El suscrito, diputado federal José Ángel Córdova Villalobos, con las atribuciones que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad exhortar a la Secretaría de Salud a que se cumpla en su totalidad la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, "De servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación", al tenor de los siguientes
Antecedentes
Atendiendo a la problemática nutricional que presenta la población mexicana, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2006 la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, "De servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación", cuyo objetivo es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria dirigida a brindar a la población opciones prácticas con respaldo científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Así como elementos para brindar información homogénea y consistente, para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación.
La norma citada fue elaborada con la participación de diversas unidades administrativas e instituciones, entre las que se cuentan, además de la Secretaría de Salud, la Dirección General de Promoción de la Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Colegio Mexicano de Nutriólogos, y la Sociedad Mexicana de Salud Pública, entre otras.
La norma incluye contenidos relacionados con la nutrición y la alimentación a lo largo de la vida, con especial énfasis en los grupos riesgo, así como información sobre la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación a través de la dieta y la actividad física.
Consideraciones
Las principales causas de morbilidad y mortalidad en adultos tienen alguna relación con el estado nutricio. Así, la diabetes mellitus, hasta hace relativamente poco tiempo una enfermedad lejana de las primeras causas de mortalidad, hoy encabeza la lista. Le siguen las enfermedades cardiovasculares y la cirrosis hepática. Según la Encuesta Nacional de Salud 2000, entre 1980 y 2000 las enfermedades crónicas no transmisibles aumentaron 60% (Secretaría de Salud, 2000). En los tres casos mencionados, el estado nutricio es un componente fundamental tanto para que se desencadene la enfermedad como para su tratamiento. En el otro extremo, se observa que la desnutrición energético-proteínica sigue apareciendo como una causa de muerte infantil a pesar de que su peso específico es mucho menor del que tenía hace 10 años.
La población mexicana se enfrenta a un caso clásico de transición epidemiológica, donde todavía están presentes las enfermedades transmisibles como causa de morbilidad, al mismo tiempo que las enfermedades crónicas han pasado a ocupar un lugar preponderante. En este sentido, hay que señalar que la esperanza de vida al nacer ha aumentado y hoy se ubica en 74 años; sin embargo, la calidad de vida no ha mejorado, pues la esperanza de vida sana al nacer es de casi 10 años menos, es decir que los mexicanos viven sanos en promedio hasta los 65 años; a partir de esa edad presentan una o más enfermedades.
Según la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, la población mexicana ingiere más alimentos de alta densidad energética, por lo que se refiere tanto a los alimentos con alta concentración de azúcar como a la cantidad de grasas (alrededor de 30% del valor energético total de la dieta), de las cuales los ácidos grasos aportan cantidades superiores a los límites máximos compatibles con la salud.
Por otra parte, también se mostró que la población consume en promedio sólo 120 gramos de frutas y verduras al día, cuando la recomendación es de 400 gramos.
Todos estos datos y recomendaciones son parte de un estudio que ha realizado el Colegio Mexicano de Nutriólogos, ya que evidentemente son ellos los especialistas en esta materia, y no sólo cuentan con la preparación académica y práctica sino que se encuentran en una constante actualización de conocimientos.
En virtud de lo anterior, consideramos que para la adecuada y necesaria aplicación de la norma mencionada es menester dar prioridad a la labor de los licenciados en nutrición, y con ello impedir que la población ponga su salud en manos de personas sin ninguna preparación.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que se cumpla a cabalidad la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, "De servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria", con el objetivo de dar prioridad a la actividad de los profesionales de la nutrición, para que sean los encargados de planear y dirigir dichas actividades.
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A LIBERAR MEDIANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL LOS RECURSOS DEL FONDEN PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SEQUÍA QUE ENFRENTAN PRODUCTORES Y HABITANTES DE DIVERSOS MUNICIPIOS DE SINALOA, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR FÉLIX OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Óscar Félix Ochoa, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Conforme al sistema adoptado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, que ha servido de base para el establecimiento del inventario de suelos de nuestro país, Sinaloa como entidad federativa está clasificada en la llamada región III.
Las características geográficas y climáticas de esta región definen nuestra entidad como una zona con un régimen de lluvias de verano, cuyo nivel de precipitación ha sido irregular con niveles a la baja, conforme a un acumulado de los índices registrados a lo largo de los últimos ciclos.
Se trata de una región en cuya planicie costera se registra un clima que va de muy árido a semiárido y que tierra adentro presenta un régimen de temperatura cálido, volviéndose subhúmedo hacia las montañas.
En la mayoría de los 18 municipios en que está dividido políticamente nuestro estado, predomina a lo largo del año un clima cálido, cuyas temperaturas se vuelven altas a partir de mediados del ciclo primaveral, se mantienen igual durante el verano y se prolongan así hasta ya entrado el otoño.
Sin embargo, y dadas las características del comportamiento de las precipitaciones pluviales, el estiaje -entendido como ?el caudal menor de una corriente de agua que generalmente se produce en verano?- es un fenómeno que, en el caso de Sinaloa, se prolonga por un mayor espacio de tiempo. Por lo general, se manifiesta en marzo y se prolonga hasta que llegan las primeras lluvias.
Condiciones como las referidas derivan en un uso limitado de la tierra. En el caso de Sinaloa, en los municipios de los altos, que forman la mayoría de la geografía estatal, predomina la práctica de actividades ganaderas, pero a nivel de autoconsumo y comercialización doméstica, cuyos productores están descapitalizados para hacer frente a inversiones que les garanticen abasto suficiente y oportuno de agua durante los recurrentes periodos de estiaje.
Sabemos que el gobierno del estado, en el marco de sus atribuciones y sensibilidad que caracteriza al gobernador, Jesús Aguilar Padilla, ha instrumentado ya medidas que ayuden a paliar la sequía que sufren los habitantes de aproximadamente 300 comunidades localizadas en 13 de los 18 municipios sinaloenses.
Sin embargo, y ante la gravedad del estiaje que padece la población sinaloense, las medidas locales de auxilio -si bien satisfacen las elementales necesidades de agua para consumo humano- no son suficientes aún para atender los requerimientos del vital líquido que presentan los productores pecuarios, quienes realizan ya considerables esfuerzos para mantener vivo el ganado.
Por ello, y conforme a reportes de los medios de comunicación masiva, el panorama que presentan las diferentes comunidades de los municipios referidos es desolador, ya que a medida que avanza el clima primaveral, las temperaturas aumentan y agravan todavía más el estiaje porque los pozos, norias, veneros y arroyos siguen secándose.
Me permito citar sólo el caso de Culiacán, donde la Gerencia de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado informó recientemente que alrededor de 10 mil habitantes de las comunidades serranas de ese municipio están padeciendo el problema de la sequía.
Estimamos que el Gobierno Federal ya tiene conocimiento de la gravedad de este asunto y que a través de la Secretaría de Gobernación ha declarado zona de desastre 13 de los 18 municipios sinaloenses.
Sin embargo, no llegan aún los recursos económicos requeridos para resolver esta dramática situación, que -insisto- sigue agravándose conforme aumentan las temperaturas.
Por lo anteriormente expuesto y conforme al espíritu del artículo 2, capítulo primero, del acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaraciones de emergencia y la utilización del fondo revolvente, elevo a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución:
Único. Exhorto a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Dirección General de Protección Civil libere con la mayor brevedad los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y se atiendan así los requerimientos económicos para financiar la perforación de pozos, modernización de los sistemas de agua potable y rehabilitación de la infraestructura hidráulica, que vengan a resolver los problemas de sequía que enfrentan productores y habitantes en general de los municipios de Sinaloa que padecen las graves consecuencias del presente estiaje.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2006.
Dip. Óscar Félix Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR EL DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 239 DEL COFIPE, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ EVARISTO CORRALES MACÍAS Y PABLO ALEJO LÓPEZ NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscribimos, José Evaristo Corrales Macías y Pablo Alejo López Núñez, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que publique con la mayor brevedad en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el párrafo segundo del articulo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de modificar la disposición electoral que establece la llamada "ley seca" el día de la elección y el precedente.
Exposición de Motivos
Desde el 14 de septiembre de 2004, el diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por primera vez presentó la iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual es identificada de manera común como "ley seca" el día de la elección y el precedente.
Dicha iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación de esta Cámara para su respectivo estudio y dictamen, mismo que fue aprobado el 21 de abril de 2005.
Posteriormente, en sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2005 fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados y en reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores, el 27 de septiembre de 2005.
Y posteriormente en fecha de 21 de febrero de 2006, se presenta el dictamen a discusión en la Cámara de Senadores, es aprobado y turnado finalmente al Ejecutivo federal, en donde se encuentra actualmente.
En dicha iniciativa se da cuenta de los motivos por los cuales se justificó que sin dicha iniciativa "se incentiva la corrupción entre la autoridad encargada de hacer cumplir la disposición legal y aquellos compradores y vendedores que están dispuestos a pagar más por obtener un producto comercial, el cual en cualquier otro día del año podrían comprar sin problemas. Que se generan pérdidas económicas enormes que conservadoramente pudieran llegar hasta los 85 millones de pesos tan sólo en un día, las cuales tiene que absorber el sector turístico del país, ya que durante dos días deja de obtener importantes recursos producto de la venta de un producto legal el resto del año. Además que dicha prohibición, en el contexto del sector turístico, se le aplica por igual a ciudadanos mexicanos y a extranjeros de visita en nuestro país, lo cual resulta absurdo, ya que los nacionales de otros países no participan de ninguna forma en los procesos electorales".
Otra justificación incluida en la iniciativa establece que: "en el país hay más de 110 mil restaurantes que cuentan con licencia para expender cerveza, de los cuales casi 67 mil venden vinos y licores, que acompañan los alimentos en ellos expendidos por lo que un día así genera pérdidas por más de 85 millones de pesos, perjudicando no sólo este rubro sino los rubros alternos".
Y finalmente, una razón adicional: que "se incentiva el almacenaje previo por parte de los ciudadanos que aún el día de la jornada electoral desean tener acceso a bebidas embriagantes, lo cual deja sin efecto los posibles beneficios que se pudieran generar al evitar la venta de dichas bebidas el día de la elección".
Agregan que en los últimos años ha ido creciendo la inconformidad por la llamada "ley seca"; ya que existen zonas del país, específicamente aquellas en que las principal actividad económica es la atención al turismo extranjero, pues dejar de vender bebidas alcohólicas produce a los comerciantes "pérdidas económicas".
Y que la actividad turística que se desarrolla en el país y en los estados cuya economía depende en mayor o menor medida de dicha actividad, es importante ya que entre los beneficios que aportados a cada entidad está el de generar fuentes de empleo y la derrama de recursos económicos.
La iniciativa en comento establece que "el día de la elección y el precedente, a juicio de las autoridades competentes y de acuerdo con la normatividad que exista en cada entidad ordenarán, cuando sea indispensable para preservar el orden de la jornada, el cierre de los establecimientos que expendan bebidas embriagantes".
Sin embargo, desde la presentación de la iniciativa, el 14 de septiembre de 2004, en la Cámara de Diputados, hasta la aprobación en el Senado y envío al Ejecutivo federal para su publicación, ha pasado el tiempo suficiente y aún las Legislaturas locales requieren hacer las adecuaciones necesarias para que con la mayor brevedad quede actualizado el marco legal federal y estatal para las próximas elecciones de julio de 2006.
Para el grupo parlamentario de Acción Nacional, es fundamental intensificar las acciones que fortalezcan el sector turismo, tanto a nivel nacional como estatal, y cuyo impacto se refleje en el desarrollo económico regional en beneficio de las familias mexicanas.
Y que una fortaleza para nuestro país es el turismo, mismo que urge acciones por parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo para que con toda responsabilidad ayudemos a detonar lo que hoy es una de nuestras mayores ventajas competitivas.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados federales, José Evaristo Corrales Macías y Pablo Alejo López Núñez, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que con la mayor brevedad publique el decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de modificar la disposición electoral que establece la llamada "ley seca" el día de la elección y el precedente.
Palacio Legislativo, a 30 de marzo de 2006.
Diputados: José Evaristo Corrales Macías,
Pablo Alejo López Núñez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROFEPA A DAR A CONOCER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ABIERTO POR DICHA DEPENDENCIA EN EL CASO DE LA CONTAMINACIÓN CON TRANSGÉNICOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO PASCUAL SIGALA PÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 14 de diciembre de 2005 se descarriló un tren en los alrededores del poblado Lomas de Tablas en Las Vigas, Veracruz, en la zona del Cofre de Perote, una de las primeras áreas naturales protegidas de México. Éste transportaba 270 toneladas de maíz amarillo importado de Estados Unidos, en la etiqueta de los envases de este maíz se podía leer la advertencia: "puede contener organismos genéticamente modificados".
Aún cuando el grano que cayó fue retirado en un alto porcentaje, a mediados de este mes se encontraron plántulas de unos 20 centímetros en una superficie de alrededor de 600 metros cuadrados. Sumado a ello, para llegar al sitio donde ocurrió el accidente la compañía que transportó el maíz cortó árboles de pino, de entre seis y siete años de edad.
De acuerdo al comunicado de prensa 035 de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) esta dependencia realizó la inspección de terrenos en el poblado citado, el pasado 15 de marzo. Pruebas de detección de campo aplicadas por los inspectores de la Procuraduría, arrojaron como resultado que una parte significativa del maíz contenía proteínas producidas por modificación genética.
Nuevamente, como sucedió en Oaxaca en 2001, en nuestro país se presenta un caso de contaminación con organismos genéticamente modificados en nuestro principal cultivo: el maíz. Esta situación es muy grave desde diversas perspectivas:
En primer lugar tenemos la clara responsabilidad de la empresa, en el caso de Oaxaca se aventuró que la contaminación se dio por la siembra de semillas importadas por productores. Ahora es claro que la empresa tiene responsabilidad y no quisiéramos pensar en una contaminación intencional de organismos genéticamente modificados.
Esta suposición no es gratuita, a lo largo de los últimos meses hemos visto la insistencia de las empresas productoras de transgénicos: Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences para introducir en nuestro país sus maíces, aún violando la recién aprobada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Sabemos que estas empresas no están dispuestas a perder las inversiones realizadas, así lo declaró Ernesto Fajardo, director de la compañía Monsanto para Latinoamérica norte en un artículo publicado en la revista Poder y Negocios en noviembre del año pasado, que "esperan que los transgénicos representen en México entre 75 y 80 por ciento de su negocio... la empresa quiere sacar provecho de sus tres centros de investigación nacionales y a la inversión de casi 40 millones de dólares que han realizado en México desde hace una década".
De hecho Fajardo amenazó que "si en un periodo de tres o cuatro años no se logra el permiso para cultivar maíz transgénico en México, la compañía estudiaría la posibilidad de retirarse del país". No podemos hacer caso omiso de estos antecedentes y de otros de contaminación intencional en otros países que demuestran que esta puede ser una estrategia de la empresa.
En segundo término, es indispensable retomar el Informe y las recomendaciones emitidas por el Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) frente al caso de contaminación referido en Oaxaca. En este estudio se llegó a la conclusión que se ha demostrado experimental y teóricamente que el flujo de genes entre razas de maíz criollo -y también entre variedades tradicionales y modernas- tiene lugar, además, que todas las variedades de maíz, son interfértiles y producen progenie fértil. Una de las recomendaciones mas relevantes que se emitieron para evitar esta contaminación fue que "el gobierno mexicano deberá minimizar las importaciones de maíz transgénico vivo de países que lo cultivan comercialmente. Señalaron, que algunas medidas para reducir las probabilidades de que en México se siembre maíz genéticamente modificado no autorizado sería que todo el maíz importado a México desde Canadá y Estados Unidos que no esté certificado como sin transgénicos sea enviado directamente, y sin excepción, a molinos para su procesamiento. Un mecanismo de instrumentación podría ser un sistema obligado de "certificados de uso final" para la totalidad de dichas importaciones.
Hoy estamos frente a este grave caso de contaminación en una zona donde, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Biodiversidad, se encuentra amplia distribución de maíces criollos y teocintles. Amén de ser área natural protegida.
Finalmente llama la atención que el subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, Juan Rafael Elvira Quesada, señale en el mencionado comunicado que "las muestras obtenidas han sido enviadas a laboratorios certificados que con sus investigaciones darán la pauta a seguir, para evitar los daños que la propagación de estos transgénicos pudieran provocar al medio ambiente, así como para cerrar el procedimiento administrativo abierto por la Procuraduría y tomar las medidas del caso".
No parece necesario seguir haciendo estudios, ni buscar evitar los daños. En este suceso existen responsabilidades y legislación que debe ser aplicada. Contamos con la recién promulgada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que en su Artículo 121 señala "...toda persona que, con pleno conocimiento de que se trata de OGMs, cause daños a terceros en sus bienes o a su salud, por el uso o manejo indebido de dichos organismos, será responsable y estará obligada a repararlos en los términos de la legislación civil federal. Igual obligación asumirá la persona que dañe el medio ambiente o la diversidad biológica, por el uso o manejo indebido de OGMs, para lo cual será aplicable lo dispuesto en el Artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente? En el caso de daños al medio ambiente o a la diversidad biológica, la Semarnat, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ejercerá la acción de responsabilidad..."
Además, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente debe aplicarse de acuerdo al Artículo 203, que a la letra dice: "Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable..."
Por último en virtud de la relevancia y el daño que se realiza a nuestro país como centro de origen del maíz se debe aplicar el Código Penal Federal, que en su Capítulo Tercero denominado "De la bioseguridad" menciona en el artículo 420 Ter.- "Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales..."
Por lo expuesto presento a esta honorable soberanía para su aprobación la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
Único.- Se exhorta al ingeniero Ignacio Loyola Vera, procurador federal de Protección al Ambiente de a conocer a esta soberanía el procedimiento administrativo abierto por esta dependencia en el caso de contaminación con transgénicos en Veracruz.
Dado en San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2006
Dip. Pascual Sigala Páez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR QUE SE IMPARTEN EN TODO EL PAÍS A TRAVÉS DE DIVERSAS MODALIDADES SE UNIFIQUEN PARA LAS MODALIDADES CENDI Y JARDÍN DE NIÑOS EN UN PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS COMÚN, A CARGO DEL DIPUTADO MOISÉS JIMÉNEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La educación es instrumento para llevar la justicia social a todos los sectores de la población, y estrategia para impulsar el desarrollo en todos los órdenes.
La educación básica en todos sus niveles, y sobre todo en los primeros grados, tiene como objetivo central promover el desarrollo integral a través de inculcar valores, disposiciones y saberes que se entienden, como su nombre lo indica, como los conocimientos compartidos mínimos básicos que todos debemos tener, con el propósito de orientar a los individuos a una serie de ideales y aspiraciones que normen y orienten su conducta social en todos los órdenes.
La educación básica en México está constituida por tres niveles educativos, integrados en 12 grados que se cursan cada uno en años lectivos: tres de preescolar, seis de primaria y tres de secundaria. Desde medidos del siglo XIX fue establecida la Primaria en nuestro ordenamiento legal como obligatoria; desde los primeros años de la última década del siglo pasado se amplió a la Secundaria, y desde el 12 de noviembre de 2003, por decisión de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión, a Preescolar.
Preescolar, es una educación dirigida a niños de 3 a 6 años, que tiene como propósito fundamental iniciar su socialización y desarrollar sus facultades con el fin de prepararlos para asegurar un desempeño adecuado en el resto de su formación académica y potenciar su desarrollo integral y armónico como personas en la sociedad.
Esta educación la imparte el Estado a través de diferentes programas, en las modalidades Cendi y jardines de niños, que funcionan con propósitos propios y sin planes de estudio que consideren rasgos definidos del perfil de egreso de los educandos, generando diferencias significativas en metas, objetivos y resultados en los niños al integrarse a la educación primaria.
