• Del Consejo Editorial, respecto de la fecha límite para la recepción de solicitudes de publicación.

• Que deroga el inciso a) del artículo 5o. y reforma el artículo 8o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, presentada por el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 31 de mayo de 2006.

• De la Comisión de Recursos Hidráulicos, segundo de actividades del tercer periodo ordinario, referido al lapso septiembre de 2005-febrero de 2006.

• De la Comisión de Recursos Hidráulicos, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura.

• De la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos, al proceso de selección para ocupar el puesto de subdirector de Prospectiva, perteneciente al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

• De la Comisión de Equidad y Género, a la reunión de su mesa directiva, que tendrá verificativo el martes 13 de junio, a las 15 horas.

• Del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, al taller El régimen de protección especial del maíz en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que se realizará el lunes 12 de junio, de las 9 a las 18 horas.

• De la Comisión de la Función Pública, al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, organizado junto con la UNAM, que se realizará hasta el miércoles 14 de junio, a las 8 horas.

• De la Comisión de Equidad y Género, a la clausura del diplomado Equidad de género y políticas públicas, desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y la lucha contra la violencia, que tendrá lugar el miércoles 14 de junio, a las 20 horas.

• De la Comisión de la Función Pública, al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, que se transmitirá los lunes, martes, jueves y viernes a partir de junio y hasta el 15 de agosto, de las 7 a las 9 horas.

• Del Comité de Información, Gestoría y Quejas, al Foro regional de atención ciudadana, que se inaugurará el jueves 15 de junio, a partir de las 9:30 horas.

• De la Comisión de Salud, al Coloquio sobre salud ambiental, que tendrá lugar el jueves 22 de junio, de las 9:30 a las 14 horas.

Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de junio de 2006.

Diputados presidentes de los órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados
Diputadas y diputados integrantes de las Mesas directivas de las comisiones y comités
Diputadas y diputados federales
Titulares de la Secretaría General y de las secretarías de servicios
Presentes

En atención al acuerdo del Consejo Editorial adoptado en la reunión de trabajo celebrada el 8 de junio del presente año, y en virtud del inminente fin del ejercicio de la LIX Legislatura, me permito comunicar a ustedes que se ha determinado la conveniencia de establecer como fecha límite para la recepción de solicitudes de publicación de obras el día 22 de junio del presente año, día en que habrá de celebrarse la próxima reunión de trabajo de este Consejo, lo anterior con objeto de estar en posibilidades de tomar en consideración dichas solicitudes y resolver lo conducente en tiempo y forma.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más distinguida consideración.

Atentamente
Diputado Inti Muñoz Santini (rúbrica)
Presidente
 
 

El suscrito, Carlos Flores Rico, diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso a) del artículo 5o. y se reforma el diverso artículo 8o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Con la presente iniciativa busco consolidar un servicio profesional de carrera en la administración pública federal competitivo y eficiente, pero con la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para designar libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente, lo que permitiría además impulsar un verdadero equilibrio entre conocimiento y lealtad con las políticas públicas del gobierno en turno, en el que la ciudadanía ha depositado su confianza en las urnas, en el marco de la nueva realidad que enfrenta el país como lo es la alternancia política.

Consideraciones

México, al igual que otros países, ha venido preocupándose en los últimos años por profesionalizar la administración pública y dotar de calidad a los servicios que presta el Estado para atender las diversas necesidades de una población y sociedad cada día más exigentes, en un marco de renovación, competitividad y eficiencia mediante la adopción de criterios gerenciales y de esquemas de gestión estratégica de recursos humanos.

Esta preocupación del Estado mexicano obedece principalmente a la ausencia de instituciones gubernativas y administrativas claras y sólidas, que ha provocado una deficiente calidad de los servicios públicos que presta no sólo el Poder Ejecutivo federal, sino también el Legislativo y el Judicial, los gobiernos estatales y municipales, así como los entes constitucionalmente autónomos, que evidencian corrupción, y por supuesto, la existencia de prácticas clientelares y corporativas que siembran desconfianza e incredulidad de la sociedad para con las instituciones administrativas y de gobierno. Como muestra, baste decir que de las últimas encuestas practicadas en nuestro país sobre valores, corrupción y buen gobierno, han dado como resultado que las instituciones gubernamentales y administrativas (salvo el Ejército Mexicano) sean las que presenten los porcentajes más bajos en cuanto a confianza por parte de la ciudadanía.

