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México, DF, a 2 de agosto de 2006.
Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibieron de la Secretaría de Gobernación los oficios números SEL/300/4059/06, 4060, 4062 y 4080, en respuesta a diversos puntos de acuerdo aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados.
La Presidencia acordó remitir dicha documentación a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica)
Vicepresidenta
México, DF, a 26 de julio de 2006.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL59-II-5-2619, signado el 30 de marzo último por los diputados Marcela González Salas y P. y Marcos Morales Torres, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número F00.- 367, suscrito el 11 del actual por el ciudadano Ernesto Enkerlin Hoeflich, presidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a ese organismo implantar una estrategia financiera que permita dotar de mayores recursos a los campamentos tortugueros de todo el país y que sea incluida en los próximos proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Ciudad de México, a 11 de julio de 2006.
Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En respuesta a sus oficios números SEL/300/2285/06 y SEL/300/2286/06, de fecha 3 de abril de 2006, en los cuales se informa que el punto de acuerdo aprobado en sesión del 30 de marzo pasado en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue el exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, a implantar una estrategia financiera que permita dotar de mayores recursos a los campamentos tortugueros de todo el país y que dicha estrategia sea incluida en los próximos proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Al respecto, le informo que este año, como una acción sin precedente, se está ejerciendo un presupuesto amplio en los diversos centros tortugueros del país, lo que resolverá las necesidades inmediatas que expresan los técnicos operadores de los centros para la conservación de las tortugas marinas. Ese presupuesto ayudará en el mantenimiento de la infraestructura, del mobiliario y del equipo existente en los diferentes centros, así como en mayor participación de personal en los trabajos de conservación. Sin embargo, es necesario mantenerlo en esos niveles para garantizar el cumplimiento cabal del programa y obtener resultados óptimos.
Hemos contado con el apoyo decidido e invaluable de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, acompañados por elementos de infantería de Marina-Armada de México, mediante operaciones frecuentes, y en algunos sitios de importancia prioritaria, como las playas índice para el desove de la tortuga laúd, especie en peligro crítico, o las playas de arribazón de tortuga golfina, la instalación de dichos elementos ha sido de forma permanente durante la temporada de anidación. Por otro lado, diversos grupos comunitarios y organizaciones civiles han sumado sus esfuerzos con el gobierno federal desarrollando actividades de conservación a lo largo de los litorales.
Los diferentes apoyos con que actualmente cuenta el programa de tortugas marinas han inducido a que un número cada vez mayor de habitantes de comunidades costeras, antes depredadores de este recurso, ahora participen activamente en las acciones de conservación, adquiriendo con esto un nivel de conciencia en el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, lo que traerá consigo en el mediano plazo la protección de los hábitat y la recuperación de las poblaciones de tortugas marinas. Estos grupos comunitarios han sido apoyados a través del Programa de Empleo Temporal y del Programa de Desarrollo Rural Sustentable de la connacional de Áreas Naturales Protegidas. Con esto se fortalecen las acciones, directas e indirectas, que se desarrollan en nuestro país para la conservación de las tortugas marinas; sin embargo, es importante contar con el apoyo del gobierno federal para la aprobación de nuevos conceptos de inversión, así como de nuevos municipios en los que se incluyen los que tienen tortugas marinas en sus playas, por esto es relevante garantizar el seguimiento de estos programas.
El cobro de derechos previsto en la Ley Federal de Derechos por concepto de aprovechamiento no extractivo de tortugas, así como por el de uso o aprovechamiento de los elementos naturales marinos e insulares sujetos al régimen de dominio público de la Federación existentes en las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, ha sido una buena estrategia de generación de fondos para la conservación de los referidos recursos naturales. No obstante, con la reciente transferencia del programa de tortugas a esta comisión nacional, esta autoridad ha venido trabajando en una estrategia financiera que permita hacer frente a las necesidades de conservación de las especies de tortugas marinas. Por ello, una de las opciones que se proponen para tales efectos es conferir prioridad a las acciones de conservación de cada centro tortuguero, con la finalidad de detectar las necesidades de financiamiento de cada uno de ellos, así como complementar con otro tipo de recursos (donaciones) las labores de protección.
Una de las limitaciones aquí es la falta de una estructura de personal que pueda atender el programa. Sin embargo, una de las sugerencias para atender con prontitud el tema es que en el Presupuesto de Egresos federal se previera un recurso específico que permitiera dar continuidad al programa de tortugas cada año.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ernesto Enkerlin Hoeflich (rúbrica)
Presidente de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas
México, DF, a 26 de julio de 2006.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L.59-II-0-3182, signado el 9 de febrero último por las diputadas Marcela González Salas y P. y María Sara Rocha Medina, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número STPCE/325/2006, suscrito el 20 del actual por el licenciado Wolfgang Rodolfo González Muñoz, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a realizar las acciones necesarias orientadas a resolver las controversias con los propietarios de las estaciones de servicio de combustibles, a fin de evitar que estos últimos utilicen, como medida de presión, los paros laborales, ante la clausura de estaciones por la venta y expedición irregulares de hidrocarburos.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rubrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 20 de julio de 2006.
Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio número SEL/300/822/06, por el que comunica un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en relación con el conflicto existente con los propietarios de las estaciones de servicio de combustibles. Sobre el particular, le comento lo siguiente:
La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía ha realizado una serie de acciones con el propósito de resolver, en el marco legal vigente, el conflicto que existe con los propietarios de las estaciones de servicios, como se expone a continuación:
El pasado 16 de febrero se sostuvo una reunión entre los titulares de las Secretarías de Energía, y de Economía, y sus respectivos equipos de trabajo, sobre la problemática de sustitución de los dispensarios de gasolina. En dicha reunión se encomendó a la Dirección General de Normas de esta secretaría entrevistar a los importadores, fabricantes y distribuidores de dispensarios a fin de conocer la capacidad mensual de producción, el precio de los dispensarios y el probable financiamiento que éstos pudiesen ofrecer. El resultado obtenido de las mencionadas entrevistas fue que existe proveeduría suficiente para atender la demanda de reemplazos, pues está asegurada una capacidad de producción mensual de entre 4 mil y 5 mil bombas; el precio de los dispensarios oscila entre 5 mil y 8 mil 500 dólares, y no 20 mil, como habían anunciado diferentes asociaciones de gasolineras; y, finalmente sólo una de las marcas ofrece financiamiento (Hongyang, distribuido por Petrol & Import, SA de CV).
Paralelamente, en cuanto al cruce de información de los dispensarios en uso1 contra la base de datos de la Dirección General de Normas, que contiene los modelos que obtuvieron en su momento la aprobación de modelo o prototipo2, se ha concluido que del cruce de información entre los dispensarios instalados3 y los dispensarios que registran haber obtenido la aprobación de modelo o prototipo, de acuerdo con el trámite SE-04-002 de la Dirección General de Normas, dando como resultado que 21 mil 69 dispensarios, de un total de 34 mil 716 no cuentan con la aprobación referida.
Respecto a la relación con Onexpo Nacional, AC, y otras asociaciones de gasolineras del país, la percepción de dichas asociaciones es que esta secretaría ha cumplido cabalmente los acuerdos establecidos en la reunión del 14 de febrero pasado,4 comentando que la transparencia con que se han conducido las acciones de la Dirección General de Normas ha dado tranquilidad al gremio gasolinero y, por ende, al consumidor final.
Sobre el trámite de "aprobación del modelo o prototipo de instrumentos de medición y patrones sujetos a norma oficial mexicana, previa su comercialización", cabe mencionar que éste se ha realizado estrictamente bajo los preceptos establecidos en los artículos 10 y 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 7 de su reglamento, así como en lo establecido en los trámites SE-04-002 y SE-04-005 del Registro Federal de Trámites y Servicios. No obstante lo anterior, la Secretaria de Economía ha coincidido con el Cenam en cuanto a que este centro nacional realice la totalidad de las pruebas volumétricas y electrónicas a los dispensarios previas a su aprobación, a fin de dar mayor certeza y exactitud a las mediciones realizadas.
Con relación a las acciones de la Procuraduría Federal del Consumido, en reunión celebrada el 22 de marzo del año en curso, el procurador Carlos Arce Macías comunicó a representantes de las organizaciones de gasolineros que a la fecha la institución ha inmovilizado 32 estaciones de servicio por la falta del documento descrito en el párrafo anterior, y que ha levantado las inmovilizaciones de 12 de ellas. Debido a esas inmovilizaciones, los empresarios gasolineros han promovido, al 24 de marzo, 85 juicios de amparo,5que esta secretaría atiende en tiempo y forma.
En la reunión sostenida el pasado 27 de marzo entre representantes de la Secretaría de Energía, el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pemex Refinación, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, se acordó que el plazo que se otorgaría a los empresarios gasolineros para sustituir los dispensarios estaría basado en el volumen de ventas mensuales.
En dicha reunión también se acordó que la fecha en que empezarán a correr los plazos antes descritos sería el 1 de abril del año en curso y sólo se podrán instalar las marcas y modelos publicados por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía en su página de Internet. Asimismo, se acordó que el calendario de sustituciones de dispensarios de gasolina no estará condicionado a la firma del nuevo convenio modificatorio del contrato de franquicia, dado que es una obligación de los usuarios de instrumentos de medición cumplir las normas aplicables, independientemente de la relación contractual con Pemex Refinación.
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 8, fracción X, del Reglamento Interno de la Secretaría de Economía, mucho agradeceré que se sirva hacer del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Notas:
1 Ascienden a 34 mil 716.
2 En la página de Internet de la Dirección
General de Normas de la Secretaría de Economía puede consultarse
la base de datos de los dispensarios que cumplieron las normas que en ese
entonces les eran aplicables (NOM-005-SCFI-1993, NOM-005-SCFI-1994 y NOM-EM-011-SCFI-2005).
Asimismo, en ésta se puede consultar la base de datos de los dispensarios
que han obtenido la aprobación de modelo o prototipo, con base en
la norma vigente NOM-005-SCFI-2005. A la fecha son 7 marcas y cerca de
100 modelos aprobados. http://www.economia.gob.mx/?=85
3 Base instalada proporcionada por Pemex Refinación.
4 En ella participaron la Profeco y el Cenam.
5 De ellos, 20 han sido promovidos en el Distrito Federal
y 65 en el interior de la república.
Atentamente
Licenciado Wolfgang Rodolfo González Muñoz
(rúbrica)
Secretario Técnico de Planeación, Comunicación
y Enlace
México, DF, a 25 de julio de 2006.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-1850, signado el 8 de diciembre de 2005 por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, original del similar número DCP.- 1519/06, suscrito el 21 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las gestiones necesarias ante el gobierno de Estados Unidos de América, para la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias para la atención médica en dicho país.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Tlatelolco, DF, a 21 de julio de 2006.
Licenciado Dionisio A. Meade García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al Presidente de la Cámara de Diputados, diputado Álvaro Elías Loredo, sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 8 de diciembre de 2005, en el que señala:
Tlatelolco, DF, a 21 de julio de 2006.
Diputado Álvaro Elías Loredo
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 8 de diciembre de 2005, en el que señala:
La autoridad para conceder dichos permisos está prevista en la sección 212 (d) 5 de la Ley de Nacionalidad e Inmigración estadounidense (INA), denominados técnicamente "paroles", no constituyen una "admisión" en el sentido estricto de la ley, por lo que, quienes los reciben pueden ser sujetos a procesos de remoción, en lugar de procesos de deportación.
Esta modalidad de ingreso a Estados Unidos se aplica a diversas situaciones, incluyendo casos de interés especial del gobierno de Estados Unidos y seguridad nacional, entre otros. De igual forma, pueden expedirse de manera anticipada en consulados estadounidenses en México o en los puertos de entrada fronterizos, denominándoseles advanced parole y port of entry parole, respectivamente.
Las principales causas por las que se expiden en situaciones de probada emergencia son:
- Visitar a enfermos hospitalizados en situación
grave
- Asistir a servicios funerarios
- Identificar restos de personas fallecidas
- Comparecer en cortes por orden judicial
- Visitar a presos (en casos de alta sensibilidad)
- Recibir atención médica en casos excepcionales
Tradicionalmente, dichos permisos han sido gestionados en los puertos de entrada, terrestres o aéreos (con mayores facilidades en los primeros), así como también, y de manera esporádica, en algunas oficinas consulares de los Estados Unidos en México. En los casos en lo que intervienen los consulados de México y se turna la petición a las autoridades migratorias, se verifica que la razón subyacente de la petición sea real y válida.
Durante la XXII Reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos celebrada el pasado 24 de marzo en la ciudad de Washington, DC, la delegación mexicana reiteró la importancia de homogeneizar los criterios de expedición de dichos permisos de internación, en virtud de que se han detectado diversos criterios y discrecionalidad variable en su expedición, dependiendo de los puntos de entrada donde se gestionan.
Esta secretaría no tiene conocimiento de que se haya suspendido la expedición de los mismos. En este sentido, las estadísticas registradas en el Sistema de Protección Consular en los últimos cuatro años, arrojan que nuestras representaciones consulares en los Estados Unidos han intervenido en el siguiente número de casos:
La Secretaría de Relaciones Exteriores continuará ejerciendo su obligación de interceder ante las autoridades migratorias estadounidenses en los casos de emergencia donde se requiera la obtención de permisos de internación por razones humanitarias.
México, DF, a 25 de julio de 2006.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-2259, signado el 30 de marzo último por las diputadas Marcela González Salas y P. y María Sara Rocha Medina, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, original del similar número DCP.- 1521/06, suscrito el 20 del actual por el ciudadano Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al memorando de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Tlatelolco, DF, a 21 de julio de 2006.
Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al Presidente de la Cámara de Diputados, diputado Álvaro Elías Loredo, sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 30 de marzo de 2006, en el que señala:
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, por medio de su Instituto Nacional de Migración, a dar cumplimiento a los procesos y acuerdos para la repatriación segura y ordenada de los menores migrantes en la frontera norte, para informar de la observancia de estos mecanismos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de que verifique su cabal cumplimiento y formalizar, mediante un convenio de colaboración, el grupo de trabajo surgido del programa interinstitucional de atención a menores fronterizos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación a honrar, hacer valer y promover la suscripción de aquellos convenios de colaboración entre los gobiernos de los estados receptores y de origen de las niñas, los niños y adolescentes migrantes repatriados con la finalidad de crear compromisos e implementar estrategias que permitan hacer frente al fenómeno garantizar sus derechos de manera conjunta".
Tlatelolco, DF, a 20 de julio de 2006.
Diputado Álvaro Elías Loredo
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 30 de marzo de 2006, en el que señala:
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, por medio de su Instituto Nacional de Migración, a dar cumplimiento a los procesos y acuerdos para la repatriación segura y ordenada de los menores migrantes en la frontera norte, para informar de la observancia de estos mecanismos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de que verifique su cabal cumplimiento y formalizar, mediante un convenio de colaboración, el grupo de trabajo surgido del programa interinstitucional de atención a menores fronterizos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación a honrar, hacer valer y promover la suscripción de aquellos convenios de colaboración entre los gobiernos de los estados receptores y de origen de las niñas, los niños y adolescentes migrantes repatriados con la finalidad de crear compromisos e implementar estrategias que permitan hacer frente al fenómeno garantizar sus derechos de manera conjunta".
Sobre el particular, me permito destacar a su atención algunos de esos mecanismos. En lo referente al cumplimiento de los derechos al debido proceso y al principio de unidad familiar, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, a través del Grupo de Trabajo de Repatriación, integrado por funcionarios de México y de Estados Unidos, se encuentran en la parte final del proceso de negociación de un nuevo "arreglo modelo" para la repatriación digna, ordenada, humana y segura de mexicanos, previsto en el memorando de entendimiento suscrito entre dichas secretarías y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos en febrero de 2004.
Este modelo habrá de suscribirse y aplicarse localmente entre las representaciones consulares y las autoridades migratorias estadounidenses, tanto en la frontera con la participación del Instituto Nacional de Migración, como en el interior de Estados Unidos.
Asimismo, el "arreglo modelo" de negociación incluye, además del cumplimiento de horarios diurnos para la repatriación de menores y la integración del principio de unidad familiar, una serie de compromisos en materia de notificación consular, repatriación de personas vulnerables, definición de puntos de contacto para presentación de quejas por maltrato, así como un mecanismo de revisión periódica de sus términos de aplicación.
Por lo que se refiere a la operación cotidiana actual, todas las representaciones de México en Estados Unidos cuentan con instrucciones precisas para vigilar que los principios de unidad familiar y repatriación de menores en horarios convenidos sean cumplidos, y de no ser respetados, presentar los extrañamientos y quejas correspondientes.
En cuanto al cumplimiento del derecho a la información sobre paradero de los padres, le comento que las repatriaciones de menores tienen como fin primordial reintegrar de manera segura a cada menor a su núcleo familiar o al de un pariente cercano en México en ausencia del primero. Como parte de dicho proceso, la red consular de México realiza una serie de entrevistas a los menores que serán repatriados, a fin de garantizar su integridad física y emocional.
Asimismo, se realizan gestiones para obtener información sobre el paradero de los padres y familiares en México y en Estados Unidos, misma que se transmite al menor para explicarle las etapas que el proceso de repatriación implica y las medidas preventivas que a su vez debe tomar para proteger su seguridad.
Cuando nuestras representaciones reciben notificaciones de menores que se encuentran en albergues en la frontera en espera de algún familiar que se responsabilice de ellos realizan las tareas de vinculación con quienes se encuentran en Estados Unidos y verifican la custodia y patria potestad de los padres, en ocasiones con el auxilio de la red de delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en nuestro país, a fin de que los menores sean entregados a familiares autorizados.
Dentro del Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, que opera como iniciativa conjunta de diversas dependencias del Gobierno de México y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desde 1996 se está avanzando en la evaluación y conformación de un sistema único de información sobre menores migrantes y repatriados, que contendría, entre otros elementos, los que se destacan en su propuesta para la conformación de un sistema integral.
Este andamiaje institucional proporciona elementos que permiten una acción gubernamental más efectiva. Al respecto, es importante mencionar que el año pasado se alcanzó la cifra de 100 mil 866 casos de protección consular atendidos, entre los cuales 18 mil 412 se refirieron a la atención de menores.
Además, como parte de las actividades de fortalecimiento a los esquemas de asistencia y protección consular que lleva a cabo la Subsecretaría para América del Norte a través de la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares, se celebró un contrato de trabajo con el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional para desarrollar el Programa Piloto para la Atención a Mujeres y Niños Víctimas de Violencia Doméstica.
El 1 de diciembre de 2004 se inició el proyecto piloto en los estados de Arizona, California, Illinois y Texas. El programa surgió como una respuesta a la necesidad de generar esquemas efectivos de atención a la población mexicana vulnerable afectada por el fenómeno del abuso doméstico, en particular las mujeres y los niños, y para atender la recomendación del honorable Congreso de la Unión sobre este tema en particular.
El programa tiene los siguientes objetivos:
- Brindar asistencia y orientación legal a mujeres y niños mexicanos víctimas de violencia doméstica en Estados Unidos;
- Ofrecer los servicios de representación legal en casos de mujeres y niños mexicanos elegibles para regularizar su estado migratorio en Estados Unidos;
- Proporcionar servicios de albergue semipermanente a niños mexicanos indocumentados en Estados Unidos.
Desde el inicio del programa, el albergue para menores Casa Libre ha ofrecido servicios sociales y legales a menores mexicanos que han sufrido abuso o abandono. Dicho albergue ofrece hospedaje, alimentación, vestido y servicios médicos, educativos y legales a estos menores.
Asimismo, el programa continúa trabajando con otras agencias no lucrativas de servicios legales en los Estados participantes para evaluar la naturaleza de su trabajo en beneficio de menores con estas características.
Por último, le reitero que la Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que radican fura del territorio nacional y para exigir que se respeten sus derechos humanos.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 58, fracción II, 120, fracción II, 159, fracción VI, y 189 de la Ley del Seguro Social a fin de que el seguro de sobrevivencia se contrate al momento del fallecimiento del asegurado.
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículo 58, fracción II, 129, fracción II, 159, fracción VI y 189 de la Ley del Seguro Social, a fin de que el seguro de sobrevivencia que se otorga a los beneficiarios en caso de fallecimiento de un asegurado se contrate al momento del fallecimiento de éste, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
1. La Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997 estableció un sistema de pensiones de cuentas individuales basado en aportaciones depositadas por el patrón, el Estado y los trabajadores. El saldo acumulado al momento de verificarse los requisitos para el otorgamiento de una pensión debería financiar las obligaciones de seguridad social contempladas en la ley.
En este sistema, los seguros de riesgos de trabajo (RT) e invalidez y vida (IV) otorgarían las prestaciones en dinero fijadas en la ley conforme al saldo acumulado en la cuenta individual -más la suma asegurada a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-, para alcanzar un monto constitutivo necesario para adquirir los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia.
2. De acuerdo a la información contenida en el informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social de junio de 2006, las sumas aseguradas del IMSS (es decir, la cantidad que resulta de restar al monto constitutivo el saldo de la cuenta individual del trabajador) dependen de una gran cantidad de factores, que a su vez influyen en las valuaciones actuariales.
En una primera instancia, el monto constitutivo está fijado por las instituciones privadas de seguros que lo ofrecen al mercado atendiendo las reglas de carácter general expedidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Dicho monto está influenciado por variables como tasas de interés, beneficios de ley, tablas de sobrevivencia y márgenes de ganancia esperados, así como por la composición de la familia del asegurado. Dice el informe (páginas 98 y 99):
De la misma forma, mientras menores sean los montos acumulados en la cuenta individual del trabajador (porque aumentan las comisiones de las Afore o se acumulan pocos recursos en la subcuenta de vivienda), mayores serán también los costos para el IMSS de una pensión definitiva, ya que éste debe cubrir la diferencia entre el saldo en la cuenta individual y el monto constitutivo que se debe alcanzar para hacer frente a la pensión a la cual tiene derecho el trabajador.
3. En el propio informe se menciona que una forma de detener el crecimiento de las sumas aseguradas es que la contratación del seguro de sobrevivencia se realice cuando fallece el pensionado, en virtud de que al momento del otorgamiento de una pensión por incapacidad permanente total o por invalidez, la incertidumbre sobre la composición familiar del asegurado (número de posibles beneficiarios y sus edades):
Debe señalarse que se considera necesario, por un principio de técnica legislativa incluir esta disposición en el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez ya que el mismo esquema está vigente para los seguros de RT e IV.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito diputado federal someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 58, fracción II, 120, fracción II, 159, fracción VI, y 189 de la Ley del Seguro Social
Artículo único: Se reforman los artículos 58, fracción II, 120, fracción II, 159, fracción VI, y 189 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Artículo 58. ........
II. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al setenta por ciento del salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. En el caso de enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio del salario base de cotización de las cincuenta y dos últimas semanas o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor para determinar el monto de la pensión. Al fallecer el pensionado, el instituto deberá contratar un seguro de sobrevivencia que otorgue a los beneficiarios de aquel las pensiones y demás prestaciones económicas a que tengan derecho en los términos de esta ley.
La pensión, el seguro de sobrevivencia y las prestaciones económicas a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán por la institución de seguros que elija el trabajador. El instituto calculará el monto constitutivo necesario para la contratación del seguro de renta vitalicia al declararse la incapacidad permanente total del asegurado y al fallecimiento de éste, el seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Al monto constitutivo se le restará el saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador y la diferencia positiva será la suma asegurada, que deberá pagar el instituto a la institución de seguros elegida por el trabajador para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia. El seguro de sobrevivencia cubrirá, en caso de fallecimiento del pensionado a consecuencia del riesgo de trabajo, la pensión y demás prestaciones económicas a que se refiere este capítulo, a sus beneficiarios; si al momento de producirse el riesgo de trabajo, el asegurado hubiere cotizado cuando menos ciento cincuenta (150) semanas, el seguro de sobrevivencia también cubrirá el fallecimiento de éste por causas distintas a riesgos de trabajo o enfermedades profesionales.
a) ......
b) ......
c) .......
III. y IV. .....
II. ......
La pensión a que se refiere esta fracción, se contratará por el asegurado con la institución de seguros que elija y el seguro de sobrevivencia por el instituto, cuando fallezca el asegurado. El instituto calculará el monto constitutivo necesario para la contratación del seguro de renta vitalicia del asegurado, y al fallecimiento de éste, el seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Al monto constitutivo se le restará el saldo acumulado en la cuenta individual del asegurado y la diferencia positiva será la suma asegurada que el instituto deberá entregar a la institución de seguros para la contratación de los seguros a que se refiere esta fracción.
...
a) ......
b) .....
c) ......
..........
III. a V. ......
VI. Seguro de sobreviviencia, el que se contrata por el instituto al momento del fallecimiento del pensionado, por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros, mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones.
VII. y VIII. ........
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, 2 de agosto de 2006.
Diputado Miguel Alonso Raya (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Agosto
2 de 2006.)
QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN
IV AL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PRESENTADA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ALONSO RAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO DE 2006
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 106 de la Ley del Seguro Social para crear un Fondo para el financiamiento de enfermedades crónico-degenerativas de alto impacto financiero, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, es la más importante institución de política social del país. Desde su fundación en 1943, el IMSS se ha constituido en el principal proveedor de bienes y servicios de salud y bienestar social para los trabajadores mexicanos y sus familias.
Y en este ámbito, los servicios médicos que proporciona el instituto no se comparan con ninguna otra institución nacional y sus logros, cobertura y calidad compiten en el medio internacional.
A pesar de que en las últimas décadas el nivel de atención, su cobertura y calidad han reportado múltiples carencias y deficiencias, las instalaciones y el personal del IMSS tienen en sus manos la atención de más mexicanos que cualquier otra institución en el país.
Según el informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social de junio de 2006, en sus mil 767 unidades médicas, el IMSS ofrece anualmente más de cien millones de consultas médicas, 2 millones de egresos hospitalarios de segundo y tercer nivel y en promedio se realizan diariamente 3 mil 895 intervenciones quirúrgicas, 485 mil 813 análisis clínicos y 44 mil 638 estudios radiológicos.
2. En México en el corto así como en el mediano plazo la viabilidad para que el instituto continúe prestando estos servicios y por supuesto ampliando su cobertura y mejorando su calidad dependerá, entre otros factores, de la evolución epidemiológica en curso.
Los fenómenos de salud son dinámicos. Además los factores ambientales y la evolución de la organización social, las condiciones de vida y de salud han ido transformándose de manera acelerada, en especial en los últimos dos siglos con fenómenos como la industrialización, la concentración urbana, el crecimiento demográfico, los desequilibrios ecológicos, el avance científico y tecnológico, el acceso a la educación, los medios de comunicación, la participación democrática y la globalización económica.
Para conceptuar estos fenómenos desde la década de los años 70 del siglo pasado, se empezó a configurar el concepto de transición epidemiológica al cambio en los patrones de salud, morbilidad y mortalidad de las poblaciones. Básicamente, la transición se refiere a cambios en la composición por causa de la mortalidad; la estructura por edad de la mortalidad; el peso relativo de la morbilidad y la mortalidad en el panorama epidemiológico y el significado social de la enfermedad.1
De acuerdo con el informe del IMSS citado con anterioridad, la transición epidemiológica en nuestro país se traduce así:
3. El impacto de esta evolución en el instituto será determinante para su desempeño en el corto y mediano plazo. El informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social de junio de 2006, presenta una proyección a 20 años del impacto financiero que tendría la atención de los padecimientos emergentes, al grado de considerarlo como uno de los más grandes retos que enfrenta el IMSS (página 63).
La proyección toma el gasto de prestaciones médicas del seguro de enfermedades y maternidad, (SEM), correspondiente a seis padecimientos: diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y el virus síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El costo de la atención a estos padecimientos es considerable: 16 mil 354.4 millones de pesos en 2005, 15 por ciento del gasto médico del SEM.
La proyección indica que la atención a los seis padecimientos, llegaría en 2025 al 46.9 por ciento del gasto médico del SEM (69 mil 926.5 actuales) en 2025 y aunque no crecieran, como se espera, las tasas actuales de morbilidad y mortalidad de estos padecimientos, su proporción respecto al total de los gastos médicos del SEM ascendería a 36.2 por ciento en 2025 (53 mil 933.6 millones de pesos actuales).
Esto indica que se necesita encontrar en el corto plazo mecanismos de financiamiento para estas enfermedades, ya que de cumplirse las expectativas de crecimiento en los niveles de gasto, se podría poner en riesgo la viabilidad del instituto para cumplir con todas las demás prestaciones económicas y sociales a las que por ley está obligado, (página 498 del informe citado).
La propuesta que el instituto formula es la constitución de un Fondo para el financiamiento de enfermedades crónico-degenerativas de alto impacto financiero, proveniente de aportaciones federales bajo el mecanismo de matching (por cada peso aportado por el IMSS a dicho fondo, la federación aportaría otro).
Este fondo sería similar en su destino al fondo de gastos catastróficos del Sistema Protección Social en Salud, por su destino y al Sistema de Ahorro para el Retiro Oportunidades y al programa Iniciativa 3x1 por su operación.
El fondo de Protección de Gastos Catastróficos contenido en la Ley General de Salud es un fondo de reserva constituido y administrado por el gobierno federal para apoyar el financiamiento de la atención para beneficiarios del Seguro Popular que sufran enfermedades de alto costo.
Por su parte el mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades permite a los beneficiarios del Programa de desarrollo humano oportunidades ahorrar en cuentas individuales una aportación voluntaria por su retiro, la cual es apoyada paritariamente por el gobierno federal. Un mecanismo similar se presenta en el programa Iniciativa ciudadana 3x1 en el que los gobiernos federal, estatal y municipal, así como las organizaciones de migrantes constituyen fondos para obras de infraestructura social.
Se propone que el fondo tenga una etapa de constitución durante el cual se realicen aportaciones adicionales a los importes que serían necesarios para cubrir los gastos corrientes por estos padecimientos. Esta etapa de constitución se propone que sea por diez años y que a partir de 2016 se empiecen a utilizar, en virtud de que el IMSS estima que el costo de la atención de los padecimientos crónico-degenerativos superaría la aportación anual constante del IMSS y de la federación en ese año.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona una fracción IV al artículo 106 de la Ley del Seguro Social para crear un fondo para el financiamiento de enfermedades crónico-degenerativas de alto impacto financiero
Artículo único. Se adiciona una fracción IV al artículo 106 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Artículo 106. .........
IV. Adicionalmente, el gobierno federal y el IMSS aportarán anualmente una cantidad igual al gasto que ejerza el instituto en servicios de salud a las personas que padezcan enfermedades crónico-degenerativas con el objeto de constituir un fondo para el financiamiento de enfermedades crónico-degenerativas de alto impacto financiero.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El fondo a que se refiere el párrafo IV del artículo 106 se constituirá hasta el año 2016; al terminar dicho año fiscal, podrán ejercerse los recursos del mismo.
Tercero. Las enfermedades crónico-degenerativas a que se refiere el artículo 106, fracción IV, serán los siguientes padecimientos: diabetes mellitas, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y virus/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH-sida).
Cuarto. El instituto, por acuerdo del Consejo Técnico, y con opinión del Consejo de Salubridad General, podrá actualizar la relación enlistada en el artículo anterior.
Quinto. En un plazo que no excederá los noventa días contados a partir de la publicación del presente decreto, el instituto, por acuerdo del Consejo Técnico, deberá emitir las reglas de carácter general a que debe someterse el fondo para el financiamiento de enfermedades crónico-degenerativas de alto impacto financiero.
Nota:
1 Leal F., Gustavo y Martínez S., Carolina. "La
transición epidemiológica en México: un caso de políticas
de salud mal diseñadas y desprovistas de evidencia", en Estudios
Demográficos y Urbanos, El Colego de México, vol. 17,
número 3, septiembre-diciembre de 2003, páginas: 547-569.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, 2 de agosto de 2006.
Diputado Miguel Alonso Raya (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Agosto
2 de 2006.)
QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO
A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA
IRMA FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO DE 2006
La que suscribe, Irma Figueroa Romero, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa, al tenor la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley para la Coordinación de la Educación Superior establece en el artículo 3o. que el tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización.
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 señala:
Las instituciones de educación superior realizan una o varias de las actividades siguientes: docencia; investigación científica, humanística y tecnológica; estudios tecnológicos; y extensión, preservación y difusión de la cultura, según la misión y el perfil tipológico de cada una.1
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) señala en La educación superior en el siglo XXI diversos desafíos de la educación superior mexicana, como los siguientes:
Atender con calidad a una población estudiantil en constante crecimiento, como resultado de la dinámica demográfica del país y la expansión de la matrícula de los niveles básico y medio superior. La matrícula de educación superior, que en 1999 superó la cifra de 1.8 millones de estudiantes, en el año 2020, de acuerdo con los diferentes escenarios probables, podría llegar a casi 5 millones. El sistema de educación superior deberá además proporcionar servicios a un número significativo de profesionistas y público en general que acudirá a las instituciones de educación superior para actualizar sus conocimientos.
Ofrecer servicios educativos de gran calidad que proporcionen a los estudiantes una formación que integre elementos humanistas y culturales con una sólida capacitación técnica y científica. De esa manera, los egresados universitarios podrán estar en condiciones de insertarse en el proceso de desarrollo de nuestro país promoviendo activamente una cultura científica y tecnológica, así como los valores del crecimiento sustentable, la democracia, los derechos humanos y el combate de la pobreza, con miras a una sociedad global, armónica y solidaria en la que prevalezcan dichos principios.
En análisis realizados sobre la legislación que rige el sistema de educación superior en México, la ANUIES señala que ha identificado diversas limitaciones normativas para una adecuada regulación de la educación superior que tome en cuenta las transformaciones que han operado en los años recientes. Los costos sociales y educativos del actual marco normativo son causados por la inadecuación de las normas existentes a la nueva configuración de la educación superior.
En el ánimo respetuoso de contribuir a un mejor marco normativo de la educación superior en México, considero que debe adicionarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o., a fin de establecer la obligación para que el Estado mexicano confiera prioridad a que todos los individuos puedan contar con educación superior gratuita de calidad.
Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este honorable Congreso la siguiente
Iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 3o. constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación...
...
...
...
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluidas la educación inicial y la superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
El Estado tiene la obligación de priorizar que todos los individuos mexicanos puedan contar con una educación superior gratuita de calidad.
...
...
...
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de agosto de 2006.
Diputada Irma Figueroa Romero (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Agosto 2 de 2006.)
QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN
VIII AL ARTÍCULO 35 DEL CAPÍTULO III DE LA LEY GENERAL PARA
LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, PRESENTADA
POR LA DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
2 DE AGOSTO DE 2006
La que suscribe, Irma Figueroa Romero, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa, al tenor la siguiente
Exposición de Motivos
Somos un país de más de 100 millones de habitantes, y la generación de desechos diarios es de miles de toneladas. Las estadísticas nacionales al respecto no están completas; así quedo manifestado en un seminario celebrado en agosto de 2001, donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expresó que estaba creando condiciones para obtener la información correspondiente.
De acuerdo con investigaciones por parte del sector privado en el Distrito Federal y municipios conurbados, sólo en esta zona se producen 30 mil toneladas aproximadamente de desechos diarios, lo que representa más de 10 millones de toneladas al año. En 1996, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Semarnap daban la cifra de 31.96 millones de toneladas, por lo que el volumen en la actualidad debe de ser alrededor de 50 por ciento más, dado el crecimiento de la población y el cambio de los hábitos de consumo.
La mayoría de esos desechos no se procesa adecuadamente y va a parar a los rellenos sanitarios, autorizados o no, en condiciones inadecuadas, todos a cielo abierto; la situación se repite a lo largo del país. La cifra de estos sitios es de miles, se habla de 80 mil en la República, de los cuales 30 son sumamente contaminantes. Sólo en el valle de Toluca, por citar un ejemplo, se menciona que hay 500 tiraderos.
Hay un tipo desechos sumamente contaminantes y de imposible degradación natural, los residuos peligrosos, la mayor causa de contaminación del suelo, mantos freáticos, ríos, pozos de aguas, presas y atmósfera y, por tanto, de la producción de hortalizas contaminadas.
Durante la época de lluvia, los rellenos sanitarios están más activos, debido a que el agua que les cae fluye a través de los desechos, llegando al suelo firme, ya contaminada. Por tanto, contamina el suelo y el subsuelo, así como los ríos, mantos freáticos y lagunas adonde va a parar.
Las inciertas cifras disponibles y la poca información sobre la envergadura de los daños a la salud impiden evaluar con precisión los impactos. No obstante, puede asegurarse que el hecho representa un grave problema de salud pública, ya que los médicos han señalado que esos desechos provocan enfermedades cutáneas, respiratorias, tumoraciones o malformaciones de los recién nacidos. Hay quien se atreve a afirmar que se trata de un genocidio.
La salud de la población depende de infinidad de factores; uno de ellos es el ambiente adecuado. De ahí la importancia del destino de los desechos industriales y municipales.
La LVIII Legislatura, consciente de la gravedad del problema de ambiente y de salud, referida a la disposición final de los residuos, aprobó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El objeto de ésta se establece en el artículo 1o., el cual manifiesta que se debe "garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable, a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos, y llevar a cabo su remediación..."
El cumplimiento de la mencionada ley, de acuerdo con el artículo 8o., recae fundamentalmente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de las entidades federativas del sector, incluyendo los municipios, estableciendo también la intervención de otras dependencias, de acuerdo con las características de las materias objeto de la ley. No obstante, por ser un tema que afecta la salud de la población, compete también la atención de la población afectada a la Secretaría de Salud.
