• Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se considere una reducción de los impuestos a los combustibles para automotores que adquieran los transportistas en el próximo ejercicio fiscal, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado tanto al Gobierno Federal como al gobierno y a los municipios de Michoacán para frenar la ola de violencia imperante en ese estado, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de un grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, y de Justicia y Derechos Humanos para que atienda la problemática relacionada con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública devolver el Impuesto sobre la Renta retenido indebidamente en el pago de pensiones al personal del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas que fue víctima del desvío del fondo constituido para su retiro, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita que la Secretaría de Salud considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año una partida para el ejercicio médico de trasplantes, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2006 se consideren los recursos necesarios para la elaboración del proyecto técnico y ejecutivo de modificación o ampliación del puente vehicular que une la calzada Ignacio Zaragoza con la carretera y autopista a Puebla, en los límites del Distrito Federal y el estado de México, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, para que se suspenda de forma definitiva la construcción de las regasificadoras en el noroeste de la República Mexicana, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a efecto de ampliar en la Ley de Ingresos de la Federación los estímulos fiscales para la investigación y el desarrollo experimentales, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se destinen recursos económicos a fin de construir el hospital de urgencias en la delegación Azcapotzalco, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol a remitir a los municipios de los estados y a las delegaciones del Distrito Federal participantes los resultados de las evaluaciones que dicha dependencia ha venido aplicando sobre los programas de desarrollo social, a cargo del diputado Javier Galván Guerrero, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que investigue el acuerdo por el que el Gobierno Federal cede a la empresa estadounidense Kansas City Southern un paquete accionario de 20 por ciento de Transportación Ferroviaria Mexicana, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instaurar mediante el Instituto Nacional para la Educación de Adultos un programa que abata de manera integral el analfabetismo, donde pueda convocar a organismos del sector privado a participar en la instrumentación, financiamiento y operación del programa, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director de Petróleos Mexicanos a erogar los recursos del Programa de Seguridad Industrial y Mantenimiento de Infraestructura en las instalaciones de la paraestatal en los estados del Golfo de México, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa que otorgue recursos extraordinarios a los productores de manzana para resarcir las pérdidas que sufrieron por granizada los municipios de Guerrero, Bachiniva, Cuauhtémoc, Rubio, La Junta y Basuchil, Chihuahua, a cargo del diputado Jorge Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de los Derechos de Autor que investiguen y, en su caso, soliciten una auditoría sobre la recaudación, administración y rendición de cuentas de los recursos que maneja la Sociedad de Autores y Compositores de Música, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta: proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar una reducción en los impuestos a los combustibles para automotores que adquieran los transportistas en el próximo ejercicio fiscal, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El servicio urbano y suburbano de transporte público de pasajeros en vehículos de alquiler con tarifa fija, es de importancia esencial para el desarrollo de las actividades económicas. Sociales y culturales en las poblaciones y ciudades de toda la República.

Sin el servicio de los llamados "taxis", "colectivas" y camiones de pasajeros, el dinamismo de una población, disminuiría en un alto porcentaje, ya que se reduciría al desplazamiento de las personas, a sus vehículos particulares; pero, la mayoría se vería imposibilitada para trasladarse de sus domicilios a los centros de trabajo o de negociaciones.

Sin embargo, pese al importante servicio social que prestan los propietarios de vehículos de transporte de pasajero. Disponen de pocas o nada de facilidades por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.

En efecto, los transportistas, en su mayoría no disponen de seguro social, por que casi todos son los propietarios del vehículo en que trasladan a sus pasajeros; es decir, son sus propios patrones; en contadas ocasiones reciben facilidades para renovar sus muebles y casi nunca son objeto de subsidios o concesiones, que les faciliten su importante actividad en favor de la sociedad.

Cabe destacar que los taxistas son el principal medio de transporte de los turistas nacionales e internacionales y en gran medida, el aspecto de sus vehículos son un medio indicativo del progreso de la ciudad visitada, puesto que los visitantes califican al lugar al que llegan, por el buen o mal aspecto de los automóviles de alquiler, que se ven precisados a ocupar para llegar al lugar que planearon visitar o conocer.

Este ejemplo, es sólo una muestra de por qué es muy necesario y conveniente de que los automóviles de servicio público de alquiler, sean modernos, cómodos y seguros.

Quienes sirven a la comunidad tan destacadamente, merecen ser estimulados y recibir las facilidades que les permitan prestar sus servicios eficientemente.

Considero que una forma de estimular al gremio de transportistas, es hacer una significativa rebaja en los impuestos de los combustibles y lubricantes que requieren para poder desarrollar su servicio al público que necesita de su transportación.

Ahora, en que la Cámara de Diputados, acaba de recibir del Ejecutivo federal, la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2006, es el momento adecuado para examinar y de ser necesario, modificar el anexo o volumen que contengan detalladamente el proyecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que respecta a impuestos especiales a que se refiere el punto 1.4 del rubro A Ingresos del Gobierno Federal del artículo 1o. de la ley citada.

Creo justo que decretemos un estímulo a los transportistas, acordando disminuir el 50% de los impuestos que deban cubrir al adquirir los combustibles y lubricantes para sus vehículos.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de la honorable asamblea, con carácter de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya en el Dictamen acerca del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, la disposición de que se reduzcan en 50% los impuestos aplicables a gasolina, diesel, gas licuado de petróleo para combustión automotriz y lubricantes, que adquieran los prestadores del servicios públicos de transportes de pasajeros con tarifa fija en todo el país.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo, a 22 de septiembre de 2005.

Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN LLAMADO TANTO AL GOBIERNO FEDERAL COMO AL GOBIERNO Y A LOS MUNICIPIOS DE MICHOACÁN PARA FRENAR LA OLA DE VIOLENCIA IMPERANTE EN ESE ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO MARKO ANTONIO CORTÉS MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 y párrafo primero del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado al Gobierno Federal, al gobierno del estado de Michoacán y a los municipios del estado para frenar la ola de violencia que impera en el estado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos meses, en el estado de Michoacán, al cual pertenezco, se ha vivido una ola de violencia y de múltiples asesinatos en diversos municipios incluyendo la capital del estado.

Dichos homicidios según las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, hacen presumir que grupos pertenecientes al narcotráfico han sido los encargados de llevarlas a cabo, de forma dolosa y atentando no solo contra los individuos de bandos rivales sino contra la ciudadanía, lo cual daña gravemente la integridad y la seguridad de los habitantes de mi estado.

Lamentablemente, las autoridades se han visto incapaces de poder detener a esta delincuencia que cada día esta mejor organizada y muy probablemente coludida con algunos mandos policiacos, toda vez que no es posible que se cometan tantos crímenes y no exista respuesta positiva para frenarlos en tantos meses que han pasado.

Cabe mencionar que según cifras dadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, para el 12 de septiembre se llevaban 161 ejecuciones, y la cual aumento el viernes 16 de este mismo mes, cuando fue asesinado el secretario de Seguridad Pública del estado, Rogelio Zarazúa, por supuestos narcotraficantes.

Es necesario mencionar que el pasado 29 de julio de 2005 se implantó en el estado el programa México Seguro, el cual está destinado a coordinar entre las diversas instancias de gobierno encargadas de seguridad pública y de impartición de justicia, el combatir la delincuencia a través de elaboración de diagnósticos, estableciendo agendas de prioridades y diseños de operativos que inhiban y disminuyan la delincuencia.

Del mismo modo, el pasado 19 de septiembre del presente año, el Presidente de la República, Vicente Fox, inició la segunda etapa del programa México Seguro, el cual agrega operativos en la ciudad de Morelia, logrando con esto que las diversas instancias de gobierno logren erradicar la violencia que se esta viviendo en la capital del estado.

Si bien es cierto que se están llevando a cabo operativos en diversos municipios del estado, que la acciones que se están emprendiendo han dado algunos resultados, es lamentable decir que no son suficientes, toda vez que los homicidios continúan, que la delincuencia crece día a día y que los esfuerzos realizados hasta la fecha no son los que se esperan.

Es inadmisible que no solamente se esta en riesgo la integridad de los habitantes del estado, esta ola de violencia también trae como consecuencia que los inversionistas se estén yendo y con ellos el cierre de sus empresas, generando desempleo que es uno de los principales problemas que se vive en el estado; además, la baja afluencia del turismo por dichos atentados esta dañando gravemente los ingresos tan importantes que por este concepto se obtienen y del cual muchas familias dependen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un llamado respetuoso a las instancias de seguridad pública federales, estatales y municipales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, lleven a cabo trabajos y programas de manera coordinada para inhibir y disminuir los altos índices de delincuencia, crimen organizado y homicidios que se han presentado de manera frecuente en el estado de Michoacán.

Segundo. Se solicita a las instancias de seguridad pública federales, estatales y municipales que rindan un informe a esta soberanía sobre los trabajos y programas que a la fecha se llevan a cabo en el estado de Michoacán para combatir la delincuencia en sus respectivas jurisdicciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2005.

Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA INTEGRACIÓN DE UN GRUPO DE DIPUTADOS DE LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE ENERGÍA, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA QUE ATIENDA LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA PAROTA, EN GUERRERO, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto hidroeléctrico La Parota data del año de 1976; desde esa fecha la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha venido realizando campañas esporádicas de prospección y reconocimiento en la zona. Desde entonces podríamos esperar que la CFE, con base en las lecciones aprendidas, hubiera realizado un largo proceso de concertación, logrando acuerdos con los habitantes de los lugares que se expropiarían.

Sin embargo ha sucedido todo lo contrario, la postura de las autoridades federales, a las que se han sumado el gobierno estatal y el municipal mandando a las fuerzas policíacas y acusando a los inconformes de rijosos, lejos de abrir el diálogo con los opositores de La Parota ha desatado la violencia.

La situación de conflicto extremo que se ha provocado tuvo el día domingo como saldo el asesinato a mansalva del comunero opositor del proyecto hidroeléctrico La Parota, Tomás Cruz Zamora. El campesino fue asesinado de un tiro en la cabeza por el comunero a favor de la presa, Cirilo Cruz Elacio, quien le disparó cuando regresaba de una asamblea en Agua Caliente, a donde habían invitado al gobernador Zeferino Torreblanca para dialogar.

A la asamblea acudieron cerca de mil comuneros de 32 pueblos que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, sin machetes como lo habían prometido, y los pocos que llevaban se los quitaron. En la asamblea se preguntaron ¿vale todo el proyecto de La Parota una sola vida de un guerrerense defendiendo su tierra? Sin embargo, la respuesta fue la indiferencia y la muerte de un compañero.

Este asesinato es el colofón de la serie de irregularidades que han precedido a este proyecto. En la Asamblea de Bienes Comunales de Cacahuatepec, que se celebró el pasado 23 de agosto, quedó demostrada la actitud de las autoridades. Las circunstancias lo demuestran: no existió convocatoria en ninguna comisaría sino que se informó a través de los periódicos de Acapulco, indicando sólo el día, sin informar el lugar ni la hora. Además, los comuneros afectados se trasladaron por sus propios medios a última hora porque les avisaron otros que se haría en San Marcos, el 23 de agosto 2005, a las 10:00 de la mañana. Sin embargo, la CFE coordinó el traslado de los campesinos no afectados por el embalse mediante camiones alquilados, avisándoles con anticipación en dónde se debían reunir y colocándoles un distintivo en el pecho.

Esta maniobra demuestra que hay escaso interés por parte de las autoridades para abrir canales de diálogo entre una población que cada vez se encuentra más polarizada.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta Honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobernador de Guerrero investigue con prontitud e imparcialidad los lamentables hechos que se suscitaron el pasado 18 de septiembre en el estado.

Segundo. Que se integre un grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de Justicia y Derechos Humanos para que atienda la problemática relacionada con el Proyecto Hidroeléctrico La Parota en el estado de Guerrero. Propósito fundamental de dicho grupo de Diputados será presentar un informe con sus respectivas recomendaciones, a través de su Comisión a esta H. Cámara de Diputados.

Tercero.- Que en tanto prive el clima de inseguridad y violencia se detenga cualquier trabajo que ha venido desarrollando la Comisión Federal de Electricidad en el lugar.

Dado en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de septiembre de 2005.

Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICA DEVOLVER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO INDEBIDAMENTE EN EL PAGO DE PENSIONES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS QUE FUE VÍCTIMA DEL DESVÍO DEL FONDO CONSTITUIDO PARA SU RETIRO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de está Honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes

Considerandos

Al día de hoy, el argumento más socorrido para castigar el ingreso de los trabajadores en retiro, ya sea por incapacidad, jubilación, cesantía y vejez es el que, la liquidación de dichas pensiones está gravitando sobre los trabajadores en activo que tienen que sacrificar parte del pago de su seguro social, para subvenir los pagos que se deben a los trabajadores que los antecedieron.

El hecho de que se tengan que utilizar recursos de otras coberturas en Seguro Social, ISSSTE y sus similares a nivel estatal, además de recursos presupuestarios anuales federales y locales para el mismo fin del pago de las pensiones en franco crecimiento por el evidente aumento del promedio de longevidad, no deja de ser un buen pretexto para ocultar, no sólo los malos manejos, sino hasta los saqueos de los que han sido y siguen siendo víctimas los institutos de seguridad social para trabajadores y burócratas.

En estos días en los que se revisará el contrato colectivo del Seguro Social se ha insistido hasta la saciedad y con ánimo confrontativo por parte del director del Instituto, que sus trabajadores son una pesada carga para las finanzas del organismo porque según él pretenden que, al menos, se les pague el equivalente a sus percepciones en activo, cuando tengan que jubilarse por años de servicio o edad avanzada. Evidentemente, el punto de comparación lo hace el Dr. Levy con los trabajadores derechohabientes del Seguro que trabajaron en diversas empresas y que han cotizado por decenas de años retirándose con una pensión del cincuenta por ciento de su salario en activo.

Así, la confusión y la animadversión contra los trabajadores del IMSS le va a dar resultados a Levy para bajar sus costos de prestaciones contractuales, toda vez que parece que por ello, no le ha sido posible conseguir un buen adquirente en la muy sabida intención de privatizar el IMSS.

Pero lo que nunca ha dicho éste y los anteriores directores del Instituto y de su Consejo Técnico (donde hay representantes de los trabajadores; ahí estuvieron Fidel Velásquez, Rodríguez Alcaine y ahora Gamboa Pascoe; de los patrones que tiene a sus más encumbrados líderes empresariales y del gobierno que cada sexenio pone a los más allegados al Presidente) en donde quedaron las cuantiosas, exorbitantes aportaciones de los trabajadores del IMSS que cotizaron religiosamente durante 28 años, antes de que se jubilara el primer trabajador, con el 3 por ciento de la nómina de 350,000 empleados de todos los niveles que debieron haber sido cantidades inimaginables, justamente previstas actuarialmente para hacer frente a los pagos que vendrían posteriormente.

Y me permito hacer esta, tan actual referencia, porque un caso idéntico ocurrió hace aproximadamente 10 años con el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas (IMIT) que al cerrarlo Salinas con aquello de que México se había abierto al exterior y no requería de desarrollo de tecnología propia, ni se justificaba que el Banco de México auspiciara un Instituto como éste que tenía como cometido apoyar a la mediana y pequeña industria para hacerla competitiva internacionalmente; urdió, perversamente que, al liquidarlo no sólo se perdieran los equipos, instalaciones, laboratorios y un acervo invaluable de investigadores de alta calificación y de información tecnológica irrecuperable, sino también, que el fondo que se había constituido en un fideicomiso con las aportaciones de los trabajadores (científicos en su mayor parte con preparación en el extranjero) se traspasara a Nacional Financiera para que, el personal que tenía décadas, dejando su mejor esfuerzo a favor de México, se jubilara exclusivamente con la pensión del IMSS.

Así fue que se pretendió consumar este atraco que, afortunadamente, en parte, se impidió porque se logró que el Banco de México respondiera con los fondos que se habían sustraído del Fideicomiso y por solidaridad, con los trabajadores del IMIT, o por temor a ser denunciados por el robo de ese fondo, se pagó a los trabajadores la parte de su jubilación en una sola exhibición porque no se quería tener la obligación de hacer los pagos mensuales hasta la muerte de los mismos.

Pero he aquí que, con tal arreglo, lo que hizo Banxico fue poner a los profesionales, técnicos y empleados del IMSS en manos de la Secretaría de Hacienda que en vez de eximirlos del pago del Impuesto sobre la Renta puesto que se trataba del cumplimiento de una obligación laboral por jubilación, Hacienda se cobró a lo chino y del cheque del pago les descontó el Impuesto que no debían.

Esta operación la hizo quien entonces trabajaba para NAFINSA y hoy es diputado del PAN Manuel Pérez Cárdenas que fue comisionado para el cierre del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas y para tratar de sacar libre a beneficio de Nacional Financiera previo el alto costo que en elevados sueldos a los liquidadores, supuso tan absurda decisión, el fondo del Fideicomiso que para el retiro habían integrado el Banco de México y el personal del IMIT.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de está Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se requiera a la Secretaría de Hacienda para que devuelva al personal del IMIT que recibió su fondo de pensión en una sola exhibición, el pago del Impuesto sobre la Renta con recargos por lo que, indebidamente, les retuvo. Sirva este claro antecedente para revisar los fondos similares pagados por trabajadores y el IMSS como patrón, con objeto de saber en que se distrajeron esos recursos para salir ahora con que no hay disponibilidad financiera para pagar las obligaciones correspondientes. Se turne esta propuesta a las Comisiones de Hacienda, Seguro Social y Trabajo y Previsión Social para su dictamen y se considere de obvia y urgente resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2005.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE CADA AÑO UNA PARTIDA PARA EL EJERCICIO MÉDICO DE TRASPLANTES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Proposición con punto de acuerdo que presenta la diputada Martha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del PRI, donde solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, la Secretaría de Salud considere una partida para el ejercicio médico de trasplantes.

Exposición de Motivos

El pasado 16 de mayo del año en curso presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo, donde solicitamos se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, una partida especial para el Ejercicio Médico de Trasplantes por $300 millones de pesos, sectorizada en la Secretaria de la Salud.

Este punto de acuerdo fue aprobado por la Comisión Permanente el 31 de mayo de pasado.

Me parece que esta actitud de los legisladores de la Permanente merece nuestro reconocimiento porque al aprobar esta partida , lo que realmente están haciendo es proporcionar los instrumentos para que los médicos de la Secretaria de la Salud, especialistas en esta practica médica pueden salvar vidas o procurar salvarla.

Así aquellos pacientes que requieren de esta atención, que no cuentan con apoyo institucional, no se les niegue el servicio, sean atendidos y cuenten con los medicamentos "antirrechazo" que necesitarán de por vida.

La partida para el 2006 es seguro que contemos con ella puesto que la comisión permanente aprobó nuestro Punto de Acuerdo; pero ¿ para los años posteriores al 2006? Aquellos pacientes que fueron atendidos e intervenidos por el Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaria de Salud, muchos de ellos tendrán que seguir el tratamiento de por vida; ¿con que recursos lo enfrentaría la Secretaría de Salud? Por ello estoy proponiendo este punto de acuerdo de urgente resolución para que sea institucionalizada esta partida.

La insensibilidad tecnocrática y burocrática a la que nos tiene acostumbrado la Secretaría de Hacienda cuando de dinero se trata, estoy segura que en esta ocasión lograremos institucionalizar la partida para que esta causa de salud quede incluida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, sectorizada en la Secretaria de Salud, desde el 2006.

Quiero insistir en la importancia de que esta partida presupuestal quede institucionalizada. Algunos de los argumentos por ejemplo son, la transición epidemiológica que hoy vivimos ha dejado atrás las enfermedades infectos-contagiosas como causa primordial de muerte. Hoy las enfermedades crónico degenerativas aparecen como las 10 principales causas de enfermedad y muerte en nuestro país. Esta transición nos obliga a proveer de tratamientos altamente especializados, entre los que se incluye a los trasplantes de órganos (riñón, corazón, páncreas, pulmón, hígado), células (médula ósea), tejidos (córneas).

Quien no cuenta con seguridad social, probablemente no considera siquiera remotamente el trasplante como alternativa. Un trasplante de hígado se calcula su costo en 500 mil pesos, pero esta persona trasplantada necesitará medicamentos de por vida por alrededor de 120 mil pesos anuales; de tal suerte que si este paciente se somete al trasplante y no tiene recursos para seguir su tratamiento en medicamento, difícilmente se le haría el trasplante, porque estaría condenado a rechazar el injerto y a su muerte en un lapso breve.

En una sociedad donde e la donación de órganos no forma parte de nuestra cultura, el conseguir uno, necesita de gente capacitada, llamados coordinadores de donación, que se encargan de buscar órganos. Esto requiere de todo un trabajo que incluye desde el convencimiento a una familia (donador cadavérico), los trámites con el Ministerio Público, su traslado (ambulancia y cuando están en zonas alejadas helicóptero) hasta el quirófano donde se realizará la procuración y/o recuperación del órgano a trasplantar. Se extrae el órgano, se conserva con métodos necesarios para poder ser trasplantado. Finalmente se realiza la cirugía, ahora en el receptor.

Son tan importantes estos coordinadores de donación, que de encontrar ellos los órganos posibilitaran salvar vidas, puesto que hay una lista aproximada de 7 mil mexicanos que requieren trasplante.

Por lo anterior y tomando en consideración que los enfermos de insuficiencia crónica de algunos de sus órganos, el trasplante les significa la diferencia entre la vida y la muerte, es que vengo ante esta honorable asamblea, como Diputada Federal del Grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresos General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, la Secretaría de Salud considere una partida para el ejercicio médico de trasplantes.

Ruego a usted diputado Presidente, con fundamento en el artículo 59 de nuestro Reglamento Consulte a esta soberanía si este punto de acuerdo es de considerarse de urgente u obvia resolución.

Así también le solicito que este punto de acuerdo sea publicado, íntegramente, en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, de no haber sido publicado.

Palacio legislativo de San Lázaro a 22 de septiembre del 2005.

Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE CONSIDEREN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO Y EJECUTIVO DE MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR QUE UNE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA CON LA CARRETERA Y AUTOPISTA A PUEBLA, EN LOS LÍMITES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA SHEYLA FABIOLA ARAGÓN CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Proposición con punto de acuerdo que suscribe la diputada federal por la quinta circunscripción del estado de México, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior; con el fin de contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 los recursos necesarios para la elaboración del proyecto técnico y ejecutivo de modificación o ampliación del puente vehicular que une a la calzada Ignacio Zaragoza con la carretera y autopista México-Puebla en los límites del Distrito Federal y el estado de México.

Consideraciones

1. En las últimas décadas, el crecimiento de la mancha urbana en la zona oriente del estado de México, ha propiciado una saturación de las vialidades. Estas fueron construidas veinticinco años atrás con el fin de liberar el tránsito vehicular y evitar el congestionamiento de las arterias viales que conectaran con autopistas y carreteras federales. Al paso del tiempo y con base en la explosión demográfica sufrida por la zona, adicionado con el incremento del parque vehicular circulante, hace más creciente la saturación de las vías, provocando el deterioro veloz de las mismas, pérdidas de tiempo productivo y contaminación atmosférica.

La insuficiencia de vialidades es un problema común en la actualidad que enfrentan los gobiernos de las grandes ciudades alrededor del mundo. La Zona Metropolitana del Valle de México al ser el más grande centro urbano del mundo destaca este aspecto en particular pues el crecimiento demográfico ha sido casi exponencial en comparación al de los servicios ofrecidos.

2. La planificación gubernamental contempla fortalecer los mecanismos de coordinación y concertación del Gobierno del Distrito Federal con las instancias federales y del estado de México para atender la problemática del transporte y la vialidad, para contribuir a través de la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, al cumplimiento de objetivos y acciones orientadas al mejoramiento del transporte y la vialidad.

A través de la Cometravi, se orientan los sistemas de vialidad y transporte con una visión metropolitana en la concepción, aplicación, regulación, homologación y vigilancia. Entre sus objetivos destacan:

Ante esta problemática, el Programa de Ordenación para la Zona Metropolitana del Valle de México ha definido a aquellos espacios ubicados en ambos límites entre el Distrito Federal y el estado de México como franjas de integración metropolitana. Denominados así pues su propósito es rediseñar la planeación a través de criterios comunes que permitan mejorar las condiciones de integración en un marco de desarrollo urbano sustentable. En este sentido la colindancia que nos ocupa es la franja Santa Martha-La Paz.

4. Las vialidades más importantes dentro de ésta franja de integración metropolitana se componen a partir de cuatro importantes corredores: La calzada Ignacio Zaragoza, la carretera federal México-Puebla, la autopista México-Puebla y la carretera federal México-Texcoco, alrededor de las cuales se ha inducido y condicionado históricamente la conformación de estructura urbana, del municipio de La Paz en el estado de México, y la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal.

5. La problemática de esta vía, se inicia a partir del Distribuidor Vial con las calzadas Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa en donde el inadecuado diseño geométrico del mismo, produce drásticos cuellos de botella debido a la reducción de la sección transversal en varios de sus accesos. Hacia el municipio, el cruce por este punto se da a través de una rama que cuenta con tan solo de dos carriles de circulación que contrasta drásticamente con las amplias secciones que las calzadas Ermita Iztapalapa e Ignacio Zaragoza presentan antes de cruzar este punto.

Posteriormente, la sección transversal se amplía, la vía se separa en dos cuerpos con tres carriles de circulación cada uno, hacia los cuales, se conducen los flujos de otras incorporaciones que tienen como alternativas la carretera federal y la autopista a Puebla así como la carretera federal a Texcoco.

6. Carretera federal México-Puebla. Este corredor carretero tiene como puntos de integración al poniente, las avenidas Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa, hacia el oriente, la continuidad da origen a la carretera federal a Puebla y a la autopista México-Puebla. Posteriormente, la carretera federal México-Puebla se bifurca en la carretera, México-Texcoco.

Se registran diariamente alrededor de 14,442 vehículos, durante la hora de máxima demanda, se registra un volumen de 1,113 vehículos por hora que representan el 7.71% del total con una composición vehicular en la que el 48% son vehículos ligeros, el 36% son vehículos del transporte público de pasajeros y el 17% vehículos pesados. En la autopista México-Puebla, se registran diariamente en ambos sentidos, un promedio de 62,165 vehículos, en la hora de máxima demanda, en esta vía, se contabilizan 4,210 vehículos por hora que representan el 6.77% del total. La composición vehicular en esta vía muestra que el 68% son vehículos ligeros, el 21% vehículos del transporte público y el restante 11%, vehículos pesados.

En lo que se refiere a los niveles de operación, las velocidades que se registran en esta vía durante las horas de mayor demanda en la carretera federal México-Puebla, la velocidad se desploma de 58.3 a 27.27 km/hr, en promedio, en la autopista México-Puebla, la reducción es más drástica ya que de 43.20 km./hr., la velocidad desciende a de 11.13 km./hr., por último, Los niveles de servicio de esta arteria es deficiente, indicativo de que se han superado los umbrales de la capacidad, lo que sin duda, demanda la instrumentación de acciones inmediatas para remontar su capacidad, mejorar los niveles de servicio y prolongar su vida útil.

Como puede apreciarse, en esta arteria existe una alta presencia de vehículos pesados y vehículos del transporte público, particularmente sobre las carreteras federales, lo que sin duda está afectando su operación y estándares de conservación y mantenimiento de la infraestructura.

7. Puente vehicular hacia la carretera federal México Texcoco. Presenta importantes conflictos en su cruce por la zona urbana del municipio de La Paz, en donde adquiere este carácter, presentando cuatro carriles de circulación por sentido separados mediante una franja separadora al centro.

Este tramo, por constituir el paso obligado de un alto volumen de tránsito que tiene orígenes y destinos de tipo regional tanto de localidades de los municipios aledaños, como la propia ciudad de Puebla y ciudades intermedias, presenta serios conflictos de carácter operacional debido principalmente a movimientos direccionales generados por las intensas actividades urbana, comercial y de servicios, que sobre este tramo se llevan a cabo.

Como se mencionó, la vía presenta cuatro carriles de circulación por sentido de los cuales, uno en cada cuerpo se utiliza permanentemente como estacionamiento en cordón, asimismo el funcionamiento se ve obstaculizado por la operación de bases de unidades de transporte público de pasajeros, múltiples maniobras de ascenso y descenso de pasajeros existiendo incluso zonas en donde este carril es usado para estacionamiento permanente de unidades de carga ante la falta de áreas de encierro.

Esta particular situación es el resultado de la función que cumple el municipio de La Paz como localidad comercial y de servicios de transición dentro de la estructura regional de la ZMVM, lo que demanda acciones creativas que permitan mejorar y optimizar su funcionamiento como nodo de transferencia tanto en el nivel regional como en el local.

8. La autopista a Puebla. Si bien presenta menores conflictos en su recorrido, muestra importantes signos de deterioro que demandan pronta atención, particularmente para la solución vial de sus puntos de interrelación con zonas urbanas de otras entidades, como con las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac, y el municipio de Chalco.

El tramo de esta vía localizado dentro del municipio de la Paz, desde el puente vehicular con la Av. Ignacio Zaragoza hasta su intersección con el Eje 10 en la delegación Tláhuac, mantiene una operación de tipo semiurbano, lo cual es incompatible con las especificaciones de diseño establecido, propias de una vía rápida. Cuenta con tres carriles de circulación por sentido y acotamiento de dos metros, características que como se mencionó anteriormente, son incompatibles para satisfacer una mezcla de tránsito vehicular de diferentes especificaciones y que opera a diferentes velocidades de recorrido, lo que genera también conflictos de funcionamiento, debido a que las demandas de operación que requiere el tránsito vehicular particular local y el de transporte de pasajeros urbano, son diferentes a las que demanda el tránsito de tipo regional de transporte de pasajeros, de carga y vehicular de largo itinerario.

9. Carretera federal México-Texcoco. Presenta características similares, un adecuado diseño de vía suburbana, en donde si bien presenta deficiencias en su terminación, cuenta con elementos que permiten dar certeza y seguridad al usuario de corto o largo recorrido, al contar con las características físicas, señalamiento y mobiliario urbano de fácil lectura, como banquetas, guarniciones, semáforos, señalamiento vertical y horizontal, pasos peatonales, bahías para el ascenso y descenso de pasajeros, iluminación y arborización.

Esta vía cuenta con una amplia sección transversal, en ella, los principales conflictos se deben a los deficientes estándares de mantenimiento y terminación de algunos tramos, así como la falta de soluciones geométricas adecuadas en sus retornos y en algunas intersecciones de tipo urbano.

10. Sistemas de transporte de pasajeros. La característica identificada en la zona como un gran centro de transferencia modal de transporte que vincula los viajes de la zona oriente y sur oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, hace necesario su reordenamiento.

Así, casi la totalidad del tránsito vehicular generado por líneas de pasajeros, en sus diferentes modos de transporte, local, suburbano y foráneo, circulan por los corredores carreteros y por las vías secundarias identificadas hacia los paraderos, bases y estaciones del Metro, en sus itinerarios de largo recorrido o de tipo local.

Los distintos modos de transporte público en la zona hacen uso de los principales corredores de viajes con irregulares características de operación que están repercutiendo en la disminución de los niveles de servicio de la red, acelerando el deterioro de la infraestructura e induciendo fenómenos de ambulantaje e inseguridad.

11. En el municipio de La Paz, se identificaron cuando menos 15 agrupaciones que prestan el servicio de transporte público; taxis, bicitaxis, autobuses urbanos, suburbanos y microbuses. Ante la competencia por captar el pasaje, éstas operan de manera anárquica, estableciendo bases improvisadas en sitios en donde no existe capacidad para almacenar unidades, concurrencia de diversas rutas en los mismos corredores, maniobras de ascenso y descenso de pasajeros en sitios no adecuados, diversificación de ramales con diferentes derroteros dentro de una misma ruta y tarifas más altas a las que se dan el Distrito Federal.

Se suma a lo anterior, la inadecuada operación de las agrupaciones con una visión empresarial y de negocio cuyos efectos se perciben en el deficiente estado de conservación y mantenimiento de las unidades, el desconocimiento del número de concesiones otorgadas, la variación en los horarios e itinerarios, la utilización de las unidades como vehículo particular y su almacenamiento en las vialidades locales que afectan la imagen urbana y fomentan la inseguridad al constituirse en refugio de delincuentes.

De igual manera, dos paraderos de transporte público con influencia regional, condicionan el carácter de transferencia modal del municipio; el Paradero Santa Martha que aunque se encuentra fuera del mismo, su accesibilidad se da a través de la red vial de la Paz y el Paradero la Paz ubicado en la Terminal del Metro Férreo de la línea A.

Los conflictos derivados de la gran atracción de viajes que generan estos puntos, tienen efectos sobre las niveles de servicio de la red vial, particularmente en el caso del Paradero Santa Martha cuya operación produce notables congestionamientos en la carretera federal México Puebla en dirección oriente poniente no así en el caso del Paradero La Paz que como se mencionó anteriormente, cuenta con un correcto diseño aunque en horas de máxima demanda, el alto número de operaciones afecta la accesibilidad al municipio a través del Eje 10 Sur.

12. Los altos volúmenes de demanda vehicular que tienen como origen o destino la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM), han ejercido presiones para que se presente un crecimiento urbano concentrado a lo largo del recorrido de estas tres vías, lo que ha desencadenado importantes conflictos viales que se presentan ante la doble función que a lo largo de ellas se desarrolla, al funcionar como vialidades de carácter regional y local.

Esta doble función en donde se mezclan flujos locales con los de largo itinerario, se presenta debido a la carencia de una estructura vial secundaria alternativa y soluciones geométricas y de diseño que permitan separar flujos y movimientos vehiculares de tipo regional de los de carácter local.

La carencia de una estructura vial coherente y jerarquizada que permita la integración vial norte sur del área urbana municipal, se ha traducido en la concentración de las actividades sobre los corredores en donde el continuo rozamiento las fomenta principalmente las de tipo comercial y de servicios, así como las relacionadas con la transferencia modal de transporte de pasajeros.

Una vez analizado el comportamiento de los viajes en transporte público en la zona y la forma en que se resuelve la movilidad, es evidente la falta de una reglamentación que ordene la operación de los sistemas de transporte que circulan a través de esta zona, los cuales generan y apoyan a una importante serie de actividades económicas y urbanas, que se desarrollan en un reducido espacio físico. Además de la falta de infraestructura vial adecuada y eficaz para el alto volumen de circulación.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta H, Asamblea tenerme por presentada la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, analice destinar los recursos necesarios para la elaboración del proyecto técnico y ejecutivo de modificación o ampliación del puente vehicular que une la calzada Ignacio Zaragoza con la carretera y autopista a Puebla, en los limites del estado de México y el Distrito Federal.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a elaborar un proyecto técnico y ejecutivo para la modificación o ampliación del puente vehicular que une la calzada Ignacio Zaragoza con la carretera y autopista a Puebla; en los límites del estado de México y el Distrito Federal. En el marco del programa de ordenación para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2005.

Dip. Sheyla Fabiola Aragón (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE SUSPENDA DE FORMA DEFINITIVA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REGASIFICADORAS EN EL NOROESTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA MARÍA AVILÉS NÁJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita diputada federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 numeral 1, inciso f, de la LOCG y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de las regasificadoras en el noroeste del país, específicamente en la zona comprendida entre Ensenada y Tijuana ha sido desde el inicio del proyecto impugnado por ¡legal e inconstitucional.

La población de esta zona del país ha tomado la iniciativa por la defensa de sus fuentes de trabajo obtenidas del ecoturismo que en la zona que nos ocupa. es la que da sustento económico a esas familias bajacalifornianas.

Conduciéndose con una actitud de civilidad encomiable, los bajacalifornianos han mantenido un movimiento de resistencia contra la instalación de las regasificadoras por no tener para ellos ningún beneficio, pero sí un gran riesgo en varios aspectos, siendo el mayor el ambiental, pues su aprobación e instalación significan un enorme riesgo para los ecosistemas de la zona, lo que vulnera la economía local, por haberse desarrollado una parte importante de su economía sobre el turismo.

En un intento previo de detener a estas empresas, se llamó la atención sobre el papel de las autoridades correspondientes para que atendieran el caso de las Islas Coronado. Sin embargo continuaron los trabajos para la instalación de las mencionadas regasificadoras, a pesar de contenerse en un área resguardada por el gobierno mexicano, en calidad de reserva, para especies marinas, tanto aves como mamíferos marinos. Hay suficiente documentación para que ese proyecto no se eche a andar, un caso;

En la Lista Roja de la Unión Mundial de la Conservación, se encuentra registrada la especie mérgulo de Xantis y también en la lista de la norma 059 en la categoría de "riesgo de extinción". Así como esta ave, tenemos alrededor de 160 más en las mismas condiciones de riesgo.

Pero las obras continuaron, con lo que nadie contaba es con los, recientes descubrimientos arqueológicos en el lote 20 de los predios Costa Azul donde se ubica la regasificadora de Sempra Energy.

Se encontraron en los trabajos de infraestructura de las mismas empresas, restos arqueológicos y antropológicos, con una antigüedad de aproximadamente 6000 años, datos que proporcionan los investigadores del INAH que los consideran como los más importantes descubrimientos pues los colocan como los restos humanos más antiguos en el estado de Baja California.

Por encontrarnos bajo un hecho tan importante para la antropología y la arqueología y en estricto apego a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo de 1972 con la última reforma publicada en el mismo órgano el 13 de enero de 1986, capítulo III, art. 27, 28 y 32 de la misma Ley, hacemos un llamado para que esta Soberanía al no tener una respuesta a la solicitud que ya habíamos hecho sobre la suspensión de los trabajos de instalación de infraestructura para regasificadoras, por encontrarse en propiedad de la nación al ser ésta inalienable e imprescriptible.

Otro elemento de lo que se denomina en derecho como "duda razonable" es que la empresa ha manejado la información de manera tendenciosa, porque en el mes de mayo de este año la empresa Sempra Energy a través de Carlos Loyola Petterson declaraba a los medios de comunicación el arranque de las obras de la empresa, con los caminos a punto de concluir, diciendo que contaban con toda la documentación, la cual se encontraba en regla, incluyendo el cambio de uso de suelo, (competencia exclusiva de los municipios). Ello se contradice con lo declarado por César Cuevas Ceseña, coordinador de Administración Urbana Municipal de Ensenada el que establece que las solicitudes para el cambio de uso de suelo se presentaron apenas el 14 de agosto de este mismo año.

Con esta base solicito a esta Soberanía en mi propio derecho como representante de la nación mexicana y velando por aquellos bienes que son de la nación la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

1°. Que la Cámara de Diputados, con pleno respeto a la soberanía del estado de Baja California, y municipios conmine a sus autoridades a que sean suspendidos de forma definitiva los permisos expedidos para llevar a cabo los trabajos para el establecimiento de regasificadoras en la zona

comprendida en el noroeste de Baja California en el corredor que va por Ensenada, Rosarito y Tijuana, además de las Islas Coronado, por el alto impacto en esa zona protegida, donde se encuentra un ecosistema que permite la procreación de distintas especies de mamíferos marinos, así como por ser lugar de reserva para aves marinas, varias de las cuales se encuentran protegidas por la norma internacional por estar en peligro de extinción.

2°. Que a su vez, se revisen de manera cuidadosa los permisos que le han permitido a dichas empresas, iniciar unos trabajos que hasta el mes de agosto, según las propias autoridades municipales ni siquiera han revisado los documentos de solicitud para los mismos, cuando de forma evidente ya dieron inicio, lo que permitió el descubrimiento de una zona arqueológica.

3°.Que con estricto respeto al Federalismo y a las instancias correspondientes, se finquen responsabilidades a todos aquellos servidores públicos involucrados en el incumplimiento de la normatividad legal para dar inicio a obras de tal envergadura e impacto social económico y ecológico.

4°. Que se revisen los procedimientos a efecto de señalar cómo se da inicio a las obras de las regasificadoras, sin contar con los permisos de cambio de uso de suelo por la autoridad correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2005.

Diputada María Avilés Nájera (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE AMPLIAR EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN LOS ESTÍMULOS FISCALES PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO EXPERIMENTALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La Comisión de Ciencia y Tecnología con fundamento en los artículos 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorte a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y a su equivalente en la colegisladora, a prever en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2006, un monto de 5000 millones de pesos por concepto de estímulos fiscales aplicables a la investigación y Desarrollo Tecnológico, bajo las siguientes

Consideraciones

La ciencia y la tecnología determinan cada vez más el nivel de bienestar de la población. La generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico es fundamental para resolver problemas relevantes de la sociedad. Así por ejemplo en el ámbito educativo puede ser un factor fundamental para transformar la enseñanza a todos los niveles, generando recursos humanos altamente calificados que requiere el país para afrontar los numerosos problemas sociales; en el área de salud, la generación y aplicación del conocimiento científico se puede reflejar en la creación de vacunas y de tratamientos que eleven la esperanza y la calidad de vida de la población; en relación con el medio ambiente, la ciencia y la tecnología son cruciales para aprovechar en forma los recursos naturales del país, fundamentalmente el agua, y con ello alcanzar un desarrollo sustentable.

Asimismo, la incorporación del desarrollo tecnológico a los procesos de producción de las empresas nacionales se traduce en un incremento de la productividad del trabajo y del capital; así, los costos de producción disminuyen, y la competitividad del aparato productivo nacional, el nivel de empleo y los salarios reales tienden a aumentar.

En este sentido, países como Estados Unidos, Francia, Italia, Bélgica y Alemania reforzaron esta tendencia con la creación de infraestructura nacional de ciencia y tecnología capaz de seguir alimentando el proceso de negocios con nuevos avances del conocimiento, mediante el otorgamiento de incentivos a los empresarios.

México tiene que resolver grandes rezagos y retos en materia científica y tecnológica, ya que mientras países del sureste asiático, entre ellos Corea, han multiplicado 9 veces su inversión en ciencia y tecnología respecto a su PIB, México lo hizo sólo dos veces. Los resultados son evidentes, el ingreso per capita creció en México, 3.8 veces y el de Corea 25.

Por su parte, para la primera economía del mundo, los factores que producen el crecimiento económico son: el capital (24%), la fuerza del trabajo (27%) y el cambio tecnológico (49%). Países como Brasil y España, que en el pasado tenían condiciones económicas similares a las de México, le apostaron a invertir en investigación y desarrollo y hoy tienen un mayor ingreso per capita y mejores niveles de competitividad.

Con esta intención fueron aprobadas por el Congreso de la Unión la adición de un artículo 9 Bis a la Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de dos mil cuatro, en el que se estableció que el gasto nacional no será menor de 1% del PIB para el ejercicio fiscal de 2006.

La inversión en ciencia y tecnología en los países desarrollados, es resultado del trabajo conjunto entre los sectores académico, productivo y gubernamental, donde el sector productivo llega a participar hasta en 70%. En Japón, por ejemplo, la inversión del sector alcanza 73%, en Corea 72%, en Estados Unidos 67%, en España 47%, Reino Unido 46% y, finalmente, México en 33%.

Las cifras son evidentes, y existen muchos indicadores más al respecto. La inversión en ciencia y tecnología es y será un detonador económico que no sólo estimula el crecimiento sino además la productividad, la competitividad, el ingreso per capita, lo cual redunda en la creación de negocios de alto valor agregado.

Uno de los instrumentos que ha promovido que los contribuyentes inviertan en proyectos para el desarrollo de nuevos productos, materiales y procesos es el de los estímulos fiscales, mediante el cual se otorga hasta 30% del gasto en investigación y desarrollo.

Esta política impulsada por la LIX Legislatura ha permitido que la inversión privada en este rubro, se haya incrementado de 5,278 mdp en 2000, a 9,328 mdp para el 2004, lo que ratifica lo acertado de este instrumento; ello ha promovido una nueva cultura empresarial en la que el conocimiento científico y tecnológico se convierte en una herramienta estratégica para la competitividad del país.

Independientemente de que esta Comisión presente su propuesta de incremento presupuestal, nos abocaremos a solicitar a esta Soberanía y a la Colegisladora, prever en la Ley de Ingresos, la ampliación que se solicita.

Es de destacarse que los 3000 millones de pesos de estímulos fiscales otorgados para el ejercicio fiscal 2005, resultan insuficientes para hacer frente a la demanda de proyectos de las empresas, ya que tan solo para este ejercicio fiscal, se encuentran comprometidos en su totalidad. A la fecha, 291 empresas han presentado solicitudes por 2,521 millones de pesos, lo que representa una inversión de casi 10 mil millones de pesos.

Asimismo, y considerando que se espera la participación de otras 700 empresas para este ejercicio fiscal, la demanda del estímulo fiscal rebasará los 5 mil millones de pesos.

Es importante resaltar que dichos estímulos lejos de ser una pérdida para la hacienda pública, significan una ganancia, gracias al incremento de utilidades que representa apoyar a este sector, ya que su inversión en investigación y desarrollo experimental (IDE) en 2000 fue de 5,278 millones de pesos y para 2004, se había incrementado a 9,328 millones de pesos, lo que demuestra las potencialidades de dicho estímulo. De esta forma, con el estímulo fiscal programado para este año, se estima que la inversión privada en investigación científica y desarrollo tecnológico alcanzará los 13 mil millones de pesos.

Para 2006, según estimaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de continuar esta tendencia, tendríamos una demanda de estímulos del orden de los 8 mil millones de pesos. Sin embargo, consideramos destinar solo 5 mil millones de pesos, a efecto de seleccionar los mejores proyectos.

Por ello, en la Comisión de Ciencia y Tecnología consideramos de primer orden apoyar esta iniciativa, ya que ha demostrado su efectividad y beneficio para el país, en creación de empleos bien pagados, desarrollo de productos y procesos avanzados de manufactura, sustitución de importaciones, entre otros.

Así como para una persona es absolutamente indispensable dedicar la mayor cantidad de recursos a su educación para elevar sus posibilidades de nivel de vida, para un país lo es hacer un esfuerzo de inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico, a fin de superar la situación de atraso de México en este rubro.

Compañeras legisladoras; compañeros legisladores:

Con base en las anteriores consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior de Gobierno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos al Presidente de la Mesa Directiva ponga a consideración de esta asamblea para su urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a modificar el inciso b de la fracción IV del artículo 16 del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, a fin de considerar 5,000 millones de pesos por concepto de estímulos fiscales para empresas que inviertan en ciencia y tecnología, los cuales deberán asignarse de conformidad con lo establecido en las Reglas Generales para la aplicación del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo tecnológico y creación y funcionamiento del Comité Interinstitucional, publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de agosto de 2005.

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología

Diputados: Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Presidente; Eloísa Talavera Hernández, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), secretarios; Marcela Guerra Castillo (rúbrica).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE DESTINEN RECURSOS ECONÓMICOS A FIN DE CONSTRUIR EL HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en los artículos 53, 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al pleno de la Cámara de Diputados punto de acuerdo con el objeto de que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen recursos suficientes para la construcción y operación de un hospital de urgencias en la delegación Azcapotzalco, precisamente dentro de sus colonias circunvecinas con el estado de México; también para que se exhorte a los secretarios de Salud de los gobiernos Federal y del Distrito Federal a efecto de que coadyuven a este fin en el marco de sus atribuciones.

Consideraciones

1. En el marco de un Estado cada vez más alejado de las necesidades populares todos hemos tenido noticia de casos en todo el país, en los que a los ciudadanos se les niega atención médica de urgencia alegándose la insuficiencia de hospitales y, en general de sus recursos humanos especializados en urgencias de trauma y su método de aplicación, administración, así como de recursos materiales. Lo cual viola abiertamente el derecho humano a la salud consagrado por el artículo cuarto Constitucional.

2. Por lo anterior se hace indispensable ampliar la red hospitalaria del país en todos sus niveles, especialmente en el área de urgencias o trauma, cuya insuficiencia es la que más golpea a la salud y vida de los mexicanos de más escasos recursos.

3. En este sentido, en mi carácter de representante popular he recibido constantes peticiones de los habitantes de la delegación Azcapotzalco de esta ciudad, pertenecientes especialmente a las colonias que colindan con el estado de México, para que se construya mínimamente un hospital de urgencias o de trauma, en apoyo a lo anterior existen los siguientes datos proporcionados por la propia Secretaría de Salud del Distrito Federal del año 2001:

5. La anterior radiografía estadística nos pone de manifiesto la indeclinable necesidad de que a los habitantes de la delegación Azcapotzalco que habitan en la franja de colonias que lindan con el estado de México se les dote para empezar con un hospital de urgencias, lo cual ayudará a que no se repitan casos tan dolorosos y criminales como los que hemos visto en que madres a punto de dar a luz tienen que ir de hospital en hospital poniendo en riesgo su propia vida y la del producto, o impedir la repetición de las imágenes de personas gravemente heridas sobre las banquetas de los hospitales o en espera de atención de urgencia en sillas o sobre cartones al interior de los hospitales. Este hospital, que para dar una atención eficiente deberá de contar con aparatos, laboratorio, médicos y enfermeras especializados en trauma, personal administrativo, con alta capacidad en esta área incluido profunda sensibilidad y humanismo, y en General todos los elementos humanos, materiales y administrativos necesarios en calidad y cantidad para la atención de la población usuaria demandante.

6. Para lograr la operación de un hospital de urgencias o de trauma en la delegación Azcapotzalco solicito a esta Cámara de Diputados destine los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

Con base en todo lo expuesto se propone a esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006 destine los recursos suficientes para la construcción y operación de un hospital de urgencias o de trauma en la delegación Azcapotzalco, precisamente dentro de la franja de colonias que colinda con el estado de México, hospital que para dar una atención eficiente deberá de contar con aparatos, incluido rayos X, laboratorio, médicos, enfermeras y personal administrativo especializados en trauma, y en general dotado de todos los elementos humanos, materiales y administrativos necesarios en calidad y cantidad para la atención de la población usuaria demandante a fin de ir abatiendo la insuficiencia hospitalaria.

Segundo.- Igualmente se exhorte a los secretarios de Salud de los Gobiernos Federal y del Distrito Federal, doctor Julio Frenk Mora y doctora Assa Cristina Laurell, respectivamente, para que dentro del marco de sus atribuciones coadyuven realizando las gestiones necesarias para lograr la construcción y operación de este hospital.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de septiembre de 2005.

Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SEDESOL A REMITIR A LOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS Y A LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL PARTICIPANTES LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES QUE DICHA DEPENDENCIA HA VENIDO APLICANDO SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER GALVÁN GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 34 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente propuesta de punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El Plan Nacional de Desarrollo establece que la política de desarrollo social y humano tiene, entre otros objetivos rectores: Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades; lograr un desarrollo social y humano, así como ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.

Para cumplir los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo la administración pública se debe organizar mediante programas de gobierno, que buscan impulsar el desarrollo social y humano de los mexicanos y facilitar la realización de acciones y metas orientadas a la evaluación, el seguimiento y la resolución de dichos proyectos.

Para tales fines, la Ley de Planeación en su artículo 33, establece, entre otros, que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, y el Distrito Federal sin olvidar que En todos lo casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.

Es decir en cada uno de los convenios se definen obligaciones de participación presupuestaria y administrativa para las autoridades locales, asumiendo obligaciones y consecuentemente derechos durante todo el proceso ejecutorio de los programas.

Proceso que obligatoriamente incluye la evaluación de resultados, que debería permitir corregir deficiencias, replantear acciones, y en su caso, actualizar información social y económica de sus comunidades.

Para tales fines, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene la facultad de evaluar resultados mediante mecanismos internos y externos.

Las evaluaciones internas se aplican utilizando la estructura propia de la Sedesol y las externas con apego al derecho de Presupuesto de Egresos de la Federación debiendo realizarse por institución académica y de investigación u organismo especializado de carácter nacional que cuenten con reconocimiento y experiencia en la materia.

Los resultados serán reportados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y difundidos de acuerdo con lo establecido con el citado Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, hay un Presupuesto específico para los trabajos externos.

Sin embargo, a pesar de que estas evaluaciones se aplican en los municipios participantes de los programas y son éstos los ejecutores directos de las inversiones y canalizan recursos para responder y entregar todo lo requerido por los evaluadores, jamás en este término, jamás se les informa de manera oficial y directa los resultados de las evaluaciones anuales.

Con tal ausencia de información, los municipios quedan rezagados en el manejo de tan importante información, limitando su capacidad de planeación y programación, tanto de recursos, como de programas, obras y acciones para el desarrollo social integral.

Ausencia informativa que refleja falta de coordinación institucional para cumplir con el ciclo completo de planeación-programación-evaluación.

Por lo anterior, y por la justa razón de que los ayuntamientos cuenten solo con información relativa a las evaluaciones de resultados en los programas para el desarrollo social ejecutados bajo convenio, y en base a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de obvia y urgente resolución, se apruebe el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Solicítese a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social Josefina Vázquez Mota, remita a los municipios y Delegaciones del Distrito Federal participantes, de manera oficial y atendiendo el marco legal, los resultados de las evaluaciones que sobre los programas de desarrollo social se han venido aplicando, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, sean estas internas o externas y así mejorar los procesos de Transparencia e Información tendientes a lograr un desarrollo sustentable y sostenido, logrando con esto simplificar los procedimientos de gestión por parte de los municipios interesados y ampliar los niveles de participación a los diferentes programas socia en base a una mejor información.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2005.

Dip. Javier Alejandro Galván Guerrero (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE INVESTIGUE EL ACUERDO POR EL QUE EL GOBIERNO FEDERAL CEDE A LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE KANSAS CITY SOUTHERN UN PAQUETE ACCIONARIO DE 20 POR CIENTO DE TRANSPORTACIÓN FERROVIARIA MEXICANA, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES GUTIÉRREZ ZURITA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Las suscritas, diputadas de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los antecedentes, las consideraciones y los fundamentos que a continuación se detallan:

Antecedentes

1. Como parte del Plan Nacional de Desarrollo, en 1996 el Gobierno Mexicano inició el proceso de licitación para concesionar las cuatro principales líneas troncales del sistema ferroviario nacional, así como algunas líneas cortas. La principal, el Ferrocarril del Noreste, la ganó Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), en una alianza integrada por Transportación Marítima Mexicana (TMM) y Kansas City Southern (KCS), para operar la concesión durante 50 años con opción a 50 años adicionales, a partir del 24 de junio de 1997.

2. En esa fecha nació TFM, considerada como una vía idónea de transportación, por contar con la ruta más corta y directa para el transporte de mercancías entre México y los Estados Unidos, operando una línea de 4,242 kilómetros de vía que cruza los principales centros industriales del país (Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Monterrey, Saltillo y Guadalajara, entre otros) y conecta con los puertos de Lázaro Cárdenas, Tampico/Altamira y Veracruz, así como las fronteras de Nuevo Laredo-Laredo y Matamoros-Brownsville, por donde cruza más del 50% del intercambio comercial entre México y Estados Unidos y conecta con el sistema ferroviario estadounidense.

3. En días pasados, en diversos medios de comunicación impresos, se publicó que el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) renunció a su cargo ante la presión de funcionarios de la Presidencia de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la propia SCT, que le pedían que firmara el acuerdo por el que el gobierno mexicano cedió a la empresa estadounidense KCS 20 por ciento de las acciones de TFM a cambio del desistimiento de la devolución del IVA por 2,111 millones de pesos.

4. La renuncia del servidor público de la SCT derivó de la reunión celebrada en la residencia oficial de Los Pinos, en las oficinas del licenciado Ramón Muñoz, después de explicar a los funcionarios de la SHCP y de Presidencia, que si bien existía un fallo judicial para la devolución de los 2,111 millones de pesos, del IVA a favor de TFM, existe otro litigio, por la vía mercantil, promovido por la propia SCT, en el que se acredita que ese IVA nunca había existido en la operación de privatización de Ferrocarriles del Noroeste. En esta instancia jurídica el gobierno federal, se comenta, venia obteniendo fallos favorables.

5. Con esta cesión accionaria por parte del Gobierno Federal a la empresa KCS, se entregó en su totalidad el 100 por ciento de las acciones del grupo ferroviario, con lo cual, la nación se ha quedado sin participación y patrimonio alguno en esta empresa. Las cuales tienen un valor superior a las 2,111 millones de pesos.

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, proceda a investigar el acuerdo firmado por el gobierno federal, por el cual cede el 20 por ciento del paquete accionario de la empresa TFM a la compañía estadounidense KCS a cambio del desistimiento de la devolución del IVA por 2,111 millones de pesos.

Segundo. Para el efecto y a fin de deslindar responsabilidades citar a comparecer a los servidores públicos que a continuación se mencionan:

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de septiembre de 2005.

Dip. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A INSTAURAR MEDIANTE EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS UN PROGRAMA QUE ABATA DE MANERA INTEGRAL EL ANALFABETISMO, DONDE PUEDA CONVOCAR A ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO A PARTICIPAR EN LA INSTRUMENTACIÓN, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA HILDA VALENZUELA RODELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda, son analfabetas aquellas personas que han pasado de la edad escolar sin saber leer y escribir.

Para el caso de nuestro país y conforme a estadísticas oficiales, el número de analfabetas mayores de 15 años de edad, supera los 6 millones de habitantes.

Ahora bien y conforme a estimaciones del propio Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, al cierre del año 2002, el número de Mexicanos mayores de 15 años ubicados en rezago educativo por no saber leer y escribir o por no haber concluido estudios de primaria y secundaria, era de 34.6 millones.

Inferimos por tanto que en nuestro sistema escolar persiste la exclusión, lo cual deriva en desigualdades sociales que es preciso combatir, a partir de un esquema educativo más eficiente.

El fenómeno del analfabetismo implica de entrada una grave falta en la continuidad de la escolaridad, que tiene como saldo final una mayor marginación y pobreza entre quienes lo padecen, con los consecuentes problemas sociales.

Esta realidad se vuelve preocupante, toda vez que el analfabeta por hallarse precisamente en esta situación, se ve impedido para encontrar oportunidades de trabajo. Como ejemplo de lo anterior, esta la página web "Chambatel", donde es posible constatar que a menor escolaridad, son menores las oportunidades de empleo ofrecidas.

Todavía más cuando sabemos que el beneficio de una mejor y más completa instrucción educativa, ha significado para las sociedades la posibilidad de acceso a mayores niveles de bienestar.

Por ello, es de considerarse que las instituciones responsables, conforme a sus obligaciones constitucionales, deban seguir procurando la instrumentación de acciones, en este caso, tendientes a garantizar el acceso al menos a la alfabetización, a la totalidad de la población. La realidad de otras naciones nos demuestra que es posible alcanzar esta legítima aspiración.

No soslayamos que nuestra nación ha registrado avances importantes en materia educativa y que el número de analfabetas se ha ido abatiendo, pero no es un resultado que deba dejarnos satisfechos, toda vez que países con igual nivel de desarrollo al nuestro, han abatido este fenómeno educativo a porcentajes muy por debajo de los que aún persisten en México.

En el caso de nuestro país, el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, ha puesto en operación recientemente el programa "Cero Rezago Educativo".

Este programa puesto en marcha a partir de 2003, a decir de sus responsables tiene como objetivo central reducir la estadística que representa a las personas mayores de 15 años de edad que no han concluido la enseñanza básica, en particular la secundaria y en cierta medida el combate al analfabetismo. El programa, involucra acciones de las autoridades de los Gobiernos estatales.

Sin embargo y no obstante las bondades del programa en referencia, - cuya aspiración es llegar a operarlo en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal -, este no ha tenido la continuidad esperada ante la falta de inversión suficiente.

El panorama se torna preocupante, si tomamos en cuenta que a la par de este freno por falta de recursos suficiente, sigue creciendo el número de personas que año con año pasan a engrosar las estadísticas del analfabetismo.

Se requiere por tanto la instrumentación de un programa integral de carácter permanente que contemple la solución a la problemática en referencia, donde incluso pueda ser invitado a participar el sector privado.

Es importante dejar en claro que este programa no debe tener un carácter piloto y que la cobertura del mismo debe alcanzar por igual a toda la geografía nacional.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de ésta H. Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, instrumente un programa que de manera integral abata el fenómeno conocido como analfabetismo.

Segundo.- Exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que dentro de lo que el marco legal permita, esta dependencia pueda convocar a organismos del sector privado a participar en la instrumentación, financiamiento y operación de un programa que de manera integral abata el fenómeno conocido como analfabetismo, donde las aportaciones de carácter privado sean deducibles del pago de impuestos.

México, DF, a 22 de septiembre de 2005.

Dip. Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS A EROGAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTALACIONES DE LA PARAESTATAL EN LOS ESTADOS DEL GOLFO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO MARCELO HERRERA HERBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los que suscriben, CC. diputados Marcelo Herrera Herbert y Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Convivir con petróleos mexicanos no es una tarea sencilla, sobretodo cuando la paraestatal no garantiza condiciones mínimas de seguridad así sea para sus trabajadores, y mucho menos para los pobladores de las regiones aledañas a los ductos petroleros.

Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas 2005, es uno de los años en el que mas accidentes se han suscitado en la industria petrolera en el Estado de Tabasco, tan solo al día de hoy la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente ha consignado ya unos 31 accidentes en los primeros nueve meses de 2005 en baterías y pozos de Petróleos Mexicanos.

Por estos sucesos 151 mil litros de hidrocarburo se han vertido sobre el suelo tabasqueño quintuplicando con estas cifras los derrames ocurridos el pasado 2004.

Todas y cada una de las ocasiones en que en las instalaciones de la paraestatal se han suscitado accidentes, ha sido esta tribuna eco del profundo malestar de los ciudadanos de la región sureste del país que día tras día se levanta con la intranquilidad de saberse desprotegidos por el pésimo mantenimiento que se le brinda a los ductos de Pemex.

En esta tribuna se han consignado hechos como lo que ha continuación refiero: el 1 de enero en el municipio de Cunduacán por causa de una fuga en oleoductos de petróleo fueron derramados cientos de barriles en el ejido la Ceiba; el pasado 3 de mayo, el municipio de Centla fue sacudido por una explosión en un gaseoducto de 16 pulgadas, ubicado en la Ranchería Benito Juárez; el 11 de mayo en Huimanguillo se incendia un confinamiento de lodos de perforación del pozo Ogarrio; el pasado 25 de junio ocurre un derrame de crudo que afecta un área de mil metros cuadrados en el municipio de Cárdenas; el 28 de junio se desploma la torre de perforación de pozo Tecominoacan 428 en el municipio de Huimanguillo provocando la muerte de tres personas; y el viernes 8 de julio en las inmediaciones de los municipios Cunduacán y Jalpa de Méndez ocurrió otro lamentable accidente de la paraestatal en el Estado de Tabasco al explotar un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro, el saldo de este ultimo accidente es hasta el momento de dos personas muertas, 13 heridas; ocho viviendas destrozadas, 20 vehículos calcinados, la pérdida de una veintena de reses, más de 20 hectáreas de cultivos, árboles y pastizales quemados, así como la destrucción de uno de los puentes de la autopista Reforma-Dos Bocas.

Lamentablemente no es el día de hoy la fecha en que se venga a esta tribuna a agradecer públicamente a Pemex las acciones para prevenir contingencias, de nueva cuenta legisladores de la república hacemos uso de la tribuna de la Cámara de diputados, para consignar un accidente mas de Pemex, otra vez Pemex, otra vez Tabasco, ahora toco el turno a un empleado de la paraestatal que el pasado 19 de septiembre realizaba labores de mantenimiento a la instalaciones quien falleció víctima de una explosión en el pozo petrolero "Tecominoacan 123" ubicado en el municipio de Huimanguillo.

Compañeros legisladores, ya es tiempo de que Petróleos Mexicanos de respuesta a su compromiso con la seguridad y con el entorno ambiental.

Hoy día reitero nuestro llamado a la paraestatal para que sin demora realice todo lo necesario para el control de sus actividades y garantice la seguridad de quienes viven en los alrededores de sus instalaciones.

Por lo antes expuesto, ante esta soberanía presento a su consideración la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al director de petróleos mexicanos para que sean erogados los recursos del programa de seguridad industrial y mantenimiento de infrestructura, a las instalaciones de la paraestatal en los estados del Golfo de México a fin de evitar que se sigan suscitando accidentes como la explosión ocurrida el 19 de septiembre en el estado de Tabasco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de septiembre de 2005.

Diputados: Marcelo Herrera Herbert, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbricas).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SAGARPA QUE OTORGUE RECURSOS EXTRAORDINARIOS A LOS PRODUCTORES DE MANZANA PARA RESARCIR LAS PÉRDIDAS QUE SUFRIERON POR GRANIZADA LOS MUNICIPIOS DE GUERRERO, BACHINIVA, CUAUHTÉMOC, RUBIO, LA JUNTA Y BASUCHIL, CHIHUAHUA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE CASTILLO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Hago uso de esta tribuna para someter a la consideración de esta h. Asamblea. La siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La producción de manzanas en el estado de Chihuahua, no es una actividad nueva; es la más eficiente, desarrollada y productiva del país; es fruto de muchos esfuerzos, en cuanto a este producto se refiere, sobre todo, del trabajo de los hombres y mujeres del campo chihuahuense, que han sabido vencer con tesón y esmero, las adversidades agropecuarias, constituye un pilar importante de la economía de la entidad y es una de las más importantes fuerzas generadoras de empleo.

Esta actividad se ha descapitalizado por la competencia desleal que hacen las importaciones de Estados Unidos y de la República de Chile, lo que ha ocasionado una problemática consistente en la discontinuidad en la calidad y abastecimiento de la fruta que entorpece la implementación de marcas; altos costos de producción por altos rendimientos productivos debido.

A la baja densidad de plantas por hectárea, inadecuado uso de la tecnología y riego climático; problema de acceso a la asistencia técnica para muchos productores, disparidad en la capacitación en el proceso productivo desde la nutrición, poda, cosecha, poscosecha y administración, deficiencia de infraestructura como son la refrigeración de atmósfera controlada, la clasificación y empaque de frutas, así como la falta de mallas para granizo y riego mecanizado.

Aunado a lo anterior en este año 2005, la actividad manzanera del estado de Chihuahua sufrió uno de los peores desastres naturales de su historia, pues recibieron una granizada que causó la pérdida de la producción de 5,080 hectáreas, equivalentes a 55,700 toneladas que a un costo de producción de dos pesos por kilogramo, equivale a una pérdida económica aproximada de ciento diez millones de pesos. Los municipios afectados son: Guerrero, Bachíniva, Cuauhtémoc, Rubio, La Junta y Basuchil.

En esta zona como se puede demostrar han sido principalmente afectados los productores del sector social, por lo que es de importancia su rescate, para evitar la marginación y aumento en la emigración. Necesitamos fortalecer a los productores de manzana que cada día se están viendo abandonados, el éxodo de campesinos y agricultores a las capitales de nuestro país y hacia Estados Unidos se va acentuando, tenemos que proteger la planta en todo el sector productivo.

Como representante del pueblo, me han pedido los productores de manzana a través de esta H. Cámara, solicitar a la Sagarpa se les otorgue un peso por kilogramo de la producción siniestrada para la rehabilitación de los huertos en producción.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorte a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de que se le otorgue a los productores de manzana del estado de Chihuahua, un peso por kilogramo del subejercicio de presupuesto de 2005 para la producción siniestrada (50%).

Segundo.- Se exhorte a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través de su delegación en el estado de Chihuahua y del programa de "Alianza Contigo" se apoye a los productores de manzana con infraestructura de refrigeración de atmósfera controlada, de malla antigranizo y riego mecanizado; dando prioridad a esta petición, con la urgencia que requiere la atención de estos compatriotas en desgracia.

Palacio Legislativo, a 20 de septiembre de 2005.

Dip. Jorge Castillo Cabrera (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE AUTOR QUE INVESTIGUEN Y, EN SU CASO, SOLICITEN UNA AUDITORÍA SOBRE LA RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS QUE MANEJA LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÚSICA, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL CANDELAS SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Sociedad de gestión colectiva es la persona moral que, sin ánimo de lucro, se constituye al amparo de la Ley Federal de Derechos de Autor (LEFEDA) con el objeto de proteger a autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por concepto de derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor (artículo 192, LEFEDA).

Para todos es conocido que la Sociedad de Autores y Compositores de Música (SACM), representada por la familia Cantoral, detenta un monopolio en nuestro país, al cobrar las regalías de autores y compositores nacionales y extranjeros que no pueden efectuar el cobro por sí mismos; administran un jugoso negocio, que retiene el 50% de lo recaudado por sus representantes a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todos los espacios en que se reproducen obras con fines de lucro como hoteles, restaurantes, bares, salas de espectáculos, auditorios, cafeterías, discotecas, etcétera.

La ley establece que ese 50% de recursos que retiene una sociedad de gestión colectiva está exento del pago del IVA y deberá aplicarse en programas y acciones de difusión y creación artística. Es evidente que la SACM sí se aprovecha de esa exención del Impuesto al Valor Agregado, pero que no cumple su obligación de invertir aunque fuera algo de los millonarios recursos que le quedan en la difusión y apoyos para la creación artística de sus representados; a diferencia de la Sociedad General de Escritores de México representada por el maestro Víctor Hugo Rascón Banda, que frecuentemente realiza programas de capacitación, proyectos culturales de difusión y tiene cursos permanentes para escritores, dramaturgos, productores, legistas, etcétera.

Lamentablemente a nadie le queda claro la forma de recaudar esas regalías, su destino y mucho menos la cantidad que se recauda por ese concepto. Igual llega uno de los representantes de la SACM y te cobra por canción, que por bocina, que por giro del negocio, que por el volumen con el que se reproducen las obras o simplemente, por la simpatía que le produzca la persona a la que se le hace el cobro.

Lo que sí es cierto es, que los representantes de la SACM en las entidades federativas inexplicablemente ven incrementada su riqueza en cuanto empiezan a explotar su representación.

La propia Ley Federal de Derechos de Autor, en su Título Noveno, establece que las Sociedades de Gestión Colectiva "deberán constituirse con la finalidad de ayuda mutua entre sus miembros y basarse en los principios de colaboración, igualdad y equidad" (artículo 192, tercer párrafo) y que el Instituto Nacional del Derecho de Autor, para autorizar su operación deberá, -entre otras cosas- cerciorarse de que la Sociedad de Gestión Colectiva "reúne las condiciones necesarias para asegurar la transparente y eficaz administración de los derechos, cuya gestión le va ser encomendada" (artículo 199, fracción II) y por supuesto, que su funcionamiento "favorezca los intereses generales de la protección del derecho de autor, de los titulares de los derechos patrimoniales y de los titulares conexos en el país" (artículo 199, fracción III), es decir, de los autores y compositores, no de los dirigentes, ni de los representantes estatales, ni de sus familias.

A la fecha hemos recibido un número importante de quejas en este sentido, por parte de prestadores de servicio que se ven acosados y hasta amenazados por cobradores que sin el menor trato y sin la calidad jurídica necesaria, acuden a hostigarlos y exigirles el pago de regalías de sus supuestos representados y digo supuestos representados, por que la Ley Federal de Derechos de Autor señala claramente la libertad de afiliarse o no a una sociedad de gestión colectiva.

Es decir, la SACM no está facultada automáticamente, por el simple hecho de estar constituida, para cobrar las regalías de todos los autores y compositores nacionales y extranjeros de los cuales se reproducen sus obras en México, ni de todas sus obras, sino por mandato expreso (artículos 195, tercer párrafo, y 197).

La ley es muy clara: expresamente, deja al arbitrio del titular del derecho "elegir entre ejercer sus derechos patrimoniales en forma individual, por conducto de apoderado o a través de la sociedad" (artículo 195, primer párrafo), estableciendo para ello la obligación de "otorgar a ésta un poder general para pleitos y cobranzas" (artículo 197) que deberá establecer si se expide el mandato para el cobro de regalías de una obra en particular, las modalidades de explotación, o si en su defecto el poder es amplio para producciones futuras (artículo 195, tercer párrafo).

Es evidente que los cobradores de la Sociedad de Autores y Compositores de México al apersonarse en un negocio, nunca demuestran su personalidad jurídica con el poder otorgado por el titular del derecho y cobran en paquete por todos los autores, nacionales y extranjeros, por todas sus obras y además con un criterio personalísimo, que nada tiene que ver con la ley.

Mi pregunta es ¿quién asegura la transparente y eficaz administración de los derechos? ¿Adónde van a parar los recursos recibidos? ¿Bajo que criterio se cobra a los prestadores de servicio de todo el país? ¿Realmente se entregan a los autores y compositores sus regalías? ¿Tiene ésta Sociedad de Gestión Colectiva el mandato de todas y todos los autores y compositores de México? ¿También de los extranjeros? Si no es así ¿Por qué se cobra por todos? Y la más importante ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esta situación? ¿No hay nadie que haga algo al respecto?

Compañeras y compañeros diputados:

Afortunadamente, no todo está perdido; la Ley Federal de Derechos de Autor establece en su artículo 198 que "no prescriben a favor de las sociedades de gestión colectiva y en contra de los socios los derechos o las percepciones cobradas por ellas".

También señala que "la autorización podrá ser revocada por el Instituto si existiese incumplimiento de las obligaciones que la ley establece para las Sociedades de Gestión Colectiva" de tal forma -como es el caso- que se afecte el fin y objeto de la misma en detrimento de los derechos de los asociados (artículo 194).

En atención a lo antes señalado me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Uno. Se exhorte al secretario de Educación Pública para, que a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor, aperciba a la Sociedad de Autores y Compositores de México para que en el término improrrogable de tres meses subsane las irregularidades señaladas, comprobando a) El listado de poderdantes que han solicitado sus servicios de cobranza, debidamente sellados y cotejados ante Notario Público; b) La relación de pagos a dichos poderdantes, por concepto de regalías; c) El destino del 50% de los recursos que la ley le faculta para retener, a cambio de utilizarlos en la promoción y difusión de la obra de los creadores; y d) El criterio con el que se basan sus representantes en las entidades federativas para el cobro de regalías.

Dos. Se exhorte a la Secretaría de la Función Pública, para que dentro del plazo antes señalado, realice una auditoria a la Sociedad de Autores y Compositores de Música, en la que quede claro si ésta ha cumplido con su obligación de retribuir a los socios las percepciones cobradas por ella y de no ser así, se establezca la cantidad y los acreedores pendientes.

Tres. Una vez vencido el plazo improrrogable de tres meses, se emita un dictamen en el que se señale claramente si la SACM ha subsanado las irregularidades y sus obligaciones para con sus representados, para que pueda continuar en operaciones, de lo contrario, se le revoque la autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva y se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2005.

Dip. Rafael Candelas Salinas (rúbrica)