• De la Presidencia de la Mesa Directiva, a la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del lunes 28 de febrero de 2005.

• De la Presidencia de la Mesa Directiva, a la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 1 de marzo de 2005.

• De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se modifica el calendario de sesiones del presente periodo ordinario.

• De la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a revisar y corregir los incrementos autorizados a las distribuidoras de gas natural en el país y, en particular, en Gómez Palacio, Durango.

• De la Junta de Coordinación Política, por el que solicita al Poder Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Salud, otorgue de manera gratuita el Seguro Popular a los infantes y a los adolescentes que padecen de cáncer en sus diferentes características y, en especial, a los de leucemia.

• De la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que implementen a implantar con la mayor brevedad un programa emergente para el combate integral de la rata de campo en la superficie de cultivos agrícolas del norte del estado de Sinaloa.

• De la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al secretario de Gobernación a investigar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, las actividades anticubanas de la Fundación Nacional Cubano-Americana en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que reforma el artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del jueves 24 de febrero de 2005.

• Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del jueves 24 de febrero de 2005.

• Que adiciona un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del jueves 24 de febrero de 2005.

• Que reforma los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del jueves 24 de febrero de 2005.

De conformidad con lo que dispone el artículo 2, numeral 2, inciso c, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones:

• Del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud (en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas).

• Del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos (en lo general y en lo particular).

• Del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal (en lo general y en lo particular).

• De la Comisión de Reforma Agraria, anual de trabajo, correspondiente al periodo de octubre de 2004 a septiembre de 2005.

• De la Comisión de Energía, de su decimosexta reunión de trabajo, llevada a cabo el miércoles 6 de octubre de 2004.

• De las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, de su reunión de trabajo llevada a cabo el jueves 28 de octubre de 2004.

• De la Comisión de Energía, de su decimoséptima reunión de trabajo, llevada a cabo el jueves 9 de diciembre de 2004.

• De la Comisión de Energía, de su decimoctava reunión de trabajo, llevada a cabo el martes 25 de enero de 2005.

• De la Comisión de Desarrollo Social, correspondiente a su decimotercera sesión ordinaria, celebrada el miércoles 19 de enero de 2005.

• De la Comisión de Gobernación, de su reunión plenaria realizada el miércoles 9 de febrero de 2005.

• De la Comisión de Gobernación, de la reunión de su Mesa Directiva efectuada el jueves 10 de febrero de 2005.

• De la Comisión de Gobernación, de la reunión de su Mesa Directiva que tuvo lugar el miércoles 16 de febrero de 2005.

• Del Comité de Comunicación Social, al Foro sobre derecho comparado en radio y televisión, que se verificará el viernes 25 de febrero, a las 11 horas.

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, a su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el lunes 28 de febrero, a las 18 horas.

• De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a su reunión de trabajo con el jefe del Servicio de Administración Tributaria, ingeniero José María Zubiría Maqueo, y con el administrador general de Aduanas, licenciado José Guzmán Montalvo, que se llevará a cabo el martes 1 de marzo, a las 9 horas.

• De la Comisión Especial del Café, a la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 1 de marzo, a las 10 horas.

• De la Comisión Especial para analizar la situación en la cuenca Lerma-Chapala, a la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 1 de marzo, a las 10:30 horas.

• Del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, a su reunión ordinaria, que se verificará el martes 1 de marzo, a las 10:30 horas.

• De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 1 de marzo, a las 14:30 horas.

• De la Comisión de Seguridad Social, a su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el martes 1 de marzo, a las 15 horas.

• De la Comisión de Pesca, a la reunión de trabajo con representantes de la AMSDA, que se realizará el martes 1 de marzo, a las 17 horas.

• De la Comisión de Pesca, a la reunión de trabajo con el titular de la Conapesca, ingeniero Ramón Corral Ávila, que tendrá lugar el miércoles 2 de marzo, a las 9 horas.

• De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a su decimoquinta sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 2 de marzo, a las 9:30 horas.

• De la Comisión de Salud, al octavo foro regional La reproducción asistida en México y sus expectativas, que se llevará a cabo el miércoles 9 de marzo, de las 8:30 a las 15 horas.

• De la Comisión de Reforma Agraria, a su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el lunes 9 de marzo, a las 15 horas.

• De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a su reunión plenaria con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández, que tendrá lugar el martes 15 de marzo, a las 15 horas.

• De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. La segunda de sus reuniones de trabajo por llevar a cabo en el marco del seminario Radio y televisión en el siglo XXI, el miércoles 2 de marzo, a partir de las 10 horas, se cancela.

De la Presidencia de la Mesa Directiva, a sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el día lunes 28 de febrero de 2005

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a las Diputadas y Diputados Federales, a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día lunes 28 de febrero del año en curso, a las 11:00 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de febrero de 2005.

Atentamente
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente
 
 
 

DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL MARTES 1 DE MARZO DE 2005

De la Presidencia de la Mesa Directiva, a sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el día martes 1o. de marzo de 2005

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a las Diputadas y Diputados Federales, a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 1o. de marzo del año en curso, a las 10:00 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de febrero de 2005.

Atentamente
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente
 
 

Considerando

Primero. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 38, numeral 1, inciso a), compete a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el calendario para el desahogo del programa legislativo de los periodos de sesiones.

Segundo. Que en su reunión de trabajo de fecha 18 de enero de 2005, la Conferencia estableció dicho calendario, fijando como días de sesiones del presente Período Ordinario el martes 1° y jueves 3 de marzo del año en curso.

Tercero. Que los coordinadores de los grupos parlamentarios integrados en la Junta de Coordinación Política han expresado su interés en modificar este calendario, para que las sesiones correspondientes varíen en su fecha de celebración.

Por lo expuesto, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos adopta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se modifica el calendario de sesiones aprobado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos en su reunión de fecha 18 de enero de 2005, para que en la semana correspondiente se celebren las sesiones ordinarias el lunes 28 de febrero, de las 11 a las 15 horas, y el martes 1° de marzo, de las 10 a las 15 horas.

Segundo.- Notifíquese a la Cámara de Senadores, para los efectos del artículo 68 Constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2005.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

(Aprobado en votación Económica. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A REVISAR Y CORREGIR LOS INCREMENTOS AUTORIZADOS A LAS DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL EN EL PAÍS Y, EN PARTICULAR, EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, ambas dependientes del Ejecutivo federal revisen y corrijan los incrementos autorizados a las distribuidoras de gas natural en el país, y en particular, en Gómez Palacio, Durango, suscrita por los diputados Francisco Monárrez Rincón, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Rosario Sáenz López, Pedro Ávila Nevárez, Jaime Fernández Saracho, José Ángel Ibáñez Montes y Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a que revise y corrija las tarifas autorizadas a los distribuidores de gas natural en el país, y en particular en Gómez Palacio, Durango y la región lagunera.

Segundo: Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a que explique los criterios económicos y metodología seguida para determinar las tarifas autorizadas en el país y, en particular, en la zona lagunera, toda vez que las aplicadas a partir de noviembre de 2004, con incrementos de hasta mil seiscientos por ciento en el costo por el pago de servicio a los consumidores de alto volumen y de trescientos por ciento a consumidores comerciales y domésticos, contravienen lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 3, fracciones VI, VII, X y XXI, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2005.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. en contra)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, ambas dependientes del Ejecutivo federal, a que revisen y corrijan los incrementos autorizados a las distribuidoras de gas natural, particularmente en Gómez Palacio, Durango, y en general en la región lagunera

El suscrito, diputado federal Jaime Fernández Saracho, en nombre y representación de los CC. diputados federales de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional por los estados de Durango y Coahuila, cuyos nombres y firmas se adjuntan a este documento, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; hacemos uso de la tribuna ante esta honorable asamblea para solicitar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero.- En la región lagunera la empresa Ecogas, anunció en el mes de noviembre del año 2004 un incremento de mil seiscientos por ciento en el costo por el pago de servicio a los consumidores de alto volumen y de trescientos por ciento a consumidores comerciales y domésticos.

Segundo.- Lo desproporcionado en el incremento de tarifas la basa en la autorización emitida por la Comisión Reguladora de Energía, quien con este acto ha provocado una inequidad, pero lo más grave, una considerable afectación económica, cuyos efectos inflacionarios e imposibilidad de pago han creado un foco de inconformidad social.

Tercero.- En el municipio de Gómez Palacio, Durango, se han visto afectados ya doce consumidores de alto volumen y ocho mil consumidores domésticos, lo que constituye un fuerte golpe a la economía familiar y un impacto de efectos inflacionarios en toda la Región lagunera muy superior a los reportados por el banco de México.

Como autoridad, esta Comisión Reguladora de Energía tiene la obligación de perseguir con eficacia la concentración en una o pocas manos de particulares, los artículos o servicios de consumo necesario, como es el caso, del gas natural, más aún cuando se tiene por objeto obtener el alza de precios, ocasionando un perjuicio público a toda una comunidad como es la comarca lagunera, afectando a prestadores de servicios, productores y clase trabajadora en general, en clara contravención del mandato constitucional.

Es por lo anterior, que los suscritos diputados hacemos uso de esta tribuna para exhortar a esta honorable asamblea, apruebe punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:

Único.- Se exhorte a la Comisión Reguladora de Energía, para que revise y corrija las tarifas autorizadas a los distribuidores de gas natural en la región lagunera, y particularmente las de la empresa Ecogas distribuidora en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

Asimismo, también se exhorte a la misma Comisión Reguladora de Energía, a efecto de que explique e informe a esta H. Cámara de Diputados, por conducto de su Comisión de Energía, los criterios económicos y metodología para determinar las tarifas autorizadas en la región lagunera, toda vez que las aplicadas a partir del mes de noviembre del año 2004, con incrementos de hasta mil seiscientos por ciento en el costo por el pago de servicio a los consumidores de alto volumen y de trescientos por ciento a consumidores comerciales y domésticos, que contravienen lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto por el artículo 3, fracciones VI, VII, X y XXI, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Por el estado de Durango

Diputados: Francisco Monárrez Rincón (rúbrica), Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), Rosario Sáenz López (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica).

(Aprobado en votación económica. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, POR EL QUE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, OTORGUE DE MANERA GRATUITA EL SEGURO POPULAR A LOS INFANTES Y A LOS ADOLESCENTES QUE PADECEN DE CÁNCER EN SUS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS Y, EN ESPECIAL, A LOS DE LEUCEMIA

Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar se les otorgue de manera gratuita el seguro popular implementado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud a los infantes y adolescentes que padecen de cáncer en sus diferentes características y en especial a los de leucemia, presentada por el Diputado José Manuel Abdala de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita al Poder Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría de Salud, otorgue de manera gratuita el seguro popular a los infantes y adolescentes que padecen de cáncer en sus diferentes características y, en especial, a los de leucemia.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2005.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. en contra)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar se les otorgue de manera gratuita el Seguro Popular implementado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud a los infantes y adolescentes que padecen de cáncer en sus diferentes características y en especial a los de leucemia del estado de Tamaulipas.

El que suscribe, diputado federal José Manuel Abdala de la Fuente del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar se les otorgue de manera gratuita el Seguro Popular implementado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud a los infantes y adolescentes que padecen de cáncer en sus diferentes características y en especial a los de leucemia del estado de Tamaulipas, al amparo de los siguientes

Considerandos

Cabe señalar que la Secretaría de Salud ha reconocido que el cáncer en infantes y adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública que va en aumento, ya que en la actualidad esta enfermedad es la segunda causa de muerte en el país.

Que hemos sabido que en los últimos años, el problema de la salud, sobre todo en lo que se refiere a cáncer de diferentes tipos y en especial a la leucemia en niños y adolescentes del estado de Tamaulipas se ha incrementado considerablemente.

Como muestra palpable se encuentra el municipio de Nuevo Laredo, en donde los últimos 2 años hemos sufrido la perdida de 10 enfermos entre niños y jóvenes, quienes por falta de una atención adecuada, recursos económicos y tiempo, no pudieron superar dicha enfermedad. Esto sin considerar a los otros 42 municipios restantes que también han presentado casos similares.

Que el estado de Tamaulipas no cuenta con el personal especializado en oncología pediátrica, así como la infraestructura necesaria que permita brindar la atención y el cuidado clínico correspondiente a los infantes y adolescentes con dichas enfermedades, teniendo con ello que trasladarse a otras ciudades como Monterrey y la Ciudad de México para continuar su tratamiento, ocasionando con ello un desembolso económico mayor en las familias, ya que el costo de las medicinas más potentes que curan hasta el 85% la leucemia, son de un precio muy elevado, prueba de ello un transplante de médula ósea llega a alcanzar un costo de hasta un millón de pesos, según la Secretaría de Salud.

Que el Seguro Popular implementado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud ha causado gran impacto positivo, sobre todo en las clases más necesitadas, donde desgraciadamente se siguen presentando con mayor frecuencia estos casos, por tal motivo consideramos que abrazar esta noble causa de ayuda en niños y adolescentes que padecen cualquier tipo de cáncer y en especial leucemia, sería muy reconocido por todos los tamaulipecos.

Que es de conocimiento de todos, y según cifras de la Secretaría de Salud, que anualmente se presentan miles de casos de niños y adolescentes en el país con cáncer, y son pocos los que reciben atención en instituciones de seguridad social y lo más preocupante, es que la leucemia es la principal causa de cáncer, representa el 50% de todos los casos.

Que solicitamos sean afiliados de manera inmediata al Seguro Popular para su tratamiento, aquellos infantes y adolescentes del estado de Tamaulipas que padecen estas enfermedades, que no estén registrados en otra institución del sector salud, ya que este es el requisito primordial bajo el cual se estableció este programa.

Por lo antes expuesto me permito solicitar a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Único: Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se le otorgue de manera gratuita el Seguro Popular a los infantes y adolescentes del estado de Tamaulipas que padecen cáncer en sus diferentes características y en especial de leucemia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2005.

Dip. José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica)

(Aprobado en votación económica. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE IMPLEMENTEN A IMPLANTAR CON LA MAYOR BREVEDAD UN PROGRAMA EMERGENTE PARA EL COMBATE INTEGRAL DE LA RATA DE CAMPO EN LA SUPERFICIE DE CULTIVOS AGRÍCOLAS DEL NORTE DEL ESTADO DE SINALOA

Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de losDictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que estas dependencias implementen a la mayor brevedad posible un programa emergente para el combate integral de la rata de campo en la superficie de cultivos agrícolas del norte del estado de Sinaloa, proporcionándose los recursos económicos necesarios, así como el apoyo técnico y humano para poder contrarrestar este grave problema en los valles agrícolas del Fuerte y del Carrizo, presentada por el Diputado Esteban Valenzuela García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que implementen a la mayor brevedad posible un programa emergente para el combate integral de la rata de campo en la superficie de cultivos agrícolas del norte del Estado de Sinaloa, proporcionándose los recursos económicos necesarios, así como el apoyo técnico y humano para poder contrarrestar este grave problema en los valles agrícolas del Fuerte y del Carrizo.

Palacio Legislativo, 23 de febrero de 2005.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. en contra)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que implementen a la mayor brevedad posible un programa emergente para el combate integral de la rata de campo en la superficie de cultivos agrícolas del norte del estado de Sinaloa

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago uso de esta tribuna para presentar una proposición con punto de acuerdo.

Por mi conducto, la diputación federal sinaloense del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, expone a la consideración de esta soberanía, la situación actual por la que atraviesa el campo sinaloense y concretamente la zona norte de nuestra entidad, en donde se encuentran asentados los valles agrícolas del Fuerte y del Carrizo, cuyos productores están sufriendo a causa de la invasión masiva y destructiva que ocasiona la rata de campo, situación que repercute en grave perjuicio de la producción y comercialización de sus cultivos, por lo que me permito presentar ante ustedes el siguiente

Diagnóstico

En ultimas fechas se ha registrado en la zona norte del estado de Sinaloa, un grave problema que resulta a raíz de la elevada población e incidencia de la rata de campo (sigmodon hispidus y arizonae) que ha causado severos daños a los cultivos de maíz, frijol, trigo, garbanzo, hortalizas, frutícolas y principalmente a la caña de azúcar, ocasionando cuantiosas perdidas a los productores agrícolas de la región mencionada, específicamente en los valles del Fuerte y del Carrizo.

Como es conocido por todos, la rata de campo resulta ser una de las plagas más dañinas que ataca a los cultivos, debido a su diversidad alimenticia, a su capacidad de adaptación, a sus diferentes hábitats, a su movilidad y a su distribución; provocada por las sequías recurrentes que ha sufrido esta zona en los últimos años, así como a la falta de doble cultivo, al no ejercicio del control cultural debido a la misma sequía, lo que propició que la dinámica poblacional de este animal se elevara a un nivel aproximado al 16%, cuando el margen de existencia manejable es de apenas un 4%, con los consecuentes daños a los cultivos establecidos. Es importante también señalar que en esta región la campaña contra la rata de campo siempre le ha costado al productor agrícola, ya que no se han tenido apoyos estatales ni federales, lo que ha ocasionado que se presente este problema de manera recurrente como sucede en el presente, pues no es suficiente el combate que de manera particular realiza la junta local de sanidad vegetal.

Como se ha mencionado, ante la falta de dobles cultivos debido a la sequía, no fue posible combatir esta plaga por escasez de recursos, ni tampoco se procedió a la limpieza de predios agrícolas y a la conservación de la red hidráulica, lo cual ocasionó un incremento de las poblaciones del roedor durante el año 2004, aparte de que la aplicación de raticidas y trampas, no ha sido suficiente para abatir las poblaciones del roedor, requiriéndose por lo tanto acciones más severas a corto plazo por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La alta incidencia de roedores en la zona de cultivos agrícolas del norte de Sinaloa, ha producido un gran impacto social, pues los cultivos que se establecieron para el ciclo otoño-invierno 2004/2005, están resintiendo pérdidas importantes ya que los agricultores ven que cada día esta situación se agrava a pesar de los esfuerzos que se realizan en el combate. Este panorama, ha originado múltiples reuniones entre organismos intermedios y particulares, quienes con desesperación buscan la solución al problema pues advierten que no tendrán ningún tipo de ganancias en sus cultivos por las pérdidas que les ha originado la persistencia de plaga de la rata de campo.

Es grande el impacto económico que ha ocasionado esta plaga, pues de 120 mil hectáreas sembradas, se ha producido una pérdida estimada en 821 millones de pesos. Es el caso de los cultivos de la caña de azúcar, cuya superficie de 16 mil hectáreas sembradas presenta una afectación del 40% y una pérdida estimada en 110 millones de pesos, del frijol con una superficie de 17 mil hectáreas sembradas y una pérdida estimada de 85 millones de pesos, de hortalizas con 20 mil hectáreas sembradas y una pérdida de 250 millones de pesos, de maíz con una superficie de 60 mil hectáreas sembradas y una pérdida estimada de 360 millones de pesos, además de las pérdidas en otros cultivos como el garbanzo, trigo y fruta, advirtiéndose por lo tanto un fuerte detrimento económico en perjuicio de los productores agrícolas de nuestro estado.

De manera particular, los mismos productores han realizado acciones a corto plazo como son la eliminación de madrigueras, limpieza de drenes y canales, eliminación de bordos de tierra en las orillas de la red hidráulica, eliminación de malezas en áreas no cultivadas, instalación de miles de trampas diarias, aplicación de cebos envenenados y eliminación de socas de cultivos, lo que ha producido un gasto aproximado a los 40 millones de pesos.

Asimismo, los productores han implementado acciones anuales permanentes que han consistido en la conservación de la red hidráulica mediante la aplicación de herbicidas, eliminación de bordos de tierra, trampeo masivo en lotes infestados de ratas, aplicación de cebos envenenados, eliminación de socas y programas de monitoreo y alerta fitosanitaria, lo que les ha representado un costo cercano a los 52 millones de pesos.

En virtud de lo anterior, consideramos que a efecto de que los productores no sigan perdiendo sus cultivos, es necesario implementar programas integrales de combate a la rata de campo, en donde exista una efectiva participación de todos los involucrados en este problema, como son los propios productores, el patronato local de sanidad vegetal, las empresas particulares, las asociaciones campesinas, los módulos de riego y fundamentalmente dependencias como la Sagarpa y la Semarnat, para que proporcionen los apoyos económicos, técnicos y humanos para la solución y combate a la plaga que supone la rata de campo.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que estas dependencias implementen a la mayor brevedad posible un programa emergente para el combate integral de la rata de campo en la superficie de cultivos agrícolas del norte del estado de Sinaloa, proporcionándose los recursos económicos necesarios, así como el apoyo técnico y humano para poder contrarrestar este grave problema en los valles agrícolas del Fuerte y del Carrizo.

México, DF, a 24 de febrero de 2005.

Dip. Esteban Valenzuela García (rúbrica)

(Aprobado en votación económica. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A INVESTIGAR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, LAS ACTIVIDADES ANTICUBANAS DE LA FUNDACIÓN NACIONAL CUBANO-AMERICANA EN EL TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Gobernación con fundamento en lo que disponen las fracciones I y II, del artículo 5, del Título Primero, Capítulo Único de la Ley de Seguridad Nacional, para que la Fundación Nacional Cubano-Americana sea investigada por las actividades anticubanas dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Secretario de Gobernación a que con, fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, se investiguen las actividades anticubanas dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2005.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. en contra)
Presidente

Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
 

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Gobernación, con fundamento en lo que disponen las fracciones I y II del artículo 5 del Título Primero, Capítulo Único, de la Ley de Seguridad Nacional, para que la Fundación Nacional Cubano-Americana sea investigada por las actividades anticubanas dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

El suscrito, diputado federal Jesús Martínez Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes:

Consideraciones

La Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) desde sus orígenes en julio de 1981, ha contado con hombres que han tenido un extenso historial de violencia. Baste citar a Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Jiménez Escobedo, quienes por más de cuatro años fueron procesados y sentenciados en Panamá, por haber conspirado para atentar contra el Presidente de Cuba, y que debido a los compromisos contraídos por la señora Mireya Moscoso, entonces Presidenta de Panamá, con los extremistas cubanos de Miami, fueron indultados el 26 de agosto del 2004, sin haber concluido el proceso legal.

Además, Jiménez Escobedo tiene una condena pendiente en México, por haber intentado secuestrar al cónsul de Cuba en Mérida, el 23 de julio de 1976, habiendo resultado asesinado el técnico cubano Artaigñán Díaz Díaz. Posteriormente Jiménez Escobedo escapó de la Cárcel de Oriente con el apoyo de narcotraficantes colombianos.

Por otro lado, Luis Manuel de la Caridad Zúñiga Rey, ha sido subordinado y asalariado de Francisco José Hernández Calvo, dueño de uno de los fusiles que fueron ocupados por el FBI, a un comando terrorista que planeaba asesinar al Presidente de Cuba en la VI Cumbre Iberoamericana en Isla Margarita, Venezuela en noviembre de 1997.

No puede escapar a la memoria de Montenegro, que la FNCA, luchó tenazmente para que el niño cubano Elián González, de seis años, fuese separado definitivamente de su padre cuando fue secuestrado por parientes lejanos en Miami en 1999. ¿Qué derechos humanos defendió la FNCA en este caso? Sería una buena pregunta para dicha Fundación.

Su credibilidad sobre este tema es nula y dudosa. Sin embargo, tiene muchas fortalezas en actos de terror. De hecho, fondos de la FNCA fueron a parar a la guerra sucia de los Estados Unidos en Centroamérica, el nombre de Mas Canosa ha aparecido con frecuencia, en los documentos desclasificados norteamericanos del escándalo Irán-Contras, organización que apoyó a las bandas irregulares que en Angola masacraron a miles de sus ciudadanos por más de veinte años. Esa organización ha estado omnipresente en los actos terroristas realizados por los extremistas cubanos de Miami en los últimos 25 años.

La Fundación de Montenegro financió y apoyó públicamente las bombas que fueron colocadas en hoteles de La Habana en 1997 por terroristas centroamericanos, financiados por la misma y reclutados por el criminal Luis Posada Carriles, cómplice de Mas Canosa, desde que éste lo reclutó y le entregó miles de dólares en 1965 para que dinamitara barcos mexicanos y cubanos en el puerto de Veracruz. Una de estas bombas explotó también en la capital federal mexicana en agosto de 1997.

Montenegro, quien al parecer no está familiarizado con la historia de lo que representa, puede tener acceso al documento desclasificado del FBI No. 105-8280-190, del 1 de julio de 1965, donde hay bastantes referencias de los actos de terror del fundador de la FNCA y su apadrinado Posada Carriles.

Es importante hacer notar también que en territorio mexicano, entre 1959 y el año de 2004, mexicanos y de otras nacionalidades han resultado, muertos, heridos o afectados por el terrorismo de organizaciones como la FNCA.

El 11 de abril de 1997 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, reunida en Ginebra, en su 54 Sesión, aprobó por medio de la votación nominal de 28 votos a favor, ninguno en contra y 23 abstenciones, una resolución que reitera su condena inequívoca de todo acto, método y práctica de terrorismo, instando además a todos los relatores especiales a abordar en sus informes dirigidos a la Comisión, temáticas sobre las consecuencias de los actos, métodos y prácticas terroristas.

El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Bernales Ballesteros, como resultado de su visita a La Habana en septiembre de 1999, mencionó por su propio nombre al terrorista Luis Zúñiga Rey. Hizo notar que ha sido demostrado y reconocido por sus autores, que las acciones terroristas ejecutadas en Cuba fueron urdidas, preparadas y financiadas por encargo de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) con matriz en Miami, Florida.

Luis Zúñiga Rey, sabe que esto es rigurosamente cierto, verificable e imposible de negar. ¿Cómo no admitir que en 1973 penetró ilegalmente en la Base Naval de Guantánamo? Que una vez en Estados Unidos se integró a organizaciones contrarrevolucionarias de emigrados cubanos, que el 1 de agosto de 1974 desembarcó en Cuba con armas y explosivos, junto a los terroristas Miguel Sales Figueroa y Rodolfo Luis Camps Verdecia, que la lancha utilizada era del tipo "Thunderbird", matrícula FLA 8722, de 23 pies de eslora y con el nombre de Malú, y, que además entre las armas de guerra que portaba se encontraban varios fusiles AR-15, granadas y explosivos para realizar acciones terroristas.

Este protervo y mendaz terrorista puede detallar los objetivos de su emisario canadiense de apellido Trepanier, a quien envió a Cuba en 1992 para organizar células internas con fines terroristas; o los propósitos antihumanos que lo inspiraron a reclutar en Estados Unidos al cubano Olfiris Pérez Cabrera en 1993 para envenenar al ganado y el agua potable de extensas zonas y precisar cuánto le pagó por estos servicios.

En 1997 dirigió los contactos en el exterior con el ciudadano guatemalteco Percy Francisco Alvarado Godoy, reclutado por la FNCA, para realizar acciones terroristas en Cuba.

Por lo que a nuestros intereses respecta, México es el tercer país después de Cuba y los Estados Unidos que más ha sido afectado por el terrorismo anticubano durante más de 45 años. El pretexto más utilizado por estos criminales radicados en los Estados Unidos para agredir a nuestro país, es la actitud digna y soberana mantenida por México en las últimas cuatro décadas, que, contrario a las presiones internacionales para que colaborar al aislamiento y bloqueo contra Cuba, México se mantuvo en vía de relaciones plenas y diplomáticas con la República de Cuba.

El 24 de octubre de 1959, fueron secuestrados siete barcos pesqueros cubanos en aguas mexicanas por autoridades estadounidenses.

1961

El 29 de junio de 1961, una bomba incendiaria estalló en la Embajada de Cuba en la capital mexicana que produjo daños considerables.

Mientras el 12 de octubre, una bomba de ácido se lanzó contra el cónsul de Cuba en Veracruz.

El 19 de octubre del siguiente año las autoridades mexicanas ocupan en su territorio un cargamento de armas y explosivos destinados a grupos de terroristas anticubanos. Estuvo involucrado el coronel norteamericano Rex Aplegate.

El 19 de noviembre del propio año son lanzadas cinco bombas contra la Embajada de Cuba en la capital federal, ocasiona pérdidas evaluadas. en 5,000 dólares.

El 2 de julio de 1963 es detenido un grupo de cuatro terroristas cuando se disponían a dinamitar los barcos cubanos bahía de Siguanea, Oriente y Las Villas, ancladas en el puerto de Veracruz. La acción estuvo organizada por el llamado Consejo Revolucionario Cubano (CRC).

También la organización terrorista anticubana Representación Cubana en el Exilio (RECE), contrató en 1965 los servicios del terrorista internacional Luis Posada Carriles, detenido actualmente en Panamá.

En 1965, los actos terroristas se incrementan y el 15 de agosto estalla una bomba en la Embajada de Cuba en México, que daña el muro exterior y los jardines. El 23 de septiembre se conocen nuevos planes de Luis Posada Carriles para dinamitar barcos cubanos en el puerto de Tampico, financiado por Jorge Mas Canosa del RECE.

El 7 de enero del siguiente año otra bomba estalla en la Embajada de Cuba, causa daños de consideración. Nuevamente el 15 de agosto del mismo año es lanzada una bomba incendiaria contra la fachada de la Embajada de Cuba, esta vez causando daños considerables.

El 3 de mayo de 1967, una bomba estalla en el auto del embajador de Cuba en México, Joaquín Hernández de Armas, causa cuatro heridos y daños de consideración. El 2 de febrero de 1968 la organización terrorista Poder Cubano, dirigida por Orlando Bosch Ávila coloca una bomba en el consulado de México en Miami.

El 4 de junio se produce un hecho insólito, la organización Poder Cubano envía un telegrama al Presidente de México donde lo amenaza de muerte por mantener ese país relaciones con Cuba. El 23 de junio, la misma organización se atribuye la colocación de una bomba en la oficina mexicana de turismo en Miami.

El 27 del mismo mes, Poder Cubano declaró haber colocado una bomba en el garage de la residencia del cónsul de México en Miami.

El 11 de julio del siguiente año es colocada una bomba contra el barco japonés Michagesan Maru, en el puerto de Veracruz. Tres días después una bomba es colocada en la oficina de turismo de México en Miami; el 16 del propio mes otra bomba estalla en el Consulado de México en la misma ciudad floridana y el 26, una bomba estalla en la oficina mexicana de turismo también en Miami. El 9 de agosto, Poder Cubano coloca sendas, bombas contra el consulado y la residencia del cónsul de México en Miami.

El 11 de septiembre Poder Cubano coloca una bomba contra un barco inglés en Veracruz, que ocasiona daños considerables. El 17 de septiembre también Poder Cubano detona una bomba en una línea aérea mexicana, en Miami, dos días después otra bomba estalla en la residencia del cónsul de México en Miami, se lo adjudican Poder Cubano y la denominada M-7. El 3 de octubre la oficina de turismo de México en Miami, recibe llamadas amenazadoras y realizan provocaciones en el local de la misma.

El 19 de noviembre la organización terrorista Ejército Secreto Anticomunista secuestra en México un yate para ser utilizado en un acto terrorista contra Cuba. Los terroristas autores del hecho son detenidos en Honduras.

El 13 de diciembre, otra bomba es colocada en la oficina de turismo de México en Miami, Florida. El 15 y el 16 del mismo mes el consulado mexicano en esa ciudad es objeto de actos terroristas por medio de bombas. El 18, nuevamente Poder Cubano coloca una bomba contra la oficina de turismo mexicano en Miami. Durante el año 1968 los terroristas anticubanos realizan 24 actos de terror dentro del territorio mexicano contra intereses propios o de terceros y también en el exterior particularmente en Estados Unidos contra los representantes diplomáticos y entidades del turismo de México.

El 2 de agosto de 1969, Poder Cubano colocó una bomba contra el Departamento del Turismo de México. El 8 de mayo de 1970, varios diplomáticos cubanos son agredidos en la capital mexicana por terroristas anticubanos. El 24 de marzo de 1972, la organización terrorista Alpha-66, coloca una bomba en las oficinas de la línea aérea Cubana de Aviación en México. El 3 de diciembre del mismo año una bomba colocada por el llamado Gobierno Secreto Cubano, estalla en el Consulado de Cuba en México. El mismo día pero del año siguiente estalla otra bomba en el Consulado de Cuba en el Distrito Federal, ocasiona daños por más de 20,000 dólares.

El 1 de septiembre de 1976 la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas de Orlando Bosch Ávila, coloca una bomba en la Embajada de México en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

El 30 de marzo de 1977 la organización terrorista Cóndor se adjudica haber colocado una bomba en el consulado de México en San Juan, Puerto Rico.

El 7 de febrero de 1978, la organización Cóndor coloca una bomba en el barco mexicano Azteca, que produce 2 muertos, 7 heridos y daños considerables.

El 10 de ese mes son amenazados diplomáticos mexicanos en Canadá, Perú y Francia por la organización CORU.

El 11 de septiembre de 1981 la organización terrorista Omega-7, creada en 1974, se adjudica las bombas que estallaron en los Consulados de México en Miami y Nueva York.

El 21 de mayo de 1992, la organización terrorista Alpha-66 se adjudica las amenazas contra las agencias de turismo de Cuba en México.

El 11 de octubre de 1993 es detenido en el aeropuerto internacional José Martí, el ciudadano mexicano Mario García Rubalcava, cuando al servicio de la organización terrorista Alpha-66 trataba de introducir dos granadas en el territorio nacional cubano.

El 24 de mayo de 1997 estalla una bomba en la agencia de viajes Cubanacán en el Distrito Federal, colocada por un mercenario salvadoreño contratado por Luis Posada Carriles.

En mayo de 1999 grupos terroristas radicados en México realizan llamadas intimidatorias a emigrados cubanos vinculados a la Asociación de Amistad con Cuba.

En total se registran 63 acciones de los terroristas anticubanos en el interior de México y contra México, dentro de su territorio y en otros países, particularmente de Centroamérica contra intereses mexicanos.

Hace más de cuatro años que la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) no encuentra el camino que la lleve a los planos estelares que ocupaba antaño dentro del exilio cubano.

Desde entonces la palabra "cambio" ha recorrido sus pasillos, que en estos momentos han perdido el fulgor, la clase y la organización que antes tuvieron. A simple vista no se aprecian grandes gastos y el salario de sus trabajadores es bastante bajo. Ahora es muy similar a otras sedes de organizaciones anticubanas de Miami.

Según El Nuevo Herald (22 de noviembre de 2004), en un gesto rápido y discreto, el presidente de la junta de directores Jorge Mas Santos, en un nuevo intento por renovar la imagen de la Fundación, anunció la sustitución del director ejecutivo por Alfredo Mesa, un estrecho colaborador del ex alcalde Alex Penelas, cuyo interés por Cuba o los asuntos cubanos era casi desconocido.

Los legisladores cubano-americanos por la Florida, Ilena Ros Lehtinen y los hermanos Mario I y Lincoln Díaz-Balart, han censurado a la FNCA, organización de la que anteriormente eran ardientes defensores.

Cuando Mesa asumió en noviembre el mando ejecutivo de la Fundación en busca del terreno perdido, envió una rama de olivo al Presidente Bush y propuso a los congresistas cubano-americanos trabajar unidos. Por lo visto, las gestiones del nuevo director tampoco han dado buenos resultados.

En estos momentos la FNCA encara una difícil situación financiera, pues funciona a partir de las cuotas que aportan sus miembros; pero los directivos mejor remunerados, que son los millonarios, no están aportando lo suficiente para sufragar los gastos mínimos de la organización.

En términos prácticos, los esfuerzos de la Fundación por renovar su imagen, no han dado resultados. También, en términos pragmáticos, de ese intento no han resultado políticas más definidas y eficientes contra el pueblo, y el gobierno cubanos.

En suma, este grupo parlamentario de Convergencia considera prudente que se tenga un especial seguimiento a través de los organismos diplomáticos correspondientes, para limitar de manera estricta cualquier presencia de la FNCA, en la que se pretendan llevar a cabo actos, relacionados con grupos anticubanos y se utilice suelo mexicano con fines terroristas, al ser México una nación que ha procurado sus relaciones diplomáticas multilaterales con gobiernos de Centroamérica, y del Caribe, como el de Cuba, así como con el de Estados Unidos.

Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo, para exhortar al Secretario de Gobernación, con fundamento en lo que disponen las fracciones I y II del artículo 5 del Título Primero, Capítulo Único, de la Ley de Seguridad Nacional, para que la Fundación Nacional Cubano-Americana sea investigada por las actividades anticubanas dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a esta soberanía sobre el resultado de la investigación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)

(Aprobado en votación económica. Febrero 24 de 2005.)
 
 

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicopara su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

En 1993 al reformarse el artículo 16 constitucional, se introduce por primera vez el concepto de "delincuencia organizada"; el 1° de febrero de 1994, entran en vigor importantes reformas al Código Penal Federal y a los Códigos de Procedimientos Penales, Federal y del Distrito Federal, en los que también se hace referencia a este concepto.

El espíritu detrás de estas adecuaciones legales, fue el de aportar formulas que permitieran un ataque frontal al crimen organizado, afectando uno de sus instrumentos operativos fundamentales: su capacidad económica; asegurando y decomisando los bienes de una persona que sea investigada o procesada por cometer delitos tipificados como delincuencia organizada.

Asegurar bienes constituye una facultad fundamental del Ministerio Público de la Federación y de los órganos jurisdiccionales federales para la investigación de los delitos, la integración de las averiguaciones previas y el debido desarrollo de los procesos penales.

La diversidad, naturaleza y características de los bienes asegurados como dinero en efectivo, títulos de crédito, acciones de sociedades, aeronaves, vehículos terrestres y marítimos, inmuebles, especies de flora y fauna, obras de arte, alhajas, muebles, empresas, etcétera, implican un alto grado de dificultad en su registro y control, generando importantes gastos para su custodia, conservación y administración por parte del Erario Público Federal.

La experiencia ha demostrado que las autoridades que practican los aseguramientos no cuentan con los elementos necesarios para realizar una adecuada custodia y administración. En consecuencia, ante la ausencia de sistemas de control, los bienes asegurados se deterioraban, se perdían o se destruían, lo que se traduce en incumplimiento de las finalidades del acto de aseguramiento y en gastos innecesarios con cargo al Presupuesto Público y en muchas ocasiones, en detrimento del patrimonio de aquel que tras un proceso resultaba inocente.

En congruencia con lo anterior, se estimó más adecuado que el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales, conforme a sus facultades constitucionales y legales, únicamente resuelvan lo relativo a la procedencia del aseguramiento, su ejecución, el decomiso o la devolución de los bienes sin intervenir en su administración.

De este modo, atendiendo a las disposiciones establecidas en materia de Procuración e Impartición de Justicia, respecto al fortalecimiento de los programas y mecanismos de control, vigilancia y protección de los bienes asegurados y decomisados y a efecto de garantizar su integridad y el destino que legalmente se les determine, se consideró necesario expedir la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1999.

Elevar la calidad del servicio público para garantizar la eficacia del quehacer gubernamental, así como dar absoluta transparencia a la gestión y el desempeño de la Administración Pública Federal, son los objetivos trazados en materia de desarrollo administrativo por el Ejecutivo Federal dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Como estrategias para alcanzar dichos objetivos, se ha previsto la instrumentación de diversas acciones dirigidas a prevenir la discrecionalidad de los servidores públicos, así como el impulso de una mejora regulatoria que al mismo tiempo que facilite la actividad gubernamental, garantice para ésta la aplicación de controles indispensables.

En este contexto, resulta importante establecer nuevos esquemas regulatorios que promuevan el uso eficiente, eficaz y honrado de los recursos públicos así como una adecuada administración de los bienes del dominio privado de la Federación, bajo criterios de racionalidad, simplificación y modernización.

Bajo esta perspectiva dicha administración requiere contar con normas que permitan determinar de manera ágil y transparente el destino y baja más pertinente de aquellos bienes muebles que por su estado de conservación ya no resulten útiles para los fines a los que se encontraban a efectos.

Con objeto de apoyar el cambio en la función pública y, en particular, con la finalidad de reducir los costos de administración y custodia que se erogan por la administración, operación y enajenación de los bienes y empresas a disposición del Gobierno Federal, así como de armonizar procedimientos que actualmente se llevan a cabo en diversas instituciones y unidades administrativas, se expidió la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (SAE).

La entrada en vigor de la ley pretende dar mayor transparencia y confianza en la administración de los bienes a disposición del Gobierno Federal bajo criterios de:

Otorgar mayor certidumbre jurídica mediante una ley que define y clasifica los bienes a disposición del Gobierno Federal y norma los aspectos relativos a la administración, enajenación, donación y destrucción de éstos.

Transparentar las actividades encomendadas al SAE, para lo cual se establece la obligación de rendición de cuentas periódicas al presentar informes a las Entidades Transferentes.

Incorporar el sistema de entero bajo el concepto de ingresos netos a través de un fondo en el que se concentrarán los recursos obtenidos de las enajenaciones.

Adicionar opciones para enajenar los bienes encomendados a efecto de que, además de la licitación pública, se puedan realizar procesos de subasta, remate y adjudicación directa, con la finalidad de asegurar las mejores condiciones de oportunidad y costos.

Establecer un sistema flexible a fin de que los bienes sean transferidos al SAE cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales o, en su caso, cuando las entidades determinen la conveniencia de transferir los bienes a dicho organismo.

Integrar el órgano máximo de gobierno, con amplias facultades y nivel jerárquico para la definición de políticas y estrategias.

Normar, a través de un reglamento, los procedimientos necesarios para la administración y destino de bienes tan diversos como vehículos, inmuebles, cartera, derechos litigiosos y empresas, entre otros.

La misma se encarga de hacer transparente el régimen de administración de bienes asegurados, eficientar su manejo, posibilitar que en los casos previstos en las leyes, ingresen al patrimonio del Estado en las mejores condiciones para ser aprovechados en el combate a la delincuencia y por razones de elemental justicia, que en los casos en que proceda su devolución, se garantice su restitución a los interesados en las mismas condiciones en que fueron asegurados, o se les indemnice de manera apropiada.

Asimismo, la ley define la administración de bienes asegurados como la actividad que comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión y establece que la utilización o enajenación de bienes asegurados sólo podrá realizarse en los casos expresamente previstos en la misma.

La regulación de la administración, utilización y destino de los bienes asegurados modificó sustancialmente el régimen de operación, partiendo de la base de que una vez asegurados los bienes por el Ministerio Público de la Federación o por la autoridad judicial, se entregarán sin demora y mediante inventario, a un órgano especializado para que de manera profesional los administre, hasta en tanto se resuelva sobre la devolución, el abandono o el decomiso de los mismos.

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en su artículo 1º.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 1º de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, de observancia general en toda la República y tiene por objeto regular la administración y destino, por parte del SAE, de los bienes siguientes:

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes febrero de 2004.

Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Dip. Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2005

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

La diversidad biológica se refiere a la riqueza o variedad de plantas y animales que existen en el planeta. Esta diversidad se concentra en ciertas regiones del mundo, las cuales por sus características geográficas permiten albergar a una gran parte del total de especies a nivel mundial. Es así que de los 170 países que existen en el mundo, solo 12 de ellos son considerados como megadiversos1. Según estimaciones, la diversidad de especies en el planeta puede calcularse entre 5 y 50 millones o más, aunque a la fecha sólo se han descrito alrededor de 1.4 millones2 (McNeelly et al., 1990).

México es uno de los países más ricos en este aspecto ya que el número total de especies conocidas en el territorio es de 64,878 aproximadamente. Al respecto, se han descrito 26 mil especies de plantas, 282 especies de anfibios, 707 de reptiles y 439 de mamíferos. Estas cifras, comparadas con otros países en el plano mundial, colocan a México como un país megadiverso, ya que, de acuerdo a estudios, la diversidad del territorio representa al menos 10% de la diversidad terrestre del planeta (Mittermeier y Goettsch, 19923.

Esta biodiversidad responde en gran parte a la situación geográfica de nuestro país y a la extensión territorial del mismo. Sobre la extensión del territorio, la Constitución establece, en su artículo 42, que éste comprende:

Por otra parte, la jurisdicción es entendida como "la actividad del Estado encaminada a la actuación del derecho positivo mediante la aplicación de la norma general al caso concreto". Desde el punto de vista, más general, la jurisdicción hace referencia al poder del estado de impartir justicia, esto es, el poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes; y especialmente, la potestad de que se hayan revestido los jueces para administrar justicia, y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes.

Es así que dentro de lo considerado como territorio nacional5, la nación tiene la capacidad para ejercer su jurisdicción y soberanía. Al respecto, la Constitución y la Ley Federal del Mar, en su artículo 27 y 23 respectivamente, establecen que la nación ejerce soberanía en una franja del mar, denominada mar territorial, la cual es una zona adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o insulares, así como a las aguas marítimas interiores.

Sin embargo, existe una zona más allá de lo que es considerado como territorio nacional, donde también se ejerce este poder. La Constitución establece, en su artículo 27, que "la nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso", la cual es un área situada más allá del mar territorial adyacente a éste, que se extiende a 200 millas marinas (374,000 metros) contadas de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En esta zona, la nación ejerce: a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos (arts. 46 y 49 de la Ley Federal del Mar6.

En términos generales, se puede decir que la soberanía y jurisdicción de la nación se extienden más allá de los límites de lo que nuestra Carta Magna señala como territorio nacional; no obstante lo anterior, nuestra legislación en ocasiones circunscribe su ámbito espacial de validez al territorio nacional, limitando así su esfera de acción. En algunas leyes ya se subsana este error común, como en la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que en su artículo 1 menciona que:

No obstante que la ley marco sobre protección al ambiente, la LGEEPA, amplía su cobertura legal, otras de las leyes nacionales, cuya aplicación pudiera ser hasta la zona económica exclusiva, no lo determinan específicamente, tal es el caso de la Ley General de Vida Silvestre. Ésta en su artículo 1 estipula que: " ... su objeto es establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la republica mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción", olvidando mencionar las zonas donde la nación también ejerce su soberanía.

Por otra parte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos únicamente extiende su esfera de competencia a lo que es considerado como territorio por el artículo 42 constitucional, omitiendo zonas como la "zona económica exclusiva", en donde, como ya se expuso, la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Ello tiene por efecto que en las zonas omitidas las disposiciones de ley carezcan de aplicabilidad, dejando una porción espacial sin regulación legal.

Por tanto, siguiendo el espíritu de la LGEEPA, es que debemos de corregir el vacío de poderes de las dos leyes mencionadas y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado, respetuosamente somete a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto: Por el que se reforman los artículos 1, primer párrafo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el artículo 1 primer párrafo de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo Primero: Se reforma el artículo 1 primer párrafo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Articulo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 1 primer párrafo de la Ley General de Vida Silvestre y para quedar como sigue:

Articulo 1o. La presente Ley es de orden público y de interés social, reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la republica mexicana y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:
1. Se consideran megadiversos aquellos países que en su conjunto tienen entre el 60 y el 70 por ciento de la diversidad del planeta. Junto con Brasil, Colombia e Indonesia, México se encuentra entre los primeros lugares de las listas de riqueza de especies.
2. McNeely J.A, K.R Miller, W.V. Reid, Mittermeier, T.B Wemer. Conserving the world?s Biological Diversity. IUCN, Gland, (1990).193 pp.
3. Mittermeier y Goettsch, 1992. en La diversidad biológica en México: estudio de país 1998, Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, México 1998, p. 62.
4. Soberano: es el poder que no tiene otro superior que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos.
5. Artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Artículo 46. La Nación ejerce en una zona económica situada fuere del mar y adyacente a este:

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes de febrero del 2005.

Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Febrero 24 de 2005.)
 
 
 
QUE ADICIONA UN ARTICULO 76 TER A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2005

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Economía la presente iniciativa que adiciona un artículo 76 Ter a la Ley federal de Protección al Consumidor, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

México es el segundo país latinoamericano con una Ley Federal de Protección al Consumidor y el primero en crear una Procuraduría. La experiencia mexicana es importante, especialmente para los países que empiezan a trabajar en la protección de los derechos de los consumidores.

El 5 de febrero de 1976, la Ley Federal de Protección al Consumidor enriquece los derechos sociales del pueblo mexicano, que por primera vez establece derechos para la población consumidora y crea un organismo especializado en la procuración de justicia en la esfera del consumo. Nacen así el Instituto Nacional del Consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ésta como organismo descentralizado de servicio social, personalidad jurídica y patrimonio propio con funciones de autoridad administrativa encargada de promover y proteger los intereses del público consumidor.

Conforme a estudio presentado por Profeco, el perfil general de aquellas personas que presentaron alguna queja ante la Procuraduría, corresponde a personas que tienen entre 30 y 49 años de edad, con un nivel educativo de bachillerato y licenciatura, e ingresos entre tres y cinco salarios mínimos. En la mayor parte de los casos (88.3%), los quejosos trataron de arreglar el problema directamente con el proveedor antes de acudir a Profeco. Los principales motivos de queja fueron: cobros indebidos (21.4%), producto en malas condiciones (17.3%) e incumplimiento de contrato (16.9%).

La encuesta indica que los negocios visitados para acciones de verificación y vigilancia son principalmente micro empresas (87%), sólo en 2.2% de los casos se visitan negocios con más de 50 empleados. En la mayoría de los casos se visitan negocios relacionados con la venta al menudeo de ropa y accesorios de vestir, calzado, carne, frutas y verduras frescas. Cabe destacar que existen negocios poco visitados como aquellos relacionados con actividades de servicios de salud, reparación, educativos, profesionales y de esparcimiento. Las visitas se orientaron a verificar el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), comportamiento comercial y básculas e instrumentos de medición.

La relativa novedad de los métodos de comercialización de bienes y servicios a través de Internet ha causado que las disposiciones legales que regulan las operaciones comerciales que se realizan a través de los métodos tradicionales, resulten, en la actualidad, rebasadas e insuficientes para brindar la seguridad jurídica que los consumidores requieren en todas sus operaciones de consumo.

Consciente de esta situación, Profeco creó un comité interno dedicado a analizar la problemática específica que implica el comercio a través de la red. Asimismo, se buscó la colaboración de las asociaciones empresariales relacionadas con el tema y se integró la Institución al Grupo de Coordinación Interinstitucional de Combate a Delitos Cibernéticos.

El Procedimiento por Infracciones a la Ley se debe considerar como el último recurso de Profeco para inhibir las prácticas contrarias a la Ley Federal de Protección al Consumidor. A través de éste, y respetando sus garantías individuales, se determinan las sanciones a cargo del proveedor infractor.

Este método se inicia únicamente en aquellos casos en los que el procedimiento conciliatorio haya concluido sin alcanzar la conciliación, y sin que las partes acepten sujetarse al procedimiento arbitral. En esta actuación, y antes de determinar el monto de las sanciones o la modalidad de éstas, debe dilucidarse más allá de toda duda si con su conducta el proveedor incurrió en una de las infracciones previstas por la ley correspondiente. Durante 2003 se inició el procedimiento por infracciones a la Ley en 8,152 expedientes. Se dictaron resoluciones con sanción económica en 81% de los casos, mientras que en 55 asuntos se impusieron igual número de arrestos. De igual forma, se dictaron 128 clausuras y se impusieron multas que ascendieron a un total de 152.4 millones de pesos y se logró recuperar a favor del consumidor cerca de 26.9 millones de pesos.

Las verificaciones de comportamiento comercial, metrología y NOMs, implicó la aplicación de medidas precautorias a diversos productos y servicios, consistentes en 52 clausuras precautorias, 312 prohibiciones de comercialización (marcas), 2,180 aplicaciones de engomados de advertencia; y 47,431 multas por un monto de 4.8 millones de pesos como medidas de apremio. Derivadas de estas verificaciones, también se han impuesto sanciones consistentes en 124 clausuras, 2,524 apercibimientos,y 44,082 multas por un monto de 125.3 millones de pesos.

En el marco de las tareas de orientación y educación, durante 2003 se llevaron a cabo reuniones informativas con proveedores de diversos sectores, con objeto de mantenerlos al tanto de los niveles de cumplimiento de los productos y servicios que ofrecen. Todo ello con el propósito de avanzar en el desarrollo de una cultura que, más que ponderar el mínimo cumplimiento de la normatividad, oriente a establecer la calidad como el elemento central en la oferta de productos. Profeco reconoce que ha contado con la disposición de un número importante de proveedores, lo que le ha permitido avanzar en este sentido.

Al mismo tiempo, parte de los esfuerzos institucionales se han orientado a asegurar que los consumidores cuenten con la información que requieren para tomar sus decisiones, sea la que genera la propia Profeco o la que los proveedores están obligados a proporcionar.

Las premisas siguen siendo: a) Un proveedor que no cumple no sólo abusa de los consumidores sino también de sus competidores, y b) Un consumidor bien informado es y será un mejor consumidor.

Durante 2003 Profeco participó activamente en la discusión de la política pública de protección al consumidor; fortaleció su posicionamiento institucional en foros internacionales y afianzó sus relaciones bilaterales con entidades homólogas en el extranjero. Realizó actividades bilaterales y multilaterales emprendiendo nuevos proyectos a fin de involucrarse en temas de última generación relacionados con la protección integral al consumidor.

El 24 de abril de 2001, en respuesta a los retos que supone el fraude internacional por Internet y con objeto de fortalecer la protección al consumidor y la confianza del mismo en el comercio electrónico, 13 países presentaron econsumer.gov, un esfuerzo conjunto para reunir y compartir quejas sobre comercio electrónico transfronterizo.

El proyecto tiene dos componentes: un sitio Web público en diversos idiomas y un sitio Web gubernamental de acceso restringido y protegido con clave. El sitio público provee información general en torno a la protección al consumidor en todos los países que pertenecen a la ICPEN (Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación de la Ley), información para establecer contacto con las autoridades de protección al consumidor de dichos países y un formato de queja electrónico. Toda la información está disponible en inglés, francés, alemán y español. Utilizando la red Consumer Sentinel (una base que contiene datos con las quejas de los consumidores y otra información de investigación y que es manejada por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés), las quejas que se reciben son compartidas a través del sitio Web gubernamental con las autoridades participantes responsables de aplicar la ley en materia de protección al consumidor.1

La Ley Federal de Protección al Consumidor en el capítulo VIII BIS regula los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en el capítulo XIV se aplica un monto por concepto de sanciones diferenciado al de comercio tradicional.

Los métodos de comercialización de bienes y servicios a través de Internet han causado que las disposiciones legales resulten en la actualidad rebasadas e insuficientes para brindar la seguridad jurídica que los consumidores requieren en todas sus operaciones de consumo, en este sentido no sólo debe aplicar la sanción diferenciada en comercio a través de medios electrónicos, sino también considerar que la Profeco formalmente de aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los canales correspondientes la misma notifique sobre las irregularidades presentadas por proveedores domiciliados en sus países como un esfuerzo conjunto para sancionar quejas sobre comercio electrónico transfronterizo.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar en los siguientes términos:

Artículo Único.- Se adiciona un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar:

76 Ter.- En el caso en el que el proveedor incumpla con alguna de las fracciones del artículo 76 Bis, la Procuraduría deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades competentes para que a través de los canales correspondientes se notifique sobre las irregularidades presentadas como un esfuerzo conjunto para sancionar quejas sobre comercio electrónico transfronterizo.

Notas:
Anexo 1

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 24 del mes de febrero de 2005.

Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Dip. Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).
 
 
 
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 45 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 90 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2005

Javier Orozco Gómez, diputado de la Quincuagésima Novena Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la atribución que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para atender, analizar y dictaminar la multitud y complejidad de asuntos cuya resolución corresponde al Congreso de la Unión, se requieren órganos de trabajo denominados comisiones o comités, a los cuales -por la especialidad de sus integrantes- se les encomiendan asuntos específicos; esto implica que la competencia de las comisiones se limita a conocer de los asuntos que refiere su propia denominación. La base constitucional para su creación se encuentra en los artículos 71, último párrafo; 72, numeral I; 77, fracción II, 78, fracción III, y 93, último párrafo.

Las comisiones se dividen en ordinarias y extraordinarias o especiales; las primeras tienen carácter permanente, en tanto que las restantes son perentorias.

De acuerdo con el Derecho Parlamentario, las comisiones ordinarias son los órganos regulares y permanentes en que intervienen los legisladores, para participar en la resolución y/o dictamen de los asuntos que se encomiendan a dicho cuerpo colegiado. De este modo, las comisiones legislativas permanentes son reuniones restringidas de cierto número de diputados o de senadores, toda vez que -de conformidad con la normatividad vigente- las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados, estarán integradas hasta por treinta legisladores, mientras que en la Cámara de Senadores, el número se reduce a quince.

La finalidad de las comisiones ordinarias consiste en conocer a profundidad las distintas iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y demás asuntos que requieran la aprobación de las Cámaras. Para tales efectos, deberán presentar ante el Pleno de la Cámara de que se trate, una propuesta de dictamen sobre cada uno los asuntos que les fueren encomendados.

La existencia de las comisiones conlleva una serie de importantes ventajas en el desarrollo de las funciones inherentes al Poder Legislativo. Destacan las siguientes:

El profesor español Fernando Santaolalla considera que las comisiones ya no se limitan a elevar propuestas o dictámenes a los Plenos de las Cámaras legislativas, sino que asumen un poder decisorio en ciertas materias; así, las comisiones pueden adoptar resoluciones o mociones de carácter no legislativo, y pueden servir de foro para comparecencias de funcionarios de la Administración Pública, en sesiones informativas.

De este modo, las comisiones ya no se conciben sólo como órganos preparatorios, sino también como órganos con facultades decisorias, que se subrogan en la posición jurídico política ocupada por cada una de las Cámaras.

Destaca el caso de Francia, donde después de 1988, se han renovado los métodos de trabajo de las comisiones permanente para darles mayor potestad de proceder a las audiencias públicas, así como de citar a las personas del gobierno y de la sociedad civil, ya que las comisiones permanentes son la única posibilidad de abrir positivamente la evaluación del marco normativo que rige a una sociedad determinada.

Esta nueva percepción del trabajo realizado en las comisiones, se encuentra íntimamente vinculada con la función de control que ha sido constitucionalmente conferida al Poder Legislativo, y que radica en la actividad formal e informal que lleva a cabo el Congreso de la Unión, con el propósito de determinar si las acciones del Poder Ejecutivo, órganos y entes públicos, así como las de sus titulares, se adecuan al ordenamiento jurídico aplicable, al respeto por las normas de ética en el ejercicio de la función pública y otros mandatos fundados en la voluntad popular.

La función de control se materializa -entre otras actividades- en la comparecencia de servidores públicos ante el órgano legislativo. De acuerdo con lo que se señala en el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, "...Es difícil establecer la definición de comparecencia de los miembros del gobierno, ya que ésta dependerá de la regulación específica que se haga en cada país, sin embargo, en algunos casos la comparecencia puede ser definida, según la doctrina parlamentaria, como el período en el cual se formulan preguntas a los miembros del gobierno acerca de su gestión, pero puede tratarse también de una facultad que tiene el parlamento, el Congreso o la Asamblea, para citar a los altos funcionarios para que concurran a las Cámaras a rendir los informes verbales que éstas les soliciten o que los mismos estén obligados a dar anualmente, e incluso, a petición propia, siempre con el propósito de realizar una exposición..."

En nuestro sistema jurídico, la institución de la comparecencia de servidores públicos se encuentra prevista en los artículos 93, constitucional; 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En términos de las disposiciones antes citadas, el Poder Legislativo está facultado para requerir la comparecencia de funcionarios públicos en dos supuestos: a) Cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, y b) Cuando del análisis del informe que deben rendir los secretarios del despacho y los jefes de departamentos administrativos -luego de que se abra el período de sesiones ordinarias-, los legisladores consideren que se requiere mayor información del ramo de que se trate.

En el supuesto que se refiere a la discusión de una ley o estudio de un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, los únicos funcionarios obligados a comparecer ante el requerimiento del órgano legislativo son los Secretarios de Estado, el Procurador General de la República, los Jefes de los Departamentos Administrativos, y los Directores y Administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria.

Por su parte, el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emplea la expresión "conferencias", para referirse a las reuniones que las comisiones pueden sostener -a fin de ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden- con los funcionarios a que se refiere el artículo 53 de dicho ordenamiento, es decir, los mismos que han sido detallados en el párrafo que antecede, a excepción del Procurador General de la República, que no se encuentra contemplado en esta disposición reglamentaria. Por práctica parlamentaria, a estas reuniones también se les denomina "comparecencias."

Ahora bien, en el desarrollo de los trabajos encomendados a las comisiones legislativas, se ha evidenciado que el marco normativo vigente en materia de "comparecencias" y "conferencias" de servidores públicos, resulta limitativo, toda vez que sólo los altos funcionarios mencionados en párrafos que anteceden, se encuentran obligados a atender los requerimientos para comparecer o sostener conferencias con los integrantes del Poder Legislativo, en estricto acatamiento del principio de legalidad, por virtud del cual las autoridades sólo pueden hacer aquello que les esté expresamente permitido.

Sin embargo, las actividades que cotidianamente realizan las comisiones, han permitido observar que -en la mayoría de los casos- son los servidores públicos con niveles de Subsecretario o Director General, quienes llevan el control de los asuntos que interesan a las comisiones, y cuentan con la información correspondiente.

Aún cuando en la práctica, tales funcionarios suelen atender las solicitudes para comparecer o sostener conferencias con los legisladores, los requerimientos que para esos efectos se formulan carecen de sustento jurídico pues, en estricto derecho, la obligación de atenderlos únicamente corre a cargo de los Secretarios de Estado, el Procurador General de la República, los Jefes de los Departamentos Administrativos, y los Directores y Administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria.

En consecuencia, cualquiera otro funcionario público -distinto de los mencionados en el párrafo que antecede- podría negarse válidamente a comparecer o sostener conferencias, ante la ausencia de norma jurídica vinculante en ese sentido.

En tal virtud, y a efecto de optimizar la operatividad de las comisiones legislativas, se estima indispensable adicionar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como su Reglamento, con el fin de facultar a las comisiones para solicitar a los Subsecretarios y Directores Generales -o a quienes desempeñen cargos análogos-, que sostengan conferencias con las comisiones, para ilustrar el juicio de éstas en el despacho de los asuntos que se les encomienden.

A más de lo anterior, es importante destacar el contenido del artículo 98, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contenido dentro del Título Tercero. De la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Senadores. El precepto en cita literalmente señala:

El propósito que se persigue con la disposición legal que nos ocupa, es ilustrar el juicio de las comisiones del Senado, en el despacho de los negocios que se les encomienden, al igual que se contempla en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, para el caso de la Cámara de Senadores no existe restricción legal alguna, respecto de los funcionarios a los que puede citar, pues el artículo 98, numeral 1, de la Ley Orgánica de este Congreso, le confiere un amplio margen de actuación.

Así las cosas, las comisiones de la Cámara de Diputados también deben contar con la atribución de solicitar la presencia de diversos funcionarios públicos - no sólo de los previstos en los artículos 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 53 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso- pues no existe justificación jurídica para limitar su marco de actuación, en ejercicio de las funciones de control con que cuentan tales órganos legislativos.

Por las consideraciones mencionadas y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo Primero. Se adiciona un nuevo numeral 5 al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren los actuales numerales 5 y 6 del mismo artículo, pasando a ser los numerales 6 y 7, respectivamente, para quedar como sigue:

Artículo 45.

Artículo 90 ...

Además de los servidores públicos a que se refiere el artículo 53 de este Reglamento, las comisiones podrán tener conferencias con servidores públicos de niveles jerárquicos correspondientes a Subsecretario y Director General, así como aquellos que ocupen cargos análogos, cuyas actividades se correspondan con las materias de competencia de la comisión de que se trate.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil cinco.

Dip. Javier Orozco Gómez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Febrero 24 de 2005.)
 
 

Votación I.doc
 
 

I. Introducción

De conformidad con lo establecido en el artículo 45, numeral 6, inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el programa anual de trabajo de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, LIX Legislatura, para el periodo comprendido del mes de octubre de 2004 al mes de septiembre de 2005. En su contenido se describe la forma en que se hará el seguimiento a los trabajos planteados desde el primer año de ejercicio, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Comisión trazados desde ese entonces. Igualmente, se presentan los asuntos del trabajo legislativo, que incluyen iniciativas y proposiciones turnadas a esta Comisión y sobre todo, estudios, revisiones y eventos para reformar el marco jurídico agrario.

II. Objetivos

Los trabajos legislativos de la Comisión de Reforma Agraria se orientan a la consecusión de los siguientes objetivos:

General

Con base en los objetivos expuestos, se han establecido cuatro líneas de acción que abordan todos los asuntos legislativos de la Comisión de Reforma Agraria y que son las siguientes:

Al respecto y con base en: las conclusiones de los foros realizados por la 58 Legislatura; la agenda legislativa pendiente de la misma; las conclusiones del ciclo de mesas redondas especializadas El México agrario del siglo XXI; las propuestas integradas de la actual agenda legislativa; las opiniones y proposiciones recogidas en reuniones con representantes de las organizaciones rurales del sector social y el privado y el trabajo de análisis, sistematización e integración necesario, se elaborará una propuesta de adecuación del marco jurídico agrario, que recoja las consideraciones fundamentales del diagnóstico e incida, sobre todo, en los aspectos siguientes:

Ulteriormente, se recogerán las observaciones producto de la consulta y se elaborará la correspondiente iniciativa con proyecto de decreto de ley, para presentarse al pleno de la Cámara de Diputados.

2. Agenda legislativa.

Con relación y en concordancia con el trabajo de Revisión Integral del Marco Jurídico Agrario del cual se está realizando y programando su continuidad, también se están considerando los temas e inquietudes contenidas en la Agenda Legislativa actual; se programa paralelamente, como lo establece la normatividad aplicable al procedimiento legislativo, el desahogo de la siguiente agenda:

2.1 Iniciativas que constituyen el rezago legislativo de la LVIII legislatura y que se dictaminarán de manera conjunta con la revisión al marco jurídico agrario.

Nombre: Iniciativa de acuerdo económico con carácter de dictamen, mediante el cual el Congreso del estado de Jalisco solicita al H. Congreso de la Unión, se reforme el artículo 70 de la Ley Agraria.

a) Minutas

Nombre: Minuta de la LVIII Legislatura, con proyecto de decreto que reforma los artículos 134 y 136; del 139 al 143; 145 y 146 de la Ley Agraria
Fecha: 19 de marzo de 2002
Contenido: La Minuta propone establecer la autonomía de la Procuraduría Agraria.
Estado actual: En estudio y análisis

Nombre: Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Fecha: 3 de octubre de 2003.
Contenido: Establece que los Magistrados del Tribunal Superior Agrario, deben ser incluidos en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe al órgano legislativo para su posible ratificación.
Estado actual: Dictaminada por la Comisión de Reforma Agraria en sentido positivo en Sesión Ordinaria realizada el 21 de enero de 2004.
Dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el mismo sentido, en sesión ordinaria realizada el 4 de febrero de 2004.
Aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados el 30 de marzo de 2004.
Vetada por el Ejecutivo Federal, regresada con observaciones al Senado de la República con observaciones.

b) Iniciativas

Nombre: Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 94 de la Ley Agraria
Fecha: 30 de marzo de 2004
Contenido: Propone reformar el artículo 94 de la Ley Agraria, para que el monto de la indemnización sea determinado tomando en cuenta el destino final de los bienes expropiados.
Estado actual: En estudio y análisis con especialistas

Nombre: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
Fecha: 27 abril 2004
Contenido: Propone que cuando los Magistrados del Tribunal Superior Agrario, concluyan su encargo puedan ser ratificados por tres periodos mas de seis años cada uno.
Estado actual: En estudio y análisis

Nombre: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar los Tribunales Agrarios al Poder Judicial Federal.
Fecha: 13 de mayo de 2004
Contenido: Propone incorporar los Tribunales Agrarios al Poder Judicial Federal, conservando su estructura actual.
Estado actual: En estudio y análisis

c) Puntos de acuerdo

Nombre: Proposición con punto de acuerdo, en relación al pago de indemnizaciones a afectados por la construcción de las presas Presidente Miguel Alemán y Presidente Miguel de la Madrid.
Fecha: 13 de noviembre 2003.
Contenido: Se solicita información a la Secretaría de la Reforma Agraria y Comisión Federal de Electricidad sobre el pago a afectados por la expropiación; se instruye a la subcomisión de Reforma Agraria de esta Comisión, para dar seguimiento al presente punto de acuerdo.
Estado actual: Dictaminada en sesión ordinaria de la Comisión realizada el 4 de enero de 2004. Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 16 de marzo de 2004.

Nombre: Proposición con punto de acuerdo, en relación con la construcción de la presa Belisario Domínguez La Angostura en el estado de Chiapas.
Fecha: 19 de noviembre 2003
Contenido: Se solicita al Ejecutivo Federal información sobre la expropiación realizada para la construcción de la presa Belisario Domínguez. Se instruye a la Subcomisión de Reforma Agraria de esta Comisión, para dar seguimiento al presente punto de acuerdo.
Estado actual: Dictaminada en Sesión Ordinaria de la Comisión realizada el 4 de enero de 2004. Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 17 de marzo de 2004.

Nombre: Proposición con punto de acuerdo para constituir una comisión para el "pago a desplazados por invasiones" en los municipios de las Margaritas, Altamirano y Ocosingo.
Fecha: 29 de abril de 2004
Contenido: Que se constituya una comisión evaluadora, con el concurso de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras dependencias para que se instrumente el pago a desplazados.
Estado actual: Aprobada por la Comisión de Reforma Agraria en sesión ordinaria del 2 de junio de 2004. Falta de dictaminar por la Comisión de Asuntos Indígenas.

Nombre: Proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de diversos funcionarios por la problemática en la región Selva Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules.
Fecha: 30 de junio de 2004 (Comisión Permanente)
Contenido: Se solicita que comparezcan ante comisiones legislativas, los titulares de la Secretaría de la Reforma Agraria, Semarnat y Sagarpa por la problemática en la región Selva Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules.
Estado actual: Aprobada por la Comisión de Reforma Agraria, el 8 de septiembre de 2004. En estudio y análisis de las Comisiones Unidas.

3. Análisis del impacto y la vigencia de la legislación agraria.

En la primera etapa de trabajo de esta Comisión, se iniciaron estudios e investigaciones que se abocaron a examinar los resultados e impacto de la actual legislación agraria, en las relaciones sociales y productivas de la población rural, a fin de sustentar las modificaciones o propuestas de cambio a la misma. En esta fase se plantea continuar con tales estudios para contar a la brevedad con las respectivas conclusiones, que sirvan como aportaciones en la revisión y actualización del marco jurídico agrario que se esta llevando a cabo.

Cabe mencionar que dichos trabajos, que a continuación se enlistan, se realizan con los recursos de que dispone la Comisión y a través de convenios con instituciones académicas, de investigación y con el Centro de Estudios de Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria, de la Cámara de Diputados:

La Comisión de Reforma Agraria tiene la responsabilidad directa de realizar la evaluación de las dependencias del Sector Agrario, en cuanto al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en su capítulo respectivo y del Programa Sectorial Agrario, así como revisar, analizar y formular propuestas para el presupuesto del sector. Los asuntos a considerar son:

La Comisión, para el cumplimiento de sus funciones y de este programa, trabajará en reuniones plenarias de sus integrantes, de su Junta Directiva, de subcomisiones y grupos de trabajo. Las reuniones plenarias ordinarias se realizarán mensualmente y las extraordinarias cuando lo decida la propia Comisión, la Junta Directiva o la Presidencia, por asuntos de atención urgente o a petición de los integrantes de la Comisión.

La Junta Directiva realizará sus reuniones ordinarias quincenalmente según calendario anexo, mientras que las subcomisiones y grupos de trabajo, determinarán la periodicidad de sus reuniones. Igualmente, celebrarán reuniones extraordinarias, cuando la urgencia del o los asuntos lo ameriten, a convocatoria de la propia Junta Directiva o del Presidente.

La Comisión está organizada en cinco subcomisiones permanentes e integrará subcomisiones o grupos de trabajo especiales para los asuntos que determine en el transcurso de sus trabajos legislativos, que requieran una atención particular.

Las subcomisiones permanentes se definieron en función de la estructura del Sector Agrario, considerando los Tribunales Agrarios, pues representan las funciones fundamentales del proceso de Reforma Agraria y sobre las cuales habrá que realizar la revisión y ajuste a su marco jurídico normativo, así como la evaluación de sus programas y acciones. De acuerdo con lo anterior, la estructura de las Subcomisiones es la siguiente:

Subcomisión: De Reforma Agraria y Marco Jurídico
Función: Definición de la política agraria, fomento productivo y coordinación sectorial
Responsables: Diputado Manuel García Corpus

Subcomisión: De Procuraduría Agraria
Función: Regularización de la propiedad y procuración de justicia
Responsables: Diputado Rubén Alfredo Torres Zavala

Subcomisión: del Registro Agrario Nacional
Función: Registro de títulos y resoluciones agrarias y catastro rural
Responsables: Diputado José Lamberto Díaz Nieblas

Subcomisión: De Tribunales Agrarios
Función: Impartición de justicia agraria
Responsables: Diputado Margarito Fierros Tano

Subcomisión: Del Fifonafe
Función: Manejo de los fondos de los ejidos y comunidades para el fomento productivo
Responsables: Diputada María Hilaria Domínguez Arvizú

Las Subcomisiones elaborarán informes de sus tareas propuestas y/o anteproyectos de dictamen, para que sean sometidos a las reuniones plenarias de la Comisión.

V. Actividades

Las actividades a realizar para alcanzar los objetivos de la Comisión, son las siguientes:

1. Integración y funcionamiento de Junta Directiva, Subcomisiones y Grupos de Trabajo.
De acuerdo a lo planteado en el punto IV.

2. Atención inmediata del rezago legislativo.
Fundamentalmente constituido por minutas, iniciativas y puntos de acuerdo.

3. Análisis del 5° Informe de Gobierno.
Se organizará la comparecencia del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria y, en su caso, las reuniones necesarias con funcionarios del sector, para analizar el informe de gobierno y emitir las conclusiones que procedan.

4. Evaluación permanente del ejercicio presupuestal y del programa sectorial.
Las Subcomisiones, periódicamente, analizarán los informes de las dependencias y organismos del sector y presentarán sus conclusiones al pleno de la Comisión, donde se acordarán las recomendaciones que correspondan.

5. Realización de foros de consulta.
Para presentar proyectos, anteproyectos o documentos relevantes del trabajo legislativo y conocer las opiniones o propuestas de los sectores social, público y privado.

6. Organización de reuniones de trabajo.
Con dependencias del sector y con autoridades estatales, municipales, ejidales, comunales y de colonos, así como con organizaciones agrarias, académicas y de investigación; tanto para asuntos relevantes como el presupuesto del sector agrario; la evaluación de los programas del sector; la evaluación de los conflictos denominados "focos rojos" y "focos amarillos"; reformas al marco jurídico agrario; evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo y problemas específicos planteados por organizaciones o núcleos agrarios.

7. Realización de visitas de campo.
Para el conocimiento directo de la problemática agraria, fundamentalmente en lo concerniente a conflictos agrarios, procesos de regularización y certificación de la tenencia de la tierra y experiencias exitosas en organización agraria.

8. Realización de estudios e investigaciones sobre la problemática y asuntos agrarios de interés general.
Una relación de éstos se encuentra en el punto 3.

9. Intercambio de experiencias legislativas en materia agraria.
Se propone la realización de dos viajes de grupos de la Comisión, uno a Sudamérica, para conocer los procesos actuales de reforma jurídica agraria en Brasil y Venezuela y otro a China, para conocer las reformas jurídicas y la organización agraria que se tuvo, para la obtención de su autosuficiencia alimentaria y para el aumento del empleo rural.

10. Actualización permanente de la página Web de la Comisión.
Con la finalidad de que sea el medio de información principal a la ciudadanía y se pueda consultar en pantalla con un formato adecuado; igualmente, se facilitará la reproducción impresa de su contenido, de acuerdo a los requerimientos de los visitantes. Esta página incluirá, además de la información general, la relativa a informes de las actividades legislativas realizadas.

Integración de las subcomisiones de trabajo de la Comisión de Reforma Agraria

Subcomisión de Reforma Agraria y Marco Jurídico
Diputados: Manuel García Corpus, responsable, PRI; Roberto Aquiles Aguilar Hernández, PRI; Ernesto Herrera Tovar, PAN; Francisco Chavarría Valdeolivar, PRD; Luis Antonio González Roldán, PVEM; Luis Andrés Esteva Melchor, PAN.

Subcomisión de Procuraduría Agraria
Diputados: Rubén Alfredo Torres Zavala, responsable, PAN; Elpidio Desiderio Concha Arellano, PRI; Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, PAN; Ana Lilia Guillén Quiroz, PRD; Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, PRI; Esteban Valenzuela García, PRI.

Subcomisión de Registro Agrario Nacional
Diputados: José Lamberto Díaz Nieblas, responsable, PRI; Oscar Félix Ochoa, PRI; Ruth Trinidad Hernández Martínez, PAN; Marcelo Herrera Herbert, PRD; Juan Antonio Gordillo Reyes, PRI; Rogelio Alejandro Flores Mejía, PAN;

Subcomisión de Tribunal Superior Agrario
Diputados: Margarito Fierros Tano, responsable, PRD; Enrique Guerrero Santana, PRI; Ramón González González, PAN; Javier Manzano Salazar, PRD; José Jesús Vázquez González, PAN; Gustavo Moreno Ramos, PRI.

Subcomisión de Fifonafe
Diputados: María Hilaria Domínguez Arvizu, responsable, PRI; José Alfonso Muñoz Muñoz, PRI; Huberto Aldaz Hernández, PAN; Enrique Torres Cuadros, PRD; Eviel Pérez Magaña, PRI; Juan Bustillos Montalvo, PRI.

Reuniones ordinarias de la Junta Directiva

-Programación-
2004-2005 Fechas de reunión

Octubre/2004 5, 12, 19 y 26
Noviembre 9, 16, 23 y 30
Diciembre 7 y 14
Febrero/2005 1 y 15
Marzo 1, 15, 29
Abril 12 y 26
Mayo 17 y 31
Junio 14 y 28
Julio 12 y 26
Agosto 9 y 23
Septiembre 6 y 20

Reuniones ordinarias de la Comisión de Reforma Agraria

-Programación-
2004-2005 Fechas de reunión

Octubre/2004 6
Noviembre 3
Diciembre 1
Febrero/2005 2
Marzo 2
Abril 6
Mayo 4
Junio 1
Julio 6
Agosto 3
Septiembre 7
 
 

Presidencia: diputado Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano

Siendo las 9:20 horas, del día 6 de octubre de 2004, se reúnen en la sala 6 de la planta baja del edificio B del Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de llevar a cabo la reunión de trabajo de la Comisión de Energía, los siguientes ciudadanos diputados:

Dip. Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano
Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno
Dip. Oscar Pimentel González
Dip. Raúl Pompa Victoria
Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz
Dip. José Adolfo Murat Macías
Dip. Humberto Cervantes Vega
Dip. Francisco Herrera León
Dip. Jesús Vizcarra Calderón
Dip. Pablo Pavón Vinales
Dip. Ricardo Alegre Bojórquez
Dip. Jorge Luis Hinojosa Moreno
Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón
Dip. Jorge Martínez Ramos
Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Dip. Manuel Enrique Ovalle Araiza
Dip. José Antonio de la Vega Asmitia
Dip. Carla Rochín Nieto
Dip. Josefina Cota Cota

Comprobado el quórum requerido, en términos del artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede al desahogo del siguiente orden del día.

Recibidos los comentarios, resueltas las inquietudes de los diputados presentes en la reunión y agotado el asunto por el que se convocó, se termina la reunión de trabajo de Comisión de Energía a las 11 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2004.

Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, Presidente (rúbrica); Óscar Pimentel González, secretario (rúbrica); Manuel Enrique Ovalle Araiza, secretario (rúbrica); Cuauhtémoc Ochoa Fernández, secretario; Francisco Javier Carrillo Soberón, secretario (rúbrica); Juan Fernando Perdomo Bueno, secretario (rúbrica); Pablo Pavón Vinales, secretario (rúbrica).
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGIA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE SU REUNIÓN DE TRABAJO, LLEVADA A CABO EL JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2004

Presidencia: diputado Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano por la Comisión de Energía y el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Siendo las 14 horas, del día jueves 28 de octubre de 2004, se reúnen en los salones C y D del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de llevar a cabo la reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Energía, y Hacienda y Crédito Público, los siguientes diputados:

Dip. Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano
Dip. Manuel Enrique Ovalle Araiza
Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón
Dip. Oscar Pimentel González
Dip. Pablo Pavón Vinales
Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno
Dip. Carla Rochín Nieto
Dip. Jorge Luis Hinojosa Moreno
Dip. Manuel López Villarreal
Dip. Miguel Ángel Toscano Velasco
Dip. Ricardo Alegre Bojórquez
Dip. Jorge Martínez Ramos
Dip. Rosa María Avilés Nájera
Dip. José Adolfo Murat Macías
Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz
Dip. Humberto Cervantes Vega
Dip. Jesús Vizcarra Calderón
Dip. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez

Comprobado el quórum requerido, en términos del artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede al desahogo del siguiente orden del día.

El contenido de la exposición, tiene los siguientes puntos:

Recibidos los comentarios y resueltas las inquietudes de los diputados que participan en la discusión del dictamen, se solicita la votación a los diputados integrantes de la Comisión de Energía y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El dictamen en discusión es aprobado por unanimidad de miembros presentes de ambas comisiones.

Agotado el asunto por el que se convocó, se termina la reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Energía y Hacienda y Crédito Público a las 15:30 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2004.

Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, Presidente (rúbrica); Óscar Pimentel González, secretario (rúbrica); Manuel Enrique Ovalle Araiza, secretario (rúbrica); Cuauhtémoc Ochoa Fernández, secretario; Francisco Javier Carrillo Soberón, secretario (rúbrica); Juan Fernando Perdomo Bueno, secretario (rúbrica); Pablo Pavón Vinales, secretario (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE ENERGIA, DE SU DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN DE TRABAJO, LLEVADA A CABO EL JUEVES 9 DE DICIEMBRE DE 2004

Con la Presidencia del diputado Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano.

Siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, del día 9 de diciembre de 2004, se reúnen en el auditorio ubicado en tercer nivel del edificio H del Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de que se lleve a cabo la decimoséptima reunión de trabajo de la Comisión de Energía, los siguientes ciudadanos diputados:

Dip. Francisco X. Salazar Díez de Sollano
Dip. Manuel E. Ovalle Araiza
Dip. Francisco J. Carrillo Soberón
Dip. Óscar Pimentel González
Dip. Pablo Pavón Vinales
Dip. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno
Dip. José A. de la Vega Asmitia
Dip. Manuel López Villarreal
Dip. Miguel Angel Toscano Velasco
Dip. Ricardo Alegre Bojórquez
Dip. Jorge Martínez Ramos
Dip. Rosa María Avilés Nájera
Dip. José Adolfo Murat Macías
Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz
Dip. Francisco Herrera León
Dip. Francisco J. Rojas Gutiérrez
Dip. Humberto Cervantes Vega
Dip. Sergio Arturo Posadas Lara
Dip. Víctor M. Alcérreca Sánchez
Dip. Julio H. Lujambio Moreno

Comprobado el quórum requerido, en términos del artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede al desahogo del siguiente orden del día.

Se procede a la lectura de las actas de las sesiones realizadas los días 6 y 28 del mes de octubre de 2004, correspondientes a la decimasexta reunión de trabajo ordinaria y de Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente.

No habiendo observaciones se dan por aprobadas las actas antes mencionadas, por lo que se procede a leer los resolutivos de los dictámenes sujetos a discusión, a saber:

Sin asuntos generales por abordar y siendo las catorce horas con treinta minutos, se da por concluida la sesión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2004.

Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, Presidente (rúbrica); Óscar Pimentel González, secretario (rúbrica); Manuel Enrique Ovalle Araiza, secretario (rúbrica); Cuauhtémoc Ochoa Fernández, secretario; Francisco Javier Carrillo Soberón, secretario (rúbrica); Juan Fernando Perdomo Bueno, secretario (rúbrica); Pablo Pavón Vinales, secretario (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE ENERGIA, DE SU DECIMOCTAVA REUNIÓN DE TRABAJO, LLEVADA A CABO EL MARTES 25 DE ENERO DE 2005

Con la Presidencia del Dip. Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano

Siendo las diecisiete horas y veinte minutos del día 25 de enero de 2005, se reúnen en el salón B del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de llevar a cabo la decimoctava reunión de trabajo de la Comisión de Energía, con la asistencia de los siguientes ciudadanos diputados:

Dip. Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano
Dip. Manuel Enrique Ovalle Araiza
Dip. Óscar Pimentel González
Dip. Pablo Pavón Vinales
Dip. Carla Rochín Nieto
Dip. José Antonio de la Vega Asmitia
Dip. Miguel Angel Toscano Velasco
Dip. Rosa María Avilés Nájera
Dip. Sergio Arturo Posadas Lara
Dip. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez

El orden del día de la reunión considera la exposición de una propuesta para impulsar la producción de gas natural en México, por parte de representes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Concamin.

El diputado Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, con anuencia de los integrantes de la Comisión, concede la palabra al ingeniero Nelson Arizmendi Cruz, en su calidad de presidente de la Comisión de Energéticos de la Concamin, para hacer la exposición de su propuesta.

El contenido de la exposición, desarrolla principalmente los siguientes puntos:

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el veinticinco de enero de dos mil cinco.

Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, Presidente (rúbrica); Óscar Pimentel González, secretario (rúbrica); Manuel Enrique Ovalle Araiza, secretario (rúbrica); Cuauhtémoc Ochoa Fernández, secretario; Francisco Javier Carrillo Soberón, secretario (rúbrica); Juan Fernando Perdomo Bueno, secretario (rúbrica); Pablo Pavón Vinales, secretario (rúbrica); Víctor Alcerreca Sánchez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A SU DECIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 2005

Presidencia de la diputada Beatriz Zavala Peniche

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con quince minutos del día miércoles diecinueve de enero de dos mil cinco, asisten a la decimotercera sesión ordinaria celebrada en el salón B del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, para el desahogo del siguiente

Orden del Día

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.

Se realiza el registro de asistencia, encontrándose presentes los diputados: Beatriz Zavala Peniche, (PAN); Carlos Flores Rico, (PRI); Sonia Rincón Chanona, (PRI); Julio Boltvinik Kalinka, (PRD); Armando Rangel Hernández, (PAN); Myriam Arabian Couttolenc, (PAN); José López Medina, (PRI); María del Carmen Mendoza Flores, (PAN); José Luis Treviño Rodríguez, (PAN); Quintín Vázquez García, (PRI); Felipe Medina Santos, (PRI); Rafael Flores Mendoza, (PRD); Juan Carlos Núñez Armas, (PAN); Francisco Amadeo Espinosa Ramos, (PT); incorporándose en el transcurso de la reunión los diputados Armando Leyson Castro (PRI) y Renato Sandoval Franco, (PAN); en virtud de que se encuentran presentes catorce diputados, la diputada Presidenta propone esperar a que se incorporen más legisladores a la reunión.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.
La diputada Presidenta, da lectura al orden del día y lo somete a la consideración de los diputados asistentes.
Aprobado.

3.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la duodécima sesión ordinaria.
La diputada Presidenta, pregunta si están de acuerdo en dispensar la lectura del acta de la décima segunda sesión ordinaria, los diputados integrantes de la Mesa Directiva dan su voto de confianza.
Aprobado.

4.- Asuntos legislativos turnados a la Comisión en noviembre y diciembre de dos mil cuatro.

La diputada Presidenta, da lectura a las iniciativas, minutas y puntos de acuerdo turnados a la Comisión en noviembre y diciembre de dos mil cuatro. Solicita a los diputados presentes revisarlas y analizarlas a fin de contar con su opinión.

El diputado Carlos Flores Rico, propone a los diputados presentes la conformación del grupo de trabajo para analizar la iniciativa en materia de soberanía alimentaria, tal como lo señala el resolutivo de la Junta de Coordinación Política.

La diputada Presidenta, acepta la propuesta del diputado Carlos Flores Rico para que se comente en asuntos generales.

El diputado Carlos Flores Rico, sugiere hacer una revisión de los asuntos pendientes que se tienen en la Comisión, para poder enviar al pleno los dictámenes, una vez que comience el periodo ordinario de sesiones.

La diputada Presidenta, se acepta la propuesta dando lectura a los pendientes de trámite legislativo, aclarando que ya hay quórum.

Comenta, respecto a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, que fue turnada a las Comisiones de Desarrollo Social y de Asuntos Indígenas, que ya se tiene la aprobación del dictamen correspondiente por parte de ambas comisiones, se agendará para llevarlo al pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Tenemos una iniciativa de Ley General de Alimentación y Nutrición de la Niñez, que está en estudio.

En relación a la iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que promueve el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, relativo al Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad, turnada a las Comisiones de Gobernación, Desarrollo Social y de Economía, las comisiones a las que nos fue turnada no hemos tenido un dictamen en consenso, se tienen opiniones distintas, pero creo que sacaremos el dictamen.

El diputado Julio Boltvinik Kalinka, sugiere invitar a la Mesa Directiva de la Comisión de Economía para discutir esta iniciativa.

La diputada Presidenta, acepta la propuesta y comenta que procederá a hacer lo mismo con los turnos que se tengan en comisiones unidas.

En cuanto a la minuta con proyecto de Ley que Crea el Consejo Económico y Social de Estado, comenta que la visión que tienen los diputados, al respecto, es muy distinta a la de los senadores.

El diputado Carlos Flores Rico, sugiere proponer al pleno la devolución de esta minuta.

La diputada Presidenta, acepta la propuesta de efectuar ese trámite legislativo y devolverla al Senado.

Hay un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al Ejecutivo de Puebla para que no avalen la quinta modificación al Programa Subregional de Desarrollo regional de los municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, en relación a una reserva territorial, propone a los diputados de Puebla revisar la conveniencia del sentido del dictamen.

Comenta que se tienen varias iniciativas sobre la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente del Ramo 33, propone revisarlas en el marco de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Myriam Arabian Couttolenc, comenta que existe otra iniciativa que modifica la Ley de Coordinación Fiscal para crear un Fondo de Asistencia Social, presentada el veintitrés de noviembre pasado por el diputado Alfonso Moreno Morán del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la cuál se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sugiere solicitar la ampliación del turno.

El diputado Carlos Flores Rico, propone trabajar estas iniciativas con la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y, en principio, conformar un grupo de trabajo que realice un borrador de intenciones para que se discuta en conjunto.

La diputada Myriam Arabian Couttolenc, está de acuerdo con la propuesta proponiéndose como integrante del grupo de trabajo que revise las iniciativas relacionadas con la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada Presidenta, da la palabra al diputado Julio Boltvinik Kalinka.

El diputado Julio Boltvinik Kalinka, comenta con respecto a las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscalque es un tema en el que su partido ha trabajado, manifiesta que, después de la Ley General de Desarrollo Social, este sería el trabajo más importante que realizara la Comisión de Desarrollo Social.

Propone al diputado Rafael Flores Mendoza para que se integre al grupo de trabajo que estudiará las iniciativas relacionadas con la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada Presidenta, da la palabra a la diputada Sonia Rincón Chanona.

La diputada Sonia Rincón Chanona, acepta la propuesta y de parte de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, propone al diputado Carlos Flores Rico para que integre este grupo de trabajo.

La diputada Presidenta, manifiesta su aprobación y plantea invitar a los diputados Juan Fernando Perdomo, de Convergencia y Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Partido Verde, a formar parte del mismo.

Expresa que por parte de los integrantes de la Comisión existe voluntad para lograr una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal y reitera que ojalá se pueda avanzar con el consenso de otras comisiones.

El diputado Carlos Flores Rico, propone a la diputada Myriam Arabian Couttolenc como responsable del grupo de trabajo que estudie las iniciativas relacionadas con la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada Presidenta, manifiesta su aprobación, y en otro orden de ideas, comenta sobre la iniciativa relacionada a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social.

El diputado Carlos Flores Rico, propone, al diputado Felipe Medina Santos, para que revise, en términos objetivos, cual es el propósito de la iniciativa.

La diputada Presidenta, se acepta que el diputado Felipe Medina Santos se aboque a la revisión de los objetivos de esta iniciativa y dé su opinión para, posteriormente, realizar una reunión con los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Energía.

Respecto a la iniciativa que reforma la Ley General de Asentamientos Humanos de la diputada María Guadalupe Morales Rubio del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita a los diputados integrantes de este grupo parlamentario comenten con la diputada promovente sobre la viabilidad de su iniciativa.

Comenta que se tienen varias iniciativas que reforman la Ley General de Desarrollo Social y propone trabajar un dictamen conjunto.

En relación a la iniciativa del diputado Cuauhtémoc Ochoa del grupo parlamentario del Partido Verde, que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, propone que el diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón revise el objetivo de la iniciativa.

5.- Asuntos generales.

La diputada Presidenta, comenta que existen dos solicitudes sobre el tema del presupuesto y comentarios sobre algunos otros pendientes de la Comisión. En relación al tema de presupuesto cede la palabra al diputado Julio Boltvinik Kalinka.

El diputado Julio Boltvinik Kalinka, da lectura al documento preparado por los asesores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comenta que la Cámara de Diputados determinó un presupuesto de veintitrés mil trescientos noventa y cinco punto cuatro millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social, es decir, mil setecientos nueve millones de pesos adicionales al propuesto en su proyecto de presupuesto de egresos.

Destaca que el aumento fue consensuado en el seno de la Comisión de Desarrollo Social, y que el recorte de los setecientos setenta y cinco millones de pesos fue una decisión de carácter general que tomó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública orientado a recortar el gasto administrativo, sin embargo, manifiesta que, este recorte se aplicó de manera proporcional a todos los ramos.

Menciona que con el consenso de todos los grupos parlamentarios se logró defender a los programas centrales de la Secretaría de Desarrollo Social como Oportunidades.

Comenta que la Cámara mandató recortar setecientos setenta y cinco millones del gasto de operación de la Secretaría de Desarrollo Social, y lo que hizo Hacienda fue recortar solamente veintitrés punto dos millones de gasto en servicios personales y los setecientos cincuenta y uno punto ocho millones restantes se aplicaron a otros gastos corrientes que, realmente afectaron a los programas fundamentales.

Propone una reunión con funcionarios de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social para encontrar la manera de que estas reducciones no se lleven a cabo, que se realicen los recortes a los altos sueldos y salarios que tienen los funcionarios de alto nivel del gobierno federal y, que los ajustes sean los menos dañinos para los programas sustantivos.

La diputada Myriam Arabian Couttolenc, propone que se invite al diputado Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que explique la reducción de los setecientos setenta y cinco millones de pesos.

El diputado Carlos Flores Rico, expresa que existe una gran capacidad de discrecionalidad en la Secretaría de Hacienda para hacer movimientos entre partidas y apoya la propuesta de la diputada Myriam Arabian Couttolenc para conocer de dónde surgió el recorte y la reasignación.

Sugiere realizar contacto con la Secretaría de Desarrollo Social para evaluar los impactos de las reducciones y que presenten alternativas. Además de solicitar el contacto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y finalmente hacer del conocimiento del área jurídica, de la Mesa Directiva de la Cámara, que está revisando lo de la controversia.

La diputada Presidenta, concede la palabra al diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, comenta que también en la Comisión de Educación se encontraron una serie de recortes respecto a lo que publicó Hacienda por Internet y lo aprobado por la Cámara, está de acuerdo en que se solicite información a la Comisión de Presupuesto, pero sobre todo sugiere articular un análisis global del presupuesto porque no es únicamente la de Desarrollo Social, están prácticamente todas las Comisiones.

La diputada Presidenta, comenta estar de acuerdo con el comentario del diputado Julio Boltvinik Kalinka en relación a que la Comisión de Desarrollo Social estuvo trabajando, llegando a conclusiones en consenso, en cuanto a las reformas al proyecto del Ejecutivo para el presupuesto dos mil cinco, en relación a los incrementos y reasignaciones que debían tener los programas del Ramo Veinte, de la Secretaría de Desarrollo Social, llegándose a acuerdos que planteaban un incremento global de aproximadamente cuatro mil millones de pesos. No conseguimos que fuera ese incremento, lo que se logró fue un incremento de mil setecientos millones de pesos .

Agrega que los recortes propuestos y aprobados en la Cámara de Diputados no se analizaron en el seno de la Comisión de Desarrollo Social sino en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se puede seguir teniendo consenso en defender los programas sociales, considera que es un ejercicio del Ejecutivo que debe responder a una política social de Estado, plasmada en la Ley General de Desarrollo Social y que uno de sus objetivos es prever el mayor incremento posible a este ejercicio de presupuesto en desarrollo social.

Retoma los acuerdos obtenidos y en primer lugar menciona la reunión con el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en segundo lugar, una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en tercer lugar, buscar una reunión con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y finalmente buscar sostener una reunión con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El diputado Rafael Flores Mendoza, propone que para la reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se cite al Subsecretario de Egresos.

La diputada Presidenta, acepta la propuesta y acuerda elaborar la solicitud y convocatorias a estas reuniones. Cede la palabra al diputado Carlos Flores Rico, para comentar la conformación del grupo de trabajo que analice la iniciativa en materia de soberanía alimentaria.

El diputado Carlos Flores Rico, propone a la diputada Sonia Rincón Chanona para que forme parte de este grupo de trabajo.

La diputada Presidenta, cuestiona si el resolutivo de la Junta de Coordinación Política fue enviado a otras Comisiones.

El diputado Carlos Flores Rico, comenta que también se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La diputada Presidenta, comenta que enviará a la Comisión de Puntos Constitucionales el listado de los diputados de la Comisión que integrarán el grupo de trabajo.

El diputado Carlos Flores Rico, manifiesta que por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propone a las diputadas Sonia Rincón Chanona y Martha Palafox Gutiérrez.

La diputada Presidenta, propone que por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional se integren los diputados Myriam Arabian Couttolenc y José Luis Treviño Rodríguez.

El diputado Julio Boltvinik Kalinka, se propone por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, además de incluir la diputada Clara Marina Brugada Molina.

La diputada Presidenta, comenta que también se suma a este grupo el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, y propone incluir al diputado Juan Fernando Perdomo Bueno.

El diputado Julio Boltvinik Kalinka, invita a la presentación de su libro, La pobreza en México y el mundo,coeditado por Siglo Veintiuno editores y el Gobierno del estado de Tamaulipas.

La diputada Presidenta, da por concluida la reunión siendo las catorce horas con diez minutos del día arriba citado.

Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Armando Rangel Hernández (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, secretarios.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, DE SU REUNIÓN PLENARIA REALIZADA EL MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO DE 2005

Previa convocatoria de la Presidencia, se llevó a cabo la Sesión Plenaria de la Comisión de Gobernación, siendo las 15:00 horas del día 9 de febrero del 2005, al tenor del siguiente orden del día, establecido en la convocatoria.

Estuvieron presentes los siguientes Diputados:

Dip. Julián Angulo Góngora
Dip. David Hernández Pérez
Dip. Yolanda Valladares Valle
Dip. Miguelángel García-Domínguez
Dip. Maximino Alejandro Fernández Ávila
Dip. José Porfirio Alarcón Hernández
Dip. Jesús González Schmal
Dip. Pablo Alejo López Núñez
Dip. Consuelo Muro Urista
Dip. Fernando Álvarez Monje
Dip. Omar Bazán Flores
Dip. José Luis Briones Briceño
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo
Dip. Patricia Garduño Morales
Dip. María Sara Rocha Medina
Dip. Hugo Rodríguez Díaz
Dip. Sergio Vázquez García

Justificaron su inasistencia oportunamente los diputados Pablo Bedolla López, Margarita Saldaña Hernández y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza.

Habiéndose firmado el registro de asistencia, se hace la declaratoria de que existen quórum. Se tiene por aprobada el acta de la sesión anterior y se aprueba el orden del día en sus términos.

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día, se pusieron a consideración y votación, los siguientes asuntos:

I. Proyecto de dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 a la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Sentido del Dictamen: Negativo
Aprobado el dictamen: Por unanimidad

II. Proyecto de dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.
Sentido del Dictamen: Negativo
Aprobado el dictamen: Por unanimidad

III. Proyecto de dictamen con proyecto de decreto para crear la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como organismo público descentralizado del Gobierno Federal.
Sentido del Dictamen: Negativo
Aprobado el dictamen: Por unanimidad

IV. Proyecto de dictamen con proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y Gobernación, para que intervengan en la resolución de los hechos de agresión con armas de fuego a trabajadores petroleros de la Sección 14 del STPRM en la Ciudad de Macuspana Tabasco.
Sentido del Dictamen: Negativo
Aprobado el dictamen: Por unanimidad

V. Proyecto de dictamen con proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal, para que instalen la Comisión de Límites y se revisen los correspondientes al Municipio del Valle de Chalco y la Delegación Tláhuac y al Municipio de la Paz y la Delegación Iztapalapa.
Sentido del Dictamen: Negativo
Aprobado el dictamen: Por unanimidad

VI. Proyecto de dictamen con proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en la adquisición de Lácteos para los programas alimentarios, se cumpla con la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales.
Sentido del Dictamen: Favorable
Aprobado el dictamen: Por unanimidad

Por cuanto al punto 5 del orden del día se pone a consideración y en su caso aprobación, el siguiente asunto:

Por cuanto al punto que asuntos varios, el diputado Julián Angulo Góngora informa que se recibieron dos propuestas de Fe de Erratas, respecto al dictamen que corresponde al voto de los mexicanos en el extranjero, presentadas por los diputados David Hernández Pérez y Laura Elena Martínez Rivera, separadamente. En este momento distribuye entre los presentes sendas copias para que se enteren de su contenido. Acto seguido pregunta si existe alguna propuesta o comentario y no habiéndola, pregunta si se aprueban, aprobando de manera unánime.

A continuación el Presidente informa que el próximo día martes 15 de febrero, esta Comisión en coordinación con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A. C., presenta en San Lázaro el libro "El Voto de los Mexicanos en el Extranjero".

Por último, informa el diputado Julián Angulo Góngora sobre el Foro Nacional de Consulta "Responsabilidades de los Servidores Públicos".

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión a las 17:00 horas.

Dip. Julián Angulo Góngora (rúbrica)
Presidente

Dip. David Hernández Pérez (rúbrica)
Secretario

Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica)
Secretaria

Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica)
Secretaria

Dip. Miguelángel García-Domínguez (rúbrica)
Secretario

Dip. Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica)
Secretario
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, DE LA REUNIÓN DE SU MESA DIRECTIVA EFECTUADA EL JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2005

Siendo las 10:15 horas del día jueves 10 de febrero de 2005, previa convocatoria de la Presidencia, se llevó a cabo la reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DIA

En el desarrollo del punto 4, en primer término el diputado Julián Angulo Góngora presenta un proyecto del Programa Anual de Trabajo 2004-2005 e informa que la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha formulado por escrito a esta Comisión un requerimiento de dicho programa. Al respecto, los diputados integrantes de esta Mesa Directiva acuerda que se distribuya el proyecto entre todos los integrantes de la Comisión, a fin de que puedan realizar las aportaciones que consideren procedentes y se agende en la próxima sesión plenaria de la Comisión de Gobernación.

Por cuanto a los foros de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el diputado Julián Angulo informa que, conjuntamente con las Comisiones Jurisdiccional, de Puntos Constitucionales y la de Justicia y Derechos Humanos, esta Comisión de Gobernación ha organizado un Foro Nacional de Consulta que se llevará a cabo en ocho sedes y que corresponde a la Comisión de Gobernación conjuntamente con la Jurisdiccional la organización del primer evento que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de febrero del presente año en este recinto legislativo de San Lázaro. Asimismo, que corresponde a la Comisión de Gobernación la organización de dicho evento en el sureste de la República, habiendo acordado en este momento que se lleve a cabo en la ciudad de Mérida Yucatán, en la primera semana de abril, según la conciliación de agendas con los conferencistas magistrales.

Se acuerda enviar invitación al Licenciado Armando Salinas Torre Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, a fin de que comparezca ante el pleno de la Comisión de Gobernación para tratar los siguientes temas:

Por último, también en el rubro de asuntos generales, los diputados presentes acuerdan delegar en el Presidente de la Comisión de Gobernación, la atribución de realizar los trámites administrativos que correspondan a viáticos y pasajes de los integrantes de las delegaciones de esta Comisión, para acudir a viajes nacionales.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 11:15 horas.

Dip. Julián Angulo Góngora (rúbrica)
Presidente

Dip. David Hernández Pérez (rúbrica)
Secretario

Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica)
Secretaria

Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas
Secretaria

Dip. Miguelángel García-Domínguez (rúbrica)
Secretario

Dip. Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica)
Secretario
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, DE LA REUNIÓN DE SU MESA DIRECTIVA QUE TUVO LUGAR EL MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DE 2005

Siendo las 11:00 horas del día miércoles 16 de febrero de 2005, previa convocatoria de la Presidencia formulada por vía telefónica, se llevó a cabo la reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

El diputado Julián Angulo Góngora hace entrega a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión, de un expediente con documentos que se refieren a la devolución del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del COFIPE, (voto de los mexicanos en el extranjero), que la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió a esta Comisión.

Siendo las 11:30 y aún contando con tres diputados presentes se toma el acuerdo de volverse a reunir la Mesa Directiva el día de mañana jueves 17, durante el pleno cameral.

Dip. Julián Angulo Góngora (rúbrica)
Presidente

Dip. David Hernández Pérez (rúbrica)
Secretario

Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica)
Secretaria

Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica)
Secretaria

Dip. Miguelángel García-Domínguez (rúbrica)
Secretario

Dip. Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica)
Secretario
 
 

Al Foro sobre derecho comparado en radio y televisión, que se verificará el viernes 25 de febrero, a las 11 horas, en el salón de protocolo del edificio A.

Ponentes

Doctor Salvador Nava
Universidad Anáhuac del Sur

Doctora Issa Luna Pla
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Maestro Rudolf Hubr
Fundación Konradnuer de Alemania

Doctor Ernesto Villanueva
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Maestro James Dickmeyer
Agregado de prensa de la Embajada de Estados Unidos

Temario

DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el lunes 28 de febrero, a las 18 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su reunión de trabajo con el jefe del Servicio de Administración Tributaria, ingeniero José María Zubiría Maqueo, y con el administrador general de Aduanas, licenciado José Guzmán Montalvo, que se llevará a cabo el martes 1 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

DE LA COMISION ESPECIAL DEL CAFÉ

A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 1 de marzo, a las 10 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Jorge B. Utrilla Robles
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA

A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 1 de marzo, a las 10:30 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de Jalisco del grupo parlamentario del PRI (edificio C, planta baja).

Atentamente
Dip. Roberto A. Marrufo Torres
Presidente
 
 
 

DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

A su reunión ordinaria, que se verificará el martes 1 de marzo, a las 10:30 horas, en el salón de protocolo del edificio A, planta baja.

Atentamente
Dip. Víctor Suárez Carrera
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 1 de marzo, a las 14:30 horas, en las oficinas de la Comisión.

Orden del Día

DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

A su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el martes 1 de marzo, a las 15 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE PESCA

A la reunión de trabajo con representantes de la AMSDA, que se realizará el martes 1 de marzo, a las 17 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Francisco Javier Obregón Espinoza
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE PESCA

A la reunión de trabajo con el titular de la Conapesca, ingeniero Ramón Corral Ávila, que tendrá lugar el miércoles 2 de marzo, a las 9 horas, en los salones 1 y 2, situados en la planta baja del edificio B.

Atentamente
Dip. Francisco Javier Obregón Espinoza
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL

A su decimoquinta sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 2 de marzo, a las 9:30 horas, en el lobby del auditorio del edificio E.

Orden del Día

DE LA COMISION DE SALUD

Al octavo foro regional de La reproducción asistida en México y sus expectativas, que se llevará a cabo el miércoles 9 de marzo, de las 8:30 a las 15 horas, en el salón Durango del Hotel Gobernador (Avenida 20 de Noviembre 257 Oriente, zona centro, Durango, Durango).

Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el lunes 9 de marzo, a las 15 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su reunión plenaria con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández, que tendrá lugar el martes 15 de marzo, a las 15 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día