Proyecto de Acta

• De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se someterá a consideración de la Asamblea el miércoles 26 de enero de 2005.

• Del diputado Alfonso Nava Díaz.

• De la Comisión de Concordia y Pacificación.

• De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el que remite propuesta de terna para la designación de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• De la Procuraduría General de la República, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

• De la Procuraduría General de la República, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

• De la Secretaría de Gobernación, por el que remite la carpeta informativa sobre los resultados de la participación del Presidente Vicente Fox Quesada en la XXV reunión ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes del Sistema de Integración Centroamericana, que tuvo verificativo en San Salvador, El Salvador, el miércoles 15 de diciembre de 2004.

• De la Secretaría de Gobernación, por el que remite informe de evaluación de los fondos y programas de la Secretaría de Economía correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2004, que se establece en el anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, para dar cumplimiento al inciso a) de la fracción IV del artículo 55 del Presupuesto.

• De la Secretaría de Gobernación, dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos puedan prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, y comunica que otros ciudadanos han dejado de prestar servicios.

• De la Secretaría de Gobernación, diez con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• De la Secretaría de Gobernación, dos con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

• Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI.

• Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del PT.

• Que adiciona el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de señalar con exactitud la carencia de facultades del Ministerio Público y de las autoridades administrativas para obrar de propia autoridad en el caso de delitos relacionados con las propiedades, posesiones o derecho de las personas, suscrita por el diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia.

• De la Cámara de Senadores, con el que remite el presupuesto para el mes de febrero de 2005, para los efectos del inciso g) del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Segunda Comisión -de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública-, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 7 al 13 de febrero del año en curso, a fin de que realice visitas oficiales al Reino de España, y a la República Italiana, así como visitas de Estado al Reino de Marruecos, y a la República Argelina Democrática y Popular.

• De la Primera Comisión -de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia-, dos con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Cristina de la Garza Sandoval, embajador Rogelio Granguillhome Morfín, Marcial Rafael Macedo de la Concha, Alejandro Ramos Flores, Marco Antonio Peyrot González, Francisco Eduardo del Río López, Santiago Creel Miranda y Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

• De la Primera Comisión -de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia-, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Josefa Nancy Cossío Arias, Ingrid Yunuén Navarro Ponce, Austreberto Martínez Villegas, Marcelino Villanueva Serrano y Fernando Ángeles Salgado para prestar servicios en la Embajada de Perú en México.

• De la Segunda Comisión -de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública-, quince con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Saúl Luna Jaimes, Rodolfo Carranza Hernández, Gonzalo Aguilar Escobedo, Rubén Barraza Rodríguez, Juan Manuel Velazquez Víctores, Moisés Pavón Fonseca, José Luis Cruz Zepeda, Román Medina Castillo, Gabriel Magaña Morfín, Ramón Chávez Cruz, Sergio Virgilio Guerrero García Rojas, Alejandro Graciano Quintero Rosales, Facundo Zayago Espinosa, Arturo Solano Escobedo y Patricio Rubén Camacho García.

• De la Segunda Comisión -de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública-, con punto de acuerdo en relación con la proposición relativa a la vulnerabilidad de la infancia ante la explotación sexual, tras la tragedia en el sudeste asiático.

• De la Segunda Comisión -de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública-, con punto de acuerdo con relación a la proposición para que la Comisión Permanente exprese su solidaridad a los ciudadanos guatemaltecos y de otras nacionalidades, particularmente a la familia mexicana de Alaide Foppa, que fueron víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el señor Donaldo Álvarez Ruiz y el gobierno a que representaba.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo a suspender de sus funciones como delegado de la Profeco en el estado de México al C. Antonio Álvarez Hernández, quien fue presidente municipal de Tlaquepaque, Jalisco, por su responsabilidad en las irregularidades que presenta la Cuenta Pública del ejercicio de 2003, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a informar a la Cámara de Diputados sobre el problema de la carretera que va de Mexicali, Baja California, a San Luis Río Colorado, Sonora, ocasionado por una empresa constructora que dejó abandonadas las obras de mejoramiento, suscrita por el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia del titular de la Sagarpa en relación con las medidas sanitarias adoptadas para prevenir el ingreso en el país de ganado con la enfermedad conocida como "mal de las vacas locas", a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a vigilar, en coordinación con las Secretarías de Turismo, de Marina, y de Comunicaciones y Transportes, así como con la Armada de México, el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131- ECOL-1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas relativas a la protección y la conservación de su hábitat, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, sobre la situación política que priva en el estado de Guerrero, a cargo del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al presidente municipal de Zapopan, Jalisco, a abstenerse de inducir el voto en favor de un determinado partido político y a conducirse en el marco de los principios electorales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guerrero y a los órganos electorales a conducirse en el marco de la legalidad al impulsar las acciones que eviten que los ciudadanos y las fuerzas políticas incurran en delitos electorales, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta y suscrita por la senadora Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar y buscar opciones que fortalezcan la capacidad del Ejecutivo federal para administrar y manejar las áreas naturales protegidas del país, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, para que la Sagarpa implante el sistema nacional contra la desertificación y la degradación de los recursos naturales, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversos municipios del estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública a celebrar convenios para la implantación del sistema de planeación y control policial con la Policía Federal Preventiva, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, respecto al narcotráfico en México, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedesol, a la Sagarpa, a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y a organizaciones relacionadas a promover la autoproducción alimentaria, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, para que se elabore un programa de manejo integral en los basureros Neza I, II y III, en el municipio de Nezahualcóyotl, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por el diputado José Luis Naranjo y Quintana, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a efecto de que comparezca el titular de la Semarnat y explique los alcances y las limitaciones del convenio de coordinación y concertación para llevar a cabo el programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala, a cargo del senador Raymundo Gómez Flores y del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a cumplir la sentencia de amparo 2457/92, que la obliga a elaborar un nuevo plano proyecto que refleje la resolución presidencial que crea el nuevo centro de población ejidal Ojo de Agua, en el municipio de Tijuana, Baja California, suscrita por el diputado Rafael Galindo Jaime, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, para que la Sagarpa cumpla íntegramente lo dispuesto en la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI.

• En relación con el aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia.

• De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a su decimocuarta sesión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 26 de enero, a las 9 horas.

• De la Comisión de Salud, a la vigésima quinta reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el miércoles 26 de enero, a las 9 horas.

• De la Comisión de Salud, a la reunión de trabajo de la Tercera Subcomisión, "Asistencia Médica", que se llevará a cabo el miércoles 26 de enero, a las 9:30 horas.

• De la Comisión de Equidad y Género, a la tercera reunión ordinaria de la Comisión Bicamaral del Parlamento de Mujeres de México, que se verificará el miércoles 26 de enero, a las 10 horas.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al foro El manejo adecuado de envases y embalajes, que se efectuará el miércoles 26 de enero, a las 10 horas.

• De la Comisión de Salud, a su decimosexta reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 26 de enero, a las 11 horas.

• De la Comisión de Equidad y Género, a la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se verificará el miércoles 26 de enero, a las 14 horas.

• De la Tercera Comisión -de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión Permanente, a su quinta reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 26 de enero, a las 15 horas.

• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 26 de enero, a las 17 horas.

• De la Comisión de Comunicaciones, al simposio de transparencia Cintra y el futuro de la industria aérea mexicana, que la Subcomisión de Aeropuertos llevará a cabo el jueves 27 de enero, a las 10 horas.

• De la Comisión de Reforma Agraria, a su reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 2 de febrero, a las 9:30 horas.

• De la Comisión de Agricultura y Ganadería, a su reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 2 de febrero, a las 10 horas.

• De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el miércoles 2 de febrero, a las 12 horas.

• De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 2 de febrero, a las 13 horas.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a su decimotercera reunión plenaria, que se realizará el miércoles 2 de febrero, a las 14 horas.

• De la Comisión de Agricultura y Ganadería, a la reunión de trabajo que sostendrá con el Presidente de la Comisión de Agricultura de la República Checa, ministro Jaroslov Palas, el lunes 7 de febrero, a las 8:30 horas.

• De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 8 de febrero, a las 15 horas.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al foro Educación ambiental, que se llevará a cabo el miércoles 9 de febrero, a las 10 horas.

• De la Comisión de Turismo, a la reunión de trabajo que sostendrá con el Consejo Nacional de Comisiones Legislativas en materia de Turismo el miércoles 9 de febrero, a las 11 horas.

• De la Comisión del Distrito Federal, a solicitud de los diputados de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, se cancela la próxima reunión de Junta Directiva del 28 de enero de 2005 y se convoca para el próximo 15 de febrero del mismo año, a las 9:30 horas.

• De la Comisión del Distrito Federal, a solicitud de los diputados de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, se cancela la próxima reunión plenaria del 27 de enero de 2005 y se convoca al día 17 de febrero del mismo año a las 9:30 horas.

• De la Comisión de Turismo, a su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 23 de febrero, a las 11 horas.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Presentación, por el doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del informe de actividades correspondiente a 2004.

Comunicaciones

Del diputado Alfonso Nava Díaz.

De la Comisión de Concordia y Pacificación.

Oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Con el que remite propuesta de terna para la designación de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Oficios de la Procuraduría General de la República

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que remite carpeta informativa sobre los resultados de la participación del Presidente Vicente Fox Quesada en la XXV reunión ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes del Sistema de la Integración Centroamericana, que tuvo verificativo en San Salvador, El Salvador, el 15 de diciembre de 2004. (Turno a Comisión)

Por el que remite informe de evaluación de los fondos y programas de la Secretaría de Economía correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2004, que se establecen en el anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, para dar cumplimiento al inciso a) de la fracción IV del artículo 55 del Presupuesto. (Turno a Comisión)

Dos, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Adriana Marcela Peralta Paz, Esteban Sandoval Suárez, Juan Carlos Prieto Williams, Magda López Nova, Pablo Villers Tapie, Hugo Alberto Luján Chávez, Efraín Gutiérrez Navarro y Emma del Pilar Palmer Cantón puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México, en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, y en el Consulado Británico en Monterrey, Nuevo León; y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos José Ángel Vázquez Jiménez, Agustín Torres Cortés y Sergio Rojas Castañeda. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación)

Diez, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Dos, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Iniciativas de ciudadanos legisladores

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de señalar con exactitud la carencia de facultades del Ministerio Público y de las autoridades administrativas para obrar de propia autoridad en el caso de delitos relacionados con las propiedades, posesiones o derecho de las personas, suscrita por el diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite el presupuesto para febrero de 2005, para los efectos del inciso g) del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura

De la Segunda Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 7 al 13 de febrero del año en curso, a fin de que realice visitas oficiales al Reino de España y a la República Italiana, así como visitas de Estado al Reino de Marruecos, y a la República Argelina Democrática y Popular. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, dos con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Cristina de la Garza Sandoval, Rogelio Granguillhome Morfín, Marco Antonio Peyrot González, Francisco Eduardo del Río López, Marcial Rafael Macedo de la Concha, Alejandro Ramos Flores, Santiago Creel Miranda y Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Josefa Nancy Cossío Arias, Ingrid Yunuén Navarro Ponce, Austreberto Martínez Villegas, Marcelino Villanueva Serrano y Fernando Ángeles Salgado para prestar servicios en la Embajada de Perú en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión, 15 con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Saúl Luna Jaimes, Rodolfo Carranza Hernández, Gonzalo Aguilar Escobedo, Rubén Barraza Rodríguez, Juan Manuel Velázquez Victores, Moisés Pavón Fonseca, José Luis Cruz Zepeda, Román Medina Castillo, Gabriel Magaña Morfín, Ramón Chávez Cruz, Sergio Virgilio Guerrero García Rojas, Alejandro Graciano Quintero Rosales, Facundo Zayago Espinosa, Arturo Solano Escobedo y Patricio Rubén Camacho García.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición relativa a la vulnerabilidad de la infancia ante la explotación sexual tras la tragedia en el sudeste asiático.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para que la Comisión Permanente exprese su solidaridad a los ciudadanos guatemaltecos y de otras nacionalidades, particularmente a la familia mexicana de Alaide Foppa, que fueron víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el señor Donaldo Álvarez Ruiz y el gobierno que representa.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para que la Comisión Permanente exhorte al gobernador constitucional de Jalisco, con base en los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de Amnistía Internacional, a considerar el retiro de todos los cargos y la acusación existente contra los jóvenes que se encuentran injustamente en prisión con motivo de los hechos del 28 de mayo en la ciudad de Guadalajara.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar a la Procuraduría General de la República a sancionar a los presuntos responsables del derrame de hidrocarburos que causaron daño a los recursos naturales del río Coatzacoalcos, Veracruz.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a firmar con la mayor brevedad el convenio con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a fin de que en esta entidad federativa se implante el programa de aseguramiento público en materia de salud denominado "Seguro Popular de Salud".

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para solicitar a la Secretaría de Gobernación que, a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, informe respecto al avance del Programa de Protección Civil 2001-2006 en las líneas de acción referidas a sismos.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar a la Procuraduría General de la República a iniciar averiguación previa contra quienes resulten responsables de la desaparición y el ocultamiento de información que permita ubicar el paradero de Marcelo Serafín Juárez, dadas las evidencias de que fue capturado con vida por parte de miembros del Ejército Mexicano.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar a los funcionarios de nuestra Cancillería a no permitir ninguna presión o intimidación por parte de congresistas o funcionarios estadounidenses y a continuar con la campaña de seguridad al migrante y la distribución de la Guía del migrante mexicano.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al Ejecutivo federal a ampliar el decreto del 26 de noviembre de 2001, a fin de que la apertura de los archivos de Estado relacionados con la "guerra sucia" no se limite a los años anteriores a 1980; y al procurador general de la República, a agilizar la investigación sobre los hijos de desaparecidos políticos.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la iniciativa por la que se convoca a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo a suspender de sus funciones como delegado de la Profeco en el estado de México al C. Antonio Álvarez Hernández, quien fue presidente municipal de Tlaquepaque, Jalisco, por su responsabilidad en las irregularidades que presenta la Cuenta Pública del ejercicio de 2003, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a informar a la Cámara de Diputados sobre el problema de la carretera que va de Mexicali, Baja California, a San Luis Río Colorado, Sonora, ocasionado por una empresa constructora que dejó abandonadas las obras de mejoramiento, suscrita por el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia del titular de la Sagarpa en relación con las medidas sanitarias adoptadas para prevenir el ingreso en el país de ganado con la enfermedad conocida como "mal de las vacas locas", a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a vigilar, en coordinación con las Secretarías de Turismo, de Marina, y de Comunicaciones y Transportes, así como con la Armada de México, el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-ECOL-1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas relativas a la protección y la conservación de su hábitat, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la situación política que priva en el estado de Guerrero, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al presidente municipal de Zapopan, Jalisco, a abstenerse de inducir el voto en favor de un determinado partido político y a conducirse en el marco de los principios electorales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guerrero y a los órganos electorales a conducirse en el marco de la legalidad al impulsar las acciones que eviten que los ciudadanos y las fuerzas políticas incurran en delitos electorales, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta y suscrita por la senadora Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar y buscar opciones que fortalezcan la capacidad del Ejecutivo federal para administrar y manejar las áreas naturales protegidas del país, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Sagarpa implante el sistema nacional contra la desertificación y la degradación de los recursos naturales, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversos municipios del estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública a celebrar convenios para la implantación del sistema de planeación y control policial con la Policía Federal Preventiva, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, respecto al narcotráfico en México, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedesol, a la Sagarpa, a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y a organizaciones relacionadas a promover la autoproducción alimentaria, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se elabore un programa de manejo integral en los basureros Neza I, II y III, en el municipio de Nezahualcóyotl, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por el diputado José Luis Naranjo y Quintana, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que comparezca el titular de la Semarnat y explique los alcances y las limitaciones del convenio de coordinación y concertación para llevar a cabo el programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala, a cargo del senador Raymundo Gómez Flores y del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a cumplir la sentencia de amparo 2457/92, que la obliga a elaborar un nuevo plano proyecto que refleje la resolución presidencial que crea el nuevo centro de población ejidal Ojo de Agua, en el municipio de Tijuana, Baja California, suscrita por el diputado Rafael Galindo Jaime, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Sagarpa cumpla íntegramente lo dispuesto en la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Agenda política

Pronunciamiento sobre el incendio suscitado en Xochimilco (Patrimonio Cultural de la Humanidad-UNESCO, 1987) el pasado 3 de enero, a cargo de la senadora Érika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Posicionamiento con relación al estudio de la OCDE donde se señala que el Distrito Federal es una de las metrópolis con más bajos niveles de productividad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Pronunciamiento con relación a la campaña de medios de comunicación que lleva a cabo la Cámara de Diputados contra el Partido Acción Nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Posicionamiento con relación al desechamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del incidente de nulidad que interpuso la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Posicionamiento en referencia a diversos señalamientos del titular del Ejecutivo federal, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Posicionamiento para formular un extrañamiento al Presidente Vicente Fox Quesada por sus declaraciones sobre el conflicto con el EZLN, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Posicionamiento con relación al Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Posicionamiento sobre el desempeño del jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de seguridad pública, obras públicas, ambiente y seguro popular, a cargo de senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Posicionamiento en torno del decreto presidencial por el que la producción y el proceso de caña se consideran de interés público y se garantiza a los cañeros la compra de su cosecha, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL CINCO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veinticuatro legisladores, a las once horas con veintiún minutos del miércoles diecinueve de enero de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicación del senador Juan José Rodríguez Prats por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de senador de la República. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Comunicación del diputado Fernando Alberto García Cuevas por la que informa que se reincorpora a sus actividades legislativas. De enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal remite las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Quince dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Se aprueban en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

Se turna a la Primera Comisión.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta la de hoy a las quince horas con treinta minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles veintiséis de enero de dos mil cinco a las once horas.
 
 

México, DF, a 17 de enero de 2005.

C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente

Apreciable Dip. Beltrones:

Con fecha 20 de diciembre, mediante oficio dirigido a usted, solicité licencia por tiempo indefinido a mi cargo de diputado federal por el 01 distrito del estado de San Luis Potosí, aprobada por mayoría de votos en sesión de la Comisión Permanente del 29 de diciembre.

Habiéndose resuelto el evento por el que solicité licencia, ruego a usted, a partir de esta fecha, tenerme por reincorporado a mis actividades legislativas.

Agradezco la fineza de sus atenciones y le reitero mi consideración más distinguida.

Atentamente
Dip. Alfonso Nava Díaz (rúbrica)
 
 
 

DE LA COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN

México, DF, a 19 de enero de 2005.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
LIX Legislatura
Presente

Por este conducto me permito comunicar a usted que la Comisión de Concordia y Pacificación ha designado como presidente en turno por el periodo comprendido del 19 de enero al 19 de marzo del presente año al diputado Manuel Velasco Coello, por lo que se pone a sus apreciables órdenes para tratar cualquier asunto relacionado con las negociaciones de paz en el estado de Chiapas.

Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para reiterarle mi respeto.

Atentamente
Dip. Bernardino Ramos Iturbide (rúbrica)
Presidente
 
 

México, DF, a 25 de enero de 2005.

Señor Diputado
Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Presente

Respetable señor Presidente:

En los términos del artículo 99, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los magistrados electorales que integran la Sala Superior serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, es del conocimiento público que existe actualmente una vacante originada por el fallecimiento de uno de los integrantes de esta Sala, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de hacer la convocatoria correspondiente, que fue ampliamente difundida, procedió a examinar los antecedentes de los solicitantes y a seleccionar, por votación mayoritaria, a los integrantes de la terna que respetuosamente nos permitimos presentar a esa Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de que, de acuerdo con sus atribuciones, pueda designar al magistrado que cubrirá la vacante. Dicha tema la integran las siguientes personas:

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

Atentamente
Mariano Azuela Güitrón (rúbrica)
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
 
 
 

DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON EL QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México, DF, a 18 de enero de 2005.

C. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente

C. Senadora Lucero Saldaña Pérez
Secretaria

Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

Distinguidos legisladores:

Por instrucciones del licenciado M. Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, en atención a su oficio. número D.G.P.L. 59-II-2-966 del 12 de enero de 2005, al cual anexa copia del punto de acuerdo de la sesión celebrada con esa misma fecha, que a la letra dice: "Único.- se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, General Rafael Macedo de la Concha, a que, en el marco de la Constitución y las leyes mexicanas, se apegue estrictamente a derecho en el caso de las investigaciones de lo sucedido en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, el 23 de noviembre de 2004. Y que entregue a esta soberanía, en la medida y los tiempos que la ley se lo permita, un informe detallado y completo de dicha investigación", me permito comunicarle lo siguiente:

La Procuraduría General de la República siempre se ha conducido con estricto apego a derecho en todas las actuaciones y diligencias de averiguación previa que realiza conforme a las facultades que le otorgan los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Institución, su propio reglamento, los ordenamientos legales y con absoluto respeto de los derechos humanos de los involucrados.

En relación con este acontecimiento, la Delegación de PGR en el Distrito Federal inició la averiguación previa 4992/DDF/2004 en contra de quien resulte responsable por la comisión de los delitos de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena y lo que resulte.

Con motivo de las investigaciones y las diligencias practicadas en esta averiguación previa, el 26 de noviembre de 2004 se ejercitó acción penal con detenido en contra de 29 personas señaladas como probables responsables de estos hechos en que perdieran la vida dos oficiales de la Policía Federal Preventiva y uno resultara gravemente lesionado.

El 2 de diciembre de 2004 el juez 17 de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra de los 29 inculpados en la causa penal 176/2004 por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado doble, homicidio en grado de tentativa calificado; además, para dos de ellos por el delito de robo calificado, todos cometidos en pandilla y contra servidores públicos.

De igual manera, oportunamente se puso a disposición del Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a dos menores de edad involucrados en estos hechos.

Asimismo, hago de su conocimiento que se dejó abierta una averiguación previa para continuar con la investigación de los hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2004 en la delegación Tláhuac, iniciándose la indagatoria 5010/DDF/2004, la que se consignó sin detenido el 10 de diciembre de 2004 al Juzgado 4° de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, solicitándose órdenes de aprehensión en contra de 7 personas por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado doble y tentativa de homicidio calificado, ambos cometidos en contra de servidores públicos, así como el de daño en propiedad ajena.

El 11 de diciembre de 2004 la autoridad judicial federal de referencia libró las órdenes de aprehensión solicitadas en la causa penal 136/2004, mismas que se encuentran pendientes de cumplimentarse. Posteriormente, esta causa penal se remitió al Juzgado 17° de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, la que se registró como causa penal 185/2004, misma que se encuentra en suspenso.

Actualmente continúa la investigación de estos hechos en la averiguación previa 5037/DDF/2004 para establecer la probable responsabilidad penal de otras personas que participaron en estos hechos o la existencia de algún tipo de responsabilidad de servidores públicos, lo que se determinará a la brevedad posible, dentro de la legalidad y con pleno respeto a las garantías individuales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles mi distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Gilberto Higuera Bernal (rúbrica)
Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
 
 
 

DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON EL QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE

México, DF, a 17 de enero de 2005.

Dip. Fed. José Guadalupe Osuna Millán
Presidente de la Tercera Comisión de la H. Cámara de Diputados
Presente

Distinguido Diputado Osuna Millán:

Me permito distraer su fina atención para remitir a usted copia del oficio número UEIDFF/52/2005, por el que el licenciado Félix Peralta Juárez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; y el licenciado Alberto Valle Gay, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, informan de las acciones que esta Procuraduría ha realizado sobre el contrabando, la falsificación de marcas, y el robo de mercancías a comercios, transportes y su venta en la vía pública.

Lo anterior, con la finalidad de responder al exhorto realizado a esta institución, mediante la proposición con punto de acuerdo para que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, y de la de Hacienda y Crédito Público; y de las Procuradurías General de la República, y Federal del Consumidor informen sobre las medidas tomadas para hacer valer el Estado de derecho, en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, y el robo de mercancías a comercios, transportes y su venta en la vía pública, presentado por la senadora Lydia Madero García, del grupo parlamentario del PAN, aprobada en la sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el 29 de diciembre del año en curso.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi atenta y distinguida consideración, haciendo propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Claudia C. Cameras Selvas (rúbrica)
Directora General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE REMITE LA CARPETA INFORMATIVA SOBRE LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE VICENTE FOX QUESADA EN LA XXV REUNIÓN ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES INTEGRANTES DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, QUE TUVO VERIFICATIVO EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR, EL MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2004

México, DF, a 19 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

El C. Humberto Ballesteros Cruz, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido al suscrito, mediante oficio No. DCP-00039/05 signado el día 14 del mes en curso, solicitando se haga llegar a ustedes la carpeta informativa sobre los resultados de la participación del Presidente Vicente Fox Quesada en la XXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que tuvo verificativo en San Salvador, El Salvador, el 15 de diciembre de 2004.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño con el presente los documentos citados anteriormente, para los fines que estimen procedentes.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

Tlatelolco, DF, a 14 de enero de 2005.

Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar al Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la carpeta informativa sobre los resultados de la participación del Presidente Vicente Fox Quesada en la XXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los país integrantes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que tuvo lugar en San Salvador, El Salvador, el 15 de diciembre de 2004.

Atentamente
Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica)
Director General de Coordinación Política
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE REMITE INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2004, QUE SE ESTABLECE EN EL ANEXO 15 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2004, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO A) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 55 DEL PRESUPUESTO

México, DF, a 21 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presentes

Se recibió en esta Secretaría el oficio número STPCE/058/2005, signado el 20 del mes en curso por el licenciado Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, en el que solicita que, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, se haga llegar el informe de evaluación relativo al cuarto trimestre de 2004 de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía que se establecen en el anexo 15 del citado Presupuesto de Egresos.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como el anexo que en él se menciona, para los fines procedentes.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DOS POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO, Y COMUNICA QUE OTROS CIUDADANOS HAN DEJADO DE PRESTAR SERVICIOS

México, DF, a 17 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Adriana Marcela Peralta Paz.
Puesto: Empleada administrativa en la Oficina de Información Administrativa.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Esteban Sandoval Suárez.
Puesto: Operador de teléfonos (telephone operator).
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Juan Carlos Prieto Williams.
Puesto: Especialista comercial en la Oficina de Comercio.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Magda López Nova.
Puesto: Examinador de pólizas contables (voucher examiner) en la Sección Contable-Financiera.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Pablo Villers Tapie.
Puesto: Contador (voucher examiner) en la Sección de FMC.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Hugo Alberto Luján Chávez.
Puesto: Operador de computadoras (computer operator).
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Efraín Gutiérrez Navarro.
Puesto: Asistente consular (consular assistant).
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en sus expedientes, copias certificadas del acta de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y original del escrito en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación y de sus datos curriculares.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar sus servicios al gobierno estadounidense:

Nombre: José Ángel Vázquez.
Puesto: Empleado.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, NL.

Nombre: Agustín Torres Cortés.
Puesto: Empleado.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Nombre: Sergio Rojas Castañeda.
Puesto: Supervisor examinador de vouchers.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México, DF.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 17 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Emma del Pilar Palmer Cantón.
Puesto: Agregada de Comercio e Inversión.
Lugar de trabajo: Consulado Británico en Monterrey.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación y de su currículum vitae.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DIEZ CON LOS QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México, DF, a 13 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-1-895, signado el 7 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número EOO.-SII.- 003, suscrito el 7 del actual por el ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales da contestación al punto de acuerdo en el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales llevar a cabo, diversas acciones relacionadas con los bifenilos policlorados.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 17 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1023, signado el 11 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SGG/SAJ/1095/04, suscrito el 3 de diciembre último por el licenciado Rafael Ochoa Morales, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno del estado de México, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esta dependencia a que, con apoyo de los gobiernos estatales y el del Distrito Federal, impulse una campaña permanente para la expedición de actas de nacimiento en beneficio de las personas de 60 o más años que no estén registradas, debiendo extenderse y hacer énfasis en las poblaciones más alejadas del país, usando -en su caso- registros civiles móviles.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 17 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-3-1038, signado el 30 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número EOO.SII.- 006, suscrito el 10 del actual por el ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría a agilizar los procedimientos de retiro de las baterías, motores, tuberías y demás equipamiento que haya estado en contacto con los hidrocarburos del buque Hawaiano para evitar un daño ecológico en caso de hundimiento.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 17 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-749, signado el 14 de octubre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número S00/011/2004, suscrito el 5 del actual por el licenciado Ernesto Enríquez Rubio, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a realizar un estudio de los daños causados a los habitantes y al ambiente de los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, a consecuencia de la contaminación del río Santiago.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 10 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-2-865, signado el 30 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SGPA/DGIRA/DG/2095/04, suscrito el 17 de diciembre último por el biólogo J. Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a revisar y modificar el artículo 5, apartado D), fracciones V y VI, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de forma tal que sea necesario presentar estudios de impacto ambiental previos a cualquier actividad de prospección sísmica.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 11 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1217, suscrito el 7 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SSAL/00014/05, signado el 3 del actual por el doctor Miguel Hakim Simón, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en el que se exhorta a esa dependencia para que, en el marco de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Transnacional Organizada y demás instrumentos internacionales, establezca canales de comunicación y cooperación con sus homólogos centroamericanos, a efecto de presentar un frente común al grave problema que para la seguridad de los países representan las bandas de Marasalvatrucha.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 11 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1023, signado el 11 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SGG/SSJE/129/2004, suscrito el 13 de diciembre último por el C. Bernardo H. Martínez Aguirre, secretario general de Gobierno del estado de Baja California, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esta dependencia a que, con apoyo de los gobiernos estatales y el del Distrito Federal, impulse una campaña permanente para la expedición de actas de nacimiento en beneficio de las personas de 60 o más años que no estén registradas, debiendo extenderse y hacer énfasis en las poblaciones más alejadas del país, usando -en su caso- registros civiles móviles.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 11 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1032, signado el 11 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 112.- 11, suscrito el 3 del mes en curso por el licenciado Felipe Zavala Ponce, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la importación y comercialización de fórmulas lácteas contaminadas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 12 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-952, signado el 30 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 001 suscrito el 4 del mes en curso por el ingeniero José Luis Luege Tamargo, procurador federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría a que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, verifique los vertimientos de aguas residuales desalojadas hacia el estero El Salado, y cumpla lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 11 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-1-848, signado el 25 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número CEI.- 100.- 2005.- 002, suscrito el 3 del mes en curso por el licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, coordinador de Enlace Institucional del C. secretario de Energía, así como el anexo que en él se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a las condiciones y al funcionamiento de la terminal marítima de Ciudad Madero.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DOS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES

México, DF, a 13 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número II-1226, signado el 14 de diciembre de 2004 por el C. senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS / 001 / 2005, suscrito el 5 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo al etiquetado de los productos de origen transgénico para consumo humano.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 13 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número III-1082, signado el 14 de diciembre de 2004 por el C. senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS / 006 / 2005, suscrito el 6 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al apartado primero del punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia realizar diversas acciones relacionadas con el consumo de agua con altas concentraciones de arsénico y flúor.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

En mi calidad de diputado federal, en ejercicio del derecho de iniciativa que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la elevada consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, para reformar el párrafo primero del artículo 43 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la siguiente

Exposición de Motivos

La mejor legislación es nula si no está garantizada por una buena organización política

Toda facultad ha debido tener sus reglas, y al paso que éstas se han ido perfeccionando, se han mejorado las facultades (pág. 52).

El diverso modo de pensar de los hombres, las infinitas y oscuras combinaciones de nuestras ideas, derivadas de algunos datos frecuentemente falsos, las diversas relaciones, las preocupaciones y las máximas diversas son otras tantas pruebas que nos demuestran la necesidad de una guía para no
extraviarnos en los espacios inmensos y difíciles de la legislación (pág. 53).

Cayetano Filangieri

Un código es palabra muerta e inerte hasta que los hombres lo ponen en ejecución.

El trabajo legislativo se enfrenta al grave problema del rezago legislativo. Dicho rezago se percibe en la enorme cantidad de proyectos acumulados en las comisiones, donde debe realizarse su dictamen para después ser discutidos y votados en el Pleno de la Cámara de Diputados, para ser aprobados o rechazados. Sin embargo, la circunstancia a la que se enfrentas las comisiones, con archivos repletos, reuniones canceladas por falta de quórum, falta de acuerdos, etc., provocan una especie de parálisis ocasionando que en la mayoría de los casos, los dictámenes nunca lleguen a su discusión frente al pleno, sobre todo cuando se trata de iniciativas de ley o decreto, siendo estos los asuntos más importantes.

Bajo la nueva mirada que la sociedad lanza al Poder Legislativo, la apariencia de los diputados está lejos de la alta estima. La sensación de anquilosamiento se transmite hacia todos los sectores de la sociedad. La mala imagen de los legisladores con respecto a la opinión pública, quien nos califica de poco acuciosos está, en gran medida, nutrida por la lentitud del proceso legislativo, ocasionada por un diseño institucional que ya no responde a las necesidades de rapidez y eficiencia. Además, los medios de comunicación observan el trabajo parlamentario con un afán fiscalizador que debe, más allá de molestar, alentarnos para revitalizar al Poder Legislativo, el cual, en la actualidad, ha obtenido un cariz mucho más visible e importante que hace unas décadas. El rezago legislativo es un tema recurrente en las pantallas de televisión, las columnas de los diarios y las frecuencias radiofónicas. Esto refuerza una imagen poco alentadora del Poder Legislativo, la deteriora y promueve que los parlamentarios se enfrasquen en discusiones que poco tienen que ver con el proceso legislativo.

Por otro lado, lejos de la percepción que la sociedad se genera sobre los diputados debido al rezago legislativo, éste es, por sí mismo, un obstáculo tangible, que detiene la necesaria evolución institucional y política de nuestro país. Al ser dique de un libre fluir de la modernización del diseño institucional, se convierte, al mismo tiempo, en barrera que imposibilita el desarrollo económico y social.

Las exigencias que la sociedad impone a la Cámara de Diputados no son simples resonancias de los medios de comunicación, pues existe un claro estado de rezago y una eficiencia que no responde a las necesidades sociales y políticas del país. Por lo tanto, es preciso eficientar el trabajo legislativo ahí donde se estanca. Podemos y debemos comenzar a agilizar los procesos de dictamen desde el lugar donde inicia la lentitud: en las comisiones.

Según el diseño institucional vigente, la labor de las comisiones es de suma importancia, pues desde la fiscalización del desempeño del Ejecutivo, en todo lo que se refiere a la Administración Pública, hasta la comunicación directa con la sociedad, mediante el intercambio de ideas e inquietudes que se transforman en propuestas y proyectos de ley, así como la importante tarea de discutir los temas de mayor importancia, de manera sapiente, a través de miembros enterados sobre las temáticas específicas, con el fin de llegar a dictaminar adecuadamente, no sólo en asuntos tales como nombramientos, ratificaciones, puntos de acuerdo, etc., sino también, en lo que guarda mayor envergadura, dictaminar iniciativas de ley o decreto de manera tal que se beneficie a la nación.

El espíritu de dicho diseño institucional guarda correspondencia con el mandato constitución de legislar. Sin embargo, el signo de los nuevos tiempos nos obliga a reformar situaciones que, más allá de coadyuvar en la eficiencia del trabajo legislativo, lo hacen más lento y contribuye a reforzar una imagen ominosa de los diputados. De ahí que sea necesario admitir que la forma actual de constitución de la comisiones es pernicioso para la búsqueda de una velocidad aceptable en los procesos de dictamen.

Los legisladores debemos mantener una comunicación activa con la sociedad, además considerando la complejidad inherentes al acto legislativo, donde la negociación, característica indispensable en tiempos democráticos, nos ponen ante la urgencia de reacomodar situaciones poco realistas contempladas por la Ley Orgánica del Congreso General, para un saludable proceso de dictamen al interior de las comisiones. En su artículo 43, la Ley Orgánica establece que las comisiones deberán constituirse con treinta miembros y que cada diputado podrá participar en tres comisiones distintas.

El espíritu de la presente propuesta de reforma se conforma en virtud de la necesidad, no de simplificar, sino de eficientar el trabajo legislativo que cada día es más complejo, lo cual sugiere una mayor concentración de los legisladores, así como miembros de comisiones que conozcan ampliamente la materia que se les ha encomendado.

Por tal motivo, se sugiere la reducción de treinta a veinte miembros por comisión, con el fin de agilizar los procesos de negociación. Es de todos conocido que lo que marcan los tiempos democráticos es el acuerdo. Sin embargo, arribar a acuerdos donde se eviten perdedores o afectados exige una voluntad que busque el beneficio de la sociedad y no el personal. Al reducir el número de miembros, incluyendo en cada comisión a los diputados más aptos, se podrá evitar, en cierta medida, que los temas se politicen más allá de los tópicos centrales.

Además, se propone, como parte integral de la reforma, que cada diputado atienda, de manera prioritaria y obligatoria, una sola comisión con opción a dos. De igual manera, cada diputado podrá participar en otras comisiones a las que se comprometa a atender.

Esta propuesta busca el equilibrio entre el trabajo legislativo dentro del esquema institucional y el trabajo que los legisladores realizan al interior de la sociedad, reconociendo que, más que la carga de trabajo, es la dispersión de los quehaceres legislativos lo que hace poco realista el estatuto actual para dictaminar en las comisiones.

Con este nuevo esquema, las comisiones presentaran menos cancelaciones de reuniones, las cuales suceden debido a la falta de quórum. La frecuencia de las reuniones será mayor y el arribo a los acuerdos se tornará más terso. La sensación de negligencia que los sectores públicos presentan frente a los diputados deteriora al Poder Legislativo. El rezago flagrante en los archivos de las comisiones aviva dicha percepción. Sin embargo, el proceso de dictamen es lento debido a un diseño institucional que ya no responde a la realidad actual. Es preciso hacer las reformas necesarias.

Para eficientar el trabajo en las comisiones, es preciso evitar el ausentismo de los diputados y promover que se concrete la aprobación de un mayor número de reformas de ley y se acabe con el rezago de más de mil iniciativas detenidas, se requiere realizar cambios de fondo en el trabajo legislativo y en el reglamento interno para acabar con la "parálisis" que tanto critica la sociedad.

Por estas necesidades proponemos la actualización del artículo 43, buscando que el trabajo de comisiones se ejecute seria y formalmente. Sin duda, las prácticas parlamentarias contemporáneas, requieren de estos órganos, pues es ahí donde los temas se discuten ampliamente. Por lo tanto es indispensable que los principales escenarios del trabajo legislativo estén integrados por las persones idóneas, debido a que es en esos espacios donde se presentan las faenas que requieren un pulso fino, amplio en conocimientos, para el debate, la deliberación, la consulta, la negociación y la modificación de las iniciativas turnadas. Es el lugar de la creación legislativa, donde se dan los pulimentos que sólo los expertos pueden dar.

Para evitar que la Cámara de Diputados siga siendo un elefante blanco, para acabar con el inmovilismo e impedir que los 500 diputados federales sigan manteniendo una imagen ante la sociedad de apatía y flojera ante los temas estructurales, es que se hace prioritario iniciar la reforma del ordenamiento jurídico que se impone a este honorable Congreso.

Existe ya el antecedente de la instalación de la Comisión Especial para la Reforma del Congreso, claro síntoma de que todos los diputados estamos conscientes de la necesidad de las reformas. El pretendido mejoramiento de la eficacia del trabajo del Congreso, hace forzosa la revisión interna de la estructura y funcionamiento. Se observa a la profesionalización del trabajo parlamentario como un elemento indiscutido para conseguirlo y, al mismo tiempo se considera que el trabajo de los diputados como gestores de la sociedad es un aspecto de gran importancia para el enriquecimiento de las propuestas y para apoyar el desarrollo de nuestro país.

En este sentido, la presente Iniciativa significa un paso inicial. El principio de reformas cada vez más profundas destinadas a mejorar el trabajo legislativo que sólo podrá lograrse mediante el fortalecimiento del trabajo en las comisiones.

La presente iniciativa busca contribuir a la eficiencia del proceso de dictamen en las comisiones sin perder de vista la complejidad que hoy guarda el trabajo de los legisladores.

Con esos propósitos, en atención a las consideraciones precedentes, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 43

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta veinte miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados podrán pertenecer a una comisión con opción a dos con participación obligatoria y a todas las que voluntariamente se comprometan a atender; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

Transitorio

Articulo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 
 
QUE REFORMA EL ARTICULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo presenta, ante esta H. Comisión Permanente, para que sea remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reformas al Artículo 94 en su párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El propósito de esta propuesta es el de acotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contenido de los acuerdos generales que tiene la facultad de expedir. El Artículo 94 en el párrafo séptimo en vigor, y desde la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987, tiene la facultad de emitir acuerdos generales a fin de lograr, mediante una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Suprema Corte de Justicia.

Como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de asuntos que le competen exclusivamente al pleno de dicho tribunal, y otros que son competencia, en su conocimiento y resolución de las dos Salas que la integran.

La ley que establece con precisión qué le toca conocer, sea al pleno o a las Salas, es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuyo artículo 10 se establece que asuntos conoce la Corte en pleno, y en el artículo 21 de la propia Ley Orgánica se establecen los asuntos que le corresponde conocer a las Salas.

Establecidas en la ley las competencias jurisdiccionales, tanto del pleno como de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el actual párrafo séptimo del Artículo 94 faculta al pleno de la Corte para expedir acuerdos generales, con el único "Fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte". Evidentemente el pleno de la Corte no debe emitir acuerdos generales que vayan en contra de la facultad de distribución de asuntos entre las Salas que la Constitución le otorga.

Sin embargo, existen casos en los que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se extralimita en la facultad de emisión de acuerdos generales, tal es el caso del Acuerdo General No. 12/2004 del 29 de noviembre de 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 7 de diciembre de 2004, por el que se otorga facultades a las Comisiones de Receso para proveer los trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales.

Independientemente de la pésima redacción que el citado Acuerdo General 12/2004, tiene, y no obstante su falta de fundamentación expresa en leyes vigentes, el citado Acuerdo atenta contra el párrafo séptimo del Artículo 94 constitucional, ya que se refiere no sólo a la distribución de asuntos entre las Salas de los asuntos que compete conocer al pleno, sino que otorgó a los Ministros integrantes de la Comisión de Receso facultades para proveer los trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales.

Los distintos códigos de procedimientos federales, sea el civil, el penal y otras leyes establecen etapas procedimentales, y en términos de lo que se dispone en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece cual es el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver dichos asuntos.

Por ejemplo: el ya citado artículo 11 de la Ley Orgánica señala cuales son los asuntos que en exclusiva corresponde conocer al Pleno de la Corte. Y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional señala en el artículo tercero que "los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:

La Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional contiene disposiciones expresas, particularmente en lo que a plazos se refiere, por lo que en términos de lo que se dispone en el Artículo Primero de la misma Ley no hay porque atenerse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Sin embargo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arrogándose facultades legislativas que únicamente corresponde al Congreso de la Unión, en el referido acuerdo 12/2004 ejerció una facultad legislativa, para la cual no tiene facultad constitucional alguna.

En el citado acuerdo amplió lo dispuesto por el párrafo séptimo del Artículo 94 Constitucional y emitió un acuerdo general, no de distribución de asuntos entre las Salas de la Corte, sino un Acuerdo que le da a la Comisión de Receso, esto es, a dos Ministros, facultades jurisdiccionales que son competencia exclusiva del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que además sustituyen al propio Presidente de la Corte y al Ministro Instructor en dictar dichos trámites.

No soslayamos el hecho de que la premisa del "Estado de Derecho" supone el que los órganos del Poder Público únicamente pueden hacer aquello para lo cual la Constitución y las leyes les otorgan competencia expresa.

Y que en el ámbito de lo que se señala en la división de poderes prevista en nuestra Constitución, el Poder Legislativo tiene la facultad para emitir disposiciones de carácter general, sean éstas leyes o decretos. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de aplicar en el ámbito administrativo dichas leyes. Y el Poder Judicial de la Federación tiene la facultad de dirimir los conflictos que se susciten por la aplicación de dichas normas.

Pero en ningún caso tiene la facultad para legislar, sustituyendo el mandato del Poder Legislativo contenido en las leyes.

Este hecho es grave, atenta contra el Estado de derecho y vulnera el principio de seguridad jurídica que la sociedad debe tener.

Compañeras y Compañeros Legisladores:

La iniciativa que sometemos a su consideración tiene el propósito de aclarar lo que el párrafo séptimo del Artículo 94 Constitucional dispone, esto es, que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede emitir acuerdos generales que establezcan una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte y que dichos Acuerdos serán sólo de naturaleza administrativa y nunca jurisdiccional.

Compañeras y Compañeros Legisladores:

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 94. ...

...

...

...

...

...

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, en ningún caso dichos acuerdos deberán contener aspectos de orden jurisdiccional, ni procedimental, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Los acuerdos generales que expida el pleno de la Suprema Corte de Justicia serán, únicamente, de naturaleza administrativa. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil cinco.

Dip. Joel Padilla Peña (rúbrica)
 
 
 
QUE ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE SEÑALAR CON EXACTITUD LA CARENCIA DE FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OBRAR DE PROPIA AUTORIDAD EN EL CASO DE DELITOS RELACIONADOS CON LAS PROPIEDADES, POSESIONES O DERECHO DE LAS PERSONAS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, Luis Maldonado Venegas, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente decreto que adiciona el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a señalar con exactitud y precisión la carencia de facultades para que el ministerio público y las autoridades administrativas obren de propia autoridad en el caso de delitos relacionados con las propiedades, posesiones o derechos de las personas, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido Convergencia.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14, segundo párrafo, establece que "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

Sin embargo, esta garantía individual, que los gobernantes al tomar posesión protestan guardar y respetar, no se cumple a plenitud en la actualidad, sino que se llega a violar en perjuicio de los gobernados por parte de algunas autoridades administrativas y el propio ministerio público.

Tal es el caso concreto del gobierno de Morelos, entidad federativa de la cual el grupo parlamentario de Convergencia ha recibido evidencias de diversos ciudadanos, de que el ministerio público se ha extralimitado en sus funciones por órdenes del gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez y de quienes han ocupado la Procuraduría de Justicia, pues sin tener facultades para ello, han ordenado la restitución de bienes inmuebles sin que exista un proceso instaurado por un juez y a pesar de que los afectados, inclusive, cuenten con una determinación emitida por la propia Procuraduría Morelense de que la posesión de sus inmuebles es legítima. Este tipo de arbitrariedades perpetrada por autoridades administrativas, como lo es el gobernador de un Estado y el ministerio público, se generan cuando existe un interés específico y personal en determinados asuntos, y el influyentismo, que sigue agraviando al pueblo de México, aflora, y las autoridades administrativas y el ministerio público, intervienen influenciados por una recomendación a pesar de no tener facultades legales para ello como a continuación lo acreditaré.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el caso de delitos continuos, como lo es el de despojo, la única autoridad competente para determinar si alguien ha cometido el delito, lo es el juez competente, previo proceso que debe instruirse por éste, no por el ministerio público, y solo en este supuesto es que el juez puede proceder en consecuencia, de acuerdo con sus facultades; pero el Ministerio Público carece de atribuciones para obrar de propia autoridad, con solo la denuncia de la comisión de un delito de despojo, pues su existencia, de ser cierta, ya se ha consumado.

Asimismo, se fundamenta la iniciativa, que hoy someto a la alta consideración de Ustedes, en otro argumento de la Corte, relacionado con el delito de despojo y que señala que aun en el caso de no justificarse la posesión y de que se tratara de un despojo de cosa inmueble, no son las autoridades administrativas las capacitadas para ordenar la desocupación del mismo, ya que no son autoridades judiciales ni existe ninguna Ley que fundamente y motive un procedimiento administrativo, para dictar la orden de desocupación de un inmueble por parte de ellas.

Estos elementos jurídicos que se señalan, deberían ser suficientes para que, la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos y todas las Procuradurías del país, incluyendo a la General de la República, se abstuvieran de emitir "Acuerdos", para restituir bienes inmuebles, pues dichos "Acuerdos" que suscriben los ministerios públicos no tienen sustento jurídico, además de que no se les da vista a los indiciados, por lo que se les deja en total indefensión, como son los asuntos documentados por la Fracción Parlamentaria de Convergencia.

Las arbitrariedades de la Procuraduría Morelense y del Ministerio Público, llegan al extremo de implementar lanzamientos de los ciudadanos de sus domicilios particulares y de no entregarles sus bienes muebles y enceres personales, transgrediendo el estado de derecho.

Este tipo de conductas no pueden seguir siendo toleradas por mi partido, por tanto, proponemos, desde ésta, la máxima tribuna de la nación, cambios que reclama la sociedad mexicana a la Carta Magna, que contribuyan a proteger a los ciudadanos.

Gobernantes como Sergio Estrada Cajigal, olvidaron que al ejercer los cargos públicos se deben respetar todas y cada una de las garantías individuales que consagra la Ley Cimera del país, como lo es la de seguridad jurídica, contenida en el artículo 14 Constitucional y a la que hice referencia al inicio de mi exposición, pues del precepto Constitucional en cita, se desprende el deber que tiene toda autoridad de observar y cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, como requisito de validez para privar a los gobernados de los bienes jurídicos tutelados por las normas y no a través del uso primitivo de actos de violencia.

Dichas normas adjetivas, son en las que deben basarse las autoridades para dar cauce a la resolución de todo conflicto o situación jurídica que se presente, y deben respetarse cada una de las normas aplicables que rigen los respectivos procedimientos, para emitir la decisión que corresponda, ajustándose, además, a los extremos de la norma sustantiva que regula la materia en cada caso concreto.

Los legisladores no podemos tolerar que en pleno siglo XXI, la autoridad pública perturbe a los ciudadanos en sus posesiones, haciendo caso omiso de las normas jurídicas que la tutelan.

Por ello, el de la voz, considera indispensable hacer más preciso y exacto el texto Constitucional que se propone adicionar, a fin de combatir la enorme corrupción que existe en el ministerio público y evitar el abuso de autoridad de los malos gobernantes.

Por lo anteriormente expuesto, Compañeras y Compañeros Legisladores someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el cuarto párrafo del artículo 21 Constitucional para quedar como sigue:

Artículo Único

Artículo 21 cuarto párrafo.

Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. El ministerio público y las autoridades administrativas carecen de facultades para obrar de propia autoridad en el caso de delitos relacionados con las propiedades, posesiones o derechos de las personas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el 26 de enero de 2005.

Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
 
 

México, DF, a 24 de enero de 2005.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

Para conocimiento de la Honorable Comisión Permanente, me permito enviar la siguiente documentación:

Atentamente
Lic. Arturo Garita (rúbrica)
Secretario General
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Decreto por la que se solicita autorización para que el C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 7 al 13 de febrero de 2005, a fin de que realice una visita oficial al Reino de España, una visita oficial a la República Italiana, y visitas de estado al Reino de Marruecos, y a la República Argelina Democrática y Popular.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 71, Fracción I, 78 y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, analizaron la iniciativa y presentan este dictamen fundamentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión consideramos que la visita del Titular del Poder Ejecutivo a España, Italia, Marruecos y Argelia, fortalecerá la presencia de nuestro país en la Europa Mediterránea; de igual forma propiciará el diálogo con actores claves, de creciente relevancia, con los que resulta importante explorar nuevas opciones de diálogo político, intercambio económico y cooperación.

Nuestro país necesita mantener y desarrollar una presencia y participación eficaz, basada en acciones estratégicas que le permitan promover e impulsar sus intereses y valores.

España e Italia, a través de un proceso de integración con sus socios europeos, han transformado su capacidad de influencia y participación en el ámbito mundial en materia política, económica y de cooperación; además han mostrado preocupación por la búsqueda continua de acuerdos y consensos que beneficien a toda la Unión Europea.

Argelia y Marruecos se caracterizan por ser una puerta de entrada natural al continente africano y al conjunto de los países árabes. Desde esa posición privilegiada, se distinguen como dos naciones con afinidades específicas con respecto a temas de interés especial para México, particularmente respecto de los organismos internacionales y el fortalecimiento del multilateralismo.

La Cuenca Mediterránea alberga un conjunto de países unidos entre sí por milenarios vínculos culturales e históricos, para nuestro país es importante reforzar los lazos con esa región, así como el fortalecimiento de los vínculos económicos, comerciales, académicos y de cooperación.

Visita oficial al Reino de España

7 al 10 de febrero

Como la iniciativa señala, las relaciones políticas de México y España están en su mejor momento y se han desarrollado sobre todo en materia comercial y de cooperación. Las relaciones bilaterales entre ambos países han registrado un incremento considerable en los últimos años, en materia económica: España es el segundo socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y nuestro país es también el segundo socio comercial de ese país en América después de los Estados Unidos. La visita per se es importante por todo el apoyo que España ha dado a México para relacionarse con todos los países europeos. El documento del Ejecutivo resalta la importancia que tiene, desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, el intercambio comercial entre ambas naciones pues se ha incrementado en un 75%, al pasar de 2,144.3 millones de dólares, en 1999, a 3,752.7 millones de dólares, en 2003.

Dentro de las actividades que pretende llevar a cabo el mandatario mexicano durante esta Visita oficial destaca una reunión con el Rey de España, Juan Carlos I, y con el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estos encuentros contribuirán a impulsar los vínculos políticos, y al fortalecimiento de la asociación que tiene nuestro país con España; así como a la formación de consensos y la definición de acciones conjuntas ante temas multilaterales. Asimismo esta visita representa una oportunidad para revisar la agenda de los temas bilaterales e iberoamericanos, así como los intereses de nuestro país en cuanto a su relación con la Unión Europea.

Nuestro país participará como invitado de honor en la XXIV Feria de Arte Contemporáneo Arco 2005, que se celebrará en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid del 10 al 24 de febrero próximo, por lo que el gobierno español invitó al presidente Vicente Fox a participar en la inauguración.

En la Iniciativa se menciona que con esta visita se pretende avanzar en algunos aspectos que contempla el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea para que se aproveche de manera plena, así como continuar el proceso de consolidación de nuestra estrategia birregional en las relaciones de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta los compromisos de Guadalajara. Este es un tema que preocupa mucho ya que el acuerdo no ha avanzado como se esperaba que lo hiciera y se estima que España puede ser la punta de lanza para su pleno desarrollo.

El presidente Fox sostendrá reuniones en las que participarán empresarios mexicanos y españoles, a fin de seguir impulsando las inversiones y el interés de las empresas en participar en los mercados de ambos países.

En la iniciativa presentada por el Ejecutivo establece que el presidente de la República se reunirá con un grupo especializado de hombres de negocios en el sector turístico y algunos líderes empresariales, con quienes sostendrá entrevistas individuales. Asimismo, se contempla la inclusión de actividades en relación con el sector académico español y con los medios de comunicación en ese país, lo que permitirá fortalecer aún más la interacción entre las sociedades de ambos países y su mutuo conocimiento.

Durante su Visita Oficial, el mandatario mexicano reiterará el compromiso de nuestro país en la lucha contra el terrorismo, y participará en un acto conmemorativo en honor de las víctimas de los atentados terroristas del pasado 11 de marzo de 2004.

La Comisión Dictaminadora considera que, en especial la visita a España, es importante para continuar reforzando los lazos políticos y económicos, especialmente ahora que un nuevo gobierno está al frente de ese país.

Visita Oficial a la República Italiana

10 y 11 de febrero

En los años recientes, las relaciones entre México y la República Italiana se han caracterizado por un nuevo dinamismo, que se ha reflejado en nuevas formas de cooperación en todos los ámbitos, y que se ha visto reforzado desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea. Actualmente, el potencial de ambos países ofrece amplias posibilidades de estrechar la colaboración en los ámbitos político, económico, comercial, científico-tecnológico, académico y cultural.

En el documento enviado por el ejecutivo a esta Soberanía se señala que durante su Visita Oficial a la República Italiana, el Presidente Fox sostendrá entrevistas con el Primer Ministro, Silvio Berlusconi y con el Presidente de ese país, Carlo Azeglio Ciampi. Estos encuentros resultan de gran importancia ya que permiten tener continuidad y fortalecer el diálogo establecido con el Gobierno de Italia, fundamentalmente en el ámbito multilateral. Esto es debido a que en la actual coyuntura, se discuten y analizan posibles estrategias internacionales y contenidos específicos para impulsar la reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas. México e Italia se han destacado como actores relevantes en esta discusión y comparten intereses comunes en la materia, especialmente en lo que se refiere a la importancia de revisar detenidamente una eventual reestructuración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como parte de un proceso más amplio e integral para fortalecer el Sistema de Naciones Unidas. Cabe recordar que el diálogo en este campo se ha venido desarrollando de forma estrecha entre los dos países, desde la entrevista, que sostuvo el presidente Fox con el Premier Berlusconi durante la LVIII Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2003.

Las conversaciones con el Primer Ministro y el Presidente contribuirán a propiciar estrategias para el desarrollo de los flujos económicos bilaterales, entre los que destacan aquellos encaminados a la pequeña y mediana empresa en donde Italia tiene mucho que enseñar, así como los avances orientados al establecimiento de un vuelo comercial directo entre ambos países.

Visita de Estado al Reino de Marruecos

11 y 12 de febrero

Debido a que Marruecos ha tenido una serie de reformas trascendentales enfocadas a la modernización de las estructuras de poder y las áreas educativas, sociales y económico-administrativas, se ha motivado el interés de la comunidad internacional por esta nación, y la convierten en un nuevo interlocutor relevante para nuestro país. Los miembros de esta Comisión dictaminadora consideramos que incluso es la puerta de entrada a Europa y la posibilidad de tener un mejor diálogo con los países árabes.

Para Marruecos, América Latina y en especial México son una prioridad en su política exterior, el gobierno marroquí ha buscado constituirse en "una voz de América Latina en África y en el mundo Árabe" y un país destacado en el fomento de los intereses de nuestra región.

El pasado 24 de noviembre el Presidente Vicente Fox recibió la Visita Oficial del Rey Mohammed VI; durante este encuentro ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales y temas de interés común, en especial en los sectores socio-económicos prioritarios por los dos países, y el Rey invitó oficialmente al Presidente Fox a visitar su país.

Durante esa visita se estableció un mecanismo de consulta de interés mutuo donde se confirma la importancia que México y Marruecos asignan a su diálogo político como un pilar en las relaciones entre África del Norte y América Latina. De igual forma se aprovechó la oportunidad para fijar una dinámica mayor a los vínculos bilaterales por la puesta en marcha de una Comisión Mixta México-Marroquí y la revisión y actualización del marco jurídico que rigen nuestras relaciones en sectores con alto potencial, tales como las nuevas tecnologías de información, la agricultura, el turismo, la salud, la energía y la producción industrial.

En la iniciativa enviada por el Ejecutivo se señala que la presencia del Presidente Fox en Marruecos permitirá dar continuidad a los avances que han fortalecido las relaciones de México con esta nación africana, a este respecto la Segunda Comisión opina que éste es un momento propicio para impulsar el diálogo político, entablar consensos y coordinar posiciones ante la reestructuración del escenario internacional, en especial en el ámbito multilateral y ante la reforma del sistema de Naciones Unidas.

El mandatario mexicano tendrá la oportunidad de conversar con el Rey Mohamed VI y con importantes figuras de su gobierno; será también una ocasión para propiciar acciones y programas específicos de concertación en temas políticos de interés mutuo y estrategias para nuestras relaciones económicas y de cooperación.

El presidente Fox examinará además los avances de la Comisión Binacional entre ambos países, misma que realizará una primera reunión en el marco de esta visita, la cual abordará temas de comercio e inversión, migración (donde México y Marruecos comparten afinidades en razón de los porcentajes importantes de su población que radican más allá de sus fronteras), así como cultura y cooperación.

De igual forma el mandatario Vicente Fox será testigo de la suscripción de nuevos acuerdos que contribuirán a actualizar el marco jurídico que se está construyendo con esta nación africana en temas como cooperación en materia migratoria, colaboración diplomática y desarrollo hidráulico; donde ambos países comparten una preocupación ante este trascendental tema global de la agenda ambiental.

Durante la visita del mandatario Fox a Marruecos se buscará avanzar hacia un Acuerdo de Cooperación Recíproca entre el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales y la Confederación General de Empresas Marroquíes, a fin de colocar a nuestro país en una posición privilegiada hacia el mercado marroquí que muy pocos países ostentan.

Visita de estado a la República Argelina Democrática y Popular

13 de febrero

La Comisión Dictaminadora considera que, las relaciones que unen a México y Argelia se han colocado en los últimos años en una nueva dimensión que podría dar lugar a aprovechar su potencial económico y el papel que desempeña en la región. Argelia es el segundo país con mayor extensión territorial en el continente africano y el décimo a nivel mundial. La importancia económica de sus recursos energéticos como el petróleo y el gas, lo convierten en un actor de primer orden entre los países del Mediterráneo. Lo anterior, cobra especial relevancia ante la perspectiva de reactivar el Proceso de Barcelona, creado en 1995, que pretende establecer una zona euromediterránea de libre comercio hacia el año 2010.

El diálogo político al más alto nivel se ha fortalecido a través de los encuentros entre ambos Presidentes, entre ellos y de manera importante en ocasión de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas para la Financiación al Desarrollo (Monterrey, 2002), la Cumbre de Jefes de Estado del Grupo de los Ocho (Evian, Francia, 2003) y el 58 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 2003). Por su parte, el Canciller Luis Ernesto Derbez Bautista se ha entrevistado con el Enviado Especial, ex Ministro de Relaciones Exteriores, Youcef Yousfi (2002) y el Presidente del Consejo Constitucional de Argelia, Mohammed Bedjaoui (2003). Argelia se ha convertido adicionalmente en un interlocutor clave para México dentro de la iniciativa mexicana del Grupo de Amigos de la Reforma de la ONU, por lo que el diálogo bilateral en temas multilaterales ha adquirido una relevancia sin precedente.

Los miembros de la Comisión dictaminadora sabemos que si bien el clima de inestabilidad política en Argelia a principios de la década de los noventa impidió un mayor desarrollo de los vínculos con México, el nuevo panorama de estabilidad en esa nación abre espacios para fortalecer los contactos en los ámbitos político, cultural, educativo y comercial. La Visita de Estado a ese país por parte del presidente Vicente Fox constituye una oportunidad para reactivar las relaciones al más alto nivel, así como, complementar la estrategia de México hacia la región del Magreb y hacia los países árabes.

Argelia es el segundo socio comercial en África de nuestro país, con un intercambio promedio cercano a los 150 millones de dólares anuales. Argelia se ha convertido en un socio clave en temas energéticos, tanto en razón de nuestros intercambios bilaterales como en la necesidad que tenemos para influir activamente en las tendencias internacionales de este sector.

De acuerdo con la Iniciativa, el presidente Fox sostendrá conversaciones con el Presidente Bouteflika; éstas representan un espacio de consulta e intercambio de puntos de vista, teniendo en consideración que en 30 años no ha habido una visita de un mandatario mexicano a esa nación. En esta reunión se podrán abordar diversos aspectos de la agenda internacional como lo es el fortalecimiento del multilateralismo, la seguridad internacional en el inicio del siglo, la protección del medio ambiente y las políticas de cooperación para el desarrollo.

En el ámbito bilateral se destacan las acciones que podrán emprenderse para impulsar los intercambios económicos entre los dos países y se deberán aprovechar las oportunidades que Argelia ofrece para los empresarios mexicanos y las inversiones que este país puede realizar en México.

De igual forma el mandatario Vicente Fox realizará actividades encaminadas al desarrollo del sector energético que Argelia está realizando a nivel gubernamental y que atrae el interés de nuestro país. Asimismo, se revisará el marco jurídico que rige las relaciones mexicanas con esta importante nación africana, en especial en materia de colaboración en el sector agropecuario, educativo, artístico y cultural, y en materia de juventud, deporte y cultura física.

Los legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos positivas estas visitas que realizará el presidente Fox al Reino de España, una visita oficial a la República Italiana, y visitas de Estado al Reino de Marruecos, y a la República Argelina Democrática y Popular ya que los nuevos equilibrios internacionales exigen una diplomacia más activa y participativa. Las relaciones internacionales han entrado en una dinámica en la que participan nuevos actores políticos, en la que la globalización obliga a las naciones y sus gobiernos a buscar la diversificación de sus contactos políticos, económicos y de cooperación técnica, científica y cultural con sujetos del derecho internacional bilaterales y multilaterales que le ofrezcan la oportunidad de intercambios en esos campos, en un marco de beneficio compartido.

En virtud de las consideraciones anteriores por lo anteriormente expuesto, se propone a la Asamblea la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 7 al 13 de febrero de 2005, a fin de que realice una visita oficial al Reino de España, del 7 al 10 de febrero, una visita oficial a la República Italiana los días 10 y 11 de febrero y visitas de Estado al Reino de Marruecos los días 11 y 12 de febrero, y a la República Argelina Democrática y Popular, el 13 de ese mismo mes.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Sesiones de la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, México, DF, a 25 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez (rúbrica), Presidente; Lydia Madero García (rúbrica), secretaría; Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela Ponce Beltrán, secretaría; Jorge Romero Romero, María Sara Rocha Medina, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero.
 
 
 

DE LA PRIMERA COMISION -DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA-, DOS CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS MARÍA CRISTINA DE LA GARZA SANDOVAL, EMBAJADOR ROGELIO GRANGUILLHOME MORFÍN, MARCIAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, ALEJANDRO RAMOS FLORES, MARCO ANTONIO PEYROT GONZÁLEZ, FRANCISCO EDUARDO DEL RÍO LÓPEZ, SANTIAGO CREEL MIRANDA Y EDUARDO TOMÁS MEDINA-MORA ICAZA PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Cristina de la Garza Sandoval, Embajador Rogelio Granguillhome Morfín, Almirante Marco Antonio Peyrot González, Francisco Eduardo del Río López, licenciado Marcial Rafael Macedo de la Concha y licenciado Alejandro Ramos Flores, puedan aceptar y usar las Condecoraciones que les confieren los Gobiernos de las Repúblicas: de Austria, de Finlandia, de Corea y de Nicaragua, y del Reino de España respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 Constitucional, y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana María Cristina de la Garza Sandoval, para aceptar y usar las siguientes condecoraciones:

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Almirante Marco Antonio Peyrot González, para aceptar y usar la Medalla Conmemorativa XXV Aniversario del Ejército de Nicaragua, que le confiere el Comandante en Jefe del Ejército de la República de Nicaragua.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Eduardo del Río López, para aceptar y usar la condecoración José de Marcoleta, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Marcial Rafael Macedo de la Concha, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Alejandro Ramos Flores, para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Esteban Ángeles Cerón, Presidente (rúbrica); María Luisa Calderón Hinojosa, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño, Gildardo Gómez Verónica (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Jorge Zermeño Infante (rúbrica).

Diputados: David Hernández Pérez, secretario (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, José Sigona Torres (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos licenciados Santiago Creel Miranda y Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, puedan aceptar y usar la Condecoración de la Cruz del Mérito Policial con Distintivo Blanco, que les confiere el Gobierno del Reino de España.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la Fracción III, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y el Artículo 60, Segundo Párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Santiago Creel Miranda, para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz del Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz del Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Esteban Ángeles Cerón, Presidente (rúbrica); María Luisa Calderón Hinojosa, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño, Gildardo Gómez Verónica (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales, Jorge Zermeño Infante (rúbrica).

Diputados: David Hernández Pérez, secretario (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, José Sigona Torres (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica en contra), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica).
 
 
 

DE LA PRIMERA COMISION -DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA-, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS JOSEFA NANCY COSSÍO ARIAS, INGRID YUNUÉN NAVARRO PONCE, AUSTREBERTO MARTÍNEZ VILLEGAS, MARCELINO VILLANUEVA SERRANO Y FERNANDO ÁNGELES SALGADO PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE PERÚ EN MÉXICO

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 28 de diciembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Josefa Nancy Cossío Arias, Ingrid Yunuén Navarro Ponce, Austreberto Martínez Villegas, Marcelino Villanueva Serrano y Fernando Ángeles Salgado puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada del Perú en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 19 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Josefa Nancy Cossío Arias para prestar servicios como recepcionista en la Embajada del Perú en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Ingrid Yunuén Navarro Ponce para prestar servicios como secretaría en la Embajada del Perú en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Austreberto Martínez Villegas para prestar servicios como asistente en el Área Económico-Comercial en la Embajada del Perú en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Marcelino Villanueva Serrano para prestar servicios como empleado de limpieza y mensajero en la Embajada del Perú en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Fernando Ángeles Salgado para prestar servicios chofer en la Embajada del Perú en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Esteban Miguel Ángeles Cerón (rúbrica), Presidente; Luisa María Calderón Hinojosa, secretaria; Sadot Sánchez Carreño, Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Gildardo Gómez Verónica (rúbrica), Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Erika Larregui Nagel (rúbrica).

Diputados: David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Jorge Romero Romero (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica).
 
 
 

DE LA SEGUNDA COMISION -DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA Y EDUCACIÓN PÚBLICA-, QUINCE CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE RATIFICAN GRADOS MILITARES A LOS CIUDADANOS SAÚL LUNA JAIMES, RODOLFO CARRANZA HERNÁNDEZ, GONZALO AGUILAR ESCOBEDO, RUBÉN BARRAZA RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL VELAZQUEZ VÍCTORES, MOISÉS PAVÓN FONSECA, JOSÉ LUIS CRUZ ZEPEDA, ROMÁN MEDINA CASTILLO, GABRIEL MAGAÑA MORFÍN, RAMÓN CHÁVEZ CRUZ, SERGIO VIRGILIO GUERRERO GARCÍA ROJAS, ALEJANDRO GRACIANO QUINTERO ROSALES, FACUNDO ZAYAGO ESPINOSA, ARTURO SOLANO ESCOBEDO Y PATRICIO RUBÉN CAMACHO GARCÍA

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Saúl Luna Jaimes, como Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Saúl Luna Jaimes.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Artillería Patricio Rubén Camacho García, como Coronel de Artillería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de Coronel de Artillería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Patricio Rubén Camacho García.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Arturo Solano Escobedo, como Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Arturo Solano Escobedo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Cirujano Dentista Facundo Zayago Espinosa, como Coronel Cirujano Dentista, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de Coronel Cirujano Dentista, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Facundo Zayago Espinosa.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Alejandro Graciano Quintero Rosales, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Alejandro Graciano Quintero Rosales.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero Industrial Sergio Virgilio Guerrero García Rojas, como Coronel Ingeniero Industrial, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Industrial, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Sergio Virgilio Guerrero García Rojas.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, Ramón Chávez Cruz, como Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Ramón Chávez Cruz.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, Gabriel Magaña Morfín, como Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Gabriel Magaña Morfín.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Román Medina Castillo, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Román Medina Castillo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería, José Luis Cruz Zepeda, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano José Luis Cruz Zepeda.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel Ingeniero Industrial Moisés Pavón Fonseca, como Coronel Ingeniero Industrial, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Industrial, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Moisés Pavón Fonseca.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero Industrial Juan Manuel Velázquez Víctores, como Coronel Ingeniero Industrial, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Industrial, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Juan Manuel Velázquez Víctores.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Rubén Barraza Rodríguez, como Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Rubén Barraza Rodríguez.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Gonzalo Aguilar Escobedo, como Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Gonzalo Aguilar Escobedo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Rodolfo Carranza Hernández, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Rodolfo Carranza Hernández.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
 
 
 

DE LA SEGUNDA COMISION -DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA Y EDUCACIÓN PÚBLICA-, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN RELATIVA A LA VULNERABILIDAD DE LA INFANCIA ANTE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL TRAS LA TRAGEDIA EN EL SUDESTE ASIÁTICO

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una Proposición con Punto de Acuerdo con relación a la vulnerabilidad de la infancia ante la explotación sexual, tras la tragedia en el sudeste asiático, presentada por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en el artículo 71 fracción II y 78 fracción III de nuestra Constitución, artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a partir del análisis de la comunicación referida, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

El terremoto que provocara el tsunami en Asia el pasado 26 de diciembre ha cambiado en forma permanente la geografía de la región, exterminando poblaciones enteras y provocando desastres ecológicos, económicos y sociales sin precedentes en la historia de la humanidad. Más de 250 mil personas perdieron la vida, mientras que miles más están heridas y alrededor de dos millones de ellas ha quedado sin techo ni hogar.

Los niños y niñas que han quedado desprotegidos a causa del maremoto corren un grave peligro ya que al no tener la protección de una familia son presa fácil de los traficantes de menores; la experiencia muestra que los riesgos de tráfico de niños aumentan en situaciones de crisis, cuando hay movimientos de población y el medio de protección infantil desaparece cuando ya no hay padres, familia, escuela ni aldea; y los menores de 18 años representan en promedio el 39% de la población de los países afectados por el maremoto.

La alta tasa demográfica, la pobreza y la facilidad para atravesar las fronteras convirtieron a Asia en un terreno favorable para el comercio infantil. Con tantas familias rotas y tantas comunidades completamente destruidas, tenemos que activar mancomunadamente otra clase de protecciones para estos menores.

En días pasados la UNICEF diseñó medidas esenciales para mantener a los niños y niñas vulnerables a salvo de la explotación en un futuro inmediato, tales como, inscribir a todos los niños desplazados, proporcionar salvaguarda inmediata, localización de familiares, alertar a la policía y a otras autoridades y las llamadas "medidas nacionales de excepción", tales como una moratoria a los menores de 16 años que viajan fuera del país sin sus progenitores y a la adopción de niños, hasta que todos los menores puedan ser debidamente identificados.

Por ello, los legisladores miembros de esta Comisión Dictaminadora consideramos necesario tomar medidas encaminadas a proteger a los menores de edad de la zona de desastre contra la explotación, el abuso y la trata criminal de personas, a fin de evitar que se agrave su situación en medio de la catástrofe.

Consideraciones

Los legisladores integrantes de esta Comisión Dictaminadora deseamos destacar la importancia de México como parte de los Instrumentos Jurídicos Internacionales en la materia y activo participante en foros y convenciones mundiales de protección de la niñez.

Y sobre todo porque nuestro país padece también ese terrible problema es que consideramos importante dar un paso más hacia la prevención de casos de probable tráfico de menores de las zonas devastadas por el tsunami.

En reiteradas ocasiones los legisladores hemos manifestado nuestra preocupación ante el grave problema de la explotación infantil, como muestra de ello, en el mes de agosto del 2003 se llevó a cabo en el Senado de la República un "Foro Internacional Sobre Explotación Sexual Infantil". Uno de los grandes objetivos de este Foro Internacional fue demostrar algunos resultados de investigaciones realizadas en diversos países y sirvió como un espacio para intercambiar experiencias reales en el combate a la explotación y al comercio de niñas y niños.

En ocasión del Foro Internacional se destacó la gran importancia que ha tenido el desarrollo y la consolidación del Internet cómo una nueva forma de generar información para las masas bajo la lógica de la libertad de información o del libre flujo de la información por lo que cualquier región del planeta puede ser punto de tránsito o destino a las actividades que estas organizaciones realizan.

Estamos conscientes que en situaciones de desastre, como es el caso de la tragedia ocurrida en el sudeste asiático, el Internet se ha convertido en el sitio propicio paró fomentar la ayuda financiera a los países afectados, decenas de páginas web que se han diseñado con el propósito de ser un puente entre la generosa contribución de los donantes y las necesidades económicas en la región. Sin embargo, el Internet es también un gran negocio para las bandas dedicadas al tráfico y la explotación sexual infantil. Los crímenes cometidos en agravio de personas menores de edad a través de una computadora y otros medios han ido aumentando considerablemente en todo el mundo. Internet está siendo utilizado por organizaciones criminales de pedófilos que promueven y transmiten pornografía infantil; de igual forma se han detectado bandas internacionales de prostitución que utilizan sistemas informáticos como medio de promoción y reclutamiento.

En la actualidad el tráfico de seres humanos es considerada la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, ya que genera ganancias cercanas a los 12 mil millones de dólares por año (las dos primeras son el tráfico de armas y el de drogas), el tráfico humano, es la forma más perversa de migración.

La oferta y la demanda es una ley del mercado y el tráfico y la explotación infantil responden a una industria como cualquier otra del sistema económico organizado en donde existe la explotación de un bien y un servicio.

El mapa de este comercio tiene siempre una constante: las personas traficadas provienen de regiones pobres o que se encuentran en estado de emergencia, la mayoría está constituida por mujeres y niños que terminan siendo víctimas de la explotación. Por ello, los miembros de esta Comisión consideramos que el combate al tráfico de personas exige medidas valientes y eficaces por parte de la comunidad internacional.

En los desastres se evidencian las debilidades y capacidades de la sociedad pero también se generan oportunidades para responder y sensibilizar sobre las causas de los mismos, en particular sobre las condiciones de los más desprotegidos. Uno de los retos más difíciles de resolver en las emergencias es el de la reducción de la vulnerabilidad.

Esa región de Asia es considerada un lugar de partida para el tráfico de menores, con fines de adopción ilegal, abuso, explotación sexual y trabajo ilegal. A consecuencia del maremoto del 26 de diciembre pasado, las instituciones de esa región han quedado sin la posibilidad de brindar protección a los menores que quedaron en la orfandad, dejando así la puerta abierta a las bandas dedicadas al tráfico de menores.

Los efectos de los desastres implican la necesidad de adoptar criterios para evitar que niños y niñas provenientes de las zonas devastadas por el tsunami sean internados de manera ilegal y con fines de tráfico a nuestro país.

Por lo anterior los miembros de esta Comisión dictaminadora sometemos a la consideración del pleno el siguiente:

Acuerdos

Primero.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que nuestro país redoble los esfuerzos en materia de vigilancia fronteriza en lo que respecta a la entrada o salida de menores, alertando a las autoridades migratorias del posible tránsito de menores provenientes de las regiones devastadas, sean o no originarios de éstas.

Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que la Unidad de Policía Cibernética, en el ejercicio de las funciones y actividades que lleva actualmente con autoridades internacionales y de investigación en el campo sobre las actividades de organizaciones de redes internacionales de explotación infantil, ponga especial énfasis en la identificación de la utilización del Internet por parte de bandas criminales para la promoción de niños y niñas extraídos de las zonas afectadas por el tsunami.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace una solicitud de apoyo a los Parlamentarios Nacionales de nuestro continente a realizar esfuerzos con las autoridades competentes en sus respectivos países en materia migratoria, para redoblar la vigilancia fronteriza en lo que respecta a la entrada o salida de menores provenientes de las regiones.

Cuarto.- Se exhorta a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la Comunidad Internacional y en especial los países afectados por el tsunami, protejan a los niños que han quedado abandonados y expuestos a una posible explotación infantil.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, DF, a 25 de enero de 2005.

Senadores: Germán Sierra Sánchez (rúbrica), Presidente; Lydia madero García, secretaría; Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela Ponce Beltrán, secretaría; Jorge Romero Romero, María Sara Rocha Medina, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero.
 
 
 

DE LA SEGUNDA COMISION -DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA Y EDUCACIÓN PÚBLICA-, CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESE SU SOLIDARIDAD A LOS CIUDADANOS GUATEMALTECOS Y DE OTRAS NACIONALIDADES, PARTICULARMENTE A LA FAMILIA MEXICANA DE ALAIDE FOPPA, QUE FUERON VÍCTIMAS DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD COMETIDOS POR EL SEÑOR DONALDO ÁLVAREZ RUIZ Y EL GOBIERNO A QUE REPRESENTABA

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una Proposición con Punto de Acuerdo presentada por los Diputados Lizbeth Rosas Montero, Eliana García Laguna y Jorge Martínez Ramos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en relación con la captura de Donaldo Álvarez Ruiz para que responda ante la justicia española por las acusaciones de genocidio y tortura.

Con fundamento en el artículo 71 fracción II y 78 fracción III de nuestra Constitución, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a partir del análisis de la comunicación referida, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

Los legisladores miembros de esta Comisión Dictaminadora manifestamos nuestra solidaridad y compartimos con el pueblo guatemalteco el rechazo a las prácticas genocidas y de violación a los derechos humanos, por lo que en una actuación consciente de que el establecimiento de la verdad, la justicia y la recuperación de la memoria histórica, es la mejor vía para lograr un proceso de reconciliación nacional, en el año 2001 se ratificaron algunos tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos lo que significó un gran avance en la materia, de igual forma se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado con la finalidad de dar continuidad a las investigaciones en casos de las desapariciones forzadas ocurridas durante los años setenta en contra de activistas opositores al régimen, mejor conocida como la guerra sucia.

Como legisladores debemos reconocer que la orden de captura girada el 10 de diciembre del 2004 por la Audiencia Nacional de España en contra del ex Ministro del Interior de Guatemala, Donaldo Álvarez Ruiz, a quien se le imputa el asalto y la quema de la Embajada de España en Guatemala en 1980, donde murieron 36 personas y el asesinato de 4 sacerdotes españoles durante el gobierno militar del General Fernando Romeo Lucas García, es un primer paso para romper el sistema de impunidad que por tantos años ha prevalecido en torno a ese tema.

Por lo que se ha podido documentar, el ex Ministro Donaldo Álvarez presuntamente tiene una amplia trayectoria en materia de violación de derechos humanos, de actividades paramilitares y de actividades propias del bloque contra insurgente que estuvo activo a lo largo del conflicto armado en Guatemala.

Álvarez Ruiz comandó los escuadrones de la muerte que entre 1978 y 1982 secuestraron y asesinaron a campesinos, indígenas y miembros de organizaciones sociales urbanas, principalmente de trabajadores, académicos y estudiantes; este genocidio guatemalteco cobró más de 220 mil víctimas.

Lo que causa extrañeza es que esta persona tuviera desde hace 22 años residencia mexicana, bajo la figura migratoria del FM-2, bajo su propia identidad y un currículum que lo acreditaba como ex Ministro del Interior de Guatemala; de manera que las autoridades mexicanas que mantenían su estatus migratorio sabían quién era y sin embargo esta situación se pasó por alto.

A este respecto, la Secretaria de Gobernación ha manifestado que el ex Ministro de Guatemala, Donaldo Álvarez, desapareció antes de que España emitiera la orden de detención; a pesar del operativo que se instrumentó días antes, ya que esta dependencia desplegó un operativo para ubicar al ex Ministro, inclusive antes de que llegara el resolutivo de las autoridades españolas.

De igual forma, la SEGOB ha rechazado que las autoridades de nuestro país hayan protegido al ex Ministro guatemalteco, reiterando el compromiso del gobierno mexicano en la entrega del ex funcionario guatemalteco. Sin embargo, se argumenta que la detención se dio a conocer antes a la opinión pública, lo que le dio tiempo suficiente al ex Ministro para desaparecer.

Por su parte las declaraciones emitidas por la Procuraduría General de la República en torno a este tema, afirman que el ex Ministro guatemalteco escapó por culpa de las organizaciones sociales y que la noticia de la orden de detención fue dada a conocer en primera instancia en España y no en México por lo que, nuestro país no tiene responsabilidad,

Sin duda es la Secretaría de Gobernación la que debe explicar la huida de Donaldo Álvarez Ruiz, ya que de no hacerlo, podría interpretarse como que las autoridades mexicanas o bien fueron poco cuidadosas para manejar las medidas previas a su detención o bien que, dentro de las corporaciones policíacas mexicanas se pretendió favorecer al señor Álvarez Ruiz.

A partir del análisis de la comunicación referida, los miembros de la Comisión Dictaminadora respaldamos la petición contenida en el Punto de Acuerdo presentado por los C. Diputados Lizbeth Rosas Montero, Eliana García Laguna y Jorge Martínez Ramos por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su solidaridad con las y los ciudadanos guatemaltecos y de otros países, así como con sus familiares, particularmente la familia mexicana de Alaide Foppa, que fueron víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el señor Donaldo Álvarez Ruiz y el gobierno al que representaba.

Segundo.- Exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Agencia Federal de Investigaciones para que procedan de inmediato a la aprehensión del ex Ministro guatemalteco, se inicie el juicio de extradición y éste responda ante los tribunales que le requieren ser juzgado por las graves acusaciones que se le imputan.

Tercera.- Exhorta a la Secretaría de Gobernación para que informe a esta soberanía cuáles son los filtros para impedir el ingreso de responsables de crímenes graves contra la humanidad al territorio nacional, y que como acto de dignificación de nuestro país ante el mundo, proceda cancelar de inmediato al señor Álvarez Ruiz el permiso de residencia vigente.

Sala de Sesiones de la Segunda Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, México DF, a 25 de enero de dos mil cinco.

Senadores: Germán Sierra Sánchez (rúbrica) Presidente; Lydia Madero García (rúbrica) secretaria, Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).

Diputados: Esthela Ponce Beltrán, secretaria, Jorge Romero Romero, María Sara Rocha Medina, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero.
 
 

El suscrito, diputado federal David Hernández Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto de exhortar al titular del Ejecutivo para que suspenda de sus funciones como delegado de la Procuraduría federal del Consumidor (Profeco) en el estado de México al C. Antonio Álvarez Hernández, quien fue presidente municipal de Tlaquepaque, Jalisco, por su responsabilidad en las irregularidades que presenta la Cuenta Pública del ejercicio de 2003 por 78 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco ha detectado en la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio de 2003 del municipio de Tlaquepaque irregularidades por más de 78 millones de pesos, las que tendrán como resultado fincar un crédito fiscal al ex presidente Antonio Álvarez Hernández y a quien fue su tesorero.

El municipio de Tlaquepaque ejerció en 2003 aproximadamente 670 millones de pesos y los malos manejos que hace este supuesto servidor público representan más de 10%. Las irregularidades pretende cubrirlas manejando que fueron compensaciones y estímulos al personal.

La recomendación que hace la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para "no aprobar" la Cuenta Pública se basa en que 56 millones de pesos son por compensaciones no soportadas y 21 millones de estímulos al personal.

Mas no hay soporte documental que acredite tales erogaciones efectuadas, ni copia de póliza de cheque y recibo asignado por la persona que lo recibió, por lo que no existe la certidumbre de la aplicación del gasto, o criterios para otorgarse, ni ordenamientos internos para los beneficiados.

José Antonio Álvarez Hernández es actualmente delegado de la Profeco y, con seguridad, hará malos manejos de los recursos públicos, pues es lo que sabe hacer.

Por lo anterior, presento ante este Pleno, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo para que suspenda de sus funciones como delegado de la Profeco en el estado de México al C. Antonio Álvarez Hernández, quien fue presidente municipal en Tlaquepaque, Jalisco, por su responsabilidad en las irregularidades que presenta la Cuenta Pública del ejercicio de 2003 por 78 millones de pesos.

Dip. David Hernández Pérez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS SOBRE EL PROBLEMA DE LA CARRETERA QUE VA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, OCASIONADO POR UNA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE DEJÓ ABANDONADAS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Norberto Enrique Corrella Torres, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo del Gobierno Federal que explique por qué se dio la falta de planeación en las obras de remozamiento de la carretera federal de Mexicali, Baja California, a San Luis Río Colorado, Sonora, y que intervenga para solucionar el conflicto provocado por una empresa constructora que dejó abandonadas las obras de ampliación.

Exposición de Motivos

En Baja California el transporte carretero es el principal medio para lograr el desplazamiento de pasajeros y el intercambio comercial. Las autoridades calculan que en dicha entidad el 85% del total de pasajeros y el 88% del total de la carga se moviliza por vía terrestre. Además, la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado es de vital importancia porque representa la única vía terrestre que une a la península con el resto del territorio nacional.

Pero como en Baja California la mayoría de las carreteras están en mal estado, y dada la importancia de la carretera citada, en junio del 2003 se iniciaron obras de remodelación en la vía referida, que consisten en la construcción de terracerías, introducción de drenaje, cambiar el asfalto por pavimento de concreto hidráulico, instalación de poliductos para fibra óptica y señalamientos, con un presupuesto de 132 millones de pesos. Sin embargo, desde el principio tales trabajos se vieron envueltos en la controversia, ya que se decidió que la obra fuera dividida en tres segmentos y se otorgara cada uno a empresas diferentes. Sin embargo el proceso de licitación que seleccionó a la empresa Fastec, uno de las tres empresas beneficiadas, fue puesto en duda y ello obligó a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública a intervenir para clarificarlo.

La obra se inició en junio del 2003 y es justo reconocer que al principio los trabajos avanzaron muy rápido. Con una celeridad inusual se produjo el levantamiento del 80% de la capa asfáltica. Sin embargo, la empresa Fastec, desde el 24 de mayo pasado, abandonó los trabajos que se realizaban en un tramo de quince kilómetros y hasta la fecha no se sabe cuando los reanudará, pese a que se le han hechos varias llamadas de atención y se han aplicado algunas multas. La obra, que hasta el presente mes no representan un avance mayor al 48%, debería de haber concluido el 1 de abril del presente año.

Un elemento que esta Cámara debe de considerar es que ha trascendido que no es la primera obra que la empresa Fastec deja abandonada. Según parece, ya antes lo había hecho en Yucatán, Sinaloa y Durango. Además dejó algunas obligaciones de pago pendientes, como un adeudo con transportistas afiliados a la CTM por concepto de acarreo de material.

El abandono y la necesidad de utilizar la carretera han provocado una gran cantidad de accidentes, con saldos significativos de personas lesionadas y fallecidas, y con altas pérdidas materiales. Es importante resaltar que el saldo de muchos accidentes ha sido trágico, por lo que a esta vía ya se le conoce como la carretera la muerte. Además hay una gran inconformidad entre los comerciantes de la zona, que han visto mermadas sus ventas por la imposibilidad de que lo automovilistas se estacionen frente a sus locales comerciales por la gran cantidad de materiales de construcción abandonados.

Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito Diputado Federal de la LIX Legislatura en la Cámara de Diputados y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se formule un respetuoso pero firme llamado al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, explique a esta Cámara de Diputados las circunstancias bajo las que se le concedió el contrato a la empresa Fastec.

Segundo. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes explique si hubo falta de planeación en la citada obra, y los motivos de la tardanza en concluirla.

Tercero. Que se solicite a la Secretaría de la Función Pública que investigue si hay alguna responsabilidad de autoridad alguna por la adjudicación de la obra y de la empresa constructora por su abandono.

Cuarto. Que el Ejecutivo federal informe sobre la conveniencia de que la obra sea transferida al gobierno del estado.

H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 26 de enero de 2005.

Dip. Norberto Enrique Corrella Torres (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SAGARPA EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS PARA PREVENIR EL INGRESO EN EL PAÍS DE GANADO CON LA ENFERMEDAD CONOCIDA COMO "MAL DE LAS VACAS LOCAS", A CARGO DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, senador César Raúl Ojeda Zubieta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, basada en las siguientes

Consideraciones

Por lo expuesto, señoras y señores legisladores, me permito solicitar a ustedes, en esta honorable asamblea, tengan a bien aprobar como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar la comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, a fin de que exponga y proporcione por escrito información suficiente sobre las políticas y medidas que se vienen adoptando para prevenir la internación en el país de animales contaminados con el llamado "mal de las vacas locas" (encefalopatía espongiforme bovina) provenientes de Estados Unidos de América y Canadá.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de enero de 2005.

Sen. César Raúl Ojeda Zubieta
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SEMARNAT A VIGILAR, EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE TURISMO, DE MARINA, Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASÍ COMO CON LA ARMADA DE MÉXICO, EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-131- ECOL-1998, QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DE BALLENAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE SU HÁBITAT, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Leonardo Álvarez Romo y Jacqueline Argüelles Guzmán, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La diversidad de mamíferos marinos en México la representan en la actualidad tres grupos: el orden cetácea, el orden sirenia y el suborden pinnipedia. Del orden cetácea hay en el país el 42.3% de las especies mundiales. Se incluyen en éste el suborden odontoceti y el mysticeti, el último de los cuales cuenta con 11 especies de ballenas, de las que existen ocho en nuestras aguas. Lo anterior muestra que México cuenta con una gran diversidad de cetáceos, entre los que se identifican 39 de las 81 especies conocidas mundialmente en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional de la República Mexicana.

Entre éstas figuran: la ballena gris (Eschrichtius robustus), la ballena franca (Eubalaena glacialis), la ballena azul (Balaenoptera musculus), el rorcual común (Balaenoptera physalus), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), el rorcual de Sei (Balaenoptera borealis), el rorcual tropical (Balaenoptera edeni), y el rorcual Minke (Balaenoptera acutorostrata).

La conservación en nuestras costas de la diversidad de ballenas y su hábitat es indispensable para asegurar la reproducción de estas especies, es por ello que nuestro país cuenta con una política conservacionista especialmente para los lobos marinos y la ballena gris. Al respecto, en 1933 se decretaron las primeras vedas indefinidas para la captura de focas, elefantes marinos, y lobos finos de Guadalupe; en ese mismo año, México se adhiere a la Convención de Ginebra para la Protección de la Ballena.

En 1934 se declara una veda por 10 años para la captura del manatí y en 1938 México se integra al Convenio Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena. Posteriormente, en 1972, se crea en México, el primer Refugio para la ballena gris en la laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur (BCS) a la que en 1980 se anexaron las lagunas Manuela y Guerrero Negro.

La creación de áreas naturales protegidas para la protección de la ballena gris y otros mamíferos no fue suficiente para regular la observación turística de ballenas, por lo que en 1996 se elaboró la primera Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-074-ECOL-1996 para la regulación de actividades de observación en torno a la ballena gris (Eschrichtius robustus) y su hábitat, así como las relativas a su protección y conservación. Esta norma presenta de manera detallada las restricciones y reglas que deben seguir las embarcaciones y los turistas en Baja California Sur.

Hoy en día no se permite la caza de ballenas, y para muchos países la observación de estas especies representa un recurso con amplio potencial eco turístico. El ecoturismo es un método alternativo de turismo, basado en el concepto de desarrollo sustentable. El ecoturismo es definido como viajes a áreas naturales poco perturbadas, para observar y disfrutar de la naturaleza sin dañar el ambiente y promover la conservación de éste. El ecoturismo se distingue de otras formas de turismo por su bajo impacto social, mínimo impacto al medio ambiente y un elevado potencial económico.

La primera observación turística de cetáceos en el mundo, se realizó en 1955 en el sur de California en tanto que la primera observación de ballena gris en México se efectuó en 1960, específicamente en laguna San Ignacio. En aquel tiempo esta actividad no existía en Noruega, Islandia o Japón y apenas comenzaba en Australia y Nueva Zelanda. Toda la industria de observación de mamíferos marinos estaba en Norte América. En 1975, en Nueva Inglaterra la gente del lugar realizaba salidas al mar para observar cómo comían las ballenas y en ese mismo año, ocurrió el primer crucero turístico, el Capitán Alavellar.

En los años ochenta, la observación turística de ballenas comenzó a realizarse en países tradicionalmente cazadores de ballenas, como Japón, Noruega e Islandia y en otros países europeos, que en 1983 organizaban viajes para ver delfines en Gibraltar. La incorporación de los países cazadores se debió en parte a la prohibición de la caza de ballena, por el decreto establecido en la Comisión Ballenera Internacional, pero también debido a la crisis económica que prevalecía en las comunidades costeras.

La observación de ballenas a nivel mundial ha crecido rápidamente en los últimos años. De acuerdo con algunos estudios norteamericanos e ingleses en doce países se llevaba a cabo esta actividad al iniciarse la década de los 80; en 1992 había treinta países y tan sólo tres años más tarde se incorporaron a la observación de cetáceos 35 países más. El número de comunidades involucradas fue de 295 en 1995.

Las primeras empresas que realizaron las observaciones fueron estadounidenses y la actividad fue creciendo en la zona debido a la migración poblacional del interior de la península o del país hacia la costa, lo que provocó la saturación de las actividades pesqueras y el inicio de las actividades ecoturísticas, como la observación de ballenas.

Ahora bien recordemos que el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, prevé que ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación de instituciones acreditadas.

Asimismo, que el viernes 24 de mayo de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación N° 39, el Acuerdo por el que México se establece como área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontocety, las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

No obstante lo anterior, de acuerdo a denuncias que se han recibido al interior del Partido Verde Ecologista de México y como lo menciona el diario Informador de Jalisco, se ha constatado que son más de 500 las ballenas jorobadas que cada año visitan Bahía de Banderas en Puerto Vallarta; sin embargo, la actividad de observación de estas especies la pone en peligro, pues su actividad comercial hasta la fecha no ha sido vigilada por ninguna autoridad ambiental.

Pensemos que el Pacífico Mexicano y la Bahía de Banderas ofrecen un santuario impresionante de vida marina y atracciones naturales. Ballenas, delfines, mantarrayas gigantes, peces tropicales y aves marinas como los bobos de patas azules y las fragatas, formando parte de las maravillas que usted podrá contemplar.

Las ballenas jorobadas son regularmente observadas en la bahía en los meses de diciembre a abril, dándonos la oportunidad de observar a estos impresionantes gigantes sumergirse en el agua y escuchar sus fascinantes cantos.

Al día de hoy, sabemos que se otorgaron alrededor de 40 permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no obstante se estima que en el puerto existen tres veces más embarcaciones que sin permiso realizan recorridos para observarlas.

Consideremos que estamos en la en la época de mayor arribo de estas especies a nuestras aguas que a pesar de estar protegidos y contar con normatividad propia para las actividades de observación estas parecen ser omitidas e ignoradas por parte de las autoridades.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con las Secretarías de Turismo, de Marina, la Armada de México y de Comunicaciones y Transportes, a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-ECOL-1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat, de conformidad a lo dispuesto por la fracción 8 de dicha norma.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de enero del 2005.

Diputados: Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbricas)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA SITUACION POLÍTICA QUE PRIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Resolutivos

Primero.- La Comisión Permanente expresa su repudio a la intervención ilegal e inmoral de actores políticos ajenos al proceso democrático que se lleva a cabo en el estado de Guerrero, por parte de militantes del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo.- Exige a las autoridades federales correspondientes, que lleven a cabo una profunda investigación en relación a la utilización de recursos públicos del gobierno de Zacatecas para influir en un proceso electoral que sólo le compete a los guerrerenses.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO, A ABSTENERSE DE INDUCIR EL VOTO EN FAVOR DE UN DETERMINADO PARTIDO POLÍTICO Y A CONDUCIRSE EN EL MARCO DE LOS PRINCIPIOS ELECTORALES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MENDOZA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados sometemos a la consideración del Pleno de esta H. soberanía, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo para que se realice un respetuoso exhorto al presidente municipal de Zapopan en el estado de Jalisco, licenciado Arturo Zamora Jiménez, a que se abstenga de inducir el voto a favor de un determinado partido político y se conduzca en el marco de los principios electorales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior a la luz de las siguientes:

Consideraciones

Que en el municipio de Zapopan, Jalisco, el pasado 20 de enero del año en curso, se celebró un acto oficial por parte del presidente municipal, Arturo Zamora Jiménez, consistente en la develación de una placa de nomenclatura de importante vialidad de ese municipio.

Que a dicho acto oficial acudió el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Roberto Madrazo Pintado; presidentes municipales de la zona metropolitana del Partido Revolucionario Institucional; el presidente del Comité Directivo Estatal de ese mismo partido; regidores priístas del ayuntamiento de Zapopan; así como diversos militantes y simpatizantes del partido citado.

Que dentro de este acto oficial, un acto protocolario, mismo que fue llevado a cabo con recursos municipales, el presidente municipal, Arturo Zamora Jiménez, destapó al licenciado Roberto Madrazo Pintado, como su candidato a la presidencia de México. Este destape fue la más rancia expresión de una flagrante regresión política e histórica, un evidente oportunismo político para congraciarse con el líder nacional de su partido.

Que el acto partidista celebrado en el municipio de Zapopan, Jalisco, se realizó con recursos municipales, los cuales sólo pueden ser aplicados en el gasto público al emanar de las contribuciones de los zapopanos y de las participaciones federales. Estos recursos se deben aplicar solamente en el municipio en beneficio de sus habitantes y no destinarse en beneficio a apoyos de los candidatos que el presidente municipal de Zapopan pueda tener.

Que dicha violación quedó manifiesta, ya que dentro de este mismo acto el presidente municipal de Zapopan, señaló enfáticamente sus preferencias electorales, sin el menor pudor o recato en un evento oficial, que insistimos fue pagado con recursos públicos.

Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero.- Que se haga un atento exhorto al presidente municipal de Zapopan, licenciado Arturo Zamora Jiménez, el cual, de acuerdo a la opinión pública ha realizado actos políticos que podrían contravenir la letra y espíritu del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 270 del Código Penal del Estado de Jalisco y el artículo 55, fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Jalisco, para que se conduzca con legalidad en el uso de los recursos públicos, se abstenga de inducir el voto de los ciudadanos a favor de un determinado partido político y se conduzca con objetividad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones como servidor público.

Artículo Segundo.- Que se haga un atento exhorto la autoridad electoral federal y del estado de Jalisco, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, fiscalicen aquellas prácticas de los servidores públicos que sean violatorias de la normatividad y de los principios de equidad en la contienda electoral. México, DF, a los 25 días del mes de enero de 2005.

Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE GUERRERO Y A LOS ÓRGANOS ELECTORALES A CONDUCIRSE EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD AL IMPULSAR LAS ACCIONES QUE EVITEN QUE LOS CIUDADANOS Y LAS FUERZAS POLÍTICAS INCURRAN EN DELITOS ELECTORALES, A CARGO DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA Y SUSCRITA POR LA SENADORA LETICIA BURGOS OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

En nombre de los legisladores federales perredistas del estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el punto de acuerdo que expongo a continuación, a partir de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Guerrero se desarrolla una de las campañas más competitivas de que se tenga memoria en la historia del estado. Las dos fuerzas políticas principales de la entidad, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, están comprometidas en una cerrada disputa por la gubernatura.

En una sociedad democrática nada tendría de particular esta competencia si las fuerzas contendientes sólo apelaran a la conciencia ciudadana para conquistar su voto, y respetasen el veredicto de las urnas el día de las elecciones. Pero éste no es el caso de Guerrero, donde el predominio en el poder por largos años de un grupo político ha fortalecido una cultura autoritaria, que da prioridad a las presiones y las dádivas por sobre el comportamiento civilizado que debe normar toda competencia democrática.

A medida que la contienda se acerca a su desenlace, la actitud del equipo priísta y de un sector del gobierno se va tornando cada vez más agresiva, mediante acciones que violentan la legalidad y rompen con la equidad que debe prevalecer en este tipo de procesos. Para muestra, basten los siguientes ejemplos:

El lunes, medios de comunicación del ámbito local dieron a conocer un documento del Comité Nacional del PRI, llamado Faro 2000. Se trata de un detallado catálogo de acciones para llevar a cabo durante los últimos 15 días del proceso electoral y durante la jornada de votación, donde se establecen estrategias para inhibir el voto ciudadano, para crear conflictos en las secciones identificadas como perredistas, para el uso de los programas gubernamentales, como Pensión Guerrero, para el copamiento de las casillas, el establecimiento del perfil de los funcionarios de casillas, una estrategia para su "persuasión" y para intensificar la guerra sucia contra el candidato opositor.

La participación de funcionarios públicos en la campaña priísta se ha convertido en una práctica común en el actual proceso, alegando que se realiza en horarios no laborables. Sin embargo la participación de encargados de programas sociales se hace con el fin de crear confusión en la ciudadanía sobre los beneficios que recibe.

Especialmente grave ha sido la participación del magisterio en actividades electorales, ya que la semana pasada se otorgaron dos días para asistir a actos del candidato priísta, aunque hoy se pretende alegar que se hizo de forma voluntaria y que se harán acreedores a las sanciones conforme a la ley, cuando por voz de los mismos docentes se ha sabido que fueron obligados y que esta ausencia en su trabajo no tendrá consecuencia laboral.

El derroche que ha mostrado la campaña priísta evidencia que ésta ha rebasado con creces los topes legales de campaña, lo cual se nota en los medios electrónicos, en los que por cada spot del candidato opositor hay 10 del candidato oficial, en los postes, en las bardas, en una obscena campaña mercadotécnica que, en lugar de promover la participación ciudadana, está apabullándola.

Luego de 15 años de participación electoral, que sirvieron para encauzar la protesta social por las vías legales, la sociedad guerrerense está ante la mejor oportunidad de establecer la democracia como el método más adecuado para dirimir sus diferencias políticas. Arribar a este punto no ha sido fácil: se han tenido que superar grandes dificultades, ha costado esfuerzo, vidas de muchos luchadores sociales, persecuciones que, finalmente, gracias a la madurez de la ciudadanía suriana, nos han conducido al umbral de una nueva sociedad.

Los mexicanos no podemos permitir que la transición democrática se obstruya en Guerrero por la obsesión de un pequeño grupo que se resiste a someterse a la voluntad ciudadana. Como representantes populares, estamos obligados a preservar la legalidad de este proceso, para llevarlo a un feliz desenlace para los guerrerenses, para cual proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Uno. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal de Guerrero a contribuir, en el ámbito de su competencia, a que el actual proceso electoral tenga un desenlace pacífico y que de él surja una institucionalidad más fuerte y legítima para la sociedad suriana, que en lo que resta de la campaña se comporte a la altura de su responsabilidad y del mandato que le dio la ciudadanía, apegándose al estricto marco de la ley.

Dos. Se exhorta al Consejo Estatal Electoral de Guerrero, a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la Procuraduría de la República y demás instancias electorales a llevar a cabo las acciones necesarias para inhibir conductas delictivas entre los ciudadanos, los servidores públicos y los partidos políticos.

Dado en el Salón de Sesiones, a los 26 días de enero de 2005.

Senadores: César Raúl Ojeda Zubieta, Leticia Burgos Ochoa.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SEMARNAT Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REVISAR Y BUSCAR OPCIONES QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA ADMINISTRAR Y MANEJAR LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

El diputado que firma al calce, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

México se encuentra catalogado dentro del exclusivo grupo de países que concentran la mayor diversidad biológica en el mundo. Sin embargo, dicho privilegio se encuentra comprometido, ya que en buena medida hemos utilizado nuestro patrimonio natural de manera no sustentable, por lo que su subsistencia se encuentra seriamente amenazada.

Admitiendo esta grave realidad, dentro de nuestro sistema jurídico hemos implementado una serie de mecanismos que tienen como fin la protección y preservación del ambiente y los recursos naturales que lo conforman. Precisamente entre estos, el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la protección de la biodiversidad está constituido por las áreas naturales protegidas.

Estas áreas se constituyen en porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional, que son representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sufrido alteraciones sustanciales y donde se generan servicios ambientales cada vez más reconocidos y valorados. Por todas estas razones, dichas áreas se sujetan a un régimen especial de protección, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En este sentido la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de el Senado de la República conjuntamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, han organizado un Foro con la participación tanto de Senadores como de Diputados de diversas Comisiones, en el cual de manera presencial los Legisladores escuchen de viva voz, tanto de las comunidades que habitan en las áreas naturales protegidas, como de el personal encargado de su administración y manejo, de manera detallada y exhaustiva la problemática presente en dichas áreas en cuanto a sus aspectos técnicos, administrativos, de manejo, legales, sociales y económicos.

Que como resultado de las necesidades económico, sociales, administrativas y de manejo de las Áreas Naturales Protegidas visitadas en las giras que conforman el foro arriba mencionado, las cuales incluyeron a las reservas de la biosfera Tehuacan-Cuicatlán, Mariposa Monarca, Montes Azules, Los Petenes, Calakmul, Sian Ka´an y Sierra Gorda, el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos y el Parque Nacional Isla Contoy, la H. Cámara de Diputados determinó otorgar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2005 un incremento considerable al presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el objeto de incrementar la capacidad del Ejecutivo Federal para administrar y manejar las áreas naturales protegidas de México en beneficio de las comunidades locales en particular y de todos los mexicanos en general.

Que para ejercer óptimamente el presupuesto asignado a las Áreas Naturales Protegidas tanto en cuanto al Programa Normal, como en el caso de los Programas Sujetos a Reglas de Operación, se requiere incrementar y consolidar de inmediato el personal dedicado a la administración y manejo de estas áreas.

Por lo anteriormente expuesto, como integrante del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a revisar y buscar alternativas para fortalecer la capacidad del Ejecutivo federal para administrar y manejar las áreas naturales protegidas de nuestro país, mediante el incremento y consolidación del personal dedicado a su atención directa, dentro del marco de la normatividad vigente y sin que implique algún incremento de presupuesto.

Dado en el Salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de enero del 2005.

Dip. Leonardo Álvarez Romo
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA SAGARPA IMPLANTE EL SISTEMA NACIONAL CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En mi calidad de diputado de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente a la fracción campesina del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, implemente el Sistema Nacional contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales y sus correlativos; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los crecientes niveles de pobreza en el medio rural de nuestro país se manifiestan conjuntamente en la perdida de empleos e ingresos, la carencia de satisfactores sociales y la degradación de los recursos naturales.

Existen en el país 54 millones de pobres, de los cuales 40 millones presentan problemas de desnutrición.

El 80% de los productores agropecuarios establecen cultivos de autoconsumo, de los cuales el 70% se clasifican como pobres; el 65% de la población rural ocupada recibe menos de dos salarios mínimos. Más de 8 millones de mexicanos viven con menos de un dólar diario.

Las remesas de emigrantes, estimadas en 14 mil millones de dólares se utilizan en un 85% para satisfacer necesidades de alimentación y consumo, sin promover la inversión.

Las importaciones de alimentos, especialmente de granos se han incrementado substancialmente en los últimos 10 años.En la geografía nacional se han generalizado las regiones de pobreza extrema como la región Mixteca de Puebla, Oaxaca, Guerrero y Morelos, altamente expulsora de mano de obra debido a la falta de agua, erosión y baja productividad agropecuaria. No obstante, los importantes niveles de precipitación, la falta de un programa de retención del agua, limita su disponibilidad para las actividades agropecuarias.

México pierde anualmente 540 millones de toneladas de suelo fértil y en los últimos 50 años la disponibilidad de agua se ha reducido de 11 mil a solo 4800 m3/persona / año.

Entre 1990 y 2002 en nuestro país se han presentado 131 conflictos sociales, asociados a la falta de agua.

La infraestructura nacional para almacenar agua, solo tiene capacidad para 150 kilómetros cúbicos y escurren al mar cada año 297 kilómetros cúbicos sin beneficio para las comunidades.

No existe una cultura del agua y del suelo para promover una mayor productividad en el campo.

El factor más limitante es la carencia de agua para satisfacer los mínimos de satisfactores sociales, el agua potable y las fuentes de alimentación familiar y el establecimiento de proyectos productivos, para la generación de empleos e ingresos.

Esta carencia en el medio rural deberá atenderse mediante obras de conservación de la vegetación, el suelo y el agua en el ámbito local, mediante proyectos en micro cuencas, que necesariamente tiene que desarrollarse con la participación de la comunidad y el impulso de las autoridades locales.

Por lo anterior se requiere realizar acciones de manejo de cuencas, construyendo obras de retención de suelo y agua para reducir la erosión, aumentar la disponibilidad de agua y mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en la región de mayor grado de desertificación y degradación de sus recursos naturales.

Apoyar la producción autosuficiente de alimentos básicos para familias pobres que viven en municipios clasificados de alta marginación, mediante el uso eficiente del agua, a través de la producción maíz QPM, frijol y hortalizas con el sistema de riego por goteo y micro invernaderos de malla sombra para el desarrollo de proyectos productivos que generen empleos e ingresos para las familias rurales.La magnitud y complejidad de estas condiciones reclama que el Estado mexicano cumpla con su obligación política y el Poder Ejecutivo con su amplia responsabilidad legal en la materia establecida fundamentalmente en la fracción vigésima del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en un amplio ordenamiento normativo que comprende las leyes: Agraria, de Desarrollo Rural Sustentable, de Aguas, Forestal, General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y General de Vida Silvestre.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera el manejo sustentable de los recursos naturales en su concepción amplia o restringida, en 42 artículos y de manera general en los capítulos: cuarto, De la Reconversión Productiva Sustentable; doce, De la Administración de Riesgos; dieciséis, De la Sustentabilidad de la Producción Rural y en el capítulo quince, Del Bienestar Social y la Atención Prioritaria a Zonas de Marginación.

En esta ley, el Ejecutivo federal en el artículo 22, fracción III, se compromete a integrar el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.

El Acuerdo Nacional para el Campo firmado en 2003, constituye la relación de compromisos entre el Estado y la población rural más reciente, por tanto es la fuente de actualización del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural.

En este Acuerdo se contemplan diversas consideraciones entre otras "Que existe un gran deterioro de los recursos naturales tanto renovables como no renovables, por factores de sobreexplotación, falta de tecnología adecuada" y establece los siguientes principios rectores para su desarrollo: Un enfoque de desarrollo rural integral para considerar todas las actividades económicas y sus dimensiones social, cultural y medio ambiental; promover la participación social y compromiso de todos los actores del medio rural y la corresponsabilidad de los tres ordenes de gobierno y de las organizaciones de productores, económicas y sociales.

En 21 de sus numerales se consignan los diversos compromisos entre el Ejecutivo federal y las organizaciones campesinas y de productores, se hace referencia a las acciones que se deben emprender para un uso sustentable del uso del suelo y el agua, específicamente el 189, que acuerda la "Aplicación estricta de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable aprobada por el H. Congreso de la Unión, la cual enmarca una serie de mandatos para dar seguridad jurídica a los habitantes del sector rural y define los criterios de sustentabilidad y defensa del medio ambiente, entre los que se prevé el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales y fortalecimiento de los programas de recuperación y conservación de los programas de suelo y agua a través del mismo".

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2005 se consideran por lo menos 15 programas relacionados con la reconversión productiva, rehabilitación de cuencas y conservación del suelo y el agua con un importe total de 7,588 millones de pesos y directamente para los programas de cuencas, 1,956.4 millones de pesos, entre otros, no el de mayor magnitud el de Rehabilitación de microcuencas de FIRCO por 46.4 millones de pesos.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido de Sagarpa ha logrado el desarrollo de este exitoso programa de desarrollo de microcuencas que se basa en un diagnóstico, planeación, toma de decisiones y compromisos en el ámbito de una micro cuenca con la participación de los gobiernos del estado y en especial de los ayuntamientos, que ha permitido generar acciones conjuntas en materia de desarrollo económico, conservación de recursos naturales, desarrollo social y humano, los resultados hasta el ultimo trimestre de 2004, con 60.2 millones de pesos se han atendido a 415 municipios con 3,405 localidades y 6.3 millones de hectáreas, lo que permitió en el 2004 que se concertaran inversiones por más de 471 millones de pesos para estas acciones integrales.

El modelo de este programa ha mostrado efectos significativos en la disminución de la pobreza y desnutrición, mediante la planeación participativa, la coordinación de recursos públicos, basándose en el municipio como la unidad básica de dirección y evaluación y las micro cuencas como el espacio físico de planeación y programación de las acciones. Actualmente, además de FIRCO-Sagarpa, también Semarnat y Sedesol apoyan programas de microcuencas.

Considerando los múltiples programas los cuales por su magnitud, población objetivo, reglas de operación y dependencias públicas ejecutoras se hace necesario para alcanzar la máxima eficiencia operativa y eficacia programática y cumplir la obligación legal en lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se requiere diseñar y operar el Sistema contra la Desertificación y la Degradación de los Recurso naturales previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, utilizando en lo posible el modelo de desarrollo de microcuencas de FIRCO, aprovechando sus experiencias exitosas y la disposición de instrumentos metodológicos como son: La delimitación nacional de microcuencas y la Guía Técnica para la elaboración de planes rectores de producción y conservación e indicadores de servicios ambientales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias relacionadas, cumplan con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en la fracción IV del artículo 22 para la integración del Sistema Nacional contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, para que se coordinen y concreten las acciones que los diversos ordenamientos legales consideran en la materia y se ejerzan los programas considerados en el decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2005. Se revise la pertinencia de aprovechar el modelo del Programa de Microcuencas de FIRCO y se coordinen por una sola instancia todos los recursos y esfuerzos relacionados con el sistema.

Dip. Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A CELEBRAR CONVENIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y CONTROL POLICIAL CON LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA, A CARGO DE LA DIPUTADA SHEYLA FABIOLA ARAGÓN CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Proposición con punto de acuerdo, que suscribe la diputada federal del estado de México por la quinta circunscripción Sheyla Fabiola Aragón Cortés, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se exhorte a los municipios conurbanos de Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan de Juárez, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad, todos en el estado de México, y a la Secretaría de Seguridad Pública para celebrar convenios respectivos para la implementación del Sistema de Planeación y Control Policial a cargo de la Policía Federal Preventiva, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

1. La inseguridad en el oriente de la zona metropolitana del Valle de México ha tenido un crecimiento considerable en la última década, con ello, una serie de dificultades que involucran a mas de una autoridad para su persecución, a más de una localidad y en algunos casos a más de una institución pública o privada.

La participación estrecha entre todos los involucrados es necesaria para lograr una eficaz persecución contra la delincuencia. Cada vez los criminales utilizan métodos más complejos para lograr sus objetivos, y así, burlar o evadir la acción de la justicia.

2. Los perfiles que elaboró la Agencia Federal de Investigación (AFI) sobre 6 líderes de organizaciones dedicadas al secuestro capturados este sexenio revelan características sociales similares, carreras delictivas que pasaron por el robo o el homicidio y algunos patrones en el modo de operación de los plagiarios.

Entre otras está la ubicación de las casas de seguridad donde los delincuentes encerraban a sus plagiados, municipios como Chimalhuacán, Texcoco, Los Reyes La Paz, Valle de Chalco y Chalco, todas del Estado de México; son municipios, que por su situación socioeconómica y demográfica se prestan para la comisión de esta clase de delitos.

La localización de las casas de seguridad de los plagiaros es una de las tareas más difíciles para los cuerpos policíacos en virtud de su nula notoriedad ante la comunidad. Para hallarlas, es necesaria una investigación profunda que implica largos períodos de tiempo para ubicar a los plagiarios y en su caso dar seguimiento a sus actividades para finalmente encontrar el inmueble en cuestión. Otra circunstancia es el temor o la incertidumbre que respecto a su seguridad tiene la población vecina al conocer no solamente estas casas sino hasta los mismos plagiarios.

Los sectores productivos y empresariales de la zona están preocupados por el alto índice de inseguridad que afecta sus actividades comerciales. Los empresarios se ven amenazados cada vez más por la inseguridad.

3. En el estado de México durante 2004 se han obtenido los siguientes resultados en el combate a la delincuencia:

Delito Total enero-diciembre

Robo             56,376
Lesiones     35,550
Homicidio     4,330
Violación       1,872
Otros            69,935
Total           168,064

Detenidos en flagrancia                             41,653
Órdenes de aprehensión ejecutadas     21,034
Detenidos por orden de aprehensión     10,348
Bandas desmembradas                                  808
Integrantes de bandas detenidos              3,314
Armas aseguradas                                       1,877
Vehículos recuperados                             18,982
Operativos realizados                                  3,090

Fuente: PGJEM.

4. La participación activa en esta tarea, no solamente de la Procuraduría del Estado de México, también compete a las autoridades municipales hacer el mayor esfuerzo posible para cumplir con lo dispuesto por el artículo 21 constitucional que señala en sus quinto y sexto párrafos lo siguiente:

Los municipios conurbados del estado de México poseen un índice delictivo elevado si tomamos en cuenta los delitos no denunciados. En ellos se carece de una cultura de la denuncia y que es necesaria para combatir cualquier tipo de delito. Del mismo modo se necesitan recursos de todo tipo para fortalecer la seguridad pública municipal y cumplir eficazmente con los planes de seguridad pública.

Un factor muy importante es la comunión que debe existir entre ciudadano y policía, ello es fundamental para el combatir la inseguridad en un primer plano y para recuperar la confianza que a lo largo de estos años se ha perdido para la policía como servidor público para ganarse la de autoridad corrupta, en ocasiones, debido a la deficiencia en todos aspectos con la que trabajan los cuerpos policiacos.

6. La colaboración entre autoridades municipales estatales y federales es un valioso instrumento de cooperación entre autoridades federales estatales y municipales en la lucha contra la delincuencia, garantía de orden y paz, pero sobretodo de eficacia en la lucha contra el crimen.

El éxito de la Policía Federal Preventiva en sus tareas para disminuir el delito apoyando a las delegaciones y municipios, demuestran que el modelo de prevención establecido por la presente administración, ha dado los resultados más notables en esta materia en la historia del país en un plazo de tres años y medio.

Así, a través del Sistema de Planeación y Control Policial se ha apoyado a los gobiernos locales en esta tarea, demostrando su efectividad en las localidades donde se ha aplicado, rompiendo el viejo modelo del policía lejano y apático de los problemas de su comunidad, para convertirlo en un policía de proximidad, que conoce y participa activamente en la solución de los problemas de su comunidad.

7. Por ello, la participación de la Policía Federal Preventiva en los municipios conurbanos de la zona oriente de la ciudad resulta fundamental para combatir el crimen, lograr una mayor confianza en la ciudadanía y hacer eficiente un sistema de seguridad que gracias a la coordinación entre autoridades locales y federales puede dar muy buenos resultados como los que se muestran en los municipios donde PFP participa.

Como ejemplo está la Disminución de la Incidencia Delictiva, en la Modalidad de Robo en General, 2003.

8. El Gobierno del Distrito Federal puso en operación un programa de recompensas para ciudadanos que proporcionen información para ubicar y detener a secuestradores, homicidas y otros delincuentes de alto impacto. Los habitantes de la zona metropolitana que den información sobre casas de seguridad, podrán obtener entre 500 y 5 mil pesos.

9. Es necesario que se establezcan incentivos para la población, si bien el sistema de recompensas no es siempre el más adecuado, si es necesario contemplar un método alternativo que sea atractivo para la sociedad y que le inspire la suficiente confianza para participar en la persecución de los delitos. Este método alternativo será diseñado por las autoridades municipales en conjunto con la Policía Federal Preventiva, de modo que se actúe bajo el mismo esquema de seguridad.

Esto no es suficiente si no va acompañado de un proyecto de seguridad definido, con los suficientes recursos financieros y humanos para perseguir esta clase de delitos y la confidencia necesaria de la denuncia para que el testigo no se convierta más tarde en víctima no sólo de otro delito, sino de las deficiencias del sistema de procuración de justicia.

10. Para poder avanzar con éxito en la implantación del Sistema de Planeación y Control Policial es parte medular la estandarización de las corporaciones policiales. La uniformidad de los criterios de desempeño de las corporaciones policiales permitirá evolucionar, garantizando la profesionalización, la honestidad y la vocación de servicio, ya que la gran diversidad de características; entre las diferentes policías preventivas desde su reclutamiento, selección, capacitación, preparación, equipamiento y organización, entre otros factores, son la consecuencia de la disparidad en la calidad y eficiencia del servicio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan de Juárez, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad y a la Secretaría de Seguridad Pública a celebrar los convenios necesarios para la implementación del Sistema de Planeación y Control Policial a cargo de la Policía Federal Preventiva.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días de enero de 2005.

Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO AL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO, A CARGO DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, César Raúl Ojeda Zubieta, senador del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

México es desde hace varios años una parte importante del mercado de estupefacientes. Sea como productor o como plataforma de ingreso a Estados Unidos, es un centro estratégico para la operación ilícita de drogas.

La trascendencia de México en el bajo mundo de la droga va más allá del mero aspecto delictivo: es toda una cultura que sostiene, incluso, hasta su propia guerra.

El narcotráfico es una de las actividades más complejas a la que se pueda enfrentar cualquier Estado, pues además de ser un ilícito en sí, involucra una serie de delitos que van desde corrupción hasta asesinato, pasando por lavado de dinero, tortura, pornografía infantil, tráfico de influencias y casi cualquiera de los tipificados en nuestra legislación penal. Las consecuencias sociales de las operaciones de un cártel son desastrosas: familias destruidas, inseguridad en las calles y altos índices de violencia, incluso en primarias y secundarias.

De hecho, destacados especialistas en criminología, tanto nacionales como extranjeros, coinciden en que por lo menos el cincuenta por ciento de los ilícitos cometidos involucran estupefacientes, ya sea que el delincuente actué bajo la influencia de éstos, para conseguirlos o para comerciar con los mismos.

En este caso, México no es la excepción: ante el fortalecimiento y reorganización de los distintos cárteles que operan en nuestro país, los niveles delictivos se han incrementado, e incluso hoy se ha llegado a una situación inédita y por demás alarmante: el crimen organizado ha rebasado sus trincheras para retar a nuestro gobierno y a todos los mexicanos.

Recordemos que en su carta de renuncia como asesor del procurador General de la República, Eduardo Valle Espinosa se preguntaba en mayo de 1994: "¿Cuándo tendremos la valentía y la madurez política de decirle al pueblo mexicano que padecemos de una especie de narcoestado? ¿Tendremos la capacidad intelectual y la fortaleza ética para afirmar que los Amado Carrillo, Arellano Félix y Juan García Ábrego son, en forma inconcebible y degradante, impulsores y hasta pilares de nuestro crecimiento económico y desarrollo social?"

Ya han pasado más de diez años. Los capos señalados han desaparecido, están prófugos, en la cárcel o incluso muertos. Pero el tráfico y el consumo de drogas, más que disminuir, se han incrementado ante la atenta y fría mirada de los nuevos señores de la droga.

La existencia de organizaciones criminales que durante años han controlado el comercio de estupefacientes va más allá de la capacidad del Estado mexicano para enfrentarlo. Estas redes criminales han tomado al país como virtual campo de batalla. Enfrentamientos, ejecuciones y asesinatos son ya parte cotidiana de la vida en México.

Asimismo, la endémica parálisis de los sistemas de seguridad pública, ampliamente rebasados, hacen del fuero común que las autoridades simplemente declaren: "ese fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes". En los últimos meses, las víctimas de esta guerra llegan a varios miles de personas, sus frentes se han multiplicado y la escalada de violencia se ha ido extendiendo a otras regiones del país.

Por otro lado, las ejecuciones de nueve personas, entre ellas tres policías de la Agencia Federal de Investigaciones en Cancún, es parte de un sangriento final de año que ha ido sumando bajas en prácticamente todo el territorio nacional.

En Ciudad Juárez, sólo desde diciembre, los poderosos cárteles de la frontera cuentan por lo menos con 19 homicidios en su haber, la mayoría de ellos fueron perpetrados a plena luz del día. Y no sólo las calles de las ciudades mexicanas son espacio de la disputa de los actuales señores de la droga por el control de su comercio. La Palma reclusorio de alta seguridad, sito en el estado de México, fue escenario durante el año pasado de al menos tres asesinatos, una cantidad inusual.

Arturo Guzmán Loera, hermano del conocido capo "El Chapo" Guzmán, recibió ocho disparos a corta distancia cuando conversaba con su abogado en los locutorios de la prisión. A lo anterior hay que sumar los tres homicidios que se registraron en menos de un año en el penal supuestamente más seguro del país.

La dimensión de estas estructuras ha llegado al grado de retar abiertamente a las autoridades, que no cuentan con los recursos, ni a veces la voluntad, para enfrentar el creciente fenómeno. Para el ex gobernador del estado de Sinaloa, uno de los territorios con mayor actividad del narcotráfico en todos sus procesos, el récord lo dice todo. Juan Millán Lizárraga reconoce abiertamente que en su mandato la seguridad no fue motivo de orgullo. En seis años de gobierno se registraron 3.500 asesinatos. Más de 2.800 estuvieron vinculados al narco.

Sin duda, el narcotráfico ha carcomido prácticamente toda la estructura de los organismos de seguridad, incluso del poder político. La exhibición de poder del crimen organizado es patente.

Pese a las declaraciones del Gobierno Federal los resultados no han sido significativos y aun son insuficientes.

Cabe destacar que en lo que va de la administración y derivado de esta actividad han sido asegurados 273 millones de pesos; 6 mil toneladas de marihuana; 27 de cocaína; y han sido destruidas 100,000 hectáreas de Marihuana y 57,000 de Amapola. La inversión para el Gobierno Federal en este rubro ha sido de ocho mil 835 millones de pesos.

No obstante, estas acciones no tienen el alcance necesario, el alto grado de corrupción que prevalece en los distintos niveles involucrados con ésta actividad, y la capacidad de la delincuencia organizada para infiltrarse en las estructuras de la autoridad, hacen obligatorio formar un frente común para el combate al narcotráfico. Sabemos que la crisis de seguridad del país no tiene solución inmediata, pero con el esfuerzo conjunto de todos los niveles de gobierno, los resultados no se harán esperar.

Por todo lo anterior someto a la consideración de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

Sen. César Raúl Ojeda Zubieta
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SEDESOL, A LA SAGARPA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y A ORGANIZACIONES RELACIONADAS A PROMOVER LA AUTOPRODUCCIÓN ALIMENTARIA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En mi calidad de diputado de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, perteneciente a la fracción campesina del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Desarrollo social, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y organizaciones relacionadas a promover la autoproducción alimentaria para que las familias en estado de pobreza accedan al derecho a la alimentación, para que sea posible iniciar procesos de desarrollo económico; al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pobreza extrema es uno de los principales retos a los que México se enfrenta, el futuro se empaña ante las evidencias: uno de cada tres niños padece problemas de desnutrición y 53.7 tiene deficiencias en talla debido a la mala alimentación. Las mujeres que viven en ambientes rurales, especialmente en el sureste mexicano, igualmente padecen desnutrición y anemia. Según cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), existen 830 millones de personas alrededor del mundo víctimas de la desnutrición crónica, lo que no sólo les evita una vida saludable y activa, sino también la hunde cada vez más en el subdesarrollo y la pobreza. México tiene 20 millones de seres humanos atrapados en el círculo vicioso de la desnutrición, debido a la pobreza extrema. De manera tal que garantizar el derecho a la alimentación es prioridad para el Estado Mexicano.

Nuestra Carta Magna establece en su artículo 2 fracción III, la responsabilidad de "Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil" y en el artículo 4 establece que "Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral", haciendo referencia al derecho a la alimentación. Sin embargo, el hambre y la desnutrición siguen siendo uno de los grandes problemas de salud pública, el cual se aprecia sin perspectivas de solución.

Se hace urgente el establecimiento de políticas y programas para aumentar la producción agraria, con miras a reducir la pobreza.

Aun cuando el Programa Oportunidades articula incentivos para la educación, la salud y la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza, los actuales esquemas de educación nutricional no significan un instrumento eficaz contra el hambre. Esto es así porque no basta sólo con la educación. Es preciso asegurar que la mayoría tenga trabajo estable y bien remunerado, que alcance para satisfacer sus necesidades básicas, en especial que se cubra cabalmente la alimentación de todos los días, además de cumplir con salud, educación, vestido, vivienda y recreación.

México destina a programas oficiales de combate a la pobreza recursos que sólo alcanzan el 4 por ciento del producto interno bruto (PIB), países desarrollados dedican el 15 por ciento de éste a su política social. Por otro lado, el Programa Oportunidades, principal bastión del Estado Mexicano para el combate a la pobreza no han logrado abatir la desnutrición.

Es importante destacar que en las últimas tres décadas, la producción alimentaria en el mundo superó el crecimiento poblacional y la disponibilidad de energía alimentaria por habitante aumentó en cerca de 400 calorías hasta alcanzar las dos mil 700. Las asimetrías en el mundo son profundas, pues mientras los países industrializados disponen de más de tres mil 500 calorías diarias por persona, en África apenas se aproximan al nivel de las dos mil 300.

Según prospectivas hacia el año 2010, no se conseguirá disminuir la existencia de núcleos de población desnutrida, debido a la inoperancia para revertir la magnitud de la pobreza y la indigencia, de mayor peso en la población rural que la urbana.

La seguridad alimentaria es una responsabilidad ineludible del Estado mexicano. La alimentación es uno de los derechos básicos del ser humano y por eso debe ser garantizado por el Estado.

Sin embargo, las estructuras productivas imperantes han ocasionado que la producción agrícola disminuya su peso específico en la economía nacional, lo que ha hecho descender el nivel de vida de las familias campesinas. Para el año 2010 México tendrá una población de entre 115 y 120 millones de habitantes, cuya demanda alimentaria será de 43 millones de toneladas de alimentos y la capacidad productiva actual es de 31 millones de toneladas. Si el 43 por ciento de los niños menores de 5 años sufre desnutrición, la viabilidad de nuestra nación se ve seriamente ensombrecida, lo que no impone la necesidad de establecer estrategias efectivas para que políticas sociales se traduzcan en la mejoría de la población más pobre.

Para solucionar el problema del hambre se requiere hacer válido el derecho a la tierra y producción de los campesinos. La pobreza es eminentemente rural y se agudiza en la población indígena afectando principalmente a niños y mujeres. La reversión de la pobreza inicia mejorando la alimentación de las familias. Las acciones de mejora económica familiar han sido insuficientes para lograr el desarrollo. Se requieren acciones para asegurar la producción de los alimentos que las familias necesitan. Según la FAO, lo más recomendable para una cabal nutrición es una ingesta diaria de 50 a 60 gramos de proteínas y de 2,200 a 2,500 calorías por persona. Para vivir bien, las familias del campo necesitan, en primera instancia y de manera prioritaria: agua, maíz, frijol, chile, productos de hortalizas, carne y huevo. Según el Instituto Nacional de la Nutrición, sufren de desnutrición alrededor de la mitad de los mexicanos y más de 5 millones padecen deterioro físico en su nivel mas grave debido a los bajos niveles nutricionales. El 70% de las familias que viven en el campo percibe menos de dos salarios mínimos. Es evidente que la pobreza limita el desarrollo físico y mental de los campesinos, esto se agrava a niveles que alcanzan la tipificación de desastre en la medida en que pasa el tiempo pues se afecta negativamente el uso de los recursos naturales. Todas estas problemáticas no se escapan de la vista del Estado, pues es su responsabilidad buscar la mejoría de la población. Para garantizar la acción estatal con relación a garantizar el derecho a la alimentación, salud y educación se creó el Programa Oportunidades, el cual es un importante esfuerzo para abatir los altos niveles de pobreza que aquejan a nuestro país.

Sin embargo, en lo que se refiere al derecho a la alimentación, el flujo de recursos económicos destinados para el consumo, poco o nada ha resuelto en lo que se refiere a la disminución de la desnutrición. Sin duda, ése es el gran lastre que debe ser aligerado con la mayor inmediatez posible. Sin la alimentación debida, de nada sirven las becas y las clínicas populares, pues un cuerpo mal nutrido redunda en un ser humano que no es factible de ser educado y que caerá enfermo continuamente, a pesar de médicos y medicinas.

Por tal motivo se propone aquí la necesidad imperante de apoyar la producción autosuficiente de alimentos básicos para las familias pobres. La autoproducción de alimentos, práctica milenaria, es una salida importante para iniciar el camino hacia el desarrollo. Esto es así porque se estaría asegurando la alimentación de una familia, haciendo posible que los recursos restantes sean utilizados de forma total, encontrando así una integralidad en lo que se refiere al combate a la pobreza extrema.El patio de la casa ha sido un espacio desaprovechado para producir alimentos, pero tiene un gran potencial, siempre y cuando los esfuerzos de las diferentes instancias responsables sean enfocados con la efectividad y eficacia necesarias. Desde la recolección de agua de lluvia, necesaria para la producción de maíz, frijol y hortalizas, donde se propone sistemas de cisternas diseñados para ese propósito. Pasando por la siembra de maíz y frijol con riego por goteo, siendo la producción de maíz en esta superficie suficiente para cubrir las necesidades de una familia durante un año y con la posibilidad de excedentes en un segundo ciclo. En zonas templadas-frías en invierno se podría sembrar haba. Hasta establecimiento de 30 m2 para producir hortalizas, utilizando riego por goteo en invernadero. Por esto me permito poner a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.-. Exhortar a la Secretaría de Desarrollo social, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y organizaciones relacionadas a promover la autoproducción alimentaria para que las familias en estado de pobreza accedan al derecho a la alimentación, para que sea posible iniciar procesos de desarrollo económico y se fortalezca la seguridad alimentaria nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de enero de 2005.

Dip. Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE ELABORE UN PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL EN LOS BASUREROS NEZA I, II Y III, EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS NARANJO Y QUINTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Compañeras y compañeros legisladores:

El que suscribe, José Luis Naranjo y Quintana, diputado federal en LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En el año de 1963 sugirieron los tiraderos Neza II y Neza III, para depositar los residuos producidos por el municipio de Nezahualcóyotl. Desde ese año y en virtud de la ausencia de una política ambiental, los depósitos se han dado de manera inadecuada.

En el año de 1975 dio inicio el área de disposición final Neza I, tiradero controlado donde al igual que los anteriores son depositado los residuos a cielo abierto, con las consecuencias negativas que trae para el medio ambiente.

Uno de los graves problemas que afectan actualmente a los municipios del país, lo es el de la basura, y para el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, constituye una prioridad encontrar alternativas para su solución, trabajando de manera coordinada con las autoridades federales y estatales.

En el municipio más poblado del estado de México se generan alrededor de dos mil toneladas diarias de basura. En el tiradero Neza I se recolectan mil quinientas toneladas diarias de basura y en Neza II y III, cerca de 500 toneladas, de donde cerca de 30 toneladas de basura orgánica se transforman en aproximadamente 9 toneladas de composta, mismas que se utilizan como abono para las áreas verdes del municipio.

En virtud de las condiciones en las que se encuentran los basureros y a pesar del esfuerzo de las autoridades municipales, se han presentado brotes de "hepatitis A", entre la población que vive alrededor de los tiraderos a cielo abierto de Neza II y III, ya que los mismos no cuentan con las medidas adecuadas para el manejo de millones de toneladas de basura, que representan hoy en día un pasivo ambiental importante.

Diversos estudios indican que los tres tiraderos presentan ya un corto tiempo de vida útil, que la contaminación en la zona, por las partículas que se respiran ene el ambiente por animales muertos, depositados en los basureros, los escurrimientos provocados por las lluvias, los vientos en la zona, y particularmente que en el municipio se cuente con en alto contenido lacustre que impide que no se dé la descomposición de manera acelerada.

Hoy más que nunca es necesario que los gobiernos federal, estatal y municipal unan esfuerzos en torno a la protección al medio ambiente, más allá de sus diferencias político-partidistas. La protección al medio ambiente reclama la atención de los gobiernos, de los partidos y de la sociedad civil, de los sectores involucrados e interesados en contribuir a un medio ambiente más sano para los más de dos millones y medio de personas expuestas a esta contaminación.

Los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl reclaman de los gobiernos federal y estatal atención a esta problemática. Las autoridades del municipio más grande del país, por la población y migración que se da en ella, han centrado sus esfuerzos en el combate a este flagelo de las ciudades metropolitanas, urbanas y rurales.

Por lo que es necesario la creación de un plan integral de manejo de los residuos sólidos del municipio, en el que en forma total se traten estos y los residuos reciclables se utilicen a través de una planta separadora, los residuos orgánicos en un planta de composta y los residuos que no se aprovechen sean confiados en un relleno sanitario.

Es por ello que como representante popular, exhorto al gobierno federal y al gobierno del estado de México a sentar las bases de colaboración y coordinación de autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, para que juntos den respuesta a las demandas planteadas por la ciudadanía y detener los impactos que al medio ambiente y a la población que trae aparejado el manejo de los basureros.

Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y de Ecología del estado de México, para que en coordinación con la autoridad municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, y con fundamento en lo que señala la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los residuos se elaboren un Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos del municipio, contemplando en la creación en este proyecto una planta separadora de residuos, una planta de composta y un relleno sanitario, en virtud de que los tiraderos de Basura Neza I, II y III, están por cumplir con su tiempo de vida útil.

Segundo: Se deberán destinar 300 millones de pesos, para la creación del Plan Integral de Manejo de los Residuos Sólidos del Municipio de Nezahualcóyotl por lo que la infraestructura necesaria para la implementación deberán ser elaborados y construidos con recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno, promoviendo la participación de los inversionistas y representantes de los sectores interesados.

Tercero: Las autoridades e instancias que concurran en la planeación y desarrollo del proyecto se realizarán con estricto apego y respeto a los mecanismos de colaboración y coordinación que establecen las leyes en la materia.

Dip. José Luis Naranjo y Quintana
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE COMPAREZCA EL TITULAR DE LA SEMARNAT Y EXPLIQUE LOS ALCANCES Y LAS LIMITACIONES DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SOBRE LA DISPONIBILIDAD, DISTRIBUCIÓN Y USOS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DE PROPIEDAD NACIONAL DEL ÁREA GEOGRÁFICA LERMA-CHAPALA, A CARGO DEL SENADOR RAYMUNDO GÓMEZ FLORES Y DEL DIPUTADO ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, senador Omar Raymundo Gómez Flores, Presidente de la Subcomisión para el Rescate de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico en la Cámara de Senadores, y diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, Presidente de la Comisión Especial para Analizar la Situación de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, en la Cámara de Diputados, ambos por el estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 71, 78 y 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponen a esta H. Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita la comparecencia del ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que explique los alcances y limitaciones del: "Convenio de coordinación y concertación que celebran el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, y los Representantes de los Usuarios de los usos público urbano, pecuario, agrícola, industrial, acuícola y servicios para llevar a cabo el programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala".

Exposición de Motivos

La cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, sin lugar a dudas es una de las más importantes del país, tomando en cuenta la vida económica asociada a la misma de los 7 estados de la República entre ellos el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Aguascalientes.

Tan es así que el Senado de la República formó la Subcomisión especial para la cuenca en mención. Desde su formación, hemos estado atentos a las políticas, programas, leyes y financiamientos para la restauración y sustentabilidad de la cuenca.

Prueba de lo anterior, es la propuesta de la Ley Reglamentaria de la cuenca para su restauración y sustentabilidad que fue aprobada por esta soberanía en Diciembre del 2003, la aprobación de la reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales y el seguimiento a las reuniones de los Consejos de Cuenca que han tenido lugar en diferentes estados de la República, en las que se han omitido en informar a los integrantes del Consejo de Cuenca de todos los avances legislativos y financieros en la materia. Es decir, no se han incorporado los avances legislativos en el análisis de la problemática de la cuenca, ni se informó de los recursos extraordinarios generados por los excedentes del petróleo que este Senado impulsó para tecnificar y modernizar la producción agrícola en el alto Lerma.

No obstante lo anterior, dimos el beneficio de la duda al "acuerdo para el acuerdo firmado el 22 de Marzo del 2004", acuerdo cuyo mérito estriba en establecer la agenda futura de discusión en torno a las principales preocupaciones de la cuenca Lerma-Chapala, que forma parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico.

El anterior acuerdo, plantea la necesidad de un nuevo acuerdo de coordinación que sustituya el acuerdo de 1991 entre los estados que conforman la cuenca Lerma-Chapala, es decir se insistió en mutilar artificialmente la cuenca.

Así las cosas, y, sin una discusión de cara a la sociedad, la Semarnat y la CNA empezaron a manejar de una manera totalmente cupular, al margen de los grupos sociales interesados en la gestión de la cuenca, diferentes fórmulas cuya pretensión es distribuir mejor el agua de la cuenca, proceso, que no ha sido discutido con los principales actores sociales usufructuarios de la cuenca ni con los poderes legislativos de los estados parte y obviamente al margen de las Comisiones que al respecto se han conformado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Desde el mes de mayo del 2004 hasta el mes de diciembre del mismo año, se estuvieron manejando los consensos para la firma del nuevo acuerdo de distribución de Aguas para la cuenca Lerma-Chapala.

Hoy se a través de los diarios, nos enteramos que ya todos los gobernadores han firmado el nuevo acuerdo de distribución de las aguas superficiales de la cuenca Lerma-Chapala, supuestamente en diciembre 14 del 2004, y resulta que en la ciudad de Guadalajara se realizó una reunión del Consejo de Cuenca de la que ni siquiera supimos donde se llevó a cabo y en la cual al parecer ya se incorporaron las firmas de todos los integrantes del Consejo de Cuenca.

El documento al que tuvimos acceso fechado en 14 de Diciembre de 2004, denominado: "Convenio de coordinación y concertación que celebran el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, y los Representantes de los Usuarios de los usos público urbano, pecuario, agrícola, industrial, acuícola y servicios para llevar a cabo el programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala", consta de los siguientes apartados:

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Primero.- Esta Soberanía hace un llamado al Ejecutivo Federal para que comparezca a través de su Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante la misma a explicar los alcances y limitaciones del "Convenio de coordinación y concertación que celebran el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, y los Representantes de los Usuarios de los usos público urbano, pecuario, agrícola, industrial, acuícola y servicios para llevar a cabo el programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala",

Segundo.- Toda vez que la problemática de deterioro, escasez y contaminación de la cuenca Lerma-Chapala afecta a todos los habitantes de los estados que viven y/o transitan en los estados de la cuenca, implemente el Primer Organismo de Cuenca con su respectivo Programa Hídrico de Cuenca a partir del Programa rector para la sustentabilidad de la cuenca Lerma-Chapala que ya existe en el marco de las reformas a la LAN.

Tercero.- Que dada la complejidad del uso del agua y la cuenca, estamos de acuerdo en incorporar las preocupaciones ambientales en los instrumentos que a futuro se firmen, pero me parece fundamental el ser consecuente y proponer mecanismos serios y jurídicamente vinculantes para la recuperación de los ríos Lerma y Santiago y el Lago de Chapala, desde una perspectiva de cuenca. Así pues, proponemos que el modelo a seguir debe de retomar la cuenca completa es decir, la Lerma-Chapala, Santiago-Pacífico y reconocer explícitamente el papel de regulador natural del lago de Chapala de la cuenca y; en consecuencia el uso ambiental o de conservación ecológica tanto para los ríos como para el lago de Chapala.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 26 días del mes de enero de 2005.

Sen. Omar Raymundo Gómez Flores (rúbrica)

Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA A CUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO 2457/92, QUE LA OBLIGA A ELABORAR UN NUEVO PLANO PROYECTO QUE REFLEJE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE CREA EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN EJIDAL OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAFAEL GALINDO JAIME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En mi calidad de diputado de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; el presente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria como autoridad responsable del cumplimiento a la sentencia ejecutoriada del juicio de amparo 2457/92, sobre la que recae un incidente de inejecución, que la obliga a elaborar un nuevo plano proyecto, que sea fiel reflejo de la resolución presidencial que crea el Nuevo Centro de Población Ejidal "El Ojo de Agua", municipio de Tijuana Baja California, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Justicia que no es oportuna, no es justicia. Cuando el juicio de amparo, no cumple su propósito superior de proteger el derecho de los particulares frente a los actos ilícitos del gobernante; se comete una flagrante violación al Estado de derecho. Cuando las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las sentencias de juicios de amparo, solo son exigibles en casos particulares, entonces la aplicación de la Ley deja de ser justa.

Estas son las condiciones de injusticia que por nuestro conducto reclaman las familias que constituyen el núcleo agrario denominado "El Ojo de Agua", municipio de Tijuana, en Baja California; por la actitud de la Secretaría de la Reforma Agraria, en la que prevalece su interés por vencer judicialmente a un núcleo agrario, que por el contrario, está obligada institucional y legalmente a servir.

Esta acción agraria se inicia con su solicitud el 30 de octubre de 1976 y culmina el 25 de abril de 1980 con la resolución presidencial que crea el Nuevo Centro de Población Ejidal "El Ojo de Agua", dotándolo de 4,494 hectáreas.

Esta resolución presidencial, fuente originaria de la propiedad social y la personalidad legal del núcleo agrario, permanecen firmes; por lo que el núcleo es un sujeto con plenos derechos agrarios, tal como lo establece el artículo 51 de la Ley Federal de la Reforma Agraria y que sus integrantes han legitimado mediante actos de administración y reclamo de su propiedad social, durante los últimos veinticinco años.

El litigio se inicia, porque a pesar de que el Cuerpo Consultivo Agrario el 27 de febrero de 1980 emitió y aprobó un plano proyecto, fiel reflejo de la resolución presidencial, ya que consideraba los predios y sus superficies señalados como afectables en los trabajos técnicos informativos que la conformaron; con posterioridad, en octubre de 1983 el mismo Cuerpo Consultivo Agrario, deja sin efecto el plano anterior y pretende localizar geográficamente al núcleo en terrenos distintos a los señalados en la resolución presidencial, ejecutándose con este plano, a lo cual se opusieron los beneficiarios.

En el periodo 1983 a 1992 el núcleo agrario, realizó múltiples gestiones administrativas ante la Secretaría de la Reforma Agraria para hacer valer sus derechos, las cuáles no tuvieron resultados favorables; estas gestiones las mantuvieron ante administraciones posteriores y las reactivaron con nuevas esperanzas ante el actual secretario licenciado Florencio Salazar Adame, confiando en su compromiso político de terminar efectivamente con el rezago agrario nacional.

En agosto de 1992 el núcleo agrario interpone juicio de amparo por la indebida ejecución de la resolución presidencial; instaurándose el expediente 2457/92; concediéndose la protección de la justicia federal en septiembre de 1993.

La sentencia obligaba a la Secretaría de la Reforma Agraria a dejar sin efecto la ejecución y elaborar un nuevo plano proyecto, que fuera fiel reflejo de la resolución presidencial; respecto a lo cual existen evidencias que la dependencia, con el propósito de cumplir con la sentencia, realizo los trabajos técnicos informativos y formuló un plano similar al de 1980, que no ha sido presentado ante la autoridad judicial.

Esta sentencia también requeriría al Registro Público de la Propiedad, para que se abstuviera de registrar operaciones de traslación de dominio en los terrenos señalados en la resolución presidencial de referencia; su incumplimiento además de derivar responsabilidades para las autoridades locales, constituye una fuente de inseguridad de la tenencia de la tierra en esta zona.

Esta sentencia de primera instancia, fue recurrida por un grupo de presuntos propietarios afectados y paralelamente por la Secretaría de la Reforma Agraria, ambos fueron oídos y vencidos, en las diversas instancias de revisión; hasta que el H. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con fecha 10 de septiembre de 2002 emitió una sentencia ejecutoriada y como lo señala el último párrafo del artículo 85 de la Ley de Amparo: "Las sentencias que pronuncien los tribunales de circuito, al conocer de la revisión, no admitirán recurso alguno".

Con ello se venció a los defensores de la injusticia, que desde sus cómodas posiciones burocráticas, seguramente capitalizando sus intereses, disfrutaron el desgaste social y económico de los sujetos agrarios y de la proliferación de asentamientos humanos ilegales y sujetos que por la fuerza económica, buscan escamotear los derechos patrimoniales del núcleo agrario; pretendiendo evitar que la ley se cumpla, sin importar las consecuencias negativas que estas acciones produzcan en la población.

En virtud del carácter definitivo de la sentencia del 10 de septiembre de 2002, la Secretaría de la Reforma Agraria ha interpuesto recursos de queja; los cuales han sido permanentemente desechados por el Poder Judicial de la Federación. Procediendo acordar un incidente de inejecución.

Ante los reiterados exhortos del Poder Judicial de la Federación para que se procediera al cumplimiento de la sentencia, la Secretaría de la Reforma Agraria con fecha 27 de agosto de 2004, presentó un plano proyecto; que ante la inconformidad del núcleo agrario, el juez séptimo de Distrito con sede en Tijuana, Baja California emitió un acuerdo de fecha 26 de noviembre del 2004 en el que señala: "se estima que las autoridades responsables, no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo", agregando "en esta medida deberá requerírseles nuevamente a las autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se constriñan a la elaboración de un nuevo plano que sea reflejo fiel de la resolución presidencial".

Sin embargo, el día seis de enero del 2005, la delegada de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el estado de Baja California interpuso un nuevo recurso de queja, que seguramente será desechado por inviable; demostrando la actitud de funcionarios menores de la institución, una evidente inconciencia de su responsabilidad y del daño que generan a los gobiernos estatal y municipal; al continuar con la incertidumbre jurídica en la zona, propiciando las conductas delictivas de los promotores de invasiones y ventas de terrenos irregulares.

En síntesis para la Secretaría de la Reforma Agraria, la sentencia ejecutoriada del juicio de amparo, la obliga a elaborar un nuevo plano proyecto fiel reflejo de la resolución presidencial; la Ley Federal de Reforma Agraria responsabiliza al secretario de la Reforma Agraria a su ejecución de conformidad al artículo 10, fracción segunda, y la Ley Agraria la faculta para facilitar al núcleo agrario el pleno aprovechamiento de sus recursos, concertando las acciones agrarias con terceros interesados y coordinando sus acciones con el gobierno del estado y municipio.

A pesar de estas obligaciones judiciales la Secretaría de la Reforma Agraria, autoridad responsable ante el Poder Judicial y responsable política y administrativa de resolver esta demanda agraria en sus términos, hasta el momento no ha mostrado disposición para hacerlo, afectando a las familias integrantes del núcleo ejidal y más grave aun, manteniendo en la indefinición jurídica una zona con alto potencial de desarrollo urbano.

Considerando que los trabajos técnicos informativos, para elaborar el plano proyecto que obliga la sentencia de amparo se realizaron en diversas ocasiones; que el mismo plano proyecto se encuentra elaborado y en su momento fue exhibido a los órganos de representación del núcleo agrario, en junio del 2003.

Considerando que los terrenos sobre los que se ejecutará la acción agraria se encuentran disponibles; porque parcialmente están en posesión del núcleo agrario, porque otra parte son cerriles y en los casos en los que se alegan supuestos derechos de particulares, el núcleo agrario esta dispuesto a concertar en los términos de la Ley Agraria su plena disposición legal.

Considerando que la Secretaría de la Reforma Agraria se encuentra comprometida en la solución de problemas agrarios más complejos en otras latitudes del país; es de esperarse que al decidirse atender sus obligaciones jurídicas y administrativas, dejando de lado un litigio que a nadie favorece, es factible obtener resultados positivos en este caso.

Considerando que es posible concertar con el núcleo agrario y los supuestos posesionarios la solución legal de su situación; que es posible coordinar con el gobierno del estado y municipal el uso eficiente de esos terrenos para el desarrollo urbano de la región; no existe razón política, social o económica valida o legítima, para no proceder en este sentido. Por el contrario, diferir la solución es propiciar conflictos sociales que puedan afectar la vida cotidiana de los tijuanenses.

La solución en el marco del derecho de esta acción agraria, permitiría la planificación y el desarrollo urbano del área de crecimiento de la conurbación Tijuana-Tecate, una de las zonas con mayor índice de necesidades urbanas. En la actualidad el crecimiento natural de la zona, ha generado que en los terrenos en litigio, se localicen importantes obras de infraestructura, desarrollos inmobiliarios populares y de empresas privadas, que se encuentran en situación ilegal y se propicia que ante la dinámica del crecimiento de la ciudad, cotidianamente se incremente las ventas ilegales de lotes abusando de la ignorancia de las familias; convirtiéndose en un grave problema social, político y económico para los gobiernos estatal y municipal, al recibir la presión sobre servicios públicos, sin tener la opción de legalizar los predios.

La falta de planificación urbana, genera caos y este a su vez es propicio para el desarrollo de la delincuencia; con sus de por sí, ya graves consecuencias en la sociedad de Tijuana.

Por lo anteriormente expuesto me permito proponer a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorte a la Secretaría de la Reforma Agraria.

Cumpla con la sentencia del amparo 2457/92 que la obliga a la elaboración de un nuevo plano proyecto que sea fiel reflejo de la resolución presidencial, que crea el Nuevo Centro de Población Ejidal "El Ojo de Agua", Municipio de Tijuana, Baja California.

Proceda a la ejecución de la resolución presidencial de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10, fracción segunda, de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Promueva un programa de desarrollo agrario integral en el Nuevo Centro de Población Ejidal "el Ojo de Agua"; que partiendo de su ordenamiento, permita la concertación con los terceros interesados, mediante la participación y la dirección en el ámbito de sus facultades de los gobiernos estatal y municipal de acuerdo a la Ley Agraria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, 26 de enero de 2005.

Dip. Rafael Galindo Jaime (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA SAGARPA CUMPLA ÍNTEGRAMENTE LO DISPUESTO EN LA LEY DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En mi calidad de diputado de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente a la fracción campesina del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumpla íntegramente con lo dispuesto por la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, adicione la creación de un Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en atención al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 integre la Promotora de Protección, Desarrollo, Acopio y Abasto de Semillas Mejoradas y Variedades Nativas Mexicanas; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país posee un valioso capital genético vegetal por la disponibilidad de múltiples variedades de plantas originarias.

Históricamente nuestras comunidades rurales desde las culturas originarias hasta nuestros días han desarrollado tecnologías propias para la selección y producción de semillas y material genético vegetal, como la selección masal para su óptimo aprovechamiento y la preservación de la calidad genética.

Los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana crearon programas de fomento, instituciones de investigación y de producción y comercialización de semillas, altamente capacitados para la creación y adopción de tecnologías modernas para el mejoramiento genético de variedades vegetales y su propagación, que le permitieron a la nación disponer de semillas mejoradas, factor sustancial en el incremento de la producción de alimentos para su población y materias primas para la industria, constituyéndose en un centro reconocido internacionalmente por su capacidad para la producción de nuevas variedades de plantas y su reproducción, que aprovecharon países de todo el mundo.

El país todavía cuenta con ese capital genético, desarrollos tecnológicos, mano de obra y profesionales especializados y productores comerciales y campesinos que pueden mantener esta capacidad nacional para la producción de las semillas que nos permitan el desarrollo soberano de nuestra agricultura y atienda las demandas de los productores.

El entorno internacional ha cambiado dramáticamente en esta materia, mientras que en el siglo pasado predominaba la cooperación internacional y las políticas de apropiación y aprovechamiento de las semillas mejoradas por países y organizaciones de productores, en la actualidad son las empresas transnacionales las que condicionan las políticas financieras, comerciales, producción y de apropiación de los materiales genéticos, desarrollando un complejo entramado de normas internacionales y en el ámbito nacional para sustentar legalmente estos propósitos.

El país dependerá de las empresas transnacionales que controlan precios, tipos y disponibilidad de productos, y se apropian del material genético base de la producción agrícola nacional, desde cultivos estratégicos como el maíz, hasta plantas representativas de la cultura nacional, como la nochebuena, ambos por cierto originarios de nuestro territorio, mientras no se desarrolle una política de fomento nacional. Una de las mayores preocupaciones de los productores para las siembras del 2005 es saber cuanto costará la bolsa de semilla que el ciclo pasado costó 700 pesos por 30 kilos de maíz.

El Estado mexicano está obligado a compatibilizar sus propósitos de modernización con los valores históricos de soberanía y de justicia social y económica contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, por lo que requiere discriminar los insumos con valor solo de mercado, de aquellos que además son estratégicos en la consecución de la soberanía alimentaria y política de nuestro país, como son las semillas.

Considerando que la producción, certificación y comercialización de las semillas son actividades estratégicas para incrementar la productividad del sector agrícola, controlar y abatir los costos de producción con una oferta regulada de las mismas, minimizar la dependencia de las empresas transnacionales de este insumo, hacer efectiva la soberanía en materia de bioseguridad, capitalizar la experiencia científica y tecnológica de los centros de investigación nacionales aprovechando los avances científicos mundiales para el desarrollo nacional.

Asimismo para que el Estado asegure la atención a los productores que por su nivel económico, magnitud de sus parcelas y dispersión carecen de interés para la iniciativa privada transnacional, por que no constituyen clientes con capacidad de compra pero con potencial productivo y necesidad de incrementar las condiciones económicas y sociales de esos productores.

Existen denuncias de los productores que señalan el incremento del precio de las semillas ofertadas por empresas privadas, a partir de la desaparición de Pronase, lo que conjuntamente con la desaparición de programas promocionales para su uso, dieron como resultado una disminución en su utilización con la consecuente disminución del rendimiento efectivo en los ingresos de los productores.

Información reciente del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de la Sagarpa, señala que actualmente se dispone de la producción de 270,000 toneladas de semillas certificada provenientes de 40,154 hectáreas, Pronase en 1982 produjo 216,000 toneladas, esa misma fuente de información registra que para maíz se dispuso de 53,480 toneladas de semilla certificada cerca de la tercera parte de los requerimientos en el ámbito nacional. En conclusión el nivel de uso es similar al de hace 20 años y en un producto estratégico como el maíz el potencial de la demanda es muy superior a la oferta, lo que muestra la pertinencia de incrementar la oferta de este insumo.

Por lo tanto se hace necesario que el Ejecutivo federal aplique de manera prioritaria e integra las disposiciones vigentes de la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, por sus obligaciones y facultadas contenidas en las diversas disposiciones constitucionales de los artículos 25, 26 y 27 en su fracción vigésima referentes al fomento económico y específicamente al desarrollo rural, y en las leyes de Desarrollo Rural Sustentable y Agraria, entre otras.

Lo anterior conjuntamente con las disposiciones en materia de semillas, contenidas en las leyes de Desarrollo Rural Sustentable orientadas a su inspección y certificación, y en la de variedades vegetales relativa a la protección de la propiedad privada de los obtentores de las variedades vegetales y en su oportunidad lo dispuesto por la iniciativa de Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.

Se requiere diseñar y acordar con los productores la adición de un Sistema para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en virtud de que en este ordenamiento solo contempla el Servicio de Inspección y Certificación de Semillas y permitiría que conjuntamente con los otros sistemas que contempla esta ley atender estas acciones estratégicas para mejorar las condiciones productivas, económicas y sociales de las familias campesinas y generen un mercado de semillas que respete este valor y genere con eficiencia una oferta que satisfaga la demanda real de los productores nacionales.

El Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas permitiría al Ejecutivo sumar a las instituciones públicas relacionadas, concertar y coordinar los esfuerzos de empresas privadas nacionales y extranjeras para darle contenido a programas de fomento público para el uso de este insumo.

Equilibrando su mercado entre una demanda comercial de clientes con capacidad de pago y productores que requieren de subsidios y una oferta de empresas diferenciadas en sus enfoques comerciales, que permita mantener la racionalidad económica en los precios evitando su especulación, asegurarse volúmenes de semillas de buena calidad, de materiales probados y con respaldo de instituciones de reconocida capacidad científica y tecnológica.

El Sistema de Producción, Certificación y Comercialización facilitaría la vinculación participativa de los centros de investigación, universidades, productores organizados, empresas agropecuarias, industria, diferentes niveles de gobierno, basados en las reglas y apoyos considerados en la propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que se pueda ofertar semillas de calidad a precios accesibles y competitivos, buscando el beneficio de los productores y el desarrollo integral de las comunidades rurales.

Es necesario que el Ejecutivo federal considere en su marco programático la producción, certificación y comercialización de semillas como un propósito estratégico y un programa prioritario.

Adicionalmente para cumplir íntegramente con lo dispuesto por la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas es necesario un acuerdo político para resolver de fondo la iniciativa que el Ejecutivo federal presentó a esta soberanía en diciembre del año 2000 para la desaparición de la Productora Nacional de Semillas, Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, vigente por esta Ley, que en los últimos años ha desaparecido por acuerdos administrativos los cuales se han cuestionado en su implementación.

La honorable Cámara de Diputados en uso de sus facultades en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 consideró una disponibilidad de 123.8 millones de pesos para la Promotora de Protección, Desarrollo, Acopio y Abasto de Semillas Mejoradas y Variedades Nativas Mexicanas, como una respuesta a las necesidades en esta materia, lo cual requiere que la Sagarpa preste la debida atención para su pleno y eficiente ejercicio.

Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación:

Cumpla con lo dispuesto por el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 para integrar la Promotora de Protección, Desarrollo, Acopio y Abasto de Semillas Mejoradas y Variedades Nativas Mexicanas.

Adicione la creación de un Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercialización de Semilla en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Cumpla íntegramente con lo dispuesto por la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, en especial con lo dispuesto para la Productora Nacional de Semillas.

Dip. Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 

Con el permiso de la Presidencia:

Señoras y señores legisladores:

Existen hombres de dos mundos. Visionarios. Ubicados entre dos siglos. Uno de ellos para bien de la educación y la cultura de México, es el maestro Justo Sierra Méndez, quien nació en Campeche, el 26 de enero de 1848. Tenía 19 años de edad cuando el Partido Conservador fue derrotado en el Cerro de las Campanas, con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.

En plenitud de esa edad se incorpora a la reconstrucción del país, como joven estudiante. Abreva del positivismo impulsado por Benito Juárez y Gabino Barreda, y es así como comienza a desarrollar el proyecto de creación del Ministerio de Instrucción Pública.

Justo Sierra Méndez se desenvuelve como un profundo conocedor de la historia de México. Esa será su pasión a lo largo de su vida. La cual se vuelve fructífera al despuntar el siglo XX, en pleno auge del porfiriato. Justo Sierra Méndez reabre la Universidad Nacional de México.

De esa manera él mantiene larvada la posterior rectoría, sesenta años después, en 1968, en su consanguíneo, el inolvidable Javier Barros Sierra. Justo Sierra Méndez fue escritor, periodista y poeta. Junto a los intelectuales de su tiempo dio pie a la presencia posterior de otro mexicano sureño, Vasconcelos, éste quien retomó las ideas y proyectos inacabados de Justo Sierra Méndez, dando a la Universidad el brillo que Sierra Méndez no tuvo tiempo de aplicar luego de su reapertura.

Puso además las bases de la concepción universitaria nacionalista. De la educación laica universalista que hasta la fecha prevalece en nuestras aulas posrevolucionarias. Fue más allá, a instancias de Justo Sierra se creó el Ministerio de Instrucción Pública, que sería asimismo de Bellas Artes.

Era de ese modo una concepción global hacia el desarrollo postmoderno. Por eso el maestro Sierra Méndez resulta visionario. Sólo que él no previo el impulso demográfico posterior a la Revolución Mexicana.

El vasconcelismo daría a la cultura, y justo a las Bellas Artes, con la creación e inserción mundial de la Escuela de Pintura Mexicana, que dio al mundo el muralismo mexicano, donde destacaron los cuatro grandes pintores de talla internacional: José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Rufino Tamayo.

Ese despertar de las artes y de las letras mexicanas no podía haberse descubierto en los albores del siglo XX sin las bases de la instrucción pública previstas por el maestro, historiador, escritor y político Justo Sierra Méndez. Quizás no ha sido difundida su obra con generosidad por un falso concepto de que su principal desarrollo político fuera durante los sucesivos gobiernos de la dictadura de Porfirio Díaz.

Sin embargo, a juicio del grupo parlamentario de Convergencia, la vida y la obra intelectual del maestro campechano son universalistas, y significaron 19 presencia de un pedagogo e intelectual de alcances modernos y con visión de Estado.

La reapertura de la Universidad fue el parteaguas esencial de la obra educativa de este insigne maestro mexicano. Pero además, su pluma en la prensa nacional era incisiva y elegante. Fue notorio polemista, tuvo varios debates de tipo literario conceptual con otro maestro de la época, Ignacio Manuel Altamirano, quien muriera joven en 1893, en Italia, y, como Justo Sierra Méndez, fue político y periodista. De ambos quedan sus textos hemerográficos en los periódicos principales de su época: El Imparcial, y, El Siglo XIX.

El grupo parlamentario de Convergencia quiere dejar constancia de que la fecha del natalicio del maestro campechano Justo Sierra Méndez; cuando hoy se cumplen 157 años para que sus obras escritas pedagógicas se consideren decisivas para que la educación nacional sostuviera las bases premodernas con una filosofía positivista, cuyas concepciones del liberalismo provenientes de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad no impidieron que el pueblo mexicano luchara contra el intervencionismo del imperio francés.

Con estas líneas el grupo parlamentario de Convergencia sugerimos motivación para que el magisterio mexicano, ahora en la Secretaría de Educación Pública, cuyos cimientos culturales puso Justo Sierra Méndez sean retomados para que su esencia y ejemplaridad se difundan entre las nuevas generaciones.

Puesto que hoy un nuevo intervencionismo clerical continúa empecinado en romper el laicismo educativo en nuestra aulas, a través de directrices del Estado Vaticano, en la persona del sacerdote Zenón Grocholewski, quien se encuentra en estos momentos en nuestro país, como prefecto de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, y viene con la encomienda de que se implante la enseñanza religiosa en México, con el pretexto de que "la formación religiosa pertenece a los derechos fundamentales de la persona humana". Todo ello, en contravención de nuestra Constitución y de las enseñanzas de laicidad que impulsara en pleno porfiriato el maestro Justo Sierra Méndez.

Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
 
 

A su decimocuarta sesión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 26 de enero, a las 9 horas, en el salón C del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

DE LA COMISION DE SALUD

A la vigésima quinta reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el miércoles 26 de enero, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión.

Orden del Día

DE LA COMISION DE SALUD

A la reunión de trabajo de la Tercera Subcomisión, "Asistencia Médica", que se llevará a cabo el miércoles 26 de enero, a las 9:30 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO

A la tercera reunión ordinaria de la Comisión Bicamaral del Parlamento de Mujeres de México, que se verificará el miércoles 26 de enero, a las 10 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Al foro El manejo adecuado de envases y embalajes, que se efectuará el miércoles 26 de enero, a las 10 horas, en el auditorio norte del edificio A, segundo nivel.

Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD

A su decimosexta reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 26 de enero, a las 11 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO

A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se verificará el miércoles 26 de enero, a las 14 horas, en las instalaciones de la Comisión (edificio D, segundo piso).

Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
 
 

DE LA TERCERA COMISION -DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS- DE LA COMISIÓN PERMANENTE

A su quinta reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 26 de enero, a las 15 horas, en el edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 26 de enero, a las 17 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

DE LA COMISION DE COMUNICACIONES

Al simposio de transparencia Cintra y el futuro de la industria aérea mexicana, que la Subcomisión de Aeropuertos llevará a cabo el jueves 27 de enero, a las 10 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Ángel Heladio Aguirre Rivero
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A su reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 2 de febrero, a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

A su reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 2 de febrero, a las 10 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Atenamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO

A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el miércoles 2 de febrero, a las 12 horas, en el salón de juntas de la Comisión, situado en el edificio F, tercer nivel.

Atentamente
Dip. Fernando Fernández García
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO

A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 2 de febrero, a las 13 horas, en el salón C del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Fernando Fernández García
Presidente
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A su decimotercera reunión plenaria, que se realizará el miércoles 2 de febrero, a las 14 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

A la reunión de trabajo que sostendrá con el Presidente de la Comisión de Agricultura de la República Checa, ministro Jaroslov Palas, el lunes 7 de febrero, a las 8:30 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
 
 

DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 8 de febrero, a las 15 horas o al término de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, en el salón A del edificio G (Los Cristales).

Orden del Día

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Al foro Educación ambiental, que se llevará a cabo el miércoles 9 de febrero, a las 10 horas, en el auditorio norte del edificio A, segundo nivel.

Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
 
 

DE LA COMISION DE TURISMO

A la reunión de trabajo que sostendrá con el Consejo Nacional de Comisiones Legislativas en materia de Turismo el miércoles 9 de febrero, a las 11 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
 
 

DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

A solicitud de los diputados de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, se cancela la próxima reunión de Junta Directiva del 28 de enero de 2005 y se convoca para el próximo 15 de febrero del mismo año, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de esta Comisión, situada en el edificio D, cuarto piso.

Orden del Día

DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

A solicitud de los diputados de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, se cancela la próxima reunión plenaria del 27 de enero de 2005 y se convoca al día 17 de febrero del mismo año a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G del restaurante Los Cristales.

Se recuerda a los CC. diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal que, de acuerdo con la práctica que se sigue en esta Comisión, se da un término de 20 minutos de espera para que haya quórum y, en su caso, iniciar la sesión.

La reunión se llevará a cabo bajo el siguiente:

Orden del Día

DE LA COMISION DE TURISMO

A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 23 de febrero, a las 11 horas, en el salón C del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente