar pero tampoco dejar llevar, por la falta de parcialidad a favor del país y de identidad nacional, de quien la asuma o la vaya asumir.

Compañeras y compañeros diputados:

Sirva la ocasión para recordar la expresión de uno de los promotores de la redacción original de la fracción I del artículo 82 constitucional, como lo fue el diputado José Natividad Macías:

Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 82, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 82. Para ser presidente de la república se requiere:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil seis.

Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, Y DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, A CARGO DEL DIPUTADO ANDRÉS LOZANO LOZANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal Andrés Lozano Lozano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 y adiciona el artículo 109 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y reforma el artículo 5 de la Ley de la Comisión Bancaria y de Valores, en materia de seguridad en las sucursales bancarias, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El incremento y permanencia de los altos índices de delincuencia no abatidos por la autoridad, son resultado de la descomposición del tejido social y han convertido la inseguridad en uno de los temas prioritarios dentro de la agenda nacional, ya que día con día la inseguridad aparece con sus distintos rostros: ejecuciones, narcomenudeo, corrupción, violencia y, en general, el ambiente público es de desconfianza, e intranquilidad.

Los que luchan en contra de las organizaciones criminales y su capacidad corruptora, no asumieron que éstas florecen y se acrecientan en buena parte porque les es fácil hacerlo en una sociedad empobrecida y polarizada, en la que es sencillo reclutar desde sembradores, gatilleros, transportistas, lavadores de dinero, abogados y hasta un segmento de los militares y policías que deberían combatirlas.

Por eso, sin duda, una de las demandas más sentidas de la población es contar con mayor seguridad en todas sus actividades. Sin embargo, ello no ha podido ser satisfecho, a pesar de los esfuerzos conjuntos de las autoridades involucradas en la materia, dadas las circunstancias económicas y sociales que en general vive nuestro país.

Derivado de recientes actos de violencia, se vuelve a generar el debate respecto de a quién toca la responsabilidad de otorgar la seguridad en las sucursales bancarias, siendo claro que para nuestro grupo parlamentario corresponde brindarla a las propias instituciones de crédito, ya que desarrollan sus actividades en inmuebles privados, siendo en consecuencia de su interés particular el proveer de seguridad a sus clientes y empleados.

La verificación de medidas de seguridad en sucursales bancarias que debe hacer la autoridad correspondiente requiere de una supervisión muy especializada y, por ello, las personas que la realizan deben ser capacitadas por especialistas en la materia. No se trata sólo de verificar si una sucursal cuenta con cámara de video o alarma, ya que se debe revisar dónde están colocadas, si funcionan, desde cuándo se instalaron, si han recibido mantenimiento y, en el caso de las video-grabaciones, dónde se guardan y quién determina cuándo se destruyen, entre otras cosas; siendo estos elementos los que aún no se establecen en la normatividad vigente.

Ante los hechos de violencia y los altos índices de criminalidad, se debe atacar la problemática de una manera frontal y enérgica; no podemos esperar más.

Por otro lado, el nueve de noviembre del año en curso la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó vulnerables el Distrito Federal y todos los estados de la república, porque ahora las autoridades locales no podrán verificar administrativamente o en materia de seguridad las sucursales bancarias; por tanto, el Congreso de la Unión debe retomar el tema para legislar sobre la obligatoriedad de la instalación de las medidas de seguridad en estas sucursales y que el Ejecutivo federal, entonces, implante acciones de supervisión continua de las mismas, pero no sólo en relación con sus actividades financieras o en la calidad de sus servicios, sino en el aspecto que a la fecha ha tomado la mayor relevancia, que es la seguridad de los usuarios y sus empleados.

Las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que declaran inconstitucional la reforma a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, crean un mal precedente que afectará la seguridad bancaria. Lo anterior no favorece ni construye una buena armonía con los reclamos de la gente, en el sentido de contar con mayor seguridad para las instalaciones y para los cuentahabientes que acuden diariamente a realizar sus operaciones.

Que el Pleno de la Suprema Corte haya ignorado los acontecimientos suscitados en los últimos años en materia de seguridad, constituyen una preocupación generalizada de los ciudadanos y autoridades; también se ha criticado que no se tomara en cuenta que la delincuencia se ha diversificado y especializado, como lo evidencian las estadísticas de los asaltos a las instituciones bancarias.

La Suprema Corte, al resolver a favor de la banca en diversos amparos, dejó sin efecto medidas ordenadas por la Ley de Establecimientos Mercantiles, que obligaban a los bancos a contar con sistemas de grabación de imágenes en el interior y exterior del establecimiento mercantil; disponer de personal de vigilancia; tener un seguro de responsabilidad civil que garantizara a los usuarios y empleados el pago de daños que pudieran sufrir en su persona o bienes dentro de los establecimientos; no permitir el uso de teléfonos celulares, radios o cualquier otro aparato de comunicación móvil o inalámbrico.

Bajo la figura del convenio, los bancos con las autoridades locales implantaron medidas que ya estaban aplicando, como la instalación de las puertas exclusas o giratorias, así como la instalación de cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes incluso comparten con la policía; asimismo, se estableció que no haya acceso al público que utilice gorras, anteojos oscuros y la prohibición del uso del teléfono celular, entre otras acciones.

Es por todo lo anterior que esta iniciativa incluye elevar a nivel de ley las premisas fundamentales en materia de seguridad bancaria, reformando el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, que actualmente sólo menciona de forma general el establecimiento de medidas básicas de seguridad y la instalación de dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, sin señalar de qué tipo de mecanismos o específicamente alguno de estos dispositivos, pero sobre todo se elimina la discrecionalidad en los tiempos que tiene la autoridad para la verificación de dichas sucursales, señalando que debe ser de manera programada y continua.

La propuesta también incluye la obligatoriedad de la autoridad de suspender las actividades de las sucursales bancarias que al momento de la visita incumplan con las disposiciones correspondientes, lo anterior mediante la adición del artículo 109 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.

Por último, se propone reformar el artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no habla de otra cosa más que de otorgar la facultad de supervisión o verificación a dicha comisión sobre las sucursales bancarias, pero se adiciona el concepto de supervisión en materia de seguridad, que en la actualidad no está definido dentro de las facultades de la comisión y, por último, y lo más importante, se señala que en esta materia dichas supervisiones deberán ser por lo menos una vez al año y mediante personal debidamente capacitado.

Por tanto, al aprobar estas reformas se podrá avanzar en la generación de condiciones de seguridad para los banqueros, para sus instalaciones, pero sobre todo para el público usuario que asiste diariamente a ellas.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 96 y adiciona el artículo 109 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y reforma el artículo 5 de la Ley de la Comisión Bancaria y de Valores, en materia de seguridad en las sucursales bancarias.

Artículo Primero. Se reforma el primero y cuarto párrafos del artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 96. Las instituciones de crédito, con la finalidad de proporcionar mayor seguridad, protección y tranquilidad para sus usuarios y trabajadores, deberán contar en las oficinas bancarias con lo siguiente:

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......

La Comisión Nacional Bancaria vigilará de manera programada y continua que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 109 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 109 Bis. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar, al momento de la visita, la suspensión de actividades en las sucursales de las instituciones que no cumplan con las disposiciones en materia de medidas básicas de seguridad, independientemente de las sanciones a las que se hagan acreedoras, al incumplir con la normatividad de la materia.

Artículo Tercero. Se reforma el primero, segundo y tercero párrafos del artículo 5 de la Ley de la Comisión Bancaria y de Valores, para quedar como sigue:

Artículo 5. La supervisión que realice la comisión se sujetará a los reglamentos que al efecto expida el Ejecutivo federal y comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que le confieren a la comisión esta ley, así como otras leyes y disposiciones aplicables; en materia de seguridad en sucursales bancarias, la comisión atenderá lo establecido en las Reglas Generales que Establecen las Medidas Básicas de Seguridad a que se refiere el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas en materia de seguridad, sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, sean solventes, estables y seguras y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la supervisión se evaluarán de manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, así como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero.

La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones, auditoría de registros, sistemas y en materia de seguridad por lo menos una vez al año con personal especializado y debidamente capacitado, en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que se encuentran estas últimas.

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Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Andrés Lozano Lozano (rúbrica)
 
 

De conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la signante, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, legisladora federal del grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, presento a esta soberanía punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

La violencia contra las mujeres constituye, sin duda, una extendida forma de violación de los derechos humanos de las mujeres, alcanzando altos costos sociales y económicos, por lo que se le ha reconocido incluso como obstáculo para el desarrollo de los pueblos.

La desigualdad y la discriminación son bases sobre las cuales descansa una forma de control ejercida milenariamente contra mujeres y niñas. Esta forma de control tiene diferentes expresiones y niveles por lo que el hostigamiento, las amenazas, las agresiones sexuales, la violación, el secuestro y la tortura son manifestaciones de la violencia que se actualizan con extrema crudeza cuando, además de las condiciones propias de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres frente a los hombres, por el simple hecho de ser físicamente menos fuertes que ellos, se dan circunstancias sociales generadoras de confusión e impunidad.

El conflicto en Oaxaca no es otra cosa sino la manifestación más clara y evidente de la incapacidad del Estado para dotar a sus gobernados de las condiciones mínimas para su desarrollo y bienestar. Cuando un gobierno ha propiciado y profundizado la corrupción, la desigualdad, el autoritarismo y la injusticia como prácticas permanentes y cotidianas, el desenlace lógico es, sin duda, la organización ciudadana para exigir, mediante la protesta, el cumplimiento de las obligaciones estatales que se han dejado de ministrar. Así, el conflicto social generado por el mal gobierno de Oaxaca es responsabilidad de Ulises Ruiz y todo lo que de ese mal gobierno y en él se geste y se reproduzca, es igualmente su responsabilidad.

El caso de Oaxaca inicia pues, como una forma de manifestación de uno de los pueblos tradicionalmente más desatendidos de nuestro país. La sociedad oaxaqueña ha padecido por décadas de injusticia, que a estas alturas se torna insostenible. La válvula de escape de la tensión social acumulada por años en Oaxaca lo fue el conflicto magisterial que ha desembocado en una crisis que ha quedado fuera de control.

Es en estos escenarios violentos en donde con mayor facilidad y frecuencia se suceden hechos violatorios de los derechos humanos. En anteriores conflictos sociales, como el de San Mateo Atenco acaecido los pasados días 3 y 4 de mayo, se ha documentado fehacientemente cómo las fuerzas del Estado aprovechan la confusión y el desorden para hacer uso excesivo de la fuerza utilizando métodos de coerción, reprobables, tanto a nivel nacional como internacional; casos claramente documentados por organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI). En dichos informes se ha señalado como responsables de los abusos documentados a los gobiernos estatal y federal.

De acuerdo con testimonios recogidos por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la violación sistemática a los derechos humanos de las personas en Oaxaca se han intensificado desde el pasado 29 de octubre, fecha en que entró la Policía Federal Preventiva a la ciudad del conflicto. Denuncias de abusos y torturas así como número de detenidos van en aumento.

Una de las formas más recurrentes de violencia en ambientes de conflicto como el que se ha generado en Oaxaca lo es, sin duda, la sexual, siendo las mujeres las víctimas por excelencia de este tipo de abuso. Acompañado de violencia física y emocional, el abuso sexual contra mujeres empieza a tomar tintes alarmantes, poniendo en riesgo la seguridad y la vida de mujeres no sólo en las calles en donde se localiza el conflicto, sino incluso en sus propios hogares hasta donde algunos elementos policiales se han introducido sin la autorización judicial que justificara interrogatorios, revisiones y detenciones.

Es obligación del Estado velar por la seguridad de la ciudadanía pero, más aún, esta obligación se refuerza cuando México signa tratados y convenciones internacionales que, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, al ser ratificados por el Senado tienen la calidad de leyes supremas. México ha suscrito, entre otros, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén Do Pará) y es responsabilidad nuestra velar por su cumplimiento y aplicación. Mediante estos tratados y convenciones, México se ha comprometido a velar porque la tortura en nuestro país se elimine y a garantizar que la violencia contra las mujeres sea erradicada.

La gravedad del asunto queda de manifiesto cuando ni siquiera es posible conocer con certidumbre el número total de personas detenidas y desaparecidas, su estado físico y la situación en la que se encuentran las mujeres. De acuerdo con las consignas de la marcha que se llevó a cabo por los manifestantes el pasado 2 de diciembre, se habla de 171 personas detenidas, pero no contamos con un informe oficial que corrobore tal información. Por otra parte, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), señala que el saldo de la violenta represión de las fuerzas federales en contra del movimiento pacífico del 25 de noviembre pasado, es de 13 mujeres desaparecidas y de 41 mujeres detenidas. Por otra parte, conocemos algunos datos sobre un número indeterminado de detenidos, hombres y mujeres, que han sido trasladados a penales fuera de la entidad, sin que conozcamos la fundamentación y, por lo tanto, sin justificación para tales traslados. En tales circunstancias, es sencillo que tanto estas personas como sus familias, sean objeto de innumerables violaciones a sus derechos más elementales; la sola dificultad que representa para sus familias trasladarse a otras entidades del país para proporcionar a los detenidos la asistencia mínima que requieren, los coloca en un estado de vulnerabilidad y aislamiento que no tiene fundamentación.

Es urgente conocer informes oficiales, velar porque la impartición de la justicia se apegue a los principios que indican que debe ser pronta y expedita, impulsar investigaciones para deslindar responsabilidades en casos de violación a los derechos humanos, vigilar que las mujeres no sean más víctimas de violación, tortura o desaparición, conocer el lugar en que se encuentran cada una de las personas involucradas en el conflicto y la situación que guardan física y jurídicamente hablando.

No podemos ser meros espectadores de lo que sucede en Oaxaca, es nuestra obligación hacer uso de los recursos que nos da ser integrantes de uno de los tres poderes de la Unión para volver a insistir en la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca y para exigir la rendición de cuentas, reclamar la restitución de la paz social y velar por el respeto a los derechos humanos de las personas, en especial, por que se garantice la seguridad de mujeres y niñas.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta a la Policía Federal Preventiva y a la Policía Ministerial de Oaxaca, para que envíen a la brevedad un informe pormenorizado del estado físico en que se encuentran las personas detenidas, en especial las mujeres, con motivo del conflicto en Oaxaca.

Segundo. Se exhorta a la Policía Federal Preventiva y a la Policía Ministerial de Oaxaca, para que envíen a la brevedad un informe pormenorizado del estado de las investigaciones de cada una de las personas detenidas por el conflicto en Oaxaca, el lugar de su reclusión y, en su caso, la justificación jurídica para su traslado a penales fuera de la entidad.

Tercero. Se exhorta a la Policía Federal Preventiva y a la Policía Ministerial de Oaxaca, para que envíen a la brevedad un informe pormenorizado de las acciones implementadas para garantizar la seguridad de mujeres y niñas en Oaxaca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de diciembre de dos mil seis.

Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 RECURSOS GENERALES PARA LOS BRACEROS DEL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Luis Gustavo Parra Noriega, en su calidad de diputado federal en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal que considere mayores recursos para el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos del estado de México con la finalidad de pagar los adeudos a braceros rurales del 42 al 64 que faltan de recibir su ayuda correspondiente.

Consideraciones

Desde la década de los noventa, la región central del país participa de manera creciente en los flujos migratorios a Estados Unidos. En ese contexto, destaca la participación del estado de México, sobre todo los flujos que provenían de los municipios metropolitanos del Valle de México.

Por otro lado, el estado de México, si bien no es de las entidades con mayor índice migratorio, es la cuarta con mayor participación en términos absolutos en cuanto a flujos migratorios se refiere, sólo debajo de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

En el estado de México, sólo el municipio de Coatepec Harinas alcanza un muy alto grado de intensidad migratoria, seguido por Amatepec, Tejupilco, Tlatlaya y Tonatico; es decir, los municipios rurales del sur de la entidad. En ellos, la migración a los Estados Unidos inicia desde la década de los cincuenta, en ocasión del Programa Bracero.

Producto del trabajo de estos migrantes, se generaron recursos por sueldos y salarios pagados. En este contexto, el gobierno federal de esa época, mediante instituciones bancarias como el Banrural, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco del Ahorro Nacional, fue receptor de dichas prestaciones económicas remitidas por los consulados y generadas por estos trabajadores migrantes que se desempeñaron principalmente en los campos de California y en la construcción de parte de la red ferroviaria del vecino país del norte.

Dichas cantidades y sus rendimientos representaron sumas importantes que nunca fueron entregadas a sus beneficiarios o familias y hubo actos de omisión irresponsables de las autoridades al no vigilar el destino de dichos fondos.

En respuesta a dicha situación y a presiones por parte de los migrantes, el gobierno federal y el Poder Legislativo han reconocido la injusticia cometida contra estos trabajadores. Por ello, se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y se aprueba el otorgar seguridad jurídica a los ex trabajadores mexicanos braceros, con estricta sujeción a las normas de operación que al efecto se elaboren, para conocer con certeza y absoluta transparencia los apoyos que proceda entregar ya sea directamente a los beneficiarios o, en su caso, a sus descendientes o cónyuge sobreviviente.

Se determinó que la duración del fideicomiso no excedería de cinco años y el monto a entregar a cada beneficiario no sería una compensación derivada de un adeudo, sino un apoyo que la sociedad, mediante este fideicomiso, otorgaría a estos ex trabajadores mexicanos braceros.

Para tener acceso al fideicomiso, se requiere que: 1) los ex trabajadores estén en la relación del padrón de la Secretaría de Gobernación, levantado en 2003 y 2) tener original del documento comprobatorio de haber sido trabajador migratorio mexicano de 1942 a 1964. En los casos de cónyuges e hijos, se presentan los mismos documentos acompañados de una identificación oficial de éstos.

De acuerdo con el artículo 5o. de la ley que crea el fideicomiso, se dará preferencia a los trabajadores de mayor edad, a los que hayan trabajado entre 1942 y 1946, y los trabajadores migrantes hasta 1964.

El fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que los recursos que el gobierno federal le aporte se canalizarán mediante la partida presupuestaria Fondo de Pago de Adeudos a Braceros Migratorios de 1942 a 1964.

Asignaciones presupuestarias

Para el ejercicio fiscal de 2006, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó una partida de 298.5 millones de pesos a este fideicomiso. Para 2005, en el anexo se presentó la partida "Migrantes y desplazados", dentro del presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un monto de 128.7 millones de pesos.

Actualmente hay 3 mil 500 personas que están con documentación faltante. En el caso específico del estado de México, existen 171 personas registradas en la Secretaría de Gobernación que no han recibido apoyo, de un total de 4 mil 437 personas que se encuentran aún sin la ayuda financiera.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, por medio del Ramo 04 Gobernación, mayores recursos para el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos del estado de México con la finalidad de pagar los adeudos a braceros rurales del 42 al 64 que faltan de recibir su ayuda correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2006.

Diputado Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS ELECTORALES DE LA PGR QUE INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA LA CIUDADANA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal Víctor Gabriel Varela López integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para ser secretario de despacho se requiere estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.

Segunda. Que el viernes 17 de noviembre de 2006, se difundió el nombramiento de la señora Josefina Eugenia Vázquez Mota como titular de la Secretaría de Educación Pública.

Tercera. Que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática documentó y acreditó que la señora Josefina Eugenia Vázquez Mota diseñó y operó -en coordinación con diversos secretarios de despacho, funcionarios federales y legisladores del PAN- un esquema para desviar recursos públicos y manipular electoralmente programas sociales federales para favorecer ilegalmente al candidato presidencial de su partido.

Cuarta. Que la Fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales tiene varías averiguaciones previas abiertas donde se documenta la responsabilidad de la señora Josefina Eugenia Vázquez Mota en el desvío de 53 millones de pesos del programa de vivienda rural.

Quinta. Que en el expediente del caso, existen registros contables, cuentas por liquidar certificadas, oficios de autorización, convenios, confesiones de los involucrados, cheques, números de cuentas bancarias, recibos, fotografías, video grabaciones de funcionarios federales y de dirigentes del PAN reconociendo estos hechos, y muchos otros elementos que acreditan plenamente la desviación de recursos públicos federales, la coacción del voto ciudadano y la responsabilidad de la persona aludida.

Sexta. Que hasta la fecha la Fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales no ha determinado el estado procesal de las denuncias interpuestas, ni la situación jurídica de los involucrados.

Séptima. Que es inapropiado nombrar como responsable de conducir la política educativa de la nación a una persona que atentó en contra de la democracia y que no ha aclarado las graves acusaciones que se han formulado en su contra.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales de la Procuraduría General de la República informe, a esta soberanía, sobre el estado que guardan las denuncias presentadas en contra de Josefina Eugenia Vázquez Mota, y sobre la situación jurídica de la persona aludida, para determinar si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para desempeñarse como secretaria de despacho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de diciembre de 2006.

Diputado Víctor Gabriel Varela López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CUBRIR EL APOYO SOCIAL DE LOS EX TRABAJADORES MIGRANTES DE YUCATÁN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS BLANCO PAJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar la incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida especial sectorizada en la Secretaría de Gobernación, destinada a cubrir el apoyo social de ex trabajadores migratorios de Yucatán, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

La problemática que enfrentan los ex trabajadores migratorios es por todos conocida; sabemos que aunque con la creación del fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ellos en 2005, se abrió la expectativa para que contaran con un pequeño apoyo social que resarciera sólo en parte los dineros que les corresponden, hoy la realidad es que para la gran mayoría sigue siendo sólo una expectativa, pues debido al exceso de burocratismo y de voluntad política sólo muy pocos han podido hacer efectivo el apoyo de 38 mil pesos.

Es sorprendente, compañeros, que a pesar de saber que la pretensión de recuperar parte de sus ahorros es un reclamo justo, los mecanismos sean tan complicados y para muchos de ellos prácticamente imposibles.

En diversas ocasiones se ha dicho en esta tribuna que de aproximadamente 223 mil ex trabajadores migratorios registrados en la Secretaría de Gobernación, sólo han tenido acceso al apoyo social aproximadamente 14 mil 800, es decir apenas 6.4 por ciento. Lo cual revela que no existe compromiso ni voluntad para realizar los pagos correspondientes.

Es claro que algo está fallando y debe ser corregido de inmediato, pues miles de personas esperan hacer efectivos sus derechos, o cuando menos una parte, porque sabemos también, compañeras y compañeros, que 38 mil pesos son una media o un promedio que pretende dar respuesta a una demanda, pero de ninguna manera es lo estrictamente justo.

A pesar de lo anterior, si 38 mil pesos fueron el acuerdo y el compromiso del Estado para con los ex trabajadores migratorios, es menester hacerlo cumplir de manera oportuna y sin mezquindades.

En tal razón y toda vez que la situación de los ex trabajadores de Yucatán atraviesan las mismas dificultades al no poder hacer efectivo su derecho, les pido, compañeros, su solidaridad y apoyo para mis paisanos, ya que de la lista validada por la Segob de aproximadamente mil 480 ex trabajadores sólo se ha liquidado a 250. Además, existe todavía una lista pendiente de validar de mil 400 ex trabajadores.

Punto de Acuerdo

Único. Que en uso de las atribuciones que la Ley Fundamental confiere a esta soberanía, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida especial por 50 millones de pesos, sectorizada en la Secretaría de Gobernación, con objeto de destinarla a cubrir el apoyo social de ex trabajadores migrantes de Yucatán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2006.

Diputado José Luis Blanco Pajón (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PLAN DE DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA HUASTECA, EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA MARÍA RAMÍREZ CERDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Ana María Ramírez Cerda, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México, en virtud de su riqueza biológica, ha sido considerado uno de los 17 países poseedores de la mayor diversidad biológica; como tal, se encuentra obligado a preservar y conservar su riqueza natural, partiendo de la base de que en gran medida ésta forma el patrimonio y la herencia cultural que nos constituye como nación.

Así, para estar en posibilidades de salvaguardarla, en materia ambiental se han diseñado instrumentos de política cuya finalidad es su cuidado y conservación.

Específicamente, en nuestro marco jurídico contamos con las áreas naturales protegidas como mecanismo de protección de la diversidad biológica, cuya finalidad es la preservación de espacios que no han sido alterados significativamente por el hombre, "constituyéndose como porciones del planeta, terrestres o acuáticas donde el ambiente natural no ha sido esencialmente afectado y que están sujetas a regímenes especiales de protección".¹

Dichas áreas, para su gestión y administración, han sido divididas en categorías de manejo atendiendo a la zona y a las características particulares de las especies de flora y fauna por proteger.

Una categoría es la de parques nacionales, los cuales constituyen "uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general". Cabe señalar que en ellos solamente se permite la realización de "actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos".²

Una de estas áreas naturales protegidas es el parque nacional Cumbres de Monterrey, que abarca una superficie de 177 mil 395.95 hectáreas y se localiza en la zona oeste-centro de Nuevo León, en colindancia con Coahuila, en la Sierra Madre Oriental.

Dicho parque posee una riqueza natural invaluable, ya que la biodiversidad existente abarca desde zonas áridas con especies propias de las regiones desérticas, pasando por matorrales con diversos tipos de vegetación y asociaciones, hasta bosques, principalmente de pinos y encinos en las partes más altas, así como pastizales, y diversas composiciones florísticas a lo largo de los ríos y las cañadas.

Más aún, su existencia y cuidado se justifican y adquieren mayor relevancia si se considera que dicha área posee gran diversidad de especies de flora y fauna silvestres, entre las que se encuentran, por un lado, las comunidades vegetales de mayor valor ecológico en Nuevo León, como el bosque de coníferas y latifoliadas, chaparrales, matorral desértico rosetófilo, matorral submontano y bosque de galería; y, por el otro, especies de fauna silvestre como el coyote, el puma, el tejón, el mapache, el venado cola blanca, el tlacuache, el armadillo, el jabalí, la zorra gris y la liebre.

Esas especies suman mil 368, de las cuales 73 se consideran en extinción, amenazadas, endémicas, raras, vulnerables o de protección especial.³

No obstante lo anterior, dicha área natural protegida se encuentra amenazada ante la entrada en vigor del Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca 2006-2020, para el municipio de Santa Catarina, que prevé la construcción de una zona de desarrollo que abarca un polígono de 2 mil 481.20 hectáreas, el Cañón de Ballesteros, con un polígono adyacente complementario de mil 846.49 hectáreas, localizado en el Cañón de la Huasteca.

Con la entrada en vigor de dicho plan se afectarían ambos polígonos, específicamente el primero a que se hizo alusión, en una superficie de 2 mil 394 hectáreas, la cual formaba parte del parque nacional Cumbres de Monterrey, según el decreto original del área natural protegida, de fecha 9 de noviembre de 2000, que fue modificado para ya no formar parte del parque, en virtud del amparo promovido por el propietario del predio, quien argumentó que dicha superficie podía ser susceptible de urbanización y desarrollo; el que le fue otorgado a través del juicio de garantías número 1545/2000.⁴

Respecto al segundo polígono, el desarrollo del plan afectará una superficie de mil 846.49 hectáreas del Cañón de la Huasteca, que sigue formando parte del parque nacional Cumbres de Monterrey.

Ante esa circunstancia, se solicitó a la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León una opinión técnica y jurídica del asunto, dadas las implicaciones negativas que sobre el ambiente tendría el desarrollo de dicha obra, a lo que la agencia en comento respondió, entre otras cosas, que resulta necesario que se sujete a la georreferenciación de los polígonos de propiedad, que se presenten junto con la solicitud de proyecto urbanístico estudios en materia de impacto ambiental, vial, hidrológico, geológico, edafológico y de mecánica de suelos.

En virtud de lo anterior, dicho plan no puede considerarse sustentable desde ninguna óptica, al afectar el área que constituye Nuevo León como un baluarte nacional por la riqueza biológica que alberga.

Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México afirmamos que el Plan de Desarrollo Sustentable de la Huasteca en el Municipio de Santa Catarina no debe aprobarse en los términos actualmente previstos, dadas las implicaciones negativas que tendrá sobre el parque nacional Cumbres de Monterrey, específicamente sobre las especies de flora y fauna que alberga, poniendo en riesgo la supervivencia del ecosistema.

Por ello, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, en nombre de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando que sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que solicite a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Nuevo León los estudios que justifiquen y, en su caso, avalen el desarrollo del Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca en el Municipio de Santa Catarina.

Segundo. Se exhorta a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Nuevo León a que de manera inmediata solicite al municipio de Santa Catarina los estudios que justifiquen y, en su caso, avalen el Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca en dicho municipio, junto con el programa de protección ecológica respectivo.

Tercero. Se solicita a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales que suspenda el Plan de Desarrollo Sustentable de la Huasteca en tanto no se satisfagan los requisitos legales para su entrada en vigor y no se cuente con los estudios a que hace referencia el segundo resolutivo de la presente proposición.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Nuevo León, con pleno respeto a la división de poderes, consagrado en el artículo 124 constitucional, a que una vez que cuente con la información solicitada en los puntos resolutivos anteriores la remita a la presente soberanía.

Notas:
1 Carlos Alcérreca, et al., Fauna silvestre y áreas naturales protegidas, Fundación Universo Veintiuno, México, 1988, página 69.
2 Artículo 50 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
3 http://www.semarnat.gob.mx/nl/anpsf_cumbres.shtml
4 Juicio que se ventiló en el juzgado noveno de distrito en el estado de Nuevo León.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cinco días del mes de diciembre de 2006.

Diputada Ana María Ramírez Cerda (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE INCREMENTEN MEDIANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN, BIENESTAR Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE GODOY CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, ciudadano Jorge Godoy Cárdenas; diputado de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de Convergencia , con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que a través del Instituto Mexicano de la Juventud, se incrementen los recursos públicos para los programas de atención, bienestar y desarrollo integral de la juventud en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, de urgente resolución con la siguiente:

Exposición de Motivos

México, tiene en la juventud uno de sus mayores potenciales de desarrollo social, económico, político, cultural, artístico y deportivo, si consideramos que uno de cada tres mexicanos tiene entre 12 y 29 años de edad.

Los jóvenes son nuestro mejor patrimonio, pues ellos constituyen la garantía para continuar edificando la nación con justicia y equidad que todos queremos.

Nuestro mejor capital humano radica en ellos, podemos fincar la unión social que es lo que le permitirá a México salir verdaderamente adelante y por esa cohesión social debe necesariamente estar contemplada la juventud mexicana.

Nuestros jóvenes, constituyen el grupo de edad de mayor población en la estructura demográfica nacional, por lo que resulta imperativo establecer un conjunto de medidas que faciliten su óptimo desarrollo como seres humanos y favorezcan un cabal ejercicio de sus responsabilidades como ciudadanos.

Un país que no incluye a sus jóvenes o que no les permita integrarse de manera real a su dinámica de crecimiento y prosperidad, es un país condenado -tarde o temprano- al agotamiento de su capital social y es, en sí mismo, un país que no tiene la capacidad para poder disminuir la desigualdad social.

Actualmente, el desempleo, la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, impactan y afectan con especial dureza a los jóvenes por ello México no puede ni debe ser un país excluyente, desconectado de la realidad en la que ellos son un pilar importante del desarrollo.

Incrementar y aplicar debidamente los recursos que el Estado destina para los jóvenes, permitiría:

Para el 2005, el presupuesto modificado correspondió a 145 millones de pesos, el cual incluía 650 mil pesos de recursos propios autorizados. Finalmente no se captaron los dichos recursos, pero se captaron 1 millón 500 mil pesos como donativo de Microsoft para el Programa de Centro Interactivos Poder Joven.

Ejercicio Fiscal 2001

El presupuesto modificado en el ejercicio fiscal 2001 fue de 162 millones de pesos, observándose un presupuesto ejercido de 161 millones de pesos, menor en 0.44% que se explica fundamentalmente a que se erogaron menos recursos en el rubro de materiales y suministros, bienes muebles, debido a que se iniciaron las medidas de racionalidad y al presupuesto no ejercido para gastos de apoyo a los sectores social y privado.

Ejercicio Fiscal 2002

El presupuesto modificado para el ejercicio 2002 fue de 161 millones de pesos, el cual integra 1 millón 835 mil pesos de recursos propios autorizados. El presupuesto ejercido correspondió a 164 millones, 215,000 mil pesos que representa una variación porcentual positiva de 1.99%, respecto al presupuesto modificado.

La variación se explica principalmente a que el Instituto al cierre del ejercicio recibió un donativo de 935 mil pesos, aportados por la Fundación Ford para el apoyo de investigaciones de juventud y un sobre ejercicio registrado en el Capítulo 3000.

Ejercicio Fiscal 2003

El presupuesto modificado para el ejercicio 2003 fue de 150 millones 556 mil pesos, en el cual se encuentra programado la captación de 715 mil pesos, observando un presupuesto ejercido de 147 millones 714 mil pesos, monto menor en 2.55% con relación al presupuesto modificado.

La diferencia se explica fundamentalmente a que se ejercieron menos recursos en el capítulo de Servicios Generales por la aplicación del Programa de Ahorro, Austeridad y Racionalidad Presupuestaria.

Ejercicio Fiscal 2004

El presupuesto modificado para el Instituto en el ejercicio fiscal 2004 correspondió a 147 millones 507 mil pesos, el cual incluye 300 mil pesos de recursos propios autorizados.

El presupuesto ejercido fue de 147 millones 507 mil pesos, el cual es igual al presupuesto modificado por lo que no existe variación.

Ejercicio Fiscal 2005

El presupuesto original corresponde a 145 millones 16 mil pesos, el cual incluye 650 mil pesos de recursos propios autorizados.

El presupuesto ejercido fue de 144 millones 366 mil pesos, menor en 0.45% debido principalmente al menor ejercicio de recursos en el rubro de servicios generales y a que no se captaron los recursos propios autorizados en el presupuesto original por un monto de 650 mil pesos, no obstante que se captaron como presupuesto modificado 1 millón 539 mil pesos como donativo de Microsoft para el Programa de Centro Interactivos Poder Joven.

En el presupuesto original autorizado al Instituto en el periodo de 2001 a 2005, se ha observado una disminución constante. En el ejercicio 2005 se autorizó un presupuesto de 144 millones de pesos que ha sido el menor desde el ejercicio fiscal 2001 con un monto de 158 millones 401 mil pesos, representando una variación negativa de 9.09%. Cabe señalar que el ejercicio fiscal con mayor presupuesto autorizado fue el 2002 con un monto de 163 millones 618 mil pesos.

La grafica siguiente muestra las fluctuaciones y tendencia que ha venido manteniendo de manera desproporcional, el presupuesto asignado al Instituto Mexicano de la Juventud.

No se debe seguir propiciando la falta de recursos para esta causa, es por ello que en la preocupación deben caber las acciones para que el país tenga en la juventud gente productiva, hay que alentarlos para lograr su mejor desarrollo y desempeño, con mejores programas y apoyos en su entorno.

Por lo antes expuesto someto a la aprobación de esta H. Asamblea el presente punto de acuerdo y solicito sea publicado integro en el Diario de los Debates.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a que a través del Instituto Mexicano de la Juventud, se incrementen los recursos públicos para los programas de atención, bienestar y desarrollo integral de la juventud en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de diciembre de 2006.

Diputado Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ANTIMONOPOLIOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN HUMBERTO VELA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Decía Adam Smith que cuando los competidores se juntan, suele ser para depredar.

Señoras y señores diputados, una de las funciones de esta honorable Cámara de Diputados, es la de velar por el cabal cumplimiento de nuestra Carta Magna. De velar por el gran pacto social inserto en nuestra Constitución, la cual todos protestamos respetar y hacer valer.

En el artículo 28 de la Constitución se establece que, en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas. Por lo que, "La ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios". Situación que se establece nítidamente en la Ley de Competencia Económica o Ley Reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precepto constitucional que no se cumple.

Disposiciones que no tienen ningún significado para la Comisión Federal de Competencia. Debido a que en México el 80 y 90 por ciento mercado de la telefonía fija y móvil se encuentran controlados por una sola empresa. Con capacidad de imponer los precios de sus servicios al mercado mexicano, afectando gravemente la capacidad adquisitiva y el bienestar de los ciudadanos, así como la competitividad de la economía nacional. Sector en el que según OCDE, somos uno de los países con las tarifas más caras.

Tampoco parece importar el hecho de que según cifras del Banco de México, mientras en nuestro país el crédito al sector privado, es del 25 por ciento, en Chile, España y Estados Unidos es del 62.5, 50 y 40 por ciento respectivamente. Esto debido a que al igual que en las telecomunicaciones, los usuarios de los servicios financieros son presa de la usura de los grandes intereses oligopólicos que controlan el sector.

Baste mencionar que mientras que en España el BBVA, tiene un costo crediticio total anual del 34.9 por ciento, en México el mismo banco tiene un costo del 75.1 por ciento, lo mismo sucede con el HSBC que en Inglaterra tiene un costo del 21.7 por ciento, mientras que en México es del 74.1 por ciento. Esto sin mencionar el elevado cobro por servicios y comisiones, las cuales, mientras que en México van de los 270 a los 400 dólares anuales, en sus países de origen oscilan entre los cero y los 30 dólares.

Dicha situación frena e impide que el crédito fluya hacia las actividades productivas, por lo que México sólo 20% del PIB se destina en créditos a las empresas, mientras que para el resto de los países integrantes de la OCDE llegan a porcentajes de 60% del PIB.

De hecho, el propio presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Fernando Sánchez Ugarte, admitió que en México hemos sido muy flexibles al permitir megafusiones en el sistema financiero, ya que sólo cinco bancos concentran 77 por ciento del mercado; esto no hubiera sido permitido en Estados Unidos.

Otro ejemplo lo representa el férreo control del comercio de los medicamentos a cargo de una sola empresa "Grupo Casa Saba", encargada de lucrar con la salud, la pobreza, el dolor y el sufrimiento de miles y miles de familias mexicanas. Situación que a nadie parece importar. Empresa cuyo poder se impone al órgano regulador con toda impunidad.

Así podríamos nombrar y nombrar una gran cantidad de acciones, omisiones y efectos negativos que tiene para la economía, los consumidores y usuarios, el control monopólico y ologopólico que ejercen sobre nuestra economía y nuestras instituciones unas cuantas empresas concentradoras de la riqueza nacional. Situación que termina por asfixiar la creatividad, la invención, la productividad, el crecimiento y el desarrollo de los individuos y de las naciones.

Compañeras y compañeros legisladores, estoy seguro de que con la aprobación de este punto de acuerdo, demostraremos que el Poder Legislativo se encuentra hoy más que nunca por encima de la usura económica y social de los monopolios. Demostraremos, que la Cámara de Diputados se encuentra inmune al poder corruptor de los monopolios. Que la Cámara de Diputados es sensible al dolor y al sufrimiento de nuestra sociedad. Que la Cámara de Diputados en su conjunto, no está dispuesta a permitir más abusos en contra de los ciudadanos. Demostraremos que el compromiso de esta soberanía es con la sociedad mexicana, con la transparencia, la competitividad, la inversión, la generación de empleos, la redistribución del ingreso, y en general, con la salud y el bienestar social de nuestros representados.

Es por lo anteriormente expuesto que el suscrito diputado federal, somete a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial Antimonopolios con el propósito de procurar el cabal cumplimiento del artículo 28 constitucional en materia de competencia; y tiene como objetivo el estudio, investigación y elaboración de propuestas y recomendaciones legislativas e institucionales, en la materia.

Segundo. La Comisión Especial, materia del presente acuerdo, funcionará por la duración de la LX Legislatura o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediera antes.

Tercero. La Comisión Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)

Diputado Joaquín Humberto Vela González
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A LA ALDF A CONSTITUIR UN COMITÉ TÉCNICO DE TRANSPARENCIA Y VALORACIÓN SALARIAL DE SUS FUNCIONARIOS LOCALES, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO VALLADOLID RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los abajo firmantes diputadas y diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, sometemos a esta Asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

La ciudadanía exige que los servidores públicos desempeñen sus encargos de manera eficiente, honesta y transparente. Así, se plantea que los servidores públicos deban rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, y abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que impida o limite la rendición de cuentas de la gestión pública federal, todo ello con el fin de prevenir la realización de conductas que desnaturalicen las funciones que les son encomendadas.

La democracia genuina tiene que ser la antítesis de la ineficacia gubernativa y la corrupción, y por el contrario debe ser la transformación hacia un gobierno eficiente y de calidad, por lo cual es indispensable establecer las bases institucionales y normativas que aseguren una eficiente y calificada prestación de los servicios y funciones públicas a cargo del Estado, tanto en el orden federal, estatal y municipal.

Una democracia es inseparable de los controles sobre el gobierno, sus funciones y administraciones. Controles que sean efectivos, con resultados concretos, capaces de introducir mejoras en el desempeño de la función gubernamental que ejercen los poderes de la Unión.

Es decir, controles que identifiquen y reconozcan las conductas positivas, corrijan las negativas y sancionen las indebidas, ilegales o delictivas.

La entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en junio del 2002, sin duda vino a ser un gran paso para conocer mejor el desempeño, la productividad, la eficiencia y los resultados de los funcionarios, proceso que busca traducirse en un mecanismo claro, concreto y eficiente de supervisión ciudadana.

La responsabilidad de los funcionarios públicos tiene que ver con el éxito de la Federación, de los estados y de sus municipios. De su desempeño público depende en grado muy importante que se alcancen las metas sociales y económicas que se fijan en la acción del gobierno.

Es conveniente defender una posición de eficiencia administrativa que nos libre de un gobierno caro, y para ello es preciso fijar salarios adecuados que estimulen la eficiencia gubernamental pero no que constituyan una carga excesiva en el gasto público.

En este contexto uno de los asuntos que mayormente ofende a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los funcionarios públicos se asignan.

Así por ejemplo, todo indica que las prestaciones y apoyos institucionales de los altos funcionarios en México los ha colocado en un grupo privilegiado. Los funcionarios públicos de alto nivel, como es de todos conocidos cuentan con prestaciones que corresponden al puesto e incluyen la seguridad social, prestaciones económicas, seguros y prestaciones inherentes al puesto.

Es verdaderamente ofensivo observar cómo en estados y municipios donde se vive en condiciones de verdadera miseria y donde la carencia de servicios públicos para diversos sectores de la población es abrumadora, existen presidentes municipales con sueldos y prestaciones económicas que resultan incluso superiores a las percepciones del propio Presidente de la República.

Desde la perspectiva social, existe la idea de que los funcionarios públicos de alto nivel, reciben sueldos desproporcionados, ajenos a la austeridad que reclama el país en materia del gasto público, que resultante políticamente incorrecto que exista un gobierno rico con un pueblo pobre. Más aún, dicha desproporción resulta evidente incluso con otros países, donde en igualdad o mayor responsabilidad, los funcionarios reciben menores remuneraciones con mejores resultados en la gestión pública.

Por ello Acción Nacional, en las Legislaturas estatales como en el Congreso de la Unión ha planteado diversas iniciativas de reforma, con el fin de regular y transparentar, no sólo el uso de los recursos públicos, sino de manera particular las percepciones a las que todo funcionario tiene derecho, con el objeto de reducir la arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos de dichos servidores.

Asimismo, por impulso del PAN el Congreso de Jalisco, en febrero del año 2002 con el fin de cerrarle la puerta a la discrecionalidad con que los servidores públicos de los municipios y del Estado se venían autodeterminado el otorgamiento de dietas, sueldos, bonos, compensaciones y demás prestaciones por concepto de sus servicios, es que creo por ley un Comité Técnico de Valoración Salarial, al cual después fortaleció en agosto de 2004 denominándolo como Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial del Estado de Jalisco y sus Municipios, como órgano colegiado multidisciplinario y multifuncional, el cual se integra por funcionarios públicos de los distintos niveles y entes de gobierno así como por representantes de las universidades; siendo dicho comité auxiliar de las autoridades estatales, responsables de realizar estudios sobre los montos máximos de las percepciones anuales de los servidores públicos del estado y de los municipios, y emitir recomendaciones sobre éstas.

Dichas recomendaciones deben ser consideradas y analizadas por las autoridades, aun y cuando gocen de autonomía presupuestaria, durante el proceso de aprobación de sus presupuestos de egresos respectivos. Previéndose que las autoridades notifiquen al Congreso del estado sobre el análisis que sobre las citas recomendaciones le hubiere hecho el comité, debiendo fundar y motivar, en su caso, la no incorporación de las mismas en los presupuestos de egresos respectivos.

La creación de dicho comité ha sido un parteaguas en cuanto al control y moderación de las percepciones de los salarios de los servidores públicos en dicha entidad federativa, sus recomendaciones incluso han permitido ajustar mediante su disminución determinados salarios, tomando en cuenta una serie de indicadores, tales como las condiciones económicas del municipio, la responsabilidad encomendada, número de población, entre otras más. Tal comité, también ha servido como un mecanismo preventivo ya que ha permitido ser un freno a posibles excesos, toda vez, que ha permitido que se ponga especial cuidado al momento de fijar los emolumentos a percibir.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente resolución, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta Cámara de Diputados exhorte a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, y previo al proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos correspondiente a la entidad federativa, constituyan un Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial de sus funcionarios locales, como órgano auxiliar del Congreso o de la Asamblea Legislativa, el cual se encargue de realizar estudios sobre los montos máximos de las percepciones anuales de los servidores públicos locales y de sus municipios o delegaciones, según el caso, y emitir recomendaciones sobre tales percepciones, para que sirvan de referencia para el momento de determinar dentro del presupuesto tales percepciones.

Segundo. Que el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial de sus funcionarios locales que se sirvan crear los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el mejor cumplimiento de su objeto deberá ser integrada por representantes de los sectores público y privado de la entidad federativa, incorporándose dentro de los mismos académicos especialistas en gestión y administración pública o en ciencias políticas y de gobierno, designados por los rectores de las universidades o instituciones educativas públicas que se determinen. Debiéndose prever, que el cargo de integrante del comité será honorífico y por tanto no remunerado y en el caso de los servidores públicos que participan en él, este encargo se entiende inherente a su función pública.

Palacio Legislativo, a 5 de diciembre de 2006.

Diputado Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FISCALES NECESARIOS PARA MANTENER EL PRECIO DE LA LECHE SUBSIDIADA Y DISTRIBUIDA POR LICONSA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal Víctor Gabriel Varela López integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el 21 de noviembre del año en curso, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal revocar para que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público, y al consejo de administración de Liconsa a efecto de que, conforme a sus respectivas competencias, revoquen el incremento al precio de la leche que distribuye esa empresa paraestatal, de 3.50 pesos a 4.50 pesos, que entró en vigor el 17 de noviembre de 2006.

Segunda. Que el día 22 de noviembre, la Presidencia de la República por conducto del Coordinador General de Comunicación Social, rechazo el exhorto con el argumento de que el aumento del precio a la leche no es una decisión del gobierno federal, es una decisión del consejo de administración de Liconsa.

Tercera. Que esta respuesta al exhorto de la Cámara de Diputados, es inapropiada e inexacta y sólo pretende eludir la responsabilidad que tiene el gobierno federal en la determinación de incrementar el costo de la leche distribuida por Liconsa, toda vez que por disposición expresa de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la representación del gobierno federal debe ser mayoría en el órgano de gobierno de esta empresa de participación estatal mayoritaria.

Cuarta. Que es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo federal la designación de la representación de la administración pública federal en el Consejo de Administración de Liconsa, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Quinta. Que en la sesión extraordinaria donde se abordó el tema, sólo el Congreso del Trabajo y el Gobierno del Distrito Federal se pronunciaron en contra del incremento y todos los funcionarios nombrados por el titular del Poder Ejecutivo federal se pronunciaron a favor de incrementar el precio de la leche que distribuye Liconsa.

Sexta. Que hasta la fecha, la información que justifica el incremento es insuficiente. Esta Cámara no cuenta con un cálculo preciso del costo que implicaría mantener el precio de la leche conforme al exhorto aprobado por esta soberanía, tampoco se tiene información sobre la repercusión tendrá sobre las finanzas de la empresa el incremento aplicado por el Ejecutivo federal.

Séptima. Que Liconsa es una empresa que requiere de transferencias presupuestales mínimas para beneficiar a un universo amplio de familias en situación de pobreza, prueba de ello es que en el presente ejercicio fiscal sólo se le destinó la cantidad de 750 millones de pesos para atender a 5.2 millones de beneficiarios, es decir, es el programa social que menos cuesta a los mexicanos.

Octava. Que el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar los recursos fiscales necesarios para mantener el precio de la leche subsidiada distribuida por Liconsa SA de CV en 3 pesos con 50 centavos por litro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.

Diputado Víctor Gabriel Varela López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 CONSIDERE RECURSOS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA GENERADA POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN DURANGO, A CARGO DE LA DIPUTADA LOURDES QUIÑONES CANALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Quien suscribe, Lourdes Quiñones Canales, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

El cáncer cérvico-uterino representa en la actualidad un importante problema de salud en el mundo y en nuestro país; alcanza aproximadamente 35 por ciento de todos los tipos de cáncer en la mujer.

Existen evidencias en diversas investigaciones de una relación causa-efecto entre la infección por el virus de papiloma humano (VPH) y el carcinoma cérvico-uterino; se confirma que la detección temprana de las lesiones precursoras de este tipo de cáncer y su tratamiento adecuado previenen hasta en 100 por ciento el desarrollo del carcinoma invasor.

Se ha detectado que entre 65 y 88 por ciento de las mujeres con condiloma o frotis cervicales anormales han sido contagiadas por sus compañeros sexuales varones; queda fehacientemente demostrado que son ellos los agentes promotores importantes en la diseminación y transmisión de esta grave infección generadora de lesiones premalignas y malignas en genitales femeninos, con mayor frecuencia en mujeres jóvenes.

El diagnóstico y seguimiento completo de una lesión detectada citológicamente requiere fundamentalmente de la identificación del genotipo del VPH responsable, con la finalidad, entre otros importantes aspectos, de determinar la probabilidad de la malignización de dicha lesión y de establecer el marco de referencia para su prevención mediante vacunas.

Para estar en condiciones de otorgar un importante impulso a las acciones preventivas de la enfermedad resulta también indispensable la detección, estudio y tratamiento de los varones que sean pareja de mujeres con alteraciones citológicas sugestivas de lesiones prenoplásticas y neoplásticas del cervix uterino.

De los más de 100 tipos de virus según la secuencia de su genoma, 45 se encontraron infectando el tracto genital, mientras los 14 de alto y mediano riesgo son capaces de producir lesiones neoplásticas intraepiteliales cervicales (NIC) potencialmente invasoras.

Consideraciones

Que el cáncer cérvico-uterino es la primera causa de muerte por neoplasias malignas entre la población femenina del país, particularmente en el grupo de 25 a 64 años de edad.

Que el mayor peligro de esta enfermedad radica en que tanto las mujeres como los hombres son portadores del VPH, y que su contagio se da por la relación sexual.

Que actualmente se considera que más de 70 por ciento de las mujeres se infectan con el VPH cuando menos una vez en su vida, aunque muchas de esas infecciones sean eliminadas en el corto plazo.

Que en México existen a la fecha aproximadamente 25 millones de mujeres infectadas por el VPH, pero que el perfil epidemiológico nos muestra un incremento en la incidencia de la enfermedad; se ha llegado a considerar por los especialistas como un grave problema de salud pública.

Que en el estado de Durango el número de estudios para la detección y genotipificación del VPH entre la población femenina es muy limitado, y actualmente no hay ninguno que incluya la realización de estos estudios en el género masculino; incluso en el ámbito nacional existen pocas investigaciones al respecto.

Que con el firme propósito de mejorar la salud de la población, los servicios de salud de Durango, en coordinación con el Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez de esa entidad, han desarrollado todo un proyecto integral para la realización de dicho estudio entre hombres y mujeres de los 39 municipios del estado.

Que entre los importantes resultados que se esperan alcanzar con estas investigaciones destacan la generación de nuevos conocimientos sobre los genotipos que provocan dicha enfermedad, establecer las bases para incidir de manera positiva en las campañas de vacunación preventiva específica en función de los genotipos prevalentes y concientizar a la población sobre sus riesgos y complicaciones.

Que mediante la adecuada selección de la población genotípicamente en alto riesgo se podrán disminuir sustantivamente los costos en cuanto al número de colposcopías y biopsias que se realizan en clínicas especializadas, así como lo que se refiere con posterioridad a cirugías, tratamientos farmacológicos, quimioterapias y radioterapias. A la población identificada como de bajo riesgo se le brindará un seguimiento citológico cada seis meses por un periodo de dos años, con el que se espera que más de 90 por ciento de las lesiones desaparezcan.

Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta honorable asamblea como de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que el Ejecutivo federal considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en el renglón de presupuesto federalizado para el estado de Durango, un monto de 2 millones 420 mil 454 pesos para realizar y difundir un estudio de diagnóstico sobre la detección y genotipificación del virus del papiloma humano en hombres y mujeres de toda la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2006.

Diputada Lourdes Quiñones Canales (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A PUBLICAR CON LA MAYOR BREVEDAD LA NOM RELATIVA A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE TORTUGAS MARINAS, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE GARCÍA NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Guadalupe García Noriega, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La estancia de los seres humanos en el planeta estuvo precedida por la existencia de muchas otras especies, entre las que destacan dos familias del reino animal: la quelónida y dermoquélida, a las que pertenecen las diferentes especies de tortugas marinas, que actualmente se encuentran en grave peligro de desaparecer del planeta.

A pesar de que en México las tortugas marinas han sido protegidas a través de la formulación y aplicación de diferentes medidas administrativas y legales, la matanza de tortugas y el tráfico de huevos en algunas playas aún persisten, particularmente en los estados de Michoacán de Ocampo, Guerrero y Oaxaca. Como ejemplo tenemos la matanza de 80 ejemplares en la playa Escobilla, Oaxaca, en agosto de 2005, y la que tuvo lugar en la playa Boca Chica, Guerrero, en agosto pasado. Por lo que se refiere al tráfico de huevos, tan sólo en el periodo junio-septiembre de este año están registrados los casos de 6 mil 84 huevos de tortuga carey y 11 mil 620 huevos de tortuga golfina.

Por si lo anterior no fuese suficiente, existe otro problema relacionado con la conservación y efectiva protección de las tortugas marinas que la autoridad se niega a atender adecuadamente, nos referimos a la forma incorrecta en que se lleva a cabo la liberación de ejemplares recién nacidos.

La literatura especializada en el tema es muy clara e indica que "al final de la incubación ya han consumido casi el total de la albúmina y la composición del vitelo, que originalmente presentaba un alto contenido de proteínas; -en esta etapa- incluye principalmente lípidos y algo de glúcidos (grasas y azúcares), los cuales serán utilizados en las actividades de romper y salir del cascarón, salir del nido, llegar al mar y alcanzar la zona de alimentación".¹

Más aún se enfatiza que "el resto de vitelo que les queda a las crías se agota en menos de una semana, por lo que en ese corto lapso las pequeñas tortugas deben alcanzar el sitio más adecuado para iniciar su alimentación activa y poder continuar su migración, o permanecer estacionadas o ser llevadas por las corrientes durante un periodo más o menos prolongado. Al emerger del nido las crías ya han absorbido la mayor parte del saco vitelino y la cicatriz del ombligo se cierra completamente en el curso de las dos primeras semanas".²

Si la liberación se llevara a cabo tal como ocurre en el medio natural o en los campamentos tortugueros, no habría mayor problema, pues las tortugas, como se ha descrito en los párrafos anteriores, cuentan con los medios para comenzar la lucha por su supervivencia y, con suerte, regresar a la playa que las vio nacer a reproducirse y anidar.

Lamentablemente, lo que sucede es totalmente diferente, el panorama que se aprecia es el de una multitud de personas entre las que se encuentran representantes municipales, estatales, delegados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, hoteleros, turistas, etcétera, todos congregados en la playa esperando escuchar el discurso y tomarse la foto histórica que deje constancia de los loables esfuerzos llevados a cabo para conservar a las tortugas marinas mexicanas; sin embargo, las tortugas liberadas no son recién nacidas. Muchas de estas pequeñas tortugas llevan al menos cinco días en peceras, tinas o hasta cubetas, esperando que las autoridades tengan tiempo en sus agendas para celebrar el magno acto, desconociendo irresponsablemente que las tortugas deben entrar al mar tan pronto como eclosionan, pues el vitelo, esencial para su supervivencia, se agota.

Cuando la liberación ocurre en esas condiciones, los pequeños quelonios reducen sus posibilidades de supervivencia de forma drástica, por un asunto ajeno a su naturaleza y responsabilidad enteramente de quienes se ostentan como sus protectores, y me refiero a "la foto de la liberación". A ello hay que agregar que, absurdamente, se están desperdiciando recursos humanos y económicos valiosísimos que fueron destinados para proteger esos nidos y lograr su eclosión. Como puede apreciarse, estas condiciones no son las mejores para liberar tortugas marinas, aún cuando ello tenga por objeto la loable labor de educar y concientizar a la población, pero esta no es la manera.

Es necesario dejar en claro que los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados no nos oponemos a la labor de educación y concientización que las autoridades y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación de las tortugas marinas llevan a cabo. A lo que nos oponemos es a que se liberen fuera de tiempo las tortugas que logran eclosionar, ya que con ello no se garantiza la preservación de las tortugas, sino que se les condena a la extinción.

De acuerdo al Programa de Mejora Regulatoria 2004, entre los nuevos proyectos de la Semarnat estaba la elaboración de una norma oficial mexicana sobre las especificaciones para el aprovechamiento no extractivo de las zonas de anidación de tortugas marinas y el manejo de campamentos para su conservación y protección, así como especificaciones para las actividades en las zonas colindantes. De acuerdo con dicho programa, esta norma debió estar lista en abril de 2004. Obviando la urgencia del tema, la Semarnat se excusó en el famoso acuerdo del 12 de mayo de 2004 mediante el cual se estableció una moratoria regulatoria, por lo cual no puede elaborar ni publicar la citada norma.

Ante la insistencia de contar con tal normatividad, la Semarnat informó que la norma oficial mexicana sobre autorización de aprovechamiento no extractivo vía observación de ballenas podía ser utilizada para el caso de las tortugas marinas; no obstante, existen muchas dudas al respecto, particularmente porque no en todas las zonas costeras donde se observan ballenas anidan y desovan tortugas. De igual forma, las actividades de observación se llevan a cabo primordialmente en el mar, mientras que la anidación y el desove de tortugas se llevan a cabo en tierra, y nada tienen que ver las tortugas marinas, que son reptiles, con las ballenas, que son mamíferos.

Si la Semarnat ha informado que para atender el problema de la conservación de las tortugas marinas no se descarta la elaboración de otros instrumentos, ¿por qué no elaborar la norma oficial mexicana en comento?

Consideramos fundamental que esta norma oficial mexicana establezca la obligación de que la liberación de tortugas marinas ocurra de forma inmediata a su nacimiento y a más tardar 24 horas después del mismo y así evitar que por situaciones como las ya descritas, los esfuerzos de conservación sean minados. De igual forma, estimamos que por tratarse de especies en peligro de extinción, la autoridad ambiental, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales debería dar celeridad al proceso de elaboración de la referida norma, a fin de que a la brevedad ésta esté en condiciones de publicarla, de lo contrario no sólo se perderá tiempo, sino también recursos humanos y económicos valiosos para la preservación de las tortugas marinas.

Compañeros y compañeras, consideramos que si, tal como ha afirmado el Secretario José Luis Luege, "México transita con paso firme hacia la sustentabilidad", la expedición de la norma oficial mexicana aquí referida debe llevarse a cabo a la brevedad.

Por lo expuesto, la que suscribe, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando que sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados hace un enérgico exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, con la mayor brevedad, publique la Norma Oficial Mexicana "Especificaciones para el aprovechamiento no extractivo de las zonas de anidación de tortugas marinas y el manejo de campamentos para su conservación y protección, así como especificaciones para las actividades en las zonas colindantes", que establezca la obligación de que la liberación de tortugas marinas ocurra de forma inmediata a su nacimiento y a más tardar 24 horas después del mismo y así incrementar las posibilidades de sobrevivencia de estas especies.

Notas:
1 Márquez. R. s/f Las tortugas marinas y nuestro tiempo. México, Fondo de Cultura Económica.
En:_http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144htm/sec_7.htm
2 Idem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil seis.

Diputada Guadalupe García Noriega (rúbrica p.a.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CREAR UN CORREDOR ECO-TURÍSTICO Y UN MUSEO EN SANTIAGO TEPATLAXCO Y SAN FRANCISCO CHIMALPA, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE GODOY CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Jorge Godoy Cardenas diputado federal de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, conforme al siguiente:

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta al gobierno federal para que a través del gobierno del estado de México, se considere en el Presupuesto de Egresos del año 2007, a los pueblos de Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, municipio de Naucalpan de Juárez, para fomentar el desarrollo social, cultural y económico de la región, mediante la creación de un corredor ecoturístico y un museo, que permita preservar su lengua y tradiciones y ayude al crecimiento económico de sus pobladores, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Tepatlaxco: Su nombre significa "lugar de piedras rotas en desorden" tépatl-piedra, tlaxmi-romper o destruir, co-lugar. Es uno de los poblados que más se mencionan en las historias antiguas de Naucalpan.

Chimalpa: Su nombre en náhuatl significa "donde se hacen escudos" chimalli-escudo, pan-en; es mencionado por códices prehispánicos y citado en mapas coloniales del siglo XVI, así como en distintas relaciones de mercedes reales. Sus pobladores son de descendencia otomí.

La comunidad de Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa son pueblos eminentemente rurales, los cuales basan su desarrollo y progreso en la riqueza de sus propios recursos naturales y culturales que han dado vida y sustento a sus habitantes.

Localizados en el municipio de Naucalpan de Juárez, Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, se encuentran con la esperanza de conservar su propio patrimonio y promover el sentimiento de pertenencia, identidad y arraigo mexiquense.

Su población predominante es la comunidad otomí, cuyo asentamiento nos refiere a antecedentes prehispánicos que, en el espacio y el tiempo, han logrado sostenerse a pesar del desarrollo urbano que ha venido mermando la calidad de vida de los habitantes de estas localidades.

Situados en los municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde se han generado en las últimas décadas cambios demográficos bruscos, las tendencias al menos en estos poblados son altamente riesgosas que denotan que el crecimiento natural está siendo superado debido al aumento de asentamientos humanos que ya invaden terrenos que fueron de cultivo o zonas boscosas.

La conurbación que viene experimentando en su periferia es un síntoma de preocupación permanente de los habitantes, los cuales tienen que superar la dualidad entre comunidad rural y comunidad urbana; estatus social, económico, político, usos, costumbres e incluso el propio lenguaje.

Sin embargo, existe la esperanza de conservar su patrimonio histórico, su hábitat, sus fiestas patronales y su cultura. Estiman pertinente alcanzar mejores oportunidades de trabajo que les permita satisfacer sus necesidades más apremiantes y sobre todo, lograr la felicidad sin perder su identidad.

Los habitantes de esta zona buscan la utilidad laboral en su región además de la conservación de su riqueza cultural y difundir lo que fueron, lo que son y lo que serán en los próximos años.

Por otra parte, pretenden ser parte de la modernización del país, acceder a los beneficios de la misma y lograr un papel protagónico y estelar mostrándose a la luz del porvenir como una comunidad a la vanguardia en una interesante combinación de esfuerzos colectivos de un pasado legendario y un presente promisorio.

Enclavados en una de las zonas montañosas del Valle de México, ricos en la industria maderera, en sus manantiales y la fertilidad de sus cañadas y montes, canteras, así como para la crianza de ganado bovino, la producción de verduras y vegetales diversos, los poblados anhelan la disminución de riesgos que provoca el desmesurado crecimiento urbano y que debilita por su superioridad el desarrollo natural sustentable.

Considerandos

Punto de Acuerdo.

Único. Por el que se exhorta al gobierno federal para que a través del gobierno del estado de México, se considere en el Presupuesto de Egresos del año 2007, a los pueblos de Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, municipio de Naucalpan de Juárez, para fomentar el desarrollo social, cultural y económico de la región, mediante la creación de un corredor ecoturístico y un museo, que permita preservar su lengua y tradiciones y que ayude al crecimiento económico de sus pobladores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de diciembre de 2006.

Diputado Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE ASIGNEN RECURSOS EN LOS RAMOS 9, 12 Y 20 PARA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ALTERNATIVA

La que suscribe, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, legisladora federal del grupo parlamentario Alternativa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

1. Una de las más altas responsabilidades que se depositan en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lo es, sin duda, la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

2. Dentro de los rubros que es menester discutir para que la aprobación final del Presupuesto de Egresos se haga con el más alto grado de responsabilidad, está el relativo a la asignación de recursos a los municipios, base de la organización política y administrativa de nuestro sistema, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, que la letra dice: "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre..."

3. El propio artículo 115 constitucional establece en su fracción III, las funciones y servicios públicos que el municipio tendrá a su cargo:

4. Puebla de Zaragoza reviste una importancia de especial relieve toda vez que es depositaria de un número muy importante de monumentos históricos, por lo que la UNESCO le ha otorgado el carácter de patrimonio de la humanidad a la zona de monumentos. Es depositaria, además, de uno de los centros de resguardo documental más importante del país: el Archivo General Municipal de Puebla, que alberga documentación desde el año de 1532 a la fecha.

5. Otro de los elementos que hacen que Puebla tenga una especial relevancia a nivel regional, es su localización geográfica, al ser enlace entre el centro del país y la región golfo y sur-sureste.

6. La importancia turística de la ciudad de Puebla, requiere que sea dotada de recursos suficientes que permitan desarrollar y aplicar proyectos específicos de recuperación de carpeta asfáltica, dignificación de la imagen del centro histórico y mejoramiento de espacios públicos, puentes y servicios de salud, entre otros, que permitan potenciar el lugar turístico que a nivel nacional e internacional tiene esta ciudad, lo que redundará en reales beneficios sociales tanto para el municipio, de manera directa, como para el país, de forma indirecta. Una mayor dotación de recursos para proyectos estratégicos de infraestructura y equipamiento urbano, redundará en una mejora significativa de la imagen del municipio, con lo que se podrá ofrecer al turismo nacional y extranjero -fuente primordial de divisas- un espacio más atractivo para la visita y eventual permanencia en la ciudad, además de contribuir al desarrollo de la misma y de sus habitantes.

7. A fin de impulsar un amplio desarrollo en la materia antes descrita, se propone el asignar presupuesto a fin de impulsar los siguientes proyectos con los beneficios directos que a continuación se describen:

Punto de Acuerdo

Artículo Primero: Se destinan del Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, $57'600,000.00 (cincuenta y siete millones, seiscientos mil pesos) para la construcción del puente Cúmulo de Virgo-Avenida Margaritas, en el municipio de Puebla de Zaragoza.

Artículo Segundo: Se destinan del Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, $67'275,000.00 (sesenta y siete millones doscientos setenta y cinco mil pesos) para la ampliación del puente Tlaltepango en el municipio de Puebla de Zaragoza.

Artículo Tercero: Se destinan del Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, $41'621,658.00 (cuarenta y un millones, seiscientos veintiún mil seiscientos cincuenta y ocho pesos) para mantenimiento oportuno a carpeta asfáltica en el Boulevard Libre entre 16 de Septiembre y 11 Sur, en el Boulevard Municipio Libre entre avenida Fidel Velásquez y avenida 24 Sur, en el Boulevard Municipio Libre entre 24 Sur y 16 de Septiembre, así como en la avenida Cadete Vicente Suárez en el municipio de Puebla de Zaragoza.

Artículo Cuarto: Se destinan del Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, $12'752,000.00 (doce millones setecientos cincuenta y dos mil pesos), para la reconstrucción de la lateral sur de la autopista Puebla-Orizaba.

Artículo Quinto: Se destinan del Ramo 21, Turismo, $5'978,896.00 (cinco millones novecientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y seis pesos) para el programa de nomenclatura a la Zona de Monumentos de Puebla de Zaragoza.

Artículo Sexto: Se destinan del Ramo 12, Salud, $7'000,000.00 (siete millones de pesos) para la construcción y equipamiento de la Unidad Médica Integral Zona Norte en el municipio de Puebla de Zaragoza.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de diciembre de dos mil seis.

Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE SOLICITAR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE ATIENDA LA CONSERVACIÓN DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN ELLA, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO SALAZAR MADERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado Mario Alberto Salazar Madera, integrante de esta LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes que dé inmediata atención y conservación a la autopista Guadalajara-Colima, a efecto de que resulte seguro su tránsito para los usuarios de este tramo carretero.

Consideraciones

I. Que de conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, hay como dependencias de la Administración Pública Centralizada, las Secretarías de Estado, entre otras.

II. Que en este sentido, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como dependencia de la Administración Pública Centralizada, construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal, así como construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares; entre otras atribuciones.

III. Que en la actualidad las redes carreteras constituyen una de las formas tradicionales de comunicación más importantes para una comunidad, ya que es a través de este medio que se promueve el fácil acceso al lugar, el traslado de sus habitantes, visitantes y de personal a diversas fuentes laborales ubicadas en otros poblados y el fomento al comercio, entre otros aspectos no menos trascendentales, por lo cual, la construcción de nuevos tramos carreteros, así como su conservación y mantenimiento, resultan tareas fundamentales de todo gobierno.

IV. Que con base en lo anterior, es conveniente señalar que la autopista Guadalajara-Colima actualmente se encuentra dañada en gran medida, lo cual dificulta el tránsito para quienes usan este tramo carretero, ocasionando además la molestia entre los mismos por el alto costo de la cuota que se cobra en las casetas correspondientes y que no guarda una correcta proporción entre la tarifa y el mal estado en que se encuentra dicha vía. Cabe destacar que esta situación perjudica además a los habitantes de los municipios que conforman la región sur del estado de Jalisco.

Asimismo, se debe señalar que esta autopista necesita una rehabilitación a fondo, toda vez que un mantenimiento mínimo que se quiera dar, resulta poco funcional, inadecuado y peligroso, ya que al ser tan graves los daños, cualquier material que trate de cubrirlos es insuficiente, pudiendo ocasionar accidentes que ponen en riesgo la vida de los que por ahí transitan.

V. Que de conformidad con lo fundamentado y señalado en el cuerpo del presente acuerdo, es pertinente solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes su urgente intervención para que se pueda dar una efectiva e inmediata conservación y mantenimiento a la autopista Guadalajara-Colima, a efecto de que resulte seguro su tránsito para los usuarios de este tramo carretero, cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en lo relativo a sus atribuciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Gírese atento y respetuoso oficio al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Administración Pública Federal, a efecto de solicitarle que lleve a cabo de manera urgente la conservación de la autopista Guadalajara-Colima para brindar seguridad a quienes transitan por esta riesgosa y deteriorada vía terrestre.

Dado en el Palacio Legislativo a 5 de diciembre de 2006

Diputado Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA SHCP Y LA SEP REMITAN RECURSOS FINANCIEROS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS PARA TERMINAR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 Y QUE ÉSTOS SE CONSOLIDEN EN EL SUBSIDIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007, A CARGO DEL DIPUTADO CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los que suscribimos, diputados y diputadas pertenecientes a los diferentes grupos parlamentarios del PAN, PRD, PVEM y del PT, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, tenemos a bien someter a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La propuesta que presentamos diversos legisladores de los distintos partidos políticos tiene su origen en las grandes dificultades financieras que presenta la educación en el país, y de las que no son excepción las universidades públicas y que exigen soluciones de fondo, prontas y expeditas; de lo contrario, este subsistema corre el riesgo de un mayor deterioro.

No omito señalar que ante la LX Legislatura se han planteado ya, por los diversos grupos parlamentarios, inquietudes y propuestas para resolver las circunstancias apremiantes por las que atraviesan las universidades públicas, como es el caso de las universidades autónomas de Sinaloa, Oaxaca y Zacatecas. La primera de ellas se ha visto obligada a declararse en quiebra por las agobiantes circunstancias de la que es objeto.

No se desconocen, pues, las dificultades por las que atraviesan las universidades públicas y la necesidad de que en el nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación se resuelva ampliar el gasto para educación y aprobar -de forma responsable- el incremento presupuestal correspondiente para las instituciones públicas de educación superior.

Por tal motivo, de nueva cuenta traemos a esta tribuna, la difícil situación financiera de la Universidad Autónoma de Zacatecas, demandando una solución a la emergencia actual. Sabemos que no es exclusiva de esta universidad, sino como ya lo señalamos, es denominador común para la mayoría de las instituciones públicas de este subsistema educativo. Resulta claro para todos los señores y señoras legisladoras que los recursos públicos federales han descendido en los años anteriores de manera considerable, y no han sido suficientes los esfuerzos que realizan los gobiernos estatales, en la medida de sus disponibilidades presupuestales y de su compromiso con estas instituciones.

En consecuencia, año con año, la mayoría de las universidades públicas agravan su crisis presupuestaria que apenas les permite mal sobrevivir, o hacerlo en condiciones cada vez más apremiantes, incurriendo en déficit permanente, incumpliendo las obligaciones con sus profesores y trabajadores, con insuficiencia de recursos para la investigación, la docencia y la extensión, es decir, sin poder cumplir a plenitud la alta función social que tienen encomendadas.

La disminución que ha sufrido la educación en sus partidas presupuestales ha tenido un impacto a todas luces adverso en el desempeño de sus funciones sustantivas y adjetivas, en detrimento de alumnos, maestros y trabajadores, y, por tanto, en el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la investigación y la extensión.

En estricta justicia debemos reconocer que desde esta soberanía se ha mantenido un esfuerzo, derivado del compromiso de la mayoría de las señoras y señores legisladores con la educación, para recuperar mayores aportaciones para cubrir -aunque de manera relativa- las necesidades de las universidades, en atención a que es la única forma de forjar un mejor futuro para nuestros hijos.

Por lo que se refiere a la Universidad Autónoma de Zacatecas, debemos señalar que por causas diversas, desde hace más de una década ha enfrentado circunstancias verdaderamente adversas, al grado que tuvo que deshacerse de bienes inmuebles de su patrimonio para efectuar pagos al ISSSTE.

Del año de 1995 a este 2006, la UAZ, ha incrementado su matrícula de 18 mil estudiantes a 29 mil 520, con un costo por alumno anual de 23 mil 772 pesos 72 centavos, mientras que le promedio nacional ronda los 27 mil 700 pesos (es decir, se le asigna un subsidio que es inferior en 5 mil pesos por alumno comparado con la media nacional). En el mismo período, pasó de 55 programas a 89, con una presencia que pasó de 3 municipios a 10, en 20 estados de la república y en 4 países extranjeros. En esta década, se han edificado más de 90 mil metros cuadrados de espacios físicos para atender esta oferta mayor oferta educativa y la mayor cobertura.

Sin embargo, la Universidad Autónoma de Zacatecas ha recibido un trato injusto e inicuo: en 17 años, la Secretaría de Hacienda reconoce sólo mil 51 plazas de trabajadores administrativos, ni uno más, como si en estos años no se hubiesen incrementado el número de estudiantes, los espacios físicos, la diversificación de la oferta. Nada. En este rubro el subsidio que se le otorga a esta casa de estudios sigue siendo el mismo, copia fiel año con año: mil 51 plazas. Ni una más. No se toma en cuenta si se jubilan o si fallecen los trabajadores. Al día de hoy, la universidad tiene que absorber parcial o totalmente el gasto que representan 452 trabajadores administrativos jubilados.

En el caso de los profesores e investigadores, la situación ha sido parcialmente diferente: en 10 años sólo se han incrementado 123 plazas de profesores de tiempo completo, y eso por la vía del Programa de Mejoramiento del Profesorado. Un promedio de apenas un poco más de 12 plazas por año. El número de plazas de profesores de medio tiempo y de horas clase reconocidos por la SHCP ha sido el mismo prácticamente desde hace 10 años; pero la universidad tiene 323 profesores jubilados.

Adicionalmente, debemos señalar que las remuneraciones que se hacen en esta universidad son de las más bajas en el país, y sin embargo el personal docente de alta calidad es solidario con las institución ya que permanece en ella realizando sus actividades de investigación, docencia y extensión. Pero cada vez es más difícil retener a este personal de excelencia por la incertidumbre financiera para el pago de su salario y prestaciones.

De manera puntual, tiene que subrayarse que el subsidio ordinario que se le entrega a esta institución sólo permite cubrir el 70 por ciento de las obligaciones contractualmente pactadas con sus trabajadores y administrativos. La situación, cada años se vuelve más grave, ya que de mantenerse la misma tendencia hasta ahora establecida en cuanto a la asignación de los recursos ordinarios, en el 2007 el porcentaje que cubrirá será del 68 por ciento, y los posteriores será todavía más difícil la situación.

Por lo mismo, debe quedar claro que si la UAZ no tiene para cubrir el salario y las prestaciones pactadas en los contratos colectivos de trabajo, obligaciones reconocidas por las instancias laborales, y por tanto, compromisos legales e institucionales, es porque el subsidio ordinario es evidentemente insuficiente.

Igualmente, debemos señalar que con mucha frecuencia, a las instituciones públicas -y sobre todo a las de educación superior- se les trata de colocar en la picota, se les descalifica y se les llena de denuestos. Se dice que son barriles sin fondo, y una larga serie de calificativos, más por la ideologización interesada para potenciar a las instituciones privadas. Para el caso de esta universidad, como para otras del país, esta soberanía, a través de su órgano fiscalizador, la Auditoría Superior de la Federación, practicó una revisión integral. En el dictamen correspondiente, que es favorable acerca del manejo de los recursos financieros, se subraya la observación hecha al Poder Ejecutivo federal de asistir con mayores recursos y recomienda proporcionar los suficientes para garantizar el desarrollo de las actividades sustantivas de la institución.

Las instituciones de educación superior, pues, ni son un barril sin fondo, ni son superfluas para el desarrollo nacional. Por el contrario, tiene que ubicarse el problema de fondo, que es la disminución real en la asignación de los recursos a que está obligado el Estado, por mandato del artículo tercero constitucional. Mientras no exista una política pública, real y efectiva, en materia de educación, las universidades seguirán siendo víctimas del escarnio mediático por las dificultades financieras, sin mostrar la causa real.

Por ello, es de la mayor trascendencia, en apoyo de esta proposición que someto a la consideración de esta soberanía, me permitan señalar sólo unos pocos elementos adicionales:

En los dos últimos años, bajo el mandato y la conducción del honorable Consejo Universitario y pese a las limitaciones presupuestales tantas veces referidas, se realiza un trabajo continuo para enfrentar no sólo la emergencia financiera, sino también un empeño consistente para elevar los indicadores de calidad y competitividad académicas, cerrando las brechas en la calidad de sus programas, fortaleciendo la gestión y la innovación. Sólo unos pocos datos permiten sostener esta afirmación:

El año 2004, la UAZ tenía 502 profesores de tiempo completo con postgrado, hoy tiene 610, es decir 108 más; hace dos años contaba con 63 profesores con perfil, Promep, en la actualidad suman 163, esto es 100 más; tenía 8 programas acreditados como de calidad, hoy son 17, lo que significa 9 más; contaba con dos postgrados acreditados, hoy son 4; no tenía cuerpos académicos consolidados, ni en proceso de consolidación, hoy son 2 de los primeros y 17 de los segundos; hace apenas dos años, la matrícula de licenciatura en programas de calidad era del 22 por ciento, hoy asciende al 40 por ciento, es decir, un incremento de 81.8 por ciento, y el máximo órgano de gobierno de la UAZ ha aprobada una estrategia para que antes de concluir el año 2007 el porcentaje ascienda a, cuando menos, el 85 por ciento.

Estos avances evaluados por instancias externas, han permitido que la universidad pueda acceder a recursos federales extraordinarios; recursos que son concursables y no son regularizables, no forman parte ni se consolidan en el subsidio ordinario.

La Universidad Autónoma de Zacatecas ha reconocido y valorado el apoyo del gobierno federal y el estatal para la solución de añejos problemas estructurales, como el adeudo con el ISSSTE y la SHCP, lo que muestra los resultados de un continuo proceso de reestructuración, como lo evidencia el saneamiento de los programas federales aplicados, y la decisión de que tales recursos se aplique estrictamente cumpliendo las reglas de operación.

Por otra parte, vale la pena señalar que la actividad de extensión de la UAZ es igualmente trascendente: diariamente proporciona los 3 alimentos a mil jóvenes; da beca de hospedaje a 450, con recursos propios. Anualmente, proporciona atención a más de 14 pacientes en el ámbito odontológico; entre 80 y 100 personas son atendidas en la Clínica de acupuntura; se realiza una intensa labor de extensión hacia productores agropecuarios de la entidad; así como las unidades académicas están replanteando el modelo de servicio social, para tener una mayor incidencia a favor de los sectores más desprotegidos de Zacatecas.

En materia cultural, no podría entenderse la actividad que se realiza en la entidad sin la presencia fundamental de la universidad. Por eso, es el proyecto cultural más importante que han construido los zacatecanos. La Universidad Autónoma de Zacatecas, con 175 años de existencia, ha jugado un papel primordial en la vida económica, social y cultural: sus egresados se encuentran en todos los municipios de la entidad, en casi todos los estados de la república y en muchos países extranjeros.

Además, señoras y señores legisladores, hay un factor que no puede dejar de mencionarse: Zacatecas, por razones de orden económico y social, es una de las entidades con una menor cobertura en este nivel educativo para el grupo de edad con posibilidad de acceder a nivel superior: en el año 2000 era de alrededor del 13 por ciento, hoy casi llega al 16 por ciento, y la Universidad Autónoma de Zacatecas atiende a más del 70 por ciento.

Es de primordial importancia resaltar que Zacatecas es también una entidad con un elevado índice de migración. Una gran cantidad de jóvenes ha encontrado y encuentra en la UAZ una opción para evitar la migración hacia los Estados Unidos o hacia otras ciudades de la República Mexicana. Algunas personas han señalado que las universidades como la UAZ deben "ajustarse a los recursos disponibles", olvidando intencionadamente que cerrar las puertas a la educación superior provocaría un mayor número de migrantes. Por eso, esta universidad decidió no cerrar sus puertas. Por eso valoramos el significado de esta decisión y la urgencia de que se le asignen los recursos suficientes para que, por una parte, pueda hacer frente a la difícil situación de los próximos días, y se le proporcionen más recursos y se consoliden en el subsidio ordinario en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007.

La UAZ no sólo tiene oferta para los estudiantes de educación superior y de postgrado, sino también atiende el nivel medio y medio superior, 340 en el primer caso y 7 mil 100 en el segundo, bajo las modalidades escolarizadas y semiescolarizadas, socialmente pertinente y acorde a las necesidades de la entidad. No hay duda, pues de la pertinencia social y académica de la UAZ, es un hecho constatado, y por lo tanto necesaria e indispensable para la entidad y requiere un soporte financiero adecuado del gobierno federal que sea, además, correspondiente con el esfuerzo realizado por el gobierno estatal, que en los últimos dos años incrementó su participación del 12 a 21 por ciento en la composición del subsidio ordinario para esta institución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública para que de manera urgente remita recursos financieros a la Universidad Autónoma de Zacatecas por un monto de 134 millones de pesos, con el objetivo de que pueda solventar los gastos urgentes y necesarios que se desprenden de sus obligaciones contraídas tanto con acreedores diversos como con el personal académico y administrativo de dicha institución. Para terminar las dificultades financieras del año fiscal 2006, cantidad que deberá consolidarse en el subsidio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

Segundo. De igual forma, exhorta a las secretarías antes mencionadas para que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007, incremente de manera sustantiva, real y responsable las partidas que se destinen a esta máxima casa de estudios de los zacatecanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.

Diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS EN CHIAPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ARELY MADRID TOVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe, Arely Madrid Tovilla, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, con fundamento en lo que disponen los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a partir de las siguientes

Consideraciones

Uno de los factores imprescindibles que permiten impulsar el desarrollo pleno de las localidades, regiones o países son sin duda las carreteras y los caminos. Contar con vías de comunicación adecuadas, seguras y ágiles ha sido un justo reclamo e imperiosa necesidad de cualquier sociedad, por lo que han trabajado incansablemente, a través de sus diversas formas de gobierno, además de haber realizado enormes esfuerzos y canalizado cuantiosos recursos a su infraestructura carretera, ya que este tipo de servicios ha propiciado que en sus naciones se hable de superación, de realizaciones, de fortaleza y, sobre todo, de bienestar para su población.

En México, este gran esfuerzo también se ha llevado a cabo a lo largo de muchas décadas para transformar el país mediante la construcción de una infraestructura de enormes dimensiones, particularmente en el ámbito de las comunicaciones, lo que ha permitido estimular favorablemente el desarrollo regional en todas sus acepciones, de manera muy señalada en los temas económicos y sociales, que están estrechamente ligados a la facilidad y oportunidad que tengan los productores de miles de comunidades para poder transportar sus productos y tener acceso a los servicios más elementales, como la educación y la salud.

Sin embargo, también hay que reconocer que el desarrollo de este sector, esencial para el desarrollo nacional, no ha sido homogéneo y que, pese a sus avances, diversas regiones requieren ser comunicadas por vía terrestre.

En este marco, sobresale la situación que prevalece en la región sur de nuestro país, que ha dado tanto y contribuido de manera significativa con sus recursos humanos y económicos, pero sobre todo naturales, al crecimiento de nuestro país, además de ser baluarte y formar parte esencial del fortalecimiento del federalismo. Por ello cobra esencial importancia solidarizarnos con el sur del país, corresponder con hechos y obras a la generosidad excepcional de los chiapanecos, aliviar el sufrimiento y la lacerante situación que por cientos de años ha tenido que enfrentar esta entrañable tierra de nuestro país.

Incorporar el sur al desarrollo nacional es una necesidad que está por encima de intereses de partido, de grupos o de diferencias ideológicas o conceptuales. Por eso requerimos que todas las fuerzas, instrumentos y recursos de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad, de los inversionistas y del resto de las regiones de nuestra nación sumen sus esfuerzos para impulsar el desarrollo del estado de Chiapas.

Hay que reconocer que, a pesar de la prioridad presupuestal que se ha dado al sur en las dos últimas décadas, los resultados indican que los esfuerzos han sido insuficientes y que se requiere en forma urgente y sostenida hacer más con todos los instrumentos públicos que tienen el gobierno y la sociedad. Por todos es sabido que uno de los principales retos que enfrentamos los chiapanecos, a quienes me honro en representar ante esta soberanía, son precisamente las dificultades de comunicación, que tiene sus principales complejidades en lo agreste de su orografía, pero sin duda superable para integrar a sus pueblos y comunidades plenamente con el resto del país.

No hay que olvidar que la mayoría de la población indígena y campesina que habita amplias zonas de Chiapas está totalmente desconectada de la red nacional de caminos y carreteras. Eso deriva del hecho de que las decisiones de inversión en infraestructura han privilegiado su vinculación con el centro del país, en lugar de favorecer su desarrollo autónomo y su vinculación con los mercados locales, regionales y de exportación.

Necesitamos un desarrollo del sur capaz de superar el enorme reto de la desigualdad, a partir de la cooperación entre la federación, los estados y los municipios. Este desarrollo debe ser integral, reconociendo el carácter rural, indígena y joven de la población. Es necesario comprender la naturaleza estructural de los problemas del desarrollo del sur y resolverlos desde diversos frentes, pero compartiendo objetivos y acciones comunes.

Por todo lo anterior, deseo hacer un llamado a la solidaridad de mis compañeras y compañeros legisladores. Una vez más, los chiapanecos nos vemos obligados a apelar a la sensibilidad que esta Cámara ha mostrado en innumerables ocasiones, para seguir avanzando en la tarea de reducir la desigualdad, promover un desarrollo más equitativo y alcanzando una sociedad más justa. Por estas razones me permito someter a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 establezca como prioridad la conclusión de las obras de infraestructura carretera iniciadas en el presente ejercicio presupuestal, así como el inicio de las que se consideren dentro de la cartera de proyectos del gobierno federal para el ejercicio de 2007, correspondiente al estado de Chiapas.

Segundo. Se exhorta a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones para que, en el momento de la aprobación de los recursos económicos que serán destinados al sector comunicaciones y transportes, se incorpore una partida específica para la construcción de la red de caminos y carreteras en el estado de Chiapas.

En razón de que, en los próximos días, la Cámara de Diputados llevará a cabo el análisis, la discusión y las aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 y que este asunto está relacionado con dicho proceso, le ruego, señor Presidente, considerar el presente punto de acuerdo como de urgente resolución.

Finalmente, quisiera recordar que por vez primera el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se efectuará con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, por lo que respetuosamente hacemos un llamado para que no se haga una interpretación restrictiva o tramposa del artículo de la ley que limite las facultades del órgano autorizado para encauzar la política presupuestal nacional, sino una interpretación creativa y extensiva de la misma, tal y como fue el espíritu de los legisladores, con el propósito de que la Cámara de Diputados reivindique sus facultades directamente otorgadas por la Constitución para definir el Presupuesto de Egresos, buscando atender la promoción regional y equitativa del ingreso y el bienestar de la población de manera responsable y decidida y con el más elevado compromiso social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2006.

Diputados: Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF QUE FISCALICE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL PUERTO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA RASGADO CORSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada federal Gloria Rasgado Corsi, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La construcción de autopistas, puentes y accesos ha sido un factor fundamental en el desarrollo económico, político, social y cultural permitiendo la integración económica tanto nacional como internacional.

Esta necesidad no asegura que el método en el cual se otorga una construcción de una obra de infraestructura carretera, sea el más adecuado, claro, transparente e incorruptible.

En cuestión de infraestructura carretera se han presentado amargas experiencias tal como consta en la información de la auditoría de los libros blancos del rescate carretero de 1997.

El gobierno saliente ha presentado como uno de sus logros la transparencia, hecho que no pasa de ser más que una falacia.

En la actualidad se han encontrado irregularidades que considero graves porque de lo que estamos hablando es de recursos que emanan del pueblo.

En el caso del acceso al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, localizado en la carretera transítsmica en el kilómetro 5 más 900 metros dentro de la ciudad del mismo nombre, tenemos un ejemplo claro de ineficiencia.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el acceso al puerto de Coatzacoalcos tiene un costo inicial de 103 millones 611 mil 57.05 (Ciento tres millones seiscientos once mil cincuenta y siete pesos con cinco centavos) para la construcción de 4 kilómetros y medio.

Cabe mencionar que la obra fue programada desde el año 2003 sin que se realizara trabajo alguno, iniciando la obra hasta el ejercicio de 2005.

No obstante a este hecho, en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación a esa obra se le asignaron en el año 2003, 45 millones de pesos.

Para el año 2004, 35 millones.
En el 2005, 150 millones.
Y en año 2006, 110 millones.

Todo esto hace un total de 340 millones.

Es decir, el costo de la obra se incrementó en más de un 300 por ciento.

Es por ello que se pide un esclarecimiento del uso de los recursos públicos, ya que en una inspección física en el sitio donde se construye la obra, se ha podido constatar que ha tenido sólo un avance de 2.3 kilómetros; es decir, el 51 por ciento del total.

Otro de los aspectos que llaman la atención es el tortuguismo en que ha caído la realización de la obra.

Las compañías constructoras han sido sospechosamente protegidas y encubiertas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que públicamente se anuncia que serían rescindidos los contratos de obra, pero en los hechos ocurre todo lo contrario.

Este solapamiento a constructoras ineficientes nos hace suponer que estamos ante un hecho de corrupción.

De manera inexplicable la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha ampliado los plazos para la construcción.

La fecha de terminación fue programada para el 30 de diciembre del 2005, y el avance es mínimo. Sin embargo, esto es algo que no preocupa a los concesionarios pues entre mas tiempo se prolongue la obra estos seguirán recibiendo un mayor número de recursos públicos.

A la par, es necesario señalar que la obra del acceso al puerto de Coatzacoalcos ha provocado severos daños a colonias aledañas al sitio en el que se realiza la construcción; colonias que se hallan en zonas pantanosas, escasamente pavimentadas, carentes de drenaje pluvial y sanitario.

A ese hecho se agrega el pago de afectaciones a los colonos que tendrán que desalojar sus viviendas en el área por donde se construye el acceso al puerto de Coatzacoalcos, obra que forma parte del proyecto Plan Puebla-Panamá. Dichas afectaciones, por su baja cuantía, comienzan a generar un conflicto social en las colonias Adolfo López Mateos, Ampliación López Mateos, Coatzacoalcos y Ejidal, en las cuales habitan más de 20 mil vecinos.

Otro aspecto igualmente preocupante es la destrucción del entorno ecológico, provocado por las compañías constructoras.

Ante semejante indolencia, en mi carácter de diputada federal, secretaria de la Comisión de Comunicaciones, y por ser Coatzacoalcos el distrito que represento, informé a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la necesidad de realizar una auditoría técnica y financiera de la obra del acceso al puerto de Coatzacoalcos para esclarecer el destino de los recursos que en ella se invierten, el impacto económico por el retraso de la construcción.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría de los recursos utilizados en la construcción del acceso al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2006.

Diputada Gloria Rasgado Corsi (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE GARANTICE LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE APOYO DIRECTO AL INGRESO OBJETIVO, A CARGO DEL DIPUTADO JERICÓ ABRAMO MASSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presento a esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Vengo a esta tribuna, a solicitarles su solidaridad con los campesinos y productores algodoneros de la región de La Laguna, en mi estado Coahuila, así como con todos los demás productores de los estados.

Para nosotros es prioritario recuperar nuestro campo, hacerlo productivo, establecer nuevos cultivos, emplear la tecnología necesaria, y sobre todo, ser autosuficientes en nuestros consumos agropecuarios. Todos sabemos la triste realidad que vive hoy el campesino y las comunidades rurales, que producen el alimento vital para los mexicanos, a pesar de que ellos, muchas veces, sólo tienen unas tortillas, sal y chile para comer.

Somos producto de la Revolución Mexicana, campesina y popular, origen del México contemporáneo, de las instituciones que hoy sus enemigos quieren olvidar; sus objetivos: democracia y justicia social, reforma agraria y reparto de las riquezas. Los gobiernos post-revolucionarios, como el de don Lázaro Cárdenas del Río, crearon las instituciones sociales que beneficiaron a los campesinos y dieron origen al ejido, que los gobiernos neoliberales pretenden destruir; se creó el famoso milagro mexicano y la revolución verde, la repartición agraria, todo esto a pesar de quienes lo reprocharon porque se vieron afectados en sus intereses.

Los grandes errores y corrupciones, la explotación del campesino por parte de los grandes capitales y el despojo de sus tierra, los latifundios de la clase privilegiada disfrazados de seudo pequeños propietarios de la tierra y de una equivocada reforma al 27 constitucional, tienen al campo en el olvido, obligando a la migración -de más del 60 por ciento de la población rural y campesina- hacia el extranjero o a las zonas urbanas del país, donde forman los cinturones de miseria y hambre.

Respaldamos el punto de acuerdo presentado en el Congreso del estado de Coahuila, por parte de los diputados Jorge Abdalá Serna y Juan Alejandro de Luna González, del Grupo Parlamentario Jesús Reyes Heroles del Partido Revolucionario Institucional, para que se incluya y se amplíe, en el Presupuesto de Egresos de 2007, el Programa de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, en específico para productores de algodón.

En la presentación del Programa de Apoyos Directos al Campo, Procampo, se manifestaron las razones que le dieron origen.

En el Presupuesto de Egresos del año de 2003, aparece el Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconvención Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos, y Apoyos Directos al Ingreso Objetivo. En las Reglas de Operación de este Programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2003, se establece su objetivo: Se busca otorgar a los productores agrícolas certidumbre económica, mejorar su competitividad en el mercado y con ello una mayor rentabilidad económica, impulsando la diversificación productiva, la integración de las cadenas agroalimentarias y el desarrollo regional.

Ese año se le asignó un monto de 4 mil 655.6 millones de pesos, se garantizó un precio objetivo de 64 centavos dólar por libra de algodón pluma, y se fijó en 300 mil pacas el límite para este apoyo. Para el Presupuesto de 2004, se le asignaron 3 mil 958.4 millones de pesos a los Apoyos Directos Ingreso Objetivo, y una atención hasta 600 mil pacas. Para el Presupuesto de Egresos 2005, se asignó la cantidad de 2 mil 945 millones de pesos para Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, con una atención hasta 700 mil pacas; y para el Presupuesto de Egresos 2006, se dispusieron 4 mil 621.6 millones de pesos para Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, para hasta 700 mil pacas, lo que en términos reales significa una constante reducción de estos apoyos para el algodón.

Por lo anterior descrito, presento a esta honorable soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a que se garantice la continuidad del Programa de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, en específico para el algodón, en el Presupuesto de Egresos 2007, así como la revisión y asignación del monto suficiente para que se recupere la pérdida, en términos reales, de dicho apoyo.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de noviembre del año 2006.

Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ASIGNAR RECURSOS QUE GARANTICEN EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, A CARGO DEL DIPUTADO VICTORIO RUBÉN MONTALVO ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe diputado Victorio Montalvo Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura y del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Que con fecha 28 de noviembre de 1985 fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 40/33, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).

2. Que con fecha 20 de noviembre de 1989 fue abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la ONU en su resolución 4/25 la Convención sobre los Derechos del Niño.

3. Que con fecha 19 de junio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990, el Senado de la República aprueba la convención sobre los derechos de los niños, cuya entrada en vigor en el territorio nacional de los Estados Unidos Mexicanos tiene verificativo el 21 de octubre de 1990.

4. Que con fecha 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/113, adoptó las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad.

5. Que con la misma fecha, la Asamblea General en su resolución 45/112 adopta y proclama las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la delincuencia juvenil.

6. Que con fecha 7 de abril de 2000, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la obligación en el respeto del pleno ejercicio de los derechos de las niñas y los niños.

7. Que con fecha 29 de mayo de 2000, es publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

8. Que el Título Cuarto de la ley está dedicado a desarrollar las garantías y los derechos procesales constitucionales en caso de que un adolescente infrinja la ley penal, y que el articulado del citado título atiende a las reglas de Beijing y las directrices de Riad, y principalmente a los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, protegiendo, de esta forma, a niñas, niños y adolescentes de cualquier injerencia arbitraria o contraria a sus derechos humanos, haciendo obligatorias las garantías de presunción de inocencia, de celeridad, de defensa, de no ser obligado a careo judicial o ministerial, de contradicción y de oralidad en el proceso.

9. Que con fecha 29 de agosto de 2001 se firman dos convenios de colaboración entre la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El primero general, con el objeto de establecer las bases de colaboración para contribuir en una generación de una cultura de respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y para impulsar y promover tanto en la federación, como en las entidades federativas, las reformas a códigos y normas, respecto de los derechos de la niñez y adolescencia; el segundo especifico, mediante el cual UNICEF se obliga a prestar asistencia técnica al proceso de reformas legislativas sobre el sistema penal juvenil.

10. Con fecha 12 de diciembre de 2005, en cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por México, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto pro el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma que entró en vigor el día 12 de marzo de 2006.

La reforma en comento dispone a la federación, los estados y el Distrito Federal a establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que sea aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por los ordenamientos penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución para todo individuo.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 constitucional, el Senado de la República presentó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes así como reformas a diversos ordenamientos que se encuentran relacionados con la materia. Actualmente la minuta que dictamina la iniciativa presentada, se encuentra en las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación del honorable Congreso de la Unión, quedando pendiente su aprobación ante el Pleno, y así poder continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.

Consideraciones

a) A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Gobernación les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta enviada por la Cámara de Senadores con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y la Ley Federal de Defensoría Pública.

b) La creación de este nuevo sistema de justicia para adolescentes, despertó preocupaciones de gobernadores con base en que será el inicio de la creación de un nuevo sistema estructural, en virtud de que se encuentra basado principalmente en proteger los derechos humanos de los adolescentes y es un sistema que contempla las garantías al debido proceso y establece lineamientos que otorgan una verdadera reincorporación social, familiar y cultural de los adolescentes.

Motivo por el cual este nuevo sistema integral de justicia para adolescentes, representa una referencia estructural trascendental en el país, en virtud que requiere financiamiento suficiente a fin de llevar a cabo la creación de instituciones, órganos y especialización que se requieran para la aplicación del mismo.

c) La Conferencia Nacional de Gobernadores, en su XXVIII Reunión Ordinaria, celebrada el pasado 19 de mayo de 2006, en Ixtapan de la Sal, estado de México, instruyó a su Comisión de Seguridad Pública a efecto de que dé seguimiento a los siguientes acuerdos:

...

Décimo Tercero. A propuesta del gobernador Ney González Sánchez, y en el marco de las recientes reformas al artículo 18 constitucional, respecto de la instrumentación de un sistema integral de justicia para menores que ponga especial énfasis en la reintegración social y el tratamiento de los menores infractores, concediendo a los niños y adolescentes la calidad de sujetos de derechos y titulares de garantías, este pleno aprueba los siguientes puntos:

Llamar a la firma de un acuerdo de coordinación entre los gobiernos estatales y la federación, que contemple los recursos financieros necesarios para dar respuesta a la sociedad en esta nueva responsabilidad institucional.

Conjuntar los esfuerzos de la federación y las entidades federativas para enfrentar las tareas de capacitación y profesionalización de los responsables de velar y orientar a una nueva generación que requiere reincorporarse a nuestra sociedad.

Impulsar la elaboración de una ley tipo en el país que homogenice un modelo de legislación estatal en materia de justicia para adolescentes, en donde se plasmen los principios de la reforma constitucional.

De lo anterior se desprende la necesidad de proponer, se contemple etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo concerniente a la creación de este nuevo sistema de justicia, a fin de que se garantice el apoyo financiero de recursos, a los estados y el Distrito Federal que conforman la República Mexicana.

Asimismo el incluir etiquetas presupuéstales con la finalidad de apoyar al Poder Judicial a nivel federal y local; para llevar a cabo la creación y apertura de tribunales especializados en la materia.

Por todo lo anterior, someto respetuosamente a la consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que las medidas necesarias en el marco de sus atribuciones y en la legislación aplicable a fin de que asigne recursos suficientes para los 31 estados, el Distrito Federal y la federación dentro del ejercicio presupuestal del año 2007, con la finalidad de que le den el debido cumplimiento al mandato derivado de la reforma al artículo 18 constitucional, en sus párrafos cuarto, quinto y sexto, en materia de justicia para adolescentes.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de las facultades que le delega el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantice todo lo concerniente a que se etiqueten los recursos suficientes dentro del Proyecto de Presupuesto 2007 enviado por el Ejecutivo federal, con el objeto de permitir el debido funcionamiento del sistema de justicia para adolescentes.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 5 días de diciembre de 2006.

Diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONTINUAR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO EN NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los diputados federales por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea propuesta con Punto de acuerdo mediante el cual se solicita que se destinen recursos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, para continuar la ampliación de la Línea 2 del Metro, a fin de conectar los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y General Escobedo, Nuevo León, con fundamento en los siguientes

Antecedentes

I. Con la finalidad de contar con un sistema de transporte público limpio, rápido y de bajo costo, se inició el 18 de abril de 1988 la construcción de la Línea 1 del Metro en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y municipios conurbados, y tres años después, el 25 de abril de 1991, arrancó su operación. Posteriormente, debido a la enorme demanda de transporte público en esta zona metropolitana se inicio la construcción de la Línea 2, en febrero de 1993, la cual fue inaugurada el 30 de noviembre de 1994, por lo que la presente propuesta de ampliación llega casi 10 años después de la terminación de la primera fase de la Línea 2.

II. Con el firme propósito de atender las necesidades de transporte colectivo de la población neoleonesa, el gobierno estatal inició los trabajos para la ampliación de la Línea 2 del Metro el 8 de agosto de 2005; dicha ampliación consta de 8.5 kilómetros, que abarcará 7 estaciones, con lo que se extenderá el servicio del Metro desde el municipio de Monterrey hasta el de General Escobedo, pasando por el de San Nicolás de los Garza.

III. Es importante mencionar que el costo del proyecto se estima en un monto total de 3 mil 12 millones 143 mil 289 pesos, correspondientes a las obras de subterráneo, de transición, elevado, segmentos del Viaducto elevado y obras inducidas. Cabe destacar que el presidente de la república expresó, en su momento, el compromiso de aportar una tercera parte del costo total de la obra con recursos de la federación, para continuar la ampliación del la Línea 2 del Metro.

IV. Con la finalidad de cumplir dicho compromiso adquirido, se asignaron durante el inicio del proyecto en mención, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, dentro del Ramo 9, en el rubro Infraestructura Ferroviaria, 430 millones de pesos para Metro Monterrey, monto que no fue entregado sino hasta diciembre del mismo año, en virtud de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal contra la Cámara de Diputados, por lo que se ejerció en 2006.

V. Tomando como referencia la aportación realizada en 2005 por la federación para la ampliación de la Línea 2 del Metro, es de señalar que queda aún pendiente por otorgar a Nuevo León la cantidad de 570 millones de pesos, por dicho concepto, para cumplir el compromiso del presidente de la república de aportar una tercera parte del monto total del proyecto.

Se precisa que los recursos que se solicitan son para continuar una obra en marcha, por lo que a efecto de ampliar la información de este proyecto, y que cuenten con más elementos de juicio nuestros compañeros legisladores, respecto a la necesidad que tiene el pueblo de Nuevo León de que sea aprobada la asignación de los recursos correspondientes para este Ejercicio Fiscal de 2007, presentamos a continuación datos sobre el avance y beneficio social de la obra:

Avances

Durante el año en curso se continuaron los trabajos con recursos estatales; de lo realizado en el proyecto se destacan al día de hoy los siguientes avances:

Por lo anterior, presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal que destine del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el monto de 570 millones de pesos para la ampliación de la Línea 2 del Metro, a fin de mejorar y extender este servicio de transporte público a los habitantes de los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y General Escobedo, Nuevo León.

Segundo. Que se remita copia del presente punto de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, para su conocimiento.

Tercero. Que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes, para su estudio y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 28 de noviembre de 2006.

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya, Gustavo Fernando Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Rodrigo Medina de la Cruz, Juan Manuel Parás González, Ramón Salas López (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR DIVERSAS CARRETERAS Y PUENTES EN SAN GABRIEL, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR HUGO GARCÍA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura e integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En nuestro país coexisten zonas y municipios caracterizados por un marcado atraso socioeconómico junto a otras zonas y municipios que poseen mayores ventajas y niveles de desarrollo, y esto se presenta a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por desgracia, tal situación prevalece aún en las entidades de mayor crecimiento relativo y absoluto, como es el caso del estado de Jalisco; ahí un municipio en particular, el de San Gabriel, muestra carencias que no deberían existir en el siglo XXI en nuestro país.

El municipio de San Gabriel cuenta con una población de 13 mil 378 habitantes (II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), distribuidos en setenta y dos localidades, una sola, la cabecera municipal, concentra 4 mil 190 habitantes; sólo los municipios de Alista, El Jazmín y Jiquilpan concentran 3 mil 650 habitantes, y el resto, 68 localidades, 5 mil 538 habitantes. La población rural es de 70 por ciento y 30 por ciento la urbana.

Si bien es cierto que en lo general cuenta con una infraestructura de comunicación en el exterior, a través de la carretera Guadalajara-Sayula-San Gabriel, o por la autopista Guadalajara-Ciudad Guzmán-San Gabriel y Ciudad Guzmán, vía el Jazmín-San Gabriel y por el Grullo-Tonaya-San Gabriel, también es cierto que, en lo particular, no cuenta con una infraestructura que comunique al interior, tal es el caso de más de 30 pequeñas localidades, que concentran la mayor población del municipio, por lo que es necesario e indispensable la construcción de los puentes El Puerco y El Platanito, en la comunidad de Alista (Alista-Penal), así como también la construcción del camino al panteón, el entronque de camino Alista-Copala y el andador Alista-San Isidro, de igual forma, se requiere mantenimiento de las carreteras.

Lo anterior permitirá que una gran cantidad de la población acceda a los servicios de salud que son prestados por la Secretaría de Salud del gobierno del estado, a través del Centro de Salud Solidaridad, y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Clínica 63, unidad de medicina familiar.

Asimismo, permitirá el acceso a la infraestructura educativa del municipio, que si bien ha crecido, el hecho de que exista en el mismo ciclo un decremento en general de alumnos y profesores se debe fundamentalmente a la imposibilidad física para su acceso de parte de las pequeñas comunidades con menos población.

Una manera de reducir desigualdades regionales y abatir diferencias en los niveles de vida que presentan nuestros conciudadanos es que el Gobierno Federal impulse y financie la construcción de infraestructura productiva y social en aquellos lugares en que se necesita con mayor urgencia, tal como en el caso al que hago referencia.

Los y las legisladores tenemos el mandato y la responsabilidad de coadyuvar a la mejor canalización de de los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos menos afortunados. También tenemos la obligación de escuchar a los ciudadanos en sus solicitudes de apoyo.

Por tal motivo, hago eco de los ciudadanos de San Gabriel frente a esta honorable asamblea, a fin de que se les apoye con la construcción de obras y concesión de operación de una radio frecuencia.

En consecuencia, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones del Presupuesto y Cuenta Pública, de Transportes, y de Comunicaciones, a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida presupuestal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destinada a la construcción de diversas carreteras y puentes en el municipio de San Gabriel, estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de Noviembre de 2006.

Diputado Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA FORTALECER LAS FINANZAS Y ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EDUCATIVA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para fortalecer las finanzas universitarias y elevar la competitividad educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con base en los logros obtenidos e institucionalmente reconocidos.

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

Entre nuestras mejores casas de estudios superiores, al igual que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encuentra la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, testigo de más de cuatro siglos de construcción del Estado y de la nación mexicanos.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la única institución educativa de nuestro país que tiene sus raíces en el siglo XVI y es una de las más antiguas del continente que reconoce sus orígenes en el Colegio del Espíritu Santo, fundado por los jesuitas en 1587 a petición del cabildo de la ciudad de Puebla, quien solicitó al provincial de los jesuitas en la Nueva España la fundación de una institución educativa el 14 de abril de 1578.

En la actualidad, y gracias al importante trabajo de investigación que se realiza en el archivo histórico de la universidad se está rescatando, paso a paso, la historia del más antiguo de los colegios de enseñanza superior que ha estado vigente de manera permanente en el país, pues aunque la Universidad Real y Pontificia de México se inauguró en 1554 -siendo la segunda del Continente Americano-, dejó de funcionar en 1821, al consumarse la Independencia, y se restableció hasta 1910.

Así pues, podemos considerar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como la más antigua, puesto que las instituciones educativas que se fundaron en México antes de 1587 ya no existen en nuestros días.

Épocas de esplendor marcaron sus inicios en la época colonial. El Colegio del Espíritu Santo funcionó como tal desde su fundación en 1587 hasta la expulsión de los jesuitas en 1767 debido a los inminentes matices religiosos que contravenían los intereses de la corona, pero no interrumpió su labor educativa porque la diócesis de Puebla lo mantuvo secularizado, hasta 1790, cuando la institución por excelencia pudo fusionarse con los Colegios más representativos de la región, como lo fueron los de San Jerónimo y de San Ignacio en el Real Colegio Carolino, y que fue en honor de Carlos III, quien ordenara que se reunieran bajo su patronato, quedando así hasta que se convirtió en colegio del estado, en 1825.

No sería posible comprender la función histórica de la Institución sin el conocimiento de las aportaciones de las órdenes que pugnaron por los propósitos evangelizadores y educativos. Datos reveladores de la gaceta histórica de la BUAP nos advierten sobre la función trascendental de los jesuitas por conformar una magna biblioteca con los libros que habían traído de España; así también, publicaron muchos de los primeros textos de estudios superiores, lo mismo que gramática de lenguas indígenas, trajeron el conocimiento de la bóveda de gran clave y el templo de La Compañía, que fue el primero de la Angelópolis que se construyó completamente abovedado y con cúpula en el crucero.

Además, introdujeron conceptos arquitectónicos diferentes a los de la época. De los primeros alumnos notables lo fue don Carlos de Singüenza y Góngora; posteriormente encontramos en sus aulas, como estudiantes o maestros, a los grandes humanistas mexicanos del siglo XVIII: Francisco Javier Alegre, quien escribió la más completa obra que se tiene memoria de la actividad misional y evangelizadora de los jesuitas en territorio mexicano, y siendo para muchos críticos la crónica religiosa más hermosa que se escribió durante la colonia denominada Historia de la Provincia de Jesús en la Nueva España; Francisco Javier Clavijero, a quien le debemos la obra Historia antigua de México y la Historia antigua de California", además de extender sus conocimientos de las ciencias físicas, las ciencias naturales y las matemáticas, lo mismo que el estudio de los clásicos latinos y castellanos y, Rafael Landívar, autor de La rusticatio Mexicana, y quien concluye con una exhortación a la juventud que sintetiza el más elevado pensamiento de la educación jesuita:

Después de lograda la independencia de México, la institución sufre un reacomodo, debido a que en el lapso de 1820-1821 -tiempo en que vuelven los jesuitas- se inician los cursos el 2 de octubre de 1820, llamándose Real Colegio del Espíritu Santo, de San Jerónimo y San Ignacio de la Compañía de Jesús. Pero el 22 de diciembre del mismo año son de nuevo expulsados.

No obstante, una vez consumada la independencia, la regencia del primer imperio autoriza el restablecimiento del colegio, bajo el nombre de Imperial Colegio de San Ignacio, San Jerónimo y Espíritu Santo, durante el período de 1821-1825.

No fue hasta que se transformó en colegio del estado, en 1925, que se convirtió en la máxima casa de estudios de la entidad federativa. La caída del imperio y el gobierno provisional precipitaron cambios muy importantes en la estructura del colegio. En 1825 el Congreso Local le otorga al gobierno la «suprema inspección sobre el Colegio del Espíritu Santo». Se convierte así en el colegio del estado. No obstante que se logró la completa separación de las autoridades eclesiásticas en el gobierno del colegio, sus rectores continuaron siendo sacerdotes.

En 1833-1834 el colegio pasa por una de las crisis más graves de su historia. En 1843 contaba con 233 alumnos. A pesar de la crisis, egresaron del colegio hombres de la talla de José María Lafragua, Fernando y Manuel Orozco y Berra Manuel Carpio, entre otras personalidades. En el mismo año se le conoce como Colegio Nacional. En 1855 se implanta el Plan General de Estudios, promulgado por Santa Ana.

Durante la intervención francesa y el segundo imperio, conocido como el nuevo paréntesis imperial (1862-1866) el colegio y la ciudad se sienten atraídos por la aparente seguridad que ofrecía el nuevo gobierno. Lo efímero del imperio y las dificultades económicas y políticas impidieron la modificación de las estructuras del colegio.

El liberalismo le impregna a la institución una estabilidad educativa prolífica. A la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo, el colegio se transforma totalmente. Las ideas liberales sustituyeron las normas santanistas en la educación. Numerosos hombres del liberalismo se trasladan a organizar la educación en Puebla. Entre ellos Ignacio Ramírez «El Nigromante» y Guillermo Prieto, pero el más destacado es Ignacio Manuel Altamirano, quien tomó posesión como presidente (rector) a principios de 1881 y realizó importantísimas modificaciones, que perduraron hasta la transformación del colegio en universidad. Los finales del siglo XIX y comienzos del XX constituyen el apogeo del colegio del estado.

Durante el siglo XIX se establecieron en el colegio las carreras de medicina, derecho, química y farmacia, ingeniería civil, obstetricia y se fundaron los laboratorios de física y química, así como el observatorio astronómico y el sismológico.

En el periodo de la Revolución, a principios del siglo XX, los estudiantes dieron muestra de los altos ideales que se les había inculcado y participaron denodadamente, para socavar la dictadura que agobiaba al pueblo, con un afán de renovación social, por lo que el colegio nunca fue ajeno a esta realidad. Cuando Madero vino a Puebla, los estudiantes le hicieron patente su solidaridad; esto les acarreó represalias a Alfonso G. Alarcón, Luis Sánchez Pontón, Gil Jiménez y otros que se sumaron a la causa maderista en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Posteriormente, el colegio fue cerrado el 24 de julio de 1919.

Desde 1926, un año después de haberse celebrado el primer centenario del colegio del estado, estudiantes y maestros empezaron a promover la idea de que el Colegio que tanto prestigio había alcanzado ya se elevara a la categoría de Universidad. Las condiciones estaban dadas; contaba con la preparatoria y cinco carreras profesionales, sustentadas por un cuerpo docente que reunía a los intelectuales y profesionistas más connotados de la ciudad. A pesar de ello, y por muy diferentes causas, no se logró que el colegio del estado se erigiera en universidad sino hasta el 5 de mayo de 1937, en que dio a conocer un decreto del Congreso del estado, fechado el 23 de abril del inmediato anterior, durante el gobierno y a iniciativa del general Maximino Ávila Camacho, quedando legalmente instituida la Universidad de Puebla. Esta transición universitaria no sólo fue un cambio de nombre, sino que requirió de un proyecto muy bien elaborado que justificara la nueva categoría de la institución. En efecto, en 1938 se dio a conocer dicho proyecto, que en su introducción dice:

La autonomía de la Universidad era un intenso anhelo desde por lo menos 1937. Diecinueve años después -1956- se hace realidad. El curso de este movimiento consta de varios anteproyectos elaborados por agrupaciones de alumnos y que, aprovechados por la Federación Estudiantil Poblana de 1956-57, toma forma definitiva. Por manifestaciones estudiantiles, apoyadas por la prensa, el 23 de noviembre de 1956 se publica en el Periódico Oficial la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla. A partir de su autonomía, aunque restringida -pues el nombramiento del rector lo hacía un consejo de honor, cuyos miembros eran designados por el gobernador del Estado y la Universidad. En esta ley, ante un consejo de honor con facultades superiores al consejo universitario, habría de ser motivo de disputa entre universitarios liberales y conservadores hasta la modificación de la ley en 1963, en la que el consejo de honor desapareció como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica que otorgó a la Universidad la autonomía plena, pues el gobierno del estado dejó de intervenir por medio del consejo de honor en la designación de los rectores, y éstos fueron elegidos por el voto universal de la comunidad universitaria.

Aunado a ello, por la rápida industrialización de la ciudad, ésta empezó a crecer inusualmente. En muy poco tiempo se pasó de 700 mil habitantes a más de un millón y, por tanto, aumentó considerablemente la población estudiantil. Mientras en 1956 la Universidad contaba sólo con 2 mil 500 alumnos, para 1963 esta cantidad se había duplicado, y hacia 1967 la población estudiantil ascendía a 10 mil estudiantes.

Hecho importante fue durante la animadversada lucha ideológica durante las décadas de los sesenta, con la edificación de lo que sería el complejo universitario, hoy Ciudad Universitaria, producto de la urgente necesidad por conseguir un espacio óptimo en el que las escuelas confluyeran en uno sólo y que, por iniciativa del doctor Alberto Guerrero Covarrubias, rector entonces, y con el respaldo del gobernador del estado Aarón Merino Fernández se obtuvieron los terrenos, y la fundación Jenkins se encargó de financiar la edificación. Ciudad Universitaria fue concluida el 15 de diciembre de 1968.

Otro acontecimiento importante para la vida universitaria fue la creación del Hospital Universitario, cuando en 1972 el gobierno del estado cedió a la institución el Hospital Civil de la Ciudad. Más tarde se construyó el moderno hospital que funciona en la actualidad.

El 1 de abril de 1987, los diputados de la Quincuagésima Legislatura, como Carlos Barrientos de la Rosa, Guadalupe Sánchez Lozada, Miguel Guerra Castillo, Antonio Castelán Guarneros y Roberto Pozos Cuspinera, sometieron a la consideración del Congreso del estado la iniciativa de declarar Benemérita a la Universidad Autónoma de Puebla, iniciativa que fue aprobada en la sesión del 2 de abril de 1987, emitiéndose el decreto correspondiente.

En 1990, y mediante foros de consulta pública, se modificó nuevamente la Ley Universitaria y se inicia un despliegue definitivo de la universidad hacia el más promisorio de los futuros.

Para 1991 la LI legislatura local aprobó la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que, por último, fue actualizada el 10 de diciembre de 1998.

Desde su génesis, la institución educativa, hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, goza de una vida sin interrupciones -salvo en raras ocasiones y por lapsos muy breves-: Colegio del Espíritu Santo de 1587 a 1767; Colegio Secularizado, de 1767 a 1790; Colegio Carolino, de 1790 a 1825; Colegio del Estado de Puebla, de 1825 a 1937; Universidad de Puebla, de 1937 a 1956, y Universidad Autónoma de Puebla, de 1956 a la fecha, mereciendo el título de benemérita, otorgado por el Congreso del estado de Puebla, en 1987, y reiterado en la Ley Universitaria de 1991. Durante sus 419 años, la institución cambió varias veces de nombre, su labor de forjadora de la juventud poblana ha sido prioridad.

Actual y merecidamente, la institución se honra a sí misma al honrar a sus fundadores. Ahí queda, esperemos que para siempre, el hermoso edificio carolino, como un monumento a la gloria de los hallazgos de nuestros artistas, las disertaciones de nuestros filósofos, las indagaciones forjadas en sus aulas, como un ejemplo para las futuras generaciones.

De estas lecturas históricas que, repito, se encuentran plasmadas en las gacetas históricas de la universidad, se desprende la imagen de una universidad en transformación y perfeccionamiento permanentes, que ha sabido colocarse al ritmo de los tiempos luchando por la vanguardia, siempre vinculada a la ciencia y la cultura y ligada a los mejores intereses del pueblo mexicano, siendo hoy por hoy, una de las mejores universidades estatales del país debido a que su proceso de consolidación así lo ha demostrado.

II. En defensa de la educación superior

La decisión del Constituyente de garantizar la educación pública, universal, gratuita, humanista, democrática y garante de la igualdad y la tolerancia, constituye un acierto hasta nuestros días. La educación pública es piedra angular de la permeabilidad social, surgida del estudio y del esfuerzo individual y colectivo; difunde los mejores valores nacionales y desarrolla proyectos de gran reconocimiento científico en todos los campos. Por ello, requerimos apoyarla de manera creciente, a efecto de lograr su transformación cualitativa, a la altura de las expectativas sociales y económicas del siglo XXI.

Las universidades públicas de educación superior de nuestro país se han enfrentado en los últimos años a una situación sumamente difícil, debido a las restricciones financieras que les ha impuesto el gobierno federal, ante la ausencia de un criterio definido para la asignación de subsidios, que están sujetos a los montos presupuestales de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conformar el subsidio ordinario, que sirve para cubrir el gasto corriente que se destina al sostenimiento de la operación regular de las instituciones de educación superior (IES), con la intervención de las autoridades universitarias de cada estado. Cabe mencionar que a través de la renovación periódica de los convenios presupuestales entre las dependencias y las universidades se fijaba un monto denominado de irreductible, siendo éste el subsidio en el que se presupuestaba un monto igual al costo operativo del ejercicio del año anterior, considerando un incremento para cubrir el aumento de los costos asociados tanto a servicios personales como a gastos de operación (fundamentalmente son incrementos al salario), pero la evidente falta de planeación en el mediano y largo plazos propició la desaparición del concepto de irreductible; es decir, ya no existe la garantía de recursos que sirvan de base para poder planear ni presupuestar para el ejercicio 2007 por parte de todas de las universidades públicas estatales, aunado a la falta de reconocimiento de la calidad, cobertura e impacto de las instituciones de educación superior (incluye universidades públicas estatales y federales, tecnológicas, politécnicas, interculturales-bilingües e institutos tecnológicos, centros de investigación, entre otras instituciones), lo que las obliga a recurrir a otras fuentes de financiamiento para la atención de obligaciones en el corto plazo, encareciendo y reduciendo los costos aplicados.

De acuerdo con datos proporcionados por el Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la matrícula en educación superior pasó de 2 millones 147 mil 100 estudiantes en el ciclo escolar 2001-2002, a 2 millones 430 mil 963 en el ciclo 2003-2004; es decir, 283 mil 863 estudiantes más, lo que representa un crecimiento de 13.22 por ciento en el periodo; mientras que el financiamiento a partir de 1994, cuando se registró el mayor apoyo presupuestal, apenas creció en 3.5 por ciento, en promedio anual, hasta ese periodo, pero bajo esquemas de asignación distinta que pusieron atención a los llamados subsidios extraordinarios. Fuentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportan que para el ciclo 2005-2006 la población escolar que asistió a las IES ascendió a 2 millones 492 mil alumnos, 61.8 mil más que en el periodo previo, y estima que esta matrícula se incremente en 3 por ciento para el próximo ciclo escolar. Se calcula que las 34 universidades públicas estatales (UPE) para este ciclo escolar 2006-2007 concentren alrededor de 850 mil alumnos en algún plan de estudios, de un total aproximado de cerca del 50 por ciento del total de matriculados en educación superior (www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Cobertura)

En el ciclo 2005-2006, el 3.3 por ciento correspondió al nivel de técnico superior universitario; 5.8 por ciento a la educación normal; 84.6 por ciento a la licenciatura universitaria, de los cuales más del 65 por ciento se imparten en las universidades públicas estatales y tecnológicas, y el 6.3 por ciento cursó estudios de postgrado. Derivado de esta expansión, la educación superior se habrá incrementado en casi 500 mil alumnos durante los seis años de la actual administración.

Actualmente, la SEP arguye que se destinan 45 mil 600 pesos por alumno en educación superior, cifra que contrasta con los 34 mil 100 pesos que se erogaban por estudiante en el 2000, aunque surgen discrepancias con la dependencia sufrida por las instituciones de educación superior y con los recortes presupuestales asentados en los proyectos de egresos que ha enviado el Ejecutivo, traduciéndose que, en promedio, las universidades públicas estatales y federales dependen en promedio en un 65 por ciento de los subsidios federales, y desagregando la obtención de recursos extraordinarios a través de fondos compartidos como el Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior, el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, el Fondo para la Modernización de la Educación Superior, el Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES, el Programa de Ayuda al Desarrollo Universitario, Fondo de apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales, y también a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (CAPCE-FAM-Ramo 33) y de apoyos directos por parte del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, sujetos a reglas de operación.

Desde luego no es de extrañar que, ante el limitado apoyo que reciben las universidades públicas estatales por parte del gobierno federal -pues gran parte de éste viene comprometido y fiscalizado-, se tiende a fortalecer indirectamente a las instituciones privadas, a las cuales recurren no pocos de aquellos sectores sociales que no pueden ingresar a las primeras debido a las restricciones en su matrícula. La BUAP, tan sólo para el año 2000 sólo ofertó 12,587 espacios de un total de 23,306 aspirantes a ingresar; para éste año, la Universidad aceptó únicamente 15,689 lugares de 32,858 aspirantes a pesar del máximo esfuerzo de las unidades académicas para dar oportunidad a un mayor número de estudiantes, pero se vio imposibilitada en aceptar el 51 por ciento de los aspirantes. Sin embargo, son sectores reducidos los que deciden pagar las elevadas cuotas de las universidades privadas, ya que la mayoría de los estudiantes que desean cursar la educación superior ven truncadas sus aspiraciones.

Algunos sectores gubernamentales y de la iniciativa privada sostienen que la crisis de la universidad pública estriba en su bajo nivel académico, lo cual propicia que sus egresados no estén en condiciones de desenvolverse adecuadamente en el mercado de trabajo. Esto es un verdadero mito: la universidad pública mexicana, en realidad, cuenta con un grado de excelencia al nivel de las mejores universidades del orbe, prueba de ello, es que no hay una universidad en el mundo que tenga un sistema de enseñanza y de aprendizaje generalizado, sino que la especialización en ciertas áreas del conocimiento es lo que impulsa y fortalece la presencia de las mejores universidades del extranjero, al igual que en el país, sin menoscabo del factor de subsidiariedad por parte de los gobiernos centrales.

En nuestro país hay talento y calidad, por lo que hay que defender la vigencia, sustento y fortaleza de la Universidad Pública, La "fuga de cerebros" es síntoma de la calidad y prestigio de las Universidades mexicanas, pero que los incentivos y estímulos económicos para proseguir en posgrados y especialidades, dificulta su estadía en el país, aunado a las aspiraciones de los estudiantes por laborar en el extranjero debido a las percepciones que desean obtener, siendo un problema estructural y de fondo. El costo-beneficio en la educación superior ha sido marginalmente marcado, así lo afirma la doctora Heriberta Castaños Lomnitz, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en una entrevista realizada por el grupo periodístico Reforma en octubre del presente año, y quien afirma también que en México, a pesar de la falta de cifras oficiales de los talentos que han emigrado a otros países en busca de mejores oportunidades, estima que, desde 1973 a 2006 la cifra ronda los 100 mil talentos, enfocados a actividades de ciencia y tecnología; de cada mil estudiantes que salen a incrementar su nivel educativo, sólo regresan 200.

En los anales de las discusiones parlamentarias, encontramos argumentos que han sido validos, fiables y vigentes para observar la actitud del gobierno federal en los últimos años para incrementar o disminuir los recursos a la educación superior, actitud opaca y poco congruente con su discurso, es decir, en materia educativa ha señalado al presentar el Programa Nacional de Educación 2001-2006 que

En su sexto informe, el titular del Ejecutivo federal mencionó la creación de 85 centros de educación superior entre 2001 y 2006, de los cuales 24 son universidades tecnológicas; 11, universidades estatales; 18, universidades politécnicas; 27, institutos tecnológicos; 4, universidades interculturales bilingües, y una, universidad pública federal, por lo que no desestimamos estas acciones contundentes y proactivas.

Pero que a costa de la reducción de los recursos a las universidades públicas estatales en los últimos años, no podemos pensar lo mismo, pues éstas últimas son fundamentalmente instituciones educativas que requieren el reforzamiento en los cimientos de su quehacer educativo e histórico y de tradición para muchos estados, para poder alcanzar la tan anhelada educación de equidad con calidad sin que contraiga omisiones ni premuras por parte de las políticas educativas como las que manifiesta el Ejecutivo. Conviene señalar que nuestro país se caracteriza por la desigualdad de oportunidades; pues mientras en el Distrito Federal la cobertura de educación superior es de 40 por ciento, en Puebla es de 22 por ciento, y de ésta sólo el 40 por ciento corresponde a matrícula atendida por instituciones públicas.

No escatimamos el avance que obtuvo la Cámara al conformar el Fondo para los Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, aunque la encargada de diseñar y ejecutar las políticas educativas federal (la SEP), dejó temporalmente de asignar recursos periódica y eficientemente, durante más de cuatro meses, a las universidades en el 2004. Además este fondo, al igual que el Fondo de Equidad, sigue manteniéndose bajo la tutela de la Cámara de Diputados para su justa asignación, por lo que prevalece la discrecionalidad en cuanto su asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y esta no va a ser la primera vez que en el seno de este recinto legislativo se discutan los presupuestos para las universidades públicas; situémonos en el 2005, en la LIX legislatura, en donde a pesar de que esta Cámara realizó en el Presupuesto de Egresos reasignaciones a favor de la educación superior, corrigiendo el proyecto del Ejecutivo, que procedía con recortes presupuestales a las Universidades Públicas, éste último procedió al recurso de la controversia constitucional, desproveyendo de recursos a las universidades y afrontándolas al reajuste presupuestal, en detrimento de las generaciones de estudiantes que aspiraban ingresar a la Universidad Pública como única alternativa para su preparación y desarrollo.

En medio de la LIX legislatura, y en base a la materia objeto de nuestra proposición, encontramos lo manifestado por el diputado Salvador Martínez Della Rocca, quien fuera en ese entonces presidente de la Comisión de Educación, y quien se había pronunciado en contra de los planteamientos que el Ejecutivo proponía, al reducir inicialmente a un 23 por ciento los recursos a las universidades públicas estatales, por un total de 4 mil 615.2 millones de pesos, incluidas las diez universidades más pobres del país, y a las cuáles también les cancelaba los fondos adicionales 2005 para dejarlas a un monto igual al de su presupuesto del año anterior, antecedentes reservados en los debates de la propia Cámara.

Por lo que la ANUIES advirtió, por su parte, que "de concretarse las tendencias presupuestales a la baja para finales del sexenio, éste concluirá con un decremento en la inversión a las universidades, al pasar de 0.62 por ciento del PIB en el 2001, a 0.50 por ciento del PIB en el 2006; es decir, un 50 por ciento menos de la meta que se trazó en el inicio, de llegar al 1 por ciento del PIB"; en cuanto el gasto federal por alumno, este organismo prevé que para el cierre 2006 se transite de 36 mil, 519 pesos en 2000 que ellos registran, a 28 mil 212 pesos, por lo que infirió que "cada vez se ha hecho más grande la brecha entre el subsidio federal que se da a las Universidades federales y a las locales, desigualdad que representa el 18.9 por ciento".

Requerimos inversión educativa en todos los niveles, pero principalmente en el superior, si queremos contrarrestar los efectos negativos que ha arrojado la globalización como fenómeno de la competencia en la interrelación comercial, financiera y de tecnología; no podemos eludir las disparidades educativas ni mucho menos ahondarlas con sortear las presiones sin democratizar los subsistemas de educación.

Como se ha concebido en ocasiones pasadas, éste y otros temas quedan asentados en el marco de la reforma del Estado, a través de la llamada reforma educativa, en la que si el federalismo pugna por un desarrollo regionalizado a la orden de la redefinición de competencias y responsabilidades, descentralizando los recursos asignables para su ejercicio, la educación Superior sería una vertiente para adecuarla a las condiciones y necesidades de las entidades federativas.

III. Diagnóstico institucional y educativo

Esta universidad tiene actualmente una de las matriculas más altas de alumnos en el país ubicándose como la cuarta mayor, con 56 mil 977 y, registrando un incremento de 10 mil 290 alumnos en el sexenio. Lo anterior representa una captación superior a 50 por ciento del total de estudiantes del nivel educativo superior en el estado, a pesar de las restricciones financieras que limitan la construcción de nuevos espacios físicos y de la reducción de los mismos como resultado de un mayor número de laboratorios de docencia e investigación e independientemente del número y calidad de sus maestros. La institución mantiene una oferta académica de más de 160 programas entre bachillerato, subprofesional, técnico superior, especialidad postécnica, licenciatura y postgrado, sobresaliendo que el 50 por ciento de los programas son posgrados.

Su reconocimiento y trabajo le ha permitido ofertar un amplio catalogo de licenciaturas, maestrías y doctorados, además de ser parte activa en múltiples áreas de la investigación. Sin embargo, desde hace varios años padece una severa crisis económica que ha tenido como efecto la falta de solvencia del hospital universitario, la falta de incremento salarial a sus trabajadores y el riesgo que implica la respuesta oportuna y suficiente a sus pasivos laborales, así como el financiamiento para consolidar el proyecto "Minerva" como resultado de la consulta universitaria y desafío para la implementación de políticas educativas universitarias, consistente en la acreditación de la calidad académica del resto de los programas de las 35 unidades con las que cuenta la institución en los 9 campus en el interior del estado y el de Ciudad Universitaria.

Uno de los avances importantes que le ha dado reconocimiento nacional e internacional es la investigación que la Institución provee en distintas áreas del conocimiento, principalmente de en las ciencias naturales y exactas, esto en función de los programas de calidad reconocidos por organismos e instituciones de educación superior, prueba de ello, es que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla obtuvo en el mes de agosto del presente año el Premio SEP-ANUIES, por ser una de las mejores universidades con mayor fortalecimiento y desarrollo institucional en el país, reconocimiento que incluye el esfuerzo para el desarrollo mediante procesos de planeación participativa y al apoyo a la comunidad universitaria.

De igual manera, la institución fue avalada personalmente por el Ejecutivo federal, bajo el reconocimiento a la calidad académica por haber logrado que el 88 por ciento de la matrícula, hoy 93 por ciento asiste a programas de calidad acreditada y como una de las 10 instituciones de educación superior, públicas y privadas, que se reconoce con mayor producción científica del país y de los mejores indicadores de desempeño por encima de la media nacional, acción ejercida por el que de los 5 mil 536 académicos que imparten clases, el 78 por ciento cuenta con posgrado y el 27 por ciento con doctorado, por lo que los docentes se encuentran entre los mejores habilitados del país. Con becas del Programa de Mejoramiento al Profesorado se han podido graduar y, 525 de los docentes de tiempo completo cuentan con perfil reconocido por éste programa. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con un número superior de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, en comparación a las demás universidades públicas del interior del país, constituyéndolo por 272 investigadores -lo que representa un incremento de 87 investigadores en el sexenio.

Estos datos demuestran que los programas educativos de calidad son la fuerza y estímulo de su transformación, pues aún siguen incrementándose de manera importante para situarla como referente y bastión de enseñanza superior en el país y en el extranjero. Su incorporación a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y al Consorcio de Universidades Mexicanas significa, aparte de los programas acreditados por otros organismos, un desempeño integral en la calidad y un avance en materia de equidad: 41 programas ya están acreditados por organismos educativos tanto federal como estatal, 36 por el CIEES y 18 por el Programa de Calidad del Gobierno Federal; lo que revela un incremento durante los últimos cuatro años de 53 programas acreditados para obtener un total en el 2006 de 95 programas. Por lo que respecta a los 163 cuerpos académicos que conforman la BUAP, 25 están consolidados, 48 en proceso de consolidación y 90 en formación, mientras que en el país los cuerpos académicos consolidados representan el 7.3 por ciento del total, en la BUAP significa el 15.3 por ciento, por lo que siendo un logro más a su excelencia.

IV. Situación financiera

Las finanzas de la institución se han incrementado notablemente a través de los subsidios federales programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2000 al 2005 en función del matriculado; de los salarios tanto de la planta docente como de trabajadores universitarios motivados por los ajustes de la demanda educativa, al pago de pensiones y jubilaciones bajo conceptos etiquetados; así también, para proyectos de infraestructura en el afán de proseguir con la regionalización al interior del estado y demás proyectos de no menor importancia. Cabe mencionar que la BUAP, al igual que muchas otras instituciones públicas del país, depende financieramente del 70 por ciento de la federación, dependencia que históricamente se viene reduciendo en comparación con los años anteriores si le agregamos los ingresos tanto estatal como los extraordinarios que ha ejercido la universidad.

El comportamiento presupuestal de la federación en los últimos años, con respecto a la BUAP, demuestra parte de las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo por no acrecentar las desigualdades entre los estados en las asignaciones para la educación superior, en lugar de compensarla. Los diputados, en medio de las discusiones, han convergido en que los recursos que se destinen a la educación, básicamente a la superior, a la ciencia y la tecnología, son la mayor inversión social que debe cerrar las brechas que existen en México.

A pesar de que esta Cámara realizó en el Presupuesto de Egresos de 2005 reasignaciones a favor de la educación superior, corrigiendo el proyecto del Ejecutivo, que procedía con recortes presupuestales a las universidades públicas -la propuesta del ejecutivo consideraba una reducción de mil 256.1 millones de pesos- y que se tradujo posteriormente en un año complicado para las universidades públicas, como ya explicamos, porque tuvieron que enfrentar fuertes presiones sin los apoyos económicos, originadas por la controversia constitucional que el presidente motivó como consecuencia de las observaciones que mantuvieron en suspenso los recursos para las universidades durante todo el año.

La Universidad Autónoma de Puebla recibió en 2005 mil 350 millones 831 mil 328.31 millones de pesos por parte del gobierno federal, más 175 millones 912 mil 953.50 millones de pesos de recursos extraordinarios que estuvieron retenidos debido a la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de la legitimidad de la decisión de los diputados, de los mil 750 millones de pesos que contenía el dictamen formulado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y la de Presupuesto y Cuenta Pública.

No obstante, la instrucción era que estos recursos extraordinarios se convertirían en un subsidio regular para la Institución a partir de 2006. A partir de 1998, gracias a estas partidas se recuperaba el poder adquisitivo y el índice de inflación, pero con sorpresa hizo eco la propuesta del titular del Ejecutivo, cuando en el Presupuesto de Egresos de 2006 redujo en un 13 por ciento los ingresos a las Universidades Públicas del país.

Debido a este recorte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, junto con el rector Enrique Agüera Ibáñez lograron que la Cámara de Diputados les destinara recursos extraordinarios por 260 millones de pesos para 2006, ante el decremento del subsidio federal que representaron los mil 232 millones 356 mil 848.05 pesos, es decir, un 11.40 por ciento menos que en 2005, para sumar un total de mil 492 millones 356 mil 845.05 millones de pesos entre el Legislativo y el Ejecutivo, aunque el primero, con la disposición y el compromiso de atender las demandas educativas al intervenir oportunamente para incrementar tales fondos en un 32.42 por ciento para beneficio de la Institución.

No obstante, la nómina requiere de un presupuesto anual de 1 mil 635 millones de pesos, por lo que sólo se contó con 183 millones de pesos para enfrentar el gasto de operación y las inversiones en infraestructura. La nómina de jubilados requiere de más de 300 millones de pesos al año, recursos que salen del mismo presupuesto, problema que se inició desde hace 10 años, directamente incompensable por el Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas, aunque su objetivo es mitigar los problemas estructurales de las universidades públicas estatales con respecto al impacto negativo para la viabilidad financiera a corto, mediano y largo plazos, fue apenas creado en el 2002 y que va dirigido especialmente a incidir en el saneamiento financiero de la institución mediante la adecuación apropiada de los sistemas de jubilaciones y pensiones.

La BUAP ha superado de manera parcial su déficit presupuestal a los cierres de año al aprobarle la Cámara de Diputados en los últimos dos años recursos considerables. Sin embargo, en este año se ejercen menores recursos de subsidio federal con respecto al 2005. Si para el cierre del 2005 se contempló un déficit de 147 millones 969 mil 151.10 pesos, para el cierre del 2006 se considera una proyección de déficit de 379 millones 439 mil 917.37 pesos, sin contemplar los 200 millones requeridos para cumplir los compromisos de fin de año, bajo el concepto de sueldos y aguinaldos.

La calidad es un costo adicional, porque por un lado se exigen las certificaciones para que se avalen los procesos de la academia, que se capaciten mejor los profesores, pero no hay un incremento real en el subsidio para poder llevar a cabo esto. Puebla desde hace años se ha enfrascado en gestionar los recursos para tener sostenibilidad y aumentar dicho porcentaje sin recibir una respuesta favorable. Veracruz les otorga el 53 por ciento, en el estado de México les dan el 50 por ciento; Nuevo León, el 40 por ciento, a instituciones similares a la nuestra.

Concientes de que el subsidio ordinario federal y estatal, constituye el ingreso principal de las universidades públicas, acudimos a la sensibilidad política y al compromiso de esta Cámara con el fortalecimiento real de la universidad pública para que se autoricen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, 400 millones de pesos adicionales, tomando como base lo asignado en 2006. Estos recursos se aplicarán a los rubros rezagados y al fortalecimiento de su infraestructura, a la acreditación y certificación tanto de programas como de procesos para elevar el porcentaje de sus programas de calidad y así cumplir con la meta del 85 por ciento de los programas sean acreditados para el 2007 al equipamiento y actualización de unidades académicas, así como para la realización de los proyectos de inversión que traerá beneficios tanto a los universitarios como a la población de la ciudad y del estado, por su impacto económico, de los cuales se mencionan los siguientes (se anexan en informe ejecutivo y disco):

Aspectos que indirectamente inciden en la solidez de los conocimientos que sus profesionistas egresados ponen a disposición del mercado laboral y de la sociedad del estado de Puebla, así como del país en su conjunto.

Y agrego, tal como lo expresó el primer mandatario en la presentación del Programa Nacional de Educación, publicado en el periódico La Jornada el 29 de Septiembre de 2001:

En conclusión, la BUAP ha dado los resultados, tiene una de las más altas matrículas de licenciatura en programas de calidad acreditados con más por organismos nacionales o de nivel uno de los Comités Interinstitucionales Evaluadores de la Educación Superior y más del 90 por ciento de los alumnos cursan estudios en un programa reconocido como de calidad, por lo que esta legislatura debe comprometerse a cumplir cabalmente con lo estipulado en el inciso VIII del artículo 3o. constitucional, que faculta al Congreso de la Unión con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la república para expedir las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, y fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, por lo que en la conformación del presupuesto para el 2007 se brinda la oportunidad de recuperar los recursos para la educación superior y sobre todo para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ha sido el eje del sureste y del país sustentado en indicadores superiores de crecimiento y calidad, y que no escatimará recursos para continuar con el fortalecimiento de la vida académica, científica y cultural.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución para fortalecer las finanzas universitarias y elevar la competitividad educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con base a los logros obtenidos e institucionalmente reconocidos.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a liberar 200 millones de pesos convenidos por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para dar cumplimiento a los compromisos contraídos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla durante el ejercicio fiscal del 2006.

Segundo. Destinar a través del subsidio federal ordinario recursos adicionales por 400 millones de pesos para la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2007, a efecto de superar su déficit financiero acumulado y, para el cumplimiento de acciones institucionales en materia de jubilaciones y pensiones en base a los logros y resultados alcanzados.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 un presupuesto multianual para aprobar los siguientes proyectos institucionales de inversión: descentralización educativa, biblioteca central de ciudad universitaria, centro cultural universitario, centro de tecnologías de comunicación y autoacceso, equipamiento integral de laboratorios de docencia, y la renovación de espacios deportivos con el fin de fortalecer su infraestructura y garantizar los programas de calidad y de investigación como factor detonante del desarrollo regional en el estado de Puebla.

Cuarto. Se exhorta a las autoridades educativas del Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a las comisiones de educación y a las encargadas de diseñar y dictaminar el presupuesto en materia educativa, a la realización de una reunión urgente para determinar la situación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el resto de las universidades públicas tanto federales como estatales, representadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Palacio Legislativo, a 5 de diciembre de 2006.

Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL TRAMO CARRETERO VILLA CHILAPA DE DÍAZ-YOLOMÉCATL, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR HUGO GARCÍA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La región de la Mixteca, en el estado de Oaxaca, es una zona limítrofe con el estado de Puebla, cuenta con un gran número de comunidades, entre las que destacan las siguientes poblaciones, que van de ciudades de tamaño medio, como Huajuapan de León, a poblaciones pequeñas, como Santiago Cacaloxtepec, San Andrés Dinicuiti, Santo Domingo Yodohino, Santo Domingo Nundó, Villa de Chilapa de Díaz, San Marcos Monte de León, Guadalupe Vista Hermosa, Santiago Yolomécatl, San Sebastián Nicananduta, San Antonio Monte Verde y San José.

Sus actividades económicas son preponderantemente el comercio y la agricultura en pequeña escala, pero debido a la baja productividad de sus tierras el nivel de ingresos de sus habitantes es reducido; así, el estado de Oaxaca, en particular esta zona de la Mixteca, padece un gran rezago cultural, social, material y sobre todo económico, lo cual provoca que un importante número de habitantes de la mayoría de sus comunidades se vean obligados a emigrar hacia la capital del país y Estados Unidos, buscando mejores condiciones de vida que su país y región les niega.

Lo anterior es el resultado de que la economía del estado de Oaxaca representa una proporción reducida de la nacional. De tal manera que en 2004 el producto interno bruto (PIB) del estado representó el 1.4 por ciento del nacional, alcanzando sólo 22 mil 728.4 millones de pesos a precios de 1993, frente a un millón 570 mil 126.3 millones de pesos del PIB nacional.

Debido a tales circunstancias, la construcción de un tramo carretero que una la población de Villa Chilapa de Díaz con la de Yolomécatl sería un factor muy importante para impulsar el desarrollo económico del estado, de la región, y en beneficio de los habitantes de las comunidades señaladas.

El tramo carretero en referencia tiene una longitud de poco menos de 20 kilómetros y ha sido solicitado por la comunidad desde 1994, sin haber obtenido una respuesta favorable hasta la fecha.

Creemos que los recursos económicos requeridos para llevar a cabo la obra no son demasiados, pero al mismo tiempo tendrían un gran impacto socioeconómico en la región. De manera que hago un llamado a su solidaridad de legisladores y mexicanos para con nuestros hermanos oaxaqueños.

Por tal motivo y en observancia de lo antes señalado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones del Presupuesto y Cuenta Pública, de Transportes, y de Comunicaciones a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida presupuestal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destinada a la construcción del tramo carretero Villa de Chilapa de Díaz-Yolomécatl.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2006.

Diputado Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CAUCE DEL RÍO ZAHUAPAN, EN EL ESTADO DE TLAXCALA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

El estado de Tlaxcala, a pesar de ser el más pequeño de la República Mexicana, no queda fuera de los problemas ambientales, principalmente la erosión, deforestación, contaminación de cuerpos de aguas y mantos freáticos, desechos de residuos sólidos tóxicos y la pérdida de la biodiversidad.

Tlaxcala ocupa el cuarto lugar en polución de las aguas. Cabe señalar que todos los ríos de la entidad son considerados zonas críticas, y los afluentes resultan auténticos depósitos de aguas negras. Esto trae como consecuencia el aniquilamiento de especies acuícolas y provoca un desequilibrio ecológico entre numerosas especies de animales y plantas, sin dejar de lado el daño a los seres humanos.

El río Zahuapan es uno de los cauces que ha preocupado en mayor medida a la comunidad y autoridades del estado, principalmente por los altos índices de contaminación, ya que sus afluentes traen tanto agua limpia proveniente de manantiales como aguas negras no tratadas por usos municipales, industriales, diversos comercios, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos y, en general, de cualquier otro uso, así como la combinación de todos ellos.

En septiembre de 2003, el Centro de Investigaciones en Genética y Ambiente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala confirmó que en el suroeste del estado se hallan los niveles más altos de contaminación del río Zahuapan, donde se encontraron elementos tóxicos que pueden ser detonantes de enfermedades como leucemia, púrpura o cáncer de mama, así como de malformaciones congénitas. El Centro de Investigaciones afirma que la región suroeste del estado es la de mayor riesgo en cuanto a malformaciones congénitas, y por el momento realiza estudios de sangre a nivel de cromosomas en personas que laboran en esa zona y que están expuestas a los efectos de la contaminación.

Tales resultados coinciden con los que, por su parte, emprendieron la organización ambientalista Fray Julián Garcés e instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de San Luis Potosí.

Por su parte, la Coordinación General de Ecología del estado admitió que existe una "grave" contaminación en las aguas del Zahuapan y que pudieran detonar en enfermedades como la leucemia. Pero, de acuerdo con los reportes de la dependencia, los contaminantes por sí solos no provocan enfermedades en los lugareños. Esta versión no coincide con los resultados de un análisis clínico realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, que detectó plomo y arsénico en la sangre de un niño, oriundo de Tepetitla de Lardizábal, que consumió agua del río Zahuapan.

De acuerdo con los datos no reconocidos por las autoridades municipales y estatales, suman ya 12 casos de personas con leucemia, 15 con púrpura y 4 con insuficiencia renal, únicamente en comunidades aledañas a Tepetitla.

Los esfuerzos se han realizado, pero sólo se han quedado en buenas intenciones. Por ejemplo, en junio de 2002, los gobernadores de Puebla y de Tlaxcala firmaron un convenio de coordinación para el ordenamiento territorial y ecológico, y el desarrollo económico de la zona conurbada de ambos estados, el cual consideraba la gestión de un presupuesto para atender el saneamiento del cauce Zahuapan Atoyac como afluente del río Balsas.

Para octubre de 2005, la Coordinación General de Ecología manifestó la necesidad de presupuestar 400 millones de pesos para edificar entre 90 y 95 plantas de tratamiento de agua en 2006. La Coordinación General de Ecología propone solicitar a los diputados locales un presupuesto de por lo menos 400 millones de pesos, con el objetivo de continuar las acciones de rescate del ambiente, sobre todo por lo que respecta a la limpieza de los cauces del Alto Balsas. También es importante aplicar la ley a las empresas asentadas en zonas industriales que no cumplan la norma oficial, y corresponde a la Comisión Nacional del Agua verificar el tratamiento del líquido.

En ese sentido, es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incluyan los recursos necesarios para el saneamiento integral del cauce del río Zahuapan, del estado de Tlaxcala, que también beneficiará el estado de Puebla y comunidades cercanas a los afluentes del río Balsas.

Por lo anterior, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 incluya los recursos necesarios para el saneamiento integral del cauce del río Zahuapan, en el estado de Tlaxcala.

Segundo. Se exhorta a que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos, en el momento de analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, consideren en forma prioritaria la asignación presupuestaria necesaria para el saneamiento integral del cauce del río Zahupan, en el estado de Tlaxcala.

México, DF, a 5 de diciembre de 2006.

Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF QUE FISCALICE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS AL EQUIPO DE TRANSICIÓN, PARTICULARMENTE AL FIDEICOMISO PARA APOYAR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ENRIQUE DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Las y los suscritos, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que a efecto de crear las condiciones para el inicio del encargo de Presidente de la república resulta necesario proveer los recursos económicos a fin de cubrir los gastos que sean necesarios para que un equipo de asesores apoye al Presidente electo para llevar acabo los trabajos de enlace con la administración saliente, necesarios para crear las condiciones para el inicio del encargo de Presidente de la República que revé el artículo 83 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y participe en la elaboración de los anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos 2007 y del proyecto de Presupuesto de Egresos 2007 y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En ese sentido, esta soberanía aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 (PEF) una asignación de 150 millones de pesos para efectos del cambio de administración del Ejecutivo federal, cantidad que se encuentra prevista en el Ramo General 23, "Provisiones Salariales y Económicas", específicamente en "Otras Provisiones Económicas".

Del monto total, 130 millones de pesos se aportarán a un fideicomiso, y 20 millones de pesos serán transferidos al Estado Mayor Presidencial para los gastos inherentes a la seguridad del Presidente electo.

Según información de la Secretaría de Hacienda, con fecha 7 de septiembre se constituyó un fondo mediante la figura de un fideicomiso público, en donde se aportó, mediante una sola exhibición, la cantidad de 130 millones de pesos. Mientras que, conforme a lo señalado en la estrategia programática del Ramo 23, autorizada por la Cámara de Diputados, los 130 millones de pesos serán destinados serán destinados para cubrir los gastos del equipo del Presidente electo.

Cabe señalar que la constitución, administración y rendición de cuentas del fideicomiso se sujetará a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento y demás normatividad aplicable.

Además de que el fideicomiso no podrá tener aportaciones de ninguna otra fuente de financiamiento, más los recursos señalados en las reglas de operación y aprobados por la Cámara de Diputados en el PEF. También que el Presidente electo designará a un delegado que será el enlace entre el equipo de asesores y el fiduciario.

En tanto el delegado abrirá una cuenta bancaria productiva de uso exclusivo para la recepción de recursos, a fin de cubrir los compromisos y obligaciones adquiridos, conforme a las reglas de operación y las disposiciones aplicables.

A pesar de lo anterior, tenemos que reiterar que en el funcionamiento de los fideicomisos existen muchas irregularidades sin que hasta la fecha se haya aplicado responsabilidad a ningún funcionario, además de que la situación ha venido afectando las finanzas públicas del país.

Se debe recordar que el 15 de diciembre de 2005 la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, con lo cual se permitirá que autoridades del Instituto Federal Electoral, de la Secretaría de la Función Pública, los procuradores de Justicia de las Entidades Federativas y la Auditoría Superior de la Federación abran el secreto bancario

Resulta lamentable que en la retórica oficial se hable de transparencia y rendición de cuentas, cuando en la realidad existe opacidad y obstáculos para que se realice la fiscalización efectiva de los recursos públicos, donde además se ignoran los lineamientos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría especial sobre la transferencia de recursos públicos al equipo de transición, particularmente sobre el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal, con objeto de que se conozca el destino de dichos recursos, a efecto de que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 117, fracción VII, de la Ley de Instituciones de Crédito. Asimismo, y en caso de encontrar irregularidades, fincar las responsabilidades correspondientes.

Palacio Legislativo, a 5 de diciembre de 2006.

Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO PARA LA VIVIENDA POPULAR, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA TORRES BALTAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada federal María Elena Torres Baltazar, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones y Antecedentes

Primero. Nuestra Carta Magna estableció desde 1984, en su artículo cuarto, que "toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa", derecho que está definido 22 años después en el artículo 2 de la Ley de Vivienda en estos términos:

"Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos."

En razón de ello, es importante recordar lo estipulado en la segunda parte del artículo cuarto constitucional, que a la letra dice: "La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo", que implica un mandato a las instituciones públicas competentes para garantizar tal derecho mediante políticas y programas que atiendan las necesidades sociales.

Sin embargo, las instituciones y el discurso oficial han omitido la segunda parte de dicho precepto constitucional, al sustituir el derecho a la vivienda por el acceso a la vivienda, definido en función de la capacidad de endeudamiento de los acreditados, misma que está condicionada por los precios establecidos por los oferentes, en su mayor parte poderosos consorcios inmobiliarios, de tal modo que la vivienda popular o de interés social ha dejado de ser un derecho para ser una mercancía, con una calidad deficiente, perdiendo el sentido de "digna y decorosa", dado que no es rentable para tales consorcios.

Segundo. La producción social de vivienda es reconocida y tratada explícitamente en la Ley de Vivienda, la cual establece en sus artículos 3, 4, 5, 6, 8, 42, 47, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63 y 71 su espíritu, diversas definiciones, principios de equidad e inclusión, orientaciones programáticas, instrumentos de apoyo, fomento y financiamiento, así como criterios de atención que incorporan las diversas modalidades de vivienda urbana y rural; expresando las bases legales para instrumentar una política de Estado en materia de producción social de vivienda.

Tercero. Es viable incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 un apartado "exclusivo" para la producción social de vivienda, ya que, además de los fundamentos jurídicos mencionados en el considerando anterior, en la estructura de la Ley Federal de Vivienda es claro el mandato y responsabilidad del Congreso de la Unión al determinar, en el Título Séptimo, De la Producción Social de Vivienda, que los instrumentos y programas de apoyo y fomento permiten establecer una política pública de vivienda popular, conforme a lo que se dispone en los artículos 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91.

Cuarto. Cabe recordar que la Ley General de Desarrollo Social reconoce en su artículo 19, fracción VII, que los programas de vivienda son prioritarios y de interés público.

Quinto. En los últimos años no se ha atendido de manera sistemática la producción social de vivienda como prioridad de la política habitacional, a pesar de los esfuerzos de esta soberanía al incorporar aspectos normativos, operativos y presupuestales para el apoyo a la vivienda popular, que es el objeto por el cual fue creado el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

En el aspecto normativo, tenemos que la Cámara de Diputados, al aprobar los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006, determinó que el Fonhapo no ejecutara sus programas a través de intermediarios financieros privados, por lo cual debió seguir operando como organismo de primer piso; sin embargo, esto no fue acatado por las autoridades competentes.

En materia presupuestal, con la aprobación de los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006, esta soberanía no sólo procuró incrementar recursos al Fonhapo, sino también definir una política de Estado en materia de vivienda popular, asignando recursos para vivienda rural en los tres años a partir de lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para adquisición de suelo apto en 2004 y 2005, además de ampliar recursos para el programa Tu Casa, todo ello inscrito en el Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social" del propio Presupuesto.

Sin embargo, en los tres programas se han registrado subejercicios, lo cual es preocupante, ya que a pesar de los reducidos montos destinados a los sectores más pobres de nuestro país, tenemos que no ha habido un adecuado ejercicio de los recursos.

El caso del Programa de Vivienda Rural tiene problemas, porque en los Presupuestos 2005 y 2006 la Cámara de Diputados aprobó recursos adicionales del Ramo 20 para ser ejercidos en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, lo que no ha ocurrido, dado que en los reportes trimestrales del Programa de Vivienda Rural no se reportan esos recursos adicionales.

En el caso de las Reglas de Operación del Programa Tu Casa, tenemos otro problema no menos grave, y se refiere al hecho de que en tales reglas se ha determinado que los recursos que deberían tener como destinatarios los sectores populares que no tienen vinculación con el mercado formal de vivienda, puedan ser incluidos en supuestos programas de cofinanciamiento con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste), a fin de complementar con recursos fiscales los créditos que ambos fondos deberían otorgar a sus derechohabientes de menores ingresos para cumplir con el mandato constitucional de otorgar créditos "baratos y suficientes" para que los trabajadores adquieran "habitaciones cómodas e higiénicas", conforme a lo estipulado en los apartados A y B del artículo 123 de la Ley Fundamental.

Dado que ambos fondos han desatendido a la población no solvente para acceder a la compra de viviendas en un mercado controlado por un reducido grupo de poderosas empresas desarrolladoras de vivienda, se ha recurrido a este falso esquema de cofinanciamiento, implicando con ello el abandono de la política de vivienda popular.

Por otra parte, en tales reglas de operación se establece que los recursos fiscales también sirven para la operación de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) hipotecarias, mismas que operan en el Programa Especial de Crédito y Subsidio a la Vivienda (Prosavi), a cargo de Sociedad Hipotecaria Federal, lo que también da lugar a que los recursos fiscales que deberían destinarse a la población excluida y marginada de nuestro país sean canalizados a sectores de mayores ingresos.

En el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 esta soberanía aprobó en el artículo 54 que el Ejecutivo federal "deberá considerar la opinión de las entidades federativas en el diseño de las reglas de operación para lograr una mejor planeación y ejecución de los programas correspondientes"; sin embargo, ha prevalecido el centralismo, impidiendo así fortalecer la gestión social y local de los programas de vivienda.

Sexto. Debe haber un cambio de fondo en la política habitacional. Es claro que el llamado sector vivienda, representado principalmente por la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda no es la opción para la mayor parte de la población; los sectores populares y no asalariados, que eran el universo de atención del Fonhapo, deben ser atendidos con una política de Estado que no puede sujetarse al mercado; los desarrolladores, banca y Sofoles deben atender a sectores de mayores ingresos, y no capitalizar recursos definidos constitucional y fiscalmente para la población de menores ingresos.

Los productores industriales de vivienda deben insertarse en un mercado real, de competencia y libre concurrencia en igualdad de condiciones, sin que reciban subsidios indirectamente por parte del Estado, traficando influencias, comprando en condiciones altamente favorables terrenos ejidales, corrompiendo a autoridades municipales para modificar los programas de desarrollo urbano local y obtener licencias para construir viviendas en zonas periféricas, transfiriendo los costos de urbanización a las finanzas públicas, sin compartir tales costos, debido a la obtención de altos niveles de plusvalía sin arriesgar sus capitales conjuntamente con la sociedad.

Séptimo. Por lo anteriormente expuesto, consideramos indispensable replantear el manejo de los recursos fiscales. Es contradictorio que los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del Ramo 20, a Fonhapo, que deberían ser para atender a los productores sociales de vivienda y a la población no asalariada del campo y la ciudad con menores ingresos y más vulnerable estén siendo desviados para crear una ficción de subsidios que complementan los créditos para derechohabientes del Infonavit y del Fovissste o acreditados de Sociedad Hipotecaria Federal y las Sofoles.

Debe establecerse en el Presupuesto de Egresos de la Federación un apartado específico, denominado "Programa de Apoyo a la Producción Social de Vivenda", inscrito en el Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social", con partidas específicas para el otorgamiento de créditos blandos y subsidios a productores sociales, conforme a lo acotado en la Ley de Vivienda.

Las reglas de operación deben acatar lo dispuesto en la Ley de Vivienda y en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, debiendo ser producto de la consulta pública respectiva y no una imposición centralista del gobierno federal.

Octavo. Es prioritario incrementar los recursos fiscales para vivienda popular. En el Presupuesto de Egresos de la Federación debe aumentar el monto de recursos para la producción social, atendiendo prioritariamente programas de vivienda progresiva, mejoramiento y lotes urbanizados, etiquetando tales recursos para que no sean desviados a programas de cofinanciamiento, como los instrumentados a partir de las Reglas de Operación del Programa Tu Casa; en su totalidad los recursos deben destinarse a la producción social de vivienda, conforme a lo ordenado por la Ley de Vivienda.

Esto debe operar con base en criterios flexibles, combinando líneas de crédito que incluyan lo relativo a suelo, urbanización, edificación, asesoría, estudios y proyectos, guardando equidad y proporcionalidad en zonas urbanas, rurales e indígenas de las entidades federativas y municipios del país, atendiendo prioritariamente a la población con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

El ejercicio de los recursos se hará conforme a los convenios que se establezcan entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los productores sociales, en forma colectiva o individual.

Para el año 2007 se propone un monto de $6 500 000 000 (seis mil quinientos millones de pesos), que deberán ser operados por los institutos estatales de vivienda, conjuntamente con los productores sociales de vivienda.

Noveno.- Es urgente crear y consolidar los instrumentos de apoyo a la producción social de vivienda. La Ley de Vivienda reconoce explícitamente esta modalidad de producción; ello implica que la población mayoritaria del país no es consumidora o compradora de mercancías habitacionales definidas a partir del valor de cambio.

Debe entenderse que el valor de uso es un factor central en la vida social mexicana, por ello planteamos que no debe obstaculizarse desde el Poder Ejecutivo federal la posibilidad de que las organizaciones sociales sean incluidas en políticas y estrategias de nuevo tipo, buscando mecanismos para garantizar el derecho a la vivienda para quienes ahí participan.

Algunos criterios para acatar las disposiciones que la Ley de Vivienda establece en materia de producción social de vivienda, y que no deben estar condicionadas a criterios discrecionales por parte de las autoridades para dar cabal cumplimiento al mandato de la Ley de Vivienda respecto a la producción social, son los siguientes:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a incrementar en términos reales el financiamiento para vivienda popular, que comprende a las familias que tienen un ingreso de hasta cuatro salarios mínimos, dando prioridad a la población excluida, marginada y con menores ingresos, de manera equitativa y proporcional en todas las entidades federativas y los municipios urbanos, rurales e indígenas.

Segundo. Para el año 2007 se propone un monto de $6 500 000 000 (seis mil quinientos millones de pesos), que deberán ser operados por los institutos estatales de vivienda, conjuntamente con los productores sociales de vivienda.

Tercero. Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Producción Social de Vivenda, inscrito en el Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social", deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Vivienda y el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, debiendo ser sometidas a consulta pública con los gobiernos estatales y los productores sociales de vivienda.

Diputada María Elena Torres Baltazar (rúbrica)