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de datos de dictámenes. Permite
búsquedas de acuerdo con la comisión que
presenta, la legislación afectada y el estado del dictamen dentro del proceso legislativo |
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los diputados Concepción Cruz García, Alfredo Gómez Sánchez, Leticia Socorro Userralde Gordillo y Juan Carlos Núñez Armas.
Del senador Felipe Vicencio Álvarez.
De los Congresos de los estados de Colima, Chihuahua, Puebla y Tabasco.
Iniciativa del Ejecutivo
Que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso de Jalisco
Que reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso de Nuevo León
Que reforma el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso de Sonora
Que adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de Población y una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera. (Turno a Comisión)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita autorización para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 25 al 27 de enero de 2006, a fin de realizar una visita de trabajo a la República de Chile, así como asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Honduras. (Turno a Comisión)
Por el que comunica que el Presidente de la República, designó al ciudadano Salvador Campos Icardo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, en Turquía y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas Azerbaiyan, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán. (Turno a Comisión)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Martín Christlieb Romero, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en los Estados de Guerrero y Oaxaca. (Turno a Comisión)
Tres por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Coronel Intendente LAE Martín Hernández Bastar, Sergio Iván Trujillo Bolio y Jaime Virgilio Nualart Sánchez, puedan aceptar y usar las condecoraciones, que les confieren los Gobiernos de: Rumania, del Reino de España y de la República de Colombia. (Turno a Comisión)
Cuatro por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gregoria Reyes Quintana; Carlos Andrés Pascasio Villafán; Leda Karnik Minassian, Veremundo Ríos Rodríguez, Leticia Torres Juárez, Fernando Galindo Jiménez, María Guadalupe Olivares Contreras; Alejandro Pérez Hernández, Manuel Juárez Gutiérrez, José Pablo Ramos Cordero y Claudia Barraza Meléndez, puedan prestar servicios en las Embajadas de Finlandia, Australia, del Reino de Arabia Saudita, de los Estados Unidos de América, en México y su Consulado, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los C. Edna Ivonne Azuara González, María de la Soledad Baca Esquinca, Mónica Patricia Reyes López y Germán Escandón Valenzuela, puedan prestar servicios en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas; en el Programa de Gusano Barrenador de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)
Quince con los que se remiten hojas de servicios de miembros del Ejército Mexicano, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Ocho con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Veintisiete oficios con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
Solicitud de particular
De la ciudadana Aurizanda Emilia Pinto-Ribeiro de Moya, por el que solicita el permiso constitucional necesario, para desempeñar las funciones de consejera personal del Presidente de la República de Guinea-Bissau. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos legisladores
Que adiciona una fracción XVI al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el primer párrafo y deroga el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un párrafo segundo al artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el primer párrafo del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente propone al Dr. Jorge A. Bustamante Fernández como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz, suscrita por diputados y senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en la próxima reunión del Consejo Conjunto México-Unión Europea dé seguimiento y aplicación a lo dispuesto por la Recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del estado de Quintana Roo, para que se abstenga de cualquier acto de persecución política en contra de C. Juan Ignacio García Zalvidea, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe acerca del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), lo concerniente a la solicitud de rescisión administrativa promovida y el avance de las auditorias jurídicas y administrativas a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico y empresas que lo integran, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente integre una Comisión Plural de legisladores, para asistir al Senado de los Estados Unidos de América, a analizar la Ley Sensenbrenner en relación a la construcción del muro fronterizo, a cargo del senador Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al órgano de fiscalización superior del estado de Puebla, investigue los recursos destinados por el gobierno municipal de la ciudad de Puebla, para la realización del encuentro "La Reforma Política Municipal", suscrita por la diputada Angélica Ramírez Luna y por el senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente condena rotundamente el asesinato de Guillermo Martínez Rodríguez y se suma a las expresiones vertidas por la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez y al procurador general de la República Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández coadyuven a la familia de nuestro connacional, Guillermo Martínez Rodríguez, establezcan las acciones legales a seguir para que se dé la estricta aplicación de la justicia y la reparación del daño, a cargo del diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que solicita al Ejecutivo federal, revoque el incremento en el precio de las gasolinas en el área circunscrita al municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo, a cargo del senador Carlos Villalobos Organista, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, en relación a las irregularidades en la liberación del C. Ramón Salvador Gámez Martínez acusado de corrupción de menores en el Distrito Federal, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al Presidente de la República a que cumpla de inmediato con el compromiso asumido por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, de entregar a los Ejecutivos estatales el Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales a cargo de dicha dependencia, a cargo del senador Emilio Gamboa Patrón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría General de la República, a que informe el estado que guardan las denuncias presentadas por los presidentes de los comités directivos municipal y estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla, suscrita por la diputada Angélica Ramírez Luna y por el senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar la comparecencia del secretario de Economía para que informe los resultados de la Cumbre de Hong Kong sobre la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de la OMC, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación para que conforme a sus facultades investigue e informe si existió la aportación de recursos federales por parte de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la FENAM, los pasados 1 y 2 de diciembre de 2005 y se apliquen las sanciones pertinentes en su caso, suscrita por la diputada María Angélica Ramírez Luna y el senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente solicite a la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, revise el procedimiento seguido en contra de Martín Barrios, defensor de los derechos humanos y se apegue su actuación al principio de legalidad, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades del estado de Baja California Sur sancionar actos de discriminación en el hotel Presidente Intercontinental, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, con relación al operativo de revisión en el aeropuerto de la Ciudad de México, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de México y al presidente municipal de Ecatepec de Morelos para que brinde mayor atención a las colonias populares, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Nacional de Migración a fin de que respete cabalmente los derechos humanos de los migrantes ilegales en México, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, sobre la repatriación de cadáveres de migrantes mexicanos, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Excitativa
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Agenda política
Comentarios en relación a los salarios mínimos 2006, a cargo del senador Oscar Cantón Zetina, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre las violaciones a la tregua electoral
por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y
su candidato a la Presidencia Felipe Calderón Hinojosa, a cargo
del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO, CORRESPON- DIENTE AL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga
En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y un legisladoras y legisladores, a las once horas con diecisiete minutos del miércoles veintiuno de diciembre de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Secretaría da lectura al acta de la Sesión de Instalación y la Asamblea la aprueba en votación económica.
La Secretaría de Cultura del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica con motivo del centésimo nonagésimo aniversario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón. Se designa representante de la Comisión Permanente.
Comunicaciones de los diputados:
Rubén Mendoza Ayala y María de la Luz Arias Staines, por las que informan que se reincorporan a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquense a la Cámara de Diputados.
Julio Horacio Lujambio Moreno, por la que solicita se deje sin efecto la licencia concedida el trece de diciembre de dos mil cinco y se le considere reincorporado a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaría da lectura al proyecto de acuerdo que establece lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura. El Presidente informa de una fe de erratas de los artículos sexto y décimo segundo que se incorpora al proyecto. Se aprueba en votación económica.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Informe sobre la extinción de la Productora de Cospeles, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, remiten sendas contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Túrnense a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Presidente informa de la recepción de una iniciativa suscrita por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos diez, doce y cincuenta y nueve de la Ley del Servicio Postal Mexicano. Se turna a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
Presentan iniciativas con proyecto de decreto los legisladores:
Diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, que adiciona el artículo treinta y ocho y reforma los artículos cincuenta y tres y cincuenta y siete de la Ley de la Propiedad Industrial.
Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
Senador Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, a que se investigue científica y técnicamente, se atienda, sancione y en su caso, se legisle en relación con el consumo de agua y las bebidas embotelladas con altas concentraciones de flúor y arsénico u otros contaminantes. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.
Diputada María Angélica Ramírez Luna, a nombre propio y de la diputada María Guadalupe Suárez Ponce, del Partido Acción Nacional, para solidarizarse con las denominadas Damas de Blanco de Cuba, en virtud de habérseles negado la posibilidad de acudir a recibir el premio Sajarov dos mil cinco a la Libertad de Pensamiento, otorgado por el Parlamento Europeo. Se turna a la Segunda Comisión.
Diputado Julián Nazar Morales, a nombre propio y del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que suspenda los cupos de importación del maíz, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y de la misma forma aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
Diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Secretario de Educación Pública, a que reciba a una comisión de maestros de la escuela secundaria anexa a la Normal Superior, a fin de que le presenten propuestas de reforma integral de la educación secundaria. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
Diputada Sofía Castro Ríos, a nombre propio y de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cese del delegado en los estados de Puebla y Tlaxcala y del subdelegado de afiliación y cobranza en Tlaxcala. Se turna a la Primera Comisión.
Diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que revoque el registro de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre otorgado para el proyecto turístico privado en Isla Roqueta en el puerto de Acapulco, Guerrero, a la empresa Aca Extremo La Roqueta Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de diputados integrantes de la coordinación del estado de Puebla, para exhortar a los consejeros electorales del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el estado de Puebla, a que observen los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, y solicitan trámite de urgente resolución.
La Asamblea en votación económica considera la proposición de referencia de urgente resolución. Habla en pro el senador Francisco Fraile García, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del senador Jorge Zermeño Infante
Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.
Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente, para manifestar el rechazo a las medidas racistas, xenofóbicas y violatorias de los derechos humanos y de los tratados internacionales en la materia, adoptadas por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, al aprobar la iniciativa de Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal o ley HR cuatro mil cuatrocientos treinta y siete, exhortando a las comisiones correspondientes de las cámaras de Senadores y de Diputados, a que citen al Secretario de Relaciones Exteriores, a efecto de evaluar el impacto de esa iniciativa, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin nadie que solicite la palabra, se aprueba de la misma manera. Comuníquese.
Contestan alusiones personales los legisladores: senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, con autorización de la Asamblea conferida en votación económica; y diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga
Continúan la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Secretario de Gobernación, a que instruya una revisión del contenido político en el contexto de los espacios de difusión que emplea la Presidencia de la República. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Primera Comisión.
Diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que respete la tregua electoral aprobada por el Instituto Federal Electoral y se abstenga de realizar actos presumibles de precampaña, y a dicho Instituto a que investigue los actos de campaña realizados por el candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa manera el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Primera Comisión.
México, DF, a 19 de diciembre 2005.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente de la H. Cámara de Diputados
Presente.
Distinguido señor Presidente:
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, la suscrita diputada federal, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios, para solicitar al Pleno de Sesión Permanente de la Cámara de Diputados se me conceda licencia para separarme de mi cargo por dos meses a partir del 10 de enero hasta el 15 de marzo del año 2006.
La ocasión es propicia para agradecer su apoyo y comprensión, sin mas por el momento.
Atentamente
Dip. Concepción Cruz García (rúbrica)
DEL DIPUTADO ALFREDO GÓMEZ SÁNCHEZ
Distrito Federal, Palacio Legislativo, a 27 de diciembre 2005.
Diputado Heliodoro Díaz Escárraga
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
Presente
Distinguido Presidente:
Ante usted, Alfredo Gómez Sánchez, diputado federal de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, por mi propio derecho y por esta vía comparezco para solicitar ante la Comisión Permanente que usted tan dignamente preside, licencia del 2 de enero al 17 de marzo de 2006, por así convenir a mis intereses.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el debido respeto:
Solicito
Primero.- Tenerme por comparecido solicitando licencia al cargo de diputado federal a partir de 2 de enero de 2006.
Segundo.- Se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación de lo solicitado.
Agradezco de antemano la gentileza de su atención y reciba la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente
Dip. Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica)
DE LA DIPUTADA LETICIA SOCORRO USERRALDE GORDILLO
México, DF, a 3 de enero de 2006.
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Distinguido señor Presidente:
Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, la suscrita diputada federal, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar al pleno de la Cámara de Diputados que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo a partir del 10 de enero de 2006.
Al mismo tiempo, le pido atentamente se llame a mi suplente.
Aprovecho la ocasión para agradecer la solidaridad, apoyo y comprensión de los compañeros integrantes de esta LIX Legislatura por el trato cordial y respetuoso recibido durante mis actividades legislativas.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica)
DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NÚÑEZ ARMAS
México, DF, enero de 2006.
C. Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
Ingeniero Juan Carlos Núñez Armas, diputado federal del distrito XXVI, con cabecera en Toluca, estado de México, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, aun las de carácter personal, el ubicado en avenida Quintana Roo Sur numero 208, interior 2, colonia La Merced, Toluca, estado de México, por medio del presente escrito me dirijo a usted de manera respetuosa a efecto de exponer:
Que con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante de LIX Legislatura, ruega a usted someta a consideración del Pleno la solicitud de licencia sin goce de dieta que presento a partir del 10 de enero de 2006 al 13 de marzo de 2006.
Sin mas por el momento me permito enviar un cordial saludo quedando de usted.
Atentamente
Dip. Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica)
DEL SENADOR FELIPE VICENCIO ÁLVAREZ
México, DF, a 15 de diciembre de 2005.
Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente
Distinguido senador Jackson:
El que suscribe, senador de la República por el estado de Jalisco con licencia, le comunica que a partir del día 2 de enero de 2006 se reincorpora a las labores legislativas que le son propias.
Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Atentamente
Sen. Felipe Vicencio Álvarez (rúbrica)
DEL CONGRESO DE COLIMA
Senador Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Xicotencatl No. 9, Colonia Centro
México, DF
Por este conducto nos permitimos informarle a usted que en sesión pública ordinaria celebrada el día veintinueve de los corrientes, los diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, aprobaron un punto de acuerdo, por el que esta Soberanía solicita al titular del Ejecutivo federal que expida un decreto mediante el cual, se prorrogue la suspensión de manera indefinida de los descuentos que se establecieron a favor de los productores rurales en el decreto que reforma el Reglamento de Seguridad Social para el campo, emitido por el entonces titular del Ejecutivo federal, Ernesto Zedillo Ponce de León, el 29 de junio de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio del mismo año, hasta en tanto no sea analizada, estudiada y dictaminada la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social de los Traba adores Eventuales y Permanentes del Campo, que presentó el senador Héctor Michel Camarena el día 4 de noviembre de 2004 ante la Quincuagésima Novena Legislatura del Senado de la República: Asimismo, con motivo de la iniciativa que presentó el senador Héctor Michel Camarena, en relación con la reforma con proyecto de decreto en la que solicita la adición a diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores Eventuales y Permanentes del Campo, se le solicita, con el debido respeto y en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, que con la debida celeridad se inicien los trabajos legislativos y se dictamine a favor de dicha propuesta, en consideración a la urgente necesidad de los trabajadores del campo.
Lo que comunicamos a usted en vía de petición para los efectos de Ley correspondientes, anexándole al presente oficio copia del punto de acuerdo correspondiente.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Col., a 30 de noviembre de 2005.
Dip. Beatriz de la Mora de la Mora (rúbrica)
Secretaria
Dip. Margarita Ramírez Sánchez (rúbrica)
Secretaria
DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih., a 10 de octubre de 2005.
Dip. Fed. Heliodoro Díaz Escárraga
Presidente de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión
Presente
La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua, mediante acuerdo No. 93/05 I P.O., aprobado por el Pleno en sesión de esta fecha, tiene a bien solicitar a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que analice, dentro de sus proyectos de reforma, lo relativo a los componentes de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que separar expresamente las funciones y los servicios que deberán brindar los municipios favorece su cumplimiento.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Álvaro Navarro Gárate (rúbrica)
Presidente del H. Congreso del Estado
Acuerdo No. 93/05 I P.O.
La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional
Acuerda
Primero. La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua tiene a bien solicitar a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que analice, dentro de sus proyectos de reforma, lo relativo a los componentes de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que separar expresamente las funciones y los servicios que deberán brindar los municipios favorece su cumplimiento.
Segundo. Remítase para su conocimiento copia del presente acuerdo y del dictamen de origen a las autoridades mencionadas anteriormente.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diez días del mes de octubre del año dos mil cinco.
Diputados: Álvaro Navarro Gárate, Presidente; Salvador Gómez Ramírez, Jesús Humberto Villalobos Máynez, secretarios (rúbricas).
Acuerdo No. 93/05 I PO.
H. Congreso del Estado
Presente
A la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto ante el H. Congreso de la Unión, presentada por el diputado José Antonio Comadurán Amaya, en la cual se propone reformar la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se formula con base en los siguientes
Antecedentes
I.- Esta Comisión de dictamen legislativo es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de referencia, de conformidad con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del estado y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
II.- En la iniciativa de referencia se expresan sustancialmente los siguientes argumentos:
b) En esa búsqueda de mayor claridad en la redacción de los artículos, es importante el que se tome en cuenta la opinión de los estudiosos del derecho.
Artículo 115.
Fracción III.- Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abastos;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques y jardines, y su equipamiento;
h) Seguridad pública en los términos
del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva
municipal y tránsito; e
i) Las demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
III.- En concordancia con lo anterior, el iniciador hace referencia a una serie de definiciones a partir de las cuales resulta relativamente claro el establecer cuáles de las actividades que se relacionan en el numeral constitucional de referencia pertenecen a cualquiera de las clasificaciones antes referidas, por lo que además sugiere su incorporación al texto legal.
Por la forma de enumerar indistintamente funciones de vital importancia es que, en voz del iniciador, se causa confusión y en los distintos municipios del país se interprete como servicio lo que es una función o viceversa, dando pauta a errores que vendrían necesariamente en detrimento de los gobernados.
La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, al analizar los planteamientos formulados, realiza las siguientes
Consideraciones
I.- Esta Comisión de dictamen legislativo es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de referencia, de conformidad con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del estado y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
II.- En esta Comisión de dictamen, en términos generales, coincidimos con el iniciador en cuanto a la necesidad que tenemos los legisladores de buscar que el orden jurídico, mayormente en el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea cada día más claro, a efecto de garantizar la certidumbre en la aplicación del derecho. Asimismo, consideramos importante que, en materias como la que nos ocupa, se busque que el articulado constitucional cuente con una redacción que, sin perder sus características dentro de la técnica legislativa, hagan posible que se definan los términos que en ella misma se utilizan, a efecto de que la administración pública y, por ende, los recursos destinados a ella se apliquen de manera más efectiva con base en una correcta y clara redacción de los postulados constitucionales.
Por otro lado es importante destacar que, a partir de la definición doctrinal a la que se refiere el iniciador, la discusión sobre la verdadera naturaleza de las actividades que componen el catálogo actual de funciones y servicios municipales que componen el artículo 115, en su fracción III, se aclararía y terminaría con cualquier discusión sobre este tópico, sin embargo, encontramos que en la propuesta misma conlleva una concepción de lo que es la función pública, pues en su propuesta los puntos que específicamente se engloban como función pública municipal, hacen referencia al ejercicio de la potestad soberana, es decir, de acciones que se ejercen en calidad de autoridad y que, por tanto, sólo quien tenga esta categoría las podrá ejercer; por tanto, con una redacción donde se agrupen dichas actividades, ya no se hace necesario incluir en el texto constitucional definición alguna de las referidas en la iniciativa de origen.
III.- Efectivamente, la definición de función pública, como la "actividad esencial y mínima del Estado contemporáneo fundada en la idea de soberanía, que conlleva el ejercicio de potestad, de imperio, de autoridad, cuya realización atiende al interés público, entre las que destacan la función legislativa, la función jurisdiccional y la función administrativa", hace más claro, en primer término, el enunciado constitucional de referencia, como parteaguas del ejercicio de la soberanía que tienen los órganos de gobiernos en cualquiera de sus niveles, dentro de las que se destacan en materia municipal, la seguridad pública (policía preventiva y tránsito), administrar libremente su hacienda y la expedición de bandos y de reglamentos.
Uno de los beneficios que la doctrina jurídica brinda es precisamente definir conceptos e ideas inmersos en la legislación, ya no al calor de las reformas, sino como producto de un análisis global dentro del cuerpo jurídico. Esto precisamente permite contar con definiciones claras como las referidas por el iniciador y producto del trabajo de doctrinarios como el doctor Fernández Ruiz, antes referido.
IV.- Continuando con la justificación de su propuesta, el iniciador refiere la definición de servicios públicos en los siguientes términos: "son aquellas actividades destinadas a la satisfacción de necesidades de carácter general, dentro de lo que destaca el abastecimiento de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición final de residuos, así como el alumbrado público".
En este tenor de ideas, encontramos que, si bien la propuesta de separar lo que son los servicios públicos municipales de las obras y las llamadas "actividades residuales" es en primera instancia positivo, también es cierto que no resolvería de fondo el problema de la interpretación, sino por el contrario, pues existen diversas posturas respecto a que una sola de estas actividades puede ser al tiempo servicio y obra pública municipal, como sería el caso de los mercados, en los cuales en un primer momento son obra, cuando su edificación está a cargo de los órganos municipales, pero en un segundo momento puede ser catalogada como un servicio, pues puede ser rentado o facilitado a los ciudadanos para que ejerzan en él alguna actividad económica. El mismo razonamiento se podría efectuar respecto de cada una de las actividades que comprenden esta propuesta.
Por lo anterior es que consideramos oportuno el que se proponga a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que analice, dentro de sus proyectos de reforma, el que se agrupen los componentes de la fracción III del artículo 115 constitucional en los dos grandes rubros que actualmente maneja dicho ordenamiento en los siguientes términos:
Artículo 115.- ....
Fracciones I y II.- ...
III.- Los municipios tendrán a su cargo las siguientes:
A) Funciones públicas conforme a lo dispuesto por la fracción II de este artículo
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de residuos;
d) Los demás que las legislaturas locales
determinen según sus condiciones territoriales y socioeconómicas
de los municipios.
e) Mercados y centrales de abastos;
f) Panteones;
g) Rastro;
h) Alcantarillado;
i) Calles;
j) Parques y jardines y su equipamiento;
k) Las demás que las legislaturas locales determinen según su capacidad administrativa y financiera.
...
...
Fracciones IV a la VIII.- ...
Es decir, que se haga la separación entre funciones y servicios únicamente, dejando así a las entidades federativas y los municipios la tarea de determinar el momento en que las mismas se separan.
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Chihuahua, sometemos a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente
Acuerdo
Primero.- La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua tiene a bien solicitar a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que analice, dentro de sus proyectos de reforma, la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que separar expresamente las funciones y los servicios que deberán brindar los municipios favorece su cumplimiento.
Segundo.- Remítase para su conocimiento copia del presente acuerdo y del dictamen de origen a las autoridades mencionadas anteriormente.
Económico.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado.
Por la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo
Diputados: Rocío Esmeralda Reza Gallegos,
Presidenta; Alma Yolanda Morales Corral, secretaria; Rafael Julián
Quintana Ruiz, vocal (rúbricas).
DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih., a 18 de octubre de 2005.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Presidente de la H. Cámara de Diputados
Ave. Congreso de la Unión s/n
México, DF.
Anexo a la presente me permito enviarle copia del acuerdo número 100/05 I P.O., aprobado en sesión celebrada el día de la fecha, mediante el cual la Sexagésima Primera Legislatura de este honorable Congreso del estado solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se dé cabal cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo y su reglamento, emitiéndose con carácter de urgente los instrumentos jurídicos faltantes mediante los cuales se brinde el acceso a los beneficios establecidos para los productores del sector agrícola en dichos ordenamientos jurídicos; acordándose remitir copia del acuerdo a las Legislaturas estatales a efecto de que, si lo consideran conveniente, se pronuncien a favor del mismo.
Sin otro particular por el momento le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Álvaro Navarro Gárate (rúbrica)
Presidente del H. Congreso del Estado
Acuerdo 100/05 I P.O.
La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional
Acuerda
Primero. Solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se dé cabal cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento, emitiéndose, con carácter de urgente, los instrumentos jurídicos faltantes mediante los cuales se brinde el acceso a los beneficios establecidos para los productores del sector agrícola en dichos ordenamientos jurídicos.
Segundo. Remitir copia del presente acuerdo a las Legislaturas estatales a efecto de que, si lo consideran conveniente, se pronuncien a favor del mismo como un apoyo más al sector agropecuario.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil cinco.
Diputados: Álvaro Navarro Gárate,
Presidente; Salvador Gómez Ramírez, Jesús Heberto
Villalobos Máynez, secretarios (rúbricas).
DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih., a 18 de octubre de 2005.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Presidente de la H. Cámara de Diputados
Avenida Congreso de la Unión
México, DF
Anexo a la presente me permito enviarle copia del acuerdo número 99/05 I P.O., aprobado en sesión celebrada el día de la fecha, mediante el cual la Sexagésima Primera Legislatura de este honorable Congreso del estado resuelve solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la derogación inmediata de la Norma Oficial Mexicana NOM-075-FITO-1997, por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de la fruta; misma que es el sustento legal para que se fumiguen con bromuro de metilo las frutas de cuarentena en tránsito hacia los mercados nacionales. Asimismo, se acordó remitirlo a las Legislaturas de los estados para que, de considerarlo pertinente, se adhieran al mismo.
Sin otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Álvaro Navarro Gárate (rúbrica)
Presidente del H. Congreso del Estado
Acuerdo No. 99/05 I P.O.
La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional
Acuerda
Primero. Solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la derogación inmediata de la Norma Oficial Mexicana NOM-075-FITO-1997 por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de fruta; misma que es el sustento legal para que se fumiguen con bromuro de metilo las frutas de cuarentena en tránsito hacia los mercados nacionales.
Segundo. Solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que implemente una nueva Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta, tomando en cuenta los avances tecnológicos y científicos para evitar los daños que causa el bromuro de metilo.
Tercero. Remitir copia del presente acuerdo a las legislaturas de los estados de la República Mexicana, incluyendo a la Asamblea Legislativo del Distrito Federal, para que, de considerarlo pertinente, se adhieran al mismo.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil cinco.
Diputados: Álvaro Navarro Gárate,
Presidente; Salvador Gómez Ramírez, Jesús Heberto
Villalobos Máynez, secretarios (rúbricas).
DEL CONGRESO DE PUEBLA
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
Por medio del presente me permito enviar a usted acuerdo aprobado en sesión pública ordinaria de la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada con esta fecha, por virtud del cual se solicita su intervención para que, en uso de sus facultades, revise las disposiciones legales que regulan la contratación entre la Comisión Federal de Electricidad y los municipios de cada una de las entidades federativas. Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 8 diciembre de 2005.
Dip. Edith Cid Palacios (rúbrica)
Presidenta
El honorable Quincuagésimo Sexto Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla
Considerando
Que en sesión pública ordinaria de esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar el acuerdo presentado por el diputado Ramón Daniel Martagón López y miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se solicita que se envíe el presente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, revise las disposiciones legales que regulan la contratación entre la Comisión Federal de Electricidad y los municipios de cada una de las entidades federativas.
Que respetando y asegurando la soberanía y la rectoría del Estado sobre la política energética del país, en el sentido de que corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público; en tal sentido no se otorgará concesiones a particulares puesto que corresponde a la Nación aprovechar a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos materiales que se requieran para dicho fin.
Que uno de los propósitos fundamentales que se fijó el Gobierno de México al crear la Comisión Federal de Electricidad, en 1937, fue extender el servicio eléctrico a las poblaciones del área rural. En un principio, los esfuerzos y recursos económicos se destinaron principalmente a la construcción de plantas generadoras y a la electrificación de comunidades cercanas a éstas.
Que garantizar el abasto de energía eléctrica para las próximas generaciones tiene que ser una decisión y voluntad muy clara en esta materia, es por ello que se debe de acreditar en los próximos 10 años su total capacidad. Por esto y ante tal magnitud de tan importante reto, es necesario actuar con responsabilidad y con visión de futuro y así lo estamos haciendo, con reglas claras y transparentes.
Actualmente se atiende a más de 27,129 localidades, de las cuales 123,863 son rurales y 3,266 urbanas. Aun cuando el servicio de energía eléctrica llega al 96.0% de la población, quedan por electrificar 72,262 localidades con un número reducido de habitantes. Clasificados por su nivel de población, son: 3,305 localidades de 100 a 2499 habitantes y 68,957 localidades, con una población mayor a 100 habitantes.
Que en los últimos cinco años el estado de Puebla ha tenido importantes avances en materia energética. Estos cambios han fortalecido la madurez política colectiva, que hoy permite una relación creativa entre la sociedad y las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
Derivado de lo anterior y a fin de llevar este tan importante servicio al lugar mas alejado de nuestra entidad, los ayuntamientos realizan importantes erogaciones para la ampliación e infraestructura de energía eléctrica, la cual pasa a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad así como todos y cada unos de los frutos que se obtengan como resultado de sus bienes sin beneficios directo para los municipios; por lo que es imprescindible que se analice las condiciones contractuales entre estos dos entes.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, fracción XI, 70, 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 128 y 130 del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite el siguiente:
Acuerdo
Primero.- Envíe el presente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, revise las disposiciones legales que regulan la contratación entre la Comisión Federal de Electricidad y los municipios de cada unas de las entidades federativas a efecto de que, una vez que la infraestructura eléctrica pase a formar parte del patrimonio del Comisión Federal de Electricidad, el municipio obtenga la contra prestación correspondiente equivalente al monto de inversión efectuada con recursos de su hacienda municipal.
Segundo.- Se envíe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal así como a las legislaturas de los estados para que, en uso de sus facultades, se adhieran al presente acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil cinco.
Diputados: Edith Cid Palacios, Presidenta; Pericles
Olivares Flores, vicepresidente; Juan Aguilar Hernández, secretario;
Oscar Anguiano Martínez, secretario (rúbricas).
DEL CONGRESO DE TABASCO
Villahermosa, Tab., noviembre 4 de 2005.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En sesión pública ordinaria, celebrada el día 25 de octubre del presente año, del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco aprobó el punto de acuerdo 039, cuyo artículo primero expresa:
Artículo Primero.- Se solicita al H. Congreso de la Unión que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, gire atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que fortalezca su presencia en la zona fronteriza del estado de Tabasco con la República de Guatemala, en materia de seguridad, vigilancia y ejecución de programas de desarrollo social, así como para que se amplíen los convenios bilaterales relacionados con la regulación de los fenómenos migratorios de los países centroamericanos hacia México.
En cumplimiento a lo establecido en el único transitorio de dicha resolución, se le remite copia de éste para su atención y efectos jurídicos conducentes.
Anexo 4 fojas del documento en mención.
Sin otro particular, reciba de esta legislatura estatal un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Gilberto Mendoza Hernández (rúbrica)
Oficial Mayor
La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del estado de Tabasco; y
Considerando
Primero.- Que como resultado de las profundas crisis sociales, políticas y económicas de los países centroamericanos, que datan de las últimas décadas, el territorio mexicano, en su frontera sur, se ha convertido en ruta de tránsito hacia Estados Unidos para miles de emigrantes.
Segundo.- Que el nivel de desarrollo social alcanzado en la región fronteriza de México con Guatemala es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de la población nacional y más aún las de los emigrantes. Ello explica que cada vez más jóvenes mexicanos busquen nuevas formas de obtener ingresos para sufragar sus necesidades más apremiantes, sin embargo, la búsqueda para satisfacer esta necesidad de ingresos económicos se ve rápidamente modificada por la presencia de fuerzas ligadas al narcotráfico y al tráfico ilegal de personas, que atraen a la juventud de la región fronteriza de nuestro estado con Guatemala.
Tercero.- Que estas circunstancias derivan en altos índices de inseguridad en la región y aumento de la incidencia delictiva. En la franja fronteriza de Tabasco con Guatemala, concretamente en los municipios de Balancán y Tenosique, la problemática se expresa a través del tráfico de armas, tráfico de drogas, asentamientos humanos marginales y tráfico de indocumentados, además de robos, homicidios y abigeato, entre otros delitos. Recientemente, la presencia de bandas delictivas centroamericanas conocidas como "Maras", agravan la problemática fronteriza, con el aumento de conductas antisociales en las que se ven involucrados jóvenes mexicanos, quienes sin pertenecer propiamente a estas bandas, imitan los estilos de acción de sus integrantes, incurriendo en diversos delitos.
Cuarto.- Que diversas instituciones académicas trabajan en el estudio y análisis de la realidad de esta zona fronteriza, tales como el Colegio de la Frontera Sur, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) y el propio Colegio de México (Colmex), instituciones que han convocado a expertos en la materia de carácter multidisciplinario, entre los que figuran economistas, sociólogos, biólogos, ingenieros en alimentos y genética y otros profesionistas, con la finalidad de elaborar propuestas de solución basadas en las necesidades reales de la región.
Quinto.- Que desde el año 2003 se diseñó un proyecto en el que participan diferentes dependencias del Gobierno Federal en el que se plantean asuntos de seguridad, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo agropecuario de la región, existiendo el compromiso de diversas secretarías de la Administración Pública Federal para la creación de un paso fronterizo que regule el tránsito y desplazamiento de personas, comercio de bienes y servicios, que controle la calidad sanitaria de los productos agropecuarios y que garantice el orden y la estabilidad social de la zona.
Sexto.- Que, sin embargo, los resultados obtenidos a la fecha aún no son suficientes, ya que si bien se han realizado reuniones entre funcionarios de los gobiernos federal y estatal, y se han firmado diversos convenios, la lista de víctimas de delitos crece sin demora, y la presencia de narcotraficantes y traficantes de ilegales es cada día más intensa. En esta materia, parece que los habitantes de esa región del estado están solos, ya que los cuerpos policíacos se ven superados y en ocasiones corrompidos por las bandas delictivas.
Séptimo.- Que para combatir esta preocupante realidad que vive la población de la región fronteriza de nuestro estado con Guatemala, tomando en consideración que estos problemas sociales se deben en gran medida al desempleo existente, las autoridades competentes deben ofrecer a los habitantes de esta zona, oportunidades de trabajo digno, que les garanticen una buena forma de vida. Al respecto resultaría de suma importancia la consolidación del Plan Balancán-Tenosique, que de lograrse ofrecería fuentes de empleo, no sólo a los jóvenes que habitan esta región, sino a la población en general; así como la ejecución de programas orientados al fortalecimiento de las actividades económicas y productivas, para el desarrollo social de la zona.
Octavo.- Que de conformidad con los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es facultad del Congreso estatal aprobar, en su caso, los puntos de acuerdos legislativos que los diputados presenten ante el Pleno de esta Cámara, a fin de que se realicen las gestiones necesarias, en busca siempre del beneficio de los habitantes del estado.
Que en razón de lo anterior, se emite el siguiente
Punto de Acuerdo 039
Artículo Primero.- Se solicita al H. Congreso de la Unión que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, gire atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que fortalezca su presencia en la zona fronteriza del estado de Tabasco con la República de Guatemala en materia de seguridad, vigilancia y ejecución de programas de desarrollo social, así como para que se amplíen los convenios bilaterales relacionados con la regulación de los fenómenos migratorios de los países centroamericanos hacia México.
Articulo Segundo.- Esta Soberanía hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo del estado para que difunda sus políticas públicas y estrategias de coordinación intersecretarial orientadas al fomento del empleo y otras actividades económicas; de educación, recreación y esparcimiento, entre otras, dirigidas a fortalecer la presencia del gobierno estatal en esta región fronteriza.
Transitorio
Artículo Único. Se instruye al Oficial Mayor de este H. Congreso para que, mediante oficio, haga llegar al H. Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo del estado el presente acuerdo.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del estado, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los veinticinco días del mes octubre del año dos mil cinco.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Por el Honorable Congreso del Estado
Dip. Antonio Lope Báez (rúbrica)
Presidente
Dip. Jesús Selván García (rúbrica)
México, DF, 21 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío a ustedes la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone a la consideración de la Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 79 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, acompaño copias de los oficios números 315-A-03922, mediante el cual el C. José Luis García Ramos, director general adjunto de Programación y Presupuesto de Servicios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, manifiesta que la iniciativa no presenta impacto presupuestario; y COFEME/05/1782 por el que, el C. Lic. David Quezada Bonilla, coordinador general de Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, señala que de conformidad con lo establecido por el artículo 69-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se exceptúan expresamente a los actos, procedimientos o resoluciones de la Secretaría de Marina de la aplicación de las disposiciones del Título Tercero A de la misma Ley, por lo que no se emite dictamen alguno.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
C. Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión.
Presente.
En ejercicio de la facultad concedida al Ejecutivo Federal en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, se somete a consideración del Honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
México, por ser un país bioceánico que en su independencia poseía 13,844 kilómetros de litoral, formaba parte de un importante comercio marítimo internacional, como era el tráfico marítimo con España, América y Asia a través de la Nao de China; abrió sus puertas al comercio con una incipiente marina mercante, sin embargo, la falta de oportunidades, de visión de un país eminentemente marítimo o con vocación marítima, derivaron en que se perdiera esa vocación de explotación comercial marítima, no obstante todo el potencial con el que se contaba.
Con la pérdida de Texas y California, nuestros litorales quedaron en 11,122 kilómetros y fue a principios del siglo XX en que se dieron los primeros pasos en nuestro país para aprovechar el potencial marítimo que se tenía. De esta manera se hicieron los primeros puertos modernos de México; reservándose en la Constitución de 1917 exclusivamente para los mexicanos por nacimiento, el derecho de comandar buques mercantes.
El 28 de enero de 1931, ocurrió un episodio trascendente para nuestro país que afectó su potencial marítimo y que lo constituyó la resolución que emitió Vittorio Emanuele III, Rey de Italia, en su carácter de árbitro designado por México y Francia para dirimir la controversia que existía respecto a la soberanía de la Isla Clipperton. En el laudo respectivo se determinó que esa isla fue legítimamente adquirida por Francia el 17 de noviembre de 1858, y no había motivo alguno para admitir que hubiera perdido su derecho posteriormente a esa fecha, ya que no tuvo el ánimo de abandonarlo y, en consecuencia, la soberanía sobre la citada isla le correspondía a Francia desde la referida fecha.
Este hecho que en su momento no tuvo gran importancia por ser una isla en medio del océano, de tan sólo cuatro kilómetros de largo por dos de ancho, actualmente significa la pérdida de un área de 431,015.45 kilómetros cuadrados, que corresponde a la zona económica exclusiva de la isla y que equivale a la superficie de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Morelos y el Estado de México, que además es un rico guanífero y está en la zona de nódulos polimetálicos más prometedora del planeta, que contienen níquel, cobre, manganeso, cobalto y molibdeno, y representa cientos de miles de toneladas anuales de atún para la pesca.
Estos hechos consolidaron la preocupación por aprovechar el potencial marítimo de nuestro país, dando origen a la creación de un departamento específico dependiente de la Secretaría de Guerra y Marina, posteriormente como Departamento de Estado Autónomo y, finalmente, como Secretaría de Estado.
Esta determinación rindió frutos observándose un notable crecimiento del desarrollo marítimo, el cual se ve reflejado con la construcción de los puertos de Yukalpetén y San Carlos; posteriormente, en un impulso todavía mayor dado por la Secretaría de Marina a los desarrollos industriales, como son el puerto petrolero de Pajaritos, la ampliación de las obras de protección para que Mazatlán se convirtiera en puerto, la prolongación de las obras de protección de Tuxpan y Tampico, la protección de las obras del puerto de Manzanillo, el puerto interior de Manzanillo, el puerto de Lázaro Cárdenas y el Puerto Madero, hoy Puerto Chiapas, todo ello con la significativa intervención de la Secretaría de Marina.
La Secretaría de Marina es la institución que tiene presente en sus políticas y en su filosofía, que México es un país biocéanico con 231,813 kilómetros cuadrados de mar territorial, que equivale a los territorios de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y más de 3?150,000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, que equivale a más de una vez y media el territorio de la República Mexicana. A dicha Institución, corresponde la protección de los cuatro grandes recursos marítimos con que cuenta el país actualmente, como son el recurso energético que se refleja en la producción de la Sonda de Campeche; el recurso turístico que se refleja en los más de cuatro mil cruceros que arriban anualmente a nuestro país; el recurso pesquero, que nos hace situarnos dentro de las quince potencias del mundo en las pesquerías de atún, camarón y de escama, y el recurso del transporte marítimo, del cual tenemos actualmente más de cuatrocientos millones de toneladas de transporte por vía marítima. Los anteriores compromisos de la Secretaría de Marina se encuentran plasmados en la Ley Orgánica de la Armada de México.
Como se puede apreciar, la Secretaría de Marina, desde su creación, cuenta con características particulares que la hacen especial y única, pues tiene una dualidad de atribuciones de muy diferente naturaleza; por una parte, las inherentes a una Institución militar nacional de carácter permanente, como lo es la Armada de México, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país y, por la otra, las que corresponden a una dependencia que integra la Administración Pública Federal, que entre otras responsabilidades tiene la de contribuir al desarrollo marítimo nacional, con base en los programas y políticas que fijen las dependencias competentes, particularmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 7 de diciembre de 1946 y la del 24 de diciembre de 1958, otorgaban amplias atribuciones a la Secretaría de Marina, derivado precisamente de la dicotomía estructural con la que fue conformada, como institución armada y como encargada de la promoción al desarrollo marítimo nacional, de organización de la marina mercante, así como de construcción, obras, dragado y señalamiento marítimo.
Años después, se aprobó la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, entrando en vigor el 1° de enero de 1977, abrogando la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 24 de diciembre de 1958. Esta ley transfirió diversas atribuciones que la Secretaría de Marina tenía asignadas a otras Secretarías de Estado, como son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la entonces Secretaría de Pesca, hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; no obstante, parte de esas atribuciones han continuado inmersas en las diferentes obligaciones que hasta la fecha cumple cabalmente la Secretaría de Marina.
Estas obligaciones se han visto incrementadas en estas tres décadas, tanto por la evolución mundial, como por los nuevos compromisos nacionales y los derivados de diversos tratados internacionales, como son la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar; el Convenio Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar; el Código de Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias "PBIP", y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte "ASPAN", entre otros.
Lo anterior trajo como consecuencia la modificación de algunos conceptos y el surgimiento de otros nuevos, entre los cuales destacan el establecimiento de la distancia de doce millas marinas como Mar Territorial para el estado ribereño, unificando los diversos criterios existentes.(se tenían consideradas 3, 6 ó 9 millas como mar territorial); el surgimiento del concepto de Zona Económica Exclusiva comprendida por doscientas millas marinas contadas desde las líneas de base, con derechos de soberanía para fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales tanto vivos como no vivos; la obligación del estado ribereño de proporcionar seguridad a la vida humana en el mar y protección de los buques, así como la obligación de adoptar medidas para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, entre otras amenazas.
Por otra parte, la población en nuestro país ascendió de sesenta millones de habitantes en 1976 a más de ciento cinco millones en el 2005, modificando sustancialmente las necesidades nacionales en el ámbito marítimo que prevalecían entonces. Asimismo, se han aumentado los puertos de altura en México, con el consecuente incremento en el tráfico marítimo, y se ha presentado un gran auge en el turismo náutico con más de cuatro mil cruceros al año, lo cual requiere necesariamente el que se brinde una adecuada protección que permita contar con mares seguros y el sostenimiento del estado de derecho en el mar.
Por lo anterior, resulta necesario adecuar el marco jurídico nacional a las condiciones y necesidades que actualmente imperan, asimismo, realizar los ajustes correspondientes para incorporar en nuestra normatividad los compromisos adquiridos con la comunidad internacional. Bajo estas circunstancias, se propone reformar y adicionar diversas fracciones del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En la fracción IV, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras Secretarías de Estado, únicamente se propone una nueva redacción, que permita identificar con toda claridad las diferentes atribuciones que contiene dicho precepto, con objeto de hacerlo congruente con el resto de la normatividad.
Sin perjuicio de las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a otras Secretarías de Estado en el ámbito portuario, se considera apropiado introducir y delimitar, en la fracción V, las atribuciones que le permitan a la Secretaría de Marina ejercer actos de autoridad en las Zonas Marinas Mexicanas, conforme a la legislación nacional y los compromisos contraídos por el Estado Mexicano a través de instrumentos internacionales.
En la misma forma, en las fracciones VII y VII bis se propone adicionar expresamente las facultades que desde su creación realiza la Armada de México, relativas a ejercer funciones de policía marítima para mantener el Estado de derecho en las zonas marinas nacionales, en coordinación con las autoridades competentes, así como llevar a cabo la búsqueda, rescate, salvamento, auxilio en el mar y seguridad marítima, tanto por ser una actividad inherente a la propia esencia de la Institución, como para dar respuesta a las normas nacionales e internacionales.
Por cuanto hace a la fracción XI, únicamente se plantea sustituir el término "topo hidrográficos", por "hidrográficos", por ser éste un término mas completo que incluye la planimetría del puerto, los datos batimétricos del área y el posicionamiento de cada una de las ayudas de navegación que existan en ésta.
En la fracción XIV, de conformidad con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se propone facultar a la Secretaría de Marina para construir, mantener y operar astilleros, diques, varaderos, dragas, unidades y establecimientos navales y aeronavales, para el cumplimiento de la misión de la Armada de México. Asimismo en la citada fracción se adiciona la facultad de prestar servicios en el ámbito de su competencia que coadyuven al desarrollo marítimo nacional.
Esta última adición se limita a establecer expresamente funciones que en la actualidad y, dada la insuficiencia de infraestructura de la marina mercante y los puertos comerciales, realiza la Armada de México. Por ello, se permite que, la Secretaría de Marina preste servicios, siempre en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables para ello y, en todo caso, con sujeción a las políticas y programas que determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Resulta necesaria la intervención de la Armada de México en los proyectos de construcción de obras de ingeniería portuaria y marítima, pues este tipo de obras requieren de un amplio conocimiento y de estudios poco explorados en nuestro país, los cuales, de ser soslayados o minimizados, ocasionarían graves consecuencias a largo plazo, como son las construcciones que derivan en la erosión de las costas de algunos estados, en la pérdida de arena o en condiciones geográficas que provocan la pérdida de territorio, situaciones que evidentemente afectan a la seguridad nacional, siendo por lo tanto necesario que una Institución del Estado Mexicano custodie los intereses de la Nación en pro del bien común, por lo cual se propone adicionar la fracción XV en este sentido.
Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, se propone una adición a la fracción XVII, para complementar el precepto, haciendo responsable a la Secretaría de Marina de los trabajos de investigación científica y tecnológica en las ciencias marítimas, creando para ello los institutos especializados en oceanografía, por ser ciencias totalmente afines con la dependencia y por contar con la infraestructura para ello.
Dada la interdependencia recíproca existente en el ámbito de competencia de la Institución, tanto con dependencias e instituciones nacionales como extranjeras, en la fracción XIX, se propone facultar a la Secretaría para celebrar acuerdos, conforme a la legislación aplicable.
Se plantea la adición de la fracción XX, incluyendo las obligaciones que ya tiene asignadas la Secretaría de Marina pero que están inmersas en otras leyes ordinarias y en tratados internacionales, como son el llevar a cabo la defensa y seguridad nacionales en el ámbito de su responsabilidad, así como coordinar con las autoridades competentes nacionales el control del tráfico marítimo cuando las circunstancias lo requieran de acuerdo con los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional.
Igualmente, se propone adicionar la fracción XXI, insertando en el ámbito de responsabilidad de la Institución, las obligaciones que ya le corresponden de acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil, con el objeto de hacer la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal acorde con la normatividad vigente.
También se propone adicionar la fracción XXII, incluyendo atribuciones que esta dependencia tiene asignadas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y que resulta necesario trasladarlas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para actualizarla al derecho vigente, facultándola para adquirir, diseñar y fabricar armamento, municiones, vestuario, y toda clase de medios navales e ingenios materiales destinados a la Secretaría de Marina-Armada de México, así como intervenir en la importación y exportación de éstos.
El proceso político, económico, social y ecológico que está teniendo lugar actualmente a nivel mundial a través del cual existe una mayor interrelación económica entre unos lugares y otros, por alejados que estén, aunado al incremento de la población, así como los constantes avances en la ciencia y la tecnología, generan frecuentes cambios y nuevas necesidades para la sociedad y, consecuentemente, para el Estado, a quien le corresponde satisfacer los diferentes servicios que emanan de esos cambios, surgiendo la necesidad de que las instituciones que cuenten con la infraestructura idónea y proporcionen los servicios auxiliares que resulten necesarios, considerando a las fuerzas armadas como parte importante en la prevención y control de la contaminación o destrucción del medio marino y terrestre y, asimismo, en la prevención y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en las zonas forestales, marinas y costeras bajo jurisdicción federal, por lo que es necesario agregar que la Secretaría de Marina presta el apoyo a otras dependencias federales, entidades federativas y a los municipios, realizando actividades tales como el combate a incendios forestales, seguridad en playas, protección de especies en veda o en peligro de extinción, etc. y, por ello, se propone adicionar la fracción XXIII, considerando esta hipótesis.
Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, en la fracción XXIV, se propone trasladar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las facultades que ya tiene asignadas la Secretaría de Marina, tanto en la normatividad internacional, a través del Convenio Sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias, como en la nacional, por virtud de la Ley Orgánica de la Armada de México y el Reglamento Para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, relacionadas con los servicios en materia de protección y conservación del medio ambiente en su área de responsabilidad, con lo cual se ha hecho frente a una de las principales preocupaciones, relativa a la conservación de un medio ambiente digno para todos los mexicanos y las próximas generaciones.
Asimismo, se propone adicionar la fracción XXV, en la cual se actualiza la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estableciendo las facultades que ya tiene conferidas la Institución en diferentes leyes ordinarias, como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Orgánica de la Armada de México, en materia de conservación de áreas naturales protegidas y ecosistemas acuáticos de alta riqueza ambiental, para que en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones aplicables, utilizando para ello los recursos materiales y humanos con que cuenta la Secretaría de Marina, se lleven a cabo acciones orientadas a su preservación.
Finalmente, el texto de la actual fracción XIX, constituye el texto de la fracción XXVI que se adiciona.
Por todo lo expuesto, por su digno conducto, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones IV, V, VII, XI, XIV, XV y XVII, y se ADICIONAN las fracciones VII bis y XX a XXVI del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
"ARTÍCULO 30.- ...
I. ...
II. ...
III. ...
IV. Ejercer:
b. Vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, y
c. Las medidas y competencias que le otorguen los ordenamientos legales y los instrumentos internacionales de los que México sea parte, en la Zona Contigua y en la Zona Económica Exclusiva.
VI. ...
VII. Ejercer funciones de policía marítima para mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas;
VII bis. Llevar a cabo la búsqueda, rescate, salvamento y auxilio en las zonas marinas mexicanas de conformidad con las normas nacionales e internacionales, en su caso, en coordinación con las demás autoridades competentes;
VIII. ...
IX. ...
X. ...
XI. Ejecutar los trabajos hidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las estadísticas relativas;
XII. ...
XIII. ...
XIV. Construir, mantener y operar astilleros, diques, varaderos, dragas, unidades y establecimientos navales y aeronavales, para el cumplimiento de la misión de la Armada de México, así como prestar servicios en el ámbito de su competencia que coadyuven al desarrollo marítimo nacional, de conformidad con las disposiciones aplicables y con sujeción a las políticas y programas que determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
XV. Emitir opinión con fines de seguridad nacional en los proyectos de construcción de toda clase de vías generales de comunicación por agua y sus partes, relacionados con la ingeniería portuaria marítima y señalamiento marino;
XVI ...
XVII. Programar, fomentar, desarrollar y ejecutar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, los trabajos de investigación científica y tecnológica en las ciencias marítimas, creando los institutos de investigación necesarios;
XVIII. ...
XIX. Celebrar acuerdos en el ámbito de su competencia con otras dependencias e instituciones nacionales o extranjeras, en los términos de los tratados internacionales y conforme a la legislación vigente;
XX. Ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad nacionales en el ámbito de su responsabilidad, así como coordinar con las autoridades competentes nacionales el control del tráfico marítimo cuando las circunstancias lo requieran, de acuerdo con los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional;
XXI. Participar y llevar a cabo las acciones que le corresponden dentro del marco del sistema nacional de protección civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre;
XXII. Adquirir, diseñar y fabricar armamento, municiones, vestuario, y toda clase de medios navales e ingenios materiales, así como intervenir en la importación y exportación de éstos, cuando, sean de uso exclusivo de la Secretaría de Marina-Armada de México;
XXIII. Prestar los servicios auxiliares que requiera la Armada, así como los servicios de apoyo a otras dependencias federales, de las entidades federativas y de los municipios que lo soliciten o cuando así lo señale el titular del Ejecutivo Federal;
XXIV. Intervenir, en el ámbito de su responsabilidad, en la protección y conservación del medio ambiente marino sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias;
XXV. Inspeccionar, patrullar y llevar a cabo labores de reconocimiento y vigilancia para preservar, las Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones aplicables, y
XVI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos."
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Reitero a Usted la seguridad de mi consideración más alta y distinguida.
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los dieciséis días del mes de diciembre del dos mil cinco.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Vicente Fox Quesada (rúbrica)
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
México, DF, a 1 de julio de 2005.
Capitán de Navío C.G. D.E.M.
José Luis Sánchez Sánchez
Presidente de la Comisión de Estudios Especiales
Secretaría de Marina
Presente
Me refiero a su oficio No. 678/2005 de fecha 28 de junio del presente año, mismo que anexo para pronta referencia, mediante el cual esa presidencia, solicita dictamen de impacto presupuestario del "Anteproyecto de reforma al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.".
Sobre el particular, me permito informar a usted, de conformidad con el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo siguiente:
El Anteproyecto en comento ha sido analizado en el ámbito de competencia de esta Dirección General de Programación y Presupuesto "A", por lo que nuestra opinión no prejuzga ni valida la información, los alcances de las acciones que propone el contenido del mismo, ni constituye opinión jurídica alguna con respecto de otras leyes y disposiciones.
En este sentido, se determina que, en caso de su aprobación, no presenta impacto presupuestario, toda vez que como lo señala esa dependencia en el oficio de mérito, la finalidad del proyecto en cuestión es adecuar la normatividad vigente a las actividades que realiza esa Institución, en su quehacer cotidiano para mantener el orden constitucional del Estado mexicano.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
José Luis García Ramos (rúbrica)
Director General Adjunto
México, DF, a 29 de julio de 2005.
C. Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez
Consejero Adjunto de Legislación y de Estudios
Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Presente
Se recibió en esta Secretaría el oficio No. A.-980, suscrito por el Almirante Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina, mediante el cual solicita la opinión correspondiente al Anteproyecto de iniciativa de reformas y adiciones al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Al respecto, me permito comunicar que, en atención al numeral Séptimo de los Lineamientos relativos a la Elaboración, Revisión y Seguimiento de Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2003, no existe inconveniente para que el Anteproyecto de referencia sea presentado formalmente ante el H. Congreso de la Unión, una vez que haya substanciado el procedimiento correspondiente.
Dadas las circunstancias al día de hoy, se sugiere que dicho Anteproyecto tenga como Cámara de origen, la Cámara de Diputados.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 18 de julio de 2005.
Capitán de Navío C.G. D.E.M.
José Luis Sánchez Sánchez
Presidente de la Comisión de Estudios Especiales
Estado Mayor General
Armada de México
Secretaría de Marina
Presente
Me refiero a su oficio numero 566/2005, recibido en esta Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el día 20 de junio de 2005, mediante el cual solicita se emita el dictamen de impacto regulatorio que corresponda para el anteproyecto denominado "Anteproyecto de la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal".
Sobre el particular, le informo que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), en su artículo 69-A, exceptúa expresamente a los actos, procedimientos o resoluciones de la Secretaría de Marina de la aplicación de las disposiciones del Título Tercero A de la propia LFPA. En consecuencia, esta Cofemer no emitirá dictamen alguno sobre el anteproyecto de referencia.
Lo anterior se comunica con fundamento en el precepto jurídico mencionado, así como en los artículos 7, fracción II, y 9, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y Único, inciso b), del Acuerdo por el que se delegan facultades del Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a los servidores públicos que se indican.
Lic. David Quezada Bonilla (rúbrica)
Coordinador General
Mejora Regulatoria de Serviciosy de Asuntos Jurídicos
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO
215 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, REMITIDA POR EL CONGRESO DE JALISCO
H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión
Enviándoles un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1323/05, del que les adjunto copia, mediante el cual se le remite iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal, presentada por la diputada María del Rocío Corona Nakamura.
Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, propicia hago la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica)
Secretario General del Congreso del Estado
CC. Diputados del Congreso del Estado de Jalisco
A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos le fue turnada, para su estudio y dictamen, iniciativa de acuerdo legislativo que contiene la propuesta de modificar el artículo 215 del Código Penal Federal, por lo cual se hacen las siguientes
Consideraciones
I.- Que es facultad de los diputados presentar iniciativas de ley, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado de Jalisco.
II.- Que corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con:
II.- Las leyes reglamentarías u orgánicas de dispositivos de la Constitución Política del estado y los que la Constitución Federal le autorice reglamentar;
III.- Las competencias y controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Supremo Tribunal de Justicia, salvo lo previsto en los artículos 76, fracción VI, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. La legislación civil, penal o administrativa, en su aspecto sustantivo;
V. El reglamento de esta ley y demás disposiciones reglamentarías;
VI. Los relativos a leyes del Estado en cuanto a la Constitucionalidad, contravención a otras normas legales, técnica legislativa, congruencia interna y la corrección de estilo; y
VII. El análisis y la revisión permanente de la legislación sustantiva jalisciense buscando su codificación y armonía.
IV.- Con fecha 10 de marzo de 2005, la diputada Rocío Corona Nakarnura presentó iniciativa de decreto mediante la cual se reforma y adiciona el artículo 215 Código Penal Federal para tipificar una conducta al tipo penal de abuso de poder haciendo los señalamientos siguientes en su exposición de motivos:
"El juicio de amparo mexicano es una de las instituciones pilares de nuestra estructura jurídica. Su noción original como instrumento de tutela de las garantías individuales concebido por Mariano Otero, Crescencio Rejón y los constituyentes de 1856 1857, ha sido una aportación de México que ha trascendido al derecho latinoamericano y de España, quienes han tomado el modelo e incluso el nombre, en algunos casos.
De su fortalecimiento depende la seguridad jurídica de los gobernados, quienes encuentran en la institución el escudo en contra del autoritarismo y la arbitrariedad. Además de su influencia en diversos ordenamientos de otros países, el juicio de amparo en su concepción histórica ha influenciado al derecho internacional como ocurre con los artículos x..XVIII y 8° de la Declaración Americana y Universal, así como el 2° del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, y 25 de la Convención Americana, a propuesta de los delegados mexicanos que han intervenido en la construcción de dichos instrumentos. De manera indirecta también se ve la influencia del juicio de garantías mexicano en el artículo 13 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
El caso es que el instrumento protector de que tratamos tiene como toral fortaleza la coercitividad de sus mandatos; su acatamiento por parte de las autoridades para la defensa de los derechos de los ciudadanos es obligatoria, y resulta que su desobediencia parte de la autoridad responsable no tiene sanción, toda vez que el artículo 206 de la Ley de Amparo establece que la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
y el Código Penal Federal, al regular el delito de abuso de autoridad, no tiene prevista la hipótesis en la cual la autoridad responsable viole una orden judicial emanada de un juicio de amparo, menos aun le tiene señalada pena alguna. Acatando el conocido apotegma nullum crimen nullum poena sine lege, se colige que en el caso que nos ocupa violación de una orden emanada de un juicio de amparo que no hay delito que perseguir pues no existe ley que lo prevea.
Luego, para evitar impunidad y fortalecer el juicio de amparo, es necesario adicionar el artículo 215 del Código Penal Federal para sancionar como abuso de autoridad a la autoridad responsable que desobedezca una orden judicial proveniente de la substanciación de un juicio de amparo.
En cuyo caso se propone una sanción de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos."
V.- Haciendo un análisis de la exposición de motivos de la diputada Rocío Corona Nakamura, podemos encontrar que la intención es buena de fondo, y se puede interpretar que la concretización de ella acarrearía un mayor respeto a las instituciones y a quienes dictan la justicia en nuestro país, sin embargo, la mayor parte de la propuesta de la diputada ya se encuentra contenida como delito especial en la Ley de Amparo, lo cual la hace extensiva a todos los estados.
La diputada autora de la iniciativa propone que el siguiente texto sea anexado al artículo 215 del Código Penal Federal:
"XII.- Desobedezca una orden judicial proveniente de la substanciación de un juicio de amparo"
"Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por la fracción VI a IX y XIII se le impondrá de 2 a 9 años de prisión, de 70 hasta 400 días de multa y destitución e inhabilitación de 2 a 9 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos."
Respecto del texto que la diputada pretende anexar como fracción XIII al artículo 215 del Código Penal Federal se encuentran, aunque no con esas mismas palabras pero si con los mismos efectos y el mismo espíritu, que los contenidos en la reforma planteada por la iniciativa aquí en comento en la Ley de Amparo en los artículos 208 y 209 tipificando las conductas señaladas por la autora de la iniciativa como delitos especiales; transcribimos los artículos correspondiente a continuación:
Artículo 208.- Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia de la autoridad federal, inmediatamente será separada de su cargo y consignada al juez de distrito que corresponda, para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad.
Artículo 209.- Fuera de los casos señalados en los artículos anteriores, cuando la autoridad responsable se resista a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictados en materia de amparo será sancionada en la forma precisada en el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia, por los actos u omisiones ahí previstos.
Como se puede ver, la propuesta planteada por la diputada Rocío Corona Nakamura ya existe en los textos legales nacionales y tiene plena aplicación en el contexto local, dado el carácter general y federal de la Ley de Amparo, por lo cual resulta innecesario en un primer momento el repetir el tipo penal en el Código señalado por la iniciativa aquí dictaminada.
Sin embargo, su iniciativa no tiene porque ser del todo rechazada, ya que es posible aprovechar la parte en la que refiere a las penas, debiendo tomar en cuenta el aumento a las penas que menciona para las fracciones VI y IX del artículo aquí en estudio, pudiendo quedar dicha propuesta integrada en base a la mayor severidad que le dará esto al castigo mencionado y al mismo tiempo enriquecer al Código Penal Federal; a su vez aclarando el tipo del delito para este caso, además proponemos que se cometerá el delito también por desobedecer órdenes de otros juicios de control constitucional, por lo que se aprueba la presente iniciativa y se ordena girar un acuerdo legislativo al Congreso de la Unión para que se proceda conforme a derecho con esta iniciativa.
Por las anteriores consideraciones, propone que la presente iniciativa se de deje sin efecto, y se resuelve presentar el siguiente proyecto de
Acuerdo Legislativo
PRIMERO. El Congreso del estado de Jalisco eleva a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal.
Artículo Único.- Se adiciona una fracción y se reforma el último párrafo del artículo 215 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 215.- ...
I. a XII. ........
XIII.- Cuando desobedezca una orden judicial proveniente de la substanciación de un juicio de amparo o de cualquier otro juicio de control constitucional.
...
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX y XIII se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Instrúyase al secretario general del Congreso del estado de Jalisco para que remita la presente iniciativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para la continuación de su proceso legislativo.
Salón de Comisiones del Congreso del Estado de Jalisco.
Guadalajara, Jalisco, a 15 de noviembre de 2005.
La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos
Diputados: Pedro Ruiz Higuera (rúbrica),
Presidente; José María Martínez Martínez (rúbrica),
vocal; Alfredo Argüelles Basave, vocal; Ricardo Ríos Bojórquez
(rúbrica), vocal; Salvador Cosío Gaona, vocal; Benito Manuel
Villagómez Rodríguez (rúbrica), vocal; Celia Fausto
Lizabia (rúbrica), vocal.
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 59
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, REMITIDA POR EL CONGRESO
DE NUEVO LEÓN
CC. Diputadas
Sara Rocha Medina
Patricia Garduño Morales
Secretarias de la H. Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En los términos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXX Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León presenta ante ustedes iniciativa de reforma por modificación del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para lo cual acompañamos al presente la siguiente documentación:
Copia del expediente 3397 formado sobre el particular y que contiene la iniciativa presentada por diputados integrantes del PAN, dictamen emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y acuerdo No. 294, aprobado durante la sesión de hoy.
Esperando nos den a conocer el trámite legislativo, dado a nuestra solicitud, nos es grato enviarles un cordial saludo.
Atentamente
Monterrey, NL, a 5 de diciembre de 2005.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Carla Paola Llarena Menard (rúbrica)
Secretaria
Dip. Ricardo Cortés Camarillo (rúbrica)
Secretario
Honorable Asamblea
Los suscritos, diputados Rodolfo Moreno Rodríguez, Hiram Luis de León Rodríguez, Arturo Becerra Valadez, Francisco Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza Vázquez, José Luis Murillo Torres, Juan Enrique Barrios Rodríguez, Serafín Parra Casanova, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, integrantes del grupo legislativo del PAN perteneciente a la LXX Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado de Nuevo León, acudimos ante esta H. asamblea para promover iniciativa de reforma para que, a su vez, este Congreso la haga suya y la remita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y mediante la cual se obtenga la modificación del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, iniciativa que presentamos bajo el tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 17 de nuestra Constitución federal dispone:
"Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho... Las leyes federales o locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones..."
En observancia a tal dispositivo constitucional, el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles preceptúa
"Artículo 59.- Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
I.- Multa hasta de mil pesos; y
II.- El auxilio de la fuerza pública.
Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia."
Como es sabido, múltiples autoridades en el ámbito de su competencia, aplican el referido Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, es conveniente mencionar que una de las virtudes más importantes de cualquier ley es la de prever sistemas o mecanismos coercitivos aplicables a las partes que se nieguen a cumplir con las resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional, las cuales deben estar revestidas de eficacia para su materialización, volviendo realidad la vigencia del estado de derecho al reencauzar el orden jurídico trastocado.
El artículo 59 en estudio no cumple con dicho cometido, pues solamente establece multa de hasta mil pesos y el auxilio de la fuerza pública sin prever ni siquiera el cateo (salvo lo preceptuado por el numeral 432 del mismo ordenamiento, que se refiere a los embargos) y el arresto por treinta y seis horas que es previsto por distintas legislaciones locales, habiéndose pronunciado los tribunales federales, en muchos de los casos, en el sentido de que la medida del arresto no va contra la Constitución.
El Código Federal de Procedimientos Civiles tiene aplicación tanto en juicios de amparo como en otras ramas del derecho, no omitiendo referir que en la última reforma del Código de Comercio, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, se dispuso que el código de aplicación supletoria a la legislación mercantil sería el Código Federal de Procedimientos Civiles y no los códigos procesales locales como se venía aplicando antes de la reforma, lo que conlleva a todos los juicios mercantiles que son los que abundan en mayor número en los juzgados de dicha materia. En el caso de Nuevo León en los denominados juzgados de jurisdicción concurrente.
También se hace necesario reflexionar en que existen varios criterios de juzgadores en el sentido de que la multa de hasta mil pesos a que hace referencia dicho artículo 59, dado que fue instituida antes de la reforma monetaria equivale a una multa de hasta un peso, lo que es completamente inaceptable y en consecuencia se promueve la consiguiente reforma.
Se requiere de medidas de apremio eficaces para que los gobernados en actitud de contumacia acaten las resoluciones de la autoridad y aún más en la actualidad en que no obstante que la mayoría de las personas a quienes se aplican las normas procesales legales conocen los derechos que poseen, va en aumento la cantidad de individuos que no obedecen los mandatos de los órganos encargados de aplicar el derecho, sin que sea obstáculo a lo anterior la parte relativa al último párrafo del dispositivo cuya reforma se propone que dice: "si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia" pues debe imperar el respeto en las resoluciones, de forma autónoma para el juez o autoridades que la decreten y no iniciar infinidad de averiguaciones previas de carácter penal para quienes no cumplan con las determinaciones de los órganos competentes.
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta H. soberanía el siguiente
Decreto
Primero. Se reforma por modificación el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles para quedar como sigue
"Artículo 59.- Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
I.- Multa hasta de mil nuevos pesos,
II.- El auxilio de la fuerza pública,
III.- Cateo por orden escrita, y
IV.- Arresto hasta por treinta y seis horas.
Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia."
Segundo. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Monterrey, NL, a 14 de junio de 2005.
El grupo legislativo del PAN
Diputados: Rodolfo Moreno Rodríguez (rúbrica), Irma Luis de León Rodríguez (rúbrica), Arturo Becerra Valadez (rúbrica), Francisco Apolonio González González (rúbrica), Hugo René Martínez Cantú (rúbrica), Marco Mendoza Vázquez (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Serafín Parra Casanova (rúbrica), Ernesto Alonso Robledo Leal (rúbrica), Zeferino Salgado Almaguer (rúbrica).
Honorable Asamblea
En fecha 14 de junio de 2005 se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que se remita al H. Congreso de la Unión la iniciativa de reforma por modificación del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada por los diputados Juan Enrique Barrios Rodríguez, Arturo Becerra Valadez; Hiram Luis de León Rodríguez, Francisco Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza Vázquez, José Luis Murillo Torres, Rodolfo Moreno Rodríguez, Serafín Parra Casanova, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, integrantes del grupo legislativo del PAN de la LXX Legislatura al Congreso de Nuevo León.
Antecedentes
Manifiestan los promoventes que presentan su escrito de iniciativa buscando garantizar la ejecución de las determinaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales y haciendo referencia a lo dispuesto por el artículo 17 de nuestra Constitución federal, que precisa que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales.
Continúan señalando que en observancia a tal disposición constitucional el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, preceptúa
Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
I. Multa hasta de mil pesos; y
II El auxilio de la fuerza pública.
Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.
Añaden que son múltiples las autoridades que en el ámbito de su respectiva competencia aplican las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Señalan que el Código tiene aplicación tanto en juicios de amparo como en otras ramas del derecho y refieren que en la ultima reforma del Código de Comercio se dispuso que el Código Federal de Procedimientos Civiles tendría aplicación supletoria a la legislación mercantil y no los códigos procesales locales como se venía aplicando hasta antes de la reforma publicada el 13 de junio de 2003; y que en el caso de Nuevo León esto reviste especial atención ya que son los juicios mercantiles los que en mayor número abundan en los juzgados.
Continúan manifestando los promoventes que una de las virtudes más importantes de cualquier ley es la de prever sistemas o mecanismos coercitivos, revestidos de eficacia para su materialización.
Afirman que va en aumento el número de individuos que no obedecen los mandatos judiciales, aun con lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo: "Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia", pues, señalan, debe imperar el respeto a las resoluciones de forma autónoma.
Por otra parte, mencionan que existen criterios de juzgadores en el sentido de que la multa de hasta mil pesos a que hace referencia dicho artículo 59, dado que fue instituida antes de la reforma monetaria, equivale a una multa de hasta un peso, lo cual, añaden, es inaceptable y en consecuencia someten a la consideración de esta soberanía la propuesta de modificación.
Consideraciones
Corresponde al Congreso del estado conocer de la presente iniciativa de reforma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
Asimismo, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es competente para proceder al estudio de la reforma de referencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Nuevo León y por el artículo 39, fracción II, inciso d), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
Los diputados integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales realizamos el estudio de la presente iniciativa y de dicho análisis podemos concluir lo siguiente:
Efectivamente son múltiples las autoridades que, en el ámbito de sus competencias, aplican las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles desde los juicios de amparo a otras múltiples ramas del derecho.
Es sumamente amplio el margen de aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles en asuntos de tan diversa índole, por lo que es menester actualizar sus disposiciones y procurar garantizar su aplicabilidad.
Es elemento esencial para el perfeccionamiento de cualquier ordenamiento poder garantizar mecanismos para su aplicabilidad, dado que en caso contrario ésta se convierte en una mera exposición de buenas ideas plasmadas en papel, pero sin posibilidad real de incidir en la regulación de la actuación social de los gobernados.
Como apuntan los promoventes en su exposición de motivos, en el estado de Nuevo León son cuantiosos los juicios mercantiles que se siguen en los tribunales de la entidad.
En reciente reforma del Código de Comercio se dispuso que el Código Federal de Procedimientos Civiles tendría aplicación supletoria a la legislación mercantil y ya no los códigos procesales locales como se venía aplicando hasta antes de la reforma publicada el 13 de junio de 2003.
Dicha disposición se transcribe a continuación
Código de Comercio
Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
No obstante lo anterior, en uso de la atribución que nos confiere el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado de Nuevo León, los integrantes de esta Comisión dictaminadora hemos determinado modificar el decreto en cuestión, ya que actualmente no se utiliza la denominación "nuevos pesos", sin embargo, con la finalidad de atender a la intención de la iniciativa, hemos acordado modificar la cantidad establecida en la ley de referencia, entendiéndose ahora, en atención a la exposición de motivos de la reforma, que se tratará de una cantidad en pesos actualizada y acorde al tiempo actual, la cual haga posible la aplicación de dicho numeral y por lo tanto el cumplimiento de las determinaciones de la autoridad competente en ese sentido.
Por lo anteriormente expuesto en relación con la iniciativa estudiada en el presente dictamen, los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales nos permitimos someter al criterio del Pleno de este Congreso del Estado, el siguiente proyecto de
Acuerdo
PRIMERO.- La LXX Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, remite al Congreso de la Unión, para su conocimiento y trámite legislativo correspondiente, la iniciativa presentada por los diputados Juan Enrique Barrios Rodríguez, Arturo Becerra Valadez; Hiram Luis de León Rodríguez, Francisco Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza Vázquez, José Luis Murillo Torres, Rodolfo Moreno Rodríguez, Serafín Parra Casanova, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, integrantes del grupo legislativo del PAN de la LXX Legislatura al Congreso de Nuevo León, mediante el cual proponen la modificación del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles en los siguientes términos
Decreto
Artículo Único.- Se reforma por modificación el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:
Artículo 59. ...
I. Multa hasta de mil cien pesos;
II. El auxilio de la fuerza pública;
III. Cateo por orden escrita; y
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.
...
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Envíese al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Monterrey, Nuevo León.
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Diputados: Alonso César Ayala Villarreal (rúbrica), Presidente; César Agustín Serna Escalera (rúbrica), vicepresidente; Ernesto Alonso Robledo Leal, secretario; César Santos Cantú (rúbrica), vocal; Hugo René Martínez Cantú (rúbrica), vocal; Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), vocal; Jorge Humberto Padilla Olvera (rúbrica), vocal; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), vocal; Pedro Bernal Rodríguez (rúbrica), vocal; Raúl Mario Mireles Garza (rúbrica), vocal; Rogelio Alejandro Pérez Arrambide (rúbrica), vocal.
Lic. José Natividad González Parás
Gobernador Constitucional del Estado
Presente
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León nos permitimos en forma atenta y respetuosa solicitar la publicación en el órgano informativo oficial del estado el acuerdo número 294 expedido por el H. Congreso del Estado en esta fecha, cuyo documento se acompaña.
Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, NL, a 5 de diciembre de 2005.
H. Congreso del Estado.
Dip. Carla Paola Llarena Menard (rúbrica)
Secretaria
Dip. Ricardo Cortés Camarillo (rúbrica)
Secretario.
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXX Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política local, expide el siguiente
Acuerdo Número 294
Artículo Primero.- La LXX Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León remite al Congreso de la Unión para su conocimiento y trámite legislativo correspondiente la iniciativa presentada por los diputados Juan Enrique Barrios Rodríguez, Arturo Becerra Valadez; Hiram Luis de León Rodríguez, Francisco Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza Vázquez, José Luis Murillo Torres, Rodolfo Moreno Rodríguez, Serafín Parra Casanova, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, integrantes del grupo legislativo del PAN de la LXX Legislatura al Congreso de Nuevo León, mediante el cual proponen la modificación del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles en los siguientes términos
Decreto
Artículo Único.- Se reforma por modificación el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:
Artículo 59.- ...
I. Multa hasta de mil cien pesos;
II. El auxilio de la fuerza pública;
III. Cateo por orden escrita; y
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.
...
Transitorio
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Envíese al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado y publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil cinco.
Diputados: Daniel Torres Cantú (rúbrica), Presidente;
Carla Paola Llarena Menard (rúbrica), secretaria; Ricardo Cortés
Camarillo (rúbrica), secretario.
QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
51 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y UNA FRACCIÓN XVIII AL
ARTÍCULO 61 DE LA LEY ADUANERA, REMITIDA POR EL CONGRESO DE SONORA
"2005: Año de la Niñez con Discapacidad"
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Presente.
El H. Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo
Primero.- El Congreso del estado de Sonora, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 64, fracción I, de la Constitución local, acuerda presentar ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa de decreto en los siguientes términos:
Decreto
"Artículo Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 51.- ...
El Instituto Nacional de Inmigración, sin la necesidad de autorización de la Secretaría de Gobernación, facilitará la admisión temporal a nuestro país de extranjeros que formen parte de grupos de emergencia y cuyo ingreso al país consista en colaborar con autoridades mexicanas durante el tiempo que se presente alguna contingencia de tipo ambiental causada por incendios, derrames o explosiones de sustancias tóxicas en los municipios fronterizos para el efecto de disminuir o eliminar riesgos a la población y sus bienes.
Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 61.- ...
I.- a XVII.- ...
XVIII.- Los vehículos que se introduzcan al país para efectos de combatir y controlar contingencias de tipo ambiental causada por incendios, derrames o explosiones de sustancias tóxicas y que se presenten en los municipios fronterizos de la República Mexicana, debiendo regresarlos a su país de origen una vez concluida la contingencia.
Artículo Transitorio
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El Congreso del estado de Sonora instruye al Presidente de la Mesa Directiva o al diputado que se comisione para dicho efecto, para presentar formalmente el contenido de los presentes acuerdos ante el honorable Congreso de la Unión.
Tercero.- El Congreso del estado de Sonora acuerda remitir al resto de las Legislaturas estatales el presente acuerdo con solicitud de que se manifiesten a favor del mismo y presenten su iniciativa respectiva ante el honorable Congreso de la Unión.
Cuarto.- El Congreso del estado de Sonora exhorta respetuosamente al honorable Congreso de la Unión para que, en el marco de sus facultades, analice la posibilidad de extender los alcances de la disposición que se expresa en el punto primero del presente acuerdo para todo el país y por cualquier tipo de contingencia.
Lo que comunicamos para conocimiento y demás fines.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Hermosillo, Sonora, 1 de diciembre de 2005.
Diputados: Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica),
Secretario; Martha Patricia Patiño Fierro (rúbrica), Secretaria.
México, DF, 22 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
Para los efectos de los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente la iniciativa de decreto por el que se solicita autorización para que el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 25 al 27 de enero de 2006, a fin de realizar una visita de trabajo a la República de Chile, así como asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Honduras.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presente.
En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito dirigirme a esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para solicitar el permiso constitucional correspondiente, a efecto de ausentarme del territorio nacional del 25 al 27 de enero de 2006, con el propósito de realizar una visita de trabajo a la República de Chile, así como asistir a la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Honduras.
Históricamente, México ejecuta una política exterior que busca profundizar las relaciones con los países de América Latina y el Caribe. A este respecto, desde el inicio de mi Gobierno, me he propuesto que México continúe participando activamente en los principales mecanismos y foros regionales, al tiempo que he buscado fortalecer el diálogo político con cada uno de los países latinoamericanos y caribeños.
Ante la nueva etapa por la que atraviesa, nuestra región, caracterizada por un creciente diálogo político,:México se ha fijado el propósito de impulsar la construcción de un espacio propicio para la reafirmación de la democracia, la paz y la seguridad, así como para la promoción del desarrollo y de la integración.
Visita de Trabajo a la República de Chile
En este contexto, y con el propósito de seguir afianzando nuestras relaciones con las naciones de América Latina y el Caribe, y en atención a la invitación expresa que me formula el Presidente de la República de Chile, señor Ricardo Lagos Escobar, -con comunicación de fecha 28 de octubre de 2005-, me he propuesto realizar, de recibir el beneplácito de ese Cuerpo Colegiado, una Visita de Trabajo a ese país los días 25 y 26 de enero de 2006.
Cabe señalar que México y Chile han logrado construir una sólida y fructífera relación, lo que permite considerar a ese país como un aliado estratégico en nuestra región. Como es de su conocimiento, desde que se restableció el proceso democrático en aquella nación, México y Chile han manifestado importantes coincidencias en temas de política regional y multilateral, que resulta indispensable consolidar si deseamos fortalecer los consensos necesarios para impulsar la integración en la región.
En lo que se refiere a la relación económica, ésta ha sido tradicionalmente muy dinámica sobre todo a raíz de que se suscribió el Tratado de Libre Comercio. En los últimos trece años el comercio bilateral creció 1,042.8%, al pasar de 176.6 md en 1991 a 2,018 md en 2004.
Chile es en la actualidad el segundo socio comercial de México en América Latina y el Caribe (séptimo comprador y segundo abastecedor). En el 2004 las exportaciones mexicanas a esa nación ascendieron a 554 md, y las importaciones fueron por un monto de 1,464 md. En el primer semestre de 2005 el intercambio comercial entre ambos países fue de 1,099 md, lo que representó un incremento de 19% en relación con el registrado en el mismo periodo del año anterior (924.1 md). De este monto, 284.3 md correspondieron a exportaciones mexicanas y 814.7 md a importaciones provenientes de ese país.
Por lo que se refiere a la inversión de México en Chile, ésta asciende aproximadamente a 1,311.6 md, lo que convierte a ese país en el séptimo destino de las inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe. Por su parte, la inversión chilena en nuestro país ascendió 130.3 md, cifra que representa alrededor del 23.6% de la inversión realizada por los países de América del Sur.
Por consiguiente, el propósito principal de esta Visita de Trabajo será el de impulsar y fortalecer los vínculos políticos, económicos y comerciales que unen a ambos países, así como dar un mayor dinamismo a la cooperación en todos sus ámbitos.
Con este propósito, como punto central de la agenda de trabajo, suscribiré con el señor Presidente, Ricardo Lagos Escobar el Acuerdo de Asociación Estratégica, el cual consolida, bajo un solo instrumento jurídico, las acciones conjuntas en materia de concertación política, profundización de las relaciones económicas y comerciales, así como en el ámbito de cooperación. Se trata de un Acuerdo único en su género en el Hemisferio.
Las negociaciones se iniciaron en ocasión de la Visita de Trabajo del señor Presidente Ricardo Lagos Escobar a México en septiembre de 2004 y concluyeron el marco de una segunda Visita de Trabajo del mandatario chileno a nuestro país el 1 y 2 de diciembre de 2005.
Asimismo, participaré en la inauguración del Centro Cultural del Palacio de la Moneda, que iniciará sus actividades con la exposición arqueológica "México: Del Cuerpo al Cosmos", que reúne 189 piezas de diversas culturas de nuestro país, -obras maestras realizadas en cerámica, hueso, concha, oro y bronce-, que constituirá la mayor muestra cultural que México haya presentado en Chile.
En este contexto, y de contar con el permiso de esa Soberanía, tendré la oportunidad de refrendar la voluntad del Gobierno de México para consolidar el excelente nivel de entendimiento político que se tiene, con el Gobierno de la República de Chile.
Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Honduras
En lo que se refiere a las relaciones de México con los países de Centroamérica, cabe destacar que éstas han cobrado también un valor estratégico, no sólo por la vecindad geográfica y las raíces históricas y culturales comunes, sino por la asociación privilegiada que nuestro país ha establecido con los países de la región, orientada a impulsar una Comunidad Mesoamericana de Naciones que garantice una zona de paz, con mayores niveles de desarrollo y bienestar para nuestros pueblos.
Por ello, el Gobierno de México ha ejecutado y articulado importantes estrategias de acercamiento con los países centroamericanos, con objeto de fortalecer el diálogo político, los intercambios económicos y comerciales, así como la cooperación, mismas que, en su conjunto, han contribuido a forjar la intensa relación que sostenemos en la actualidad con dichas naciones.
En este marco, el Plan Puebla Panamá se presenta como la iniciativa regional más importante de desarrollo para la Comunidad Mesoamericana de Naciones que se pretende consolidar. Asimismo, la participación de México, desde noviembre de 2004, en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) fortalece los esfuerzos de nuestro país para ampliar el diálogo político y de cooperación en los foros centroamericanos.
Por consiguiente, la presencia de México en Centroamérica debe ser permanente en todos los países, y contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos en la región. Cabe señalar que las relaciones entre México y Honduras se han caracterizado por el constante diálogo político, el incremento de los flujos comerciales, así como la cooperación y la solidaridad entre sus pueblos. Ambas naciones comparten además, coincidencias importantes en la agenda regional e internacional. Muestra del alto grado de entendimiento que ha alcanzado la relación bilateral es el Tratado sobre Delimitación Marítima entre México y Honduras, el cual fue firmado el 18 de abril de 2005.
La República de Honduras celebró elecciones generales el pasado 27 de noviembre, en las cuales cerca de cuatro millones de habitantes eligieron a un nuevo titular del Poder Ejecutivo. La Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial se realizará en Tegucigalpa el viernes 27 de enero de 2006.
Considero que mi presencia y participación en esa ceremonia, si así lo aprueba esa Soberanía, sería una señal positiva que confirmaría el interés de México en el mantenimiento de un alto nivel de diálogo y cooperación con el nuevo gobierno de dicho país.
Durante mi estancia en Honduras, sostendría un encuentro privado con el nuevo Presidente de la República, a quien expresaría la disposición de mi gobierno por profundizar la relación bilateral y la amistad entre nuestros pueblos. Asimismo, le formularía una invitación para realizar una visita a México en el transcurso del año 2006.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de Usted, someto a la elevada consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 25 al 27 de enero de 2006, a fin de realizar una Visita de Trabajo a la República de Chile, así como asistir a la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Honduras.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero las seguridades de mi consideración más atenta y distinguida.
Palacio Nacional, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil cinco.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Vicente Fox Quesada (rúbrica)
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE COMUNICA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DESIGNÓ AL CIUDADANO SALVADOR CAMPOS ICARDO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO, EN TURQUÍA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS REPÚBLICAS DE AZERBAIYAN, GEORGIA, KAZAJSTÁN Y TURKMENISTÁN
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el día 28 de noviembre del año en curso, manifestando lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Salvador Campos Icardo embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente al nombramiento del C. Campos Icardo. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL CIUDADANO EDUARDO MARTÍN CHRISTLIEB ROMERO, PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN LOS ESTADOS DE GUERRERO Y OAXACA
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Eduardo Martín Christlieb Romero pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en los estados de Guerrero y Oaxaca.
Por lo anterior me permito anexar originales de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la constancia de residencia; copia certificada del acta de nacimiento; así como copias simples de su currículum vitae, de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Finlandia y de su identificación oficial.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, TRES POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Coronel Intdte. LAE Martín Hernández Bastar pueda aceptar y usar la Condecoración al Mérito, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de Rumania.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Sergio Iván Trujillo Bolio pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente originales de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae e identificación oficial.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el licenciado Jaime Virgilio Nualart Sánchez pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito Cultural, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.
Por lo anterior me permito anexar para la integración al expediente original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada de su acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae, de una identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CUATRO POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 25 de noviembre de 2005.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Gregoria Reyes Quintana.
Puesto: Recamarera.
Lugar de trabajo: Embajada de Finlandia en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 30 de noviembre de 2005.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Carlos Andrés Pascacio Villazán.
Puesto: Oficial a cargo.
Lugar de trabajo: Estación experimental en Veracruz de
la Embajada de Australia en México.
Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 30 de noviembre de 2005.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Leda Karnik Minassian.
Puesto: Secretaria.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Nombre: Veremundo Ríos Rodríguez.
Puesto: Personal de seguridad.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Nombre: Leticia Torres Juárez.
Puesto: Empleada doméstica.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Nombre: Fernando Galindo Jiménez.
Puesto: Jardinero.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Nombre: María Guadalupe Olivares Contreras.
Puesto: Empleada doméstica.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Nombre: Alejandro Pérez Hernández.
Puesto: Empleado doméstico.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y de la carta de naturalización de la C. Karmik; originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de las identificaciones oficiales y de la currícula de los CC. Karmik y Pérez.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Claudia Barraza Meléndez.
Puesto: Asistente de sistemas.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América
en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nombre: Manuel Juárez Gutiérrez.
Puesto: Chofer.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América
en México.
Nombre: José Pablo Ramos Cordero.
Puesto: Chofer
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América
en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas; originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN REYNOSA, TAMAULIPAS; EN EL PROGRAMA DE GUSANO BARRENADOR DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, Y EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
México, DF, a 21 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citen a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Edna Ivonne Azuara González.
Puesto: Date entry clerk.
Lugar de Trabajo: Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas.
Nombre: María de la Soledad Baca Esquinca.
Puesto: Asistente de relaciones exteriores en la Sección
de APHIS.
Lugar de Trabajo: Programa de Gusano Barrenador en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Nombre: Mónica Patricia Reyes López.
Puesto: Asistente administrativo en la Sección de APHIS.
Lugar de Trabajo: Programa de Gusano Barrenador en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Nombre: Germán Escandón Valenzuela.
Puesto: Asistente de la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional
en la Oficina de Servicios Generales
Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América
en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas; originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, QUINCE CON LOS QUE SE REMITEN HOJAS DE SERVICIOS DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO MEXICANO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría las hojas de servicios de los ciudadanos
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Florencio Guillermo Castillo
Ventura (6714658)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio
(9248033)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor David Moreno Gutiérrez
(8208388)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Víctor Hugo Aguirre
Serna (9728844)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Pedro Madrigal Ascencio
(6416790)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Luis Ricardo Díaz
Palacios (8208410)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Raúl David Guillén
Altuzar (6459770)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Pablo Díaz Gaytán
(6459579)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Genaro Robles Casillas
(6459615)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Adolfo Hugo Bacmeister y
Ortega (5899223)
General Brigadier Médico Cirujano Diplomado de Estado Mayor
Rafael Arias (6706619)
General Brigadier Carlos Jiménez Arellano (6681048),
Por lo anterior acompaño al presente las hojas de servicios de los citados militares, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, OCHO CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-2731, suscrito el día 22 de noviembre último por las secretarias de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DAN-03810, signado el día 2 del actual por el ingeniero Bosco Martí Ascencio, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual manifiesta su disposición para coadyuvar con las funciones de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros del citado órgano legislativo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo.
Tlatelolco, DF, a 2 de diciembre de 2005.
Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En nombre del secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, le agradezco el oficio SEL/300/6452/05 del 23 de noviembre de 2005 que le dirigió, mediante el cual le remitió fotocopia del punto de acuerdo que crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En mi calidad de representante propietario por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, le manifiesto mi más amplia disposición para coadyuvar al cumplimiento de las funciones que tendrá dicha Comisión.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mis más altas y distinguidas consideraciones.
Ing. Bosco Martí Ascencio (rúbrica)
Director General
México, DF, a 20 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-0-2406, suscrito el día 13 de septiembre del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Ma. Sara Rocha Medina, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. LIX/AL/1469/05, signado el 9 de noviembre último por el doctor Rogelio M. Chagoya Romero, oficial mayor del H. Congreso del estado de Oaxaca, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas locales a integrar una Comisión de Pesca y Acuacultura que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el sector pesquero.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
C. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
México, DF
Por instrucciones de los ciudadanos diputados integrantes de la Diputación Permanente de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del estado, me permito acusar recibo de su oficio número SEL/300/4875/05 recibido en la Oficialía Mayor con fecha 3 de noviembre del año en curso, en el que anexa copia del punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Unión por el que se exhorta a las Legislaturas locales de las distintas entidades federativas de la República Mexicana a que integren en sus respectivos órganos de gobierno una Comisión de Pesca y Acuacultura, que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el sector pesquero; al respecto le informo que este Congreso ya cuenta con una Comisión Permanente de Pesca.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El respeto al derecho ajeno es la paz.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 9 de noviembre de 2005.
Dr. Rogelio M. Chagoya Romera (rúbrica)
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado
México, DF, 20 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-0-2612, suscrito el día 4 de noviembre último por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 400.-510, signado el 1 del actual por el C. Antonio Ruiz García, subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a reasignar recursos suficientes a los Programas de Empleo Temporal y Desarrollo Rural aplicados por esa dependencia, para atender la contingencia climatológica por sequía atípica en los estados de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y otros estados que la padezcan.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Lic. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En atención a su oficio No. SEL/300/6130/05, relativo al punto de acuerdo aprobado en sesión del pasado 4 de noviembre, con el que "se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que reasigne recursos suficientes a los Programas de Empleo Temporal y Desarrollo Rural aplicados a la Sagarpa para atender la contingencia climatológica por sequía atípica en los estados de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y los estados que padezcan sequía", me permito informarle lo siguiente.
Las contingencias en los estados antes indicados se han venido atendiendo de manera conjunta con los gobiernos estatales, y a través de los diferentes programas de esta Secretaría, entre los que destaca el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (Piasre) y la Alianza.
Por todo lo anterior, consideramos que la exhortativa de la Cámara ha encontrado respuesta en las acciones de esta Secretaría; sin embargo, la eventualidad de que podamos contar con el Programa de Empleo Temporal podría coadyuvar en esta atención.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Antonio Ruiz García (rúbrica)
Subsecretario de Desarrollo Rural
México, DF, a 20 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. DGP1L59-II-5-1902, suscrito el 18 de octubre del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 99347, signado el 1 del actual por el C. Gral. de Bgda. DEM Harold Henry Rabling Torres, Subjefe de Doc. Mil. del EMDN de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al descacharramiento del río Suchiate, en el estado de Chiapas.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 1 de diciembre del 2005.
C. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Bucareli número 99
Primer Piso, Edificio Cobián
Colonia Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, DF
Por orden del C. General Secretario de la Defensa Nacional, me es grato referirme a su atento oficio número SEL/300/5567/05 de 19 de octubre del 2005, mediante el cual comunicó a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 18 de octubre del presente año, mismo que en su párrafo tercero exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con el Ejército Mexicano inicie una campaña de descacharramiento en las comunidades que se ubican en el río Suchiate, en el estado de Chiapas, que ayuden a evitar la propagación del dengue y asimismo, se apliquen medicamentos para combatir la parasitosis, presente en esa población; al respecto, hago de su conocimiento que esta dependencia del Ejecutivo federal estará al tanto de la petición que, en su caso, formule la Secretaría de Salud, para proporcionarle el apoyo que sea posible, de conformidad con la disponibilidad de personal militar.
Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Gral. Bgda. DEM. Harold Henry Rabling Torres
(rúbrica)
México, DF, a 20 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención a los oficios números D.G.P.L.59-II-3-1832 y D.G.P.L.59-II-4-1685, suscritos el 25 de octubre del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 326-SAT-VI-74650, signado el 29 de noviembre último por el licenciado Mauricio Mireles Poulat, administrador central de Planeación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual da respuesta a los puntos de acuerdo relativos al Programa Paisano y a la seguridad de los connacionales que retornan a México en periodos vacacionales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
C. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Hago referencia a sus diversos números SEL/300/ 5795/05 y SEL/300/5814/05, de fechas 26 y 27 de octubre de 2005, respectivamente, mediante los cuales comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se exhorta al Secretario de Gobernación a que, a través del Instituto Nacional de Migración y de la Coordinación Intersecretarial que vigila el Programa Paisano, se continúe reforzando el funcionamiento de dicho programa, particularmente en los periodos vacacionales.
Sobre el particular, me permito informarle que en el marco de los trabajos de la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano, la Administración General de Aduanas, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha implementado una serie de acciones relacionadas con el control de la entrada y salida al país de vehículos, de pasajeros y de mercancías de procedencia extranjera, en virtud de que este tipo de operaciones cobra mayor importancia durante la temporada de fin de año.
Apoyo en trámites aduaneros y operativos de supervisión
Este personal es responsable de supervisar que los trámites aduaneros se realicen en estricto apego a derecho, de forma ágil, evitando abusos y excesos de autoridad.
El operativo se llevará a cabo en 34 puntos de atención, distribuidos en módulos consulares, aduanas de la frontera norte y en los principales aeropuertos internacionales de nuestro país.
El año pasado se otorgaron más de 760 mil permisos de importación temporal de vehículos, de los cuales el 23 % se otorgó durante diciembre; este año, esperamos un incremento de 1.2 % de permisos en relación pon el mismo periodo de 2004.
El operativo de supervisión y facilitación se inició el 3 de noviembre de 2005 y concluye el 10 de enero de 2006. En este periodo está considerada una segunda fase de supervisión a la operación de retornos en los principales puntos de cruce en la frontera norte. La participación de los funcionarios de la Administración General de Aduanas se desarrolla en un marco de colaboración con el personal de otras dependencias que participan en el Programa Paisano, a efecto de transparentar la función de supervisión en la atención a los connacionales.
Programa de mejora y acondicionamiento de instalaciones
Año con año, la Administración General de Aduanas ha logrado tener mejores resultados, disminuyendo sensiblemente el número de quejas. Actualmente se analizan nuevos esquemas que permitan mejorar aún más los trámites aduaneros.
El compromiso es mejorar nuestra atención día con día, nos interesa desarrollar y fomentar una cultura de cambio e información, que elimine problemas que surgen por el desconocimiento de la normatividad.
La Administración General de Aduanas, en un esfuerzo para mejorar sustancialmente el servicio en cada una de sus áreas, da a conocer el presente Programa de Mejora al Servicio de Atención, que tiene como objetivo brindar mayores beneficios a nuestros usuarios y dar la bienvenida a los paisanos que con motivo de los festejos de fin de año regresan para reunirse con sus familiares y amigos.
El Programa Paisano como instrumento de la administración pública, ha evolucionado favorablemente, generando la confianza de nuestros compatriotas residentes en el extranjero. Ellos saben que al internarse a México siempre habrá una mano amiga y alguien que los apoyará en la defensa y protección de sus derechos fundamentales.
Atentamente
Lic. Mauricio Mireles Poulat (rúbrica)
Administrador Central
México, DF, a 20 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-3-1832, suscrito el 25 de octubre del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 99749, signado el 2 del actual por el Gral. Bgda. DEM Harold Henry Rabling Torres, Subjefe de Doc. Mil. del EMDN de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la seguridad de los connacionales que retornan a México, particularmente en periodos vacacionales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 2 de diciembre del 2005.
C. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación.
Bucareli No. 99, Primer Piso
Edificio Cobián, Colonia Juárez
Delegación Cuauhtémoc, DF
Por orden del C. General Secretario de la Defensa Nacional, me es grato referirme a su atento oficio número SEL/300/5812/05 del 27 de octubre del 2005, mediante el cual comunicó a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de octubre del presente año, mismo que en su párrafo único establece que la Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Gobernación para que, en coordinación con las dependencias estatales y municipales competentes, garantice la seguridad de los connacionales que retornan a México, particularmente en los periodos vacacionales, hago de su conocimiento que esta Secretaría continuará, con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías individuales, participando en las acciones para garantizar la seguridad de los connacionales que retornan al país, sobre todo en periodos vacacionales, utilizando el despliegue operativo que de manera permanente existe en el territorio nacional.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Gral. Bgda. DEM. Harold Henry Rabling Torres
(rúbrica)
Subjefe de Doc. Mil. del EMDN.
México, DF, a 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención a los oficios números D.G.P.L.59-II-3-1832 y D.G.P.L.59-II-4-1685, suscritos el día 25 de octubre último por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia de los similares números 400/28.11.05/094 y 400/12.12.05/098, signados los días 28 de noviembre y 12 de diciembre del año en curso, respectivamente, por el licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez, subsecretario de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante los cuales da respuesta a los puntos de acuerdo relativos al Programa Paisano y a la seguridad de los connacionales que retornan a México, en periodos vacacionales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México DF, a 28 de noviembre de 2005.
Lic. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En relación con su oficio de referencia por el que se hizo llegar a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado el 25 de octubre del año en curso, mediante el cual los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, ha comunicado al ingeniero Francisco J. Salazar Sáenz, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se "exhorta al Secretario de Gobernación para que, en coordinación con las dependencias estatales y municipales competentes, garantice la seguridad de los connacionales que retornan a México, particularmente en los periodos vacacionales" le comento lo siguiente:
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social acusa recibo del punto de acuerdo referido y comunica que, pese a que no forma parte de la Comisión Intersecretarial que lleva a cabo el "Programa Paisano", cumplirá con el exhorto realizado en el ámbito de su competencia.
Sin otro particular, le solicito se haga llegar esta comunicación a los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y Secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Lic. José Gerardo Mosqueda Martínez (rúbrica)
Subsecretario
México DF, a 12 de diciembre de 2005
Lic. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En relación con su oficio de referencia por el que se hizo llegar a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado el 25 de octubre del año en curso, mediante el cual los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, ha comunicado al ingeniero Francisco J. Salazar Sáenz, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se "exhorta al secretario de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración y de la Coordinación Intersecretarial que vigila el Programa "Paisano", continúe reforzando el funcionamiento de dicho Programa, particularmente en periodos vacacionales", le comento lo siguiente:
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social acusa recibo del punto de acuerdo referido y comunica que, pese a que no forma parte de La Comisión Intersecretarial que lleva a cabo el "Programa Paisano", cumplirá con el exhorto realizado en el ámbito de su competencia.
Sin otro particular, le solicito se haga llegar esta comunicación a los CC. diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y Secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Sufragio Efectivo. No Reelección
Lic. José Gerardo Mosqueda Martínez (rúbrica)
Subsecretario
México, DF, a 20 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-4-1685, suscrito el 25 de octubre del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 99131, signado el 30 de noviembre último, por el Gral. Bgda. DEM Harold Henry Rabling Torres, Subjefe de Doc. Mil. del EMDN de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al funcionamiento del Programa Paisano, particularmente en periodos vacacionales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 30 de noviembre del 2005.
C. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Bucareli No. 99, Primer Piso
Edificio Cobián, Colonia Juárez
Delegación Cuauhtémoc, DF
Por orden del C. General Secretario de la Defensa Nacional, me es grato referirme a su atento oficio número SEL/300/5793/05, del 26 de octubre del 2005, mediante el cual hace del conocimiento de esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de octubre del presente año, mismo que en su párrafo único establece que se exhorta al secretario, de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración y de la Coordinación Intersecretarial que vigila el programa "Paisano", continúe reforzando el funcionamiento e dicho programa, particularmente en los periodos vacacionales; al respecto, hago de su conocimiento que esta Secretaría continuará reforzando el referido programa, mediante el despliegue operativo de unidades y servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que mantiene en todo el territorio nacional, para atender las necesidades de los mexicanos que ingresan al país temporalmente, ello, con absoluto respeto a los Derechos Humanos y las Garantías Individuales.
Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Gral. Bgda. DEM. Harold Henry Rabling Torres
(rúbrica)
Subjefe de Doc. Mil. del EMDN
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, VEINTISIETE CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. V-556, signado el 4 de noviembre del año en curso por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para, los fines procedentes, original del similar número DCP-2506/05, signado el 5 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo al caso de Juan Robles Gutiérrez.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-2121, suscrito el día 10 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DGGIMAR.710 007090, signado el día 6 del actual por el C. José Ernesto Navarro Reynoso, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a investigar la presunta introducción ilegal al país, traslado y disposición final del ácido 2, 4-D, mejor conocido como agente naranja; así como a informar sobre los resultados de dicha investigación.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-2057, signado el 3 de noviembre del año en curso por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, original del similar número DCP-2531/05, signado el 2 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a adoptar una posición propositiva y enérgica durante la undécima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático/primera Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-2078, signado el 4 de noviembre del año en curso por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número EOO.SII.- 367, suscrito el 29 de noviembre último por el ingeniero Juan R. Elvira Quesada, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la situación legal de la empresa Altecin, SA de CV.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-2047, signado el 27 de octubre del año en curso por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. BOO.04.08.-671, suscrito el 30 de noviembre último por la MCC Heidi Storsberg Montes, gerenta de la Unidad de Comunicación Social de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a agilizar la entrega del dictamen de diagnóstico climatológico de la ocurrencia del fenómeno climático indispensable para la declaratoria de contingencia.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-2132, signado el 10 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 170/UCVPS/447/2005, signado el día 6 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a instrumentar una campaña de información, a nivel nacional, para concienciar a la población, especialmente a quienes padecen de diabetes, sobre los riesgos de sufrir amputaciones y cómo prevenirlas.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. I-2768, suscrito el día 4 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. SEMARNAT/UCPAST/05/1491, signado el día 2 del actual por el ingeniero Miguel Guevara Torres, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a los programas de atención a la población indígena dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-1859, suscrito el día 20 de septiembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 6152, signado el día 17 de noviembre del año en curso por el licenciado José Luis Espinoza Díaz, secretario particular del secretario de Gobernación del estado de Puebla, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales a investigar y combatir la distribución de drogas en las escuelas y sus inmediaciones; así como a adoptar un programa urgente de prevención y atención de las adicciones entre la población joven del país.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-1893, suscrito el día 27 de septiembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 3.- 765, signado el día 1 del actual por el C. Jorge Fernández Varela, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a informar sobre las acciones que han sido implementadas; los convenios que a la fecha se han firmado; las proyecciones correspondientes; así como también los montos de inversión que se han comprometido para emprender el proyecto carretero denominado libramiento norte de la Ciudad de México.
Agradezco la atención al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. I-2612, suscrito el día 20 último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 400 / 347 / 05, signado el día 6 del actual por el C. Lauro López Sánchez, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta Secretaría, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esta dependencia a vigilar, de manera más rigurosa, las actividades de las diversas Iglesias y asociaciones religiosas en torno al proceso electoral.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. I-2663, suscrito el día 27 de octubre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. SSAL/02850/05, signado el día 2 del actual, por el embajador Jorge Chen Charpentier, subsecretario para América Latina y El Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar e informar sobre la posible pérdida o ganancia de territorio en la frontera de México con Guatemala a causa del desbordamiento del río Suchiate.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. V-564, suscrito el día 8 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. SSAL/02853/05, signado el día 2 del actual por el embajador Jorge Chen Charpentier, subsecretario para América Latina y El Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como los anexos que en el mismo se citan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia informar sobre los acuerdos alcanzados y las propuestas presentadas por el Presidente de la República durante su visita a Argentina y Costa Rica; los argumentos para justificar la política de impulsar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas; así como la postura que asumirá el gobierno mexicano en materia de subsidios agrícolas durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. V-605, suscrito el día 22 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. UCAI/4712/05, signado el día 7 del actual por la C. Ma. Teresa Bandala Medina, directora general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal informar sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
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Presentes
En atención al oficio No. III-2204, suscrito el día 24 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 307-A- 1178, signado el día 6 del actual por el C. Guillermo Bernal Miranda, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al apoyo para los estados afectados por las bajas temperaturas, a través del Fopreden.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-2163, suscrito el día 17 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 102-K-IV-A-645, signado el día 9 del actual por el C. Pedro Luna Tovar, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la exención del pago de peaje a los estudiantes que utilizan carreteras de cuota para el traslado a sus centros de estudio.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. I-2612, suscrito el día 20 de octubre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 2840/FEPADE/2005, signado el día 2 del actual por la C. María de los Ángeles Fromow Rangel, fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, así como los anexos que en el mismo se citan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a los funcionarios de los diversos órdenes de gobierno, a abstenerse de realizar conductas contrarias a la ley, así como a observar imparcialidad en el proceso electoral.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
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Presentes
En atención al oficio No. I-2663, suscrito el día 27 de octubre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DGVI/ 596/ 2005, signado el día 8 del actual por el licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso de los huracanes Stan y Wilma.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. I-2663, suscrito el día 27 de octubre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 102-B-CA-52/05, signado el día 9 del actual por el C. Alejandro Vázquez Salido, coordinador de asesores del subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso de los huracanes Stan y Wilma.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
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Presentes
En atención al oficio No. V-605, suscrito el día 22 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 102 -B - 234, signado el día 8 del actual por el C. Alonso García Tamés, subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal informar sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
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Presentes
En atención al oficio No. I-2793, suscrito el día 15 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DGF/ 797/ 2005, signado el día 8 del actual por el C. Carlos Bayo Martínez, director general de Fondo de Desastres Naturales de esta Secretaría, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos del Fonden para la reconstrucción de la infraestructura carretera y apoyar a los damnificados por los efectos causados por el huracán Stan, en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
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Presentes
En atención al oficio No. III-2841, suscrito el día 22 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 1.7.3/M 104/05, signado el día 12 del actual por el doctor Francisco Escobar Vega, director general adjunto de Relaciones Internacionales y Comités Especiales Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como el anexo que en mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a presentar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
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Presentes
En atención al oficio No. III-2206 suscrito el día 24 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes copia del similar No. DCP-2573/05, signado el día 13 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y al Protocolo de Kyoto.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-2159, suscrito el día 17 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DCP-2575/05, signado el día 13 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a celebrar un convenio complementario al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Brasil, que permita a las empresas públicas Pemex y Petrobras compartir información sobre los desarrollos tecnológicos en materia de explotación de hidrocarburos en aguas profundas.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. V-584, suscrito el día 17 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DCP-2563/05, signado el día 13 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal informar sobre las políticas públicas y las acciones realizadas en favor de los emigrantes mexicanos, así como de las medidas tomadas para incentivar su permanencia en México y propiciar su retorno al territorio nacional.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. V-605 suscrito el día 22 de noviembre último, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. CEI-100.-2005.0469 signado el día 13 del actual, por el C. Lic. Cuauhtémoc Cardona Benavides, coordinador de Enlace Institucional de la oficina del C. secretario de Energía, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal informar sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 16 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-2139 suscrito el día 15 de noviembre último, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 112.-001148 signado el día 4 del actual, por el C. Lic. Felipe Zavala Ponce, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la aplicación de los programas de apoyos a la agricultura y la ganadería, por parte de esa dependencia y de apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 19 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-2164 suscrito el día 17 de noviembre último, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 09/000/009488/2005 signado el día 29 de noviembre del año en curso, por la C. Lic. María Guadalupe Jiménez Duardo, titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia informar lo referente a presuntas irregularidades que se han presentado en las casetas de peaje de nuestro país.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 20 de diciembre de 2005.
CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso
de la Unión
Presentes
Aurizanda Emilia Pintoribeiro de Moya, mexicana por naturalización, médica, con domicilio permanente en Galeana 130, colonia San Ángel Inn, delegación Álvaro Obregón, en esta ciudad de México, DF, ante ustedes, con todo respeto, comparezco y expongo:
Que con fundamento en el artículo 37, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión el permiso o licencia necesarios para admitir o aceptar y -en su caso- ejercer las funciones de consejera personal del Presidente de la Republica de Guinea-Bissau (país del África Occidental, con quien el nuestro mantiene relaciones diplomáticas y consulares desde el año de 1974, fecha de su independencia) con los derechos y prerrogativas inherentes al cargo de ministro, en los términos del Decreto Presidencial expedido en Bissau, el primero de los corrientes, por el propio Presidente de la República, general Joao Bernardo Vieira, pues no deseo perder mi ciudadanía mexicana sino conservarla.
Acompaño en original debidamente firmado, con una fotocopia para cotejo y devolución del primero, el decreto Presidencial No. 64/2005 suscrito por el Presidente de la República de Guinea Bissau, emitido a través de la Presidencia de la República el primero de diciembre en curso, designándome para el cargo de referencia, el cual bajo protesta de decir verdad, manifiesto no haber aceptado o admitido hasta contar, en su caso, con la licencia o permiso de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión y tampoco he prestado voluntariamente ningún servicio oficial a ése o a cualquier otro gobierno extranjero como prohíbe la fracción II del citado mandato constitucional. Como dicho decreto original está redactado en idioma portugués acompaño así mismo una traducción no oficial de dicho decreto en idioma español.
También adjunto a esta respetuosa solicitud, el original y una fotocopia para cotejo y devolución del primero, de mi carta de naturalización mexicana No. 154, expedida a mi nombre por la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 28 de enero de 1999, así como fotocopia de mi pasaporte mexicano ordinario A-ITA-010, expedido por la Embajada de México en Italia el 15 de enero de 2001 con vigencia hasta el 15 de enero de 2006.
De igual manera acompaño fotocopia del registro en el Registro Civil del Distrito Federal de mi matrimonio con el ciudadano mexicano por nacimiento Mario Augusto José Moya y Palencia, que tuvo lugar en Roma, Italia, el 26 de enero de 1996, y la correspondiente al nacimiento de nuestra hija, la menor, Aurizanda María Moya Ribeiro, actualmente de 7 años de edad, expedida por la Sección Consular de la Embajada de México en la propia ciudad de Roma, Italia, pero que es mexicana por nacimiento.
Por lo expuesto y fundado,
A ustedes CC. secretarios de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente solicito:
Único.- Tramitar a partir de esta fecha mi solicitud de licencia o permiso en los términos del artículo 37 constitucional, apartado C) fracción IV, para desempeñar las funciones de Consejera Personal del Presidente de la República de Guinea-Bissau, en los términos del decreto Presidencial del mismo que adjunto y de acuerdo con las manifestaciones que bajo protesta de verdad he consignado en el presente escrito.
Protesto lo necesario.
Dra. Aurizanda E. Pinto-Ribeiro de Moya (rúbrica)
México, DF, a 2 de enero de 2006.
CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso
de la Unión
Presentes
Aurizanda Emilia Pinto-Ribeiro de Moya, mexicana por naturalización, médica, con domicilio permanente en Galeana 130, colonia San Ángel Inn, delegación Álvaro Obregón, en esta ciudad de México, DF, ante ustedes, con todo respeto, expongo:
Que como complemento a mi diverso escrito de comparecencia fechado el 20 de diciembre de 2005, y recibido por ustedes el 21 de diciembre del propio año, mediante el cual he solicitado permiso o licencia para admitir o aceptar y en su caso ejercer las funciones de consejera personal del Presidente de la República de Guinea-Bissau, con los derechos y prerrogativas inherentes al cargo de ministro, manifiesto, bajo protesta de decir verdad que, si obtengo dicho permiso y aceptara en lo futuro dicho cargo, habría de ejercerlo sin variar mi residencia en México, y no ausentándome del país en ningún caso más allá del plazo que indica la Constitución que nos rige (artículo 37, B. fracción II) ya que el objetivo esencial del mismo sería estrechar las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales con México y, eventualmente, con otros países de América Latina.
Por lo expuesto,
A ustedes CC. secretarios solicito:
Único. Tener por hechas bajo protesta de decir verdad las manifestaciones contenidas en el presente escrito a fin de que sean tomadas en cuenta en el trámite del permiso solicitado.
Respetuosamente
Dra. Aurizanda E. Pinto-Ribeiro de Moya (rúbrica)
El suscrito, diputado de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro país está experimentando un proceso de cambio político, que fortalece a las instituciones democráticas y representativas. Principalmente por el impulso de la sociedad, más que por el del gobierno o por acuerdos deliberados de las fuerzas políticas, vivimos un movimiento hacia la formación de nuevos equilibrios entre los poderes y a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, por parte de las instituciones públicas.
Efectivamente, el fenómeno de la rendición de cuentas, caracterizada por la garantía del derecho a la información consagrado en el artículo 8 de la Constitución, reglamentado por la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y concretada por el Instituto Federal de Acceso a la Información, obedece a un largo y sólido fenómeno de denuncia social, conducido por el ejercicio serio y responsable del periodismo. El cuestionamiento en torno a la racionalidad y legalidad de las decisiones públicas, así como a la manera como se administran los recursos fiscales que aportamos todos los ciudadanos, lleva a cambiar la manera de operar la administración pública.
El viejo paradigma de la administración pública centralizada, vertical y discrecional, está dando paso a un nuevo paradigma con instituciones que sean más responsables ante el Congreso y la sociedad; más flexibles, profesionales e innovadoras y, sobre todo, más honestas y transparentes. Los legisladores estamos involucrados, de manera determinante, en impulsar un cambio cultural que reivindique el Estado de derecho y erradique la impunidad y la corrupción.
El Poder Legislativo, en este siglo XXI, está llamado a asumir un papel más vigoroso en las funciones que le reconoce la teoría constitucional, sociológica y política del Estado, superando la función tradicional de carácter legislativo. En ese sentido, funciones como las de evaluación, control y fiscalización del quehacer gubernamental, forman una parte importante del renovado mandato popular depositado en su representación legislativa.
El Congreso realiza ambas funciones, la de control y la de fiscalización. En esta última, existen disposiciones legales específicas, un órgano camaral y la Auditoria Superior de la Federación, que evalúa la cuenta pública federal, que se revisa en un plazo de hasta 2 años después del período que corresponde. En el caso de la función de control, no había un órgano determinado, que se corresponda con la Secretaría de la Función Pública.
Desde el año 2003, la antigua Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo fue sustituida por la Secretaría de la Función Pública, sin que se actualizara la organización de ambas Cámaras del Congreso, a pesar de que la propia Ley Orgánica señala que por cada ramo de la Administración Pública Federal, existirá una comisión correlativa.
En el caso de la Cámara de Diputados, el 27 de septiembre del año pasado, el Pleno acordó la creación de la Comisión Especial de la Función Pública. Valorando la importancia de concederle una naturaleza permanente y dictaminadora, dicha Cámara aprobó el 1º de diciembre pasado, la reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica, para reconocerla como comisión ordinaria. El proceso legislativo concluyó con la aprobación del Senado de la República a dicha modificación, el 15 de diciembre de 2005.
No obstante lo anterior, hacemos notar que actualmente no existe en el artículo 90 de la Ley Orgánica que contiene las comisiones del Senado de la República, una Comisión similar de la Función Pública.
Su aprobación tendría varios efectos positivos. En primer lugar, garantizar el adecuado ejercicio de facultades compartidas. Debemos tomar en cuenta que el ámbito competencial de la función Pública abarca leyes en materia del servicio profesional de carrera, las adquisiciones, los arrendamientos, los contratos de obra pública, los procedimientos contenciosos-administrativos, la mejora regulatoria, las acciones de transparencia y combate a la corrupción, los estímulos, premios y recompensas civiles, entre otras, de acuerdo con las facultades señaladas por el artículo 73 de nuestra Carta Magna.
En segundo lugar, su creación permitiría una mejor coordinación entre las dos Cámaras del Congreso, en el ejercicio de las multicitadas funciones de control, evaluación y fiscalización.
El tercer elemento de valoración, es el de favorecer la eficacia legislativa, al determinar órganos específicos para la atención de estos temas y para producir las reformas a la legislación que ameriten.
Por estas consideraciones, reiteramos nuestro convencimiento de la necesidad y aporte al trabajo legislativo, que significaría la creación de una Comisión de la Función Pública en el Honorable Senado de la República. En tal virtud, someto a su consideración la siguiente iniciativa con:
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se adiciona una fracción XVI al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pasando las actuales fracciones XVI a XXIV, a ser XVII a XXV, para quedar como sigue:
Artículo 90.
1. Las comisiones ordinarias serán las de:
I. a la XV. (quedan igual)
XVI. Función Pública
XVII. a XXV. (se recorren las actuales XVI a XXIV)
Artículo Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2006.
Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica)
QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y DEROGA
EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERICO
DÖRING CASAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Federico Döring Casar, diputado federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de clarificar y ampliar la libertad religiosa, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El reconocimiento de la dignidad de la persona humana y, concretamente, de su libertad religiosa, es el camino por el que se han construido las sociedades democráticas occidentales modernas, haciendo posible la convivencia en libertad de una pluralidad de credos religiosos o filosóficos.
De tal suerte, que la libertad religiosa, es un fundamento básico de toda sociedad avanzada; no es de extrañarse que este es el principal derecho que protegieron las primeras declaraciones de derechos humanos.
En efecto, sin duda la libertad religiosa, y las luchas por imponer la tolerancia religiosa, tuvieron un papel destacado en los albores y estabilidad del Estado Constitucional, al ser condición indispensable para asegurar la paz, y evitar que las diferencias religiosas, continuarán siendo las causas de las guerras que habían caracterizado la edad media. La tolerancia, pues, se instituye como un cimiento esencial de todo el edificio constitucional.
En nuestro país, el peso histórico de las relaciones del Estado con las Iglesias, es un factor que ha determinado el establecimiento de requisitos para que las asociaciones religiosas ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones; pero ante un México dinámico y evolutivo, se hace necesario actualizar nuestro marco jurídico constitucional en materia religiosa.
En efecto, desde 1917 a 1992, teníamos en nuestro país, un régimen identificado por un eje colmado de restricciones y prohibiciones de diversa y muy variada índole, circunstancia que provocó un retraso grave en la vigencia del derecho humano de la libertad religiosa.
La reforma realizada en el año de 1992, adecuó a las nuevas condiciones las disposiciones jurídicas en la materia. Dichas normas se relacionan con la situación jurídica de las iglesias, las agrupaciones religiosas y los ministros y las manifestaciones de culto. El mérito se puede evaluar, en general, en tres vertientes: a) el reconocimiento de derechos y libertades en el ámbito religioso y, por consiguiente, de las expresiones sociales que habían permanecido restringidas desde 1917; b) la regulación de la actuación de las iglesias como sujeto activo de derecho, cerrando la brecha de interlocución entre la iglesia mayoritaria y el Estado mexicano, y que dio lugar a conflictos históricos entre ellos hasta mediados del siglo pasado y, finalmente, c) la configuración de la expresión normativa de la libertad religiosa, derecho inalienable del ser humano, con lo que se cubrió un vacío jurídico en un asunto extraordinariamente sensible para la mayoría de los mexicanos.
No obstante, dicha reforma ha resultado insuficiente para tutelar de manera óptima la libertad religiosa, y por supuesto, quedó rezagada desde su origen ante las normas y convenciones que rigen en este campo en el ámbito internacional, de donde se destaca una falta de congruencia entre nuestro régimen interno en materia religiosa, con relación a lo dispuesto en los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito, y los cuales son jurídicamente vinculatorios.
Así tenemos que el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como el "Pacto de San José", establecen el derecho de toda persona para adoptar, conservar o cambiar sus creencias religiosas y para divulgarlas tanto en el ámbito privado como público. Precisamente en ésta última convención internacional, creada en 1969 y suscrita por México desde 1981, se consagra la Libertad de Conciencia y de Religión en ésos términos, los cuales me permito citar:
"Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias."
"La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás."
Esta propuesta, que se basa en dos aspectos fundamentales, es resultado de un cuidadoso proceso de maduración incluyente, ya que cuenta con el concurso de voluntades de asociaciones religiosas de diferentes credos, para que cubra las expectativas en la materia, y aporte nuevos elementos constitucionales y de valor a todos los individuos y grupos sociales, al ampliar los alcances y por ende las bondades de la libertad religiosa, teniendo sobre todo en cuenta, el principio de responsabilidad.
En efecto, la presente propuesta toma en cuenta nuestra historia y el avance democrático que se ha ido consolidando en nuestro país, así como los aspectos culturales. Estamos ciertos que avanzar en el reconocimiento de todas las dimensiones de la libertad religiosa, es una necesidad y exigencia de la dignidad humana.
El primer aspecto fundamental de la propuesta, tiene que ver con la necesidad de armonizar el contenido y alcance del artículo 24 de la Constitución General, con el del artículo 9° de la misma norma máxima, en lo que se refiere al derecho de reunión, eliminando de esta manera la limitación constitucional, para que las manifestaciones públicas de carácter religioso, puedan realizarse de manera ordinaria, sin necesidad de solicitar un permiso o licencia a la autoridad, en el cual su expedición, se estaría sujetando al criterio de la misma.
Así tenemos que de ser aprobada esta propuesta por el Poder Revisor de la Constitución, las manifestaciones públicas de carácter religioso, deberán ajustarse a lo prescrito por los artículos 9° y 130 de nuestra norma máxima, constituyéndose entonces como una potestad del individuo para reunirse con sus semejantes, a efecto de realizar de manera lícita expresiones públicas de carácter religioso, y en forma pacífica; es decir, se debe tratar de actos extrínsecamente de carácter pacífico, y cuyo objeto sea lícito, lo que significa que no debe pugnar con las buenas costumbres o normas de orden público. En este tenor, se desprendería de manera correlativa, la obligación del Estado y sus autoridades, de no condicionar a ningún requisito las manifestaciones públicas religiosas, salvo los contenidos en los artículos constitucionales mencionados, cuya satisfacción quede al arbitrio de la autoridad.
Sin duda, la restricción para realizar de manera ordinaria manifestaciones públicas de carácter religioso, no representa más que una reminiscencia del anterior marco jurídico constitucional que acotaba las libertades públicas en materia religiosa. En tanto que hoy, no se puede ir en contra de una libertad fundamental, reconocida como derecho humano inalienable por la codificación internacional.
El segundo aspecto de la presente iniciativa, pretende la sustitución de la expresión libertad de creencias por el de libertad religiosa, lo que no implica únicamente un cambio de conceptos, sino el empleo de una expresión, cuyo alcance y contenido, resulta ser la más adecuada respecto del derecho humano que se tutela.
En efecto, el derecho humano a la libertad religiosa, no se limita a la libertad de creencia, aunque la primera contempla a la segunda. Mientras que la creencia refiere a convicciones radicadas en la conciencia, el derecho a la libertad religiosa es un término más amplio, el cual cuenta con variadas formas en que se ejerce y manifiesta en la vida cotidiana y social.
Conforme a las fuentes de derecho positivo, la libertad religiosa posee ciertos elementos constitutivos reconocidos internacionalmente, los cuales son:
b) La libertad de culto, entendido como conjunto de actos y ceremonias a través de los cuales la persona rinde homenaje y celebra a una entidad superior o a cosas tenidas por sagradas y que comprende la práctica individual o colectiva de esos actos o ceremonias.
c) La libertad de difusión de los credos, ideas u opiniones religiosas, mediante la que las personas pueden manifestar sus convicciones en formas diversas, desde reuniones privadas hasta públicas, pasando por la creación de centros educativos de formación religiosa y la comunicación pública colectiva por medios electrónicos; específicamente este derecho transita y, por tanto, debiera sujetarse a las mismas reglas que la libertad de expresión, cuya única restricción es respetar los demás derechos fundamentales de la persona o el individuo.
d) El derecho a la formación religiosa de los miembros de una Iglesia, grupo o comunidad religiosa, se traduce en el derecho a educar religiosamente, a través de reuniones o ceremonias en centros dedicados con ese fin y al servicio de los miembros de una determinada creencia o profesión religiosa.
e) El derecho a la educación religiosa, que consiste la facultad y libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, cuyo legítimo ejercicio corresponde a los padres y que tiene como escenario natural el seno familiar, por oposición a la imposición religiosa o antirreligiosa por parte de grupos sociales u organizaciones privadas. Cabe señalar que México, se ha comprometido en tratados internacionales, tales como el "Pacto de San José" a "adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades"
f) El derecho de asociación religiosa, que consiste en toda persona tiene derecho a fundar asociaciones de carácter religioso o integrarse a las ya existentes, sin ser condicionado más que a las propias reglas o normas morales que a sí mismos se impongan, así como la posible ilegalidad de un grupo religioso solo puede ser determinada y sancionada cuando se cometa una infracción o delito, conforme a las leyes civiles. De ese modo se reconoce el derecho que tales asociaciones tienen para establecer su régimen interno y forma de organización, en la medida en que los grupos religiosos y las iglesias son instituciones de derecho propio, que existen con anterioridad a su reconocimiento jurídico.
De los aspectos anteriores, se desprendió la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución Federal, para que tal derecho se reconozca de manera amplia, en congruencia con las condiciones actuales de diversidad y pluralidad de creencias, confesiones, prácticas y manifestaciones religiosas existentes en nuestro país y en el mundo. Estamos seguros que nuestra sociedad ha alcanzado un aceptable nivel de madurez en este rubro, para ampliar la tutela de esta dimensión de la libertad religiosa.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto
Único.- Se reforma el primer párrafo y se deroga el párrafo tercero, ambos del artículo veinticuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 24.- Toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, así como a manifestar de forma individual o colectiva, en público o privado las ceremonias, actividades o expresiones de la religión o culto profesado; siempre que no constituyan un delito o falta sancionado por la ley.
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación reglamentaria respectiva, a lo normado en este decreto, en un plazo máximo de 120 días naturales.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2006.
Dip. Federico Döring Casar (rúbrica)
QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO
AL ARTÍCULO 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CRISTINA PORTILLO AYALA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
En solidaridad con Lydia Cacho Ribeiro
La que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que adiciona el artículo 7°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para despenalizar, en toda la República, las normas jurídicas sobre difamación, injurias y calumnias como una de las seguridades jurídico-constitucionales a la libertad de prensa, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El estado institucional de la libertad de expresión e información en México es aún desalentador. La mayoría de las recomendaciones que ha realizado el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes anuales, permanecen sin cumplirse.
Durante el sexenio, diversos periodistas y editores han perdido la vida en el ejercicio de su profesión. La ausencia de resultados para descubrir a los presuntos responsables y procurar justicia por parte de las autoridades competentes genera un mensaje de que hay temas que no deben ser abordados y, por tanto, constituye una forma de censura inadmisible en un estado que se pretende democrático y de derecho y pone de relieve que no hay garantías plenas para el ejercicio de las libertades informativas.
Del mismo modo, contrario a los cánones democráticos internacionales y los avances en naciones progresistas, en México todavía se hostiga y hasta se lleva a prisión a periodistas que ejercen crítica sobre el gobierno, servidores públicos o particulares poderosos, quienes recurren al obsoleto delito de difamación penal, para acallar a la prensa, lo que a su vez coarta la libertad de expresión.
La arbitraria detención de Lydia Cacho Ribeiro en cumplimiento de una orden de aprehensión girada el 12 de octubre pasado por la jueza quinta de lo Penal del estado de Puebla por presunta difamación contra el empresario Kamel Nacif Borges; así como la demanda civil, por supuesto daño moral, interpuesta por Marta Sahagún, esposa del presidente de la República, en contra de la empresa editora de la revista Proceso, son claros ejemplos de la aplicación de leyes que lejos de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar, o mejor dicho silenciar, el discurso que se considera crítico y de denuncia contra excesos de poderosos intereses.
Pareciera que los mecanismos de coerción contra la prensa se han sofisticado, pues ciertamente cada vez se acude menos al garrote o al soborno, pero a cambio se recurre al aprovechamiento de un marco jurídico que posibilita una discrecional, parcial y condicionada aplicación de la ley. Son leyes absolutamente anacrónicas y, por lo mismo, se aplican muy de vez en cuando en nuestro medio. Sin embargo, están ahí como una espada de Damocles para ser usadas cuando conviene a un poderoso o una autoridad indignada.
Contra lo que establecen los principios universales en materia de libertad de expresión, el nuestro es uno de los pocos países occidentales en donde aún se tipifican como ilícitas estas conductas. En el fondo, la calumnia y la difamación son delitos de opinión. Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México, y la Constitución misma, consagran el derecho a la libertad de expresión. Nadie debe ir a la cárcel por opinar de determinada forma.
No obstante, en todos los códigos penales de la República mexicana, a nivel estatal y federal, se encuentran tipificados los delitos en contra del honor, particularmente el de difamación y calumnia, y en 17 códigos estatales el de injuria. La difamación, tal como la definen las leyes penales nacionales, se traduce en una acusación absurda. Por ejemplo, el Código Penal del Estado de Puebla (artículo 357, aplicado en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro), muy similar a otros en todo el país, señala: "La difamación consiste en comunicar a una persona o más personas la imputación que se le hace a otra, física o jurídica, de un hecho cierto o falso, que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien". Por lo que al imputado del delito de difamación no le es posible probar la verdad de sus afirmaciones, pues claramente establece el texto que la difamación bien puede ser un hecho cierto o falso. Es decir, no importa que un periodista diga la verdad, puede merecer cuatro años de cárcel si el demandante asegura que esa verdad dañó su prestigio. La estricta aplicación de ese artículo mandaría a prisión a buena parte de los periodistas mexicanos. Más aún, el espíritu del tipo penal haría imposible el ejercicio del periodismo en México.
Frente a ello, hora más que nunca, y para no ver menguado el derecho a la libre expresión en un entorno de consolidación democrática, debemos pugnar por la despenalización de estos llamados "delitos de prensa", cuya sola posibilidad intimida al informador. Si los periodistas son víctimas de coerciones, persecuciones, denuncias por difamación penal, de trabas en el ejercicio de su función, de represiones, o de cualquier otra clase de conducta restrictiva, la atmósfera colectiva retrae sobremanera la posibilidad de expresarse. El clima no se vuelve propicio, y la gente prefiere la seguridad de no verse sometida a padecer un probable perjuicio, al desafío de hacer pública una opinión o denuncia. Y más aún si coincidimos con la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuando sostiene que los efectos generados por la implementación de responsabilidades posteriores a la expresión, como la difamación penal, pueden equipararse con los mismos efectos provocados por la censura previa.
Las normas jurídicas penales sobre difamación, injurias y calumnias violan los derechos humanos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, consagrados en la Constitución General de la República y expresados en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo han expresado en forma uniforme la necesidad de abolir estas leyes, que limitan la libertad de expresión, al castigar las expresiones que pudieran ofender a los funcionarios públicos y a particulares. Al silenciar ideas y opiniones, se restringe el debate público, fundamental para el efectivo funcionamiento de una democracia.
En efecto, estas disposiciones jurídicas disuaden las críticas por el temor de las personas a las acciones judiciales o sanciones pecuniarias. Incluso aquellas leyes que contemplan el derecho de probar la veracidad de las declaraciones efectuadas limitan indebidamente la libre expresión, porque no contemplan el hecho de que muchas críticas se basan en opiniones, y por lo tanto, no pueden probarse. Tampoco estas normas pueden justificarse diciendo que su propósito es defender el "orden público", ya que ello contraviene el principio de que una democracia que funciona adecuadamente constituye la mayor garantía de orden público.
La obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla.
Por ello, para asegurar la adecuada defensa de las libertades de prensa y de expresión, en concordancia con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, en el 108 periodo ordinario, en la iniciativa que se somete a consideración de esta asamblea, se proyecta despenalizar, en toda la República, las normas jurídicas sobre difamación, injurias y calumnias como una de las seguridades jurídico-constitucionales a la libertad de imprenta, estableciendo textualmente en el segundo párrafo del artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. Y que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.
Pero además, en estos casos, para que proceda la sanción pecuniaria, deberá probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
Es decir, sólo podrá incurrirse en responsabilidad civil en casos de "real malicia". La doctrina de la "real malicia" significa que el autor de la información en cuestión es consciente de que la misma era falsa o actuó con desconocimiento negligente de la verdad o la falsedad de dicha verdad.
La adición al artículo 7° de la Constitución, que se propone, es el reconocimiento que la libertad de prensa constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que conmocionan, ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática.
Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa de decreto que adiciona el artículo 7°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se adiciona el artículo 7°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 7°. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. En estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de enero de dos mil seis.
Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica)
QUE ADICIONA UN ARTÍCULO
21 BIS A LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, A CARGO DEL DIPUTADO
FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del pleno de la H. Comisión Permanente, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal de Cinematografía, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El cine constituye una de las expresiones artísticas más importantes de la humanidad. A través de la realización de películas los seres humanos retratan la realidad y la fantasía. Podemos decir que es un vehículo para la fantasía.
Esta expresión tiene más de un siglo y ha ido avanzando hasta convertirse en un producto de consumo masivo. El cine sirve también para expresar las realidades de los países y regiones del mundo.
