El suscrito diputado federal, Roberto Antonio Marrufo Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LIX Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua -CNA-, para que realice la investigación correspondiente para determinar las causas de la muerte de miles de peces en el Lago de Chapala, e informe acerca de las acciones a implementar para frenar y revertir el daño ocasionado.
Exposición de Motivos
El lago de Chapala, esta considerado el embalse natural de mayor extensión en nuestro país. Forma parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico y se localiza en la región occidental de México entre los estados de Jalisco y Michoacán.
La cuenca local del lago esta conformada por los municipios de Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Jocotepec, Tuxcueca, Tizapán, del estado de Jalisco y Cojumatlán de Régules, Venustiano Carranza y Briseñas del estado de Michoacán, aunque desde el punto de vista económico y de la actividad pesquera, éstos podrán ampliarse al municipio jalisciense de La Barca y a los michoacanos de Cabinda, Jiquilpan, La Piedad, Sahuayo, Tangamandapio y Villamar.
Chapala es un lago somero donde los vientos y la evaporación tienen un papel importante, sus pocos afluentes son mermados aguas arriba. Este lago ha sufrido también la mutilación parcial de su extensión en lo que fue su ciénaga. La fuente principal de contaminación es el río Lerma que discurre por urbes medias y grandes, ricas regiones agrícolas y pecuarias e importantes centros industriales. Algunas poblaciones ribereñas y la agricultura de la ciénaga también contribuyen a su deterioro al verter sus aguas residuales en el lago.
Las variaciones en los patrones de flujo del río Lerma han dado como resultado un desequilibrio en el balance hidrológico de la cuenca directa del lago de Chapala, poniendo en riesgo tanto la condición ecológica del lago como la situación económica y social de su región de influencia.
El lago de Chapala ha ido disminuyendo rápidamente el volumen del agua en las últimas décadas debido principalmente a dos factores 1) El cada vez más disminuido aporte del río Lerma; y 2) el uso intensivo del agua del lago por agricultores y comunidades circundantes y por el abastecimiento doméstico e industrial y de servicios de la ciudad de Guadalajara.
El deterioro del lago, es un caso anunciado, se debe según los expertos en la materia, por el mal manejo de la cuenca. Las causas tiene que ver con la erosión agrícola, el lago recibe aproximadamente 930 mil toneladas de sedimentación al año, sus aguas son de mala calidad, ha perdido varias especies nativas de peces. Los efectos ambientales son y serán más graves en toda la región por falta de agua, pérdida de humedad, aumento de la temperatura y destrucción de la riqueza acuática en general.
Siendo la pesca una actividad ancestral, de la cual actualmente dependen muchas familias, esta se ha visto amenazada principalmente por las siguientes variables, el nivel del agua, así como por la calidad de la misma; la falta de tratamiento de las descargas tanto urbanas, agrícolas e industriales que presentan grandes riesgos para esta actividad y la proliferación del lirio acuático.
Asimismo, la introducción de nuevas especies de peces, ha provocado de manera radical la disminución progresiva de las especies nativas del lago.
Lo sucedido en días recientes es muestra grave del conflicto ambiental que presenta la región y sobre la cual, hasta hoy, no se ha actuado de manera responsable.
El 10 de marzo de 2005. Cientos de peces muertos yacen en su rivera, entre el lirio apretado que apenas si deja ver el agua, algunos peces tratan de moverse, finalmente se asfixian y mueren.
Son capturados por los lugareños para consumirlos en sus hogares o quizá para venderlos.
Este caso no es el primero, existen otros antecedentes, por ejemplo el de Bellavista, donde murieron una gran cantidad de peces (más de 60 toneladas), en ese entonces se argumentó que por descargas contaminadas.
Si bien es cierto que el suceso, del 10 de marzo, fue motivo de alarma, las causas no están claras, unos dicen que el deceso se debió a la entrada de agua contaminada, mientras otros aseguran que a la infesta del lirio.
Por eso desde esta tribuna se exige a las autoridades responsables que lo esclarezcan y que actúen de manera expedita y asertiva.
En este contexto, se requiere que el agua que ingrese al lago de Chapala debe estar determinada por los indicadores de calidad que de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, se señalan para uso humano.
Asimismo promover y fomentar la implementación de técnicas de tratamiento de agua de baja inversión y de bajo costo de mantenimiento.
Con esta perspectiva, la autoridad responsable deberá de poner en funcionamiento las plantas de tratamiento existentes, cumplir con el compromiso de construir otras y actualizar la tecnología de estas de acuerdo a los contaminantes y volúmenes a tratar.
En este sentido, abatir la crisis del agua que enfrenta la micro región del lago de Chapala es de vital importancia para su desarrollo sustentable y sostenible.
La proliferación del lirio acuático (Eichhornia crassipes) en el lago de Chapala es mayúsculo, aproximadamente cubre una superficie de 7 mil hectáreas, lo cual provoca la evapontransporación de un millón de metros cúbicos de agua, situación que agrava el manejo y cuidado del recurso hídrico.
Con la infesta de esta planta se disminuye la capacidad de intercambio de oxígeno entre la interfase aire-agua evitando la transferencia de oxígeno y la penetración de luz al agua. Al morir se depositan en el fondo produciendo condiciones anaerobias, e interfieren con las funciones de los organismos bentónicos.
El lirio acuático disminuye la capacidad de los vasos de almacenamiento por la contribución de azolves e incrementa los costos de dragado. Favorece la proliferación de mosquitos y otras plagas transmisoras de enfermedades.
Cuando la planta acuática pasa a ser una maleza o plaga, las condiciones del cuerpo de agua están en desequilibrio ecológico y aparecen perturbaciones de diferentes tipos.
Cabe destacar que la proliferación del lirio acuático responde a las condiciones de calidad del agua, ya que las descargas industriales, al no ser tratadas de manera adecuada, hacen la función de proporcionar nutrientes al lirio y en consecuencia aceleran su reproducción.
Por otra parte, aunque el lirio acuático sirve a los peces para el desove, y la alimentación, este se torna en problema cuando su producción se incrementa, lo que viene a trastocar la ya depauperada actividad pesquera.
Por ello, es urgente buscar alternativas para su manejo, ya sea como alimento para ganado, para procesos industriales, u otros usos, por lo que será necesario realizar proyectos modélicos para investigar los aspectos y efectos socioeconómicos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Exhortar a la Comisión Nacional del Agua -CNA-, para que realice la investigación correspondiente para determinar las causas de la muerte de miles de peces en el lago de Chapala, e informe acerca de las acciones a implementar para frenar y revertir el daño ocasionado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo de dos mil cinco.
Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE INTEGRE EL GRUPO DE AMISTAD CON LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS FLORES RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos diputados, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de los Grupos de Amistad, a que integre y ponga a consideración del Pleno, el Grupo de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, con base en las siguientes
Consideraciones
A partir de 1979 México mantiene relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), contando con una representación en la Ciudad de México, encabezada por el ministro Ahmed Mulay Alin. Asimismo, más de ochenta Estados del mundo reconocen oficialmente a la RASD y un centenar de países mantienen relaciones políticas con ella a través de su reconocimiento al Frente Polisario.
La RASD fue aceptada en noviembre de 1984 como miembro pleno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y el 14 de noviembre de 1985 el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas reconoció los derechos a la autodeterminación del pueblo saharaui.
La RASD se ubica en el extremo oeste del continente africano y del desierto del Sahara Occidental, una región de casi 270.000 kilómetros cuadrados.
Esta zona, cubierta de arena, es, paradójicamente, una de las zonas más ricas del planeta ya que de acuerdo con el Banco Mundial cuenta en sus aguas con el banco pesquero más importante del mundo y con reservas de fosfatos calculadas en 10.000 millones de toneladas. En esta parte se localiza la República Árabe Saharaui Democrática.
Su historia inicia entre los siglos V y VII con la presencia de los moros, tuaregs y tubus, como resultado de las migraciones que generó la desecación milenaria de la zona y que dieron paso a la primera confederación de pueblos con base saharaui.
Su historia política se inicia con el colonialismo europeo y ha sido determinada esencialmente por España y Francia como potencias coloniales y posteriormente, Marruecos como nación dominante en la región.
La formalización del dominio español en la región se concretó en la Conferencia de Berlín de 1884-1885 en la que los europeos se repartieron zonas de control y dominio en el continente africano.
Sin embargo, la importancia geoeconómica de la región provocó conflictos entre España y Francia, país que controlaba el actual Marruecos, estableciéndose un acuerdo de fronteras y distribución de intereses en 1904.
Durante la década de los 50 y 60, unos setenta países asiáticos y africanos consiguieron su independencia y en 1956 Francia la concede a Marruecos, con lo que se configuró el escenario geopolítico de la zona.
En 1963 el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas incluía el Sahara Occidental en la relación preliminar de regiones del mundo a las que se debía aplicar la Declaración sobre concesión de independencia a países y territorios coloniales.
En 1965 la ONU proclamó el derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui e instó a España a que agilizara su descolonización.
La larga tradición de lucha y la maduración de la conciencia nacional del pueblo saharaui favorecida por la opresión colonialista y por el ejemplo de las luchas por la independencia en África, dan lugar al nacimiento en 1968 del Movimiento Nacional de Liberación Saharaui. En 1973 se crea el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro, mejor conocido como Frente Polisario.
Los años de lucha en todos los planos, militar, popular, político y diplomático pusieron al orden colonial fuera de combate, obligando a España a la retirada en febrero de 1976, y la proclamación por el pueblo saharaui de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Sin embargo, la salida del colonialismo no había supuesto el fin de la lucha del pueblo saharaui. Antes de abandonar la zona, España vende el territorio a Marruecos y su aliado mauritanio de entonces, por medio del famoso Acuerdo Tripartito de Madrid de noviembre de 1975.
Tras de su determinación a ser libre e independiente proclamando el nacimiento de su Estado, el pueblo saharaui firmó la paz con Mauritania y prosigue su lucha por todos los medios contra la ocupación marroquí, a la vez que edifica y consolida las bases e instituciones sociales y políticas de la RASD.
El sistema de gobierno lo encabeza el Congreso Popular General como la máxima instancia de decisión en la RASD por cuanto representa las opciones nacionales del pueblo saharaui, designa a la Dirección Política del Estado y confecciona y aprueba el programa de acción nacional en sus vertientes táctica y estratégica.
El Congreso Popular General se reúne cada tres años con la participación de los responsables de las más altas magistraturas y los delegados de los Comités Populares de Base y de la organización política.
El Gobierno Saharaui está compuesto de un Primer Ministro (encargado de la información y cultura), Ministros (Defensa, Enseñanza y Educación, Asuntos Exteriores, Interior y Justicia) y Secretarios de Ministerios (Sanidad, Comercio, y de la Presidencia). Representa el poder ejecutivo del Estado Saharaui.
El Consejo Nacional es el máximo órgano legislativo. Está compuesto por 21 miembros designados por el Congreso Popular General y de los representantes de cada daira elegidos directamente en los Congresos Populares de Base.
El conjunto del funcionamiento del mecanismo estatal saharaui está regido por la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática.
En el seno de la OUA como en la ONU y el Movimiento de Países No Alineados, la RASD está consagrada en tanto realidad nacional que expresa las aspiraciones legítimas del pueblo del Sahara Occidental, es decir, como resultado del ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Las resoluciones de la OUA no cesan de reiterar su apoyo a la causa de la RASD y ha formulado las vías de solución justa, pacífica y definitiva del conflicto saharaui-marroquí mediante la resolución adoptada unánimemente por la XIX cumbre de Adis-Abeba en la que llama a las dos partes del conflicto a emprender negociaciones directas para poner fin a la guerra.
La Asamblea General de la ONU no ha cesado, por su parte, de reiterar año tras año desde 1966, su apoyo a los derechos nacionales del pueblo saharaui a la independencia y a la autodeterminación.
Asimismo, la ONU ha reconocido al Frente Polisario como portavoz único del pueblo del Sahara Occidental y considera legítima la lucha de la RASD por su soberanía nacional e integridad territorial a través de sus reiteradas exigencias a Marruecos para que retire sus tropas de ocupación del Sahara Occidental.
Forjada en plena guerra de liberación nacional, la República Saharaui es actualmente una realidad internacional incontestable. La notoriedad mundial de que goza la debe ha una diplomacia que ha demostrado estar a la altura de traducir y reflejar sobre el plano internacional este hecho político, social, humano, geográfico, histórico e institucional que hoy es la RASD.
La opinión pública internacional y los gobiernos de todo el mundo reconocen hoy la justeza de esa lucha y la legitimidad de las reivindicaciones nacionales del pueblo saharaui de una manera cabal y definitiva.
La RASD, que ilustra la esencia de la causa saharaui, cuenta con una audiencia y un prestigio cada vez más amplios tanto a nivel de los estados, formaciones políticas e instancias internacionales. Es de mencionar que varios parlamentos han creado grupos de amistad con la RASD, incluyendo América Latina.
Por lo anteriormente expuesto, y con base al numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración de los Grupos de Amistad, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que integre el Grupo de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los dieciséis días del mes de marzo de 2005.
Diputados: Carlos Flores Rico, Carlos Jiménez
Macías, Homero Díaz Rodríguez, Cristina Portillo Ayala,
Arturo Robles Aguilar, Gustavo de Unanue Aguirre, Rosalina Mazari Espín,
Jaime Moreno Garavilla, Pedro Ávila Nevárez, Jaime Fernández
Saracho, Rosario Sáenz López, Armando Leyson Castro, Federico
Madrazo Rojas, Rómulo Salazar Macías, Irma Guadalupe Moreno
Ovalles, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Francisco Javier Carrillo
Soberón, Miguelángel García-Domínguez, Benjamín
Sagahón Medina, José Luis Medina Lizalde, Jorge Martínez
Ramos, Eliana García Laguna, Sami David David, Rodrigo I. Cortés
Jiménez, Rafael Galindo Jaime (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL HACER LLEGAR A SU HOMÓLOGO DE ESTADOS UNIDOS LA PROPUESTA MIGRATORIA 10-2 O 5-1, QUE PERMITA EL TRABAJO TEMPORAL DE MEXICANOS EN ESE PAÍS Y EVITAR CON ELLO LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO PEDRAZA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que haga llegar a su homólogo norteamericano la propuesta migratoria 10-2 o 5-1, 5-1 que permita el trabajo temporal de mexicanos en la Unión Americana y que evite la desintegración familiar en México, con base en los siguientes
Considerandos
1. Actualmente, según cifras que, hasta la fecha, ha dado a conocer el Consejo Nacional de Población (Conapo), aproximadamente cuatrocientos mil mexicanos cruzan la frontera con los Estados Unidos de América en busca de mejores oportunidades de desarrollo. Esto, pese a las situaciones de riesgo y de peligro para su vida, y aún y cuando existe el temor y la angustia de ser detenidos y deportados a nuestro país sin consideración alguna una vez que han logrado obtener un empleo.
Es menester afirmar que dentro del sector migrante de la población de nuestro país, no sólo se encuentran agricultores o personas con un bajo perfil académico, sino que también hay profesionistas y hasta personas con niveles de educación superior a la licenciatura que no encuentran cabida dentro del mercado de trabajo nacional.
2. Para poder llegar a los Estados Unidos, es necesaria la entrega de dinero al traficante o "pollero", en cantidades tasadas en dólares americanos y que, en promedio, llegan hasta los $2,500.00 USD (dos mil quinientos dólares americanos) por persona. Lo peor del asunto es que ese dinero se pierde, pudiendo o no pudiendo el migrante cumplir con su objetivo, y si vive o muere, ya sea en el desierto o en las aguas del río Bravo.
Es necesario señalar que el problema no sólo es económico, sino social. La familia, que es la base del tejido social, está sufriendo las repercusiones de este fenómeno que, cada vez, va en crecimiento. Se presentan problemas de desunión y drogadicción por la falta de la imagen paterna en el hogar, además, aumenta el índice de divorcios y de separación entre los pilares familiares, dada la lejanía y las necesidades naturales de compañía y de acoplamiento que acarrea el que uno de los miembros se vea en la necesidad de alejarse de su terruño en busca de la subsistencia familiar, lo que llega a ser paradójico y complejo, ya que, en ocasiones, para el sostenimiento de una, el migrante llega a formar otra familia en el lugar donde se encuentra trabajando.
El daño social provocado a las familias mexicanas es irreparable, aún y cuando la cuantía de remesas que ingresan al país sea generosa y sean las familias las beneficiarias directas de las mismas. No es justo el sacrificio de la familia por el trabajo "remunerado" que el migrante pueda obtener en el país vecino. Además, se debe de combatir la cultura del dinero fácil. Así como se hacen campañas en contra del narcotráfico, el país tiene la obligación de impulsar una política de medios, para la preservación de la unidad familiar, ya que, estamos convencidos de que, destruirla es acabar con la nación y sus principios básicos, y si esta destrucción se da por la migración de uno de sus pilares, el Estado debe de buscar que ese fenómeno no afecte, en mucho, la estabilidad familiar.
4. La propuesta que hacen los diputados federales abajo firmantes es la siguiente:
b) El dinero que el migrante entrega al traficante, se propone el migrante lo entregue al gobierno de los Estados Unidos de América como fianza para su regreso a México al término de los plazos convenidos, previa retención de los gastos administrativos de carácter migratorio o de seguridad social.
c) Existiría un compromiso del gobierno de México de certificar la competencia laboral del migrante así como establecer filtros en la selección, que irían desde la convalidación comunitaria, municipal, estatal y federal, además de que cada persona calificada deba de tener toda su documentación oficial en regla, es decir, la CURP, la credencial de elector, en su caso el RFC, etc.
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al Ejecutivo federal para que, en el ámbito de su competencia, presente a su homólogo de los Estados Unidos de América la propuesta inserta en este punto de acuerdo y que es suscrita por los diputados federales que abajo firman, para lo cual deberá de enviársele a la brevedad y por los canales correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal a los 16 días del mes de marzo del año dos mil cinco.
Dip. Roberto Pedraza Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERALES Y A LAS ESTATALES A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE CONSIDERE OBLIGATORIA LA ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, PÚBLICAS Y PRIVADAS, INCLUIDOS LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS QUE IMPARTEN ESTE NIVEL EDUCATIVO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO LANDERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del suscrito diputado Francisco Landero Gutiérrez perteneciente a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
En México existe una gran problemática con respecto a la educación superior a causa de diversos aspectos. Uno de ellos es la falta de orientación vocacional por parte de los estudiantes de educación media superior, lo cual afecta tanto a sus intereses personales como a la realidad del país.
Por un lado los jóvenes no saben qué estudiar, ingresan a una institución superior por el simple hecho de continuar sus estudios, ya sea por obligación o por el deseo de terminar una carrera pero sin saber en primer lugar qué les interesa, es decir sus inquietudes, y en segundo lugar para qué son buenos, es decir sus aptitudes. La mayoría de los jóvenes ingresan a una determinada carrera sólo por seguir una tendencia pero sin saber realmente en qué consiste, e ignorando la existencia de otras licenciaturas con grandes perspectivas de desarrollo que se encuentran olvidadas, y con carencia de aspirantes o jóvenes interesados en cursarlas y considerarlas una buena opción.
De ahí se deriva la afectación a la actividad económica del país, mientras que algunas carreras muy comerciales se encuentran saturadas y con exceso de profesionales, otras de gran utilidad para la nación simplemente no cuentan con alumnos interesados en cursarlas y debido a su poca competitividad brindan grandes posibilidades de desarrollo.
En conclusión, la elección de carrera por parte de los estudiantes debe corresponder primero a sus necesidades, inquietudes y aptitudes personales y segundo, a la realidad del país y del entorno social en el que se desenvuelven. Esto sólo es posible si el estudiante cuenta con una orientación vocacional suficiente y adecuada para tomar de la mejor manera su elección, realizada por psicólogos profesionales y de manera personalizada.
Desafortunadamente en nuestro país es muy escasa la cantidad de alumnos que reciben orientación vocacional, son pocas las instituciones que la contemplan y en muchos casos es inadecuada o insuficiente.
Las consecuencias son graves, según la Encuesta Nacional de la Juventud 2000, la mayoría de los alumnos que dejan de estudiar lo hacen debido a que le pierden el interés al estudio, producto de una mala elección de carrera. Muchos estudiantes simplemente dejan de estudiar porque no saben en qué área continuar sus estudios, otros inician una carrera para abandonarla después, porque no era lo que esperaban.
Los resultados que arroja la encuesta son contundentes: Los estudiantes que dejaron de estudiar lo hicieron fundamentalmente entre los 12 y 19 años de edad, debido principalmente a tres motivos: no deseaban seguir estudiando, la falta de recursos económicos y la necesidad de trabajar. Sin embargo, de los jóvenes que ya no estudian 68.1% manifiestan su deseo por volver a la escuela, y como motivo central está su necesidad por continuar aprendiendo.
Del total de jóvenes, casi la mitad no se siente satisfecho con el nivel de estudios que tiene; de éstos, la mayor proporción les gustaría obtener algún grado de licenciatura, seguidos por los que desearían obtener una carrera técnica o comercial y los que aspiran al bachillerato o vocacional. Los jóvenes le asignan un papel primordial a la educación como elemento básico para conseguir trabajo, y colocan en segundo lugar la experiencia laboral.
Si bien es cierto que a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Educación Media Superior Universitaria, el gobierno federal busca lograr una educación media superior de buena calidad y fortalecer las escuelas públicas de educación media superior, también lo es que los resultados de la encuesta en materia de juventud nos muestra que la insatisfacción de los jóvenes afecta sus aspiraciones personales, lo cual genera por un lado la saturación de carreras comerciales, por otro la falta de personal en algunas áreas clave, y por último la existencia de una gran cantidad de personas que no se encuentran satisfechas con su trabajo al no desempeñarse en lo que les gusta, debido a una mala elección de profesión o a la necesidad de laborar en cualquier actividad no acorde con sus inquietudes y aptitudes.
Una alternativa para contrarrestar este problema es brindar a la comunidad estudiantil mexicana la orientación vocacional necesaria a través de programas adecuados que les permitan realizar una buena elección de carrera.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte a las autoridades educativas, federales y estatales, para que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias con el objeto de que se considere obligatoria la asignatura de orientación vocacional en los planes y programas de estudio de las instituciones educativas de educación media superior públicas y privadas, incluyendo los organismos descentralizados y desconcentrados que imparten este nivel educativo.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a las autoridades educativas, federales y estatales, para que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias con el objeto de que las instituciones educativas de educación media superior públicas y privadas, y los organismos descentralizados y desconcentrados que imparten dicho nivel educativo, instrumenten y fortalezcan programas de orientación vocacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, 16 de marzo de 2005.
Dip. Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE LA DELEGACIÓN MEXICANA ANTE LA 61ª SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU EN GINEBRA VOTE CONTRA CUALQUIER RESOLUTIVO QUE VULNERE LA DIGNIDAD, SOBERANÍA E INDEPENDENCIA DEL ESTADO CUBANO, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito legislador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir del 14 del de este mes y hasta el 22 de abril tiene lugar en Ginebra el 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la cual participa nuestro país. En el curso de esta reunión se espera que se presenten y se voten alrededor de una centena de propuestas de resolutivos.
Como cada año, desde 1987, el Gobierno de Estados Unidos presentará por si mismo o a través de un tercer Estado, un proyecto de resolutivo contra Cuba e intentará presionar a la mayoría de los 53 países que integran dicha comisión para votarlo a favor.
Este proyecto de resolución, mediante el cual se acusará a Cuba como una nación en la que se dan violaciones reiteradas a los derechos humanos de sus habitantes, no es más que un velo, que lejos de corresponder a una preocupación legitima por la situación de los derechos humanos en la isla, pretende encubrir y justificar la prolongación de las continuas agresiones hacia un Estado que ha seguido un camino distinto al dictado por la potencia hegemónica en el mundo.
El contexto histórico en el que Cuba ha construido su destino como nación independiente y soberana durante los últimos 45 años es elocuente. Sujeta a un constante asedio por parte de la mayor potencia económica y militar de que se tenga memoria. Víctima de agresiones que no se limitan solamente al bloqueo económico sino además han incluido incursiones militares, bombardeo de refinerías, quema de cañaverales guerra biológica, financiamiento y promoción de la disidencia interna, actos terroristas, atentados contra el jefe del estado cubano, e inclusive la creación de una oficina gubernamental cuyo fin explicito es prohijar las condiciones para acelerar la caída de su actual gobierno.
A pesar de este severo y permanente acoso, con todos los inconvenientes económicos que de él se derivan, los cubanos han erigido su proyecto de sociedad. Han alcanzado un nivel de desarrollo humano y un grado de justicia social sin precedentes para un país tan pobre: La tasa de analfabetismo para América Latina es de 11.7% y de 0.2% para Cuba; la de mortalidad infantil es de 32/1000 para América Latina y de 6.2/1000 en Cuba; la esperanza de vida es de 70 años para AL y de 76.5 para los cubanos. La escolarización primaria es de 92% para AL y 100% para Cuba, la de secundaria 52% para AL y 99.7% en Cuba. Cuba es el país que tiene el número más elevado de médicos por habitante en el mundo. La tasa de incidencia de sida para un millón de personas es de 65.25 para AL y de 15.6 para Cuba. En el mundo millones de niños trabajan en la calle, ninguno de ellos es cubano. En el mundo cada 7 segundos muere un niño por hambre, ninguno de ellos es cubano.
En más de 45 años en estado de guerra ni un solo caso de tortura, de desaparición forzada, de asesinato político o de ejecución extrajudicial ha sido reportado por organismos internacionales con respecto al gobierno de la Habana.
Como se observa, la situación de los derechos humanos en Cuba es solo coartada, pues de otro modo países como Irak, Afganistán, los territorios palestinos ocupados, la base naval de Guantánamo y el propio bloqueo económico considerado como un acto de guerra por el derecho internacional desde 1909 y que viola convenciones internacionales como la Convención para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio de Octubre del 48, serían el centro de la preocupación y el debate en Ginebra.
Es sin duda una paradoja que el gobierno que más vulnera los derechos humanos en el mundo se atreva a patrocinar la condena del gobierno cubano.
Por lo anterior someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita al Poder Ejecutivo que la delegación mexicana ante la 61° sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra vote en contra de cualquier resolutivo que atente contra la dignidad, soberanía e independencia del Estado cubano.
Segundo.- Se manifieste en contra del bloqueo económico impuesto a Cuba por Estados Unidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2005
Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES A DETALLAR A ESTA SOBERANÍA LAS CANTIDADES DE AGUA QUE SE ACORDÓ ENTREGAR PARA ELIMINAR EL ADEUDO ACUMULADO DURANTE LOS CICLOS 25 Y 26 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1992-2002, DE CONFORMIDAD CON EL TRATADO CELEBRADO EN 1944 ENTRE NUESTRO PAÍS Y EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZÁN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado de la LIX legislatura por la segunda circunscripción Omar Bazán Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta h. soberanía la siguiente proposición como punto de acuerdo con el objeto exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que se explique con detalle a este alto cuerpo las cantidades de agua que se acordó entregar para eliminar el adeudo acumulado durante los ciclos 25 y 26 correspondientes al periodo 1992-2002 de conformidad con el tratado de 1944 celebrado entre nuestro país y con el Gobierno Estados Unidos de América, de acuerdo a los siguientes
Antecedentes
El Pasado 10 de marzo del año en curso México y Estados Unidos firmaron un acuerdo que da solución al adeudo de agua acumulado durante ciclos 25 y 26, correspondientes al periodo 1992-2002, de conformidad con el Tratado de Aguas de 1944.
El canciller Luis Ernesto Derbez, y la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, aceptaron las recomendaciones de cooperación presentadas por el grupo técnico binacional coordinado por las dos secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y acordaron instrumentar un programa que permita eliminar el déficit existente durante el presente año. Además, el programa acordado entre ambas partes considera garantizar las demandas de consumo de cada país para el presente año, incluido el 100 por ciento de los derechos de los distritos de riego de Tamaulipas para el año agrícola en curso.
Según EUA, las sequías que padeció el norte de México impidieron que este país cumpliera con los compromisos adquiridos la década pasada para compartir las aguas de la frontera entre los dos países.
El Tratado de Aguas de 1944 establece que EUA debe entregar cada año a México 1.800 millones de metros cúbicos de agua de los ríos Colorado y Bravo, mientras que México está obligado a aportar una cuota, cuatro veces menor, de 431 millones de metros cúbicos procedentes de algunos de los afluentes del Río Bravo.
El tratado admite dos motivos de demora en el pago, las situaciones de "sequía extrema" y las "averías del sistema", cuya definición no establece , y que México ha esgrimido para justificar los retrasos en los últimos años.
El canciller se apoyo en estos argumentos para justificar que nuestro país no hubiese hecho entrega del total de los volúmenes de agua prometidos, lo que hizo que se acumulara una deuda que los dos gobiernos han decidido saldar con un calendario y plazos aún no revelados.
Las autoridades mexicanas han tratado durante este sexenio de mantener los compromisos mínimos que le exigía el tratado pero ello no ha impedido las críticas de EUA y que el asunto tensara en varias ocasiones la relación bilateral.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta h. soberanía la siguiente proposición como punto de acuerdo.
Punto de Acuerdo
Uno: Exhortar al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe a esta h. Cámara cual fue el compromiso realmente signado con la secretaria Condoleezza Rice en la materia que nos ocupa.
Dos: Que se explique a esta h. Cámara con todo detalle cuanto ha pagado México durante los ciclos 25 y 26 correspondientes al periodo 1992-2002 y a cuanto asciende el adeudo de agua por esos mismos ciclos.
Tres: Se exhorta al Gobierno de México para que antes de llevar a cabo los compromisos construidos, se asegure la distribución del agua para el uso agrícola en nuestro país.
Palacio de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo 2005
Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES A LEGISLAR SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS RECTORES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA POSTULARSE EN UNA ELECCIÓN POPULAR, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS DÍAZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto acuerdo bajo los siguientes:
Considerandos
Dicho reconocimiento es producto del esfuerzo y trabajo a lo largo de varias décadas. Nuestra formación profesional nace en la educación escolarizada principalmente. La guía que significan los docentes en la vida académica y personal de los alumnos trasciende el aula y se transforma en una referencia constante en las acciones y decisiones cotidianas que hacemos día a día. Por supuesto, la influencia que se ejerce puede dirigirse en forma positiva o negativa, pero lo indudable es el lazo que se construye en el espacio educativo de las universidades.
2.- Desafortunadamente la historia también registra múltiples ocasiones en las que rectores de universidades públicas explotaron los recursos públicos que las instituciones cuentan para su buen funcionamiento y los usaron en su beneficio. Asimismo se valieron de su puesto para establecer conexiones con los distintos sectores de la sociedad simulando trabajar para la institución pública, cuando en realidad trabajaban buscando su interés personal político.
3.- Si bien es cierto, que las Universidades Públicas Estatales o Autónomas, poseen leyes orgánicas o reglamentos internos, dónde se contempla la figura de los rectores o directores de planteles, los cuales están facultados para ser los "jefes de las universidades", como lo establece por ejemplo el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dice: "El Rector será el Jefe nato de la Universidad, su representante legal y presidente del Consejo Universitario; durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto una vez"; ello no les permite hacer usufructo personal de los bienes, servicios y patrimonio de la universidad.
4.- Por otro lado el Congreso de la Unión es respetuoso de la autonomía de nuestras instituciones de educación media superior y superior, así como de nuestros órganos autónomos. Y no obstante la forma independiente de creación de sus órganos de gobierno, un hecho que los legisladores no podemos soslayar, es el que se sobrepongan las aspiraciones personales de los rectores para ocupar cargos públicos, al interés común de la institución que encabezan.
Luego entonces, los rectores como pilares en la conformación de las universidades, juegan un importante papel, no sólo en la comunidad académica, sino en nuestra sociedad mexicana.
5.- Sin embargo, y como mencioné anteriormente, en nuestra realidad actual existen ejemplos de rectores que han sacado provecho de la labor académica para beneficios personales, uno de ellos ha ocurrido en el estado de Puebla, dónde el entonces rector de la Universidad Autónoma del estado de Puebla, buscó la reelección al interior de dicha institución, supuestamente con la intención de dar continuidad a los programas educativos, cuando en realidad ya había negociado su candidatura para la presidencia municipal de la capital del Estado, separándose del cargo académico unos meses después de iniciada su campaña política, ocupando recursos de la Universidad para fines electorales.
6.- El abuso de la investidura académica para fines personales genera indignación, por ello, nuestro deber es velar por la superación legislativa del país, y consecuencia de tal deber, los diputados de Acción Nacional, hemos propuesto las modificaciones necesarias a nuestra Carta Magna y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de establecer la figura de los rectores como servidores públicos.
Sin embargo aún falta que las legislaturas locales regulen sus códigos y leyes estatales a efecto que los rectores se separen del cargo con tiempo de antelación para proponer sus candidaturas a los puestos de elección popular. El vacío legal en nuestro marco jurídico, ampara los actos ruines de unos cuantos que se sirven de la laguna legal.
Es momento que observemos la realidad de nuestro sistema político mexicano, donde una de las partes primordiales que es la educación no puede ni debe servir como plataforma política para ningún partido ni para candidatos que laceran los fines sociales beneficiando a unos cuantos. Los rectores tienen un compromiso con la comunidad universitaria que los eligió para tareas en específico. Las universidades públicas no deben sufrir inestabilidades o malos manejos de sus recursos, al contrario, debemos procurar que en todo momento el manejo de los recursos sea transparente y no se vea viciado con metas personales o ambiciones políticas.
La prerrogativa constitucional de ser votado no se coarta en ningún momento. Lo que proponemos es únicamente la separación del cargo con antelación para distanciar los intereses personales partidistas con los intereses de la comunidad universitaria.
Punto de Acuerdo
Único: Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a los congresos locales a legislar en materia de los requisitos que deben de cumplir los rectores o las figuras de dirección equivalentes de las universidades e instituciones de educación superior públicas, para postularse en una elección popular.
Dado en el Palacio Legislativo, a 16 de marzo del año 2005.
Dip. Felipe de Jesús Díaz González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE PROGRAME Y EJECUTE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA (ANTES NIEVES), ZACATECAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS MEDINA LIZALDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A raíz de la Constitución de 1917, que dividió al país en estados soberanos, nació la figura de los municipios independientes, esta restricción hizo que la extensión actual del municipio de Gral. Francisco R. Murguía en el Estado de Zacatecas (Antes Nieves) sea de 4,988 Km. cuadrados aproximadamente. Dicho Municipio ocupa el cuarto lugar en extensión territorial en el estado, después de Mazapil, Villa de Cos y Valparaíso.
En la actualidad, el municipio de General Francisco R. Murguía, se localiza a 173 kilómetros al Noroeste de la capital del estado, en una desviación de 94 kilómetros que parte del kilómetro 829 de la carretera México-Ciudad Juárez.
Este pueblo que un día fue un lugar próspero por ser un municipio minero y uno de los más importantes del estado, después de haber sido explotado, hoy es una de las zonas más abandonadas y carece de los servicios más elementales, principalmente el de la comunicación.
La única carretera que existe y que lo comunica con el Municipio más cercano, el de Río Grande, se encuentra en pésimas condiciones, tiene aproximadamente cincuenta años de haber sido construida y muchos años de no haber recibido ningún mantenimiento, por lo que sus habitantes, sufren continuamente de enorme cantidad de aparatosos accidentes, debido a la existencia de curvas muy pronunciadas, angostas, en mal estado y sin protección.
Este municipio tiene enormes posibilidades de desarrollo en cuanto se unan las carreteras de Zacatecas a Saltillo, que beneficiará a las 56 comunidades con las que cuenta. El 40% del territorio municipal es agrícola y se utiliza para la siembra de temporal, el municipio de Gral. Francisco R. Murguía, sostiene gran relación de comunicación y comercio con los municipios aledaños, principalmente con los mencionados de Juan Aldama y Río Grande.
Los habitantes se desplazan a la cabecera municipal, mediante caminos de terracería, provocando muchas veces la muerte de pacientes que no pueden ser trasladados a hospitales más equipados para ser tratados adecuadamente.
En este contexto, el mantenimiento y conservación de las carreteras federales del territorio nacional, deben ser prioridad para garantizar la movilidad de personas y de mercancías mediante caminos que cuenten con las condiciones técnicas adecuadas, que avalen la seguridad de los vehículos de transporte de pasajeros y de carga, además permitan disminuir los tiempos de recorrido, los costos de operación y la frecuencia de accidentes carreteros.
El tramo carretero de interés para el municipio de General Francisco R. Murguía se localiza en el entronque de la Carretera Federal 49, con la cabecera municipal entre Río Grande y Juan Aldama- con una longitud de 17 Km.
Por ello, es necesario plantear la ampliación y conservación de esta carretera para que aporte nuevas oportunidades de crecimiento interregional y permita coadyuvar al desarrollo económico y social de los municipios referidos.
Considerando lo señalado someto a esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, tenga a bien programar y ejecutar la ampliación y modernización de los 17 kilómetros de la carretera del municipio de General Francisco R. Murguía, del Estado de Zacatecas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2005.
Dip. José Luis Medina Lizalde
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A INSTAURAR MEDIANTE EL INEA UN PROGRAMA QUE ABATA DE MANERA INTEGRAL EL ANALFABETISMO, Y A CONVOCAR A ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO A PARTICIPAR EN LA INSTRUMENTACIÓN, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA, DONDE LAS APORTACIONES DE CARÁCTER PRIVADO SEAN DEDUCIBLES DE IMPUESTOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA HILDA VALENZUELA RODELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda, son analfabetas aquellas personas que han pasado de la edad escolar sin saber leer y escribir.
Para el caso de nuestro país y conforme a estadísticas oficiales, el número de analfabetas mayores de 15 años de edad, supera los 6 millones de habitantes.
Ahora bien y conforme a estimaciones del propio Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, al cierre del año 2002, el número de mexicanos mayores de 15 años ubicados en rezago educativo por no saber leer y escribir o por no haber concluido estudios de primaria y secundaria, era de 34.6 millones.
Inferimos por tanto que en nuestro sistema escolar persiste la exclusión, lo cual deriva en desigualdades sociales que es preciso combatir, a partir de un esquema educativo más eficiente.
El fenómeno del analfabetismo implica de entrada una grave falta en la continuidad de la escolaridad, que tiene como saldo final una mayor marginación y pobreza entre quienes lo padecen, con los consecuentes problemas sociales.
Esta realidad se vuelve preocupante, toda vez que el analfabeta por hallarse precisamente en esta situación, se ve impedido para encontrar oportunidades de trabajo. Como ejemplo de lo anterior, esta la página web "Chambatel", donde es posible constatar que a menor escolaridad, son menores las oportunidades de empleo ofrecidas.
Todavía más cuando sabemos que el beneficio de una mejor y más completa instrucción educativa, ha significado para las sociedades la posibilidad de acceso a mayores niveles de bienestar.
Por ello, es de considerarse que las instituciones responsables, conforme a sus obligaciones constitucionales, deban seguir procurando la instrumentación de acciones, en este caso, tendientes a garantizar el acceso al menos a la alfabetización, a la totalidad de la población. La realidad de otras naciones nos demuestra que es posible alcanzar esta legítima aspiración.
No soslayamos que nuestra nación ha registrado avances importantes en materia educativa y que el número de analfabetas se ha ido abatiendo, pero no es un resultado que deba dejarnos satisfechos, toda vez que países con igual nivel de desarrollo al nuestro, han abatido este fenómeno educativo a porcentajes muy por debajo de los que aún persisten en México.
En el caso de nuestro país, el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, ha puesto en operación recientemente el programa "Cero Rezago Educativo".
Este programa puesto en marcha a partir de 2003, a decir de sus responsables tiene como objetivo central reducir la estadística que representa a las personas mayores de 15 años de edad que no han concluido la enseñanza básica, en particular la secundaria y en cierta medida el combate al analfabetismo. El programa, involucra acciones de las autoridades de los gobiernos estatales.
Sin embargo y no obstante las bondades del programa en referencia, -cuya aspiración es llegar a operarlo en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal-, este no ha tenido la continuidad esperada ante la falta de inversión suficiente.
El panorama se torna preocupante, si tomamos en cuenta que a la par de este freno por falta de recursos suficiente, sigue creciendo el número de personas que año con año pasan a engrosar las estadísticas del analfabetismo.
Se requiere por tanto la instrumentación de un programa integral de carácter permanente que contemple la solución a la problemática en referencia, donde incluso pueda ser invitado a participar el sector privado.
Es importante dejar en claro que este programa no debe tener un carácter piloto y que la cobertura del mismo debe alcanzar por igual a toda la geografía nacional.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero.- Exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, instrumente un programa que de manera integral abata el fenómeno conocido como analfabetismo.
Segundo.- Exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que dentro de lo que el marco legal permita, esta dependencia pueda convocar a organismos del sector privado a participar en la instrumentación, financiamiento y operación de un programa que de manera integral abata el fenómeno conocido como analfabetismo, donde las aportaciones de carácter privado sean deducibles del pago de impuestos.
México, DF, a 16 de marzo de 2005.
Dip. Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SCT Y A LA COFETEL PARA QUE DISMINUYAN EL NÚMERO DE CLAVES LADA ASIGNADAS AL ESTADO DE TLAXCALA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN BÁRCENAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito Juan Bárcenas González, diputado
federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante
de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
me permito someter a la consideración de esta soberanía el
siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 13 de noviembre de 1998 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la resolución administrativa mediante la cual se establece el calendario para el proceso de crecimiento de la numeración geográfica, de conformidad con el plan técnico fundamental de numeración en toda la República Mexicana; al estado de Tlaxcala le fueron asignadas 9 claves ladas.
El estado de Tlaxcala cuenta con una extensión territorial de 4,052 kilómetros cuadrados, 60 municipios y una población de 962,646, no mayor al estado de Aguascalientes con extensión territorial de 5,272 y una población de 944,285; cuya asignación de claves ladas es de 5; Baja California Sur con extensión territorial de 73,948 y una población de 424,041; cuya asignación de claves es de 4; Campeche con extensión territorial de 57,033 y una población de 690,689; con asignación de claves ladas de 6; Colima cuya extensión territorial es de 5,466 y una población de 542,627; su asignación de claves ladas es de 4.
Tomando en cuenta otros estados de la República Mexicana mayores en extensión a la del estado de Tlaxcala y a los cuales les han sido asignado un menor número de claves ladas, es necesario realizar un estudio buscando la disminución de las asignadas al mismo, con el fin de disminuir los pagos excesivos en los recibos telefónicos que ocasiona a la población la comunicación en cualquier llamada telefónica la cual se cobra como larga distancia, cuando la distancia entre una población y otra es mínima.
Asimismo, el pago del servicio de teléfonos celulares causa un fuerte desembolso de los usuarios, ya que al igual que el servicio de teléfonos convencionales cualquier llamada de un celular a otro, o a cualquier teléfono convencional es cobrada como una llamada de larga distancia, el famoso cobro de "Roaming".
Por lo tanto, el impacto de tener 9 claves lada, se resiente tanto en el servicio de teléfonos celulares cono en los convencionales. Un ejemplo común son las llamadas entre los núcleos de población concentrados alrededor de Apizaco y el núcleo formado por Tlaxcala -Santa Ana. En ambas regiones, se concentra un gran intercambio comercial, social, educativo y gubernamental; por lo tanto, las llamadas telefónicas entre ambas regiones son muchas y siempre se hacen pagándolas como de larga distancia, siendo que, sólo hay alrededor de 15 km de distancia; en el DF esta distancia muy bien puede existir entre la delegación de Xochimilco y la delegación Gustavo A. Madero y la gente realiza sus llamadas sin ningún pago de larga distancia; en consecuencia, el desembolso excesivo que le causa a la población el pago del servicio telefónico necesario e indispensable en estos tiempos constituye un lastre para la economía individual y para el desarrollo de la región.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Único: Se solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a fin de que disminuya el número de claves ladas asignadas al estado de Tlaxcala.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil cinco.
Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA QUE SE APLIQUE LA TARIFA ELÉCTRICA 1E A LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE CIUDAD GUERRERO, MIGUEL ALEMÁN Y CAMARGO, PERTENECIENTES AL DISTRITO I DE TAMAULIPAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL ABDALÁ DE LA FUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal por el distrito I del estado de Tamaulipas, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al conocimiento de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar la aplicación de la tarifa eléctrica 1E en los municipios fronterizos de Nueva Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, pertenecientes al distrito I del estado de Tamaulipas, al amparo de los siguientes
Considerandos
Que para los habitantes de los municipios fronterizos antes mencionados que cuentan con la tarifa eléctrica 1D están siendo afectados en su economía familiar al pagar altos costos en el consumo de energía eléctrica debido al bajo subsidio con el que cuentan que es de 600 kw hora mensual, en comparación con la tarifa 1E que es de 900 kw hora mensual, que tienen los otros municipios cercanos del mismo distrito.
Que de acuerdo al Reglamento de la CFE y Luz y Fuerza del Centro, la tarifa 1D de servicio doméstico son aplicables para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados y la tarifa 1E es para localidades con temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados. Estos pueden ser aplicados cuando alcance el limite indicado durante 3 o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considera que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o mas según los reportes elaborados por la Semarnat.
Que los municipios de Nuevo Laredo, Mier y Díaz Ordaz cuentan con la tarifa 1E, mientras que Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo cuentan con la tarifa eléctrica 1D.
Que los municipios que componen el distrito I de Tamaulipas son Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz con una distancia aproximada entre el primero y el ultimo de 200 km. Y en donde Guerrero y Miguel Alemán son separados del municipio de Mier por 15 km. Y el municipio de Camargo está a 25 kilómetros del municipio de Díaz Ordaz.
Que no se puede permitir tal incongruencia ya que 15 o 25 km. De distancia entre uno y otro municipio no puede ser factor para que se presenten grados de temperatura menores a los 32° centígrados como lo especifica la tarifa 1E.
Que la temperatura promedio que presentan los municipios del distrito I de Tamaulipas, en temporada de verano asciende hasta los 45 grados centígrados.
Con esto se demuestra que tanto CILA como CNA no presentan datos fidedignos ante las instancias responsables de fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste, modificación y reestructuración.
Por lo antes expuesto me permito solicitar a esta honorable asamblea que sea considerado de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de acuerdo
Único: se exhorta en términos por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la de Economía, a la de Energía y a la CFE fijar la tarifa eléctrica 1E en los municipios fronterizos de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, del norte del estado de Tamaulipas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2005.
Dip. José Manuel Abdalá de la Fuente (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS, A FIN DE SOLICITAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE LA INICIATIVA PRESENTADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2004 REFERENTE A LOS EX BRACEROS MEXICANOS SEA DICTAMINADA A FAVOR, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LVIII y LIX Legislatura le han sido turnadas para su estudio y dictamen, iniciativas de Ley por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Braceros Mexicanos.
La Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de la trabajadores mexicanos braceros de esta LIX Legislatura, en términos de los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se abocó al estudio y análisis en general de las iniciativas presentadas al seno de esta Comisión Especial de Braceros, así como las turnadas a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, dando su opinión al tenor de los siguientes
Antecedentes
1.- A las Comisiones de Hacienda y Crédito Publico en la LVIII y LIX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen, nueve iniciativas de Ley por el que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Braceros Mexicanos, asimismo a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios le fueron turnadas tres iniciativas mismas que están en estudio de dictaminación. Iniciativas originadas y enviadas por los Congresos locales.
2.- Asimismo coincidimos en señalar que la revisión, la discusión el análisis y en su caso la dictaminación de las diferentes iniciativas de la LVIII Legislatura que esta Comisión recibió, han quedado rebasadas por no encontrar puntos de coincidencia y aceptación por parte de los ex braceros mexicanos y las organizaciones que los representan, mismas que puedan generar el objetivo primordial para crear el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Braceros Mexicanos.
3.- Ante ello, las iniciativas que se encuentran al seno de esta Comisión son base para que los actores políticos busquen un acuerdo prioritario de orden e interés nacional para lograr un acuerdo sustantivo con miras para dar una respuesta al problema de los ex braceros.
Consideraciones
Primero.- Se propone la creación de un Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Braceros Mexicanos del periodo comprendido de 1942 a 1964. A través de la iniciativa presentada por la Comisión Especial de Braceros de esta LIX Legislatura, presentada el día 9 de diciembre de 2004.
Segundo.- Que actualmente existen en su gran mayoría de las iniciativas presentadas en esta LIX Legislatura por parte de los Congresos locales y diputados federales, puntos de coincidencia al mencionar los años de los contratos del Convenio Binacional entre 1942 a 1964, así como también el monto de asistencia para los ex braceros o en su caso sus beneficiarios.
Tercero.- La pretensión de la iniciativa busca generar la implementación de reglas de operación al entrar en vigor dicha ley, y que a través del fideicomiso se pueda dar a los ex braceros mexicanos una asistencia económica, como un acto de justicia social.
De lo expuesto, la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, ha llegado a las siguientes :
Conclusiones
Primero.- Esta Comisión reconoce el sentir, la desesperación, la esperanza y el anhelo de encontrar una respuesta a la necesidad de los trabajadores mexicanos ex braceros.
Segundo.- De las reuniones de trabajo que la Comisión Especial de Trabajadores ex braceros sostiene con la Secretaría de Gobernación, se ha dejado señalado por ambas partes, la necesidad, el compromiso y la voluntad, de buscar una alternativa económica a través de una iniciativa que logre el consenso de todas las fracciones parlamentarias para el beneficio de los trabajadores ex braceros mexicanos. Así como seguir coadyuvando en los trabajos que se generen en el futuro.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros resolvemos
Acuerdo
Único.- Que la iniciativa de Ley por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Braceros Mexicanos, presentada por esta Comisión Especial de Braceros el día 9 de diciembre de 2004, y que se encuentran dentro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sea dictaminada en sentido favorable.
Palacio Legislativo, a 17 de marzo de 2005.
Dip. Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A ACTUALIZAR LOS VALORES DE ACTIVACIÓN O DISPARO DE LOS PROGRAMAS PARA MITIGAR EL EFECTO DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES EN EL VALLE DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a través del suscrito diputado federal Guillermo Tamborrel Suárez y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Ambiental Metropolitana y a la Secretaría de Salud para que actualicen los valores de activación o disparo de los programas para mitigar el efecto de las contingencias ambientales en el Valle de México, al tenor de las siguientes consideraciones:
Como legisladores federales tenemos la grave y magnifica responsabilidad de encauzar el quehacer de gobierno en la senda del pleno respeto a los derechos de las y los mexicanos.
Nunca y por ningún motivo podemos olvidar el claro mandato constitucional que establece que: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece" (primer párrafo del artículo 1° de nuestra Carta Magna).
Y que entre ellas están; en el artículo 4° el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar así como en el artículo 6° el derecho a la información.
Derechos que sin duda alguna son violentados de manera continua y quizá deliberada en el Valle de México cuando observamos que la calidad del aire que respiran sus habitantes no cumple con las normas de protección a la salud en 5 de cada 7 días y que las autoridades responsables no actúan de manera contundente para evitarlo ni informan de manera suficiente a la población acerca del aire que respiran y sus consecuencias.
Es cierto que durante los años ochenta la muy pobre calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México constituyó un grave problema para la salud de todas y todos los habitantes, sobretodo de aquellos en condiciones de vulnerabilidad como niñas, niños, y adultos mayores.
Por ello en los noventas las diversas autoridades desplegaron un gran esfuerzo y llevaron a cabo una serie de acciones para mejorar la calidad del aire de la zona. Entre ellas se mejoró la calidad de los combustibles eliminando la presencia de plomo y reduciendo al mínimo el contenido de azufre, se instauró el Programa de Verificación Vehicular, etcétera. Acciones que sin duda alguna mitigaron el daño a la salud pero que hoy son innegablemente insuficientes; los altos niveles de ozono y de partículas menores a 10 micrómetros así lo demuestran. Insisto; en 5 de cada 7 días la contaminación atmosférica rebasa los límites para preservar la salud.
El Programa para Mejorar la Calidad del Aire del Valle de México 2002-2010 establece la obligación de actualizar el Programa de Contingencias. Sin embargo, tres años después éste sigue sin modificaciones manteniendo un disparo de acciones o medidas de contingencia ante la presencia de 240 Imeca, nivel que excede en casi dos y media veces la norma de salud que es de 100 Imeca. Razón por la cual los mencionados disparos y por ende las contingencias ambientales son muy poco frecuentes.
En suma; con el disparo establecido en 240 Imeca se esta engañando a la gente que cree que la calidad del aire en el Valle de México es sino saludable al menos satisfactoria. La gente esta minando su salud y las autoridades se lo ocultan.
Por si lo anterior fuese poco tenemos que de acuerdo con el doctor Mario Molina, mexicano Premio Nobel de Química y con los asesores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los costos a la salud exceden los 25 mil millones de pesos anuales debido al aumento de enfermedades respiratorias, pérdidas en la productividad y muertes anticipadas.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Ambiental Metropolitana a actualizar el Programa de Contingencias Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de México en un plazo no mayor a dos meses a fin de reducir de manera gradual y progresiva el nivel de disparo o activación.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Ambiental Metropolitana a que evalué el Programa de Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México y establezca las medidas necesarias para su cumplimiento.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Salud coordine los trabajos necesarios para establecer los nuevos valores de disparo de tal forma que sí se proteja la salud de la población de la zona de referencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2005
Dip. Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER CON CARÁCTER DE URGENTE, MEDIANTE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE GAS NATURAL POR PARTE DE LA EMPRESA GAS NATURAL MÉXICO, EN NUEVO LEÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA PATRICIA SAUCEDO MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, la suscrita, diputada federal Norma Patricia Saucedo Moreno, del Partido Acción Nacional, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, a atender con carácter de urgente la problemática derivada de las tarifas cobradas por el servicio de gas natural por parte de la empresa Gas Natural México, en el estado de Nuevo León, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Para Acción Nacional, el desarrollo económico de México está fuertemente ligado al efectivo aprovechamiento de su potencial energético.
Desde esta óptica, diversas iniciativas contemplan la necesidad de garantizar el suministro de gas natural, por medio de un adecuado marco jurídico regulatorio y de incentivos que favorezcan nuevos esquemas de inversión para incrementar la oferta y generar nuevos proyectos de exploración y producción de gas natural.
Sobre el problema particular de las altas tarifas que se cobran por el uso del gas natural en Nuevo León, es oportuno destacar los factores que provocan esta situación.
Durante los últimos años, el precio de los combustibles en nuestro país se han venido incrementando. Para tener una idea clara sobre la magnitud de este problema, nos remitimos a las tarifas eléctricas, mismas que se actualizan con un factor de ajuste automático que considera las variaciones en la inflación y el precio de los combustibles usados en el proceso de generación de energía.
Durante el 2004, las tarifas eléctricas presentaron una variación acumulada de alrededor del 23%. De esta variación, el 68% fue por efectos de la inflación y el 32% restante, por el incremento en los precios de los combustibles.
Dentro de los combustibles que produce Pemex y que provocaron la variación de las tarifas eléctricas, el 91% del efecto es causado por el encarecimiento del gas natural.
La producción de gas natural se caracteriza por escenarios constantes de fuertes alzas en los precios al público. Durante 2004, los precios de los combustibles en general se incrementaron en 21%, para el caso del combustóleo, el aumento fue de 9%, mientras que el gas natural creció en 44%.
Debido a las características de la producción, manejo y distribución del gas natural, le corresponde a la Comisión Reguladora de Electricidad, la regulación y la vigilancia de este mercado.
El Reglamento de Gas Natural establece la metodología para el cálculo de las tarifas y señala que la CRE expedirá la metodología para este cálculo y su ajuste.
Asimismo, este Reglamento establece que el precio que los distribuidores cobren a los usuarios finales estará integrado por el precio de adquisición del gas; la tarifa de transporte; la tarifa de almacenamiento; y la tarifa de distribución. El precio estará referenciado a la tarifa del combustible en Texas.
Derivado de estas apreciaciones, apreciamos que el precio del gas natural depende de muchos factores que no pueden ser controlados por nuestras autoridades. Como resultado tenemos que:
No tenemos las reservas de gas natural suficientes para satisfacer la demanda interna que cada vez es mayor.
Se requiere inversión para explotar los yacimientos que se encuentran localizados en las aguas profundas de nuestros mares.
Lo anterior nos obliga a tomar medidas urgentes, mismas que destaco a continuación:
En primer lugar, y como una medida de respuesta inmediata para evitar más alzas en las tarifas, exhortando a las autoridades correspondientes, como son la Secretaría de Energía y la CRE, para que revisen a la brevedad la magnitud del cobro del servicio de gas natural en Nuevo León, y con esto, determinar si las tarifas son excesivamente elevadas, para corregir y fincar responsabilidades, si fuere el caso.
En este sentido, existe un antecedente reciente, en donde la CRE revisó a la baja las tarifas de distribución aprobadas para la empresa Distribuidora de Gas Natural de la Laguna-Durango, con el objeto de mitigar el impacto final en la factura de los usuarios de gas natural. El resultado fue una disminución en las tarifas de una manera gradual en beneficio de los consumidores de esa región.
Como medidas largo plazo, se requiere sanear las finanzas de Pemex; dotarlas de autonomía de gestión para que puedan actuar como empresa; y alcanzar una reforma energética, para establecer nuevos mecanismos que atraigan la inversión privada.
Compañeras y compañeros legisladores, no cabe duda que estamos lejos de un escenario en el que contemos con gas natural barato, mientras exista escasez de este combustible en el país, así como insuficientes recursos presupuestarios para financiar nuevos proyectos. Por ello se requieren las reformas fiscal y energética que todos los grupos parlamentarios han impulsado en los últimos años.
Sobre la responsabilidad de Gas Natural México en Nuevo León, es imprescindible analizar y modificar los términos de la concesión respectiva y conocer los motivos por los que se permiten estos aumentos tan fuertes en los recibos al usuario.
En este sentido, no debe descartarse la posibilidad de extender el número de distribuidores de gas natural en Nuevo León, para que el mercado sea más competitivo y, por ende, haya una tendencia hacía la baja en los precios que se cobran por este combustible.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, para revisar con carácter de urgente, las tarifas cobradas por el servicio de gas natural por parte de la empresa Gas Natural México, en el Estado de Nuevo León, impidiendo que se den nuevos incrementos a las mismas, en tanto no se determinen las causas que generan los elevados cobros.
Segundo.- Se solicita atentamente al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, que revisen profundamente los términos de la concesión otorgada a Gas Natural México con sede en Nuevo León, para determinar si cumplen con la normatividad correspondiente, procurando que no se atente contra los intereses de los consumidores de este combustible.
Tercero.- Se hace un exhorto especial a esta Honorable Cámara de Diputados, para que los distintos grupos parlamentarios alcancen los acuerdos que permitan realizar las reformas estructurales necesarias, para que nuestra política energética tenga posibilidades de desarrollo efectivo.
Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica)