La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura Rosario Sáenz López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
La educación es un derecho fundamental y constituye el motor para el desarrollo humano. Además, es una de las mejores herramientas para la distribución del ingreso, ya que el salario que se recibirá por un trabajo profesional calificado representará un nivel superior de ingresos, con lo que se disminuyen las diferencias entre clases sociales.
Existen nuevas estructuras económicas que han surgido con fundamento en los principios de libre comercio, competitividad y economías abiertas, las cuales exigen la existencia de una fuerza laboral sumamente capacitada y que permita una ágil movilidad en el sector empresarial.
El análisis de los principales indicadores del mercado de trabajo en México demuestra que éste se enfrenta con dificultades de adaptación importantes. La tasa de desempleo se ha elevado durante los últimos años, aunque no podemos dejar de destacar que aplicando políticas eficientes se pueden presentar claros signos de recuperación.
La globalización ha cambiado el mundo. La educación universitaria ha tenido que participar en la carrera por la subsistencia; y un factor de extrema importancia para mantenerse y ganar estriba en ser competitivo, lo que -básicamente- consiste en poseer calidad y que ésta sea acreditada. Por ende, debemos apostar a la calidad de la educación universitaria que facilite el proceso de evaluación y acreditación de las instituciones y de los programas.
Por lo anterior, propongo a esta H. asamblea un punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Educación Pública y Servicios Educativos a otorgar recursos suficientes en el Presupuesto de 2006 para poner en marcha programas de excelencia educativa en la Universidad Autónoma de Juárez del Estado de Durango.
Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2005.
Dip. Rosario Sáenz López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN
DE BIENES A DONAR AL MUNICIPIO DE PÉNJAMO O AL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO LOS RESTOS DE LAS BODEGAS Y EL TERRENO UBICADOS EN LA EX
HACIENDA DE CORRALEJO, DE LA ESTACIÓN FERROCARRILERA CORRALEJO II,
DE DICHA LOCALIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ
MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura, José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución bajo las siguientes
Consideraciones
En la comunidad de Estación Corralejo, del municipio de Pénjamo, Guanajuato, se encontraban unas bodegas, mismas que fueron derrumbadas por los vecinos de la comunidad porque un menor se accidentó y parte de esta infraestructura le cayó en la espalda, quedando únicamente en este predio dos pilastrones.
Desafortunadamente este no ha sido el único problema que se ha presentado, este terreno se ha convertido en un centro de vicio, inclusive los vecinos de esta comunidad han comentado que en 2004 aproximadamente 15 personas de origen guatemalteco bajaron del tren y se instalaron en este predio, por lo que tuvieron que llamar a la policía para que los desalojaran.
Además, como este terreno se encuentra a un costado de la Escuela Telesecundaria y las canchas deportivas de la comunidad, los ciudadanos viven diariamente con incertidumbre, porque sin duda, este sitio no es seguro y como ya lo mencioné con anterioridad, se ha convertido en un centro de vicio.
Esto implica una amenaza contra la comunidad en mención, debido a que estas acciones son socialmente negativas ya que van en contra de lo que estipula la ley y las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad, de hecho, no debemos olvidar que estos fenómenos ponen en riesgo latente la seguridad pública y la integridad de la comunidad. Por ende, este inmueble debe ser utilizado lo antes posible para generar incentivos para la sociedad de esta circunscripción territorial.
Por lo anterior y de acuerdo con lo estipulado en los artículos 31y 34 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que se mencionan a continuación:
Artículo 31.- Los procedimientos de enajenación previstos en esta Ley, son de orden público y tienen por objeto enajenar de forma económica, eficaz, imparcial y transparente los bienes que sean transferidos al SAE; asegurar las mejores condiciones en la enajenación de los bienes; obtener el mayor valor de recuperación posible y las mejores condiciones de oportunidad, así como la reducción de los costos de administración y custodia a cargo de las entidades transferentes.
Los procedimientos de enajenación serán los siguientes:
I. Donación, y
Artículo 34.- En casos excepcionales, de conformidad con lo que establezcan para tal efecto las disposiciones aplicables y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, prevean las mimas, tales como los relativos al monto, plato o tipo de bienes, éstos podrán ser donados a favor de los gobiernos de los estados, de los municipios, o del Distrito Federal, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social, o a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que lo requieran para el desarrollo de sus actividades.
Por lo antes expuesto, propongo que los restos de las bodegas y terreno ubicado en la Ex - Hacienda de Corralero, de la Estación Ferrocarrilera Corralero II, del Municipio de Pénjamo, Guanajuato; sean donados al mismo Municipio o al propio Gobierno del Estado de Guanajuato, para crear un proyecto educativo y de asistencia social, que permitiría que toda la comunidad de Pénjamo gozara de sus beneficios, estos podrían ser el contar con una Casa de Cultura, ya que estos centros promueven las actividades artísticas, sociales, manuales, recreativas y deportivas, entre otros beneficios. También en este sitio se realizarían conferencias, exposiciones, recitales y obras de teatro. Estas actividades implican un beneficio directo para la sociedad de la Comunidad de Estación Corralero, ya que no debemos olvidar que la cultura de un pueblo es la expresión de su historia y la fuente de su identidad, a su vez, constituye el desarrollo integral de cada persona y es, lo que nos permite preservarnos como nación.
Con este tipo de proyectos evitamos que los jóvenes se inclinen hacia el camino incorrecto, no debemos olvidar que la juventud representa un lapso durante el cual el individuo define el papel que se propone desempeñar dentro de la sociedad y la forma de actuar para lograrlo, por lo tanto, las elecciones realizadas están altamente influenciadas por sus habilidades personales y el entorno.
Es el momento que en este país, la cultura sea considerada como uno de los principales activos para incluir, al mayor número de mexicanos, en programas de divulgación, educación y difusión cultural, ya que no debemos olvidar que la creatividad y la pluralidad en las formas de expresión, fortalecen la riqueza cultural y artística de nuestro país, ya que contribuyen a fincar y consolidar los valores de respeto y apertura social.
Por lo anteriormente expuesto, propongo con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la donación al municipio de Pénjamo o bien al gobierno del estado de Guanajuato, de los restos de las bodegas y terreno ubicado en la ex hacienda de Corralejo, de la estación ferrocarrilera Corralejo II, del municipio de Pénjamo, Guanajuato, para que se construya una casa de cultura en honor al Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla.
Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2005.
Dip. José Erandi Bermúdez Méndez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, A
CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los que suscriben diputados federales en esta LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Muchos y muy graves son los problemas que aquejan a la Zona Metropolitana del Valle de México. Asuntos que van desde el transporte, hasta el agua, desde la vivienda hasta el uso del suelo, desde el comercio en vía pública, hasta el combate a la delincuencia y el crimen.
Buena parte de las tareas de las autoridades tanto del Estado de México como del Distrito Federal, consisten en coordinar esfuerzos y responsabilidades en una ruta común, puesto que el desarrollo de la urbe ha desaparecido prácticamente y en los hechos, los límites territoriales.
El desorden en el crecimiento de la ciudad más poblada del país, el descuido de autoridades locales y federales y la ausencia de una cultura ciudadana del desarrollo sustentable por muchos años, han puesto en riesgo la viabilidad de la Zona Metropolitana.
No es un tema menor, hablamos de la capital del país y del lugar de residencia y trabajo de alrededor de 15 millones de personas del estado de México y del Distrito Federal. Es una prioridad atender sus problemas.
Es una prioridad atacar de frente el grave problema de la delincuencia, erradicar los secuestros y los robos, para ello se necesita una policía bien coordinada y con capacidades tecnológicas suficientes para un crimen cada vez más organizado.
Es una prioridad también atender el tema del transporte, diariamente millones de personas se trasladan de la periferia del Distrito Federal a sus centros de trabajo, la mayoría proveniente del Estado de México y es evidente la insuficiencia del trasporte público. Infraestructura que urge para atender evidentes problemas de vialidad.
Tenemos un problema común en la necesidad y uso del agua. Hay que atenderlo en una perspectiva metropolitana, desde su traslado hasta su cuidado.
Lo mismo ocurre con las políticas de combate a la pobreza, que debe ser vistas, necesariamente, en clave metropolitana debido a que es en la periferia de la Ciudad donde se concentran los cinturones de miseria.
En la agenda se encuentran requerimientos elementales como la infraestructura, la educación y los servicios como el alumbrado público, el bacheo y asfaltado de calles y avenidas, la luz eléctrica y gas natural, entre otros.
Tenemos, en fin, una larga lista de tareas comunes, todas urgentes.
Hace algunos días, tuvo lugar una reunión entre el gobernador del estado de México y el jefe del Gobierno del Distrito Federal, donde se plantearon justamente esos retos.
Ahí se estableció la necesidad de recuperar el orden en el crecimiento del Valle de México, de atender las sentidas demandas de la población en el tema de los servicios públicos, de reestablecer una coordinación metropolitana que atienda los asuntos que conciernen a las dos entidades en favor de los habitantes del Valle de México.
Para atender todos esos reclamos estamos concientes se necesitan recursos. Recursos que deben ser ejercidos, escrupulosamente, con absoluta transparencia y honestidad, a favor de las necesidades de los ciudadanos.
Por eso, en atención de esos reclamos creemos que es factible la creación de un fondo metropolitano tripartito con recursos federales y estatales para la atención de esas demandas.
Se trata pues de hacer una atenta y respetuosa solicitud a esta soberanía para que en el Presupuesto 2006 se destine una partida especial de dos mil millones de pesos, equivalentes a 50 por ciento del fondo, para la atención del Valle de México.
Adicionalmente y concientes de la escasez y del cuidado que debe tenerse de esos recursos, proponemos que así como la Federación aportaría mil millones de pesos, los Gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México aportarían, cada uno, el restante 25 por ciento; es decir, 500 millones de pesos.
Ello permitirá, ya sea de manera contingente, atender un conjunto de problemas desde una visión estrictamente metropolitana, en donde los distintos niveles de Gobierno se coordinen para lograr mayor efectividad en los programas y políticas públicas.
Por lo anterior, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto de esta H. Cámara de Diputados, que en el dictamen para el Proyecto de Presupuesto Egresos de la Federación para 2006, se prevea la asignación de una partida especial por mil millones de pesos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con el fin de atender las diversas demandas de la comunidad de los Estados de México y del Distrito Federal.
Segundo. Exhortamos respetuosamente al Congreso del Estado de México a que, en el ámbito de sus atribuciones, asigne una partida de 500 millones de pesos como aportación al Fondo metropolitano para la atención de los problemas del Valle de México.