Grandes realizadores de talla mundial han plasmado en imágenes su forma de pensar y de ver al mundo. Fellini, Buñuel, Emilio Fernández, Godard, Polanski, Scorsese, nos han obsequiado filmes que han quedado en la historia y en el subconsciente de millones de seres humanos.
México ha vivido un resurgimiento de la cinematografía nacional gracias al impulso que diversas casas productoras le han dado al realizar más películas, ello aunado a una serie de iniciativas por parte del gobierno e incluso algunas reformas de carácter legal que hemos aprobado en ese sentido. Ha habido avances pero aun falta mucho por hacer.
Las cadenas distribuidoras de películas también han tenido un resurgimiento. Son tres los grandes complejos que captan la mayor parte del mercado. Se realizan grandes inversiones para construir nuevas salas, las cuales buscan estar a la vanguardia en el aspecto tecnológico y de confort para el espectador.
Un negocio que se ha desarrollado a la par de los nuevos complejos es la publicidad previa al inicio de la exhibición de la película. Se proyecta una serie de anuncios y comerciales diversos que promocionan productos y servicios. Este hecho supone un ingreso adicional para las cadenas de exhibición, más allá de los ingresos por taquilla y venta de alimentos.
La fracción primera del artículo 18 de la Ley Federal de Cinematografía señala, que se entenderá la explotación comercial de películas cuando se obtenga un beneficio económico derivado de la exhibición en salas, videosalas, o cualquier otro lugar abierto o cerrado, sin importar el formato, soporte, tecnología que permita ser difundida al público.
De esta forma, la ley prevé el acto de recibir un beneficio derivado de la exhibición de películas. Lo que la ley no prevé es la proyección de publicidad y anuncios comerciales previos al inicio del filme.
El propio reglamento de la ley hace referencia a regular ciertos contenidos publicitarios, básicamente los que tienen que ver con bebidas alcohólicas y tabaco.
No pretendemos cancelar el derecho que tienen los exhibidores de recibir un beneficio económico adicional producto de los anuncios comerciales, lo que buscamos es que se regule el tiempo de proyección de los mismos.
Es preciso señalar también que los espectadores están pagando un boleto que les da derecho a ver una película sin ninguna pausa o anuncio comercial, aunque éste se dé previo al inicio de la exhibición.
El Estado tiene las atribuciones para regular la exhibición de producciones cinematográficas, por lo que estamos proponiendo reducir el tiempo de exhibición de publicidad comercial en las salas cinematográficas. Estamos convencidos que estableciendo un límite se puede equilibrar entre los intereses del exhibidor y de espectador.
Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración el siguiente Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 21 bis a la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:
Artículo 21 Bis. El tiempo de comercialización de bienes, productos o servicios que se incluya previamente a la exhibición pública de una película, en ningún caso podrá exceder de cinco minutos.
Tampoco podrá incluirse publicidad durante los intermedios que, en su caso, se hagan a las películas cuya duración sea mayor de ciento cincuenta minutos, o que se encuentren establecidos de origen.
Transitorio
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los cuatro días del mes de enero de dos mil seis.
Dip. Joel Padilla Peña (rúbrica)
QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, A CARGO DEL
SENADOR DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El suscrito, David Jiménez González, senador de la República en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los imperativos del sistema constitucional mexicano, que rige en el ejercicio de la función legislativa, consiste en que toda ley ordinaria debe ser acorde con los postulados constitucionales.
De acuerdo con lo anterior, entre los principios que deben respetarse en la emisión de una norma que prevea un acto de carácter privativo, es el relativo al de la garantía de audiencia y a las formalidades esenciales del procedimiento que se derivan de la misma, las cuales constituyen una de las bases fundamentales del Estado de derecho.
Al respecto, el segundo párrafo, del artículo 14 constitucional, establece lo siguiente:
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
......
........"
En relación con lo descrito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el punto medular de la garantía de audiencia se encuentra en las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas en la jurisprudencia número 47/95, publicada en la página 59, tomo II, diciembre, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
Ahora bien, el artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, es del tenor siguiente:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario."
Al respecto, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterio en el sentido de que el artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, es violatorio de la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14, de la Constitución General de la República, porque sin justificación alguna, niega a las partes en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa de marcas o patentes, la posibilidad de ofrecer la prueba testimonial para demostrar sus pretensiones dentro de esos procedimientos, no obstante la importancia que pudiera tener para que el juzgador conozca de mejor manera la verdad de los hechos en esa clase de procedimientos; esto en virtud de que si bien la disposición de que se trata, acepta la prueba testimonial en su versión escrita, también lo es que esta modalidad altera la naturaleza de la misma, ya que su desahogo, en esos términos, se realiza sin la intervención del juzgador y de la parte contraria, lo que le resta el carácter de prueba plena que la caracteriza y la reduce a un mero indicio, que sólo sería capaz de probar los hechos que con ella se pretenden probar mediante su adminiculación con otros medios probatorios, lo que resulta violatorio del artículo 14 constitucional.
El criterio que declara inconstitucional el artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra publicado en la página doscientos treinta y nueve, tomo XXI, junio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y es del tenor siguiente:
Con base en lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor del siguiente.
Decreto
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial,para quedar como sigue:
"Artículo 192. En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional, salvo que la confesión esté contenida en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario."
Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de enero de 2006.
Sen. David Jiménez González (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO
93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CRISTINA PORTILLO AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer las comisiones de investigación del Congreso de la Unión, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En esencia, la actividad de control es una función de información, y es en la difusión informativa donde reside la efectiva capacidad controladora del Congreso de la Unión. La información es, sin duda, el motor que mueve la maquinaria de eso que denominamos control parlamentario; si la información es abundante y rigurosa, los resultados que ofrezcan los instrumentos de control serán buenos, pero si dicha información es insuficiente, escasa o incluso denegada, los resultados serán desastrosos.
En este sentido, cabe relacionar control parlamentario y calidad de la democracia. En la medida en que los mecanismos y las posibilidades de control parlamentario sean potentes, alimenten la competencia política y faciliten la adopción de los consensos y la manifestación del disenso, la calidad de la democracia tiende a incrementarse. Si, al contrario, se ponen trabas a la utilización de los mecanismos de control y de información, se incrementan los ámbitos que quedan fuera del control político, o se sitúa el control parlamentario bajo la exclusiva decisión de la mayoría, la calidad de la democracia disminuye y las instituciones del Estado incrementan su crisis funcional y práctica.
Sin embargo, los equilibrios no existen por sí mismos, son producto, en todos los casos, de una adecuada instrumentación de medios de control. En particular, los mecanismos de control de gestión se han revelado en el derecho comparado como instrumentos de gran utilidad práctica para una buena gestión gubernamental, en virtud de que a través de ellos se pueden mejorar y esclarecer las políticas de gobierno, los servicios públicos y, en general, contribuir a la marcha de la administración, ejerciendo una supervisión pertinente.
En 1977, dentro del paquete de la llamada reforma política, se adicionó el tercer párrafo al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cual las cámaras, a solicitud de una cuarta parte, si se trata de la de Diputados o de la mitad, si se trata de la de Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y los resultados de la investigación se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.
Según la exposición de motivos, esa reforma persigue el objetivo de que el Congreso de la Unión coadyuve de manera efectiva en las tareas de supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo sobre las corporaciones descentralizadas y empresas de participación estatal. Empero, al realizar una labor de interpretación no es fácil precisar claramente cuál fue el verdadero espíritu del legislador al introducir la adición de un tercer párrafo al artículo 93, esto si se considera que el Reglamento del Congreso General contemplaba una autorización general para la creación de comisiones especiales a las que bien podría habérseles dado funciones investigadoras.
Tal vez la intención del Constituyente Permanente fue no sólo precisar claramente esta facultad de las Cámaras, sino elevar esta figura a rango constitucional y consagrar un derecho a favor de las minorías parlamentarias que se preveía arribarían a la Cámara de Diputados por virtud de la que se llamó "reforma política". Pero ni el texto del dictamen ni los debates que se produjeran al respecto, dan luces suficientes para esclarecer el sentido de la adición.
Esta ambigüedad y una confusa redacción del texto definitivo del precepto han frustrado la creación de comisiones de investigación como verdaderos órganos de control parlamentario. De manera incongruente, se ha interpretado que el pedido para integrarlas de la cuarta parte de sus miembros, tratándose de la Cámara de Diputados, y de la mitad, si se trata de la de Senadores, es sólo un requisito de procedencia para que sea el pleno de la respectiva cámara quien resuelva finalmente si se conforman o no.
Evidentemente que para conceptuar adecuadamente este instrumento como un auténtico mecanismo de equilibrio entre los poderes, la intención del legislador constitucional debería ser en el sentido de obligar a la mayoría a someterse a la resolución de una minoría importante. Exigir para la solicitud un porcentaje específico de los miembros de cada una de los órganos legislativos no tiene ningún objeto, si después la mitad más uno puede desechar la propuesta.
Precisamente en este aspecto es donde subyace el motivo esencial de la iniciativa que someto a consideración de esta soberanía, redimensionar a las comisiones de investigación como auténticos instrumentos de control parlamentario. Se trata de elevar a rango constitucional la facultad de su integración como un derecho esencialmente de las minorías.
Con el nuevo texto, la creación de comisiones de esta índole no estará sujeta ya al acuerdo de la mayoría parlamentaria, sino que serán las minorías quienes tengan la facultad para resolver sobre su formación. Esto es obvio, si aspiramos a que las comisiones de investigación sean efectivos órganos de control parlamentario, es necesario que su creación esté en manos de la oposición, quien se constituye, en un sistema democrático alternativo, como el agente más interesado en vigilar, y en su caso, exhibir la actuación del gobierno.
Por ello, con la nueva redacción se propone también reducir a una octava parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y a una cuarta parte, si se trata de los senadores, la proporción de miembros, en cada una de las dos Cámaras, que está legitimada para decidir sobre su constitución. Esclareciéndose con precisión que como derecho-facultad, el pedido formulado por la proporción indicada de legisladores no será un solo requisito de procedencia para su discusión en los plenos, sino antes bien, una determinación que vincula y obliga a la mayoría a someterse a la exigencia de una minoría importante.
Pero además, este derecho-facultad también se actualizaría mediante la petición conjunta de dos de los grupos parlamentarios existentes de cualquiera de los órganos legislativos, independientemente del número de legisladores que los integraran.
Abrir así la posibilidad real de que una minoría parlamentaria pueda conseguir en todo momento la creación de uno de estos entes de fiscalización, tendría el efecto inmediato de exigir del gobierno y de la mayoría parlamentaria, que le apoya o es afín, precaución, atención y un autocontrol permanente respecto de todas sus actividades.
Asimismo, de acuerdo con la iniciativa, el ámbito material de competencia de las comisiones de investigación se ampliaría, en particular, a toda actividad de la administración pública federal, centralizada y paraestatal y, en general, a cualquier asunto de interés general. El crecimiento del sector paraestatal durante los años setenta y la necesidad de su correlativa fiscalización fueron las justificaciones que utilizó el poder revisor de la Constitución para reducir el ámbito de competencia de las comisiones de investigación sólo a esa materia. Sin embargo, la importancia política y presupuestal cada día más creciente del sector central, aunado a la significativa reducción del número de empresas del sector paraestatal, determinan que la facultad investigadora deba incluir toda actividad de la administración pública federal; y además, a todo asunto de interés público, como está previsto en la mayoría de las legislaciones europeas. De este modo, cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión tendría facultades para establecer comisiones propias de investigación, de conformidad con las competencias específicas que les confieren los artículos 73, 74, y 76 de la Constitución General de la República.
Por otra parte, la conclusión de las indagatorias no quedaría reducida a sólo hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los resultados, sino también a poner en el saber de la autoridad competente la comisión de actos lícitos, cuando se desprendieren responsabilidades penales o administrativas. En la exposición de motivos de la reforma que introdujo el párrafo tercero al artículo 93, se estableció que los resultados de las investigaciones se harían sólo del conocimiento del Ejecutivo federal y éste sería el que determinara las medidas administrativas y el deslinde de las responsabilidades que resultaran, según para conservar intactas las facultades del propio Ejecutivo y no quebrantar el principio de separación de poderes. No obstante, es claro que la preservación del Estado de derecho exige de todos la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier acto ilícito cuya comisión se desprenda en el curso de una actividad de escrutinio.
De esta manera, las comisiones de investigación se convertirán en órganos técnico-políticos de trabajo de las cámaras, instrumentos lógicos de la actividad de fiscalización o de control parlamentario ejercida en el seno del órgano representativo sobre el Poder Ejecutivo, cuyo objetivo es recoger la información necesaria sobre cualquier asunto de interés público, a través de un instrumento colegiado de carácter temporal, integrado por una representación proporcional a la fuerza de los grupos parlamentarios en la Cámara, que implica unas facultades excepcionales para el desarrollo de su función, pudiendo, incluso, afectar a terceros extraños a las cámaras, y cuyos resultados pueden servir, en su caso, para una posterior resolución del Congreso o para poner en funcionamiento los procedimientos oportunos de exigencia de responsabilidad.
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer las comisiones de investigación del Congreso de la Unión.
Único. Se reforma y adiciona el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 93. Los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
A determinación de una octava parte de sus miembros, tratándose de los diputados, de una cuarta parte, si trata de los senadores, o de dos grupos parlamentarios, las cámaras integrarán comisiones para investigar el funcionamiento de la administración pública federal o sobre materias de interés público. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal, del pleno de las cámaras y, en su caso, de la autoridad competente para conocer de los ilícitos.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de enero de dos mil seis
Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica)
Los suscritos, diputados y senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta comisión permanente la proposición con punto de acuerdo siguiente:
Consideraciones
1.- El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco premios instituidos por el inventor e industrial sueco Alfredo Nobel.
Este premio se entrega, cada diez de diciembre, en Oslo, Noruega, a las personas físicas o instituciones que más hubieren hecho por fomentar la fraternidad entre las naciones o por promover acciones en pro de la paz y la defensa de los derechos humanos.
Recientemente, el Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz, integrado por cinco personas designadas por el parlamento de ese país, invitó al gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nominar candidatos para recibirlo este año.
En esa invitación, se indica expresamente que miembros de los parlamentos pueden enviar propuestas de candidatos hasta el uno de febrero.
2.- El fenómeno migratorio es actualmente uno de los temas más complejos y difíciles de la humanidad. En todo el mundo, miles de personas, con o sin documentos, traspasan las fronteras de sus países para buscar oportunidades y mejorar sus vidas en otras naciones.
En su intento, encuentran múltiples barreras físicas y sociales para alcanzar sus objetivos. Esta gente, es frecuentemente sujeta de discriminación, exclusión, xenofobia, explotación y de agresiones a sus derechos humanos.
La hostilidad, el sacrificio y hasta la muerte, pueden ser el precio a pagar por quienes se atreven a tomar la decisión de emigrar, no obstante que con su trabajo contribuyen a desarrollar económica y socialmente y a dar pluralidad y diversidad a los países receptores.
3.- El doctor Jorge A. Bustamante Fernández, durante más de treinta años, ha dedicado su vida a estudiar el fenómeno mundial de las migraciones internacionales y ha luchado por el respeto de los derechos humanos de los migrantes. El trabajo excepcional de este mexicano, ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional y sus propuestas han sido aprobadas en la comisión de derechos humanos de la organización de las naciones unidas.
Con su actuación experta y su dedicación académica, Jorge A. Bustamante, ha logrado llamar la atención sobre la migración, principalmente sobre los trabajadores migrantes, y con ello ha salvado muchas vidas.
4.- La vocación social, la excelencia de su obra académica y la contribución a la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos de los migrantes, siempre bajo una visión pacifista, del doctor Jorge A. Bustamante, le dan el perfil para ser acreedor al Premio Nobel de la Paz y, en su caso, este premio apoyaría a la actual labor que desempeña como relator especial para los derechos humanos de la ONU y ayudaría a que se le diera el justo reconocimento a nuestros paisanos que arriesgan sus vidas para contribuir con su trabajo a la economía de los Estados Unidos de América.
En razón a ello, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el punto de acuerdo siguiente:
Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión propone al Dr. Jorge A. Bustamante Fernández como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz 2006.
Segundo: Remítase el presente punto de acuerdo al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo haga llegar, antes del uno de febrero de 2006, al Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz.
Palacio Legislativo, a 3 de enero de 2006
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA
COMISIÓN PERMANENTE EXHORTE AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A QUE EN LA PRÓXIMA
REUNIÓN DEL CONSEJO CONJUNTO MÉXICO-UNIÓN EUROPEA
DÉ SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN A LO DISPUESTO POR LA RECOMENDACIÓN
1709 (2005) DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, A CARGO
DE LA DIPUTADA BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Quien suscribe, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada integrante del grupo parlamentario del PAN en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en la próxima reunión del Consejo Conjunto México - Unión Europea se de seguimiento y aplicación a lo dispuesto por la recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante la sesión del pasado martes 21 de julio de 2005, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, organismo parlamentario internacional del que México es país observador desde 1999, aprobó la recomendación 1709 en materia de feminicidios en nuestro país.
De acuerdo con esta recomendación, la Asamblea urge al Comité de Ministros del Consejo de Europa, a crear un programa de cooperación y asistencia con México para promover la reforma judicial, organizar programas de entrenamiento e intercambios académicos y de capacitación para jueces, policías judiciales y expertos forenses, para ofrecer ayuda legislativa en áreas tales como feminicidios y violencia doméstica, para financiar la construcción de albergues de ayuda a las víctimas de violencia doméstica y para dotar del equipo necesario a un nuevo laboratorio forense en Ciudad Juárez.
En esa oportunidad, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó también la resolución 1454 donde hace un llamado al Gobierno de México a implementar acciones para terminar con el clima de impunidad basado en la violencia de género y al Congreso de la Unión para completar las reformas judiciales y persecutorias que hacen falta para asegurar que las autoridades investiguen los casos de forma eficiente, expedita y transparente.
Tanto la recomendación 1709 como la resolución 1454 emanan directamente del intenso trabajo de relatoría que ha encabezado la diputada suiza, Ruth-Gaby Vermot-Mangold, como relatora del Consejo de Europa para recabar información sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. En dos visitas a nuestro país, la señora Vermot-Mangold ha emitido recomendaciones de gran trascendencia para el combate a la violencia de género en México.
Si bien el Consejo de Europa no es una institución de la Unión Europea, cuenta con órganos de gobierno cuyos integrantes son, al mismo tiempo, integrantes de las instituciones comunitarias de Europa. Es el caso, por ejemplo, del Comité de Ministros.
El Comité de Ministros es el órgano de decisión, por excelencia, del Consejo de Europa. Está formado por los Ministros de Asuntos Exteriores de todos los Estados miembros o por sus representantes permanentes en Estrasburgo. De esta forma, 25 de los 44 ministros integrantes de este Consejo, son también integrantes del Consejo de la Unión Europea, principal instancia decisoria de esta entidad.
Por ello, resulta indispensable que en el contexto de una próxima reunión del Consejo Conjunto México-Unión Europa, establecido por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con México, el gobierno mexicano asuma la responsabilidad de retomar la recomendación 1709 y acordar con su homólogo comunitario y los miembros del Consejo de la Unión Europea, el mecanismo idóneo para el seguimiento y la puesta en práctica, a la brevedad posible, del programa de cooperación y asistencia en materia de feminicidios.
Entendemos que durante la próxima Cumbre Unión Europea-América Latina a celebrarse en mayo de 2006 en Viena, está prevista una Reunión Cumbre entre México y la Unión Europea, para lo cual pensamos que esta podría ser el momento para impulsar, si no se produce antes una reunión del Consejo Conjunto, este programa de cooperación y asistencia para Ciudad Juárez.
Este programa debería ser parte integral del actual Programa de cooperación sobre derechos humanos México-Comisión Europea, con recursos y planeación suficientes de acuerdo con las Perspectivas financieras actuales sobre las que se basa la cooperación entre ambas partes y, desde luego, con su inclusión en las perspectivas financieras 2007-2013 para su aplicación futura.
En una reunión, el pasado 2 de septiembre de 2005, con el Alto Representante para los Derechos Humanos de la Unión Europea, el Embajador Michael Mathiessen, la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios pudo constatar interés, disposición y voluntad de la Unión Europea para establecer nuevos proyectos de cooperación para el combate a los feminicidios en nuestro país.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en la próxima reunión del Consejo Conjunto México-Unión Europea se de seguimiento y aplicación a lo dispuesto por la recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en esa oportunidad acuerde con su homólogo comunitario y los miembros del Consejo de la Unión Europea, el mecanismo idóneo para el seguimiento y la puesta en práctica, a la brevedad posible, del programa de cooperación y asistencia en materia de feminicidios.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en tal ocasión se proponga la inclusión de este programa de cooperación y asistencia como parte integral del actual Programa de cooperación sobre derechos humanos México-Comisión Europea.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2005.
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA
COMISIÓN PERMANENTE EXHORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
PARA QUE SE ABSTENGA DE CUALQUIER ACTO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA
EN CONTRA DE C. JUAN IGNACIO GARCÍA ZALVIDEA, A CARGO DEL DIPUTADO
IVÁN GARCÍA SOLÍS Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO EMILIANO
VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Emiliano VIadimir Ramos Hernández, diputado de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar, con carácter de urgente y obvia resolución, ante los diputados y senadores integrantes de la honorable Comisión Permanente, una proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo para que se abstenga de cualquier acto de represión política en contra del C. Juan Ignacio García Zalvidea, al tenor de los siguientes
Considerandos
I. El día 26 de noviembre del año pasado se dictó formal auto de prisión en contra de Juan Ignacio García Zalvidea, conocido popularmente como El Chacho, quien fuera entre los años 2002 y 2005 alcalde del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es la ciudad de Cancún.
II. El Ministerio Público lo acusa de peculado por 125 millones de pesos, delito en el que incurriría durante su paso por el ayuntamiento que encabezó. Desde el comienzo de este trance judicial, se señalaron numerosas anomalías, entre ellas la incomunicación del indiciado y la fijación de una caución estratosférica.
III. El fondo de este asunto se aprecia fácilmente si se hace breve memoria de sus antecedentes:
b. Durante el ejercicio del ahora preso, el Congreso local, a instancias del gobernador en turno, declaró la desaparición del ayuntamiento de Benito Juárez en un procedimiento ilegal, que llevaría al depuesto munícipe a la cárcel brevemente. Tanto la desaparición de poderes como el encarcelamiento del edil fueron anulados y la Suprema Corte llevaría al legítimo alcalde de vuelta a su cargo. Está por determinarse la sanción que se aplicará a los responsables.
c. Durante el proceso electoral en Quintana Roo, realizado a principios de 2005, el ex presidente municipal compitió por la gubernatura. Obtuvo el segundo lugar en una elección duramente cuestionada por la intervención del gobierno estatal. Sin embargo, la ciudadanía le concedió muchos más votos en Cancún que a sus contrincantes y un claro posicionamiento para las elecciones federales de este año, demostrando así que es hoy por hoy la única figura de oposición capaz de derrotar al PRI, que gobierna hoy día el estado.
En virtud de lo anterior, propongo a esta Comisión Permanente, de la manera más respetuosa que emita el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Quintana Roo a que se abstenga de cualquier acto de persecución política en contra del C. Juan Ignacio García Zalvidea.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2006.
Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES INFORME
ACERCA DEL GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO (GAP), LO CONCERNIENTE
A LA SOLICITUD DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA PROMOVIDA Y EL AVANCE
DE LAS AUDITORIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS A AEROPUERTOS MEXICANOS
DEL PACÍFICO Y EMPRESAS QUE LO INTEGRAN, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS
GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, partido político, con fundamento en el artículo 58 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo conforme a los siguientes
Considerandos
De fecha 29 de octubre de 2003 y 25 de mayo de 2005 han sido los puntos de acuerdo presentados a ésta honorable Asamblea en los que se ha informado acerca de la actuación del GAP, manifestando la similitud del caso que nos ocupa a la privatización de los bancos, los ferrocarriles y otras entidades paraestatales del pasado, demostrando la entrega de bienes nacionales con grandes perjuicios, que afecta la soberanía nacional, a cambio de dudosas contraprestaciones económicas y de un supuesto beneficio en infraestructura para nuestro país. En el caso que nos ocupa se evidencia que además de la concesión para la explotación libre de las instalaciones aeroportuarias de la Zona Pacífico que pertenecen a la nación se le otorgan las siguientes prestaciones adicionales
B) El pago al GAP de 1% de comisión por la venta de combustible de cada avión que aterriza y recarga en los aeropuertos que opera.
C) La autorización del pago de dividendos (ejercicios fiscales 1998-1999) por $447.1 millones de pesos. La concesión inició el 1 de noviembre de 1998.
D) La devolución de impuestos por la vía de recursos fiscales, por parte de la SHyCP, casi suficientes para cumplir sus compromisos de inversión para 2002, según por cambios en materia de depreciación en 2001.
E) Adeudos por $140 millones de pesos en contribuciones estatales y municipales. A la fecha, el Ayuntamiento de Tijuana tiene intervenida la caja del aeropuerto y las cuentas bancarias, ya se practicó el embargo de bienes. El GAP aperturó nuevas cuentas bancarias desviando a éstas sus ingresos de operación.
F) El cobro al usuario del anteriormente llamado DUA que en beneficio de los concesionarios se modificó de derecho a Tarifa por Uso de Aeropuerto (TUA).
G) No hay medición ni sanción por el incumplimiento del programa quinquenal de inversión de acuerdo a lo establecido en la concesión.
En 1999 el Grupo Ángeles, en unión con AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) participan y ganan la licitación de títulos representativos del capital social del GAP. Poco tiempo después, el Grupo Ángeles vende su participación a Holdingmex, controladora accionaria de la empresa Jugos del Valle. Holdingmex es utilizada como puente financiero por Unión Fenosa y Dragados de España, autorizándose esta venta simulada y, nuevamente, participando una empresa mexicana, sin la actividad o experiencia relacionada con la operación de aeropuertos. Con lo anterior, resulta preocupante que, mediante la bursatilización del Grupo Aeroportuario del Pacífico, las empresas españolas AENA, Unión Fenosa y Dragados de España adquieran 85% actualmente en poder del Gobierno federal (Nacional Financiera), equivalente al voto mayoritario del paquete de control que por ley sólo le correspondería a mexicanos.
Sirva mencionar acerca del acoso e imposición de condiciones arbitrarias que despliega el Grupo Aeroportuario del Pacífico contra los comerciantes arrendatarios de locales comerciales, con derechos derivados de anteriores administraciones, ubicados en el interior de las instalaciones aeroportuarias. Cuando al GAP se le otorga la concesión por 50 años, prorrogables en términos del artículo 15 de la Ley de Aeropuertos por otro período igual, a los locatarios anteriores sólo se otorgan plazos máximos de 3 años sin posibilidad de renovación con incrementos desmedidos en las rentas y aplicando medidas intimidatorias para quienes se resistan acatar sus nuevas políticas a este respecto.
Prácticamente, desde el inicio de la concesión, no obstante continuar siendo territorio federal mexicano, fue retirado el nombre oficial que, por decreto, tiene el Aeropuerto de Tijuana, Abelardo L. Rodríguez y desde hace unos cuantos meses, después de 5 años, nuevamente izada la bandera nacional, zona que actualmente se encuentra en obra por la construcción de más locales comerciales.
Del aeropuerto de Tijuana existen múltiples denuncias de inseguridad, de la existencia de maleza seca, próxima a los depósitos de turbosina, de ambulantaje, etc... sin preocupación para el GAP y de las autoridades competentes.
Recientemente, el encubrimiento por parte del comandante y el administrador del citado aeropuerto del prófugo ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, cuyo avión privado realizó una escala programada proveniente de Tokio, sin advertir a las autoridades competentes, nacionales e internacionales, al respecto. El comandante de aeródromo representa a la SCT en su carácter de autoridad aeroportuaria, en tanto que el administrador al concesionario correspondiente.
Solicitud de rescisión de la concesión por la vía administrativa
Con fecha 22 de julio, en la oficina del secretario de la SCT, el señor Alejandro Vizcarra Estrada presentó la documentación mediante la cual se demandó la rescisión administrativa de la concesión del Aeropuerto de Tijuana, SA de CV, y consecuentemente de su controladora Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV.
El día 2 del mes y año en curso, mediante oficio No.101.001789 de la dirección general de Aeronáutica Civil de la SCT, su titular a este respecto informa: "Con fecha 3 de marzo de 2005, esta área a mi cargo realizó una verificación técnico administrativa mayor al Aeropuerto Internacional de Tijuana, en la que examinó las condiciones en las que se encuentra funcionando el referido aeropuerto, levantándose el acta relativa que soporta el procedimiento administrativo que se ha iniciado a la concesionaria para que previa sustanciación del mismo se resuelva lo conducente."
En la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes en esta H. Cámara de Diputados, el pasado 7 de septiembre, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, anunció que se procedería a realizar una auditoría jurídica y administrativa a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, socio estratégico del GAP, debido al préstamo realizado por Unión Fenosa a Holdingmex.
Punto de Acuerdo
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe informar a la Comisión de Comunicaciones dando vista también a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, acerca de
2. El avance y resultados a la fecha de las auditorías al citado grupo, en lo jurídico y administrativo, anunciadas por el secretario de la SCT.
Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA
COMISIÓN PERMANENTE INTEGRE UNA COMISIÓN PLURAL DE LEGISLADORES,
PARA ASISTIR AL SENADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A ANALIZAR
LA LEY SENSENBRENNER EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DEL
MURO FRONTERIZO, A CARGO DEL SENADOR SADOT SÁNCHEZ CARREÑO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, propone se integre una Comisión Plural de legisladores para asistir al Senado de Estados Unidos de América para analizar la Ley Sensenbrenner, en relación a la construcción del muro fronterizo.
Sen. Sadot Sánchez Carreño
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA
COMISIÓN PERMANENTE EXHORTE AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, A INVESTIGAR LOS RECURSOS DESTINADOS POR
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA PARA LA REALIZACIÓN
DEL ENCUENTRO "LA REFORMA POLÍTICA MUNICIPAL", SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ANGÉLICA RAMÍREZ LUNA Y POR EL SENADOR FRANCISCO ANTONIO
FRAILE GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos legisladores federales María Angélica Ramírez Luna y Francisco Antonio Fraile García, a la LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta comisión permanente el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
1.- Con fechas 1 y 2 de Diciembre del presente año, se desarrolló en la ciudad de Puebla el encuentro denominado "La Reforma Política Municipal", invitación que fue hecha principalmente por el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla y el Gobierno Municipal, en cooperación con la Federación Nacional de Municipios de México, la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
A dicho evento acudieron alcaldes priístas de la región sur, así como el candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mariano Palacios Alcocer, la Secretaria General del mismo partido Rosario Green, el Gobernador del estado de Puebla y el Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, todos ellos miembros e integrantes del Partido Revolucionario Institucional.
La organización del evento corrió a cargo del Ayuntamiento de Puebla de Zaragoza y de la Federación en cita, teniendo como patrocinadores al Gobierno del Estado, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, luego entonces, la naturaleza de la realización del evento era para el análisis y discusión de temas sobre federalismo y reformas municipales, sin embargo en un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Puebla y la Federación Nacional de Municipios de México, se hizo una reestructuración del programa a efecto de ser integrada la participación proselitista del candidato Roberto Madrazo Pintado.
2.- Se han establecido previamente denuncias por parte de los presidentes de los comités directivos municipal y estatal de Puebla de Zaragoza y Puebla respectivamente sobre los hechos efectuados en dicho evento, asimismo, el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, presentaron una denuncia ante la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por la invitación por parte del Ayuntamiento de Puebla de Zaragoza, para asistir al Encuentro Nacional de Reforma Política Municipal, el cual será presidido por "nuestro candidato" a la Presidencia de la República, del Partido Revolucionario Institucional.
3.- Con fecha 23 de Noviembre del año en curso el Presidente del Consejo Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de la ciudad de Puebla, denunció públicamente, que desde las oficinas del ayuntamiento a través de la oficina de Innovación y Enlace Gubernamental del propio municipio se difundía la invitación a un congreso nacional de municipios priístas y se promovía la invitación del candidato del partido revolucionario Institucional a dicho evento.
Para la realización de este evento fueron utilizados recursos, tanto materiales como humanos, así como bienes muebles y equipos del Ayuntamiento de Puebla, en apoyo al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado.
Los recursos públicos utilizados para ese eventos son recursos que se han destinado para el gobierno municipal, para ser utilizados en beneficio de la sociedad poblana y no en beneficio de una persona que representará a un partido político en las próximas elecciones federales del año 2006; como legisladores federales, tenemos la obligación de denunciar los hechos que laceran nuestra integridad como sociedad y como ciudadanos, las instituciones fueron creadas para respetarse y no para utilizarlas a favor de los intereses de unos cuantos.
4.- El Ayuntamiento de Puebla deberá informar los términos del presupuesto y la justificación de los mismos para la realización de un evento proselitista a favor del candidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional.
La fiscalización de los recursos públicos debe ser hecha a través de los órganos de fiscalización superior, de igual forma, las denuncias ante la Procuraduría general de la República deben ser turnadas a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, con la aprobación del presente punto de acuerdo, exigimos la rendición de cuentas de nuestros gobernantes y de la fiscalización de los recursos públicos en beneficio de un partido político.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de todos ustedes el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorte respetuosamente, al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Puebla, del Congreso del estado, investigue los recursos destinados por el Gobierno Municipal de la Ciudad de Puebla y por el Gobierno del estado de Puebla, para la realización del encuentro "La Reforma Política Municipal", efectuados los días 1 y 2 de Diciembre en la ciudad de Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla.
Dado en el Salón "Legisladores de la República" a 4 de enero del 2006
Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica)
Sen. Francisco Antonio Fraile García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE CONDENA ROTUNDAMENTE EL ASESINATO DE GUILLERMO
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Y SE SUMA A LAS EXPRESIONES VERTIDAS POR
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DEL SENADOR RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el suscrito Senador de la República pone a consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena rotundamente el asesinato de Guillermo Martínez Rodríguez y se suma a las expresiones vertidas por la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Segundo. Se solicita al Cónsul General de México en San Diego, California; Luis Cabrera Cuaron y al Embajador de México en Estados Unidos, Carlos de Icaza González, exijan a las autoridades de Estados Unidos, particularmente a la Patrulla Fronteriza, al Departamento de Policía de San Diego y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, un informe puntual de los hechos y las investigaciones necesarias para esclarecer el homicidio de Guillermo Martínez.
Tercero. Se solicita a la Procuraduría General de la República iniciar una averiguación previa contra quién resulte responsable y solicitar por la vía diplomática (SRE) la colaboración del Departamento de Justicia norteamericano.
Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión
Permanente del Congreso de la Unión a los 4 días del mes
de enero del 2006.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES LUIS ERNESTO DERBEZ Y AL PROCURADOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA DANIEL FRANCISCO CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ
A COADYUVAR CON LA FAMILIA DE NUESTRO CONNACIONAL GUILLERMO MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ Y A ESTABLECER LAS ACCIONES LEGALES A SEGUIR PARA QUE
SE DÉ LA ESTRICTA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN
DEL DAÑO, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO RAFAEL ZEPAHUA VALENCIA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
El suscrito, integrante del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El día de hoy ventilo ante ésta, la máxima tribuna de la Nación mi repudio ante el homicidio del ciudadano mexicano originario del estado de Jalisco Guillermo Martínez Rodríguez, que tuvo verificativo el pasado 31 de diciembre de 2005 quien fue asesinado por un disparo de bala por la espalda en territorio estadounidense, dejando en la orfandad a dos menores, uno de tres años y el otro de seis meses de edad que residen con su madre en Tijuana.
Ante esto, el agente de la Patrulla Fronteriza que asesinó al migrante mexicano intentó justificar su reacción al afirmar que fue en respuesta a una agresión a pedradas por parte del joven fallecido y tres indocumentados que lo acompañaban. Estos argumentos resultan irrisorios y carentes de toda lógica, ya que como es posible que si el fallecido lo estaba apedreando el jóven sufriera un disparo por la espalda. Lo anterior quedó acentado en el primer informe que la corporación estadounidense entregó al Consulado General de México en San Diego California.
Por este hecho tan indignante tanto para los mexicanos como para la comunidad latina en general me uno al repudió de diversos sectores sociales e instituciones respetables a nivel internacional tal es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que estos hechos se esclarezcan y que este gobierno demuestre que si existe una cancillería que vele por las garantías de los ciudadanos mexicanos.
Creo que es el momento de terminar con la actitud xenofóbica y racista que ejercen algunos ciudadanos norteamericanos sobre nuestros connacionales y esto es un llamado de atención de lo que podría pasar si se pone en marcha el proceso de militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, así como de las consecuencias de la construcción de la Barda Fronteriza. Con esto parece ser que algunos estadounidenses olvidan que la economía de su país crece en parte a la labor de la comunidad latina.
Nosotros como representantes sociales a nivel federal, estamos preocupados y estaremos muy pendientes de los resultados que arrojen las investigaciones.
En este orden de ideas, podemos percatarnos que este lamentable hecho no hace más que poner en evidencia que sólo una Ley que garantice el ingreso ordenado, legal y respetuoso puede resolver el problema migratorio, que es un asunto de bilateral importancia.
Por lo anterior, solicito la aprobación del presente punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbéz y al Procurador General de la República Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, para que coadyuven a la familia de nuestro connacional y se establezcan las acciones legales a seguir, para que se dé la estricta aplicación de la justicia.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de enero de 2005.
Dip. Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL, QUE REVOQUE EL INCREMENTO EN EL PRECIO DE
LAS GASOLINAS EN EL ÁREA CIRCUNSCRITA AL MUNICIPIO DE OTHÓN
P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO, A CARGO DEL SENADOR CARLOS VILLALOBOS
ORGANISTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Wadi Amar Shabshab, senador de la República por el estado de Quintana Roo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos permito presentar ante esta H. Cámara una proposición de punto de acuerdo que deberá ser tramitada como de urgente y obvia resolución y sometida al H. Pleno de esta soberanía en términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento inmediatamente antes citado al tenor de la siguiente:
Consideraciones
1. Es de todos conocido que las gasolinas son un energético fundamental para toda economía, y que el incremento en su precio siempre tiene efectos inflacionarios.
2. Que el día 1º del presente año, sin mayor preámbulo el precio de las gasolinas Magna y Premium sufrió un incremento de un peso setenta y cinco centavos el litro.
3. Que históricamente solo se ha homologado con la Zona Libre de Belice el precio de la gasolina tipo "MAGNA" y no así el de la "PREMIUM", determinación histórica que hace infundado el incremento de esta última gasolina. Así mismo es importante destacar que cuando el precio de las gasolinas ha sido menor en la Z.L. de Belice con respecto al ofertado en territorio nacional, no se han tomado medidas para ajustar los precios a la baja, ya que en el pasado únicamente ha intervenido el Ejecutivo Federal para decretar variaciones al alza castigando siempre al consumidor frente a dichas fluctuaciones del mercado.
4. Que el incremento anterior lo fue intempestivamente ocasionando graves perjuicios a la economía regional.
5. Que aunado a lo anterior destaca el hecho de que el único municipio en donde se aplicó dicho incremento lo fue el de Othón P. Blanco y no así en el resto de la entidad, desestabilizando y obstaculizando así el desarrollo en este municipio al localizarlo en una posición desventajosa con respecto de los demás municipios de la zona.
6. Que es injustificado e innecesario el incremento de dicho energético, ya que la estabilidad en el mercado que se pretende solucionar tiene más costos que beneficios. Es obligación del Ejecutivo federal atender al bien mayor, traduciéndose este bien en el impulso de la economía municipal y no así en la imposición de obstáculos.
7. Que el Ejecutivo federal se ha abstenido de explicar a la población las razones que impulsaron la medida generando mayor especulación entre los consumidores.
8. Es por todo lo anterior, que la medida únicamente ha ocasionado una inflación artificial causando perjuicios económicos a la población del municipio de Othón P. Blanco, a quienes se les ha dado un trato diferenciado con respecto del resto de la población quintanarroense, así como de los demás estados que integran la frontera sur. Es por tanto que es de urgente y obvia resolución la presente propuesta dada su propia y especial naturaleza.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el que suscribe somete a la consideración del pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. se solicita al Ejecutivo federal para que revoque el incremento en el precio de las gasolinas en el área circunscrita al municipio de Othon P. Blanco, estado de Quintana Roo.
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara
de Senadores, a los 3 días del mes de enero de 2006.
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACIÓN
CON LAS IRREGULARIDADES EN LA LIBERACIÓN DEL C. RAMÓN SALVADOR
GÁMEZ MARTÍNEZ ACUSADO DE CORRUPCIÓN DE MENORES EN
EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO IVÁN GARCÍA SOLÍS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito Iván García Solís, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 22 de diciembre de 2005 fue absuelto por el Juzgado 15 de lo Penal en el Distrito Federal el líder sindical Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado de corromper a tres menores de edad a quienes obligaba a sostener relaciones sexuales.
La resolución del Juzgado 15 de lo Penal presenta una serie de irregularidades que ponen en evidencia las deficiencias en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y la impunidad que con ello se genera.
En la resolución se indica que se pudo haber actuado con el consentimiento de las menores agraviadas, lo que representa una supuesta exclusión del delito, por tratarse de actos sexuales consentidos, lo cual resulta a todas luces inaceptable, ya que se trata de menores de edad, por ende se configura el delito de corrupción de menores.
Por otra parte, la sentencia absolutoria no fue firmada por la titular del juzgado, sino que el encargado de emitir y firmar la resolución de manera indebida fue el secretario de Acuerdos, Miguel Ángel Pérez Camacho.
La propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria dictada a favor del líder sindical, por considerar que la autoridad judicial no valoró correctamente las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el juicio, por tanto ha iniciado una averiguación previa en contra del el secretario de Acuerdos, Miguel Ángel Pérez Camacho, y en contra quien resulte responsable de estos hechos.
Resulta evidente el desconocimiento por parte de los funcionarios del Juzgado 15 del derecho internacional de los derechos humanos en relación con el interés superior de la infancia, como lo es la Convención Internacional de los Derechos del Niño; la cual constituye una fuente obligatoria de derecho para los Estados miembros, entre los cuales se encuentra nuestro país desde 1990.
Por lo antes expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo y a la división de poderes exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a que, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra de la sentencia absolutoria dictada a favor del C. Ramón Salvador Gámez Martínez, tome en consideración el interés superior de la infancia con base en los instrumentos internacionales que nuestro país ha ratificado.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que, de manera pronta y expedita lleve acabo las investigaciones pertinentes para la consignación de los responsables del Juzgado 15 de lo Penal en el Distrito Federal de la liberación del C. Ramón Salvador Gámez Martínez.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de enero de 2006.
Dip. Iván García Solís (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA
COMISIÓN PERMANENTE EXHORTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
A QUE CUMPLA DE INMEDIATO CON EL COMPROMISO ASUMIDO POR LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DE ENTREGAR A LOS EJECUTIVOS ESTATALES
EL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
A CARGO DE DICHA DEPENDENCIA, A CARGO DEL SENADOR EMILIO GAMBOA PATRÓN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Punto de Acuerdo de Urgente u obvia Resolución
Primero.- En virtud a la justificada preocupación que existe por el posible uso político electoral de los programas sociales e información relacionada con éstos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República, a que se cumpla de inmediato con el compromiso asumido por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, de entregar a los Ejecutivos estatales el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Sociales a cargo de dicha dependencia.
Segundo.- De igual manera lo exhorta a dar, a través de la Secretaría de la Función Pública, un puntual seguimiento al correcto uso de los programas sociales y de la información relativa a ellos.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de enero de 2006.
Sen. Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA
COMISIÓN PERMANENTE EXHORTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA, A QUE INFORME EL ESTADO QUE GUARDAN LAS DENUNCIAS
PRESENTADAS POR LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPAL
Y ESTATAL DEL PAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANGÉLICA
RAMÍREZ LUNA Y POR EL SENADOR FRANCISCO ANTONIO FRAILE GARCÍA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos legisladores federales María Angélica Ramírez Luna y Francisco Antonio Fraile García, a la LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
1.- Que con fecha 12 de Diciembre del año en curso el Presidente del Comité Directivo Estatal en el estado de Puebla, Lic. Eduardo Rivera Pérez, acudió ante la delegación federal de la Procuraduría General de la República a levantar una denuncia de hechos en contra de los funcionarios públicos que resultaren probables responsables de los poderes públicos enlistados, los cuales son: H. Ayuntamiento de Puebla, Gobierno del estado de Puebla, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos correspondientes a la LIX Legislatura Federal, a fin de investigar la realización y el grado de participación en los hechos que se detallan a continuación.
Con fecha 26 de Octubre en la pagina electrónica del diario crónica de hoy, apareció publicada una nota titulada "Reanudará Madrazo el lunes su actividad proselitista", señalando que el viernes 2 el candidato a la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional participaría en el foro "La Reforma Política Municipal" como parte de su proselitismo político de la candidatura presidencial de Roberto Madrazo Pintado.
2.- Con fecha 1 y 2 de Diciembre del año en curso se realizó el Foro denominado la Reforma Política Municipal, con el programa general reestructurado, siendo el día jueves 1º de diciembre el Encuentro para el Análisis de las Propuestas de Reformas Municipales y el viernes 2 celebración del evento magno, la presentación de acuerdos y ceremonia de clausura al candidato del PRI a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado.
Dicho evento se realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad de Puebla, y que el día 2 de diciembre asistió el candidato en cita, así mismo asistió el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, la Secretaria General del dicho partido, Rosario Green Macías, el alcalde de la ciudad de Puebla Enrique Doler Guerrero y el Gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres.
3.- La denuncia está complementada con las notas periodísticas y televisivas que se generaron previa y posteriormente al foro en cita, de los distintos medios de comunicación locales del estado de Puebla.
4.- La denuncia fue presentada para evidenciar que el evento fue financiado por el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla y el Gobierno del estado de Puebla y que fue patrocinado por la Federación Nacional de Municipios de México, y que se contó con la participación de la Cámara de Diputados y de Senadores de la LIX Legislatura Federal, asimismo con el objetivo de certificar que fue un hecho proselitista a favor del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo.
Hasta esta fecha la Procuraduría General de la República no ha respondido a dicha denuncia, por ello, instamos desde esta Comisión Permanente a que se agilicen los trámites internos de dicha procuraduría a efecto de contar con el dictamen pertinente y se nos informe el estado que guarda la investigación que realiza la Procuraduría General de la República.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de todos ustedes el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que informe el estado que guardan las denuncias presentadas por los presidentes de los Comités Directivos Municipal y Estatal del Partido Acción Nacional, en el estado de Puebla.
Dado en el Salón "Legisladores de la República" a 4 de enero del 2006
Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica)
Sen. Francisco Antonio Fraile García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA PARA QUE INFORME ACERCA
DE LOS RESULTADOS DE LA CUMBRE DE HONG KONG SOBRE LA RONDA DE NEGOCIACIONES
COMERCIALES MULTILATERALES DE LA OMC, A CARGO DEL SENADOR RAFAEL MELGOZA
RADILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, senador Rafael Melgoza Radillo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Organización Mundial de Comercio concluyó, el pasado 18 de diciembre, una reunión ministerial para encontrar los compromisos que pudieran orientar la culminación de la "Ronda Doha" de negociaciones comerciales multilaterales.
En Hong Kong representantes de 148 países llegaron a acuerdos para proseguir la liberalización del comercio internacional en productos agropecuarios, industriales y servicios, así como para establecer nuevas reglas en materia de antidumping, subsidios y acuerdos comerciales regionales.
Entre los acuerdos más relevantes se concretó un pacto para la eliminación simultánea de todas las formas (directas e indirectas) de subsidios a la exportación agrícola a completar a finales de 2013. El compromiso prevé eliminar progresivamente los subsidios de modo que en 2011 se logre realizar una parte "sustancial" del desmantelamiento. Con esos efectos durante el próximo mes de abril se negociará la forma específica en que se habrá de aplicar dicho pacto.
Por su parte los países en desarrollo, una vez más, han visto frustradas sus expectativas para que los países desarrollados reduzcan las barreras a la importación de productos como: azúcar, algodón, plátano y textiles que exportan y, en cambio, han tenido que acelerar la liberalización de servicios como las telecomunicaciones.
Como se sabe, aún cuando las rondas de negociación de la OMC son procesos muy dilatados constituyen ejercicios efectivamente globales, donde las concesiones que se reciben y otorgan influyen directamente en el nivel de vida de la población de cada una de las partes contratantes. Pues el comercio internacional explica, hoy en día, gran parte de la dinámica productiva, de empleo y consumo de cada nación.
Dentro de los objetivos de cada ronda de negociación se colocan de manera destacada: la equidad, la transparencia y el trato especial y diferenciado para los países de menor desarrollo. Sin embargo, la experiencia muestra que ocurre todo lo contrario y predomina el interés de los protagonistas de mayor tamaño.
La diversidad de intereses es, además de compleja, muy intensa como lo expresa la permanente rivalidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos; de ambos con China o la India e incluso entre los llamados países en desarrollo, donde algunas naciones de África difieren de Brasil, Argentina o México. Es un proceso dilatado donde la habilidad de los negociadores depende en gran medida de la visión estratégica (o incluso ideológica) que siga cada país en materia de política comercial.
La importancia de este proceso multilateral de negociación puede ser más cercana si se recuerda que la Ronda Uruguay, concluida a principios de los años noventa, sirvió de escenario para establecer los márgenes y rangos de las concesiones que posteriormente fueron plasmadas en el Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) y en los demás acuerdos comerciales que ha firmado nuestro país.
Hoy, como al inicio de los años noventa, los medios de comunicación han dado a conocer los términos generales de los acuerdos obtenidos de las negociaciones multilaterales, pero aún no hay un análisis a fondo de la estrategia que han seguido nuestros representantes, ni de las repercusiones que finalmente tendrá el país.
Debe tomarse en cuenta que una de las áreas que fueron objeto central de la negociación es la del comercio de productos agropecuarios que, desde el punto de vista social, es extraordinariamente sensible para México. Más aún si se observa que los periodos de liberalización acordados en Hong Kong se cruzan con los plazos consignados en el TLCAN y que tendrán graves repercusiones para los productores nacionales.
Por estas razones el grupo parlamentario del PRD considera de una gran importancia que, a la mayor brevedad, el señor secretario Sergio García de Alba, quien encabezó la delegación que participó en esta Cumbre, venga a esta Comisión Permanente a presentar un informe pormenorizado de los resultados en cada uno de los temas, así como del proceso y los plazos de aplicación.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se cita a comparecer al Secretario de Economía para que informe los resultados de la Cumbre de Hong Kong sobre la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de la OMC.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión a los 4 días del mes
de enero de 2006.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE, CONFORME
A SUS FACULTADES, INVESTIGUE E INFORME SI EXISTIÓ LA APORTACIÓN
DE RECURSOS FEDERALES POR PARTE DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE
SENADORES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PRI, AL EVENTO REALIZADO
POR LA FENAM, LOS PASADOS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2005 Y SE APLIQUEN LAS
SANCIONES PERTINENTES EN SU CASO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
ANGÉLICA RAMÍREZ LUNA Y EL SENADOR FRANCISCO ANTONIO FRAILE
GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben Francisco A. Fraile García, senador por el estado de Puebla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, y de María Angélica Ramírez Luna, diputada por el estado de Puebla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
La Fenam, es la Federación Nacional de Municipio de México, integrada por mas de 1700 municipios de extracción priísta y como lo mencionó su presidente en turno el Lic. Jesús Enrique Hernández Chávez, que este instituto "debe de ser un eficaz instrumento para lograr que el PRI abandere las demandas locales y que impulse las mejores propuestas federalistas, en materia legislativa, hacendaria y política".
Esta Federación, realizó los días 1 y 2 de diciembre del 2005, en el estado de Puebla, un evento denominado "Encuentro Nacional. La Reforma Política Municipal", destacando en el programa del mismo, la presencia del candidato del PRI a la Presidencia de la Republica, el Lic. Roberto Madrazo Pintado y la del Presidente Nacional de este organismo político el C. Mariano Palacios Alcocer, siendo los anfitriones del Evento, el Alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero y el Gobernador del estado Mario Marín Torres.
Diversos medios de comunicación en el estado, destacaron la realización del evento de la Fenam como un evento proselitista en apoyo a Roberto Madrazo, siendo el mismo gobernador Mario Marín, quien en su intervención señaló que " Roberto Madrazo es la mejor opción para la Presidencia",
Previo a la realización de este evento, el 23 de noviembre del 2005, el Presidente del Comité Directivo Municipal, del PAN en Puebla, el C. Pablo Rodríguez Regordoza, denunciaba públicamente que los dos números telefónicos para confirmar la asistencia a este evento, eran de la oficina de Innovación y Enlace Gubernamental del Ayuntamiento de Puebla que eran el 5555-7542 en la Ciudad de México y el 222-4034630 y 31 en la Cd. de Puebla y el Correo electrónico, www.puebladezaragoza.gob.mx que se encontraban en la pagina de internet del gobierno municipal. El Presidente de este organismo político en la Ciudad de Puebla, pidió una explicación de estos actos, sin tener respuesta alguna.
El seis de diciembre del 2005, durante la sesión ordinaria del Consejo Local del IFE, en el desahogo de puntos generales, El Consejero Alfredo Figueroa Fernández, presento la invitación del evento antes mencionado, que le llegó por un medio de comunicación, en donde señala que el documento estaba suscrito por el H. Ayuntamiento de Puebla, donde se hace la atenta invitación a participar en el evento y leyendo el contenido de una de las presentaciones dice "le expresamos nuestra más atenta invitación a la ceremonia con motivo del Encuentro nacional de Reforma Politica Municipal en el marco de este encuentro, - asi se anuncia - organizada por la FENAM y el H. Ayuntamiento de la Heroica Puebla de Zaragoza, este acto estará presidido por nuestro Candidato del Partido revolucionario Institucional a la Presidencia de la Republica y se llevará acabo, en el Centro de Convenciones ubicado en ?"
En esta reunión, el consejero Alfredo Figueroa, solicitaba que las comisiones de Asuntos Jurídicos y de vigilancia del Voto, analizaran este asunto, ya que además de la participación del Ayuntamiento de Puebla y de la Fenam, en la invitación aparecen los logotipos del Gobierno del estado de Puebla, así como los de la Cámara de Diputados y Senadores, correspondientes a la LIX Legislatura.
Después de diversas intervenciones, el Consejo determino turnar este asunto a las comisiones de vigilancia del voto y asuntos jurídicos, para su análisis y determinar lo procedente.
Con fecha 12 de diciembre de 2005, el CDE del PAN en el Estado de Puebla, presentó una denuncia ante el Ministerio Publico, para que fuera turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de los delitos Electorales de la Procuraduría General de la Republica en el Estado de puebla, con la finalidad de esclarecer el manejo de recursos en este evento proselitista.
Considerandos
El eje fundamental en la vida institucional de un país, es el respeto a sus instituciones, a la naturaleza para que fueron constituidas y la labor y responsabilidad a que fueron encomendadas. Cuidar de no violentar y desviar esta labor propia de las instituciones, es respetar el estado de derecho y fortalecer la vida democrática de nuestro país.
La Fenam, como una institución mas de las que se encuentran en nuestro tejido social, tiene el derecho y la libertad de tomar sus decisiones, de realizar aquellos eventos que considere pertinente y de definir el rumbo político que mejor le convenga, todo esto, siempre dentro del margen de la ley.
El evento proselitista realizado en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla, atenta contra la función del Ayuntamiento que es el órgano que gobierna de manera directa a los ciudadanos que ahí viven. El ayuntamiento no puede tener preferencia política, porque atenta contra la equidad, la justicia, atenta contra la vida democrática de la sociedad.
Si a esto se suma, la participación clara del Gobierno del Estado, en donde no solo aparece como convocante, sino que el Gobernador que es su principal representante, haciendo uso de la voz, externa su preferencia partidista, cuando debería ser el principal promotor del respeto al estado de derecho y a la democracia participativa en el estado.
Pero si además, sumamos que el poder legislativo federal, tanto senadores como diputados, se integraron a este evento como convocantes en favor de su Candidato a la Presidencia de la Republica, podemos entonces ver a los representantes del pueblo, que con su participación en un acto de esta naturaleza, se olvidaron de su encargo constitucional y de la finalidad por la cual son integrantes del Congreso de la Unión.
Este evento, trae consigo un punto de gran delicadeza, si cada uno de los organismos mencionados, aparecen como convocantes en el evento, entonces se puede presuponer, que se destinaron recursos de cada convocante para la realización de este evento.
Es decir, recursos de orden público estuvieron invertidos en un acto proselitista, en apoyo a la campaña de un candidato en particular. Los recursos federales, estatales y municipales, que surgen de las aportaciones de cada ciudadano, no solo de la entidad, sino a nivel nacional, fueron destinados para apoyar un acto de campaña.
Si esto resultará cierto, ¿Quién autorizo los montos para este evento? ¿Bajo que argumento o justificación se presentó para obtener los recursos?
Si el convocante principal, hubiera sido la Fenam la pregunta sería, ¿De donde obtuvo los recursos para la realización de este evento?
Por lo anterior expuesto, me permito presentar a la consideración del Pleno, conforme lo establecido por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que conforme sus facultades, investigue e informe, si existió la aportación de recursos federales por parte de la Cámara de Diputados y Senadores de la Fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la Fenam, los pasados 1 y 2 de diciembre del 2005, para que se deslinden responsabilidades y se aplique las sanciones pertinentes, en su caso
SEGUNDO: Se exhorta al Congreso Local del Estado de Puebla, para que a través de su órgano fiscalizador y conforme sus facultades, investigue e informe, si existió la aportación de recursos por parte del H. Ayuntamiento de Puebla, así como del Gobierno del Estado de Puebla, al evento realizado por la Fenam, los pasados 1 y 2 de diciembre del 2005, para que se deslinden responsabilidades y se aplique las sanciones pertinentes, en su caso.
TERCERO: Se exhorta al Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de puebla, para que informe a esta soberanía, sobre los avances de la Comisión de Vigilancia del Voto y de asuntos Jurídicos, respecto a este tema.
CUARTO: Se exhorta a Fiscalía Especializada para la Atención de los delitos Electorales de la Procuraduría General de la Republica en el Estado de puebla, para que informe a esta soberanía, sobre los avances de la denuncia presentada el 12 de diciembre de 2005, por el PAN en el estado de Puebla
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 4 del mes de enero del 2005.
Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica)
Sen. Francisco Antonio Fraile García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA
COMISIÓN PERMANENTE SOLICITE A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE PUEBLA QUE REVISE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE MARTÍN
BARRIOS, DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APEGUE SU ACTUACIÓN
AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO IVÁN GARCÍA
SOLÍS Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA ROSA MARÍA AVILÉS
NÁJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 29 de diciembre del año próximo pasado fue detenido el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, por el presunto delito de chantaje contra el empresario Lucio Gil Zárate, quien argumenta que Barrios le pedía 150 mil pesos para detener un movimiento de 163 obreros maquiladores que exigían una justa liquidación, ya que fueron despedidos por Gil Zárate en represalia por las acusaciones que los trabajadores presentaron en su contra ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Al respecto es de señalarse que las empresas propiedad del denunciante son subcontratadas por el "Rey de la Mezclilla", Karnel Nacif Borge, empresario que demandó por difamación y calumnias a la periodista y defensora de los derechos de las mujeres Lydia Cacho Ribeiro.
No obstante de que existió una denuncia para su detención la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla cometió diversas irregularidades en la detención del luchador social al igual que con Lydia Cacho, no se le notificó que estaba denunciado; la denuncia en su contra fue interpuesta en la agencia del Ministerio Público especializado en secuestros, los policías judiciales que lo detuvieron fueron los mismos que aprehendieron a la autora de Los demonios del edén y que también han ejecutado órdenes contra líderes de otros movimientos sociales, como los campesinos de La Magdalena Apocopan, que se oponen a un proyecto gubernamental que pretende extraer agua de su territorio para llevarla a Atlixco.
En diálogo con medios de información, después de rendir su declaración, reveló que en su primer día como prisionero del Centro de Readaptación Social de San Miguel de la capital poblana vivió un clima de hostigamiento, ya que fue obligado a servir de comer a los delincuentes de alta peligrosidad; le hicieron pasar la noche en una celda reducida con 14 personas más, por lo que no pudo conciliar el sueño; además tuvo que llenar un contenedor de basura sin que se le permitiera mudar de ropa después del trabajo.
Mientras, representantes de organizaciones defensoras de los trabajadores de las maquiladoras se reunieron con el subsecretario de Gobierno estatal, Armando Toxqui, quien les prometió que Barrios sería trasladado a un lugar seguro y digno, además de que hablaría con el denunciante para tratar de esclarecer el caso y que el gobierno del estado analizaría "en lo que les corresponde" la situación del activista. Recordaron que hace dos años Barrios fue golpeado por varios sujetos y, aunque se levantó la denuncia correspondiente, las autoridades no han esclarecido los hechos, porque le solicitaban que revelara quién podría tener intención de agredirlo.
Por lo que cabe preguntarnos ¿por qué la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla ha sido tan expedita en la denuncia presentada por Lucio Gil Zarate? ¿Por qué la misma Procuraduría archivó la denuncia presentada por Martín Barrios por las lesiones ocasionadas por elementos de seguridad de la empresa Tarrant Apparel Group, empresa asociada a Karriel Nacif?, ¿por qué la Procuraduría no ha apegado su actuación al principio de legalidad?, ¿por qué la similitud excesiva en la detención de dos luchadores sociales?, ¿la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla es el arma al servicio de los intereses de los grandes empresarios del estado? ¿La Procuraduría es una dependencia que respeta el estado de derecho?
Martín Barrios Hernández se ha caracterizado por ser un defensor de los derechos humanos específicamente en la lucha por lograr mejores condiciones laborales para los obreros de maquiladoras, sujeto de diferentes agresiones, hostigamientos y amenazas, ejemplo de ello fueron los golpes que le propinaron al salir de su casa en la ciudad de Tehuacán. Represión explicable a que Martín Barrios ha denunciado la explotación laboral, las condiciones mínimas de seguridad que tienen los obreros y el peligro que trae consigo, así como la violación persistente de la Ley Federal del Trabajo por la industria de la maquila en Puebla.
Esta soberanía no puede dejar de manifestarse en contra de las irregularidades que las instituciones encargadas de procurar justicia realizan, urge esclarecer el hecho, urge parar el clima de violencia y represión en el estado de Puebla contra los luchadores sociales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente solícita, con pleno respeto a la soberanía del estado de Puebla, que la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla revise que el procedimiento seguido en contra de Martín Barrios Hernández, defensor de los derechos humanos, apegue su actuación al principio de legalidad.
Segundo. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla que inicie una investigación a los servidores públicos de su dependencia involucrados en la detención de Martín Barrios Hernández por las presuntas irregularidades que incurrieron en su desempeño.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 4 días del mes de enero de 2006.
Dip. Rosa María Avilés Nájera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A SANCIONAR ACTOS DE
DISCRIMINACIÓN EN EL HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL, A
CARGO DEL DIPUTADO IVÁN GARCÍA SOLÍS Y SUSCRITA POR
EL DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos, legisladores federales ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El jueves 22 de diciembre conocimos la noticia sobre los actos de discriminación, vejación y el violento desalojo cometidos por personal de seguridad y administrativo del hotel Presidente Intercontinental de Los Cabos, Baja California Sur, en contra de dos huéspedes, simplemente por darse un beso en la alberca.
Se trata del caso de dos jóvenes: Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur, quienes nadaban en la alberca del hotel, y al darse un beso, de manera inmediata fueron interceptados violentamente por personal de vigilancia, los jalonearon, los patearon y arrastraron por el piso hasta echarlos fuera del hotel.
En ese momento se presentó el encargado de la gerencia, una persona de nombre Christian Moguel, quien les dijo: "este es mi hotel y las reglas las pongo yo, y si a mí me dicen que estaban teniendo relaciones sexuales, se tienen que ir porque eso no está permitido".
Cabe mencionar que por indicaciones de la gerencia se les negó la entrada a su habitación y sus pertenencias se las dieron en la calle, mismas que se las entregaron incompletas pues les faltaba dinero, unos lentes, un celular y ropa.
Tras la golpiza sufrida por los dos jóvenes, en la cual uno de ellos perdió el conocimiento, acudieron al Hospital General de San José del Cabo, donde un médico legista constató las lesiones sufridas y al día siguiente acudieron a presentar una denuncia de hechos ante la agencia del ministerio público del fuero común de esa localidad y con numero de averiguación previa 02049/SJ/2005.
No es la primera vez que en México se dan hechos de evidente discriminación y ominosa homofobia, conductas que de acuerdo con la Constitución y las leyes que de ella derivan constituyen delitos y violaciones a los derechos humanos de las personas.
En efecto, la Constitución Política de 1917 prohíbe toda discriminación motivada por las preferencias o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por otro lado, el artículo 41 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece: "Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en las preferencias sexuales, o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas."
A mayor abundamiento, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por el Gobierno Federal, establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Como vemos, tanto la Constitución Política como el derecho internacional de los derechos humanos protegen y garantizan los derechos y libertades fundamentales de todas las personas a que los ejerzan en un marco de tolerancia, pluralidad y respeto a la diversidad y las preferencias sexuales de los seres humanos, por lo que son inadmisibles y condenables los actos de discriminación que constituyen violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por el personal administrativo y de seguridad del hotel Presidente Intercontinental en agravio de Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur.
Un hecho de esta naturaleza no debe quedar impune, porque sería la mejor invitación a realizar otros actos que contravienen los principios de respeto a las diferencias y a la pluralidad de expresión de las identidades humanas en un marco de respeto y sin transgredir derechos de terceros, por lo que hacemos un atento y respetuoso exhorto para que las autoridades competentes del estado de Baja California consignen el caso ante los tribunales y que sea un juez quien de acuerdo con los hechos y evidencias del caso determine y resuelva conforme a Derecho lo que a cada quien le corresponde.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados condena los hechos de discriminación cometidos en agravio de Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur en el hotel Presidente Intercontinental y exhorta a las autoridades competentes a sancionar conforme a derecho a los responsables.
Punto de Acuerdo
Único.- Exhortar respetuosamente a las autoridades competentes del estado de Baja California Sur a realizar una investigación pronta y eficaz con la finalidad de que los hechos de discriminación, lesiones y robo cometidos en agravio de Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur por personal del hotel Presidente Intercontinental de Los Cabos no queden impunes; de igual manera solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación asuma y resuelva el caso de acuerdo con sus atribuciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2006.
Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, CON RELACIÓN
AL OPERATIVO DE REVISIÓN EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
A CARGO DEL SENADOR RAFAEL MELGOZA RADILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El suscrito, senador Rafael Melgoza Radillo, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe detallado sobre las medidas tendientes a cobrar a los usuarios por la revisión en el Aeropuerto Internacional.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a cuatro de enero de 2006.
Sen. Rafael Melgoza Badillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ECATEPEC DE MORELOS A QUE BRINDEN MAYOR ATENCIÓN A LAS COLONIAS
POPULARES, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La suscrita, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta Comisión Permanente la siguiente propuesta con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En días pasados acudieron hasta mis oficinas, en mi calidad de representante popular, vecinos del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, para solicitar mi intervención ante este honorable Congreso de la Unión para pedir a los gobiernos estatal y municipal mayor atención a las colonias de populares que conforman los municipios de la entidad mexiquense, particularmente habitantes de la colonia Fernando de Alba en Ecatepec.
Señalan que es necesario que las autoridades estatales y municipales brinden mayor atención a las colonias populares, que por supuesto son la mayoría. Hacen hincapié en:
Desaseo de las calles y avenidas.
Carencia total de reforestación en áreas
verdes.
Adolecer totalmente de programas que propicien la sana
convivencia.
Nula representación vecinal.
Señalan los quejosos que esta situación es similar en todas las colonias populares de la demarcación, y que ya es justo que sus gobernantes brinden mayor atención a la población que ahí habita.
Como representantes populares no podemos hacer caso omiso de las quejas de nuestros representados, además de tratarse de una demanda por demás justa. De ahí que los invito a que realicemos un exhorto a fin de que las autoridades se esfuercen cada vez más por cumplir con la población a la cual gobiernan, y con lo cual ofrecer un futuro mejor a las generaciones que pronto serán jóvenes y que debemos evitar que caigan en las garras de la drogadicción.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la que suscribe presenta el siguiente punto de acuerdo para quedar como sigue:
Punto de Acuerdo
Primero: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a brindar mayor atención a las colonias populares de su entidad en materia de seguridad pública, control de adicciones, limpieza, reforestación y participación ciudadana.
Segundo: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al presidente municipal de Ecatepec de Morelos, Eruviel Ávila Villegas, a fin de que atienda urgentemente las problemáticas de las colonias populares de su municipio, en particular de la Fernando de Alba, en cuestiones de seguridad pública, control de adicciones, limpieza, reforestación y participación ciudadana.
Dip. Fed. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A FIN DE QUE RESPETE CABALMENTE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES ILEGALES EN MÉXICO, A CARGO
DE LA DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta Comisión Permanente la siguiente propuesta con punto de acuerdo, en base a la siguiente
Exposición de Motivos
Con base en que México cuenta con una frontera natural con el vecino país de Estados Unidos, es común que se convierta en trampolín para que muchos extranjeros transiten de forma ilegal para llegar a territorio norteamericano.
Según el informe que presenta la Secretaría de Gobernación en el apartado referente a Política Migratoria, señala que durante el periodo de septiembre de 2004 a agosto de 2005 se aseguró a 238,661 extranjeros, cifra 13.8 por ciento mayor a la alcanzada en el periodo anterior. También informa que se efectuó la repatriación de 217,375 centroamericanos, entre guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, además de población asiática que va en incremento.
Este mismo informe señala que el aseguramiento se realizó con procedimientos fundados en el respeto de los derechos humanos.
Por otra parte, en los medios de comunicación se han hecho públicas las quejas de los cónsules centroamericanos respecto de la violación a los derechos humanos de los migrantes indocumentados en México, así como de las extorsiones de que son víctimas por parte de los cuerpos policíacos en nuestro país.
A la vez, en el reciente informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana señala:
1.- La existencia de un alto índice de marginación y malos tratos que sufren los migrantes durante su estancia en las estaciones migratorias del país y lugares habilitados para tal fin.
2.- Falta de interés o la incapacidad de la autoridad responsable para abatir este fenómeno, lo que constituye una constante y permanente violación a los derechos humanos de ese grupo vulnerable.
3.- En esos lugares existe una concepción netamente compatible con el sistema carcelario, debido a que operan con celdas, rejas metálicas, aldabas, candados, y cuentan con bases de cemento que se usan como camas, características que corresponden más a un reclusorio que a un alojamiento administrativo.
4.- La criminalización del migrante indocumentado, debido a que la Ley General de Población considera como delito el internarse indocumentadamente al país. Ello aumenta su vulnerabilidad, al ser en todo momento susceptible de una arbitraria actuación de los servidores públicos federales, estatales y municipales para su exacción, maltrato y, en ocasiones, hasta abuso sexual.
5.- Asimismo, son fácilmente víctimas de la delincuencia organizada y el pandillerismo que se ha formado en torno del migrante, que los asalta y los agrede, e incluso los hace sujetos de incidentes provocados que traen consigo lesiones y mutilaciones.
Con base en lo anterior y en la medida de ser coherentes con la necesidad de que exista en todo momento el respeto de los derechos humanos de todos, es que considero necesario realizar un exhorto al Instituto Nacional de Migración para exigirle pleno respeto a los derechos y la dignidad de los extranjeros que se internan en nuestro territorio de manera ilegal y que son asegurados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la que suscribe somete a la consideración de este pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración, al pleno respeto a los derechos y la dignidad de los extranjeros que se internan en nuestro territorio de manera ilegal y que son asegurados en las estaciones migratorias o lugares que sustituyen a las mismas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2006
Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA REPATRIACIÓN
DE CADÁVERES DE MIGRANTES MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA
FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita1, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Comisión Permanente la siguiente propuesta con punto de acuerdo, con base a las siguientes
Consideraciones
1. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada año se repatrían a México alrededor de 8 mil cadáveres de mexicanos (hombres, mujeres, niños y ancianos) que intentaron cruzar la frontera hacia los Estados Unidos o han fallecido en ese territorio por distintas causas.2 Para la organización de migrantes La Raza, los cuerpos que regresan a nuestro país3 son aproximadamente 10 mil.
2. Cuando un mexicano muere y sus familias quieren repatriarlo tienen que pedir cooperación entre sus conocidos y paisanos o solicitar apoyo a los consulados. Apoyo que en su mayoría no se proporciona a todos los solicitantes.
Trasladar un cadáver tiene un costo comercial entre cuatro y cinco mil dólares, eso sin incluir el servicio funerario y el lote en el panteón. Ante esta situación, organizaciones en defensa de migrantes han solicitado al gobierno federal mexicano, celebre un convenio con líneas aéreas nacionales e internacionales4, para que de manera voluntaria otorgue el transporte de los cadáveres de los connacionales que han fallecido tanto en la frontera norte del país como en territorio estadounidense5. Por otra parte, han solicitado que las carrozas fúnebres del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) trasladen los féretros desde los aeropuertos nacionales hasta su lugar de origen6.
3. El presupuesto que se asigna a la repatriación de cadáveres esta siendo insuficiente7. La demanda de traslados de cadáveres es mayor que la oferta para su atención.
La ausencia de un presupuesto suficiente, que cubra la totalidad de las solicitudes de traslado de cadáveres, ha dejado el campo libre para que compañías telefónicas y de seguros de vida empiecen abrir mercado para especular con los fallecimientos de los migrantes8, y sean ellas las que se encarguen de dar respuesta a las demandas sociales. Si el Estado mexicano no pudo brindarles a los migrantes mexicanos en su país opciones de desarrollo humano, moralmente está comprometido con los compatriotas a brindarles solidaridad con su desgracia.
4. La migración ha sido materia de varios pronunciamientos. Hago un llamado para que la migración no sea nada más materia para pronunciamientos, sino de acciones tendientes a solucionar sus problemas.
Es importante resaltar que los derechos humanos de los migrantes no se limitan ni se jerarquizan. Son muy variados y de igual importancia. Por eso, les pido que con la misma intensidad, pero sin el retraso, con que se abordó el voto de los mexicanos en exterior, abordemos el traslado de cadáveres de los connacionales fallecidos en el extranjero y de otros temas que requieren de nuestra atención y dedicación. No debemos dar la impresión de que lo único que nos interesa de ellos es su voto y las remesas.
Este punto de acuerdo lo presenté en la Comisión Permanente pasada, pero en base al reclamo social en los medios de comunicación respecto a que los migrantes que fallecen en territorio estadounidense no se trasladan a su lugar de origen, por carecer de recursos, y donde el reclamo principal es la necesidad de que el gobierno mexicano se haga cargo de estos traslados sin excepciones por los ingresos que recibe a través de las remesas, es que considero necesario volver a presentarlo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado la que suscribe somete a la consideración de este pleno, el siguiente punto de acuerdo, a fin de que las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores, en lo inmediato analicen la viabilidad de las siguientes propuestas para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para atender la demanda de repatriación de cadáveres.
Punto de Acuerdo
Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a:
1. La celebración de convenios con compañías aéreas nacionales o internacionales, para que éstas trasladen desde el extranjero los restos de los migrantes mexicanos a territorio nacional. Servicio que deberá brindarse de manera voluntaria a los familiares de los difuntos.
2. Solicitar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos auxilie a los familiares de los migrantes fallecidos, para que por medio de sus aeronaves y vehículos automotores trasladen hasta su lugar de origen los cadáveres9.
3. Solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), presten de manera voluntaria a los familiares el servicio de carrozas fúnebres para que sean trasladados los restos de los migrantes mexicanos del aeropuerto de llegada a su lugar de origen.
Notas:
1 Agradecimiento a Efraín García Gómez
por su valioso apoyo para la elaboración de está propuesta
con punto de acuerdo. Ex asesor del GPPRD, LVIII Legislatura. Área
de Relaciones Exteriores
2 Accidentes laborales, enfermedades, derivadas de su
trabajo, accidentes viales, ahogamiento, deshidratación e hipotermia.
3 Véase: Morir sin papeles.
4 Ellos proponen la línea aérea Aeromexico,
ya que es a la que se le otorgó el contrato para el traslado de
los migrantes mexicanos que se adhieran al Programa de Repatriación
Voluntaria.
5 Véase: Piden repatriación gratuita de
cadáveres. En La Jornada, 12 de junio de 2005
6 Ibid.
7 Para el año 2005, la Cámara de Diputados
aprobó un presupuesto de 168 millones de pesos para la Secretaria
de Relaciones Exteriores. El presupuesto que se destinó para "apoyo
a migrantes" fue de: $79, 200,000.00. Y el presupuesto que se destinó
para "repatriación de cadáveres" es de: $15,000.000.00. Cuando
para el 2004 se destinaron $60,000.000.00. Véase: Resumen ejecutivo
2005. Presupuesto para los migrantes, de la Comisión de Población
y Asuntos Migratorios, LIX legislatura de la Cámara de Diputados,
15 de noviembre de 2004. En: http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/poblacion/doctos/presup05.pdf
8 Cristel Telecom, es una compañía telefónica
que se encuentra en los Estados Unidos, donde ha lanzado al mercado la
tarjeta telefónica Repatriar. La tarjeta tiene un costo de 10 dólares
y ofrece 200 minutos de larga distancia a México. Una vez que el
comprador la adquiere, debe llamar a un número 800 señalado
al dorso, donde se registra para poder recibir el servicio de seguro, sin
costo adicional. El seguro cubre a los mexicanos mayores de 18 años
que en el momento de su fallecimiento, por accidente o de manera natural,
residían en Estados Unidos. El seguro es valido por los 30 días
que dura la tarjeta telefónica. Véase: Tarjeta telefónica
ofrece seguro a sus portadores. En: http://www.ocexcelsior.com/mi_negocio/articulos/0513_mi_negocio_wr_tarjeta_difunto.shtm1,
29 de junio de 2005.
Grupo Servicios Especiales Profesionales (SEP) USA Inc.
Empresa que desde hace 40 años se dedica a la venta de seguros de
vida. Esta empresa en el año 2004 lanzó al mercado el certificado
de repatriación Tu Tierra en tus Manos. Su costo es de 50 dólares
y protege al interesado por cinco años para que, en caso de fallecimiento,
su cuerpo pueda regresar a su tierra natal sin ninguna complicación.
La empresa se encarga de hacer los trámites consulares, obtener
los permisos, embalsamar el cuerpo, conseguir el ataúd y pagar la
tarifa aérea, el traslado al aeropuerto y conseguir una carroza
fúnebre que entrega el cuerpo a los familiares. Véase: Ofrecen
certificado de repatriación de EU a migrantes mexicanos. En: El
Financiero, 27 de junio de 2005.
9 En el artículo 1, párrafos III y IV,
de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
mencionan que dentro de las misiones que tienen el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos está auxiliar a la población civil
en casos de necesidades públicas y realizar acciones cívicas
y obras sociales que tiendan al progreso del país.
Cabe recordar que los migrantes han sido pieza fundamental para el desarrollo social y económico de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2006.
Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)
La que suscribe, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una primera excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Al tenor de las siguientes
Consideraciones
1.- Con fecha 15 de junio de 2005 presenté la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 Bis al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
2.- Argumente la necesidad de citar los documentos que retomamos para la exposición de motivos de nuestras iniciativas de ley.
3.- Que es necesario reconocer que los estudiosos realizan durante años investigaciones para poder ofrecer en una publicación, los resultados de su investigación.
4. Que también se requiere un poco de rigor científico, aludiendo a los que se pasan años investigando sobre determinado tema y que por lo tanto se vuelven expertos, ahí están las grandes casas de estudios UNAM, el IPN, la UAM.
5.- Citar no demerita a un legislador, muy por el contrario, lo engrandece en la medida de reconocer que tuvo que realizar una ardua investigación para conocer ampliamente el tema y poder plasmar en un texto, una propuesta de iniciativa de ley.
6.- Externe mi preocupación en base a la ausencia de este tipo de prácticas en el trabajo legislativo. Pero sobre todo sabiendo que es fruto del nuevo ejercicio legislativo que se está dando en la actualidad en México y que implica que el legislador realmente está preocupado por la principal encomienda que tiene y que es legislar.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que ha transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se emita ningún dictamen, ni pronunciamiento alguno por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La que suscribe la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicita de esta Presidencia
Único.- Se sirva formular una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a fin de que emita el dictamen de la iniciativa que adiciona un artículo 55 Bis al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el miércoles 4 de enero de 2006, a las 9:30 horas, en el salón E del edificio G, primer nivel.
Atentamente
Dip. Enrique Burgos García
Presidente