La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat y a Pemex que consideren los puntos aquí especificados para el desarrollo sustentable de la cuenca de Burgos, con base en las siguientes
Consideraciones
En general, que los distintos proyectos no incluyen los impactos sinérgicos que están modificando el funcionamiento y estructura del entorno natural del noreste de México, alterando parámetros de salud pública, calidad de vida y oportunidades de aprovechamiento de los recursos naturales.
Después de 60 años de desarrollo agropecuario y urbanización, la región noreste mantiene coberturas vegetales esenciales para la conservación del suelo, cosecha de agua, banco de semillas y fauna nativa.
De acuerdo con la sismología actual, las distintas áreas de producción potencial en los tres estados, suman 100,000 km2, es decir diez millones de hectáreas.
La Cuenca de Burgos colinda con los yacimientos del distrito IV del río Grande al sur de Texas y en conjunto conforman una región de gas de importancia mundial.
La actividad actual de proyecto integral cuenca de Burgos afecta las cuencas del bajo río San Juan y bajo río Bravo, aumenta los problemas de colecta y calidad de agua y afecta la conservación del suelo. Impacta la presa Marte R. Gómez y colateralmente los distritos de riego en Tamaulipas. Los impactos directos que incluyen un despalme permanente de vegetación, suman más de 2,000 hectáreas de terrenos forestales o preferentemente forestales.
El 86% de la actividad de Pemex del 2000 al 2002, se concentró en las cuencas 24A, 24B, 25C y 25D.
La concentración de obras del Proyecto Integral Cuenca de Burgos es acumulativa con los impactos agrícolas y pecuarios, la urbanización, la construcción de caminos y brechas rurales, con las obras hidráulicas para riego y agua potable. Estas sinergias potencializan los impactos en forma e intensidad desconocidas y favorecen una crisis de salud y ambiental por falta de agua, erosión eólica, degradación del paisaje, pérdida de germoplasma y destrucción de corredores biológicos.
Las obras de exploración, las brechas y caminos de acceso, los ductos y líneas de descarga, fragmentan el hábitat natural, afectan la fauna diurna y nocturna, favorecen la desertización del matorral espinoso tamaulipeco. Los impactos temporales y los impactos indirectos por fragmentación, ambos producto de los estudios sismológicos 2D y 3D, posiblemente superen las 5,000 hectáreas forestales afectadas.
Estos impactos solo podrán ser estimados hasta que se genere un dictamen ambiental preciso y un modelo de impacto por cuenca hidrográfica.
La fragmentación del hábitat se multiplica por la acumulación de actividades agrícolas, urbanas y extractivas, reduciendo los espacios naturales. La destrucción y degradación secundaria del hábitat es el verdadero problema a corto plazo.
2. Establecer un patrón base de la situación al 2006, a partir de un dictamen ambiental estratégico para impactos sinérgicos en espacio y tiempo, con evaluación ex post de Comisión de Cooperación Ambiental.
3. Establecer una planeación y administración del territorio, mediante un programa de ordenamiento ecológico territorial y un programa estatal de ordenamiento territorial compatibles para cuenca de Burgos. Establecer acuerdos de trabajo y seguimiento con los municipios involucrados en el ordenamiento territorial y con los consejos de cuenca para servicios ambientales.
4. Desarrollar una estrategia de conservación de germoplasma in situ, a través de áreas naturales protegidas en Laguna Madre (delta del Bravo), matorral espinoso tamaulipeco (corredor biológico del Bravo), Cinco Manantiales (río Escondido), sierra Picachos (río Salado), sierra de San Carlos (río Conchas).
5. Manejo integral de cuencas hidrográficas: bajo río San Juan, bajo río Bravo, río Salado, río Escondido, río San Fernando y río Conchas. Identificación de suelos permeables en cuenca alta y media, manejo de cubierta vegetal en cuenca de drenaje, consolidación de bosques de galería en valle aluvial, manejo de humedales interiores en planicie deltaica, control de calidad de agua con monitoreo en tiempo real, identificación de acuíferos y monitoreo de cuencas subterráneas.
6. Manejo comunitario de recursos naturales, diagnóstico socioambiental por cuenca, atención a segmentos identificados de población rural y urbana, apoyo técnico a consejos de cuenca, consejos de desarrollo rural y equipos de ordenamiento municipales, para incorporar variables ambientales a los proyectos de desarrollo.
7. Fondo para servidumbres ecológicas y reservas privadas, en sitios prioritarios para medidas de protección, banco de semillas y germoplasma, bosques de galería, áreas de reproducción de fauna nativa; y en general para el funcionamiento de los distintos ecosistemas.
8. Consolidación de un sistema de vigilancia participativa, Profepa, autoridades locales y sociedad civil. Monitoreo sistemático mediante imágenes de satélite de alta resolución y geoposicionamiento de obras tipo. Desarrollo de un sistema de información geográfica para modelaje de impactos acumulativos por cuenca.
9. Creación del fondo ambiental Tamaulipas, con recursos de Pemex, del gobierno del estado, de la Semarnat y de la sociedad civil para la ejecución de los puntos anteriores, desarrollo de proyectos bajo concurso, conformación de equipo de seguimiento técnico.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Semarnat y a Pemex que considere los puntos aquí especificados para el desarrollo sustentable de la cuenca de Burgos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2006.
Dip. Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE CORTAZAR, GUANAJUATO, A NO PROMOVER CENTROS COMERCIALES QUE DEGRADEN LA VIDA ECONÓMICA Y SOCIAL DE DICHO MUNICIPIO, A CARGO DE LA DIPUTADA OFELIA RUIZ VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El municipio de Cortazar, Guanajuato, es una comunidad urbana pequeña, con una población estimada, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, de alrededor de 81 mil personas, en su mayoría jóvenes menores de 35 años, asentado en un territorio de 342 kilómetros cuadrados. En la cabecera municipal residen alrededor de 54 mil habitantes, y previsiblemente para 2025 la cabecera rondará un volumen humano de 75 mil personas.
Cortazar distribuye su Población Económicamente Activa entre el sector secundario y terciario, empleando en ambos a cerca de 20 mil trabajadores.
Como puede desprenderse de esos datos, se trata de un municipio típico de las regiones del país, donde el sentimiento de comunidad y los lazos familiares son estrechos, la convivencia es sumamente pacífica, ligada a costumbres que se transmiten de generación en generación, con un sistema familiar de corte patriarcal, lo que determina patrones culturales y económicos muy definidos.
En materia comercial, existen pocos establecimientos, administrados como negocios familiares y que son un punto de referencia social cotidiana de la población, donde las relaciones de consumo son personales y directas; por tanto, bastante humanas. Por ejemplo, se tiene el registro de 27 tiendas de abarrotes; sin embargo, hay un padrón de mil 996 comerciantes y las regiones del municipio concurren tradicionalmente a alguna de manera constante, existiendo un lazo afectivo con sus propietarios. El sistema de abasto, que se complementa con los mercados, forma parte natural del paisaje social y urbano de esta población.
Cortazar aún no está preparado para el establecimiento de grandes superficies comerciales, que son propias de comunidades de mayor tamaño, en donde exista una diferenciación social y formas de comportamiento individualizados, que llevan de manera natural a establecer supermercados y empresas de servicios despersonalizadas, automatizadas, que corresponden a la vida vertiginosa de las metrópolis.
En las ciudades medias se están instalando centros comerciales de autoservicio que normalmente ocupan áreas de alrededor de mil 500 metros cuadrados, que se articulan con el sistema productivo, de abasto, de financiamiento y de una forma específica de desarrollo social.
No obstante esta experiencia, que se ha documentado por los expertos de las técnicas de mercadeo y los estudios de densidad comercial que elaboran asociaciones como las que agrupan nacionalmente a las tiendas de autoservicio, en Cortazar se pretende llevar a cabo un proyecto desproporcionado, que dañaría irremediablemente el tejido social y económico de la población.
No omito mencionar que en el municipio ya se estableció una de estas tiendas departamentales, que vino a bajar la actividad de la población que se dedica al comercio en 50 por ciento y ahora esta problemática se agrava más con la autorización por parte del municipio para la instalación de otra megatienda, de nombre muy conocido que forman cadenas comerciales en todo el país, planeada en un área de 5 mil metros cuadrados, superando el espacio y las consideraciones a que me referí en líneas anteriores.
Siendo esta Cámara de Diputados una auténtica representación de las regiones del país, con diputadas y diputados perfectamente identificados y conocedores de la vida de los pueblos y de las ciudades de México, comprenderá con cabalidad que la instalación de esas tiendas arrasará con los actuales establecimientos, que no tienen posibilidad de competencia ante la diversidad de productos y los precios desventajosos que logran al comprar enormes volúmenes en muchas partes del país. Las consecuencias sobre el empleo serán devastadoras.
Asimismo, está comprobado que las relaciones laborales no representan ventajas para la población, en virtud de que se contrata con las menores prestaciones y derechos, llegándose a pagar salarios menores que el promedio local, ya que los grandes establecimientos pagan como máximo un promedio de $56.00 diarios y evitan acumulación de derechos laborales de las personas a su servicio.
Asimismo, a diferencia de otras ciudades donde las tiendas de autoservicio grandes se instalan en la periferia, en Cortazar se planean en una zona céntrica. Si Cortazar tiene carencia de áreas verdes, zonas de esparcimiento y sus vialidades están hechas para una forma de vida de menor movimiento, es claro el deterioro que sufrirá su principal zona comunitaria con este tipo de tiendas.
Asimismo, existen dudas respecto a que se haya realizado de uso de suelo y los estudios de impacto socio-ambiental, social y vial necesarios.
Sin que esto signifique que nos oponemos al progreso, creemos que debe haber visión para que se articule el desarrollo urbano, el desarrollo económico y la subsistencia de la identidad comunitaria, lo cual no se presenta en el proyecto que se está impulsando en este municipio.
En virtud de que, como legisladores estamos, comprometidos con preservar lo mejor de nuestra esencia cultural y social, apelo a su respaldo para hacer un llamado al gobierno municipal de Cortazar para que anteponga los verdaderos intereses de la comunidad antes que el canto de las sirenas de los grandes intereses que hoy amenazan a sus habitantes.
En consecuencia, someto a su atención el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al ayuntamiento de Cortazar, Guanajuato, a considerar en sus acciones de desarrollo urbano el respeto a las formas de vida de su comunidad, tomando en cuenta las experiencias de otros municipios, para reconsiderar el proyecto de construcción de grandes tiendas departamentales en su demarcación, por ser de interés público y social.
Palacio Legislativo, a 21 de febrero de 2006.
Dip. Ofelia Ruiz Vega (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR EL 14 DE AGOSTO COMO DÍA DEL CINE MEXICANO Y CONSIDERAR LA CREACIÓN DE UN MUSEO NACIONAL DEL CINE MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instaurar el 14 de agosto como el Día del Cine Mexicano y considerar la creación de un museo nacional del cine mexicano, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. El cine llegó a México casi ocho meses después de su triunfal aparición en París. La noche del 6 de agosto de 1896, el Presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los Lumière proyectaban en uno de los salones del Castillo de Chapultepec.
El éxito del nuevo medio de entretenimiento fue inmediato. Don Porfirio había aceptado recibir en audiencia a Claude Ferdinand Bon Bernard y a Gabriel Veyre -los proyeccionistas enviados por Louis y Auguste Lumière a México- debido a su enorme interés por los desarrollos científicos de la época. Además, el hecho de que el nuevo invento proviniera de Francia aseguraba su aceptación oficial en un México que no ocultaba su gusto "afrancesado".
Después de su afortunado debut privado, el cinematógrafo fue presentado al público el 14 de agosto, en el sótano de la droguería Plateros, en la calle del mismo nombre (hoy Madero) de la Ciudad de México. El público abarrotó el sótano del pequeño local -curiosa repetición de la sesión del sótano del Gran Café de París, donde debutó el cinematógrafo- y aplaudió fuertemente las "vistas" mostradas por Bernard y Veyre. La droguería Plateros se convirtió al poco tiempo en la primera sala de cine de nuestro país: el Salón Rojo.
Bernard y Veyre formaban parte de un pequeño ejército de camarógrafos reclutados por los Lumière para promocionar su invento alrededor del mundo. El cinematógrafo había recibido aplausos en Europa y se lanzaba a la conquista de América. La estrategia de mercado de los Lumière era muy acertada: los camarógrafos-proyeccionistas solicitaban audiencia ante los jefes de gobierno de los países que visitaban, apoyados por el embajador francés en el lugar. De esta manera, el cinematógrafo hacía su entrada por la "puerta grande", ante reyes, príncipes y presidentes ansiosos de mostrarse modernos.
II. México fue el primer país americano que disfrutó del nuevo medio, ya que la entrada del cinematógrafo en Estados Unidos había sido bloqueada por Edison. A principios del mismo 1896, Thomas Armant y Francis Jenkins habían desarrollado en Washington el Vitascope, un aparato similar al cinematógrafo. Edison había conseguido comprar los derechos del Vitascope y pensaba lanzarlo al mercado bajo el nombre de Biograph. La llegada del invento de los Lumière significaba la entrada de Edison en una competencia que nunca antes había experimentado.
Se puede considerar a Porfirio Díaz como el primer "actor" del cine mexicano. La primera película filmada en nuestro país, El Presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec (1896), resultaba indicativa de otra característica del nuevo invento: mostrar a los personajes famosos en sus actividades cotidianas y oficiales. La coronación de Nicolás II de Rusia había inaugurado esta tendencia pocos meses antes.
Durante 1896, Bernard y Veyre filmaron unas 35 películas en la Ciudad de México y Guadalajara. Entre otras cosas, los franceses mostraron a Díaz en diversos actos, registraron la llegada de la Campana de Dolores al Palacio Nacional, y filmaron diversas escenas folclóricas y costumbristas que muestran ya una tendencia hacia el exotismo que acompañaría al cine mexicano a lo largo de su historia.
El mismo año llegó también el Vitascope norteamericano; sin embargo, el impacto inicial del cinematógrafo había dejado sin oportunidad a Edison de conquistar al público mexicano.
III. El surgimiento de los primeros cineastas mexicanos no obedeció a un sentido nacionalista sino, más bien, al carácter primitivo que tenía el cine de entonces: películas breves, de menos de un minuto de duración, que provocaban una necesidad constante de material nuevo para exhibir.
Al irse Bernard y Veyre, el material traído por ellos de Francia y el que filmaron en México fue comprado por Bernardo Aguirre y continuó exhibiéndose por un tiempo. Sin embargo, las demostraciones de los Lumière por el mundo cesaron en 1897, y a partir de entonces se limitaron a la venta de aparatos y copias de las vistas que sus enviados habían tomado en los países que habían visitado. Esto provocó el rápido aburrimiento del público, que conocía de memoria las "vistas" que hacía pocos meses causaban furor.
Algunos entusiastas, como Aguirre, habían comprado equipo y películas a los Lumière para exhibirlas en provincia. La determinación de los Lumière de dejar de filmar y dedicarse a la venta de copias provocó el surgimiento de los primeros cineastas nacionales.
En 1898 se inició como realizador el ingeniero Salvador Toscano, quien se había dedicado a exhibir películas en Veracruz. Su labor es una de las pocas que aún se conservan de esa época inicial del cine. En 1950, su hija Carmen editó diversos trabajos de Toscano en un largometraje titulado Memorias de un mexicano, en 1950. Toscano testimonió con su cámara diversos aspectos de la vida del país durante el porfiriato y la Revolución. Inició, de hecho, la vertiente documental, que tantos seguidores ha tenido en nuestro país.
Si se tiene como cine de ficción el que emplea actores para contar un argumento, habría que remontarnos hasta 1896 para encontrar el primer ejemplo de ello en nuestro cine. Un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec (1896) fue filmada en ese año por los franceses Bernard y Veyre, con base en un hecho real, ocurrido poco tiempo antes entre dos diputados en el bosque de Chapultepec.
IV. La Revolución marcó un gran paréntesis en la realización de filmes de ficción en México. Con la finalización oficial del conflicto, en 1917, pareció renacer esta vertiente cinematográfica, ahora en la modalidad del largometraje. De hecho, se considera que entre 1917 y 1920 hubo en México una época de oro del cine mudo, que nunca se volvió a repetir sino hasta los años cuarenta.
Es curiosa la coincidencia de que la mejor época del cine mudo mexicano se inicie durante los años de la primera Guerra Mundial, mientras que la mejor época de nuestro cine sonoro coincida con la segunda Guerra. En ambas situaciones se presentó una disminución de la importación de películas, resultado natural de la disminución del número de filmes producidos por los países en guerra durante esos años.
En 1917, la principal importación de filmes hacia México provenía de Europa. Estados Unidos no terminaba de afianzarse como un gran centro productor cinematográfico, aunque Hollywood ya comenzaba a perfilarse como la futura Meca del cine.
Además, las relaciones tirantes entre México y Estados Unidos, junto con la imagen estereotipada del "mexicano bandido" en muchos de los filmes norteamericanos, provocaban un rechazo, tanto oficial como popular, hacia muchas de las películas estadounidenses de la época.
Francia e Italia fueron los patrones a seguir para la "reinauguración" del cine mexicano de ficción en 1917. Ese año se estrenó en México Il fuoco (1915), filme italiano interpretado por Pina Menichelli, actriz que logró gran popularidad en nuestro país y que introdujo el concepto de "diva" del cine, anteriormente sólo utilizado para el teatro o la ópera.
Il fuoco (1915) inauguró una tendencia romántica-cursi que hizo furor en México y que influyó en el cine de otros países, incluyendo Estados Unidos. El universo de las "divas" se componía de ingredientes que pronto se asimilaron en otras cinematografías: mujeres voluptuosas, escenarios suntuosos, historias pasionales y atrevidas. La propuesta italiana planteaba un cambio en la mentalidad de la época, producto inmediato de la guerra.
La luz, tríptico de la vida moderna (1917) es el título del primer largometraje -oficial- del cine mexicano. Digo "oficial" porque pocos autores mencionan el trabajo de los yucatecos Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cirerol Sansores quienes un año antes filmaron 1810 o los libertadores de México (1916), probablemente el primer largometraje de ficción nacional.
V. A pesar de que el sonido se incorporó al cine en 1927, no fue sino hasta 1931 cuando se realizó la primera cinta sonora mexicana: una nueva versión de Santa, dirigida por el actor español-hollywoodense Antonio Moreno e interpretada por Lupita Tovar. Santa (1931) fue, eso sí, la primera película mexicana que incorporó la técnica del sonido directo (grabado en una banda sonora paralela a las imágenes en la misma película).
La industria del cine mexicano nació en una época de gran efervescencia social, política y cultural en nuestro país. La Revolución comenzaba a ser una etapa de la historia, aunque sus protagonistas todavía regían el destino político de la nación.
En este ambiente, no es extraña la tendencia que siguió el cine mexicano una vez establecidas las bases de la industria cinematográfica nacional. Política y arte apuntaban hacia la Revolución como tema principal, y ése fue el camino que siguió la nueva industria.
La naciente industria del cine mexicano produjo, entre 1932 y 1936, unas cien películas.
En pocos años, la cinematografía mexicana se afianzó en el gusto nacional y comenzó, incluso, a exportarse a los países de lengua española. Y 1936 marcaría el inicio de la completa internacionalización del cine mexicano, con la filmación de Allá en el rancho grande (1936), de Fernando de Fuentes.
La Revolución Mexicana contribuyó enormemente al desarrollo del cine en nuestro país. Por circunstancias cronológicas, la Revolución fue el primer gran acontecimiento histórico totalmente documentado en cine. Nunca antes un evento de tal magnitud había sido registrado en movimiento. La primera Guerra Mundial, iniciada cuatro años después del conflicto mexicano, fue documentada siguiendo el estilo impuesto por los realizadores mexicanos de la Revolución.
VI. Los verdaderos "años dorados" corresponderían a los coincidentes con la segunda Guerra Mundial (1939-1945). En estos años, factores políticos influyeron enormemente en el desarrollo del cine mexicano. Uno de ellos fue la postura del gobierno mexicano ante la guerra. En 1942, tras el hundimiento de barcos petroleros mexicanos por submarinos alemanes, el Presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje (Alemania, Italia y Japón). Esta postura oficial nos colocó en medio del conflicto, de parte de los aliados.
La decisión de Ávila Camacho salvó, colateralmente, nuestro cine de la extinción. La guerra había causado una disminución en la producción de muchos bienes de consumo, el cine incluido. Los materiales con que se fabricaban las películas y el equipo de cine se consideraban importantes para la fabricación de armamento (la celulosa, por ejemplo). Esto racionó la producción cinematográfica norteamericana, además de que el cine europeo sufría porque la guerra se desarrollaba en su terreno.
En 1942, la industria de cine mexicano no era la única importante en español. Argentina y España poseían ya un lugar en el cine de habla hispana. Ambos países se declararon neutrales durante el conflicto (España acababa de salir de su propia guerra civil). Sin embargo, en la práctica, las dos naciones mantuvieron vínculos más que ligeros con Alemania e Italia.
La decisión de alinearse con los aliados trajo para México un estatus de nación favorecida. El cine mexicano nunca tuvo problemas para obtener el suministro básico de película virgen, dinero para la producción y refacciones necesarias para el equipo. España y Argentina nunca tuvieron un apoyo semejante por parte de Alemania o Italia, y el curso de la guerra marcó también el curso de las cinematografía de estos países.
En el panorama nacional, la situación de guerra también benefició al cine mexicano porque se produjo una disminución de la competencia extranjera. Aunque Estados Unidos se mantuvo como líder de la producción cinematográfica mundial, muchos de los filmes realizados en ese país entre 1940 y 1945 reflejaban un interés por los temas de guerra, ajenos al gusto mexicano. La escasa producción europea tampoco representó una competencia considerable.
En esos años, el cine mexicano abordó más temas y géneros que en ninguna otra época. Obras literarias, comedias rancheras, películas policiacas, comedias musicales y melodramas formaron parte del inventario cinematográfico mexicano de aquellos años.
Se llama "época de oro" (1936-1957) del cine mexicano a los años en que se produjeron las mejores películas del cine mexicano. En ésta se incluyen exclusivamente largometrajes cuya producción haya sido total o mayoritariamente mexicana.
La época de oro del cine mexicano creó un universo lleno de astros y luminarias, cuyos límites se extendieron más allá de nuestras fronteras.
VII. Los setenta fueron años de renovación para las viejas estructuras de la industria fílmica nacional. Frescos en la memoria los sucesos del 68, el cine mexicano de los setenta incorporó a sus filas a una nueva generación de directores, una parte importante de ellos egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC). Esta nueva generación buscó hacer un cine comprometido con la nueva realidad social del país y, en su empeño, logró varias de las mejores cintas del cine mexicano.
Políticamente, bastó un sexenio para que la industria cinematográfica apoyada por el Estado se desplomara, ante la inercia e indiferencia de los nuevos funcionarios encargados de continuar con la labor cinematográfica. En 1976, el Presidente José López Portillo nombró a su hermana Margarita como Directora de Radio, Televisión y Cinematografía. La labor de ésta al frente del destino de los medios de comunicación en México fue completamente desastrosa.
Con la idea de "propiciar un retorno al cine familiar" y "regresar a la época de oro", la administración de López Portillo desmanteló las estructuras de la industria cinematográfica estatal creadas un sexenio antes. Se trató de internacionalizar el cine mexicano trayendo a directores extranjeros a filmar a nuestro país. Se dejó de apoyar a los directores que habían producido filmes de éxito en el sexenio anterior. A final de cuentas, el presupuesto oficial para el cine mexicano desapareció en el mar de la deuda externa.
VIII. Al asumir la Presidencia, en 1982, Miguel de la Madrid heredaba un país sumido en la más profunda de las crisis económicas y sociales. Al creciente aumento de la deuda externa se sumaron tragedias como la de la explosión en San Juan Ixhuatepec, en 1984, y el terremoto de la Ciudad de México, en 1985. El gobierno mexicano se olvidó casi por completo del cine, una industria poco importante en tiempos de crisis.
Si la producción cinematográfica mexicana no se extinguió en esos años fue debido al auge de la producción privada -plagada de ficheras y cómicos albureros- y por las escasas producciones independientes, que encontraron en el sistema cooperativo la forma de producir escasas muestras de cine de calidad.
La exhibición del cine mexicano se tornó en otro problema grave. Por un lado, la ley que obligaba a los exhibidores a destinar 50 por ciento del tiempo de pantalla a películas nacionales nunca se cumplió cabalmente. Por otro, la mala calidad de los filmes mexicanos y el desinterés del público por verlos provocaron que las escasas muestras de cine de calidad fueran exhibidas en salas de tercera categoría.
A pesar de este panorama desolador, durante el sexenio de Miguel de la Madrid se pueden encontrar las raíces de la recuperación que ha experimentado el cine mexicano en años recientes. En 1983, se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), entidad pública encargada de encaminar el cine mexicano por la senda de la calidad. El Imcine quedó supeditado a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación hasta 1989, cuando pasó a ser coordinado por el nuevo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
IX. A principios de agosto de 1992, la prensa capitalina de espectáculos anunció que Como agua para chocolate (1992), de Alfonso Arau, había impuesto récord de permanencia en el cine Latino de la Ciudad de México, una sala dedicada generalmente a exhibir películas norteamericanas. Al mismo tiempo, la prensa regiomontana anunció que ese filme era el más taquillero de lo que iba del año en Monterrey.
Para el público mexicano de los noventa, títulos como La tarea (1990), de Jaime Humberto Hermosillo; Danzón (1991), de María Novaro; La mujer de Benjamín (1991), de Carlos Carrera; Sólo con tu pareja (1991), de Alfonso Cuarón; Cronos (1992), de Guillermo del Toro; o Miroslava (1993), de Alejandro Pelayo, poseen un significado de alta calidad, muy distinto del que se atribuía al cine mexicano hace pocos años. Las nuevas películas mexicanas están haciendo que el cine vuelva a formar parte activa de la cultura de nuestro país.
En general, el cine mexicano está experimentado un feliz reencuentro con su público. La asistencia a las salas de cine para ver películas mexicanas ha aumentado considerablemente entre 1990 y 1992.
X. Como se puede observar, el cine, como medio de expresión artística, refleja el estado de la sociedad que lo produce. Un cine mexicano en ascenso es un buen síntoma del estado general de nuestro país.
El cine, desde sus orígenes, ha sido un medio de proyección de imágenes para el entretenimiento social. La manera en que el público se expone al medio cinematográfico es radicalmente distinta de la que usa para exponerse a los medios electrónicos. Asistir al cine es una actividad social que implica salir del hogar y exponerse conscientemente al medio. Escuchar la radio o ver la televisión son actividades que se llevan a cabo dentro del hogar, sin que la persona realice mucho esfuerzo para seleccionar el mensaje al cual exponerse.
Al trasladar la supervisión del cine de la Secretaría de Gobernación al nuevo organismo para la cultura, el gobierno mexicano actuó de manera congruente con la naturaleza del medio cinematográfico. El cine está más relacionado con las actividades propias de un ministerio de cultura que con las de una secretaría política. En países como Francia, España o Argentina, donde el cine está de algún modo supervisado por el gobierno, es el Ministerio de Cultura el encargado de llevar a cabo esta labor. Este cambio en la política gubernamental respecto al cine ha permitido que, desde 1988, el futuro del cine mexicano se vislumbre con mayor esperanza.
Los objetivos que pretende cumplir el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para apoyar la industria cinematográfica son crear circuitos alternos de exhibición para las películas mexicanas de calidad, apoyar el trabajo de las escuelas de cine, producir y coproducir una decena de películas al año, participar en festivales internacionales de cine, y conservar los Estudios Churubusco y América.
XI. En la última década del siglo, y en medio de una crisis que se antoja eterna, una nueva generación de cineastas mexicanos ha comenzado a emerger con gran empuje. A diferencia de otras generaciones, los cineastas del llamado "nuevo cine mexicano" buscan combinar el compromiso social con el éxito comercial, y algunos de ellos se han colocado en la escena internacional.
México ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a presencia estatal en la producción y comercialización cinematográfica a través del Instituto Mexicano del Cine, que maneja las empresas productoras Conacine y Conacine 2, de la cual forman parte los trabajadores de la industria. El Imcine controla la más poderosa estructura del cine en el continente; está formada por los Estudios Churubusco-Azteca y América, Películas Mexicanas, la Compañía Operadora de Teatros y Promotoras y empresas de publicidad. Existe un concurso, llamado Imcine, donde el sindicato de trabajadores de la producción proporciona equipo y servicios para la producción de largometrajes. Además de esto, existen alrededor de 300 empresas privadas que se dedican a la producción, sobresaliendo el grupo Televisa, a través de Televicine.
XII. El cine a lo largo de su historia, poco más de un siglo, ha vivido un desarrollo vertiginoso, mucho mayor en comparación con cualquier otra disciplina artística. Empezando como una inquietud científica, pasando por los circos y las carpas, el cine está constituido hoy como uno de los medios más importantes de comunicación, formador de opinión pública y expresión de nuestra sociedad moderna y, no menos importante, como una industria altamente productiva y redituable. Siendo por ejemplo en México una de las industrias más importantes y con mayor derrama en la llamada "época de oro" del cine mexicano.
El cine es pues pilar central de nuestra sociedad moderna, tan mediática e intercomunicada como lo es en un plano internacional. No lo olvidemos: el cine entraña la identidad de un pueblo y materializa sus expectativas. Aun en los peores momentos del cine mexicano podemos decir de él que fue espejo fiel de la realidad social del país. El mismo Programa Nacional de Cultura 2001-2006 recalca esto como uno de sus objetivos "Plan Fortalecer el cine mexicano como una de nuestras manifestaciones culturales de mayor presencia e influencia nacional y de mayor reconocimiento en el extranjero". Es decir, se debe entender y proteger el cine mexicano como un fenómeno artístico y cultural.
El cine no es sólo una anécdota que se transmite a través de una pantalla. Es una perspectiva histórica que siempre ha sido espejo fiel del país que somos. La perspectiva que da el tiempo confirma que el cine se vuelve un referente importante dentro de una sociedad que se reconoce a sí misma en la pantalla.
La historia del cine mexicano es en parte la historia de la cultura de nuestro país, la búsqueda de la identidad, la construcción y reconstrucción nacional, la difusión interna y externa, el deseo de tener un lugar propio y, sobre todo, autonomía. El evento social realizado ese día 14 de agosto de 1896 sin duda se puede considerar la siembra de una semilla que posteriormente se transformaría en un fruto llamado "cine mexicano".
XIII. En nuestro país, los sectores y actores sociales relacionados con la industria cinematográfica ya se han expresado públicamente con relación a que se instaurara en México un día oficial dedicado a la promoción y exhibición de películas nacionales, así como a reconocer las trayectorias de las personas y organizaciones que han impulsado y han contribuido al desarrollo del cine en nuestro país.
Entre las organizaciones civiles que comparten las inquietudes y preocupaciones planteadas en estas consideraciones destaca la fundación Salón Rojo, que tuvo a bien concebir y tomar la iniciativa de las medidas que se solicitan en este punto de acuerdo y que ha hecho una importante labor de cabildeo entre diversas instituciones, tanto públicas como privadas, para lograrlo. Esta organización se integró con el objetivo principal de "promocionar la difusión de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas, la danza, la literatura, la arquitectura y las artes cinematográficas". Además, dicha organización realiza actividades tendentes a la "protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural cinematográfico de la nación", entre otras más relacionadas con el tema de la cultura y la cinematografía.
XIV. En el ámbito internacional, y particularmente en países hispanohablantes, se tiene la experiencia de que se han instaurado la celebración del día del cine nacional. Por ejemplo, en Chile el Día Nacional del Cine se celebra el 19 de octubre, y entre las actividades que se llevan a cabo está la reducción de los precios en todas las taquillas durante ese día; en Perú se celebra el 21 de noviembre, con bajos costos en las entradas de cine en todo el país, la industria cinematográfica peruana promueve en esa fecha la exhibición de películas nacionales; en Colombia, el 2 de marzo se celebra el Día del Cine Colombiano, en ese día se promueve la entrada en el cine de dos personas con un boleto, y el Ministerio de Cultura realiza actividades de muestra y promoción del cine nacional; en Venezuela se celebra el 29 de octubre, y se realizan jornadas de análisis sobre el cine venezolano y se proyectan películas venezolanas; y, por último, en España se celebra el 21 de septiembre el Día del Cine Vasco, con la proyección de largometrajes y cortometrajes nacionales.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta honorable soberanía exhorta al Poder Ejecutivo federal a que considere decretar el 14 de agosto como el Día del Cine Mexicano a partir del año de 2006 y se considere la creación de un museo nacional del cine mexicano.
Segundo. Que, como parte de las actividades conmemorativas del Día del Cine Mexicano, se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo público descentralizado Servicio Postal Mexicano, se sume a los festejos del 110 aniversario de la primera proyección cinematográfica realizada en nuestra país mediante la emisión para el año 2006 de un timbre postal conmemorativo de dicho suceso.
Tercero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que, a través del organismo descentralizado de la Administración Pública Federal Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se gestione la emisión para el año 2006 de un billete conmemorativo como parte de los festejos del Día del Cine Mexicano y en el marco del 110 aniversario de la existencia de nuestro cine nacional.
Cuarto. Por último, se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través del Conaculta, a que facilite, dentro de su disponibilidad, recursos materiales, humanos y financieros tendentes a crear, en coordinación con la fundación Salón Rojo, los actores sociales y privados involucrados en el ámbito cinematográfico, un museo nacional del cine mexicano.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 21 de febrero de 2006.
Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, INTEGRE UNA COMISIÓN QUE INVESTIGUE LA PARTICIPACIÓN DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN LA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES EN EL CASO DE LA PERIODISTA LYDIA CACHO RIBEIRO, A CARGO DE LA DIPUTADA CRISTINA PORTILLO AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A Lydia Cacho Ribeiro se le agredió en su doble carácter: periodista y defensora de derechos humanos.
Los abusos que ha estado sufriendo van más allá de su persona, son un atentado en contra de la sociedad misma y de su derecho a estar bien informada de manera veraz, oportuna y plural.
Con la flagrante violación a los derechos humanos en contra de la comunicadora, México sigue siendo uno de los países más peligros del mundo para la práctica del periodismo. La intimidación, las amenazas y, con demasiada frecuencia, el homicidio han sido las armas más efectivas para silenciar a comunicadoras y comunicadores.
Cada vez que un periodista o una periodista son víctimas de la violencia, la intimidación o la detención arbitraria en razón de su empeño por dar a conocer la verdad, somos todos, ciudadanos y ciudadanas, los que nos vemos privados del derecho a expresarnos y a actuar de acuerdo con nuestra conciencia.
En la arbitraria detención y posteriores atropellos y vejaciones sufridos por Lydia Cacho, nos encontramos de nuevo y evidentemente ante el uso de las instituciones de justicia y de procuración de justicia para fines distintos a los que marca la Constitución. Nos encontramos frente a un Poder Judicial del estado de Puebla que depende absolutamente de las decisiones políticas que le son trazadas arbitrariamente desde el Poder Ejecutivo local.
Es signo también de tiempos regresivos que atentan contra la consolidación democrática, de entidades federativas donde florecen cacicazgos regionales, donde gobernadores ordenan arbitrariamente y los miembros de la judicatura obedecen mansamente.
El carácter absolutamente irregular de la detención de la periodista, ha quedado plenamente evidenciado ahora que se sabe que la aprehensión y el proceso penal correspondiente habían sido negociados, en colusión, entre el empresario Camel Nacif Borge y el gobernador Mario Marín.
Con el caso de Lydia Cacho, las instituciones del estado de Puebla han sido arrastradas a una profunda crisis de legitimidad. El Poder Ejecutivo no es ya mandatario de la sociedad; y el Poder Judicial ya no administra Justicia.
Se trata de de un caso de violación de garantías individuales que por su gravedad y magnitud se ha convertido en un verdadero problema de Estado, que impone la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciendo su facultad investigadora.
Indudablemente que la violación flagrante y grave de garantías individuales en el caso de Lydia Cacho exige el ejercicio de la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como vía prevista en la Constitución para casos graves y excepcionales.
El caso del "Vado de Aguas Blancas" reveló que ante actitudes negligentes y parciales de autoridades locales, sólo la intervención sólida, imparcial y profesional de nuestro Máximo Tribunal puede restablecer el Estado de derecho.
En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación integre una Comisión, nombrando alguno o algunos de sus miembros o designando uno o varios comisionados, que investigue la participación del ciudadano gobernador del estado de Puebla en la violación flagrante y grave de garantías individuales en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de febrero de dos mil seis.
Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A EJERCER DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA 2006, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GALINDO JAIME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Rafael Galindo Jaime, diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se permite presentar ante esta honorable asamblea, una proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes
Antecedentes
Primero.- El 28 de abril del año 2003, el Gobierno Federal suscribió con las principales organizaciones de productores rurales, tanto del sector social como del privado, el Acuerdo Nacional para el Campo, documento que establece en sus numerales 230, 234 y 241 el compromiso de los firmantes para, conjuntamente, analizar y, en su caso, promover reformas para la adecuación y complementación del marco jurídico que conduzca a la ejecución eficiente y eficaz del Presupuesto de Egresos de la Federación, favorecer su ministración puntual, simplificar su aplicación, eliminar la sobrerregulación, sancionar el incumplimiento de los funcionarios públicos y corresponsabilizar en este mismo propósito a los beneficiarios de los programas del Gobierno Federal relacionados con el desarrollo rural.
Segundo.- El 17 de febrero del año 2005, el suscrito presentó una proposición con punto de acuerdo por medio del cual la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhortó al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a las dependencias a su cargo para ejercer de inmediato los programas y presupuestos del Programa Especial Concurrente aprobados por esta soberanía para el año 2005, así como a respetar y cumplir en su totalidad los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo. Esta propuesta la hizo suya la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y fue aprobada por el Pleno en esa fecha.
Tercero.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, publicado el 22 de diciembre del año anterior, establece en su artículo 20 un calendario para el ejercicio presupuestal autorizado a las dependencias y entidades de control presupuestario directo.
Cuarto.- El día 31 de enero del año en curso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública del 2005, en el que se da cuenta de un incremento en los ingresos del Gobierno Federal por más de 167 mil millones de pesos y de un crecimiento del gasto público de un 4.8 % respecto al del año 2004.
Considerandos
A pesar de que el Poder Legislativo ha tomado múltiples medidas para lograr que las dependencias del Poder Ejecutivo federal ejerzan el presupuesto del sector rural de manera eficiente y oportuna, tal como fue pactado en el Acuerdo Nacional para el Campo, no se han obtenido los resultados esperados ni cumplido las demandas planteadas en este sentido por los productores rurales.
Cada año, los campesinos tienen que esperar hasta los últimos meses para poder acceder a los recursos destinados para atender los graves problemas que enfrentan tanto en lo personal, como en el aspecto productivo y en algunos casos, los recursos se han ejercido hasta el año siguiente.
Sin embargo, lo más grave es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomándose atribuciones que el decreto de Presupuesto de Egresos no le confiere, ha venido modificando sistemáticamente el presupuesto, especialmente el de los programas que brindan beneficios a los campesinos más pobres y en aquellos en los que las organizaciones son gestoras porque fue pactado en el Acuerdo Nacional para el Campo.
A pesar de que en los último años, la Cámara de Diputados ha asignado recursos crecientes en términos reales al Programa Especial Concurrente, al cual esta LIX Legislatura asignó 120 mil millones de pesos en el año 2004, 146 mil en el 2005 y casi 155 mil para ejercer en el presente año, la situación del campo mexicano no ha mejorado.
Por el contrario, las oportunidades de empleo y de educación en el medio rural son cada vez más escasas, aumentando el flujo migratorio hacia la ciudad y hacia los Estados Unidos de Norteamérica, en donde cada día mueren en promedio casi dos campesinos mexicanos en la búsqueda de trabajo en ese país, debido a las restricciones contra los migrantes mexicanos.
El Gobierno Federal ha dicho que ha disminuido la pobreza y, según sus cifras, en el año 2004 vivían en el campo 25.5 millones de personas en condiciones de pobreza patrimonial, lo cual representaría un 56.9 por ciento. Sin embargo, en el informe presidencial del año anterior, para ese mismo año se estimó una población rural de 32.6 millones de personas, de los que 25.5 millones representarían un 78.2 por ciento. Los datos del gobierno o no son congruentes o no son confiables.
Lo cierto es que la pobreza y la desigualdad, así como la falta de servicios básicos y de infraestructura productiva y comunitaria siguen siendo la principal característica de lo rural.
En lo productivo, seguimos sin una planeación de las actividades agropecuarias que establezca objetivos de corto, mediano y largo plazo para la producción agroalimentaria nacional, ni una estrategia de fomento productivo que garantice la soberanía y seguridad alimentaria del país.
No se han establecido acciones integrales para fortalecer y hacer competitivas a las cadenas productivas nacionales ante la presencia de productos importados y empresas transnacionales que cada día ganan más presencia en el mercado nacional y no se tienen políticas para actuar ante los fenómenos de concentración económica, empresarial, tecnológica o de poder de mercado, que se están generando en el país y en el mundo.
Los productores no tienen certidumbre multianual sobre los precios de sus productos y, al mismo tiempo, la falta de una adecuada infraestructura de almacenamiento y transporte encarece y dificulta el acceso a los insumos agropecuarios. Tampoco se ha organizado un verdadero sistema nacional de abasto, que integre a los productores nacionales y fortalezca los mercados internos.
En síntesis, el compromiso de revisar la política agropecuaria para modificar las condiciones estructurales que generan y reproducen el atraso del campo, no se ha cumplido en lo más mínimo.
Ante este panorama, el presupuesto para el campo a través del Programa Especial Concurrente, se convierte en el instrumento más importante de las políticas públicas para atender los problemas que vive el campo mexicano, por lo que su uso ineficiente, la reducción unilateral del mismo y los retrasos deliberados de su ejercicio, inhiben el impacto positivo de sus programas para mejorar las condiciones económicas de los productores rurales.
Los presupuestos aprobados se ejercen prácticamente de manera discrecional por la autoridad hacendaria y las normas de operación de los programas para el campo siguen siendo un obstáculo para que los productores de bajos ingresos accedan a los recursos y la ejecución del gasto público no coincide con las necesidades de los productores ni a los ciclos agrícolas.
El Acuerdo Nacional para el Campo estableció compromisos de corto, mediano y largo plazos para modificar las condiciones estructurales que afectan a los productores agropecuarios y al conjunto de la sociedad rural, sin embargo, a más de dos años de las movilizaciones campesinas y la firma del acuerdo, la situación del campo mexicano no ha mejorado, por lo que las organizaciones de productores y amplios sectores de la sociedad mexicana, coinciden en que los problemas y causas que dieron origen a las movilizaciones campesinas, subsisten y se han agudizado.
Ante el proceso electoral de este año, los productores nuevamente tienen incertidumbre sobre el ejercicio del presupuesto del Programa Especial Concurrente, ya que con el argumento de que no se debe dar un uso electoral a los programas, los responsables de su ejercicio demoran el otorgamiento de los apoyos.
Por otro lado, hemos visto que la entrega de apoyos de programas como Oportunidades se ha hecho en la fecha y lugares en los que se encuentran haciendo campaña los candidatos de partidos distintos a los del partido en el gobierno, lo cual consideramos es un uso electoral porque incide en la libre elección de los ciudadanos y obstruye su participación en las campañas políticas.
Finalmente, queremos manifestar nuestro absoluto rechazo al uso electorero que se está dando a programas de apoyo a la producción campesina, los cuales en conjunto tienen un presupuesto de apenas mil millones 366 mil pesos y en los que se da preferencia a organizaciones afines al Partido Acción Nacional. Rechazamos también el uso propagandístico que el propio presidente Vicente Fox hace con programas de apoyo social a los mexicanos han quedado marginados del empleo y de la protección social, los cuales en su mayoría viven en condiciones de pobreza
Ante esta situación, es imprescindible que el Ejecutivo federal proceda e instruya a los titulares de las dependencias a su cargo para que el presupuesto al campo se ejerza de manera eficiente, oportuna, transparente y sin fines políticos de ninguna especie.
Con base en las consideraciones anteriores, me permito proponer ante esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a instruir a la dependencias a su cargo para que el presupuesto de los programas que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del año 2006 se ejerza puntualmente conforme a los calendarios que establece el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2006, y sin manipulación electoral.
Segundo.- Asimismo, se exhorta al ciudadano Presidente para que instruya a las dependencias a su cargo, para que los programas del Programa Especial Concurrente que se ejercen en forma centralizada, en este año apliquen sus recursos durante los cinco primeros meses del año.
Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta al C. Presidente para que instruya a las dependencias que ejercen el Programa Especial Concurrente a fin de que asignen los recursos correspondientes con absoluta transparencia, publicando permanentemente en sus respectivas páginas de Internet e informando mensualmente en el seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable el nombre y domicilio de los beneficiarios, así como el monto que les es otorgado.
Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a respetar el presupuesto del Programa Especial Concurrente para el ejercicio fiscal del año 2006, aprobado por esta soberanía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero del año 2006.
Dip. Rafael Galindo Jaime (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CONGRESOS LOCALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES A ESTABLECER MEDIDAS PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, A CARGO DE LA DIPUTADA SHEYLA FABIOLA ARAGÓN CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Proposición con punto de acuerdo que suscribe la diputada federal del estado de México por la quinta circunscripción, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y Congresos locales y gobiernos municipales a establecer medidas para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar bajo las siguientes
Consideraciones
Conforme a las conclusiones del Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar desde una Perspectiva de Género, auspiciado por el gobierno chileno, define a la familia de la siguiente forma:
La familia, de una manera global, puede definirse como un grupo social primario unido por vínculos de parentesco, estos pueden ser: consanguíneos, de filiación (biológica o adoptiva) o de matrimonio, incluyendo las alianzas y relaciones de hecho cuando son estables. Se es parte de una familia en la medida en que se es padre o madre, esposa o esposo, hijo o hija, abuela o abuelo, tía o tío, pareja, conviviente, etcétera.
Podemos distinguir tipos de familias: conyugal (esposo y esposa), nuclear (esposos e hijos), monoparental (un sólo progenitor con uno o varios hijos), extendida (padres, hijos, abuelos y tíos) y ensamblada (esposos, hijos comunes e hijos de anteriores uniones de uno o ambos esposos).
La familia en la sociedad debe cumplir importantes funciones, que tienen relación directa con la preservación de la vida humana, su desarrollo y bienestar, éstas son:
Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, sentimientos, valores, conductas, etcétera.
Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, techo, salud, ropa.
Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo.
Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos, los ancianos y en general a los miembros dependientes.
La familia es el núcleo de la sociedad y por ello resulta importante el estudio de la violencia intrafamiliar, no sólo porque causa daños en la vida emocional y social de los integrantes de la familia, sino también por las repercusiones que esto causa hacia el exterior; como, por ejemplo, la desintegración de los valores sociales e individuales, la disolución del núcleo familiar y el incremento de la delincuencia.
La familia es el lugar donde el hombre conoce los valores humanos, sociales, morales, culturales e incluso los religiosos, y con base en ellos aprende a relacionarse socialmente. La violencia comienza en el hogar, un lugar donde se espera que todos sus miembros reciban cuidados, respeto, amor, con la reproducción de estereotipos culturales socialmente aprobados; donde es aprendida a través del modo en que se relacionan sus integrantes y se exterioriza con familiares, amigos, compañeros y otros miembros de la sociedad mediante actos de violencia comunes para quien vive en un ambiente en donde la agresión constante es una forma de vida.
Por mucho tiempo, la sociedad, las autoridades encargadas de impartir justicia y los encargados de crear las leyes fueron cómplices en la existencia y reproducción del problema de la violencia intrafamiliar, al callar los hechos, no reconocerlos y no reprobarlos tanto en el ámbito privado como en el público.
La idea de no inmiscuirse en problemas ajenos, de no intervenir en áreas que pertenecen al ámbito privado, violando el derecho a la privacidad; o el miedo de las víctimas a quedar desamparados al separarse o al denunciar al cónyuge agresor, así como otros tabúes, hacen difícil atender y resolver este problema, acicateado por la carencia de instituciones e instancias especializadas para atender a las víctimas y estudiar el problema como fenómeno social y jurídico.
Cuando hablamos de un problema social como la violencia intrafamiliar, encontramos que ésta se manifiesta en todos los estratos económicos; en familias, en las que sus integrantes cuentan con estudios de educación básica, media y superior; entre personas cuyo rango de edad va desde recién nacidos hasta ancianos, entre hombres, mujeres, niños, minusválidos e incapacitados. Sin embargo, las víctimas más frecuentes son las mujeres y los niños.
Las conclusiones del Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar desde una Perspectiva de Género, auspiciado por el gobierno chileno, define también la violencia intrafamiliar de la siguiente forma:
Por violencia intrafamiliar nos referimos a todas las situaciones o formas de abuso de poder o maltrato (físico o psicológico) de un miembro de la familia sobre otro o que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de esos abusos.
Puede manifestarse a través de golpes, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control, abuso sexual, aislamiento de familiares y amistades, prohibiciones, abandono afectivo, humillaciones o al no respetar las opiniones, son éstas las formas en que se expresa la violencia intrafamiliar, comúnmente en las relaciones de abuso suelen encontrarse combinadas, generándose daño como consecuencia de una o varios tipos de maltrato.
Quienes la sufren se encuentran principalmente en los grupos definidos culturalmente como los sectores con menor poder dentro de la estructura jerárquica de la familia, donde las variables de género y generación (edad) han sido decisivas para establecer la distribución del poder en el contexto de la cultura patriarcal. De esta manera las mujeres, los menores de edad (niños y niñas) y a los ancianos se identifican como los miembros de estos grupos en riesgo o víctimas más frecuentes, a quienes se agregan los discapacitados (físicos y mentales) por su particular condición de vulnerabilidad. Los actos de violencia dirigidos hacia cada uno de ellos constituyen las diferentes categorías de la violencia intrafamiliar.
Si bien muchas acciones de violencia intrafamiliar son evidentes, otras pueden pasar desapercibidas, lo fundamental para identificarla es determinar si la pareja o familia usa la violencia como mecanismo para enfrentar y resolver las diferencias de opinión. Un ejemplo frecuente es una familia donde cada vez que dos de sus integrantes tienen diferencias de opinión, uno le grita o golpea al otro para lograr que "le haga caso" (sea niño, adulto o anciano el que resulte agredido).
En la literatura relativa a esta problemática social y fundamentalmente en la concerniente a las distintas formas que adopta la violencia hacia las mujeres, coexisten, junto al de violencia intrafamiliar y violencia familiar, otras definiciones como violencia de género, violencia doméstica y violencia conyugal, las que aparentemente se superponen y plantean permanentes dudas en relación a la pertinencia de su aplicación.
La violencia intrafamiliar encuentra su origen en patrones de relaciones desiguales en las que hay un abuso de poder sustentado en la figura patriarcal por la que se otorgaba al pater familias la calidad de dueño y la posibilidad de disponer, como lo considerara conveniente, tanto de los bienes como de las personas que se encontraban bajo su potestad. Si bien en la actualidad se han comenzado a dar las pautas sociales y jurídicas para que existan y se practiquen tanto relaciones de igualdad entre el hombre y la mujer como de respeto entre el adulto y el menor, en la que se les considera como sujetos de los mismos derechos y obligaciones, también es cierto que culturalmente se mantiene todavía el juego de roles y de abuso de poder hombre-mujer, adultos-menores, en el que los primeros continúan siendo la cabeza de familia o tienen una posición de fuerza, física o psicológica, frente a la víctima, y los segundos una situación de subordinación.
La proliferación en la publicidad de este tipo de casos hizo notar la necesidad de aplicar acciones colectivas e individuales para poder modificar los patrones culturales que justifican o propician, socialmente, la violencia dentro del hogar contra los seres más cercanos y queridos en la familia.
La violencia ejercida contra la mujer y los niños es la que más preocupa, ya que cuando se conoce del caso de una mujer víctima de violencia en el hogar, que sufre vejaciones de todo tipo, lo siguiente es preguntarse ¿en que situación se encuentran sus hijos?, ¿sufrirán de las mismas agresiones o más graves?, ¿cuáles son las consecuencias de que un menor viva o presencie la violencia en el hogar? Como consecuencia de estas interrogantes y cualquier otra que pueda surgir es necesario pensar y actuar con la convicción de que hay más de una víctima en estos casos y que es necesario ayudar y proteger por todos los medios posibles tanto a la madre como a los hijos.
Los daños en la víctima van más allá de las lesiones que podían ser calificadas de acuerdo con el Código Penal y susceptibles de ser certificadas por un médico legista en una agencia del Ministerio Público. Las agresiones de que son víctimas tienen repercusiones definitivas en su sano desarrollo psicosocial, sexual, afectivo, emocional y físico. Se puede decir que los actos más frecuentes de los que son víctimas son golpes con las manos o con algún otro instrumento que se tenga, fractura de huesos, quemaduras, cortaduras, abandono, privación, menosprecio de sus personas, de sus capacidades, de su imagen y actos de violencia sexual.
La experiencia ha mostrado que aunque el hogar resulta ser el principal espacio donde se desencadenan y presentan actos de violencia intrafamiliar, también pueden llegar a presentarse en la calle, trabajo y otros lugares frecuentados por la víctima. La legislación del Distrito Federal cubre este supuesto en el artículo 3o. de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, en la cual se configura jurídicamente la violencia intrafamiliar, aun cuando los actos se efectúen fuera del domicilio conyugal o de la casa que comparten el agresor y la víctima.
Los agresores pueden ser el cónyuge, concubino, la pareja en relaciones de hecho, o cualquiera que tenga parentesco con la víctima, como son los hermanos, los primos, los tíos, los cuñados, los abuelos, etcétera, siempre que habiten bajo el mismo techo que la víctima. Es un mito creer que el agresor disfruta del daño causado a sus seres más amados o cercanos y que el extrovertir su frustración mediante actos violentos no le produce conflicto, por el contrario, el victimario también presenta una baja autoestima, desconfianza, inseguridad y temor permanente, los cuales exterioriza en la ejecución de conductas violentas, frente a su impotencia para controlar factores externos (sociales) e internos (personales).
Uno de los aspectos que pueden determinar que una persona sea agresor en el fenómeno que nos ocupa, es el que haya sido víctima de violencia durante su infancia. Actualmente se ha comprobado que un menor víctima o testigo de violencia, si es detectado y tratado física, afectiva y psicológicamente durante su infancia, puede llegar a desarrollar una vida normal sin reproducir el ciclo de la violencia.
Otros factores que pueden determinar la personalidad agresiva de una persona en este problema son no poder contar con un empleo satisfactorio, no contar con medios económicos que le permitan una vida desahogada, el horario de jornadas extensas que le impiden la convivencia familiar (padres ausentes), que el trabajo se realice exclusivamente en el hogar, diferencias entre familiares, uniones matrimoniales o de hecho no aceptadas e hijos no deseados, entre otras. Las toxicomanías y el alcoholismo influyen determinantemente en el agresor, ya que éstas ayudan a eliminar la inhibición para manifestar sus estados de ánimo, sus frustraciones y sus deseos de agresión como respuesta al medio que lo rodea.
Estudios revelan que cuando se habla de maltrato, ya sea a mujeres, niños u otros miembros de la familia, se relaciona a éste con el llamado ciclo de violencia. Este ciclo es el que plantea el proceso mediante el cual el comportamiento violento es transmitido de una generación a otra. Esto es que los padres agresores fueron hijos maltratados o que el esposo golpeador creció en un hogar donde su madre y/o hermanas eran golpeadas, y lo mismo se puede decir de una mujer víctima de violencia doméstica. Uno de los objetivos principales en la actualidad es lograr romper con el ciclo mediante atención integral tanto al infante testigo o víctima de violencia como al mismo padre o familiar agresor, eliminando el problema de raíz, pues el tratamiento contempla a todas las partes afectadas y participantes en el ciclo.
La familia es la base de la organización social y por ende de la estabilidad de un Estado. Es aquí donde nace la obligación de éste para crear y establecer disposiciones en materia familiar. Es así que en 1974 se integró al texto de las garantías individuales consagradas en el artículo 4o. de la Constitución; el precepto literalmente dice: "El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y desarrollo de la familia". Establece el derecho que tienen los hijos a que se les proteja su integridad y sus derechos: "Es deber de los padres, preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental". Y que será la ley la que determine los mecanismos para que las instituciones públicas con competencia lleven a cabo las disposiciones establecidas por este precepto constitucional.
También existen acuerdos internacionales en los cuales México se ha declarado comprometido respecto al tema de la familia, la protección de ésta y de sus integrantes, así como del respeto e igualdad que debe existir entre sus miembros sin distinción de sexos. En esta materia, México tiene compromisos jurídicamente vinculantes derivados de la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida también como Convención de Belem do Pará) y de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como compromisos derivados de normas no vinculantes como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal, entre otros.
La ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los acuerdos suscritos en las reuniones antes señaladas, obligan al gobierno mexicano a comenzar a tomar medidas encaminadas a crear soluciones para terminar con la violencia contra la mujer y los niños, contemplando prioritariamente el problema de la violencia intrafamiliar.
Hasta 1995 existían normas jurídicas de orden común en materia civil, penal y procesal que regulaban, indirecta e insuficientemente, la violencia en el hogar debido a que establecían reglas de carácter general para este fenómeno de maltrato en particular, como la relativa a la causal de divorcio por sevicia, amenazas e injurias graves o el delito de lesiones tipificado en el Código Penal. Estas disposiciones no consideraban las características propias del problema que nos ocupa, tampoco proporcionaban una solución eficaz, lo que propiciaba que los casos no fueran resueltos en justicia y beneficio de la víctima.
Para el gobierno mexicano el tema de la violencia intrafamiliar comenzó a adquirir verdadera importancia hace una década, es en 1989 cuando comenzamos a observar la intervención gubernamental en esta materia con la creación del CAVI por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; en 1991, la misma Procuraduría crea el Centro de Terapia de Apoyo; en 1993, la Comisión Nacional de Derechos Humanos crea el Programa sobre Asuntos de la Mujer, que presta el servicio de orientación a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y que en 1994 amplió su competencia al ámbito del niño y la familia; el mismo año los preparativos de la delegación mexicana para la IV Conferencia y del Informe de México realizado por el Comité Nacional Coordinador de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. En el mismo periodo se comienzan a crear en Procuradurías de Justicia estatales, áreas de atención a mujeres víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Otros esfuerzos en la lucha contra la violencia intrafamiliar son: las Agencias Especializadas en Asuntos del Menor y Discapacitados de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 y el Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia 1995-2000, que plantean estrategias y políticas públicas que debe aplicar el gobierno en el combate de este fenómeno. En 1996, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar concede facultades a las delegaciones políticas del Distrito Federal para conocer de estos casos, para instrumentar procedimientos administrativos de conciliación y amigable composición, así como para imponer sanciones por las infracciones establecidas en dicha ley. Además se elaboraron reformas a la legislación civil y penal que abordaron este tema.
Un gran avance en la materia fue el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 1999-2000 (Pronavi), cuyos resultados se reflejaron en la creación de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA-1999 Prestación de Servicios de Salud. Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar, la realización de la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar 1999, en el Distrito Federal y la zona metropolitana; la modificación de algunas legislaciones estatales con enfoque de género; la creación de leyes de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar; la creación de agencias especializadas en este tema en algunas entidades federativas; la realización de campañas nacionales, talleres, cursos, foros y seminarios sobre violencia intrafamiliar y doméstica; la creación de modelos de detección de este fenómeno en menores infractores; y la instalación de líneas de atención telefónica a mujeres que sufren violencia en algunas entidades federativas.
Del mismo modo destaca el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2001-2006 (Proequidad) que marca la política del Gobierno Federal hacia este fenómeno reforzado por marcos normativos como la Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo destaca la iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y con la colaboración del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) levantó en los meses de octubre y noviembre del 2003 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003 (Endireh), la cual tuvo por objetivo principal generar información estadística para dimensionar, caracterizar y conocer la existencia de la violencia familiar en México, en particular la violencia hacia las mujeres por parte de la pareja, destacando los siguientes resultados.
Para el caso de violencia física y sexual de pareja:
La violencia física fue declarada más por mujeres jóvenes: 13 de cada cien mujeres de 15 a 24 años de edad son objeto de agresiones físicas.
La violencia sexual la manifiestan más mujeres de 40 a 49 años: 11 de cada cien mujeres de 40 a 44 años y 9 de cada cien mujeres de 45 a 49 años.
Las mujeres que trabajan declararon con más frecuencia ser objeto de agresiones físicas o sexuales por parte de su pareja, que las que se dedican a los quehaceres domésticos o a alguna otra actividad no económica: 11 de cada cien mujeres que trabajan padecen violencia física y 9 violencia sexual.
La violencia física la padecen en igual magnitud mujeres del ámbito rural y del urbano: 9 de cada cien mujeres rurales o urbanas son objeto de agresiones físicas.
Más mujeres rurales que urbanas padecen violencia de tipo sexual: 9 de cada cien mujeres rurales y 7 de cada cien urbanas son objeto de violencia sexual.
Entre las mujeres que viven violencia de algún tipo con su pareja o esposo, 55 de cada cien fueron objeto de violencia en su familia de origen, y entre las que declararon no vivir violencia con su pareja, 34.
El desconocimiento que tiene la mujer de las vivencias de violencia que sufriera su esposo durante su infancia, impiden determinar el impacto de estas experiencias sobre la violencia de pareja que viven actualmente: 65 de cada cien mujeres desconocen si su pareja sufrió violencia durante su infancia; 65 de cada cien mujeres que sufren violencia física o sexual sufrieron violencia.
La agresión hacia los hijos que ejercen las mujeres se agudiza entre las que sufren violencia física o sexual por parte de su pareja: 57 y 49 de cada cien mujeres, respectivamente.
Es necesario continuar trabajando sobre el tema de la violencia intrafamiliar, revisando y evaluando los avances logrados, la eficacia de las medidas administrativas y legislativas que se han aplicado, los avances en la modificación de patrones culturales que permiten la existencia de estereotipos y prácticas violentas y discriminatorias; avanzando en el estudio e investigación sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar en nuestro país y analizando los obstáculos que impidan o puedan impedir tanto la disminución de casos como la erradicación de la misma y reforzar las medidas relativas a la difusión de información en esta materia así como mecanismos de auxilio para las víctimas.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Que esta H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, Congresos locales y gobiernos municipales para que, en el marco de sus facultades, realicen las acciones conducentes para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar observando los siguientes lineamientos.
II. Establecer, dentro de la legislación respectiva, los medios y la competencia que requieran los órganos de impartición de justicia para intervenir, atender y tomar las medidas de protección necesarias, sin obstáculo técnico o material alguno, para proteger eficazmente la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas de violencia.
III. Capacitar mediante cursos, seminarios y campañas de sensibilización a todos los servidores públicos que prestan directa o indirectamente atención y servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar, estableciendo legalmente el perfil que deberán tener los funcionarios que trabajen en esta área.
IV. Establecer modelos profesionales y eficientes de atención para víctimas y agresores que permitan la disminución y erradicación de casos de violencia intrafamiliar en cada uno de los municipios y entidades federativas.
V. Crear áreas especializadas en cada entidad federativa y cada municipio, con personal capacitado y especializado, con el fin de atender adecuada y eficientemente las denuncias o reportes de violencia intrafamiliar.
VI. Intensificar campañas de difusión en los medios de comunicación y en planteles educativos para proporcionar al ciudadano común y a cualquier víctima de violencia el conocimiento general de los derechos y obligaciones de todo ciudadano, en particular los relativos al respeto a la integridad física, emocional y sexual dentro y fuera de la familia.
VII. Diseñar planes de estudio para concientizar y educar al ciudadano mexicano sobre el problema de la violencia, en particular la intrafamiliar; sobre la dignidad y los derechos humanos de las personas, con el fin de formar generaciones con una nueva cultura de respeto.
VIII. Tipificar la violencia intrafamiliar, considerando todas las formas en que se manifiesta, crear penas alternativas y sancionar con mayor rigor los delitos de lesiones, así como los contemplados en las respectivas legislaciones penales o administrativas de cada entidad federativa.
IX. Efectuar reformas a las legislaciones en materia civil y de procedimientos civiles en cada entidad federativa en materias de divorcio, patria potestad, custodia y tutela. Así como la inclusión en la norma de la figura y definición de violencia doméstica, y la creación de medidas de apremio para el caso concreto.
X. Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones descritas en los numerales anteriores.
Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL CONFLICTO SINDICAL Y LABORAL DE SIDERÚRGICA LÁZARO CÁRDENAS-LAS TRUCHAS, EN MICHOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PÉREZ MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, Juan Pérez Medina, diputado federal de la LIX Legislatura, comparece ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados para exponer:
En las secciones 271 y 272 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, con sede en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se están presentando hechos que atentan gravemente contra derechos elementales de sus agremiados.
Las acciones violatorias de derechos sindicales las implementan y ejecutan los órganos de gobierno de la dirección nacional y local de las secciones 271 y 272 del Sindicato de Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, las que violan preceptos constitucionales y acuerdos internacionales signados por México en lo que tiene que ver con derechos humanos, como es el caso de los trabajadores César Reyes Carbajal, segundo vocal del Consejo de Vigilancia y Justicia Local, e Inocencio Alcocer Solares, secretario de Seguridad e Higiene Industrial Local, quienes fueron destituidos de sus cargos y privados de todo derecho sindical en junio de 2005, y posteriormente despedidos por la empresa porque, según la dirección nacional, los trabajadores en cita eran disidentes de la organización sindical y militantes de un partido político (PRD) que los convertía en conspiradores para la disolución sindical.
A partir de ese momento, la dirección nacional mantiene una campaña de represión contra quienes tengan relación de cualquier índole con los compañeros sancionados y, a la fecha, ha despedido a 12 trabajadores y sancionado a 30 más, por lo que crece el temor de estar expuestos a sufrir la misma experiencia. Por ello han planteado su situación ante las autoridades correspondientes (Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje), solicitando también nuestra intervención, así como la de la Presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados e incluso del propio secretario del Trabajo y Previsión Social, sin conseguir resultado que les auxilie a mejorar la grave situación por la que atraviesan.
Otro ejemplo de la agresiva conducta contra agremiados que no coinciden con la manera de pensar del Comité Ejecutivo Nacional lo constituye el hecho que se da con motivo de la muerte del secretario general local de la sección 271 porque, aun cuando sus estatutos establecen con claridad que, de actualizarse ese supuesto, debe llamarse al suplente para que asuma la función, sin embargo, a quien correspondía fue acusado ante el Consejo de Vigilancia y Justicia de acciones de disolución sindical y se le negó el derecho estatutario de suplir.
Por lo anterior y por considerar que se trata de un asunto que implica violación de derechos laborales, sindicales y humanos, me permito presentar ante este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicite informes urgentes al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, así como al Consejo de Administración de la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas sobre los despidos de los trabajadores que disienten de sus direcciones local y nacional; y, en caso de irregularidades en la aplicación de sanciones estatutarias y laborales, exija la aplicación de la ley para que los trabajadores se reinstalen de inmediato en su trabajo y funciones y se les restituyan en forma absoluta sus derechos sindicales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2006.
Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y A ESTA SOBERANÍA A PROMOVER LA APROBACIÓN DE UNA REFORMA HACENDARIA Y ANALIZAR LA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES FISCALES RELACIONADAS CON EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DE LA DIPUTADA CONSUELO CAMARENA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, la suscrita, diputada federal Consuelo Camarena Gómez, del Partido Acción Nacional, solicita que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y al Poder legislativo para que promuevan la aprobación de una reforma hacendaria y se analice la aplicación de disposiciones fiscales relacionadas con el pago del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior se solicita con fundamento en los siguientes
Considerandos
México es un país carente de cultura tributaria, donde una gran mayoría de mexicanos tienden a huir de las autoridades fiscales y evitar el pago de sus contribuciones. Si bien es cierto que, de alguna forma, una gran mayoría de mexicanos somos contribuyentes indirectos debido a que pagamos el IVA al momento de hacer alguna compra, es indudable que el sistema tributario actual ha sido insuficiente para evitar que mucha gente evada el pago de impuestos, propiciando que pocos sean los que pagan mucho y que además resulten afectados por un proceso de cobro complicado y en muchas ocasiones injusto.
Las reformas de la miscelánea fiscal aprobadas en los últimos años, en particular las correspondientes a 2005, han tenido muchos problemas e inconformidades por parte de numerosos sectores, además de que hasta el momento no han logrado reflejar la realidad social, económica, política y jurídica del país, ni asegurar a los mexicanos y extranjeros la existencia integral de un Estado de derecho.
Es importante reconocer que esta situación no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo federal, sino en gran medida es también responsabilidad del Poder Legislativo y de los gobiernos estatales, que en su mayoría no han aceptado la idea de un cambio estructural en materia fiscal, consistente en que los impuestos indirectos, técnicamente más sencillos de aplicar y administrar y de más difícil evasión, se conviertan en la columna vertebral de la política fiscal en México.
Lo anterior nos ha llevado a la aprobación de cambios en la miscelánea fiscal que tienen como objetivo evitar la elusión fiscal, como es la deducción del costo de lo vendido en sustitución de la deducción de compras, o la constitución de tramos de la tarifa de pago del Impuesto sobre la Renta para personas físicas, que no han incrementado la base de contribuyentes, pero sí han incrementado la carga fiscal de los que ahora sí están pagando.
Mi pregunta es, entonces, ¿qué pasa con los vendedores ambulantes y con las personas que no están dadas de alta y trabajan y obtienen ingresos, como algunos arrendadores, doctores, abogados, entre muchos otros?
El Gobierno Federal ha intentado atender las quejas de los pocos contribuyentes que pagan más o bien pagan por todo y a pesar de ello encuentran trabas para aprovechar los beneficios que las leyes fiscales establecen. Pero este esfuerzo, a pesar de que ha logrado disminuir la evasión de la ley no ha sido suficiente, lo que ha provocado la insatisfacción de muchos mexicanos.
Ejemplos de lo anterior fueron las reformas aprobadas respecto al consumo de combustible, ya que como hemos visto, no estamos capacitados para llevar a cabo las medidas que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta. No todas las gasolineras tienen forma de cobrar vía tarjeta y no todas aceptan cheques, con lo que se orilla a que las empresas manejen una tarjeta empresarial para poder hacer deducibles estos gastos en combustibles. Esto genera a su vez más gasto administrativo relacionado con los controles de pago.
Una situación simular pasa con la aprobación del método de deducción del costo de venta, que si bien representa un beneficio para el Gobierno Federal, ya que le ha permitido disminuir la elusión fiscal en años recientes, genera una carga administrativa a los contribuyentes y desincentiva la inversión, ya que sus compras se ven limitadas y no son motivadas, particularmente las empresas que mantienen sus inventarios por tiempo prolongado.
Por lo anteriormente expuesto, como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Para exhortar al Gobierno Federal, a los gobiernos de los estados y al Poder Legislativo a que propongan y aprueben una reforma hacendaria enfocada al incremento de la base de contribuyentes y a la simplificación del pago de impuestos.
Segundo. Se solicita al Gobierno Federal que evalúe los resultados obtenidos con la aplicación del método de deducción del costo de lo vendido.
Dip. Consuelo Camarena Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA AL INTERIOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN LA SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADAS CON LOS ASUNTOS RELIGIOSOS EN NUESTRO PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS CRUZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El federalismo y la laicidad del Estado mexicano constituye una parte fundamental e inherente de la historia del país a partir de la promulgación de la Constitución de 1824. En México es claro que la idea federal ha sido columna vertebral en la constitución de la República.
El federalismo unió en voluntad común, la variedad de culturas regionales, desarrollos históricos y realidades locales que conforman nuestro país, por ello resulta indispensable consolidarlo a través del fortalecimiento de las instituciones republicanas; por un lado, el Estado de derecho y, por otro, la amplia observancia de las libertades y de los derechos fundamentales, para dar cauce democrático cierto a la vida política local y fincar nuevos avances en la pluralidad de gobiernos estatales y municipales.
Es de resaltarse que existen iniciativas, presentadas por los diversos grupos parlamentarios, relacionadas con la materia religiosa, entre las que encontramos medios de comunicación, tolerancia religiosa, cultura, régimen patrimonial, etcétera. Por lo que es indispensable considerar en conjunto dichas iniciativas y proporcionar a todos los gobernados un marco jurídico que garantice el derecho fundamental de la libertad religiosa y el marco en el cual se han de regir las relaciones entre Estado e Iglesia.
El reconocimiento y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales es una condición para la consolidación de la democracia y del Estado de derecho.
El reconocimiento y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales es una condición para la consolidación de la democracia y del Estado de derecho. La carencia de libertades fundamentales cancela en definitiva las posibilidades de desarrollo y de felicidad del individuo y colectivamente, el Estado debe garantizarlas.
Por lo expuesto y mediante el presente me permito someter a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea al interior de la Comisión de Gobernación la Subcomisión encargada de dictaminar las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con los asuntos religiosos en nuestro país, y elabore una propuesta para armonizar la legislación que protege la libertad de religiosa, los derechos humanos e impulse la no discriminación, la tolerancia religiosa y preserve el principio de laicidad del Estado.
Segundo. La Subcomisión estará integrada por diputados de los grupos parlamentarios representados al interior de la Comisión de Gobernación, la cual deberá presentar al pleno de la Comisión los predictámenes relacionados con las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que se señalan en el acuerdo anterior y las que le sean turnadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 21 de febrero de 2006.
Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica)