Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
1. Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional en diversas ocasiones hemos presentado proposiciones e iniciativas con el ánimo de enriquecer la participación ciudadana de nuestro país, si bien es cierto que el Gobierno Federal ha implementado el año de la participación ciudadana en seguridad pública. Aún falta delinear ordenamientos jurídicos en esta materia en algunos estados de la República.
Actualmente, algunas entidades federativas cuentan con leyes de participación ciudadana, como Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos y Zacatecas. Dichos ordenamientos legales contemplan formas de organización de la participación ciudadana y de democracia directa; se contemplan figuras como el referéndum, plebiscito e iniciativa popular. De igual forma, se prevén las instituciones o los órganos encargados de la participación ciudadana.
2. En México, la participación ciudadana representa un equilibrio entre la participación de los ciudadanos y la capacidad de decisión del gobierno, de hecho depende enteramente de ese equilibrio la llamada gobernabilidad y la estabilidad democrática de un país, esta estabilidad no sólo se refleja en las elecciones, también debe existir la organización de la participación social, desde el momento mismo de las demandas ciudadanas estas deben tener en consideración que los recursos asignados para cualquier gobierno y encaminados a las demandas sociales son escasos y uno de los desafíos de mayor envergadura para cualquier gobierno consiste en la asignación atinada de esos recursos escasos en función de ciertas prioridades sociales.
Por ello existe gran necesidad de legislar no sólo sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, debemos legislar a favor de un nuevo ordenamiento en el cual estén incluidas las formas de participación social así como las demandas de las mismas.
3. Una de las entidades federativas que más ha avanzado en este tenor es Coahuila, impulsores de la normatividad local en participación ciudadana, los avances que dicho estado ha dado cuenta, han sido significativos para el resto del país, no obstante aún hace falta mucho por investigar y muchas teorías por demostrar en el ámbito de la participación ciudadana. Como bien sabemos la parte medular de la Federación son los estados, de tal forma que debemos empezar por legislar en leyes y reglamentos del ámbito local que nos ayude y facilite la legislación federal.
En el estado de Veracruz, del cual soy originaria, y que cuenta con un padrón de 4,264,890 electores, no se ha avanzado en el tema de la participación ciudadana. Por ello, los proponentes de este punto de acuerdo hacemos un llamado respetuoso para que los integrantes del Congreso local busquen los caminos jurídicos adecuados y legislar a favor de la sociedad veracruzana.
Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados en las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Congreso del estado de Veracruz a cumplir los preceptos de la Constitución del estado en materia de democracia participativa, mediante la expedición de una ley específica o reformando la legislación secundaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2006.
Diputados: María del Carmen Escudero Fabre
(rúbrica), Angélica Ramírez Luna, Adriana González
Furlong, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Norma Patricia
Saucedo Moreno, Yleana Baeza Estrella, Leticia Socorro Userralde Gordillo,
José Julio González Garza, Guillermo Tamborrel Suárez.
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A
LA SEGURIDAD PÚBLICA EN ACAPULCO, GUERRERO, A CARGO DE LA DIPUTADA
ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En los últimos días la existencia de narcotiendas, la cooperación de agentes policíacos con el crimen organizado y la disputa entre narcotraficantes han llevado al puerto de Acapulco a una crisis de seguridad pública.
El propio alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio ha reconocido "que el narcotráfico es un problema serio que se dejó crecer en Acapulco gracias a las infiltraciones del crimen organizado en los cuerpos policíacos y de una red de complicidades que ahora es difícil desarticular".
Según un informe del Sistema Estatal de Seguridad Pública: "el narcotráfico en sus fases de producción, tránsito, distribución y consumo de drogas en Guerrero", es considerado como el principal problema en la Agenda de Riesgos a la Seguridad Estatal, incluso más importante que el daño que provocan los desastres naturales.
Por el tipo y la cantidad de delitos, Acapulco es calificado como "la región más crítica" en el estado, con 3 mil 438 delitos cometidos de enero a mayo de 2005; con un promedio de 22 actos delictivos por día.
De éstos, las autoridades estatales han registrado 103 homicidios con arma de fuego, la mayoría ligados a las ejecuciones al estilo narco.
Es así que los hechos lamentables ocurridos el pasado viernes 27 de enero cuando policías preventivos de Acapulco detuvieron y dispararon, matando a presuntos sicarios del narcotráfico en plena entrada del puerto, solo fueron la conclusión de una secuela de incidentes de la misma naturaleza criminal que desde hace más de dos años los medios de comunicación locales y la misma sociedad ha venido denunciando sin que las autoridades federales encargadas de perseguir este tipo de delitos actúen con decisión.
El problema de la violencia del crimen organizado, ya tan común en otras ciudades del país, se agrava más en tratándose de Acapulco por ser este puerto un referente internacional del turismo de playa en nuestro país.
Aparte del turismo internacional, Acapulco capta un 60 por ciento del turismo nacional y sostiene casi el 80 por ciento de la economía del estado de Guerrero.
Acapulco ha sido durante muchos años la cara amable y hospitalaria de nuestro país hacia el visitante extranjero, pero hoy con estas reprobables acciones criminales, el puerto se encuentra en una situación de inseguridad y zozobra.
Es claro que ante el potencial corruptor y de violencia del crimen organizado, la policía municipal y la estatal poco pueden hacer para enfrentarlo, y garantizar la seguridad de los habitantes locales y turistas.
Acapulco, al igual que otras ciudades que hoy enfrentan problemas de crimen organizado, es receptora de los largos años de descomposición de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, y de una deficiente coordinación entre los organismos encargados de combatir el crimen.
De allí la necesidad urgente de que se efectúen acciones tendientes a recuperar la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad pública, comenzando por una rigurosa investigación y depuración de los agentes de las fuerzas federales comisionadas en Guerrero, pues existe una marcada presunción de colaboracionismo con bandas del crimen organizado.
Del mismo modo, y para asegurar la confiabilidad de las acciones de seguridad, es urgente que el gobierno del estado de Guerrero comience medidas eficaces de prevención de conductas delictivas y depuración de agentes, mandos altos y medios de la Policía Investigadora Ministerial, debido a que miembros de esa corporación han aparecido relacionados en diversos escenarios de crímenes que presumiblemente tienen relación con el crimen organizado.
Queda claro que cuando la inseguridad alcanza las dimensiones que hoy presenta en estados de nuestro país, no estamos frente a un problema menor sino, por el contrario, ante uno que pone en entredicho la razón misma de ser del Estado y, en consecuencia, de la viabilidad del contrato social que lo sustenta.
Por lo anterior expuesto y por considerarse de urgente y obvia resolución me permito presentar ante este Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a los titulares de Seguridad Pública Federal y Procuraduría General de la República a concertar con los gobiernos del estado y el municipio de Acapulco medidas eficaces de prevención de conductas que se presupongan asociadas con el crimen organizado de agentes radicados en el estado de Guerrero, y a perfeccionar y optimizar los niveles de coordinación.
Segundo: Con absoluto respeto al pacto federal, se exhorte al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a que en el ámbito de sus facultades y responsabilidades, ordene una investigación minuciosa a los agentes de la Policía Investigadora Ministerial y se depure a todo aquel personal que presente posibles conductas ilícitas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 7 de febrero de 2006.
Dip. María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP Y AL SAT A SUSPENDER LAS MEDIDAS INSTAURADAS A FIN
DE DEDUCIR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO AUTOMOTRIZ, A CARGO
DEL DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
Con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta soberanía para presentar el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a partir de las siguientes
Consideraciones
Desde el 1 de diciembre del año pasado los usuarios de vehículos automotores que requieren comprobante fiscal por la compra de gasolina han tenido que soportar un vía crucis lleno de vejaciones y cobros excesivos ante la indiferencia e incompetencia de las autoridades involucradas en la materia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria dictaron disposiciones relativas a la expedición del comprobante fiscal para acreditar la compra de gasolina y diesel en las estaciones de servicio.
Esta "facilidad fiscal", loable en términos de simplificar el proceso de deducción de combustible, ha dado lugar a un sin número de atropellos a los consumidores de éstos combustóleos.
Nuestras autoridades fiscales se precipitaron al imponer una medida que no cuenta con la infraestructura necesaria para obtener el comprobante fiscal que acredite dicha compra.
Producto de ello, los consumidores nos hemos convertido en rehenes de las arbitrariedades y caprichos de los expendedores de gasolina.
No entendemos como un gobierno que propala a los cuatro vientos la modernización y eficiencia de su aparato administrativo tenga tan poca previsión y perspectiva de las acciones que ejecuta.
Los datos que confirman esta afirmación son aterradores: del total de las estaciones de servicio existentes en el territorio nacional, 7 mil 130, sólo menos de 3 mil cuentan con las terminales necesarias para contabilizar los pagos.
Pero no solamente es esta insuficiencia, que salta a la vista, la que evidencia la inoperatividad de las disposiciones hacendarias. A ello debe agregarse que las estaciones de servicio en una acción digna de un país bananero, aprovecharon la ocasión para cobrar una comisión para expedir el comprobante fiscal por medios electrónicos.
O sea, que el consumidor por exigir un comprobante fiscal, al que tiene derecho, para efectos de deducir sus impuestos tiene que pagar un sobreprecio, que varía de entre 5 y 10 por ciento de su consumo total. No exageramos si dicho sobreprecio puede ser incluso mayor que el beneficio que obtenga de la deducibilidad fiscal.
¡Habrase visto tal atrocidad! El legítimo afán recaudatorio golpea los bolsillos de particulares y empresas.
Ante la lluvia de inconformidades y protestas las autoridades hacendarias han rectificado su posición para que de manera temporal el pago del consumo de la gasolina y diesel se haga en efectivo. Sin embargo, seguir tal procedimiento implica un trámite engorroso, tortuoso y difícil, a tal punto, que sólo ha servido para provocar nuevas inconformidades y protestas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha expresado públicamente que no dará marcha atrás. Y nos preguntamos, ¿Por qué esa obstinación? ¿No sería mejor que impulsará un programa de modernización de las estaciones de servicio conjuntamente con Pemex y los propios concesionarios?
El tiempo y el costo que implique dicha actualización de todas las estaciones de servicio nunca será tanto si lo comparamos con los beneficios que traerá a los consumidores y a la imagen misma del Gobierno Federal.
De por sí en este renglón las autoridades involucradas cargan con el vergonzoso estigma, que sigue pendiente, del descarado robo que se hace a los consumidores sirviéndoles litros de 900 u 800 mililitros.
Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único.- Exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a suspender la expedición de comprobantes fiscales electrónicos y las medidas provisionales para pago en efectivo del consumo de gasolina y diesel, hasta en tanto no se modernicen las estaciones de servicio en todo el territorio nacional, con el propósito de que el comprobante fiscal sea expedido sin costo alguno y sea otorgado al momento en que se efectúe la operación de compraventa.
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, CON RELACIÓN
A LOS CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL CONTRA MUJERES EN EL ESTADO DE YUCATÁN,
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARBELLA CASANOVA CALAM, MARGARITA MARTÍNEZ
LÓPEZ, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Y MARTHA LUCÍA
MÍCHER CAMARENA, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y
GÉNERO
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace varios meses, la prensa de Yucatán ha documentado dos casos de hostigamiento sexual a trabajadoras de instancias gubernamentales. Es el caso de Karla Jazmín Herrera Solís, quien demandó penalmente por hostigamiento sexual y abuso de autoridad a José Edwin Ramírez Pech, director del Centro Estatal de Desarrollo Municipal.
Asimismo, Enrique Mancilla Becerra, administrador de la Comisión Federal de Electricidad División Peninsular, fue denunciado penalmente por Deyma Dorothy Pinto Vázquez y Karla Militza Baqueiro Gamboa, quienes sufrieron hostigamiento sexual y laboral por parte de este funcionario público.
Ante esos hechos, instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el DIF Nacional, personalidades de la sociedad yucateca y diputadas de la Comisión de Equidad de Género del Congreso estatal y una servidora, Marbella Casanova, hemos emitido opiniones reprobando las agresiones y en el sentido de que estos funcionarios deben ser sancionados y separados de su cargo mientras se esclarecen los hechos por los que fueron denunciados.
No obstante las manifestaciones públicas de apoyo que han recibido las denunciantes y el proceso administrativo y legal que emprendieron, las y los funcionarios públicos a quienes corresponde separar del cargo a los hostigadores sexuales y/o tomar medidas que sancionen estas conductas reprobables no han dado respuesta a la demanda de las víctimas y de la sociedad yucateca.
Por el contrario, los han defendido, justificado o ignorado los hechos. Las víctimas han sido despedidas con el argumento de que se les terminó su contrato, se les boletinó para que no consigan trabajo en ninguna otra dependencia, con lo cual se muestra que en Yucatán no se respetan los derechos de las mujeres y, en cambio, se protege a quienes agraden y violentan la dignidad de trabajadoras.
Esta actitud omisa y negligente de autoridades y funcionarios tanto estatales como federales, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, debe ser sancionada también, ya que se convierten en cómplices de la violencia contra las mujeres.
Es necesario decir que el hostigamiento sexual es una forma de violencia tipificado así en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional de la Mujer, realizada en Beijing, China, en 1995, la cual fue firmada por el gobierno mexicano.
El objetivo estratégico D.1, Adoptar medidas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, dice en el inciso c), De las Medidas que deben Adoptar los Gobiernos: "Introducir sanciones penales, civiles laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad".
La medida 126 de dicha plataforma señala que los gobiernos, empleadores, sindicatos, las organizaciones populares y juveniles y las organizaciones no gubernamentales, según proceda, deberán "desarrollar programas y procedimientos tendentes a eliminar el hostigamiento sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, de todas las instituciones de enseñanza, lugares de trabajo y demás ámbitos".
Cabe recordar que México ha suscrito además diversos tratados y acuerdos internacionales referidos al respeto de los derechos de las mujeres, como la Convención de Belem do Pará, donde se sustenta el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La Convención considera violencia contra la mujer toda clase de acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, en el ámbito público o privado.
Por ello, el Gobierno Federal y el estatal deben proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. A este Congreso y a los Congresos estatales nos compete hacer modificaciones a las leyes para que los delitos que se cometan contra las mujeres, como el hostigamiento sexual, se castigue de forma económica, administrativa o penal, según sea el caso, y para que los procedimientos administrativos partan en todo momento del principio de defensa de las víctimas y no como ha ocurrido en Yucatán, donde se duda de su palabra y se les exigen pruebas, cuando sabemos que en muchas ocasiones el acoso sexual ocurre sin presencia de testigos.
Por lo expuesto, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, y a Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, para que, como máximas autoridades de las instituciones donde se han presentado las agresiones de hostigamiento sexual contra trabajadoras, giren sus instrucciones a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes de forma imparcial y expedita, considerando en primer término los derechos de las mujeres agraviadas y no se proteja a los agresores por sus vínculos políticos, por lo que deben ser separados de su cargo en tanto se concluyen las investigaciones. Asimismo, se les exhorta para que ordenen la reinstalación de las mujeres ofendidas y despedidas por no acceder a las demandas sexuales de los hostigadores.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Equidad y Género del estado de Yucatán para que revise, actualice y armonice la legislación en torno del hostigamiento sexual, con los instrumentos internacionales suscritos por México en materia de los derechos humanos de las mujeres.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de la Unión, a 7 de febrero de 2006.
Diputadas: Margarita Martínez López,
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marbella Casanova Calam (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A APROBAR LA CONVENCIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN,
LA CIENCIA Y LA CULTURA SOBRE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO SUBACUÁTICO,
A CARGO DEL DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para aprobar la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático basado en las siguientes
Consideraciones
La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático aprobada en el 2001, representa el esfuerzo por parte de la comunidad internacional para proteger los vestigios con valor cultural, educativo, artístico e histórico que por la especificidad de las condiciones donde se encuentran están más desprotegidos. Una gran cantidad de buques, construcciones y bienes muebles en general yacen en el lecho marino o a distintas profundidades de mares, océanos, lagos y todo tipo de cuerpos de agua a través de todo el planeta.
Un conjunto de razones diversas han provocado que estos bienes permanezcan cubiertos por las aguas, como son desastres naturales, accidentes, conflictos bélicos, y tanto estas condiciones como el propio paso del tiempo han permitido que estos bienes adquieran un valor cultural o histórico. Tal es el caso, sólo por mencionar algunos ejemplos en el caso de México de diversos restos prehistóricos, prehispánicos y coloniales en ríos, lagos y cenotes, así como una gran cantidad de naufragios desde el siglo XVI en adelante. Actualmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza tareas de arqueología subacuática a través de un departamento especializado, y cuenta entre otros proyectos de investigación los de la zona maya y el Programa de la Flota de la Nueva España.
Para crear una estructura institucional y legal que permitan que este esfuerzo de conservación que ya realiza el INAH se mantenga y fortalezca en el largo plazo, es conveniente que las reformas que se requieran en las leyes nacionales se encuentren sustentadas en las normas de alcance internacional, de tal suerte que en la búsqueda de cumplir con los objetivos de protección del patrimonio subacuático sea posible apoyarse en la cooperación internacional, que resulta imprescindible en este tema. En este orden de ideas, es conveniente entonces que el Senado de la República, cuya atribución exclusiva de aprobar los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas la establece la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 76, lleve a cabos las tareas que considere necesarias para ratificar la convención materia de este punto de acuerdo, e iniciar así la adecuación del marco legal de nuestro país para hacer realidad las aspiraciones y objetivos que están señalados en la propia convención.
Una preocupación que motivó la expedición de la convención, es el temor que se aceleren las actividades de explotación ilegal de este patrimonio, sustentado en los avances científicos y tecnológicos que permiten con mayor facilidad la detección de estos bienes y la sustracción de los objetos hallados, sin la previa catalogación y determinación de su valor cultural, artístico o histórico. Además de la conservación del patrimonio subacuático como una obligación que en términos históricos tiene el Estado para con las generaciones futuras, la aplicación de las medidas previstas en la convención permiten desarrollar actividades tanto educativas como de turismo especializado en el tema, lo que genera un incentivo para que las autoridades encargadas, así como las comunidades donde se encuentran estos bienes participen activamente en su cuidado y conservación.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a que, conforme a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, ratifique la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de febrero de 2006.
Dip. Norberto Corella Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA APREMIAR
AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A CUMPLIR EL EXHORTO DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO MARCOS ÁLVAREZ
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El pasado 31 de enero del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral del estado de México, emitió un acuerdo mediante el cual convocó a los partidos políticos a que en forma corresponsable contribuyan al buen desarrollo de las elecciones que se realizarán el próximo 12 de marzo de 2006, para renovar los ayuntamientos y elegir a los diputados locales, así mismo, dio una muestra de que está dispuesto a cumplir cabalmente su función institucional de arbitro del proceso electoral, al tomar en cuenta las exigencias de los partidos destinadas a frenar el uso de recursos públicos para favorecer a algunos candidatos. Con objeto de responder a estas demandas, el IEEM se apoyó en lo que establece el artículo 157, párrafos 2 y 3, del Código Electoral del estado de México, para exhortar al Presidente de la República, al gobernador de la entidad, autoridades federales, estatales, municipales y de las entidades circunvecinas, a frenar sus campañas publicitarias y a no difundir logros gubernamentales del 1 de febrero al 12 de marzo, con la finalidad de no entorpecer el proceso electoral.
El acuerdo establece que las autoridades deberán abstenerse de hacer actos públicos, hacer giras o reuniones públicas o transmitir mensajes en radio, televisión o cualquier otro medio electrónico impreso o publicitario que tenga como fin la promoción o difusión de logros de gobierno.
El artículo al que anteriormente hicimos referencia, dice lo siguiente:
Asimismo, se abstendrán durante el mismo plazo de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios que impliquen entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros, u otros eventos de igual naturaleza."
Estamos convencidos que el apego a la ley es la mejor garantía para tener una jornada electoral pacífica, en la que se expresen libremente las preferencias de los ciudadanos.
No obstante esta voluntad mayoritaria, el 2 de febrero de 2006, nos enteramos que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, se niega a aceptar este exhorto, y se mantiene en su posición de suspender la difusión de logros de gobierno y la entrega de obras hasta el 15 de febrero de este año.
Consideramos que si el gobernador ignora el exhorto del IEEM, que retomó las propuestas de los partidos políticos, vulnera la credibilidad del instituto ante la sociedad e introduce elementos que pueden conducir a la descalificación del proceso electoral, a aumentar la abstención y a que los ciudadanos desconfíen, aún más, de la vía electoral, como medio para renovar la representación y con ello buscar la satisfacción a sus demandas y necesidades, optando por otras formas de expresar su voluntad de mejorar sus condiciones de vida.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta H. Cámara de Diputados, el siguiente:
Punto de Acuerdo
La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, apremia al gobernador del estado de México, Lic. Enrique Peña Nieto, a que respete el exhorto del Instituto Electoral del estado de México, para que el 12 de marzo de 2006, se lleve a cabo una jornada electoral, transparente y equitativa, y en consecuencia suspenda inmediatamente la difusión de logros de gobierno y la operación de programas de apoyo social o comunitario, los cuales podrán reiniciar el 13 de marzo del año en curso. Esto no significa que se dejen de realizar las actividades normales, de atención a los mexiquenses por parte de la administración pública estatal.
Dip. Marcos Álvarez Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SAGARPA A AJUSTAR EL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO
AGROPECUARIO, EN EL MARCO DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA
DE AZÚCAR, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO PALMERO ANDRADE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales de diversos grupos parlamentarios, integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
En México, dada la importancia que tiene el conjunto de la economía nacional, tanto por el valor de la producción como por el número de personas involucradas en la misma, sin soslayar su trascendental papel en la dieta diaria de la familia mexicana, la agroindustria de la caña de azúcar configura una actividad productiva no sólo de carácter histórico, sino además de interés público y social.
Importada con la Conquista, la actividad azucarera participa actualmente en la economía nacional con 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto y proporciona sustento a más de 440 mil familias en forma directa (mediante empleos permanentes y temporales), asentadas en 227 municipios, pertenecientes a 15 estados de la República, en los que habitan alrededor de 12 millones de mexicanos, de los cuales más de 2.5 millones dependen directamente de la agroindustria de la caña de azúcar, así como de una diversidad de actividades indirectas vinculadas a la misma en una cadena de producción.
Sobre esa base, a partir de la operación de 60 ingenios, México ocupa en la actualidad el séptimo lugar en producción de azúcar a nivel mundial, entre más de un centenar de países y la octava posición en cuanto al consumo, con 42 kilogramos anuales per cápita.
De la producción nacional, 58 por ciento es canalizado a la industria, 32 por ciento al uso doméstico y el restante 10 por ciento se destina principalmente al mercado internacional.
Antecedentes
El 22 de agosto de 2005, el Presidente de la República promulgó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
La entrada en vigor de esta ley trae consigo la creación de organizaciones locales y nacionales, así también se tendrá por reconocidas a las organizaciones que la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras tenía registradas, debiendo actualizar su inscripción en los términos de los artículos 34 y 38 de la citada ley.
Por otra parte, las organizaciones locales que pretendan lograr el registro ante el Servicio Nacional de Registro Agropecuario deberán apegarse al articulo 34 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, debiendo exhibir dos copias de su acta constitutiva y de sus estatutos debidamente certificados, dos copias del acta de elección de su comité local vigente y dos copias del padrón de abastecedores de caña asociados, que deberán actualizar anualmente.
Las organizaciones nacionales que pretendan constituirse para su debido registro, deberán exhibir dos copias del padrón de abastecedores de caña asociados que deberán actualizar anualmente. La certificación del padrón se basará en el registro de afiliaciones de sus organizaciones locales, sancionadas por el comité de cada uno de los ingenios.
En virtud de la proximidad del inicio de la zafra 2005-2006 pudieran darse interpretaciones erróneas de la citada ley, por lo que los suscritos consideramos conveniente enfatizar la exacta aplicación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en el momento de llevar a cabo el cotejo de las afiliaciones correspondientes.
En el ánimo de evitar confrontaciones e impugnaciones entre las organizaciones que no presenten su registro de afiliaciones así como la copia del padrón de asociados, es evidente que, no podrán registrarse, razón por la cual el Servicio Nacional de Registro Agropecuario, deberá exigir a las organizaciones nacionales registro de afiliaciones de sus organizaciones locales en los términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que el Servicio Nacional de Registro Agropecuario se apegue a la aplicación precisa de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en lo referente al Título Tercero, específicamente a los artículos 34 y 38, así como al artículo sexto transitorio de la misma.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los seis días del mes de octubre de 2005.
Diputados: Diego Palmero Andrade (rúbrica),
José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Emiliano Vladimir
Ramos Hernández, Juan Fernando Perdomo Bueno.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA SEDESOL ANTE EL PLENO
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES
QUE SE REALIZAN AL PROGRAMA OPORTUNIDADES Y SU POSIBLE USO ELECTORAL, A
CARGO DE LA DIPUTADA CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los que suscriben, legisladoras y legisladores federales integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 17 de enero, el Presidente Vicente Fox anunció que su gobierno creará la coordinación nacional de protección social, cuyo nombre todavía se desconoce, donde quedaría agrupados los principales programas sociales del gobierno foxista: Oportunidades, el Seguro Popular y los fondos de créditos y subsidios para vivienda. Tal organismo ejercería en 2006 más de 56 mil millones de pesos; es decir, 35 mil millones del Programa Oportunidades; 18 mil millones del Seguro Popular y 3 mil 400 millones de programas de vivienda.
Lo anterior, al mismo tiempo que puso en marcha el Programa de Adultos Mayores afiliados al Programa Oportunidades (a través de la instalación de 10 mil mesas de acreditación para las personas de la tercera edad que ya forman parte del programa), y el Sistema de Ahorro para el Retiro.
A la fecha no se ha publicado el decreto de creación de la Coordinación Nacional de Protección Social pero llama la atención que se pretenda una transformación administrativa de tal envergadura en el último año de gobierno y en pleno proceso electoral. Además, que se haga de manera acelerada luego de la renuncia de la ahora exsecretaria de Desarrollo Social, Josefina Vasquez Mota, y de todos los subsecretarios de la misma Secretaría, y el arribo de la C. Ana Teresa Aranda, como nueva secretaria y de una serie de funcionarios totalmente ajenos al tema de las políticas de atención a la pobreza.
Este ambiente de urgencia e improvisación tiene claramente de fondo un interés electoral, ya lo estamos observando: organizaciones están prometiendo a adultos mayores del estado de Michoacán su inclusión al Programa de Apoyos a Adultos Mayores en Oportunidades, cuando las reglas de operación del Programa no lo permiten.
Es necesario que la secretaria Aranda comparezca y explique lo anterior, las modificaciones que se están realizando al Programa Oportunidades y los abusos que dichos cambios están provocando.
Compañeras y compañeros legisladores, existen muchas dudas.
- Por qué se está publicitando el SARO (Sistema de Ahorro para el Retiro en Oportunidades), prometiendo que el gobierno aportará una cantidad similar al ahorro de las personas de entre 30 y 69 años beneficiarios de Oportunidades, cuando no se solicitaron ni aprobaron recursos presupuestales para tal fin, además de que no se ha definido la normatividad correspondiente.
Requerimos la comparecencia de la Secretaria de Desa-rrollo Social pero, además, es necesario contar de manera inmediata con la información relacionada con todos esos cambios.
Lo anterior en apego al artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 que obliga a las dependencias y entidades a informar a la Cámara de Diputados sobre "todo lo referente a donativos, destino y finalidad de programas sociales y de subsidios, cancelación, modificación o selección de los mismos, lo relativo al Programa Oportunidades, cambios de partida, descuentos salariales así como a los programas y proyectos de inversión"; (Numeral III, artículo 30, decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006).
Por lo expuesto, solicito, como asunto de obvia y urgente resolución, a esta soberanía la aprobación de la siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar la comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados de la titular de la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, en relación con las modificaciones que se están realizando al Programa Oportunidades y su posible uso electoral.
Segundo. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social, en apego al artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, informe, de manera urgente y amplia, sobre los cambios que se están realizando al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2006.
Dip. Clara Brugada Molina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A INTERVENIR Y A SOLICITAR POR LA VÍA DIPLOMÁTICA
AL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE EL ESCLARECIMIENTO DE LA MUERTE DE LOS INDOCUMENTADOS
MEXICANOS CARLOS DELGADILLO MARTÍNEZ, GUILLERMO MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ E ISMAEL SEGURA MÉNDEZ, ACAECIDA EN LA FRONTERA
NORTE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL ABDALA DE LA FUENTE, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal José Manuel Abdala de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la vía diplomática intervenga y solicite al gobierno norteamericano el esclarecimiento de las muertes de los indocumentados mexicanos Carlos Delgadillo Martínez, Guillermo Martínez Rodríguez e Ismael Segura Méndez.
Considerandos
Que han sido varios los casos en donde las autoridades policíacas fronterizas de Estados Unidos se han visto implicadas en persecuciones y muertes de migrantes mexicanos, que en busca del sueño americano han sufrido maltratos, vejaciones e incluso algunos han perdido la vida.
El número de baleados aumenta cada año, pese a que desde el año 2000 hay un acuerdo entre ambos países que obliga a la patrulla fronteriza a usar armas "no letales inmovilizantes con polvo de pimienta" y sólo en caso de que sus agentes sean agredidos por los migrantes. Cosa que no sucede de acuerdo a comentarios de acompañantes que han estado cerca de un abuso de autoridad.
El pasado 14 de diciembre de 2005 Carlos Delgadillo Martínez murió en su intento por cruzar el Río Bravo de Nuevo Laredo a Laredo, Texas. Esto debido a que un helicóptero de la patrulla fronteriza descendió más de lo debido originando con ello que se volteara la llanta en la que iba y por no saber nadar se ahogo, los elementos de policía hicieron caso omiso a los gritos de auxilio por parte de este joven originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su cuerpo fue encontrado 14 días después.
En lo que respecta al caso de Guillermo Martínez Rodríguez, asesinado por la espalda el pasado 30 de diciembre de 2005 en Tijuana, BC, por un agente de la patrulla fronteriza cuando intentaba cruzar el muro, este hecho corresponde al mismo patrón del que se valen otros vigilantes para atemorizar a los migrantes.
Otro hecho igual de lamentable fue en contra del joven indocumentado Ismael Segura Méndez de oficio jardinero y originario de Los Guerra, Tamaulipas, el pasado 14 de enero de 2006 en el poblado de Escobares, cerca de Roma, Texas, en donde después de ser esposado por la policía norteamericana recibió un balazo que le cegó la vida.
La pregunta es: ¿por qué la patrulla no usa las balas de polvo de pimienta o armas menos letales, como establece el acuerdo? ¿Acaso la utilización de armas de fuego seguirá siendo el instrumento adecuado para ellos en el combate al problema de la migración?
Mientras el gobierno norteamericano siga apoyando a la policía fronteriza en la aplicación de estas medidas y no calculen el costo social, en términos de seres humanos, nunca pensarán en el número de personas que pueden morir, porque, para ellos, los inmigrantes tienen la culpa, aunque esto se trata de una realidad económica e histórica de Estados Unidos y México. Y ambos gobiernos siguen ignorando la realidad.
Dos de estos jóvenes son originarios del distrito que represento, de ahí mi más enérgica protesta para que estos hechos mencionados sean esclarecidos y que no queden impune la muerte de estos jóvenes que el único delito que cometieron fue el buscar una mejor vida para sus familias.
Que las familias de estos jóvenes mexicanos muertos reclaman hoy más que nunca que la justicia impere por sobre cualquier interés que pretenda opaca el esclarecimiento de estos crímenes.
El gobierno mexicano debe hacer algo ante la mala imagen que se esta proyectando en los Estados Unidos con nuestros connacionales, ya que se les está viendo como un enemigo, en lugar de verlos como gentes que entran con el solo deseo de trabajar para mejorar una condición de vida que en nuestro propio país se les ha negado, por falta de proyectos sociales por parte del Gobierno Federal que les permita vivir con decoro.
Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Único: Se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la vía diplomática intervenga y solicite al gobierno norteamericano el esclarecimiento de las muertes de los indocumentados mexicanos Carlos Delgadillo Martínez, Guillermo Martínez Rodríguez e Ismael Segura Méndez.
Palacio Legislativo de San Lázaro,a 7 de febrero de 2006.
Dip. José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL A REFORESTAR
LA SIERRA DE SAN MARTÍN BOLAÑOS, A CARGO DE LA DIPUTADA LORENA
TORRES RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Lorena Torres Ramos, diputada federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a que reforesten la Sierra de San Martín de Bolaños del estado de Jalisco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A escala mundial, según lo anunció la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO el 14 de noviembre de 2005 en Roma, la pérdida anual neta de superficie forestal entre los años 2000 y 2005 fue de 7.3 millones de hectáreas anuales, que equivalen a la deforestación del 0.18 por ciento de la superficie mundial cada año.
La República Mexicana ocupa segundo lugar mundial en deforestación, situación grave por la pérdida de bosques, cuyo avance nuestras autoridades competentes reconocen e inventariaron, no así el establecimiento efectivo de medidas para combatir la pérdida forestal nacional.
Los efectos de la deforestación mundial se están manifestando en condiciones climáticas anómalas, circunstancias ambientales apreciables en la pasada temporada de huracanes del año 2005, que provocaron inundaciones de proporciones por todos conocidos, debido a que los suelos carecían de capacidad de absorción o retención de agua como consecuencia de la deforestación.
Perjuiciosos acontecimientos ambientales, que los habitantes de la sierra del municipio de San Martín de Bolaños del estado de Jalisco quieren evitar o desminuir con una pronta reforestación de sus montañas, debido a que es manifiesta la deforestación de sus bosques y que de continuar la pérdida de flora se alcance el punto de irreversibilidad por el impacto ambiental desfavorable que imperará.
Los habitantes de esta región consideran que con la reforestación sustentable de las serranías, mejorará su condición de vida, ya que dispondrán de mayores beneficios provenientes de las actividades forestales, además conservarán sus cuencas hidrológicas en condiciones apacibles y ecosistemas estables y en equilibrio con el medio ambiente.
Los pobladores del municipio de San Martín de Bolaños del estado de Jalisco, manifiestan, que si sus bosques son reforestados mediante acciones inmediatas y decididas, se interrumpirá su tendencia irreversible y por lo contrario éstos montes se convertirán en zonas forestales sustentables, porque se inhibirá la tala clandestina y otras labores ilícitas, se desmotivará y disminuirá el cultivo y trafico de enervantes, además dará lugar al ordenamiento territorial que establecerá el uso de suelo de acuerdo a su vocación natural y se logrará un clima de seguridad que propiciará la prosperidad social y económica de las comunidades que habitan las zonas forestales y serranas.
Argumentan los habitantes de la sierra del municipio de San Martín de Bolaños del estado de Jalisco, que ellos son respetuosas del entorno ecológico, pero que ante la pasividad o consentimiento de las autoridades para evitar las prácticas anárquicas o drásticas de deforestación, están desmotivados los coterráneos en lo general para guardar el debido cuidado y de no contaminar o degradar los bosques, suelos y aguas, no obstante que con tal apatía se pone en peligro la biodiversidad y se incremente hasta alcanzar la extinción de las actuales especies amenazadas, tanto en el medio rural como en la cabecera municipal.
La Comisión Nacional Forestal, fue creada por decreto presidencial el 4 de abril del año 2001, como un organismo público descentralizado, con el objeto de que desarrolle, favorezca e impulse las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, asimismo participe en la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la política de desa-rrollo forestal sustentable.
Los diversos argumentos de la Comisión Nacional Forestal, que se transcriben:
Visión del PNF (Programa Nacional Forestal) 2001-2006
La visión de futuro del sector forestal en el año 2025 es la guía para los esfuerzos de la sociedad y el gobierno. Esta visión permite comprender que el futuro no es lo que irremediablemente sucederá, sino el producto de una actitud colectiva para imaginar con claridad cómo se desea que éste sea y decidir las acciones necesarias para hacerlo realidad. Esta visión señala las principales características del sector forestal que queremos construir para afirmar un compromiso de largo plazo con la sociedad mexicana.
La política forestal tiene como objeto el desarrollo forestal sustentable que se define como el proceso que tiende a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales para el beneficio de la sociedad, mejorando la calidad de vida, sin afectar el equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales.
Objetivos del PEF (Programa Estratégico Forestal) para México 2025
Impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad.
La que suscribe, con la finalidad de que las presentes y futuras generaciones tanto de la serranía del municipio de San Martín de Bolaños del estado de Jalisco, de esta entidad como del resto de México, cuenten con zonas forestales sustentables, presento a esta honorable colegiado el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a que reforesten la sierra del municipio de San Martín de Bolaños del estado de Jalisco, mediante el Programa Nacional Forestal 2001-2006, con la finalidad de que sus bosques se conviertan en zonas forestales sustentables, como lo contempla el diverso objetivo del programa Estratégico Forestal para México 2025.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2006.
Dip. Lorena Torres Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE
EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A REALIZAR UN ANÁLISIS JURÍDICO-CONSTITUCIONAL
SOBRE LOS NUEVOS CONTRATOS DE FRANQUICIA PARA DISTRIBUIDORES DE GASOLINA,
A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El grupo parlamentario del PRD, conforme lo que establecen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos mexicanos, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución con base en los siguientes
Antecedentes
Petróleos Mexicanos dio a conocer recientemente un nuevo contrato de franquicia con expendedores de gasolinas, elaborado bajo la conocida neurosis privatizadora que posee al gobierno del Presidente Fox.
Este contrato contiene una cláusula llamada de protección que pide a los distribuidores comprar el suministro exclusivamente a Pemex por los cinco años siguientes a la firma del contrato, aparentemente desconociendo que de acuerdo a ley vigente, dentro de cinco años existirá la misma obligación que hoy de comprar la gasolina a Pemex en el mismo esquema.
Según el periódico Reforma, fuentes no oficiales de la paraestatal plantean que la cláusula de protección es normal en este tipo de franquicias, sin embargo, considerando que no hay ninguna reforma constitucional que plantee la apertura del sector y que por ello Pemex sigue siendo por Ley el único proveedor de combustible en México, este nuevo contrato de franquicia resulta violatorio de la constitución ya que prevé una situación que en ella se prohíbe.
Mayor suspicacia despierta este asunto cuando a más de 7 años de que caduque el contrato de franquicia vigente, la paraestatal está presionando a los distribuidores de gasolinas para que adopten este nuevo esquema, bajo el estímulo de incremento de comisiones.
Estamos solicitando a través de los conductos oficiales, copia de los contratos de franquicia a Pemex, para que esta soberanía tome conocimiento de este asunto y se haga lo conducente para hacer cumplir la ley que rige nuestro sector energético
Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de ésta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: La H. Cámara de Diputados exhorta al director general de Pemex a que realice un análisis jurídico constitucional a los términos que se han establecido en los nuevos contratos de franquicia con distribuidores de gasolina, específicamente en lo referente a la cláusula de protección integrada en dichos contratos, a efecto de que los términos contractuales reflejen plenamente las disposiciones constitucionales previstas, y mientras tanto esto no ocurra, se abstengan de seguir firmando los mencionados contratos.
Segundo: La H. Cámara de diputados previene a la Secretaría de la Función Pública, así como a la Procuraduría General de la República de que, de la elaboración y firma de los contratos de franquicias de Pemex, pueden derivarse responsabilidades administrativas imputables a los servidores públicos involucrados en el proceso del otorgamiento de franquicias para la distribución de gasolina.
Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de febrero de 2006.
Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN,
A EMITIR DE INMEDIATO EL PERMISO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DEL METRO; Y A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y A LAS FEDERALES, A APLICAR LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR AL ALCALDE DE DICHA LOCALIDAD POR OBSTACULIZAR
TALES TRABAJOS, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los integrantes de la diputación federal por el estado de Nuevo León del grupo parlamentario del PRI de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 y 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a emitir de inmediato el permiso para la realización de las obras de construcción del Metro en su territorio, por ser esta obra de beneficio social; y se exhorta a las autoridades federales y a las estatales para que, en el marco de la legislación vigente, se apliquen las sanciones a que haya lugar al presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Miguel Ángel García Domínguez, por la obstaculización de la realización de esta obra, en perjuicio de los habitantes del municipio.