Ello, sin duda, ha provocado que el Poder Legislativo participe de manera cada vez más firme e importante en el diseño de medidas para dotar a la administración pública de mecanismos para hacer cada vez más eficiente su labor cotidiana, como es aprobando leyes relacionadas con la reglamentación de conductas de los servidores públicos, con la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental y de protección de datos personales, con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, y por supuesto con la fiscalización de los recursos públicos a través de la Auditoría Superior de la Federación, ASF.

En ese sentido, en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República durante su LVIII Legislatura, resultó necesario incluir el tema de la profesionalización de la administración pública para dotar de calidad a los servicios que presta el Estado que atienden las diversas necesidades de la sociedad en su conjunto, que dio como fruto la expedición de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Publica Federal, la cual fue aprobada por el honorable Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, producto de las iniciativas presentadas por el senador Carlos Rojas Gutiérrez, del PRI, en octubre de 2000 y por el senador César Jáuregui Robles, del Partido Acción Nacional, PAN, en abril de 2002.

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal tiene por objeto establecer las bases para la organización, el funcionamiento y el desarrollo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la administración pública federal centralizada, que incluye tanto las secretarías de Estado como la Consejería Jurídica de la Presidencia, los Departamentos Administrativos y los órganos desconcentrados. La ley excluye al personal público del sector paraestatal que están previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la propia Ley Federal de las Entidades Paraestatales, pues dada su personalidad jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio no pueden encontrarse bajo la observancia de la ley, pero no deja de señalar que los organismos públicos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria, es decir, las entidades del sector paraestatal federal, podrán establecer sus propios sistemas de servicio profesional de carrera tomando como base los principios de la ley que nos ocupa.

El sistema se define como un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito. El Sistema del Servicio Profesional de Carrera depende del Ejecutivo federal, según establece el artículo segundo de la ley; su dirección está a cargo de la Secretaría de la Función Pública y son las dependencias de la administración las que lo operan a través de la constitución de un comité técnico de profesionalización y selección.

Son principios rectores del Sistema del Servicio Profesional de Carrera: a) la legalidad; b) la eficiencia; c) la objetividad; d) la calidad; e) la imparcialidad; f) la equidad; y g) la competencia por mérito.

La ley señala que el Sistema del Servicio Profesional de Carrera comprenderá los mandos medios de la administración pública, siendo los rangos siguientes: 1) director general; 2) director general adjunto; 3) director de área; 4) subdirector de área; 5) jefe de departamento; y 6) enlace, en sus distintos niveles. También quedan comprendidos los equivalentes, adjuntos y homólogos a los puestos mencionados.

Cabe señalar que la ley no incluye al personal de base sindicalizado y a los puestos de libre designación, como secretarios de despacho, subsecretarios u oficiales mayores; empero, tendrán acceso al servicio profesional de carrera, sujetándose, en su caso, a los procedimientos de reclutamiento, selección y nombramiento previstos en el ordenamiento que nos ocupa.

Para el caso de los servidores públicos de libre designación, la ley crea la figura del "gabinete de apoyo", que será la unidad administrativa adscrita a los secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, titulares de unidad, titulares de órganos desconcentrados y equivalentes para desempeñar un cargo o comisión en las secretarías particulares, coordinaciones de asesores, coordinaciones de comunicación social y servicios de apoyo, de cualquier nivel, de conformidad con el presupuesto autorizado; señalando la ley además que los servidores públicos que formen parte de los gabinetes de apoyo serán nombrados y removidos libremente por su superior jerárquico inmediato.

Es de aclararse que el artículo 8o. de la ley que hoy propongo reformar señala que el Sistema del Servicio Profesional de Carrera no comprenderá al personal que preste servicios en la Presidencia de la República, los rangos de secretario de despacho, jefes de departamento administrativo, subsecretarios, oficiales mayores, jefe o titular de unidad y cargos homólogos; los miembros de la Fuerzas Armadas, del sistema de seguridad pública y seguridad nacional, del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste, así como del personal docente de los modelos de educación preescolar, básica, media superior y superior; de las ramas médica, paramédica y grupos afines; los gabinetes de apoyo, así como los que estén asimilados a un sistema legal de servicio civil de carrera; y los que presten sus servicios mediante contrato, sujetos al pago por honorarios en las dependencias.

Así entonces, con la implantación del servicio profesional de carrera en la administración pública federal en México terminó un debate en el que se reflejaron posiciones encontradas sobre la conveniencia de implantar el sistema de servicio civil profesional; sin embargo, su constitución vino a formar sin lugar a dudas uno de los avances más importantes en la reforma del Estado en los últimos años. Con su aplicación se da continuidad a la transición democrática en el país, así como la modernización y el fortalecimiento de la administración pública. No pueden soslayarse su importancia y trascendencia. La profesionalización de la administración es un elemento más hacia la consolidación democrática y el adecuado equilibrio de poderes.

No obstante, el servicio de carrera ha generado algunas reticencias y en varios países se ha empezado a cuestionar su conveniencia y ha sido reformado en un número importante de ellos. Ninguno ha desaparecido sus servicios civiles. Lo que sí han hecho, sin embargo, es adecuarlo a sus necesidades actuales.

En México, a casi tres años de su implantación, también se empiezan a cuestionar algunos de sus contenidos y a manifestar la necesidad de incluir aspectos fundamentales que, aun cuando fueron materia de análisis en la discusión de las principales iniciativas que dieron origen a la creación de la ley que nos ocupa, por alguna circunstancia fueron omitidos en la redacción final del texto legal.

Sobre este último punto en particular, varios académicos estudiosos del tema, esencialmente consideran como omisión de la ley la ausencia de un centro de enseñanza o aprendizaje de la administración pública en general, como previene la Constitución General de la República en el artículo 123, apartado B, y que se pretende sea un centro de enseñanza instituida por el Ejecutivo federal que tenga como objetivo primordial formar y perfeccionar a los servidores públicos que pretendan ocupar cargos medulares del servicio profesional de carrera y colaborar en la selección y formación, o también, de prestadores de servicios que inician sus actividades, así como para capacitar permanentemente a los servidores públicos con mediana y mayor antigüedad, sin olvidar su importancia como un centro de evaluación del desempeño y de certificación de capacidades, como ya establece la ley. Otro tema coyuntural omitido en la legislación, apuntan los especialistas, es la nula relación que se ejerce del servicio profesional de carrera con la política salarial, pues estiman que resulta imprescindible articular toda una estructura salarial de carácter especial a un sistema de carrera, a las promociones, a los estímulos económicos, a fin de planificar los diferentes planes de carrera de los servidores públicos, que permita realizar escenarios de corto y mediano plazos sobre los comportamientos económicos del sistema del servicio profesional de carrera. Para dotar de credibilidad y certeza hacia los propios servidores públicos, especialistas en el tema consideran también se deba dotar de autonomía a la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que permita apartar de cualquier interés político partidista sus decisiones, actividades y medidas de supervisión.

No obstante la urgencia de esas reformas, la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta honorable asamblea se centra en consolidar un servicio profesional de carrera en la administración pública federal competitivo y eficiente, pero con la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para designar libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente porque, en atención a este nivel administrativo, investigadores y especialistas han venido considerando que esta responsabilidad debe ser por libre designación, ya que el Ejecutivo necesita personal de su entera confianza y lealtad para que impulse y ponga en práctica sus políticas públicas, como sucede en la burocracia alemana, en cuya organización de la función pública el nivel de director general está considerado en la estructura de los denominados "funcionarios políticos", que además de ser personal de confianza son los enlaces entre los funcionarios de carrera con los políticos, actúa como bisagra entre la política y la administración pública. En Alemania, estos encargos son nombrados de manera discrecional y pueden ser retirados temporal o definitivamente por el ministro, y no siempre el director general es un "funcionario político", sino que se permite la entrada de personas del exterior, a quienes no se otorga el estatus de funcionario de carrera.

En México se requiere que el puesto de director general sea nombrado por libre designación, pues es necesario que el Ejecutivo cuente con servidores públicos que, además de los ya establecidos en la legislación, garanticen la confianza, responsabilidad y celeridad que requieren las decisiones estratégicas en materias de planeación, financieras, económicas, monetarias y de transacciones que se realicen, con confidencialidad y reserva, cuidando siempre el interés público, ya que también es necesidad legítima de los dirigentes políticos ser asesorados por personas de su completa confianza.

Asimismo, a consideración de este iniciador, las funciones conferidas al puesto implican mando y autoridad para la protección y defensa de la infraestructura o instalaciones de carácter estratégico para la seguridad y solidez de las instituciones del país.

Con la reforma que propongo no se trata de politizar la estructura de la administración pública federal, ya que la libre designación del director general o su equivalente no debe en ningún sentido entrar en conflicto con la imparcialidad de la función pública; al contrario, con ella se pretende fortalecer e impulsar el equilibrio entre conocimiento y lealtad, pues ante la relevancia de la posición administrativa de dirección general, el perfil profesional del designado debe sobresalir sin duda de las connotaciones políticas partidistas y sí estar fuertemente identificado con las políticas públicas del gobierno en turno, en el que la ciudadanía ha depositado su confianza en las urnas. La iniciativa tampoco busca alterar la trasformación y profesionalización del servicio profesional de carrera que la ley viene impulsando y que ha obtenido buenos resultados.

Lo que busca sí, es que los altos funcionarios del gobierno y los cuadros directivos de la administración pública federal centralizada estén políticamente motivados, dotados de competencia técnica y experiencia en la construcción de consensos y acuerdos ante el entorno plural que vive hoy nuestro país, que si bien deberán tener conocimientos en técnicas gerenciales para cambiar la visión en estrategias, programas y actividades para mejorar la calidad de los servicios públicos, deberán también, con su liderazgo político, reemplazar el conocimiento técnico por un enfoque más interdisciplinario en la formulación y operación de las políticas públicas que garanticen certidumbre y continuidad del sistema democrático.

México ha entrado en un proceso de ampliación y consolidación de la vida democrática, que ha significado una nueva realidad política en nuestro país: la llegada de la alternancia política. Por ese motivo, las instituciones político-gubernamentales están sujetas a mayor transparencia y a una rendición de cuentas frente a la ciudadanía, a la que los políticos nos debemos y la que aporta los recursos para el sostenimiento y desarrollo de aquéllas. Hoy día, la sociedad mexicana se ha vuelto más exigente, demandando del gobierno una actuación con buenos resultados y bajo la premisa de administrar bien y mejor los recursos, lo que significa un paso de calidad esencial en la construcción de una sociedad democrática y de un gobierno y una administración pública más transparentes.

Así entonces, el partido o la coalición política en que la ciudadanía ha depositado su confianza en las urnas deberá buscar un gobierno eficaz y con mejores servicios, un gobierno honesto y transparente, un gobierno que funcione, pero sobre todo que tenga sentido común y responsabilidad social. Para lograrlo, requiere contar con personal de su entera confianza y lealtad para que impulse y opere sus políticas públicas, para asegurar condiciones mínimas de gobernabilidad y responsabilidad política. No hacerlo así, implicará necesariamente la pérdida de confianza de la ciudadanía en su administración, y el apoyo irrestricto al partido político que sí le garantice estabilidad y continuidad en la prestación de servicios públicos con calidad, con independencia de los cambios políticos. Qué sanción más firme que la desconfianza de la ciudadanía a la actuación del gobierno en turno que implique su salida de la administración federal.

Los retos de la alternancia política hoy día implican disponer de los funcionarios idóneos por la fuerte correlación entre un sector público eficaz y la competitividad económica. La dinámica de la consolidación democrática hace ineludible incluir funcionarios capaces para diseñar estrategias que defiendan los intereses nacionales, que redunde en una mejor calidad de los servicios y en mayor y transparente rendición de cuentas.

En ese sentido, es necesario que el cargo de director general o su equivalente también sea considerado entre los de libre designación, pues lo que se busca precisamente con la presente reforma es consolidar un Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal competitivo y eficiente, pero, insisto, con la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para designar libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente, lo que permitiría impulsar con fuerza un verdadero equilibrio entre conocimiento y lealtad con las políticas públicas del gobierno en turno, en el que la ciudadanía ha depositado su confianza en las urnas, en el marco de la nueva realidad que enfrenta nuestro país que es la alternancia política.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso a) del artículo 5o. y se reforma el artículo 8o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se deroga el inciso a) del artículo 5o. y se reforma el artículo 8o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5o. El sistema comprenderá, tomando como base el catálogo, los siguientes rangos:

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de la Unión, a los 31 días de mayo de 2006.

Diputado Carlos Flores Rico (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de la Función Pública. Mayo 31 de 2006.)

Fundamento

Con fundamento en lo que establece el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Recursos Hidráulicos presenta el segundo informe semestral de actividades del tercer periodo de la LIX Legislatura, correspondiente a los meses comprendidos del 1 de septiembre de 2005 al 28 de febrero de 2006.

Integrantes

Diputados: Fernando Ulises Adame de León (PRI), presidente; Jesús Humberto Martínez de la Cruz (PRI), Luis Felipe Madrigal Hernández (PRI), José Orlando Pérez Moguel (PAN), Israel Tentory García (PRD), secretarios; Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (PVEM), Marco Antonio Gama Basarte (PAN), Alberto Urcino Méndez Gálvez (PAN), José Guadalupe Osuna Millán (PAN), Luz María Hernández Becerril (PAN), Miguel Ángel Rangel Ávila (PAN), Alfredo Rodríguez y Pacheco (PAN), J. Miguel Luna Hernández (PRD), Pascual Sigala Páez (PRD), Inelvo Moreno Álvarez (PRD), Beatriz Mojica Morga (PRD), Elpidio Tovar de la Cruz (PRD), Irma Guadalupe Moreno Ovalles (PRI), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (PRI), Juan Manuel Dávalos Padilla (PRI), Roberto Antonio Marrufo Torres (PRI), José Rangel Espinosa (PRI), Gonzalo Rodríguez Anaya (PRI), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (PRI), Marco Antonio Torres Hernández (PRI), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (PRI), Jesús Zúñiga Romero (PRI).

Reuniones convocadas y celebradas

Decimoquinta reunión ordinaria

Reuniones

2 de septiembre de 2005, Foro regional sobre las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, celebrado en Acapulco, Guerrero, donde participaron los diputados Fernando Ulises Adame de León, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Luis Felipe Madrigal Hernández, Juan Carlos Núñez Armas, Israel Tentory García, Miguel Ángel Rangel Ávila, Roberto Antonio Marrufo Torres, Marco Antonio Torres Hernández, Inelvo Moreno Álvarez y Beatriz Mojica Morga.

13, 14 y 15 de septiembre de 2005, reunión de trabajo de Cotas de la Costa Pacífico en el municipio de Ensenada, Baja California, donde participaron los diputados Fernando Ulises Adame de León, Luis Felipe Madrigal Hernández e Israel Tentory García. Reunión con los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas de la zona costa.

6 y 7 de octubre de 2005, invitación de El Colegio de Tamaulipas, en el marco de la cátedra Jean Louis Berlandier, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde participaron los diputados Fernando Ulises Adame de León y Roberto Aquiles Aguilar Hernández. Conferencia magistral sobre el recurso agua.

8 de octubre de 2005, foro de presentación del proyecto de nueva Ley Federal Agraria, celebrado en Morelia, Michoacán, donde participaron los diputados Fernando Ulises Adame de León e Israel Tentory García. Reunión de trabajo en conjunto con la Comisión de Reforma Agraria.

21 de octubre de 2005, reunión de trabajo con los representantes de usuarios de riego, celebrada en la Buenavista Tomatlán, Michoacán, donde participaron los diputados Fernando Ulises Adame de León e Israel Tentory García. Reunión de trabajo con objeto de tratar diversos temas orientados a tornar eficiente el uso del agua.

31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2005, invitación de la Comisión Nacional del Agua al Encuentro del Agua, Monterrey 2005 Rumbo al IV Foro Mundial del Agua, celebrado en Monterrey, Nuevo León. Participó el diputado Fernando Ulises Adame de León.

18 de noviembre de 2005, Foro regional de difusión sobre reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, celebrado en Saltillo, Coahuila. Participaron los diputados Fernando Ulises Adame de León, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Luis Felipe Madrigal Hernández e Israel Tentory García.

28 de octubre de 2005, foro informativo Cuenca Lerma-Chapala, condiciones ambientales y alternativas de acción, celebrado en Querétaro, Querétaro. Participó el diputado Fernando Ulises Adame de León.

31 de octubre de 2005, reunión con la gobernadora de Zacatecas, licenciada Amalia García Medina, y el coordinador de los diputados locales del estado. Reunión con la dirigencia de la CNC. Participó el diputado Fernando Ulises Adame de León.

8 y 9 de noviembre de 2005, invitación de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, AC, a su undécima asamblea general ordinaria, celebrada del 9 al 11 de octubre en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero. Participaron los diputados Fernando Ulises Adame de León, Luis Felipe Madrigal Hernández, Juan Carlos Núñez Armas e Israel Tentory García.

23, 24 y 25 de noviembre de 2005, invitación de CMIC Agua y Medio Ambiente, Expo Agua y al Foro nacional de infraestructura hidráulica y medio ambiente, celebrado en Irapuato, Guanajuato, Participaron los diputado Fernando Ulises Adame de León e Israel Tentory García.

2 y 3 de febrero de 2006, Foro internacional del agua, celebrado en Hermosillo, Sonora, Participaron los diputados Luis Felipe Madrigal Hernández, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Israel Tentory García, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo y Fernando Ulises Adame de León.

9 de febrero de 2006, reunión de trabajo para promover el IV Foro Mundial del Agua, celebrado en la ciudad de Durango. Participó el diputado Fernando Ulises Adame de León.

Foros realizados por la comisión

Foro regional sobre las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales

Integración del grupo de trabajo entre la CNA, el Senado de la República, la Copa, el Parlatino y la Cámara de Diputados para organizar el Encuentro mundial de legisladores, por celebrarse del 18 al 22 de marzo de 2006.

Viajes internacionales

12 y 13 de septiembre de 2005, Sao Paulo, Brasil, reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano. Diputado Fernando Ulises Adame de León.

Iniciativas turnadas a la comisión

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 y se adiciona el 122 Bis a la Ley de Aguas Nacionales

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los municipios aledaños al Cañón del Sumidero, a implantar un programa de saneamiento permanente de la zona, que incluya el monitoreo y la protección de especies en categoría de riesgo

No. 1

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los Acuerdos Parlamentarios que crean e integran el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, aprobados el 31 de mayo de 2004, al acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 14 de febrero de 2005 y con base en la solicitud del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria para proveer el trámite administrativo para la contratación de personal que formará parte del servicio de investigación adscrito al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Recursos Humanos emite la siguiente:

Convocatoria pública y abierta al concurso para ocupar la plaza vacante de Subdirector de Prospectiva.

Trabajo de investigación y análisis en temáticas relacionadas con el desarrollo rural sustentable con énfasis en los siguientes campos: prospectiva, inferencia estadística, proyecciones, modelos de equilibrio general y sistemas de información geográfica. Todo lo anterior, relacionado con el marco legislativo del desarrollo rural.

Perfil y requisitos:

Académicos:

Planeación, organización, control, análisis, habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios, proactivo, visión, capacidad para establecer prioridades.

Otros conocimientos:

1. Requisitos de participación:

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto y agotar cada una de las etapas que se establecen en la presente Convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales:

Los aspirantes para ser considerados como participantes en el Concurso, deberán exhibir al momento de su inscripción la siguiente documentación:

Asimismo, la Cámara de Diputados se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso, y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.

Cabe mencionar que en caso de no presentar esta documentación en original o copia certificada para su cotejo y las fotocopias correspondiente el día señalado en la presente Convocatoria, la Cámara de Diputados está facultada para descalificar a los postulantes que caigan en este supuesto.

3. Etapas del concurso.

3.1. Registro de candidatos:

La entrega de cédulas de inscripción, registro de candidatos y recepción de la documentación establecida en el punto 2 de la presente Convocatoria se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de junio de 2006 en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo (Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15969) Edificio "F" P.B. en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Las solicitudes y documentos que no sean entregados personalmente en el plazo, formato y medio señalados no serán recibidas ni tomadas en cuenta.

Al concluir la entrega de la cédula de inscripción con currículum y documentación comprobatoria, el interesado recibirá una ficha con el número de folio que lo identificará a lo largo del concurso y el calendario de actividades que señalará las fechas en que se llevarán a cabo las distintas etapas del mismo.

Una vez agotada la etapa de registro de aspirantes, se publicará la lista que contendrá los números de folio que identifique a los aspirantes inscritos al presente concurso en la página Web de la Cámara de Diputados, www.cddhcu.gob.mx y de igual forma estarán disponibles tanto en la Dirección General de Recursos Humanos como en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

3.2. Revisión y valoración de solicitudes de inscripción con currícula recibidas

Al concluir la etapa anterior, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría procederán a revisar y valorar las solicitudes de inscripción con currículum y la documentación comprobatoria entregada por los interesados para determinar si cumplen o no con lo dispuesto por esta Convocatoria.

Una vez agotado el plazo de revisión y valoración, se publicará la lista que contendrá los números de folio que identifiquen a los aspirantes que podrán presentarse a la realización de las evaluaciones técnicas, psicométricas y de otros conocimientos.

La lista se publicará en la página Web de la Cámara de Diputados, www.cddhcu.gob.mx y en ella se especificarán las fechas, horarios y lugares de aplicación de las evaluaciones mencionadas en el párrafo anterior. De igual forma, las listas estarán disponibles tanto en la Dirección General de Recursos Humanos como en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría.

Para continuar con las siguientes etapas del proceso de selección, se deberá contar con al menos tres aspirantes preseleccionados para la plaza en concurso, de lo contrario, ésta se declarará desierta.

3.3. Evaluaciones

La evaluación psicométrica será practicada a través de la Dirección General de Recursos Humanos, quien de igual forma, instrumentará el procedimiento para practicar las evaluaciones del idioma inglés y paquetería de cómputo, ésta última con el auxilio de la Dirección General de Tecnologías de la Información.

La evaluación técnica se realizará a través de un jurado externo conformado por personas de reconocido prestigio en el ámbito académico y/o profesional quién se encargará de definir la metodología de dicha evaluación así como de la formulación de los exámenes que correspondan. Las evaluaciones podrán ser orales o escritas.

El jurado externo se integrará a propuesta de la Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría y deberá contar con la aprobación del Comité de dicho Centro de Estudios. El Director General del Centro fungirá como Secretario Técnico del jurado.

Constituye impedimento para formar parte del jurado externo el tener vínculos de parentesco con quienes los proponen y aprueban como integrantes del jurado, así como con los participantes en el proceso de selección.

El jurado externo entregará un informe de resultados de los aspirantes que son aptos para ocupar la vacante, el cual se integrará a los resultados obtenidos en las demás evaluaciones, a efecto de que se emita un resultado final por las instancias correspondientes, el cual será inapelable.

El resultado final se integrará con base en la siguiente ponderación:

Mecanismos de desempate.

Para el caso de empates entre aspirantes, los lugares superiores en el listado los ocuparán aquellos aspirantes que satisfagan en orden de prelación lo siguiente:

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente concurso, se ha implementado un módulo de atención telefónica en el número 56-28-13-00 extensiones 51066 y 55017, el cual estará funcionando de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.

Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aun después de concluido el concurso.

Palacio Legislativo, junio de 2006.

Atentamente

Lic. Emilio Suárez Licona (rúbrica)
Encargado de la Secretaría de Servicios Parlamentarios

Dr. César Turrent Fernández (rúbrica)
Director General Interino del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

Lic. Armando Gutiérrez Vogel (rúbrica)
Director General Interino de Recursos Humanos
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO

A la reunión de su mesa directiva, que tendrá verificativo el martes 13 de junio, a las 15 horas, en las oficinas de la comisión (edificio D, segundo piso).

Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
 
 

Al taller El régimen de protección especial del maíz en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que se realizará el lunes 12 de junio, de las 9 a las 18 horas, en la zona C del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro.

9:00 a 9:45 horas. Registro de participantes

9:45 a 10:00 horas. Inauguración

13:00 a 15:00 horas. Discusión en torno a preguntas generadoras
15:00 a 16:30 horas. Comida

16:30 a 18:00 horas. Elaboración de propuesta

Atentamente
Diputado Víctor Suárez Carrera
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, organizado junto con la UNAM, que se realizará hasta el miércoles 14 de junio, a las 8 horas, en el auditorio sur.

Viernes 9 de junio

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO

A la clausura del diplomado Equidad de género y políticas públicas, desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y la lucha contra la violencia, que tendrá lugar el miércoles 14 de junio, a las 20 horas, en el salón Legisladores de la República (antes Salón Verde), edificio A, segundo piso.

Atentamente
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, que se transmitirá los lunes, martes, jueves y viernes a partir de junio y hasta el 15 de agosto, de las 7 a las 9 horas, por el Canal del Congreso y por la página electrónica http://www.canaldelcongreso.gob.mx

El diplomado está dirigido a legisladores, funcionarios públicos, funcionarios parlamentarios, investigadores y estudiantes (de las licenciaturas, maestrías y doctorados en ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, arquitectura o antropología), así como a las personas interesadas o relacionadas con la función pública.

Se otorgará constancia con valor curricular, acreditando 80 por ciento de la asistencia y las evaluaciones correspondientes.

Objetivo general

Analizar los elementos fundamentales que integran la función pública en México, su profesionalización y el marco jurídico y operativo de la transparencia en la administración pública. Su relación con la gobernabilidad, la gobernanza, la reforma del Estado y los conceptos fundamentales del análisis de la vida política.

Metodología

Se desarrollarán ocho módulos. La transmisión será por televisión e Internet, en el horario establecido. La forma de acreditar el diplomado es con 80 por ciento de asistencia, la cual será verificada en forma electrónica con una firma, al inicio y al término de cada sesión. Cuando se concluya cada módulo, se aplicará un examen general, tomando en consideración las lecturas, las presentaciones de los expositores y los aspectos centrales de cada sesión. Al finalizar el diplomado se deberá presentar un trabajo final sobre alguno de los módulos, el cual deberá tener la siguiente estructura: carátula, índice, presentación, desarrollo y conclusiones.

Nota: Diversos ponentes por confirmar.

Módulo I. Elementos teóricos de la función pública
Responsable: Doctor Ricardo Uvalle

DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, GESTORÍA Y QUEJAS

Al Foro regional de atención ciudadana, que se inaugurará el jueves 15 de junio, a partir de las 9:30 horas, en el Salón Verde, situado en el edificio A, segundo nivel.

DE LA COMISIÓN DE SALUD

Al Coloquio sobre salud ambiental, que tendrá lugar el jueves 22 de junio, de las 9:30 a las 14 horas, en la zona C del edificio G.

Atentamente
Diputado José Ángel Córdova Villalobos
Presidente