México ha contraído compromisos en la región en torno del tema ecológico, tal es el caso del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como órganos que tienen la misión principal de impulsar políticas de gobernabilidad ambiental y promover el logro del desarrollo sostenible.
Sin duda, para lograr el pleno cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se requiere una activa participación social, específicamente de los ciudadanos en la formación de las políticas y los programas por seguir en la materia. De ahí que adicionare la ley, en el artículo 35, para incluir que "la ciudadanía podrá hacer llegar sus propuestas para ser incluidas en la elaboración de las políticas nacionales para prevenir la contaminación por residuos", y también que la ciudadanía podrá vigilar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Asimismo, podrá hacer el señalamiento respectivo frente a las autoridades por el incumplimiento de ésta.
Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este honorable Congreso la siguiente
Iniciativa que adiciona una fracción VIII al artículo 35 del Capítulo III, referente a la participación social, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:
Artículo 35. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos, para lo cual
VIII. Estimularán la participación de los ciudadanos en la prevención y gestión integral de los residuos.
La ciudadanía podrá hacer llegar sus propuestas para ser incluidas en la elaboración de las políticas nacionales para prevenir la contaminación por residuos.
La ciudadanía podrá vigilar el cumplimiento de la presente ley. Asimismo, podrá hacer el señalamiento respectivo frente a las autoridades por el incumplimiento de la misma.
Diputada Irma Figueroa Romero (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Agosto 2 de 2006.)
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA
SHEYLA FABIOLA ARAGÓN CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
2 DE AGOSTO DE 2006
La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, integrantes de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude ante el Pleno de esta honorable asamblea para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Exposición de Motivos
La Ley General de Asentamientos Humanos ubica los asentamientos humanos como objeto del orden normativo que ella establece, que deben entenderse como la radicación de un determinado conglomerado demográfico, con el conjunto de un sistema de convivencia, en una área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales u las obras materiales que la integran. La presente iniciativa con proyecto de decreto versa sobre el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos, agregando este elemento al cuerpo normativo. Cuenta con los siguientes
Antecedentes
México, de ser un país predominantemente rural a principios de siglo, se transformó en uno primordialmente urbano a finales de siglo.
En la Ley General sobre Planeación General de la República de 1930, con el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, se señala, en las consideraciones para su expedición, que era muy necesario contar con un programa definido, basado en estudios previos acerca del desarrollo del país, para tomar medidas administrativas importantes.
Con esta ley se propuso la elaboración del plano nacional de México. El contenido de este plano se refería a cuestiones geográficas, de urbanismo, de recursos naturales, de comunicación. Fue uno de los primeros intentos para abordar la planeación de desarrollo en México, aunque con especial referencia a la problemática regional. En los siguientes sexenios presidenciales se continuó con estos intentos de planeación del desarrollo.
Se puede considerar que no fue sino hasta la década de los años setenta cuando las políticas urbano-regionales en México adquirieron un carácter institucional con la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976, en el periodo presidencial de Echeverría, y con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978 en el sexenio de López Portillo.
En el sexenio de Miguel de la Madrid se dieron pasos muy importantes en relación con el marco jurídico para la planeación del desarrollo con las reformas constitucionales a los artículos 25, 26 y 73, fracción XXIX-D, y la Ley de Planeación de 1983.
A partir de entonces, cada Ejecutivo federal cuenta con su plan nacional de desarrollo, que abarca el periodo presidencial correspondiente, y de este plan derivan diversos programas, entre ellos, el programa sectorial en materia de desarrollo urbano.
Desde hace poco más de quince años, aproximadamente, las políticas urbano-regionales continuamente enfatizan la problemática de la distribución de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional. Desde el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978 se hacía referencia a una distribución racional, tanto de la población como de las actividades económicas, localizándolas en zonas de mayor potencial del país.
El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y el Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988 se proponen transformar el patrón de ocupación del territorio en apoyo a la política de descentralización, a través de consolidar un sistema jerárquico de ciudades, para la prestación de servicios. Se reitera la excesiva centralización y dispersión del patrón territorial. El Sistema Urbano Nacional contaba con 168 centros de población, que presentaban oportunidades favorables y problemas graves de desarrollo, de los cuales tres son ciudades grandes, 59 son ciudades medias y 106 son centros de apoyo.
El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1990-1994 se refieren nuevamente a la transformación del patrón de los asentamientos humanos, de acuerdo con las políticas de descentralización y de desarrollo económico. El programa sectorial de desarrollo urbano, en el rubro de reordenamiento territorial, considera el sistema urbano nacional, compuesto por 4 ciudades grandes, 80 ciudades medias y 120 ciudades pequeñas. Para finales de 1992 se considera que son 100 ciudades medias, de ahí el programa que elaboró la Secretaría de Desarrollo Social, denominado 100 ciudades.
En ese sexenio se publicó la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, que hace los ajustes pertinentes para vincular adecuadamente a la planeación del desarrollo con la planeación urbana, entre otros aspectos, tales como la relación de esta ley con la Ley de Planeación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la Ley Agraria, entre otras.
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 indica que se presenta un proceso de redistribución de la población debido a fenómenos como la reestructuración económica y la relocalización de los procesos productivos, por lo que se considera que la tendencia de atracción migratoria de las metrópolis ha comenzado a declinar, por lo que han crecido las ciudades medias y se han multiplicado las ciudades pequeñas.
En este plan, en el capítulo 4, inciso 5, la tercer estrategia, sobre "promover el desarrollo equilibrado de las regiones", agrupa las políticas de desarrollo regional, desarrollo urbano y reforma agraria, y esto es importante señalarlo, ya que en nuestro país el crecimiento de las ciudades se ha dado en gran parte de tierras ejidales y comunales.
Se sigue considerando que son cuatro las grandes zonas metropolitanas; que hay un avance en el marco jurídico del desarrollo urbano de las principales ciudades del país, y cabe destacar las cuatro estrategias de desarrollo urbano de este plan:
c) Reordenamiento territorial y promoción del desarrollo
urbano; y
d) impulso a la participación ciudadana.
En la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), celebrada en Estambul, Turquía, en 1996, se acordó el Programa de Hábitat, plan de acción mundial en cuyo marco los gobiernos se comprometieron a intentar lograr los objetivos de una vivienda adecuada para todos y un desarrollo urbano sostenible. Hábitat es el centro de coordinación para la ejecución del programa, el progreso en su ejecución en el ámbito internacional, regional, nacional y local, y la supervisión de las tendencias y condiciones mundiales. El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH o Hábitat) es el principal organismo del sistema de las Naciones Unidas encargado de la coordinación de actividades relativas a los asentamientos humanos. Las actividades operacionales de Hábitat consisten sobre todo en promover el acceso universal a la vivienda, mejorar la gestión pública urbana, mejorar el entorno de vida y gestionar la mitigación de los desastres y la rehabilitación posterior a los conflictos.
El CNUAH promueve el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles mediante la elaboración de políticas, el fomento de capacidades, la producción de conocimientos y el fortalecimiento de la colaboración entre los gobiernos y la sociedad. También realiza actividades de cooperación técnica con programas gubernamentales, investigaciones, reuniones de expertos, cursos prácticos y seminarios de capacitación, políticas y programas nacionales e internacionales de asentamientos humanos, planificación urbana y regional, construcción de viviendas y establecimiento de infraestructura en los medios rurales y urbanos, técnicas de construcción a bajo costo y métodos para el abastecimiento de agua.
En 2001 se llevó a cabo un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General con el proceder a un examen y evaluación generales de la aplicación de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II). Esta revisión fue conocida también como Estambul+5.
La asamblea enfatizó la necesidad de que participaran en la preparación de la sesión las autoridades locales y la sociedad civil, en particular el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. Para evaluar el progreso que se ha hecho a fin de lograr los compromisos y las estrategias del programa del Hábitat, se invitó a todos los Estados miembros de la ONU a preparar un informe sobre la puesta en práctica nacional y local del Programa Hábitat que reflejara las opiniones del gobierno y de sus socios.
Consideraciones
En el fenómeno urbano, la connotación de los asentamientos humanos tiene implicaciones que son objeto de múltiples estudios en diversas disciplinas; desde el punto de vista jurídico, el concepto que se ha definido no solamente pone en juego la aplicación del derecho público, sino que también influye en el derecho civil, y en lo particular en lo referente a la propiedad privada de la tierra y los usos que de ésta se haga. Sin embargo, el reto fundamental de las ordenaciones humanas y la búsqueda del equilibrio en México entre el crecimiento de las ciudades y el rezago de las condiciones de vivienda rural, es un reto que continúa desafiando no sólo a la evolución del derecho, sino también a la eficacia de las instituciones y la sociedad.
La vivienda, en cuanto eslabón que vincula la evolución demográfica con la dinámica espacial y socioeconómica de las ciudades, permite vincular el análisis que el desarrollo demográfico y de doblamiento requieren que se efectúe con anterioridad en forma preventiva, la programación de los pasos que deban seguirse y que en muy buena medida determinarán el crecimiento de los núcleos poblacionales, fortaleciendo o debilitando con ello primeramente a los municipios.
La demanda futura de vivienda y los servicios de infraestructura que se requiere puede y deben proyectarse, aun cuando se reconoce que en la mayoría de los casos el crecimiento poblacional de las ciudades es incierto, toda vez que se interviene en factores de distinta naturaleza -sociales, económicos y políticos- en la expansión física del área urbanizada y urbanizable, es decir, prever de manera confiable su evolución en el corto y mediano plazos. Asimismo, deben desarrollarse análisis y los subsecuentes programas de atención de las necesidades más importantes e inmediatas.
El reto consiste en aprovechar las potencialidades de cada zona dentro de la región para impulsar su crecimiento ordenado. Esto permitirá eliminar los efectos indeseables que ahora se padecen, como el de la subutilización de la infraestructura urbana en ciertas zonas poblacionales y la carencia de las mismas en otras, todo ello, en el marco del mejoramiento, conservación y respeto irrestricto del medio ambiente.
Se busca, ante todo, garantizar la armonía y la evolución de los fenómenos demográficos y las exigencias de un desarrollo sustentable, tal y como se reconoce en el Programa Nacional de Población. El acelerado proceso de urbanización y el alto grado de concentración metropolitana, en particular en la Ciudad de México y su área conurbada, ha estado acompañado por el deterioro del medio ambiente, situación que ha ocasionado problemas de dotación de servicios básicos de agua, drenaje y saneamiento, contaminación del aire y eliminación de desechos sólidos. Estos problemas han dado lugar a un complejo círculo de degradación de los recursos naturales y ambientales, que afectan a todos los habitantes, pero de manera diferenciada a la población más pobre.
Desarrollo sustentable
La idea de desarrollo sustentable defiende un desarrollo que tenga en cuenta esta premisa y que permita la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos mediante una explotación racional respetuosa con el medio ambiente.
La primera definición de desarrollo sustentable se encuentra en 1987 en el informe Nuestro futuro común, fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada por la asamblea de esta institución en 1983.
El informe, más conocido como Informe Brundtland, puesto que fue coordinado por la noruega Gro Harlem Brundtland, estableció este concepto para que se compatibilizaran los aspectos ambientales, económicos y sociales desde una perspectiva solidaria. Años más tarde, en 1992, en la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas, en Río de Janeiro, se estableció una Comisión para el Desarrollo Sustentable, con el propósito de impulsar este cambio de mentalidad.
El resultado final principal de esta cumbre fue un documento, titulado Agenda 21, en el que se definía una estrategia general de desarrollo sustentable para todo el mundo, haciendo especial hincapié en las relaciones norte-sur.
Los asistentes a dicha cumbre elaboraron además la denominada Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tenía en cuenta este modelo de desarrollo y trataba de precisarlo mediante una serie de principios.
La definición de desarrollo sustentable se asumía en el principio 3: "Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.
Durante el mismo año que se celebraba la Cumbre de Río, la Unión Europea elaboraba el V Programa de acción de la Comunidad en medio ambiente, que titulaba Hacia un desarrollo sustentable.
Este Programa reconocía que el medio ambiente depende de las acciones colectivas que se tomen en la actualidad, y asumía la dificultad que suponía este cambio de mentalidad de los Estados miembros, tanto en el mundo empresarial como en los propios ciudadanos. En este sentido, el desarrollo sustentable hace referencia a la utilización de forma racional de los recursos naturales de un lugar, cuidando que no sean esquilmados para que las generaciones futuras puedan también hacer uso de ellos.
Por otra parte, algunos expertos recuerdan que el término desarrollo sustentable es una inapropiada traducción del inglés, y que se debería llamar de forma más correcta "desarrollo perdurable", ya que el desarrollo no se sostiene, sino que perdura en el tiempo. Sin embargo, como suele pasar con otros términos, su utilización ya se ha establecido lo suficiente como para que pueda modificarse aunque pueda estar utilizándose de manera equivocada.
El concepto que subyace en el término de desarrollo sustentable se ha propuesto, con otra terminología, con anterioridad. En el siglo XVIII los economistas franceses conocidos como fisiócratas hablaban de aumentar las "riquezas renacientes" sin menoscabo de los "bienes fondo".
A principios de la década de los setenta del pasado siglo, el primer informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, junto con otras publicaciones y acontecimientos, ponía en entredicho la viabilidad del crecimiento como objetivo económico mundial. Ignacy Sachs, consultor de las Naciones Unidas para temas de medio ambiente y desarrollo, propuso la palabra "ecodesarrollo" para conciliar el aumento de la producción que reclamaban urgentemente los países del Tercer Mundo, con el respeto a los ecosistemas que permitiría la habitabilidad de la Tierra.
Sin embargo, el término no pareció ser del agrado de los economistas y políticos más convencionales, lo que llevó a que finalmente cayera en desuso y a que se comenzara a utilizar el citado "desarrollo sustentable".
Por ello, desde diversos foros se critica que la idea de desarrollo sustentable no se ha consolidado debido a que se trataría de un término ambiguo que recoge un deseo general sin precisar mucho su contenido ni el modo de llevarlo a la práctica. Así, la mayor parte de la indefinición vigente procedería del intento de conciliar la idea de desarrollo económico con la de sustentabilidad, cuando cada uno de estos dos conceptos se refiere a niveles diferentes.
Características específicas
Las principales características de un desarrollo para que lo podamos considerar sustentable son las siguientes:
Utilización de los recursos eficientemente, y promoción
del reciclaje y la reutilización
Desarrollo e implantación de tecnologías
limpias
Restauración de los ecosistemas dañados
Promoción de la autosuficiencia regional
Reconocimiento de la importancia de la naturaleza para
el bienestar humano
Planteamiento de las actividades humanas "dentro" de un sistema natural que tiene sus leyes, utilizando los recursos sin trastocar los mecanismos básicos del funcionamiento de la naturaleza.
Incorporar la definición de desarrollo sustentable tal y como se señala en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el artículo segundo, con el fin de clarificar el concepto que de antemano se incluye más adelante dentro del texto legal a modificar.
Se propone adicionar a la fracción primera del artículo quinto y a la fracción séptima del artículo décimo tercero considerar la reubicación de los centros de población como de utilidad pública, pues existen asentamientos irregulares o ilegales, que se encuentran en zonas de riesgo como cauces, laderas, barrancos y representan un riesgo para la población, el ecosistema y el entorno natural.
Se adiciona a la fracción III del artículo séptimo tres incisos para señalar que la Secretaría de Desarrollo Social, al prever las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano con la intervención en su caso de la Secretaría de la Reforma Agraria, considerará la disponibilidad de agua y su reutilización o reciclaje, tal y como señala una de las actividades del Capítulo 18 del Programa 21 en el marco de la Conferencia de Río del año 1992:
a) Establecer sistemas de gestión de desechos que asignen la más alta prioridad a prevenir o reducir al mínimo la generación de desechos y a reutilizarlos y reciclarlos, así como instalaciones para la eliminación ecológicamente racional de los desechos; idear tecnologías para aprovechar la energía de los desechos; promover iniciativas para el reciclado de desechos en pequeña escala que faciliten la gestión de los desechos urbanos y rurales y ofrezcan oportunidades de generar ingresos, y obtener apoyo internacional para los países en desarrollo a este respecto;
b) Fomentar la prevención y la reducción al mínimo de la generación de desechos alentando la producción de bienes de consumo reutilizables y de productos biodegradables y estableciendo la infraestructura necesaria.
Los caminos y vialidades se incorporan también, pues uno de los problemas recurrentes de los centros de población de reciente formación es su inadecuada planeación. En algunos casos extremos se llegan a formar centros de población sin caminos o accesos adecuados para sus pobladores, como aquéllos que se encuentran dentro de bosques o selvas o los que están sobre sierras y montañas que atraviesan el territorio nacional. Asimismo, aquéllos centros de población que crecen indiscriminadamente de modo que en un margen de tiempo corto sus caminos y vialidades llegan a ser insuficientes para el volumen de población creciente. Razón por la cual la construcción de la infraestructura vial debe considerar el crecimiento demográfico del centro de población.
Del mismo modo se señala como una obligación para las entidades federativas y los municipios considerar en la planeación urbana criterios sustentables como se señalan en adiciones a las fracciones VI del artículo 7; VII del artículo 8; XII del artículo 9; IX del artículo 13; X del artículo 33; IV del artículo 41; II del artículo 42; III del artículo 43; y, II del artículo 51. Estos criterios sustentables son primeramente los criterios ecológicos señalados en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al cual remite el artículo 19 de la ley a modificar.
Los criterios sustentables para el desarrollo urbano se traducen en las siguientes mejores prácticas consideradas internacionalmente para los asentamientos humanos según Naciones Unidas:
Acceso a la tierra, seguridad en la tenencia y financiamiento;
Planificación hecha por la comunidad y la participación
en la toma de decisiones y la distribución de recursos;
Renovación y rehabilitación del corazón
de las zonas urbanas, vecindarios y asentamientos;
Elaboración de tecnología y materiales
de seguridad y de salud;
Generación de empleo y erradicación de la
pobreza;
Reducción de la contaminación y mejora
de las condiciones de la salud;
Mejora del acceso al transporte público y las comunicaciones;
Mejora de la colecta, utilización y reciclaje
de residuos sólidos;
Arborización de la ciudad y uso efectivo del espacio
público;
Mejora de la producción y consumo de ciclos, incluyendo
la substitución/reducción de los recursos no renovables;
Protección y conservación de los recursos
naturales y del medio ambiente;
Uso y producción más eficiente de la energía;
Preservación de los lugares históricos más
importantes;
Formulación e implementación de estrategias
de desarrollo urbano integral y global;
Sistemas de gestión, administración e información
más eficaces;
Igualdad y equidad de género en la formulación
y toma de decisiones, distribución de los recursos y diseño
e implementación de programas;
Reducción y prevención del crimen;
Mejora de los desastres previstos, mitigación
y reconstrucción;
Integración social y reducción de la exclusión;
Liderazgo inspirando la acción y el cambio, incluyendo
cambios en materia de política pública;
Promoción de la responsabilidad y la transparencia;
Promoción de la igualdad y equidad social;
Mejora de la coordinación entre los organismos públicos.