Tercero. Exhortamos respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, asigne una partida de 500 millones de pesos como aportación al Fondo metropolitano para la atención de los problemas del Valle de México.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los seis días del mes de octubre de 2005.
Diputados: Javier Salinas Narváez, Tomás
Cruz Martínez, Daniel Ordóñez Hernández, Santiago
Cortés Sandoval, Gerardo Ulloa Pérez, Bernardino Ramos Iturbide,
Horacio Duarte Olivares, José Luis Cabrera Padilla, Julio Boltvinik
Kalinka, Pablo Franco Hernández, Francisco Diego Aguilar, Susana
Guillermina Manzanares Córdova, María Guadalupe Morales Rubio,
Clara Marina Brugada Molina, Marcos Álvarez Pérez, Francisco
Javier Saucedo Pérez, Elba Garfias Maldonado, Luis Eduardo Espinoza
Pérez, Miguelángel García-Domínguez, Rocío
Sánchez Pérez, Valentín González Bautista,
Omar Ortega Álvarez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE JALISCO A ABSTENERSE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS, DE INVITAR A PARTICIPAR AL C. SUSUMO
AZANO MORITANI O A LA EMPRESA DISEÑOS E IMPRESOS DE SEGURIDAD, SA
DE CV, EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS O CONCURSOS PARA LA ELABORACIÓN
DE MATRÍCULAS VEHICULARES METÁLICAS, A CARGO EL DIPUTADO
HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Diputado Federal a la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como sabemos, el Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de Octubre de 1999, establece los lineamientos, criterios y especificaciones técnicas para la fabricación y entrega de placas vehiculares que rige a las Entidades Federativas y al Distrito Federal.
Asimismo, la propia SCT emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000 en donde dicha Secretaría de Estado autoriza a las Universidades como las instituciones autorizadas para realizar estudios de calidad a todas las placas vehiculares que se fabrican en el país.
Sin embargo, el caso que nos ocupa trata acerca de la calidad de las matriculas metálicas de los vehículos automotores en Jalisco, que ha sido del conocimiento público por los medios de comunicación, locales y nacionales, y cuyas placas carecen de la calidad requerida al despintarse a los 6 meses de uso.
Me refiero específicamente al C. Susumo Azano Moritani, quien por derecho propio y a nombre de la empresa Diseños e Impresiones de Seguridad, SA de CV, fue quien realizó la provisión de estos metales al Gobierno del Estado de Jalisco, quedando en seria honorabilidad, tanto el proceso de licitación como el nombre y reputación del C. Azano.
Como antecedente menciono que el arquitecto de origen japonés y nacionalizado mexicano Susumo Azano Moritari, entonces con denuncias en la PGR y en las Procuradurías de Justicia del Distrito Federal y del Estado de Jalisco, fue detenido en Octubre de 1993 en Guadalajara, acusado de fraude por más de 12 millones de dólares en contra de varios consorcios industriales nacionales y extranjeros, entre ellos, la compañía de telecomunicaciones AT&T, Kodak Mexicana, Banco Mexicano SOMEX y Nissan Mexicana, cuando entonces fungía como Director de la constructora Avanti, SA de CV, la cual se encontraba intervenida por la Secretaría de Hacienda sujeta a una auditoria fiscal.
Ahora bien y pese lo anterior, el Gobierno de Jalisco permitió participar en las licitaciones públicas LN/13/99, LN08/200, CN21/2000, CN32/2000 y algunas posteriores y, por tanto, la empresa dirigida por el Sr. Azano fue la feliz ganadora de las licitaciones públicas para la dotación de placas a los vehículos automotores en Jalisco para el año 2000, sin embargo, no tardó mucho en acabarse el encanto, dado a que a 6 meses de entregados los primeros juegos de placas, éstas comenzaron a despintarse, lo que originó que el Gobierno de Jalisco hiciera efectivas las garantías para el proveedor.
Pero no sólo Jalisco fue su víctima. También recientemente en Chiapas y en Colima trató de hacer efectivas las licitaciones para estos bienes, pero fue descalificado al omitir mencionar que su empresa se encontraba en proceso de liquidación, por tanto, con el rechazo de las autoridades de Chiapas y Colima, se fortalece la idea que el Sr. Azano y ciertos funcionaros del Gobierno de Jalisco, mantienen tratos irregulares.
No omito en comentar que de conformidad con la Norma Oficial Mexicana que mencioné párrafos arriba, la Universidad e Guadalajara por conducto del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en un comunicado de fecha 17 de Agosto de 2000 dirigido al Secretario de Finanzas, Jorge Camarena García, con copia al Secretario de Administración, César Coll Carabias, informa que luego de un estudio a las placas de este proveedor además que dicha empresa no permitió realizar las visitas a los universitarios, arrojó como resultado el informe que habla de fallas en el proceso de producción que afecta a más de 21,000 juegos de placas lo que representa más del 10% del parque vehicular sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuando el proveedor argumenta que una sola lata de pintura que se encontraba en mal estado fue la que originó el problema. Sin embargo el problema es repetitivo, constante y por costumbre.
Se acerca la hora de dictaminar la licitación C12/2005 y de nueva cuenta con los antecedentes en mención, esta compañía se encuentra participando y sabemos el resultado por la crónica relatada.
En concreto, se han violado reiterada y sistemáticamente disposiciones y se ha dejado de lado la opinión autorizada, en este caso, de la Universidad de Guadalajara, en perjuicio del erario público, lo que se traduce en delitos patrimoniales como el fraude, entre los resultantes.
Ahora bien, no deseamos señalar a algún funcionario del Gobierno del Estado de Jalisco, en virtud a que no tenemos los elementos suficientes para acusar a alguien en lo particular, pero lo que sí nos queda claro es que hay algo oscuro al margen de la Ley, motivo por el cual dio origen a este punto de acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Soberanía esta Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes
Resolutivos
Primero.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco para que por conducto de las Secretarías de Administración y de la Secretaría de Finanzas, se abstengan de invitar a la empresa Diseños e Impresiones de Seguridad, SA de CV, y/o al C. Susumo Azano Moritani en participar de cualquier licitación o concurso en dicha Entidad y se descalifique en la que actualmente se encuentra concursando;
Segundo.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco para que por conducto de la Procuraduría de Justicia de esta Entidad, presente denuncia o querella por los delitos resultantes motivo de las investigaciones arrojadas;
Tercero.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco para que por conducto de la Contraloría del Estado informe a la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal y pida su intervención para publicar en el Diario Oficial de la Federación la circular correspondiente donde boletine a la Administración Pública Federal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, se abstengan de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Diseños e Impresiones de Seguridad, SA de CV, y/o el C. Susumo Azano Moritani.
Por la naturaleza de la situación y por considerarlo de urgente y obvia resolución, le solicito ciudadano Presidente, se aplique lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo someta de inmediato a su discusión y , en su caso, aprobación.
Es cuanto.
Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2005.
Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE A REALIZAR UNA CEREMONIA
PARA FELICITAR, HOMENAJEAR Y ENTREGAR UN RECONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES
DE LA SELECCIÓN MEXICANA SUB-17, A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO G.
VALENCIA MONTERRUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Edmundo Valencia Monterrubio, integrante del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a realizar una ceremonia con el fin de felicitar, homenajear y entregar un reconocimiento a los jugadores, al entrenador Jesús Ramírez y a todo el equipo técnico que conforma la Selección Mexicana Sub-17, por haber ganado el título de campeón del mundo en el mundial correspondiente.
La tenacidad, disciplina, fuerza y perseverancia son aspectos imprescindibles con los que todos los mexicanos con anhelos de triunfo debemos siempre no sólo contar sino saber explotar en cualquier difícil reto y las grandes oportunidades, porque quizá estas se presenten una sola vez en la vida, por lo que dichas actitudes y características serán la luz que ha de conducirnos por los caminos de la victoria y consecución de todas las metas que nos hayamos fijado, como es el caso de los Campeones Mundiales de la Selección Mexicana Sub-17, quienes han brindado a México el gusto y honor de un campeonato mundial de futbol.
Es por ello que en esta ocasión el que suscribe considera adecuado reconocerles y que por conducto de la Comisión de Juventud y Deporte se realice una Ceremonia para celebrar, homenajear y felicitar por su conducto y en representación de esta H. Cámara de Diputados a los seleccionados nacionales de la Sub-17, su entrenador y todo su cuerpo técnico, quienes el día domingo 02 del mes de octubre pusieron en alto el nombre de México, convirtiéndose en Campeones del Mundo y sirviendo de claro y digno ejemplo para la sociedad mexicana y de grandes guías de la niñez y juventud nacional, que día con día encuentran en ellas la más firme inspiración y deseos de triunfar, ya que nuevamente han enaltecido y situado al deporte de nuestro país en uno de los lugares más anhelados por toda nación en el ámbito deportivo.
Por lo anteriormente expuesto propongo a esta soberanía como de urgente y obvia resolución dicte el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a realizar una ceremonia con el fin de felicitar, homenajear y entregar un reconocimiento a los jugadores, al entrenador Jesús Ramírez y a todo el equipo técnico que conforma la Selección Mexicana Sub-17, por haber ganado el título de campeón del mundo en el mundial correspondiente.
Transitorios
Primero.- Facúltese a la Comisión de Juventud y Deporte para la realización del homenaje y entrega en nombre de la H. Cámara de Diputados, del reconocimiento a los jugadores seleccionados nacionales Sub-17 así como a todo el equipo técnico que la conforma, así también se realice la solicitud correspondiente a la mesa directiva de esta LIX Legislatura, para que dicho homenaje se lleve a cabo en el Salón de Sesiones de este recinto Legislativo.
Segundo.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 6 de octubre de 2005.
Es cuanto, señor Presidente.
Dip. Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE
REALICE UNA AUDITORÍA AL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA, Y QUE SE CONSTITUYA UNA SUBCOMISIÓN DE LEGISLADORES
PARA REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN AL ÁREA RESPONSABLE
DE EJECUTAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ MOJICA MORGA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Servicio Profesional de Carrera tiene su sustento en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal que fue publicada el 10 de abril de 2003 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 7 de octubre del mismo año; así como en el Reglamento de la Ley que entró en vigor el 5 de abril de 2004.
El Servicio Profesional de Carrera es un sistema que debería servir para garantizar condiciones de igualdad en las oportunidades de acceso a la función pública con base en los méritos profesionales, en los conocimientos y experiencia laboral adquirida, con el propósito de que los funcionarios de la administración pública sirvan a los intereses de la sociedad y no a los intereses políticos o del gobierno en turno.
Este servicio surge en respuesta a las demandas de los ciudadanos de contar con una administración pública profesional, eficaz, eficiente, comprometida, transparente que rompa con todos los lastres del burocratismo tradicional en que había decaído la administración pública, como consecuencia de gobiernos autoritarios, corruptos y poco transparentes.
Este sistema debería permitir que los mejores hombres y mujeres se incorporaran al servicio público, con el fin de garantizar que la administración pública no se vea afectada por los cambios de gobierno, asegurando un mejor servicio a los intereses del país y no a los intereses mezquinos de los políticos.
Es fundamental que el Gobierno de la República cuente con servidores públicos profesionales que respondan a la necesidad de garantizar a los ciudadanos la prestación de servicios públicos de calidad, la continuidad de políticas y programas, y sobre todo certeza y seguridad jurídica.
Pero diversos ciudadanos y ciudadanas que han solicitado su incorporación al Servicio Profesional de Carrera han mostrado su inconformidad por las irregularidades que, presumen, mantiene el Sistema del Servicio Profesional de Carrera.
De julio de 2004 al 5 de septiembre de 2005 se han atendido, según datos de la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, casi 331 expedientes de inconformidades en los que se señalan inconsistencias de carácter técnico en el sistema que impide concluir la evaluación y críticas a las herramientas de evaluación de la capacidad de visión de servicio público y de las gerenciales o directivas, en los que se deja de considerar experiencias, de carácter profesional y conocimientos adquiridos durante el tiempo en que han prestado servicios en la Administración Pública Federal.
Es facultad del Órgano Superior de Fiscalización, tal como lo establece la fracción I del artículo 79 Constitucional, "Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley".
Al respecto es importante señalar que el Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2004-2006 se viene aplicando desde este año y recibió recursos presupuéstales en el 2005 por 40 millones de pesos.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, para que dentro de los proyectos comprendidos para la revisión de la Cuenta Pública del 2005, incluya una auditoría integral a todos los subsistemas que integran el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en virtud de que a la fecha no se cuenta con información suficiente sobre su funcionamiento y el procedimiento utilizado para la aplicación de los recursos asignados.
Dicha Auditoría deberá integrar lo relativo a la planeación de los recursos humanos; ingreso; desarrollo profesional; capacitación; certificación; evaluación de desempeño; separación y control y evaluación, áreas en las que el gobierno federal dispone de recursos públicos; con el objeto de verificar que se está cumpliendo estrictamente con lo que dispone la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Segundo: Se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación constituya una subcomisión plural de legisladores para que realicen una visita a la dependencia responsable de aplicar el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, con el propósito de inspeccionar dicho sistema, recabando toda la información necesaria del mismo e informar al Pleno de la Cámara.
Dip. Beatriz Mojica Morga (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR
UNA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DEL VOTO EN EL EXTRANJERO QUE
VIGILE Y SUPERVISE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY EN LA MATERIA,
A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ELENA MARTÍNEZ RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, diputada Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI, presento a ésta H. soberanía el siguiente punto de acuerdo.
La organización de las elecciones federales se realizará a través del Instituto Federal Electoral, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos. El IFE tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, el padrón y la lista de electores, impresión de materiales electorales, la preparación de la jornada electoral, entre otras
El Artículo 278 del Libro Sexto del Cofipe en su numeral 1, establece que el IFE pondrá a disposición de los interesados el formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, en los sitios, en territorio nacional y en el extranjero que acuerde la Junta General Ejecutiva, y a través de la página electrónica del Instituto; y, numeral 2, las sedes diplomáticas de México en el extranjero contarán con los formatos a que se refiere el párrafo anterior para que estén a disposición de los ciudadanos mexicanos. El Instituto celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.
El 30 de agosto del 2005, el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores, firmaron un convenio de colaboración, que afecta la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad del proceso electoral en el extranjero.
Los compromisos del Instituto son: proporcionar a la Secretaría los formatos; el mobiliario y/o enseres necesarios para poner a disposición de los ciudadanos mexicanos los formatos; en caso de que las partes así lo acuerden, el material de difusión para informar a la ciudadanía residente en el extranjero sobre el acceso a las solicitudes y; en caso necesario, capacitar o proporcionar instructivos a los funcionarios de las sedes diplomáticas de México que defina la Secretaría para brindar una orientación básica a los ciudadanos que lo soliciten sobre el llenado y envío del formato de solicitud. Por último, ambas partes se comprometen a, entre otras cosas, acordar el número de solicitudes de inscripción que se habrán de otorgar a cada una de las sedes diplomáticas y consulares de México en el extranjero.
El IFE no solo renuncia a sus funciones sino que entrega al Ejecutivo Federal la preparación de la jornada electoral en el extranjero, la capacitación y orientación del electorado, distribución de la solicitud de registro que es material electoral y; lo más grave, la definición del universo electoral, al permitir que se acuerde con el IME, el número de solicitudes a otorgar a cada una de las representaciones diplomáticas de México en el extranjero, de acuerdo al porcentaje de certificados de Matrícula Consular expedida por cada oficina en el año 2004 para los Estados Unidos de Norteamérica, ignorando la movilidad que tienen los ciudadanos credencializados. Además el IFE se compromete a entregar en los almacenes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicado en la calle Ricardo Flores Magón sin número, cuatro millones de formatos de solicitud.
La Secretaría a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, podrá modificar el calendario de entregas de los formatos de solicitud, recibirá el mobiliario y/o enseres necesarios, y los formatos de solicitud de inscripción. El titular de cada sede diplomática, o quien designe, previa comunicación a través del IME, abrirá las cajas en las que estén contenidos los formatos. La apertura de las cajas se realizará en presencia de dos funcionarios consulares quienes darán fe y levantarán un Acta y, a través del IME, se enviaran al IFE. Las sedes diplomáticas destruirán o verificarán la destrucción, después del 15 de enero, de los formatos de solicitud que hubiesen quedado, levantando un Acta que será enviada, a través del IME, al IFE.
Todo lo anterior sin la presencia de la autoridad electoral y las representaciones de los partidos políticos nacionales, lo que no garantiza que efectivamente se realicen o se cumpla con transparencia dichas acciones, pulverizando la ciudadanización del órgano electoral, y poniendo en riesgo la elección del 2006.
El IME incorporará en la agenda de trabajo de cada una de sus jornadas informativas, desde la fecha de la firma del Convenio hasta el 30 de junio de 2006, una sesión informativa sobre el voto en el extranjero, en la cual participaran como ponentes los funcionarios del IFE. Además, en la Reunión Anual del Personal del IME se llevará a cabo una sesión en la cual funcionarios del IFE capacitarán al personal del IME en materia del voto en el extranjero. Es decir el Ejecutivo Federal, a través del IME, estará "informando sobre el voto" hasta el cierre de las campañas electorales, cuando el voto postal deberá ser enviado desde el 20 de mayo hasta 24 horas antes del cierre de la jornada electoral, dejando sin motivo este periodo informativo, lo que puede ser usado para promover el voto a favor del partido del Gobierno.
De acuerdo al decreto que crea al IME, órgano desconcentrado de la SRE, su objeto es; Promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos, tendientes a elevar el nivel de vida de las comunidades mexicanas en el extranjero, así como ejecutar las directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, el cual encabeza el Presidente Fox.
Por lo anterior expuesto, presento a esta H. soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- De conformidad con los artículos 34, fracción c, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se crea una Comisión Especial de Seguimiento del Voto en el Extranjero, cuyo objeto es la vigilancia, supervisión y contribución a la correcta aplicación de la ley en materia electoral en el extranjero.
Remítase a la Junta de Coordinación Política para lo conducente.
Siendo en el Palacio de San Lázaro a los 6 días del mes de octubre del 2005.
Dip. Laura E. Martínez Rivera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA INVITAR A LOS INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN MEXICANA SUB-17
PARA HACERLES UNA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del suscrito, diputado José Erandi Bermúdez Méndez, perteneciente a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La Copa del Mundo Sub-17 en Perú no sólo ha pasado a la historia por ser el primer campeonato de sus características que se disputa en estadios con campos de juego sintético, sino porque la selección nacional que participó en este torneo le dio a nuestro país el primer título mundial al futbol mexicano.
México no ganó el mundial por casualidad. Llegó a Perú con una selección compacta que con su trabajo en equipo dio muestra de que unidos se puede lograr los objetivos trazados.
Es innegable que la diferencia en la final fue la mentalidad de los jugadores que estaban convencidos de que tenían la misma oportunidad de conseguir el título que su rival Brasil. El triunfo de los jóvenes mexicanos es una muestra más de que los grandes logros son posibles basados en la constancia, disciplina, preparación física, esfuerzo y mentalidad triunfadora.
El éxito del equipo se debe, entre otros aspectos, al trabajo que viene realizando desde la Sub-15 y porque está integrado por jugadores talentosos, y eso ha quedado demostrado con su excelente participación en este campeonato mundial oficial reconocido por la FIFA. El trabajo colectivo de los seleccionados permitió mostrar a un equipo completo en todo momento.
Estamos seguros de que México ha cambiado su historia en el futbol. Lo hizo gracias a unos jóvenes que juegan, piensan y se preparan como sabios. Lo hizo gracias a la seriedad y buena planeación de su entrenador Jesús Ramírez a quien le brindamos un merecido reconocimiento.
Asimismo, la actuación de los mexicanos originó el reconocimiento internacional a su trabajo. El delantero Carlos Vela obtuvo el Botín de Oro como mejor goleador del torneo tras marcar cinco goles, seguido en el equipo mexicano, por Ever Guzmán. Giovani Dos Santos fue condecorado con el Balón de Plata, como el segundo mejor jugador del Mundial juvenil, solamente detrás del brasileño Anderson.
Lo más importante de lo conseguido durante la tarde del 2 de octubre de 2005 en Lima, Perú, fue demostrar que los jóvenes y futbolistas mexicanos tienen talento para ser campeones en esta, y cualquier competencia internacional que participen.
Este campeonato será una victoria que los mexicanos, de todas las edades, no olvidaremos. Esperamos que realmente sea el inicio de una nueva historia del futbol mexicano, que nos permita posicionarnos como una potencia en este deporte.
El triunfo conseguido por la Selección Nacional Sub-17 nos debe alentar a promover y aprovechar los talentos deportivos, a mejorar nuestras políticas en el ámbito de la cultura física y el deporte, al tiempo de eficientar el uso de los recursos públicos y privados a favor de un mejor desarrollo integral de los jóvenes.