Consideraciones
Los sistemas de transporte colectivo denominados popularmente como "Metro" son actualmente el principal medio de transporte en las ciudades modernas del mundo, por su amplio y positivo impacto en términos de vialidad y de ahorro económico para sus usuarios.
El Metro ha venido a ser la solución al crecimiento desmedido del parque vehicular en las ciudades modernas que ha amenazado convertir en zonas de colapso vial sus avenidas. En ciudades como la de México sabemos que este sistema transporta a decenas de millones de personas al año, de todos los sectores sociales de la población. Debemos destacar que este transporte es el principal medio por el que se desplaza la clase con menores recursos, que de otra manera debe aplicar una parte considerable de su salario en otro tipo de transporte urbano.
En este sentido, Nuevo León, en su capital, Monterrey, ante el dinámico crecimiento de su zona metropolitana, que es de las que cuenta con uno de los mayores índices de inmigración nacional interna, se construyó el Metro como el medio de transporte que, de cara al futuro inmediato, diera una solución integral a la problemática del trasporte público. Actualmente, el Metro de Monterrey es uno de los principales medios de transporte en el estado, que transita ya por algunos de los municipios que forman la zona metropolitana, en los que se ha considerado atender de manera prioritaria e integral las necesidades del trasporte público.
Todos sabemos que el dinamismo de nuestro estado hace que los asentamientos de los habitantes se instalen en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, que abarca varios municipios, lo que hace indispensable que este tipo de transporte colectivo siga creciendo hacia donde se hace necesario atender su demanda de manera inmediata. La planeación de su ampliación debería ser hacia los municipios de San Nicolás de los Garza y de General Escobedo, en los que se ha dado el mayor dinamismo de desarrollo en los últimos años.
Así, con pleno respeto de la autonomía municipal, las autoridades estatales y las municipales, de ambos municipios, suscribieron un convenio para acordar la construcción de esta obra de beneficio social.
De esa forma, las autoridades estatales y los legisladores federales nos abocamos, dentro de nuestros respectivos ámbitos de atribuciones, a la consecución de los recursos para llevar a cabo estas ampliaciones por considerar esta obra de trascendental importancia para apoyar el desarrollo del estado, pero sobre todo para apoyar a los grandes sectores de la población que utiliza este transporte.
Así, en diciembre de 2004, durante las negociaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, después de intensos esfuerzos de cabildeo con las autoridades hacendarias, se logró destinar 430 millones de pesos para llevar a cabo estas obras de ampliación del Metro. Por todos es sabida la problemática que se presentó con el Ejecutivo federal, con una parte del presupuesto aprobado por el Congreso, dentro de los que se encontraban los destinados a esta obra.
Cabe señalar que, independientemente de la controversia presentada contra esta parte del Presupuesto de 2005, las autoridades hacendarias siempre mostraron su disposición al apoyo de esta obra, comprometiendo además este apoyo para el presente ejercicio presupuestal, el de 2006.
Por lo anterior, la primera parte de los recursos fue liberada para dar inicio a la obra, y las autoridades estatales procedieron al inicio de su realización, a cuyo acto protocolario acudieron las autoridades federales y las estatales, y los presidentes municipales de Monterrey, San Nicolás de los Garza y General Escobedo. Un tiempo después, de manera inesperada, el presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Miguel Ángel García Domínguez, por cuestiones estrictamente políticas, por ser de extracción de un partido político diferente al del gobierno del estado, comenzó un despliegue mediático de oposición a la obra, haciendo caso omiso del convenio que había suscrito, con el argumento de que algunos se oponían a su construcción por la vía aérea, por lo que ésta tenía que ser subterránea, con lo cual los costos se elevaban desproporcionadamente y hacía irrealizable el proyecto con los recursos obtenidos.
Cabe señalar que la posición del presidente municipal ha variado, de subterráneo en una parte y otras subterráneas, sin algún soporte técnico, solo su argumento de que algunos se oponen, pero en el fondo solo es el afán de lograr aparecer en los medios de comunicación, en una abierta promoción política personal y sin considerar que con ello se está dejando sin la posibilidad de un transporte a centenas de miles de personas, no solo habitantes del municipio, sino a todas las que habitan la zona metropolitana que harían uso de este medio de transporte.
Sólo a manera de ejemplo, se señala que se quita la posibilidad de contar con un transporte económico y eficiente a 120 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 100 mil trabajadores. En fin se estima que afectaría a aproximadamente a 550 mil habitantes de la zona metropolitana.
Se insiste: son centenas de miles de habitantes de todos los sectores sociales de la zona metropolitana los que se quedarían sin un transporte eficiente y económico; pero también se perderían los 430 millones de pesos ya liberados para su aplicación en la obra y una cantidad igual comprometida por las autoridades federales para el presente año. Es decir, por una promoción personal se están dejando de aplicar en benéfico de la población, recursos por un monto cercano a los 860 millones de pesos. Inversiones que como todos sabemos, además del beneficio social de la obra misma, representa una enorme cantidad de oportunidades de empleos directos e indirectos, para los habitantes de la zona y las cadenas productivas. Se insiste: todo por la irresponsabilidad de una sola persona que no ve más allá de su interés de promoción personal, y que en el más burdo de los ridículos ha manifestado que saldrá a botear para conseguir los recursos para que las obras sean subterráneas.
Evidentemente, esa posición política no se sustenta técnicamente con el porqué de la viabilidad de estas obras subterráneas; los estudios de suelo; la factibilidad de la connivencia de instalaciones del subsuelo, los estudios de impacto ambiental, etcétera.
Se reitera: no se puede permitir que por un afán de promoción política personal se perjudique de manera directa e inmediata a centenares de miles de habitantes de la zona metropolitana; se hagan nugatorios los esfuerzos de esta H. Cámara de Diputados para otorgar el presupuesto necesario para la construcción de la obra mencionada; se tengan que regresar los recursos ya depositados en el estado por las autoridades federales para la obra, y los ya comprometidos por las mismas para el presente ejercicio presupuestal.
Con base en las consideraciones anteriores se presenta al Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al municipio de San Nicolás de los Garza, del estado de Nuevo León, a emitir de inmediato el permiso para la realización de las obras de construcción del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, en su territorio, por ser esta obra de beneficio social.
Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y a las estatales para que, en el marco de la legislación vigente, se apliquen las sanciones a que haya lugar al presidente municipal de San Nicolás de los Garza Nuevo León, Miguel Ángel García Domínguez, por la obstaculización de la realización de esta obra, en perjuicio de los habitantes del municipio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2006.
Dip. Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL ESTABLECER UN PROGRAMA DE COMPENSACIONES
PARA LOS AFECTADOS POR EL REVESTIMIENTO DEL CANAL TODO AMERICANO (ALL-AMERICAN),
A CARGO DEL DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal el establecimiento de un programa de compensaciones para las personas afectadas por el revestimiento del canal Todo Americano (All American) basado en las siguientes
Consideraciones
El Congreso de Estados Unidos de Norteamerica y el conjunto de autoridades de ese país involucradas en el proyecto de hacer más eficiente el uso y aprovechamiento del agua en la región sur del estado de California, han iniciado los procedimientos para revestir el fondo del canal Todo Americano (All American). La intención manifestada en la reforma legislativa que dio origen a esta obra de infraestructura hidráulica, era la de aumentar el flujo del recurso hacia diversas reservaciones indias del condado de San Diego y para aumentar en general el agua disponible para el consumo en el estado de California.
El canal Todo Americano (All American) fue construido en la década de 1930, entró en funcionamiento a partir de 1940 como parte del sistema hidráulico para dotar del recurso a la región desértica del sur de California y forma parte del distrito de riego Imperial. Tiene una longitud aproximada de 132 kilómetros y actualmente presta servicio a nueve ciudades e irriga 500,000 acres de tierras cultivables en el propio Valle Imperial. Inicia en la presa Imperial en el río Colorado y se dirige al sur y después al oeste a lo largo de la frontera con México. Según estudios realizados por el United States Bureau of Reclamation (USBR) se pierden por filtraciones en un trayecto de 37 kilómetros aproximadamente 86 millones de metros cúbicos de agua al año.
Sin dejar de reconocer el derecho que asiste a las autoridades gubernamentales del país vecino en la definición de las formas en que aprovechan los recursos naturales de que disponen, es necesario mencionar que la realidad de la frontera en sus aspectos económicos, culturales y sociales, exige la coordinación, pero principalmente la cooperación de ambos países para limitar los impactos negativos que las decisiones que cada Estado ejecuta en el ejercicio de su soberanía, pudieran tener sobre amplios grupos de la población en ambos lados de la frontera. Diversos estudios coinciden en que las filtraciones de agua del Canal a través del subsuelo que se dan de forma natural contribuyen en un 12 % aproximadamente en la recarga de los pozos que alimentan al Valle de Mexicali. El impacto negativo no sólo es en términos de la cantidad de agua disponible que se vería reducida, sino en la calidad de la misma, ya que la filtración de estas aguas permiten reducir la salinidad del agua en el subsuelo del Valle, y por lo tanto aumentar su calidad para el uso tanto agrícola, como industrial, así como para el consumo doméstico.
Hasta el momento, y al no haberse iniciado aún la construcción del nuevo canal recubierto o de cubrir el fondo del canal actual, los efectos negativos aún no se han presentado. Sin embargo, y al ser ésta una obra que continúa su proceso, la respuesta del gobierno mexicano no ha sido lo enérgica que la magnitud del problema demanda. Es necesario, que de forma conjunta Estado y sociedad organizada lleven a cabo las acciones indispensables para exigir del gobierno norteamericano las indemnizaciones que por elemental justicia corresponden a las personas afectadas en el Valle de Mexicali por esta obra. El estatus de vecinos territoriales, socios comerciales y aliados estratégicos en la integración del bloque económico de Norteamérica obliga a buscar el equilibrio indispensable en el uso y disfrute de los recursos naturales en la frontera compartida, y a no permitir que se impongan las decisiones del más fuerte, por sobre los derechos que como nación soberana México ostenta.
El 11 de noviembre del 2004 presenté un punto de acuerdo relacionado con esta problemática, que fue aprobado por el Pleno de esta soberanía, no obstante, dicho esfuerzo no ha sido suficiente. Por lo tanto, es necesario insistir y proponer nuevas vías de acción que permitan limitar el impacto negativo de esta medida.
La defensa de los derechos de los mexicanos es una obligación irrenunciable de nuestra tarea legislativa, hacer que su voz se escuche en el ámbito nacional es mi deber como diputado federal, y enfrentar los problemas y retos que surgen de nuestra relación con la mayor potencia económica es una tarea que esta Cámara de Diputados debe afrontar como una de sus principales tareas en la búsqueda de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Defender los legítimos intereses y los derechos de aquellos productores nacionales y en general de quienes usan el agua en el Valle de Mexicali, es una expresión clara de la defensa de la soberanía nacional que la Cámara de Diputados representa. Una buena vecindad está basada en el respeto y la cooperación, pero es obligación de cada Estado defender a sus connacionales, y en el marco de la atención de los problemas causados por causas geográficas como el que nos ocupa, ninguna de las partes debe tomar decisiones sin considerar las consecuencias que más allá de sus límites territoriales pueden generar.
En el estado actual de la situación, queda claro que las acciones emprendidas por el Gobierno Federal no han sido suficientes para evitar la continuación del proyecto, cuyo calendario señala septiembre de 2008 como fecha para finalizar las obras. En consecuencia, queda como opción exigir el establecimiento de un programa de compensaciones para mitigar el efecto que esta obra tendrá sobre los productores y consumidores del Valle de Mexicali. Por lógica jurídica, son las autoridades mexicanas quienes deben compensar a los usuarios nacionales cuando se reduzca el agua disponible, pero es obligación del Gobierno Federal, en el marco de los diversos acuerdos y tratados que dan forma a nuestra relación con los Estados Unidos de América, exigir los recursos económicos necesarios para cumplir dichas compensaciones.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al Ejecutivo federal la aplicación de un programa de compensaciones para las personas que resulten afectadas en el Valle de Mexicali por la reducción del agua disponible a partir del revestimiento del canal Todo Americano (All-American).
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CNA) a que implemente un programa que permita mantener el abastecimiento necesario del recurso hídrico para productores, agricultores y demás usuarios del Valle de Mexicali que se vean afectados por el revestimiento del canal Todo Americano (All-American).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de febrero de 2006.
Dip. Norberto Corella Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR
UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE VIGILE LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS
ELECTORALES, ASÍ COMO LA LEGITIMIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO
ELECTORAL FEDERAL DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO ZEBADÚA GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Emilio Zebadúa González, integrante del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23 párrafo 1 inciso f, 42 párrafo 1, 43 párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58, 78,89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación de una comisión especial que vigile la actuación de los organismos electorales así como la legitimidad y transparencia del proceso electoral federal de 2006 al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El proceso electoral federal del presente año, reviste la mayor importancia, tanto para el futuro de nuestro sistema político como para la consolidación de la democracia en nuestro país, ya que en la calidad de la contienda política y de las condiciones de equidad de la competencia electoral descansará necesariamente la legitimidad de quien resulte electo como Presidente de la República y del gobierno que encabece.
Por esa razón es que, con el ánimo de coadyuvar al buen desarrollo del proceso electoral federal, los que suscribimos la presente propuesta, consideramos necesario que la Cámara de Diputados desde su ámbito de competencias, vigile que la aplicación de los recursos públicos y programas sociales no sea desviada para fines de proselitismo para favorecer una candidatura o bien, que el derecho que tienen los partidos políticos para acceder a los medios de comunicación sea ejercido de manera equitativa, que se denuncie públicamente la existencia de recursos de dudosa procedencia y el gasto excesivo y que la competencia electoral permita que los ciudadanos emitan su voto libremente.
Desde 1988 hasta hoy en día, en la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que se derivan de su régimen interno, ha sido una práctica recurrente la creación de comisiones especiales que tengan por objeto ejercer sus facultades de control, de vigilancia y fiscalización que se derivan del propio ordenamiento constitucional, como un mecanismo de contrapeso y de rendición de cuentas de la actuación del Poder Ejecutivo, pero también han servido como un instrumento válido para darle seguimiento a los procesos electorales a efecto de contribuir a que se respete la voluntad del electorado.
Conocemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención a diversas controversias constitucionales presentadas en 1997 y 1999, emitió resoluciones contradictorias que establecen criterios diferenciados sobre la competencia de la Cámara de Diputados sobre la materia, de los procedimientos a seguir, la naturaleza jurídica de las mismas, así como los efectos y alcances de su mandato, lo que ha hecho difícil que las comisiones especiales que se crean con este objeto, cumplan con su función como parte del andamiaje institucional de nuestro Congreso.
La Comisión Especial que proponemos se abocaría a la vigilancia de los organismos electorales con las atribuciones que le confiere la Constitución a fin de:
b) Vigilar que el gasto de los partidos políticos no exceda a los topes fijados por la legislación electoral y denunciar públicamente la existencia de recursos de dudosa procedencia.
c) Vigilar que las condiciones de equidad en los medios de comunicación, tanto en prensa escrita como en los medios electrónicos, no afecte la competencia electoral.
d) A través de los representantes del poder legislativo en el Consejo General del IFE, se buscará que esta soberanía cuente con la información oportuna de los trabajos de organización del proceso electoral a cargo del propio Instituto Federal Electoral.
Por las anteriores consideraciones se propone el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se propone la creación de una Comisión Especial que vigile la actuación de los organismos electorales así como la legitimidad y transparencia del proceso electoral federal de 2006.
El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen tanto la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Segundo.- Esta Comisión Especial estará integrada por el número de diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios que acuerde la Junta de Coordinación Política.
Tercero.- La Comisión Especial podrá solicitar toda la información que estime pertinente a efecto de cumplir con sus funciones.
Cuarto.- La Comisión Especial rendirá su informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Quinto.- En caso de que derivado del desempeño de sus funciones y de la información con la que cuente, se encuentren elementos que presuman la existencia de irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales, se estará a lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos aplicables de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación a efecto de llevar a cabo las acciones legales correspondientes.
Sexto.- Esta comisión especial funcionará hasta el término de la LIX legislatura a efecto de que rinda su informe.
Séptimo.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2006.
Dip. Emilio Zebadúa González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR ESTE AÑO EN LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ONU UNA RESOLUCIÓN DE PROCLAMA DE MORATORIA UNIVERSAL
DE EJECUCIONES DE PENA CAPITAL, CON MIRAS A LA ABOLICIÓN DEFINITIVA
DE ÉSTA, A CARGO DE LA DIPUTADA AMALÍN YABUR ELÍAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Considerando
En México y el mundo, el concepto de derechos humanos ha adquirido importancia y profundidad durante los últimos años, como resultado de una visión humanista de la organización social y como consecuencia de múltiples manifestaciones de actos de autoridad, y aún de individuos particulares, que ofenden el sentimiento de integridad y dignidad inherentes a toda persona.
La protección de la vida de un ser humano es considerado como la más elemental de las defensas, puesto que de la vida deriva todo el potencial de desarrollo y realización de la persona; múltiples formas de atentados a la vida se consideran, en nuestros días, como claras violaciones a los derechos humanos.
El respeto de los derechos humanos constituye y debe constituir el objetivo primordial de la organización política de las sociedades modernas.
La pena de muerte es uno de los temas pendientes en el terreno de los derechos humanos: de hecho, la propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU, aprueba, desde 1997, cada año una resolución que afirma que "la abolición de la pena de muerte contribuye al realzamiento de la dignidad humana y al progresivo desarrollo de los derechos humanos.
En México, su aplicación ha sido prácticamente letra muerta en los últimos 44 años: no obstante estar contemplada en nuestra legislación, no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde el 9 de agosto de 1961 y por ello nuestro país ha sido considerado "abolicionista de hecho".
En el último año, el Estado mexicano decidió sumarse a los países absolutamente abolicionistas y por esto emprendió acciones decisivas, principalmente en el ámbito de las reformas legislativas, encaminadas a erradicar la pena de muerte de manera definitiva y total de nuestro país.
La posibilidad teórica de que fuese aplicada en los tribunales militares ha existido hasta el pasado 29 de junio, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código de Justicia Militar que suprime la pena capital en el ámbito de la jurisdicción castrense.
El proceso abolicionista está por culminar, ya que el 23 de junio del 2005, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado por la que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminando cada referencia a la pena capital en ella, e introduciendo de forma clara su prohibición.
Por otra parte, el 18 de noviembre de 2005, tras la aprobación a instancia de 16 de los 31 parlamentarios de los estados de la Federación mexicana, el Senado ha emitido un decreto que declara cumplida la reforma constitucional y lo traspasó al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
De esa forma, va a desaparecer el último resquicio de la pena de muerte todavía presentada en la legislación de México y con ello también la posibilidad teórica de su reintroducción, desde el momento en que el Estado mexicano ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José del 22 de noviembre de 1969) que en el punto numero 3 del artículo 4o. señala: "No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido".
En estos años, México no sólo ha cumplido todos los pasos internos para la abolición completa y definitiva de la pena de muerte, sino que ha sido también el país que mas se pronunciado en diversos foros en contra de la pena de muerte y que más ha intervenido bilateralmente enfrentándose con los países que la mantienen.
En 2001 el Tribunal Supremo de México decidió la inconstitucionalidad de extraditar a ciudadanos mexicanos a países donde esté en vigor la pena de muerte.
En enero de 2003, México ha llevado a juicio a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por violaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, no habiendo informado a ciudadanos mexicanos imputados en procesos de pena capital de su derecho a una asistencia legal por parte del propio consulado, y obteniendo justicia, ya que el 31 de marzo de 2004, la Corte ha aprobado el recurso del gobierno mexicano y ha ordenado a Estados Unidos revisar los casos de 51 mexicanos reclusos en los corredores de la muerte de 10 estados de la Unión.
Desde 1998, México ha copatrocinado la resolución contra la pena de muerte aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y el 20 de abril de 2005, convertido en miembro, no sólo la ha copatrocinado, sino que también ha votado a favor.
El 28 de octubre de 2005 México ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en 1998 que excluye la pena de muerte como castigo aun para los delitos más graves, genocidio, crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, significando esto que si no debe usarse para los delitos en comento, menos aun para los que son más leves.
En la actualidad, la legislación internacional esta evocada a exigir la abolición de la pena de muerte, mientras a nivel nacional la tendencia es claramente abolicionista; de hecho, la situación jurídica y política de la pena de muerte en el mundo esta cambiado radical y favorablemente e los últimos 10 años, siendo hoy los países miembros de la ONU que todavía la mantienen 55,42 menos respecto a 1994.
En concreto, el informe del año 2005 de la organización no gubernamental Que Nadie toque a Caín menciona que a día 31 de octubre del 2005, 136 países miembros de la ONU han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica: de ellos, los países totalmente abolicionistas son 86; los abolicionistas para todos los delitos salvo los de carácter excepcional, como los cometidos en tiempos de guerra, son 9; 1 país, Rusia, en cuanto que miembro del Consejo de Europa se ha comprometido a abolirla y, entre tanto práctica una moratoria de las ejecuciones; los que han proclamado una moratorio de las ejecuciones son 5; los países abolicionistas de hecho, que no practican ejecuciones capitales desde hace más de 10 años, son 35.
El mismo informe señala que los países miembros de la ONU que mantienen la pena de muerte son 55, aunque no todos impusieron condenas de muerte ni llevaron a cabo ejecuciones en 2004, y la tendencia al abandono de la pena de muerte se confirma también en la disminución que se registra cada año no sólo del número de los países que la mantienen, sino, entre estos, de los que practican de hecho, en 2004, sólo 24 de estos países han practicado ejecuciones, frente a los 29 de 2003 y en 2004 fueron al menos 5.520, frente a las 5.600 registradas en 2003.
Pero el dato significativo es que de los 55 países que mantienen la pena de muerte miembros de la ONU, 42 son países dictatoriales, autoridades o no liberales; en estos países, en el 2004, se han efectuado al menos 5.458 ejecuciones, lo que equivale a 98.9% del total mundial; un solo país, China, ha practicado al menos 5.000, lo que sería 90.5% del total mundial, Irán ha efectuado al menos 197 y Vietnam al menos 82.
Muchos de estos países no facilitan datos oficiales acerca de la pena de muerte, por lo que el número de ejecuciones podría ser mucho mayor, y si miramos debidamente las cosas, en estos países, la solución definitiva del problema, mas que de la lucha contra la pena de muerte, vendrá de la lucha por la democracia, por la implantación del estado de derechos y por la promoción y el respeto de los derechos humanos políticos y de las libertades civiles.
Mientras que de los 55 países miembros de la ONU que mantienen la pena de muerte, son 13 de los que podemos definir como democracias liberales, sólo 4 de éstos han practicado la pena de muerte en 2004, con una total de 62 ejecuciones, lo que equivale a 1,1% del total mundial: Estados Unidos 59, Japón 2 y la India 1.
La ONU ha jugado en los últimos años un papel central en la promoción de la abolición de la pena de muerte.
Tras la derrota en 1994 en la Asamblea General de la ONU, por tan sólo 8 votos, de una resolución para la suspensión de las ejecuciones capitales; en 1997, la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU ha aprobado cada año una resolución en la cual manifiesta su convicción de que "la abolición de la pena de muerte contribuye al realzamiento de la dignidad humana y al progresivo desarrollo de los derechos humanos", y pide "una moratoria de las ejecuciones capitales para potenciar la completa abolición de la pena de muerte.
El 20 de abril de 2005, con 26 votos a favor, 17 en contra y 10 abstenciones, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó, por novena vez consecutiva, una resolución contra la pena de muerte, la cual ha incluido además este año el patrocinio de 81 sponsors, el número más elevado nunca obtenido en la historia de la resolución presentada en la Comisión, lo cual es un testimonio positivo de la evolución en los últimos años en la comunidad internacional sobre el tema de la pena de muerte.
La campaña internacional a favor de una moratoria universal de las ejecuciones capitales se ha revelado como una iniciativa pragmática y eficaz contra la pena de muerte: de hecho, a raíz de los pronunciamientos de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, muchos países han convencido en suspender la condena a muerte y/o las ejecuciones y, tras algunos años de moratoria, ninguno de ellos se ha vuelto atrás en este sentido. Es más, todos han procedido a cambiar sus legislaciones en sentido abolicionista total y definitivo de la pena capital, como ejemplo tenemos lo ocurrido en muchos de los países del este de Europa y en Sudáfrica.
La campaña internacional contra la pena de muerte, iniciada en Italia a principios de los noventa, bajo el impulso de Que Nadie toque a Caín y luego llevada a cabo a través de la Unión Europea, y sostenida en estos años desde México y desde un numero siempre creciente de países de todos los continentes, solo se podrá entender como felizmente concluida cuando una resolución con los mismos contenidos que la aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra, pase también a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Desde 1997 hasta hoy, 92 de los 191 países miembros de la ONU han copatrocinado una resolución por la moratoria en la sede de la ONU; otros 8 estados, que no han sido copatrocinadores, de todas formas, siempre han votado a favor de la moratoria, mientras que otros Estados que han abolido la pena de muerte, como por ejemplo, Fiji, Tuvalu y, en el ultimo año, Senegal, Tayikistán y Liberia, podrían copatrocinar y/o votar a favor.
Con base en las posiciones de voto expresadas en los últimos años por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y en base a la situación jurídica y política de varios países sobre la pena de muerte, una resolución por la moratoria de las ejecuciones, con visitas a la abolición, obtendría en Asamblea General, al menos 100 votos a favor, la mayoría absoluta de los países miembros de la ONU, una mayoría que no podía ser nunca atacada desde el "no", teniendo en cuenta también los no pocos países indecisos que se abstendrían.
Son datos que no prometen un amplio y seguro éxito en la Asamblea General, pero para llevar a buen puerto la iniciativa y para dar una nueva y mayor fuerza con miras, especialmente, a la presentación de la resolución pro moratoria en el Palacio de Cristal, se necesita crear una coalición mundial de países promotores que comprenda Estados representativos de todos los continentes, no sólo europeos y occidentales.
Gracias a la moratoria proclamada en la ONU y en espera de una abolición mundial y total-millares de condenados a muerte podrían conservar sus vidas, no sólo ésos de los que todos se preocupan, los condenados de los corredores de la muerte norteamericanos, sino también los olvidados y anónimos reclusos de los corredores de la muerte chinos, iraníes, vietnamitas y de todos los otros regímenes autoritarios que mueren abrumados en el silencio y la indiferencia generales.
Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica del Congreso federal y los demás correlativos, me permito presentar la siguiente
Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a presentar este año en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas una resolución de proclama de una moratoria universal de ejecuciones capitales con miras a la abolición definitiva de las mismas En particular exhortándolo:
1. A tomar parte en la coalición mundial de gobiernos representativos de todas las áreas geográficas que quieran presentar a la Asamblea General de la ONU en 2006 una resolución por la moratoria universal de las ejecuciones capitales, con vistas a la abolición definitiva de la pena de muerte.
2. A llevar a la práctica inmediatamente iniciativas a nivel bilateral y multilateral en convergencia con la campaña de Que Nadie toque a Caín, de sensibilización de los gobiernos y de la opinión publica con países de todos los continentes, empezando por aquellos del norte, del centro y del sur de América y a actuar en modo tal que se asegure en la resolución promoratoria el mayor número de copatrocinadores y de votos a favor.
Dip. Amalín Yabur Elías (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONDONAR
LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES A HOTELEROS DE QUINTANA ROO, A CARGO DE LA
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN FAJARDO MUÑOZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República y 58, fracción I, del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Durante el año pasado, como sabemos, el huracán Wilma azotó las playas del estado de Quintana Roo, dejando a su paso daños irreversibles, de tal manera se disminuyó en un 6% el flujo de turistas internacionales en comparación con el 2004, adicionalmente los daños ocasionados en los aeropuertos internacionales del caribe mexicano por los embates del huracán, el flujo migratorio en el aeropuerto internacional de Cancún descendió un 5%, mientras que en el de Cozumel la reducción alcanzó el 17%, paralizando así la industria turística.
Generando que el 80% de la infraestructura hotelera fuera dañada, La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), reporta que las pérdidas económicas ascienden a mil 790 millones de dólares, y en promedio, sólo el 20% han sido entregados.
La asociación de hoteleros de Cancún pide que se les exente del pago de las cuotas obrero patronales del IMSS y del Fondo Nacional para la Vivienda de los trabajadores (Infonavit), así cómo que se le reduzcan las tarifas energéticas, correspondientes al último trimestre del 2005; esta solicitud fue hecha en diciembre pasado en la visita que hizo el C. Presidente de la República, Vicente Fox Quezada, por medio del dirigente de la AHC, Jesús Almaguer Salazar, ya que las empresas aseguradoras no han liberado los recursos para rehabilitar la planta hotelera, sólo han otorgado anticipos por el 10%, pese a que se comprometieron a pagar la totalidad de los daños , se estima que más del 50% de los centros de hospedaje no lo han recibido y ante el retraso en el pago de los seguros, diversos empresarios optaron por conseguir un crédito para poner en operación las 11 mil 839 habitaciones que hoy brindan servicio.
Desde un inicio, la asociación siempre solicitó que se exentará de esta carga impositiva, ya qué muchas empresas no podrían hacer frente a ella, porque las contribuciones son excesivas y los ingresos muy bajos; sin embargo no se dio respuesta a esto y ahora corren el riesgo de cerrar, propiciando que no podrán hacer frente a tal requerimiento y, por tanto, se estarían perdiendo fuentes de empleo importantes para el sector.
Además, los hoteles como las empresas restauranteras ya resienten de nueva cuenta una baja en la operación diaria a comparación de diciembre pasado, cuándo se logro un ligero repunte derivado de las fiestas navideñas; sin embargo el sector refleja la falta de activación de toda la infraestructura turística.
A pesar de las múltiples peticiones que ha hecho la Asociación de Hoteleros en Cancún a las autoridades federales (Presidente de la República, C. Vicente Fox Quesada; secretario de Turismo, C. Rodolfo Elizondo Torres) no ha habido una respuesta favorable a dicha solicitud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Exhortar al Ejecutivo federal a cumplir el compromiso prometido e interceder ante el IMSS e Infonavit para que exenten de contribuciones obrero-patronales del último trimestre de 2005 a los hoteleros del estado de Quintana Roo.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 7 de febrero de 2006.
Dip. María Concepción Fajardo Muñoz
(rúbrica)
El que suscribe, diputado Sergio Arturo Posadas Lara, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite solicitar respetuosamente a esa honorable Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dictamine con la mayor brevedad la iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Antecedentes
1. Con fecha 13 de octubre de 2005 presenté ante el Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
2. Con la iniciativa de referencia se busca exentar del pago del Impuesto del Valor Agregado las mercancías que importen las Secretarías de Marina, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública federal, y la Procuraduría General de la República, con objeto de destinarlas a la seguridad nacional o a la seguridad pública del país.
3. El mismo 13 de octubre de 2005, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó la mencionada iniciativa a la Comisión Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
Consideraciones
Primera. Que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalados en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictamine la iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Segunda. Para el debido cumplimiento de las funciones encomendadas a las Secretarías de Marina, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública Federal, y a la Procuraduría General de la República, se requiere la compra de diverso material bélico y equipo militar de alta especialización tecnológica, el cual sólo puede ser adquirido en el extranjero.
Tercera. Tomando en consideración la rígida disciplina presupuestal que ha aplicado el Ejecutivo federal, y en especial a las instituciones armadas nacionales, resultaría sumamente benéfico para las Fuerzas Armadas y para las dependencias que tienen a su cargo la seguridad pública del país la exención del pago del Impuesto al Valor Agregado que cubren por concepto de importaciones, lo que les permitiría realizar otras adquisiciones en un año de ejercicio.
Cuarta. La exención del pago al Impuesto al Valor Agregado no traería impacto recaudatorio a la hacienda pública, toda vez que el cobro de ese impuesto a las dependencias en comento equivale a erogar recursos económicos destinados a las propias instituciones para devolverlos al erario federal.
Por lo antes expuesto, a usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente solicito que instruya lo conducente a fin de que
Único. Con fundamento en lo dispuesto en las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se sirva excitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Palacio Legislativo, a 7 de febrero de 2006.
Dip. Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES,
A SOLICITUD DEL DIPUTADO BARUCH ALBERTO BARRERA ZURITA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, Baruch A. Barrera Zurita, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia formule excitativa a la Comisión de Transportes para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca de la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Puertos, en razón de los siguientes
Antecedentes
I.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 2 de diciembre de 2004, presenté al Pleno de esta soberanía una iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Puertos, en lo que respecta exclusivamente al régimen de concesiones y que pretende incrementar la superficie originalmente concesionada, considerando la posibilidad de que la ampliación se otorgue en función de la disponibilidad y el aprovechamiento de los espacios portuarios y el aumento de la productividad, observando criterios que preserven condiciones de equidad, competitividad y favorezcan la libre concurrencia de los agentes económicos.
II.- La iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Transportes para su dictamen, mismo que a la fecha no ha sido presentado, derivado de lo anterior comparezco ante esta soberanía para expresar las siguientes
Consideraciones
Primera.- Hoy, en día, a poco más de una década de la aprobación de la Ley de Puertos en 1993, se han producido diversos acontecimientos y existen nuevos contextos económicos en nuestro país, que no sólo justifican sino que hacen imprescindible una modificación legislativa, para actualizar el marco jurídico a la nueva realidad imperante.
Segunda.- En México el cambio de paradigma del desarrollo del sistema portuario, se convirtió en uno de los procesos de participación iniciativa privada-sector público más exitoso de los últimos años y, por tanto, no es casual, que se hayan producido incrementos importantes y sostenidos en el movimiento de cargas y pasajeros de crucero.
Tercera.- Así, en 1993, la carga total pasó de 183.5 millones de toneladas a 264.7 millones de toneladas en el 2003, lo que representó un crecimiento acumulado, superior al 44% en términos absolutos y una tasa de crecimiento media anual superior al 3.7%.
Destaca de manera particular el movimiento de contenedores, que durante el mismo periodo, pasó de 464 mil teus (contenedores de 20 pies, por sus siglas en inglés) a 1 millón 685 mil teus, lo que significó un incremento acumulado del 263% y un incremento medio anual de 13.8%.
Es decir, en ambos casos las tasas de crecimiento alcanzaron valores superiores al aumento del PIB.
De igual manera sobresale el número de pasajeros en crucero, que pasó de 1 millón 911 mil en 1993 a 5.2 millones en el 2003, lo que significó un incremento de 173 puntos porcentuales y una tasa de crecimiento medio anual de 10.5%.
En este contexto la competitividad de nuestra economía depende cada vez más, sin menoscabo de otros factores, de un sistema portuario eficiente y competitivo a nivel internacional, capaz de mover mercancías de una forma rápida, fiable, económica y segura.
Cuarta.- Ello exige la eliminación de todos aquellos factores que representen un freno o constituyan un cuello de botella para la inversión y el desarrollo, tales como la restricción de conceder a los concesionarios un área mayor al 20% de la superficie original, circunstancia que en algunos casos puede ocasionar la subutilización e incluso la ociosidad de espacios físicos que pudieran aprovecharse para incrementar el número de maniobras así como la construcción y modernización la infraestructura portuaria.
Quinta.- La iniciativa presentada responde así a la necesidad de adecuar el marco jurídico que regula las actividades del subsector marítimo-portuario a las condiciones actuales de operación, a la exigencia de elevar los niveles de eficiencia y competitividad, pero sobre todo persigue el objetivo de lograr el mejor aprovechamiento de los espacios portuarios, que permitan el incremento de las actividades y allanen el camino para proseguir con el proceso de incrementar y modernizar la infraestructura y los servicios de los puertos, lo que necesariamente traerá consigo la generación de empleos a través de la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.
Sexta.- La iniciativa presentada concierne exclusivamente al régimen de concesiones y se propone incrementar la superficie originalmente concesionada, considerando la posibilidad de que la ampliación se otorgue en función de la disponibilidad y el aprovechamiento de los espacios portuarios y el aumento de la productividad, observando criterios que preserven condiciones de equidad, competitividad y favorezcan la libre concurrencia de los agentes económicos.
El objetivo sustantivo es el aprovechamiento integral de los espacios portuarios, la atracción de la inversión y la construcción de obras bajo normas que aseguren legalidad y transparencia, que otorguen certidumbre jurídica al inversionista privado para tener la certeza de que bajo ninguna circunstancia se concedan prebendas o canonjías a determinado grupo o persona.
Octava.- Es importante el perfeccionamiento del régimen de concesiones, abonamos sin duda a la promoción de la inversión privada en las instalaciones y equipamientos portuarios, cuyo eje rector sea una legislación clara y estable en el tiempo que permita la planeación de inversiones a largo plazo bajo la consideración de que el sistema portuario fue concebido para operar con autosuficiencia financiero.
Es pertinente subrayar que la modernización del sistema portuario ha hecho posible la existencia de una oferta de servicios portuarios diferenciada por tipo de carga y por puerto, que ha propiciado a su vez la especialización y nuevas tecnologías. Este esfuerzo es producto de la creación de sinergias y de la interacción responsable y equilibrada de la iniciativa pública y privada, en la medida en que ésta última ha ido incrementando progresivamente la prestación de los servicios portuarios.
Novena.- Tenemos la certeza de que la iniciativa presentada, sin duda contribuirá a enriquecer y perfeccionar este ordenamiento jurídico, que si bien es cierto, ha coadyuvado a la modernización y a la creación de la nueva infraestructura, hoy en día se hace necesaria su revisión para abonar a la consolidación del Sistema Portuario Nacional y preserva la certidumbre jurídica para continuar incentivando a inversionistas nacionales y extranjeros a financiar los proyectos que exige el desarrollo de los puertos mexicanos.
Por lo expuesto y habiéndose cumplido en exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único.- En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envié el presente documento a la Comisión de Transportes, para que formulen el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2006.
Dip. Baruch A. Barrera Zurita (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
A SOLICITUD DE LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, solicito respetuosamente a esta presidencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien formular excitativa, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha 21 de octubre de 2004 presenté ante el pleno de esta Cámara una iniciativa que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 115, y adicionar la fracción VIII al artículo 82 y un inciso c, de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo: Que dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen sin que a la fecha se haya producido éste, no obstante que ha transcurrido en exceso el término que para el caso tenían, pues están por cumplirse un año cuatro meses desde su presentación, incumpliendo dicha Comisión con lo establecido por el artículo 87 Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que establece cinco días hábiles después de aquel en que se turne un asunto.
Tercero: La iniciativa de reforma en comento obedece a la necesidad de cubrir una laguna jurídica en la regulación de casos específicos de inegibilidad para ser candidato o candidata a la Presidencia de la República, gobernador, presidente o presidenta municipal, regidor o regidora y síndicos, así como también para los jefes o jefas delegacionales del Distrito Federal; para cónyuges y concubinos y parientes por afinidad o consaguinidad de estos funcionarios para el periodo inmediato de la conclusión de estos cargos, lo que no implica hacer nugatorios sus derechos políticos de hombres y mujeres, sino establecer con claridad las bases constitucionales de un equilibrio entre los principios de igualdad y de equidad electoral.
Cuarto: Consideramos que este debate debiera inscribirse en el terreno jurídico constitucional de una reforma legislativa y también el de las consideraciones éticas políticas, tomando en cuenta que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se contemplan impedimentos, requisitos para ser votados que son de naturaleza como el de la edad, ciudadanía, residencia o no tener determinadas incapacidades previstas por la propia Constitución. Ahora también se le debe de dar forma legislativa a un conjunto de impedimentos éticos como los que se plantean en el texto de esta iniciativa, que hasta la fecha permanece congelada en la Comisión de Puntos Constitucionales, aún cuando en el país existe un debate en cuanto a la formas de la sucesión del poder hereditario.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le solicito de la manera más atenta la siguiente
Excitativa
Único: Envíe excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales a que presente dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 115, y adiciona la fracción VIII al artículo 82 y un inciso c, de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la que suscribe en términos del reglamento, emplazándola para un día determinado y, si ni así se presentare el dictamen, proponga la Cámara que pase a otra Comisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2006.
Dip. María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)