Marcos legislativos y reglamentarios, normas subsidiarias o estándares brindando un conocimiento formal de temas y problemas a los cuales se han dirigido;
Políticas sociales y/o estrategias sectoriales a nivel nacional, estatal y municipal que tengan la posibilidad de réplica por dondequiera;
Marcos institucionales y procesos para la adopción de decisiones; que asignen roles claros y responsabilidades a varios niveles y a grupos de actores, tales como organizaciones gubernamentales, centrales y locales, y organizaciones comunitarias de base;
Sistemas de gestión eficientes, transparentes y responsables que hagan más eficaces los recursos humanos, técnicos, financieros y naturales.
Para el artículo 33 el objeto de la modificación es adicionar en las distintas regulaciones estatales de desarrollo urbano con el fin de garantizar: el desarrollo sustentable, el impulso de políticas públicas para fortalecer la identidad del poblador con su centro, y el uso de tecnologías para la dotación de servicios e infraestructura básica.
La modificación al artículo 56 obedece a un principio de transparencia que comúnmente ante diversos intereses particulares, no se respeta en plenitud, por lo que se decidió incorporar al texto legal en esta propuesta.
Finalmente, en el artículo 60 se propone incluir no solamente a quienes propicien sino también a los que participen en la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, los cuales serán sancionados por la legislación pertinente. Ello como una forma preventiva y correctiva para quienes, de cualquier modo, están involucrados en esta actividad ilegal.
Dentro de la reforma que se propone, los retos consisten en armonizar el desarrollo de los asentamientos humanos y, por ende, el crecimiento demográfico y económico, con la necesidad y primicia de preservar el medio ambiente, de tal forma que se permita satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin perjudicar el entorno ambiental ni comprometer la capacidad destinada a futuras generaciones para satisfacer sus necesidades.
Por las consideraciones anteriormente descritas someto a consideración de está honorable Cámara la presente iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 7, la fracción XIV del artículo 9, y el primer párrafo del artículo 19; y se adiciona una fracción VIII al artículo 2, la fracción I del artículo 5, la fracción VI del artículo 7, la fracción VII del artículo 8, la fracción XII del artículo 9, las fracciones VII, IX y X del artículo 13, el artículo 30, las fracciones III, IV, V y X del artículo 33, IV del artículo 41, la fracción II del artículo 42, la fracción III del artículo 43, y las fracciones II y X del artículo 51, así como los artículos 56 y 60, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:
Artículo 2o. .....
VIII. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
IX. a XXII. ...... (recorriéndose la numeración sucesivamente)
II. a VIII. .....
III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano con la intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria y considerando la disponibilidad de lo siguiente:
a) De Agua y mecanismos para su reaprovechamiento, determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
b) Energía eléctrica, determinada por la Comisión Federal de Electricidad;
c) Infraestructura sanitaria para la disposición de desechos y residuos sólidos; y
d) Caminos y vialidades suficientes para comunicar a la población entre sí y con los centros de población más próximos.
La Secretaría regulará, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;
IV. a V. .......
VI. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, con criterios sustentables en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;
VII. a XVI. ...
VII. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas para el desarrollo regional y urbano con criterios sustentables;
VIII. a XIII. .....
XII. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la preservación ecológica, de conformidad con criterios sustentables y con las disposiciones jurídicas aplicables;
XIII. ......
XIV. Informar y difundir permanentemente lo referente a la aplicación y cumplimiento de los planes o programas de desarrollo urbano, y
XV. ......
......
VII. Las estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y regional originados por la fundación, conservación, mejoramiento, crecimiento y reubicación de los centros de población;
VIII. ........
IX. Los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a proyectos prioritarios para un desarrollo urbano del país con criterios sustentables;
X. Las metas generales y expectativas a futuro en cuanto a la calidad de vida en los centros de población urbanos y rurales del país, así como en las comunidades indígenas;
XI. a y XII. ......
.......
Artículo 30. La fundación de centros de población deberá realizarse en tierras susceptibles para el aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y respetando el desarrollo sustentable, primordialmente las áreas naturales protegidas, el patrón de asentamiento humano rural y las comunidades indígenas.
Artículo 33. .....
III. La preservación del patrimonio cultural y el fortalecimiento de la imagen urbana de los centros de población en relación con su identidad;
IV. El reordenamiento, renovación o densificación de áreas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus componentes sociales, materiales y ambientales con criterios de sustentabilidad;
V. La dotación de servicios, equipamiento o infraestructura urbana, en áreas carentes de ellos mediante la aplicación de tecnologías avanzadas que protejan el ambiente, reduzcan los costos y mejoren la calidad de la urbanización para el centro de población;
VI. a IX. ......
X. Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones de conservación y mejoramiento con criterios sustentables.
I. a III. ......
V. a VIII. ......
II. La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios, a efecto de aprovechar terrenos ejidales y comunales para el desarrollo urbano y la vivienda con criterios sustentables y evitar su ocupación irregular, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de esta ley, y
III. .....
III. El planteamiento de esquemas financieros para su aprovechamiento y para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como para la construcción de vivienda, con criterios sustentables;
IV. .......
II. El establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo regional y urbano y la vivienda con criterios sustentables;
III. a IX. ......
X. La adecuación y actualización de las disposiciones jurídicas locales en materia de desarrollo urbano contemplando criterios sustentables;
XI. a XIII. .......
Artículo 60. Quienes propicien o participen en la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, se harán acreedores a las sanciones establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las entidades federativas deberán adecuar la legislación en materia de desarrollo urbano en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto.
Diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Agosto
2 de 2006.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO DE 2006
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita legisladora, Claudia Ruiz Massieu Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone a esta asamblea la presente iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La ciudadana legisladora, con fundamento en lo establecido por el artículo 73, fracción XXX, a la luz de lo dispuesto en el artículo 6o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual prevé como facultad del Congreso de la Unión legislar para expedir todas las leyes necesarias para hacer efectivas las facultades de esta soberanía, propone a esta asamblea la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental entró en vigor el 12 de junio de 2002, con lo cual se abrió puerta a un derecho fundamental en las democracias: el derecho a la información. Éste requiere el compromiso de las instituciones públicas para su consolidación como herramienta al servicio de todos y cada uno de los mexicanos.
Esta ley tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y cualquier otra entidad federal. A lo largo de su articulado se ha creado un sistema de rendición de cuentas para que la sociedad tenga la posibilidad real de fiscalizar los actos de gobierno, a través del ejercicio del derecho a la información consagrado en el artículo 6o. constitucional. De esa manera, la publicidad de la información se convierte en un instrumento de supervisión ciudadana para el combate de la corrupción.
Es importante destacar los principales contenidos de la ley, que pueden separarse en los siguientes:
a) Los principios. La Ley de Acceso a la Información contiene una serie de principios que establecen las nuevas bases del régimen de la información gubernamental en México. Estos principios son los siguientes:
La información reservada o confidencial constituye la excepción conforme a las reglas establecidas en la ley (artículos 3o., fracción VI, 13, 14 y 18).
Se protegen los datos personales (artículos 20 a 27). En la interpretación de la ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información (artículo 6o.). Este principio, dirigido tanto a las autoridades administrativas como a las judiciales, permitirá que en caso de duda, como seguramente ocurrirá en múltiples ocasiones, prevalezca el principio de publicidad de la información.
La entrega de información no estará condicionada a que se motive o justifique su uso, ni se requiere demostrar el interés alguno o acreditar personalidad (artículo último párrafo). Lo anterior se fundamenta en el carácter público de la información gubernamental.
c) El acceso a la información. La modalidad de acceso tiene por objeto la entrega de documentos -es decir, los soportes físicos de cualquier clase- en los que se plasma la información.
El procedimiento ante los órganos de la administración pública federal se sustancia en dos instancias: la primera, ante la dependencia o entidad que tiene la información; la segunda, en revisión administrativa, ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
d) Las instituciones. La ley prevé, para el caso del Poder Ejecutivo, la creación de tres instituciones responsables de su administración. Las unidades de enlace, los comités de información y el IFAI.
Unidades de enlace: inspiradas en los information officers de Estados Unidos y Canadá, se establecen a partir de unidades ya existentes, en cada una de las dependencias o entidades de la administración pública federal. Sus principales funciones (artículo 28) son recabar, difundir y asegurar la actualización de la información que las dependencias deben poner a disposición del público, recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de acceso y corrección de datos personales y auxiliar a particulares en la elaboración de solicitudes de acceso y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades u otro órgano que pudieran tener la información que solicitan.
Comités de información: constituyen un cuerpo colegiado integrado por el contralor interno, el titular de la unidad de enlace y un servidor público designado por el titular de la dependencia. Este órgano tiene la responsabilidad jurídica de negar las solicitudes de acceso a la información, establecer la inexistencia de los documentos solicitados, generar los criterios específicos para la clasificación de los documentos de esa dependencia y coordinar la clasificación y conservación de los archivos administrativos (artículo 29).
Instituto Federal de Acceso a la Información: se estableció la creación de un organismo especializado, con autonomía de operación, presupuestal y de decisión, el cual será el responsable de administrar la ley (artículo 33). Este organismo, denominado Instituto Federal de Acceso a la Información, cumplirá principalmente cuatro funciones. La primera consiste en que sea el órgano regulador en materia de información para el gobierno federal. La segunda es resolver, mediante un procedimiento en forma de juicio y manera similar a como lo haría un tribunal administrativo, las controversias que se generen entre los particulares y la administración. La tercera función es supervisar el cumplimiento de la ley y, en su caso, reportar las violaciones de los órganos internos de control. Finalmente, la cuarta función es promover el ejercicio del derecho de acceso entre los ciudadanos y generar una nueva cultura del manejo de información, tanto entre los servidores públicos como entre los ciudadanos (artículo 37).
La autonomía del instituto se garantiza en varios niveles. El primero a través de la autonomía de decisión; es decir, no estará subordinado a autoridad, alguna adoptará sus decisiones con plena independencia. El segundo, mediante la integración de un cuerpo colegiado de decisión de cinco personas que deberán reunir los requisitos similares a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y que tendrán garantía de inamovilidad. El tercero, mediante amplia transparencia de gestión; el instituto deberá hacer públicas sus decisiones y rendir un informe anual al Congreso. Finalmente, se le otorga plena autonomía presupuestaria y de gestión.
Pero el objeto de esta iniciativa es tratar el tema de la información que pueda ser objeto de reserva; es decir, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, contiene un catálogo de materias que pueden ser objeto de reserva (artículos 13 y 14). Las principales excepciones corresponden a los estándares internacionales en materia de seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales, estabilidad financiera y económica, y protección de la vida y seguridad de las personas, actividades encaminadas a asegurar la aplicación de la ley, secretos industriales y bancarios y proceso deliberativo.
Para que opere la reserva no basta que la información se refiera a una de las materias enumeradas en la ley, sino que es necesario además un elemento de detrimento actual o potencial que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente una de las funciones del Estado, o bien, poner en peligro la integridad física de una persona. Dicha reserva debe estar fundada en ley y motivada en una razón que podrá ser objeto de valoración por el órgano garante.
e) La información reservada y confidencial. La Ley de Acceso a la Información establece una serie de excepciones al acceso a la información cuando se trate de información que, por su naturaleza, pueda generar riesgos al interés público o afectar los derechos de tercero. Se trata de dar respuesta al delicado equilibrio entre el derecho de acceso a la información y la protección de intereses legítimos. La ley distingue dos tipos especiales de información: la reservada y la confidencial.
Otro aspecto por destacar es que, de conformidad con el artículo 16 de la ley, la clasificación de la información corresponderá en primera instancia a los titulares de las unidades administrativas que tengan la información; es decir, normalmente a nivel de los directores generales o sus equivalentes. La clasificación normalmente deberá realizarse en el momento en que se generen los documentos, de conformidad con los criterios que desarrollen los comités de información o el IFAI. Sin embargo, también podrá clasificarse en el momento en que se reciba una solicitud específica.
Dentro de la información reservada, se encontró que en otras legislaciones existe el llamado principio de prueba de daño; es decir, se habla de prueba de daño de la autoridad al momento de catalogar determinada información como de acceso restringido, y que no solamente fundamente y motive teniendo en cuenta todos los supuestos que prevé la ley sino que, como se establece en los artículos de estas leyes de acceso a la información revisadas, se prevé que para efectos de cuando se fundamente y se motive la reserva de información también esta fundamentación deba acreditar diversos requisitos, como el relativo a que la información se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de excepción establecidas en la ley, así como que la publicidad pueda amenazar el interés del pueblo y, por último, que el daño que puede darse con publicar esta información es mayor que el interés público en caso de darse a conocer la información de referencia.
Con este principio se garantiza la máxima publicidad, es decir, que todo sujeto obligado ponga a disposición de toda persona la información que tiene en su posesión, a excepción de algunos casos previstos, donde se clasifique la información como reservada y confidencial. Sin embargo, no se pueden determinar de manera unilateral una redacción precisa o los elementos que forman este indicador. Por tal motivo, en la presente iniciativa se busca que las leyes que traten el acceso a la información hablen de manera clara y precisa del principio de prueba de daño.
Es decir, es obligación del gobierno demostrar que el daño que se provoque con la muestra pública de dicha información reservada es mayor que si se mantiene su confidencialidad.
La información confidencial: la ley establece un tipo distinto de información especial, que se denomina confidencial. Ésta se integra, según el artículo 18, por los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, y por la información que los particulares entreguen a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho de reservarse dicha información de conformidad con una disposición legal (artículo 19).
De la lectura de la ley se desprende que esta información es distinta de la reservada. Por ello su divulgación no está sujeta a un plazo de reserva y deberá permanecer siempre fuera del dominio público, salvo que el titular de dicha información otorgue consentimiento expreso para divulgarla.
g) Sanciones. La ley establece un catálogo importante de sanciones para los servidores públicos. Entre las principales, cabe señalara las siguientes:
- Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley.
- Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada confidencial, o bien, clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple las características señaladas en esta ley.
- Entregar información considerada reservada o confidencial conforme a lo dispuesto en esta ley.
- No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el IFAI o el Poder Judicial de la Federación.
Es también importante señalar que se encontró que las leyes de transparencia y acceso a la información pública de estados como Chihuahua, Campeche y Sinaloa consideran este principio de prueba de daño, al disponer que cuando se fundamente y motive la reserva de una información en contestación a una solicitud de publicación, se deben contener los siguientes elementos: que la información se encuentra prevista en alguna de la hipótesis de excepción establecidas en la Ley de Acceso a la Información; también, que la publicidad de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y que el daño probable, presente y específico que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público en caso de darse a conocer la información de referencia.
Es decir, aunque la Ley Federal de Acceso a la Información para nuestro país señala la obligación por parte de la autoridad de fundar y motivar la reserva de la información, ésta no expresa qué debe contener dicha fundamentación para negar la publicación.
De ahí la importancia de incorporar en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el principio de prueba de daño, ya que se estaría dando a la ciudadanía una herramienta valiosa a fin de poder exigir con mayor rigurosidad a las instituciones que ejercen recursos públicos todos los argumentos jurídicos en caso de considerar que la información solicitada es de carácter reservado.
Esto quiere decir que es necesario que la figura del "principio de daño" se inserte en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no solamente para alcanzar ese equilibrio entre las leyes de las entidades federativas y la federal, sino para que esté definido el contenido que deberá tener la fundamentación y motivación cuando no se pueda mostrar una información del gobierno al público.
En conclusión, puede afirmarse que la experiencia comparada muestra que el acceso a la información está relacionado con la consolidación de los Estados democráticos contemporáneos. Así, la mayor parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos tienen diferentes mecanismos que garantizan la transparencia y el acceso ciudadano a la información. Desde esta perspectiva, la ley mexicana desencadenó un proceso de cambio de varias dimensiones (política, administrativa, económica y cultural, entre otras) y que, como todo proceso de cambio social, éste será complejo y largo; implica cambios en la propia ley, perfectible como todo instrumento jurídico.
En concordancia con dicha perfectibilidad de las leyes, planteamos reformar esa ley federal y, así, seguir sumando esfuerzos a fin de ir mejorando tan importante área del derecho, ahora que en nuestra democracia los ciudadanos y los medios de comunicación exigen la información y la transparencia.
En razón de lo expuesto, presento a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto que contiene diversas reformas y adiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Artículo Primero. Se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 17. Las unidades administrativas elaborarán semestralmente y por rubros temáticos un índice de los expedientes clasificados como reservados. Dicho índice deberá indicar lo siguiente:
II. La fecha de clasificación.
III. El fundamento y motivación.
IV. El plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se reservan.
V. La designación de la autoridad responsable para su protección.
En ningún caso el índice será considerado información reservada.
En todo momento el instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación o desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.
Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 17 Bis. En todo caso que la autoridad funde y motive la clasificación de reservada o confidencial, la información deberá demostrar cabalmente el cumplimiento de los siguientes tres requisitos:
II. La publicidad de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley.
III. El daño probable, presente y específico que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público en caso de darse a conocer la información de referencia.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 2 de agosto de 2006.
Diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Agosto
2 de 2006.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
2 DE AGOSTO DE 2006
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone a esta asamblea la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde siempre, la forma de ejercer el poder ha estado en el centro del debate político vinculado a la preocupación por establecer mecanismos que permitan su limitación y control.
Vincular las nociones de control y de Constitución supone concebir ésta no sólo como un conjunto de normas jurídicas de máximo rango que regulan la organización del Estado y las relaciones básicas de éste con los ciudadanos, sino también como el orden en el que el poder se legítima y cuya función política es poner límites jurídicos al ejercicio del poder.
Así, tenemos que dentro de los controles políticos ocupa un papel muy destacado el control que el Parlamento ejerce sobre el Ejecutivo. Este control, innato a las formas parlamentarias de gobierno, está presente también, con sus propias particularidades, en los sistemas presidenciales en los que, si bien el Legislativo no puede remover al Ejecutivo y -en sentido inverso- éste no puede disolver el Parlamento, existe una fuerte actividad de vigilancia del Poder Legislativo sobre los actos del Ejecutivo.
Por una parte, la Constitución configura y ordena los poderes del Estado por ella creados y, por otra, establece los límites del ejercicio del poder y las reglas de colaboración entre los componentes del Estado, lo que supone el establecimiento de un sistema de competencias delimitadas y atribuidas a cada uno de los poderes constituidos. Es dentro de este contexto que la Constitución atribuye al Poder Legislativo Federal la facultad de controlar y fiscalizar las funciones del Ejecutivo.
En este sentido, las comisiones parlamentarias son órganos imprescindibles para el desarrollo normal del trabajo formal y materialemte legislativo; y aunque en los modernos sistemas políticos la organización y funcionamiento de las comisiones parlamentarias son reguladas en algunas normas constitucionales, como es el caso español, aparecen sistematizadas fundamentalmente en los reglamentos internos de las Cámaras.
En nuestro país, la facultad de crear comisiones de investigación se introdujo en 1977, en el artículo 93, mediante reforma constitucional que adicionó el párrafo tercero, que establece:
2) El párrafo en cuestión persigue que el Congreso coadyuve en forma efectiva en las labores de supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo respecto a esas corporaciones, y que esta facultad se encuadre también dentro del marco de equilibrio que se busca entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, nos parece que existe una omisión en relación con el ámbito material de actuación de las comisiones de investigación, por lo tanto proponemos que se amplíe para rebasar el límite impuesto de que las investigaciones versen sólo sobre organismos descentralizados o empresas de participación estatal, a fin de que este tipo de comisiones puedan investigar a organismos constitucionales autónomos, así como cualquier asunto de interés público. Así las cosas, cada una de las cámaras del Congreso de la Unión podrá, de acuerdo con las competencias que les confieren los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución, crear sus propias comisiones de investigación.
Por otra parte, cabe señalar que la posibilidad de requerir información es una facultad indispensable para este tipo de comisiones; no obstante lo anterior, en nuestro texto constitucional no existe regulación expresa que establezca el modo y la forma en la que los parlamentarios puedan recabar información del gobierno o de la administración pública. Cabe señalar que, en la práctica, es bastante usual que los funcionarios hagan caso omiso del llamado de las comisiones de ambas Cámaras o, si lo hacen, lo hagan de forma incompleta y tardía. De esta forma, la presente iniciativa pretende establecer las bases sobre las cuales las comisiones ordinarias, las de investigación, las bicamerales y las especiales de ambas Cámaras, así como las comisiones de la Comisión Permanente puedan acceder a todo tipo de información.
Otra de las facultades que proponemos deben tener las comisiones de que ya se ha hecho mención es requerir la comparecencia de cualquier persona vinculada con el objeto de la investigación, a fin de que sea interrogada, con excepción del Presidente de la República y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual deberá entregar toda la información requerida que conlleve a conocer la verdad, estableciendo sanción a quien se negare a ello.
Finalmente, se establece la facultad para que las comisiones puedan solicitar, por escrito, a la administración pública centralizada y paraestatal, al procurador general de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos constitucionales autónomos los datos e informes que estimen necesarios para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada federal presenta a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único.- Se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 93. ........
Cualquiera de las Cámaras o, en sus recesos, la Comisión Permanente podrán citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales, de las empresas de participación estatal mayoritaria u órganos constitucionales autónomos para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
Para el logro de su objeto, las comisiones de ambas Cámaras, así como las de la Comisión Permanente podrán citar a comparecer a cualquier persona, con excepción del Presidente de la República y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos que integran la administración pública centralizada y paraestatal y los órganos constitucionales autónomos, así como cualquier otro asunto de interés público.
Dichas comisiones podrán además solicitar por escrito a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, al procurador general de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos constitucionales autónomos los datos e informes que estimen necesarios para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Los servidores públicos que sin causa justificada nieguen los informes requeridos o los proporcionen falsos o incompletos estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales a las que haya a lugar.
Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal y serán públicos.
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, DF, a 2 de agosto de 2006.
Diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Agosto 2 de 2006.)
Introducción
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, rinde su segundo informe semestral de actividades del tercer año de ejercicio, correspondiente al periodo comprendido de marzo a agosto de 2006.
Mesa Directiva
Diputados: Javier Orozco Gómez, presidente; Marcela Guerra Castillo, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, secretarios.
Integrantes
Diputados: Marcos Álvarez Pérez, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo, Ariel Baltasar Córdova Wilson, Francisco Javier Bravo Carbajal, Tomás Cruz Martínez, María del Carmen Escudero Fabre, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Patricia Flores Fuentes, Carlos Flores Rico, Óscar González Yáñez, Carlos Jiménez Macías, Federico Madrazo Rojas, José Luis Medina Lizalde, Francisco Mora Ciprés, María Elena Orantes López, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Samuel Rosales Olmos, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, José Julián Sacramento Garza, Norma Patricia Saucedo Moreno, María del Rosario Vargas Chávez, Yolanda Guadalupe Valladares Valle, José Mario Wong Pérez, María Beatriz Zavala Peniche.
I. Avance en el cumplimiento del programa anual de trabajo
Objetivos específicos y acciones previstos en el programa anual de trabajo
I. Analizar y reforzar el marco jurídico vigente en materia de radio, televisión y cinematografía, promoviendo su difusión, así como su eficiente operatividad.
Avance: El 11 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, el cual se originó en la Cámara de Diputados y fue dictaminado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio, Televisión y Cinematografía, con el propósito de adecuar el marco normativo de las telecomunicaciones y los medios de comunicación electrónicos al proceso de convergencia tecnológica en que se encuentra inmerso el país.
b) Promover las iniciativas necesarias para combatir el problema de la piratería de películas.
c) Promover que, en los tratados internacionales que celebre el país, se observe el principio normativo de la protección de las industrias de radio, televisión y cinematografía, y vigilar que los instrumentos internacionales ya signados sean cumplidos.
d) Impulsar que, en materia de cinematografía, se establezcan como obligaciones estatales la protección y el fomento del cine nacional.
e) Mantener como una constante en el orden jurídico los lineamientos en materia de comunicación social y tiempos oficiales establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Avance: Mediante los oficios números SNM/DGNC/0625/06, SNM/DGNC/0740/06 y SNM/DGNC/0865/06, de fechas 19 de abril, 16 de mayo y 16 de junio todos de 2006, respectivamente, el director general de Normatividad de Comunicación de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, remitió a la comisión el informe sobre la ejecución de los programas y las campañas de comunicación social durante el periodo enero-mayo del ejercicio fiscal en curso. Dichos oficios fueron remitidos en su oportunidad a los integrantes de la comisión para el análisis respectivo.
f) Detectar, analizar e incluir todos los asuntos que requieran ser legislados y que, hasta el momento, no se encuentren debidamente regulados.
b) Fortalecimiento de los enlaces de comunicación, intercambio de información e interrelación con las entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Avance: El cumplimiento a este objetivo se realiza a través de diversas reuniones con funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Gobernación.
c) Elaboración del informe semestral de actividades que deberá presentarse ante la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en términos de lo establecido en el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Avance: Para el cumplimiento de este objetivo, la Comisión de RTC realiza semestralmente el informe de labores correspondiente.
d) Actualización de la página de Internet de la comisión para difundir de manera permanente los trabajos desempeñados.
Avance: La Comisión de RTC remite periódicamente información a la Dirección General de Tecnologías de Información, para la actualización del micrositio que tiene asignado en la página de la Cámara de Diputados.
e) Realización de foros y conferencias dirigidos a los legisladores, a las autoridades y al público en general, para su sensibilización sobre la problemática de radio, televisión y cinematografía.
Avance: No aplica en el periodo reportado.
b) Evaluación periódica del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales en materia de radio, televisión y cinematografía.
c) Análisis anual del estado general que guarda la administración pública federal en el rubro de las instituciones de radio, televisión y cinematografía, a partir del informe que rinde el titular del Poder Ejecutivo.
Avance: No aplica en el periodo reportado.
d) Apunte y opinión en la revisión anual de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal, respecto a los recursos destinados a las instituciones, planes y programas de radio, televisión y cinematografía.
Avance: No aplica en el periodo reportado.
e) Seguimiento y vigilancia en la aplicación de los recursos federales destinados a planes y programas específicos en la materia.
f) Vigilancia y evaluación de las actividades relacionadas con radio, televisión y cinematografía en el resto de las instituciones de la administración pública federal.
Avance: La Comisión de RTC elabora el estudio correspondiente para cumplir este objetivo.
b) Promover, a través de una adecuada propuesta de política pública, que los medios públicos se fortalezcan en su organización, en su funcionamiento y en el aspecto tecnológico.
c) Promover convenios de trabajo conjunto con diversas instituciones y organizaciones especializadas en temáticas relacionadas con el ámbito de la cinematografía.
a) Como cada año, apoyar a través de los recursos materiales pertinentes la realización de festivales cinematográficos que impulsen la producción nacional.
b) Apoyar y acudir al festival de Expresión en corto, que se ha convertido en todo un precedente en el ámbito cinematográfico.
Avance: Mediante el oficio número CRTC/044/-2006, del 14 de marzo de 2006, se atendió la inconformidad del licenciado Francisco J. González Garza, presidente ejecutivo de la asociación A Favor de lo Mejor, respecto del contenido del programa Incógnito, que se transmite a través de la emisora XHGC-TV, Canal 5.
b) Realización de audiencias, consultas populares, foros, visitas, giras de trabajo nacionales e internacionales, entrevistas, convocatorias a particulares y comparecencias de servidores públicos, cuando fuere necesario, con objeto de identificar líneas generales de estrategias y proponer acciones específicas.
Avance: El 17 de abril de 2006 se recibió en audiencia a estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes manifestaron su inconformidad y propuestas con motivo de las reformas de la Ley Federal de Radio y Televisión.
c) Participación en foros, reuniones y actos a nivel nacional e internacional, que contribuyan al mejor conocimiento de la problemática del sector.
b) Identificación de instituciones, mecanismos y reglas considerados en legislaciones extranjeras, susceptibles de incorporarse a nuestro orden jurídico nacional, para el fortalecimiento de las industrias de radio, televisión y cinematografía.
Revisión, adecuación y actualización de ordenamientos jurídicos por lo que concierne a
Avance: En reunión plenaria del 28 de marzo de 2006, los integrantes de la comisión aprobaron el dictamen, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el párrafo tercero del artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y expide la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
En sesión plenaria celebrada el 5 de abril de 2006, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el proyecto de decreto en comento, que fue turnado como minuta al Senado para los efectos constitucionales correspondientes.
La Cámara de Senadores aprobó el dictamen respectivo, en sesión celebrada el 25 de abril de 2006, remitiéndose al Ejecutivo para los efectos de su publicación.
Finalmente, el decreto por el que se reforman la fracción XXVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el párrafo tercero del artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y se expide la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2006.
Disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación relativas a las medidas de austeridad en materia de comunicación social.
Avance: La Comisión de RTC está analizando los informes que contiene la relación de todos los programas y las campañas de comunicación social, así como la programación de las erogaciones destinadas a sufragarlos, y la descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de tiempos oficiales, remitido por la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.
Atención de los planteamientos de los sectores de producción, distribución y exhibición de la industria cinematográfica.
Revisión del marco jurídico integral en materia de radiodifusión.
Avance: El cumplimiento de este objetivo se realizó cuando se preparó el dictamen recaído a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Avance: Mediante el oficio número CRTC/121/2006, del 13 de julio de 2006, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía solicitó al auditor superior de la Federación que, con base en los antecedentes que se desprenden de la investigación requerida por este órgano legislativo respecto de las posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que correspondió autorizar -durante 2003, 2004 y 2005- el cambio de ubicación de antena y planta transmisora de diversas estaciones en la frontera norte del país, en la revisión de la Cuenta Pública de 2005 se investigue minuciosamente cuál ha sido el desempeño de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones diversas para modificar las características técnicas de operación de estaciones de radio y televisión.
Auditoría al Instituto Mexicano de la Radio, con
relación al ejercicio fiscal de 2003.
Avance: Se encuentra en trámite ante la Auditoría
Superior de la Federación.
Auditoría al Canal 22, con relación a la
celebración de diversos contratos relativos a la producción
de spots.
Avance: Se encuentra en trámite ante la Auditoría
Superior de la Federación.
Seguimiento del destino de los recursos que el Instituto Mexicano de la Radio ha obtenido como producto de la enajenación de terrenos de su propiedad.
a) Convocadas
La Presidencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía convocó a dos reuniones de trabajo, como a continuación se detalla:
La comisión celebró dos reuniones, en las fechas que a continuación se detallan:
d) Listas de asistencia de las reuniones celebradas y
suspendidas por falta de quórum
No aplica.
e) Principales acuerdos y asuntos tratados, resueltos y atendidos en las reuniones celebradas
Lista de asistencia a la reunión del jueves 23 de marzo de 2006
Diputados: Javier Orozco Gómez, presidente; Marcela Guerra Castillo, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, secretarios.
Reunión de la junta directiva del 23 de marzo de 2006
Los integrantes de la junta directiva acordaron presentar ante el pleno de la comisión el anteproyecto de referencia, a efecto de que éste determine si será aprobado en sus términos o, en su caso, se le realizarán adecuaciones, en el entendido de que las variantes que presenta respecto del proyecto de dictamen aprobado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía son diversas, entre las cuales destacan el secreto profesional, la integración de la Junta de Gobierno de Notimex y el carácter no sectorizado del organismo.
- Asimismo, se analizó la opinión elaborada por la presidencia de la comisión, a solicitud de la Comisión de Salud, sobre el anteproyecto de dictamen de la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular las bebidas cafeinadas.
La junta directiva de la comisión manifestó su visto bueno respecto de la opinión sometida a su consideración, acordando que ésta se presentaría ante el pleno de este órgano para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación correspondiente.
- Por último, se analizó el proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que aplique estrictamente a las cadenas de radio y televisión, tanto abierta como cerrada, la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento, a fin de que se restrinja la transmisión de programas con contenido sexual y violento en horarios para menores, presentada por el diputado Manuel López Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El anteproyecto de dictamen de referencia fue elaborado en sentido positivo, toda vez que las solicitudes a que se contrae el punto de acuerdo se sustentan en el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias que confieren a la Secretaría de Gobernación -por conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía- las facultades de vigilancia y supervisión sobre el contenido de los programas televisivos, y la atribución de otorgar autorizaciones y clasificaciones de los materiales grabados, a efecto de que éstos se difundan en el horario que les corresponda, de acuerdo con sus características.
En tal virtud, la junta directiva consideró que dicho punto de acuerdo era procedente, por lo que acordaron sus integrantes que el anteproyecto se sometiera, en la siguiente reunión plenaria de la comisión, a la consideración de sus miembros para, en su caso, lograr la aprobación respectiva, en el entendido de que se trata de un dictamen que deberá ser emitido por las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación.
- Se puso a consideración del pleno de la comisión el anteproyecto de dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley General de Educación, en el que se proponen modificaciones de la Ley General de Educación, a efecto de que se establezca la obligación del Estado de difundir detalladamente las efemérides nacionales y el origen de su celebración, así como para que éstas sean motivo de celebración cívica en los centros de educación media y superior.
El proyecto presentado fue aceptado por los integrantes de la comisión, acordándose su remisión a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para los efectos legislativos correspondientes.
a) Dictámenes generados
Dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, y de la Ley General de Educación, en el que se proponen modificaciones de la Ley General de Educación, a efecto de que se establezca la obligación del Estado de difundir detalladamente las efemérides nacionales y el origen de su celebración, así como para que éstas sean motivo de celebración cívica en los centros de educación media y superior.
Dictamen, en sentido positivo, de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 17-D, un segundo párrafo al artículo 17-G y un último párrafo al artículo 28-A, y reforma el artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por los senadores Éric Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del PRI, y Héctor Osuna Jaime, del Grupo Parlamentario del PAN.
Opinión elaborada por la presidencia de la Comisión de RTC a la Comisión de Cultura respecto de la iniciativa que reforma el artículo 116 y adiciona el artículo 26 Ter a la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de regalías de autores de obras musicales.
El marco legal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano
IV. Creación y actividades de grupos y subcomisiones
de trabajo
No aplica.
V. Viajes oficiales de trabajo nacionales
Expo Convención Canitec (Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable) 2006, celebrada en Veracruz, Veracruz, del 29 al 31 de marzo de 2006.
VI. Reuniones con servidores públicos
No aplica.
VII. Otras actividades
1 de marzo de 2006
Estado que guardan las iniciativas turnadas a la comisión
1. Iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional.
Antecedentes:
Recibida el 2 de diciembre de 2003
Promovida por la diputada Cristina Portillo Ayala, del
Grupo Parlamentario del PRD.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación,
y de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 23 de septiembre de 2004 se aprobó el dictamen en sentido positivo, con 359 votos a favor y 4 abstenciones, remitiéndose al Senado para sus efectos constitucionales, donde fue turnado a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Educación y Cultura, y de Estudios Legislativos, donde fue aprobada la minuta en sus términos.
El 26 de enero de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en comento.
Antecedentes:
Recibida el 15 de septiembre de 2004.
Promovida por la diputada Angélica de la Peña
Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD.
Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las comisiones Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias; de Salud; de Educación Pública y Servicios Educativos; de Radio, Televisión y Cinematografía; de Economía; de Turismo; de Comunicaciones, y de Atención a Grupos Vulnerables.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 14 de octubre de 2004.
Promovida por:
Se turnó a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, con opinión de Radio, Televisión
y Cinematografía.
Estado que guarda según la comisión: En sesión plenaria del 26 de octubre de 2004, la Comisión de RTC aprobó la opinión solicitada en relación con la iniciativa en comento, que fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Antecedentes:
Recibida el 14 de octubre de 2004.
Promovida por:
Se turnó a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, con opinión de la de Radio, Televisión
y Cinematografía.
Estado que guarda según la comisión: En sesión plenaria del 26 de octubre de 2004, la Comisión de RTC aprobó la opinión solicitada en relación con la iniciativa en comento, que fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Antecedentes:
Recibida el 10 de noviembre de 2004.
Promovida por:
Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión
y Cinematografía, con opinión de la Comisión de Cultura.
Estado que guarda según la comisión: En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 16 de marzo de 2005 se aprobó el dictamen en sentido positivo, con 363 votos a favor y 0 abstenciones, remitiéndose al Senado para sus efectos constitucionales.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 14 de diciembre de 2004.
Promovida por integrantes de la Comisión de RTC
de diversos grupos parlamentarios.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación,
y de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estado que guarda según la comisión: En sesión plenaria del 5 de abril de 2006, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto, que fue turnado como minuta al Senado de la República, para los efectos constitucionales correspondientes.
El 25 de abril de 2006, la Cámara de Senadores aprobó la minuta de referencia, remitiéndola al Ejecutivo federal, para los efectos de su promulgación y publicación.
El 2 de junio se 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en comento.
Antecedentes:
Recibida el 10 de febrero de 2005.
Promovida por el diputado Heliodoro Díaz Escárraga,
del Grupo Parlamentario del PRI.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de
Radio, Televisión y Cinematografía.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 22 de febrero de 2005.
Promovida por el ddiputado Pablo Gómez Álvarez,
del Grupo Parlamentario del PRD.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación
y de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 14 de marzo de 2005.
Promovida por el ddiputado Juan Pérez Medina,
del Grupo Parlamentario del PRD.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación
Pública y Servicios Educativos, y de Radio, Televisión y
Cinematografía.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 6 de mayo de 2005.
Promovida por el diputado Raúl Pompa Victoria,
del Grupo Parlamentario del PRI.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión
y Cinematografía, y de Educación Pública y Servicios
Educativos.
Estado que guarda según la comisión: La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos remitió a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía un anteproyecto de dictamen en el que sólo se proponen reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión.
El pleno de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía aprobó un anteproyecto de dictamen en el que se propone reformar la Ley Federal de Educación.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 27 de septiembre de 2005.
Promovida por la diputada Marcela Guerra Castillo, del
Grupo Parlamentario del PRI, y el diputado Javier Orozco Gómez,
del Grupo Parlamentario del PVEM.
Se turnó a las Comisiones Unidas de RTC, y de
Gobernación.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 28 de octubre de 2005.
Promovida por el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo
Parlamentario del PRI.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión
y Cinematografía, de Hacienda y Crédito Público, y
de Gobernación.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 23 de noviembre de 2005.
Promovida por el diputado Daniel Ordóñez
Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación,
y de RTC.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 22 de noviembre de 2005.
Promovida por el diputado Lorenzo Miguel Lucero Palma,
del Grupo Parlamentario del PRI.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones
y de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estado que guarda según la comisión: En sesión plenaria del 29 de noviembre de 2005, las comisiones unidas aprobaron el dictamen en sentido positivo, que fue sometido al Pleno de la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del 1 de diciembre de 2005, aprobándose por unanimidad de votos y remitiéndose al Senado para los efectos constitucionales.
El 30 de marzo de 2006, la Cámara de Senadores aprobó la minuta, remitiéndola al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación.
El 11 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas respectivo.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 8 de febrero de 2006.
Promovida por la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles
Guzmán, del Grupo Parlamentario del PVEM.
Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión
y Cinematografía, con opinión de la Comisión de Salud.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 22 de marzo de 2006.
Promovida por el diputado Filemón Arcos Suárez,
del Grupo Parlamentario del PRI.
Estado que guarda según la comisión: El 27 de abril de 2006 fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen, remitiéndose como minuta a la Cámara de Senadores, para los efectos constitucionales correspondientes.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 7 de abril de 2006.
Promovida por el diputado José Antonio de la Vega
Asmitia, del Grupo Parlamentario del PAN.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 7 de abril de 2006.
Promovida por la diputada Eliana García Laguna,
del Grupo Parlamentario del PRD.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 9 de mayo de 2006.
Promovida por la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán,
del Grupo Parlamentario del PVEM.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 9 de mayo de 2006.
Promovida por el diputado Inti Muñoz Santini,
del Grupo Parlamentario del PRD.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 9 de mayo de 2006.
Promovida por la diputada María Ávila Serna,
del Grupo Parlamentario del PVEM.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 9 de mayo de 2006.
Promovida por la diputada María del Carmen Mendoza
Flores, del Grupo Parlamentario del PAN.
Estado que guarda según la comisión: En estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
1. Proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 17-D, un segundo párrafo al artículo 17-G, un último párrafo al artículo 28, una cuarta fracción al artículo 28-A, y reforma el artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Antecedentes:
Recibida el 26 de abril de 2006.
Promovida por los senadores Eric Rubio Barthell y Héctor
Osuna Jaime.
Estado que guarda según la comisión: En sesión plenaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía se aprobó el anteproyecto de dictamen correspondiente.
Estado que guardan las proposiciones con punto
de acuerdo turnadas a la comisión
1. Proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Gobernaciónpara que se suspenda la campaña en contra de las radios comunitarias.
Antecedentes:
Recibida el 18 de noviembre de 2003.
Promovida por la diputada Susana Manzanares Córdova,
del Grupo Parlamentario del PRD.
Se turnó a las Comisiones de Radio, Televisión
y Cinematografía, Gobernación y Comunicaciones.
Estado que guarda según la comisión: En
estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Estado que guarda según la comisión: En reunión plenaria del 29 de julio de 2004, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía aprobó el proyecto de dictamen y lo remitió a las Comisiones de Equidad y Género, y de Cultura, a efecto de que emitan observaciones y comentarios o, en su caso, aprueben su contenido. Sólo se encuentra pendiente de conocer la opinión de la Comisión de Cultura para someter el dictamen a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados.
Antecedentes:
Recibida el 11 de mayo de 2004.
Promovida por la diputada Kenny Denisse Arroyo González,
del Grupo Parlamentario del PRI.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión
y Cinematografía, y de Cultura.
Estado que guarda según la comisión: El
26 de abril de 2005 se publicó en la Gaceta Parlamentaria el dictamen
en sentido positivo, emitido por ambas Comisiones.
Antecedentes:
Recibida el 25 de agosto de 2004
Promovida por el diputado Alfonso Nava Díaz, del
Grupo Parlamentario del PRI.
Se turnó a las Comisiones Unidas Comunicaciones
y de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estado que guarda según la comisión: En
estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
Antecedentes:
Recibida el 16 de mayo de 2005.
Promovida por el diputado Manuel López Villarreal,
del Grupo Parlamentario del PAN.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión
y Cinematografía, y de Gobernación.
Estado que guarda según la comisión: En
estudio y análisis para la emisión del dictamen correspondiente.
a) Asistencia e inasistencia promedio a las reuniones de trabajo celebradas en el periodo reportado
b) Dictámenes generales y votación promedio de éstos
1. Dictamen recaído a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reforma el párrafo tercero del artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y expide la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
Proposiciones con punto de acuerdo turnadas: 6
Proposiciones con punto de acuerdo dictaminadas: 2
Proposiciones con punto de acuerdo pendientes: 4
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de julio de 2006.
Diputado Pablo Gómez Álvarez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
Presente
Con fundamento en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política a su digno cargo, con fecha 25 de abril de 2006, la Comisión de Equidad y Género presenta a usted el informe sobre la visita de trabajo realizada por una delegación de siete diputadas integrantes de esta comisión el 10 y 11 de julio del año en curso al Parlamento Europeo, en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica.
En concordancia con los lineamientos y las prácticas parlamentarios que para estos casos observa la Cámara de Diputados, las legisladoras que integramos la delegación formamos parte de los cuatro grupos parlamentarios con representación en la comisión, por lo que las actividades legislativas que realizamos fueron ajenas a una postura política determinada o a un marco ideológico único.
En ese sentido, la delegación estuvo integrada por las diputadas Diva Hadamira Gastélum Bajo (presidenta), Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (secretaria) y Margarita Martínez López (secretaria), del Partido Revolucionario Institucional; Blanca Eppen Canales (secretaria) y Janette Ovando Reazola, del Partido Acción Nacional; Martha Lucía Mícher Camarena (secretaria), del Partido de la Revolución Democrática; y María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México.
Actividades
Celebración de una reunión de trabajo interparlamentario con eurodiputadas de la comisión Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo.
El objetivo de la reunión fue intercambiar de primera mano información y experiencias sobre políticas públicas, exponer los desafíos a que se enfrentan nuestras comisiones, dialogar sobre los principales proyectos de cooperación internacional para el adelanto de las mujeres y plantear los mecanismos que permitan seguir incrementando la colaboración institucional entre nuestros países.
En particular, nuestra delegación abordó los siguientes temas:
A) Migración
El fenómeno migratorio que enfrentan nuestros países fue tratado con especial énfasis en las repercusiones de género (abandono, madres solteras, desintegración familiar, hostigamiento, etcétera). Se comparó la problemática migración de los mexicanos y los centroamericanos hacia Estados Unidos con el éxodo de personas provenientes de África y el Cercano Oriente hacia Europa.
B) Trata de personas y prostitución
Exposición del complejo asunto de las mafias que introducen ilegalmente en la República Mexicana a sexoservidoras y bailarinas de espectáculos para adulto provenientes de países europeos (condiciones laborales, enfermedades, violencia, drogadicción, etcétera).
C) Explotación infantil
Se abordó el caso de las organizaciones de delincuentes que han creado redes internacionales de explotación infantil para cometer violaciones sexuales, elaborar material pornográfico, raptar y comerciar con menores de edad. Se dio especial atención a los pederastas europeos y de otras regiones que ingresan en México en calidad de turistas para cometer ese tipo de actos en ciudades como Cancún, Acapulco, Tijuana y Nuevo Laredo.
D) Caso "muertas de Juárez"
Planteamiento e intercambio de puntos de vista sobre el asunto de los asesinatos de mujeres en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, básicamente centrado en el caso de Ciudad Juárez: causas, medidas para erradicar el problema, obstáculos, resultados, cooperación internacional y análisis en prospectiva.
Explicamos con particular énfasis la creación de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres.
E) Leyes
El tema de las leyes aprobadas recientemente en México y la Unión Europea para mejorar las condiciones de vida de las mujeres mereció un amplio apartado. Las diputadas mexicanas destacamos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; se detallaron su importancia y factibilidad.
F) Presupuestos etiquetados con perspectiva de género
Se expuso el tema de los presupuestos asignados por la Comisión Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y los que aseguró nuestra comisión en la LIX Legislatura. Se explicó a las eurodiputadas que el presupuesto destinado fue incrementándose de 2003 a 2004, de 2004 a 2005 y de 2005 a 2006, además de precisar en qué programas y con qué prioridades fueron invertidos estos recursos.
Resolutivos
- Mantener una estrecha relación entre nuestras instituciones para enfrentar de forma conjunta la problemática y contribuir con ello al cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestros Estados en los convenios y tratados internacionales, en materia de los derechos humanos de las mujeres.
Sin otro particular, quedo de usted y le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
Presidenta
DE LA DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA DÍAZ DEL CAMPO, ATINENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO URBANO MUNDIAL, LLEVADO A CABO DEL LUNES 19 AL LUNES 26 DE JUNIO DE 2006 EN VANCOUVER, CANADÁ
Introducción
Las ciudades son el hogar de la mitad de la humanidad. Mientras ellas ofrecen tremendas oportunidades, ellas también pueden ser lugares de miseria demoledora. Con asentamientos precarios y barrios pobres coexistiendo con grandes islas de bienestar y opulencia, las ciudades a menudo nos muestran la enorme brecha entre ricos y pobres, entre los que se benefician de la urbanización y de los que son marginados de ella. Al adoptar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, líderes mundiales se comprometieron a mejorar la vida de por lo menos 100 millones de personas que viven en asentamientos precarios para 2020. Alcanzar esta meta significará abordar uno de los desafíos mundiales más críticos desde el punto de vista social, económico y de ambiente.
El Foro Urbano Mundial se lleva a cabo cada dos años, fue establecido por las Naciones Unidas para examinar uno de los temas más apremiantes que el mundo enfrenta en la actualidad: en un mundo donde la mitad de la humanidad vive en ciudades, los rápidos procesos de urbanización provocará que en los próximos 50 años esta proporción alcance los dos tercios de la población mundial. Este crecimiento urbano está siendo mayoritario en países en vías de desarrollo, donde el principal desafío es el combate de la pobreza y proveer mejor acceso a vivienda básica y servicios, como agua potable y saneamiento.
Los objetivos de dicho evento son globales, pero serán alcanzados de una forma más efectiva a través de acciones locales, para entrar en una nueva y verdadera era de desarrollo urbano sostenible.
El foro reunió expertos, funcionarios de gobierno y miembros de la sociedad civil de todo el mundo, representando todos los niveles de gobierno, autoridades locales, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, grupos de comunidades, profesionales urbanos y de negocios, académicos y estudiantes, y asociaciones nacionales e internacionales.
Algunos puntos de coincidencia y no menos importantes los podemos resumir como a continuación se detalla:
3. Desarrollar soluciones prácticas.
4. Resaltar la importancia de la transparencia y la gobernabilidad.
Se planificó una gama de eventos para los participantes durante los cinco días.
Sesiones plenarias y presentaciones centrales
Estas sesiones presentaron renombrados conferencistas, cuyos puntos de vista permitieron entender el contexto y estimular ideas sobre los aspectos de la urbanización.
Debates
Los participantes argumentaron diferentes puntos de vista sobre varios temas relacionados con la urbanización.
Mesas redondas
Las mesas redondas convocaron a ministros, alcaldes, parlamentarios, jóvenes y mujeres y otros grupos de personas con intereses semejantes en pequeñas sesiones que compartieron experiencias y puntos de vista sobre los temas del foro.
Encuentros de grupos de interés común
Los encuentros de grupos de interés común fueron reuniones informales que tuvieron lugar todas las mañanas; se concentraron principalmente en los temas del día.
Sesiones de gobierno local
Representantes de gobiernos locales abordaron los desafíos particulares en este ámbito de gobierno.
Exposiciones
Fueron los momentos cumbre del foro. Se realizaron exposiciones de proyectos líderes, ideas, estudios de caso, experiencias y mejores prácticas de todo el mundo. La exposición facilitó la realización de reuniones informales, clases, discusiones, debates y ceremonias de premiación, así como servicios multimedia, incluyendo facilidades de procesamiento de datos e Internet.
Actividades culturales
En adición a esta programación rica en contenido, varias actividades culturales tendrán lugar dentro y en los alrededores del FUM3, como conciertos, exhibiciones de arte y presentaciones culturales.
Desarrollo del encuentro
Con más de 10 mil participantes de 100 países inició el tercer Foro Urbano, cuyo tema central se condujo hacia un solo objetivo, resolver los problemas urbanos y no fincar responsabilidades y compromisos hacia un solo sector de la sociedad.
Un total de 11 418 personas fueron registradas en el foro, incluidos 9 mil 689 participantes y 1 847 personas de logística y voluntarios. Conforme a género, 46.7 correspondió a mujeres y 52.1 a hombres.
Ceremonia de apertura
La tercera sesión del Foro Urbano Mundial inició con palabras de bienvenida a cargo del Primer Ministro canadiense, Stephen Harper. Por parte de Naciones Unidas intervinieron Inga Bjork-Klevby, asistente de la secretaria general, y el director ejecutivo de Hábitat.
La apertura de la sesión plenaria del 20 de junio fue presidida por María Antonia Trujillo, ministra del programa Hábitat de Naciones Unidas. Se adoptó una agenda provisional, con los siguientes temas:
2. Sociedad y finanzas:
a) Finanzas municipales: innovación y colaboración;
y
b) Seguridad urbana: asumiendo responsabilidades.
3. Crecimiento urbano y medio ambiente:
a) Forma de las ciudades: planeación urbana y
gestión.
Por su parte, la representación de Naciones Unidas reconoció la importancia de la investigación a través del documento La salud de las ciudades: hacia el desarrollo y la urbanización de las regiones, en el que se resalta la complejidad de las regiones rurales que subsisten en las metrópolis y que se niegan a desaparecer, por la gran tradición que conllevan.
Asimismo, el tema de la falta de agua dominó las diferentes mesas redondas y diálogos entre diversos actores, quienes expusieron la importancia de los sistemas de agua potable y de saneamiento, relegando a segundo plano otros temas cruciales para el futuro de las ciudades, como el crecimiento demográfico o la salud económica y financiera, en los debates que comenzaron el lunes.
El agua contaminada causa un tercio de las enfermedades conocidas en el mundo, frena el desarrollo económico, degrada el ambiente y genera conflictos locales y regionales, coincidieron los expertos en diversas conferencias.
Los habitantes de los barrios pobres son los que más sufren la contaminación del agua, aunque ésta es portadora de infecciones en todas partes del planeta. La carencia de agua no sólo disuade a los inversionistas; también impulsa la inmigración ilegal, destacaron.
"Todo el mundo paga el precio (del agua contaminada), no sólo los pobres de las ciudades", declaró Boniface Gondwe, expositor en una de las mesas redondas.
Sesenta por ciento de los habitantes del planeta vivirá en ciudades para 2020, contra el actual 50 por ciento. Lo más inquietante es que 38 por ciento del crecimiento demográfico urbano actual se lleva a cabo en barrios pobres sin agua ni saneamiento.
Oficialmente, 95 por ciento de las ciudades del planeta ofrece agua a sus habitantes, pero "esta cifra es engañosa", según Eduardo Moreno, jefe del Observatorio Urbano de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, sólo 37 por ciento de los africanos, 70 por ciento de los asiáticos y 71 por ciento de los latinoamericanos tienen acceso a agua potable.
Varios participantes en el foro, al que asisten 15 000 delegados, estuvieron de acuerdo en que no hay una solución fácil a este problema. No obstante, subrayaron que es imperativo reunir en un objetivo común a todos los involucrados, tanto privados como públicos, para que los proyectos no fracasen.
Como ejemplo, mencionaron el caso de Winterveldt, un barrio de Pretoria, Sudáfrica: en 1995, debido al temor de la aparición del cólera en la zona, el gobierno confirió prioridad al suministro de agua potable para 40 000 casas. Sin embargo, olvidó que los habitantes de Winterveldt no eran propietarios de las parcelas que ocupaban.
En consecuencia, "los dueños se resistieron a la instalación de los conductos de agua en sus tierras" y luego exigieron a los ocupantes pagar por el agua, contó el panelista Refilwe Pitso. Y este proyecto, que comenzó como de corto plazo, nunca pudo terminarse, ya que el coste sobrepasa en 50 por ciento el presupuesto previsto, precisó.
Otro conflicto en torno al agua se vive en Mutare, Zimbabwe, donde las autoridades gubernamentales, financistas y promotores instalaron servicios de agua con motivos políticos y personales, sin considerar las necesidades de los empobrecidos residentes, según la panelista Themba Gumbo.
Sin duda, la reunión plenaria que despertó mi mayor interés fue la celebrada el 22 de junio de 2006 y en la que se centraron temas importantes como el crecimiento demográfico y el ambiente. La presidio el Chris Leach, presidente del Instituto de Planificación de Canadá.
En ésta se resaltó la importancia de rescatar la agricultura de las grandes metrópolis; como ejemplo de lo anterior tenemos el caso de las chinampas en la Ciudad de México, para lo cual me permito incorporar la ponencia que elaboré para dicho foro.
A manera de conclusión, y esperando que el cuarto Foro Urbano Mundial, que se celebrará en Nanking, China, en 2008, retome las obligaciones de los distintos actores y que se comprenda es que en los próximos 30 años las personas que viven en las ciudades superarán ampliamente en número a las que residen en áreas rurales. Si las tendencias actuales continúan, la extrema pobreza urbana se duplicará en ese mismo periodo para alcanzar 2 billones de personas. El mundo necesita urgentemente acciones que lleven a un desarrollo económico urbano innovador, mejor gobernanza urbana, y ciudades más seguras, limpias y sin asentamientos precarios, donde todos tengan acceso a vivienda, agua, saneamiento y otros servicios básicos.
Esto también implica el uso de fuentes de energía alternativa, mejor conservación de la naturaleza para un ambiente urbano limpio y, sobre todo, acciones para hacer ciudades del futuro más sostenibles y menos dependientes de los decrecientes recursos naturales del mundo.
Ponencia Las chinampas, una forma renovada de agricultura ecológica milenaria
Una de mis principales preocupaciones como legisladora ha sido el problema ecológico; se trata de un tema particularmente difícil, por la multitud de variables que se deben abordar y por su carácter interdisciplinario. Este documento pretende ser una incursión en dicha materia, tomando como eje rector el gran desafío ambiental que representa el crecimiento de las grandes ciudades en América Latina.
La chinampa es un sembradío artificial sobre el agua. El padre Francisco Javier Clavijero, célebre jesuita veracruzano, nos cuenta que los xochimilcas formaban del mismo cieno de la laguna sementeras andantes, "en las cuales sembraban maíz, chía, calabazas, frijol y pimientos". Armillas y West nos explican que "para alzar una chinampa se cortan tiras de césped del tamaño requerido, según las dimensiones de la chinampa".
Antes de cada siembra se extiende sobre la superficie del suelo nuevo, construido por cieno del fondo de los canales; al cabo de cinco o seis años, la chinampa se asentaba sobre el fondo de la ciénaga; sus fundamentos de materia vegetal se habían descompuesto y formaban una base porosa y permeable. "El abono usual antes de la conquista hispánica era simplemente el lodo; aunque escaseaba, lo hacían con plantas acuáticas, por ejemplo, la siembra del chile, dejando su planta en el terreno, o el excremento de varias aves".
Hacia 1265 y ante la terrible escasez de alimentos, Acatonalli (primer señor xochimilca, 1256-1279) propone al Consejo de Ancianos (autoridad máxima) sobreponer en el lago unas varas y cieno o limo, tras el feliz éxito de su invención. Así se hace, y entonces nace oficialmente la chinampa en la zona lacustre del valle; comienza a producir maíz, frijol, chile, calabaza y muchos otros cultivos.
Con esto nace también el comercio entre Xochimilco y pueblos circunvecinos.
Por último, y de suma importancia, se plantaba a la orilla de la chinampa para afianzarla o dividirla, el ahuexotl o ahuejote, que por su forma del ramaje, los rayos del sol penetraban perfectamente sobre el terreno sembrado.
La chinampa es una alternativa tecnológica para la producción de alimentos con el menor deterioro ecológico. Para la producción, estas áreas proveen de su propio fertilizante natural mediante la acción de microorganismos en los canales y en el humus del suelo y la vegetación que crece profusamente tanto en el agua como en el suelo.
En las chinampas se producen regularmente maíz y hortalizas (col, rábano, betabel, cebolla, frijol, lechuga, nabo, calabaza, nopal, etcétera), plantas de ornato y animales de corral.
Actualmente, la zona se ha reducido a una superficie de poco menos de 35 000 hectáreas, y con ello su producción. Xochimilco, junto con otras dos regiones productoras del Distrito Federal, ha generado, según el anuario estadístico del Distrito Federal
Producción agrícola del Distrito Federal (hectáreas)
Producto 1987 1994
Granos 15 038
9 342
Forrajes 10 417
10 120
Hortalizas 1 748
2 238
Nopal
3 372 4 007
Frutales
464 263
Flores
76 134
Total
31 115 26 104
En particular, para el mismo periodo
Producción de Xochimilco (hectáreas)
Productos 1987 1994
Granos
3 665 2 160
Forrajes
430 730
Hortalizas 175
518
Flores
31 51
Frutales
464 31
Total 4 365 3 490
La reducción de la producción tiene como causas inmediatas la pérdida de terreno por el aumento de la mancha urbana, los problemas de comercialización, ya que estos productos compiten con los que llegan de diferentes estados de la república y, aun, los de importación.
La región de Xochimilco está formada actualmente por tres microrregiones:
La primera es la más cercana al Distrito Federal y la más débil ecológicamente, pues a ella llegan muchos de los desechos de la gran ciudad (basura y agua contaminada), así como una gran cantidad de habitantes que se asientan en lugares de poca seguridad. En esta región se encuentra la zona turística, y las chinampas están dedicadas primordialmente a la producción de plantas de ornato.
Otra de las pequeñas regiones es la de la zona de los pequeños cerros, en la que se asientan las poblaciones más antiguas. Esa zona está dedicada principalmente al cultivo de haba, maíz, frijol y forraje.
La tercera zona está formada por pequeños pueblos ribereños, que se extienden sobre las chinampas y se dedican al cultivo de flores (San Gregorio Atlapulco), hortalizas (San Luis Tlaxialtemalco) y amaranto (Santiago Tulyehualco).
Aunque a partir de 1989 fue declarada patrimonio histórico y cultural de la humanidad por la UNESCO, la región no ha sido protegida adecuadamente. Cada año invaden terrenos para la construcción de viviendas, y con ello la calidad del agua del lago ha empeorado. Miles de casas habitación vierten a diario y sin tratamiento previo los drenajes directamente al lago.
Para mantener el nivel mínimo de agua en los canales, cierta cantidad de agua proveniente del Distrito Federal, deficientemente tratada, llega a los canales, sin beneficiar ecológicamente el sistema.
Por otra parte, miles de sus habitantes nativos han salido hacia otros lugares para obtener empleo y medios de subsistencia, con lo cual han quedado abandonadas o subutilizadas áreas antes muy productivas. Los nuevos habitantes desconocen casi todo lo que rodeaba esta zona y no tienen mayor aprecio por su conservación.
Sólo la decisión de algunos grupos de pobladores nativos puede oponerse a la tendencia destructiva de la zona. Algunos de ellos organizados, están adaptando nuevas tecnologías para rescatar los viejos sistemas de producción chinampera, tratando de lograr un desarrollo, que llaman "sustentable", que permita a las familias obtener un sustento digno sin deteriorar su ambiente.
La zona chinampera de Xochimilco, considerada zona de prioritaria de conservación del equilibrio ecológico, se pierde inexorablemente.
Lo que empezó en 1997 como una invasión hormiga de tres casuchas de láminas de cartón, hoy son decenas de casas de ladrillo, perfectamente edificadas.
Junto a ellas, casas de descanso, salones de fiestas con áreas verdes, canchas y chapoteadero ocupan el espacio que alguna vez se reservó para la siembra y el cultivo de plantas y flores para conservar las tradiciones centenarias de este sitio, antes abundante en chinampas, ahuejotes y agua limpia.
Pero hoy la mancha urbana se extiende, ahogando las chinampas, para cuya protección la Comisión de Recursos Naturales debió emitir desde 1992 el programa de manejo de zona sujeta a conservación ecológica, lo que no ha ocurrido.
En su lugar, los vecinos de la colonia Barrio 18 han emprendido la defensa del área ecológica; documentan con videos y fotografías cómo día tras día se rellenan las chinampas y se trasladan materiales para construir más y más casas.
Dan seguimiento además a los largos procesos penales iniciados contra fraccionadores como la familia de Guadalupe Pantoja y Antonio Rosas, hoy prófugo. Aunque ese activismo les ha merecido amenazas, siguen en pie las querellas.
Así, hoy predominan casas de concreto, sin drenaje, pero que descargan aguas negras a las chinampas, a las que la Compañía de Luz surte energía, cuentan con teléfono y la delegación -acusan los vecinos- les facilita servicios, al hacer caso omiso de las denuncias sobre conexiones clandestinas de agua.
Conclusión
Es indiscutible el patrimonio histórico cultural que significan los bienes inmuebles existentes en Xochimilco, de los cuales algunos datan del siglo XVI; templos, edificios civiles y otros elementos cuentan con gran potencial de atracción turística. Más allá de la posibilidad de generar recursos a partir de su atractivo, es imperativo su buen mantenimiento y garantizar su existencia para las futuras generaciones.
El desarrollo sostenible debe conciliar la producción alimentaria, la conservación de los recursos no renovables y la protección del entorno natural, de modo que puedan satisfacerse las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de autoabastecimiento de las generaciones futuras. La zona chinampera de Xochimilco, considerada zona prioritaria de conservación del equilibrio, se pierde inexorablemente y, junto con ella, los espacios que se habían reservado para conservar las tradiciones centenarias de este sitio.
Atentamente
Diputada María Angélica Díaz del
Campo (rúbrica)
DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER SAUCEDO PÉREZ, EN NOMBRE DE LA DELEGACIÓN QUE ASISTIÓ AL CUARTO ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS DE AMÉRICA, REALIZADO EL LUNES 17 DE JULIO DE 2006 EN LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ
Parte I
La delegación parlamentaria de México estuvo integrada por los diputados federales Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), Gaspar Ávila Rodríguez, del GPPRI, y Francisco Javier Saucedo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El evento se desarrolló de las 8 a las 19 horas del lunes 17 de julio. Inició con la presentación de cada uno de los 21 presentes parlamentarios de 9 países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y México.
Inmediatamente después continuó la conferencia del señor Ivano Barberini, de nacionalidad italiana, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), sobre el concepto de cooperativa, principios y valores, así como el esquema de integración de la ACI y la incidencia política del cooperativismo europeo. Destacó que la ACI es un ejemplo de red global, que se desarrolla en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, tratando de incidir en el problema de la paz mundial, y se forma parte de un circuito de conocimiento, de experiencias, en el que se da un encuentro de gente que pertenece a mundos distintos. Puso énfasis en la campaña que la ACI y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han lanzado de manera conjunta en contra de la pobreza. Habló de la necesidad de la visibilidad social del movimiento cooperativo en el mundo y de contribuir al cumplimiento del objetivo de la ACI de lograr la ampliación de la base social.
Se dio paso a una explicación de la metodología de trabajo y a algunas cuestiones de carácter operativo sobre el Encuentro de Parlamentarios de América, en voz del señor Manuel Mariño, director regional de la ACI-Américas.
Continuó con la palabra el señor Carlos Palacino Antía, de nacionalidad colombiana, presidente de la ACI-Américas, subrayando algunas de las dificultades por las que atraviesa el movimiento cooperativo en la región, sobre todo en cuanto a imagen de las cooperativas. Desde el punto de vista de la modalidad de empresa, las cooperativas son excluidas, vedadas en participar en algunas actividades en algunos países de América, tal es el caso de su imposibilidad para actuar en el área de finanzas, por cierto temor a la quiebra, o en la banca de oportunidades; así también, en áreas de la comunicación social, o de la salud o de los seguros, por señalar algunos casos. Destacó el tema de la autenticidad y veracidad cooperativa, como parte sustancial en la promoción y fomento del cooperativismo en la región, del destino de recursos económicos para capital semilla en la constitución de cooperativas; manifestó la urgente necesidad de diversificar la acción de las cooperativas más allá del sector servicios, atreviéndonos a impulsar el desarrollo del cooperativismo en el sector transformación, al mismo tiempo que se debe impulsar la presencia de la mujer, los jóvenes y los pobres en las cooperativas de América.
Enseguida abordamos el tema del balance de los encuentros de parlamentarios anteriores, en particular el realizado en julio de 2005 en la Ciudad de México, en las instalaciones de San Lázaro, en voz del diputado Francisco Saucedo Pérez, mexicano, continuando el representante Sergio Díaz Granados, colombiano, y concluyendo el senador Ronaldo Dietze, paraguayo, todos ellos miembros de la Comisión de la Red de Parlamentarios de América que se constituyó durante el tercer encuentro en México. Dos son los acuerdos principales en este tema:
2) Nombrar nuevos miembros de la Comisión de la Red de Parlamentarios en razón de que algunos legisladores dejan de serlo muy próximamente. En este sentido, por Colombia se nombró al representante Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas, por Paraguay, continúa el senador Ronaldo Dietze; en cuanto a la representación de México, acordamos hablar con los nuevos integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LX Legislatura, en particular con la presidencia, para dejar la estafeta y el compromiso en esta importante tarea legislativa ante la representación del movimiento cooperativo americano.
2) Respeto a la naturaleza propia de las cooperativas;
y
3) Relación del Estado con el cooperativismo y
desarrollo del sector social de la economía nacional.
Mesa 3: Incidencia política y políticas
públicas; y
Mesa 4: Esquemas de financiamiento para el fomento cooperativo.
Parte II
En el marco de la XIV Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional Región Américas, con el nombre "Competitividad y posicionamiento cooperativo: retos y oportunidades para el desarrollo económico y social", del 17 al 21 de julio de 2006, en la ciudad de Lima, Perú.
Se nos hizo invitación para impartir una conferencia con el título "Posicionamiento del sector cooperativo para incidir en las políticas públicas", programada el jueves 20 de julio a las 14 horas. Participó también el senador Sergio Abreu, de nacionalidad uruguaya. Cada exposición con una duración de 25 a 30 minutos cada una, y al final, sesión de preguntas y respuestas. En nuestra conferencia dimos el énfasis en que la política social debe orientarse a desarrollar las capacidades empresariales y cívicas de los sectores sociales marginados por el mercado. Que la Recomendación 193 de la OIT es un buen modelo de implementación de políticas públicas desde el sector social cooperativo. Que tres condiciones son imprescindibles para el posicionamiento del sector:
La ponencia se presentó en Power Point y se entregó copia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 25 de julio de 2006.
Anexo
Alianza Cooperativa Internacional
Cuarto Encuentro de Parlamentarios de las Américas
Lima, Perú, julio 17 de 2006
Declaración
Los Parlamentarios de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, invitados por la Alianza Cooperativa Internacional, reunidos dentro del marco de la decimocuarta Conferencia Regional de ACI-Américas para discutir cuatro temas de fundamental interés para el movimiento cooperativo han
Considerado que
En el tema de economía social solidaria, el papel del cooperativismo en su desarrollo:
Se requiere establecer de manera clara un marco regulatorio que identifique la economía solidaria como un tercer sector económico.
Es necesario aprovechar la experiencia organizacional de las empresas cooperativas en la búsqueda de un modelo de crecimiento equitativo.
Es imperativo hacer cada vez más visibles los resultados positivos del cooperativismo para que ello genere estímulo al crecimiento de la economía solidaria.
En el tema de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC):
La coincidencia de los profesionales contables a nivel americano e internacional en mejorar la calidad de la información financiera de los entes a través de normas comunes estandarizadas, de acuerdo con la naturaleza de los distintos participantes de la actividad económica globalizada.
A partir de 2003 se ha modificado la estructura contable y se están cambiando estas normas internacionales por las Normas Internacionales de Información Financieras emitidas por la IASB (Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad), la cual responde a una fundación conformada por usuarios privados, sin participación cooperativa.
Varios de los países a nivel mundial y, en particular, en América están tomando estas normas internacionales como obligatorias para la presentación de balances para todo tipo de ente, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, que coticen en bolsa o no.
Lo establecido últimamente en las NIC 32 pretende incluir al capital cooperativo como pasivo y no como patrimonio neto.
Esta norma produce un grave problema económico financiero a las cooperativas, cambiando sus índices de solvencia y endeudamiento; modificando el criterio de confidencialidad y haciendo que el aporte del asociado se convierta en un simple compromiso con terceros, violando el régimen de propiedad y el ejercicio de los plenos derechos políticos (elegir y ser elegido), una persona un voto.
Deben existir acciones coordinadas con los entes locales emisores de normas contables y asegurar el reconocimiento y comprensión de la especial naturaleza de las cooperativas al momento de su elaboración.
En el tema de incidencia política y políticas públicas:
Las políticas públicas son acciones que los gobiernos llevan a cabo para responder a las diversas demandas y necesidades de sus sociedades y son resultado de las acciones del régimen político hacia la sociedad civil para brindar bienestar a sus ciudadanos, a fin de aliviar los problemas sentidos por la ciudadanía, respecto a salud, educación, transporte público, alumbrado público, servicios de agua, telefonía, electricidad, gas, carreteras, seguridad ciudadana, generación de empleo y cualquier servicio que tenga que ver con el bienestar de los habitantes de un país.
La incidencia política es un proceso que contempla la realización de acciones políticas por parte de ciudadanas y ciudadanos interesados en promover un cambio positivo a su favor.
Gobernantes y gobernados deben trabajar de la mano en la elaboración de nuevas políticas públicas y ajuste a las actuales, de manera que el entorno ciudadano sea el mismo para todos y para todas con la mejor calidad de vida posible, acorde con las capacidades que se tengan.
En el tema de esquemas de financiamiento para el fomento cooperativo:
Las cooperativas llevan a cabo muchas actividades y servicios en zonas donde empresas de capital accionario no actúan porque no es suficientemente rentable y donde el Estado tampoco cumple su papel de respuesta directa a las necesidades básicas ciudadanas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su recomendación 193, aprobada en junio del 2002, reconoce que las cooperativas operan en todos los sectores de las economías de los países y en su capítulo V, artículo 4, manifiesta que deberían adoptarse medidas para promover el potencial de las cooperativas en todos lo países, independientemente de su nivel de desarrollo, con el fin de ayudarles a sus asociadas y a sus asociados.
En el capítulo tercero de la Recomendación 193 de la OIT se hace referencia a la aplicación de las políticas públicas en la promoción de las cooperativas, en el sentido de decir que los Estados deben adoptar una legislación y reglamentación específica en esta materia; que los gobiernos deberían consultar a las organizaciones cooperativas para la formulación y revisión de la legislación, las políticas y la reglamentación aplicable a éstas, así como fortalecer y mejorar su viabilidad empresarial.
Hay una concentración de la riqueza en grupos de mayor poder económico y que desde esta perspectiva se ha generado una concentración en detrimento de sectores populares, lo que implica la necesidad de una redistribución del ingreso y promover acciones orientadas a la inclusión social.
Las metas del milenio de la ONU en materia de reducción de la pobreza muestran la necesidad de preocuparse por los actores sociales y económicos y buscar mecanismos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad en general.
Entendemos por fomento cooperativo las acciones públicas y privadas y las normas jurídicas orientadas a la organización, expansión y desarrollo del sector cooperativo.
Retomamos lo dicho por el secretario general de las Naciones Unidas, señor Koffi Annan, en su mensaje del Día Internacional de las Cooperativas, en julio de 2006, donde expresó: "... recomiendo a los gobiernos y a la sociedad civil reconocer las valiosas contribuciones hechas por las cooperativas hacia la construcción de la paz y comprometerse con ellas como socios vitales en la búsqueda del desarrollo sostenible y en la creación de un mundo más justo y lleno de paz".
Manifiestan
En el tema de economía social solidaria, el papel del cooperativismo en su desarrollo:
La necesidad de formular un marco regulatorio para aprovechar la trayectoria organizacional en el desarrollo de la economía social, sobre la base de que deben ser empresarialmente eficientes y democráticas en la administración y distribución de los beneficios, en función de las mayor o menor actividad del asociado en empresa.
La necesidad de mostrar resultados exitosos y transferir conocimientos y experiencias por parte de las empresas consolidadas para beneficio de las sociedades cooperativas incipientes.
La necesidad de abordar el tema educativo como una acción transversal para enfrentar los señalamientos perversos en contra del cooperativismo y brindar confianza a quienes lo ven como una alternativa de vida, que afianza los principios y valores de la asociatividad.
La necesidad de contraponer al concepto de responsabilidad social empresarial (asistencialista) a la ayuda mutual, que genera equidad mediante la acumulación de experiencias positivas que crean un ambiente en el cual el cooperativismo es una solución colectiva y no una manera de solucionar asfixias económicas individuales.
En el tema de las Normas Internacionales de Contabilidad:
No aplicar las normas generales de contabilidad en los países cuando estas reglas internacionales son generadas principalmente por empresas que cotizan en bolsa de mercados globalizados, para las cuales en éstas deberían aplicarse las NIC.
Crear normas específicas para las cooperativas y otros entes de la economía social.
En el tema de incidencia política y políticas públicas:
Instar a los parlamentarios a que analicen la existencia de las políticas de Estado con relación al sector cooperativo y realizar una revisión de las políticas de gobierno y su incidencia en el sector.
En el tema de esquemas de financiamiento para el fomento cooperativo:
Reconocer al sistema cooperativo como uno de los instrumentos más eficaces para combatir la pobreza, la iniquidad y la exclusión social.
Promover la introducción de los principios del diálogo social sustentados por la OIT, en el proceso de formulación o reformulación del marco normativo jurídico relacionado con el cooperativismo; asimismo, promover una permanente interrelación entre el poder legislativo y el sector cooperativo, en un marco de fluidez y transparencia, para producir una sintonía con sus expectativas y objetivos.
Que el fomento cooperativo deberá apoyar la organización y desarrollo de las cooperativas como medio de generación de empleo. Que se debe promover el modelo cooperativo en la producción y comercialización de bienes y servicios. Que deben ser apoyadas con planes y programas de financiamiento y que se reconozca el modelo de desarrollo social y económico que representan las cooperativas, incluyéndolas en políticas y normas en igualdad de condiciones que los demás sectores de la economía.
El financia miento al sector cooperativo deberá comprender como mínimo un acceso a fondos públicos donde se incluya la banca de redescuento o de segundo piso, acceso al mercado de capitales, fondos de carácter internacional, como los que provienen de organismos de cooperación internacional o banca multilateral; con fondos propios del sector solidario y fondos mixtos construidos con recursos públicos (nacionales o subnacionales) y del propio sector.
Los recursos de financiamiento deberán ser aplicados en los siguientes programas: crédito en condiciones especiales para las cooperativas en expansión; en proyectos para la creación de cooperativas que respondan a criterios de asociatividad; en proyectos para el fortalecimiento de cooperativas donde se tenga mayor compromiso por el mejoramiento tecnológico del sector para perfeccionar la cobertura y calidad de sus servicios y en la difusión del modelo cooperativo, dando énfasis a la educación continua de los principios y valores cooperativos.
Insistir en la necesidad de fortalecer el seguimiento de los compromisos suscritos en las declaraciones de los encuentros de parlamentarios de América.
Los documentos utilizados como insumos que sustentaron cada una de las mesas de trabajo forman parte vinculante de esta declaración.
En constancia de lo anterior, los parlamentarios detallados a continuación suscriben el presente acuerdo en Lima, Perú, el 17 de julio del 2006.
Por Colombia, Pedro Jiménez Salazar (representante), Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas (representante), Jaime Durán (representante), Sergio Díaz Granados (representante), Manuel Enríquez (representante), Miguel Ángel Durán (representante), Luis Fernando Almario (representante), Fernando Tamayo (representante).
Por México, Francisco Saucedo Pérez (diputado); Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (diputado); Gaspar Ávila Rodríguez (diputado).
Por Paraguay, Ronaldo Dítese (senador), Herminio
Chena (senador), jorge Oviedo Matto (senador).
Por Perú, Jorge Urquizo Magga (congresista).
Por República Dominicana: Ramón Ildefonso
Vásquez (diputado), Euclides Sánchez (diputado).
Por Uruguay, Eduardo Brenta (diputado).
DE LA DIPUTADA JACQUELINE ARGÜELLES
GUZMÁN, DE SUS ACTIVIDADES EN EL ENCUENTRO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO REALIZADO EL LUNES 24 Y EL MARTES 25 DE
ABRIL DE 2006 EN BREGENZ, AUSTRIA
Discurso de bienvenida
El pasado 24 y 25 de abril del 2006 se llevó a cabo el encuentro parlamentario dentro de las actividades preparatorias de la Cuarta Cumbre Unión Europea-América Latina.
Dicho evento dio comienzo con el discurso inaugural del diputado Ney López (Brasil), Presidente del Parlamento Latinoamericano, mencionando que el Parlamento Latinoamericano continúa en su labor institucional en pro de la integración latinoamericana y de la conformación futura de la comunidad latinoamericana de naciones, fortaleciendo los acuerdos subregionales actualmente vigentes, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina y el Sistema Centroamericano de Integración, especialmente propendiendo por el salto adelante hacia estructuras más amplias territorialmente y más fuertes supranacionalmente, como podría ser precisamente la comunidad suramericana, hasta ahora declarada políticamente y la que guarda su tratado constitutivo.
Mencionó que la cohesión social, la integración y el multilateralismo siguen siendo agenda prioritaria en las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe; la deuda social debe ser atacada; se debe encontrar soluciones inmediatas contra la pobreza, el desempleo, la exclusión social y la inequidad.
Hizo hincapié en que es el momento de fortalecer el actuar internacional de la Organización Internacional del Trabajo para globalizar a través de convenciones internacionales las condiciones mínimas de salario y demás condiciones laborales, a fin de que no se trafique más con el estímulo al mal llamado dumping social, que no es otra cosa que disfrazar las bajas condiciones de los trabajadores en unas zonas del mundo; asimismo, se debe insistir en la generación de una mayor autoridad internacional en materia ecológica.
Mensaje a la IV Cumbre Unión Europea-América Latina de Viena
En el marco de la preparación de la IV Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, por celebrarse en Viena los días 12 y 13 de mayo, los parlamentarios asistentes a encuentro presentaron a la cumbre el siguiente mensaje:
Promoción de un multilateralismo fuerte y eficaz, basado en el derecho internacional y en el sistema de Naciones Unidas
2. Reuniones frecuentes de los ministros de Defensa, de Justicia, de Asuntos de Interior, de Asuntos Sociales, de Medio Ambiente, de Desarrollo, etcétera, así como el inicio de diálogos sectoriales sobre cohesión social, desarrollo sostenible, justicia social y derechos laborales y migración.
3. La creación de un Mecanismo flexible de preparación y seguimiento de las cumbres o de una secretaría permanente eurolatinoamericana, con el objetivo de impulsar los trabajos de la asociación entre cumbres.
4. La creación de una fundación eurolatinoamericana, de carácter público-privado dirigida a promover el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo entre los socios de ambos lados del Atlántico.
5. La negociación y firma de una carta eurolatinoamericana para la paz y la seguridad y la creación de un centro birregional de prevención de conflictos.
2. La conclusión en Viena de negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur.
3. El inicio de negociaciones de un acuerdo de asociación con la Comunidad Andina, que incluya una zona de libre comercio.
4. La profundización de los acuerdos existentes UE-México y UE-Chile.
5. La creación de una zona eurolatinoamericana de libre comercio en el horizonte del año 2010.
6. Aportar un impulso decidido a los procesos de integración regional en América Latina destacando al tiempo la preeminencia de la asociación estratégica birregional.
2. La definición de una adecuada política de migración e intercambios humanos.
3. La reafirmación del principio de responsabilidad compartida y el mantenimiento de un enfoque global e integrado para la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado.
En el marco de la preparación de la IV Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, por celebrarse en Viena los días 12 y 13 de mayo, se celebró el III Encuentro de los Parlamentos de Integración Unión Europea/América Latina y el Caribe en Bregenz, Austria.
Los parlamentarios concientes de la estabilidad democrática vigente en todos los Estados de ambas regiones se felicitaron por el hecho de que las diferentes crisis institucionales que se han producido, especialmente en la región andina, se hayan resuelto dentro de la legalidad constitucional más absoluta rompiendo con ello la tradición de inestabilidad que se había vivido en el pasado.
Ambas regiones se congratulan asimismo por los avances que en materia de integración se han producido, especialmente con la ampliación de la Unión Europea, la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones y los compromisos contraídos en el Mercosur para hacer avanzar el proyecto Parlasur.
Asimismo, se congratulan por el impulso dado al diálogo interparlamentario entre la Unión Europea/México y la Unión Europea/Chile mediante la creación de sendas comisiones parlamentarias conjuntas tal como estaba previsto en los acuerdos de asociación.
De cara a la Cumbre de Viena, conscientes del compromiso histórico que supone el buen momento de las relaciones birregionales, proponen a los jefes de Estado y de gobierno que se reunirán en Viena la adopción de una agenda a la vez ambiciosa y real que suponga la concretización de pasos efectivos a favor de la asociación estratégica birregional, tal y como fue definida en la I Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, celebrada en Río en 1999, y que incluya el siguiente decálogo:
La asociación estratégica birregional Unión Europea-América Latina y el Caribe (UE-ALC) debe ser en un marco de paz y seguridad, fundamentado en el respeto de los derechos humanos, la primacía del estado de derecho y los valores democráticos que son comunes a ambas regiones y debe incluir:
I. Compromiso en favor de la paz y la seguridad
La adopción de una carta eurolatinoamericana para la paz y la seguridad basada en los textos fundamentales de las Naciones Unidas que permita concretar propuestas políticas, estratégicas, de seguridad de interés para ambas regiones.
La creación de un centro birregional de prevención de conflictos, cuyo cometido será la detección anticipada de las causas potenciales de conflictos armados, así como su prevención y resolución a través del diálogo político.
La cooperación entre las partes en materia de seguridad, especialmente en la lucha y prevención del terrorismo a través de códigos de conducta comunes.
II. El refuerzo de los mecanismos institucionales de la asociación
La creación de una asamblea transatlántica eurolatinoamericana, integrada por igual número de diputados del Parlamento Europeo, por un lado, y del Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino, la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur y la Comisiones Parlamentarias Mixtas UE-México y UE-Chile, por otro, se configurará como el órgano parlamentario de la asociación estratégica, dotada de las competencias necesarias para el seguimiento y control parlamentario de los acuerdos de asociación en vigor o en curso de negociación o revisión, y la adopción de resoluciones, recomendaciones y actas dirigidas a la Cumbre UE-ALC y a los distintos órganos ministeriales conjuntos, así como servir de foro parlamentario de debate y control de las cuestiones relativas a la asociación estratégica permitiendo la constitución de una diplomacia parlamentaria eurolatinoamericana.
La creación de una secretaría permanente eurolatinoamericana que impulse los trabajos de la asociación en el período entre cumbres y vele por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las mismas.
III. Una renovada agenda política birregional
La agenda política birregional priorizará la coordinación de políticas entre los miembros de la asociación especialmente en los foros multilaterales.
La actualización del diálogo político ministerial, incluyendo la celebración de reuniones periódicas de los ministros de Defensa, de Justicia, de Asuntos de Interior, de Asuntos Sociales, de Educación, de Cultura y de Medio Ambiente.
IV. Procesos de integración regional en América Latina
La asociación estratégica debe tener como base la negociación de acuerdos de asociación que sean fruto, en primer lugar, de un compromiso político exento de egoísmos regionales o nacionales reconociendo el éxito que está suponiendo la aplicación de los acuerdos UE/México y UE/Chile.
V. Búsqueda de un multilateralismo efectivo
La asociación eurolatinoamericana comparte intereses estratégicos en las relaciones internacionales, ya sea en el seno de organizaciones internacionales, como en las relaciones con terceros países y otros bloques de integración regional.
VI. Creación de una zona eurolatinoamericana de libre comercio
Se recuerda el objetivo de la creación de una zona eurolatinoamericana de libre comercio para el año 2010 en dos fases.
VII. Asociación social y del conocimiento
Uno de los principales cometidos de la asociación es la lucha contra la desigualdad, la exclusión social y la pobreza.
VIII. Creación de un fondo de solidaridad birregional y de una facilidad Ferro-Waldner para Latinoamérica
Con la finalidad de canalizar los recursos económicos destinados a los programas de cohesión social, la promoción de la integración regional y la corrección de las asimetrías regionales.
IX. Compromisos en materia de migración e intercambios humanos
Conscientes de la importancia del fenómeno migratorio, consecuencia de la mundialización, se considera inaplazable la necesidad de formular las políticas migratorias, especialmente en la UE, respetando los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y que regule la gestión común de los flujos migratorios y la definición de políticas de inmigración temporales.
X. Desarrollo de las redes de infraestructura
La disposición geográfica latinoamericana supone un obstáculo para su integración territorial. Para conseguir una plena integración regional en Latinoamérica.
Las recomendaciones anteriores deben ir acompañadas de medidas concretas relacionadas con la integración física.
Atentamente
Diputada Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica)
DE LA DIPUTADA JACQUELINE ARGÜELLES GUZMÁN, DE SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO EUROPEO DE PARLAMENTOS PARA EL HÁBITAT, EFECTUADO EL VIERNES 12 Y EL SÁBADO 13 DE MAYO DE 2006 EN LA HAYA, HOLANDA
Antecedentes
Como un evento paralelo, previo y de apoyo a la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, el Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat, en coordinación con los parlamentos del mundo, a propuesta del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, realizó el Primer Foro Mundial de Parlamentarios para el Hábitat en la Ciudad de Estambul, Turquía, en 1996, en el que participaron 166 legisladores de 34 países de los 5 continentes, entre ellos México.
Dentro de este foro se ha buscado impulsar el proceso de institucionalización de las recomendaciones, principios y compromisos y del Plan de Acción Mundial, que se adoptaron en la Conferencia Hábitat II, con pleno respeto a la soberanía de cada país, expidiendo o actualizando los ordenamientos jurídicos que regulen específicamente los asentamientos humanos; definiendo o adecuando las políticas públicas urbanas y de vivienda, y estableciendo o reestructurando las instituciones gubernamentales, ante todo las locales, que apliquen las leyes y cumplan con las respectivas políticas, promoviendo la participación de la sociedad.
Objetivos del quinto Foro Mundial
El quinto Foro Mundial de Parlamentarios para el Hábitat buscó
Analizar el papel de los parlamentarios después de la Conferencia Hábitat II, fomentando su participación activa y decidida;
Impulsar la expedición o adecuación de la legislación nacional sobre asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;
Fomentar el establecimiento y adecuación de políticas públicas nacionales, subregionales y regionales, que propicien el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos y el acceso a la vivienda adecuada para todos;
Evaluar la situación de la legislación sobre asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda a nivel mundial y regional;
Propiciar la comunicación y el apoyo entre los parlamentarios, a efecto de intercambiar conocimientos y experiencias en la materia, y
Promover la constitución de grupos nacionales, subregionales y regionales de parlamentarios para el hábitat, en coordinación con el Grupo Mundial.
Dentro del foro, de los parlamentarios pudieron someter sus experiencias e inquietudes a nivel nacional respecto de la situación de la legislación sobre asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda. De igual forma, los parlamentarios realizaron participaciones por escrito, entregando a la Presidencia del quinto Foro Mundial una copia de la legislación de sus países en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda.
La Presidencia del quinto Foro Mundial entregó a cada uno de los participantes al momento de su inscripción en la mesa de registro los documentos que apoyarán los análisis y discusiones en el evento mismos que se anexan a este documento.
Resultados del quinto Foro Mundial: la Declaración de La Haya
En el Foro Mundial se analizaron diversos documentos con relación a los objetivos de éste, para adoptar una declaración de principios y compromisos del quinto Foro Mundial de Parlamentarios para el Hábitat.
En este último documento se adoptaron seis principios:
2. La urgencia de detener el problema de urbanización, ya que, debido a esta rápida urbanización, la demanda de recursos naturales para sostenerlas es mayor, al igual que la generación de residuos.
3. Reafirmar el papel de las Naciones Unidas y de hábitat enfatizando en la urgente necesidad de implantar los compromisos de la Agenda Hábitat y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
4. La función de los parlamentarios, la cual deberá de dirigirse a la promoción de la cooperación internacional y la coordinación con otras organizaciones internacionales, a fin de promover asentamientos humanos y hogares adecuados para todos.
5. Aplicar el enfoque de los tomadores de decisiones dentro del campo de desarrollo urbano sustentable.
6. La necesidad de generar un enfoque integrador que equilibre
los aspectos sociales, psicológicos, ecológicos y económicos.
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 9 de agosto, a las 11 horas, en el salón Libertadores, edificio H, primer nivel.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A la presentación de su informe final y otras publicaciones, que se realizará el martes 15 de agosto, a las 12 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Diputado Iván García Solís
Presidente
Junto con la Comisión de Agricultura y Ganadería, al Foro de evaluación y propuesta de renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se realizará hasta el viernes 4 de agosto, de las 10 a las 19 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde), segundo nivel del edificio A.
Atentamente
Diputado Víctor Suárez Carrera
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CAFÉ
A la presentación de los libros Versos y trovos de huapango y Vuelta a ver, que se verificará el viernes 4 de agosto, a las 17 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Jorge B. Utrilla Robles
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS
Al Foro sobre trata de personas y la explotación sexual infantil, que se verificará el martes 8 de agosto, a partir de las 9 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Diputada Angélica de la Peña Gómez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la presentación de la obra Avances de la perspectiva de género en las acciones legislativas (compendio), que se verificará el miércoles 9 de agosto, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, a los investigadores de los centros de estudios de la Cámara de Diputados y demás interesados, al Curso de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que se realizará el jueves 10 de agosto, de las 9 a las 14:30 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Víctor Suárez Carrera
Presidente
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, que se transmitirá los lunes, martes, jueves y viernes a partir de junio y hasta el martes 15 de agosto, de las 7 a las 9 horas, por el Canal del Congreso y por la página electrónica http://www.canaldelcongreso.gob.mx
Módulo VIII. El papel de la sociedad en los
procesos de la gestión pública en México
Responsable: Maestro Gabriel Campuzano
7 de agosto
Sesión 38. Partidos políticos y sociedad
8 de agosto
Sesión 39. Gobierno por resultados
10 de agosto
Sesión 40. Gestión pública y demandas
ciudadanas
11 de agosto
Sesión 41. Democracia y gestión pública
Ponente: Licenciado Gabriel Campuzano Paniagua
14 de agosto
Sesión 42. La gestión pública en
México
15 de agosto
Sesión 43. Retos y perspectivas de la gestión
pública en México
24 de agosto
Clausura y entrega de diplomas
DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A la entrega de las memorias del parlamento Binomio derecho y política frente al desafío del 2006, que se llevará a cabo el jueves 17 de agosto, a las 11 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla
Presidente
DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Al curso Archivos y clasificación de información, que se realizará hasta el viernes 18 de agosto, de las 11 a las 13 horas, en el auditorio norte del edificio A, segundo nivel, como parte de los trabajos para la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información.
Atentamente
Licenciado Juan Felipe Ávila Reyes
Director de la Unidad