Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía llevar a cabo una campaña urgente de defensa de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos y específicamente en el estado de Texas, presentada por el diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuyo original se anexa al presente.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Ejecutivo federal que comunique a la secretaria de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Condolezza Rice, en su visita a México, que vemos como un signo alentador que el gobierno estadounidense haya planteado ante la Corte Suprema de dicho país, el acatamiento de la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya relativa a los 51 mexicanos condenados a muerte.
Asimismo, esta soberanía hace una respetuosa solicitud de que no cejen en su esfuerzo de dar cumplimiento a las obligaciones que tienen de acuerdo a los tratados y convenios suscritos en materia de justicia y protección consular.
Segundo: Se exhorta a los órganos internos competentes de la Cámara de Diputados a que instrumenten una campaña urgente de defensa de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, a fin de presionar el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Palacio Legislativo, 10 de marzo de 2005.
Presidente (rúbrica)
Dip. Emilio Chauyffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquese.
Marzo 10 de 2005.)
Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.
Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en Comisión, solicitado por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, vicecoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:
Atentamente
Diputado José González Morfín (rúbrica)
(De enterado. Marzo 10 de 2005.)
Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2005.
Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como, el artículo octavo, segundo párrafo del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en Comisión, solicitado por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del GPPRI:
De Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:
Atentamente
Diputado José González Morfín (rúbrica)
(De enterado. Marzo 10 de 2005.)
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Exposición de Motivos
Los rastros constituyen un servicio público que tienen como objetivo principal proporcionar instalaciones adecuadas, para que los particulares realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de la población.
El servicio público de rastros se presta mediante instalaciones y equipo de herramientas, que junto con el personal y los servicios adicionales, comprenden los elementos básicos para la operación de estas unidades.
La prestación de este servicio permite proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su consumo, controlar la introducción de animales a través de su autorización legal, realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo humano, lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del sacrificio de animales, así como generar ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de animales, evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares y racionalizar el sacrificio de animales, protegiendo el desarrollo de las especies.
El rastro ofrece una serie de servicios complementarios que conjuntamente dan como resultado la prestación de este servicio público. Estos se clasifican en ordinarios y extraordinarios.
Los servicios ordinarios son aquellos que se proporcionan normalmente en el rastro y están encaminados al cumplimiento de actividades como recibir en los corrales el ganado en pie, inspeccionar la sanidad de los animales, encerrar a los animales por el tiempo reglamentario para su posterior sacrificio, hacer el degüello y evisceración de los animales, vigilar el estado sanitario de la carne, proporcionar el servicio de vigilancia y facilitar el transporte sanitario de los canales.
Los servicios extraordinarios se derivan de los servicios normales del rastro y se proporcionan de manera adicional, por mencionar algunos, tenemos el pesaje del ganado que no va a ser sacrificado, los servicios de refrigeración para canales y vísceras, la alimentación del ganado en los corrales y el encierro de los animales en el corral de depósito que se destinarán para la venta en pie.
Los rastros se clasifican de acuerdo al tipo de actividades que realizan, por el equipamiento y la finalidad para los que fueron creados. Existen los rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y los rastros Tipo Inspección de la Secretaría de Salud (TSS).
Hablaremos de los rastros TIF, estos rastros son aquellos que además de prestar servicios básicos que proporcionan los rastros TSS, permiten una industrialización de los productos derivados de la carne. Este tipo de rastro opera fundamentalmente para que sus productos se destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a la exportación, razón por la cual la inspección sanitaria se realiza sobre las carnes y en los procesos de industrialización.
Las funciones y actividades que se realizan en el rastro TIF son la matanza, que comprende el degüello y evisceración de animales, corte de cuernos, limpia de pieles y lavado de vísceras, manejo de canales, que consiste en el corte de carnes, empacadora de carnes, en la que se realizan embutidos como jamón, salchicha, salame, así como también chorizos y patés, sutura clínica, donde se producen hilos para cerrar heridas y la industrialización de esquilmos, que consiste en el aprovechamiento de los desechos cárnicos para la producción de harinas y comprimidos destinados al alimento de animales.
La ventaja de los rastros TIF, es que el animal es mejor aprovechado favoreciendo con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la carne en beneficio de la economía familiar. Sin embargo, su operación requiere necesariamente de instalaciones y maquinaria especializada cuyos costos son bastante elevados, por lo que se recomienda que antes de establecer un rastro con estas características se hagan los estudios convenientes para garantizar su funcionamiento y evitar el dispendio de recursos.
En el sector pecuario, nuestro país tiene una producción elevada, somos productores y en ocasiones exportadores de materias primas agropecuarias y productos elaborados de porcinos, ovinos, bovinos, caprinos, aves y abejas y la preservación de la calidad del producto, obtenida en la fase de manufactura o industrialización es imperante.
En nuestro país, desafortunadamente la mayor parte de los animales son sacrificados en rastros que no cuentan con las medidas de seguridad e higiene necesarias, ni con la supervisión veterinaria, a fin de verificar si el animal estaba enfermo o si el producto está contaminado.
A pesar de que existe la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual contiene el Capítulo de Trato Humanitario, así como el rastro TIF en su artículo 2º, frecuentemente esta legislación no se aplica debidamente, dando lugar al sufrimiento innecesario de los animales en los procesos de sacrificio.
Resulta inconcebible que a pesar de contar con las técnicas modernas para sacrificar animales, aún se utilicen métodos rudimentarios y crueles con consecuencias graves desde el punto de vista ético, sanitario y económico, ya que el trato cruel a los animales repercute en menor calidad y cantidad de los productos obtenidos, además de que no es justificable provocarles un dolor y traumatismo que podría ser evitado.
El mejor lugar para sacrificar a los animales y garantizar la calidad del proceso y del producto, como ya mencionamos, es mediante un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF), en los cuales ya se implementan las Buenas Prácticas de Manufactura, que incluyen entre otras, la forma de sacrificio, la inspección antes y postmortem, la conservación de productos cárnicos y la aplicación de programas tendientes a fomentar la higiene y seguridad del personal que ahí labora.
En el sector pecuario existe todavía un número elevado de rastros que no cuentan con sello TIF, debido en muchas ocasiones a los elevados costos y a la resistencia de productores y trabajadores, ya que se requiere de un mayor control en los procesos.
Actualmente el sello TIF es aceptado a nivel internacional como garantía de inocuidad en productos cárnicos animal. El reto dentro del sector, es obtener el sello TIF, a fin de que un mayor número de productores mexicanos logren productos de calidad y puedan incursionar en el mercado internacional.
Las Organizaciones Ganaderas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Organizaciones Ganaderas, tienen por objeto promover y fomentar entre sus asociados, la adopción de tecnologías adecuadas para el desarrollo sustentable y sostenible en la explotación de las diversas especies ganaderas. Además de garantizar la oferta de productos ganaderos de calidad, e identificar y difundir las opciones que beneficien a sus asociados entre otras.
El Partido Verde Ecologista de México, propuso ya una reforma al artículo 5º en su fracción VII, que nos menciona la instalación de plantas empacadoras, pasteurizadoras, refrigeradoras, lavadoras, etcétera, que son necesarias para la industrialización, conservación y comercialización de los productos ganaderos, ya que consideramos necesario que dentro de este artículo, se incluyera textualmente a la matanza como parte en el proceso, pero en un rastro TIF, ya que éste cumple con los estándares de calidad reconocidos nacional e internacionalmente.
Buscando congruencia en la legislación y tomando en cuenta como ya mencionamos, que la en Ley Federal de Sanidad Animal, ya se contempla al rastro TIF.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 4 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.
Único.- Se adiciona una fracción XVII al Artículo 4 de la Ley de Organizaciones Ganaderas para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
XVII. TIF: Establecimiento Tipo Inspección Federal
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes marzo de 2004.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Marzo 10 de 2005.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EL
NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE
KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL
JUEVES 10 DE MARZO DE 2005
Jorge Antonio Kahwagi Macari; diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar se turne a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la presente iniciativa con proyecto decreto, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La pluralidad es una riqueza patente en cada rincón de nuestro territorio, se hace evidente su influencia en nuestro entorno político, económico, social y cultural.
La realidad de nuestro país es un crisol de pluralidad, en donde confluyen una gran diversidad de pensamientos, ideologías, religiones, culturas e incluso de concepciones cosmogónicas.
La esencia del pluralismo esta referido a los sistemas sociales, caracterizados por la coexistencia y la rivalidad de los grupos estables y organizados mediante el pluralismo, los individuos se agrupan formando estructuras sociales que les permiten determinar su papel en la comunidad, logrando ser políticamente relevantes en cuanto a ser considerados.
El pacto social establece que todos los mexicanos tienen el derecho de ejercer su soberanía por medio de sus representantes. El sistema de representación proporcional busca que cualquier corriente política de importancia sea representada, conformándose así un sistema plural. El Principio de representación proporcional, es un principio de representación de minorías.
