• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solucionar la constante alza del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico, a cargo del diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de Guanajuato y de Querétaro a suscribir el convenio que establece el Fideicomiso Pago, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la STPS, a la SS y a la Segob a intervenir en el problema de los trabajadores del programa Moscamed en Chiapas y Tabasco, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a investigar y sancionar la empresa constructora Cocesa de Aguascalientes y la inacción del Centro SCT Jalisco por suspensión de obras, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para vigilar que no se utilicen los programas sociales a cargo del Gobierno Federal en beneficio de algún partido político en el proceso electoral del 12 de marzo próximo en el estado de México, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a la SS y al Consejo Nacional contra las Adicciones a modificar el artículo 126 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Comisión Interinstitucional de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados a cumplir la ley que regula la materia y a suspender cualquier trámite referido a la liberación experimental de maíz transgénico, a cargo del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Profeco a actualizar el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, de fecha 10 de marzo de 1992, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, relativo al conflicto con Estados Unidos de América y la economía nacional, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proteger como bien cultural, urbano y ambiental el Camino Real de Tierra Adentro que recorría el país, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, relativo al ataque a pescadores por marinos en Progreso, Yucatán, a cargo del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a conducirse dentro del marco que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a investigar las conductas ilícitas en que incurrió personal policial de la AFI al recrear la captura de presuntos secuestradores mediante la realización de un video, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD.

• A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito, diputado federal Alfonso Moreno Morán, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Gobierno Federal para que dé solución a la constante alza de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico, conforme a las siguientes

Consideraciones

Desde hace ya algunos años, la población mexicana ha sufrido un grave deterioro en su ingreso debido a las constantes alzas de los energéticos, como la electricidad, el gas y las gasolinas.

Esta situación se agudiza más en la población que por su condición económica carece de recursos suficientes para atender sus necesidades más prioritarias. Es el caso que se presenta en comunidades del norte de Guanajuato, de los municipios de Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión, donde destinan hasta 30 por ciento de su ingreso a pagar el consumo de este servicio. En dichos cobros se nota un comportamiento (por lo que se refiere a los recibos) completamente anormal y en el que se disparan enormemente las lecturas de dicho consumo, con una importante repercusión económica que afecta, lamentablemente, el bienestar familiar.

A la fecha se ha presentado tanto en el Senado como en esta Cámara gran cantidad de puntos de acuerdo donde se exige al Gobierno Federal dar solución al problema de la constante alza de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico.

En todos estos pronunciamientos ha quedado claro que las familias mexicanas ya no podrán soportar por mucho tiempo esta situación. Resulta urgente que las autoridades den una solución favorable y definitiva a este grave problema.

Estamos conscientes de la necesidad que se tiene de la aprobación de una reforma energética que, siendo de vital importancia para el país, haría posible una reducción en los costos de este servicio, minimizando un problema social cuya manifestación pondría en riesgo la estabilidad económica y social de las familias mexicanas.

Por mucho tiempo se ha postergado la actualización de las tarifas eléctricas para ponerlas a la par de los costos de producción, lo que ha propiciado que el monto de los subsidios gubernamentales haya crecido considerablemente, por ejemplo:

En 1995, el subsidio de las tarifas fue de 11 mil 124 millones de pesos y en 2002 alcanzó 40 mil 700 millones de pesos. En este último año, por los decretos del 7 de febrero y 5 de abril, la Secretaria de Hacienda autorizó a la CFE y a Luz y Fuerza del Centro el ajuste, la modificación y la reestructuración de las tarifas eléctricas, se redujo el monto del subsidio. Con el nuevo ordenamiento se modificó la estructura tarifaria de 1995, se establecieron costos más altos y diferenciados a partir de criterios de consumo máximo y temporalizados, por lo que en muchas regiones del país el problema para pagar las tarifas de uso domestico se agudizó aún más.

El subsidio no ha permitido nivelar las tarifas del servicio eléctrico domiciliario con el presupuesto familiar, ya que los costos de la electricidad en México entre 1994-2004 crecieron más que la inflación. Este sector, que integran más de 24 millones de usuarios, consumió, de acuerdo con estudios realizados, 24.7 por ciento del total del consumo de energía eléctrica en 2004.

Vemos con alarma que las tarifas eléctricas han aumentado 58.5 por ciento en las industrias y 57.1 por ciento para las familias en lo que va de la presente administración, superando en mucho la inflación acumulada, que fue de 20.5 por ciento.

No soslayamos el esfuerzo que en materia de electricidad se han realizado para reducir el costo de las tarifas eléctricas, pero cabe señalar que no han sido suficientes, ya que la problemática se ha agudizado sobre todo en comunidades de alta marginación, donde los pobladores se ven en la disyuntiva de pagar el consumo de luz o destinar estos recursos a la manutención familiar.

Por ello se hace un atento llamado para que el Ejecutivo federal modifique las tarifas de energía eléctrica a fin de que los más de 24 millones de usuarios se vean beneficiados con cobros que estén al alcance de sus posibilidades económicas.

Por lo anterior, someto a la consideración de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar al Gobierno federal para que dé solución a la constante alza en las tarifas de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico.

Febrero 16 de 2006.

Dip. Alfonso Moreno Morán (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES DE GUANAJUATO Y DE QUERÉTARO A SUSCRIBIR EL CONVENIO QUE ESTABLECE EL FIDEICOMISO PAGO, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL

Honorable Asamblea:

El Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XIV, 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual esta Comisión señala los siguientes

Antecedentes

Primero.- El veintisiete de julio de dos mil cinco comparecieron en las oficinas de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el licenciado José Luis Sánchez Martínez y otros veintisiete representantes de ahorradores, quienes informaron que los gobernadores de los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca han hecho caso omiso al exhorto que había aprobado por mayoría los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Quincuagésima Novena Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para que suscribieran los convenios de coordinación que establece la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago).

Asimismo, solicitaron que se forme un grupo de trabajo de diputados federales para que asistan a los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca, a fin de llevar a cabo una reunión con diputados locales y servidores públicos de dichas entidades federativas, para efecto de poder encontrar a la brevedad posible una solución a la problemática de los ahorradores y puedan resarcir sus ahorros mediante la suscripción de los convenios respectivos.

Segundo.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco, que aprobaron por mayoría los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, se estableció lo siguiente:

De igual forma, con el número de oficio CFCyES/-101005-362, de fecha diez de octubre del año dos mil cinco, el diputado presidente de la Comisión señalada en el párrafo que antecede, solicitó a los gobernadores constitucionales de los estados de Guanajuato, Oaxaca, Morelos y Querétaro, respectivamente, que nombraran a un representante de los gobiernos correspondientes, para efecto de atender al grupo de trabajo que formó el pleno de dicha Comisión e informaran el cumplimiento de los compromisos que corresponden al Fideicomiso Pago y con el mismo número de oficio se solicitó al licenciado Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, para que formara parte del grupo de trabajo e informara el estado que guarda el fideicomiso con relación a dichas entidades.

Cuarto.- Con el oficio número FAFOSCAP/CFP/-064/2005, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil cinco, dirigido al diputado presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, suscrito por el licenciado Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, por el cual informó lo siguiente:

Por otra parte, el Congreso estatal en Guanajuato aprobó el veinticinco de noviembre del dos mil cinco un punto de acuerdo suscrito por la totalidad de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, misma que se encuentra integrada por los distintos grupos parlamentarios, que a la letra señala:

Séptimo.- El diecinueve de diciembre de dos mil cinco, el diputado Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social informó que se había presentado al estado de Querétaro el dieciséis del mes y año mencionado para dar cumplimiento al acuerdo de dicha Comisión y que la reunión de trabajo se llevó a cabo en el Congreso estatal, en la que estuvieron presentes el diputado Miguel Calzada Mercado y aproximadamente veinte ahorradores, sin que estuviera en la reunión un representante del gobierno del estado, reunión en la que se expuso principalmente lo siguiente: "El diputado Miguel Calzada señaló que diputados de distintos grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática elaboraron y presentaron un punto de acuerdo en el pleno del Congreso para efecto de que se incluyera en el Presupuesto de Egresos 2006 una partida para el pago a los ahorrador es defraudados; sin embargo, el día quince de los corrientes se votó en contra por diputados de Acción Nacional; además, manifestó el diputado Calzada que el gobierno del estado sí contaba con recursos suficientes para cubrir la demanda de los ahorradores, ya que en la sesión que se había celebrado un día antes a la reunión, se informó que existía un subejercicio por un monto aproximado de $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 m.n.) y el diputado Francisco J. Saucedo Pérez señaló que el monto que tiene que aportar el estado de Querétaro es por un monto aproximado de $6,200,000.00 (seis millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.) respecto a tres cajas que habían sido auditadas por el gobierno del Estado y que con este recurso se cubriría aproximadamente 4,190, cuatro mil ciento noventa ahorradores; de igual forma, señaló que en todos los estados de la República se han tenido avances para resolver el problema de los ahorradores y en otros ya se encuentran en procesos de pago y que ésta es la única entidad federativa que falta resolver y poder atender el problema en cuestión".

Consideraciones

Primero.- El pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social arriba a la conclusión de que del análisis realizado a la petición formulada por los ahorradores defraudados en los estados de Oaxaca, Querétaro, Guanajuato y Morelos, el problema radica principalmente en que los gobernadores de dichas entidades federativas no han suscrito el convenio de colaboración establecido en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago).

Sin embargo, del informe que rindió el Lic. Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, mediante oficio de fecha veinticuatro de octubre de dos mil cinco, se desprende que el siete de octubre de dicho año, el gobernador del estado de Oaxaca suscribió el convenio de colaboración.

Motivo por el cual, esta Comisión solicitó información a los ahorradores para que señalaran si ya se encontraban en el proceso del pago respectivo, quienes señalaron que efectivamente ya se les estaban resarciendo del daño ocasionado desde el año dos mil, no corriendo la misma suerte en los estados de Querétaro, Guanajuato y Morelos, por lo que la Comisión de Fomento Cooperativo continuó con el proceso para celebrar las reuniones de trabajo en dichas entidades federativas.

Segundo.- Del análisis que se realizó al informe que rindió el diputado Francisco J. Saucedo Pérez, Presidente e integrante del grupo de trabajo que constituyó la Comisión de mérito, con relación al estado de Morelos, se desprende que el gobierno de la entidad federativa cuenta con los recurso suficientes para cubrir la cantidad que le corresponde aportar, según lo establecido por la Ley que crea el Fideicomiso Pago.

Motivo por el cual, existe la disposición del gobernador constitucional de suscribir el convenio de colaboración entre la Federación y el estado, para que una vez agotados los trámites administrativos y de logística entre los órdenes de gobierno, se dé inicio al proceso del pago correspondiente a los ahorradores de dicha entidad federativa.

Por lo anterior, esta honorable Cámara de Diputados se congratula por la disposición del gobernador para suscribir el instrumento jurídico entre la Federación y el estado a fin de hacer frente a los problemas que se suscitaron con los ahorradores defraudados.

Tercero.- Por lo que corresponde al estudio que se efectuó al informe de fecha veintiocho de noviembre del año próximo pasado y al punto de acuerdo que aprobó el honorable Congreso del estado de Guanajuato, de los que se desglosa que existe disposición de todos los grupos parlamentarios, toda vez que se hizo un esfuerzo institucional al problema que aqueja a los ahorradores defraudados en dicha entidad federativa.

Sin embargo, a la fecha el gobernador constitucional no ha suscrito el convenio de colaboración para iniciar el proceso de pago correspondiente, máxime cuando la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso estatal ordenó en su segundo punto de acuerdo de fecha veinticinco de noviembre del año próximo pasado que suscribiera el instrumento jurídico respectivo.

Por lo anterior, se estima necesario reconocer el trabajo parlamentario del Congreso del estado de Guanajuato, por lo tanto y como consecuencia, esta Cámara de Diputados se muestra conforme con la labor realizada y parcialmente con el gobernador de dicha entidad federativa, en virtud que a éste le ha faltado concretar la parte que le corresponde, siendo la suscripción del convenio de colaboración.

Cuarto.- En cuanto al análisis del informe que rindió el diputado Presidente Francisco J. Saucedo Pérez, el día diecinueve de diciembre de dos mil cinco, con relación al estado de Querétaro, se arriba a la conclusión de que diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática realizaron una labor importante para resolver el problema que les aqueja a los ahorradores defraudados, siendo la elaboración de un punto de acuerdo para incluir en el Presupuesto de Egresos recursos suficientes y poder pagar a cuatro mil ciento noventa ahorradores, mismo que fue rechazado por una oposición mayoritaria de diputados.

De igual manera, se desglosa de dicho documento que la no aprobación del punto de acuerdo no fue por falta de recursos, sino por falta de interés social, en virtud que existió un subejercicio en el gobierno del estado por un monto aproximado de dos mil millones de pesos, cantidad superior a la que tendría que aportar el gobierno estatal al Fideicomiso Pago, siendo un monto de seis millones doscientos mil pesos.

Además, el Gobernador de dicha entidad federativa no tuvo tacto político, ni sensibilidad al problema de los ahorradores, toda vez que no asistió a la reunión convocada por la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de esta Cámara de Diputados, ni tampoco delegó su responsabilidad a otro servidor público para que asistiera a la citada reunión de trabajo.

Motivo por el cual esta Cámara de Diputados considera importante exhortar muy respetuosamente al gobernador constitucional, respetando la soberanía y autonomía del estado de Querétaro, a efecto de suscribir el convenio de colaboración con el denominado Fideicomiso Pago.

Quinto.- Se estima necesario precisar que el mismo esquema de trabajo que se siguió en el presente asunto con relación a los estados de Oaxaca, Morelos Querétaro y Guanajuato, se llevó con los estados de Michoacán, Durango y Jalisco, en donde de igual forma los gobernadores constitucionales no habían suscrito los convenios de colaboración por diversas razones.

Sin embargo, existió disposición tanto por los Congresos locales como de los gobiernos para recibir al grupo de trabajo que había constituido la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, por el cual, en diversas reuniones se pudo llegar a buen término y concluir con la suscripción de los convenios respectivos, motivo por el cual, en algunas de las entidades federativas señaladas ya se inició con el proceso de pago respectivo y en otras ya se concluyó con el mismo.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura pone a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo establecido por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero: La honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobernadores de los estados de Querétaro y Guanajuato, para efecto de que formalicen los respectivos convenios de coordinación y estén en posibilidades de cumplir con lo establecido por la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago); lo anterior, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto del presente instrumento legislativo.

Segundo: La honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión, se congratula por los trabajos realizados en los gobiernos de Oaxaca, Morelos, Michoacán, Durango y Jalisco, así como de los diputados que integran los honorables Congresos de Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Durango y Jalisco, por dar cabal cumplimiento a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), según lo estipulado por los considerandos primero, segundo, tercero y quinto, del presente instrumento legislativo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil seis.

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), José Juan Bárcenas González (rúbrica), Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez, Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Raúl Rogelio Cavaría Salas, Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), María Concepción Fajardo Muñoz (rúbrica), David Ferreyra Martínez (rúbrica), José García Ortiz, Manuel Gómez Morín Martínez del Río (rúbrica), César Amín González Orantes (rúbrica), Valentín González Bautista, José Julio González Garza, Benjamín Fernando Hernández Bustamante (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Aníbal Peralta Galicia (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA, A LA STPS, A LA SS Y A LA SEGOB A INTERVENIR EN EL PROBLEMA DE LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA MOSCAMED EN CHIAPAS Y TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO BELIZARIO IRAM HERRERA SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal Belizario Iram Herrera Solís, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; del Trabajo y Previsión Social; de Salud, y de Gobernación, su intervención en el problema de los trabajadores de Moscamed, de la vasta región de Chiapas y Tabasco con Guatemala, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes.

Antecedentes

El programa de la Moscamed se encuentra vinculado a un esquema de cooperación internacional, éste se ha venido desarrollando desde hace 27 años con gran avance en la tecnología aplicada, moderna en el manejo integrado de plagas vegetales, insecto estéril, control biológico a gran escala, con resultados reales para el beneficio del área agroalimentaria, asegurando con ello la economía de nuestra fruticultura y evitando el aseguramiento de la plaga de la mosca del Mediterráneo en territorio mexicano.

Durante 1978 y 1979, por las alianzas tripartitas y el apoyo de organismos internacionales como la FAO, la OIEA, se construyó en Metapa, Chiapas, la planta de cría y esterilización de moscas del Mediterráneo, en 1980 se alcanzaron los objetivos de producción hasta 500 millones de moscas estériles por semana, cumpliendo con la liberación del insecto sobre todo en la basta zona de los límites de Chiapas, Tabasco y Campeche con Guatemala, lo cual contribuyó eficazmente a evitar el establecimiento de la plaga en México, situación que permitió mantener el área libre y erradicar los brotes recurrentes en la frontera con Guatemala, con la constante de alcanzar la barrera de contención de la plaga en el mediano plazo hacia el interior de Centroamérica de al menos 100 kilómetros.

Con el acuerdo Sagarpa-IICA, todos los trabajadores contratados para cumplir con las metas de cooperación internacional para la erradicación de la plaga mosca del Mediterráneo han venido siendo sujetos de maltrato, hostigamiento, y sobre todo de acoso laboral, incumplimiento de sus derechos de garantía social, salud con falta de equipo apropiado para laborar, la constante presión psicológica de pronto despido por parte de sus jefes inmediatos y funcionarios de Senasica, manteniéndoles en condiciones deplorables de estabilidad para alcanzar que México, como país frutícola por excelencia, pueda cumplir con lo acuerdos internacionales de combate a esta temible plaga.

Consideraciones

Si en tres años en el pasado, los trabajadores de este programa de erradicación y control de la plaga mosca del Mediterráneo alcanzaron la meta de producción de insectos estériles para esos momentos, en administraciones de otros gobiernos de conciencia clara que cumplieron con proyectos compartidos internacionales, no se entiende por qué sobre todo en ésta administración no se les procura apoyo a los trabajadores que se encuentran en constante riesgo de salud, por estar en contacto con estas pupas que sirven para el control erradicación de la terrible plaga que mucho afecta a la producción frutícola del sur-sureste de nuestro país.

Quiero hacer énfasis, sobre la responsabilidad conque todos los trabajadores y trabajadoras del Moscamed han brindando todo su esfuerzo, conocimiento en la aplicación del programa fitosanitario, producción y liberación del insecto estéril para la protección de la plaga mosca del Mediterráneo, con lo que en fechas recientes podemos decir que 927,543 hectáreas se encontraban libres de plaga con producción frutícola, con un valor en la producción de 12,501,390,223.00 millones de pesos, de especies como el mango, guayaba, papaya, café, tomate, chile, aguacate, durazno y cítricos; todo ello, por el trabajo conjunto de todos y cada uno de los empleados que han dedicado parte de su vida a tan grande desempeño compartido con organizaciones internacionales.

Lo alcanzado hasta hace dos o tres años anteriores se puede venir abajo, esta plaga no se erradica totalmente, sino que se controla, es por ello; que las condiciones que están padeciendo dichos trabajadores deben ser atendidas con prontitud, precisamente por estas dependencias involucradas, no se trata de trabajadores comunes, sino de empleados que a través de los años han adquirido experiencia, ahí están los resultados del pasado reciente, mismos que se pueden perder por estas presiones inhumanas de falta de quehacer en la administración pública, así como de conocimiento de técnicas sobre la materia fitosanitaria, o pudiéramos pensar, como lo puntualiza la presunción de la propia lógica del actuar, que se trata de que los trabajadores no cumplen y estemos desprovistos de elementos que nos permitan competitividad en el mercado, esos jefes que acosan a los trabajadores de la Moscamed estarán haciéndole el trabajo sucio a los distribuidores comerciales internacionales de frutas de otros países, observemos ésta posibilidad, que las dependencias involucradas hagan su trabajo.

Ejemplo claro de éstas presunciones es la falta de terminación de la obra en la planta productora de moscas estériles, que desde hace dos años ha quedado inconclusa y no funcional, por consiguiente el retraso en alcanzar las metas de producción y su correspondiente liberación del insecto, son prueba de estos hechos, ganando terreno la plaga cada día que no se cumple con las metas actuales, con sus fatales consecuencias, que en lo futuro, como nos sucede con muchos productos, consumiremos lo de otros países, porque nuestra producción no sirve o está afectada sin rendimiento, entonces estos funcionarios de Senasica habrán cumplido con su cometido, actuemos y que las dependencias involucradas intervengan.

Por lo anterior, solicito a esta soberanía su amplio apoyo para este punto de acuerdo, para que se cumpla con la normatividad de garantías a todo trabajador, laboral, de salud, seguridad social y sobre todo que se siga aplicando el programa mosca del Mediterráneo con los apoyos necesarios para la contención de la barrera fitosanitaria establecida en los estados del sur-sureste de nuestro país, que hasta en estos tiempos ha permitido al campo sobrevivir con sus productos frutícolas.

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; del Trabajo y Previsión Social; de Salud, y de Gobernación, su intervención en la problemática de los trabajadores de la Moscamed de Chiapas y Tabasco, en virtud de que se puede generar un conflicto donde salga afectado el programa del control de la plaga mosca del Mediterráneo, barrera fitosanitaria de seguridad nacional, que permite la explotación de productos frutícolas del sur-sureste del país.

Dip. Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A INVESTIGAR Y SANCIONAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA COCESA DE AGUASCALIENTES Y LA INACCIÓN DEL CENTRO SCT JALISCO POR SUSPENSIÓN DE OBRAS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS BLACKALLER AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con las facultades que me confieren los artículos 55, fracción II, y 58 fracciones I, II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 34, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante ustedes para someter a consideración del H. Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

En el decreto de Presupuesto para el ejercicio de 2004, el Pleno de este H. Congreso autorizó recursos por 32.1 millones de pesos para la ampliación a cuatro carriles de un tramo de la carretera federal número 80, comprendido del kilómetro 0+000 al 13+000, que corre del entronque de la autopista a Colima a la población de Villa Corona, en Jalisco.

En ese ejercicio presupuestal, el Centro SCT Jalisco publicó la licitación respectiva y, mediante concurso, el contrato de la obra para modernización y ampliación a cuatro carriles en cuatro kilómetros, del tramo kilómetro 9+000 a 13+000, fue asignada a la empresa Cocesa de Aguascalientes, que en octubre de 2004 dio inicio a la obra. De manera sorpresiva, unos meses después se observa nulo avance de la obra en comento y más recientemente la empresa retira del área de la obra todo equipo y maquinaria, siendo ya más de un año que la obra quedó iniciada, apreciándose un avance no mayor de 50 por ciento.

Este tramo inconcluso representa ahora mayor peligro para los usuarios de esta carretera, pues carece de acotamientos y por el sistema constructivo se eliminaron los taludes de la cinta asfáltica, lo que ya ha ocasionado graves accidentes.

Al parecer, el Centro SCT Jalisco, con base en "preestimaciones", como semánticamente llaman a los anticipos de recursos, pagó por adelantado casi la totalidad de la obra y la empresa irresponsablemente abandonó su compromiso legal.

En el Presupuesto para 2005, la Cámara de Diputados aprobó 80 millones de pesos para continuar los trabajos de modernización y ampliación de la carretera 80, Guadalajara-Barra de Navidad. El Centro SCT Jalisco generó entonces dos nuevos tramos para licitar los proyectos, el comprendido del kilómetro 0+000 al 4+000 y del 4+000 al 9+000.

Ambos fueron licitados y concursados. Respecto del tramo 4+000 a 9+000, se viene ejecutando normalmente con una compañía distinta. Sin embargo, en el primer tramo del kilómetro 0+000 al 4+000, no obstante lo comentado sobre la constructora Cocesa, ésta es admitida en la licitación y su propuesta resulta en primer lugar, pero dados sus antecedentes la obra se asignó al segundo lugar; por tanto, la multimencionada constructora Cocesa establece un recurso legal de inconformidad ante el Órgano Interno de Control de la SCT. Por el gran tiempo transcurrido, el concurso se declaró desierto y con ello se perdió la inversión de 40 millones de pesos, además de retrasar esta obra, que es de suma importancia para más de 600 mil habitantes de 45 municipios de las regiones Valles, Ciénega, Sierra de Amula y Costa Sur, del estado de Jalisco, y que dicha carretera presenta un aforo de casi 4 mil 500 vehículos por día.

La evidente irresponsabilidad de la compañía Cocesa de Aguascalientes y la inacción por parte del Centro SCT Jalisco ha generado un gran cuello de botella para el desarrollo de más de 50 municipios de Jalisco, en tanto que con los recursos que aprobamos los diputados en 2004 y 2005, 112.1 millones de pesos, debería llevarse un avance cercano a 10 kilómetros terminados y lo que tenemos son 4 kilómetros, con menos de 50 por ciento de avance, y un tramo, el más importante por su cercanía a Guadalajara, que no ha sido licitado y construido, a pesar de que los diputados federales otorgamos recursos suficientes para su ejecución.

Por lo anterior, me permito someter a la aprobación de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de la Función Pública para que realicen las investigaciones y, en su caso, apliquen las medidas pertinentes relativas a las irregularidades que ha cometido la empresa constructora Cocesa de Aguascalientes y a la inacción del Centro SCT Jalisco en la suspensión de la construcción de la carretera 80, en el tramo comprendido entre la autopista a Colima y la población de Villa Corona, Jalisco.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a esta soberanía de los resultados de las investigaciones.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones para que implemente las acciones necesarias para que se continúen y concluyan las obras de ampliación y modernización de la carretera 80, en el tramo comprendido entre el entronque de la autopista a Colima y la población de Villa Corona, en Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.

Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA VIGILAR QUE NO SE UTILICEN LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL EN BENEFICIO DE ALGÚN PARTIDO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL DEL 12 DE MARZO PRÓXIMO EN EL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 12 de marzo del año en curso, en el estado de México se llevarán a cabo elecciones constitucionales para renovar presidencias municipales y el Poder Legislativo.

En el proceso electoral del estado de México, los partidos políticos que intervienen cuentan para el desarrollo de sus actividades con el financiamiento público que por ley les corresponde; además, existe la obligación de sujetarse a los topes de gastos de campaña que el órgano electoral ha determinado.

La participación de los partidos políticos en los procesos electorales debe darse con equidad. La consolidación del régimen democrático en el país y en las entidades federativas que de él forman parte exige a todos los actores supeditar su conducta a los derechos y las obligaciones que la ley les impone.

Sin embargo, el marco político y jurídico en que se desarrollarán los próximos comicios electorales en esta entidad está formados de manera tal, que pudieran sentarse las bases para que se dé una elección en condiciones inicuas, donde alguno de los partidos que contienden pudiera sacar ventaja y aprovechar programas de desarrollo social de carácter local para afianzar en la ciudadanía la idea de que este partido y el gobierno que de él emana son los únicos con capacidad de respuesta a los problemas de la sociedad.

De igual forma, existe la posibilidad de que, indebidamente, programas a cargo de dependencias del Gobierno Federal que se aplican en el territorio del estado de México sean utilizados por algún partido político con fines distintos de aquellos a que están destinados.

En las próximas elecciones locales del estado de México se deben asegurar los principios de pluralidad, equidad y transparencia en la contienda política. Lo anterior, con objeto de contribuir a crear un ambiente de certeza y evitar la manipulación de las necesidades más apremiantes de la población y cumplir nuestro compromiso con legalidad en el desempeño de la función pública que nos corresponde, en nuestro carácter de representantes populares.

En ese sentido, resulta pertinente que la H. Cámara de Diputados ejerza las atribuciones legales de que se halla investida y constituya una comisión especial que se encargue de vigilar que no se dé un indebido uso a los recursos que el Gobierno Federal destina en diferentes programas al estado de México y con ello permitir que la jornada electoral por celebrarse en fecha próxima se realice sin coacciones de ningún tipo a los electores.

Por ello, y en atención a la consecución de estos principios, y a la importancia que merecen el proceso electoral y la democratización del estado de México, me permito solicitar a esta honorable soberanía que apruebe la formación de una comisión especial que vigile el proceso electoral en dicha entidad

Por lo anterior, y con fundamento en lo que disponen los artículos 74, fracción V, y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta honorable soberanía acuerde la constitución de una comisión especial para vigilar que no se utilicen programas sociales a cargo del Gobierno Federal en beneficio de algún partido político durante el próximo proceso electoral del 12 de marzo en el estado de México, en el que se renovarán las presidencias municipales y el Poder Legislativo.

Segundo. La comisión especial referida en el artículo que antecede estará integrada por nueve diputados, de los cuales tres serán designados por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dos por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dos por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, uno designado por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y uno por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Tercero. La comisión especial motivo del presente acuerdo presentará un informe de sus trabajos al Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 16 de febrero de 2006.

Dip. Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA STPS, A LA SS Y AL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES A MODIFICAR EL ARTÍCULO 126 DEL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE DE JESÚS CASTILLO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal por el estado de Chihuahua e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ante esta honorable asamblea, se permite someter a la consideración de las señoras y los señores legisladores el presente punto de acuerdo, basándose para ello en las siguientes

Consideraciones

El punto de acuerdo que el día de hoy presento ante esta asamblea tiene su antecedente inmediato en

A) Inicialmente, debe tenerse en cuenta que el numeral 4, párrafo tercero, parte inicial, de la Constitución Federal, consagra el derecho que toda persona tiene a la protección de su salud.

El derecho aludido se regula en la Ley General de Salud, según se expresa en su primer numeral, donde también se alude a que la ley en cuestión es de aplicación en toda la República y que sus disposiciones son de orden público y de interés social, lo cual se reafirma con el texto de su numeral 4, donde se señala a las autoridades sanitarias, a saber: el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud, y los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal.

Ahora bien, para comprender mejor el alcance de los servicios inherentes al derecho a la salud, es útil destacar lo dispuesto en el diverso artículo 23 de la Ley General de Salud, en el que se comprenden todas las acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

En tales circunstancias si, por ejemplo, se tiene en cuenta que con el uso indebido y abuso del consumo de tabaco, alcohol, drogas, enervantes, estupefacientes y toda clase de productos y sustancias nocivas a la salud, se afecta la salud de las personas de diversas formas y en concreto, con las drogas, enervantes y estupefacientes, específicamente se daña el organismo y la salud mental, que atento a lo previsto en el artículo 27, párrafo inicial, fracción VI, de la ley en comento, se reconoce como un servicio básico, por lo que cualquier ciudadano que padezca alguna enfermedad derivada del uso indebido o abuso de los productos o sustancias de referencia, en cualquier lugar de la República, tiene derecho a la atención médica, misma que legalmente se contempla como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, tal y como lo determinan el artículo 27, fracción III, y el 32 de la ley en cita. Ello, además, en las diversas actividades de atención médica a que se refiere el artículo 33 de la Ley General de Salud, es decir, en actividades preventivas, curativas y de rehabilitación.

Aunado a lo anterior, resulta pertinente hacer notar que el artículo 72, parte inicial, de la Ley General de Salud determina un carácter prioritario a la prevención de las enfermedades mentales; y a su vez, el numeral 73, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal indica como actividades de la Secretaría de Salud la promoción de la salud mental y su contribución para el logro de ésta.

En abundamiento a lo expuesto en la parte final del párrafo que antecede, es pertinente advertir que en el precepto 39, parte primera, fracciones VIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se determina que la Secretaría de Salud tiene la función y, por ende, la obligación para con los ciudadanos de dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social, por parte de los sectores público, social y privado, y verificar su cumplimiento; y poner en práctica las medidas tendentes a conservar la salud y la vida de los trabajadores del campo y de la ciudad y la higiene industrial, respectivamente.

B) De igual forma, en lo relativo a las actividades laborales, sirve de fundamento a las acciones que se sugieren en el programa que nos ocupa lo establecido, en lo conducente, en el dispositivo 123 de la Constitución General, como se procede a evidenciar.

La norma constitucional en cuestión señala en su parte inicial que toda persona tiene derecho al trabajo digno. Al respecto, se hace notar que el principio de la dignidad de la persona implica el reconocimiento de su autonomía ética y de su indemnidad personal.

En cuanto a la autonomía ética, quiere decir que la persona es un fin en sí mismo, que jamás puede ser medio para otro objetivo y que el Estado está a su servicio. Luego, no puede ser considerada la persona como un objeto. A su vez, la indemnidad (inmunidad, invulnerabilidad) personal se refiere a que ninguna intervención del Estado puede significar una afectación a la persona como tal. En este sentido, significa que el Estado no puede incidir (transgredir, violar, quebrantar) en la esencia de un derecho o impedir absolutamente su ejercicio.

Atento a lo expuesto, es de tener en cuenta que en el apartado A, fracción XII, párrafo final, se contiene el imperativo consistente en que queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes.

Lo anterior nos muestra que bajo ningún supuesto es deseable el consumo de bebidas embriagantes en los centros de trabajo, toda vez que no está permitido y tan importante lo consideró el Constituyente de 1917, que quiso expresamente y a nivel constitucional, prohibir incluso el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes.

De lo expuesto, válidamente se colige que si se consideró perjudicial para quienes acuden a los centros de trabajo poder adquirir y, en consecuencia, consumir embriagantes, con mucho más fuerza se rechaza el uso indebido y abuso en el consumo de tabaco, alcohol, drogas, enervantes, estupefacientes y toda clase de productos y sustancias nocivas a la salud.

Lo anterior es entendible dadas las consecuencias negativas que se pueden producir por personas que hayan usado indebidamente o abusado del consumo de tabaco, alcohol, drogas, enervantes, estupefacientes y toda clase de productos y sustancias nocivas a la salud. Tal sería el caso del acontecimiento de accidentes de trabajo, mismos que conforme a lo previsto en el numeral 123, apartado A, fracción XIV, de la Constitución federal, son responsabilidad de los empresarios.

Pero aún más, en la fracción XV siguiente se expresa la obligación para el patrón de observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes, así como a organizar de tal manera el trabajo, que éste resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, e incluso se indica que las leyes contendrán las sanciones procedentes.

Asimismo, no debe pasar inadvertido que al ser la salud un derecho de indudable necesidad e interés para todas las personas y en consecuencia para los trabajadores y patrones, el Constituyente de 1917 les otorgó el derecho de coligarse los primeros en sindicatos y los segundos en asociaciones para la defensa de sus respectivos intereses, según se aprecia en el precepto 123, apartado A, fracción XVI, de la Carta Magna.

En efecto, es tan importante y de preferencia el rubro salud, que en la fracción XXIX del apartado y numeral citados se concede el carácter de utilidad pública a la Ley del Seguro Social, señalando que comprende enfermedades, accidentes de trabajo y cualquier otro servicio encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y a sus familiares.

Así, al regularse los derechos laborales antes indicados, la Ley Federal del Trabajo, en su numeral 132, fracciones I, XVI y XVII, estableció como obligaciones de los patrones cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas y establecimientos; instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador; y cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores, respectivamente.

Aún más, para reafirmar la preocupación de que en los centros de trabajo no se permanezca en ningún estado inconveniente, en la norma 133, parte inicial y fracción XI, de la Ley Federal del Trabajo se prohíbe a los patrones presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante.

De igual forma, no debe pasar desapercibido que al señalarse en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal los asuntos cuyo despacho corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, específicamente en el dispositivo 40, en sus fracciones I y XVI, indicó las siguientes: vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; y establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la Administración Pública Federal, así como intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la ley, respectivamente.

Ahora bien, por lo que hace a las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, a lo cual se refiere el artículo 123, apartado B, de la Constitución General, se contienen derechos semejantes a los ya indicados en el apartado A), por ello baste decir que en la parte de interés para la fundamentación que se muestra, establece en su fracción XI, incisos a) y b), el derecho a que se organice la seguridad social de forma tal, que cubra, entre otros rubros, los accidentes y las enfermedades profesionales y las no profesionales, pudiendo conservar el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley; en ello quedan incluidos los trabajadores de confianza, acorde con lo expuesto en la fracción XIV de la norma y apartado que aquí nos ocupa.

C) Por lo que hace al ámbito internacional, resulta pertinente destacar que el dispositivo 133 de la Carta Magna contiene la cláusula de la supremacía federal, al reconocer el carácter de Ley Suprema de toda la Unión a los tratados que estén de acuerdo con la Constitución federal celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado.

En forma breve, el alcance del texto del precepto constitucional de referencia se entiende al tener presente que México es parte de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, en vigor desde el 27 de enero de 1980 y ratificada por nuestro país el 25 de septiembre de 1974. Esta Convención se apega al criterio contemporáneo y más generalizado en cuanto a la utilización del término "tratado" como el más adecuado para abarcar todos los instrumentos en que de cualquier modo se consigna un compromiso internacional, sobre los que existe gran variedad de denominaciones, como convenciones, protocolo, pacto, carta, acuerdo o canje de notas.

Por ello, las convenciones, convenios, programas, informes, declaraciones y recomendaciones a que se alude en el Programa Integral para la Prevención y el Combate al Uso Indebido y Abuso en el Consumo de Tabaco, alcohol, Drogas, Enervantes, Estupefacientes y Toda Clase de Productos y Sustancias Nocivas a la Salud, en los diversos ámbitos que forman la sociedad mexicana, deben entenderse como verdaderos tratados y, por consiguiente, se les debe reconocer su calidad de Ley Suprema en toda la Unión, y aplicarlos en sus justos términos, a menos que se pretenda omitir la observancia de sus disposiciones, que -se insiste- tienen igual rango y jerarquía que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, es indudable que deben aplicarse los instrumentos jurídicos internacionales de referencia, dado que el Estado mexicano, en su oportunidad, otorgó su consentimiento e hizo que naciera una convicción legítima frente a sus co-contratantes, y por ello debe asumir las consecuencias que esas circunstancias llegaron a generar; en síntesis, debe cumplir sus compromisos internacionales, sobre todo cuando, como es el caso, redundan en aspectos benéficos para sus gobernados.

En esos términos, debe observarse lo establecido en convenciones, convenios, programas, informes, declaraciones y recomendaciones en materia de drogas, mismos que son los siguientes:

Asimismo, durante la realización de la 259 reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo se convocó a una reunión de expertos en Ginebra, del 23 al 31 de enero de 1995, para examinar un repertorio de recomendaciones prácticas sobre el tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol y las drogas en los lugares de trabajo.

En dicha reunión se acordaron algunos puntos que se consideraron esenciales, ya que tienen por "objeto brindar orientaciones a todos los encargados de los problemas vinculados al consumo de alcohol y drogas en el trabajo". Entre los puntos del repertorio destacan:

Es prudente manifestar que nuestro país y otros 106 Estados firmaron el 19 de diciembre de 1988, en la ciudad de Neue-Hofburg, Viena, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en cuyo artículo 5, relacionado con el decomiso, se establece:

e) Otras disposiciones sobre el tema

Además, en el ámbito nacional se establecen una serie de normas que se relacionan con lo relacionado con los procedimientos, prevención y control, fomento de la salud de los mexicanos en materia de adicciones, destacando entre ellas las siguientes:

Sería largo enumerar los problemas asociados al abuso de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias psicoactivas, pues son de sobra conocidos por la sociedad.

La misma norma establece que en materia de promoción de la salud se deberá "6.2.1.3 Llevarla a cabo, con énfasis en los ámbitos escolar, familiar y laboral, especialmente, en los grupos de alto riesgo". De la misma forma, en materia de educación para la salud convoca a "6.2.2.8 Promover el desarrollo de factores protectores a nivel personal, escolar, familiar, laboral y colectivo para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas".

De la misma forma, establece que se debe "establecer comunicación entre los sectores, grupos, autoridades y líderes de la comunidad, tal manera que permita y favorezca la realización de acciones coordinadas y permanentes". De la misma forma, convoca a "promover la participación activa de la comunidad para que, con base en el conocimiento de la normatividad vigente, coadyuve en la vigilancia y cumplimiento de la misma".

Es prudente comentar que el Reglamento Interior del Consejo Nacional contra las Adicciones, publicado en el Diario Oficial el 20 de julio de 2000, señala en el artículo 1o. que este órgano tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, privado y social tendentes a la prevención y el combate de los problemas de salud pública, causados por el alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, así como proponer y evaluar los programas relativos a esa materia.

En forma adicional, las fracciones IV y X del artículo 2o. del referido ordenamiento establecen como atribuciones del Consejo fomentar que los programas de educación para la salud y seguridad e higiene en el trabajo incorporen conceptos que tiendan a disminuir en la población el uso y abuso de bebidas alcohólicas, tabaquismo y farmacodependencia, así como promover acciones que tiendan a la disminución de los riesgos asociados con su consumo.

Para reforzar lo anterior, es prudente comentar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha venido operando un programa de esta naturaleza entre los trabajadores al servicio del Estado, contribuyendo a promover su salud y bienestar, a la vez que garantizar que la prestación de los servicios que ofrece la administración pública reúnan en todo momento los parámetros de eficiencia y calidad.

El ISSSTE ha considerado que los medios más adecuados para hacer frente a las adicciones entre prestadores y usuarios de servicios en el sector público son el de las comisiones mixtas de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, las cuales se crean en las instalaciones del propio Instituto a nivel nacional.

Estamos conscientes de que si bien el objetivo que persiguen las comisiones mixtas es propiciar entre la población trabajadora una cultura de la seguridad, higiene y protección del medio ambiente en sus centros laborales, de igual manera contribuyen a fomentar un estado de salud propicio, ajeno a cualquier tipo de adicción, para dar eficiencia a su labor y evitar su exposición a cualquier factor de riesgo, con lo que se estaría cumpliendo el fin último de estos órganos preventivos.

El objetivo del programa establecido por el Instituto consiste en promover, a través de las comisiones mixtas de seguridad e higiene en trabajo del mismo, diversas acciones orientadas a prevenir y controlar las adicciones entre los trabajadores al servicio del Estado.

Las comisiones mixtas de seguridad e higiene, como órganos de carácter preventivo, son las encargadas de coordinar y aplicar en sus respectivos centros de trabajo todas las acciones que desarrolla el Consejo Nacional contra las Adicciones, con énfasis en las sustancias que por el uso reiterado exponen al trabajador a un accidente o a ausentarse del trabajo.

Lo anterior coincide plenamente con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA-1999, donde queda establecido con claridad que "13.1 Las acciones de capacitación y enseñanza deberán aplicarse con objeto de contar con recursos humanos, profesionales y técnicos suficientes y bien preparados para afrontar el problema, apoyar la creación de programas integrales sobre prevención, investigación, tratamiento, rehabilitación y control del tabaquismo, alcoholismo, el abuso de bebidas alcohólicas y de la farmacodependencia, así como elevar la calidad de tales acciones y fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos"; pero además especifica que se debe "13.2.3 Capacitar a grupos de diversos sectores (familiar, educativo, laboral y comunitario) para realizar acciones preventivas".

De conformidad con todo lo expuesto, válidamente se puede concluir que los cambios que se solicitan del artículo 126 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente son sustentables jurídicamente y su puesta en marcha resulta legalmente procedente porque, a partir de los derechos constitucionales de protección a la salud de los ciudadanos mexicanos (artículo 4o.), del trabajo digno (numeral 123), de la supremacía federal de que gozan los tratados celebrados por el Estado mexicano, en términos de lo establecido en el artículo 133; y otras disposiciones consideradas en normas y reglamentos, es claro que ya existen las bases jurídicas para ello, mismas que deben cumplirse con la mayor brevedad, toda vez que su observancia es necesaria, urgente y de preferencia, para el bienestar social, ya que se avanzaría en la prevención de accidentes, enfermedades, faltas, infracciones y delitos, lo cual es de reconocerse, sería útil para lograr la válida convivencia social.

Señoras y señores diputados:

Los grandes centros de decisión del mundo están de acuerdo en la urgente necesidad de abordar las graves repercusiones del problema de las adicciones en el mundo laboral, tanto si el origen de la dependencia se encuentra en el centro de trabajo como si llega hasta el mismo de la comunidad o la familia del propio trabajador.

La Organización de las Naciones Unidas, a través de su programa de drogas y delito, la Organización Internacional del Trabajo, Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud mantienen un criterio fuertemente critico y de evidente preocupación, al entender que las sociedades pagan un pesado tributo por el uso indebido de drogas, alcohol y tabaco, tanto en términos económicos como humanos.

Porque disminuye no sólo la salud de los trabajadores sino, también, la productividad, la calidad y la competitividad empresarial. En consecuencia, aumenta los accidentes y enfermedades profesionales, los costos de la empresa, el ausentismo, y los gastos sociales y de salud.

Se ha concluido que ninguna industria o empresa puede permitirse ignorar la realidad, ya que si el costo de la falta de reacción puede ser muy alto, por el contrario, la implantación de un programa para la prevención y la atención de las adicciones no requiere un gran desembolso financiero si se aprovechan los recursos existentes.

En nuestro país, el marco legal sobre riesgos laborales es muy claro, estableciendo el derecho de todos a la vida, a la integridad física, a la intimidad, a la seguridad e higiene en el trabajo, incluida la información y la readaptación profesional; pero en materia de adicciones en la empresa o el ámbito laboral seguimos con lagunas legales, con disposiciones de corte disciplinario y no de apoyo al trabajador.

En el mundo de las organizaciones sindicales existe una grave preocupación ante un problema que se considera una enfermedad del comportamiento. Por ello debemos apoyar programas que abandonen los modelos represivos y marginadores y que incluyan los problemas adictivos en actividades generales de promoción, prevención, fomento y educación para la salud, higiene y bienestar en el trabajo, que aseguren la participación clara y específica de los trabajadores y de las propias empresas.

El criterio de las organizaciones consiste en que las actividades preventivas deben estar encaminadas a la formación, la reducción o eliminación de la disponibilidad de drogas, alcohol, tabaco, enervantes, estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas en la empresa y el control de las condiciones de trabajo.

Es enorme el reto que tienen las comisiones de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, las cuales pueden convertirse en las entidades gestoras de programas específicos de prevención y rehabilitación funcional y laboral en materia de adicciones, pero habrá que dotarlas de las funciones específicas sobre el tema, a través de las modificaciones del marco legal, tanto en el reglamento como en la norma correspondiente, haciéndolas compatibles con otros ordenamientos y normas que ya establecen con claridad esta participación.

Algunas empresas ya vienen realizando campañas específicas de asesoramiento, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, en beneficio de sus trabajadores, los propios empresarios y las familias de ambos, incidiendo no sólo en la prevención, asesoramiento y divulgación sino, también, en la puesta a disposición, tanto en sus propias instalaciones sanitarias como de las que se han podido conseguir con los sectores público, social y privado, pero son acciones aisladas de la generalidad del ámbito laboral, la comunidad y la familia de los trabajadores.

Lo anterior hace necesaria la puesta en marcha por parte de la autoridad de un programa integral de combate y prevención del uso y abuso de drogas, alcohol, tabaco, enervantes, estupefacientes y otras sustancias adictivas en el ámbito laboral, la comunidad y la familia de los trabajadores; modificar el marco legal; y otorgar recursos provenientes de la decomisos a las instituciones y organizaciones sociales, complementados con recursos etiquetados para la operación del programa y acciones de capacitación para niños y jóvenes en condiciones de alto riesgo.

Por lo anterior, solicito a esta honorable asamblea su apoyo fraternal y solidario al siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice las acciones necesarias a fin de que se adicione el artículo 126 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo con una fracción que establezca con claridad que los integrantes de las comisiones de seguridad e higiene pueden realizar actividades de asesoramiento, promoción, prevención y canalización entre los trabajadores relacionadas con el uso y abuso de drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas en las empresas, a fin de hacerlo congruente con el Reglamento del Conadic y con la NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en uso de sus facultades, convoque a los empleadores y trabajadores a la puesta en marcha de un programa tripartito en materia de combate de drogas, alcohol, tabaco, enervantes, estupefacientes y toda clase de sustancias nocivas a la salud en el ámbito laboral, la comunidad y la familia de los trabajadores, tomando como base el Programa Integral de Combate y Prevención del Uso y Abuso de Drogas, Alcohol, Tabaco, Enervantes y Estupefacientes y otras Sustancias Adictivas en el Ámbito Laboral, la Comunidad y la Familia de los Trabajadores, propuesto por la Confederación de Trabajadores de México.

Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que otorgue a las instituciones y organizaciones sociales que realizan acciones en contra del uso y abuso de drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas parte de los recursos que se obtienen por concepto de los decomisos que se realizan a las personas que se dedican a este tipo de actividades, cumpliendo de esa manera los compromisos establecidos en el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

Cuarto. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que otorgue estímulos fiscales a las empresas que realicen programas de asesoramiento, promoción, prevención y canalización de trabajadores con problemas de adicción, alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas.

Quinto. Se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, de aceptarse las modificaciones del artículo 126 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, se modifique igualmente la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993, a fin de que de manera consensuada y guardando el equilibrio de los factores de la producción se incluya un miembro más en la comisión de seguridad e higiene a fin de que sea el responsable de diseñar, operar, evaluar y dar seguimiento a los programas u otras actividades relacionadas con el uso y abuso de drogas, alcohol, tabaco, enervantes, estupefacientes y toda clase de de productos y sustancias nocivas a la salud en la empresa, la comunidad y la familia de los trabajadores.

Sexto. Exhortar a las Secretarías de Educación Pública, y del Trabajo a que, de manera coordinada, establezcan centros integrales de capacitación para el trabajo para todos los niños y jóvenes que se encuentran en situación de calle, que no tienen posibilidades de asistir de manera regular a las escuelas del sistema educativo nacional o que requieren forzosamente una especialización para el trabajo al momento de reinsertarlos laboralmente cuando dejan alguna adicción. El programa de drogas y delito que viene operando la Organización de las Naciones Unidas que se aplica en otros países de América Latina puede ser de utilidad para estos propósitos.

Séptimo. Exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para que realicen programas de prevención de adicciones en el ámbito laboral para las mujeres trabajadoras y madres de familia, ya que la doble jornada de son objeto las mismas se convierte en factor de riesgo en materia de adicciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.

Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEMARNAT Y DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS A CUMPLIR LA LEY QUE REGULA LA MATERIA Y A SUSPENDER CUALQUIER TRÁMITE REFERIDO A LA LIBERACIÓN EXPERIMENTAL DE MAÍZ TRANSGÉNICO, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN CHÁVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes

Considerandos

El pasado 22 de octubre de 2005 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en un breve comunicado de prensa informó sobre el desarrollo del Proyecto Maestro de Maíz. El propósito del mismo era liberar en fase experimental siete variedades de maíz transgénico de tres empresas: Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences. Se pretendía autorizar siete ensayos de las siguientes variedades de maíz transgénico: herculex, yieldgard, solución faena 2, yieldgard/solución faena y mon 88017.

El proyecto sería conducido por investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en las instalaciones de cinco campos experimentales del INIFAP ubicados en los estados de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.

Al tener conocimiento sobre este proyecto, tanto legisladores como grupos ambientalistas se dieron a la tarea de revisar el apego a la recién promulgada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). En lo que sería la primera experiencia de implementación de esta ley se encontraron múltiples violaciones que se denunciaron en la tribuna de la Cámara de Diputados y en los medios de comunicación. Todo hace suponer que esta fue la razón por la que Senasica retiró las autorizaciones. El organismo, dependiente de la Secretaría de Agricultura, indicó en un comunicado que la ley lo faculta para dejar sin efecto la expedición de certificados fitosanitarios que en su momento fueron emitidos para concretar el denominado Proyecto Maestro de Maíz.

El coordinador del Proyecto Maestro Maíz, Luis Herrera Estrella, reconoció en la prensa que no se habían cumplido con todos los requisitos legales. Indicando que los protocolos de investigación se deben hacer públicos para comentarios y recomendaciones.

En esta entrevista, Luis Herrera señaló que este estudio no es de las empresas, sino que "es científico" y se hará con financiamiento público del INIFAP y del Cinvestav. Sin embargo, precisó que "las empresas revisaron los protocolos de investigación, porque son responsables de lo que se haga con las semillas... El interés de las empresas es conocer si en México se puede utilizar o no la biotecnología, para saber si siguen sus programas de semillas".

Para dar mayor elementos al debate la empresa Monsanto, a través de Ernesto Fajardo, director de la compañía para Latinoamérica Norte, reveló en un artículo publicado en la revista Poder y Negocios, que "esperan que los transgénicos representen en México entre 75 y 80 por ciento de su negocio? la empresa quiere sacar provecho de sus tres centros de investigación nacionales y a la inversión de casi 40 millones de dólares que han realizado en México desde hace una década".

En estas declaraciones observamos criterios más económicos que científicos, en los que parece que prevalecen los intereses de Monsanto sobre los requerimientos de la producción de maíz en México. Pues cuando se le pregunta a Fajardo si "¿aumentaría el campo su productividad y sus rendimientos por hectárea al usar OGM? no se atreve a dar un porcentaje preciso, indica que depende de muchos factores, pero se asegura que el aumento en la producción puede ser hasta de 30 por ciento."

Por su parte, Herrera señala que el Proyecto Maestro Maíz es "la respuesta que se busca sobre si las semillas transgénicas causan o no problemas, independientemente de que las líneas sean generadas por empresas. La información resultante se entregará al gobierno y no a las empresas, para que éste vea los resultados y defina lo que se hará."

Así ni Monsanto ni el Proyecto Maestro Maíz buscan responder a la pregunta en torno a los beneficios que traería la adopción de ésta tecnología para los productores de maíz en México. Parece que más allá de buscar soluciones para los productores nacionales se está indagando sobre los problemas que tendría que enfrentar la empresa para introducir su producto.

Al iniciar el 2006 nuevamente observamos la premura que algunos funcionarios tienen para dar las autorizaciones de maíz transgénico y así cumplir las expectativas de Monsanto. Se sigue incurriendo en violaciones a la LBOGM, el día 20 de enero del presente Senasica difundió en su página electrónica la "consulta pública de solicitudes para permisos de organismos Genéticamente Modificados (OGM) de uso agrícola."

Al abrir las solicitudes sorprende que estas solicitudes sigan el formato de la norma NOM-056-FITO-1995. No se puede entender que se esté utilizando una norma cuando existe una ley específica para realizar este procedimiento, de todos es conocido que la aprobación de este marco legal conllevó un amplio análisis y un fuerte debate por parte de esta XIL Legislatura. Sin embargo, hoy es vigente y es fundamental observar este marco jurídico para cualquier actividad con organismos genéticamente modificados.

También se aprecia la necesidad de conocer a profundidad los objetivos reales que se persiguen con estas autorizaciones pues, como ya lo hemos manifestado ampliamente, las soluciones que ofrece la biotecnología moderna para la agricultura en México merecen un análisis profundo sobre la problemática específica que presenta cada cultivo para incidir en las alternativas tecnológicas que se requieren.

Tal parece que la prisa se debe a la amenaza de la empresa Monsanto, que a través de su representante, en el artículo mencionado afirmó que si no se autorizaba la venta de maíz transgénico en México la empresa se retiraría del país.

Por lo expuesto, presento a esta honorable soberanía para su aprobación la siguiente proposición con

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único.- Se exhorta al Ingeniero José Luis Luege Tamargo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente de la Comisión Interinstitucional de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a que cumpla la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y suspenda cualquier trámite referido a la liberación experimental de maíz transgénico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.

Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA PROFECO A ACTUALIZAR EL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES MÍNIMAS DE INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTAN LOS PARTICULARES, DE FECHA 10 DE MARZO DE 1992, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE DE JESÚS CASTILLO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Jorge Castillo Cabrera, diputado federal a la LIX Legislatura por el estado de Chihuahua e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El punto de acuerdo que se presenta ante esta honorable asamblea, tiene su antecedente y sustento en las reformas a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 5 de marzo de 1993, conforme a lo siguiente:

El primer párrafo del artículo 3o. establece: "Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, estados y municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria".

La fracción III del mismo artículo dispone: "Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale".

En la fracción VI del mismo artículo 3o., se establece:

En el citado acuerdo se obliga a los prestadores de servicios educativos a que se refiere el artículo arriba señalado, a informar por escrito a los padres de familia, tutores o usuarios, previamente a la inscripción, todo lo referente a:

Establece también dicho documento que por ningún motivo los diferentes conceptos podrán pactarse en moneda extranjera. Además, de que los prestadores de servicios educativos, deberán aceptar sin recargo alguno los pagos por concepto de colegiaturas dentro de los primeros diez días naturales de cada mes.

Asimismo, los particulares prestadores de servicios educativos se encuentran obligados a:

El artículo 11 del acuerdo que se comenta, establece que los contratos del servicio educativo que se encuentren acordes a las bases mínimas del acuerdo, no requerirán de su inscripción ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto ha propiciado que el cumplimiento de las bases mínimas del acuerdo no sean respetadas por los prestadores de estos servicios educativos y se abuse de los usuarios de los servicios, con un impacto negativo a la economía de los padres de familia que envían a sus hijos a escuelas particulares. Por ello consideramos que dichos contratos deben ser obligatorios y convertirse en contratos de adhesión en los términos previstos por la Ley Federal del Consumidor.

Para estos efectos, el artículo 85 de dicha ley establece que se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio.

Por su parte, el artículo 86 de la misma ley dispone que la Secretaría de Economía, "mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría de Defensa del Consumidor, cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento -las normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones, excepto precio-. Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una cláusula en la que se determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado por la Secretaría".

En la mayoría de los países, los padres tienen derecho a elegir libremente el tipo de escuela que desean para sus hijos, ya sea pública o privada; gratuita o de pago.

Los padres cuentan también con el derecho a la información sobre los progresos de sus hijos y sobre sus propios derechos, como en el caso de los Estados Unidos, Chile, Argentina, entre otros. En el Reino Unido se concede una importancia capital a este derecho; así, la ley estipula que las escuelas deben proporcionar información sobre la organización interna, la gestión y el financiamiento de la misma. En Austria se ha introducido un sistema de alerta precoz, para que los padres puedan ser informados a tiempo sobre la dificultad de aprendizaje de su hijo, de la misma forma, los padres deben ser informados sobre las medidas para prevenir el fracaso escolar.

Todos los países, incluido el nuestro, desarrollan una política pública explícita a favor de la participación colectiva de los padres de familia, por lo que los padres de familia tienen derecho a organizarse en asociaciones, que les permitan expresar sus opiniones y puntos de vista, sobre diversos aspectos de la vida escolar de sus hijos.

Como se puede observar, la familia y la escuela son dos elementos fundamentales en el desarrollo de las políticas educativas de nuestro país, la escuela influye en la vida de la familia y de la comunidad en la que esta se desarrolla y a la vez la familia es parte fundamental en el desarrollo de los niños y de la buena marcha de las escuelas, ya sean éstas públicas o privadas.

Es necesario que las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor promuevan y protejan los derechos de los consumidores, propiciando conjuntamente con los padres de familia, una cultura de la defensa de sus derechos como consumidores de servicios educativos, a través de la organización y la capacitación, dándoles certeza y seguridad jurídica en sus relaciones como proveedores y consumidores.

Es difícil tener un diagnóstico puntual de la problemática que enfrentan los padres de familia, en su relación con las escuelas privadas, pero lo que ahí sucede es bastante conocido: falta de información; aumento unilateral y desproporcionado de colegiaturas; aportaciones o cobros extraordinarias; maltrato a escolares; venta de uniformes y libros en escuelas; exigencia de libros y útiles nuevos y no reciclados; uso de uniforme obligatorio; retención indebida de documentación oficial; exhibición de alumnos en listas por no pagar colegiaturas; y en fin, una serie de acciones que son violatorias del acuerdo en comento, que van en detrimento de las familias, los niños y de la propia educación.

Lo anterior revela la necesidad de actualizar el acuerdo en materia educativa que entró en vigor en 1993, ampliamente comentado en párrafos anteriores, a efecto principalmente de proveer a que existan medios de vigilancia y supervisión de su cumplimiento; para dar a los contratos de servicios educativos el carácter de contratos de adhesión en los términos previstos en los artículos 85 y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; para dar mayor participación a las asociaciones de padres de familia, y para que se prevean sanciones adecuadas al incumplimiento del acuerdo por parte de los particulares prestadores de los servicios educativos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Honorable Asamblea su apoyo fraternal y solidario al siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el uso de las facultades que les conceden la Ley General de Educación y la Ley Federal de Protección al Consumidor, procedan a actualizar el Acuerdo que Establece las Bases Mínimas de Información para la Comercialización de los Servicios Educativos que Prestan los Particulares, de fecha 10 de marzo de 1992. Dicha actualización deberá contemplar, cuando menos, los siguientes aspectos:

Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que implemente un programa de difusión entre padres de familia, en su carácter de consumidores en materia educativa, y proceda a brindarles todo tipo de información para su organización y defensa.

Cuarto.- Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que en coordinación con la Asociación Nacional de Padres de Familia y en el marco del mencionado acuerdo establezcan un programa de contraloría social en la educación privada y elabore una norma oficial sobre la participación de los padres de familia en la educación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.

Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL CONFLICTO CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA ECONOMÍA NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal en esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Desde el inicio de la presente administración, pero especialmente en el último año, muchos y muy graves han sido los problemas que aquejan la relación de México con nuestro vecino y principal socio comercial, Estados Unidos.

En cascada, se han sucedió una serie de debates, críticas y acusaciones, en la que debiera ser para nuestro país, por razones estratégicas, la relación más cuidada y mejor llevada del mundo.

Un distanciamiento evidente y un deterioro progresivo de los canales de comunicación, han puesto de relieve la incapacidad de nuestra Política Exterior, para construir una relación respetuosa y ordenada y con el gobierno de la nación más poderosa de la Tierra.

Lamentablemente, los tropiezos y desatinos de la diplomacia mexicana se han ido trasminando hacia otras áreas de la actividad pública, y amenazan con poner en riesgo la imagen de México en el mundo de los negocios, el turismo y la economía en general.

Los constantes llamados de diversas autoridades estadounidenses sobre la problemática que se vive en la frontera, donde el narcotráfico y la inseguridad son problemas comunes, y el clima nacional de inseguridad desalientan las inversiones.

Frente a esos llamados y a las diversas intentonas por dirigir desde el exterior la política interior de México, diversos actores políticos y sociales, hemos reclamado con energía el respeto a la soberanía nacional.

Con todo, quienes tienen en sus manos los instrumentos y las riendas del Gobierno Federal, sólo han lanzado, entre la estridencia y la tibieza, algunos pronunciamientos que terminan por no decir nada.

Pero más allá de los desplantes nacionalistas de algunos secretarios de Estado, desde el Ejecutivo federal no se ha querido o no se ha podido mandar señales claras al Gobierno de Estados Unidos de que en México estamos ocupados en solucionar nuestros problemas.

La geografía, la historia y la economía, nos obligan a llevarnos bien con Estados Unidos, a defender nuestros intereses con inteligencia, a buscar mecanismos de protección para los connacionales, que cada año envían 16 mil millones de dólares en remesas, pero sobre todo a saber negociar los temas de nuestra agenda.

Es en la economía donde estamos resintiendo ya los efectos de una política exterior sin objetivos, metas, ni rumbo. Un desplante diplomático nos alejó del Mercosur y otro más podría costarnos un acuerdo comercial de largo plazo con Bolivia para obtención de gas a bajo costo.

No se trata aquí de decidir si somos del norte o del sur, que si México debe estar en la órbita latinoamericana o norteamericana. Se trata de encontrar las fórmulas que nos permitan, como nación, tomar decisiones estratégicas para el futuro de México.

La geopolítica mundial es más, mucho más compleja que las viejas batallas de la guerra fría. Entender la globalización significa saber que necesitamos estar bien con todos los países con los que comerciamos, con los que intercambiamos tecnología y a los que vemos como prospectos para invertir o para recibir de ellos inversión.

Por lo anterior, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita la comparecencia, ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía para conocer los impactos que está teniendo en nuestro país el prolongado conflicto con Estados Unidos y de los instrumentos que se están empleando para minimizar sus efectos.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 16 días del mes de febrero de 2006.

Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROTEGER COMO BIEN CULTURAL, URBANO Y AMBIENTAL EL CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO QUE RECORRÍA EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE DE JESÚS CASTILLO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal por el estado de Chihuahua e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, ante esta honorable asamblea se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El punto de acuerdo que hoy presento a esta asamblea tiene su antecedente inmediato en el artículo 3o. constitucional, que a la letra dice: "b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura".

El territorio mexicano estuvo interconectado desde tiempos prehispánicos por una notable y extensa red de comunicación, ya sea en la aridez del norte, en las profundas selvas y tierras bajas del sureste, así como en el altiplano central y las penínsulas de Baja California y Yucatán.

Estas rutas se conservaron en activo hasta la conquista española, dando origen entonces a los sistemas carreteros del virreinato. Con el descubrimiento de la plata, los conquistadores avanzaron rumbo al norte, estableciendo en cada sitio un presidio o una misión, que vienen siendo los orígenes de las ciudades del norte del país, pueblos fundados para la defensa de los chichimecas, grupos bravos y nómadas. Muchos caminos se dirigieron hacia el norte en la segunda mitad del siglo XVI para erigirse como primeros eslabones entre la barbarie y la civilización; se utilizaban para transportar mercancías, bestias y carretas.

El Camino Real de Tierra Adentro, conocido también como "Camino de la Plata" o "Camino a Santa Fe", fue la primera gran ruta de la zona continental no poblada: una estrecha línea surcada y apisonada por los presurosos mineros en mitad de los campos vírgenes. El desarrollo de la minería consolidó y extendió esta ruta por donde se hacían circular grandes cantidades de plata y mercurio, además de trigo, maíz, leña y diversas mercancías que abastecían las comunas norteñas y otras regiones.

A lo largo de su recorrido se formaron importantes poblaciones, como Querétaro, Zacatecas, Sombrerete, Durango, Chihuahua, El Paso, Albuquerque y Santa Fe, entre muchas otras. Dichos asentamientos sirvieron de apoyo a la colonización y evangelización de los vastos territorios conquistados para la corona española. Hoy todavía se puede observar que la parte del Camino Real que va de El Paso del Norte hasta San Juan Pueblo, en Nuevo México, conserva su trazo original.

Con una extensión cercana a 2 mil 900 kilómetros, el Camino Real de Tierra Adentro se inicia en la Ciudad de México y termina en Santa Fe, Nuevo México. Desde la ciudad de Chihuahua hasta Santa Fe se pueden admirar excepcionales paisajes naturales, perfectamente integrados a las zonas rurales y algunas áreas urbanas.

El Camino Real de Tierra Adentro es el más antiguo y extenso del continente americano, trazado por los conquistadores españoles para desarrollar el comercio, facilitar las campañas militares, y apoyar la colonización y evangelización en los vastos terrenos situados al norte de la capital del virreinato de la Nueva España.

A lo largo de este camino y durante más de 300 años se fueron intercambiando elementos culturales de una población a otra, como el lenguaje, la medicina, música, sistemas de irrigación, conceptos, y tecnologías. La mayor cantidad de plata exportada de la Nueva España entre 1561 y 1630 fue extraída de los yacimientos de Zacatecas y Guanajuato; esta riqueza argentífera constituyó el factor decisivo para la colonización del norte mexicano. Por tanto, la prosperidad de pueblos, villas, ciudades y haciendas ubicadas a la vera de este Camino Real se debe a las grandes utilidades obtenidas por la actividad minera.

Para dar una idea de la extensión del Camino Real de Tierra Adentro, basta saber que cualquier carruaje que salía de México con rumbo a Santa Fe recorría una distancia mayor que la cordillera de los Alpes, si ésta se prolongara sin interrupción desde Ginebra hasta las costas del Mar Negro.

Pocas rutas culturales podrían compararse con el Camino Real de Tierra Adentro. Una de ellas, aunque con otro significado, es la Ruta de Santiago de Compostela. Este camino fue y sigue siendo utilizado por los peregrinos, a partir de la frontera franco-española; constituye por sí mismo el testimonio del poder de la fe cristiana sobre los hombres de todas las clases sociales y todos los países de Europa.

Compañeras y compañeros diputados:

A pesar de no existir una legislación en nuestro país sobre este Camino Real, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha realizado diversas labores con las autoridades de Nuevo México, en Estados Unidos, encaminadas a documentar y cooperar en diversos estudios sobre el tema.

Estados Unidos ya ha legislado sobre la parte que le corresponde de dicho Camino Real, situación que en nuestro país no ha sucedido.

Por eso, para su verdadera preservación, debe asumirse un compromiso real para protegerlo como bien cultural, urbano y ambiental, por lo que deberá se considerado en una declaratoria nacional de carácter especial.

Por lo anterior, solicito a esta honorable asamblea su apoyo fraternal y solidario al siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Presidente de la República para que, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicte instrucciones a la Secretaría de Educación Pública para que se realicen todas las gestiones, investigaciones y trabajos que fuesen necesarios para que a través de una declaratoria nacional de carácter especial se proteja el Camino Real de Tierra Adentro como un bien cultural, urbano y ambiental, junto con el mobiliario, los sitios e inmuebles aislados.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en su momento, inicie la investigación que corresponda a fin de que el Camino de Tierra Adentro sea declarado patrimonio cultural, histórico e intangible de la humanidad.

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión, a 16 de febrero de 2006.

Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL ATAQUE A PESCADORES POR MARINOS EN PROGRESO, YUCATÁN, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN CHÁVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La problemática del sector pesquero cada día es más grave, la falta de apoyos de los Gobiernos federal, estatal y municipal, lleva consigo que miles de familias se encuentren en la extrema pobreza, sin posibilidades de salir adelante.

Conforme el Estado fue abandonando su papel de rector de la economía, eliminó de sus prioridades la atención a la pesca: cerró el Banco de Fomento Cooperativo, vendió las plantas procesadoras de productos del mar, su comercializadora nacional, desapareció la Secretaría de Pesca. Esto denota el constante golpeteo y la agresión directa contra las comunidades pesqueras, que desde hace 20 años no han recibido apoyo alguno, lo cual obliga a la manifestación de la inconformidad; es intolerable que las comunidades luchen por mejorar sus condiciones de vida y el Estado solamente de respuestas negativas.

En días pasados los trabajadores del mar, originarios de la comisaría de Chicxulub Puerto, denunciaron ante el Ministerio Público Federal que sin advertencia y sin identificación, los que resultaron ser marinos navales se presentaron en una lancha rápida y comenzaron a disparar contra el barco pesquero, además de los disparos y una persecución en mar abierto, una vez emparejados, los marinos embistieron a los pescadores y finalmente realizaron el abordaje, para después someterlos y con golpes e injurias llevarlos "arrestados", privándolos ilegalmente de su libertad durante más de cinco horas, hasta liberarlos luego de confirmar que no cometieron ningún delito.

Los presuntos acontecimientos ocurrieron en las inmediaciones del arrecife conocido como "Alacranes", en la zona correspondiente a Isla Pérez, al norte del litoral de Yucatán, frente a las costas del municipio de Progreso.

El comandante de la V Región Naval Militar Martín Fernández Setina, argumentó que la embarcación sí tiene impactos de bala pero no coinciden con los usados por ellos, y cito textualmente "si la lancha tiene agujeros ellos se los hicieron", lo que de haber sido cierto debieran haber sido procesados por la potación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército, ya que los impactos son de R-15 y no existen evidencias de intercambio de disparos.

Por lo anterior someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorte a la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación a fondo sobre lo acontecido, a fin de deslindar responsabilidades y en su caso reparar el daño causado contra el patrimonio de los afectados.

Segundo.- Se exhorte al Ejecutivo federal a implementar programas sociales y proyectos productivos, que permitan resolver la problemática de las comunidades pesqueras en las costas mexicanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2006.

Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A CONDUCIRSE DENTRO DEL MARCO QUE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ELENA MARTÍNEZ RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita diputada Laura E. Martínez Rivera del grupo parlamentario del PRI, y a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del PRI presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Un importante avance y consecuencia del proceso democrático en nuestro país, ha sido la constante búsqueda y establecimiento de medidas que transparenten ante la sociedad el accionar no solo de las instituciones públicas en el uso de los recursos públicos, sino del conjunto de los Poderes que integran nuestra República: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Esta tarea no ha sido sencilla, y ha requerido de una profunda voluntad política por demostrar a la sociedad que desde este órgano legislativo se promueven día con día acciones afirmativas para que la función pública y las instituciones estén al servicio de la ciudadanía.

El anclaje de las instituciones responsables de garantizar a la sociedad el buen uso de los recursos públicos, incluidos los de esta Cámara, han permeado en el ánimo de la sociedad a tal grado que esperan, que tanto gobierno como partidos políticos, se conduzcan en el marco de la ley y se respeten todos los aspectos que nos permitan a todos transitar un proceso electoral a la altura que el país nos lo demanda; y que el conjunto de actores que participamos en dicho proceso, nos distingamos por respetar y hacer cumplir las normas legales que garantizan a todos transparencia y equidad, tal y como aconteció hace unas semanas el cumplimiento a una determinación del Instituto Federal Electoral, para realizar una tregua electoral.

Con profunda preocupación, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, acudimos a esta alta tribuna para manifestar nuestro desacuerdo con la forma en que algunos recursos públicos de esta Cámara son utilizados con total falta de transparencia y equidad.

Particularmente, nos parece inaceptable que la Presidencia de esta Comisión, use a favor del gobierno, del Partido Acción Nacional y de sus propios intereses, recursos públicos para la elaboración de materiales de difusión en medios impresos y en televisión, que sin duda influyen el ánimo y criterio de la ciudadanía.

Prueba de ello tenemos la impresión de 150,000 ejemplares de la Ley General de las Personas con Discapacidad que sin consulta previa a los diputados integrantes de dicha Comisión, ha sido diseñada con los colores e imagen del partido en el gobierno, y que ahora se pretende la distribuyamos en nuestras entidades.

De igual forma, nos parece un exceso político que la Presidencia de esta Comisión se pretenda instituir como la promotora única de esta ley, al transmitir por televisión un mensaje elaborado por esta Cámara donde aparece como la figura central, cuando lo correcto es que debe transmitirse a la sociedad el respaldo de la Cámara de Diputados a una causa social como la de las personas con discapacidad, que dicho sea de paso no es propiedad de nadie y merece todo nuestro respeto.

Cabe aclarar a la sociedad y este honorable Pleno, que la Ley General de las Personas con Discapacidad es un logro de la sociedad y que su promulgación es resultado del trabajo de diversas legislaturas y fracciones parlamentarias desde 1993, año en el que el PRI recibió la primera iniciativa de esta ley enviada por el Lic. Luis Donaldo Colosio, por lo que no solo nos parece una falta de respeto al trabajo legislativo de senadores y diputados, sino principalmente a sus promotores que han sido destacados liderazgos dentro del campo de la discapacidad, especialistas, educadores, padres de familia, instituciones, y funcionarios, entre otros.

Todos sabemos que en su última etapa, la Cámara de origen ha sido la de Senadores en el año 2004, cuando el PRI presentó una vez más una iniciativa de ley que posteriormente fue resuelta en un dictamen que fue aprobado por unanimidad en el Senado de la República, para posteriormente recibirla en esta soberanía y aprobarla de igual forma, por lo que no sólo nos parece una falta de respeto al trabajo legislativo de senadores y diputados, sino principalmente a sus promotores que han sido destacados liderazgos dentro del campo de la discapacidad, especialistas, educadores, padres de familia, instituciones, y funcionarios, entre otros.

Entendemos la urgente necesidad del Partido Acción Nacional por defender al Gobierno de la República, y hacer menos evidente su incapacidad e ineficiencia durante seis años para desarrollar una política de Estado a favor de la población con discapacidad, sin embargo, este tipo de prácticas vergonzosas y reprobables no benefician a nadie y sí ponen en riesgo la imagen de este órgano legislativo de cara al proceso electoral, por ello los suscritos diputados y diputadas presentamos a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Acuerdo

Único.- Solicitamos que la Junta de Coordinación Política exhorte a la Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a conducirse dentro del marco legal que nos establece la Ley Orgánica del Congreso General y que los materiales de difusión citados en este punto de acuerdo sean repuestos con la imagen institucional de la Cámara de Diputados.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero del año 2006.

Dip. Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PGR A INVESTIGAR LAS CONDUCTAS ILÍCITAS EN QUE INCURRIÓ PERSONAL POLICIAL DE LA AFI AL RECREAR LA CAPTURA DE PRESUNTOS SECUESTRADORES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN VIDEO, A CARGO DE LA DIPUTADA CRISTINA PORTILLO AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada federal Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es del conocimiento de todos, por decreto del Ejecutivo de la Unión, del primero de noviembre de dos mil uno, se creó la Agencia Federal de Investigación (AFI). Se argumentó entonces, que la decisión respondía a evolucionar el esquema que había operado la Policía Judicial Federal como una organización reactiva, de uso predominante de la fuerza, para dar paso a una policía investigadora, que privilegiara el papel de la investigación, la información y la inteligencia en la lucha contra el crimen.

El objetivo, comprometido por la administración de Vicente Fox ante la sociedad, conformar una institución con hombres y mujeres con valores y principios morales, con capacidad y actitud profesionales, que se constituyera en auxiliar eficaz del Ministerio Público en su tarea de procurar una justicia pronta y expedita.

No obstante, muy lejos de alcanzar el propósito inicial, a cinco años de su creación, la Agencia Federal de Investigación manifiesta signos de grave deterioro en sus estructuras orgánica, operativa y programática que ponen en duda su viabilidad futura.

La revelación que agentes recrearon con un montaje de video la detención de presuntos integrantes de una banda de secuestradores, demostraría que la Agencia Federal de Investigación actúa de manera arbitraria, con ineficacia y al margen de la ley en la lucha contra el crimen organizado.

La realización del montaje televisivo implicaría que ante la opinión pública, la AFI presentó hechos falsos, ya que como si se tratara de una telenovela, sus agentes habrían preparado la escena del secuestro, la situación en que encontraron a las personas secuestradas, habrían fabricado testigos, así como el día y hora en que presuntamente detuvieron a los delincuentes.

Esto significaría también que estarían afectados de falsedad los hechos que el Ministerio Público consignó ante el juez penal, para poner a disposición a los secuestradores.

Indudablemente que en el esfuerzo de prevenir y controlar al crimen organizado, como representantes populares, debemos reconocer la necesidad de dotar de herramientas adecuadas a nuestros cuerpos de seguridad, sin embargo, nunca debemos olvidar que para no poner en riesgo el Estado de derecho, sólo es posible combatir a la delincuencia bajo el marco del más riguroso respeto a la ley.

Esta convicción exige que el procurador general de la República inicie una investigación a fondo para determinar las conductas indebidas en que incurrió el personal policial por la realización del montaje televisivo.

Es necesario deslindar responsabilidades para saber si en el momento de recrear el video, existió violación a las garantías procesales de los detenidos, si se fabricaron testigos, si se incurrió en falsedad de declaraciones o en obstrucción de la justicia.

En momentos que el crimen organizado se desborda en todo el país, es de interés público, que las acciones de procuración de justicia no estén en duda y bajo sospecha. Como de igual interés nacional, es revisar que efectivamente la estructura organizacional policial de la AFI esté diseñada para contrarrestar los efectos negativos de la delincuencia a partir de una investigación eficaz y la persecución de los delitos; que dé cuenta cabal de su función en términos de eficacia y certeza jurídica, profesionalidad en el servicio, calidad en los procesos, plena legalidad en las operaciones, investigación científica de los delitos y total respeto a los derechos humanos.

Por ello, pedimos también la comparecencia inmediata del procurador general de la República para que exhiba y ponga disposición de esta Cámara de Diputados un informe amplio respecto a la estructura actual, métodos, logros y expectativas de la Agencia Federal de Investigación en su lucha contra el crimen, que permita a esta soberanía analizar a fondo la viabilidad de la organización policial.

En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al ciudadano procurador general de la República para que en forma inmediata inicie una investigación para determinar las conductas ilícitas en que incurrió el personal policial de la Agencia Federal de Investigación al recrear la captura de presuntos secuestradores mediante la realización de un video.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cita a comparecer al ciudadano procurador general de la República para que exhiba y ponga disposición de esta soberanía un informe amplio respecto a la estructura actual, métodos, logros y expectativas de la Agencia Federal de Investigación en su lucha contra el crimen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de dos mil seis.

Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica)
 
 

La que suscribe en mi calidad de diputada federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y el artículo décimo quinto del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, promuevo esta excitativa en virtud de que presenté un punto de acuerdo que a la fecha no ha sido dictaminado por la Comisión correspondiente; por lo que me permito solicitar a usted para los efectos pertinentes y en este sentido expongo los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 25 de enero presenté un punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública la revisión puntual de la forma en que se está instrumentando la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno Federal.

2. El punto de acuerdo tiene como finalidad, solicitar a la Secretaría de la Función Pública para que, a la brevedad posible, informe a esta soberanía sobre la revisión puntual de la forma en que se está instrumentando la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno Federal, e indique si ya se realizó un estudio sobre el impacto presupuestario que éste tendrá, con el propósito de que se lleven a cabo las correcciones pertinentes y, mientras tanto, se detenga el proceso de certificación, el cual inició a principios del año 2006.

3. El Presidente de la H. Comisión Permanente del primer receso del tercer año de esta LIX Legislatura, turnó el punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación con opinión de la Comisión Especial de la Función Pública para que emitiera el dictamen correspondiente.

Consideraciones

1.- Que el 10 de abril de 2003 se expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, cuyo objeto es establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del sistema de servicio profesional de carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal.

2.- Que la Ley de Servicio Civil de Carrera establece la permanencia de los servidores públicos en sus puestos está subordinada a que acrediten sus capacidades, no sus conocimientos.

3.- La Ley diferencia la capacitación como el proceso para la adquisición de conocimientos, y la certificación de capacidades como el proceso para la evaluación de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes, expresados en comportamientos.

4- En la práctica, todavía no hay una norma relativa a la descripción de capacidades, pese a lo cual la Secretaría de la Función está por iniciar el proceso de certificación y, en la práctica, aceptará que los funcionarios se certifiquen y, por tanto, sean inamovibles en sus puestos al menos por un periodo de cinco años con una sola acreditación cursos y/o diplomados, es decir acreditando sus conocimientos.

5.- Que el Servicio Profesional de Carrera se pensó como un sistema flexible, de instrumentación gradual y descentralizada, a fin de que cada dependencia lo adecuara a sus necesidades y características, sin embargo la Secretaría de la Función Pública ha terminado por centralizar las decisiones y asumir atribuciones legales que competen a los comités de cada dependencia que, por norma, son los encargados de diseñar y desarrollar los procesos de capacitación y certificación de capacidades, ejemplo de ello son los contratos celebrados con el Ceneval, en los que de manera unilateral define las características de la capacitación.

6.- Que en los puntos expuestos se observan violaciones en el proceso de implementación de la ley que, eventualmente, podrían favorecer a los funcionarios que se encuentran desempeñando un cargo de los propios del sistema de servicio profesional.

7.- Que en la actualidad se considera que el universo total de servicios públicos sujetos de la ley es de alrededor de 43 mil, con el efecto de garantizar su permanencia por un plazo mínimo de cinco años, aun cuando no cuenten con las capacidades para desempeñarse en el puesto, por lo que ello podría representar una gran obstrucción para el gobierno entrante, ya que la certificación así, adulterada, lleva a la permanencia en el cargo al margen de criterios de índole profesional.

Por lo anteriormente expuesto a usted Presidenta de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión muy atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Gobernación para que presente el dictamen correspondiente al punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública la revisión puntual de la forma en que se está instrumentando la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno Federal.

Salón de Sesiones del H. Cámara de Diputados, a los 16 días del mes de febrero de 2006.

Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica)