¿A qué llamamos feminicidio?

El feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el único hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada.

De acuerdo con Diane Russell y Jill Radford, los crímenes se dan en todo el mundo y son el resultado de la violencia misógina llevada al extremo y, por ende, son la muestra más visible de múltiples formas previas de hostigamiento, maltrato, daño, repudio, acoso y abandono.

Sociedades del pasado y del presente han convertido el feminicidio en una costumbre y una práctica social para desechar a las niñas a través del infanticidio o, en la actualidad, se extiende la práctica del feticidio selectivo de productos XX en busca de gestar niños, ante la imposibilidad de las parejas de procrear más de una criatura.

La explicación del feminicidio se encuentra en el dominio de género, caracterizado tanto por la supremacía masculina como por la opresión, discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión social de niñas y mujeres como propone Haydee Birgin. Todo ello, legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres. La arbitrariedad e inequidad social se potencian con la impunidad social y judicial en torno a los delitos contra las mujeres. Es decir, la violencia está presente de formas diversas a lo largo de la vida de las mujeres antes del homicidio. Después de perpetrado éste, continúa como violencia institucional a través de la impunidad que caracteriza casos particulares, como en México, por la sucesión de asesinatos de niñas y mujeres a lo largo del tiempo (más de una década desde que se inició el recuento). En el país ha habido periodos feminicidas ligados a territorios específicos que sólo la impunidad favorece las condiciones que permiten los crímenes contra las mujeres.

Cada niña o mujer asesinada había experimentado durante su vida múltiples formas de violencia, daños a su integridad, dignidad y desarrollo que atentaron contra su libertad.

Los crímenes contra niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y agudizan de manera crítica. En su mayoría se articulan con otras condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política. Son el producto de una organización social basada en la dominación de hombres sobre mujeres, caracterizada por formas agudas de opresión de las mujeres con sus constantes mecanismos de desvalorización, exclusión, discriminación y explotación a las que son sometidas las mujeres por el sólo hecho de serlo.

Los asesinatos abarcan a niñas y mujeres de diferentes edades, condiciones socioeconómicas y educativas. La mayor parte de ellas no pertenecía a círculos sociales delictivos y fueron cometidos por conocidos y desconocidos.

Los asesinatos de niñas y mujeres han sido perpetrados en entidades federativas con distintos grados y tipos de desarrollo y encuadre social y cultural, en municipios urbanos y rurales, zonas metropolitanas y suburbanas, regiones fronterizas del sur y del norte, y también en zonas del centro del país. En esta diversidad, sin embargo, son asesinadas mayoritariamente niñas y mujeres con alto grado de inseguridad, vulnerabilidad vital y nula protección social e institucional, en zonas de devastación social donde predominan la inseguridad, el delito, una convivencia marcada por la ilegalidad, los poderes fácticos, el desbordamiento de las instituciones y la ruptura del Estado de derecho.

En la mayor parte de las entidades federativas en que hay focos rojos de asesinatos de niñas y mujeres es muy alto el de hombres; en ese sentido, es alarmante la situación de inseguridad prevaleciente y la violencia está en todas partes. Se suceden hechos violentos por doquier que alcanzan a personas ajenas a la violencia. Los asesinatos dolosos están asociados a la delincuencia organizada, al tráfico de personas, drogas, armas, dinero y mercancías, así como al secuestro y la violencia policíaca, militar y paramilitar que culmina en asesinatos.

En el caso de las mujeres, además de estar en dichas condiciones y de que las alcancen hechos violentos, la situación se agrava con la violencia familiar machista y misógina, en particular la violencia conyugal presente en todas las formas de emparejamiento (desde el noviazgo y el matrimonio, hasta el amasiato, el concubinato y las uniones libres), la prostitución forzada, la producción y el consumo de pornografía. Estas formas de violencia se dan en el marco de un alto rango de exclusión, marginación, explotación y extrema pobreza de las mujeres, base de índices elevados de morbilidad y mortalidad femenina como la materna e infantil debidas al crecimiento precario, la desnutrición, los padecimientos y las enfermedades no atendidas.

Hasta este momento, la Comisión Especial ha investigado la muerte violenta de niñas y mujeres en el país a través de información oficial, esto nos ha permitido dar cuenta de la amplitud e importancia de las precarias condiciones de vida de la mayoría de las mujeres y la prevalencia de la violencia de género en todo el ciclo de vida de éstas, en todas las clases sociales y todos los grupos étnicos. Ese conjunto de condiciones conduce al feminicidio. La atención insuficiente e inadecuada por parte de las instituciones, además de ser inaceptable, agrava la problemática y la propicia.

De acuerdo con la Convención Belém Do Pará, la CEDAW, la Conferencia de Beijing y Beijing + 10, la violencia contra niñas y mujeres es un mecanismo de dominio, control y opresión de género de las mujeres.

En grados distintos, todas las mujeres en México están sometidas a la sujeción de hombres e instituciones, de las familias, de todas las formas de organización social y las comunidades, hasta del Estado. La desigualdad de género es social y económica, pero también jurídica, política y cultural. La cosificación, el trato de las mujeres como cosas y no como seres humanas, prevalece en el maltrato cotidiano visible e invisible de las mujeres, en las familias y parejas, y es realizada por parientes, cónyuges y amistades; en otros círculos sociales es concretada por conocidos y desconocidos, por autoridades, gobernantes, funcionarios, representantes, dirigentes, profesionales, colegas y compañeros.

La violencia de género está presente en la casa y en la calle, en sitios privados y públicos. Los estereotipos dosificadores prevalecen en el campo de las representaciones sociales, culturales y lingüísticas. Así, la violencia de género y los estereotipos son difundidos por los medios de comunicación y recreados por científicos, intelectuales y artistas en producciones científicas, de publicidad, artísticas y literarias, a través de la radio, la televisión, el cine, la prensa, los videos, Internet y toda clase de espectáculos. La inversión económica en la reproducción de la violencia es inconmensurable.

De hecho, las mujeres están colocadas casi siempre en condiciones de desigualdad y sometimiento, además en constante inseguridad. La violencia conyugal y familiar hace que la casa no sea un sitio de resguardo, y la violencia pública hace que los centros educativos y laborales, las calles, los sitios de diversión o de reunión social o cultural, los transportes, los caminos, los barrios, los parques y los terrenos baldíos, sean percibidos como peligrosos. Es evidente también que el horario de menor riesgo es limitado para las mujeres y es una costumbre generalizada que éstas no deben andar solas.

El maltrato a las mujeres, la desigualdad y la inequidad de género prevalecen en el mercado laboral formal e informal, en la educación, el acceso a la salud, lo que impacta de manera negativa en el desarrollo personal y colectivo y en el acceso de las mujeres a la distribución de la riqueza y del poder político. Es decir, la mayoría de las niñas y de las mujeres son más pobres que los hombres de su misma condición social; la explotación es mayor en las niñas y las mujeres debido a la desprotección social, sindical y a la asimétrica organización del trabajo, la doble jornada, la brecha salarial, la explotación infantil y la jerarquía laboral. En México es evidente la feminización de la pobreza. Gran parte de las personas analfabetas y monolingües son niñas y mujeres, e incluso aquellas con alta preparación profesional ocupan posiciones secundarias y reciben menor remuneración.

Las mujeres están subrepresentadas en los espacios públicos, en las instituciones y en el Estado. Son escasas las mujeres que gobiernan -en su mayoría ocupan el cargo de ediles-, sólo hay una gobernadora en treinta y tres entidades federativas y no llega al 25% la participación de las mujeres en el Congreso de la Unión 22.8% en la Cámara de Diputados y 16% en el Senado. El porcentaje es mucho menor en la mayoría de los congresos locales. De hecho, el proceso de construcción de la ciudadanía de las mujeres es desigual y heterogéneo, por ello las mujeres en México, como género, tienen una condición política minorizada.

La agresión, el castigo y la venganza dañina son derechos reales ejercidos sobre las mujeres por parte de los hombres, a quienes la sociedad y el Estado, así como diversas ideologías, creencias, tradiciones, usos y costumbres, legitiman en una posición de supremacía sobre las mujeres, previamente inferiorizadas, colocadas en sujeción, bajo su control y también de las instituciones.

A lo largo de la vida, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las maduras y las ancianas son objeto de agresiones sexuales, físicas, emocionales, verbales, patrimoniales y simbólicas. La sociedad considera natural esta violencia, culpabiliza a niñas y mujeres, las señala como víctimas propiciatorias de los delitos en su contra y exonera a los hombres; en ocasiones se frivoliza y es parte del humor cultivado socialmente y de los chistes. En diversos círculos socioculturales la violencia es parte de las prácticas sociales y las relaciones entre las personas, aun entre las confiables y próximas, y es frecuente la violencia en el enfrentamiento de todo tipo de conflictos.

Los hombres están colocados en posiciones de supremacía de género y las mujeres en posiciones inferiores. Estas posiciones sociales de género se dan en el marco de creencias e ideologías sobre la natural y real igualdad entre unos y otras. Múltiples explicaciones sostienen que los problemas de violencia, discriminación o exclusión de niñas y mujeres se deben a fallas de ellas mismas y los hechos de violencia y dominación de los hombres se deben a algo externo que se ingiere, por ejemplo, las drogas o el alcohol, a facetas de personalidad o alteraciones emocionales provocadas, o a su naturaleza. La prevalencia de dichas creencias y explicaciones impide tener conciencia sobre las causas de la violencia y la opresión genérica y sobre las medidas personales, sociales e institucionales para eliminarlas. La sociedad, las autoridades, las niñas y las mujeres que la padecen no elaboran racionalmente la experiencia, ni aprenden de otras alternativas para diseñar soluciones. En ese sentido, se plantean diversas interpretaciones fantásticas del problema y se ponen en práctica medidas parciales, equívocas e ineficaces para enfrentarlas.

Los hombres son educados para reaccionar con violencia ante lo que les disgusta -por impotencia y competencia-, pero también como muestra de autoafirmación y valía, de soberbia y poder. Las mujeres son educadas para soportar la violencia como un destino, a no responder con violencia, ni siquiera a defenderse. El machismo y la misoginia conforman núcleos fundamentales de las identidades masculinas y son, asimismo, dimensiones vigentes de formas de identidad nacional y del sexismo generalizado.

Los avances de las mujeres, aún insuficientes y desiguales, se han dado en este marco, han merecido grandes dosis de rechazo social y un sinfín de obstáculos superados con enormes esfuerzos sociales y de las mujeres mismas.

A pesar de que nuestra Constitución tutela los derechos a la igualdad (Artículo 4°) y a la no discriminación (Artículo 1º), prevalecen en nuestro país la hostilidad y el desprecio misógino hacia las mujeres; una enorme tolerancia hacia el dominio y la violencia de los hombres es lo que produce una gran impunidad. Diversas ideologías justifican la violencia de los hombres como un componente de su identidad, así como la obligación de las mujeres a soportar ésta y aceptar la desigualdad, el trato inequitativo, la injusticia y la falta de derechos y de libertad, como un rasgo moral de identidad femenina.

En la sociedad y en el Estado hay un reconocimiento desigual de los derechos humanos de las mujeres incluyendo los derechos sexuales, sociales y económicos, civiles y políticos, los cuales no son universales y son permanentemente violentados. En varias entidades federativas la violencia contra las mujeres no es delito y, en términos generales, sólo está tipificada la violencia familiar o intrafamiliar. No se reconoce jurídica ni judicialmente la violencia específica contra las mujeres, como violencia de género.

Este es el marco de la cotidianidad de las mujeres en México. Cuando se concentran o aumentan las formas de opresión y violencia las mujeres quedan en vulnerabilidad y en el riesgo de ser asesinadas. La base de los crímenes contra las mujeres radica en estas condiciones de vida, en las que el género opresivo sobredetermina tanto a las mujeres, como a los hombres. De ella dan cuenta los medios de comunicación y son denunciados por organizaciones civiles con indignación y con impotencia por los familiares.

Introducción

La violencia feminicida es cada vez más alarmante en México. Continúan las desapariciones y los asesinatos de niñas y mujeres.

Del caso emblemático de Ciudad Juárez que ha dado la vuelta al mundo, con más de 300 mujeres asesinadas en el transcurso de 12 años, pasamos a una geografía de los crímenes de género contra la vida de mujeres que abarca el territorio nacional. Se trata de asesinatos de mujeres cuya determinación fundamental está en su condición de género. Las mataron por el solo hecho de ser mujeres.

Con enorme rabia y pesar contamos día a día asesinatos de mujeres

niñas, jóvenes, adultas y ancianas. Se calcula que únicamente en 2002 fueron asesinadas más de 5000 mujeres en la República Mexicana. Y día con día la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados¹ trata de averiguar sobre el esclarecimiento de dichos asesinatos y el acceso a la justicia por parte de los familiares de las víctimas.

La Relatora de las Naciones Unidas sobre Violencia Contra las Mujeres, Sra. Yakin Ertük, al presentar una declaración preliminar ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reunida en Ginebra en abril de 2005, señaló: "En México no son vigentes los derechos humanos de las mujeres [?] Los asesinatos de mujeres no pueden considerarse hechos aislados o de carácter interno, las mujeres no son sólo víctimas de violencia criminal, en algunos casos, se trata de bandas delictivas de diverso tipo y de traficantes de seres humanos. De manera generalizada, las mujeres son víctimas de graves abusos en la esfera doméstica que culminan en el asesinato de un importante número de ellas".

Ser mujer en nuestro país implica no estar en condiciones de ejercer y gozar el derecho humano

a vivir una vida sin miedo y sin violencia como fue reconocido en la Cumbre de Viena,² porque la violencia de género es vigente y, desde una perspectiva de género, es un mecanismo de dominio contenido en la desigualdad de género, cimiento de la sociedad y del Estado.

La Comisión Especial de Feminicidio ha recibido denuncias graves sobre asesinatos de mujeres en Baja California Norte, Chiapas, el Distrito Federal, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.³

La Comisión Especial ha establecido contacto directo con autoridades federales y estatales, comisiones y procuradurías de derechos humanos y organizaciones civiles denunciantes. La finalidad de la Comisión Especial ha sido recabar información, manifestar nuestra inconformidad con los asesinatos de mujeres, así como exigir a las autoridades el inmediato esclarecimiento de los crímenes y ofrecer nuestra colaboración para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Para ello, la Comisión Especial se ha trasladado a las siguientes entidades federativas de acuerdo con el orden cronológico de nuestra participación: Chihuahua, Sonora, Distrito Federal, Oaxaca, el Estado de México, Guanajuato y Chiapas.

Antes de la conformación de la Comisión Especial en la LIX Legislatura tuvimos noticias de la violencia feminicida en varias entidades federativas, por eso al aprobarse su creación, la Comisión Especial amplió su incidencia a toda la República y su nombre cambió de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, como se llamó en la LVIII Legislatura, a feminicidio. Este concepto ubica las desapariciones y los asesinatos de niñas y mujeres en la situación de violencia de género, de violación permanente de los derechos humanos de las mujeres que culmina, en algunos casos, en asesinatos crueles, en crímenes misóginos cometidos por hombres al amparo de la impunidad y de la fractura del Estado democrático de derecho.

La situación de violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres en que ocurre el conjunto de los asesinatos, el feminicidio,⁴ además de ser un gravísimo problema social, constituye un crimen de Estado porque éste no garantiza la seguridad y la vida de las personas, en este caso de las mujeres y, cuando son víctimas de violencia, no es capaz de protegerlas y de evitar su asesinato. La mayoría de las mujeres no denuncia la violencia a la que están sometidas porque ni siquiera saben que es un delito o que las instituciones deben detener al agresor y proceder penalmente. Quienes sí denuncian son llamadas a la conciliación con sus agresores, a continuar en convivencia con ellos, porque las autoridades ponderan otros valores por encima de la seguridad de las mujeres, como el bienestar o la unidad familiar o reciben pésima atención de las instituciones públicas, como maltrato, discriminación, morosidad.

Así, en lugar de protección, garantías a su seguridad y acción penal contra los victimarios y justicia, las mujeres son objeto, además, de violencia institucional. En Sonora, entre otros ejemplos, el Procurador de Justicia del Estado Rubén Díaz Vega reconoció ante la Comisión Especial en 2004 -también el nuevo Procurador Abel Murrieta Gutiérrez en 2005-, que en más del 60% de las casos de niñas y mujeres asesinadas se había presentado denuncia. Sucede, además, que cuando las mujeres han sido asesinadas, las instituciones no esclarecen los crímenes, no hay justicia, ni atención adecuada, y tampoco se toman previsiones para evitar que dichos crímenes no vuelvan a suceder.

A pesar de la gravedad del problema, el Estado no se transforma para hacer frente a la violencia de género, incluso en las diversas propuestas de reforma del Estado discutidas en diversos espacios del Congreso de la Unión, en la academia y en círculos de análisis de la ciudadanía, no se plantean reformas institucionales y de políticas públicas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y, con ello, eliminar condiciones de riesgo para su vida. Sin disminuir los esfuerzos por enfrentar esta problemática, el panorama es desolador. No hay voluntad política para articular las acciones emprendidas y éstas terminan siendo parciales, débiles y además contradictorias. En una palabra ineficaces, o como señala la licenciada Bárbara Illán del Grupo Alternativas: "prevalece la simulación".

De hecho, en México no hay una verdadera política de Estado integral para prevenir, atender y erradicar la violencia contra mujeres.

Los asesinatos de niñas y mujeres continúan en Ciudad Juárez, suman entre 300 y 500 casos de 1993 hasta 2005. En estos años, las organizaciones civiles y de familiares de las víctimas, en particular las madres de algunas de ellas, colocaron el problema en la agenda política nacional y generaron una importante solidaridad ciudadana, así como atrajeron la atención de los medios, de organismos internacionales y, por fin, del gobierno federal. Nuestro país está en la mira de organismos de las Naciones Unidas, de gobiernos, organizaciones y redes feministas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres de diversos países, tanto por los crímenes, como por la impunidad que los favorece.

Fue hasta 2004, once años después del inicio del recuento de asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, cuando un titular del Ejecutivo, el Presidente Vicente Fox Quezada reconoció el problema ante el Congreso de la Unión y asumió el compromiso de enfrentarlo. Al poco tiempo se presentó un Plan de 40 acciones, elaborado por la Secretaría de Gobernación, con un bosquejo de política gubernamental federal, estatal y municipal. Se creó en la Secretaría de Gobernación una Subcomisión para prevenir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez a cargo de la Maestra Guadalupe Morfín Otero coordinadora de la ejecución del plan. Al poco tiempo la Procuraduría General de la República creó una Fiscalía Especial a cargo de la Fiscal licenciada María López Urbina para intervenir como Ministerio Público en las investigaciones y sumar esfuerzos con la Fiscalía Mixta y la Procuraduría del Estado de Chihuahua.

Pero durante más de una década han prevalecido procesos enrarecidos que mantienen un ánimo de zozobra en la opinión pública, caracterizados por actuaciones policíacas y ministeriales profesionalmente deficientes, denuncias de violación al debido proceso, tortura a detenidos y fabricación de culpables, falta de certeza y veracidad en los supuestos casos resueltos y dudas sobre la culpabilidad de las personas detenidas, procesadas y sentenciadas, así como por las averiguaciones inconclusas y los casos no resueltos. A este cuadro se suman actos de maltrato, hostigamiento y acoso a defensoras y familiares de las víctimas, a algunas organizaciones civiles y algunos medios por parte de las autoridades.

Recientemente la Comisión Especial recibió denuncias de hostigamiento y amenazas de muerte a responsables de refugios para mujeres cuya vida está en riesgo, como en Cancún, Quintana Roo, a la Red Nacional de Refugios que agrupa a treinta y tres de ellos, así como de familiares de las víctimas y sus representantes legales o de las ONGs que reivindican su causa como las de Ciudad Juárez, Chihuahua y Guanajua-to, y de periodistas defensoras de los derechos humanos de las mujeres. También son objeto de amenazas y hostigamiento funcionarias encargadas de investigar o de intervenir en los casos como en Ciudad Juárez.

A pesar de los esfuerzos realizados no hay claridad en los resultados de las investigaciones ni en la procuración de justicia. El análisis realizado por la Fiscal Especial a más de 200 expedientes de mujeres asesinadas, muestra por primera vez la irresponsabilidad de funcionarias y funcionarios públicos que condujo a malas investigaciones y averiguaciones previas que redunda en la falta de esclarecimiento de los casos y en deficiencias en la procuración y administración de justicia. A partir de estos señalamientos intervino la Procuradora del Estado y, a pesar de que la mayoría de estos casos prescribió, algunas de las personas implicadas amenazan incluso con demandar a la Fiscal Especial por difamación.

Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en el conocimiento público de los crímenes. Las noticias han pasado de la nota roja, a las páginas de justicia y a titulares de primera plana, a artículos y ensayos en revistas políticas, a programas informativos de radio y televisión. Con todo, predomina un tono amarillista y de manera frecuente se alienta la confrontación entre quienes denuncian los crímenes y exigen verdad y justicia y quienes consideran que con ello se ha estigmatizado a Ciudad Juárez y se lucra con el problema.

Continúan los reclamos de los familiares de las víctimas en pos de verdad y justicia. Ni siquiera hay una cifra oficial reconocida por las diferentes instancias de gobierno o las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos. Debido a la imposibilidad de encontrar justicia en el país, familiares de las víctimas acudieron a foros y mecanismos internacionales y fue así que el gobierno de México accedió a la visita de relatoras y relatores internacionales para que investigaran lo acontecido. Las diversas recomendaciones hechas al gobierno de México delinean acciones y constituyen, en conjunto, una plataforma para enfrentar la violencia contra las mujeres, esclarecer los crímenes, conocer la verdad y arribar a la justicia.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados creada en la LVIII Legislatura estaba circunscrita a Ciudad Juárez y fue transformada en la LIX Legislatura debido a la violencia y a los asesinatos de mujeres en otras entidades federativas, por eso su mandato actual abarca la República Mexicana. Su nombre incluye el concepto de feminicidio, que define el estado de violencia misógina contra las mujeres que conduce, en ocasiones, a agresiones, ataques, maltrato y daños que culminan en el asesinato de algunas mujeres, en un cuadro de inseguridad, falta de prevención y protección, así como de impunidad. Las instituciones del Estado son ineficaces o han sido desbordadas porque no se han reformado para enfrentar esta problemática, pero también por la existencia de abuso de autoridad o corrupción. El feminicidio implica la fractura del Estado democrático de derecho, es un atentado a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.

El trabajo de esta Comisión Especial, en nuestra condición de representantes de la ciudadanía y como parte de uno de los poderes del Estado, ha seguido varias líneas con el objeto de dar seguimiento a los asesinatos de mujeres y a la procuración de justicia vinculada, tales son:

Con el propósito de recibir información e intercambiar puntos de vista sobre la situación prevaleciente en el estado de Chihuahua y coadyuvar con las instancias competentes, comparecieron ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados: la Comisionada Especial en tres ocasiones y la Fiscal Especial en dos; en una ocasión la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, la Subsecretaria para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaria de Desarrollo Social, el Procurador General de la República, el Secretario de Seguridad Pública y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Igualmente asistimos a Los Pinos al primer informe de la Comisionada y de la Fiscal Especial y al segundo informe de la Fiscal Especial.

A partir de las comparecencias, la Mesa Directiva ha realizado reuniones de trabajo con los equipos de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Desarrollo Social, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisionada y la Fiscal Especial.

Los informes que recibimos fueron muy generales y es evidente que el gobierno federal apenas inicia sus actividades de cara a la solución del problema. Constatamos que prevalece una gran desarticulación entre las Secretarías de Estado, y entre éstas y los gobiernos estatal y municipal. No cuentan con programas que potencien de manera organizada su intervención y unas desconocen qué actividades realizan las otras. Incluso presentan graves contradicciones entre sí, mantienen interpretaciones diferentes sobre los hechos, invaden funciones y campos de intervención, repiten acciones y sus resultados distan de sus objetivos. A pesar de las declaraciones no han incorporado la perspectiva de género en sus acciones.

En cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a dos años de su Informe sobre desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, mantiene su posición crítica global al gobierno federal, considera que los avances son mínimos y su presidente, el doctor José Luis Soberanes llegó a culpabilizar a la Comisionada de los asesinatos acaecidos durante su gestión. En dicha ocasión, las Comisiones de la Cámara y del Senado, manifestamos de manera conjunta nuestro reconocimiento al trabajo inicial de la Comisionada y nuestra inconformidad por el trato del doctor Soberanes hacia ésta.

En relación con la competencia en delitos del fuero común y delitos federales, la CNDH sostiene que la Fiscalía Especial no debería limitarse a investigar los expedientes y señalar a las funcionarias y los funcionarios que incurrieron en abuso de autoridad, sino investigar todos los casos para decidir cuáles son del orden común y cuáles del federal y, por lo tanto, es incompresible para la CNDH que la Fiscalía especial se haya circunscrito a revisar los expedientes y a atraer sólo 22 de ellos.

La CNDH no se ha pronunciado en torno al feminicidio como un problema nacional y presente en varias entidades federativas. Aunque ha iniciado trabajos en Guanajuato, Sonora y Morelos.

Por otro lado, al parecer existe un trabajo conjunto entre la Sedesol y la Comisionada, ya que tienen en común varias líneas, incluso la investigación sobre la Situación Social en Ciudad Juárez impulsada por el Indesol y el Programa Hábitat Ciudades Seguras va en ese sentido. Es evidente la supeditación de la Fiscal Especial a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría y las dificultades de la Fiscal Especial licenciada María López Urbina para posicionarse y ser reconocida en la propia Procuraduría.

Más allá de los planteamientos sobre apoyo mutuo entre la Comisionada y la Fiscal Especial, es claro que no hay una colaboración adecuada entre la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, pues las instancias respectivas repiten programas y acciones como la atención a víctimas, la cual debería darse de manera integral y a través de un solo conducto. El traslape en las acciones se da también en la insistencia de la Comisionada en revisar los expedientes o en intervenir en los procesos de los detenidos o procesados y en los temas forenses. Esta crítica se ha generalizado al grado de que el Grupo Alternativas -la extensa red ciudadana, encabezada por académicas, intelectuales, artistas y activistas-, propuso, entre otras cosas, la creación de un mando único, con el objeto de llegar a la verdad y a la justicia con eficiencia y prontitud.

La Fiscal Especial ha avanzado en la investigación de la impunidad, componente primordial del feminicidio, al detectar a funcionarias y funcionarios (policías, ministerios públicos, peritos, fiscales) que han sido omisos, negligentes o irresponsables en su intervención en los casos concretos. Sin embargo, no ha señalado a funcionarios con cargos más altos como procuradores, jefes de policía o gobernadores, ni ha investigado el proceder del poder judicial. Pero lo relevante es que a pesar de las expectativas generadas con la creación de dicha Fiscalía, no se han realizado investigaciones sobre los casos mismos y, en consecuencia, no se dan pasos para esclarecer y encontrar a los verdaderos culpables, presentarlos ante las autoridades competentes, juzgarlos respetando el debido proceso y, sólo entonces, reparar el daño en términos de la ley. Este vacío ha generado un enorme malestar porque al suponer que la Fiscalía investiga y no lo hace, estamos ante una terrible simulación y mientras más tiempo pase será más difícil resolver esta situación. Todo ello contribuye a mermar aún más la relación entre la sociedad y el Estado y genera una enorme desconfianza en las instituciones las cuales quedan en entredicho al aumentar su descrédito.

Cuando exhortamos al Procurador a la creación de la Fiscalía Especial confiamos en que sus funciones de ministerio público permitirían esclarecer cada homicidio. Sin embargo, la Fiscal Especial ha informado que la Procuraduría sólo atrajo 22 casos cuyas averiguaciones están en proceso y debido a la secrecía, no puede dar mayor información. Ruth Gaby Vermont, Relatora de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, recomienda que "a la Fiscalía, preferentemente, la Fiscalía Especial, se le debe dar el poder para investigar los feminicidios y desapariciones tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua y en otros estados de la República Mexicana si fuera necesario (atraer estos casos)".⁵

Nuestra Comisión Especial ha reiterado la exigencia de esclarecer cada crimen y de hacer justicia.

Como no se han investigado los casos, la injusticia continúa a pesar del incipiente avance frente a la impunidad logrado por la Fiscal Especial al detectar abuso de autoridad en la actuación de policías, peritos y ministerios públicos a lo largo de más de diez años. Sin embargo, la acción institucional no ha sido clara y contundente y, por ello, ha decepcionado y generado protestas y críticas ciudadanas, de familiares, medios, diputadas y senadoras.

Para algunas organizaciones y familiares no son claras las funciones ni la utilidad de ambas instancias, máxime que reciben ayuda psicológica, económica y de acompañamiento del Instituto Chihuahuense de la Mujer, el Consejo del Fidevida y de diversas organizaciones civiles. La ayuda económica y el apoyo solidario internacional han permitido la movilización y la denuncia. Al mismo tiempo, el ambiente está enrarecido con acusaciones mutuas entre familiares y organizaciones por el manejo de la tragedia.

Una parte importante de la ciudadanía juarense ha llevado su inconformidad hasta la descalificación de la Fiscal y la Comisionada y exigir la rendición de cuentas por el manejo de recursos económicos, también está inconforme con el estigma creado en torno de Ciudad Juárez por el feminicidio y se manifiestan contra organizaciones que "lucran con el problema". La crispación ha llegado al extremo de que el presidente municipal Héctor Murguía declaró "?desde este momento el doctor Soberanes es una persona non grata para la ciudad". El Consejo Coordinador Empresarial en carta pública al Presidente Fox demanda al doctor Soberanes resarcir los daños morales ocasionados a la entidad "por infundios, ofensas y perversidad de sus comentarios en perjuicio de nuestra comunidad fronteriza".

Las relatoras que han dado seguimiento al caso durante la gestión de ambas funcionarias -Ruth Gaby Vermont Mangold, del Consejo de Europa y Yakin Ertük sobre Violencia contra las Mujeres de la ONU- confirmaron lo que habían recomendado relatoras anteriores sobre la necesidad de articular acciones y elaborar políticas públicas y acciones institucionales con perspectiva de género, tanto para prevenir la violencia como para eliminar la impunidad y reparar el daño a familiares de las víctimas.

Familiares de niñas y mujeres asesinadas presentaron sus casos ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Organismos que llamaron a comparecer tanto a familiares de las víctimas, como al gobierno de México. Los resultados han sido la elaboración de recomendaciones que no se han cumplido.

Hasta 2004, las cifras oficiales del Relator de la ONU son: 189 mujeres asesinadas de 1993 a 2001; la Procuraduría del Estado consideran 268 mujeres asesinadas de 1993 a 2002; la CNDH reconoce 236 de 1993 a 2003; Amnistía Internacional 370 de 1993 a 2003; el Instituto Chihuahuense de la Mujer 321 de 1993 a 2003 y la Fiscalía Especial 205 de 1993 a 2004.

De acuerdo con investigaciones realizadas por la Dra. Alicia Elena Pérez Duarte, Secretaria Técnica de la Comisión Especial del Senado, fueron asesinadas 548 mujeres de 1993 hasta 2005, a partir de cotejar los informes de asesinatos reportados entre 1993 a 1998 por la Procuraduría General del estado de Chihuahua, el Informe de la CNDH y el informe de la Fiscal Especial.

Finalmente, los resultados del seguimiento periodístico realizado por la Comisión Especial, sólo en 2004 hubo 27 casos y hasta marzo de 2005 han asesinado 13 mujeres. Y si se consideran 548 casos entre 1993 y 2005, únicamente han sido sentenciadas 77 personas, lo que supone un déficit en la procuración de justicia.

A más de un año de la intervención federal, para la Comisión Especial de la Cámara de Diputados es necesario poner fin a la impunidad, arribar a la verdad, hacer justicia en todos los casos e impedir que sigan ocurriendo asesinatos de niñas y mujeres, además de desarrollar una política de Estado capaz de garantizar la seguridad de las mujeres, erradicar la violencia contra las mujeres y reformar la procuración de justicia y el poder judicial. Para ello, consideramos que las diversas instancias deben realizar por sí solas y en conjunto una serie de acciones.

La Comisionada debe articular las instancias federales necesarias para:

Notas:
1. Debido a la extensión del nombre La Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones sobre los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada y para facilitar la redacción y la lectura de este informe, será citada como la Comisión Especial de Feminicidio o para simplificar más aún, la Comisión Especial.
2. La Cumbre de Viena reconoció que los derechos humanos no lo son si no están los derechos de las mujeres y estableció un conjunto de derechos humanos de las mujeres, entre ellos, el derecho a vivir una vida sin miedo y sin violencia.
3. El Informe de la CEDAW de febrero 2005, sostiene que hay homicidios en otros lugares de México y recomienda su investigación para evitar la impunidad que se ha dado en Ciudad Juárez.
4. El concepto femincidio fue utilizado por primera vez en 1997 para definir lo que sucedía en Ciudad Juárez y poco a poco se ha extendido su uso. Desde el punto de vista lingüístico el vocablo es genérico, de tal manera que feminicidio abarca un conjunto de asesinatos cometidos en una entidad específica. Sin embargo, la difusión y adopción del término por diversas medios y por los movimientos de derechos humanos y feminista, no ha incluido en el feminicidio varios crímenes de género contra mujeres. Es usada, en cambio, como feminicidios. Se ha transformado la voz genérica en particular. Numerosas fuentes lo usan para nombrar los asesinatos de mujeres precedidos de violencia sexual y otras para designar cualquier asesinato cometido contra mujeres. Lo que en sentido estricto sería femicidio. La Comisión Especial lleva en su nombre la voz feminicidios, así lo designó la Junta de Gobierno de la H. Cámara de Diputados. A pesar de que el concepto fue desvirtuado en ese momento significó un avance. Con todo, la concepción científica es la de feminicidio, como conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y un estado de violencia de género contra las mujeres que, en ocasiones, desemboca en homicidios.
5. Informe Preliminar de la Relatora de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para el tema: "Desaparición y asesinato de un gran número de mujeres y niñas en México", abril del 2005.

2. Colaboración con otras Comisiones del Congreso y de Congresos Estatales

En la Cámara de Diputados, con las Comisiones de Equidad y Género, Justicia y Derechos Humanos, hemos acordado acciones conjuntas, suscrito la iniciativa de delitos de género, así como la Iniciativa de Ley General que Tutela el Derecho de las Mujeres a una Vida sin Violencia; con la Comisión de Seguridad Pública, de manera conjunta realizamos la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública licenciado Ramón Martín Huerta y le planteamos que incluya en las líneas de trabajo de la Secretaría, el grave problema de inseguridad para las mujeres en el país; ante la Comisión de Presupuesto, presentamos el proyecto de presupuesto para el feminicidio, para que fuera tomada en cuenta para la elaboración del Decreto de Presupuesto de la Federación del 2005 y la Comisión lo incluyó en el Proyecto de Presupuesto que, finalmente, aprobó el pleno.

En el Senado con las Comisiones de Seguimiento de las Investigaciones de los Asesinatos de Mujeres en la República Mexicana, realizamos un trabajo estrecho en 2004 durante la presidencia de la senadora Leticia Burgos y pudimos avanzar de manera puntual con el trabajo en el estado de Sonora. Se tuvieron las comparecencias de varios Secretarios de Estado y la Subsecretaria para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Reuniones con las Comisiones Estatales de Equidad y Género de los Congresos de Chihuahua, Sonora, Oaxaca y Distrito Federal, y con la Comisión Especial de Feminicidio del Congreso de Chihuahua, los objetivos son: solicitar a dichas Comisiones informes y su posición en relación con la violencia feminicida en sus entidades federativas, así como colaborar con dichas instancias y concertar acciones sobre armonización legislativa entre las legislaciones federal y estatal con acuerdos y convenios internacionales en materia de violencia de género, seguridad, justicia y derechos humanos de las mujeres.

En los próximos meses nos reuniremos con las Comisiones correspondientes de los Congresos de Chiapas, Baja California Norte, Guanajuato, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz.

Después de encuentros parciales con diputadas de varios Congresos Estatales, trabajamos para crear la Red de Parlamentarias frente al Feminicidio y realizaremos un Encuentro Nacional de Parlamentarias Frente al Feminicidio, con el objeto de potenciar el trabajo de diputadas y senadoras y establecer una agenda que recoja las líneas de trabajo realizadas y llevar a cabo acciones conjuntas para enfrentar el problema con una perspectiva parlamentaria.

3. Colaboración con la ciudadanía. Encuentro y recepción de análisis y propuestas de organizaciones civiles y familiares de las víctimas

En Chihuahua y otras entidades, la alarma sobre los crímenes contra mujeres ha provenido de organizaciones civiles y de medios de comunicación. Éstos han dado seguimiento a las investigaciones y a la procuración de justicia, denunciado irregularidades o ineficiencia de las autoridades y proporcionado apoyo a los familiares. Han exigido soluciones a las autoridades y ante la imposibilidad de avanzar, acuden a organismos internacionales reconocidos por México. Es importante subrayar que este movimiento ciudadano ha investigado y generado conocimientos, experiencias y propuestas participativas que deben ser tomadas en cuenta.

La Comisión Especial ha mantenido relación con las organizaciones civiles que han hecho conciencia, denunciado y exigido justicia sobre los asesinatos de mujeres. Hemos participado en eventos convocados por algunas de ellas y las organizaciones han estado presentes en diversas actividades promovidas por la Comisión Especial. Sin embargo, con el objeto de crear un espacio para conocer de viva voz la participación de la sociedad civil, la Comisión Especial convocó a un Balance Ciudadano con organizaciones civiles, defensoras jurídicas, académicas, estudiosas y expertas en género, todas ellas promotoras de los derechos humanos que han dado seguimiento a los asesinatos de mujeres. Se tuvo una respuesta muy favorable, se presentaron análisis sobre la problemática social que genera la violencia contra las mujeres y varias propuestas para enfrentarla, transformar la convivencia genérica y lograr un clima de seguridad y justicia para las mujeres. Participaron, entre otras, Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para Nuestras Hijas, Casa Amiga, Mujeres de Negro. Recibimos, también, al Grupo Alternativas con su propuesta para esclarecer los crímenes, conocer la verdad y alcanzar la justicia al articular las acciones de los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado.

En los encuentros en las entidades federativas han estado presentes diversas organizaciones civiles denunciantes, las cuales han recibido un reconocimiento público de nuestra parte por el aporte realizado al dar seguimiento a los casos, por su exigencia de esclarecimiento de los crímenes y su esfuerzo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Con la finalidad de intercambiar y difundir el trabajo de nuestra Comisión Especial participamos en foros sobre el tema convocados por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México y el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La Comisión Especial explicó los alcances de su intervención en la Caravana Trinacional México-Canadá-Estados Unidos, en diciembre de 2004 y en la Marcha Mundial de las Mujeres el 27 de abril, en Ciudad Juárez.

4. Diálogo con relatoras y relatores internacionales

La Comisión Especial recibió en la Cámara de Diputados a la Relatora del Consejo de Europa, Ruth Gaby Vermonth Mangold. Contamos con la participación de Martha Altolaguirre, Susana Villarán, Anders Compás en el Seminario Internacional sobre Feminicidio. En sesión conjunta con las Comisiones de Equidad y Género y de Justicia y Derechos Humanos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado recibimos a Yakin Ertük, Relatora de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La Mesa Directiva de nuestra Comisión recibió la visita de Raúl Romeva Rueda, de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género y de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

5. Colaboración con instituciones gubernamentales como la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Estatales y la Conferencia Nacional de Procuradores

La Comisión Especial solicitó en tres ocasiones, a partir de julio del 2004, a los Procuradores y Procuradoras información sustanciada y suficiente para conocer de los homicidios contra las mujeres. En la primera tuvimos respuesta de siete Procuradurías, hicimos dos solicitudes más y sólo respondió la mitad. La mayoría de estos informes proporcionó información limitada al desglose de los asesinatos por sexo, y hubo alguna donde los datos no estaba claramente separada por sexo. Por esta razón solicitamos acceder a la Conferencia Nacional de Procuradores, la cual recibió a la Mesa Directiva de la Comisión Especial en noviembre de 2004. De manera directa nos dirigimos a la asamblea para informar sobre el mandato nacional de la Comisión Especial y la preocupación sobre la magnitud del problema. Solicitamos al cuerpo colegiado de procuradores que incluya en su agenda la violencia feminicida, y pedimos de nueva cuenta información detallada con una metodología que contiene indicadores e información necesaria para abordar integralmente los asesinatos de mujeres. El Procurador General de la República nos informó la anuencia para integrar el tema en la agenda y se comprometieron los procuradores y las procuradoras a enviar la información. Hasta ahora han respondido 25 de las 32 entidades de la República, en forma no homogénea. Y, finalmente tras conversación directa con el Procurador del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida estuvo de acuerdo en dar la información solicitada y en suscribir un convenio de colaboración con la Comisión Especial que firmaremos en mayo.

6. Información y formación teórica y metodológica desde la perspectiva de género de las y los diputados de la Comisión Especial

Se contó con la participación de especialistas en violencia contra las mujeres y feminicidio, procuración de justicia, investigación de delitos, antropología forense y derechos humanos. La Mesa Directiva de la Comisión ha procurado mantener información actualizada día a día a través de un resumen de prensa, la distribución de documentos básicos sobre el tema (informes, estudios, análisis), información sobre eventos relativos a nuestro mandato.

Contamos con el apoyo de Ana Laura Magaloni del Centro de Información y Desarrollo Económico, de Alicia Elena Pérez Duarte, Secretaria Técnica de la Comisión del Senado e integrante de la Organización Mundial Contra la Tortura.

Con el fin de conocer los avances teóricos sobre el problema, así como para nuestra formación y la de funcionarias federales y estatales realizamos un Seminario Internacional sobre Feminicidio en el que participaron destacadas investigadoras académicas nacionales y extranjeras expertas en violencia contra las mujeres, en particular en violencia feminicida. Asistió Haydee Birgin asesora del Senado de Argentina; Diane Russell quien elaboró hace más de dos décadas la teoría sobre el feminicidio, e investigadoras como Julia Monárrez y Patricia Ravelo, y otras investigadoras de la UNAM expertas en violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género y en la problemática de Ciudad Juárez. En el Seminario se reunieron por primera vez relatoras y relatores: Anders Kompass, Martha Altolaguirre, relatora de la OEA, Susana Villarán, actual Canciller de Guatemala y Edgardo Buscaglia, Jefe de Misión e integrante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (ONUDD). Todos han realizado investigaciones, informes y recomendaciones al gobierno mexicano. Asistieron también la Comisionada, la Fiscal Especial, la Procuradora y la Subprocuradora de Chihuahua; funcionarias y funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría Gobernación. Brindaron su apoyo el Programa de Género del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, así como el Colegio de Académicas Universitarias de la UNAM, y representantes de asociaciones y redes civiles y defensoras de algunos casos. El objetivo del Seminario fue reunir en un mismo espacio a funcionarias, relatoras y académicas con diputadas y diputados de nuestra Comisión Especial para informarnos sobre la evolución del problema y tener conocimientos científicos para el análisis del mismo.

7. Colaboración con organismos internacionales

Especificamente con los encargados del adelanto de las mujeres, tales como: el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) de la Organización de Naciones Unidas, el Instituto para la Investigación y Capacitación para el Adelanto de las Mujeres (INSTRAW), el Fondo de Población y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con Unifem hemos colaborado de manera estrecha y permanente en todas nuestras actividades y recibimos además apoyo económico e institucional para la realización del Seminario Internacional sobre Feminicidio el cual fue inaugurado por su Directora para América Latina, Dra. Marijke Velzeboer y por Teresa Rodríguez, Directora para México y Centroamérica. Marisela Padrón, Directora del Fondo de Población para América Latina ha respondido favorablemente a la solicitud de apoyo para realizar el trabajo interparlamentario con legisladoras de Guatemala y España. También contamos con el soporte de Unifem, INSTRAW, UNPFA y el BID.

Hemos recibido apoyo de organizaciones civiles como la Red de la No Violencia Contra las Mujeres de Madrid, la Red de la No Violencia Contra las ujeres de Guatemala, Themis Internacional-España, Wola e ISIS Internacional.

8. Relación con Congresos y con parlamentarias de otros países

Establecimos un programa de colaboración con parlamentarias de Guatemala y España con el objeto de intercambiar información sobre los crímenes de odio contra las mujeres en los tres países, así como las agendas legislativas y las acciones parlamentarias para enfrentar el problema. Esperamos aprender de la experiencia en los tres países, así como potenciar nuestro trabajo nacional e internacional. Actualmente estamos en el proceso de creación de la Red de Parlamentarias Frente al Feminicidio que incluirá a las legisladoras designadas para profundizar en este proceso. Las reuniones internacionales nos permitirán sistematizar información actualizada sobre el estado de la violencia feminicida en cada país, así como las propuestas y acciones legislativas que se han planteado o aprobado y las acciones que cada grupo de legisladoras o sus Comisiones impulsarán.

Un segundo objetivo es potenciar nuestra acción local con la presencia -en cada país- de las legisladoras de otros países; realizar acciones jurídicas internacionales ante organismos mundiales para tipificar el delito de feminicidio; consolidar la relación de las parlamentarias con los organismos internacionales afines y participar en la Reunión Parlamentaria Iberoamericana -Salamanca en octubre de 2005-, y la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA. En éstos presentaremos los resultados de las investigaciones y las acciones parlamentarias en los tres países con el objeto de que la violencia feminicida sea parte de la agenda parlamentaria Iberoamericana y de la Organización de Estados Americanos. A partir de esos encuentros, nos proponemos ampliar la red parlamentaria con legisladoras de otros países que lleven la experiencia y se sumen a los esfuerzos iniciados por legisladoras de México, Guatemala y España.

9. Acciones Parlamentarias

Mesa Interinstitucional y de Organizaciones Civiles en Sonora, reuniones de trabajo con el Procurador General de la República y los Subprocuradores, con el Secretario de Gobernación, con la Secretaria de Desarrollo Social y con la Directora del Instituto para el Desarrollo Social, en particular con el Subprocurador de Derechos Humanos, participación en la Campaña "Atentamente las Mujeres", y propuestas legislativas:

En el Parlamento de Mujeres fue evidente la denuncia civil sobre la violencia de género con énfasis en la violencia feminicida y la denuncia de la impunidad y la injusticia que la rodean, valoramos los aportes civiles a la visibilización del problema, así como las propuestas y acciones concretas en curso para hacerle frente.

Puntos de Acuerdo

A través de diversos puntos de acuerdo la Comisión Especial ha denunciado el feminicidio y protestado por la extensión de los crímenes y la impunidad que envuelve a la mayoría de ellos hasta ahora. Hemos realizado varias comparecencias en la Cámara de Diputados con diversos titulares de Secretarías del Gobierno Federal, y dado opinión sobre puntos de acuerdo presentados por diputados que no pertenecen a la Comisión Especial, sobre su preocupación por homicidios de mujeres en diversas entidades federativas; asimismo propuesto y logrado el exhorto del pleno de la Cámara de Diputados para que la Procuraduría General de la República (PGR), responda a las denuncias y garantice la seguridad de las mujeres que atienden los refugios para mujeres y sus familias en el país, en particular para el de Quintana Roo.

Nuestras propuestas tienden a generar mecanismos que permitan enfrentar los crímenes ocurridos contra niñas y mujeres en varias entidades federativas y lograr una política integral nacional, que asegure su eficiencia, una política de Estado regulada por normas legales, a través de instituciones y mecanismos adecuados y atendida por personal especializado en el tema, con alta capacidad profesional y que dé resultados satisfactorios para la sociedad, para el Estado y para las víctimas secundarias (familiares) de las niñas y mujeres asesinadas.

10. Elaboración de la Geografía del Feminicidio

Desde el inicio de sus trabajos la Comisión ha investigado a través de diversas fuentes los asesinatos de mujeres en el país y aún con información insuficiente iniciamos su sistematización socio antropológica volcada gráficamente en cuadros y gráficas, así como en una Geografía del Feminicidio que consiste en mapear la información y mostrar de una manera objetiva el conocimiento actualizado que esta Comisión Especial va elaborando. De hecho la geografía del feminicidio basada en la metodología de la geo-referencia, es un aporte al conocimiento de la violencia feminicida como un grave problema social. Los resultados de nuestras investigaciones expresados en mapas han permitido hacer exposiciones tanto en el recinto de la Cámara como fuera y difundir una visión analítica para el conocimiento de la sociedad y sensibilizar a las autoridades. Esta exposición se ha montado en diversas entidades por invitación de sindicatos, universidades y organizaciones, a solicitud de diputadas de la propia Comisión Especial y de otras diputadas interesadas en el problema que no forman parte de la misma. Otro objetivo paralelo es mostrar el feminicidio en relación con la construcción de alternativas legislativas y políticas públicas cuya finalidad es enfrentar la violencia feminicida, prevenirla y sancionarla construyendo los derechos humanos de las mujeres en cada entidad federativa y en la federación.

11. Investigación sobre Violencia Feminicida en 10 Entidades Federativas

La Comisión Especial se propuso coordinar una investigación y una propuesta de presupuesto para conocer de manera directa el estado de la violencia feminicida en el país, así como las alternativas sociales e institucionales para mejorar el esclarecimiento de los casos y la procuración de justicia. Llegamos a esta propuesta debido a la escasa información y a la baja e insuficiente respuesta de las procuradurías estatales, los institutos de las mujeres y las comisiones de derechos humanos, a la solicitud de información que hicimos. Fue un enorme avance haber logrado la aprobación de dicho presupuesto por el Pleno de la Cámara de Diputados.

En enero, elaboramos el proyecto de investigación, definimos las entidades a investigar, detallamos el ejercicio del presupuesto con el Departamento de Programación y Presupuesto de la Cámara e hicimos una propuesta inicial a la mesa Directiva de la Comisión Especial sobre la estructura profesional que se encargaría de hacer la investigación. Concertamos apoyos institucionales de agencias internacionales de Naciones Unidas y universitarias para dar un soporte profesional a la actividad. De febrero a abril iniciamos contactos estatales con las instituciones afines para lograr su colaboración en este esfuerzo de conocimiento y de esclarecimiento.

Hemos recibido buena respuesta e interés de colaborar por parte de instituciones de gobierno, universitarias y civiles, así como de diputadas locales y federales, en espera de su aprobación por el Pleno de la Comisión Especial. El 16 de marzo el proyecto fue aprobado y actualmente es afinado para dar inicio formal a los trabajos científicos de investigación.

Aunque ha transcurrido la cuarta parte del tiempo asignado para hacerla, deberemos acelerar los trabajos para tener a fin de año una visión científica e integral, basada en datos fidedignos que nos permitan explicar las causas locales y los mecanismos a través de los cuales se recrea la violencia feminicida. Nuestra investigación dará cuenta tanto del estado de la impunidad como de las acciones positivas que sí se dan a nivel legislativo y de políticas públicas, así como presupuestales para enfrentar el feminicidio, erradicar la violencia de género y contribuir a la vigencia de los derechos humanos de las mujeres.

Con el resultado de esta investigación sabremos con certeza cuáles deberán ser los contenidos de una verdadera política integral de Estado capaz de solucionar este grave problema y, en consecuencia, en la actual legislatura informaremos al pleno sobre la situación real de la violencia feminicida. Informaremos al Ejecutivo Federal y a los estatales, al Congreso de la Unión y a los Congresos estatales, así como al Poder Judicial de la Federación y a los estatales, a las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y estatales, a las organizaciones y redes civiles, así como a relatoras de la ONU y de otros mecanismos.

La Comisión Especial se propone hacer un aporte a cada instancia para fundamentar la necesidad de un diagnóstico nacional y por entidad federativa sobre la seguridad de las mujeres y la violencia de género contra las mujeres, en particular la feminicida, realizado a profundidad por instancias nacionales.

Nos interesa devolver los resultados de la investigación porque incluye también la identificación de políticas públicas adecuadas y efectivas en la creación de condiciones de seguridad para las mujeres, la prevención de la violencia de género, la procuración de justicia y la construcción de los derechos humanos de las mujeres. Con ello exigiremos una política integral del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres, en particular la violencia feminicida. Finalmente, en materia legislativa habremos presentado la iniciativa de Ley que Tutela el Derecho a una Vida sin Violencia para las mujeres. La ley es parte del programa de investigación.

En este momento realizamos ajustes para integrar el equipo de investigación en cada una de las diez entidades federativas.

Los resultados de la investigación serán dados a conocer a través de diversos productos: CD?s, folletos informativos, libros y desde luego a través de mapas que ampliarán la actual geografía del feminicidio. Haremos eventos en cada entidad para darlos conocer y promover el interés de quienes deben poner fin al feminicidio.

12. Archivo del feminicidio

A lo largo de este año la Comisión ha buscado y generado información sustancial sobre el tema, ésta se ha sistematizado y analizado. Ha llevado a cabo un seguimiento periodístico día a día a través de varios periódicos y recibido informes diversos, así como estudios y propuestas concretas. Con ello, se ha conformado un vasto acervo que debe continuar y ampliarse con más materiales y documentos sobre el tema. Por ello nos proponemos crear en la Cámara de Diputados un Archivo del Feminicidio que esté custodiado y pueda ser consultado de manera accesible para quienes tenemos responsabilidades en torno al tema, así como por personas estudiosas nacionales y de otros países. Es importante que la próxima legislatura no empiece en cero, sino que cuente con este archivo y que la información no se pierda. Recibimos propuestas de personas y de organizaciones para donar a la Comisión Especial sus propios archivos y contribuir a ampliar la conciencia social y la memoria sobre el feminicidio, así como sobre su eliminación.

13. Difusión a través de medios de comunicación

Abrimos en agosto pasado una página web con la información detallada de la Comisión Especial; ligas con páginas de interés y las acciones parlamentarias. La página se aloja actualmente en cimacnoticias.com y otras de amplia consulta.

Concurso Nacional de Cortometraje y Ensayo 2005 sobre la Violencia Contra las Mujeres, convocado de manera conjunta con la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, propuesto por la diputada Lilia Aragón Secretaria de la Comisión Especial, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en abril se habían recibido 167 trabajos. También se llevó a cabo la Campaña "Atentamente las Mujeres", a propuesta de Vereda Themis.

Conclusiones: un problema de enfoque

Cuando la Comisión Especial ha manifestado su preocupación ante diversas autoridades competentes por los asesinatos y su incremento, ha recibido respuestas desconcertantes, parciales, y a pesar de haber recibido promesas de transparencia, la mayoría de las autoridades se han mostrado reacias a informar con la claridad y la amplitud requeridas. Han respondido con tardanza, superficialidad y formalismo. Aunque para la Comisión ha sido satisfactorio el hecho de ser recibida por las autoridades en muchas ocasiones, tras la formalidad de las reuniones se desvanecen las acciones que se derivan de las propuestas que les hemos hecho. En términos generales, la Comisión Especial hace el siguiente balance.

Primero. Constatamos que la mayoría de las autoridades que tienen en sus manos el problema no le dan importancia a los asesinatos de mujeres, ni consideran que constituyan una grave violación a los derechos humanos. Tampoco perciben que estos crímenes ponen en riesgo la convivencia social y la gobernabilidad. No identifican la violencia contra las mujeres como un problema de género ni reconocen sus particularidades. Por el contrario, desconocen los aportes y los avances de más de medio siglo en aspectos jurídicos internacionales y nacionales en este tema y subsumen la violencia contra las mujeres en la violencia en general; la inseguridad específica que enfrentan las mujeres en la inseguridad en general; la impunidad en la resolución de los asesinatos y la injusticia, en la impunidad y la injusticia generalizadas. Al interpretar de esta manera el problema, desconocen sus causas específicas, la dinámica y los mecanismos que impiden que desaparezca y permiten que se reproduzca, aunque reconocen la contribución de las instituciones en su agravamiento y persistencia.

Segundo. Algunas autoridades intentan disminuir la gravedad del problema al reducir la cifra de mujeres desaparecidas y asesinadas y manifiestan su desacuerdo con las cifras dadas por las organizaciones civiles, los medios de comunicación, otras autoridades y por relatoras y relatores internacionales. En términos generales, son más altas.

Tercero. Comparan el número de mujeres y hombres muertos de manera violenta con el objeto de disminuir el peso de los asesinatos de mujeres, ignorando que no son comparables debido a la desigualdad y la dominación de género que prevalecen entre las mujeres y los hombres, y porque la violencia es un componente de género en la mayoría de los hombres y el sometimiento a la violencia masculina lo es en la mayoría de las mujeres. Esto es a tal grado que la mayoría de las mujeres están en riesgo de sufrir violencia de parte de hombres que gozan de privilegios y de una enorme tolerancia a su violencia. Asimismo, afirman que al relevar los asesinatos de mujeres se comete una exageración debido a que mueren más hombres de manera violenta.

Cuarto. Para desacreditar la inocultable violencia contra las mujeres, recalcan que cada vez más hombres reciben violencia por parte de mujeres, como si las cifras estuvieran próximas y como si mujeres y hombres estuviesen en igualdad y fuese lo mismo recibir violencia en condiciones de subordinación o ejercer violencia en condiciones de supremacía.

Quinto. Para deslegitimar las denuncias recurren a descalificar, calumniar y estigmatizar a las personas y organizaciones civiles denunciantes, así como a atacar a las funcionarias, sobre todo federales, responsables de instituciones creadas para enfrentar el problema.

Sexto. No respetan el derecho a la verdad y a la justicia de las y los familiares de las víctimas. En muchos casos les someten a una atención carente de profesionalismo, omisa, negligente, ilegal, hostil, amenazante, cruel y corrupta. Por ello, la mayoría de las y los familiares se quejan de que, tras años de insistencia, no saben quién cometió el asesinato, los presuntos responsables escaparon o, en lugar de estar en prisión por el crimen cometido, gozan de libertad. Quienes están organizadas y reclaman, en lugar de justicia, reciben falsas promesas y son objeto de acarreo, exhibición pública y manipulación política. Son conminadas a la resignación para que acepten que es imposible llegar a la verdad y a la justicia plena, y que, tras años de luchar, deben conformarse con sucedáneos tales como: indemnizaciones, algunos apoyos educativos y atención psicológica; en lugar de una verdadera reparación del daño, deben aceptar indemnizaciones.

Séptimo. Sostienen que el problema es ficticio y ha sido creado por la prensa nacional e internacional, o por fuerzas perversas con intereses ocultos, para desprestigiar a nuestro país o a las autoridades.

Octavo. Cuando la Comisión Especial ha pedido información fidedigna en cumplimiento de su mandato, funcionarias y funcionarios se muestran desconfiados y reacios a proporcionarla con el argumento de la secrecía. Otros explican que no todos los crímenes son de género. Con ese argumento pretenden disminuir el grado del problema. Para algunos, hay una violencia natural y, por consiguiente, algunos asesinatos son normales, mientras otros sí constituyen un problema. Desde esta visión los clasifican en dos grupos:

Los institutos nacional y estatales de las mujeres, encargados de incorporar la perspectiva de género en los gobiernos y de impulsar políticas públicas acordes, así como de armonizar las leyes y lograr presupuestos para tales acciones, tienen una incidencia mínima en esas líneas de trabajo. En términos generales se mantienen distantes de la problemática del feminicidio. Si bien el Instituto Nacional de las Mujeres llevó a cabo la encuesta sobre violencia de pareja contra las mujeres realizada por el INEGI -sus resultados se dieron a conocer en 2004-, así como estudios legislativos para proponer cambios en las leyes estatales a nivel nacional, con todo, no ha hecho propuestas a nivel federal para la formulación del presupuesto con perspectiva de género y no ha propuesto una política pública integral para enfrentar la violencia contra las mujeres.

Para erradicar el feminicidio en México es necesaria la voluntad política y la conciencia de que es uno de los grandes problemas de nuestro país, y que no habrá democracia mientras permanezca la violencia feminicida.

Por lo tanto, se requiere un diagnóstico nacional sobre la violencia contra las mujeres que sea integral, científico y con perspectiva de género.

Todo lo cual debe conducir al diseño de una política de Estado integral basada en la promoción, la protección, la tutela y la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Que permita generar condiciones para una convivencia entre mujeres y hombres basada en la igualdad y la equidad genéricas, sin miedo y sin violencia.

En ese sentido la Comisión Especial, con el esfuerzo de las diputadas y los diputados que la conforman continuará en su esfuerzo por lograr que las investigaciones conduzcan a esclarecer los asesinatos y las desapariciones de niñas y mujeres. La única forma de erradicar la violencia feminicida es a través del conocimiento real de este problema, por eso, en la medida de nuestras posibilidades y en colaboración con los gobiernos, los congresos y las organizaciones civiles creamos el programa de investigación para hacer un diagnóstico integral sobre la violencia feminicida en diez entidades federativas.

Para lograr la armonización legislativa entre nuestra Constitución y las normas aprobadas y suscritas por nuestro país a nivel internacional continuaremos trabajando en colaboración con la Comisión de Equidad y Género en la elaboración de la Iniciativa de Ley General que Tutela el Derecho de las Mujeres a una Vida sin Violencia. Dicha ley será un formidable recurso para delinear una política integral del Estado mexicano de prevención, atención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

La Comisión Especial tiene el empeño de sumar esfuerzos con legisladoras y legisladores de otros países en los que hay feminicidio con el fin de potenciar nuestras acciones.

El trabajo de la Comisión Especial se inscribe en el ánimo de avanzar en la reforma del Estado y de la sociedad desde una perspectiva democrática de género.

Exigimos que cada caso de niña y de cada mujer asesinada y desaparecida sea esclarecido y se llegue a la verdad y a la justicia.

Por la vida y la libertad de las mujeres.

Numeralia

Durante la pasada LVIII Legislatura, fue aprobada la constitución de la Comisión Especial para que conozca y de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde el año de 1993 al 8 de noviembre de 2001, fecha de su aprobación.

El 28 de noviembre de ese mismo año se instaló formalmente la Comisión Especial, aprobada por unanimidad por todas las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, con la finalidad de conocer y dar seguimiento a las investigaciones, de contar con la información pertinente, de reunirse con las autoridades federales, estatales y municipales y la Fiscalía Especial para la investigación de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez.

Consta en archivo la relatoría de las actividades que se llevaron a cabo para cumplir con el mandato encomendado, entre otras mencionaremos: reuniones con funcionarios del FBI y autoridades del Gobierno de Chihuahua; instalación formal de la Mesa de Diálogo y de la Mesa Institucional en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua; integración de la Fundación Fidevida (I.B.P.); reuniones con funcionarias del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem); presentación de una iniciativa de reforma al Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales y al artículo 4 de la Ley que establece las bases de la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y modifica diversos artículos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Las y los diputados que integraron la Comisión Especial fueron la primera instancia del Congreso que trabajó para conocer y dar seguimiento a las investigaciones y acciones para atender, aclarar y resolver la violencia feminicida en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por la persistencia de la problemática durante el periodo de la LVIII Legislatura, fue necesario continuar las acciones del Congreso en la LIX Legislatura.

Por consiguiente, se constituyó la actual Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de múltiples homicidios perpetrados contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y se amplió el objeto de su cometido a toda la República Mexicana.

El 14 de abril de 2004 se instaló la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. Se acuerda que su objetivo es el que se deriva de su denominación y para su cumplimiento podrá allegarse de la información que considere pertinente; así como reunirse, cuando lo considere necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales, responsables de la investigación de estos ilícitos. La Comisión Especial también podrá tener sesiones con organizaciones civiles, y realizar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo.

La Comisión está integrada por 22 diputadas y diputados propuestos por los grupos parlamentarios; cuenta con una Mesa Directiva que se conformó por una presidencia y tres secretarias. Esta Comisión Especial estará vigente hasta el 30 de abril de 2006. Es obligación de la misma informar al Pleno de la Cámara de Diputados o a la Comisión permanente los avances de su tarea.

Comparecencias

Reunión y objetivo

El 19 de mayo de 2004, compareció ante las Comisiones Especiales Unidas de ambas Cámaras, la licenciada Patricia Espinosa, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

El objetivo: evaluar conjuntamente los proyectos que desde Inmujeres se realizan para combatir la violencia contra las mujeres y detener los feminicidios en nuestro país.

Desarrollo

La titular de Inmujeres dio cuenta de las acciones que viene realizando desde 2001 para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y lo referente a su pronunciamiento ante estos hechos, entre ellas, destacan:

Acuerdos

El 26 de mayo de 2004, compareció el doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante las Comisiones Especiales Unidas de ambas Cámaras que dan seguimiento a las investigaciones de los feminicidios en Ciudad Juárez.

El objetivo: conocer el estado que guarda la cumplimentación de la recomendación 44/98 y el trabajo que continúa realizando la CNDH.

Desarrollo

El ombudsman dio cuenta de las acciones y recomendaciones realizadas, y reiteró su llamado a los tres niveles de gobierno para que de manera coordinada actúen para la solución al problema de la violencia de género.

Precisó que se ha insistido al gobierno estatal trabaje en la debida integración de las averiguaciones previas; en el establecimiento de un programa estatal de seguridad pública; se ordenen e inicien los procedimientos administrativos para determinar la responsabilidad de funcionarios de la Procuraduría de Justicia estatal; y brinden toda la información disponible de los avances de las investigaciones.

En tanto que al gobierno federal se le ha planteado el establecimiento de programas de intervención pública con participación federal; la elaboración de un registro de personas desaparecidas que permita lograr su identificación; la coordinación con las autoridades encargadas de la investigación de los delitos en Estados Unidos; así como brindar información periódica a la sociedad.

Por otra parte, las integrantes de la Comisión Especial señalaron la poca influencia de las recomendaciones de la CNDH, la necesidad de que las instancias involucradas en los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez se articulen a través de la elaboración de un convenio; y cuestionaron la confrontación que se ha dado entre la CNDH y la Comisionada Especial.

Acuerdos

Por parte de la Comisión Especial

El 9 de junio de 2004, Guadalupe Morfín Otero, titular de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua compareció ante las Comisiones Especiales Unidas de ambas Cámaras.

Desarrollo

La comisionada especial afirmó que en el estado de Chihuahua existen dos discursos: uno que reconoce la magnitud del problema y otro que intenta minimizarlo; resaltó la importancia de contar con un registro nacional de mujeres desaparecidas; la necesidad de evaluar el mecanismo de respuesta de las procuradurías, instaurar un sistema de alerta, como la alerta amarilla que opera en Estados Unidos con alianza de los medios de comunicación; eliminar la estigmatización de las víctimas que realizan actividades de riesgo.

Acuerdos

La presidenta de la Comisión Especial reiteró la necesidad de elaborar un Programa de Atención a Víctimas que pudiera coordinarse con los ya existentes y que están destinados al mismo propósito; la necesidad de un Acuerdo Nacional para combatir la violencia de género y garantizar un presupuesto que contemple la elaboración de un diagnóstico, la prevención y la sanción, lo cual podría lograrse a través de la realización de una encuesta sobre violencia de género, la ejecución de un programa nacional y la creación de un modelo de atención a víctimas para un efectivo proceso de reparación integral del daño.

Las legisladoras se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para aumentar el presupuesto de la Comisión Especial, que encabeza la licenciada Morfín.

Reunión y objetivo

El 23 de junio de 2004, Patricia Olamendi, Subsecretaria de Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores compareció ante las Comisiones Unidas Especiales de ambas Cámaras.

El objetivo: conocer el trabajo que realiza el área a su cargo en relación con los feminicidios.

Desarrollo

La Subsecretaria de Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el trabajo realizado se basa en dos vertientes:

En tanto, las legisladoras manifestaron la preocupación de las víctimas que han acudido a los organismos internacionales de derechos humanos, donde no han sido admitidas sus denuncias ya que el gobierno mexicano ha informado que no se han agotado los recursos de jurisdicción interna.

A lo anterior, la funcionaria informó que la instancia a su cargo ha actuado con transparencia y apertura en el caso de las peticiones individuales ante organismos internacionales y enfatizó que México tiene más de 600 casos ante la CIDH, los cuales siguen su curso.

Acuerdos

La Subsecretaria propuso:

La reunión fue cerrada convocando a trabajar por un gran acuerdo nacional para la construcción de los derechos humanos de las mujeres.

Reunión y objetivo

El 20 de julio de 2004, la comparecencia de la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez,María López Urbina y el subprocurador de Derechos Humanos, doctor Mario Álvarez Ledesma.

El objetivo: conocer el trabajo coordinado que realizan los tres niveles de gobierno y como parte de la rendición de cuentas que guardan las investigaciones de los feminicidios.

Desarrollo

La fiscal especial dio a conocer los cuatro programas específicos que realizan:

Las y los legisladores cuestionaron la falta de coordinación entre autoridades, la falta de resultados que se reflejen en consignaciones, averiguaciones previas y sentencias, así como la falta de la reparación del daño a los familiares de las víctimas.

También resaltaron la falta de perspectiva de género en el trabajo que realizan.

Acuerdos

Por parte de la Comisión:

El 2 de agosto de 2004 se llevó a cabo una reunión de análisis con la participación de la titular de la Sedesol, Josefina Vázquez Mota.

Los objetivos:

La necesidad de compartir con el Poder Legislativo, las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los medios de comunicación, las acciones emprendidas contra los feminicidios en Ciudad Juárez, así como las alternativas y propuestas de trabajo que se han generado.

Desarrollo

Josefina Vázquez Mota, titular de la Sedesol, señaló que las acciones realizadas se fundamentan en que:

No todo tiene que ver con acciones policíacas, ya que la seguridad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres requiere de condiciones y oportunidades de desarrollo.

Una década de violencia refleja la descomposición del tejido social y la desconfianza en las autoridades públicas que es urgente volver a recuperar las acciones del Indesol y del programa Habitat para fortalecer el tejido social en Ciudad Juárez van en este sentido.

Asimismo, subrayó la necesidad de una reforma legal para facilitar la vida de las mujeres; trabajar con Unifem para la promoción de los derechos humanos y la eliminación de la violencia contra las mujeres; continuar el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y mantener la coordinación con la Comisionada Especial.

Refirió que el Programa Hábitat trata de contribuir a reducir la pobreza urbana, proporcionando infraestructura básica que brinde posibilidades de desarrollo y seguridad a la población, la intención es que la gente cuente con equipamiento urbano, alumbrado público, pavimentación y acciones de mejoramiento de barrio.

La funcionaria destacó algunas acciones como la prevención y atención de violencia intrafamiliar; atención a grupos vulnerables; promoción y educación en derechos humanos, sociales y económicos; impulso a una cultura de la legalidad; formación de promotores para el desarrollo a nivel territorial; participación ciudadana; promoción de perspectiva de género; generación de modelos de desarrollo; intervención comunitaria.

Acuerdos

La Comisión Especial propuso:

El 24 de agosto se tenía programada la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, pero por cuestiones de agenda se realizó una sesión de trabajo con el Subsecretario de Salud, doctor Roberto Tapia y con la Directora Gral. del Centro Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva, doctora Patricia Uribe.

Los objetivos: presentar a la Comisión con la Secretaría de Salud y conocer a su vez de parte de esta última los trabajos que realizan en torno a los feminicidios en la República mexicana.

Desarrollo

El doctorTapia señaló que se incorporó al Programa Nacional de Salud 2001-2006 el programa Mujer y Salud, con lo que cambia el concepto que se tenía de la mujer como usuaria de los servicios de salud y con la nueva visión se incorpora la perspectiva de género en un contexto social más amplio, lo cual concluyó en la creación del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, donde se incorpora la parte de prevención de la violencia.

El funcionario aclaró que el estudio de la violencia desde la perspectiva de salud se enmarca en la Norma Oficial de Violencia y que el año pasado se realizó una encuesta que refleja que más del 20% de las mujeres son sujetas de violencia, por lo que se considera un problema de salud pública y el reto es informar, capacitar y sensibilizar a los servidores públicos.Otro campo en el que trabaja la Secretaría de Salud es el de las adicciones, pues consideran que factores externos como éste propician un ambiente de violencia.

La doctora Uribe se refirió a la labor que realizan en el estado de Chihuahua, informó que se han integrado a la subcomisión de Coordinación y Enlace para Erradicar la Violencia en Ciudad Juárez a partir de 2003, por lo que dentro de las 40 acciones que ha señalado la Comisionada Especial, la Secretaría de Salud diseñó un modelo de atención mental que se entregó en 2004 a la Coordinación de Salud Mental. Asimismo, participaron en la instalación de un refugio en Ciudad Juárez para albergar a niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar y dos centros especializados de atención a mujeres víctimas de violencia sexual en Chihuahua. El refugio se hizo apoyando a Casa Amiga y los centros se hicieron en convenio y con apoyo financiero a los servidores estatales de salud.Han capacitado a personal de salud y de la procuraduría estatal a través de un taller y un diplomado de antropología de la violencia. En conjunto las acciones realizadas permitieron la atención a 1,328 mujeres que vivían en situación de violencia.

Otro de los avances que se ha registrado en esta área es la etiquetación del presupuesto, lo cual ha permitido el diseño de un modelo operativo en los servicios de salud, trabajado por diversas instituciones académicas y organizaciones civiles, que tiene varios componentes que van desde el diagnóstico temprano, la identificación de la violencia contra las mujeres por parte de los médicos hasta los refugios, pasando por el tratamiento oportuno, las opciones de vida diferentes y la recuperación del proyecto de vida. Informaron que la mayoría de los estados se han incorporado al Modelo de Atención a la Violencia, que sólo faltaban 10 entidades, de las cuales se espera que a principios de 2005 lo hagan.

Se informó del apoyo a 18 organizaciones de la sociedad civil en 2003 y a tres refugios de reciente creación en 2004 que atienden a mujeres indígenas de los estados de Puebla, Chiapas y Oaxaca, y presentaron un mapa de la prevalencia actual de violencia de pareja en México.

Otro proyecto es el de poblaciones vulnerables, donde se incluyen las Casas de Salud para poblaciones indígenas, en las que mujeres indígenas que cuentan con cierto liderazgo atienden violencia y salud reproductiva, ha resultado difícil la localización de mujeres indígenas, con cierto nivel de información, empoderadas, con capacidad de gestión, que sepan leer y escribir, además de ser bilingües.

Asimismo, los funcionarios informaron que el presupuesto ha pasado a ser ejercido por las entidades y las organizaciones civiles que ofrecen servicio, destinándose cierta parte a la investigación, en este momento se realiza un estudio con colaboración del Instituto Nacional de Salud Pública para investigar sobre la violencia en las zonas fronterizas.

Las legisladoras cuestionaron sobre los problemas de aplicación de la Norma de Violencia en el estado de Chihuahua; asimismo llamó la atención de uno de ellos la información proporcionada que contrasta con la que proporcionó el titular de la CNDH, en el sentido de que existe un mayor número de quejas de violación a derechos humanos en los servicios de salud pública, incluso éstas rebasan a las quejas presentadas por maltratos o tortura en las actividades policíacas y del Ministerio Público; se destacó la reforma que desde la Cámara se hizo para que la adicción sea considerada un problema de salud. Se cuestionó la falta de trabajo en otras entidades, así como el trasladar a las organizaciones civiles la atención de la ciudadanía en el asunto de la violencia, lo que no fortalece al Estado ya que no atiende una de sus responsabilidades y deja ver, por otro lado, la posible privatización de los servicios de salud. Se criticó a las casas de salud que aún no son casas de rehabilitación, de prevención, por lo que se indicó a la Secretaría de Salud que debería jugar un papel más activo en la tarea formativa y preventiva.

Acuerdos

El 12 de octubre de 2004, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta compareció ante las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y la Comisión Especial.

Desarrollo

El funcionario indicó que la Secretaría a su cargo mantiene el diálogo constructivo y la cooperación entre los poderes de la Unión para la solución de los problemas que aquejan a la sociedad; informó que se está trabajando en una política de Estado en materia de seguridad pública, que se están actualizando las estructuras administrativas, transparentando las acciones; se están mejorando los Centros de Readaptación Social para convertirlos en verdaderos centros de reinserción social; se promueven los Consejos Estatales de Seguridad Pública y la formación policial se fortalece con el propósito de establecer una carrera civil policial y mejores corporaciones.

Refirió que está bajando el índice delictivo y se están depurando los cuerpos policíacos.

Respecto a Ciudad Juárez, señala que cuando la entidad ha solicitado la presencia de la Secretaría, han intervenido; actualmente hay 100 elementos, y en algunos momentos han llegado a ser 1000, en los últimos 16 casos que se han presentado, fueron detenidas 6 personas y 10 están siendo investigadas.

Los legisladores se pronunciaron porque la seguridad pública sea preventiva.

El funcionario indicó que no existen datos específicos de los delitos cometidos hacia las mujeres y señaló que en el ámbito familiar se encuentran aspectos que permiten resolver algunos problemas, que previenen de delito contra las mujeres.

Acuerdos

La Comisión Especial propuso:

El 28 de octubre de 2004 compareció ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública y Especial de Feminicidios el Procurador General de la República, General Rafael Macedo de la Concha, como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en el tema de su competencia.

El objetivo: dar a conocer los avances y resultados que sobre procuración de justicia contiene el IV Informe de Gobierno presentado por el Presidente de la República.

Desarrollo

El procurador inició su intervención señalando que la institución a su cargo se ha modernizado, es eficiente y el único lenguaje que reconocen es el de los resultados; reconoce que la distribución de competencias no puede aislar a las instancias públicas, por lo que desde diciembre del año 2000 la principal estrategia ha sido fortalecer los vínculos de cooperación y colaboración con todos los órdenes de gobierno. Hizo un llamado al Poder Legislativo para que analice y discuta la iniciativa presidencial para la renovación del Sistema de Justicia y Seguridad en México.

Los legisladores cuestionaron las deficiencias que persisten en la integración de las averiguaciones previas.Respecto al tema de Ciudad Juárez le preguntaron por qué la Fiscalía Especial para Investigar los Feminicidios está relegada a una oficina más de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas y no tiene el rango de las demás fiscalías especiales. Asimismo, se le conminó a reunirse a la brevedad posible con la Comisión Especial encargada del tema en la Cámara de Diputados.

El funcionario respondió que hay comisiones que están haciendo un seguimiento puntual de la tarea de la Fiscalía, la cual cuenta con todos los recursos materiales y humanos para cumplir su cometido; aclaró que no fue relegada a ningún aspecto secundario, y se le seguirán proporcionando todos los recursos necesarios para que la PGR cumpla con esa responsabilidad.

Agregó que ya entabló contacto con la presidenta de la Comisión Especial para acordar una reunión a la brevedad, en la que revisarán las acciones que llevan a cabo, además apuntó que la información de la procuraduría está abierta, están los dos informes de la Fiscalía Especial y los recursos empleados, por lo que consideró se le está dando la debida atención, además de que se está impulsando un mayor presupuesto para el próximo año, de manera que la Fiscalía se fortalezca.

Finalmente, dijo que está abogando porque a las procuradurías del país se les etiqueten los recursos.

Acuerdos

La Comisión Especial reiteró la urgencia de contar con una política integral de prevención de la violencia contra las mujeres.

La diputada Irene Blanco solicitó a la Fiscalía ampliar las investigaciones hasta 1991 y ofreció proporcionar la información que tiene al respecto.

Reunión y objetivo

El 2 de marzo de 2005, la licenciada María López Urbina, Fiscal Especial, compareció ante la Comisión Especial.

El objetivo: conocer el contenido de su tercer informe, así como el seguimiento y el intercambio de información.

Desarrollo

La Fiscal Especial informó que ya se cuenta con el registro de familiares de las víctimas de 1993 a la fecha. También se cuenta con una base de información de ADN genético, integrado por 106 archivos almacenados en la Terminal de la Fiscalía que está a disposición de la procuraduría estatal.

Asimismo, indicó que se cuentan con recursos económicos para indemnizar a las familias de las víctimas, a quienes se les está solicitando únicamente acreditar el parentesco con la misma.

Por otra parte, precisó que se instrumentó un programa de Atención de Mujeres Desaparecidas que realiza una búsqueda y localización de manera permanente, a través del cual se han localizado a 80 mujeres vivas, una en restos óseos, del que ya se tiene un dictamen de genética forense, asimismo, dijo que ya existe una base de datos de mujeres desaparecidas.

La Fiscal señaló que se trabaja en la integración de un Programa de Sistematización Informativa, en coordinación con el Centro Nacional de Información de la PGR, donde se almacenará el estudio técnico-jurídico de cada expediente (modus operandi, alias, edad de la víctima, placas de vehículos, etc.); puntualizó que a esta base de datos se han integrado 279 expedientes que van de 1993 al 12 de enero de 2004, de los 323 expedientes que reportan homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, en los que se registran 349 víctimas.

Las y los integrantes de la Comisión Especial insistieron en que aún se perciben las acciones y omisiones por parte de las autoridades, así como la falta de coordinación entre las distintas instancias que participan en la investigación de los feminicidios.

Enfatizaron que todavía falta el seguimiento de las indagatorias en trámite.

La Comisión Especial retomó los cuestionamientos que se han hecho a la Fiscalía Especial respecto al uso de los recursos con que cuenta, por lo que plantearon es importante dar respuesta puntual a los mismos para dar transparencia a la actuación de la fiscalía.

Reuniones de Mesa Directiva y Plenos

Reunión y objetivo

14 de abril de 2004, instalación de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.

Desarrollo

Durante la instalación de la Comisión Especial, la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, convocó a todos los sectores políticos y sociales a sumar esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres en todo el país.

Enfatizó que la tarea de la Comisión es compleja, ya que deberá informar a la ciudadanía del estado en el que se encuentran las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

La Comisionada Especial, Guadalupe Morfín Otero, presente en el evento expresó su voluntad de trabajar en conjunto con todas las instancias de la Cámara de Diputados para poner fin a los asesinatos de mujeres.

Acuerdos
Se comenzará la elaboración del Plan de Trabajo.

Reunión y objetivo
18 de mayo de 2004, reunión de la Mesa Directiva.

Desarrollo
Esta reunión fue dedicada al anteproyecto del plan de trabajo y al calendario de actividades.

Acuerdos
Se acordó recibir comentarios y sugerencias hasta el término de mes.

Reunión y objetivo

1 de junio de 2004, reunión de la Mesa Directiva.
El objetivo: planificar el trabajo de la Comisión Especial.

Desarrollo

Esta fue una reunión convocada con la finalidad de diseñar el plan de trabajo que habrá de seguir la Comisión para el cumplimiento de su mandato.

Por otra parte, se fijó como prioridad de esta Comisión tener información actualizada del estado que guardan las investigaciones, así como agendar reuniones de trabajo con las autoridades en cada entidad para señalar la importancia de trabajar en materia de prevención para detener los homicidios contra mujeres.

Acuerdos

Se aprobó el proyecto de trabajo de la Mesa Directiva de junio a diciembre de 2004.

Se acordó revisar el calendario de actividades, incluidas las efemérides.

Se consensuó asistir a los informes que presentarán la Fiscal Especial, licenciada María López Urbina y la Comisionada Especial, licenciada Guadalupe Morfín Otero, el próximo 3 de junio en la residencia oficial de Los Pinos.

Se aceptó que las y los integrantes de la Comisión reciban información y capacitación de instancias académicas.

Reunión y objetivo

15 de junio de 2004, presentación del Programa de Trabajo de la Comisión Especial a los medios de comunicación.

El objetivo: presentar a las integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión, así como su calendario y plan de trabajo.

Reunión y objetivo

20 de junio de 2004, reunión de la Mesa Directiva.
El objetivo: evaluar las actividades y el seguimiento realizado.

Desarrollo

Se presentó la propuesta de actividades y se planteó la urgencia de dar seguimiento a los compromisos para organizar las comparecencias, reuniones de capacitación y de vinculación con la ciudadanía.

Se informó de la próxima reunión que sostendrá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de lo que derivó la importancia de trabajar conjuntamente con dicha Comisión en la elaboración de Puntos de Acuerdo para modificaciones que se relacionen con los objetivos de ambas Comisiones.

Acuerdos

Se propuso la planeación del Seminario de Análisis Comparativo del Marco Jurídico Nacional y los Compromisos Internacionales, en relación a la tarea legislativa federal y local, organizada por las Comisiones Especiales Unidas.

Reunión y objetivo

27 de julio de 2004, reunión de la Mesa Directiva.
El objetivo: evaluación de actividades y seguimiento del trabajo.

Desarrollo

Se reprogramó la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Social, licenciada Josefina Vázquez Mota.

Se planteó la petición que a través de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República se hizo a la Comisión Especial para invitar a la Relatora de la Comunidad Europea, diputada Ruth Gaby Vermoth, de la Comisión de Equidad y Género del Consejo de Europa.

Se sugirió reprogramar la cita con la licenciada Hilda Anderson, integrante de la Comisión que dio Seguimiento a los Homicidios en Ciudad Juárez en la LVIII Legislatura.

Acuerdos

Se reprogramó la comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Social para el 2 de agosto.
Se acordó invitar a la diputada Vermoth el 10 de agosto.

Reunión y objetivo
10 de agosto de 2004, reunión de la Mesa Directiva.

Desarrollo

Se presentó el informe del término de actividades con la Comisión Especial del Senado y su presidenta en turno, senadora Leticia Burgos.
Se planteó la solicitud de reunión con la Relatora Especial, Susana Villarán.

Acuerdos

Se acordó una reunión con la licenciada Susana Villarán, Relatora Especial, para conocer su experiencia y enriquecer el trabajo de la Comisión.
Se acordó una reunión con integrantes de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, para conocer sus proyectos de trabajo.

Reunión y objetivo
24 de agosto de 2004, reunión de la Mesa Directiva.

Desarrollo

Se informó de la reunión que sostuvieron con la Senadora Sara Castellanos, presidenta en turno de la Comisión Especial respectiva, así como de las actividades realizadas durante la visita a Ciudad Juárez realizada por las Comisiones especiales Unidas de Feminicidios y de Equidad y Género.

Se presentó la propuesta de montar una exposición-ofrenda del 1 al 7 de noviembre y los 10 de activismo, que realizarían las Comisiones Unidas.

Acuerdos

Se le entregó a la senadora Castellanos un programa de actividades de la Comisión Especial, el cual se comprometió a revisar puntualmente para valorar la posibilidad de continuar trabajando de manera conjunta.

Se acordó una reunión para la presentación del Plan Alternativas para el 29 de septiembre, a las 11 horas.

Reunión y objetivo
24 de agosto de 2004, pleno de la Comisión Especial.

Desarrollo

Se retomaron las comparecencias que hasta la fecha se habían realizado, en las que los funcionarios se comprometieron a mantener informada a la Comisión, así como remitir el anteproyecto de presupuesto requerido para el ejercicio 2005.

Se informó al pleno de las solicitudes de información que se enviaron a las procuradurías estatales, a las comisiones de derechos humanos y a los institutos de mujeres.

Se dio a conocer el formato de las reuniones con Amnistía Internacional y con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, a celebrarse el 20 de septiembre.

Acuerdos

Debido a la escasa respuesta de los funcionarios a la solicitud hecha por la Comisión, se acordó enviar la misma mensualmente hasta que se obtenga la información.

Reunión y objetivo
8 de septiembre de 2004, reunión de Comisiones Especiales Unidas para la elaboración del Presupuesto con perspectiva de género.

Desarrollo

Integrantes de las Comisiones junto con el grupo asesor, trabajaron en la propuesta del presupuesto con perspectiva de género para apoyar el trabajo contra la violencia hacia las mujeres, su prevención y la reparación del daño.

Reunión y objetivo
29 de septiembre de 2004, reunión de trabajo de la Mesa Directiva.

Desarrollo
Se revisó el calendario de actividades del último trimestre del año.

Acuerdos

Se acordó la asistencia de la Comisión a la gira de trabajo en Hermosillo, Sonora, para dar seguimiento a los acuerdos y compromisos que han asumido las autoridades. Se reprogramó la reunión con el Consejo Consultivo Ciudadano de Políticas de Población, para el 11 de octubre.

Se acordó una reunión especial de trabajo con integrantes de la Comisión de Equidad y Género para la coordinación de actividades.

Se informó de la celebración del Seminario Internacional "Feminicidio,Derecho y Justicia" en colaboración financiera con el Unifem.

Reunión y objetivo

13 de octubre de 2004, reunión de trabajo de la
Mesa Directiva.

Desarrollo

En esta sesión se revisó el proyecto de la página web de la Comisión; asimismo se informó de la última visita realizada a Ciudad Juárez en apoyo a la Caravana Internacional, durante la cual no fue posible concretar reuniones con grupos ciudadanos, madres de las víctimas ni autoridades, por lo que se planteó agendar una próxima salida a dicha entidad.

Se analizó la visita a Oaxaca a realizarse en el mes de noviembre, donde coincidieron en la importancia de contar con un informe actualizado y fundamentado de los feminicidios.

Se compartió la invitación al informe anual de la Fiscal Especial, a realizarse el 25 de octubre en las instalaciones de la PGR.

Por otra parte, se presentó el domi de la exposición de la geografía del feminicidio, programada del 3 al 5 de octubre.

Se analizó el Plan de Alternativas. Señalaron que el documento carece de dictaminación jurídica y no contiene elementos de viabilidad de la propuesta.

Se revisaron los avances del Seminario Internacional.

Acuerdos

Se acordó el envío de cartas a las procuradurías estatales, institutos de mujeres y comisiones de derechos humanos para reiterar la demanda de información actualizada, así como enviar una comunicación de bienvenida a la licenciada Patricia González Rodríguez, nueva titular de la Procuraduría estatal de Chihuahua.

Se acordó la asistencia de los integrantes de la Comisión al Informe Anula de la Fiscalía Especial.

Se acordó insistir en una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública, licenciado Ramón Martín Huerta.

Se acordó dar respuesta al Plan de Alternativas, sustentado con un análisis técnico.

Se acordó el nombre del "Seminario Internacional: Feminicidio, derecho y justicia", organizado en tres sesiones de trabajo, una con académicas, otra con relatoras supervisoras de derechos humanos y por último una con congresistas de Guatemala, España y México.

Reunión y objetivo
26 de octubre de 2004, reunión de la Mesa Directiva.

Desarrollo

En esta ocasión se propuso tener una reunión de trabajo para conocer los planteamientos que realiza

Balance Ciudadano. Se dio a conocer la propuesta de respuesta al Plan de Alternativas, así como la propuesta de programa del Seminario Internacional.

Se entregaron propuestas de Puntos de Acuerdo, uno, sobre las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, y el otro, una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerza su facultad de investigar.

Acuerdos
Se acordó revisar en detalle las propuestas de punto de acuerdo para incorporar observaciones.

Reunión y objetivo

13 de noviembre de 2004, reunión de la Mesa
Directiva.

Desarrollo

En esta reunión se hizo un recuento de algunas comparecencias y reuniones de trabajo que se sostuvieron con organismos civiles y de derechos humanos, cuyos planteamientos serán revisados por la Comisión.

Acuerdos

Desarrollo

Se entregaron las relatorías de las visitas realizadas a Sonora, Chihuahua y Chiapas, al tiempo que se exhorto a los diputados de la Comisión para integrarse a las próximas giras de trabajo.

Se recordó la reunión de trabajo con Balance Ciudadano, a la que se solicitó acudieran las y los integrantes de la Comisión para conocer las demandas ciudadanas y dar a conocer el trabajo que las y los legisladores están realizando.

Se informó de los preparativos del Seminario Internacional, en el que se destacó la importancia de este espacio que servirá para construir con las Relatoras Especiales Susana Villarán y Marta Altoalaguirre, su diagnóstico y recomendaciones, así como resultará valioso contar con las exposiciones de las investigadores y académicas especializadas en el tema de violencia y homicidios contra las mujeres para obtener propuestas que contribuyan a eliminar los vacíos y obstáculos en la aplicación y procuración de justicia.

Se comentaron sobre los avances que se tienen para la instrumentación del Diálogo Internacional Interparlamentario.

Reunión y objetivo
30 de noviembre de 2004, reunión de trabajo de la Mesa Directiva.

Desarrollo

En esta sesión se analizó la propuesta de investigación Sobre Violencia Feminicida en México (indicadores, convenios de trabajo con universidades, centros e institutos de investigación y organizaciones no gubernamentales profesionalizadas en la temática); se comentó sobre el presupuesto destinado al mismo y se bosquejó la ruta crítica que habrán de seguir los trabajos.

Se propuso plantear a la Comisión de Equidad y Género compartir el espacio destinado al acervo que se vaya generando.

Acuerdos
Se acordó incluir una cláusula especial para dar la mayor fluidez posible al presupuesto, de manera tal que la investigación se desarrolle en los tiempos establecidos.

Reunión y objetivo
17 de enero de 2005, reunión de trabajo de la Mesa Directiva.

Desarrollo

La Comisión fue convocada para conocer el contenido de la Campaña Atentamente Las Mujeres.

La licenciada Julia Pérez expuso la historia de esta campaña que abarca siete años de acciones conjuntas entre ciudadanía, gobiernos federal y locales, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de la Mujer. Comentó que el origen de esta iniciativa fue del Grupo de Educación para las Mujeres y Vereda Themis, Asesoría Jurídica y Desarrollo para las Mujeres, y su objetivo: plantear a la opinión pública un posicionamiento positivo de las mujeres y de los hombres y sus relaciones en sociedad.

Precisó que la primera campaña se enfocó a evitar la discriminación en la participación laboral y social de las mujeres. La segunda se centró en los derechos laborales con una invitación a la ciudadanía para luchar por la justicia y la equidad. La tercera consistió en legitimar las instancias oficiales a través de la aplicación equitativa y asumiendo como riqueza la diversidad cultural, religiosa, etaria, sexual, étnica.

Por último dio a conocer que en 2005 la campaña busca la sensibilización y toma de conciencia para despertar a la ciudadanía de la indiferencia por la impunidad y complicidad en torno a los feminicidios en Ciudad Juárez y en la República Mexicana, por lo que manifestó la importancia de que la Comisión Especial se sumara a esta campaña.

La Mesa Directiva también sesionó con representantes del INEGI, a quienes se les transmitió la preocupación por el retraso en la entrega de la información solicitada y por ello se les planteó la conveniencia de formular un convenio de colaboración que agilice el flujo de la información y la actualización permanente de la misma.

Los representantes de INEGI respondieron que la demora en el envío de información obedece a cambios de nombre en 199 mil localidades.

Manifestaron que su institución cuenta con convenios georeferenciales, por lo que estarían en la mejor disposición para celebrar uno con la Cámara de Diputados.

Acuerdos

La Comisión Especial acordó gestionar los spots de radio y televisión en el Canal del Congreso y en la radio y televisión comerciales, así como la impresión de 20,000 carteles.

La campaña se presentará el 3 de febrero.

El INEGI se comprometió a trabajar con la mayor dedicación y puntualidad posible, así como ofreció la posibilidad de capacitar y actualizar al personal que se indique en el Banco de Datos de la institución que se encuentra en Aguascalientes.

Reunión y objetivo

15 de febrero de 2005, reunión de trabajo de la Mesa Directiva.
El objetivo: presentación del Proyecto de Investigación Sobre Violencia Feminicida en México.

Desarrollo

Se entregó la propuesta del proyecto de investigación, en el que se plantea la metodología, se sugieren los estados para realizar la investigación, así como las personas que intervendrían en la misma.

También se entregó un avance del Informe Anual de Trabajo de la Comisión para revisión.

Se informó de la asistencia de integrantes de la Comisión a la Conferencia Nacional de Procuradores a realizarse el 17 de febrero en Mérida,Yucatán.

Acuerdos

Se aprobó por mayoría el inicio de la investigación sobre Violencia Feminicida en México en once estados de la República.
Se acordó consensuar las propuestas de responsables de la investigación, a la brevedad.

Reunión y objetivo

16 de marzo 2005, reunión de la Mesa Directiva.
Reunión de pleno de la Mesa Directiva

Desarrollo

Se planteó la situación que guardan los trabajos para la investigación Sobre Violencia Feminicida en México.

Se comentaron los avances que se registran en la organización del Diálogo Internacional Interparlamentario, cuyo objetivo final es lograr reformas legislativas.

Se informó sobre la reunión sostenida con el Secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel.

Se abordó el tema del Parlamento de Mujeres, donde la Comisión tendrá representación en la Mesa sobre Violencia.

Acuerdos

Se acordó dar celeridad a la investigación Sobre Violencia Feminicida en México; así como tener una reunión con las representantes de Unifem, PNUD, INSTRAW para solicitar su colaboración en el Diálogo Internacional Interparlamentario.

Se acordó solicitar al licenciado Ricardo Sepúlveda, personalizar los comunicados que habrán de dirigirse a todas las Comisiones de Equidad y Género; de Niñez, Adolescencia y Familias; de Justicia y Derechos Humanos de los distintos congresos locales, para dar seguimiento puntual.

Se asumió el compromiso de acudir a la reunión de trabajo con el procurador del Estado México, licenciado Alfonso Navarrete Prida.

Se difundió la invitación del Indesol para que las y los integrantes de la Comisión acudan a la presentación de la investigación:"La construcción de un marco lógico para el análisis de la situación social en Ciudad Juárez, Chihuahua".

Reunión y objetivo
31 de marzo de 2005, reunión de la Mesa Directiva.

Desarrollo

Se informó de los viajes de trabajo realizados al Estado de México y Guanajuato, así como del programado para Chiapas y Quintana Roo.

Se comentó acerca de la solicitud de la diputada Ruth Gaby Vermont, relatora del Parlamento Europeo.

Se informó de los avances en el Diálogo Internacional Interparlamentario sobre Violencia Feminicida, cuyo primer encuentro será del 4 al 6 de mayo en Cancún, Quintana Roo. Asistirán 5 diputadas por país (Guatemala, México, España) y una asesora.

En el caso de la asesora de México se propuso una terna integrada por las licenciadas Karla Gallo, Andrea Medina y Julia Pérez.

Acuerdos

Reunión y objetivo

3 de junio de 2004, se acudió a los Informes de la Fiscal Especial, licenciada María López Urbina, y de la Comisionada Especial, licenciada Guadalupe Gómez Morfín, presentados en la residencia oficial de Los Pinos.

Reunión y objetivo

23 de octubre de 2004, reunión con la directora de Indesol, Cecilia Loría y la presidenta de Themis en España, Ángela Alemani.
El objetivo: iniciativa para la elaboración de un programa de apoyo legal a las madres de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.

Desarrollo

Se planteó que de instrumentarse un programa será necesario contar con protección para las abogadas coadyuvantes, por lo que deberán crearse mecanismos y acuerdos con las autoridades para que se garantice su seguridad e integridad.

Asimismo, tendría que diseñarse un proyecto especial de asesoría y apoyo jurídico a las y los familiares de las víctimas y sobrevivientes del feminicidio.

Reunión y objetivo

7 de diciembre de 2004, reunión de trabajo con el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha.
El objetivo: seguimiento e intercambio de información.

Desarrollo

Estuvieron presentes la licenciada Patricia González Ramírez, procuradora de justicia de Chihuahua y María López Urbina, Fiscal Especial.

La Comisión Especial, en voz de su presidenta señaló el trabajo que han venido realizando, las reuniones que han tenido en Chihuahua, Sonora y Oaxaca, donde se han iniciado contactos e intercambios de información con funcionarias y funcionarios, con organizaciones de la sociedad civil y con familiares de las víctimas, cuya finalidad es dar seguimiento a las investigaciones que se realizan.

También se le comentó al procurador de las solicitudes que se han enviado a los diferentes titulares de las procuradurías estatales y la respuesta que se ha tenido al respecto, por lo que se le pidió al procurador una próxima reunión para analizar y comentar al respecto.

Reunión y objetivo

8 y 9 de diciembre de 2004, Seminario Internacional Violencia, Feminicidios y Derechos Humanos.

El objetivo: reunir a funcionarias de alto nivel de nuestro país, encargadas a nivel federal y estatal del esclarecimiento de los asesinatos en Ciudad Juárez en los crímenes contra niñas y mujeres para tratar de unificar acciones por la erradicación de la violencia contra las mujeres y el feminicidio.

Reunión y objetivo
6 de enero de 2005, reunión de la Mesa Directiva con el licenciado Bernardo Bátiz, Procurador de Justicia del Distrito Federal.

Desarrollo

La Comisión Especial le manifestó al procurador la preocupación que existe por el creciente número de homicidios de mujeres mayores en el Distrito Federal que hasta la fecha de la reunión sumaban 19 casos.

El procurador capitalino respondió que no veía un problema específico de violencia contra las mujeres, más bien forma parte de la violencia que se genera en la ciudad, como cualquier otro. Sin embargo, informó que se ha recomendado a las ancianas no salir solas, no abrir su puerta a cualquier persona.

Las y los diputados expresaron que este problema no se resuelve dando consejos, por lo que es importante diseñar e implementar una política de seguridad específica para las mujeres que no puede vivir "cuidándose"porque eso significaría la pérdida de libertad.

Finalmente la Comisión solicitó al funcionario un programa de prevención y atención real al problema, así como el seguimiento responsable.

Acuerdos

El procurador se comprometió a enviar información relacionada con la violencia contra las mujeres (se recibió una semana después).
Por último nombró en esa reunión como enlace de la PGJDF a la subprocuradora de prevención del delito y atención a víctimas del DF, Bárbara Yllan.

Reunión y objetivo
9 de febrero de 2005, reunión con Claudia Cameras para comentar algunos aspectos sobre la participación de la Comisión en la Conferencia Nacional de Procuradores.

Desarrollo
La funcionaria de la Procuraduría General de la República comentó cual es la mecánica y formato de la reunión, así como los temas que serán abordados en la próxima sesión.

Acuerdos
Se gestionó la participación de las integrantes de la Mesa Directiva en la Conferencia Nacional de Procuradores.

Reunión y objetivo
17 de febrero de 2005, Conferencia Nacional de Procuradores. Mérida, Yucatán.

Desarrollo

Asistieron a la Conferencia Nacional, la presidenta de la Comisión Especial,Marcela Lagarde y de los Ríos y la secretaria de la Comisión Especial Blanca Gámez.

Acuerdos

La presidenta de la Comisión informó a los Procuradores del país de su cometido; les entregó una nueva demanda de información.

En voz del Procurador Rafael Macedo de la Concha, se informó que el tema de la violencia feminicida se ha inscrito en la agenda de trabajo de esta Conferencia y forma parte de las tareas de las procuradurías de los estados de la República. Se comprometió a mantener informada a la Comisión Especial, ha responder a sus demandas y contribuir a sus tareas.

Reunión y objetivo

22 de febrero de 2005, reunión con el doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El objetivo: fue el seguimiento e intercambio de información.

Desarrollo

La Comisión Especial comentó sobre las reuniones de vinculación que ha sostenido en los estados de Sonora, Oaxaca y Chihuahua, así como su participación en la Conferencia Nacional de Procuradores, en la cual se enfatizó la necesidad de destinar un presupuesto especial para enfrentar el feminicidio, así como aumentar las partidas para la Comisionada y la Fiscal.

Por lo anterior, las legisladoras consideraron importante saber en qué está trabajando la CNDH y ubicar las coincidencias.

La CNDH reiteró la información contenida en el informe presentado a principios de este año, en el cual se dedica un apartado a la Subcomisión de Juárez.También se indicó que no observan coordinación en el trabajo que desarrolla la Comisionada Especial, el plan integral de 10 puntos no está operando, por lo que la actividad que realizan está distanciada del tema del feminicidio, mientras que las víctimas no cuentan con asesoría jurídica, por lo que la Comisión no está respondiendo a su mandato.

Respecto a la Fiscalía Especial considera que solamente ha emitido observaciones técnicas y no la persecución del delito, asimismo indicaron se requiere establecer claramente las competencias federal y estatal.

Las legisladoras solicitaron saber por qué se cierra la recomendación 44/98 y si la CNDH ya hizo algo al respecto, si es que se puede realizar alguna acción en torno a las autoridades negligentes u omisas y preguntaron si se han presentado otras quejas.

El doctor Soberanes informó que el procedimiento de la queja-recomendación sólo permite vigilar si ésta se cumple o no. Informó acerca del programa Pro-Víctimas al que la Cámara de Diputados le asignó 5 millones de pesos y a través de éste se atiende a familiares de víctimas que han rechazado el apoyo de las tres instancias de gobierno.

También se precisó que trabajan en la creación de un modelo de atención a víctimas, trabajo que realizan conjuntamente con el subprocurador Álvarez Ledesma y cuya finalidad es que haya acceso a la justicia.

Por último se presentó un spot en contra de la violencia realizado por la CNDH y la Cámara de Diputados, con la finalidad de recoger opiniones y sugerencias.

Acuerdos

Se acordó mantener la relación de intercambio informativo; actualizar los informes.

Se acordó realizar este año la campaña en medios electrónicos sobre la violencia feminida en México. Enviar de inmediato las correcciones que sugirieron las diputadas de la Comisión Especial.

El presidente de la CNDH ofreció estudiar la posibilidad de que se hagan investigaciones sobre posibles feminicidios en toda la República Mexicana.

Reunión y objetivo

23 de febrero de 2005, reunión con Santiago Creel, Secretario de Gobernación y Guadalupe Morfín, comisionada especial.
El objetivo: seguimiento e intercambio de información.

Desarrollo

El titular señaló que este espacio de trabajo servirá para conformar una agenda de trabajo temático para la distribución de las tareas, la definición de los objetivos y el seguimiento de los acuerdos que surjan.

Las legisladoras consideraron de importancia la reunión de trabajo, la cual permite intercambiar información y saber cómo se coordina el trabajo.

También manifestaron extrañamiento por el nombramiento de Chávez y Chávez. Reconocieron el trabajo que realiza la Comisionada, sin embargo indicaron que los esfuerzos no han sido suficientes, por lo que dijeron se requiere de concertar una política entre los tres poderes, con base en un diagnóstico que debe dar a conocer las causas de la violencia contra las mujeres y los mecanismos de su reproducción. Asimismo, se debe formular un plan integral que enfrente la violencia con una política de Estado.

El titular de Segob respondió que para el nombramiento de Chávez realizaron investigaciones y si existiera alguna información o situación que no conociera se tendrá en consideración. Dijo es importante contar con las mismas referencias informativas para el manejo de la información.

La Comisionada entregó copia de la base de datos y el programa de trabajo que proporcionó a la relatora Ertürk.

Acuerdos

Se acordó iniciar reuniones periódicas para el análisis de cada uno de los casos y demandas presentadas por las y los diputados asistentes.
La primera reunión programada se fijó y ya se citó para el 21 de abril de 2005.

Reunión y objetivo

21 de febrero de 2005, reunión con el procurador Rafael Macedo de la Concha.
Objetivo: seguimiento e información.

Desarrollo

La Comisión Especial hizo llegar el reclamo de la ciudadanía y de organizaciones civiles quienes lamentan que los informes que brinda la Fiscalía Especial son imprecisos, incompletos e ininteligibles.

Por lo anterior, es que la Comisión planteó la necesidad de que la Fiscal Especial proporcione un informe detallado, en el que dé cuenta de los expedientes revisados y el estado en que se encuentran los procesos.

Respecto al manejo de los recursos de la Fiscalía Especial, la Comisión manifestó al procurador que se requiere transparentar su aplicación, además de que le comentaron que ya se presentó un punto de acuerdo para exigir claridad.

Por último las y los legisladores manifestaron confiar en el trabajo que realiza la Fiscal, sin embargo ella deber responder a las solicitudes de información que se le han formulado.

El procurador Macedo de la Concha ofreció a las y los integrantes de la Comisión una amplia explicación de la aplicación presupuestal, así como les informó que han existido problemas para ejercerlo ya que al haber sido etiquetados sólo se contempla como gastos de oficina.

Acuerdos
Se acordó la comparecencia de la Fiscal Especial, María López Urbina ante la Comisión Especial.

Reuniones de formación

Reunión y objetivo

18 de mayo de 2004, reunión del pleno de la Comisión Especial.
El objetivo: dar a conocer a los integrantes de la Comisión la opinión de una experta.

Desarrollo

Conferencia-diálogo: los obstáculos legislativos y convencionales que permiten la impunidad y la violencia contra las mujeres, impartida por la doctora Alicia Elena Pérez Duarte.

Reunión y objetivo
10 de agosto de 2004, taller:Violación de derechos constitucionales y derechos humanos en Ministerios Públicos y Juzgados, impartida por la doctora Ana Laura Magaloni.

Desarrollo
Acudieron integrantes de la Comisión y asesoras.

Reunión y objetivo

2 de febrero de 2005, reunión de trabajo con abogadas.
El objetivo: brindar a las integrantes de la Mesa Directiva algunos elementos sobre los problemas jurídicos en la defensa de los derechos de las mujeres y algunas propuestas alternativas para modificarlos.

Desarrollo

La licenciada Julia Pérez presentó la propuesta que desde Vereda Themis Defensoría y Educación para Mujeres, impulsan para detener la violencia feminicida contra las mujeres y realizó una exposición sobre el Estado de derecho.

Indicó que se requieren hacer reformas que contemplen entre varias cosas, la redefinición del término víctimas; que se resignifique el término pasional, el cual oculta posiciones moralistas y discrimininatorias.

Por otra parte, se analizó la pertinencia de impulsar la Ley General contra la Violencia.

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil

Reunión y objetivo

29 de abril de 2004, reunión de trabajo sostenida con Pablo Rojas, de Perú; Carlos Villaverde, de República Dominicana; Helen Mack de la Fundación Myrna Mack.

Desarrollo

Integrantes de la Mesa Directiva y grupo de asesores intercambiaron información sobre las políticas para prevenir y erradicar la violencia en sus respectivos países.

Reunión y objetivo

19 de julio de 2004, reunión de trabajo con la Comisión de Cultura -con asociaciones y sindicatos de artistas y creadores-, promovida por la diputada Lilia Aragón.

El objetivo de esta reunión sostenida con artistas, creadores y medios de comunicación fue conocer el trabajo que realizan para combatir la violencia contra las mujeres y de denuncia por la impunidad en los feminicidios de Ciudad Juárez.

Desarrollo

Los artistas, escritores y creadores invitados se pronunciaron por la unificación en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, al tiempo que señalaron la incapacidad de las autoridades locales para dar respuesta.

Acuerdos

Las legisladoras propusieron:

14 de septiembre de 2004, reunión de trabajo con la licenciada Alicia Leal Puerta, directora de la Red Nacional de Refugios para Mujeres en Situación de Violencia.

El objetivo: un acercamiento para el intercambio de información y formulación de propuestas.

Desarrollo

La licenciada Leal presentó su proyecto de trabajo, en el que considera pertinente que la Comisión se involucre en los siguientes rubros:

Reunión y objetivo
20 de septiembre de 2004, reunión de la Comisión con integrantes de Amnistía Internacional.

Desarrollo

Amnistía Internacional presentó a la Comisión Especial elementos del informe ampliamente documentado con el que cuentan, donde enfatizan que la respuesta de las autoridades a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez han sido tratados como consecuencia de la violencia común, sin reconocer que se trata de un patrón persistente de violencia contra las mujeres, que tiene raíces profundas basadas en la discriminación.

Por otra parte, señalaron que han documentado demoras injustificables en las investigaciones iniciales y una falta de seguimiento a pruebas y declaraciones de testigos que podrían ser esenciales.

Asimismo, han detectado la falsificación de pruebas y el presunto uso de la tortura para obtener información o confesiones de culpabilidad.

Respecto al trabajo que realizan las organizaciones civiles y las y los familiares de las víctimas se ha visto que la autoridad ha tratado de desacreditarlo en lugar de admitir la coadyuvancia en las investigaciones que se llevan a cabo.

Por todo lo anterior, es que aI detecta que las autoridades han fallado en su deber de actuar con diligencia en la investigación de los crímenes, la sanción de los responsables, la reparación del daño y la prevención de los crímenes.

Y de entre las recomendaciones que emite está la de llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas e imparciales; asegurar que los servicios forenses a nivel estatal y federal sean independientes de las procuradurías; agilizar la resolución de juicios pendientes; capacitar a jueces en materia de derechos humanos y de violencia contra la mujer; incorporar la perspectiva de género en todos los procedimientos de investigación y valoración de los casos, analizando la manera en que el género de la víctima afecta el contexto y la forma de la violencia; emitir una directriz federal y estatal respaldando la labor de las organizaciones y familiares que inste a las autoridades a respetar y promover espacios de coordinación y cooperación.

Acuerdos

Se acordó mantener la relación y el intercambio de la información que se vaya generando.
Se acordó mantener la relación y el intercambio de la información que se vaya generando.

Reunión y objetivo
20 de septiembre de 2004, reunión de la Comisión con integrantes de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

Desarrollo

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos expuso el trabajo de seguimiento que ha realizado sobre los comicios de mujeres en Ciudad Juárez, entregaron un documento en el que se da cuenta del crecimiento del homicidio doloso de mujeres en las ciudades más pobladas del país entre 1990 y 2002, encabezando la ciudad arriba referida.

Por otra parte, su estudio arroja que Chihuahua experimentó un incremento acelerado de la violencia homicida, por encima del resto de las entidades.

Señalan que la impunidad en el caso de mujeres asesinadas llega al 74.5% lo que refleja la negligencia u omisión en la actuación de las autoridades, así como fallas estructurales en el sistema de justicia, por lo que plantean una serie de recomendaciones para el buen desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de los crímenes y otras más de carácter preventivo que atiendan las causas estructurales.

Reunión y objetivo
29 de septiembre de 2004, presentación del plan de Alternativas.

Desarrollo

Investigadoras de la UNAM, El Colegio de México, abogadas, legisladoras y representantes de grupos civiles presentaron un plan alternativo para esclarecer el feminicidio en Ciudad Juárez, que desde 1993 a la fecha ha dejado más de 415 víctimas.

Las especialistas criticaron la falta de voluntad política de las autoridades y los escasos resultados para resolver los crímenes de odio y lesa humanidad que se perpetran contra las mujeres.

Indicaron que hace falta crear una nueva estructura con autonomía técnica y operativa, dependiente de la PGR para que coordine todas las actividades de la investigación. Esta Fiscalía General tendría que atraer todos los casos, para ello precisaron habría que modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de la PGR.

Reunión y objetivo

25 de octubre de 2004, reunión de trabajo para conocer el Balance Ciudadano y Propuestas para Combatir el Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua.

El objetivo: presentar a las y los integrantes de la Comisión Especial el Balance Ciudadano y las propuestas elaboradas por organizaciones civiles, además de dar respuesta a las propuestas recibidas con anterioridad e informar de los avances y retrocesos respecto de los acuerdos tomados por el Presidente Fox con las madres de las víctimas y sus abogadas.

Desarrollo

La diputada anunció que en diciembre se presentaría un primer informe de actividades de la Comisión.

Una primera revisión a la situación del feminicidio en Ciudad Juárez hace necesario que los tres niveles de gobierno respondan.

Se citaron algunos de los señalamientos que han realizado organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se habló de los grandes vacíos que existen en las legislaciones, por lo que es urgente la armonización de las mismas, considerando las recomendaciones de la CEDAW, para homologar la legislación internacional con la interna para que esté acorde con los derechos humanos.

La propuesta contempla una reforma integral al Código Civil, al Penal y a la Constitución estatal, así como la incorporación de la perspectiva de género como una constante en las normas educativa y de salud.

Se propone que la PGJ atraiga el 100% de los casos bajo un mando único articulado y que se responsabilice del manejo de las indagatorias; de la sistematización de una base de datos -bitácora ministerial y policíaca-, atención psicojurídica integral a las víctimas, lista de mujeres desaparecidas -que se consense-, reparación del daño, y la protección de testigos.

Acuerdos
La diputada Marcela Lagarde recibió el Plan y se comprometió a revisarlo y dar una respuesta.

Reunión y objetivo

21 de enero de 2005, reunión con diputadas y senadoras, integrantes de las Comisiones Especiales, organizaciones civiles, y la Comisionada Especial.

El objetivo: conocer el informe del equipo forense argentino.

Desarrollo

Patricia Bernardi y Mercedes Doreti, integrantes del equipo informaron que el descuido en las investigaciones de homicidios, negligencia, falta de profesionalismo y carencia de rigor científico fue lo que encontraron después de haber analizado 24 expedientes de mujeres no identificadas. Señalaron que se deben recuperar los restos de por lo menos 53 cuerpos no identificados.

Recomiendan que las autoridades realicen los trabajos periciales en coordinación con el equipo de antropología forense.

Al término de la reunión se planteó la posibilidad de estandarizar el protocolo de procedimiento, se sugirió aprovechar los restos que se conservan para hacer las indagatorias precisas y señalar a jueces y funcionarios negligentes y omisos.

Acuerdos

Recomendaron crear un organismo centralizado temporario encargado de recabar la información de todos los casos, que no tenga capacidad judicial, pero sí la de investigar y solicitar nuevos peritajes y revisiones.

Se manifestaron en favor de cambiar al equipo de peritos que hasta ahora ha trabajado.

Reunión con relatoras y relatores y con organismos de derechos humanos

Reunión y objetivo

10 de agosto 2004, reunión de trabajo con la Secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, diputada Ruth Gaby Vermont Mangold.

Desarrollo

La Comisión Especial fue invitada a una reunión de trabajo con la Relatora Especial y Secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Ruth Gaby Vermont Mangold, donde expuso que su estancia tiene como objetivo conseguir toda la información sobre el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, e informó que ya sostuvo encuentros con organizaciones de la sociedad civil y autoridades de diversas dependencias para conocer del tema, de las cuales encontró informaciones que resultan contradictorias tanto en las cifras como en los informes que se proporcionan. Así como advirtió que el asunto se ha convertido en algo parecido a un juego de pin-pon donde todos se pasan la bolita sin fincar verdaderas responsabilidades, lo que deja ver la incompetencia de las autoridades en los tres niveles de gobierno.

Las legisladoras coincidieron en que información tan diversa y contradictoria obstruye el avance de las investigaciones, y la impunidad es uno de los principales males que obstaculizan el esclarecimiento de las investigaciones, se enfatizó la necesidad de integrar adecuadamente todos los expedientes para que puedan ser atraídos por la PGR y se subrayó la importancia de avanzar en una legislación federal para enfrentar la violencia contra las mujeres.

La europarlamentaria señaló que la finalidad de contar con la mayor cantidad de información posible servirá para elaborar un informe que presentará a la Comisión de Equidad y Género y al pleno del Parlamento Europeo, al mismo tiempo que emitirá apoyos y recomendaciones de manera crítica al gobierno mexicano; calificó de interesante el trabajo que realizan las comisiones especiales del Congreso y considero que es necesario sumar esfuerzos pare el esclarecimiento de los homicidios.

Finalmente las legisladoras reiteraron su compromiso de seguir trabajando por erradicar la violencia contra las mujeres, ubicar el feminicidio en políticas de Estado, lograr la equidad en el tratamiento de las víctimas, la reparación integral del daño, brindar atención prioritaria a los familiares de las víctimas del feminicidio tanto en el ámbito jurídico, educativo, de empleo y salud.

Acuerdos
El último compromiso fue mantener el contacto para el intercambio de información.

Reunión y objetivo

21 de febrero de 2005, reunión de trabajo en el Senado de la República de las Comisiones de ambas Cámaras de Equidad y Género; Justicia y Derechos Humanos; Relaciones Exteriores y las que dan Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana con la relatora especial sobre violencia contra la mujer de las Naciones Unidas,Yakin Ertuk.

Desarrollo

La relatora especial Yakin Ertuk hizo referencia a los antecedentes de los derechos humanos de las mujeres en México, que en décadas anteriores eran más vulnerables y como consecuencia nuestro país ha sido uno de los que ha recibido mayor número de recomendaciones de la ONU para la atención de los derechos de las mujeres, que han sido acatadas por el gobierno con la instauración de programas, reformas electorales y algunas acciones que no son suficientes ante la violencia de género que se registra.

Sin embargo, manifestó su preocupación por la aplicación de la justicia, a pesar de que México ha firmado compromisos internaciones en esta materia, lo cual no ha eliminado los vacíos que existen a nivel federal, estatal y municipal.

Comentó que durante su visita se entrevistó con familiares de las víctimas de Ciudad Juárez, con organizaciones no gubernamentales y autoridades.

La relatora propuso a las autoridades involucrar a los familiares en los diferentes programas y niveles de la investigación, así como incorporar personal competente.

Por otra parte, consideró que se requiere un Código Federal de Violencia Doméstica; la creación de refugios; la definición del derecho laboral de las mujeres, ya que existen vacíos legales, particularmente en la industria maquiladora.

Asimismo, sugirió al Congreso aprobar la reforma al artículo 73 constitucional que permitiría a la Federación tener jurisdicción en casos donde se presuma violación a los derechos humanos.

Por parte de las legisladores, se expusieron los avances que se han registrado, tales como la creación del Inmujeres, la reforma al artículo 1º constitucional, la creación del Protocolo Facultativo de la CEDAW y la creación de las Comisiones Especiales que dan Seguimiento a las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Asimismo, precisaron que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se presentarán iniciativas de Ley en materia de violencia.

Por otra parte, se le planteó pudiera sumarse a la demanda de la elaboración de un diagnóstico científico integral de las causas de la violencia contra las mujeres.

Acuerdos
Se acordó mantener el contacto para el seguimiento e intercambio de información.

Reunión y objetivo
1º de marzo de 2005, reunión con Raúl Romeva, europarlamentario interesado en conocer el trabajo que realiza la Comisión Especial.

Desarrollo

Intercambio de información del trabajo parlamentario que realizan los cuerpos legislativos de ambos países en materia de procuración de justicia.

Presencia de la Comisión Especial en las entidades federativas

Reunión y objetivo

23 y 24 de abril de 2004, foro convocado por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia

Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, El Colegio de la Frontera Norte, Fundación para el debido proceso legal y el Centro Nacional para Tribunales Estatales.

Objetivo: se estableció el primer encuentro con algunos de los actores que intervienen en el seguimiento y atención de los feminicidios en el estado de Chihuahua.

Desarrollo

Se expusieron planteamientos acerca de la impunidad que priva en los homicidios de mujeres, el curso que siguen las investigaciones, la actuación de las autoridades, así como las recomendaciones que han emitido instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras.

Reunión y objetivo

20 de mayo de 2004, conferencia convocada por la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y por Mujeres por México en Chihuahua, AC, como parte de la campaña "ni una más".

Objetivo: continuar los trabajos realizados por la equidad de género.

Desarrollo

La presidenta de la Comisión fue invitada a impartir la conferencia magistral: Madre de mí misma.

Reunión y objetivo

28 de julio de 2004, décima reunión del Grupo de Trabajo de Procuración de Justicia y del Grupo de Trabajo de Promoción Social y Derechos Humanos de la Mujer, de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Salón Madero de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez.
Objetivo: seguimiento del trabajo que realizan las autoridades involucradas en las investigaciones.

Desarrollo

En esta reunión se presentaron: el Programa Nacional de Derechos Humanos, el Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el caso del primero está diseñado con ejes trasversales que incorporan la perspectiva de género y al del respeto a los derechos humanos de las mujeres, se detallan la descripción de las acciones, la o las instituciones coordinadoras, así como la o las instituciones participantes.

En el caso del Programa Nacional de Derechos Humanos se refiere que comenzó a elaborarse en enero de 2004 con la participación de la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, cuya base es la creación de una política de Estado en materia de derechos humanos y el fortalecimiento de una cultura de respeto de los mismos, así como la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en los programas institucionales y sectoriales.

Este programa considera los siguientes ejes: universalidad e indivisibilidad; participación de la sociedad civil; efectividad y unidad.

Otro elemento que contempla es la armonización de la legislación interna para la efectiva aplicación del ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México.

Reunión y objetivo

16 y 17 de septiembre de 2004, Hermosillo, Sonora.
El objetivo: seguimiento e intercambio de información.

Desarrollo

Las legisladoras atendieron un encuentro con mujeres de ONG`s, donde se informó que la Red de Mujeres por una Ciudadanía Plena se conformó en el 2001, se avanzó en la reforma por la paridad y se aprobó la Ley de Violencia Intrafamiliar. Se busca que el Congreso de pronuncie en torno a una Ley de Violencia. Se ha solicitado al procurador el Plan Estatal Contra la Violencia.

Han interpuesto denuncias por las mujeres asesinadas y desaparecidas.

Las legisladoras señalaron que su visita obedecía a la necesidad de conocer si en esa entidad se están configurando casos de feminicidio.

Se entrevistaron con el presidente del Congreso Local, Luis Serrato Castel, PAN, a quien le plantearon la necesidad de que los hombres sensibles se incorporen al trabajo que realizan las diputadas para erradicar la violencia contra las mujeres, elaborar un presupuesto con perspectiva de género.

El diputado coincidió que el tema de violencia requiere ser legislado.

Reunión con la Presidenta Municipal para conocer los avances y la situación en que se encuentran los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas. La alcaldesa indicó que existen huecos en la legislación, además de que percibe que serán difíciles posibles modificaciones.

Las legisladoras señalaron la conveniencia de realizar estudios integrales, contar con estadísticas por género, armonizar las legislaciones en los tres niveles de gobierno; solicitar recursos destinados a erradicar la violencia contra las mujeres.

Visitaron el albergue de mujeres maltratadas.

Se reunieron con el procurador, a quien le manifestaron que su presencia era resultado de la solicitud que planteó la Red de Mujeres.

El procurador agradeció que se esté dando la comunicación e informó que se pretenden abrir espacios de participación para el diseño de nuevos programas. Asimismo, reconoció que su informe revela que falta por resolver el 50% de los casos, lo que, por un lado, se debe a la falta de personal capacitado y, otro, tanto a que la procuraduría no puede dar a conocer información que podría entorpecer el curso de las investigaciones. Por otro lado, indicó que se requiere apoyo financiero para instaurar un programa integral, sin embargo, en la medida de lo posible se echarán a andar programas sociales invitando a sumarse a los mismos a las mujeres de la Red.

Acuerdos

Las legisladoras dieron a conocer el programa de Alternativas para que incluyan su firma y lo difundan a otros grupos.

Ambas partes se comprometieron a mantener el contacto.

Se sumaron al desplegado de Alternativas.

Solicitarán al gobernador un plan integral de prevención de violencia simultáneo al de inversión.

Realización de un foro junto con Indesol, para presentar los resultados del Observatorio sobre pobreza, políticas públicas y la propuesta legislativa de Alicia Elena Pérez Duarte.

El diputado Luis Serrato se comprometió como presidente de la Comisión de Hacienda.

Las legisladoras propusieron al procurador la conformación de una mesa en la que esté el gobernador y la ciudadanía.

Le solicitaron elaborar una propuesta concreta con programas específicos para erradicar la violencia contra las mujeres para apoyarlo desde la Cámara de Diputados.

La diputada local Patricia Patiño entregó al procurador un documento para la aplicación de la perspectiva de género.

Acuerdo: elaborar una agenda conjunta y reunirse el 4 de octubre en Hermosillo para iniciar los trabajos de la mesa.

Reunión y objetivo

22 de octubre de 2004, Oaxaca, Oaxaca.
Objetivo: intercambio de información con autoridades y organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia y los homicidios cometidos en contra de las mujeres.

Desarrollo

La Comisión formó parte de la Mesa Interinstitucional en la que participa la Secretaría y Procuraduría de Asuntos Indígenas, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, la Secretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia.

Las autoridades manifestaron su disposición a trabajar para detener la violencia contra las mujeres, la cual indicaron se genera por factores como el alcoholismo, los usos y costumbres, la orografía del estado que dificulta la prestación de servicios educativos y de salud.

Señalaron que la práctica de usos y costumbres transgrede el Estado de derecho y los acuerdos internacionales no se ven reflejados aún en la legislación estatal.

La Comisión Especial señaló que tiene conocimiento de 40 mujeres asesinadas y más de 300 mujeres vendidas, por lo que se preguntó a las autoridades qué han hecho al respecto. Asimismo se habló de la necesidad de articular en su actuación a los tres niveles de gobierno, así como la urgencia de impulsar reformas legislativas.

Las y los representantes del gobierno local informaron que se instalará un programa para la prevención, atención y sanción de la violencia de género e intrafamiliar, el cual estará dirigido a las autoridades municipales, los poderes Judicial y Legislativo, los organismos autónomos y a las asociaciones civiles organizadas.

Por otra parte, están cuidando no duplicar actividades entre las diversas instancias gubernamentales.

Por otra parte, han detectado que la saturación en los Ministerios Públicos, la falta de capacitación y de recursos les ha obligado a derivar a las víctimas a la mediación como única salida. Por lo anterior, es el IMO cuenta con proyectos de atención sobre los derechos de las personas a una vida sin violencia y ha recomendado se le asigne un presupuesto destinado a estos programas, así como la creación de un Consejo Nacional de Sanción y Prevención.

Acuerdos

Las autoridades se comprometieron a coordinar acciones para mejorar los programas de prevención de la violencia contra las mujeres, así como desarrollar mecanismos de comunicación e intercambio de información para dar seguimiento a las acciones federales y estatales en torno a las investigaciones.

La Comisión se comprometió a seguir trabajando para lograr un presupuesto etiquetado para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Reunión y objetivo

30 y 31 de octubre de 2004, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Objetivo: seguimiento e intercambio de información.

Desarrollo

Esta visita se realizó para continuar entablando contacto con las organizaciones civiles y los familiares de las víctimas.

Se acompañaron las actividades convocadas en esos días, tales como el Cruce de la Caravana por el Puente Lerdo o Reforma La Cruz, frente al Puente Santa Fe o Paso del Norte. Y la Ceremonia que se realizó al final del evento y estuvo a cargo de CETLAC y Casa Amiga, así como la colocación de una ofrenda floral por parte de las Madres de Juárez y Chihuahua.

Se participó en la conferencia de prensa en el Campo Algodonero.
Se atendió una entrevista con el Ing. Escudero, presidente de Fidevida.

Reunión y objetivo

12 de noviembre de 2004, Hermosillo, Sonora.
Objetivo: seguimiento del acuerdo tomado para la instalación de una mesa interinstitucional.

Desarrollo

Instalación de la Mesa Interinstitucional "Comisión de Seguimiento a Homicidios y a otros delitos graves en contra de las mujeres".

Al evento acudieron el licenciada Rubén Díaz Vega, procurador de justicia del estado de Sonora, la senadora Leticia Burgos y las diputadas Marcela Lagarde, Blanca Gámez y Eliana García, la licenciada Claudia Indira Contreras,Ministerio Público Agencia para las víctimas de delito de violencia intrafamiliar, la magistrada Adela Ricaud, del Segundo Circuito; la licenciada Rosa María Rodríguez, especialista en violencia intrafamiliar de la Secretaría de Salud estatal, la diputada Local Patricia Patiño Fierro y la licenciada María Elena Barreras, Alianza Democrática.

Los integrantes de la Mesa Interinstitucional hicieron votos porque la Comisión dé resultados y se maneje con transparencia para que la ciudadanía pueda valorar el trabajo, y enfatizaron su interés por contribuir en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres.

El procurador cerró el evento indicando que habrá apertura a todas las propuestas. Asimismo, mencionó que la solicitud para la creación de una Fiscalía Especial está en estudio y en espera de la aprobación de presupuesto.

Reunión y objetivo
17 y 18 de marzo de 2005, Hermosillo, Sonora.

Desarrollo

Se llevó a cabo la tercera reunión de la Mesa Interinstitucional para el seguimiento de los casos de mujeres asesinadas, en la que estuvo presente el procurador de Justicia del Estado, Abel Murrieta Gutiérrez.

Las legisladoras, en conferencia de prensa, señalaron que el informe presentado por el procurador resulta parcial, pero avanzaron en el planteamiento de una serie de objetivos que permitan esclarecer los feminicidios.

Reunión y objetivo

29 de marzo de 2005, reunión con el procurador del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida.

Objetivo: establecer un vínculo de colaboración entre la Comisión Especial y las autoridades gubernamentales del Estado de México para conocer y dar seguimiento sobre posibles feminicidios e informar al procurador de los trabajos que se realizan para la investigación sobre violencia feminicida.

Desarrollo

La Comisión Especial informó y dio antecedentes sobre la relación de esa procuraduría con la Comisión, la cual se dio a través del intercambio de información, explicó el cometido de la misma y enfatizó la importancia de conocer qué pasa en torno a la violencia feminicida, por lo que la colaboración entre poderes resulta de suma importancia.

El procurador Navarrete Prida informó sobre los homicidios que consideró no son de género, sino pasionales o por venganza, por otra parte, afirmó que no hay impunidad porque en esa entidad se solucionan en general el 84% de los homicidios.

Señaló que la procuraduría cuenta con un programa de atención psicológica que atiende a 50 mil personas.

Precisó que la información que ha proporcionado a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos está basada en las estadísticas del INEGI que abulta las cifras en virtud de que en una sola cuenta incluye homicidios, muertes accidentales y muerte materna, lo que dijo:"no es violencia de género", pero lo que sí aceptó es el grave problema de la violencia intrafamiliar.

Finalmente el funcionario entregó a las diputadas un estudio comparativo de los homicidios contra las mujeres en el Estado de México y Chihuahua, así como una lista de los casos, similar a la enviada en meses pasados a la Comisión.

Acuerdos

El procurador anunció la apertura de un refugio para mujeres maltratadas y solicitó a las legisladoras su colaboración para revisar la Ley de Violencia Intrafamiliar de la entidad, que considera limitada.

Se acordó la elaboración de un convenio de colaboración.
Se acordó el envío de información disponible.

Reunión y objetivo

29 de marzo de 2005, reunión con la directora del Instituto Mexiquense de Mujeres, licenciada María Elena Prado.

Objetivo: establecer una relación de conocimiento y colaboración para el propósito de la Comisión Especial.

Desarrollo

Las diputadas informaron sobre el origen y desarrollo de la Comisión. Se realizó un intercambio de opiniones y actividades. Las legisladoras solicitaron información sobre los planes del Instituto, su informe, las acciones que realiza en relación a la violencia contra las mujeres, sus actividades futuras y su colaboración para realizar la investigación sobre violencia feminicida.

La directora del Instituto Mexiquense de la Mujer explicó las circunstancias en que realizan el trabajo; informó que se está desarrollando un modelo de atención y prevención de la violencia y mencionó que el Instituto no cuenta con información fidedigna sobre la violencia feminicida.

Se abordaron temas como: el presupuesto para los institutos; la colaboración interinstitucional en el Estado de México; la necesidad de la investigación para saber qué pasa con la violencia contra las mujeres.

Acuerdos

1 de abril de 2005, reunión de trabajo de la Comisión Especial con el gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks; Daniel Federico Chowell Arenas, Procurador General de Justicia del estado; Irene Victoria López, directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense;Manuel Vidaurri Aréchiga, procurador de los Derechos Humanos; Miguel Márquez, director del DIF; Gerardo Luis Rodríguez Orozco, secretario de Seguridad Pública; y Verónica Cruz representante de la sociedad civil en el Consejo Interinstitucional de Prevención de la Violencia en el estado de Guanajuato.

El objetivo: establecer mecanismos de comunicación e intercambio de información para dar seguimiento a las investigaciones y acciones del gobierno de Guanajuato en torno a la configuración de posible feminicidio. Así como informar sobre las tareas que realiza la Comisión Especial.

Desarrollo

La Comisión Especial informó a los integrantes del gobierno estatal las denuncias que se han realizado sobre los homicidios contra las mujeres en Guanajuato.

Los funcionarios informaron de las acciones en materia de prevención de la violencia y la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Cada uno expuso sus planes de trabajo y acciones.

El procurador realizó una presentación en Power Point con la estadística de los casos de homicidios hasta 2004.

La directora del Instituto de la Mujer y el secretario de seguridad pública abundaron sobre las tareas que realizan las instancias a su cargo.

El procurador de los derechos humanos explicó la manera en que ha intervenido en casos que pueden constituir feminicidio.

Las legisladoras solicitaron mayor información a las autoridades, realizaron comentarios sobre la orientación de los programas de prevención y de sensibilización, asimismo, requirieron la elaboración de un diagnóstico.

También solicitaron detallar la información acerca de los mecanismos de investigación judicial; mejorar la comunicación entre los distintos órganos gubernamentales y la sociedad civil, así como la transparencia en las comisiones intergubernamentales o interinstitucionales.

Acuerdos

La Comisión Especial propuso:

La construcción de una Mesa Interinstitucional para dar seguimiento a los casos identificados de homicidio contra mujeres, y elaborar un modelo integral de prevención y diagnóstico de la situación de violencia contra las mujeres.

Vinculación y Diálogo Internacional Interparlamentario sobre Violencia Feminicida

29 al 31 de julio 2004, Forum Mundial de Mujeres, 2004.

La Comisión Especial participó con una ponencia sobre el feminicidio.

24 al 27 de septiembre de 2004, visita de trabajo a Guatemala, participamos en las siguientes actividades:

27 de octubre de 2004, reunión con la Directora Ejecutiva de Unifem, Joane Sandler.

En esta reunión surgió la demanda para que a nivel internacional se dé seguimiento a la iniciativa Convención Belém do Para en México y Ciudad Juárez.

La directora señaló que aún no se logra develar el tema de la violencia contra la mujer en las instancias internacionales.

Finalmente se contrajo el compromiso de trabajar estrechamente Unifem y la Comisión Especial en acciones para detener la violencia contra las mujeres. Para contribuir al logro de dicho compromiso se acordó organizar un encuentro interparlamentario con el tema del feminicidio entre España, Guatemala y México.

7 de febrero de 2005, reunión de trabajo para instrumentar el Diálogo Internacional Interparlamentario, con la secretaria técnica de la Comisión Especial del Senado y directivas de Unifem.

18-20 de febrero de 2005, vinculación con parlamentarias guatemaltecas para dar seguimiento a la organización del Diálogo Internacional Interparlamentario.

21 de febrero de 2005, reunión de trabajo con Teresa Rodríguez y Celia Aguilar (Unifem) para la instrumentación del Diálogo Internacional Interparlamentario.

14 de marzo de 2005, reunión de trabajo y seguimiento de los preparativos para el Diálogo Internacional Interparlamentario.

22 de marzo 2005, reunión de trabajo con Celia Aguilar, oficial de Programa de Unifem, para el Diálogo Internacional Interparlamentario.

Diálogo Internacional Interparlamentario

La Comisión Especial promovió desde su creación el diálogo con las parlamentarias de Guatemala y España, para motivar el intercambio de información sobre la violencia feminicida en los tres países.

La falta de investigaciones concluyentes, procesamientos y castigo a los responsables de la violencia contra las mujeres, de los numerosos homicidios en cada uno de los países, nos permite identificar claramente cómo debe eliminarse esta violencia.

La modificación y creación de leyes no es suficiente por sí misma, por ello debe incidirse en los mecanismos de su aplicación y la recepción de la sociedad de estas leyes.

Por esa razón en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), el Instituto de Investigación Internacional y Capacitación de las Naciones Unidas (INSTRAW), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Centro de Estudios de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEICH) y Colegio de Académicas Universitarias (CAU), la Comisión Especial promovió tres encuentros entre parlamentarias de México, Guatemala y España.

El objetivo de estos encuentros es generar un espacio interparlamentario de intercambio y reflexión desde la perspectiva de género sobre el trabajo legislativo en cuanto a la aplicación del derecho, la cultura de la legalidad y los problemas de la impartición y procuración de justicia, con la finalidad de establecer una estrategia que permita detener la violencia contra las mujeres en tres ámbitos: internacional, regional y nacional.

Buscamos establecer una red parlamentaria frente a la violencia feminicida. Promover un análisis concreto sobre este fenómeno en cada país, cómo presentar y promover el trabajo internacional sobre el tema.

Lo anterior nos permitirá motivar en la legislación internacional la tipificación del feminicidio como un delito y la creación de políticas de Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres.

El primer encuentro se realizará en México en mayo próximo. Se ha diseñado cuidadosamente el programa, las participaciones y el acopio de información. Pretendemos contar con ponencias, discusiones y propuestas, para conocer los diagnósticos de los países. Como objetivo final lograremos acuerdos interparlamentarios y el establecimiento de la red interparlamentaria para legislar sobre la violencia contra las mujeres.

Se ha trabajado en la preparación de los tres encuentros, lo que nos permite informar que el proyecto está en marcha.

Acciones parlamentarias

Puntos de acuerdo

La Presidencia dictó trámite a este punto de acuerdo, por lo que se turnó a las comisiones respectivas para su estudio.

Exhorto

Fue presentada por la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, la diputada Eliana García Laguna, la diputada Diva Gastélum, presidenta de la Comisión de Equidad y Género y la diputada Rebeca Godínez y Bravo, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el diputado Francisco Cuauhtémoc Frias Castro de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Busca la responsabilidad del Estado para sancionar judicialmente a los responsables de las atrocidades en contra de las mujeres que, de alguna manera obligaría a todos los poderes públicos del Estado a cerrar los espacios de impunidad incluido el ámbito del instrumental legal para sancionar los hechos del feminicidio. La importancia de la legislación sobre el feminicidio rebasa en mucho la coyuntura actual, está fundamentada en la necesidad de superar la ausencia de garantías de protección al derecho de las mujeres y la falta de acciones eficaces por parte del Estado, que no ha creado condiciones sociales y jurídicas de seguridad para la vida de las mujeres en la comunidad, la casa, los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento.

Además, la tipificación del feminicidio como delito contribuirá a eliminar el silencio social y la desatención ante las muertes de las mujeres y a la realización de acciones concretas, ya que son necesarias las leyes que consideren como graves la violencia y los abusos contra las mujeres.

Por otra parte, incluir al feminicidios en el ámbito de los delitos graves permitirá conferir al Ministerio Público instrumentos legales que le permitan realizar acciones eficaces y eficientes para sancionar a los responsables de los hechos de criminalidad que hoy día más afectan a las mujeres, por una parte, y, por la otra parte, sancionar la omisión de investigar asesinatos, crímenes y violencia hacia las mujeres. Conforme a lo anterior y atendiendo la urgente necesidad de tipificar el delito de feminicidio dentro del Código Penal Federal.

La Comisión Especial propuso en diciembre de 2004, un presupuesto para que los distintos niveles del Estado y del Gobierno, responsables de atender y resolver la violencia feminicida en la República Mexicana, contaran con recursos económicos orientados en los renglones y programas identificados, conocidos o sugeridos por las y los diputados de la presente legislatura.

Además, considerando que no existe suficiente información para el cometido de la Comisión Especial, con serios indicios de lo que sucede en distintas entidades del país, incluimos recursos para realizar desde esta Comisión una investigación sobre la violencia feminicida en 11 entidades de la República. Igualmente, a iniciativa nuestra, se destinaron recursos para la Creación del Centro de Estudios de Género en este Palacio Legislativo (véase Cuadro 1).

Nota. En los ajustes que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Presupuesto Aprobado por la Cámara de Diputados el 15 de noviembre 2004 afectó a la Subcomisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, a cargo de Guadalupe Morfín Otero con un recorte de 2 millones y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua con un recorte de 4 millones.

Acciones de difusión

Una responsabilidad de la Comisión Especial es hacer conciencia en la población del fenómeno de la violencia feminicida en México. Nuestras actividades, hallazgos, propuestas y análisis durante el periodo que se informa han sido del conocimiento público. El diagnóstico, resultado del seguimiento realizado por la Comisión y su equipo técnico, está en distintos formatos a disposición del público.

Conferencias de prensa, entrevistas, mesas redondas

Con el objetivo de que las y los integrantes de la Comisión estén informados se realiza el seguimiento y síntesis periodísticos de los temas relacionados con la violencia feminicida. Todos los días se revisan 12 diarios y páginas webs. Este análisis también permite conocer y dar seguimiento a homicidios contra las mujeres que de otra forma no se conocería.

La síntesis sirve como herramienta metodológica para la investigación permanente que se hace en la Comisión, y para conocer cuántas mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, así como en los estados de la República (véase Cuadro Acervo de Información).

Seminario Internacional

Para contribuir en la construcción de una política de Estado en nuestro país; para erradicar la violencia contra las mujeres y el feminicidio a través de acciones concretas y coordinadas, la Comisión Especial reunió en el Seminario Internacional Feminicidio, Justicia y Derecho a expertas, especialistas, diputadas y diputados y sociedad civil, dicho evento se celebró en las instalaciones de la Cámara de Diputados los días 8 y 9 de diciembre de 2004.

Estuvieron presentes funcionarias federales y estatales, responsables de la investigación en Ciudad Juárez y Chihuahua, académicas expertas, nacionales y extranjeras.

El Seminario fue organizado con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem, por sus siglas en inglés), con la colaboración del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEICH) y Colegio de Académicas Universitarias (CAU).

El Seminario trabajó en cuatro mesas: en la primera las funcionarias de las instituciones que tienen a su cargo acciones y actividades de coordinación por parte del Gobierno Federal presentaron una actualización de éstas; en la segunda, y para dar seguimiento a los informes internacionales sobre Ciudad Juárez, se invitó a las y los relatores especiales, así como visitadoras que han estado en el país en distintos momentos y cuyo trabajo profesional y ético ha contribuido a visibilizar el problema del feminicidio. Por primera vez dialogaron entre ellos y con las funcionarias públicas y las académicas del tema en torno a la lucha para erradicar la violencia y establecer los derechos humanos de las mujeres.

En la tercera mesa, académicas de Estados Unidos, América del Sur y México, presentaron su visión sobre el feminicidio. Por último, en la cuarta mesa, académicas de nuestro país, pertenecientes a distintas instancias universitarias y centros de investigación analizaron, desde sus respectivas disciplinas, el problema del feminicidio.

Además de las invitadas e invitados, ponentes, relatores y relatoras, fueron convocadas organizaciones de la sociedad civil, legisladoras de México, Guatemala y Honduras, entre otras, y funcionarios y funcionarias de distintas instituciones encargadas de prevenir e impartir y procurar justicia.

El encuentro tuvo el mérito de reunir, por primera vez, a la mayoría de los actores involucrados en el problema del feminicido -en especial el de Ciudad Juárez-, contribuyendo con esto a su erradicación.

El evento fue esencial para conocer el quehacer de los otros y las otras, así como las concepciones que cada participante tenía sobre el feminicidio y cómo enfrentarlo, además, de manera conjunta y a través del diálogo avanzamos en el diagnóstico sobre la situación en Ciudad Juárez y Chihuahua. Se concluyó que no existe un programa articulado y coordinado de los distintos niveles de gobierno para prevenir la violencia feminicida. Se cuestionó la voluntad política del Estado mexicano para la solución de los homicidios.

Este seminario, como parte informativa y formativa para el Congreso, la Comisión Especial y la sociedad, fue sobre todo un intenso intercambio de conocimiento. Las y los participantes acordaron solicitar su participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia específica sobre el feminicidio.

Publicaciones de la Comisión Especial

Página web

En agosto de 2004 se alojó la página web de la Comisión Especial en el sitio de la Cámara de Diputados.

La web tiene links con otros sitios. Se puede consultar a través de los buscadores con mayor audiencia como Google y Yahoo. A partir de enero de 2005 la web de la Comisión Especial está alojada en el sitio cimacnoticias.com, lo que amplió su número de visitantes.

Al 14 de abril 2004 tenía 897 referencias en Google y 645 en Yahoo. Se puede entrar como www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/comision_especial_feminicidios

Libros

I) Informes de las Procuradurías Generales de Justicia de las

entidades de la República

La Comisión Especial en el periodo que se refiere, requirió a las Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades de la República información sustanciada y suficiente para conocer de los homicidios contra las mujeres, lo anterior permitió detectar las regiones o focos rojos donde el Estado debe actuar y prevenir la violencia feminicida.

El 11 de junio de 2004, la Comisión Especial solicitó por primera vez información a los Procuradores Generales de Justicia Estatales (PGJE) acerca de los homicidios de mujeres ocurridos durante los últimos cinco años en sus respectivos estados. Cabe señalar que ante la falta de respuesta de algunos procuradores, se turnaron oficios recordatorios el 11 de agosto de 2004, el 25 de octubre del mismo y finalmente al 16 de febrero de 2005.

Se anexó a las solicitudes un cuestionario con los datos que debía de contener la información para conocer a las víctimas, saber de su situación socioeconómica, grado de estudios, origen de la o las denuncias, información sobre él o los posibles responsables, sobre la situación judicial (averiguación previa, proceso, sentencias), información sobre la intervención de las o los servidores públicos que han actuando en cada caso, entre otras.

De un total de 32 procuradurías, hasta marzo de 2005, contestaron 25 correspondientes a los estados de: Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Colima, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Los estados que faltan por responder son: Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Tabasco y Tlaxcala.¹ Cabe señalar que las respuestas de las PGJE no incluyen necesariamente la información solicitada o no en su totalidad. En conjunto, ésta no es homogénea, algunas de las procura durías informaron lo referente a uno o dos años y no a los cinco solicitados. Con base en el cuestionario enviado a las PGJE, la información y la forma en que fue remitida por cada una, la Comisión Especial cuenta con la siguiente información.

Aguascalientes

La PGJE respondió a la solicitud de la Comisión Especial el 19 de julio de 2004 informando acerca de un homicidio cometido durante 2004, éste fue a manos del cónyuge, la víctima fue asesinada en su domicilio, el estado de la averiguación consignado con detenido no nos aclara si el posible responsable está sentenciado o no. Sobre este caso envió los datos requeridos. Sin embargo, no especifica el municipio.

Baja California Norte

Este entidad contestó con fecha 3 de septiembre de 2004, en un informe muy escueto expone que sólo cuenta con registros donde los asesinatos de mujeres ocurrieron por motivos como robo, venganza, nexos con el narcotráfico y "de carácter pasional".

También informó que del 2002 a junio de 2004 se han registrado 112 homicidios de los cuales se han logrado determinar 67, lo que representa el 60 por ciento. Cabe señalar que la información que envió la PGJE no responde a lo solicitado pues faltó el dato frío arriba mencionado.

Baja California Sur

La PGJE informó el 2 de septiembre de 2004 acerca de 28 mujeres asesinadas de 1999 a 2004 y dos desaparecidas en el último año. Los homicidios ocurrieron uno en 1999, siete en 2002, ocho en 2001, cuatro en 2004, seis en 2003 y dos en 2004.

Remitió a la Comisión Especial dos documentos sobre homicidios de mujeres, uno de ellos es una lista que si bien proporciona algunos datos sobre la víctima, no informa sobre el homicida, la relación que éste tenía con la víctima, el proceso de la averiguación previa ni sobre los funcionarios públicos que intervinieron en cada uno de los casos. El segundo documento, que sólo contiene ocho casos -mismos que fueron cotejados e integrados a la primer lista-, proporciona información mucho más completa, ya que contiene la información solicitada por la Comisión, con la excepción de los datos sobre los funcionarios públicos que intervinieron en cada caso.

De la información se concluye que de los 28 homicidios, 10 fueron cometidos con arma blanca, de los cuales no se tiene información sobre el homicida a excepción de un caso que corresponde al segundo documento y sobre el cual se tiene identificados a tres posibles responsables. Respecto del estado de la averiguación previa, sólo se conoce el estado referente a los ocho casos del segundo documento, los cuales siete están en trámite, implicando con ello que no se conoce al posible responsable o que está prófugo, correspondientes uno a 1999, uno a 2000, dos a 2001, uno a 2002, uno a 2003, uno a 2004 y un caso de 2004 que está en investigación. Los posibles responsables de estos homicidios fueron en 5 de los casos conocidos de las víctimas y en dos desconocidos de ellas.

Los municipios donde se registraron más homicidios de mujeres en el año 2000 fueron La Paz y Comondu; para el 2001 La Paz y Los Cabos; para el 2002 La Paz y en el 2004 Los Cabos.

Campeche

La PGJE respondió el 29 de noviembre de 2004, informando sobre dos homicidios de mujeres ocurridos uno en el año 2003 y otro en el 2004. Estos homicidios fueron cometidos uno con arma de fuego a manos del cónyuge, en el interior del domicilio de la víctima, y el otro a manos de un desconocido igualmente con arma de fuego. El estado de la averiguación no especifica si los posibles responsables están o no consignados. El homicidio sucedido en 2003 corresponde al municipio de Campeche.

La información sobre estos dos homicidios es parcialmente completa de acuerdo con lo solicitado ya que faltan los datos sobre quién hizo la denuncia y sobre los funcionarios públicos que se ocuparon del caso.

Asimismo, falta la información referente a los homicidios ocurridos en los años 2000 a 2002.

Colima

La PGJE respondió el 3 de agosto, informando acerca de tres mujeres asesinadas entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2004.

De los tres homicidios, dos fueron cometidos por los cónyuges utilizando arma de fuego uno y golpes el otro, las averiguaciones están consignadas; sobre el tercer homicidio no se conoce al posible responsable, motivo por el cual la averiguación previa está en trámite. Los cuerpos de estas mujeres fueron encontrados en la vía pública.

Cabe señalar que no se hace ninguna referencia a si las consignaciones están en etapa de procedimiento penal, de ahí que no sepamos si hay o no sentenciados. Si bien la información remitida cumple con lo solicitado por la Comisión Especial, falta la referente a los años 2000 a 2003.

Coahuila

La PGJE respondió el 17 de noviembre de 2004, informando acerca de 74 homicidios de mujeres, ocurridos 15 en el 2000, 18 en el 2001, 17 en el 2002, 12 en el 2003 y 12 en el 2004. La información remitida por la procuraduría estatal responde a lo solicitado por esta Comisión, y de su contenido se obtuvieron las siguientes conclusiones.

En el año 2000, las mujeres fueron asesinadas principalmente a manos de sus cónyuges, quienes cometieron el 53 por ciento de los 18 homicidios con el uso de armas de fuego, armas blancas o golpes. Las armas de fuego fueron el medio utilizado en el 46 por ciento del total de los casos. Respecto del estado de la averiguación previa, siete están consignadas y sólo hay tres sentencias condenatorias contra una persona conocida y dos personas desconocidas de las víctimas, tres averiguaciones están suspendidas por suicidio del homicida que en los tres casos era cónyuge o pareja de la occisa; en el resto de los casos las averiguaciones están en trámite o no se informa.

Respecto de los municipios, la PGJE envió su información clasificada por regiones. En el año 2000, Matamoros es el municipio que registra más casos para este año, del 26 por ciento de los casos no se especifica.

En el 2001 se repite el fenómeno habiéndose utilizado armas de fuego en el 45 por ciento de los casos, los principales responsables de los homicidios fueron nuevamente los cónyuges representando el 55 por ciento de los homicidas. Respecto de estos homicidios se consignaron nueve averiguaciones previas y se dictó una sentencia condenatoria contra un homicida que en vida de la víctima no tuvo relación alguna con ella; en el resto de los casos las averiguaciones están en trámite o no se informa.

En el año 2001, Torreón fue el municipio en el que hubo más homicidios, con el 28 por ciento de los casos.

En 2002 ocurrieron varios accidentes donde las mujeres murieron por quemaduras, no se especifica cómo sucedió el hecho, la segunda causa de muerte fueron armas blancas, representando el 30 por ciento de los casos; nuevamente fueron los cónyuges los principales responsables de los homicidios con el 41 por ciento. Nueve de las averiguaciones previas están consignadas, correspondientes a seis homicidios cometidos por los cónyuges, dos por un pariente y una por un desconocido, hay dos sentencias condenatorias una contra el hijo de la víctima y otra contra un hombre desconocido de la víctima; en el resto de los casos las averiguaciones están en trámite o no se informa.

En el año 2002 no se especifica el municipio en nueve casos, lo que corresponde al 64 por ciento, entre Torreón y San Pedro se reporta el 28 por ciento y Piedras Negras con el 7 por ciento.

En 2003 los medios utilizados fueron: armas de fuego y golpes, el 50 por ciento de los responsables fueron los cónyuges. Nueve de las averiguaciones previas están consignadas, en cuatro de los casos el homicida fue el cónyuge, en tres un pariente y en dos un desconocido; en el resto de los casos las averiguaciones están en trámite o no se informa.

En siete casos no especifica el municipio lo que equivale al 58 por ciento, Torreón tiene el 25 por ciento de homicidios en este año.

En 2004 el medio más utilizado fue armas blancas, con un 42 por ciento, seguida de las armas de fuego con el 33 por ciento, una tercera parte de los homicidios fueron realizados por los cónyuges; en el resto de los casos las averiguaciones están en trámite o no se informa. En 2004, Torreón ocupó el 33 por ciento de los homicidios y Piedras Negras el 12 por ciento, en el 33 por ciento de los casos no se registró el municipio.

Chiapas

La PGJE respondió el 8 de julio, enviando una lista de delitos y agravios contra mujeres, entre los cuales se encuentran los homicidios. Pero la información no corresponde con lo solicitado ya que falta la relación detallada de los hechos y los sujetos implicados.

De acuerdo con lo enviado, el caso de Chiapas es el más alarmante por el número de mujeres asesinadas, 1,456 en el último lustro. El número de homicidios por año fue el siguiente: 291 en el 2000, 291 en el 2001, 289 en el 2002, 382 en el 2003 y 203 en el 2004.

Respecto de dichos homicidios sólo se tiene información sobre la causa del homicidio, la cual está clasificada de la siguiente manera: por riña, asfixia, envenenamiento, accidente de tránsito, arma de fuego, arma blanca, otro tipo de arma.

El número de homicidios tipo sucedidos durante los cinco años fue el siguiente: 74 por riña, 266 por asfixia, 105 por envenenamiento, 386 por accidente de tránsito, 225 por arma de fuego, 122 por arma blanca y 277 por otro tipo de arma.

Chihuahua

La PGJE respondió el 9 de septiembre de 2004, en su oficio pone a disposición de la Comisión Especial las indagatorias para que junto con el personal de dicha institución obtengan la información de su interés, aduciendo que la PGJE no contaba con el personal suficiente para realizar lo solicitado.

Distrito Federal

La PGJE respondió el 30 de noviembre de 2004. La información que nos remitió no viene desagregada caso por caso sino por totales, por ello tampoco se incluye toda la información requerida por esta Comisión "por razones de normatividad y de necesaria discreción y sigilo que en algunos casos exigen las investigaciones, proporcionar nombres, domicilios, teléfonos y otros datos personales de las víctimas, así como información concerniente a los detalles de la investigación".

El documento enviado sólo reporta los homicidios ocurridos en 2003 y 2004; en 2003 las mujeres víctimas de homicidio representaron el 15.26 por ciento del total de homicidios registrados, mientras que de enero a noviembre de 2004 el porcentaje de homicidios se incrementó al 15.80 por ciento, pero de un universo total menor de víctimas (2003-747; 2004-671). De acuerdo con la información, en 2004 ocurrieron 106 homicidios de mujeres, siendo las delegaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero las de mayor índice con 18 homicidios, seguidas muy de cerca por la delegación Iztapalapa con 15 casos.

En 2003, golpes y disparos fueron los medios más utilizados, con el 22.81 por ciento cada uno de ellos, seguidos por arma blanca, con un 18.42 por ciento.

En 2004 se incrementó el porcentaje de uso de arma de fuego (aún cuando de un total menor) al 30.19 por ciento, golpes se redujo al 20.75 por ciento y arma blanca a 21.70 por ciento.

Respecto de las causas por las que se originaron los homicidios se informa que: en 2003, el homicidio de mujeres por causas derivadas de las relaciones familiares fue de 39.47 por ciento, mientras que por robo fue de 19.30 por ciento, violación con el 6.14 por ciento, venganza 7.02 por ciento, riña 2.63 por ciento y droga con 0.88 por ciento. En 2004, la causa más frecuente de muerte intencional fue la familiar con el 31.93 por ciento, el robo disminuyó a 14.15 por ciento, venganza a 6.60 por ciento, violación se incrementó a 8.49 por ciento, riña a 4.72 por ciento y droga a 1.89 por ciento.

De las edades de las víctimas cabe mencionar que el mayor número de ellas son jóvenes entre 20 y 40 años.

Estado de México

La PGJE respondió a la Comisión el 9 de noviembre de 2004, argumentando que debido a la secrecía establecida en el artículo 118 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México no podía poner a disposición de la Comisión la información que se le había solicitado.

La información que la procuraduría remitió a la Comisión sólo refiere el número de homicidios cometidos por año, el medio con el cual fueron asesinadas las mujeres y el municipio donde ocurrió dicho homicidio.

Así pues, de 2002 a 2004 se cometieron 236 homicidios de mujeres ocurridos, 81 en el 2002, 66 en el 2003 y 89 en el 2004.

Las mujeres fueron asesinadas de la siguiente manera: 74 por asfixia, 82 por disparo de arma de fuego, 38 por herida con arma punzo cortante y 41 por traumatismo.

Los municipios que registran más homicidios fueron: Tlalnepantla, Amecameca, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl.

Guanajuato

La PGJE respondió el 30 de agosto de 2004 con un informe muy completo, pero no proporcionó información sobre los responsables de integrar las averiguaciones, ni las personas que realizaron la denuncia.

De acuerdo con la información, de 2001 a 2004 se cometieron 48 homicidios acaecidos de la siguiente manera: dos en el 2001, 18 en el 2002, 21 en el 2003 y siete en el 2004. La PGJE, con motivo de una reunión de trabajo en Guanajuato, el 5 de abril de 2005, actualizó la información que ahora está en análisis.

En 2001 los homicidios fueron cometidos por los cónyuges, uno de los cuales cumple una sentencia condenatoria de 25 años, el otro caso está consignado. Los homicidios fueron realizados el primero con arma blanca y el segundo no se especifica.

En 2002, de los 18 homicidios, nueve fueron cometidos por los cónyuges principalmente con arma blanca; este tipo de arma fue utilizada en el total de homicidios en un 30 por ciento de los casos. Sobre el estado de la averiguación previa, uno de los inculpados está sentenciado a 30 años de prisión. Asimismo, hay otros dos homicidas sentenciados a 35 y 19 años de prisión respectivamente, uno de ellos era hijo de la víctima y el otro un desconocido.

En 2003, los homicidios fueron cometidos por conocidos, cónyuges y desconocidos principalmente, quienes en un 38 por ciento utilizaron armas de fuego y en un 29 por ciento estrangularon a sus víctimas.

En 2004, los responsables de los homicidios fueron un pariente con tres casos, desconocidos con dos casos, el cónyuge con un caso y un desconocido. Los medios con los cuales cometieron sus homicidios fueron arma blanca, arma de fuego y golpes. Respecto del municipio donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, para el año 2001 no especifica; en 2002 fue León; en 2003 Irapuato y León y en 2004 Celaya.

Puede concluirse que de los 48 homicidios, 18 fueron cometidos por las parejas de las víctimas, quienes utilizaron principalmente armas de fuego en seis de los casos y cuatro armas blancas. Cinco de los homicidas se suicidaron. Trece homicidios fueron cometidos por un desconocido, 10 por un conocido, seis por un pariente y del resto se desconoce la relación que guardaban con la víctima.

El documento revela que 10 de los homicidios fueron por asfixia y estrangulamiento, cuatro de estos a manos de los cónyuges.

El estado de los expedientes se encuentra de la siguiente manera: 32 resueltos, ocho en etapa de esclarecimiento y seis en investigación, sólo en cinco de los casos se ha dictado sentencia condenatoria.

Un dato muy importante es que de los 42 homicidios, en 41 de los casos se tiene identificados al o los presuntos responsables.

El primero de abril, durante la reunión de trabajo de la Comisión Especial en Silao, Guanajuato, el procurador de la entidad, licenciado Daniel Federico Chowell Arenas, entregó a las diputadas la información actualizada a marzo de 2005, con 77 documentos que analiza actualmente el equipo técnico de la Comisión Especial.

Michoacán

En agosto de 2004, la PGJE proporcionó a la Comisión Especial información proveniente de distintos municipios de Michoacán. Ésta no es homogénea ya que en algunos casos las categorías utilizadas por cada municipio son insuficientes para informar todo lo requerido por esta Comisión Especial.

De acuerdo con la información, del 2002 al 2004 ocurrieron 30 homicidios, uno en 2001, cinco en 2002, nueve en 2003 y 15 en 2004.

En 2001, el homicidio fue a manos de un desconocido el cual no está detenido, no se informa sobre el estado de la averiguación previa.

En 2002, los homicidios fueron cometidos principalmente por los cónyuges con tres casos, dos de los cuales están consignados y de otro no se informa. De un total de cinco homicidios, dos fueron cometidos con arma de fuego, uno a manos de un cónyuge y otro de un conocido; tres de las averiguaciones están consignadas y de las dos restantes no se informa.

En 2003, se cometieron 9 homicidios, de los cuales cuatro fueron a manos de desconocidos por las víctimas, de estos casos tres están consignados; el estado de la averiguación previa del total son cuatro consignadas y cuatro suspendidas; el medio más utilizado por los homicidas fue el arma blanca.

En 2004, ocurrieron 15 homicidios, de los cuales en nueve de los casos se desconoce la identidad del homicida, en cuatro fueron los cónyuges, en los dos restantes fueron un conocido y un desconocido. Sólo hay dos consignaciones, los otros casos están dos en trámite, dos suspendidos y de nueve no se informa. Los municipios en los que se encontraron los cuerpos de las mujeres asesinadas en 2003 fueron Morelia y Lázaro Cárdenas, mientras que en 2004 fue Uruapan.

Como conclusión, en este estado los homicidios fueron cometidos en su mayoría con arma blanca, se cuentan ocho casos de 30, de los cuales cuatro fueron a manos de los cónyuges; en segundo lugar estuvo la utilización de armas de fuego con cinco casos de los cuales tres fueron los cónyuges.

Acerca de la averiguación no se menciona a ningún sentenciado, nueve están consignadas con indiciados o detenidos, tres en trámite, cinco suspendidas porque se desconoce a los responsables, nueve sin posibles responsables y sin información sobre la averiguación, de dos se tiene identificado al o los responsables pero no están detenidos y no se informa sobre el estado de la averiguación, y cuatro con posibles responsables pero sin información sobre el estado de la averiguación. La información revela que los posibles responsables tenían algún vínculo con la víctima, eran esposos, exmaridos, novios o conocidos.

Morelos

Con oficio fechado el 21 de septiembre de 2004, la PGJE envió cifras de diversos delitos cometidos contra las mujeres como homicidios, lesiones, amenazas, abuso sexual, estupro, violación, acoso sexual y privación ilegal de la libertad.

En el caso de los homicidios informó sobre 125 ocurridos entre el 2000 y el 2004, sucedidos de la siguiente manera: 10 en el 2000, 11 en el 2001, nueve en el 2002, 51 en el 2003 y 33 en el 2004. Cabe señalar que de 12 mujeres se desconoce la fecha en que fueron asesinadas. El único dato que presenta es la edad de nueve víctimas de un total de 125.

Los municipios con más homicidios de 2000 a 2004: Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. De 113 casos no envían la fecha de cuando fueron encontradas, el municipio que no manda esta información es Cuautla.

Revela que entre el 2000 y el 2004 hubo 113 denuncias por lesiones, 49 por amenazas, 30 por violación, 6 por abuso sexual, cinco por acoso sexual, dos por privación ilegal de la libertad y una por estupro.

Nuevo León

La PGJE respondió el 15 de septiembre de 2004 y con base en la información de la Dirección de Averiguaciones Previas informó sobre 98 homicidios dolosos de mujeres ocurridos en el último lustro. El número de mujeres asesinadas por año es el siguiente: 26 en el 2000, 15 en el 2001, 22 en el 2002, 22 en el 2003 y 13 en el 2004.

Cabe señalar que en 2003 en una misma averiguación previa están integrados dos nombres de mujeres que al parecer eran hermanas y que de acuerdo con la información fueron asesinadas por el mismo sujeto por motivos "pasionales". Lo anterior estaría refiriendo un asesinato más no contemplado entre los 98, lo que nos daría en realidad un total de 99 mujeres asesinadas.

De los 99 homicidios, 77 posibles responsables están identificados, de 12 se desconoce su identidad. Los datos con los que se cuenta sobre los posibles homicidas es nombre y edad y en muy pocos casos se tiene también el estado civil, la ocupación, la escolaridad, la nacionalidad, el origen, el domicilio y la relación con la víctima.

Revela que en la información sobre el motivo del homicidio, 37 son referidos como pasionales, por otra parte, 19 de los casos se refieren a problemas familiares, tres a riñas, nueve a robo, cinco a discusiones, dos a violación, siete bajo la categoría fútil y 17 se desconoce el motivo.

Del total de homicidios 39 de éstos fueron cometidos por las parejas de las víctimas principalmente por medio de golpes, destaca el año 2003, en el que 11 mujeres murieron por esta causa. Asimismo, otro de los medios más utilizados por los cónyuges fueron las armas de fuego en 11 casos y las armas blancas en ocho; todos estos homicidios fueron tipificados por la PGJE como "pasionales" a excepción de dos casos que fueron clasificados por dicha instancia como conyugales.

En Nuevo León, el municipio que registra más homicidios de mujeres de 2000 a 2004 es Monterrey.

El estado de las averiguaciones previas es: 91 resueltas y ocho en trámite, de estas últimas en siete casos no se ha identificado al homicida. Acerca de las resueltas no se especifica en que estado se encuentra, si hay o no sentenciados y si los posibles responsables están detenidos.

Oaxaca

La PGJE respondió el 1 de noviembre de 2004, e informó que de un total de 14 homicidios ocurridos durante 2004 se tienen ocho casos consignados, de los cuales no se especifica si hay o no sentenciados; la mayoría de las mujeres fueron asesinadas por desconocidos, de cuatro no se tiene información sobre los posibles responsables. La PGJE no informó sobre el medio con el cual fueron asesinadas las víctimas.

Respecto de los municipios a los que corresponden las averiguaciones previas, de los 14 casos, 6 fueron de la región Valle Centrales con el 42 por ciento, cinco de la región Costa, con el 35 por ciento, dos del Istmo con el 14 por ciento y uno en Cañada, que representa el 7 por ciento.

Puebla

La PGJE respondió el 9 de diciembre de 2004. La información se refiere a 91 homicidios de mujeres ocurridos en 2004 en la ciudad de Puebla.

En este caso, destaca el hecho de que el mayor número de homicidios fueron por "vehículo" con 43 casos, y que no se tenga al o a los posibles responsables. Otro de los medios con que se asesinó a las mujeres fueron las armas blancas utilizadas por desconocidos principalmente; en el caso de los homicidios realizados por personas vinculadas con las víctimas, éstos han sido cometidos por los cónyuges ya fuera por medio de golpes con tres casos y con armas blancas dos casos. Sobre estos homicidios, están identificados los cinco homicidas pero sólo dos de ellos están detenidos. Por otra parte, de los 91 homicidios sólo se tiene a 18 detenidos, de quienes no se especifica si están sentenciados o no.

Querétaro

La PGJE respondió a la Comisión el 4 de noviembre de 2004. La información que envió se refiere a los homicidios de mujeres ocurridos del 2000 al 2004. De acuerdo con ésta, 53 mujeres fueron asesinadas durante esos años, 11 en el 2000, nueve en el 2001, 13 en el 2002, 12 en el 2003 y ocho en el 2004. Cabe señalar que el número de mujeres corresponde con los nombres de las víctimas aunque no está claro por qué en algunos casos se encuentran dos nombres en una misma averiguación previa. El documento de la PGJE no contiene información detallada sobre las víctimas y los victimarios. De acuerdo con el documento, en 2000, 2001 y 2003 las mujeres murieron principalmente por asfixia o estrangulamiento, en 2002 el medio más utilizado fueron las armas blancas y en 2004 los golpes.

En resumen: siete asesinatos con arma de fuego, siete con armas blancas, 13 por estrangulamiento, dos por asfixia, 16 por golpes, dos por quemaduras y de seis se desconoce, no se especifica si los asesinos tenían algún vínculo con la víctima. Cabe señalar que del total de 53 homicidios se tienen 44 actas consignadas, tres están en trámite y seis en reserva.

Quintana Roo

El 6 de septiembre de 2004, la PGJE respondió que enviaba los datos disponibles, los cuales están contenidos en cuatro listas que refieren la incidencia delictiva en contra de mujeres de enero a junio de 2004. De acuerdo con dicha información en este periodo fueron cometidos 39 homicidios de mujeres y 12 intentos de homicidio.

San Luis Potosí

La PGJE respondió a la Comisión Especial el 23 de septiembre de 2004, remitiendo los oficios signados pos los Agentes del Ministerio Público titulares de la Mesa Especializada de Homicidios y Delitos Graves, informando sobre dos homicidios ocurridos durante el 2002, tres en 2003 y seis en 2004.

En el 2002 las mujeres asesinadas, se identificó, murieron por asfixia con evidencia de ahorcamiento. De los dos homicidios sólo se tiene a un detenido sin que se especifique si está o no sentenciado.

En 2003 los homicidios de mujeres fueron realizados principalmente con arma de fuego, todos los casos están en etapa de integración.

En 2004 el medio más utilizado para asesinar a las víctimas fueron las armas blancas con el 50 por ciento de los casos, en este año 5 de 6 averiguaciones previas están consignadas y una en integración.

Sinaloa

La PGJ respondió a la Comisión el 10 de noviembre de 2004 enviando una base de datos que contenía número de homicidios y agravios contra mujeres. El documento original se refería a casi 600 casos de los cuales 95 eran homicidios, 10 grado de tentativa. Esta información es de 2004 solamente. De acuerdo con la información los homicidios contra las mujeres ocurrieron principalmente a causa de atropellamientos o por accidentes automovilísticos con el 42 por ciento del total. Por otra parte, destaca el hecho de no conocer al o los posibles responsables en dos terceras partes de los homicidios. No informa sobre la relación que los posibles homicidas tenían con las víctimas. Respecto de los municipios en que ocurrieron los homicidios, Culiacán registró el mayor número de casos con un 34 por ciento. A Mazatlán y El Fuerte corresponde el 6 por ciento, los demás homicidios ocurrieron en distintos municipios.

Del total de averiguaciones previas hay sólo 14 consignadas, seis de las cuales corresponden a los homicidios en grado de tentativa, cinco por arma de fuego, dos atropelladas y uno por golpes.

Sonora

La PGJ de Sonora informó el 20 de septiembre de 2004 sobre 57 mujeres asesinadas entre los años 2002 y 2004, ocurridos de la siguiente manera: 27 en 2002, 22 en 2003 y 12 en 2004. Si bien no da a conocer los nombres de las víctimas, sí proporciona porcentajes sobre las edades de éstas. El 5 por ciento de las mujeres tenía entre 1 y 17 años, 13 por ciento entre 18 y 35 años, 17 por ciento entre 36 y 52 años y 4 por ciento entre 53 y 87 años.

La mayoría de las mujeres eran solteras, representando el 32 por ciento de los casos, el 28 por ciento eran casadas, 21 por ciento vivían en unión libre, 12 por ciento eran viudas, 5 por ciento eran divorciadas y dos por ciento separadas. Asimismo, 57 por ciento de ellas se dedicaban al hogar, 9 por ciento eran comerciantes, 7 por ciento estaban desempleadas, 4 por ciento eran estudiantes, el 3 por ciento tenían diversas profesiones y dos por ciento de ellas eran vendedoras.

Los medios que utilizaron fueron los siguientes: 31 por ciento por arma blanca, 25 con arma de fuego, 11 por golpes, 7 por asfixia por sofocación, estrangulamiento, 5 por calcinamiento, 4 por lesiones y asfixia, arma blanca y violación y dos por ciento están clasificados como desconocidos. Respecto de la resolución del delito, 55 de los homicidios se encuentran en etapa de inicio de Averiguación Previa, 36 están consignadas, 17 en trámite, 1 registrado como N.E.A.P. y un caso fue remitido a otra institución, sin aclarar a cual.

Los municipios en los que hubo mayor porcentaje de homicidios en 2002 fueron Nogales con 28 por ciento, Agua Prieta con el 16 por ciento y Hermosillo con el 16 por ciento, el resto se distribuye en otros municipios. En 2003 fue Hermosillo con el 23.8 por ciento, San Luis Río Colorado con 23.8 por ciento y Nogales con 19.05 por ciento.

En 2004, Nogales con 27.27 por ciento, al igual que San Luis Río Colorado. De 2002 a julio de 2004 en los municipios de Nogales ocurrió el 24.56 por ciento de los casos, en Hermosillo 19.30 por ciento y en San Luis Río Colorado el 16 por ciento.

Tamaulipas

De acuerdo con la respuesta enviada por PGJE el 4 de agosto de 2004, en Tamaulipas fueron asesinadas 23 mujeres durante el primer semestre del 2004, de las cuales 22 están identificadas y una sin identificar. El documento no cuenta con los datos sobre las personas que hicieron la averiguación previa.

Diez de estas mujeres murieron a manos de desconocidos quienes las asesinaron principalmente con arma de fuego y por estrangulamiento, cinco homicidios fueron remitidos al MP Federal ya que sucedieron en situaciones muy similares. El estado de las averiguaciones es: nueve consignadas, cuatro en trámite y cuatro archivadas. Dos de los expedientes se encuentren en trámite pues no se tiene detenidos a los responsables, éstos fueron identificados y que en ambos casos se trató de los cónyuges. Los municipios que registraron más homicidios fueron Matamoros y Nuevo Laredo.

Veracruz

La PGJE envió dos versiones de su base de datos, una con oficio fechado en septiembre de 2004 en la que se reportan 564 expedientes de homicidios y otra, de enero de 2005 que da cuenta de 1690 expedientes de homicidios.

La base de datos que se analizó fue la remitida en enero del presente, la forma en que está expuesta complica su lectura ya que los expedientes no se refieren sólo a homicidios de mujeres sino también de hombres, así como a algunas denuncias que tienen que ver con accidentes, robos u otros. La base no está desagregada por sexo ni por año en que ocurrió el homicidio.

Contiene algunas inconsistencias relacionadas con el criterio de sistematización de la información, por ejemplo, en lo que se refiere al registro de la agraviada en la mayoría de los casos se trata de la víctima, pero en otros de quien hizo la denuncia, esta columna contiene un considerable número de casos con más de un nombre lo que implica que en algunas ocasiones hubieron más víctimas, aunque no todas murieron. Se conoce la identidad de la víctima por la referencia de los hechos, sin embargo, en la descripción de éstos no siempre se menciona su nombre o su sexo, en su lugar se utilizan términos como persona o personas. La información que se proporciona sobre la edad de la víctima, el lugar de ubicación de los hechos y otros, no siempre corresponde con lo que se relata en los hechos.

De acuerdo con la depuración que esta Comisión realizó de dicho documento el número de homicidios de mujeres supera los 900 casos, con la aclaración de que se trata de homicidios dolosos y culposos.

Destaca el hecho de que el mayor número de homicidios tiene que ver con accidentes automovilísticos y con atropellamientos. El análisis de este documento está en proceso.

Yucatán

La PGJ respondió el 11 de noviembre de 2004, e informó de 10 homicidios contra mujeres ocurridos uno en el 2001, dos en el 2002, cuatro en el 2003 y tres en el 2004.

En 2001, una mujer fue ahorcada por su cónyuge, la averiguación está consignada con sentencia condenatoria por homicidio calificado. En 2002, dos mujeres murieron a manos de conocidos, el estado de la averiguación previa es una investigación y sobre la otra no informan. En 2003 de los cuatro homicidios registrados, dos fueron a manos de un pariente en un caso de la madre y en otro de un nieto. El medio con el cual se asesinó a la víctima fue diverso. En 2004, dos de tres homicidios fueron a manos del cónyuge, quienes utilizaron arma blanca y de fuego, uno de los casos está consignado y sobre el otro no se informa; el tercer caso, homicidio realizado por un amigo y el ex novio de la víctima se encuentra consignado, con auto de formal prisión para los dos inculpados. Los municipios en que ocurrieron los homicidios fueron, en 2001 Mérida, en 2002 Tinún y Oxkutzab. De cuatro casos de 2003 sólo se menciona dos municipios: uno es Mérida y el otro Motul. En 2004 los casos se registraron en Izamal, Mérida y Mosul.

Zacatecas

Con oficio de fecha 24 de agosto de 2004, informó sólo de dos homicidios de mujeres ocurridos durante 2004, uno en Fresnillo y el otro no especifica. Falta información referente a los años 2000 a 2003, así como completar la relativa a los responsables de realizar las averiguaciones previas en los dos casos antes señalados. De acuerdo con la información con la que se cuenta, dos mujeres fueron asesinadas por conocidos, uno fue consignado y sobre el otro, el Consejo Tutelar para Menores determinó no responsabilidad del posible responsable.

II) Informes de las Comisiones de Derechos Humanos de las entidades de la República

El 1 de julio de 2004 la Comisión Especial de Feminicidios solicitó a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos o Procuradurías de Derechos Humanos información sobre el número de quejas relacionadas con la violencia contra las mujeres, que explicaran el tipo de queja, el año en que se presentó, la institución y/o funcionarios responsables de violar los derechos humanos. También solicitó que las comisiones explicaran si hubo recomendaciones y el resultado de las mismas.

La primera solicitud enviada por la Comisión Especial de Feminicidios fue el 17 de agosto de 2004; una nueva solicitud fue enviada posteriormente. Hasta la fecha de este informe sólo 17 comisiones Estatales de Derechos Humanos habían respondido.

La información que enviaron las instancias Estatales de Derechos Humanos corresponde a distintos años sin que exista un patrón; además no respondieron de la misma forma. Se pudo observar, como se analiza más abajo, que las quejas de violación a los derechos humanos de las mujeres es generalizada por abuso de autoridad. A continuación se resumen las respuestas recibidas durante 2004 de cada entidad de la República.

Baja California Sur

La Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur respondió el 26 de agosto, sólo manda datos del año 2004, proporciona el nombre de la agraviada, el motivo, la autoridad implicada y el estado que guarda el caso. Las quejas de las mujeres son abuso de autoridad y detención ilegal.

Coahuila

La Comisión de Coahuila respondió el 6 de septiembre de 2004 y manda los siguientes datos: el nombre de quien se queja y el motivo, los infractores y el motivo de la conclusión. La información es a partir del 2001 hasta septiembre de 2004. Respecto a las quejas de hostigamiento sexual, lesiones y tortura se registran a partir del 2001 hasta el 2004, 26 quejas son de lesiones, 2 de hostigamiento, 2 de tortura. Quienes cometen estos abusos son las autoridades, los agentes de la Procuradurías, Ministerio público y policías. Cabe señalar que en 2003 registra un homicidio que fue cometido dentro de una prisión, por personal de custodia, éste caso se concluyó durante el procedimiento.

Colima

La Comisión de Colima respondió el 3 de septiembre de 2004, e informa que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres son cometidos principalmente por cuerpos policíacos, familiares y esposos de las víctimas. Las mujeres que acuden a la Comisión de Colima presentan quejas de violencia familiar, y la Comisión las canaliza a las oficinas que alberga el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la violencia Intrafamiliar (CEPAVI). Si la Comisión de Derechos Humanos encuentra en la violencia ejercida contra las mujeres algún delito, las canalizan a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Con base en lo anterior, se considera que todo acto de violencia es un delito y debe ser sancionado y las autoridades deben tomar cartas en el asunto desde el primer indicio de violencia contra las mujeres, pues su vida está en peligro, pero el problema es que quienes violan la integridad de las mujeres forman parte del ministerio público. Un dato interesante que reporta la Comisión de Colima es que la Procuraduría registra de 2003 a 2004, seis asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, de las cuales ha tomado conocimiento la autoridad correspondiente, de estos casos ningún familiar de la víctima ha presentado queja, pero la Comisión coadyuva en los casos como parte del Consejo Consultivo de CEPAVI. La Comisión no menciona más datos de estos casos. La institución anexa una lista de algunas quejas presentadas de 1993 a 1997, las cuales, según la comisión, procedieron a sus recomendaciones ante las autoridades señaladas como responsables, la observación que se hace de esta lista es que la mayoría de las quejas son por abuso de autoridad, golpes y detención ilegal.

Guerrero

Respondió el 20 de septiembre, envía la información de 2000 hasta 2004, menciona el nombre de la quejosa, la autoridad responsable de la violación a los derechos de las mujeres, el acto reclamado, la autoridad a quien debe dirigirse para que atienda el caso, el sentido de la resolución (los efectos legales correspondientes) y explica las recomendaciones ampliamente, también señala ciertas observaciones.

Durango

Respondió a la Comisión el 23 de septiembre, manda la información a partir del 2001 hasta septiembre de 2004, no correlaciona ningún dato, registra dos homicidios ocurridos en 2001 y 2004 respectivamente, no menciona en qué estado se encuentran. Las quejas de las mujeres de amenazas suman 20, las de lesiones 44, intimidación cuatro, hostigamiento ocho, abuso sexual una.

Hidalgo

Hidalgo respondió el 3 de septiembre y manda información de octubre de 2001 a agosto de 2004, reporta el hecho violatorio, la autoridad involucrada y la conclusión a la que llegan. Entre las distintas quejas esta la detención arbitraria, ejercicio indebido de la función pública. Respecto a la integridad sexual de las mujeres hay tres quejas de hostigamiento sexual, seis de abuso sexual, las cuales fueron cometidas principalmente por elementos de la policía municipal. En cuanto a las agresiones físicas hay ocho quejas y de amenazas son dos, todas éstas cometidas del 2002 a septiembre de 2004 por servidores públicos.

Estado de México

La Comisión respondió el 5 de agosto, manda quejas desde 1993 hasta julio de 2004, menciona quienes son las autoridades señaladas como posibles responsables, los hechos violatorios de las quejas señaladas con mayor frecuencia. Hay que aclarar que no correlaciona ningún dato. Las violaciones a los derechos humanos con mayor frecuencia son las irregularidades en la integración de la averiguación previa, dilación o negligencia administrativa en el proceso juridiccional e incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia. Respecto a las quejas de lesiones suman 189, las quejas de intimidación 181, de 1993 a 2004.

Nayarit

Respondió el 12 de agosto, los datos que menciona son el motivo de la violación, la autoridad responsable, la inconformidad, determinación y fecha de conclusión, sólo registra tres casos del año 2002.

Michoacán

El documento es ilegible, respondieron el 31 de agosto.

Nuevo León

Respondió el 15 de julio, la Comisión de Nuevo León informó que en los casos de mujeres afectadas en sus derechos humanos emitió recomendaciones. Reporta 64 casos en 2003 y 24 casos de enero a junio de 2004, y que en el Instituto de Estudios y Formación en Derechos Humanos de este organismo, en los casos de Crisis, Contención, Orientación, Canalización y Seguimiento atendieron a: 41 mujeres y tres niñas en 2002, 14 mujeres y cuatro niñas en 2003 y siete mujeres y dos niñas en 2004. No especifica que tipo de violación se cometió en contra de ellas y no manda más datos.

Puebla

Respondió el 17 de agosto y mandó un documento de las quejas en agravio a los derechos humanos de mujeres, incluye información de enero de 1993 hasta el 30 de junio de 2004, informa quién es el infractor a los derechos humanos de las mujeres, el tipo de violación, la fecha de conclusión y motivo de ésta, número de recomendación y resumen de ésta, así como el estado que guarda. En estos años las quejas de maltrato, lesiones y golpes suman 393, hostigamiento 109, acoso sexual ocho, violación dos y discriminación dos, los funcionarios públicos incluso presidentes municipales son los infractores a los derechos humanos de las mujeres.

Querétaro

Respondió el 14 de septiembre, manda datos sobre la quejosa, el hecho violatorio y los responsables correspondientes al año 2003 y 2004, en su documento hay quejas de ejercicio indebido de la función pública, negligencias médicas, entre otras, hay cuatro denuncias de hostigamiento sexual, dos de tortura, 10 de lesiones, 10 de amenazas y 10 de intimidación.

San Luis Potosí

Respondió el 26 de julio de 2004 y mandó la información de agravios a partir del año 2000, en algunos casos menciona quién es el violador a los derechos humanos de las mujeres y en otros no, hay casos en que los hechos enuncian más de dos violaciones a los derechos de éstas, cabe señalar que hay 45 quejas de amenazas, 77 de lesiones, cuatro de hostigamiento sexual. En el año 2000 hay un caso de un homicidio, el cual está en trámite.

Sonora

La Comisión de Sonora respondió el 13 de septiembre de 2004, envía datos de las quejas a las violaciones de derechos humanos de las mujeres del año 2000 hasta julio de 2004, proporciona el nombre de quién levanta la queja, las autoridades que cometieron los abusos y cuáles fueron estos últimos y la conclusión de éstos, sean o no competencia de dicha Comisión. Las principales quejas son por abuso de autoridad, violación a los derechos humanos de las reclusas y violación de autoridad administrativa.

Tabasco

Respondió a la comisión el 4 de septiembre, envía la información a partir del año 2000, hasta el 2003, manda la edad y sexo de quien se queja, la autoridad presuntamente responsable y la naturaleza de la queja. Sobre las quejas de intimidación a partir del 2000 hasta el 2004 suman ocho, de lesiones nueve, y acoso sexual cinco.

Tlaxcala

Respondió el 6 de julio, da el nombre del quejoso, la autoridad, el motivo y el estado actual. Envía tres quejas desde 2001 hasta 2003, una corresponde a un homicidio, acaecido en 2002, el cual se concluyó por solución durante el trámite una vez que se determinó la indagatoria, ejercitándose acción penal. Las otras dos quejas son por detención arbitraria.

Veracruz

Contestó el 17 de agosto, envía la información en un disquete, en formato Excel, proporciona el nombre de la agraviada, la edad, el sexo y el municipio. Describe parte de los hechos de cómo se violentó a las mujeres, lo cual lo traducen en la categoría asunto, clasifican cómo atendieron el caso, si fue de manera telefónica o personal, así como otras categorías que no especifican, menciona la calificación y la conclusión del estado de los casos. Y vienen claves que no especifica el significado. La información corresponde al año 2002 hasta septiembre de 2004. Salta a la vista las quejas de mujeres por violencia intrafamiliar y acoso sexual.

Yucatán

Manda tres casos de hechos violatorios contra mujeres, corresponden a los años 2002 y 2003 como son lesiones, detención arbitraria, y el de un homicidio ocurrido en el 2002, el cual tuvo que ver con la dilación en la procuración de justicia y con la insuficiente protección de un servicio público que un funcionario de la Procuración de Justicia y Agentes de la Secretaría de Protección y Vialidad del Estado debieron proporcionar a la víctima. La Comisión de Derechos Humanos recomienda a la Procuraduría de Justicia del Estado de Yucatán documentar la responsabilidad en la que incurrieron los funcionarios del Ministerio Público responsables de la averiguación previa, sancionar de conformidad con la normatividad respectiva al director de Averiguaciones. También recomienda al Secretario de Protección y Vialidad del Estado de Yucatán, ejercer las acciones necesarias para que el área médica de su dependencia cuente con personal femenino capacitado para atender a mujeres en los casos que se necesite.

III) Informes de los Institutos de las Mujeres en las entidades federativas

Con el fin de conocer si los Institutos Estatales de las Mujeres cuentan con programas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la Comisión Especial les solicitó en septiembre de 2004 información al respecto. Los Institutos de las Mujeres que han respondido a la Comisión Especial corresponden a los estados de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

El Instituto Nacional de las Mujeres, presidido por la licenciada Patricia Espinoza Torres, informó a la Comisión Especial mediante oficio fechado 25 de agosto de 2004, sobre las acciones que realizaría para el año 2005 en materia de violencia, y en referencia al caso Ciudad Juárez.

En el marco de su Programa por una vida sin violencia, el Inmujeres tiene las siguientes acciones:

El Instituto Coahuilense de las Mujeres, cuya encargada es la Lic. Martha Yolanda Román Quiñones, respondió el 14 de enero de 2005, informando que en la actualidad las políticas del Instituto están regidas por el Programa Estatal de las Mujeres 2002-2005, en el cual un tema prioritario es el relacionado con la seguridad pública y la impartición de justicia.

Desde octubre de 2001, el Instituto puso en marcha la línea 075 TelMujer, con el propósito de brindar apoyo y atención a mujeres en aspectos que ponen en riesgo su integridad física, mental y emocional, así como contribuir a la detección, prevención y atención oportuna de la violencia familiar y ofrecer apoyo integral a las personas usuarias de dicho servicio.

Otra de las acciones más importantes de este instituto ha sido la instalación de la Mesa Institucional para Coordinar las Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y hacia las Mujeres (18 de marzo de 2002), la cual se instaló en cuatro regiones, Laguna, Centro, Norte y Sureste.

El objetivo de la Mesa es contribuir a erradicar la violencia mediante la creación de un sistema que incorpore políticas públicas de prevención, tratamiento, información y evaluación de la violencia familiar con enfoque de género.

Chiapas

El Instituto de la Mujer Chiapaneca, a través de su directora Laura Cristina Brown Muench, respondió el 19 de octubre de 2004. De acuerdo con la información proporcionada, dicha institución promueve y difunde los derechos de las mujeres, da asesoría jurídica y emocional, facilita talleres de procesos organizativos, promueve foros para visualizar la problemática de las mujeres, promueve la construcción de agendas comunes, promueve el Plan de Igualdad de Oportunidades para fomentar la cultura de la equidad de género e incide en diferentes instancias para incluir en el quehacer gubernamental la perspectiva de género.

Chihuahua

El Instituto Chihuahuense de la Mujer, cuya directora al momento de responder era la lic. Victoria Caraveo Vallina, envió el 28 de septiembre de 2004 su informe de actividades realizadas de febrero de 2003 a septiembre de 2004.

Entre sus acciones para prevenir y remediar la violencia en contra de las mujeres, específicamente en el caso de Ciudad Juárez, señala lo siguiente.

En materia de prevención del delito ha llevado a cabo un programa de seguridad y vigilancia en las zonas consideradas de alto riesgo en el centro de la ciudad, dicho programa se desarrolla mediante un convenio de colaboración con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Organización Rescatemos Juárez quien otorgó el donativo de tres unidades para dicho fin, las cuales son consideradas por la ciudadanía como las patrullas de la Mujer.

Solicitó a la consultoría Montañéz y Asociados la realización de la Auditoría periodística denominada "Homicidios de mujeres: Auditoría periodística enero 1993-julio 2003"; de acuerdo con la cual fueron víctimas de homicidios un total de 321 mujeres, de los cuales 28 por ciento corresponden a móvil sexual, el 16 por ciento pasional y el 5 por ciento como resultado de la violencia intrafamiliar.

Conforme a los resultados de la Auditoría periodística se diseñó un Programa de apoyo a los familiares de víctimas de homicidios de mujeres por móvil sexual, el cual consiste en dar apoyo psicológico, asesoría legal, asesoría en proyectos productivos, vivienda y un bono quincenal para despensa, siendo la instancia coordinadora el ICHMujer.

De acuerdo con el Instituto Chihuahuense, en el desarrollo del programa, fue necesario realizar un trabajo de campo para la localización de 90 familias de las víctimas por móvil sexual, de acuerdo con la base de datos de la Auditoría periodística, generando vínculos con los institutos de las Mujeres en el interior de la República y del Estado, tanto para la localización de las familias como de la atención de las mismas.

El Programa apoya a 41 familias ofreciéndoles diversos servicios y coordinándose con instituciones del sector público, privado y organismos de la sociedad civil. En este programa se incluyen a ocho familias que no corresponden al móvil sexual.

Entre los servicios que se dan está la atención psicológica, psiquiátrica, oftalmológica y médica, el apoyo económico que proviene de la Secretaría de Fomento Social y que es otorgado por el ICHMujer; apoyo en gastos escolares, el cual se da a siete hijos de víctimas por móvil sexual, dos hijos de víctimas por móvil pasional y un hijo de una desaparecida; apoyo en especie; reembolso de gastos funerarios; asesoría legal respecto a la tutela de los menores; capacitación en materia de derecho penal; reuniones de seguimiento entre familiares y la Fiscalía Mixta; reuniones eventuales con la Fiscalía Especial; gestión de vivienda en coordinación con el IVICH; y orientación en procesos productivos.

Distrito Federal

El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, dirigido por la lic. Luz Rosales Esteva, envió a la Comisión Especial el 2 de septiembre de 2004 su "Informe de las acciones emprendidas para prevenir la violencia ejercida contra las mujeres en las distintas etapas de vida y en cualquier ámbito de ocurrencia", en el cual da cuenta de las acciones que realiza a través de sus Proyectos y sus 16 Unidades Delegacionales para prevenir la violencia de género, dirigida a niñas, mujeres jóvenes, mujeres adultas y adultas mayores. El Instituto brinda asesoría jurídica y orientación integral y gratuita a las mujeres para que puedan reconocer y denunciar el delito, para lo anterior cuenta con dos abogadas en cada unidad delegacional del Inmujeres. Asimismo, da asesorías individuales por medio de las cuales las abogadas fomentan las condiciones que promuevan y posibiliten el reconocimiento y ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres, así como su igualdad jurídica para poder denunciar en el caso de que se esté violando alguno de ellos. De enero a junio de 2004 se impartieron 6,960 asesorías jurídicas de las cuales 354 fueron en materia de violencia de género.

Canaliza a las usuarias, víctimas de violencia de género, a instituciones especializadas para su atención, brindando las abogadas un seguimiento delimitado del caso. De enero a junio de 2004 se impartieron 456 canalizaciones en materia de violencia de género.

Da pláticas y talleres sobre violencia de género. Asimismo, el Inmujeres del DF tiene en activo los siguientes proyectos:

El Instituto de la Mujer Duranguense, dirigido por la Lic. Silvia Eugenia Casas Nevarez, respondió a la Comisión Especial el 31 de agosto de 2004, informando que para la ejecución de acciones, y con la intención de coordinar esfuerzos con otras instituciones que operan programas de prevención, atención o sanción de la violencia, ha sido coadyuvante en el rubro específico de violencia hacia la mujer en el Programa Estatal de Violencia Familiar para el estado de Durango.

Entre otras acciones, ha cumplido con la derivación de casos desde las instancias de detección hacia los centros de atención especializada; ha realizado cursos y talleres, organizado foros y conferencias en materia de violencia familiar dentro del Programa Capacitación permanente de Género del Instituto; emprendió acciones con el Congreso del Estado para la adecuación del marco jurídico vigente, e instauró la campaña Basta. Nada justifica la violencia, que en su primera etapa (agosto-diciembre de 2003) consistió en la edición y distribución masiva de material impreso y en su segunda etapa (febrero-abril de 2004), en la difusión de spots en radio, televisión y prensa escrita.

Estado de México

El Instituto Mexiquense de la Mujer, dirigido por la C. María Elena Prado Mercado, respondió el 15 de septiembre de 2004, e hizo del conocimiento de la Comisión Especial su programa: "El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género", del cual se desprenden dos proyectos: Bienestar social de la Mujer y Fomento a la Cultura de la Equidad de Género.

Dentro de dichos proyectos, cuya población objetivo son mujeres de 15 años en adelante, se llevan a cabo las siguientes acciones:

El Instituto de la Mujer Guanajuatense dirigido por la C. Irene Victoria López, respondió el 14 de octubre de 2004, informando sobre las acciones que lleva a cabo en materia de violencia contra las mujeres. A partir de 2001 da capacitación a personal de salud (médicos, enfermeras y trabajadores sociales) para que incorporen los temas de género y violencia intrafamiliar en su trabajo cotidiano y se refuerce la importancia de su papel en la detección, apoyo, registro y referencia de casos de violencia.

Para dar atención a las mujeres que viven situaciones de violencia doméstica, da capacitación y sensibilización a servidores públicos y profesionales involucrados con la temática.

Lleva a cabo el programa "Escuela para novios", dirigido a personas de las instituciones que trabajan con jóvenes, para lo cual se impartieron talleres con los temas de violencia en relaciones de amistad y noviazgo, sexualidad y adicciones desde una perspectiva de género.

En 2001 inició el proyecto "Violencia Conyugal en hogares de Migrantes" que incluyó la elaboración del diagnóstico "Diluyendo las fronteras", de acuerdo con el cual, para las mujeres la migración de sus parejas implica:

1) Modificar su lugar de residencia a casa de los suegros exponiéndolas a violencia por parte de la familia de su pareja.

2) Violencia económica o patrimonial, sexual, psicológica y física por parte de sus parejas.

3) Decisión unilateral de los hombres para realizar la migración, viviendo las mujeres este hecho de manera indeseable y dolorosa.

En cuanto a la prevención, a partir del 2001, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo iniciaron el proyecto: "Propuestas para una Convivencia Democrática de la Familia", en el que participaron 10 estados, Guanajuato entre ellos. El programa está dirigido a modificar las formas de resolver los problemas al interior de la familia de manera no violenta.

Jalisco

El Instituto Jalisciense de las Mujeres, presidido por la C. María del Rocío Gaytán, respondió el 30 de agosto de 2004.

Nayarit

El Instituto para la Mujer Nayarita, dirigido por la Dra. Patricia Mendoza Álvarez, respondió a la Comisión el 6 de octubre de 2004, informándole que si bien dicha institución había sido creada el 31 de diciembre de 2003, no fue constituida formalmente sino hasta el día 3 de septiembre de 2004, motivo por el cual resultaba aventurado establecer resultados concretos sobre las acciones que hubiera incorporado en materia de combate a la violencia de género.

Nuevo León

El Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, presidido por la licenciada María Elena Chapa, informó a la Comisión Especial el 4 de octubre de 2004, sobre las acciones que realiza en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Además de realizar talleres de sensibilización y proporcionar asesoría jurídica y psicológica a mujeres víctimas de violencia, entre otras acciones. Asimismo el Instituto presentó propuestas dentro de la Consulta Pública sobre la revisión y reforma a los Códigos Penal, Civil y otros ordenamientos, convocada por el Ejecutivo en noviembre de 2003, de la cual se derivaron, previo el proceso legislativo correspondiente, mejoras a la tipificación del delito de violencia familiar previsto en el artículo 207bis del Código Penal, mediante la inclusión de las conductas de omisión como constitutivas del ilícito, la suspensión del procedimiento a prueba del indiciado o inculpado para que quede sujeto a tratamiento psicológico durante 12 meses y la condición de ser perseguible de oficio.

Otro de sus logros es que las víctimas puedan ser revisadas médicamente por profesionistas de su mismo sexo y puedan realizar las diligencias de confrontación sin que los indiciados o inculpados puedan verlas a su vez.

También logró incluir en el concepto de violencia familiar previsto en el Código Civil, el elemento "abuso de poder", al referirse ahora como una conducta que pretende "dominar, someter o agredir". También realiza la investigación sobre las mujeres muertas por violencia de género en Nuevo León, desde enero de 2000 a octubre de 2004. Al momento de enviar la información, habían muerto 110 mujeres.

Oaxaca

El Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), dirigido por la C. Norma Reyes Terán informó a la Comisión Especial el 8 de octubre de 2004 sobre sus actividades.

De octubre a diciembre de 2003 se llevaron a cabo dos diplomados titulados "Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar", con la finalidad de capacitar a jefas y jefes de departamento, coordinadoras y coordinadores del programa estatal y jurisdiccional de la Secretaría de Salud de Oaxaca para atender y prevenir la violencia familiar, sexual y contra la mujer. También se capacitó a juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como a los agentes de seguridad pública y organismos de la sociedad civil en la materia.

Bajo el mismo esquema, de diciembre de 2003 a febrero de 2004, se capacitó a médicas, médicos, paramédicas y paramédicos de primer y segundo nivel de atención.

Con un servicio de información y asesoría, se canalizó y dio seguimiento a dichos asuntos en las instancias correspondientes como la Agencia del Ministerio Público, el Centro de Mediación, la Procuraduría del DIF, la Oficina de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes, el Juzgado de la Familia, la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras.

Atendió de enero a agosto de 2004, a 227 personas de las cuales 198 fueron mujeres y 29 hombres. De la población atendida destacan las que fueron víctimas de violencia intrafamiliar donde 127 mujeres y seis hombres recibieron atención jurídica, psicológica y médica.

El 28 de septiembre presentaron ante el Congreso local una iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado, referente al homicidio por honor, el aborto y el rapto.

Puebla

El Instituto Poblano de la Mujer, dirigido por la C. Concepción González Molina, respondió el 6 de septiembre de 2004, haciendo del conocimiento de la Comisión Especial que con objeto de prevenir y erradicar la violencia familiar, el Gobierno del estado de Puebla desarrolló el Programa Estatal contra la Violencia Familiar 2000-2005, en el cual participan diferentes dependencias y entidades entre las que se encuentra el Instituto Poblano de la Mujer.

De acuerdo con el Programa estatal, entre las acciones que ha realizado el Instituto Poblano se encuentran las siguientes.

Cuenta con un formato que le permite identificar la existencia de violencia familiar y en caso de requerirlo, se efectúa la y/o canalización al sector salud. Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Salud, durante el año 2002-2003 se efectuaron cinco jornadas de salud.

Desde el año 2002 hasta el 2004 ha aplicado formatos de encuestas que le permiten identificar la presencia de la violencia en la familia. Actualmente trabaja en un formato único para el procesamiento de la información, el cual deberá ser utilizado por todas las dependencias y entidades que forman parte el COEVI, a fin de contar con datos estadísticos que les permiten identificar y atacar el problema.

Detección, en las instancias educativas, de los casos de violencia intrafamiliar.

Detección de los casos de violencia familiar contra personas de la tercera edad y discapacitadas.

Ha trabajado con formatos para el seguimiento de casos de violencia contra la mujer y la familia. Actualmente cuenta con un formato único que permite identificar con facilidad el fenómeno; sin embargo, su objetivo es conformar una red interinstitucional capaz de construir, probar y evaluar un modelo de intervención para la prevención y atención de la violencia familiar, y en particular contra la mujer.

Desde 1999, opera un modelo de atención integral para la atención de la violencia hacia las mujeres en materia jurídica y psicológica. Ha puesto en práctica mecanismos tales como talleres y cursos de capacitación tendientes a modificar la percepción que tienen del fenómeno los servidores públicos de todas las instituciones participantes en el PROEVI.

Amplió su servicio de atención de la central telefónica 075 TelMujer, para que opere las 24 horas de los 365 días del año.

Querétaro

El Consejo Estatal de la Mujer del estado de Querétaro, coordinado por la C. Cristina García Quintana, respondió el 18 de octubre de 2004, informando sobre las acciones que en materia de violencia ha realizado en el año 2004.

Se creó el Refugio para mujeres víctimas de violencia familiar en Querétaro UN'JU (despertar).

Se imparten talleres de sensibilización en las cuestiones relacionadas con la violencia, dirigidos en primer término a funcionarios públicos como policías, agentes del ministerio público y servidores en general.

Se creó la línea telefónica Telmujer. Se creó un grupo de autoayuda que sesiona una vez por semana. Se imparten talleres sobre violencia familiar a un grupo de 100 policías. Se está llevando a cabo un curso para multiplicadores, en el cual se está dotando de herramientas metodológicas y conceptos básicos para el desarrollo de acciones que promuevan los valores de la cultura de la paz, la equidad, el afecto y el respeto entre los miembros de la familia para la resolución de conflictos en el ámbito familiar.

San Luis Potosí

El Instituto de las Mujeres del estado de San Luis Potosí, dirigido por la Lic. Beatriz Guadalupe Grande López, en oficio fechado el primero de octubre de 2004, informó que en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres realiza talleres de sensibilización y capacitación de policías, peritos y ministerios públicos, y actualmente trabaja con un grupo de personas de diferentes instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil, en la Iniciativa de Reforma de Ley para la prevención, la atención y la sanción de la violencia.

Sinaloa

El Instituto Sinaloense de la Mujer, dirigido por la C. Eduwiges Vega Padilla, respondió el 21 de octubre de 2004, e informó a la Comisión sobre algunas de sus acciones emprendidas.

Se institucionalizó realizar anualmente campañas contra la violencia hacia las mujeres, a la fecha ha realizado cinco de 2000 a 2004.

Proporciona de manera permanente atención legal y emocional a mujeres violentadas.

A través del Departamento Jurídico ha trabajado algunas propuestas legislativas de reforma y adición, relacionados con los delitos de aborto, rapto, violación, inseminación artificial indebida, atentados al pudor, estupro, acoso sexual, violencia intrafamiliar, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, sustración de menores o incapaces y tráfico de menores.

Entre sus logros se encuentran: la aprobación del tipo penal de violencia intrafamiliar en el Código Penal de Sinaloa, la aprobación de la Ley para atender y prevenir la violencia intrafamiliar, la creación del Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar, CEPAVI y la creación de Agencias Especializadas en delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

Sonora

El Instituto Sonorense de la Mujer, dirigido por la C. Teresita Caraveo Galindo, respondió el 6 de septiembre de 2004, informando que en coordinación con otras instancias como la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Salud Pública, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realiza jornadas comunitarias de orientación y prevención de la violencia intrafamiliar en la que se imparten cursos y talleres sobre estos temas, asimismo brinda el servicio de asesoría legal y asistencia psicológica en colonias vulnerables de diversos municipios del estado.

La Dirección de Derechos del Instituto brinda asesoría legal y asistencia psicológica gratuita a las mujeres que son víctimas de violencia en cualesquiera de sus manifestaciones (emocional, económica, física y/o sexual).

Tabasco

El Instituto Estatal de las Mujeres, dirigido por la Lic. Minerva Ocaña Pérez, respondió a la Comisión Especial el 7 de octubre de 2004, e informó entre otras cosas que para fomentar el respeto a los derechos humanos y protección de la integridad física de las mujeres de Tabasco, se desarrolló el proyecto denominado "Derechos humanos con perspectiva de género", el cual, entre otras, ha puesto en práctica las siguientes acciones:

El Programa Estatal de la Mujer, dirigido por la Lic. Maricela Cienfuegos Rivera, respondió el 15 de octubre de 2004, e informó que en materia de prevención y erradicación de la violencia ha realizado las siguientes acciones:

El primero de octubre de 2004, el Instituto para la Mujer Zacatecana dirigido por la M.C. Aurora Cervantes Rodríguez, envió a la Comisión Especial su informe de actividades realizadas de 1999 a 2004, en el cual uno de los puntos refiere sus acciones para "prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas de expresión, impulsando medidas que contribuyen a hacer visible este problema social".

Realiza un curso taller de capacitación y sensibilización a funcionarios y funcionarias de los Ministerios Públicos convocado por el INMUZA, la PGJE y la Asociación Civil Mujeres y Punto.

A través de grupos constituidos y en talleres, se aplicó de junio a octubre de 2000 un cuestionario a 1,398 niños y 1,717 niñas de 11 municipios y a 2,718 mujeres en pareja de 35 municipios, cuyos resultados fueron:

Encuesta a mujeres en pareja:

Ambas iniciativas fueron enviadas a la LVII Legislatura por el Gobernador del estado, señor Ricardo Monreal Ávila, las cuales después de haber sido analizadas y discutidas por las diferentes fracciones parlamentarias fueron aprobadas en enero de 2003 como Ley para Atender y Prevenir la Violencia Familiar en el estado de Zacatecas.

En junio de 2003 el Gobierno del estado a través del Instituto para la Mujer Zacatecana (INMUZA), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), firmaron un convenio con el fin de aplicar a una muestra representativa del estado la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 (Endireh).

Nota:
1. El 4 de abril llegó a la Comisión Especial la información enviada por la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala mediante oficio fechado el 30 de agosto de 2005. Información que no ha sido incluida en este primer informe de labores.

Procuradoras y procuradores de los estados

Aguascalientes
Lic. Roberto Macias Macias

Baja California Sur
Lic. Genaro Canett Yee

Baja California
Lic. Antonio W. Martínez Luna

Campeche
Lic. Juan Manuel Herrera Campos

Coahuila
Lic. Alfonso García Salinas

Colima
Lic. José Gilberto García Nava

Chiapas
Lic. Yesmin Lima Adam, Subprocuradora

Chihuahua
Lic. Jesús Antonio Piñón Jiménez

Distrito Federal
Mtro. Bernardo Bátiz Vázquez

Estado de México
Lic. Alfonso Navarrete Prida

Guanajuato
Lic. Miguel Ángel Valadez Reyes

Michoacán
Lic. Miguel Ángel Arellano Pulido

Morelos
Lic. Hugo Manuel Bello Ocampo

Nuevo León
Lic. Luis Carlos Treviño Berchelmann

Oaxaca
Dr. Rogelio Mario G. Chagoya Romero

Puebla
Abogado Héctor Maldonado Villagómes.

Querétaro
Lic. Juan Martín Granados Torres

Quintana Roo
Lic. Celia Pérez Gordillo

San Luis Potosí
Lic. Guillermo Salazar Trejo

Sinaloa
Lic. Óscar Fidel González Mendívil

Sonora
Lic. Rubén Díaz Vega

Tamaulipas
Dr. Ramón Durón Ruíz

Veracruz
Lic. Pericles Namorado Urrutia

Yucatán
Armando Villareal Vega

Zacatecas
Lic. Jorge Alberto Pérez Pinto

Nombres de presidentas y presidentes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos

Baja California Sur
Lic. Eréndira Real Castro

Coahuila
Lic. Miriam Cárdenas Cantú

Colima
Lic. Enrique García González

Chiapas
Lic. Edilberto Molina Barrientos, Presidente
Interino

Chihuahua
Lic. Oscar Francisco Yañez Franco

Durango
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral

Hidalgo
Lic. Alejandro Straffon Ortiz

Michoacán
Lic. Gumesindo García Morelos

Nayarit
Lic. Oscar Humberto Herrera López

Nuevo León
Lic. Daniel Garza Garza

Puebla
Lic. Jorge Ramón Morales Díaz

Querétaro
Lic. Pablo Enrique Vargas Gómez

San Luis Potosí
Lic. Magdalena Beatriz González Vega

Sonora
Lic. Miguel Angel Bustamante Maldonado

Tabasco
Lic. María Luisa Saucedo López

Tlaxcala
Lic. Bernardo Mir Muñoz

Yucatán
Abogado Sergio Efraín Salazar Vadillo M. D.

Zacatecas
Dr. Eladio Navarro Bañuelos

Colaboración con instituciones académicas y educativas

La Comisión Especial estableció mecanismos de colaboración con diversas instituciones académicas y educativas, lo anterior le permitió estar en contacto, desde su creación, con las investigaciones más recientes sobre Violencia Feminicida en México.

El convenio con el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ciencias y Humanidades (CEICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), permitió que sus investigadoras participaran en el Seminario Internacional con ponencias y como expertas. Actualmente algunas de ellas forman parte del Comité Científico que colaborará en el diseño y desarrollo de la Investigación sobre Violencia Feminicida en México. El CEICH se encarga de la traducción de libro de la doctora Diana Russell, Femicide:The Politics of Woman Killing (Feminicidio: las políticas de los asesinatos de mujeres).

El intercambio de información con el Colegio de Académicas Universitarias (CAU) permitió su participación en el Seminario Internacional y actualmente participan en la Investigación sobre Violencia Feminicida en México con un estudio sobre el impacto de la violencia feminicida en los medios de comunicación de masas.

El Convenio de Servicio Social con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, signado el 18 de agosto de 2004, consistió en la participación de nueve estudiantes en las tareas de seguimiento de la Comisión Especial, cuyas actividades fueron, entre otras, la sistematización de la información de las Procuradurías de Justicia de diversas entidades del país; análisis de las respuestas de los Institutos de las Mujeres y de las Comisiones de Derechos Humanos.

La estancia de las estudiantes generó una reflexión de las mismas con recomendaciones (el estudio se anexa en el DVD).

Diagnóstico inicial sobre la violencia feminicida

I) Análisis sociodemográfico

En la Comisión Especial hemos trabajado con información oficial para conocer y profundizar sobre la violencia contra las mujeres. Recabamos datos de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de la República sobre los homicidios de mujeres en distintos años. Encontramos que las cifras, aun cuando se refieran a la misma época, difieren según la fuente y registro solicitado.

Se presenta aquí, como ejemplo, la comparación de la información obtenida para el año 2002: el número de homicidios de mujeres reportados por la Secretaría de Salud (Ssa), registrados por lugar de residencia de la mujer asesinada y por lugar de ocurrencia del asesinato, y los reportados por la Procuraduría General de la República (PGR). En la Gráfica 1 se observan las diferencias más destacadas que presenta la información proporcionada, inclusive en los totales nacionales, por ejemplo la PGR reporta 116 homicidios más que la SS según lugar de residencia de las mujeres y 90 más que los homicidios de mujeres reportados por la SS según lugar de ocurrencia; incluso, la misma SS difiere en su información dependiendo si los homicidios fueron registrados por lugar de residencia o por lugar de ocurrencia.

En el ámbito estatal, encontramos que en algunas entidades federativas la información de los asesinatos de mujeres difieren notablemente (véase Gráfica 1). Así, en la Gráfica 2 se puede observar que en Tlaxcala la Ssa reporta 12 homicidios por lugar de residencia y la PGR casi cuatro veces más homicidios (47); en Durango es a la inversa ya que la PGR reportó 5 homicidios y la Ssa 20. El caso de Colima destaca pues según la propia Ssa hubo 3 homicidios de mujeres que residían en Colima, pero la PGR asienta que mataron a 76 mujeres.

La situación es más seria, en magnitud, en las entidades federativas donde el número de homicidios de mujeres en 2002 fue mayor de 50, pues en éstas las diferencias son todavía mayores, tal es el caso de Oaxaca donde la PGR reporta siete veces más muertes (445) que la Ssa (62) y en Chiapas donde la PGR reporta más del doble de homicidios (162) que la Ssa por lugar de residencia (79) y más de nueve veces que lo reportado por la Ssa (17) por lugar de ocurrencia. Chihuahua es un caso también interesante en cuando a la diferencia de registro de la Ssa 54 homicidios ocurridos en Chihuahua y 76 homicidios de mujeres que residían en Chihuahua (véase Gráfica 3).

Las diferencias observadas nos permiten concluir que la calidad de nuestras fuentes de información son incompletas, y existe una discriminación de género que se refleja en el registro de sus asesinatos. Lo anterior es grave si se toma en cuenta que los datos de defunciones, fuente de la Secretaría de Salud, provienen de los certificados de defunción y que éstos son el comprobante oficial de la pérdida de la personalidad jurídica y de los derechos hereditarios, entre otros; y que por su parte, el registro de homicidios de las procuradurías generales de las entidades federativas y de la República provienen de estadísticas que dan inicio a una averiguación penal.

Conocer el número absoluto de muertes de mujeres por homicidios es importante, ya que permitiría conocer la magnitud de los asesinatos ocurridos, sin embargo, no permite analizar la intensidad de los homicidios cometidos en las distintas entidades federativas porque cada entidad o municipio tienen un número de población y una estructura por edad diferente, por lo que necesitamos conocer el número de homicidios ocurridos en un tiempo y lugar dados, según el número de mujeres. Por ejemplo, el Distrito Federal tiene más homicidios de mujeres que Chihuahua (106 y 59, respectivamente), pero en realidad el mayor número de muertes del D. F. se debe a que tiene una población más numerosa que Chihuahua, y no a que sea un fenómeno de mayor intensidad, por lo que cuando se analizan las tasas, haciendo intervenir a la población, encontramos que Chihuahua ocupa el 4º lugar y el Distrito Federal el 15º, lo que quiere decir que el problema del homicidio de mujeres es mucho más grave en Chihuahua que en el D. F., ver Gráfica 4.

En el análisis realizado también encontramos que, según los datos de las estadísticas vitales, las entidades federativas donde el problema de homicidios de mujeres es mayor son: Guerrero, Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo, Durango y Sonora (véase Gráfica 4).

Igualmente se contrastaron las tasas de mortalidad de mujeres por causas externas con estadísticas vitales publicadas en el 2002, del mismo modo se encontraron varios indicios que apuntan al hecho de que posiblemente las muertes de mujeres ocurridas por causas violentas estén subregistradas debido a que varias de éstas se anotan dentro de otras causas, como son las caídas accidentales o suicidios. En la Gráfica 5 se puede observar que en algunas entidades federativas, donde las tasas de homicidios de mujeres son bajas, curiosamente las tasas de suicidios son más altas, tal es el caso de Campeche, Tabasco y Yucatán; a la inversa, en otras entidades federativas donde la mortalidad por homicidios es alta, los suicidios son muy bajos, como en el caso de Chiapas y Oaxaca, entidades donde las causas de muerte podrían estar mejor declaradas ya que la violencia es parte de la vida cotidiana en estas entidades (véase Gráfica 5).

Respecto a las caídas accidentales como causa de muerte, es importante señalar que en todos los motivos externos de mortalidad, las mujeres presentan tasas significativamente menores que las de los hombres, sin embargo, la única causa de muerte donde las tasas de mortalidad de las mujeres son mayores es en las caídas accidentales, ver Gráfica 6. Si consideramos que muchas mujeres maltratadas que llegan a hospitales en busca de atención médica para las lesiones recibidas declaran que éstas se produjeron por una caída accidental; que cuando sucede una muerte por causa violenta es necesario por ley la intervención del Ministerio Público, razón por la cual el personal de salud que atiende a las mujeres o la misma familia prefiere declarar que la muerte se debió a una caída o a un suicido; aunque no hay razón científica que fundamente que las mujeres somos más propensas a sufrir caídas que los hombres, se puede asegurar que este hecho apunta a que una parte importante de muertes causadas por violencia contra las mujeres se están registrando como caídas accidentales o suicidios (véase Gráfica 6).

Ante las deficiencias observadas en las estadísticas sobre las causas externas de muerte de las mujeres, la Comisión Especial está considerando impulsar la creación de un comité que indague las muertes de mujeres por causas externas a fin de que corrobore la consignación de las causas de muerte reales.

II) Geografía del feminicidio

Uno de los proyectos de investigación de la Comisión Especial es la Geografía del feminicidio en México. El trabajo comenzó a partir de mayo de 2004 con el objetivo de mostrar gráficamente el problema del feminicidio, tanto espacial como temporalmente.¹

Uno de sus primeros pasos fue recopilar la base de datos de las víctimas del feminicidio, en un principio de Ciudad Juárez y, posteriormente, de la República mexicana. Para hablar del caso de Ciudad Juárez las fuentes consultadas fueron: la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, 1993-1998; el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2003; el Informe para Dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en torno a los casos de los homicidios de Ciudad Juárez del Senado y el archivo periodístico de la Comisión Especial de Feminicidios 2004 y 2005. Los datos de la recopilación se georeferenciaron, la información se analizó y tipificó para elaborar distintos mapas. El primero de éstos se titula: "Víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez: 1993-2005", cada símbolo es una víctima y según el color indica el año en el que se localizó. Este mapa muestra cómo a partir de 1993 el problema de la violencia feminicida en Ciudad Juárez comenzó a manifestarse y continúa pues tan sólo en lo que va del año, hasta el 30 de marzo de 2005 se habían localizado a 11 mujeres en esta Ciudad y dos más en otros municipios, una en Ciudad Cuauhtémoc y otra en Balleza, 24 de enero y 7 de febrero, respectivamente (véase Mapa 1).

Cabe mencionar que parte del problema del feminicidio es la falta de información sobre las víctimas, tal como la dirección en la que se encontraron a las víctimas, o cuántas son, ya que cada fuente registra una cifra distinta.

El mapa "Víctimas identificadas y no identificadas 1993-2005", de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta 2003 se había identificado al 82 %, el 18% no había sido identificada o su identificación estaba en duda. La Procuraduría del estado de Chihuahua había identificado 70% de las víctimas (véase Mapa 2).

Para analizar el lugar en el que se encontró a las mujeres asesinadas se hizo una tipología de los lugares, y se elaboró el mapa "Lugar en el que se encontró a las víctimas de Ciudad Juárez, 1993- 2005", el 23% se localizaron en casa, el 7% en negocios, el 32% en vía pública, 23% en caminos y carreteras; 15% en lotes baldíos y zonas abiertas (véase Mapa 3).

Parte medular del problema del feminicidio es que el Ministerio Público no integró a tiempo las averiguaciones previas, hubo omisiones e ineficiencia en su trabajo, lo que implicó que no se pudieran esclarecer los homicidios en su momento; otra irregularidad fse refiere al médico forense. Hasta el año de 2003 éste no utilizaba una metodología científica apropiada en su trabajo, por todo ello se elaboró el mapa "La impunidad del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-2003" (véase Mapa 4).

El mapa de los sentenciados responsables del feminicidio en Ciudad Juárez "1993-2005", muestra en qué casos ya hay sentenciado, detenido (s) y en cuáles no, asienta cuando los responsables fueron internados en un hospital psiquiátrico o en el Tribunal para menores, y los casos en los que no coinciden una fuente con otra respecto a los años o fechas (véase Mapa 5).

A partir de la información recabada se puede observar que para la Procuraduría General de Justicia el hecho de consignar a algunos responsables, quiere decir que el caso está resuelto. Sin embargo, hay que mencionar que los detenidos pasan por un proceso en el que pueden apelan su sentencia y ésta puede reducirse o incluso, por falta de pruebas, otorgárseles la libertad. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos había señalado que las penas que pagan los responsables, en algunos casos, son irrisorias pues son menores a uno o dos años.

Geografía del feminicidio en la República Mexicana

Con base en los datos que las Procuradurías Generales de Justicia Estatales enviaron a la Comisión Especial, se elaboraron una serie de mapas titulados "Procuradurías Generales de Justicia Estatales que han informado a la Comisión Especial del Feminicidio el número de mujeres asesinadas" (véase Mapas 6-10), en éstos se muestran las diferencias por año y los estados en los que se registra más homicidios, hay que precisar que agunas procuradurías sólo mandaron datos del 2004. Los estados con cifras de alerta que destacan en los últimos años son: Chiapas, Veracruz, Distrito Federal y Estado de México. Llama la atención que en Morelos aumentaron drásticamente los homicidios contra mujeres del 2002 al 2003.

A partir del seguimiento en la prensa se obtuvieron otros datos sobre violencia feminicida en México, que han sido recabados por las organizaciones no gubernamentales, por ello se elaboró el mapa "Mujeres asesinadas en los últimos años" (véase Mapa 11).

Comisiones Estatales de Derechos Humanos

Respecto a las respuestas de las Comisiones estatales de Derechos Humanos se elaboró el mapa: "Respuestas de las Comisiones de Derechos Humanos Estatales de las quejas por violación, hostigamiento o acoso sexual a las mujeres en los últimos años". Hay que destacar que los principales violadores a los derechos humanos de las mujeres son los funcionarios públicos encargados de la Procuración de Justicia, agentes del Ministerio Público, policías judiciales, estatales y municipales (véase Mapa 12).

Institutos Estatales de la Mujer

A partir de las respuestas de los Institutos Estatales de la Mujer, que tuvieron el objetivo de conocer cómo abordan el tema de la violencia, se elaboró otro mapa en el que se exhibe qué institutos respondieron al respecto, en cada estado se señala si cuentan con programas o acciones contra la violencia hacia las mujeres (véase Mapa 13).

Castigo a la violencia intrafamiliar

Para mostrar en dónde se castiga la violencia intrafamiliar se elaboró el mapa "Entidades que contemplan la violencia intrafamiliar como delito", para lo cual se hizo una revisión al Código Penal de cada estado, hay que señalar que Durango, Nayarit, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Tabasco y Morelos no consideran la violencia intrafamiliar como delito. Y en los estados en los que sí está tipificado la pena no es mayor a 6 años, sin considerar agraviantes (véase Mapa 14).

Violencia contra las mujeres

En materia de violencia contra las mujeres se elaboraron mapas con base en la Encuesta de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que el Instituto Nacional de las Mujeres levantó en 2003 y publicó en 2004, un mapa se titula mujeres que han vivido con al menos un incidente de violencia física en 2003, éste muestra que Michoacán tiene el porcentaje más alto (véase Mapa 15). Otro mapa fue el de mujeres que han vivido con algún incidente de violencia en 2003, los estados que registran el porcentaje más alto con el 45% son Chihuahua, Michoacán, Sonora y Zacatecas (véase Mapa 16).

Exposición geografía del feminicidio en México

Para visibilizar la problemática del feminicidio en México, el 3 de noviembre de 2004 la Comisión presentó la "Ofrenda de las víctimas del feminicidio en México" y la "Exposición Geografía del feminicidio en México", en el lobby de la Cámara de Diputados.

Del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2005 con motivo de los 16 días de activismo en favor de las mujeres, la exposición se presentó nuevamente en el Salón del Mezzanine y pasillo del edificio "B" de la H. Cámara de Diputados, en ambas inauguraciones estuvieron presentes las y los diputados de la Comisión Especial del Feminicidio.

Otros sitios donde se montó la exposición

En la página web de la Comisión Especial se encuentran algunos de los mapas que anteriormente se mencionaron, todo ello con la finalidad de informar a la sociedad sobre el tema.

Nota:
1. Los mapas se elaboraron en la Unidad de Servicio de Información Estadística y Geográfica de la H. Cámara de Diputados.

III) Programa de Investigación sobre violencia feminicida en México

La Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada tiene como tarea informar a la ciudadanía del estado que guardan las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora en el caso de Ciudad Juárez, y de los casos que configuren feminicidio en la República Mexicana, así como los resultados obtenidos.

Hoy en día constatamos que existen indicios de feminicidio en distintas entidades de la República Mexicana. Tenemos informes y denuncias documentadas de las autoridades, de los medios de comunicación y las organizaciones sociales sobre feminicidio, ello nos obliga a profundizar en el conocimiento del fenómeno, saber sobre las causas de esta violencia.

Partimos de reconocer que la gravedad de la violencia de género contra las mujeres alcanza en el feminicidio la expresión extrema de la falta de derechos humanos y de garantías individuales de las mujeres víctimas. Lo que nos apremia a actuar.

Sabemos que el feminicidio es producto de una aberrante, cruel y brutal violencia en contra de las mujeres, acompañada de impunidad. Esto se presenta cuando el Estado no otorga garantías a las mujeres, no crea condiciones de seguridad para sus vidas en los distintos espacios donde se desarrollan, y cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones.

Es nuestro mandato hacer visible el estado de las investigaciones criminales, la impartición de justicia, las ausencias legales y las políticas públicas respecto del fenómeno feminicida en México.

Develar el contorno que ha generado condiciones de convivencia insegura para las mujeres, situación que pone en riesgo sus vidas y favorece el conjunto de crímenes que queremos esclarecer y eliminar.

Reconocemos a la violencia de género, como la define la Convención para eliminar todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW): "la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o porque la afecta en forma desproporcionada".

El marco legal de la CEDAW -firmado por México en 1981- y de la Convención Interamericana sobre la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará, 1994) obliga a los gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres.

Nuestro país ratificó el 15 de marzo de 2002 el Protocolo Facultativo de la CEDAW que admite observaciones y recomendaciones desde el Comité de la Convención cuando se tenga información fidedigna de violación a los derechos que consagra dicha Convención.

El Comité de la CEDAW en enero de 2005, después de hacer una investigación sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, estableció su "alarma ante el hecho de que los homicidios de mujeres se están extendiendo a la capital del Estado de Chihuahua y a otras ciudades de la República Mexicana, por lo que recomienda: "Sensibilizar a todas las autoridades estatales y municipales para que la violencia de género sea encarada como violación de derechos fundamentales, lo que hace necesaria una revisión sustantiva de la legislación en esta perspectiva, investigar estos casos con diligencia y eficacia y para combatir las causas estructurales de esta violencia".

Igualmente Yakin Ertürk, Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos en Contra de la Violencia hacia las Mujeres sus Causas y Consecuencias de la ONU, afirmó ante integrantes del Congreso que la posición subordinada de la mujer en la familia y en la comunidad, la poca información y recursos a su disposición, contribuyen a la perpetuación de la violencia y detienen su acceso a la justicia?", y planteó la urgencia de "conocer bien todo lo que sucede".

Estos elementos son la base sustantiva para realizar una investigación para la República mexicana desde el Congreso de la Unión. Tenemos que reconocer que sin una investigación científica de las causas generadoras de la violencia feminicida no vamos a tener elementos que hagan frente a este grave problema; si hacemos un buen diagnóstico podremos identificar el entramado de la impunidad y podremos proponer políticas públicas pertinentes.

La investigación que se propone será el primer acercamiento integral que explique a la sociedad lo que sucede, por qué sucede, cómo se conforma y qué significa para la vida de las mujeres la violencia feminicida. Será, además, un mecanismo de comunicación y traslado de conocimiento a los otros poderes del Estado, a las organizaciones civiles que han contribuido con su compromiso y denuncia a hacer visible este problema y pautas a la sociedad para prevenirla y erradicarla.

La investigación será cuantitativa y cualitativa para hacer evidente el estado de las investigaciones, la impartición de justicia, las ausencias legales y las políticas públicas que en conjunto han generado condiciones de convivencia insegura para las mujeres, las cuales ponen en riesgo sus vidas y favorecen el conjunto de crímenes que queremos esclarecer y eliminar.

Propuesta

Llevar a cabo trabajos de investigación con el objetivo de realizar un diagnóstico de la violencia feminicida, a través de una indagación rápida, científica, integral y con perspectiva de género.

Proponemos analizar la violencia feminicida en once entidades de la República, con lo que se obtenga pretendemos acercarnos a una muestra amplia e incluyente de las distintas características de nuestro país, puesto que no podemos abarcar todo el territorio nacional.

Las entidades propuestas son: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.

Se parte de lo que se conoce y de la información de las Procuradurías Generales de Justicia Estatales, de los Institutos Estatales de las Mujeres, y de las Comisiones Estatales y Civiles de Derechos Humanos, denuncias de la sociedad civil, así como de los reportes en los medios de comunicación. Se eligen aquellas entidades donde sabemos que creció el número de homicidios; donde existen grandes zonas urbanas, regiones fronterizas, regiones étnicas; igualmente entidades que se caracterizan por el incrementó en el número de denuncias; bajo índice de desarrollo humano; marginación y creciente preocupación estatal, municipal o de la sociedad civil por la situación de alarma. También se tomó en cuenta las mejores condiciones para realizarla, es decir, se escogieron lugares donde existen estudios previos -oficiales o académicos-, pero aún incompletos; donde hay grupos de mujeres y/o académicas expertas en perspectiva de género.

La investigación permitirá hacer propuestas orientadas en favor de los derechos humanos de las mujeres, por la justicia, por la seguridad y por la erradicación de la violencia contra las mismas; busca obtener un panorama político nacional que nos permita observar la relación entre los distintos poderes y los diferentes niveles de gobierno, para prevenir, resolver o detectar la violencia feminicida contra las mujeres. La visión teórica y política guiará esta investigación.

La inexistencia de legislación sobre violencia contra las mujeres plantea a la Comisión Especial, la posibilidad de intervenir con una propuesta de legislación sobre violencia contra las mujeres y la construcción de los derechos de la mujer, que atraviesa necesariamente por la reforma democrática del Estado, el cambio en la sociedad, el Estado y la cultura.

Este trabajo nos permitirá conocer la información de diversas fuentes, entre ellas:

La Comisión Especial tiene con las víctimas la responsabilidad de contribuir a que se haga justicia, y al mismo tiempo puede realizar un trabajo cercano y de apoyo a las distintas instancias oficiales o civiles para decir el por qué de la violencia contra las mujeres, lo cual serviría de base para elaborar un Programa Integral de Atención a la Violencia contra las Mujeres.

Esta investigación nos permitirá, además, ubicar la violencia contra las mujeres en el país en un contexto latinoamericano e internacional, así como conocer la correlación entre las acciones legislativas, las políticas públicas y los cambios sociales, lo cual nos permitirá elaborar un mapa de la violencia, la ilegalidad y cómo se expresa en concreto el quiebre del Estado de Derecho por regiones y para toda la nación.

Asimismo, daremos cuenta de los avances en las políticas públicas y en el marco legal, para la prevención de la violencia feminicida contra mujeres y la construcción institucional de los derechos de las mujeres a la seguridad y el acceso a la procuración de justicia, a la atención de las víctimas y la protección de las mujeres que se encuentran en situación de riesgo.

Los resultados de la investigación nos permitirán, sin duda, planear cambios legislativos para armonizar la legislación nacional y estatal con las normas que en materia de protección y tutela de los derechos humanos ha suscrito nuestro país.

La Comisión podrá proponer a las instituciones nacionales y estatales de los tres poderes acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia en nuestro país. La Comisión de Equidad y Género y la Comisión Especial se encuentran en este momento elaborando la iniciativa de Ley que Tutela el Derecho de las Mujeres a una Vida Digna, sin violencia y la reforma constitucional al artículo 73 con el objeto de lograr su aplicabilidad en todo el territorio nacional.

Archivo del feminicidio

Acervo bibliográfico de la Comisión Especial del Feminicidio

En el periodo que abarca este informe, la Comisión Especial reunió un importante acervo documental y bibliográfico formado por libros, documentos, folletos, revistas, CD, fotografías y videos. Actualmente se tiene un registro de 160 materiales y existen 78 documentos que están en proceso de revisión e identificación.

Libros

Existen 47 libros registrados. Por ejemplo, 14 de ellos tratan sobre las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Hay novelas, análisis de instancias como Amnistía Internacional, de organismos de las Naciones Unidas, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del Programa Universitario de Estudios de Género/UNAM y de la Procuraduría General de la República.

En el acervo también hay libros que hablan de la violencia contra las mujeres, como el realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública/SSA que consistió en una Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres.

El Instituto Nacional de las Mujeres publicó Las Acciones para Erradicar la Violencia Intrafamiliar.

Leyes y Convenciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos editó Violencia contra la Mujer en México.

El acervo cuenta con ediciones de libros de algunas entidades de la República, como Oaxaca, Jalisco, Distrito Federal y Guanajuato.

Se cuenta con amplios análisis sobre la aplicación de los instrumentos y recomendaciones internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, recopilados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Asimismo, está el Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém Do Pará, editado por la Organización de Estados Americanos. En el acervo esta la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo (CEDAW), publicado por la Organización de las Naciones Unidas.

Documentos

La Comisión Especial de Feminicidio cuenta con 56 documentos (copias); 32 escritos sobre la desaparición y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua; entre éstos se encuentran compilaciones de informes elaborados por la Comisión Especial del Feminicidio; así como propuestas alternativas para esclarecer el feminicidio de parte del Grupo Multidisciplinario de Estudios y Alternativas; ponencias recopiladas por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG/UNAM) y el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM/Colmex); y la recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Asimismo, se clasificaron los documentos referidos a las acciones emprendidas por la Secretaría de Desarrollo Social en Ciudad Juárez; acuerdo A/003/04 por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua; decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.

También se identificaron documentos de la Procuraduría General de la República sobre programas dirigidos a la erradicación de la violencia contra las mujeres y los referentes al feminicidio; el Instituto Chihuahuense de la Mujer, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, realizaron la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), para conocer y medir los niveles de violencia doméstica y disponer de elementos para combatirla.

Existen estudios como la Violencia contra las mujeres, un factor de dominación en las estructuras sociales, elaborado por Alicia Pérez Duarte.

Además, el acervo cuenta con análisis de instancias internacionales como el Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la ONU, sobre la Misión en Ciudad Juárez; la Organización Panamericana de la Salud. Unidad de Género y Salud, que analiza el modelo de leyes y políticas sobre Violencia Intrafamiliar contra las mujeres.

En el ámbito estatal, existe un análisis estadístico del Delito de Homicidio Cometido en Contra de Mujeres, elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

Folletos, videos, CD, dossier.....

Se tiene un registro de 47 materiales, la mayoría se refieren al feminicidio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Hay dos dossier titulados Feminicidio Ciudad Juárez, uno de ellos contiene, entre otros, un informe llamado Muertes intolerables (Amnistía Internacional/Irene Khan Zubaida; informe de Marta Altolaguirre, relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); informes de los Relatores Especiales de la ONU, Asma Jahangir y Dato?Param Coomaraswamy.

De los cincos videos, cuatro tratan el tema de Ciudad Juárez. La batalla de las cruces. Una década de impunidad y violencia contra las mujeres, fue elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); la Red Informativa elaboró Feminicidio; la serie "Tan infinito como el desierto" tiene la manufactura de TV Azteca; Existe un material sobre la instalación de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.

Respecto a discos compactos, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos elaboró el Modelo de Intervenciones frente al Feminicidio en Ciudad Juárez; La Comisión Especial para dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en torno al Caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez elaboró un material titulado "La violencia contra las mujeres. Mujeres: normatividad y análisis".

Existen cuadernillos que contienen testimonios de madres, leídos ante el Relator del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. También está el Primer Tribunal de la Conciencia sobre la Violencia y Discriminación hacia las mujeres, realizado por Organizaciones No gubernamentales.

El acervo cuenta, entre otros materiales, con los tres informes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua.

Anexo

Informes institucionales y de organizaciones nacionales e internacionales

Las recomendaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales son de particular importancia en el proceso para dar solución a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Éstas no sólo han obligado al Estado mexicano a crear instancias gubernamentales que se ocupen específicamente del caso, sino también que se hayan incluido y puesto en funcionamiento acciones recomendadas por ellas en los programas de dichas instancias como en los de todas aquellas que de alguna u otra manera están implicadas, lo cual responde a la necesidad de la integralidad en la solución del problema.

Esta Comisión Especial ha hecho de las recomendaciones nacionales e internacionales su guía de pensamiento y acción.

La intervención por parte de los organismos nacionales e internacionales en el caso de Ciudad Juárez, se dio a finales de 1997, desde esa fecha hasta hoy día diversos organismos se han proclamado porque se dé solución a los homicidios de mujeres y se erradique la violencia de género.

El 1 de diciembre de 1997, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió la queja presentada por la diputada Alma Angélica Vucovich Seele, mediante la cual narró 36 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, comprendidos en el periodo de junio a diciembre de 1996 y durante 1997.

El documento que presentó la diputada Vucovich ante dicho organismo, siendo presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados en la LVII Legislatura, tuvo su fundamento en la petición que le hiciera la Coordinadora de Organismos no Gubernamentales en pro de la Mujer, de Ciudad Juárez, solicitando su apoyo e intervención.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida en ese entonces por la Sra. Mirelle Roccatti, intervino y del resultado de su intervención dio el 15 de mayo de 1998 la Recomendación Núm. 44/98 Caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y sobre la falta de colaboración de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. En dicha recomendación la CNDH instó a los gobiernos estatal y local se investigara y determinaran procedimientos de responsabilidades públicas en contra de funcionarios públicos implicados en el caso que hubieran incurrido en omisiones.

Los homicidios continuaron, así como la impunidad para sus responsables, por ello en 1998 la Relatora Sra. Asma Jahangir de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recibió una cantidad considerable de información de fuentes tanto gubernamentales como no gubernamentales sobre una serie de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Debido a lo anterior, la Relatora solicitó una visita de trabajo al gobierno mexicano, misma que tuvo lugar del 12 al 14 de julio de 1998. El 25 de noviembre de 1999, la Relatora dio su informe relativo a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el cual los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez ocuparon un inciso.

La Relatora Jahangir, habida cuenta de la especial naturaleza de los delitos consideró que los homicidios de mujeres no se encuadraban estrictamente en el ámbito de su mandato relacionado con las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, poniéndolos en conocimiento de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.

El 24 de enero de 2002, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados, Dato Param Coomaraswamy presentó su informe sobre la visita que realizó a México del 13 al 23 de mayo de 2001 luego de recibir informaciones alarmantes acerca del Estado de derecho, la administración de justicia y, en particular, la independencia del poder judicial en México. En su informe tocó brevemente el problema sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

La visita a México por parte de la Relatora Especial para Derechos de la Mujer de la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo como antecedentes una serie de comunicaciones dirigidas a ésta a fines de 2001, suscritas por cientos de organizaciones y personas que señalaron que más de 200 mujeres habían sido brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez a partir de 1993, protestaban contra la ineficacia de los servicios de seguridad pública, y solicitaban su visita a México para examinar la situación. Otro de los antecedentes fue la visita del C. Juan Méndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Ciudad Juárez el 27 de julio de 2002 para recabar información para la Relatoría de Migración, quien en esa ocasión recibió información de organizaciones civiles sobre el hecho de que gran parte de las mujeres asesinadas y desaparecidas en esa entidad provenían de estados del centro de la República.

En febrero de 2002 la Relatora Especial para Derechos de la Mujer, Señora Martha Altolaguirre, acudió a Ciudad Juárez, Chihuahua para documentar las violaciones contra los derechos de las mujeres. En marzo del 2003 presentó su informe Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a no ser Objeto de violencia y Discriminación, en el cual señaló la falta de la debida diligencia en la realización de las investigaciones en torno a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, así como la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el diseño y aplicación de políticas públicas.

En marzo de 2003, Amnistía Internacional presentó su informe Muertes Intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el cual mencionó, entre otras cosas, la necesidad de fortalecer el marco legal para hacer efectiva la figura de la coadyuvancia.

Asimismo, en noviembre de 2003, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó un Informe Especial sobre los casos de homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, en el cual no hizo recomendaciones sino propuestas. Entre otras cosas la CNDH proponía al gobierno Federal la designación de un Fiscal Especial para la investigación de dichos homicidios, así como la elaboración de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

En ese mes, también la Comisión de Expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) rindió su informe sobre su Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El jefe de la misión fue Edgardo Buscaglia funcionario de la ONUDD.

La Comisión de expertos destacó que las fallas en la investigación de algunos de los homicidios obedecían a tres aspectos fundamentales: la deficiente o inexistente coordinación interinstitucional entre los organismos de inteligencia, de investigación, de procuración de justicia y de impartición de justicia; la falta de capacidad de control interno y externo del poder judicial para evitar los abusos de discrecionalidad sustantivos y procesales; y las fallas de dotación y capacitación de recursos humanos en las áreas técnico-investigativas.

En diciembre de 2003, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a través del Alto Comisionado Anders Kompass, presentó un Diagnóstico sobre los derechos humanos en México, en el que se recomendó la promoción y establecimiento de programas, instituciones y servicios para prevenir, atender y eliminar la violencia sistémica de género en todo el territorio nacional.

El 18 de febrero de 2004, 54 miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hicieron una moción para una recomendación sobre la desaparición y asesinato de un gran número de mujeres y niñas en México, la cual afirma que debido a que no se han alcanzado resultados tangibles en el caso, a pesar de las buenas intenciones del gobierno mexicano y de las recomendaciones de Organismos no Gubernamentales y las organizaciones internacionales, la Asamblea debía invitar al Comité de Ministros a transmitir al gobierno de México, en tanto que Estado observador en el Consejo de Europa, su preocupación sobre la situación, la necesidad de cumplir con las normas internacionales en relación con los derechos de las mujeres, la necesidad imperativa de asegurar procedimientos adecuados de investigación, como también la obligación de asegurar la compensación de daños y otorgar protección y asistencia a las víctimas y sus familias.

Para dicha tarea nombró como Relatora a la Sra. Vermot Magol, quien visitó México del 9 al 13 de agosto de 2004. En su informe presentado ante la Asamblea Legislativa del Consejo de Europa consideró deber del Consejo dar no sólo recomendaciones sino asistencia al Congreso y al gobierno mexicano, asimismo señaló que a las familias de las víctimas se les debe otorgar ayuda eficaz y coordinada, preferentemente por parte de un organismo. El tipo y cantidad de ayuda no deben depender de aspectos particulares del crimen (por ejemplo, si el crimen implicó abuso sexual). Su informe final aún está por darse a conocer.

Finalmente, luego de que en 1999 la Relatora Asma Jahangir hubiera puesto del conocimiento de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer sus Causas y Consecuencias de la Organización de las Naciones Unidas, actualmente Yakin Ertürk, ésta visitó México del 20 al 26 de febrero de 2005. Su informe oficial aún está por darse a conocer.

Recomendaciones

1) Recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Después de analizar 24 expedientes de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el 15 de mayo de 1998 la CNDH emitió esta recomendación donde exhortó al gobierno del estado de Chihuahua a investigar eficientemente los hechos y solicitó al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) un estudio para conocer la problemática de seguridad pública en el estado de Chihuahua. Se detallan las irregularidades en las investigaciones y las averiguaciones previas, la responsabilidad de las autoridades. Se hacen especificaciones para esclarecer los hechos y para emprender acciones de prevención de los actos de violencia contra las mujeres.

En cuanto a la procuración de justicia, la CNDH recomienda la colaboración de los tres niveles de gobierno "...se realicen los convenios de colaboración? con las diversas Procuradurías del país y otros cuerpos policiales, para que se integre un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional que se aboque a la investigación exhaustiva de los casos de homicidios y violaciones..."; sobre el deslinde y aceptación de responsabilidades recomienda a las autoridades competentes: "...ordenar que se inicie y determine un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de: Lic. Luis Raúl Valenzuela C. Jefe de Enlace en la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, el Subprocurador General de Justicia de la Zona Norte, en Ciudad Juárez; el Coordinador Regional y la Jefa de Averiguaciones Previas y entonces Coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales contra la Familia y Personas Desaparecidas, todos adscritos a la misma Subprocuraduría; así como agentes del Ministerio Público, personal del Área de Servicios Periciales y Policía Judicial que han intervenido en la integración de las averiguaciones previas y por las omisiones en que hayan incurrido".

En materia de prevención recomendó "se establezca a la brevedad un programa estatal de seguridad pública que identifique en aquellos municipios con mayor incidencia delictiva, como Ciudad Juárez, una adecuada y eficiente coordinación entre las áreas de seguridad pública estatal y municipal". Asimismo, establecer programas de inversión pública con participaciones federales, así como recursos estatales y municipales que fortalezcan las áreas de seguridad pública y procuración de justicia en la entidad. Los programas recomendados deberán incluir infraestructura, una permanente y adecuada capacitación a los cuerpos policíacos, equipamiento, procesos de selección, etcétera.

2) La relatora de ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de Naciones Unidas, Asma Jahangir, en el informe de su visita a México en 1998, señaló: "que la no actuación del gobierno para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos por su sexo, ha generado una situación de inseguridad en la mayoría de las mujeres que viven en Ciudad Juárez. Esto ha ocasionado que indirectamente se proteja a los perpetradores de los crímenes y que éstos gocen de impunidad. Los asesinatos en Ciudad Juárez constituyen un típico caso de crímenes basados en el género que se sostienen en la impunidad. El comportamiento arrogante y la obvia indiferencia mostrada por algunas autoridades sugiere que los crímenes no fueron investigados deliberadamente por tratarse de víctimas del sexo femenino, mujeres sin un estatus social particular y por lo tanto podían ser utilizadas y ultrajadas. Es de hacer notar que una gran cantidad de tiempo e información importante sobre el caso se ha perdido debido a los retrasos y las irregularidades que se presentan".¹ Al observar la especial naturaleza de estos delitos, la Relatora Asma Jahangir hizo del conocimiento a la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer para que investigara sobre estos hechos. La Relatora Asma Jahangir fue la primera representante de un organismo internacional que se pronunció sobre la situación de violencia contra las mujeres en el municipio de Juárez.

3) El Relator de la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Señor Dato Param Cumaraswamy, visitó nuestro país en mayo de 2001, dio a conocer su preocupación por los asesinatos en Ciudad Juárez y la ineficacia, imparcialidad y negligencia con la que estaban actuando las autoridades en torno a estos casos.

4) Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, marzo de 2003).

Antecedentes:

El C.Juan Méndez, presidente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en Ciudad Juárez el 27 de julio de 2002 para recabar información para la Relatoría de Migración. En esa ocasión recibió información de organizaciones civiles sobre el hecho de que gran parte de las mujeres asesinadas y desaparecidas provenían de estados del centro de la República, que eran migrantes en busca de una vida mejor.

En 2003 la Relatora Especial para Derechos de la Mujer, Señora Martha Altolaguirre, acudió a Ciudad Juárez, Chihuahua para documentar las violaciones contra los derechos de las mujeres.

Las referencias de ambos relatores sirvieron para el Informe de la Comisión Interamericana, que hace recomendaciones generales al gobierno mexicano entre las que se encuentran:

Incluir la participación y la colaboración de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- para enfrentar los asesinatos y otras modalidades de violencia basada en el género; hacer esfuerzos para comprender la manera en la que las distintas formas de violencia contra la mujer se relacionan y refuerzan recíprocamente; incorporar la perspectiva de género en el diseño y la aplicación de la política pública; reforzar la capacidad institucional y los procedimientos tendientes a responder a los delitos de violencia contra las mujeres; elaborar y aplicar un plan de acción referente a las denuncias pendientes sobre desaparición de mujeres, para asegurar que se estén examinando todas las posibilidades razonables de investigación, y para cruzar los datos relacionados a desapariciones con los referentes a homicidios, a fin de identificar posibles conexiones o modalidades; garantizar un pronto acceso a medidas especiales de protección de la integridad física y psicológica de las mujeres objeto de amenazas de violencia; y garantizar la eficacia de tales medidas.

5) Amnistía Internacional (AI) "Muertes Intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua", 11 agosto de 2003.

El informe proporciona un análisis sobre la falta de diligencia debida del Estado para prevenir, investigar y sancionar los crímenes de mujeres y menciona los compromisos contraídos por el Estado Mexicano al suscribir las normas internacionales de derechos humanos. Señala que el patrón de asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, no sólo ha implicado violaciones al derecho a la vida y a la seguridad física de las víctimas, sino que atenta contra los derechos de todas las mujeres de la comunidad, sobre todo de las más jóvenes y pobres. La constante amenaza de violencia ha afectado su libertad de movimiento, su derecho a trabajar en condiciones seguras y su derecho a la salud.

Amnistía Internacional concluyó que las autoridades han fallado en su deber de actuar con debida diligencia en las cuatro áreas que impone el derecho internacional: la investigación de los crímenes, la sanción de los responsables, la reparación del daño a las víctimas y la prevención de los crímenes al evaluar, en el marco de las normas internaciones aplicables, la respuesta de las autoridades mexicanas al patrón de asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua.

6) Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, noviembre de 2003.

Este informe ratifica la voz de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) sobre "la intolerable carga de negligencia, desatención, omisiones e incluso discriminación y engaños, que ha caracterizado la conducta de muchos agentes de la autoridad responsables de investigar y esclarecer los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez". Señala de manera enfática que no fue factible ubicar un solo caso en donde se hubiese considerado a sujeto alguno como responsable de la desaparición de mujeres.

La CNDH acreditó que hay discriminación en las investigaciones de los asesinatos de mujeres, y que los gobiernos federal, estatal y municipal pretenden minimizar el fenómeno de los crímenes de niñas, jóvenes y adultas.

Sostiene que las cifras y los resultados de las investigaciones, tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría General de Justicia del Estado, son distintas. Resaltó que al solicitar copia certificada de la totalidad de los expedientes, la CNDH "fue informada, a través de una declaración de personal de la Fiscalía, que los expedientes se encuentran dispersos en múltiples bodegas y por ello es difícil encontrarlos, además de que cuando se inauguró el edificio de la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte el antiguo edificio albergaba los archivos y muchos indigentes empezaron a introducirse y en época de invierno se les hizo fácil quemar algunas cosas, provocando un incendio que alcanzó el archivo, por lo cual algunos documentos va a ser imposible obtenerlos......

La CNDH propuso se designara otra persona para la fiscalía especial en la investigación de los homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua; la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas; replantear la Fiscalía Mixta y la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, que depende de la Procuraduría Estatal; apoyo y colaboración de las autoridades estatales y municipales en la investigación; cooperación con autoridades de los Estados Unidos de América en materia de investigación, deslindar las posibles responsabilidades de las autoridades que intervinieron en las investigaciones; revisar la posibilidad de reparar el daño a los familiares de las víctimas de homicidio y desapariciones en el municipio de Juárez, Chihuahua.

7) Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, Alto Comisionado, ONU, diciembre de 2003.

En un diagnóstico general sobre la situación de los derechos humanos en México, considera que lo que ocurre en Ciudad Juárez es un caso de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres con impunidad. Propone algunas modificaciones a la operación del Ministerio Público para lograr que los familiares de las víctimas aceleren la etapa de la averiguación previa a través de un recurso adecuado y efectivo que sirva para subsanar las diligencias mal realizadas.

Recomendó al Estado mexicano complementar el párrafo cuarto del Artículo 21 constitucional para incluir, dentro del control jurisdiccional sobre el Ministerio Público, además de las resoluciones sobre el desistimiento y el no ejercicio de la acción penal, todas aquellas que impliquen abandono o negligencia en la función persecutoria del delito.² Propuso una profunda transformación en el sistema de justicia, que garantice el Estado de derecho en todos los órdenes, que comprenda el reconocimiento del derecho de las víctimas y el abandono del modelo de enjuiciamiento penal inquisitorio.

Consideró necesario que el gobierno publique periódicamente los avances en el cumplimiento de las recomendaciones hechas por organizaciones y organismos nacionales e internacionales.

8) Informe de México producido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer bajo el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del gobierno de México.

El 27 de enero de 2005, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) presentó su informe sobre la investigación que realizó bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre México.

De conformidad con lo dispuesto en dicho artículo, "si el Comité recibe información fidedigna que a su juicio revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, éste invitará al Estado Parte a colaborar en el examen de la información y a tal fin a presentar observaciones sobre la información recibida. Posteriormente, el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros realice una investigación y presente con carácter urgente un informe al Comité".

En relación con lo anterior, cabe señalar que el 2 de octubre de 2002, el Comité recibió una carta en que las organizaciones no gubernamentales, "Equality Now" y Casa Amiga, le pidieron instruyera una investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención en relación con los incidentes de secuestro, violación y asesinato de mujeres en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Después de una ardua investigación que incluyó la solicitud de información al gobierno mexicano, así como una visita al país por parte de dos expertas, las señoras Ferrer y Tavares, realizada del 18 al 23 de octubre de 2003, para encontrarse con las autoridades mexicanas y con las madres de la víctimas, el Comité concluyó que: "Considerando la información obtenida por las expertas durante su visita al territorio del Estado Parte, el Comité constata que los hechos alegados y presentados en las comunicaciones iniciales y adicionales por "Equality Now" y Casa Amiga, en asociación con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, constituyen graves y sistemáticas violaciones de lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en conjunto con la Recomendación Núm. 19 del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Declaración sobre Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas".

"La repetición y semejanza de los métodos de asesinato y desapariciones practicadas en Ciudad Juárez desde hace 10 años con los que ocurren desde hace pocos años en la ciudad de Chihuahua, y aparentemente en otros sitios de México, representa una prueba más de que no se trata de una situación excepcional, aunque muy grave, ...sino de situaciones de violaciones sistemáticas de los derechos de la mujer fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género y, por lo tanto, en la impunidad".

Entre otras cosas el Comité recomendó al Gobierno mexicano:

9) Misión de Expertos

La incapacidad relativa del Estado para resolver los homicidios de manera adecuada llevó a la Comisión de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas -Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- a visitar Ciudad Juárez y realizar un informe sobre el problema.¹

La Comisión estuvo compuesta por Edgardo Buscaglia, Carlos Castresana, Carlos Franco Rodríguez, Stefano Fumarulo, Stanley Pimentel y Cesar Prieto. Se abocó a identificar los factores que han incidido en la relativa falta de capacidad del Gobierno Estatal de Chihuahua para resolver adecuadamente los casos de homicidios dolosos perpetrados contra mujeres en Ciudad Juárez.

Su diagnóstico, recomendaciones, y conclusiones tienen fundamento en el examen de expedientes judiciales y material investigativo relacionado con las causas por homicidios dolosos de mujeres en Ciudad Juárez durante el periodo 1993-2003.

El informe cubre un área no abarcada anteriormente al analizar técnicamente la investigación, impulso, y procesamiento de causas a través del examen de los expedientes judiciales correspondientes a todos los casos pendientes y resueltos de homicidios dolosos.

Respecto al traslado de causas penales a otros juzgados, la Comisión de expertos señaló que "es preferible que las causas se tramiten en Ciudad Juárez. En su caso, la decisión de acordar el traslado debe producirse por causas objetivas, graves y justificadas, en resolución motivada, susceptible de recurso, y previa audiencia de todos los interesados, incluidas las víctimas y los causahabientes de las víctimas. Una vez acordado el traslado, la asignación del procedimiento a otro Juez debe realizarse mediante sorteo aleatorio verificable.

Debe procurarse el acceso pleno de los familiares de las víctimas al proceso, su reconocimiento legal como partes procesales civiles legitimadas para actuar, ejercer acciones e interponer recursos.

Si es preciso, debe destinarse un área del centro penitenciario de Ciudad Juárez a los internos que requieran un régimen de máxima seguridad".

También recomendó la exigencia estricta del cumplimiento de los plazos legales de instrucción, juicio y sentencia. Señaló que deben establecerse plazos máximos improrrogables de prisión preventiva. Debe extremarse la exigencia de responsabilidades administrativas, y en su caso, penales, a los funcionarios culpables por dolo o negligencia, de dilaciones indebidas.

Asimismo, la separación absoluta de las funciones instructora y juzgadora. El Juez que ha dirigido la Instrucción debe abstenerse luego de dictar el Auto en el que da ésa por concluida. Ante las denuncias de tortura contra los inculpados, la Comisión de Expertos recomendó, la investigación exhaustiva de las denuncias de torturas y malos tratos de los detenidos. Señaló que "Se debe exigir responsabilidades a los Jueces, Fiscales, Médicos y Abogados que hayan incurrido en incumplimiento grave de sus deberes legales". Se debe dar aplicación a las disposiciones del Protocolo de Estambul y arbitrar un control por el Colegio de Abogados de la actuación de los defensores públicos y por el Colegio de Médicos de la de los médicos legistas".

Sobre el abuso de discrecionalidad en la valoración de la prueba, recomendó ".... encomendar el enjuiciamiento de las Causas penales por delitos graves a tribunales colegiados. La valoración conjunta de la prueba por un grupo de jueces, y no por uno solo". Atender y aplicar en lo posible las recomendaciones contenidas en el Informe formulado en 1998 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Una de las recomendaciones más importantes de la Comisión de Expertos es la referente a la tipicidad penal. El informe de la Comisión de Expertos señala que "Casi todas las investigaciones han sido iniciadas bajo la tipicidad penal de los delitos de homicidio (artículos 194 y 195 Bis del Código Penal), y/o, además, de violación (artículo 239). Se percibe la falta de tipificación inicial de las conductas como homicidio calificado (194 Ter y 210 del CP) a pesar de que la mayoría de los homicidios lo son sin duda alguna, por concurrir, entre otras, las circunstancias de alevosía, brutal ferocidad, tormento de la ofendida, asfixia, o motivos depravados".

La Comisión de Expertos recomienda "?corregir la tipicidad asignada a los hechos en las investigaciones en curso para adecuarla a la realidad y modus operandi de éstos".

Resulta igualmente inadecuado que delitos tales como amenazas, coacciones, estupro, abusos sexuales, hostigamiento sexual o rapto, sólo sean perseguibles a instancia de parte (Art. 112 del Código de Procedimientos Penales)

Por ello, debe considerarse la tipificación de todas o de la mayor parte de las conductas mencionadas como delitos plenamente públicos y perseguibles de oficio.

Respecto de la violencia de género, la Comisión de Expertos señaló que este fenómeno "?debe ser abordado como un problema en su conjunto. A tal efecto, la Fiscalía Especial debería asumir la competencia de todos los delitos de género, y no sólo de los homicidios".

Nota:
1. Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, noviembre de 2003.