El fin de un sistema mayoritario consiste en reforzar la presencia parlamentaria del grupo que se manifieste mayoritariamente, sin consideración alguna para el peso que puedan representar en el conjunto de la sociedad las tendencias o grupos minoritarios, por lo que en un sistema mayoritario se conforma una clara y bien estable mayoría de forma que puede conducir sin obstáculo alguno sus deseos. Es importante aclarar que sus deseos pueden ser deseos bien intencionados o ser lo contrario para proteger sus intereses.
La Constitución General de la República por su cuenta debe de reflejar la concreta existencia de la estructura política del país, es decir, debe ser el espejo de la estructura ordenada de los poderes que de facto sobre la misma imperan. Nuestra Carta Magna y las instituciones tienen que buscar llenar los moldes de nuestra realidad social.
Maurice Hauriou reflexionó sobre el orden institucional, la clave es la creación de instituciones vivientes en donde las leyes deben considerarse como estatutos orgánicos de instituciones.
Asimismo Fernando Lasalle consideró que los problemas de orden constitucional son primero problemas de poder y no de derecho; la verdadera constitución solo reside en los factores reales y efectivos de poder, que en este rigen; las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas mas que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social.
Es claro que la Constitución reconoce por un lado la pluralidad de nuestro país y que trata de reflejar la concreta existencia de la estructura política del mismo, el Congreso de la Unión es un órgano de representación en donde tienen cabida todas los partidos de representación nacional. Tener cabida implica ser escuchados, y desde luego también participar activamente en la toma de decisiones en todos los asuntos de interés nacional.
El pueblo de México votó para dar a la presente Legislatura una estructura de mayorías relativa, en virtud de que no hay ningún partido que cuente con la mayoría absoluta, en las Cámaras estamos hablando de minorías mayores. Son los que cuentan con mayor presencia en los distritos electorales, pero no son mayoritarios. Son una mayoría relativa. Por lo anterior, ninguna fracción parlamentaria puede imponer por sí sola la agenda política, sus programas, ideas o principios.
Esta realidad de hoy es un avance positivo de nuestra sociedad, el partido único del pasado ha quedado rebasado y ya no hay marcha atrás.
Los tiempos de una mayoría absoluta no deben y no regresarán. Sin embargo estos cambios no son crédito de un partido o una persona, éstos se han debido a que la sociedad en conjunto ha decidido tomar un camino de democracia, pluralidad y justicia. Entiéndase como sociedad en conjunto a todos sus actores, los ciudadanos, los medios, los partidos políticos, los empresarios, y el gobierno quienes contribuyeron para lograr contar con las condiciones necesarias para tener un cambio pacifico y democrático.
El Congreso de la Unión por su estructura es democrático y plural, sin embargo en su operación o funcionamiento orgánico cuenta con algunos mecanismos que contradicen estos principios. Estas inconsistencias no son generalizadas, de hecho son específicas y difíciles de identificar. El primer paso para solucionar cualquier problema es identificarlo y reconocerlo como tal. El conocer la esencia de los problemas o su raíz contribuyen para encontrar una solución real y eficaz a los mismos. Reconocer y tratar de solucionar estas inconsistencias no debe generar indignación o conflicto por que es legitimo buscar la mejora constante pero lo importante es lograr contar con un Congreso orientado a sus principios fundamentales, que son: la democracia, la pluralidad, el respeto y la justicia; es por ello que su operación y funcionamiento deben claros para la sociedad.
Es importante distinguir, cuando las facciones del poder están actuando en nombre del derecho y la justicia, y cuando las coyunturas y sus propios esfuerzos contradigan la teleología del Estado de derecho. No se pueden rechazar de antemano las formas que a manera de principio le dan sustento al sistema en que actúan. La política no puede estar al servicio de quien la detenta y menos atender las pretensiones desbocadas de unos cuantos.
Los intereses políticos y partidarios en un órgano legislativo, no deben desembocar en la anulación de la materia jurisdiccional por que puede llegar a pasar por alto la resolución adecuada para el caso particular, de forma que este mecanismo puede ser manipulado a favor de estos intereses corrompiendo la función encomendada.
El artículo 13 de la Ley de Responsabilidades de Los Servidores Públicos dice a la letra:
Para entender esta teoría hay que referirse a los conceptos jurídicos de función y de función jurisdiccional. El concepto jurídico de función se pueden definir como aquellas líneas trascendentes de actividad especializada que el Estado pone en práctica para atender sus fines según la naturaleza de los objetivos y personas a atender; esta función puede ser de dos tipos formal o material. La función formal atiende al criterio de cual órgano realiza la función mientras que el criterio material atiende a la naturaleza propia del acto o resolución realizado por ese órgano.
La función jurisdiccional puede ser entendida como aquella actividad exclusiva de la potestad estatal, que tiene como finalidades las de conocer, decir y ejecutar con obligatoriedad, una resolución emitida por un tercero, investido con imperio por parte del Estado.
El artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos dice a la letra:
Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las Comisiones, cuatro integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.
Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Gran Comisión, de entre los miembros de las Comisiones respectivas
Es en este punto en donde encontramos inconsistencias con respecto a los principios que nos deben de orientar, a un partido le corresponde el cincuenta por ciento de los votos en la Sección, y a los otros dos le corresponde el veinticinco por ciento a cada uno. No es democrático que tres partidos únicamente decidan sobre asuntos de interés nacional. Esta Sección Instructora tampoco es plural, por que no considera la opinión de los demás partidos minoritarios. En este sentido, no se esta siguiendo el postulado en donde la ley garantiza que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. No es correcto que un solo partido pueda bloquear a gusto o conveniencia cualquier juicio político o de procedencia, o que alguna fracción parlamentaria cuenten con elementos que les confieran poderes o privilegios sobre o de forma desigual que otras fracciones parlamentarias.
Es grave que se continúen desacreditando los órganos de representación popular y que éstos no den cabida de manera abierta al debate en asuntos de interés nacional, lo que ocasiona la inconformidad y rechazo del pueblo que resulta afectado por las decisiones de sus representantes.
Los ataques constantes, infundados e irresponsables en contra del Honorable Congreso de la Unión, han creado un desgaste importante en la imagen y en la credibilidad ante la sociedad de este órgano de representación, debemos ser realistas, estas declaraciones o acciones no van a terminar a corto o mediano plazo, y tampoco este órgano de representación puede hacer mucho al respecto, por que simplemente no esta en sus manos ni en sus facultades, por lo contrario, debemos esperar que van a continuar las descalificaciones y que la única herramienta con que cuenta el congreso para contrarrestar todo este bagaje de publicidad negativa, es operar con claridad y solucionar las inconsistencias funcionales y estructurales que ponen en duda y en riesgo el prestigio de este Congreso. La mejor forma de enfrentar las calumnias y las infamias es a través de claridad en el operar y proceder.
Indiscutiblemente contamos con una Sección Instructora que no puede representar la pluralidad de las minorías, por que en principio la ley así lo limita, debe estar estructurada por tan solo cuatro integrantes. Esta estructura genera sospechas o dudas, lo más desafortunado esta limitante es que no da posibilidad a la participación abierta de todas las fracciones parlamentarias representadas en cada Cámara.
Es importante que el Congreso de la Unión sea siempre cuidadoso de dar el ejemplo a la sociedad, sobre todo con respecto al principio de legalidad, el cual consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley de manera expresa les confiere. Para poder ser un ejemplo, siempre debe existir claridad, no deben quedar lugar a dudas o sospechas.
De igual forma no debe generarse el antecedente ni poner en duda que un Funcionario Público, quien quiera que sea, sin importar su afiliación política, o nivel jerárquico, pueda pisar y estar sobre las leyes, que son las que marcan la pauta para mantener la armonía y el respeto entre todos los mexicanos.
Es claro que los mexicanos no deseamos volver al pasado de impunidad de los funcionarios públicos, y es trascendente para el país no ceder en el esfuerzo por poner a éstos, que se consideran impunes, frente a un juez.
Estos funcionarios que pisan nuestras leyes, no solo afectan de forma directa a la sociedad con sus acciones delictivas, sino que también son un pésimo ejemplo para toda la sociedad y en específico para nuestra juventud y niñez, en quienes tenemos fincada nuestra esperanza y en quienes no debe quedar duda de que nadie esta sobre nuestras leyes. El pueblo de México desea y exige vivir en un país con justicia, en donde los servidores públicos sean un ejemplo a seguir por su honradez, eficiencia y confianza.
La ley garantiza que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, y el congreso tiene la responsabilidad de darle este acceso equitativo a todas las fracciones parlamentarias.
No se puede eliminar de principio, la posibilidad a que tienen derecho todas las fracciones parlamentarias en participar en la solución de los asuntos de interés nacional.
Es importante buscar la forma de orientarnos hacía mayores posibilidades del sistema de representación proporcional que garantizan la flexibilidad de un sistema y que no obscurezca a un solo partido. La variedad y diversidad enriquecen cuando se cuenta con la madurez política.
Queremos vivir en un Estado de representación democrático y plural en donde se presenta la variedad y amplitud de opciones, en donde sí, la mayoría al fin de cuentas decide, pero siempre con la participación y respeto a las minorías.
El avance democrático y plural es prioritario, no debe haber lugar a exclusiones, ya que todos estamos obligados a participar en la solución de los asuntos de interés nacional, siempre con responsabilidad y creatividad, tomando decisiones inteligentes y ejerciendo a plenitud nuestra capacidad de legisladores.
Es necesario bajar la presión para el correcto manejo y operación de la Sección Instructora, es oportuno darle claridad a la Sección Instructora, no debe haber duda sobre posibles acuerdos en lo obscurito, y esta claridad se dará con la participación de todas las fracciones parlamentarias, en donde se realice un análisis transparente y se escuchen a todas las voces del país representadas en el congreso. Nuestra propuesta garantiza la participación plural y le da claridad a la misma.
El Congreso de la Unión debe siempre mantener por delante los principios que la orientan como la democracia, la pluralidad, el respeto y la legalidad. Los principios y postulados deben tener expresión en realidades, y es responsabilidad nuestra hacer que se cristalicen en el funcionamiento y proceder de este órgano de representación popular.
Con base a lo expuesto, se propone que todos los grupos parlamentarios estén representados en la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y en la de Enjuiciamiento en la de Senadores. El número de representantes por juez será de uno. Para el juez que tenga la mayor representación en cada Cámara respectiva contará con un integrante adicional así como el derecho de presidir la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores. El Presidente designado tendrá voto de calidad en caso de empate. Las conclusiones de las secciones mencionadas serán tomados por mayoría simple.
Asimismo se propone reformar el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso para que en la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados deberán estar representados los grupos parlamentarios.
Hacemos un llamado a todas las fracciones parlamentarias, para apoyar esta iniciativa, la cual fortalecerá la credibilidad y transparentará nuestro proceder en estos asuntos de interés nacional, en donde, el prestigio de este órgano legislativo está en juego.
Por ello, el suscrito diputado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a esta H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se reforma el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero. Se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 11.
Al proponer la Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las Comisiones, los integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores. En cada sección respectiva los grupos parlamentarios de cada Cámara, estarán representados por un integrante, salvo para el juez que tenga la mayor representación en la Cámara en cuestión, quien contará con un integrante adicional así como el derecho de presidir la Sección. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. En todo caso las conclusiones serán por mayoría simple.
Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Junta de Coordinación Política, manteniendo la estructura de representación descrita en el párrafo anterior, de entre los miembros de las Comisiones respectivas.
Artículo Segundo.- Se reforma el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 40.
5. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la Sección Instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos; en dicha Sección deberán estar representados los grupos parlamentarios.
Artículo Único.- el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de marzo de 2005.
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos
Humanos, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Marzo 10 de
2005.)
QUE ADICIONA UNA FRACCION VII AL
ARTÍCULO 3 DE LA LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES
EN MATERIA ECONÓMICA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ
SALORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES
10 DE MARZO DE 2005
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, 72, 73, fracción XXX, y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 57, 60, 62, 63, 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Relaciones Exteriores la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 3 de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
México ha firmado doce acuerdos comerciales que lo unen con 43 naciones, entre ellas las principales economías del mundo como Estados Unidos y Canadá y muy pronto estará vinculado con Japón,1 así como ya lo esta con la Unión Europea, Israel y con la mayoría de los países de América del Sur y Centroamérica.
Por la magnitud de nuestras relaciones económicas sin duda los más importantes son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el signado con la Unión Europea.
Actualmente nuestro país es un activo promotor del acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Estas negociaciones son de particular importancia no sólo por su magnitud y complejidad, sino porque pueden rectificar o ratificar la orientación de los acuerdos anteriores.
En los hechos el Tratado de Libre Comercio se ha convertido en el piso mínimo para la negociación de cualquier acuerdo y es la expresión más acabada de la agenda corporativa para la globalización, se adelanta incluso a los acuerdos de la Ronda de Uruguay que dio origen a la Organización Mundial de Comercio.
A pesar de este activismo diplomático y comercial, que ha derivado en un importante crecimiento de nuestra capacidad exportadora, en nuestro país todo mundo, incluido el gobierno, empresarios, académicos y sociedad reconoce que hay un enorme rezago social, pero lo que no se quiere reconocer es que esta situación tiene que ver con el modelo o estrategia económica seguida en las últimas dos décadas y que la firma de Tratados Comerciales en si mismo no son la solución.
Es necesario reconsiderar el perfil de los tratados reconociendo que los costos que estos generan no se resuelven sólo con políticas sociales, sino que tienen que ver con la sustancia de los tratados y el rumbo económico implementado por el gobierno de México al menos desde 1982 y que se coronan y convierten en ley en 1994 cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Las negociaciones comerciales, y en particular los tratados de libre comercio, son sólo un pilar dentro de la estrategia económica de México y han permitido enfrentar aparentemente con éxito la creciente competencia mundial y asegurar un crecimiento económico sostenido en el corto y largo plazo.
En perspectiva, recordemos que desde la década de los años noventa, México ha negociado tratados de libre comercio que otorgan acceso seguro y preferencial a los mercados en tres continentes.
Nuestra red de tratados nos brinda acceso a más de 860 millones de consumidores, lo cual genera enormes oportunidades para el sector exportador mexicano. Lo preocupante es que este esfuerzo exportador no ayuda al crecimiento de nuestro mercado interno, no mejora el nivel de empleo ni el perfil de la distribución del ingreso.
La consecuencia es clara, la tasa de crecimiento alcanzado es insuficiente.
Los resultados son aparentemente paradójicos. Se tiene éxito en lograr un fuerte sector exportador y que las exportaciones manufactureras se diversifiquen.
También se tiene éxito en atraer inversión extranjera y lo mejor es que, en los últimos años, esta inversión es predominantemente inversión directa. Pero paradójicamente se fracasa en el resultado general esperado, que la economía en su conjunto crezca aceleradamente y se generen suficientes y buenos empleos. Es decir, se logran los instrumentos planteados en la estrategia: muchas exportaciones manufactureras y grandes volúmenes de inversión extranjera, pero el crecimiento es muy pobre incluso negativo en términos absolutos.
La explicación de esta paradoja es que las crecientes exportaciones manufacturas no han sido motor del crecimiento general de la economía debido al poco contenido nacional que incluyen.
Las exportaciones crecen exponencialmente pero están desconectadas de las cadenas productivas mexicanas y por ello no jalan tras de sí al resto de la economía ni al mercado interno, tampoco generan empleo indirecto.
Lo anterior no es sólo fruto de falta de competitividad de los productos mexicanos, sino de la forma en que se negoció el Tratado de Libre Comercio y el resto de los acuerdos comerciales.
Efectivamente se ha logrado atraer grandes cantidades de inversión extranjera, incluso directa, pero los tratados impiden regularla, y guiada sólo por el mercado, no ha logrado un efecto multiplicador en el crecimiento económico del país y en la generación de buenos empleos.
Exportamos mucho, pero dichas exportaciones son poco mexicanas tanto por sus componentes como por la propiedad de las empresas que exportan.
El comercio exterior se ha convertido en un elemento clave de la estrategia económica, pero tenemos déficit comercial con el mundo, es decir, sale más de lo que ingresa. La clave de la estrategia económica mexicana está en el sector externo: exportar y atraer inversión extranjera; pero las cuentas globales de nuestro país con el exterior (la balanza de cuenta corriente) son crecientemente deficitarias.
El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se ubicó en 2004 en 8 mil 712 millones de dólares, equivalente a 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto.2
México debe integrarse en la economía mundial; pero bajo parámetros distintos a los que se han negociado. Este es el objetivo explícito de esta iniciativa.
México no logrará crecer de forma estable y acelerada y menos crear suficientes y buenos empleos si no se diseña una estrategia que al menos tenga los siguientes elementos:
b) Generalizar el crecimiento y la multiplicación
de los empleos.
c) Ampliar y consolidar el mercado interno.
d) Mejorar los niveles de ingreso de la mayoría
de la población
e) Abatir la pobreza. Al mejorar los niveles de vida
de la mayoría de la población.
El modelo mexicano no ha sido sólo favorecer las exportaciones sino, que lo ha hecho a costa de una reducción del mercado interno.
En este sentido esta iniciativa adquiere una relevancia particular en un contexto económico en donde se debe dinamizar el mercado interno con el fin de integrarnos eficientemente en el mercado internacional. Por lo anterior los diputados que integramos la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, sometemos para su discusión y eventual aprobación a ésta H. Asamblea, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.
Decreto
Artículo 3
Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales:
VII. Contribuir al fortalecimiento del mercado interno y al crecimiento económico.
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 El Acuerdo de Asociación Económica con
Japón entra en vigor en el mes de abril del 2005.
2 Fuente: Banco de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de marzo de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores,
y de Economía. Marzo 10 de 2005.)
Siendo las 11:30 horas del día 29 de septiembre del año en curso se llevó a cabo la sexta reunión plenaria de la Comisión de Defensa Nacional de la H. Cámara de Diputados en el salón B del restaurante Los Cristales, para el desahogo del siguiente Orden del Día:
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Legisladores:
Dip. Guillermo Martínez Nolasco, PRI. Presidente
Dip. Ernesto Alarcón Trujillo, PRI. Secretario
Dip. Fermín Trujillo Fuentes, PRI. Secretario
Dip. Fernando A. Guzmán Pérez Peláez,
PAN. Secretario
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, PT. Secretario
Dip. José Alberto Aguilar Iñárritu,
PRI. Integrante
Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera, PRI. Integrante
Dip. Lino Celaya Luria, PRI. Integrante
Dip. Florentino Domínguez Ordóñez,
PRI. Integrante
Dip. Abel Echeverría Pineda, PRI. Integrante
Dip. José García Ortiz, PRI. Integrante
Dip. Jorge Ortiz Alvarado, PRI. Integrante
Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa, PRI. Integrante
Dip. Julián Angulo Góngora, PAN. Integrante
Dip. Rodrigo Iván Cortés Jiménez,
PAN. Integrante
Dip. Adriana González Carrillo, PAN. Integrante
Dip. Socorro Díaz Palacios, PRD. Integrante
Dip. Pablo Franco Hernández, PRD. Integrante
Dip. Ana Lilia Guillén Quiroz, PRD. Integrante
Dip. Elpidio Tovar de la Cruz, PRD. Integrante
Contándose con el quórum legal para su celebración, el diputado Presidente dio por iniciada la reunión, consultando a la asamblea si se aprobaba el Orden del Día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.
2.- Lectura del acta de la reunión plenaria realizada el 8 de septiembre de 2004.
Se solicitó dispensar la lectura del acta de la sesión plenaria del 8 de septiembre de 2004, aprobándose la solicitud. Acto seguido se sometió a votación el acta aprobándose por unanimidad.
3.- Lectura, y en su caso aprobación, del proyecto de dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 29 fracción XV, deroga la fracción XVIII del artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reforma y adiciona los artículos 29, 30 y 32 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objeto de otorgar a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad exclusiva para expedir licencias de portación de armas.
El Presidente de la Comisión propuso la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen y que se sometiera a discusión y en su caso aprobación el punto resolutivo del dictamen.
Único: "La Comisión de Defensa Nacional resuelve que la iniciativa con proyecto de decreto reforma el artículo 29 fracción XV, deroga la fracción XVIII del artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reforma y adiciona los artículos 29, 30 y 32 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se integre con las modificaciones propuestas en las consideraciones del presente proyecto de dictamen al paquete de iniciativas que se dictaminarán en conjunto en el dictamen con proyecto de decreto de la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia."
A continuación, el Presidente de la Comisión instruyó se sometiera a votación el proyecto de dictamen, aprobándose por unanimidad.
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los artículos 21, 22, 24 fracción III, 74, 79 fracciones IV y X, 80 fracciones III y IV, 128 fracción VII, 129 fracciones V inciso A) y VIII inciso C), 215, 222 y 228 reservados en lo particular del proyecto de dictamen de la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia aprobado en lo general en la sesión plenaria de la Comisión de Defensa Nacional del día 28 de abril de 2004.
Se propuso dispensar la lectura del proyecto de dictamen de los artículos reservados en lo particular, aprobándose se discutieran primeramente los artículos 79 fracción IV y X, 80 fracciones III y IV, 128 fracción VII, 129 fracciones V inciso a y VIII inciso c; en virtud de que contienen la misma propuesta de modificación que es cambiar el término modificar, por las palabras hacer del conocimiento.
Diputado Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, del PAN. Al manifestar la posición de su grupo parlamentario señaló que es más pertinente el término "notificar" que normalmente se utiliza en todos los procedimientos.
Diputado Pablo Franco Hernández, del PRD. En su exposición consideró pertinente que no aparezca la palabra notificar, puesto que en derecho procesal es un acto que tiene los efectos de someter alguna parte a juicio, es susceptible de nulidad, por tanto se refiere a un acto jurídico de una precisión y especialización muy concreta. Agregó que de lo que se está hablando es de que la autoridad procuradora de justicia, en su caso, tenga conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de delito o no y el efecto jurídico puede ser que se abstenga de actuar o que en el ejercicio de sus facultades inicie una averiguación previa. No habiendo nadie más quien haga uso de la palabra, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, procedió a levantar la votación de los artículos arriba señalados aprobándose en los términos del proyecto de dictamen. A continuación se procedió a la discusión y votación del artículo 215 reservado en lo particular, siendo leído por el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión.
Diputado Pablo Franco Hernández, del PRD. Comentó que la pena propuesta en el proyecto de dictamen es demasiado severa, particularmente para los artesanos. Propuso que se ampliara el rango de la pena máxima y mínima para que a criterio del juzgador se pueda sancionar el caso concreto, de tal manera que en lugar de "tres a siete años," quede "de un mes a diez años."
Diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del PRI. Expresó que la propuesta contenida en el proyecto de dictamen es acertada ya que se trata de sustancias peligrosas, señaló que en diversos estados de la República se han producido decesos por falta de cuidado. Agregó que el hecho de imponer una pena alta es para proteger los actos de descuido que pudieran suscitarse por confiar en que pueda haber una sanción muy baja, así como si se sanciona con la pena mínima, el justiciable podría alcanzar el beneficio de la suspensión condicional de ésta, particularmente por lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales.
Diputado Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, del PAN. Consideró que la propuesta original del proyecto era acertada ya que permite establecer la pena con mayor facilidad, en virtud de que se prevé fijar de tres a siete años de prisión, cuando en la modificación propuesta sería de un mes hasta de diez años.
Diputado Pablo Franco Hernández, del PRD. Aclaró que en este artículo no se están discutiendo las causas que pudieran provocar accidentes, previstas en el artículo 222, sino que se está hablando de la fabricación sin un permiso, que sí puede tener desde la gravedad que implica la fabricación industrial de manera irresponsable hasta el riesgo que implica la fabricación artesanal con motivo de tradición cultural.
No habiendo nadie más quien haga uso de la palabra, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, procedió a levantar la votación del artículo 215, aprobándose en los términos del proyecto de dictamen. A continuación se procedió a la discusión y votación del artículo 222 reservado en lo particular, siendo leído la modificación propuesta tanto por el Partido de la Revolución Democrática como por la Presidencia de la Comisión de Defensa Nacional.
Diputado Pablo Franco Hernández, del PRD. Señaló que la propuesta de su grupo parlamentario consiste en imponer un agravante de hasta una tercera parte más de la pena del delito cometido.
Diputado Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, del PAN. Expresó estar de acuerdo con la propuesta presentada por el PRD por considerar que era más justo que establecer una pena fija al delito cometido.
No habiendo nadie más quien haga uso de la palabra, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, procedió a levantar la votación del artículo 222, aprobándose en los términos propuestos por la Presidencia de la Comisión, en el sentido de que la pena propuesta en el artículo reservado citado sea, de tres a siete años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa.
A continuación se procedió a la discusión y votación del artículo 228 reservado en lo particular, siendo leído por el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, así como la modificación propuesta por el Partido de la Revolución Democrática.
Diputado Pablo Franco Hernández, del PRD. Manifestó que la pena podría resultar excesiva en aquellos casos en los que alguna persona transporte un arma de bajo calibre descargada, en contraste con alguien que pudiera transportar un arma de grueso calibre cargada, donde para ambos se contempla aplicar la misma pena. Añadió que en cambio, con la propuesta del PRD, se le permite al Juez un margen más amplio de imponer la sanción a fin de evitar que se sancionen de igual manera, conductas diferentes.
Diputado Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, del PAN. Consideró que era conveniente sancionar conforme lo establece el proyecto de dictamen que contempla una pena de cuatro a ocho años, es decir una sanción muy firme para evitar tentaciones de enviar armas o municiones mediante el Servicio Postal Mexicano o Servicios de paquetería o mensajería.
No habiendo nadie más quien haga uso de la palabra, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, procedió a levantar la votación del artículo 228, aprobándose en los términos propuestos por el proyecto de dictamen. A continuación se procedió a la discusión y votación del artículo 22 reservado en lo particular, siendo leído por el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, así como la modificación propuesta por el Partido de la Revolución Democrática.
Diputada Socorro Díaz Palacios, del PRD. Afirmó que para el grupo parlamentario del PRD no existen razones para permitir que los militares en situación de retiro porten armas de igual manera que los militares en servicio activo. Advirtió que existen datos difundidos acerca de militares que se han vinculado a grupos de la delincuencia organizada. Cuestionó si este permiso consistente en que los militares en situación de retiro porten armas, aún vestidos de civil, acaso propicia la vinculación de algunos militares en actividades delictivas, combatidas por el Ejército. Agregó que esta preocupación alienta la propuesta del PRD a la cual comentó se le podría hacer una modificación en el sentido de especificar que solamente sea autorizado al personal de Generales, Jefes y Oficiales en servicio activo, con lo cual se estaría atendiendo el interés de su grupo parlamentario de no permitir que a los militares en situación de retiro se les permita portar armas sin la autorización correspondiente.
Diputado Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, del PAN. Consideró que la propuesta de la diputada Socorro Díaz Palacios es atendible y que en los casos lamentables de vinculación de algún o algunos elementos militares en situación de retiro con actividades ilícitas, tendrían que ser sancionados por la ley. Señaló que no se debe facilitar la autorización de portación de armas, ya que ello, nos puede llevar a situaciones inconvenientes en la vida cotidiana. Comentó que a pesar de la capacitación y la formación que se recibe en el Ejército, como no sucede en otras instancias de seguridad pública en lo relativo al manejo de armas, así como la preparación mental que se requiere para hacer uso de ellas exclusivamente cuando la situación lo requiere, el hecho de portar un arma cuando llegue a presentarse una discusión por insignificante que sea, podría llevar a situaciones de riesgo. Coincidió en que no existe razón para votar a favor de que se pueda autorizar que el militar cuando pasa a situación de retiro continúe portando un arma. Respaldó la propuesta de la diputada Socorro Díaz para eliminar el tercer párrafo de la propuesta del PRD y simplemente hacer la modificación en el propio texto del artículo 22, eliminando las palabras "aquellos que se encuentren en situación de retiro".
Diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del PRI. Señaló que se estaba tratando un tema al margen de las características del Ejército. Agregó que lo que se está analizando son las normas de un fuero militar, no las que se refieren a la portación de armas en situaciones incluidas dentro del ámbito del fuero civil. Aseguró que todo miembro del ejército desde su ingreso a la institución hasta que fallece está sujeto al fuero militar, que la situación de retiro es un asunto de carácter administrativo y que el personal en situación de retiro, en caso de necesidad, automáticamente es reincorporado al servicio activo. Dijo que cualquier militar, particularmente el retirado, que comete un delito es sancionado por su conducta delictiva y que cuando un militar pasa a situación de retiro, no deja de ser militar y continúa teniendo las características que lo distingue como tal, de manera permanente.
Diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del PRI. Hizo referencia a lo establecido en los artículos 137 y 189 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que concretamente señalan, en el caso del artículo 137: "De acuerdo con su situación en el Ejército y Fuerza Aérea, los militares se consideran en activo, reserva y retiro". El artículo 189 considera: "La situación de retiro es aquella en que son colocados los militares con la suma de derechos y obligaciones". Asimismo, se refirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se define muy claramente el asunto en discusión y aclara que sí pueden usar un arma los militares en situación de retiro. Finalmente reiteró que el mal uso de una arma de fuego es sancionado por la ley, trátese de un militar o un civil.
Diputado Pablo Franco Hernández, del PRD. Expuso que no puede haber ciudadanos de excepción y en este caso que se trata de militares capacitados para portar un arma, deben igualmente cumplir los requisitos para solicitar la licencia de portación respectiva. Dijo que no había razón para que el militar no realizara el trámite correspondiente que a fin de cuentas es el espíritu de esta ley, tener control sobre las armas que circulan legalmente. Agregó que cada día nos enteramos de más situaciones en México y el extranjero de incidentes graves causados por el manejo indebido de las armas y que entonces el objetivo sería restringir la circulación de las armas y que las que existan estén debidamente controladas, correspondiendo al sentido del honor militar poner el ejemplo en este control y atender el trámite de solicitar la licencia respectiva.
Diputado Guillermo Martínez Nolasco, del PRI. Manifestó que en relación a lo expresado por quien lo antecedió en el uso de la palabra, hacer una excepción es ajustar al bien común las conductas personales. Explicó que con esta decisión se le va a quitar un derecho a una comunidad sólo porque se presenta un problema de conducta personal. Indicó que no se deben quitar derechos adquiridos y que así como se defienden los derechos de los trabajadores del ISSSTE, del Seguro Social y de otros organismos, se deben defender también los de los militares que fueron adquiridos a través de la prestación de años de servicio. Finalmente manifestó que este personal está sujeto a la ley, y quien aparta su conducta personal de la norma, es sancionado en los términos establecidos por ésta.
Diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del PAN. Comentó que es representante del municipio de Naucalpan donde se ha desempeñado como regidor y que anteriormente se han presentado problemas en las inmediaciones del Campo Militar adyacente al Toreo de Cuatro Caminos. Señaló que se registraron casos de militares que hicieron uso abusivo de su arma de fuego, donde éstos estaban en servicio activo. Agregó que en el caso de las armas de los militares que se encuentran en situación de retiro, se da una ambigüedad legal y consideró que si se pone de manera explícita "o en situación de retiro" se subsana esta laguna legal.
No habiendo nadie más quien haga uso de la palabra, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, procedió a levantar la votación del artículo 22, aprobándose en los términos propuestos en el proyecto de dictamen.
A continuación se procedió a la discusión y votación del artículo 24 reservado en lo particular, siendo leído por el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, así como la modificación propuesta por el Partido de la Revolución Democrática.
Diputado Pablo Franco Hernández, del PRD. Manifestó que el planteamiento de su Grupo Parlamentario es que para la emisión de cualquier tipo de licencia sea indispensable que la persona física que habrá de portar un arma apruebe un curso de capacitación que acredite estar apta para el manejo de las armas. Comentó que en la Ciudad de México se presentó el caso de un custodio del Servicio Panamericano que por ley y en su contrato colectivo debería estar capacitado en el manejo de las armas. Agregó que también se presentó el caso de un presidente municipal en el estado de Oaxaca que ante la posibilidad de perder el poder, empleó un arma de manera irresponsable, aunque al parecer tenía licencia para portarla, sin embargo, no tenía la capacitación para utilizarla.
Diputado Lino Celaya Luría, del PRI. Señaló que en el caso de Oaxaca, finalmente no se trata de incapacidad en el manejo de un arma, ni tampoco se trata de un militar, sino que se trata de un asunto de un custodio del servicio de transporte de valores. Comentó que se trata de casos precisos como lo son también los relativos a la autorización de licencias para conducir vehículos. Manifestó que está muy claro qué tipos de armas se pueden portar en el Ejército o cuáles son de su responsabilidad y qué tipos de armas usa el ciudadano común que en este caso son las licencias que se extienden.
Diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del PRD. Expresó que en diez años, once mil veintiséis personas han muerto por accidentes causados por arma de fuego; ocho mil setenta suicidios por arma de fuego y ochenta y siete mil seiscientos treinta y nueve homicidios de igual manera, por lo que consideró que no era oneroso para quien vaya a registrar un arma o a pedir una licencia, el hecho de tener que recibir un curso de capacitación. Agregó que las muertes por accidentes ocupan el 37.8% de los casos, incluyendo los casos de muerte por proyectiles de arma de fuego.
Diputado Ernesto Alarcón Trujillo, del PRI. Se manifestó a favor del proyecto de dictamen. Dijo que la propuesta del PRD abarca varios aspectos en los cuales no se puede intervenir, tal es el caso de que en cada Secretaría de Seguridad Pública tanto a nivel estatal como federal tienen sus propias academias donde llevan a cabo su adiestramiento. En relación con la capacitación, señaló que los titulares de las dependencias se encargan de capacitar a los agentes de policía bajo su responsabilidad. Por tanto, señaló que la licencia particular para portar un arma es un caso de excepción que afortunadamente en nuestro país no es una generalidad. Agregó que considera riesgoso abrir un curso de capacitación para portar un arma, pues es tanto como abrir la puerta para que se institucionalice y se haga oficial. Finalizó que en este caso, antes de ver las cifras de manera fría, hay que analizar las circunstancias.
Diputado Pablo Franco Hernández, del PRD. Manifestó que se estaba discutiendo una Ley de Armas de Fuego y se debe velar porque las Secretarías de Seguridad Pública de cada Estado cumplan con una normatividad. Agregó que la Secretaría de la Defensa Nacional debe ser responsable de garantizar la capacitación para cualquier persona que solicite una licencia. Comentó que las cifras proporcionadas por la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz son dramáticas y obligan a la reflexión de que una de las causas de estas muertes y de la inseguridad pública en general es la proliferación de armas y que la mayoría son clandestinas. Consideró que de conformidad con el presupuesto asignado a la Secretaría, se pudiera iniciar un sistema de registro que demuestre que los interesados están capacitados y que las corporaciones de seguridad cumplan con el requisito de capacitación. Finalizó señalando que no todas las licencias colectivas que se solicitan son para servicios de seguridad pública y que muchas licencias son para servicios de seguridad privada en donde ya se ha visto lo que ha ocurrido, por tanto es que se insiste en su propuesta.
Diputado Guillermo Martínez Nolasco, del PRI. Expresó que para ningún integrante de la Comisión de Defensa Nacional y de la Legislatura en conjunto es deseable la pérdida de vidas humanas y mucho menos por manejos clandestinos o equivocados de cualquier arma, artificio o sustancia contemplada en la ley. Coincidió con el diputado Pablo Franco en el sentido de que se está atendiendo una Ley Federal de Armas de Fuego que hay que defender y en la cual se tienen siete años en este proceso, por lo que la sociedad dispone actualmente de una ley que deja muchos huecos y desinformaciones. Hizo referencia a que toda ley es perfectible, consideró que quien está necesitando esta ley es la propia sociedad. Señaló que la propuesta del diputado Pablo Franco Hernández está contemplada en el proyecto de ley en su fracción III del artículo 30 con la obligación del titular de la licencia oficial colectiva para capacitar permanentemente al personal a su cargo en el manejo adecuado de las armas. En cuanto a la licencia oficial colectiva que se expide a las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia de la federación, de los estados y del Distrito Federal, así como dependencias o entidades de la Administración Pública Federal a cuyo cargo se encuentran las instalaciones y servicios estratégicos del país, dijo que con la propuesta del PRD, estas instituciones tendrían que estar sujetas al curso de capacitación para el manejo de armas que impartiría y evaluaría la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual iría en perjuicio de sus facultades para capacitar en academias o institutos a sus propios cuerpos policiacos o agentes.
Diputado Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, del PAN. Manifestó que ante una propuesta que podría ser realizable, se vería con interés y se respaldaría, pero que hasta donde ha revisado en ninguna legislación está previsto que haya una capacitación en lo particular para quien solicite un registro de un arma. Señaló que como se ha puesto de manifiesto evidentemente en el Ejército hay capacitación para el uso de las armas, así como en los cuerpos de seguridad hay capacitación que tiene que mejorarse y supervisarse, pero para una persona que solicita un registro y que quiere portar un arma, es bajo su riesgo y su derecho por las circunstancias que lo estime. Opinó que no debe establecerse una norma obligatoria sin tener la instrumentación de la misma y que es un derecho legítimo a la defensa bajo las circunstancias propias de las personas que acudan a ejercerlo y registrarlo asumiendo ese riesgo. Comentó que el Estado no puede asumir esa capacitación invitando prácticamente de esta manera a que pueda armarse la población, lo cual no es deseable.
Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, del PRI. Expresó que la expedición de una licencia no tiene que ir aparejada con la necesaria capacitación del usuario porque se convertiría en una obligación del Estado. Consideró que más que un asunto de capacitación es eminentemente de responsabilidad y prudencia del portador de la misma. Señaló que el proyecto de ley en los casos de los titulares de las licencias particulares colectivas que son por ejemplo las empresas de seguridad privada ya contempla en su fracción II del artículo 27 la capacitación permanente del personal a su cargo en el manejo adecuado de las mismas.
Diputado Pablo Franco Hernández, del PRD. Afirmó que se está legislando para crear o modificar normas y que por tanto le parece importante que se inicie este proceso para que quien porte un arma y eventualmente haga uso de ella, debe demostrar que sabe utilizarla. Consideró que en la Secretaría de la Defensa Nacional existen los recursos para establecer un mecanismo adecuado para la capacitación de los civiles que pretenden portar un arma. Finalmente dijo que la instancia que tiene el monopolio de la violencia como lo señaló acertadamente el diputado Aguilar Iñárritu, sería la responsable de verificar que quien eventualmente va a utilizar un instrumento de violencia esté capacitado para ello.
No habiendo nadie más quien haga uso de la palabra, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, procedió a levantar la votación del artículo 24, aprobándose en los términos propuestos por el proyecto de dictamen.
A continuación se procedió a la discusión y votación del artículo 74 reservado en lo particular, siendo leído por el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, así como la modificación propuesta por el Partido de la Revolución Democrática.
Diputado Pablo Franco Hernández, del PRD. Manifestó que la propuesta de su grupo parlamentario es en el sentido de que hubiese una responsabilidad por parte de quien ya maneja armas y los indicios que se presenten en éstas que se encuentren involucradas en la comisión de un delito que de antemano es la Secretaría de la Defensa Nacional sin embargo, propone reforzar la procuración de justicia con su modificación porque la dilación en la entrega de las armas, como de cualquier indicio, pudiera ser en perjuicio del procesado y en general ir en detrimento de la procuración de justicia.
No habiendo nadie más quien haga uso de la palabra, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, procedió a levantar la votación del artículo 74, aprobándose éste en los términos propuestos en el proyecto de dictamen. A continuación se procedió a la discusión y votación del artículo 21 reservado en lo particular, siendo leído por el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión. En este punto se informa que no existe propuesta de modificación al artículo 21 por parte del Partido Acción Nacional ya que se considera subsanada con la Iniciativa presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala que ha sido aprobada con anterioridad, por tanto se aprueba la redacción del artículo 21 de conformidad con el proyecto de dictamen.
Diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión. Informa que se han agotado los artículos reservado del proyecto de dictamen de la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia, aprobado en lo general el 28 de abril del año en curso por esta Comisión.
Diputado Guillermo Martínez Nolasco, Presidente de la Comisión. Instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión para que en los términos en que fueron aprobados los artículos reservados, se integren al dictamen con proyecto de decreto de la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia y se turne a las Comisiones de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos para los efectos legislativos correspondientes. Acto seguido solicitó al secretario de la Comisión dé cuenta del siguiente asunto del orden del día.
Diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión. Informó que el siguiente punto en el orden del día corresponde a asuntos generales teniéndose agendada la lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional para la Comparecencia del secretario de la Defensa Nacional a celebrarse el día 13 de octubre del 2004 a las 10:00 horas, procediendo a dar lectura al texto del citado acuerdo para someterlo a discusión y en su caso aprobación de la asamblea.
Diputado Julián Angulo Góngora, del PAN. Expresó que el formato del acuerdo para la comparecencia va a llevar mucho tiempo por los diez minutos que se le otorgan al secretario para contestar posterior a cada intervención de los legisladores. Manifestó que en la Comisión de Gobernación se tuvo un acuerdo referente en el que se determinó un tiempo de 15 minutos de respuesta para el secretario al término de todas las intervenciones de los legisladores, por tanto sugirió a la asamblea se adoptara esta disposición de tiempo para la comparecencia citada.
Diputada Socorro Díaz Palacios, del PRD. Solicitó se modificara la disposición del tiempo de respuesta contenida en el Acuerdo para la Comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, para disponer de una sola intervención de 15 minutos del secretario, al término de las preguntas de los legisladores.
Diputado Guillermo Martínez Nolasco, Presidente de la Comisión. En atención a las propuestas expresadas, ofreció realizar las correcciones necesarias al Acuerdo para la Comparecencia, contando con la aprobación expresa de la asamblea.
El diputado Presidente dio por terminada la reunión a las 13:15 horas.
Diputados: Guillermo Martínez Nolasco, Presidente;
Ernesto Alarcón Trujillo, Fermín Trujillo Fuentes, Fernando
A. Guzmán Pérez Peláez, Cristina Portillo Ayala, Juan
Antonio Guajardo Anzaldúa, secretarios (rúbricas).
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, DE SU QUINTA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL MARTES 1 DE MARZO DE 2005
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón Protocolo, del edificio A, siendo las 11:00 horas del día 1 de marzo de 2005, se reunieron los siguientes ciudadanos diputados integrantes del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria: Víctor Suárez Carrera, Fernando Ulises Adame de León, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Luis Antonio Ramírez Pineda, Arturo Robles Aguilar, Gonzalo Moreno Arévalo, Gonzalo Ruíz Cerón, Adrián Villagómez García, Esteban Valenzuela García, Juan Manuel Vega Rayet, Ramón González González, Edmundo Valencia Monterrubio, Armando Rangel Hernández, Pascual Sigala Páez, Valentín González Bautista y Adrián Chávez Ruiz; así como el doctor César Turrent Fernández, director general interino del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
Acto seguido, el diputado Víctor Suárez Carrera, Presidente del Comité, solicita al diputado secretario Fernando Ulises Adame de León sea tan amable de conducir la reunión, procediendo a dar lectura al siguiente
Orden del Día
2.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión del 27 de octubre de 2004.
3.- Intervención del doctor César Turrent Fernández, director general interino del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, para presentar a la consideración del pleno de este Comité, y en su caso aprobación, la propuesta del programa de trabajo y de presupuesto para el 2005.
4.- Asuntos generales.
En el segundo punto del orden del día relativo al acta de la sesión anterior, el diputado Fernando Ulises Adame, solicita que dado que todos cuentan con anticipación con el acta respectiva, se dispense su lectura, propuesta que fue aceptada y al no tener observaciones, es aprobada en sus términos el acta de la cuarta sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de 2004.
En el tercer punto del orden del día el diputado Femando Ulises Adame la palabra al doctor César Turrent Fernández, director general interino del Centro de Estudios, para presentar la propuesta de programa-presupuesto de trabajo 2005, misma que realiza con amplio detalle, explicando sus contenidos y sus alcances, así como los recursos económicos que se requieren para el cumplimiento de los objetivos.
Por su parte los diputados Valentín González Bautista, Gonzalo Ruíz Cerón, Fernando Ulises Adame y Víctor Suárez Carrera, realizaron comentarios generales en relación a la propuesta del programa de trabajo, así como cuestionamientos específicos respecto a la asignación de recursos a los diferentes programas y tareas para el 2005.
Por su parte, el doctor César Turrent, dio respuesta puntual a las preguntas que le realizaron los diputados, haciendo el compromiso de abundar en aquellos asuntos que sean del interés de los asistentes.
El diputado Fernando Ulises Adame, propone a la asamblea someter a su consideración en lo general la propuesta del programa de trabajo y de presupuesto para el 2005, a lo que procede de inmediato, votando por unanimidad todos los diputados presentes. En seguida se preguntó a los presentes si tenían alguna observación en lo particular, interviniendo el diputado Gonzalo Ruíz Cerón, para mencionar que el Centro de Estudios realice algunos ajustes de recursos para algunas ramas de producción que están en crisis y que requieren mas atención, como son copra y agave mezcalero, por lo que posteriormente enviará una propuesta concreta en este sentido, esta propuesta fue respaldada por el diputado Ulises Adame, quién además solicitó que haya mayor asignación de recursos para estudios relacionados con los recursos hidráulicos, para lo cual también enviaría su propuesta posteriormente.
Acto seguido, se sometió a la consideración de los presentes la votación en lo particular de la propuesta presentada, misma que fue aprobada por unanimidad.
Por lo anterior y en función de la relevancia y seguimiento de este acuerdo sostenido en el marco de la quinta reunión ordinaria de este Comité, se adjunta con la presente acta el programa de trabajo y de presupuesto 2005, aprobado en sus términos, a efecto de proceder a todos los trámites necesarios y conducentes a que haya lugar con las autoridades correspondientes de esta Cámara de Diputados.
En el último punto del orden del día, sobre asuntos generales, el diputado Víctor Suárez, intervino para comentar sobre diversas actividades, en primer lugar hizo mención de la invitación que se hizo al Centro de Estudios, por parte del Foro Latinoamericano y del Caribe de Finanzas Rurales, para participar en el seminario internacional Visión de los operadores sobre los servicios financieros rurales, que se llevará cabo en la ciudad de Oaxaca del 16 al 18 de marzo de 2005. Así mismo, en este contexto, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, tiene contemplado realizar el Coloquio internacional de servicios financieros para los pobres y el desarrollo rural, para el 15 de marzo del presente, el cual se realizará en este Palacio Legislativo.
Por otra parte, el diputado Víctor Suarez, hizo referencia a la participación de este Comité, en la presentación del libro Indígenas mexicanos migrantes en Estados Unidos, el próximo 14 de marzo de 2005; asuntos que fueron del conocimiento de los asistentes, quienes dieron su anuencia.
Por último, el diputado Víctor Suárez, informó sobre los avances en el proyecto de construcción del edificio para los Centros de Estudios, asunto en el se ha estado dando seguimiento junto con la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos del orden del día, el diputado presidente Víctor Suárez, da por terminada la quinta reunión ordinaria del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, a las doce treinta horas, del primero de marzo de 2005.
Diputados: Víctor Suárez Carrera,
Presidente, Fernando Ulises Adame de León, Alfredo Rodríguez
y Pacheco, secretarios, (rúbricas).
DE LA COMISION DE GOBERNACION, DE SU REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA EFECTUADA EL MARTES 8 DE MARZO DE 2005
Siendo las 11:15 horas del día martes 08 de marzo de 2005, previa convocatoria de la Presidencia, se llevó a cabo la reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
3. Lectura y aprobación en su caso, del acta de
la sesión anterior.
4. Reunión de trabajo con el doctor Luis Carlos
Ugalde Ramírez, Presidente del Consejo General del Instituto Federal
Electoral. Asunto: Redistritación.
5. Acuerdo parlamentario para definir las delegaciones de la Comisión de Gobernación, que asistirán a las distintas sedes en las que se celebrará el Foro Nacional de Consulta "Responsabilidades de los Servidores Públicos".
6. Organización del Foro de "Responsabilidades
de los Servidores Públicos" con sede en Mérida, Yucatán.
7. Asuntos varios.
Con la presencia de los, diputados Julián Angulo Góngora, David Hernández Pérez, Yolanda Valladares Valle, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguelángel García-Domínguez y Maximino Alejandro Fernández Ávila, da inicio la reunión. Acto seguido, aprueban el orden del día de la presente y el acta de la reunión anterior.
En cuanto al punto 4, el Presidente informa que ha sostenido pláticas con los diputados Presidentes de las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios a fin de convocar a una reunión de trabajo en Comisiones Unidas a la que asistirá el Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para informar sobre el acuerdo del IFE sobre la redistritación. La reunión tendrá lugar el día 8 de marzo de 2005 a las 17:30 horas en este recinto legislativo de San Lázaro.
En el desarrollo del punto 5 que se refiere a la integración
de las delegaciones de diputadas y diputados de esta Comisión que
asistirán a la celebración del Foro Nacional de Consulta
denominado "Responsabilidades de los Servidores Públicos" y que
organizan conjuntamente esta Comisión y las de Puntos Constitucionales,
de Justicia y Derechos Humanos y la Juris-
diccional, acuerdan que cada delegación se integrará
hasta por diez diputados por cada una de las sedes, con la siguiente integración
general: 4 GPPRI; 3 GPPAN; 2 GPPRD; 1 GPPVEM y 1 GPConvergencia.
Por cuanto al punto 6 del orden del día, acuerdan que el foro referido en el punto anterior y que corresponde a la organización a esta Comisión, se celebrará en la ciudad de Campeche, Campeche, el día 08 de abril de 2005.
En el apartado de asuntos varios:
El Presidente propone que la comparecencia del Licenciado Armando Salinas Torre Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosas de la Secretaría de Gobernación programada para que informe la situación que guarda el grupo denominado mara salvatrucha, se lleve a cabo a principios del mes de abril, previa conciliación de agendas. Lo que los presentes aprobaron.
El Presidente propone que se agende una reunión de trabajo en Comisiones Unidas con la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía a fin de avanzar en el proceso de dictamen de la iniciativa relacionada con NOTIMEX, informa que ha sostenido pláticas al respecto con el diputado Javier Orozco Gómez Presiente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Los presentes manifiestan estar de acuerdo en celebrar dicha reunión.
Por cuanto al proyecto de dictamen de la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia, se acuerda que el Presidente convenga con los Presidentes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y la de Defensa Nacional que tres diputados de cada una de las tres Comisiones, lleven a cabo reuniones de trabajo para poner en estado de resolución el expediente en cita.
El Presidente informa que previo acuerdo con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, próximamente se convocará a reunión de la Subcomisión de Examen Previo, a fin de conocer de los asuntos que ya cuentan con un proyecto de resolución. Asimismo, que existen dos Juicios de Amparo en los que se señala a la Comisión de Gobernación como Autoridad Responsable y que el día de hoy se rendirán los informes justificados correspondientes.
Por último, el Presidente informa sobre los avances en el proceso relativo a la reforma electoral.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la reunión a las 12:30 horas.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica),
secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria; Claudia Ruiz
Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila
(rúbrica), secretario.
Del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (en lo general y en lo particular)
Del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y expide la Ley del Fondo de Aseguramiento Agropecuario y Rural (en lo general y en lo particular)
La Constitución General de la República en su artículo 4°, señala: "La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado..." Pues bien, para el grupo parlamentario de Convergencia es el espíritu de este texto constitucional, el que enmarca el rescate fundacional del gran imperio azteca que comenzara el 13 de marzo de 1325.
Al consumarse la Conquista, el 13 de agosto de 1521, se puede dimensionar que este imperio indígena tuvo una duración aproximada de 200 años.
Sus peripecias desde la legendaria salida de Aztlán, hasta llegar al Valle de México que ya estaba ocupado por otros pueblos y culturas nos señalan que tuvieron que luchar no sólo contra los elementos naturales, sino contra las adversidades y el desaliento tribal dentro de sus propias filas.
Pero una vez aposentados en la parte más inhóspita y sólo utilizada por sus vecinos como fuente de aprovisionamiento, los tenochcas, antecedente del imperio, conforme a la leyenda de los augurios que los impulsó a buscar la tierra prometida, fueron adaptando las tierras a sus necesidades, rescatándolas de la insalubridad lacustre.
El grupo parlamentario de Convergencia, de alguna manera considera que los aztecas ejercieron con la guerra, los mismos elementos psicológicos de todos los conquistadores: expansionismo a costa de los pueblos vecinos hasta sojuzgarlos y hacerlos pueblos tributarios.
No es casual para el grupo parlamentario de Convergencia, que los aztecas ejercieran su hegemonía imperial extendiéndola hasta la dominación psicológica de la religión, en el sentido de la concepción filosófica y social de Carlos Marx: "Las ideas dominantes en una sociedad, son las ideas de la clase social dominante". Fundaron así, los aztecas un reino teocrático y de guerreros. Situación sociopolítica favorable, 200 años despues para que el conquistador Hernán Cortés encontrara el caldo de cultivo adecuado a su política de alianzas con los pueblos dominados y tributarios del expolio azteca.
Sin embargo, para el grupo parlamentario de Convergencia, exaltar la memoria de la fundación de Tenochtitlan, en este día, y, tomando en cuenta las secuelas negativas de la Conquista, cuyo genocidio intentó desaparecer a las culturas indias es que se vuelve positivo hacer este recuento.
De 159 reinos y culturas, con sus lenguas específicas antes de la llegada de los españoles, a la fecha quedan solamente disminuidas en 56 grupos étnicos arrinconados en las tierras menos feraces e improductivas de la República, y, disminuidos en sus culturas con una degradación en sus usos y costumbres, a grado tal que haya en nuestros días, miembros de la clase política dirigente que consideren al linchamiento salvaje como "parte de esos usos y costumbres".
Asimismo, estos grupos indios padecen el flagelo del analfabetismo absoluto. Aún hoy en el Siglo XXI porque no han sido incorporados a la civilización moderna, puesto que no sabiendo leer, escribir ni hablar el idioma nacional, el español quedan marginados del desarrollo y progreso nacionales. En medio del analfabetismo está el despojo de sus tierras labrantías.
A partir de ese analfabetismo en su seno se dan todas las explotaciones y extorsiones de la corrupción moderna, lo que los lleva al exterminio por éxodo hacia los centros urbanos y al extranjero. Sólo de ese modo se puede conocer que es en la zona fronteriza del norte de México y en Estados Unidos, en California, donde reside la más numerosa colonia de indios mixtecos, superior a los que sobreviven en Oaxaca y Puebla de donde son originarios.
Estas fueron algunas de las razones visionarias de los Constituyentes de 1917 para insistir en la protección legítima y legal del espíritu y la letra del artículo 4°, ya señalado. No es ocioso ni histórica ni sociológicamente, señoras y señores traer a la memoria de esta soberanía la conmemoración fundacional de nuestros orígenes, hace ya, para estas fechas, 680 años.
A juicio del grupo parlamentario de Convergencia las instituciones republicanas tienen una deuda todavía con lo que resta de aquellas culturas indias, abatir el analfabetismo e incorporar a más de 6 millones de indios y campesinos marginados a las posibdidades de progreso y desarrollo de la era moderna, sobre todo a las mujeres, niñas y adolescentes quienes son las que más sufren por estos rezagos socioculturales y políticos.
Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2005.
Dip. Jesús González Schmal
Al segundo foro sobre Desaparición forzada de personas, que se llevará a cabo el viernes 11 de marzo, de las 9:30 a las 14:30 horas, en las instalaciones del Fuerte de San Diego, situado en Hornitos y Morelos s/n, colonia Centro, en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE AMBIENTE
A la reunión de mesa de trabajo para la dictaminación de las iniciativas relativas a envases y embalajes, que se efectuará el viernes 11 de marzo, a las 16 horas, en el salón F del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Jaqueline Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
A su reunión plenaria ordinaria, que se llevará a cabo el lunes 14 de marzo, a las 17 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
3. Asuntos turnados por Mesa Directiva.
Conformación de grupos de trabajo para atender
los asuntos.
4. Discusión y aprobación del proyecto de
dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001.
5. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de trabajo con el licenciado José Guzmán Montalvo, administrador general de Aduanas, y con el licenciado Jesús Mao Cervantes, administrador central de Enlace Operativo y Seguridad de la Administración General de Aduanas, que se llevará a cabo el martes 15 de marzo, a las 9 horas, en el vestíbulo principal del edificio E, planta baja.
Orden del Día
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Al coloquio internacional Servicios financieros para los pobres y el desarrollo rural, que se llevará a cabo el martes 15 de marzo, a las 9 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Programa
9:00-9:30 Registro de participantes
9:30-10:00 Inauguración
Expositores
12:15-14:00 Políticas públicas y marco legal para favorecer la emergencia de sistemas financieros rurales
Expositores
Atentamente
Dip. Víctor Suárez Carrera
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la hepatitis "B", el martes 15 de marzo, de las 10 a las 17 horas, en el pasillo norte del edificio H.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
A su reunión plenaria, que tendrá lugar el martes 15 de marzo, a las 10:30 horas, en el salón B4 del basamento del GPPAN, situado en el edificio A.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 15 de marzo, a las 12 horas, en la sala de juntas de la Comisión, situada en el edificio F, tercer nivel.
Atentamente
Dip. Fernando Fernández García
Presidente
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión plenaria con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández, que tendrá lugar el martes 15 de marzo, a las 15 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A su vigésima reunión plenaria, en la que se presentará el informe de los resultados del segundo semestre del año fiscal de 2004 por parte de la Secretaría de Salud, el martes 15 de marzo, a las 16 horas, en el salón de protocolo del edificio A (lado sur, planta baja).
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 15 de marzo, a las 18 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 16 de marzo, a las 16 horas, en el salón Leona Vicario, situado en el edificio H, segundo piso.
Atentamente
Dip Fernando Fernández García
Presidente
DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRÁULICOS
A su decimotercera reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 16 de marzo, a las 17 horas, en el salón de la coordinación de Durango, edificio B, cuarto nivel.
Atentamente
Dip. Fernando Ulises Adame de León
Presidente
DEL GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA
A la presentación del libro La seguridad nacional en México, coordinado por el maestro José Luis Piñeyro, la cual se llevará a cabo el miércoles 16 de marzo, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. Rodrigo Iván Cortés Jiménez
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
El suscrito, José Agustín Ortíz Pinchetti, diputado Presidente de la Comisión del Distrito Federal, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a los integrantes de la Junta Directiva de esta Comisión a la reunión que se llevará a cabo el próximo 29 de marzo de 2005, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de esta Comisión, ubicada en el edificio D, piso 4, bajo el siguiente proyecto de
Orden del Día
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
Se convoca a los CC. diputados a la séptima reunión plenaria, el próximo 31 de marzo de 2005, a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Se recuerda a los CC. diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal que, de acuerdo con la práctica que se sigue en esta Comisión, se da un término de 20 minutos de espera para que haya quórum y, en su caso, iniciar la sesión.
La reunión se llevará a cabo bajo el siguiente
Orden del Día
4. Proposición con punto de acuerdo relativo a
los límites territoriales del Distrito Federal y el estado de México,
que corresponden fundamentalmente al municipio del Valle de Chalco Solidaridad
y a la delegación Tláhuac; al municipio de Los Reyes la Paz
y la delegación Iztapalapa, límites que se establecieron
en el convenio amistoso aprobado por el Congreso de la Unión el
11 de julio de 1994, entre el gobierno del estado de México y el
Departamento del Distrito Federal, presentada por el diputado Gilberto
Ensástiga Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
5. Proposición con punto de acuerdo en referencia
al problema de transporte en el área metropolitana de la Ciudad
de México, presentada por el diputado Javier Salinas Narváez,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Proposición con punto de acuerdo para exhortar
al jefe del Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de inmediato de
seguir utilizando recursos públicos de la ciudad para fines políticos,
presentada por el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
7. Presentación del programa anual de la Comisión
del Distrito Federal.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
Al foro Relaciones triangulares del trabajo (subcontratación y/o tercerización), ¿fin de la estabilidad laboral?, que se llevará a cabo el jueves 31 de marzo, de las 10 a las 18 horas, y el viernes 1 de abril, de las 10 a las 14 horas, en el auditorio norte, ubicado en el segundo piso del edificio A.
Atentamente
Dip. Pablo Franco Hernández
Presidente