Se trata de una tarea que, de acuerdo al espíritu que orientó la disposición constitucional que la hace obligatoria, debe ser desarrollada con congruencia en sus objetivos, (independientemente de los propósitos de la modalidad en que se imparta), orientada por un perfil de egreso definido en un plan y programa de estudio común que plantee las intenciones educativas y aprendizajes a ser concretados en el nivel, y permitan comunicarlos a la sociedad, a los padres de familia, a los educadores y las autoridades educativas las competencias, conocimientos, actitudes, valores y habilidades que se busca promover, para hacerlas observables y evaluables, promover una efectiva igualdad de oportunidades, consolidar la calidad de todo el tipo educativo, potenciar el desempeño profesional de los educadores y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles.
Por ello el que suscribe, Prof. Moisés Jiménez Sánchez, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; propongo a esta soberanía, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al Ejecutivo federal para que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, proceda a la formulación de un sólo plan, programa, contenidos y materiales de estudio únicos para la Educación Preescolar en sus tres grados, con el fin de unificar curricularmente las modalidades Cendi y jardín de niños, respetando en todo momento los propósitos de dichas modalidades en función de las necesidades de la población a que están orientadas.
Dip. Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA SE CONGRATULA POR LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, EN SUSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, GUSTAVO DE UNANUE AGUIRRE Y RODRIGO IVÁN CORTÉS JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben, Adriana González Carrillo, Gustavo de Unanue Aguirre y Rodrigo Iván Cortés Jiménez, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión e integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados se congratula por la creación del nuevo Consejo de Derechos Humanos, en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tras cinco meses de arduas negociaciones, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el pasado 15 de marzo de 2006 la creación del Consejo de Derechos Humanos, que sustituirá la antigua Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo con el compromiso anunciado durante la denominada Cumbre del Milenio +5, celebrada en septiembre de 2005 en Nueva York.
Con 170 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Palau) y 3 abstenciones (Venezuela, Irán y Bielorrusia), el denominado "órgano legislativo" de la ONU dio entrada, mediante la aprobación de una resolución, a este nuevo Consejo, que el secretario general de la Organización definió como "un nuevo comienzo en la defensa de los derechos humanos en el mundo".
El nuevo Consejo de Derechos Humanos, que entrará en operación el próximo 19 de junio en Ginebra, Suiza, fortalecerá la estructura de la ONU, autorizará sesiones más frecuentes y endurecerá los criterios de admisión para sus miembros, que ahora sólo serán 47, y no 53 como en la Comisión, elegidos individualmente mediante voto secreto por mayoría de la Asamblea General. Estos 47 miembros servirán por un periodo de tres años y no podrán ser reelegidos inmediatamente después de haber ocupado el puesto por dos periodos consecutivos.
De acuerdo con la resolución aprobada, la elección deberá tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y su compromiso de continuar en este esfuerzo. Así, los miembros del Consejo por votación de una mayoría de dos tercios podrán suspender un país que cometa violaciones graves y sistemáticas de esos derechos.
El Consejo deberá reunirse no menos de tres veces por año por un periodo de más de 10 semanas en total de sesiones. Además, tendrá que celebrar sesiones especiales cuando lo pida uno de sus miembros, y los métodos de trabajo deberán ser transparentes, justos e imparciales.
La resolución decide además que la composición del Consejo estará basada en una distribución geográfica equitativa, donde los puestos se distribuirán entre los grupos regionales de la manera siguiente: Grupo de Estados de África, 13; Grupo de Estados de Asia, 13; Grupo de Estados de Europa Oriental, 6; Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, 8; y Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados, 7.
La idea central de esta sustitución tiene que ver con poner fin a la pérdida de eficacia y credibilidad que caracterizaban a una comisión de derechos humanos fuertemente desprestigiada y politizada al extremo.
Este paso representa un gran avance en el trabajo multilateral a favor de los derechos humanos y en la consecución de la promoción efectiva y la genuina universalidad de su protección. Con este nuevo Consejo, los países miembros están mejor armados para combatir vicios y distorsiones que afectaban la vieja Comisión, como el doble rasero, la selectividad y la falta de aplicación en el terreno a sus recomendaciones y resoluciones.
De acuerdo con la resolución aprobada el Consejo Económico y Social de la ONU, solicitará a la Comisión de Derechos Humanos que concluya sus trabajos en su 62 periodo de sesiones y declare abolida la Comisión el 16 de junio de 2006, fecha en que se celebrará la primera sesión del Consejo, a su vez elegido el 9 de mayo de 2006.
Hace poco más de dos años, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo a los 191 Estados integrantes que las Naciones Unidas se encontraban en una disyuntiva entre la reforma y la irrelevancia. En efecto, la creación de este Consejo de Derechos Humanos es una de las reformas más ambiciosas que se ha planteado la Organización mundial en los últimos años y, en consecuencia, es obligación de los Estados miembros fortalecer este nuevo órgano y dotarlo de la solidez que necesita para operar a plenitud, con independencia, eficiencia y responsabilidad.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se congratula por la creación del nuevo Consejo de Derechos Humanos, en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace votos porque la participación de México en el nuevo Consejo de Derechos Humanos siga orientándose en apego a los principios de la jurisdicción universal de los derechos humanos y de la obligación de la comunidad internacional de actuar decididamente en su defensa y promoción.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2006.
Diputados: Adriana González Carrillo, Rodrigo
Iván Cortés Jiménez, Gustavo de Unanue Aguirre (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTALAR UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA PERMANENTE EN LA REPÚBLICA DE ANGOLA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁN SILVA VALDÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura, Carlos Hernán Silva Valdés, Presidente del Grupo de Amistad México-Angola; Adriana González Carrillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y diputados federales integrantes, de ese Grupo de Amistad y de esa Comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La República de Angola cuenta con una población de 12 millones de habitantes, posee enormes recursos materiales, con una superficie de un millón 246 mil km2, su extenso territorio está formado en 80% por tierras arables; posee más del 15% del potencial hídrico del Continente Africano y es, el segundo mayor productor de petróleo de África Subsahariana -registrando 1.300, 000 barriles de petróleo por día, actualmente y, para finales de 2007, 2.200.000 barriles de petróleo diarios.
Por otra parte, es el 5° mayor productor mundial de diamantes, y la producción se triplicará en el próximo año; además, posee -en cantidades importantes- variedad de otros minerales, aún por explorar; finalmente, su costa marítima -de 1650 Km- es de las más ricas a nivel del planeta.
Por estas razones, Angola reúne muchas condiciones para aplicar una estrategia de crecimiento acelerado y se perfila como un país en vías de desarrollo creciente.
En este sentido, los números presentados por el FMI y otras instancias económicas y financieras internacionales, colocan a Angola, como un país con el mayor índice de crecimiento a nivel mundial: 21% en 2005, 25% para 2006 y una previsión de crecimiento de 2 dígitos para los próximos 12 años.
En estas condiciones, la República de Angola se recupera de una compleja situación política, a raíz de casi tres décadas de guerra civil, que ha dejado rezagos en cuanto a asistencia humanitaria, así como, importantes retos para su democracia como son, la reconstrucción, la reunificación de familias y la consolidación de la paz.
Y es que, en su historia reciente Angola, terminó el conflicto interno en 2002, razón por la cual, es un país a reconstruirse por completo, pues todas sus infraestructuras y sus bases económicas fueron destruidas por el más largo y devastador conflicto que jamás tuvo lugar en el Continente Africano. De hecho, el elevado número de víctimas mortales y la guerra fraticida, dejaron una extensa columna de huérfanos, viudas, mutilados, dislocados internos y refugiados en los países vecinos.
Ahora bien, pese a los avances logrados en el proceso de reconciliación nacional, la realidad es que este país, se encuentra ante el desafío de establecer y reestablecer, las relaciones diplomáticas, que son estratégicas para su posición en el concierto de las naciones.
De hecho, países como China, Japón, Rusia, la Unión Europea, en su globalidad y con especial enfoque en Portugal, España y Francia; y, en el continente americano, los EUA, Canadá, Brasil y Argentina, entre otros, están en busca de mercados en Angola, e invierten en sectores que van, desde la Banca y las Minas, pasando por la Construcción, la Pesca, el sector agropecuario, etcétera.
Así las cosas, en virtud de que, por una parte, México necesita diversificar sus mercados y, por otra, que Angola aparece como una posibilidad extraordinaria para los Industriales mexicanos, el mercado mexicano ha mostrado varias tentativas de intercambio y cooperación comercial con Angola, dentro de perspectivas amplia y mutuamente ventajosas, para ambos países.
En términos de la relación comercial bilateral, podemos afirmar que, si bien ésta es aún incipiente, existen perspectivas interesantes para su desarrollo. En efecto, varias empresas mexicanas, de corte transnacional, han visitado Luanda, con la intención de establecer, en aquel país, un comercio a través de la apertura, en esa zona, de sucursales de sus servicios y productos; por su parte, la Embajada de Angola en México reporta que, luego de identificar las áreas de Salud, Desarrollo Social, Educación; Agricultura, Construcción, Minas, Petróleos, como algunos sectores donde hay simetrías entre la oferta mexicana y la demanda angoleña, realizó un trabajo de sensibilización con de los Sectores clave de la economía mexicana, para buscar que se interesaran por invertir en el mercado -en plena expansión- de Angola, destacándose los casos de Pemex, Canacintra, Comparmex, Cemex, Maseca, Bimbo, Modelo, Posadas, Televisa y algunos otros nombres representativos de la economía mexicana; empero, en una actitud general de interés y recelo en avanzar para aquel país, manifiestan su preferencia a que, antes de aplicar sus inversiones en el país africano y como una señal de certidumbre jurídica y financiera, México instale su embajada en Angola.
Por ello, existe un intenso y diversificado trabajo por parte de la Embajada de Angola en México, para promover y facilitar misiones comerciales mexicanas en ese país, apoyadas en una formalidad institucional; incluso, al día de hoy, ya fueron firmados importantes acuerdos en el ámbito de la Diplomacia, como en el de la Salud, y se van a firmar en este mes de abril, protocolos en las áreas de Desarrollo Social y de Migración. Asimismo, está programado, para mayo de 2006, la valoración de un acuerdo entre las petroleras estatales Pemex y Sonangol y entre la UNAM y la Universidad Agostinho Neto, de aquel país africano.
Ya en el año de 1976, México fue uno de los primeros países en establecer vínculos diplomáticos con la naciente República de Angola. Sin embargo, aún habiéndose acreditado en México la misión diplomática de Angola desde 1997, nuestra Nación no ha correspondido en forma similar a dicha acción diplomática.
Esto aparece como una demora inaceptable para un país como México, con una visión político-diplomática, producto de su significativa demografía, de su empuje económico y de su postura internacional de no alineamiento; razones que acreditan la obligación de nuestro país, de buscar tener una mayor presencia diplomática en el Mundo, incluido el continente Africano.
Esta situación es prioritaria, toda vez que, de los 47 países africanos ubicados al Sur del Sahara, México solamente posee una Embajada en Sudáfrica; y una representación en Kenia, dedicada a los asuntos ambientales monitoreados por la ONU.
Es evidente que, la carencia de una representación diplomática de México en Angola, genera que el nivel de la relación diplomático-bilateral entre nuestros países no sea, hoy por hoy, el deseable, para ninguna de las dos partes.
Como legisladores integrantes del Grupo de Amistad México Angola, y de la Comisión de Relaciones Exteriores, valoramos el aporte que hace la diplomacia parlamentaria en la búsqueda de mejores perspectivas, para la relación de México con el mundo y consideramos, por ello, de la mayor importancia que, desde la actividad diplomática, se trabaje por estrechar los vínculos, tanto con naciones desarrolladas, como con aquellas regiones del mundo que, como nosotros, enfrentan retos en su camino hacia el desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, para que, en atención a las facultades que le confiere el artículo 1 bis, incisos VIII y IX de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; y el artículo 2 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas, inicie los procedimientos para enviar, a la brevedad posible, una Misión Diplomática a la República de Angola, con la finalidad de instalar la Embajada Mexicana en aquél país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2006.
Dip. Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica)
Grupo de Amistad México-Angola
Diputados: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa; Francisco Juan Ávila Camberos(rúbrica); Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda(rúbrica); Jaime Fernández Saracho; Abdallán Guzmán Cruz; Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica); Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva; Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica).
Comisión de Relaciones Exteriores:
Diputados: Adriana González Carrillo; Carlos
Martín Jiménez Macías (rúbrica); Arturo Robles
Aguilar (rúbrica); Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre; Jorge Martínez
Ramos (rúbrica); José Alberto Aguilar Iñárritu;
Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja; Humberto Cervantes Vega; Benito
Chávez Montenegro (rúbrica); Rodrigo Iván Cortés
Jiménez; Sami David David; Homero Díaz Rodríguez (rúbrica);
José Luis Flores Hernández; Carlos Flores Rico; Rogelio Alejandro
Flóres Mejía; Blanca Amelia Gámez Gutiérrez
(rúbrica); Fernando Alberto García Cuevas; Juan José
García Ochoa; Alejandro González Yáñez; Leticia
Gutiérrez Corona; María Guadalupe Morales Rubio; Sergio Penagos
García; Cristina Portillo Ayala (rúbrica); Isidro Ruiz Argaiz
(rúbrica); Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica);
María Guadalupe Suárez Ponce; Carlos Noel Tiscareño
Rodríguez; Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica);
Miguel Amezcua Alejo (rúbrica); Alejandro Saldaña Villaseñor
PRI (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAGUA A LIBERAR CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES A FIN DE ADQUIRIR CAMIONES CISTERNA DESTINADOS AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA HILDA VALENZUELA RODELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El municipio de Mocorito, localizado en la región noroeste del estado de Sinaloa, con una población ligeramente superior a 53 mil habitantes, asentados en más de 507 comunidades, presenta dos tipos de clima: uno templado-cálido lluvioso y otro templado frío. Sin embargo, el primero de estos dos climas es el predominante en toda la geografía municipal, con temporadas de sequía marcadas.
De acuerdo con reportes de la estación climatológica Mocorito, localizada a los 107 grados de longitud oeste y los 25 grados de latitud norte, este municipio ha observado a lo largo de las últimas décadas una temperatura media anual de 24.2 grados centígrados, con una máxima de hasta 44 grados centígrados.
Esta situación, aunada a un precipitación pluvial media anual baja, cuya sequía prolongada se manifiesta en el cauce de los arroyos que alimentan al río Mocorito, es causa directa del recurrente y grave estiaje que sufren los habitantes de este municipio, cuyas comunidades están asentadas en su mayoría sobre una orografía plana.
La falta de caudal en los cauces naturales, así como el agotamiento de los niveles de las fuentes de captación de agua del municipio, como son pozos, norias y veneros, aunado a que las temperaturas han empezado a aumentar, ha provocado que los habitantes de Mocorito resientan con mayor peso los graves efectos de la sequía, ya que el abasto de agua para consumo humano no es suficiente para atender la demanda del vital recurso.
La escasez e insuficiencia de agua en el municipio de Mocorito afecta ya a una población cercana a 7 mil habitantes, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades de Cerro Agudo, Pericos, Palmarito Mineral, Comanito, La Primavera, Santa Rosalía, San Benito, Palmarito de la Sierra y Bacamopa; las que prácticamente no reciben suministro de agua para atender las mínimas necesidades de aseo personal.
Reportes de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito indican que en lo general los mantos freáticos para captación del vital líquido, están al 40 por ciento de su capacidad de almacenamiento. Sin embargo, hay comunidades donde los pozos y las norias están prácticamente secos, sin contar que en muchas poblaciones no existe tan siquiera fuentes de captación, mucho menos se cuenta con infraestructura de suministro del preciado recurso.
Para atender esta problemática, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito ha puesto en operación tres carros cisterna, denominados comúnmente "pipas": una de éstas, propiedad del ayuntamiento; y las otras dos, rentadas, con apoyo de la Comisión Estatal de Agua Potable y de la Comisión Nacional del Agua.
Ante lo grave de la demanda de agua potable, los tres camiones cisterna en referencia, transportan el vital líquido prácticamente a todas horas del día y durante toda la semana. Sin embargo, estas "pipas" no son suficientes para atender de manera favorable la creciente demanda, que aumenta conforme se incrementan las temperaturas.
El panorama en comento requiere la entrada en funcionamiento de al menos cuatro camiones cisterna más para hacer frente de manera satisfactoria a la demanda de abasto de agua potable que día a día presentan los habitantes del municipio de Mocorito, afectados por el presente estiaje.
Sin embargo, es preciso mencionar que la situación financiera del ayuntamiento, así como de la propia Junta de Agua Potable y Alcantarillado, limita a estos órganos para hacer frente a la erogación económica que implica la compra de estas unidades.
Para este propósito, se requiere por tanto el apoyo de otras instancias, entre éstas de la Comisión Nacional del Agua, al ser el organismo federal, bajo cuya rectoría se encuentra la administración del recurso agua.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución:
Único. Exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que, a través de su Gerencia Regional en el Noroeste, libere con carácter extraordinario los recursos económicos suficientes que permitan la adquisición de al menos cuatro camiones cisterna, que habrán de ser destinados al servicio permanente de suministro de agua potable para los habitantes del municipio de Mocorito, en tanto se resuelven los requerimientos de fuentes de captación y redes de distribución que garanticen el abasto suficiente del vital líquido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2006.
Dip. Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y A LOS MUNICIPALES A TOMAR MEDIDAS PARA IMPULSAR EL ESTUDIO Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, TANTO EN TIERRA COMO SUBACUÁTICO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
México posee un rico y vasto patrimonio cultural tanto en tierra como subacuático. Este legado está bajo el cuidado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), creado en 1939 como una agencia oficial para proteger, investigar y conservar el patrimonio nacional. Muchos de los ríos, lagos, manantiales, cenotes y cuevas inundadas de México contienen restos prehistóricos, prehispánicos y coloniales, mientras que en sus mares es posible encontrar sobre todo naufragios que datan del siglo dieciséis hasta nuestros días.
El patrimonio cultural sumergido de México permaneció prácticamente ignorado o incluso saqueado hasta 1980, cuando el INAH creó el Departamento de Arqueología Subacuática.
A lo largo de más de 23 años, se han llevado a cabo varios proyectos, todos con un enfoque multidisciplinario, interinstitucional e internacional. Otras características de la arqueología subacuática mexicana incluyen: trabajo no intrusivo, preservación in situ, protección especial del patrimonio natural y preservación a largo plazo. Entre los proyectos realizados se cuentan:
Manantial de la Media Luna, San Luis Potosí. En 1981 y 1982 se hicieron dos temporadas de campo y se recuperaron restos de fauna pleistocénica, así como piezas de cerámica y lítica y dos entierros de infantes pertenecientes a los grupos que usaban este lugar para sus ofrendas entre 600 y 900 de nuestra era. Algunas de estas piezas se exhiben en el Museo Nacional de Antropología, en la ciudad de México.
Costa oriental de la península de Yucatán. Entre 1984 y 1990 se hizo un estudio para localizar las estructuras mayas a lo largo de esta costa que pudieron haber servido como ayudas a la navegación. Se comprobó que muchas de ellas señalan la entrada a arrecifes o a zonas de peligro para los barcos. Faros modernos se localizan muy cerca de estas estructuras.
Arrecife Chitales, Cancún. Quintana Roo. Proyecto arqueológico-biológico en un naufragio del siglo 16, probablemente español. Antes de que el trabajo arqueológico comenzara, biólogos de la Universidad Nacional estudiaron y removieron los corales vivos y los replantaron al final. El área fue monitoreada durante un año, hasta que no quedó huella del trabajo arqueológico.
El Proyecto de Investigación de la Flota de la Nueva España de 1630-1631 empezó en 1995 con una intensa consulta de archivos en México, España y Cuba.
Su objetivo principal es la localización, investigación, recuperación, conservación y difusión de los restos de esta flota, así como la reconstrucción histórica de los eventos antes, durante y después del naufragio, ocurrido en 1631 en el Golfo de México, un año después de que la flota zarpara de Cádiz rumbo al Nuevo Mundo. Se determinaron áreas de búsqueda en la sonda de Campeche, donde es factible encontrar los restos de los dos buques insignia: Nuestra Señora del Juncal y Santa Teresa.
Dos temporadas de campo tuvieron lugar en 1997 y 1998 con la participación de especialistas de instituciones nacionales y extranjeras. Más de 70 sitios con material cultural que data del siglo 16 hasta el presente fueron localizados y registrados. Al parecer, ninguno pertenece a la flota que se estudia. Sin embargo, han enriquecido el Inventario y Diagnóstico de Recursos Culturales Sumergidos en el Golfo de México, proyecto nacido en 1997 en forma paralela a la primera temporada de campo del proyecto de la flota. Estos hallazgos han permitido detectar qué sitios merecen un estudio futuro. Mientras que el trabajo de gabinete y de difusión ha continuado, debido a la falta de recursos financieros no ha sido posible realizar otra campaña de mar.
El tercer proyecto es el Atlas Arqueológico Subacuático para el Registro, Estudio y Protección de Cenotes en la Península de Yucatán, que comenzó en 1999, al atender denuncias de lugareños y espeleobuzos respecto a hallazgos de material prehistórico, prehispánico y colonial en cenotes y cuevas inundadas de Yucatán y Quintana Roo. En cuatro temporadas de campo se ha recuperado importante material que incluye restos de fauna pleistocénica, restos humanos que datan de hace más de 10,000 años y cráneos, esqueletos y cerámica maya. Este material está siendo analizado en laboratorios de México y Estados Unidos.
Entre los principales obstáculos para la arqueología subacuática mexicana están: falta de apoyo financiero, falta de arqueólogos capacitados y la dificultad, debido a los altos costos, de encontrar embarcaciones apropiadas para las investigaciones en alta mar.
De 1995 a 1998, el principal apoyo económico provino de un fideicomiso que fue cancelado en 2002. En los últimos cuatro años, se ha recibido apoyo financiero del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del propio INAH.
Una amenaza constante son los buscadores de tesoros, principalmente extranjeros. Hasta ahora, el INAH ha logrado detenerlos con base en las leyes y regulaciones existentes, en las que el patrimonio cultural sumergido fue tomado en cuenta a partir de 1974. En este sentido, se lleva a cabo un esfuerzo permanente por crear conciencia respecto al valor de este patrimonio y a la necesidad de protegerlo del daño y la explotación comercial.
A pesar de estos obstáculos, la arqueología subacuática mexicana ha podido obtener logros importantes. Entre los más recientes están:
Localización y registro de más de 100 sitios con material cultural.
Diseño y aplicación del Sistema de Información Geográfica Espadas, considerado entre los más avanzados para el trabajo arqueológico subacuático.
Diseño y aplicación de nuevas metodologías, especialmente para trabajar en cuevas inundadas.
Cooperación internacional y nacional, incluso con
comunidades locales de buzos y pescadores.
Recuperación de 40 lingotes de plomo, la colección
más grande recuperada en América.
Estudios biológicos, sedimentológicos y
de parámetros físico-químicos en varios sitios.
Corrección de mapas modernos respecto a algunos
cabos y arrecifes en el Golfo de México.
Recopilación de un importante acervo archivístico y creación de una biblioteca especializada en arqueología subacuática y temas afines.
Difusión de la arqueología subacuática mexicana en foros académicos y en medios de comunicación masiva nacionales e internacionales, incluyendo la elaboración de dos videos y catálogos de piezas prehispánicas y coloniales, así como un documental filmado por Discovery Channel.
La publicación, de 140 páginas, contiene nueve artículos panorámicos y de divulgación sobre la situación actual del patrimonio cultural sumergido y las acciones perspectivas asociadas a diversas convenciones y documentos, está llamada a convertirse en un manual de uso práctico para la conservación y protección de la memoria latinoamericana.
En su presentación se indica que los naufragios son una inestimable fuente de información para la reconstrucción de estilos de vida que ya no existen y que representan de hecho un tesoro sepultado.
Sin embargo, este conocimiento está en peligro de desaparecer debido a que ningún instrumento legal internacional protege adecuadamente el patrimonio cultural subacuático, amenazado de modo creciente por el pillaje y el daño natural.
Virtualmente ningún sitio subacuático en el mundo ha quedado libre del robo y el despojo, al punto de que por ejemplo en el Mediterráneo no existe ningún naufragio del periodo Clásico, correspondiente a la época de los persas, griegos y romanos.
Se hace necesario, pues, un instrumento legal para proteger este patrimonio, dondequiera que pueda estar.
Con el fin de proteger este tesoro de la humanidad y conservarlo para las generaciones futuras, la UNESCO ha preparado la Convención de referencia, elaborada por expertos de distintos países, los cuales tuvieron en cuenta los principios establecidos en la Carta Constitucional de ICOMOS para la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático y las varias convenciones internacionales de mayor relevancia, como son:
2. La Convención de 1982 de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
3. La Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la exportación, importación y transferencia ilícitas de bienes culturales.
4. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático fue adoptada el 2 de noviembre del 2001, por la 31ª Conferencia General de la UNESCO.
También entran en esta categoría de daño potencial el buceo turístico, la industria de la pesca, los conductos subacuáticos y otras prácticas sobre el lecho marino, así como el robo y la destrucción causadas por actividades con fines de enriquecimiento. Al igual que el patrimonio sobre la tierra, este es también parte integral de la herencia común de la humanidad y merece similar atención.
En este sentido, la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe ha proclamado su compromiso en distintas ocasiones de dar a conocer materiales como los publicados para alertar sobre acciones pertinentes y difundir actividades en marcha en el continente.
La Oficina Regional de Cultura también se complace en haber contado con destacados expertos y prominentes colaboradores de diversos países, así como instituciones y científicos renombrados, para divulgar la importancia de estos proyectos.
El texto íntegro de la Convención y la Declaración de la Conferencia de las Américas sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (Kingston, Jamaica, 2002), busca motivar el mayor conocimiento del tema, favorecer acciones concretas mediante la movilización de los países de América Latina y el Caribe, y contribuir a la ratificación del documento normativo.
¿Qué importancia tiene esta área de investigación científica en nuestro país?, la respuesta es muy simple, se estima que más de tres millones de navíos con sus cargamentos yacen en el fondo del mar en distintos lugares del mundo, y en nuestros mares existen miles de naufragios además de los estudios que se podrían hacer en ríos, lagos, lagunas y zenotes en donde abundan vestigios y ruinas históricas de nuestro pasado, además, a nivel mundial existen monumentos como el Faro de Alejandría (Egipto) y la ciudad de Port Royal, en Jamaica, en la época en que era el centro de la piratería en el Caribe.
El ICOM (Consejo Internacional de Museos) junto con los profesionales de distintos museos y del patrimonio de América Latina, Europa y América del Norte han establecido una lista de categorías de objetos culturales precolombinos y coloniales que corren un riesgo serio de ser robados o saqueados.
Esta lista no es exhaustiva pero permite hacer un llamamiento a los museos, las casas de subastas, los marchands y los coleccionistas para que dejen de comprar estos objetos y comprueben que los objetos precolombinos y coloniales han sido exportados legalmente.
La Lista Roja ha sido concebida como fuente de información, instrumento de sensibilización y medio para verificar el cumplimiento de la ley.
A continuación se enumeran las categorías comprendidas en la Lista Roja de bienes culturales latinoamericanos en peligro:
1. Cerámica:
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al órgano Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales y municipales correspondientes para que tomen las medidas necesarias para impulsar el estudio y protección del patrimonio cultural tanto en tierra como subacuático contemplando la problemática actual y los nuevos hallazgos para que se permita garantizar la seguridad de este patrimonio nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de marzo de dos mil seis.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO A INVITAR A LOS TURISTAS NACIONALES Y A LOS EXTRANJEROS A NO CONTAMINAR LOS DESTINOS TURÍSTICOS EN EL PRÓXIMO PERIODO VACACIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante el pleno, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, en base a la siguiente
Exposición de Motivos
En primer lugar consideramos que es necesario referirnos a la indudable importancia que hoy en día representa el sector turismo para los distintos países del mundo, además de que las políticas que hoy en día implementan los gobiernos tienden al fortalecimiento del mismo.
No obstante, hoy en día es necesario impulsar un turismo sustentable, que no atente contra los recursos naturales de cada país.
Quizás el principal problema que se ha suscitado en los destinos turísticos, es la contaminación del medio ambiente. Especialmente en aquellos lugares con playa, el uso y abuso del mar, tiende a alterar los ecosistemas. Por ello es urgente la promoción de un turismo ecológico, que no degrade el ambiente y que a su vez contribuya al bienestar económico de los habitantes de los diversos destinos.
Estamos conscientes que gran parte de la contaminación marítima, la ocasionan los turistas, pues según los expertos en el tema señalan que alrededor del 70% de la contaminación marítima proviene del turismo. Por ello podemos afirmar que gran parte de la contaminación de los mares es fruto de un problema de educación ambiental, porque la gente no esta consciente de su importancia, ni de su potencial como recurso económico.
Asimismo es necesario referirnos a los especialistas quienes han señalado que:
Si bien es cierto que los mares dispersan, diluyen y degradan diversas sustancias, su capacidad tiene un límite; además, la presencia de contaminantes en alta concentración puede ocasionar serios problemas para la flora y fauna marítima. Aunque hay lugares donde las aguas se ven más afectadas por la geografía, como las bahías y ensenadas -ese es el caso de Acapulco-, en las playas a mar abierto la contaminación no les altera tanto, porque su tasa de renovación es más rápida.
Por lo tanto, la Organización Mundial de Turismo ha señalado la necesidad de una:
Promoción del desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, cuyo objetivo final es contribuir al desarrollo económico, a la comprensión internacional, a la paz, a la prosperidad y al respeto universal y la observancia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Al perseguir este objetivo, la Organización presta especial atención a los intereses de los países en desarrollo en relación con el turismo.
En base a la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa, donde los distintos destinos turísticos de nuestro país, se abarrotaran de turistas tanto nacionales como extranjeros, considero necesario que la Secretaría de Turismo realice una campaña encaminada a la "no contaminación de los destinos turísticos de nuestro país".
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo a fin de que realice en lo inmediato una campaña promocional para el próximo periodo vacacional de Semana Santa, donde invite a los turistas nacionales y extranjeros a no contaminar el medio ambiente en los destinos turísticos de nuestro país.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo a fin de que informe de las acciones realizadas a partir de este punto de acuerdo y las que ya está realizando para impedir la contaminación de los destinos turísticos de nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2006.
Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE RECHAZA ENÉRGICAMENTE LA PRETENSIÓN DE GEORGIA Y ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE GRAVAR LAS REMESAS QUE ENVÍAN A SUS PAÍSES DE ORIGEN INMIGRANTES DE DICHAS ENTIDADES, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, RODRIGO IVÁN CORTÉS JIMÉNEZ Y GUSTAVO DE UNANUE AGUIRRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben, Adriana González Carrillo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Gustavo de Unanue Aguirre, diputados federales de la LIX legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión rechaza enérgicamente la pretensión de los estados de Georgia y Arizona de los Estados Unidos de América, de gravar a las remesas que envían a sus países de origen inmigrantes de dichas entidades, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 8 de marzo de los corrientes, el Comité de Reglas de la Cámara Baja de Arizona adoptó una resolución que cobra un nuevo impuesto al envío de remesas de migrantes para construir una barda doble o triple de casi 576 kilómetros a lo largo de la frontera con México.
La iniciativa HCR 2037, que busca contener la inmigración ilegal, fue presentada por congresistas republicanos que cuentan con la mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa de Arizona.
La medida de referencia, impone un impuesto de 8 por ciento a transferencias o giros electrónicos que se envíen desde Arizona a naciones extranjeras, incluyendo las remesas que envían a sus países de origen inmigrantes en la entidad.
Cabe señalar, que el proyecto de ley tendría que librar un comité más antes de ser puesto a consideración del pleno de la Casa de Representantes de Arizona, estado por donde ingresa a Estados Unidos la mayoría de indocumentados, y en su caso ser turnado al Senado.
Lo anterior, debido a que la resolución sería sometida a consideración de los votantes de Arizona en forma de plebiscito en los comicios de noviembre próximo.
La HCR 2037 no requeriría de la sanción de la gobernadora demócrata del estado, Janet Napolitano, quien por cierto ha expresado su oposición a la iniciativa.
Desafortunadamente, la HCR 2037 forma parte de una virtual ofensiva que consiste en un paquete con más de 40 drásticos proyectos de ley dirigidos contra inmigrantes legales e ilegales presentados en la Asamblea Legislativa de Arizona en la presente sesión.
De ser efectivamente implementada sería a todas luces contraria al compromiso que han asumido tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos de abaratar el costo de estos envíos, como ha quedado de manifiesto desde la suscripción de la Asociación para la Prosperidad entre ambos países.
Es importante puntualizar que la propuesta legislativa de Arizona es independiente del proyecto de ley federal HR 4437 que presentó el diputado republicano James Sensennbrener y que adoptó la Cámara baja estadounidense en diciembre de 2005.
Dicho proyecto busca construir cinco secciones separadas de bardas a lo largo de la frontera con México, incluyendo en áreas de Arizona, California, Texas y Nuevo México.
Aunado a las propuestas anteriormente mencionadas, el Congreso del estado de Georgia recién adoptó un proyecto de ley que busca gravar el envío de remesas con un gravamen de 5.0 por ciento, sólo a indocumentados, cuyos fondos recaudados serían usados para programas de apoyo a indigentes.
Igualmente, legisladores en California han indicado que planean presentar ante la Asamblea Legislativa local un proyecto para prohibir envío de remesas a otros países.
Las remesas de mexicanos que trabajan en Estados Unidos a sus familias fue durante 2005 de 20 mil 035 millones de dólares, según informó el Banco de México (Central). Además el monto de referencia equivale al 2,59 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y supera en 13 por ciento lo que ingresó por inversión extranjera directa al país.
Esta serie de iniciativas que intentan gravar los envíos de dinero de trabajadores indocumentados a sus países de origen, resultan sumamente injustas, pues resultan sumamente injustas, pues resultarían discriminatorias en contra de las personas de origen hispano en general, y de nacionalidad mexicana en particular y, desde luego, en contra de sus familias.
En un comunicado, la Cancillería mexicana resaltó que se han girado instrucciones a los consulados ubicados en dichos estados, para que mantengan alertas a la evolución de los procesos legislativos y analicen las acciones jurídicas que se podrían emprender en caso de que lleguen a convertirse en ley.
No obstante, resulta indispensable que las diputadas y los diputados de México rechacemos enérgicamente esta pretensión que, entre otras cosas, sólo provocaría el incremento del uso de mecanismos informales para los envíos de dinero a México, y enviemos un mensaje de solidaridad a nuestros connacionales afectados por la eventual aplicación de estas disposiciones en Georgia y Arizona.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión rechaza enérgicamente la pretensión de los estados de Georgia y Arizona de los Estados Unidos de América, de gravar las remesas que envían a sus países de origen inmigrantes de dichas entidades, por considerar tales medidas como injustas, discriminatorias y alejadas de los acuerdos que deben existir entre países vecinos, socios y amigos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2006.
Diputados: Adriana González Carrillo, Rodrigo
Iván Cortés Jiménez. Gustavo de Unanue Aguirre (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE MÉXICO A INVESTIGAR LOS HOMICIDIOS DE MUJERES EN CHIMALHUACÁN, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARCELA LAGARDE Y DE LOS RÍOS Y BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Y ACCIÓN NACIONAL
Las suscritas diputadas de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo de urgente resolución bajo las siguientes
Consideraciones
Durante los últimos seis meses han sido asesinadas cinco mujeres las cuales han sido abandonadas en la vía pública de una zona ubicada en el municipio de Chimalhuacan, estado de México. Según las investigaciones que ha realizado la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, las víctimas han sufrido de violencia sexual antes de ser asesinadas.
Las mujeres asesinadas son: Inés Martínez Fuentes de 18 años de edad, Diana Nallely Gaona, de 24 años, Aideth Valdez Soriano, de 19 años, Concepción Victoria González González de 16 años, y Dulce Janet Moreno Santiago de 15 años de edad.
Por información periodística sabemos que el 21 de marzo del presente año las autoridades locales se declararon incompetentes para esclarecer los homicidios, por lo que solicitaron a la Procuraduría General de la República la atracción de los casos. El director de Seguridad Pública Municipal Luis Enrique González Soto, reconoció que la Procuraduría General de Justicia Estatal y la dependencia a su cargo no tiene la infraestructura necesaria ni el personal capacitado suficiente para agilizar la investigación.
Ante la violencia extrema que ocurre en Chimalhuacan, es urgente que las autoridades locales y federales actúen de manera rápida y eficiente en las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los homicidios y prevengan la comisión de otros delitos violentos contra mujeres.
Por lo expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a las autoridades del Estado de México a investigar los homicidios de cinco mujeres ocurridos en el municipio de Chimalhuacan.
Segundo.- Se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Violentos contra Mujeres para que de conformidad con sus atribuciones establecidas en el acuerdo No. A/003/06 acompañe las actuaciones de la PGJEM y contribuya al esclarecimiento de los homicidios de mujeres en Chimalhuacan.
Tercero.- Se exhorta al gobernador del estado de México a diseñar e implementar un programa de prevención, atención e investigación para la prevención de delitos violentos contra mujeres.
Dado en el Palacio Legislativo, a los treinta días del mes de marzo de 2006.
Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica)
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES A RETIRAR LA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL ACOSO SEXUAL DENOMINADA "LA MUJER NO ES UN OBJETO", SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARCELA LAGARDE Y DE LOS RÍOS Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las suscritas legisladoras de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo de urgente resolución bajo las siguientes
Consideraciones
El día 7 de marzo del presente año el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) presentó a los medios de comunicación la campaña publicitaria contra el acoso sexual que sufren las mujeres denominada "la mujer no es un objeto", para ser difundida en radio, televisión, espectaculares, periódicos, revistas, anuncios, entre otros.
Esta campaña que tuvo un costo de 8 millones de pesos, representa a las mujeres víctimas de acoso sexual con muñecas inflables acompañadas de la frase "la mujer no es un objeto"; según pretensiones del Inmujeres sirve para demostrar que el acoso sexual es una acción denigrante que debe ser denunciada.
Al respecto, la campaña promovida por el Inmujeres difunde un mensaje confuso e incongruente al señalar que la mujer no es un objeto y al mismo tiempo la representa con un objeto pornográfico.
Es importante mencionar que la campaña es imprecisa al señalar que el acoso sexual debe ser denunciado si tomamos en cuenta que el delito de acoso sexual no está tipificado, en el Código Penal Federal, únicamente se encuentra establecido el delito de hostigamiento sexual. La distinción entre ambas figuras es fundamental en razón de que en el caso del hostigamiento sexual es necesario que exista, conforme a la descripción típica, una relación de subordinación entre víctima y agresor.
En el caso específico del acoso sexual, como conducta, puede darse sin que exista ningún tipo de relación jerárquica entre la víctima y su agresor, solo de manera tácita por el hecho de encontrarse la mujer en una posición de vulnerabilidad frente al hostigador.
Asimismo, en la campaña se representa a las víctimas de acoso sexual de manera estereotipada, porque este tipo de violencia no depende de la condición social, laboral, educativa, económica o cultural, ya que cualquier mujer puede ser acosada sexualmente.
De acuerdo con las Convenciones Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer y para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Estado mexicano debe prevenir, atender y sancionar adecuadamente la violencia contra las mujeres, para alcanzar su erradicación.
La campaña del Inmujeres, lejos de contribuir a erradicar la violencia, cosifica y denigra a las mujeres y con ello reproduce la violencia.
En este sentido, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Discriminación establece en su artículo 9 fracción XV la prohibición de transmitir mensajes e imágenes en los medios de comunicación que ofendan y ridiculicen a las víctimas de violencia.
Por lo anterior, sometemos a consideración de ésta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Lic. Patricia Espinosa Torres, a retirar de inmediato la campaña publicitaria en contra del acoso sexual denominada "La mujer no es un objeto" y se restituya con otra que promueva el respeto de los derechos humanos de las mujeres desde la visión de la Doctrina de Protección Integral.
Dado en el Palacio Legislativo, a los treinta días del mes de marzo de 2006.
Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica)
Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE ESTA SOBERANÍA HAGA UN LLAMADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON EL OBJETIVO DE QUE ASUMAN LO DISPUESTO EN EL COFIPE SOBRE EQUIDAD PARA EL ACCESO A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ MOJICA MORGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal Beatriz Mojica Morga, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolucionario Democrática de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, se permite someter a la consideración del Pleno un pronunciamiento en torno a las fórmulas de candidaturas de los partidos políticos, para integrar las Cámaras del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, con base en las siguientes
Consideraciones
En nuestro país, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres como principio rector de nuestro sistema normativo ha propiciado el surgimiento de diversas instituciones y figuras legales, que han generado con el paso del tiempo importantes reformas que fundamentalmente han permitido establecer las bases para el gradual establecimiento de medidas que propicien condiciones de auténtica equidad, esto ha sido el interés de muchos años de lucha que hemos sostenido las mujeres, y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, sería absurdo dejar de reconocer los logros obtenidos.
Un breve recuento histórico nos dice que es a partir de 1953 con motivo de la reforma del artículo 34 de la Constitución General en que se reconoce la calidad de ciudadanas a las mujeres, otorgándose en consecuencia el derecho al voto, y a partir de ese momento es cuando comenzamos a tener presencia en los cargos de elección popular, pero no fue sino hasta el año de 1974 cuando se eleva a rango constitucional la igualdad de hombres y mujeres.
Es obvio que después de cinco décadas se ha ido incrementado el número, pues de las primeras cuatro legisladoras de 1955, hemos pasado con muchos esfuerzos a representar 22 por ciento, con la presencia de 120 espacios en esta LIX Legislatura.
Sin desconocer los importantes esfuerzos por lograr una cultura de equidad en nuestro país, que ha ido atenuando las desigualdades entre las mexicanas y los mexicanos en una población compuesta, según el II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, por 103.1 millones de habitantes, de los cuales 53 millones son mujeres y 50.1 millones son hombres.
Las cifras antes señaladas nos demuestran en forma inobjetable la superioridad numérica de mujeres entre la población mexicana, que contrastan ostensiblemente con el número de cargos públicos que han conquistado, a pesar muchas veces de su entusiasta participación en la vida política del país, hecho que nos lleva a reconocer que al final de cuentas por diferentes motivos y pretextos las mujeres no contamos con suficientes espacios para la toma de decisiones en México.
Esto viene a cuento en el momento presente en que los diversos partidos políticos preparan sus listas de candidatos y candidatas para ocupar los escaños que integrarán la próxima Legislatura al Congreso de la Unión y en la que por principio de cuentas debería de respetarse lo establecido en el Cofipe en cuanto a la cuota de mujeres se refiere.
Y si hoy desde esta tribuna pedimos la observancia estricta de la ley, se debe a que la experiencia de la última elección federal de 2003 para diputados y diputadas nos demuestra que los institutos políticos pasaron por alto el porcentaje de 30 por ciento para mujeres, ya que en la conformación de las fórmulas, propietaria y suplente, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, no se respetó la integración con miembros del mismo género, por lo que continuaron los vicios que la reforma de 2002 pretendía combatir.
En tal sentido de lo ocurrido en el pasado y ante la inminencia de hechos que pueden ser consumados con clara desventaja para las mujeres, es que se pide a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que formule un llamado a los partidos políticos, para que en aras de la consolidación democrática y del respeto a la ley asuman como compromiso y obligación el observar lo dispuesto en el Cofipe entre hombres y mujeres para el acceso a cargos de elección popular.
Y que, por tanto, en la integración de sus propuestas para las candidaturas por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional, de la cuota de 30 por ciento para mujeres, según lo dispone el artículo 175-A del Cofipe, las fórmulas se integren con miembros del mismo género.
Palacio Legislativo, a 30 de marzo de 2006.
Dip. Beatriz Mojica Morga (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR A LA PGR Y A LA SEGOB QUE ENCUENTREN UNA SOLUCIÓN JURÍDICA QUE PERMITA LA LIBERTAD DE LOS PESCADORES MIGUEL GALDINO QUIRÓS Y GAMALIEL ASCENCIO MAYA, A CARGO DEL DIPUTADO ABDALLÁN GUZMÁN CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Abdallán Guzmán Cruz, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las consideraciones que se enuncian.
En nuestro país la naturaleza y la sociedad han sido sometidas a un sistema económico y político depredador y rapaz que, entre sus resultados, hunde en la pobreza a millones de mexicanos y se refleja en el creciente y preocupante deterioro ambiental, lo que cancela oportunidades para las presentes y futuras generaciones.
Desde hace muchos años, fuertes intereses económicos regionales, nacionales o transnacionales, en complicidad con el poder político, han encontrado en la explotación irracional de los recursos naturales una importante veta de lucro e enriquecimiento indebido. También es creciente la lucha de organizaciones sociales y de los propios productores locales en defensa del patrimonio de sus familias y de todos los mexicanos.
Es innegable que ante el alto impacto sufrido por la naturaleza, las autoridades ambientales deben tomar medidas serias y consecuentes, contando siempre con el concurso de las comunidades afectadas directamente, primeras interesadas en preservar los recursos que les dan sustento familiar y que permitirán el desarrollo de sus descendientes.
En el lago de Pátzcuaro, cuna de una de las culturas más destacadas del occidente de Mesoamérica, se presenta desde hace más de una década una lucha por la defensa de este vaso acuífero que es hábitat de varias especies piscícolas y brinda sustento a múltiples comunidades indígenas. Con frecuencia los problemas se agravan por la falta de comunicación y sentido común de las autoridades ambientales.
En 1998, cuando aparecieron señales de peligro de extinción de especies en el lago, principalmente de los peces blanco, achoque y acúmura, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión de Pesca de Michoacán decidieron declarar una veda a la pesca en general de manera unilateral. La medida parecía justificada, sobre todo si se toma en cuenta que la captura de pez blanco pasó de 125 toneladas en 1982 a poco menos de 10 en 1998.
A cambio, las autoridades ambientales federales y locales ofrecieron un programa de empleo temporal, que tuvo un reducido impacto, ya que inició demasiado tarde. La veda comenzaría en marzo de 1999 y concluiría en mayo del mismo año, coincidiendo con la época de cuaresma, los meses de mayor flujo de turistas en la región.
Los pescadores isleños y ribereños del lago de Pátzcuaro, integrado por los municipios de Erongarícuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Pátzcuaro, aceptaron en 1999 la medida y mantuvieron siempre una actitud de disposición al diálogo con el fin de mantener el entorno ecológico.
La veda se extendió a todas las especies de peces y anfibios a partir del 1 de marzo y hasta el 25 de abril de 2000, facultando a la Profepa para que inspeccionara y vigilara el cumplimiento de la disposición.
En esta ocasión que se instrumentó la veda no se avisó a los pescadores como se había acordado, y en lugar de ello la Semarnap y el Grupo de Operativos Especiales de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Michoacán decomisaron instrumentos de trabajo y los incineraron en el mismo lugar, lo que causó el enojo de la comunidad; esto sucedió el 2 de marzo de 2000, entre la isla de Janitzio y la ribera de Cucuchuchu.
Ante tal situación, un grupo de alrededor de 300 indígenas, a bordo de sus embarcaciones, interceptó a los inspectores y los trasladó a la Jefatura de Tenencia de la isla de Janitzio, porque consideraron que se trataba de una violación a su derecho a la pesca.
En dicha oficina estuvieron a disposición de la Jefatura de Tenencia de Janitzio: Ulises Pech Rivera y Francisco Mendoza García y cuatro policías de Seguridad Pública desde las 13 horas del 2 de marzo hasta las trece horas del día siguiente, el 3 de marzo, cuando se presentaron autoridades del gobierno de Michoacán, representantes de la Profepa e integrantes de la mesa directiva de los pescadores. Después de dialogar con las autoridades se liberó a los inspectores federales y a los policías.
Como resultado de estos acontecimientos se libró orden de aprehensión en contra de miembros de la Unión de Pescadores de las Islas del Lago de Pátzcuaro de Michoacán, bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, robo y otros; a pesar de haber firmado los asistentes minutas en el sentido de que los detenidos no interpondrían acciones jurídicas en contra.
Sin embargo, fueron detenidos Aurelio Guzmán Mateo y Leocadio Ascencio Amaya y trasladados al Centro de Readaptación Social de Morelia. Fueron sentenciados a una pena de 20 años de prisión, una multa de 65 mil 400 pesos, misma que fue ratificada en segunda instancia.
Pescadores del lago de Pátzcuaro, organizaciones sociales, sus abogados y diputados federales solicitaron la intervención del titular del Poder Ejecutivo federal, Presidente Vicente Fox Quesada, para que otorgara el indulto a los indígenas pescadores.
El 1 de febrero de 2002, ante la evidencia de atropellos y debido a la presión social, el Presidente Fox otorgó el indulto, ordenando su inmediata excarcelación.
Sin embargo, la orden de aprehensión en contra de otros dos pescadores, Miguel Galdino Quirós y Gamaliel Asencio Amaya, permanece vigente. En contra de esta resolución fue presentado un recurso de revisión, mismo que fue turnado al Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito con residencia en la ciudad de Morelia. Dicho recurso se declaró improcedente.
En virtud de lo anterior, los señores Galdino Quirós y Asencio Amaya, así como sus familiares y habitantes de la comunidad, viven en constante zozobra, ante el temor de ser detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.
La solución jurídica más viable es la cancelación de las órdenes de aprehensión, con fundamento en el artículo 200 del Código de Procedimientos Penales, el cual establece que si por datos posteriores el Ministerio Público estimare que ya no es procedente una orden de aprehensión, o que debe reclasificarse la conducta o hecho por los cuales se hubiese ejercitado la acción y la orden no se hubiese ejecutado aún, pedirá su cancelación o hará la reclasificación, en su caso, con acuerdo del procurador de Justicia o del funcionario que corresponda, debiendo este acuerdo constar en el expediente; o bien, promover su sobreseimiento y la libertad absoluta del inculpado.
Nuevamente se solicitó al Ejecutivo federal su intervención para cancelar las órdenes de aprehensión de los pescadores indígenas mencionados y el Presidente Fox giró las instrucciones al entonces secretario Santiago Creel Miranda y al titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dependencias que tienen pleno conocimiento del caso e hicieron el compromiso, hace más de tres años, de buscar una pronta solución. Sin embargo, después de varios meses, la situación permanece en las mismas condiciones sin que haya justificación alguna para su retardo.
Consideramos que, al haber resuelto favorablemente con los detenidos que fueron indultados, el Ejecutivo federal sentó un precedente que debe considerarse para que las órdenes de aprehensión pendientes sean dejadas sin efecto. No puede darse un trato diferenciado para un mismo hecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los que suscribimos sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, para que en el ámbito de sus atribuciones gire instrucciones precisas a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación para que de inmediato se encuentre la solución jurídica que permita la libertad absoluta de los pescadores Miguel Galdino Quirós y Gamaliel Ascencio Maya.
Palacio Legislativo, a 30 de marzo del 2006.
Dip. Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SEMARNAT A DAR A CONOCER, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA CIBIOGEM, LA POSTURA DE LA DELEGACIÓN MEXICANA EN LA TERCERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, CELEBRADA EN CURITIBA, BRASIL, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR SUÁREZ CARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La semana pasada se llevó a acabo la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología en Curitiba, Brasil.
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología se ocupa de la transferencia, manipulación y utilización segura de los organismos vivos modificados que puedan tener un efecto adverso sobre la diversidad biológica, teniendo en cuenta la salud humana y con un interés especial en los movimientos transfronterizos. El Protocolo establece un mecanismo de intercambio sobre la seguridad de la biotecnología para facilitar el intercambio de información, y contiene provisiones sobre la creación de capacidades y los recursos financieros, con una especial atención puesta en los países en desarrollo y en aquellos sin sistemas reguladores domésticos. El Protocolo entró en vigor el 11 de septiembre de 2003, y cuenta actualmente con 132 Partes, México lo ratificó en esta fecha.
Durante la tercera reunión se consideraron varios informes sobre las actividades en curso dentro del mandato del Protocolo, tales como requisitos para la manipulación, transporte, envasado e identificación de los organismos vivos modificados (OVM); requisitos de documentación para los OVM para alimentación, forraje y procesamiento (OVM-AFP); criterios para la evaluación del riesgo y gestión del riesgo; responsabilidad y compensación; la necesidad de establecer órganos subsidiarios; y la vigilancia, presentación de informes, evaluación y revisión de la implementación.
Uno de los debates centrales de esta reunión giraba en torno a la larga controversia sobre los requerimientos de documentación para los OVM-AFP; en particular, existía gran disposición para que la frase "pueden contener" fuera finalmente resuelta en esta reunión. De esa manera, la tercera reunión se vislumbraba como la oportunidad, y así se señaló en la inauguración, de resolver las cuestiones pendientes al adoptar los requerimientos detallados de documentación para los OVM para alimentación, forraje y procesamiento (AFP).
La mayor parte de los países estaban de acuerdo en incluir el término "contiene organismos genéticamente modificados" en el artículo 18.2 A y que esta disposición surtiera efecto este año. Brasil presentó una postura que proponía un periodo de cuatro años para adaptarse a las nuevas reglas. Por su parte, Paraguay y México se mantuvieron contrarios a esta propuesta, con la idea de que los embarques se identificaran únicamente con la frase "pueden contener".
En cuanto a requerimientos de documentación, México sugirió cambios de gran trascendencia; entre otros, solicitaba que en mejor que la frase "solicitar (requesting) a las Partes a tomar medidas sobre la documentación", solamente mantener "impulsar (urging) a que la Partes tomen medidas sobre la documentación", redacción que no obliga a dar información. México, apoyado por Paraguay, dijo que no podía aceptar incluir en la documentación que acompañaba el envío los nombres comunes, científicos y comerciales, y los códigos del acontecimiento de la transformación del OGM.
Además, nuestro país insistió en la sumisión de la información al Biosafety Clearing-House BCH, reconociendo que la expresión "puede contener" no requiere un listado de organismos genéticamente modificados. En el colmo del servilismo a los intereses de las empresas biotecnológicas, México solicitó una referencia preambular mencionando el artículo 24 del Protocolo de Cartagena, el cual se refiere a los países no partes y señala que los requisitos específicos de la documentación precisados no se aplican a los movimientos transfronterizos de OGM entre las Partes y no partes, recordemos que Estados Unidos no ha firmado este Protocolo.
Esta postura creó amplia controversia en la reunión, lo que incluso llegó a poner en peligro un posible acuerdo, lo cual pudo ser catastrófico para el propio Protocolo de Cartagena. Fue necesario integrar un pequeño grupo de Amigos del Presidente para continuar las discusiones y se logró el compromiso de establecer en el texto del preámbulo que las definiciones de tránsito existen en varios convenios multilaterales a nivel internacional y reconocer que el comercio y los convenios ambientales. Este grupo tuvo que trabajar un día entero y su noche para lograr el consenso.
En la plenaria se dijo que los cambios introducidos por México darían lugar a bajar los estándares establecidos por Decisión BS-I/6. Incluso, miembros de la sociedad civil presentaron pancartas diciendo "Perú, Paraguay, México: el mundo los hará responsables".
Finalmente, se llegó a un acuerdo debilitado por la postura que México introdujo en el debate, su propuesta dificultó el consenso y obligó a que frente a la amenaza de hacer fracasar la reunión se mantuviera un acuerdo mínimo.
Durante las negociaciones, México actuó como portavoz de las grandes empresas, en lugar de velar por los intereses de la nación y de apoyar a la mayoría de los 132 Estados miembros del Protocolo de Cartagena.
Por todo lo anterior proponemos a este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al ingeniero José Luis Luege Tamargo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su calidad de Presidente de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a dar a conocer a esta soberanía la postura que mantuvo la delegación mexicana en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que actúa como reunión de las partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, en Curitiba, Brasil.
Dado en San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2006.
Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica)
El que suscribe, diputado federal Sergio Penagos García, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional a la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 6, inciso f), del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción XVI del artículo 21 y en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Gobernación, a efecto que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto presentada por el Ejecutivo federal que reforma y adiciona diversas disposiciones del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, que se presentara con fecha 21 de abril de 2004, por la que se que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados con fecha 21 de abril de 2004 fue presentada a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales, presentada por el Ejecutivo federal.
2. Asimismo, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados con fecha 29 de abril de 2004, fue presentada de la misma manera una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales, presentada por el diputado José González Morfín, del GPPAN.
3. Así las cosas, el Presidente de la Mesa Directiva giró el turno a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Gobernación, los días 22 de abril y 4 de mayo de 2004 para su estudio, análisis y dictaminación.
Hasta la fecha, dichas Comisiones no han emitido dictamen alguno, así como la solicitud de la ampliación del plazo de dictaminación hacia la Presidencia de la Mesa Directiva.
Consideraciones
Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones en nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Estamos ciertos de que una de las mayores aspiraciones y reclamos ciudadanos de los procesos electorales lo es precisamente que sean transparentes y confiables; por ello es necesario contar con una legislación que prevenga la solución de los distintos problemas que se presentan antes, durante y después de las jornadas electorales para sancionar debidamente a todo el individuo que cometa actos delictivos relacionados con el proceso electoral, ya que estos actos también atentan contra las instituciones y los procesos fundamentales de carácter político-electoral, que tanto trabajo y esfuerzo han costado al país, máxime cuando nos encontramos ante el reto de consolidar nuestra democracia; democracia que buscamos sea permanente, que funcione, que sea sustentable, que sea la piedra angular para el desarrollo nacional y que se funde en los verdaderos valores político-democráticos a los que debemos aspirar y por los que debemos luchar.
Por ello se hace necesario hacer esta excitativa para que se aprueben las iniciativas mencionadas, ya que actualmente es ineludible contar con más herramientas legales que permitan castigar a los infractores de la ley en materia electoral.
Es común que en todas las latitudes hoy día se ponga énfasis en el desarrollo electoral y en especial en la comisión de delitos electorales, que de alguna manera vengan a entorpecer el progreso democrático de un país. Por esta razón es indudable que se cuente con una legislación acorde en materia de delitos electorales que logre mantener un mejor ambiente político-electoral.
Si bien es cierto México en materia electoral no está tan rezagado como lo están en otros países. Sin embargo en la actualidad se tiene la necesidad de impulsar las reformas necesarias en materia de delitos electorales a fin de transitar a un mejor modelo de justicia electoral.
Tercera. En nuestro país, cada uno de los Poderes de la Unión, con la participación de todos los sectores involucrados -y aquí es necesario recordar la responsabilidad de los diputados en este rubro-, tienen que encontrar respuestas al fenómeno delictivo, en el caso particular los delitos en materia electoral deben ser acordes con a nuestro tiempo previendo las circunstancias que en cada jornada electoral se presentan, por eso resulta importante atender las iniciativas que hemos mencionado en materia de delitos electorales.
Porque los sistemas que se cierran al cambio hoy en día, con el firme propósito de desconocer lo que acontece a su alrededor, se paralizan y tarde o temprano, entran en crisis.
Cuarta. Estamos seguros de que en lo fundamental encontramos coincidencias ya que nos une el deseo de identificar modos y formas para perfeccionar nuestros sistemas jurídicos y políticos, para hacer de los principios de igualdad, democracia y justicia, sean una realidad cotidiana y presente a los ciudadanos, esto con el fin de alcanzar una sociedad cada vez más democrática y siempre con estricto apego al Estado de derecho.
Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta la siguiente
Excitativa
Único. Excite a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Gobernación, a que presenten el dictamen respectivo ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, presentada por el Ejecutivo federal, así como de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales, presentada por el diputado José González Morfín, del GPPAN, con la mayor brevedad.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 30 días del mes de marzo de 2006.
Dip. Sergio Penagos García (rúbrica)