Compañeros legisladores, impulsemos y reconozcamos el esfuerzo y la actitud de todos los jóvenes que tienen un gran deseo y facultades de practicar el futbol o cualquier deporte, en especial de los jugadores de la selección de futbol Sub-17 que pusieron el nombre de México en alto, impulsemos a estos jóvenes mexicanos para que no vean truncados sus deseos y puedan continuar con un adecuado desarrollo de su carrera deportiva.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. Que la Cámara de Diputados invite a los jugadores de futbol de la Selección Sub-17 y a su cuerpo técnico con objeto de felicitarlos y hacerles una ceremonia de reconocimiento por su desempeño deportivo.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 6 de octubre de 2005.
Dip. José Erandi Bermúdez Méndez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL GOBIERNO DE CHIAPAS PARA PAGAR LAS
INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES DE LAS TIERRAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CARRETERA MÉXICO-TUXTLA GUTIÉRREZ, A CARGO DEL DIPUTADO
EMILIO ZEBADÚA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
Primero: En el año de 1995 el Gobierno del Estado de Chiapas inició los trámites necesarios para la constitución de fideicomisos para la compra de tierras a particulares y al Gobierno Federal para su posterior traslado de dominio a organizaciones campesinas.
Segundo: En el año de 1996 se iniciaron las gestiones a efecto de que los campesinos agrupados en el denominado Frente Democrático Campesino y Popular de Chiapas pudieran adquirir tierras bajo esa figura jurídica, con lo que se dio origen a un gran número de grupos de campesinos en el Estado que obtuvieron tierras con el fin de regularizarlas mediante el régimen ejidal, como es el caso de los denominados Fideicomiso Kilómetro 54, Fideicomiso Kilómetro 59, Fideicomiso Unión y Progreso, Fideicomiso Kilómetro 60, entre otros.
Tercero: En 1996 el Gobierno Federal proyectó la construcción de la autopista Tuxtla Gutiérrez-México, formando parte de la ampliación de la autopista México-Coatzacoalcos-Cosoleacaque, lo que hacía necesario la construcción del tramo Malpaso Raudales - Tuxtla Gutiérrez en el Estado de Chiapas; lo que implicaba la afectación de terrenos del Municipio de Tecpatán, ocupados por la selva El Ocote, superficie declarada como reserva de la Biosfera, lo que motivó la intervención de grupos ambientalistas, a efecto de que se cambiara el trazo de la vía proyectada.
Cuarto: El 25 de septiembre del año 2000, mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 4 y 18 de octubre del mismo año, se declara de utilidad pública la construcción de la autopista Las Choapas-Ocozocuautla, tramo Las Choapas-Raudales, por los que se expropian a favor de la Federación las superficies de 517,509.41 y 71.794.30 metros cuadrados, ubicados en los municipios de Tecpatán y Las Choapas, de los estados de Chiapas y Veracruz, respectivamente; que a continuación se trascribe:
La superficie de 517,509.41 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Tecpatán, estado de Chiapas, comprendida en cinco fracciones localizada entre los kilómetros 121+220.0 al 133+800.00 con origen de cadenamiento en el kilómetro 21+370.00 de la carretera COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA".
Sexto: El 16 de diciembre de 2003, y luego de diversas negociaciones, el gobierno del estado de Chiapas, a través del secretario de gobierno, firmó con los representantes del Frente Democrático Campesino y Popular de Chiapas, un convenio en el que el gobierno del estado de Chiapas asumía diversos compromisos con dicha organización, para poner fin al conflicto y que se permitiera la continuación de los trabajos de la carretera México-Tuxtla Gutiérrez, en el tramo Las Choapas-Raudales.
Séptimo: La cláusula segunda de dicho convenio establece el compromiso del gobierno del estado a realizar los trabajos que beneficien a los afectados para resarcir los daños de los terrenos y parcelas que fueron afectados, derivado de la construcción de la autopista México-Tuxtla Gutiérrez, en el tramo Las Choapas-Raudales.
Octavo: La cláusula más importante, la décima, establecía el acuerdo entre las partes para que el pago por las indemnizaciones correspondientes, se realizara como fecha límite, el 10 de enero del año 2004.
Noveno: Al día de hoy, el gobierno del estado de Chiapas no ha cumplido con lo que suscribió en el convenio multicitado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha realizado las indemnizaciones correspondientes por las afectaciones a los terrenos y parcelas expropiadas.
Décimo: Es obligación del Gobierno Federal, en este caso, particularmente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumplir con la responsabilidad que se adquiere con los afectados por causas de utilidad pública, y proceder a la liquidación correspondiente.
Por las anteriores consideraciones, someto al Pleno de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LIX Legislatura, exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cubrir las indemnizaciones correspondientes de los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios y fideicomisarios que resultaron afectados por la expropiación por causas de utilidad pública de diversas superficies de terreno, para la construcción de la Autopista México-Tuxtla Gutiérrez, específicamente en el tramo Las Choapas-Raudales, subtramo comprendido entre los estados de Tabasco y Chiapas.
Segundo: La Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LIX Legislatura, de manera respetuosa y con pleno respeto a la soberanía del Estado de Chiapas, exhorta al titular del Ejecutivo Estatal a que cumpla con el Convenio suscrito entre el Secretario de Gobierno, en su calidad de representante del Gobierno Estatal, representado en ese acto por el C. Rubén F. Velásquez López y los representantes de los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios y fideicomisarios afectados, aglutinados en el Frente Democrático Campesino y Popular de Chiapas; particularmente la cláusula décima, acordada por las partes, en la que el gobierno se comprometió a que la fecha límite para llegar al pago de las tierras afectadas, sería el 10 de enero de 2004; realizando ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las gestiones necesarias para tal efecto.
Asimismo, se realicen los trabajos necesarios para resarcir los daños de los terrenos y parcelas que fueron afectadas por la construcción de dicha autopista.
Tercero: La Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LIX Legislatura, de manera respetuosa y con pleno respeto a la soberanía del Estado de Tabasco, exhorta al titular del Ejecutivo Estatal a que realice las gestiones ante el Gobierno Federal a fin de que se cubran las indemnizaciones correspondientes por las afectaciones causadas y se realicen los trabajos necesarios para resarcir los daños de los terrenos y parcelas que resultaron afectados, como resultado de la construcción de dicha autopista.
Cuarto: La Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LIX Legislatura, de manera respetuosa y con pleno respeto a la soberanía del Estado de Chiapas, exhorta al titular del Ejecutivo Estatal a atender las demandas y propuestas de los campesinos y ejidatarios aglutinados en el Frente Democrático Campesino y Popular de Chiapas, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de estos municipios, a través del otorgamiento de asesoría técnica para sus proyectos productivos, para que estén en condiciones de aprovechar los beneficios de la carretera México-Tuxtla Gutiérrez.
Palacio Legislativo de San Lázaro;6 de octubre de 2005
Dip. Emilio Zebadúa González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
A INTEGRAR EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS LA PARTE RELATIVA A EDUCACIÓN
CÍVICA, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía un punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
1. Las elecciones federales del año 2000 fueron un parteaguas en la concepción de la democracia en México, pues fueron sin duda las últimas elecciones federales en que se obtuvo el mayor número de participación de votantes, el porcentaje de los votantes. Actualmente, se ha reducido en los últimos años y no sólo en las elecciones federales intermedias del año 2003, sino en las elecciones estatales para elegir gobernadores, diputados locales y alcaldes de las distintas entidades federativas.
2. Es un hecho que el abstencionismo nos daña a todos, principalmente como ciudadanos, después como partidos políticos y por último como actores mismos, ya que un gobierno sin el reconocimiento de la mayoría de los ciudadanos es un gobierno deslegitimado, hay quienes afirman que tradicionalmente, esta apatía por acudir a ejercer su voto se ha considerado una disfunción del sistema democrático. Se considera como un indicador de despolitización, de integración política insuficiente, que surge como consecuencia de una inserción social débil, dado que entre los abstencionistas se encuentran los muy jóvenes y los ya viejos, las mujeres y en general, los grupos más débiles de la sociedad.
Sin embargo, el abstencionismo que se presenta en nuestro país no es aquel que se vislumbra a través de los votos nulos, por contar con más de una marca o cuando el elector deposita una boleta en blanco, pues aunque no apoya a ningún candidato o plataforma, cumple así con los derechos y obligaciones cívicas que contamos todos los ciudadanos mexicanos.
El abstencionismo preocupante es aquel por el cual el ciudadano se niega simplemente a acudir a ejercer su derecho al sufragio, que es también su obligación, independientemente de su justificación.
3. Es importante resaltar que la abstención se convirtió en una opción electoral que ha venido superando ampliamente los porcentajes de votos que a nivel nacional obtuvieron los partidos políticos en las elecciones locales y federales de los años pasados, incluso un ejemplo tangible de ello, se dio en las pasadas elecciones en el estado de México, dónde el porcentaje del padrón electoral que eligió al gobernador en funciones, fueron alrededor de 20 por ciento.
Ciertamente, la participación ciudadana no se reduce únicamente al momento de votar y elegir a quienes nos representarán y gobernarán desde la esfera pública, sino que va más allá, implica manifestar la aprobación o no, de una forma de gobierno, de una plataforma legislativa o de un presupuesto gubernamental que combata la pobreza y la ignorancia.
Por ello debemos empezar a adecuar nuestros ordenamientos legales y sobre todo las acciones y programas de gobierno para erradicar los males que nos perjudican como nación.
4. Por otro lado, en nuestra legislación actual, la Ley General de Educación, en el artículo 12, fracción III, establece que corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones de elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.
Una de las acciones primordiales que deberá seguir el Gobierno Federal para empezar a erradicar el abstencionismo en las elecciones, es a partir de la educación cívica que se debe proporcionar a las niñas y a los niños desde la escuela, generando la convicción voluntaria, solidaria e individual de participar en las elecciones. Por ello, en el presente punto de acuerdo proponemos que la Secretaría de Educación Pública federal, realice las adecuaciones correspondientes para que los infantes conozcan cuales serán los derechos, y prerrogativas que gozarán en un futuro, cuando alcancen la mayoría de edad y acudan a emitir su voto. La historia nos ha demostrado que los programas establecidos por el Instituto Federal Electoral han sido insuficientes y por ello la Secretaria de Educación Pública tendrá que empezar a desarrollar nuevos programas y proyectos que ayuden a incrementar la participación en las elecciones.
Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados en las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que se inserten en el contenido de los libros de texto gratuitos de educación básica los lineamientos de educación cívica dirigidos a incrementar la participación social en las elecciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2005.
Diputados: María del Rocío Jaspeado
Villanueva, Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Adriana
González Furlong, María del Carmen Escudero Fabre, Norma
Patricia Saucedo Moreno, Yleana Baeza Estrella, Leticia Socorro Userralde
Gordillo, José Julio González Garza, Guillermo Tamborrel
Suárez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SCT QUE HAGA PÚBLICO EL GRADO DE AVANCE
FÍSICO Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA ESTE AÑO
A TRAVÉS DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA APATZINGÁN-CUATRO CAMINOS, EN
MICHOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO INELVO MORENO ÁLVAREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El municipio de Apatzingán de la Constitución, en el estado de Michoacán, es uno de los que mayor peso representa al interior de la entidad en virtud del tamaño de su población; su aportación a la producción bruta estatal, en particular la agropecuaria; así como su importancia como vínculo entre dos de las zonas básicas, Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas.
En cuanto a población, Apatzingán es el quinto mayor municipio de la entidad con 117,949 habitantes, superado por los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora.
El crecimiento económico del estado tiene, además del municipio de Apatzingán, dos polos significativos representados por el área industrial de Morelia y la actividad tanto siderúrgica como exportadora e importadora del puerto de Lázaro Cárdenas, dos polos unidos por carretera. Este crecimiento productivo ha conllevado a un incremento en la actividad del autotransporte cuya infraestructura carretera debe ser conservada, ampliada y modernizada de manera permanente.
En tales condiciones, los puntos de acceso a y desde Apatzingán han empezado a saturarse trayendo con ello deseconomías para las actividades del transporte de mercancías y de personas.
Es por esto que se requiere con urgencia la construcción del tramo Apatzingán-Cuatro Caminos. Obra que en el presupuesto federal para el presente año fue incluida dentro del esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), pero que no ha sido iniciada.
Ignoramos las razones por las que no se ha iniciado la construcción de la mencionada carretera, y al mismo tiempo los pobladores de la región temen que no se vaya a llevar a cabo en el presente año pudiéndose perder los recursos ya autorizados.
Por lo antes referido proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita atentamente al Secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, aclare el grado de avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para este año, a través de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), para la construcción de la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos en el estado de Michoacán y emita las instrucciones necesarias a efecto de acelerar la obra.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2005.
Dip. Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONGRESO DE VERACRUZ A LEGISLAR SOBRE EL TEMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía un punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
1. Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, en diversas ocasiones hemos presentado proposiciones e iniciativas con el ánimo de enriquecer la participación ciudadana de nuestro país, si bien es cierto que el Gobierno Federal ha implementado el año de la participación ciudadana en seguridad pública. Aún falta delinear ordenamientos jurídicos en esta materia en algunos estados de la República.
Actualmente, algunas entidades federativas cuentan con leyes de participación ciudadana; entre ellas, se encuentran Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Estos ordenamientos legales contemplan formas de organización de la participación ciudadana y de democracia directa; se contemplan figuras como el referéndum, plebiscito e iniciativa popular, de igual forma, se prevén las instituciones o los órganos encargados de la participación ciudadana.
2. En México, la participación ciudadana representa un equilibrio entre la participación de los ciudadanos y la capacidad de decisión del gobierno, de hecho depende enteramente de ese equilibrio la llamada gobernabilidad y la estabilidad democrática de un país, esta estabilidad no sólo se refleja en las elecciones, también debe existir la organización de la participación social, desde el momento mismo de las demandas ciudadanas, las cuales siempre serán superiores a los recursos públicos; las demandas de la sociedad civil deben tener en consideración que los recursos asignados para cualquier gobierno y encaminados a las demandas sociales son escasos; y uno de los desafíos de mayor envergadura para cualquier gobierno consiste en la asignación atinada de esos recursos escasos en función de ciertas prioridades sociales.
Por ello existe gran necesidad de legislar no sólo sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, debemos legislar a favor de un nuevo ordenamiento en el cual estén incluidas las formas de participación social así como las demandas de las mismas.
3. Una de las entidades federativas que más ha avanzado en este tenor es Coahuila, quienes fueron impulsores de la normatividad local en participación ciudadana, los avances que dicho estado ha dado cuenta, han sido significativos para el resto del país, no obstante aún hace falta mucho por investigar y muchas teorías por demostrar en el ámbito de la participación ciudadana. Como bien sabemos, la parte medular de la Federación son los estados, de tal forma que debemos empezar por legislar en leyes y reglamentos del ámbito local que nos ayude y facilite la legislación federal; por ello es de suma importancia que el estado de Veracruz, el cual ostenta un padrón electoral de 4,264,890 y es necesario abarcar diversos temas en su legislación local, entre ellos, los temas sociales desde la óptica de la participación ciudadana.
Para nosotros, como legisladores federales, es de suma importancia proveer de los mecanismos necesarios para brindar una certeza jurídica a nuestra sociedad. En el estado de Veracruz, del cual soy originaria, no se ha avanzado en el tema de la participación ciudadana. Por ello, los proponentes de este punto de acuerdo hacemos un llamado respetuoso para que los integrantes del Congreso local busquen los caminos jurídicos adecuados y legislar en favor de la sociedad veracruzana.
Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados en las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Congreso de Veracruz a legislar en una ley de participación ciudadana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2005.
Diputados: María del Carmen Escudero Fabre,
Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Adriana González
Furlong, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Norma Patricia
Saucedo Moreno, Yleana Baeza Estrella, Leticia Socorro Userralde Gordillo,
José Julio González Garza, Guillermo Tamborrel Suárez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL IFE Y A LOS INSTITUTOS ESTATALES ELECTORALES A ESTABLECER
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA POBLACIÓN JUVENIL DIRIGIDOS A INCREMENTAR
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ELECCIONES, SUSCRITA POR DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes de la comisión de participación ciudadana y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo los siguientes:
Considerandos
1.- El abstencionismo ha sido vinculado a las más diversas causas, desde las que se refieren a los mecanismos mismos de los procesos electorales hasta los que están relacionados con la forma de reaccionar de los diversos sectores de la población ante los problemas de su entorno, las causales del abstencionismo se dividen en políticas y sociales, dentro de las políticas se da el caso del abstencionismo que rechaza toda participación electoral, porque rechaza al sistema mismo, con clara conciencia del significado de su acción, otro sector que se abstiene por causas políticas es aquel que considera que aún es posible lograr cambios en la sociedad por la vía electoral pero que no encuentra la organización política que represente sus intereses; es aquel que analiza las opciones que se le ofrecen, las valora y llega a la conclusión que todas representan, en lo esencial, lo mismo, es decir, es el elector que considera que las diferencias entre los partidos son de forma y que por tanto nada nuevo ha de suceder si triunfa alguno diferente al que detenta el poder, que ninguno representa una verdadera opción de cambio y que por ello prefiere abstenerse. De las causas económicas y sociales podemos prever que el mayor peso del abstencionismo actual se debe a las condiciones económicas y sociales dominantes en un sistema político, en su mayoría las personas que no han podido elevar su nivel socioeconómico son aquellas que se abstienen de votar debido a la poca o nula credibilidad que le dotan a los partidos políticos y a los candidatos que se encuentran en la contienda electoral, son aquellos que siempre creen que les va igual y no les interesa quién gane.
En fechas anteriores compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y que somos integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, hemos presentado ante el pleno de esta Cámara de Diputados, distintos puntos de acuerdo a efecto de tomar medidas y adecuaciones en programas y proyectos por parte del Instituto Federal Electoral y del Gobierno Federal para incrementar la conciencia social de la participación ciudadana en las elecciones y en las decisiones de gobierno. La presente no sólo es una proposición más, esta tiene matices enfocados al desarrollo de programas delimitados para incrementar la participación de los jóvenes ciudadanos encaminada hacia las elecciones.
2.- El instituto Federal Electoral cuenta con una Dirección Ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica, la cual desarrolla los programas que en materia de capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana se aplican a los diversos grupos poblacionales a través de las estructuras delegacionales y subdelegacionales ubicada en las 32 entidades federativas y en los 300 distritos electorales uninominales. Es así que en materia de capacitación electoral corresponde a la Dirección Ejecutiva, en materia de educación cívica y participación ciudadana, como la encargada del desarrollo de los programas y las acciones encaminadas a exhortar a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones así como orientarlos en el ejercicio de sus derechos políticos establecidos en la Constitución; mediante: 1) La difusión de campañas institucionales en los medios de comunicación masiva y alternativos para promover la participación ciudadana, 2) La impartición de cursos y talleres de educación cívica en el espacio escolar, y a hombres y mujeres adultos y la realización de ejercicios de participación cívica como la consulta infantil y juvenil, los ejercicios escolares de elección de representantes y parlamentos infantiles y juveniles, 3) La divulgación de libros especializados, cuadernos de divulgación de la cultura democrática, investigaciones, conferencias, entre otros, así como de un acervo bibliohemerográfico a través de la Red de Bibliotecas del IFE ubicadas en las juntas locales y distritales ejecutivas, y, 4) El desarrollo de investigaciones y estudios sobre temas afines como la participación ciudadana, la cultura política, los sistemas electorales.
3.- En este tenor el propio Instituto Federal Electoral ha informado que la misión de dicha dirección Ejecutiva es contribuir en el conjunto de la sociedad a la formación de ciudadanos aptos para vivir en democracia, mediante la instrumentación de programas institucionales encaminados a fomentar la participación ciudadana en los espacios públicos, en forma libre, crítica, informada, conciente y responsable de sus derechos y obligaciones; a divulgar los valores democráticos de libertad, igualdad, tolerancia, respeto, diálogo, pluralismo, legalidad, solidaridad, corresponsabilidad y rendición de cuentas entre gobernantes y gobernados, que promuevan a la democracia como forma de vida y de gobierno.
El artículo 41, inciso c) fracción III, establece que las elecciones federales se realizan a través del Instituto Federal Electoral, el cual ha sido dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo las elecciones una función estatal regida por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Sin embargo los programas que dicha dirección ha implementado han resultado insuficientes para incrementar la participación de los ciudadanos en las elecciones, si bien es cierto, debemos de reconocer el gran esfuerzo que dicho Instituto ha desarrollado en cuanto a las campañas en medios de comunicación y la impartición de cursos y talleres en espacios escolares de educación cívica, sin embargo hace falta un programa enfocado hacia la participación de la población juvenil, dónde se realice un ejercicio pleno de los derechos y las obligaciones que ostentan como ciudadanos y dónde se les infunda la importancia de participar activamente en las elecciones y en las decisiones de gobierno.
4.- En México, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, la población juvenil entre 20 y 24 años que se encuentran estudiando, hasta el año 2000 era de (nueve millones, setenta y un mil ciento treinta y cuatro personas) 9, 071,134, lo cual nos puede dar una idea del padrón electoral juvenil con que cuenta nuestro país. Los programas de los que hacemos referencia en la presente proposición deberán estar dirigidos para alcanzar a dicha población juvenil, no sólo a los estudiantes sino a los jóvenes de entre esas edades en general.
El Instituto Federal Electoral y los institutos estatales electorales, son responsables de los programas enfocados a incrementar la participación social en comisión federales y locales, por ello, deben innovar programas enfocados a abatir el abstencionismo electoral y la poca participación ciudadana en las decisiones de Gobierno y elecciones.
Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados bajo las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Que la H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los Institutos Federal Electoral y Estatales Electorales, a efecto que implementen nuevos programas enfocados a la población juvenil, que ayuden a incrementar la participación ciudadana en los comicios electorales.
Dado en el Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2005.
Diputados: Leticia Socorro Userralde Gordillo,
Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Adriana González
Furlong, María del Carmen Escudero Fabre, Norma Patricia Saucedo
Moreno, Yleana Baeza Estrella, María del Rocío Jaspeado Villanueva,
José Julio González Garza, Guillermo Tamborrel Suárez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN A EFECTO DE QUE EL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO
AGROPECUARIO SE AJUSTE A LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA
DE AZÚCAR, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO PALMERO ANDRADE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales de diversos grupos parlamentarios, integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
En México, dada la importancia que tiene el conjunto de la economía nacional, tanto por el valor de la producción como por el número de personas involucradas en la misma, sin soslayar su trascendental papel en la dieta diaria de la familia mexicana, la agroindustria de la caña de azúcar configura una actividad productiva no sólo de carácter histórico, sino además de interés público y social.
Importada con la Conquista, la actividad azucarera participa actualmente en la economía nacional con 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto y proporciona sustento a más de 440 mil familias en forma directa (mediante empleos permanentes y temporales), asentadas en 227 municipios, pertenecientes a 15 estados de la República, en los que habitan alrededor de 12 millones de mexicanos, de los cuales más de 2.5 millones dependen directamente de la agroindustria de la caña de azúcar, así como de una diversidad de actividades indirectas vinculadas a la misma en una cadena de producción.
Sobre esa base, a partir de la operación de 60 ingenios, México ocupa en la actualidad el séptimo lugar en producción de azúcar a nivel mundial, entre más de un centenar de países y la octava posición en cuanto al consumo, con 42 kilogramos anuales per cápita.
De la producción nacional, 58 por ciento es canalizado a la industria, 32 por ciento al uso doméstico y el restante 10 por ciento se destina principalmente al mercado internacional.
Antecedentes
El 22 de agosto de 2005, el Presidente de la República promulgó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
La entrada en vigor de esta ley trae consigo la creación de organizaciones locales y nacionales, así también se tendrá por reconocidas a las organizaciones que la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras tenía registradas, debiendo actualizar su inscripción en los términos de los artículos 34 y 38 de la citada ley.
Por otra parte, las organizaciones locales que pretendan lograr el registro ante el Servicio Nacional de Registro Agropecuario deberán apegarse al articulo 34 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, debiendo exhibir dos copias de su acta constitutiva y de sus estatutos debidamente certificados, dos copias del acta de elección de su Comité Local vigente y dos copias del padrón de abastecedores de caña asociados, que deberán actualizar anualmente.
Las organizaciones nacionales que pretendan constituirse para su debido registro, deberán exhibir dos copias del padrón de abastecedores de caña asociados que deberán actualizar anualmente. La certificación del padrón se basará en el registro de afiliaciones de sus organizaciones locales, sancionadas por el comité de cada uno de los ingenios.
En virtud de la proximidad del inicio de la zafra 2005-2006 pudieran darse interpretaciones erróneas de la citada ley, por lo que los suscritos consideramos conveniente enfatizar la exacta aplicación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en el momento de llevar a cabo el cotejo de las afiliaciones correspondientes.
En el ánimo de evitar confrontaciones e impugnaciones entre las organizaciones que no presenten su registro de afiliaciones así como la copia del padrón de asociados, es evidente que, no podrán registrarse, razón por la cual el Servicio Nacional de Registro Agropecuario, deberá exigir a las organizaciones nacionales registro de afiliaciones de sus organizaciones locales en los términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que el Servicio Nacional de Registro Agropecuario se apegue a la aplicación precisa de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en lo referente al Título Tercero, específicamente a los artículos 34 y 38, así como al artículo sexto transitorio de la misma.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los seis días del mes de octubre de 2005.
Diputados: Diego Palmero Andrade (rúbrica),
José María de la Vega Asmitia (rúbrica), Emiliano
Vladimir Ramos Hernández, Juan Fernando Perdomo Bueno.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 SE CONSIDERE
LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES A FIN DE
QUE LOS MUNICIPIOS CONSTRUYAN RELLENOS SANITARIOS REGIONALES, A CARGO DE
LA DIPUTADA MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
Martha Leticia Rivera Cisneros, en mi carácter de diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideracion de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2006 se contemple la asignación de recursos económicos suficientes a los municipios del país para la construcción de rellenos sanitarios regionales. La petición se sustenta en las siguientes
Consideraciones
Responsabilidad
Por ley el responsable de la prestación del servicio de aseo público es el municipio, y de acuerdo con la mayoría de los reglamentos de limpia, esta responsabilidad se refiere al servicio domiciliario, quedando los comercios e industrias, obligados a resolver por sus propios medios el problema de sus residuos; por otra parte, el control de los residuos biomédicos y peligrosos esta fuera del ámbito municipal.
Limitaciones presupuestales
En el estado de Morelos la creciente demanda del servicio contrasta con las limitaciones presupuestales de los municipios, esto provoca que los equipos de recolección sean insuficientes y se encuentren en mal estado por lo que por falta de recursos económicos, se deposita la basura en tiraderos a cielo abierto, en condiciones contaminantes, en la gran mayoría de los casos. Aunado a que no existe actualmente una cultura de aseo orientada hacia la reducción de los volúmenes de generación de basura, la separación de la misma y el aprovechamiento de residuos, así como a la participación en campañas de limpieza por parte de la comunidad.
Por lo que la solución que se esta planteando hoy después de muchos meses de estudios y diagnósticos necesarios es la construcción de rellenos sanitarios regionales en lugares viables y que cumplan con las normas técnicas existentes. Y así abatir de fondo y con efectos prácticos esta realidad.
En cuanto a su marco regulatorio existe ya un avance significativo en la normatividad específica para el control de los residuos sólidos en nuestro país, siendo relevante las siguientes:
PNOM-084-ECOL-1994, que establece los requisitos para el diseño de un relleno sanitario y la construcción de sus obras complementarias.
NOM-087-ECOL-1995, que establece los requisitos para la separación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos biológicos infecciosos.
NOM-CRP-01-1993.NOM-CRP-02-1993, NOM-CRP-03-1993, NOM-CRP-04-1993, NOM-CRP-05-1993, NOM-CRP-06-1993, NOM-CRP-07-1993, que establecen las características de los procedimientos, requisitos de sitios para confinamientos, incompatibilidad de residuos, requisitos para diseño, construcción y operación de los sitios y sus obras complementarias.
El manejo de la basura en todo el país se ha practicado siempre con las mismas técnicas rudimentarias. Por lo que la aplicación de técnicas modernas en México es aun incipiente, siendo muy pocas las ciudades que han implantado proyectos de manejo y disposición final de residuos acordes con las normas ambientales.
Algunos proyectos avanzados como la instalación de plantas de composta en la mayoría de los casos han fracasado por su mala operación e inadecuado mantenimiento, y son contados los rellenos sanitarios que funcionan correctamente. Sin embargo otras tecnologías más sofisticadas y con mejores garantías en cuanto a la preservación del medio ambiente, como la incineración (con fines de generación de energía eléctrica; no son factibles en el corto plazo por razones económicas.
Alternativas de aprovechamiento
Fuera de la separación hecha por lo pepenadotes, la falta de fomento a una cultura de aseo, hace que el aprovechamiento de los residuos solo se presente de manera muy aislada.
No existe de manera institucional programas de separación y aprovechamiento de residuos, cuyo seguimiento sea constante.
Se requiere una cultura por parte de las industrias, para la separación de los posibles residuos reutilizables y reciclables.
Al tirarse a los basureros prácticamente la totalidad de los desperdicios, se dejan de aprovechar algunos materiales, cuya consecuencia repercute en un mayor consumo de los recursos naturales.
Será necesario un plan global de aprovechamiento de residuos, congruente con la demanda de los mismos y la ubicación de instalaciones de reciclamiento en nuestro país.
Participación de la iniciativa privada
(Alcances y beneficios)
Actualmente la apertura permite la participación de la iniciativa privada, a través de contratos de servicios o esquemas de concesión para la prestación de servicios de aseo publico, tradicionalmente a cargo de los gobiernos.
Con la inversión privada el servicio se moderniza, incrementa su cobertura al 100% y evita el endeudamiento de los municipios, pudiendo canalizar sus recursos a otras prioridades.
Se obtienen soluciones inmediatas al problema y se propicia la plantación a largo plazo.
El servicio no se afecta por cambio de administración.
Se tiende hacia la autosuficiencia económica durante el periodo de la administración.
Con la rectoría del municipio y con el trabajo conjunto se alcanzan: el cumplimiento de normas, la preservación del ambiente y la promoción de una cultura de aseo.
Como consecuencia de estos argumentos y en uso de las atribuciones a que he hecho referencia, y en aras de un país más ordenado y un entorno ecológico más sano para la humanidad, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se considere la asignación de recursos suficientes a los Municipios del país que, en función de sus programas de desarrollo, puedan llevar a cabo medidas que impliquen el desarrollo de rellenos sanitarios regionales.
Dip. Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR EL DECRETO QUE EXENTE A LAS PYMES
DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO
NORBERTO CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Norberto Enrique Corella Torres a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal la exención del pago del impuesto al activo a las pequeñas y medianas empresas basado en las siguientes
Consideraciones
Durante los pasados nueve años, a partir de 1996, y como consecuencia de las medidas económicas tomadas por el Gobierno Federal para atender los efectos de la crisis económica derivada de la devaluación de diciembre de 1994, el Ejecutivo federal, haciendo uso de las facultades que le otorga el Código Fiscal de la Federación, principalmente la contenida en la fracción I del artículo 39 que le autoriza a "condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios" emitió un decreto que exentaba del pago del impuesto al activo a los contribuyentes que tuvieran ingresos totales en el año anterior de un cierto monto. Desde el inicio, el citado estímulo fiscal tuvo como objetivo el permitir una aceleración en la recuperación económica de las pequeñas y medianas empresas, que son los contribuyentes que se podían ubicar en el límite de ingresos establecido en dicho decreto.
En el año 2000 al inicio de la presente administración, y de acuerdo a la información contenida en el IV Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, este segmento de unidades económicas, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas eran responsables de demandar el empleo del 69% de la población ocupada en los sectores económicos distintos del sector primario, esto es, de la agricultura. Para el año 2004, dicho porcentaje se elevó dos puntos al llegar al 71.3%. Estos datos muestran por una parte, que poco más de dos de cada tres trabajadores con empleo en el sector privado obtienen su fuente de ingreso en este tipo de empresas, y por la otra, muestra una tendencia al alza de la importancia de este sector como creador de fuentes de empleo.
Actualmente, la definición de micro, pequeña y mediana empresa, de acuerdo con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tiene como variable fundamental el personal ocupado de acuerdo al sector económico en el que desarrolla sus actividades. En resumen, una empresa pertenece a este tipo de unidades económicas si ejerciendo su actividad en la industria emplea a un máximo de 500 trabajadores, y en el comercio y los servicios a un máximo de 100. No obstante, para que en términos fiscales pudiera operar la condonación del impuesto al activo, el Ejecutivo federal determinó la exención a partir del monto de ingresos que hubieran recibido los contribuyentes en el año anterior.
De esta forma, para 1996 el tope de ingresos para determinar a los contribuyentes que podían recibir este beneficio fiscal fue de $7'000,000 (siete millones de pesos), este monto de ingresos fue actualizado hasta el año de 2001 de acuerdo a la inflación calculada a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y por lo tanto fue creciendo a $8'900,000 (ocho millones novecientos mil pesos) para el ejercicio fiscal de 1997, actualizado a $10,'000,000 (diez millones de pesos) para 1998, en el año siguiente 1999 el tope de ingresos se estableció en $12'000,000 (doce millones de pesos), en el 2000 el decreto del Ejecutivo determinó un tope de ingresos de $13'500,000 (trece millones quinientos mil pesos), y a partir del 2001 no sufrió actualizaciones quedando en $14'700,000 (catorce millones setecientos mil pesos).
En los años siguientes y hasta el 2004 dicho monto no ha sufrido actualización alguna, alcanzando el día de hoy un rezago de 20.6% calculado con respecto a la inflación de estos últimos años. Teniendo en cuenta la enorme importancia que este sector tiene como generador de empleo, y siendo precisamente la falta de empleo uno de los principales problemas económicos que se enfrentan actualmente, considero necesario que se continúe otorgando este estímulo fiscal a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Es útil reconocer que actualmente las personas físicas que se encuentran tributando bajo el régimen de Pequeños Contribuyentes, se encuentran exentas del pago del impuesto al activo a partir de este año y como resultado del paquete económico aprobado por esta soberanía en el 2004. No obstante, el citado régimen fiscal está limitado a un número reducido de actividades económicas y sólo pueden acogerse a él aquellas personas con ingresos máximos de $2'000,000 (dos millones de pesos).
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que con fundamento en la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables, emita el decreto que exente del pago del Impuesto al Activo en el ejercicio fiscal 2005 a los contribuyentes con ingresos totales máximos de $17'700,000 (diecisiete millones setecientos mil pesos) en el año 2004.
Dip. Norberto Corella Torres (rúbrica)
El que suscribe, diputado federal Salvador Sánchez Vázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el inciso f) numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XVI del artículo 21 y el 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimoquinto del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicita a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se elabore a la brevedad el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 25 de noviembre de 2004, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de Federación, con objeto de anticipar las fechas de entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Informe de Resultados de su revisión y fiscalización, así como eliminar el Informe de Avance de Gestión Financiera, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La iniciativa en comento contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la transparencia en la oportuna rendición de cuentas, que se traduce en una más eficiente y eficaz fiscalización de los recursos públicos, a través de acciones de vigilancia, control y fiscalización que competen a la Cámara de Diputados.
El fortalecimiento de las facultades del Poder Legislativo para el control y vigilancia de la gestión gubernamental, a través de la reforma constitucional que dio origen a la Auditoría Superior de la Federación, dotándola de nuevas facultades para la revisión de la cuenta pública, no han sido suficientes.
Hoy en día se requiere continuar impulsando a través de iniciativas que permitan contar con instrumentos más efectivos para la rendición de cuentas y su fiscalización, consolidando con ello la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y acceso a la información son aspectos que participan en el fortalecimiento del Estado de derecho y de nuestra democracia.
El presupuesto público tiene gran trascendencia en la vida económica y social de una nación ya que los objetivos sociales del Estado se operativizan a través de él; cada acción del gobierno tiene una implicación presupuestaria.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal constituye el complemento de apoyo fundamental al Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que le permite a la Cámara de Diputados analizar si los recursos asignados fueron utilizados debidamente y si en su aplicación se cumplieron los programas de gobierno. Esta actividad analítica la ejerce el Legislativo contando con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con lo que disponen los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El producto de esta actividad es el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que es entregado por el órgano fiscalizador a la Cámara de Diputados el 31 de marzo del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública Federal, es decir, poco más de 4 meses después de la fecha de aprobación del Presupuesto de Egresos.
Bajo las disposiciones legales vigentes, el Poder Ejecutivo Federal le hace llegar la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados el 10 de junio del año siguiente al del ejercicio presupuestal, iniciándose a partir de esa fecha el proceso de fiscalización.
Una condición necesaria para que los poderes de la Federación que tienen a su cargo la ejecución del presupuesto lo realicen con la más alta calidad y eficiencia, es la articulación y coordinación eficiente de las distintas fases del ciclo presupuestario, toda vez que en la actualidad, al tiempo que se prepara el presupuesto, se ejecuta el del año anterior y se prepara también la Cuenta Pública para su revisión legislativa.
Esta sincronía del ciclo presupuestal tiene como consecuencia que el Legislativo no cuente con los elementos de información presupuestal oportunos más relevantes para fundamentar sus decisiones de asignación y aprobación de los rubros que componen el presupuesto, ni aquellos que le permitan realizar una evaluación rigurosa y oportuna del ejercicio presupuestal, lo que se traduce en el debilitamiento de la calidad de la fiscalización y los principios de rendición de cuentas y de transparencia de los recursos públicos.
La reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio pasado, determinó la obligación del Ejecutivo Federal de entregar la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 8 de septiembre, en tanto que la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos a más tardar el día 15 de noviembre.
Sin embargo, no consideró las fechas de entrega de la Cuenta Pública por parte del Ejecutivo Federal y del Informe de Resultados de su revisión, por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
La iniciativa presentada por el suscrito propone adelantar la fecha límite que tiene el Ejecutivo Federal para entregar la Cuenta Pública del 10 de junio al 31 de marzo del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente y en consecuencia, adelantar también la fecha límite de entrega de parte de la Auditoría Superior de la Federación, del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública al 31 de octubre del año en que se presenta la misma Cuenta Pública.
La aprobación de esta iniciativa proporcionaría elementos valiosos de información oportuna a la Cámara de Diputados para mejorar sustancialmente la tarea de aprobar con procedimientos técnicos el Presupuesto de Egresos de la Federación; tomando mejores decisiones para atender a las necesidades económicas, sociales y políticas que plantea el país.
También promovería la prontitud y eficacia en la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales, al tiempo que se mejora y fortalece la percepción que tiene la sociedad respecto de la Cámara de Diputados y, en particular, respecto de la transparencia y prontitud en la revisión de cuentas y del destino de los recursos públicos.
Asimismo, al dictaminar la iniciativa en cuestión, se daría trámite y se desahogarían un número considerable de iniciativas pendientes relacionadas con el mismo tema, a saber:
2. Iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre fiscalización y presupuesto presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, el 29 de abril de 1999;
3. Iniciativa de reformas al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 20 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentada por el diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del grupo parlamentario del PRD, el 13 de octubre de 2000;
4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 73, la fracción IV del artículo 74 y el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Julio Castellanos Ramírez, del grupo parlamentario del PAN, el 18 de octubre de 2000;
5. Iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Juan Manuel Carreras López, del grupo parlamentario del PRI, el 30 de noviembre de 2001;
6. Iniciativa que reforma el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentada por el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, el 20 de marzo de 2002;
7. Iniciativa que reforma el artículo 74, fracción IV, párrafo II y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Raúl González Villalva, del grupo parlamentario del PRI, el 3 de abril de 2002;
8. Iniciativa de reformas a los artículos 65, 66 y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 4, numerales 1 y 2; y 6, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José María Núñez Murillo, del grupo parlamentario del PAN, el 25 de abril de 2002;
9. Iniciativa que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, el 25 de octubre de 2002;
10. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga las fracciones I, IV, V, X y XI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma los artículos 8, 17, 18 y 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Víctor Roberto Infante González, del grupo parlamentario del PRI, el 25 de octubre de 2002;
11. Iniciativa que reforma los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Jorge Carlos Berlín Montero, del grupo parlamentario del PRI, el 15 de noviembre de 2002;
12. Iniciativa que reforma los artículos 30 y 36 de la LFSF, presentada por el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, el 11 de diciembre de 2002;
13. Iniciativa que reforma diversas disposiciones jurídicas relacionadas con la Cuenta Pública presentada por el diputado Gilberto del Real Ruedas, del grupo parlamentario del PRD, el 25 de abril de 2003;
14. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 8 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, en nombre de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del PRD, el 30 de mayo de 2003;
15. Iniciativa que reforma los artículos 26, 74 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Jorge Alejandro Chávez Presa, del grupo parlamentario del PRI, el 29 de agosto de 2003;
16. Iniciativa que deroga los párrafos segundo, tercero, séptimo y octavo de la fracción IV del artículo 74; adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 78; reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 79; así como adiciona las fracciones XX y XXV del artículo 89, todas éstas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Javier Castelo Parada, del grupo parlamentario del PAN, el 9 de diciembre de 2003;
17. Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 74, 79, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por la senadora Georgina Trujillo Zentella, del grupo parlamentario del PRI, el 24 de febrero de 2005;
18. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por el diputado Raúl José Mejía González, del grupo parlamentario del PRI, el 21 de octubre de 2004;
19. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Ángel Augusto Buendía Tirado, del grupo parlamentario del PRI, el 16 de mayo de 2005.
Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que:
Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, a fin de que turne a la brevedad, ante el Pleno de la Cámara, el dictamen respectivo de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de Federación, con objeto de anticipar las fechas de entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Informe de Resultados de su revisión y fiscalización, así como eliminar el Informe de Avance de Gestión Financiera, presentada el 25 de noviembre de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, H. Cámara de Diputados a 6 de octubre de 2005.
Dip. Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE SALUD, A
SOLICITUD DEL DIPUTADO HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, solicito de manera respetuosa a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Salud, a efecto de que se elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a las observaciones que el Presidente de la República hace al decreto emitido por el H. Congreso de la Unión durante el primer periodo del primer año de esta LIX Legislatura, por el que se reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 21 de noviembre de 2002, mi compañero diputado Federico Granja Ricalde, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud y cuyo propósito es minimizar el riesgo de colocar en el mercado medicamentos que puedan dañar la salud al exigir el requisito de planta a los laboratorios, misma iniciativa que fue aprobada por 384 votos en pro en sesión del martes 25 de marzo de 2003 de esta honorable soberanía.
Fue remitida como minuta a la Colegisladora el 27 de marzo de 2003 y es aprobada en sesión del 12 de diciembre del mismo año por 74 votos a favor, turnándose al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales y legales.
Así las cosas, el 15 de marzo de 2004, el Ejecutivo federal, en uso de sus facultades constitucionales hace llegar a esta soberanía las observaciones por las que según a su juicio considera que hace inviable la publicación del decreto en comento, como sigue:
II.- Se señala que se tendrían efectos adversos en otros no menos importantes aspectos como el precio, el abasto y el acceso de medicamentos de última generación.
Lo anterior es totalmente falso en virtud de que se cuenta con la capacidad suficiente por parte de la planta establecida en México para abastecer todas y cada una de las necesidades que tiene la población, tanto la que se atiende en el mercado privado como el mercado público, asimismo los precios a los que se adquieren estos productos en particular en el caso de gobierno llegan a ser en la gran mayoría de los casos competitivos a nivel mundial y en virtud de que en el país existe la representación de prácticamente toda la industria farmacéutica que desarrolla investigación con planta establecida en México, generando empleos, impuestos y demás beneficios, y por tanto, el mercado mexicano tiene acceso a las últimas generaciones de medicamentos tal es el caso de los productos que a la fecha se utilizan para el tratamiento de enfermedades como sida y cáncer.
III.- Se menciona que no se cuenta con un diagnóstico preciso que compruebe que las importaciones de medicamentos han representado un riesgo sanitario para nuestro país, esto no se ha dado precisamente por la figura de requisitos de planta que se establece en el reglamento señalado y que a servido para que la Secretaria de Salud garantice la calidad de los productos mediante la representación en México del laboratorio que responde solidariamente por cualquier anomalía que se pudiera presentar en los productos importados.
IV.-Se manifiesta que la Secretaría de Salud ha ejercido un estricto control sanitario a la importación de productos a través del otorgamiento del registro sanitario de productos, esto contiene una cierta falsedad, toda vez que para el otorgamiento del registro sanitario exclusivamente se lleva un proceso documental y sólo se le puede otorgar el mismo a quien ha demostrado mediante la planta que tiene establecida en México que cumple con instalaciones aprobadas según la norma mexicana, por lo tanto, es falso que se diga que se llevan a cabo pruebas al medicamento para determinar el riesgo inherente del producto que se importa.
V.- Se menciona que los fabricantes en México no producen los medicamentos sino que completan el proceso indicando que sólo agregan el aditivo, encapsulan, fabrican la tableta o el comprimido envasan y empacan. Esto no demuestra más que ignorancia en quien emitió este documento destacándose que la Secretaría de Salud conoce perfectamente lo que implica la fabricación de productos farmacéuticos, las normas sanitarias que deben de cumplirse y que estos procesos van mucho más allá que estas líneas que incluso señalan un desprecio en quien lleva a cabo un desarrollo industrial farmacéutico. Asimismo si bien las sales y principios activos en buena medida se importan, esto se debe a que precisamente por medidas como ésta se acabó con la industria fabricante en México de farmoquímicos además de que para el caso de importación de los mismos cada uno de los laboratorios tiene la obligación de hacer pruebas de pureza y estabilidad de la materia prima de forma previa a su liberación para la fabricación del producto terminado.
VI.- Se señala que el hecho de importar medicamentos no garantiza que se haya supervisado su elaboración. Esto es parcialmente cierto, sin embargo, en este caso es donde se configura una responsabilidad de carácter solidario entre el importador y el exportador a fin de que quien tiene establecida una planta en México exclusivamente importa el producto que cumple con los estándares de calidad exigidos en México ya que en caso de que se presente algún problema no va ser tan solo un distribuidor o comerciante quien tenga que responder por las consecuencias que se causen sino que se garantiza prácticamente con el laboratorio las consecuencias del producto importado.
VII.- Se hace mención que la reforma no cumple con sus objetivos ya que los controles sanitarios seguirán siendo los mismos. Consideramos en este caso que el Ejecutivo tiene un planteamiento erróneo, toda vez que omite señalarle al Poder Legislativo que mediante el concepto establecido en el reglamento el día de hoy es requisito el que exista la planta para la importación de los medicamentos.
VIII.- Erróneamente se señala que IMSS, ISSSTE, e ISSFAM entre otros, se verán obligados con esta reforma a adquirir medicamentos únicamente de productores que acrediten tener la licencia sanitaria de fábrica o laboratorio, toda vez que el día de hoy por estar en vigor esta figura dentro del reglamento correspondiente sólo empresas que cumplen con la misma se les puede comprar medicamentos sin que al día de hoy existan casos de desabasto al amparo de este concepto. Es falso, además que se diga que con esta figura disminuirá el padrón de proveedores toda vez que absolutamente todos los proveedores de medicamentos importados en México que abastecen a todo el sector tiene planta establecida en México y garantizan no nada más la calidad del producto sino también empleos y derrama económica por su inversión.
IX.- Se señala que es posible que un laboratorio exterior ofrezca medicamentos a un precio notoriamente inferior. Esto es una realidad si se comprara la industria mexicana con la industria de China, India o Corea las cuales como de sobra se sabe, cuentan con subsidios y fomento para su desarrollo a diferencia de lo que sucede en México, lo cual mantiene al margen a la empresa mexicana.
X.- Es falso que se diga que se puede afectar el abasto oportuno de medicamentos con el argumento de que los laboratorios establecidos en territorio nacional podrían no tener suficiente cantidad y variedad de medicamentos, repito lo que en líneas anteriores, absolutamente todos los fabricantes de medicamentos a nivel mundial tienen planta establecida en México de forma seria generando una competencia equitativa. Lo anterior refleja igualmente una falsedad al señalarse que en Canadá y Estados Unidos de América se canalizan fuertes inversiones de recursos para investigación de nuevos medicamentos y que con esta reforma se impedirá a los mexicanos contar con esos medicamentos.
XI.- Se afirma que esta medida tendría justificación si la Secretaría de Salud no contara con el control sanitario que garantiza la calidad de los productos que se importan, sin embargo como arriba he señalado el único procedimiento que la Secretaría hace para estos procedimientos es meramente documental nunca hace un procedimiento técnico para verificar la efectividad o calidad del producto importado.
XII.- Se indica que con esta reforma se da un cambio total en la forma en que opera el mercado de medicamentos existente en nuestro país debido a que de hecho se acabaría la importación de medicamentos. Esto es falso totalmente, en virtud de que como ya se ha indicado, el Reglamento de la Ley de Insumos para la Salud, permite la importación precisamente con el requisito de planta establecida y la realidad es que hoy tenemos absolutamente todos los medicamentos innovadores que a nivel mundial se ofrecen, la calidad, cantidad y oportunidad que se requiere y de ninguna forma se cambia la forma como opera el mercado, así ha funcionando siempre garantizando la salud de los mexicanos.
Por lo anterior es falso que se diga que se va a concentrar el número de oferentes, será el mismo y aun superior en el momento en el que exista la certidumbre de que solo quien invierte en una planta en México puede comercializar estos productos dentro de territorio nacional.
XIII.- Se señala que solo dos proveedores concentran el 25% del total de las compras del IMSS, y 10 proveedores representan más del 50% de las compras totales, estas cifras lo único que demuestran es la corrupción que priva dentro de dicho instituto toda vez que de ese total de proveedores 7 son distribuidores y solo 3 fabricantes establecidos, distribuidores que al momento de participar dentro de la cadena de abasto lo único que hacen es encarecer los productos sin generar un valor agregado salvo el que se deriva de los intereses de las autoridades de dicho instituto.
XIV.- Es falso que se vayan a disminuir los postores en las licitaciones. Todos los que ofrecen ofertas al proceso de compra tienen planta establecida en el país.
XV.- Asimismo, se señala que con este artículo 222 se violan obligaciones de la OMC y cabe hacer mención que en el TLCAN, en su artículo 904, párrafo 2, se señala "No obstante cualquier otra disposición de este capítulo, cada una de las partes podrá fijar los niveles de protección que considere apropiado para lograr sus objetivos legítimos en materia de seguridad o de protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, así como del medio ambiente o de los consumidores, de conformidad con el artículo 907 (2)". Esto demuestra que en cuestión sanitaria cada una de las partes esta en total libertad de establecer los requisitos que estime convenientes para garantizar la salud de su población, este requisito de planta que forma parte del derecho positivo desde el reglamento señalado forma parte de estos derechos que tienen los países que suscribieron el tratado.
Por último y en virtud de que ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considero oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a la Comisión de Salud, con la finalidad de que presente el dictamen ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados a la mayor brevedad.
En vista de lo anteriormente expuesto, a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que:
Único.- En los términos de lo dispuesto en el inciso f) numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente se excite y envíe el presente documento a la Comisión de Salud, a fin de que turne con la mayor brevedad ante el Pleno de esta soberanía, el dictamen de las observaciones presentadas por el Ejecutivo federal, respecto del decreto que reforma y adiciona el artículo 222 de la Ley General de Salud aprobado por el H. Congreso de la Unión y devuelta el 15 de marzo de 2004 a esta honorable Asamblea en su carácter de Cámara de origen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2005.
Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica)