Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De ciudadanos legisladores.
Iniciativas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura
Que adiciona un Título Séptimo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. (Turno a Comisión)
Que deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 122, base primera, fracción V, incisos c) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 42, 43 y 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. (Turno a Comisión)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 7 al 13 de febrero del año en curso, a fin de que realice una visita oficial al Reino de España, una visita oficial a la República Italiana, y visitas de Estado al Reino de Marruecos y a la República Argelina Democrática y Popular. (Turno a Comisión)
Siete, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Cristina de la Garza Sandoval, Rogelio Granguillhome Morfín, Marcial Rafael Macedo de la Concha, Alejandro Ramos Flores, Marco Antonio Peyrot González y Francisco Eduardo del Río López puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)
Dos, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos licenciados Santiago Creel Miranda y Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Josefa Nancy Cossío Arias, Ingrid Yunuén Navarro Ponce, Austreberto Martínez Villegas, Marcelino Villanueva Serrano y Fernando Ángeles Salgado puedan prestar servicios en la Embajada de Perú en México. (Turno a Comisión)
Quince, con los que se remiten hojas de servicio de miembros del Ejército Mexicano, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Trece, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
Once, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos legisladores
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Deporte, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona el artículo 387 Bis al Código Penal Federal y un inciso 35 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para tipificar como delito grave el fraude en el expendio de gasolina y diesel en estaciones de servicio de franquicia Pemex, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los Gobiernos del Reino de Dinamarca y del Reino de Marruecos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Martha María Sahagún Jiménez para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Francisco Rodríguez Montoya para aceptar y usar la condecoración de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Enrique Hubbard Urrea para aceptar y usar la condecoración de la Orden Sikatuna, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Filipinas. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, quince con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Víctor Manuel Rodríguez Palacios, José Luis Vázquez Araiza, Daniel Baldemar Carrillo Velasco, Ricardo César Niño Villarreal, Jubentino Hernández Rea, Carmen Miguel Vázquez Espinoza, Sergio Alejandro Villalobos López, Audino Rafael Solís Ruiz, Gilberto Luna Cruz, Rafael Robles García, Hiram Sergio Cárdenas Noble, Sergio Enrique Amador González, Ramón Arturo Valdés Espinosa, René Reyes Barrera y Raúl García Ramírez.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión recibe con beneplácito la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés, signado el 9 de enero de 2005 en Nairobi, Kenia, a cargo de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Administración Federal de Aduanas la información necesaria, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de 2005, para determinar el precio de referencia de la leche en el Programa de Sustitución de Importaciones y Adquisición de Leche de Producción Nacional, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, respecto a las obras y concesiones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, que informe respecto al avance del Programa de Protección Civil en las líneas de acción referidas a sismos; y se exhorta a esos órganos a diseñar un programa para la actuación temprana en caso de maremotos en las costas del país, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita información oportuna y suficiente sobre la creación del gabinete de seguridad pública y las modificaciones en la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre el proceso electoral en el estado de Guerrero, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, en nombre de la senadora Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que solicita información a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos sobre el estado en que se encuentra la totalidad de la red de ductos de Pemex, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, sobre la auditoría que se lleva a cabo a la Presidencia de la República, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión Nacional del Agua a considerar las propuestas del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala en la aplicación de recursos otorgados a ella para el ejercicio fiscal de 2005, a cargo del diputado Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores información acerca del estatus actual de cada uno de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos y proponer la campaña nacional por la adopción y hermanamiento de legisladores mexicanos con los compatriotas condenados a muerte, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrito por los diputados Eliana García Laguna y Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar al jefe del Ejecutivo federal que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas al acuerdo intersecretarial relativo a las áreas de prevención y expulsión marítima de la sonda de Campeche y, en tanto se publican, se otorguen permisos temporales para la pesca del peto en las áreas próximas a las instalaciones petroleras de la referida sonda, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrito por los diputados Abraham Bagdadi Estrella y Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a ampliar la apertura de los archivos del Estado a fecha posterior a 1980; y al procurador general de la República, a agilizar la investigación sobre los hijos desaparecidos de los desparecidos políticos, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a un desaparecido por el Ejército en la montaña de Guerrero en 1974, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a publicar los calendarios del presupuesto autorizado a las dependencias y a las entidades con objeto de dar cumplimiento al artículo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar la reimpresión de la Guía del migrante mexicano, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita por el diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a aplicar la tarifa eléctrica 1F en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al secretario de Economía para que informe a esta soberanía respecto al cambio de política en materia de certificación de producto y de evaluación de la conformidad, a cargo del senador Esteban Ángeles Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los Congresos estatales que realicen las modificaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos correspondientes para que en los espectáculos deportivos en que participan equipos profesionales de tres jugadores o más e intervengan en competencias en dicha entidad no puedan actuar más de 40 por ciento de jugadores extranjeros en cada equipo, suscrito por el diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para integrar una comisión plural de legisladores federales que, acompañados de expertos en seguridad pública, visiten el Centro Federal de Readaptación Social de La Palma, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las Secretarías de Turismo, de Marina, y de Comunicaciones y Transportes, así como con la Armada de México, a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-ECOL-1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a la protección y la conservación de su hábitat, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII de dicha norma, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Gobernación a dictar las medidas pertinentes, en el marco de sus facultades, con la finalidad de garantizar la libertad de prensa en el estado de Oaxaca, que es violada por las autoridades del Ejecutivo local, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación revisar los recursos asignados y ejercidos por el gobierno del estado de Jalisco correspondientes al Ramo 33 durante el ejercicio fiscal de 2004, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola y suscrita por el diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se celebra el triunfo de Mahmud Abbas en la jornada electoral en Palestina y se hacen votos por la reanudación del diálogo de ésta e Israel, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita por el diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios pertinentes para declarar los medanos de Samalayuca, Chihuahua, como área natural protegida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación, mediante un órgano autónomo e imparcial, fiscalice la administración del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2002, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar al director general de Pemex información respecto a modificaciones que hará en torno de los contratos de las franquicias de las estaciones de servicio, así como a las acciones fraudulentas que se imputan a concesionarios que defraudan al público consumidor, alterando a la baja las bombas de gasolina, a cargo de senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo al término del convenio suscrito entre Avon Cosmetics, SA de CV, y el IMSS para la inscripción en el Seguro Social de las agentes de la Comisión Mercantil Independiente, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por el diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, relativa a lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes y disposición final, en la planta de Promotora Ambiental del Sureste, SA de CV, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Sagarpa implante el sistema nacional de capacitación y asistencia técnica rural integral y sus correlativos, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola y suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a considerar el sector cañero como estratégico en la economía nacional, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por el diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Gobernación que informe cómo se han pautado los materiales radiofónicos y televisivos que la Cámara de Diputados solicitó difundir en uso de los tiempos oficiales que le correspondan, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola y suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención del secretario del Trabajo y Previsión Social para impedir el despido de los trabajadores y actores afiliados a la Asociación Nacional de Actores que participan en el doblaje de la serie televisiva Los Simpsons, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por el diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que solicita la creación de una comisión especial que observe el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 6 de febrero en Baja California Sur, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación respecto a la derogación del decreto que declaraba de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar al Congreso de la Unión sobre las razones de las medidas arancelarias que pretende llevar a cabo en el sector azucarero, a cargo del diputado Martín Remigio Vidaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al secretario de Gobernación para que explique los acuerdos alcanzados durante la reunión que sostuvo el 17 de enero de 2005 con el responsable de la seguridad interna de Estados Unidos de América, Tom Ridge, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a presentar informe de avance en el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación establecidas por la autoridad ambiental competente con relación al derrame de hidrocarburos en el río Coatzacoalcos, estado de Veracruz, suscrita por la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en las cárceles de alta seguridad, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que, en el ámbito de las respectivas competencias, realicen visitas de inspección, de verificación o de ambos tipos a la empresa Fiemex, SA de CV, a cargo del diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Excitativas
A las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.
Agenda política
Pronunciamiento sobre el incendio suscitado en Xochimilco (Patrimonio Cultural de la Humanidad-UNESCO, 1987) el pasado 3 de enero, a cargo de la senadora Érika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Posicionamiento en relación con la controversia constitucional de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión vs. los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.
Posicionamiento en relación con la libertad de expresión en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.
Posicionamiento en relación con el estudio de la OCDE donde se señala que el Distrito Federal es una de las metrópolis con más bajos niveles de productividad, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Pronunciamiento en relación con la campaña de medios de comunicación que lleva a cabo la Cámara de Diputados contra el Partido Acción Nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Posicionamiento en relación con el desechamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del incidente de nulidad que interpuso la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Posicionamiento en referencia a diversos señalamientos del titular del Ejecutivo federal, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Posicionamiento para formular un extrañamiento al Presidente Vicente Fox Quesada por sus declaraciones en relación con el conflicto con el EZLN, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Posicionamiento en relación con el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Posicionamiento sobre el desempeño del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de seguridad pública, obras públicas, medio ambiente y seguro popular, a cargo de senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Posicionamiento en torno del decreto
presidencial por el que la producción y el proceso de caña
son considerados de interés público y se garantiza a los
cañeros la compra de su cosecha, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES DOCE DE ENERO DE DOS MIL CINCO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintidós legisladores, a las once horas con veinte minutos del miércoles doce de enero de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica. Desde su curul el diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional, solicita una corrección al acta de referencia que el Presidente, previas aclaraciones al respecto, no considera procedente.
También desde su curul hablan: el diputado José Guadalupe Osuna Millán, del Partido Acción Nacional, para solicitar la incorporación en el orden del día de una proposición con punto de acuerdo para que se declare zona de desastre a una región de la ciudad de Tijuana; y el senador Emilio Gamboa Patrón, del Partido Revolucionario Institucional, para respaldar la solicitud del diputado Osuna Millán y pedir información sobre la proposición. El Presidente expresa su apoyo a la solicitud del diputado Osuna Millán, consulta a la Asamblea si existe inconveniente en atenderla y, en virtud de no haberlo, instruye se incorpore la proposición de referencia en el orden del día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.
Comunicación del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah con la que informa que se reincorpora a sus actividades legislativas. De enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Tabasco, con acuerdo por el que se manifiesta por la emisión de una Norma Oficial Mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, contengan imágenes que muestren los efectos de su consumo. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Yucatán, con acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión, a realizar estudios para la reducción de las tarifas eléctricas. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Uno, por el que solicita el permiso necesario para que la ciudadana Martha María Sahagún Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino de Dinamarca. Se turna a la Primera Comisión.
Dos, por los que solicita el permiso necesario para que dos ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Francesa y de Filipinas. Se turnan a la Primera Comisión.
Quince, con los que se remiten hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Remítanse a la Cámara de Senadores.
Nueve, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Presentan iniciativas con proyectos de decreto los legisladores:
Diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo segundo de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.
Diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, que reforma el artículo quinto de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
El Presidente dirige unas palabras de bienvenida y concede la palabra al señor Peter Schieder para dirigir un mensaje a la Asamblea. El Presidente agradece la visita y solicita a la comisión designada acompañar al Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuando desee retirarse.
El diputado Arturo Nahle García, a nombre propio y del diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La Cámara de Senadores, para los efectos del inciso g) del artículo sesenta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remite el presupuesto para el mes de enero de dos mil cinco.
Presidencia del diputado Alfredo Villegas Arreola
Se aprueba en votación económica.
Dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a tres ciudadanos para prestar servicios en el Consulado y en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y a dos ciudadanas para prestar servicios en las embajadas de Dinamarca y de Francia en México. Es de primera lectura. La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura del dictamen y sin discusión lo aprueba en lo general y en lo particular por veintiocho votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Quince dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Se aprueban en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para que comparezcan el Director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo e informe sobre la venta de terrenos del municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, y para solicitar que la Auditoría Superior de la Federación revise los procedimientos correspondientes. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, a que realicen las actividades necesarias para la conclusión de las obras de la carretera Lagos de Moreno - San Luis Potosí y del nodo vial en Lagos de Moreno, Jalisco. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Director General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al Director Liquidador de Banco Nacional de Crédito Rural, a que respondan a la solicitud de la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, Asociación Civil, relativa a la transferencia de los derechos de algunas bodegas ubicadas en la Central de Abasto de la Ciudad de México. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que informe sobre el estado jurídico que guarda la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que cancela el permiso de operación de la empresa Minera San Javier, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para que comparezcan los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales y de la Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural, a fin de que expliquen los programas y acciones que tiene previsto el gobierno federal para situaciones de desastre. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Reforma Agraria, de la Función Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que informen sobre la situación que guarda la compra - venta de los terrenos del ejido del Ticuiz, ubicados en la Bahía de El Tamarindillo, en las costas de Michoacán. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para exhortar al Procurador General de la República a que se apegue estrictamente a derecho en el caso de las investigaciones de lo sucedido en San Juan Ixtayopan, Delegación Tláhuac. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para hacer del conocimiento del gobernador del estado de Oaxaca, la preocupación de los diputados Arturo Nahle García y Eliana García Laguna, respecto de las presuntas violaciones a las garantías constitucionales del ciudadano Agustín Sosa Ortega. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
Diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, a nombre propio y del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del Partido Acción Nacional, en relación con la reasignación de tres diputaciones plurinominales resuelta por el Tribunal Estatal Electoral del estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a que realicen un ajuste a las tarifas de energía eléctrica de uso doméstico, en particular en el estado de Tabasco, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Hablan en pro el senador Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional; y la senadora Martha Sofía Tamayo Morales, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.
Senadora Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que revoque la autorización en materia de impacto ambiental para que el barco Maurice Ewing realice actividades de inspección sísmica en el cráter Chicxulub, en el estado de Yucatán. Se turna a la Tercera Comisión.
Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y del senador Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la entrada en vigor de la Ley doscientos en el estado de Arizona, Estados Unidos de América, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Hablan en pro la senadora Lydia Madero García, del Partido Acción Nacional; el senador Sánchez Carreño; y la senadora Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Diputado José Luis Treviño Rodríguez, a nombre propio y del diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para solicitar nuevamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que revise las condiciones laborales de los repartidores del producto denominado Big Cola de la empresa Ajemex, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Procuraduría General de la República a que sancione a los presuntos responsables del derrame de hidrocarburos en el río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Se turna a la Primera Comisión.
Diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, a nombre propio y del diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, para que los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, informen acerca de los avances para la venta de la empresa Corporación Internacional de Transporte Aéreo. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Tercera Comisión.
Diputado David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, para exhortar a las secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que revisen el proyecto de Norma Oficial Mexicana relativa a las bebidas alcohólicas - tequilas - especificaciones, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Hablan en pro los legisladores: diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional; senador Esteban Miguel Ángeles Cerón, del Partido Revolucionario Institucional; y diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Diputada María del Carmen Mendoza Flores, a nombre propio y del diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que suscriba el convenio con la Secretaría de Salud relativo al Seguro Popular. Se turna a la Primera Comisión.
Diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática, para que comparezca el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que explique el contenido y alcance de los tomos y anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco.
Senador David Jiménez González, a nombre propio y de la senadora Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la propuesta de adición al artículo quinto de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de dos mil cinco, no aprobada por la Cámara de Senadores, solicitando a la Auditoría Superior de la Federación realice el seguimiento de diversos proyectos de infraestructura. Se turna a la Tercera Comisión.
Transcurrido el tiempo acordado para
la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al
orden del día de la próxima sesión y el Presidente
levanta la de hoy a las quince horas con veinte minutos, citando para la
que tendrá lugar el miércoles diecinueve de enero de dos
mil cinco a las once horas.
México, DF, a 17 de enero de 2005.
Sen. Diego Fernández de Cevallos
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República
Presente
Con base en lo estipulado en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle ponga a consideración de la Comisión Permanente mi solicitud de licencia, a partir de esta fecha y por tiempo indefinido.
Atentamente
Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica)
DEL DIPUTADO FERNANDO ALBERTO GARCÍA CUEVAS
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2005.
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente de la H. Cámara de Diputados
Presente
Por medio de la presente, me permito coumunicarle que a partir del día miércoles 19 del presente mes, me reincorporo a mis funciones como diputado federal, electo en el distrito 02 Zumpango, estado de México, lo anterior para que se realicen los trámites conducentes.
Sinotro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Fernando Alberto García Cuevas
(rúbrica)
Diputado Federal con Licencia
Recinto Legislativo, a 22 de diciembre de 2004.
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, base primera, apartado C, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, remito a usted la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un título al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales conducentes, anexo al presente sírvase encontrar el original de la iniciativa en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Dip. Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)
Presidenta
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente
Los que suscribimos, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en nuestro carácter de integrantes de la Mesa Directiva de este órgano de gobierno local, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción II, 31, 32 y 36, fracciones II, V y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente
Iniciativa de decreto por el que se adiciona un título al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
Exposición de Motivos
El derecho de acceso a la información, ademán de ser un derecho fundamental inherente a la dignidad de cada persona, significa una garantía para la opinión pública libre.
La libertad de información debe estar dotada de una eficacia que trascienda como lo han hecho los derechos humanos, o las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la garantía prevista en el artículo 6° constitucional (derecho a ser informado) debe estar vinculada con la obligación que tienen las autoridades pare dar a conocer la verdad de las cosas, lo que invariablemente exige que dichas autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave de las garantías individuales, encontrando sus límites la referida garantía en los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto de los derechos de terceros.
De esta manera, el deber de información corresponde a cualquier órgano, poder, instancia de autoridad o de particulares, sobre todo cuando ejercen funciones públicas, manejan recursos públicos o se han beneficiado de alguno de ellos.
Por lo anterior, no basta que la garantía de ser informado conste en el marco constitucional, pues resulta necesario que existan autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de dicha garantía en favor de los gobernados y, en todo caso, sancionen a los órganos de gobierno que privan de manera arbitraria e ilegal de ese derecho a los habitantes de la comunidad.
No es óbice a lo anterior el hecho de que los gobernados que se sientan privados de esa garantía puedan recurrir al juicio de garantías, ya que debe haber una autoridad local en el Distrito Federal que en primera instancia conozca de las violaciones de la ley que tutela el derecho a la información.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente que la existencia de las autoridades debe estar prevista en un acto formal y materialmente legislativo.
De esta manera, el 8 de mayo de 2003 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que prevé en su artículo 57 la existencia del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, como un organismo autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Por lo anterior, para dar mayor certeza jurídica respecto de la autoridad que debe garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública que poseen los entes públicos del Distrito Federal, resulta conveniente incluir en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ordenamiento legal que regula la vida jurídica y política del Distrito Federal, el Consejo de Información Pública del Distrito Federal como órgano autónomo, por las razones y los motivos antes expuestos.
En virtud de las consideraciones antes expuestas, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión lo siguiente:
Único. Se adiciona el Título Séptimo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Título Séptimo
Del Consejo de Información
Pública del Distrito Federal
Capítulo Único
Artículo 137. El Consejo de Información Pública del. Distrito Federal es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública y será la autoridad encargada de velar el debido cumplimiento que los entes públicos deben realizar a las disposiciones de la ley de la materia.
Artículo 138. La conformación del Consejo de Información Pública se determinará según lo prevea la ley de la materia.
Artículo 139. El Consejo de Información Pública tendrá las siguientes atribuciones:
II. Investigar, conocer y resolver sobre violaciones a los derechos que tutela la ley de la materia;
III. Establecer políticas y lineamientos en materia de acceso a la información, así como opinar sobre la catalogación, resguardo y almacenamiento de todo tipo de datos, registros y archivos de los entes públicos;
IV. Proponer los medios para la creación de un acervo documental en materia de acceso a la información;
V. Organizar semanarios, cursos, talleres y demás actividades que promuevan el conocimiento de la ley de la materia y las prerrogativas de personas, derivadas del derecho a la información pública;
VI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el conocimiento de la ley de la materia;
VII. Emitir su reglamento interno, manuales y demás normas que faciliten su organización y funcionamiento; y
VIII. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de los entes públicos sobre el cumplimiento de la ley de la materia.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su mayor difusión.
Tercero. Con la inclusión del Título denominado "Del Consejo de Información Pública del Distrito Federal", materia del presente decreto, el Título Séptimo denominado "Del Régimen Patrimonial del Distrito Federal" se convierte en el Título Octavo.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.
Por la Mesa Directiva
Dip. Silvia Oliva Fragoso(rúbrica)
Presidenta
Dip. Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica)
Secretario
Dip. Christian Martín Lujano
(rúbrica)
Secretario
DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, III LEGISLATURA, QUE DEROGA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Recinto Legislativo a 21 de diciembre de 2004
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 BASE PRIMERA, apartado C, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, remito a usted la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales conducentes, anexo al presente sírvase encontrar el original de la iniciativa en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Dip. Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)
Presidenta
Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Los que suscribimos, Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en nuestro carácter de integrantes de la Mesa Directiva de este órgano de gobierno local con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción II, 31, 32 y 36 fracciones II, V, y XV de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito federal
Exposición de Motivos
La seguridad pública es un reclamo en constante aumento, por un lado la posibilidad de convertirse en víctima o bien porque se ha sufrido un delito o se teme sufrirlo. Se refleja en el aumento en la adquisición de seguros, así como de mecanismos de autoprotección, tales como armas, perros, alarmas, bardas y contratación de empresas de seguridad privada. Estos modelos populares de resguardo de seguridad, suelen resolver los problemas a corto plazo o bien de manera selectiva, ya que muchos de ellos son caros e inaccesibles para el gran público y en ocasiones producen desconfianza ante la "falsa seguridad" que ofrecen.
No obstante la gran mayoría de empresas de seguridad privada que prestan sus servicios del Distrito Federal, también lo hacen en otras entidades del país, lo que significa que en la práctica dichas empresas decidan de manera irregular a qué legislación han de apegarse.
En efecto, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se encuentra aplicando sanciones a las empresas, principalmente de traslado de valores, cuando dichas empresas al operar en otras entidades además del Distrito Federal, no están sujetas a las disposiciones locales, tal y como lo establece el artículo primero de la Ley de los Servicios de Seguridad Prestados por Empresas Privadas, al señalar que las disposiciones de dicha Ley son de orden público e interés general y tienen por objeto regular los servicios de seguridad prestados por empresas privadas que operen en el Distrito Federal.
Esta discrecionalidad en la operación, y aplicación a conveniencia de las disposiciones jurídicas locales o federales, ha creado un ambiente de incertidumbre jurídica no sólo para las empresas de seguridad privada sino de manera peligrosa e irresponsable para los ciudadanos, que confían su persona y su patrimonio.
Por tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, considera que los trabajos que se realizan en el Distrito Federal deben de estar basados en los principios de supremacía de la Constitución, y las garantías individuales que en ella se encuentran contempladas, tales como la libertad, igualdad, justicia social, legitimidad del poder político y la división de poderes.
Desde los inicios de nuestro partido, hemos asumido con responsabilidad la obligación de proponer alternativas y reflexiones respecto al modelo de seguridad a fin de. participar en la consolidación de un sistema integral de seguridad pública, lo que implica proponer iniciativas encaminadas a la participación coordinada de los distintos poderes tanto a nivel federal, estatal y municipal.
Por lo que se refiere a la regulación de empresas de seguridad privada, como auxiliares de la seguridad pública, se hace necesario que sea una sola autoridad y un solo ordenamiento jurídico las que regulen, registren y sancionen el funcionamiento, la operación y las faltas de dichas empresas, garantizando con ello que se den resultados objetivos e indudables tendientes a cumplir con una obligación Constitucional de contribuir y dar seguridad a los ciudadanos y en consecuencia combatir la inseguridad. Estos aspectos son en los que en esencia pretende incidir esta iniciativa.
Es por ello, que los diputados integrantes de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, a través de la presente iniciativa buscamos dar certeza jurídica a los actos de las autoridades, además de dar seguridad jurídica a las empresas de seguridad privada, y en particular garantizando que el servicio que prestan a los ciudadanos sea confiable, eficiente y eficaz.
La legislación vigente en el Distrito Federal, lejos de precisar de manera lógica y corresponsable con las disposiciones federales, busca por su parte crear nuevas disposiciones, reglamentación y sanciones, retornando de manera parcial algunos extractos de lo dispuesto en la materia a nivel federal, logrando con ello no sólo crear un ambiente de confusión para las empresas sino una laguna que permite que muchas de estas empresas privadas no cumplan con las disposiciones emitidas por el Congreso de la Unión y mucho menos con las locales.
Conociendo las disposiciones antes señaladas se concluye que el marco jurídico de las empresas de seguridad privada es confuso y poco preciso, al ser reguladas por ordenamientos distintos, y es que en 1999 cuando la entonces I Legislatura de esta Asamblea, ejerció por primera vez la facultad constitucional de normar los servicios de seguridad prestados por empresas privadas, dejó pendiente la derogación de las disposiciones de la materia señaladas en la Ley de los Servicios de Seguridad Prestados por Empresas Privadas, sin que el Congreso de la Unión tampoco lo haya hecho, por lo que nos encontramos que las actividades de la llamada seguridad privada en el Distrito Federal son reguladas por dos ordenamientos, con diferencias entre sí, que no garantizan certeza jurídica.
Y no obstante que se emitió la ley de la materia vigente en el Distrito Federal, este órgano legislativo no puede derogar disposiciones de un ordenamiento emitido por el Congreso Federal, por lo que resulta necesario y urgente que esta iniciativa se dictamine como una iniciativa ante dicha instancia.
Por ello, la presente iniciativa pretende derogar el Título Noveno, Capítulo Único, artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, con la finalidad de que las empresas de seguridad privada sean reguladas única y exclusivamente por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y con base en el ordenamiento expedido por esta Asamblea Legislativa, logrando con ello un control más estricto de dichas empresas evitando con ello la duplicidad en la legislación en materia de seguridad privada.
De aprobarse esta iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, estaríamos contribuyendo a la consolidación de un marco jurídico vigente con certeza jurídica en el Distrito Federal con pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona y del estado de derecho en nuestra ciudad.
En consideración a lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto mediante el cual se derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal
Único. Se deroga el Título Noveno, Capítulo único, artículos 67, 68, 69, 70, 71, 721 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 67.- Derogado
Artículo 68.- Derogado
Artículo 69.- Derogado
Artículo 70.- Derogado
Artículo 71.- Derogado
Artículo 72.- Derogado
Artículo 73.- Derogado
Artículo 74.- Derogado
Artículo 75.- Derogado
Artículo 76.- Derogado
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 21 de diciembre de 2004.
Por la Mesa Directiva
Dip. Silvia Oliva Fragoso(rúbrica)
Presidenta
Dip. Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica)
Secretario
Dip. Christian Martín Lujano
(rúbrica)
Secretario
DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, III LEGISLATURA, QUE REFORMA EL ARTÍCULO
122, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISOS C) Y E), DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y LOS ARTÍCULOS
42, 43 Y 46 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Recinto Legislativo, a 22 de diciembre de 2004.
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, base primera, apartado C, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, remito a usted la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 122, base primera, fracción V, incisos c) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 42, 43 y 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales conducentes, anexo al presente sírvase encontrar el original de la iniciativa en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Dip. Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)
Presidenta
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente
Los que suscribimos, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en nuestro carácter de integrantes de la Mesa Directiva de este órgano de gobierno local con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción II, 31, 32 y 36, fracciones II, V y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos someter ala consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente
Iniciativa de reformas al artículo 122, base primera, fracción V, incisos c) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los artículos 42, 43 y 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
Exposición de Motivos
Uno de los principios constitucionales más añejos que existen dentro de la fiscalización mexicana se refiere a "la revisión de la Cuenta Pública del año anterior". Desentrañar el sentido o significado de esta disposición constitucional no resulta una tarea fácil, debido a que nos encontramos ante un principio cuya razón legal de existencia data desde las Constituciones mexicanas decimonónicas y a que no existen criterios jurisprudenciales que se hayan pronunciado al respecto, ni mucho menos teorías doctrinales que, categóricamente, aclaren, expliquen o descifren su sentido.
En tal virtud, se considera necesario para la vida del Distrito Federal que su órgano de fiscalización perteneciente a su cuerpo legislativo esté facultado para realizar con mayor oportunidad las revisiones de los ingresos y los egresos públicos, mediante el ejercicio de facultades fiscalizadoras de carácter ex ante, concomitante o ex post; es decir, de forma anterior, a un mismo tiempo o posterior a la presentación de la Cuenta Pública que corresponda.
En este orden de ideas, la reforma que se propone del artículo 122 constitucional suplanta el principio de revisión de la Cuenta Pública del año anterior por el de revisión de los ingresos y los egresos públicos, a fin de que la fiscalización pueda practicarse de forma ex ante, concomitante o ex post a los actos de recaudación y de ejercicio de gasto, en aras de efectuar una revisión más profunda y detallada que permita abatir los términos de prescripción de las responsabilidades de los servidores públicos.
Con dicha sustitución de principios se proveerá de una más amplia esfera competencial al órgano externo de fiscalización, al eliminar la limitante que representa sujetarse a los plazos establecidos para presentar y revisar la Cuenta Pública, situación que permitirá la fiscalización de manera oportuna al poderse realizar en el mismo ejercicio en que se erogue el recurso público o, en su caso, regresar al pasado para revisar un ingreso o gasto específico. Es decir, se clarifica la hipótesis de que la revisión que practica la Contaduría ya no se encuentra limitada exclusivamente a la Cuenta Pública del año anterior, sino que ahora está facultada para revisar operaciones concernientes a Cuentas Públicas ya presentadas o a operaciones relativas a ejercicios cuya Cuenta Pública está por presentarse.
En virtud de las consideraciones antes expuestas, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente:
Primero. Se reforma el artículo 122, base primera, fracción V, incisos c) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 122.
Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:
a) a b) ...
c) Revisar por conducto de la entidad superior de fiscalización del Distrito Federal los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los órganos de gobierno, entidades públicas, organismos descentralizados, desconcentrados y autónomos del Gobierno del Distrito Federal, los que se hayan transferido a los particulares, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de gobierno, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
La entidad superior de fiscalización del Distrito Federal contará con autonomía técnica y de gestión, llevará a cabo sus funciones bajo la dirección de un órgano colegiado, que será la máxima autoridad del ente, y estará integrado por tres auditores superiores de Fiscalización, de los que uno será el Presidente, conforme a los criterios establecidos en la fracción IV del artículo 74, en los que sean aplicables.
d) ...
e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad superior de fiscalización del Distrito Federal y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal;
..."
"Artículo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultad para:
IX. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad superior de fiscalización del Distrito Federal y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal;
X. a XIX. ...
XX. Analizar los informes trimestrales que le envíe el Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados. Los resultados de dichos análisis se considerarán para la revisión de la Cuenta Pública que realice la entidad superior de fiscalización del Distrito Federal.
XXI. a XXX. ...
Esta entidad superior de fiscalización del Distrito Federal tendrá a su cargo:
II. Entregar el informe de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública a la Asamblea Legislativa en la fecha que determine la ley;
III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, documentos o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos;
IV. Determinar los daños y perjuicios que afectan la hacienda pública del Distrito Federal o el patrimonio de los entes públicos fiscalizados y fincar directamente a los responsables de las indemnizaciones y sanciones correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;
V. Promover las acciones de responsabilidad previstas en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contra los servidores públicos del Distrito Federal ahí señalados, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que la ley señale; y
VI. Las demás que determine la ley de la materia.
El Gobierno del Distrito Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones a que se refiere la fracción IV del presente artículo.
La fiscalización de la Cuenta Pública tendrá por objeto, de forma enunciativa mas no limitativa, conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Si del examen que realice la entidad superior de fiscalización del Distrito Federal aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del Presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio."
Artículo 46. ...
IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del Distrito Federal podrán presentar a la Asamblea Legislativa proyectos de leyes respecto de las materias competencia legislativa de la misma, de conformidad con las siguientes bases:
a)
3. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de la entidad superior de fiscalización del Distrito Federal;
4. a 5. ...
c) ..."
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberá promulgar la Ley Orgánica que regule las facultades y la operación de la entidad superior de fiscalización del Distrito Federal, a más tardar tres meses después de la publicación del presente decreto.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 22 de diciembre de 2004.
Por la Mesa Directiva
Dip. Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)
Presidenta
Dip. Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica)
Secretario
Dip. Christian Martín Lujano
Nicolás (rúbrica)
Secretario
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
Para los efectos de los artículos 71 fracción I y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente Iniciativa de Decreto por el que se solicita autorización para que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Lic. Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 07 al 13 de febrero del año en curso, a fin de que realice una visita oficial al Reino de España (del 7 al 10 de febrero) y una visita oficial a la República Italiana (10 y 11 de febrero), así como visitas de Estado al Reino de Marruecos (11 y 12 de febrero), y a la República Argelina Democrática y Popular, el 13 del citado mes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
Presente
De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a esa Soberanía a fin de solicitar permiso para ausentarme del territorio nacional del 7 al 13 de febrero de 2005, con objeto de realizar un viaje por cuatro países del mediterráneo que comprende visitas oficiales al Reino de España, del 7 al 10 de febrero, y a la República Italiana, el 10 y 11 de febrero, así como visitas de estado al Reino de Marruecos, los días 11 y 12 de febrero, y a la República Argelina Democrática y Popular, el día 13 de febrero.
Las relaciones internacionales demandan en la actualidad una creciente atención en función de los constantes reacomodos políticos, económicos y sociales, así como de la importancia adquirida por los temas multilaterales. En ese contexto, México requiere mantener y desarrollar una presencia y participación eficaz, con base en acciones estratégicas que permitan promover e impulsar nuestros intereses, valores y el fortalecimiento de nuestra cultura en el exterior. En este panorama, se requiere desarrollar y estrechar el diálogo con actores claves, de creciente relevancia y afines a nuestros intereses, que en virtud de su peso regional tienen una influencia fundamental en las relaciones internacionales.
El desarrollo y el creciente protagonismo en el contexto internacional actual de los países de la Europa mediterránea y del norte de África, nos ofrece una oportunidad para desarrollar acciones conjuntas, estrategias de orden político y económico, así como proyectos de difusión y promoción de los intereses, valores y prestigio cultural de México.
La Europa mediterránea, particularmente España e Italia, ha transformado su capacidad de influencia y participación en el ámbito mundial en materia política, económica y de cooperación, a través de un proceso de integración con sus socios europeos, gracias a su dinamismo económico y a sus importantes propuestas que han contribuido al desarrollo de esta región.
España e Italia se han colocado a la vanguardia en la búsqueda de acuerdos y consensos para toda la Unión Europea. España será el primer país en realizar el referéndum sobre la Constitución Europea, previsto para el 20 de febrero del presente año. Por otra parte, se ha considerado como un triunfo de la diplomacia italiana, que el acto protocolario de su suscripción tuviera lugar en la misma sala donde se firmó el Tratado de Roma en 1957, y que constituyó el camino para la unificación en Europa.
Tanto España como Italia se han distinguido como naciones muy activas en el proceso de reflexión sobre los retos que enfrenta y la transformación del Sistema de Naciones Unidas, temas que durante el año 2005 se cuentan entre los más sobresalientes en el conjunto de la agenda internacional. Asimismo, estos países han manifestado posiciones afines con los intereses mexicanos de cara a la reforma integral de la ONU, materia en la que nuestro país se ha planteado el reto de desarrollar un especial activismo, por ser un proceso de reflexión trascendental para el nuevo orden mundial.
Por lo que se refiere a Argelia y Marruecos, ambos países se caracterizan por ser una puerta de entrada natural al continente africano y al conjunto de los países árabes. Desde esa posición privilegiada, se distinguen como dos naciones con afinidades específicas con respecto a temas de interés especial para México, particularmente respecto de los organismos internacionales y el fortalecimiento del multilateralismo.
Cabe hacer mención a la importancia que representa para México el diálogo con estos países, dada su pertenencia a la cuenca del Mediterráneo, especialmente los del Magreb, a raíz de la participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el periodo 2002-2003, y a los crecientes vínculos económicos, académicos y de cooperación que se están construyendo con Marruecos y Argelia. Todo ello quedó constatado durante la visita del Rey de Marruecos, Mohamed VI, en noviembre pasado.
Mi visita a estos dos países africanos constituirá un contacto importante para México con esta región, considerando la importancia que hemos otorgado a las relaciones con ese continente.
Bajo estas consideraciones es que, de contar con el permiso de esa Soberanía, visitaré cuatro países: el Reino de España, la República Italiana, el Reino de Marruecos y la República Argelina Democrática y Popular, con los que resulta relevante explorar nuevas opciones de diálogo político, intercambio económico, cooperación y promoción cultural.
1. Visita oficial al Reino de España (7 al 10 de febrero)
Mi visita oficial a este país se desarrollará en una etapa fructífera de las relaciones entre ambas naciones, que se caracterizan por la amplia interacción de sus sociedades y la fortaleza de los vínculos entre sus instituciones, así como por el dinamismo de los intercambios económicos y el reconocimiento que ambos países hacen de su identidad cultural común.
España es el segundo socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y México es también el segundo socio comercial de ese país en América después de los Estados Unidos. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el intercambio comercial entre ambas naciones se ha incrementado en un 75%, al pasar de 2,144.3 millones de dólares, en 1999, a 3,752.7 millones de dólares, en 2003.
Los encuentros que sostendré con el Rey de España, Juan Carlos I, y con el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, son una oportunidad para revisar la agenda de los temas bilaterales, iberoamericanos y multilaterales, así como los intereses mexicanos en su relación con la Unión Europea, en la cual España se ha distinguido como nuestro aliado primordial.
Ésta será mi primera visita al Reino de España desde que José Luis Rodríguez Zapatero asumió la presidencia del gobierno español y responderá a la visita que realizó a México en mayo de 2004, tan sólo un mes después de haber asumido el cargo; lo que confirma la alta prioridad que España asigna a sus relaciones con México.
Las conversaciones con el Jefe de Estado y el Presidente del Gobierno Español contribuirán significativamente a impulsar los vínculos políticos, a continuar fortaleciendo la asociación privilegiada que tenemos con España, como la nación más cercana a nuestros intereses y puerta de entrada a Europa, así como a la formación de consensos y a la definición de acciones conjuntas ante temas multilaterales.
Esta oportunidad de diálogo surge al tiempo que el gobierno español ha realizado una amable invitación para que participe en la inauguración de la XIV Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), en la que México es el país invitado de honor, considerada la segunda feria de arte contemporáneo más importante del mundo. Esta feria se constituye en una oportunidad óptima para promover de manera única un amplio abanico de manifestaciones culturales en diversos recintos de Madrid y de otras ciudades españolas, a través de un número sobresaliente de exposiciones. De esta forma, más de 250 artistas mexicanos podrán mostrar la producción contemporánea de nuestro país ante los principales actores mundiales y ante un vasto público interesado en la vitalidad artística de México y en su pluralidad cultural.
Para México y España será importante avanzar en diversos aspectos que contempla el Acuerdo de Asociación entre México y la Unión Europea hacia su pleno aprovechamiento, así coma continuar el proceso de consolidación de nuestra estrategia birregional en las relaciones de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta los compromisos de Guadalajara. En ese sentido, tendré la oportunidad de viajar con distinguidos hombres de negocios de México y reunirme con los más destacados empresarios españoles, a fin de seguir impulsando la tendencia creciente que existe en las inversiones y el gran interés de las empresas en participar en los mercados de ambos países. En los últimos cinco años, las empresas con capital español en México materializaron inversiones por 10,000.0 millones de dólares.
Este esfuerzo de promoción podrá concretarse a través de encuentros específicos con el Consejo Superior de Cámaras de España y el conjunto de empresas que engloba una de las más destacadas agrupaciones españolas como es el Foro ABC; organizado por el prestigioso diario español del mismo nombre, en colaboración con la importante firma de servicios profesionales Deloitte. Este foro se lleva a cabo desde 1999, como uno de los más prestigiados espacios de encuentro de líderes empresariales y dirigentes de medios de comunicación españoles con personalidades internacionales. Mi participación abrirá una oportunidad única para la promoción de los intereses mexicanos, no sólo en materia económica, sino en otros ámbitos, gracias a su influencia en los más diversos sectores de la sociedad española.
Adicionalmente, tendré la oportunidad de reunirme con un grupo especializado de hombres de negocios en el sector turismo y algunos líderes empresariales de alta importancia, con quienes podré sostener entrevistas individuales. Asimismo, se contempla la inclusión de actividades en relación con el sector académico español y con los medios de comunicación en ese país, lo que permitirá fortalecer aún más la interacción entre las sociedades de ambos países y su mutuo conocimiento.
Por otra parte, participaré en un acto conmemorativo en honor de quienes fueron víctimas de los terribles atentados terroristas del pasado 11 de marzo de 2004, uno de los acontecimientos más lamentables que ha vivido España en su historia reciente. Esta oportunidad permitirá reiterar el compromiso de México en la lucha contra el terrorismo, como una de las preocupaciones más altas que guarda la comunidad internacional en la actualidad.
2. Visita oficial a la República Italiana (10 y 11 de febrero)
De aprobarse mi solicitud, tendré la oportunidad de viajar a la República Italiana, a fin de sostener entrevistas, especialmente orientadas al fortalecimiento del diálogo político bilateral, con el Primer Ministro, Silvio Berlusconi, y con el Presidente de ese país, Carlo Azeglio Ciampi. Esta oportunidad reviste especial importancia para dar continuidad y fortalecer el diálogo establecido con el Gobierno de Italia, fundamentalmente en el ámbito multilateral. Ello responde a que, en la actual coyuntura, se discuten y analizan en forma inédita posibles estrategias internacionales y contenidos específicos para impulsar la reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas.
México e Italia se han destacado como actores relevantes en este debate y comparten intereses comunes en la materia, especialmente en lo que se refiere a la importancia de revisar detenidamente una eventual reestructuración del Consejo de Seguridad de la ONU, como parte de un proceso más amplio e integral para fortalecer el Sistema de Naciones Unidas. Cabe recordar que el diálogo en este campo se ha venido desarrollando de forma estrecha entre los dos países, desde la entrevista, que sostuve con el Premier Berlusconi durante la LVIII Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2003.
Italia mantiene también una importante participación en el proceso de integración europeo, debido a su posición geoestratégica. Su calidad de miembro fundador de los mecanismos de integración y cooperación regional, le permite aspirar a participar activamente en los procesos de toma de decisiones, lo que lo convierte en un actor de creciente importancia para México. A través de este diálogo, nuestro país fortalecerá la interlocución con un socio estratégico en el contexto europeo, ante el notable dinamismo que están viviendo los procesos de ampliación y consolidación de una Europa unida. Habiendo crecido la composición de la Unión Europea con 10 nuevos miembros en el año 2004 y teniendo en cuenta los avances de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, celebrada en Guadalajara en mayo pasado, resulta relevante desarrollar al máximo nuestras alianzas con naciones como la República Italiana, que preservan importantes afinidades con México.
En ese contexto, Italia se destaca adicionalmente como un importante interlocutor en el ámbito económico, como el tercer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y un creciente inversionista. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el intercambio comercial ha tenido un incremento superior al 50%, superando los 2,700 millones de dólares anuales. Las exportaciones mexicanas han crecido en cerca de un 60%. Por ello, las conversaciones con el Primer Ministro y el Presidente contribuirán a propiciar estrategias para el desarrollo de los flujos económicos bilaterales, entre las que destacan aquéllas encaminadas a la pequeña y mediana empresa, así como los avances orientados al establecimiento de un vuelo comercial directo entre ambos países.
3. Visita de Estado al Reino de Marruecos (11 y 12 de febrero)
Desde la llegada al poder del Rey Mohamed VI, en julio de 1999, el gobierno de Marruecos se ha caracterizado por apoyar el desarrollo social de su población, con base en una serie de reformas trascendentales enfocadas a la modernización de las estructuras de poder y las áreas educativas, sociales y económico-administrativas.
Este proceso, a la par del dinamismo económico que Marruecos está alcanzando, han motivado el interés de la comunidad internacional por esta nación árabe y africana, y la convierten en un nuevo interlocutor relevante para México. Asimismo, América Latina y en especial México han sido para Marruecos una prioridad de su política exterior. El gobierno marroquí ha buscado constituirse en "una voz de América Latina en África y en el mundo Árabe" y un país destacado en el fomento de los intereses de nuestra región. Marruecos también ha consolidado relaciones de amistad con varios países latinoamericanos, en el proceso de la diversificación de sus socios económicos y comerciales.
El pasado 24 de noviembre, el Rey Mohamed VI realizó una visita de estado a México. Se trató de la primera visita bilateral de un mandatario africano en 50 años, lo que confirma la voluntad política que ha manifestado el gobierno de Marruecos por ocupar una posición de vanguardia en el desarrollo de relaciones de África y los países árabes hacia México.
En esa ocasión, se estableció un mecanismo de consulta de interés mutuo donde se confirma la importancia que México y Marruecos asignan a su diálogo político como un pilar en las relaciones entre África del Norte y América Latina. Fue una oportunidad única para imprimir una dinámica mayor a los vínculos bilaterales por la puesta en marcha de una Comisión Mixta México-Marroquí y la revisión y actualización del marco jurídico que rige nuestras relaciones en sectores con alto potencial, tales como las nuevas tecnologías de información, la agricultura, el turismo, la salud, la energía y la producción industrial.
El Rey de Marruecos viajó a México acompañado igualmente de un distinguido grupo de empresarios dispuestos a detonar las oportunidades que existen para los flujos económicos bilaterales. Su presencia despertó un señalado interés de los hombres de negocios de México por iniciar un proceso de exploración del mercado marroquí, gracias a su posición estratégica regional.
Marruecos tiene esa posición destacada en razón de sus lazos de cooperación con Europa y ha adquirido una creciente vinculación con los centros económicos a nivel mundial. A la par de que se caracteriza por ser uno de los principales impulsores del proceso de integración económica regional en el norte de África, Marruecos realiza hoy el 58% de sus intercambios comerciales con Europa por medio del Acuerdo de Asociación vigente desde el año 2000, que contempla el establecimiento de una zona de libre comercio entre ese país y la Unión Europea para el año 2012.
Por otra parte, Marruecos firmó en junio de 2004 un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual abre perspectivas de desarrollo a sus exportaciones de productos textiles, agrícolas, pesqueros e industriales hacia la región de América del Norte. Ambos procesos de liberalización comercial con Europa y Estados Unidos generan un marco de afinidad con México especialmente relevante. Ello distingue la relación económica entre ambos países y nos invoca a iniciar acciones conjuntas en el ámbito económico y de cooperación. No obstante que las cifras de intercambio comercial bilateral son aún modestas, existe un importante potencial de crecimiento.
Esta primera visita de estado, con la autorización de esa Soberanía, permitirá dar continuidad a los distintos avances que han fortalecido las relaciones de México con esta nación africana. Con ello, enviaremos un mensaje claro y oportuno sobre el interés que México tiene por esta nación y por las oportunidades que nos abre en la comunicación con los países árabes y africanos. Además de atender la invitación correspondiente hecha por el Rey Mohamed VI durante su reciente viaje a México, la visita a Marruecos corresponde a un momento propicio para impulsar el diálogo político, entablar consensos y coordinar posiciones ante la reestructuración del escenario internacional, en especial en el ámbito multilateral y ante la reforma del sistema de Naciones Unidas.
En ese sentido, tendré la oportunidad de conversar con el Rey Mohamed VI y con importantes figuras de su gobierno. Ésta sería una ocasión de gran valía para propiciar acciones y programas específicos de concertación en temas políticos de interés mutuo y estrategias para nuestras relaciones económicas y de cooperación.
Tendrá la oportunidad de examinar los avances de la Comisión Binacional entre ambos países, que realizará una primera reunión en el marco de esta visita. Esta comisión incluirá actividades relevantes en torno a varios grupos de trabajo en las áreas de comercio e inversión, migración (donde México y Marruecos comparten afinidades en razón de los porcentajes importantes de su población que radican más allá de sus fronteras), así como cultura y cooperación.
Podré igualmente atestiguar la suscripción de nuevos acuerdos que contribuirán a actualizar el marco jurídico que estamos construyendo con esta nación africana en temas como cooperación en materia migratoria, colaboración diplomática y desarrollo hidráulico, donde ambos países comparten una preocupación ante este trascendental tema global de la agenda ambiental.
En este mismo contexto, tendrá lugar un evento de promoción empresarial en el que participará un distinguido grupo de hombres de negocios mexicanos, a fin de complementar los esfuerzos gubernamentales por impulsar nuestras relaciones económicas bilaterales. No obstante su lejanía geográfica, Marruecos es un socio potencial para México, tanto en el plano bilateral como en el contexto de la Unión del Magreb Árabe, bloque económico que abarca alrededor de 79 millones de consumidores. Marruecos es hoy nuestro tercer socio comercial en África, después de Sudáfrica y Argelia.
Durante mi visita a Marruecos se buscará avanzar hacia un Acuerdo de Cooperación Recíproca entre el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales y la Confederación General de Empresas Marroquíes, a fin de colocar a México en una posición privilegiada hacia el mercado marroquí que muy pocos países ostentan.
Destaca igualmente la importancia de la visita en cuanto a la cooperación cultural con Marruecos, la cual sustenta históricamente el clima de excelencia y entendimiento entre ambos países, debido al especial respeto y admiración que se ha generado por la cultura mexicana en ese país. Marruecos es uno de los países africanos que más se beneficia del Programa de Becas para África, Asia, Pacífico y Medio Oriente que ofrece México. Cuenta con una población de habla hispana superior a los seis millones de personas que preservan el interés por la cultura mexicana, por lo que existen posibilidades relevantes para el desarrollo de las industrias culturales de México en ese país.
Mi presencia en Marruecos permitirá cosechar los logros del trabajo que ha impulsado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en ese país y ampliar sustantivarnente el ámbito de las oportunidades de colaboración educativa, académica, cultural y de investigación.
4. Visita de estado a la República Argelina Democrática y Popular (13 de febrero)
Argelia es el segundo país con mayor extensión territorial en el continente africano y el décimo a nivel mundial. Comparte además una costa mediterránea de aproximadamente mil kilómetros de largo. La importancia económica de sus cuantiosos recursos energéticos como el petróleo y el gas, así como su posición estratégica, lo convierten en un actor de primer orden entre los países del Mediterráneo. Lo anterior, cobra especial relevancia ante la perspectiva de reactivar el Proceso de Barcelona, creado en 1995, que pretende establecer una zona euromediterránea de libre comercio hacia el año 2010.
Nuestras relaciones diplomáticas con Argelia se establecieron en 1964 y han sido especialmente amistosas por su alto grado de entendimiento político, sobre todo en el ámbito multilateral. Si bien el clima de inestabilidad política en Argelia a principios de la década de los noventa impidió un mayor desarrollo de los vínculos con México, el nuevo panorama de estabilidad en esa nación abre espacios para fortalecer los contactos en los ámbitos político, cultural, educativo y comercial. Mi visita de estado a ese país complementaría adecuadamente la estrategia de México hacia la región del Magreb y hacia los países árabes.
Por otra parte, durante los dos últimos años he sostenido encuentros con mi homólogo argelino, Abdelaziz Bouteflika, en el marco de la Conferencia de las Naciones para el Financiamiento del Desarrollo en 2002, durante la Cumbre de Jefes de Estado del Grupo de los Ocho que se celebró en Evian, Francia, en junio del 2003, y en el marco del 58 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de ese mismo año. Argelia se ha convertido adicionalmente en un interlocutor clave para México dentro de la iniciativa mexicana del Grupo de Amigos de la Reforma de la ONU, por lo que el diálogo bilateral en temas multilaterales ha adquirido una relevancia sin precedente.
Argelia es nuestro segundo socio comercial en África, con un intercambio promedio cercano a los 150 millones de dólares anuales. Argelia se ha convertido en un socio clave en temas energéticos, tanto en razón de nuestros intercambios bilaterales como en la necesidad que tenemos para influir activamente en las tendencias internacionales de este sector.
En este sentido, las conversaciones que sostendré con el Presidente Bouteflika abrirán un espacio inédito de consulta e intercambio de puntos de vista, considerando que en 30 años no ha habido una visita de un mandatario mexicano a esa nación. Podrán abordarse diversos aspectos de la agenda internacional de gran importancia para ambos países como el fortalecimiento del multilateralismo, la seguridad internacional en el inicio del siglo, la protección del medio ambiente y las políticas de cooperación para el desarrollo. Asimismo, en el plano bilateral destacan las acciones que podrán emprenderse para impulsar los intercambios económicos entre los dos países y aprovechar las oportunidades que Argelia ofrece para los hombres de negocios mexicanos y los flujos de inversión que este país puede realizar en México.
Sostendré igualmente actividades en relación con el desarrollo del sector energético que Argelia está realizando a nivel gubernamental y que atrae el interés mexicano. La ocasión será propicia, asimismo, para revisar el marco jurídico que rige nuestras relaciones con esta importante nación africana, en especial en materia de colaboración en el sector agropecuario, así como en el educativo, artístico y cultural, y en materia de juventud, deporte y cultura física.
En virtud de las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto por su digno conducto a la elevada consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede autorización al Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 7 al 13 de febrero de 2005, a fin de que realice una visita oficial al Reino de España, del 7 al 10 de febrero, y una visita oficial a la República Italiana los días 10 y 11 de febrero, así como visitas de estado al Reino de Marruecos, los días 11 y 12 de febrero, y a la República Argelina Democrática y Popular, el día 13 de ese mismo mes.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a esa Soberanía las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil cinco.
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
VICENTE FOX QUESADA (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, SIETE POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS MARÍA CRISTINA DE LA GARZA SANDOVAL, ROGELIO GRANGUILLHOME MORFÍN, MARCIAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, ALEJANDRO RAMOS FLORES, MARCO ANTONIO PEYROT GONZÁLEZ Y FRANCISCO EDUARDO DEL RÍO LÓPEZ PUEDAN ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 10 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la C. María Cristina de la Garza Sandoval pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Gran Cruz de Comandante, que le otorga el Gobierno de la República de Finlandia.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta de la interesada, dirigida al H. Congreso de la Unión, en la que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 13 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la C. María Cristina de la Garza Sandoval pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz por Méritos a la República de Austria, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta de la interesada, dirigida al H. Congreso de la Unión, en la que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 13 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. embajador Rogelio Granguillhome Morfín pueda aceptar y usar la condecoración Orden al Mérito del Servicio Diplomático que le confiere el Gobierno de la República de Corea.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en la que solicita el permiso respectivo; copia certificada y acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 13 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. licenciado Marcial Rafael Macedo de la Concha pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en la solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 13 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. licenciado Alejandro Ramos Flores pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Por lo anterior me permito anexar, para que integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en la que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 13 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Almirante Marco Antonio Peyrot González pueda aceptar y usar la medalla conmemorativa XXV Aniversario del Ejército de Nicaragua que le confiere el Comandante en Jefe del Ejército de la República de Nicaragua.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en la que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la medalla de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 13 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Francisco Eduardo del Río López pueda aceptar y usar la condecoración José de Marcoleta, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Nicaragua.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en la que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, DOS POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS LICENCIADOS SANTIAGO CREEL MIRANDA Y EDUARDO TOMÁS MEDINA-MORA ICAZA PUEDAN ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIERE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
México, DF, a 17 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el licenciado Santiago Creel Miranda pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Mérito Policial con Distintivo Blanco que le otorga el Gobierno del Reino de España.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en la que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 13 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el licenciado Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Mérito Policial con Distintivo Blanco que le otorga el Gobierno del Reino de España.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al Congreso de la Unión, en la que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS JOSEFA NANCY COSSÍO ARIAS, INGRID YUNUÉN NAVARRO PONCE, AUSTREBERTO MARTÍNEZ VILLEGAS, MARCELINO VILLANUEVA SERRANO Y FERNANDO ÁNGELES SALGADO PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE PERÚ EN MÉXICO
México, DF, a 28 de diciembre de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Josefa Nancy Cossío
Arias.
Puesto: Recepcionista.
Lugar de trabajo: Embajada
de Perú en México.
Nombre: Ingrid Yunuén
Navarro Ponce.
Puesto: Secretaria.
Lugar de trabajo: Embajada
de Perú en México.
Nombre: Austreberto Martínez
Villegas.
Puesto: Asistente en el Área
Económico-Comercial.
Lugar de trabajo: Embajada
de Perú en México.
Nombre: Marcelino Villanueva
Serrano.
Puesto: Empleado de limpieza
y mensajero.
Lugar de trabajo: Embajada
de Perú en México.
Nombre: Fernando Ángeles
Salgado.
Puesto: Chofer.
Lugar de trabajo: Embajada
de Perú en México.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y de la carta de naturalización de la C. Cossío Arias; originales del escrito en que solicitan se realicen los trámites correspondientes; y copias simples de su identificación oficial.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, QUINCE CON LOS QUE SE REMITEN HOJAS DE SERVICIO DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO MEXICANO, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México, DF, a 16 de diciembre de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación enviando las hojas de servicio de los ciudadanos
C. Coronel de Infantería Alejandro
Graciano Quintero Rosales (7813493).
C. Coronel de Infantería Román
Medina Castillo (10561709).
C. Coronel de Infantería José
Luis Cruz Zepeda (9658442).
C. Coronel de Infantería Rodolfo
Carranza Hernández (9447867).
C. Coronel Ingeniero Industrial Juan
Manuel Velázquez Víctores (9448027).
C. Coronel Ingeniero Industrial Moisés
Pavón Fonseca (9448202).
C. Coronel Ingeniero en Comunicaciones
y Electrónica Gabriel Magaña Morfín (6461621).
C. Coronel Ingeniero Industrial Sergio
Virgilio Guerrero García Rojas (8208264).
C. Coronel Cirujano Dentista Facundo
Zayago Espinosa (9931864).
C. Coronel de Infantería Diplomado
de Estado Mayor Arturo Solano Escobedo (B-1148378).
Por lo anterior acompaño al presente las hojas de servicio de los citados militares, con carácter devolutivo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, TRECE CON LOS QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número
III-1002, signado el 2 de diciembre de 2004 por el C. senador Carlos Chaurand
Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño,
para los fines que estimen procedentes, original del similar número
SIEDF/1722/
2004, suscrito 14 de diciembre último
por el licenciado Carlos Javier Vega Memije, subprocurador de Investigación
Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de
la República, mediante el cual da respuesta al apartado primero
del punto de acuerdo por el que se solicita a esa Procuraduría que
informe sobre la operación en que se decomisaron a la empresa Wildlife
Importadora de Animales 510 ejemplares de fauna silvestre en peligro de
extinción.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número III-1007, signado el 2 de diciembre de 2004 por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número PFPA/SRN/ 016 /04, suscrito el 17 de diciembre último por el químico Felipe Adrián Vázquez Gálvez, subprocurador de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al apartado segundo del punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, lleve a cabo las acciones necesarias para suspender los estudios de prospección de Petróleos Mexicanos en tanto no se cuente con una evaluación de impacto ambiental y que permita prevenir y minimizar los efectos negativos que estas actividades producen en el ambiente y la vida marina.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número III-967, signado el 30 de noviembre de 2004 por el C. senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número PFPA/SRN/DGIF/1526/04, suscrito el 10 de diciembre último por el M. en C. Cuauhtémoc González Pacheco, director general de Inspección Forestal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría a realizar de manera inmediata una revisión exhaustiva de la situación que guardan los aprovechamientos forestales y los convenios con los madereros en las regiones de la Costa Chica y La Montaña de dicha entidad federativa.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número CP2R1AE.-279, signado el 26 de mayo de 2004 por el C. senador Ernesto Gil Elorduy, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número CEI.- 100.- 2004.- 0243, suscrito 13 de diciembre último por el licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, coordinador de Enlace Institucional de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia que informe acerca de las gestiones realizadas con relación al Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número III-931, signado el 23 de noviembre de 2004 por el C. senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DG/CA-EL/181/2004, suscrito el 21 de diciembre último por el ingeniero Jorge Ocejo Moreno, coordinador de asesores del director general de Petróleos Mexicanos, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita informe acerca de la presunta contaminación provocada por la actividad petrolera en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla, en el estado de Tabasco, así como de las actividades que han llevado a cabo hasta ahora para detenerla.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número III-883, signado el 9 de noviembre de 2004 por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 04508, signado el 16 de diciembre último por el doctor Óscar Velázquez Monroy, director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia que auxilie a la sociedad rural en los poblados y las zonas infectados de roedores, a fin de controlar y prevenir los daños causados por esta plaga, en Atascaderos, Chihuahua; asimismo, se lleve a cabo, de no haberlo hecho, una evaluación a fin de garantizar a la población de Atascaderos y a los usuarios de los ríos Colorado, Guadalupe y Sinaloa que éstos se hallan libres de contaminación por el uso inadecuado de raticidas u otro tipo de veneno.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número III-999, signado el 2 de diciembre de 2004 por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 001439, suscrito el 22 de diciembre último por el licenciado J. Fernando Franco G. S., subsecretario de Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia que informe sobre el proceso integral de reestructuración de los nuevos agentes económicos aéreos.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número III-936, signado el 23 de noviembre de 2004 por el C. senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 004 suscrito el 6 del actual por el C. Juan Rafael Elvira Quesada, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a que entregue el informe final de la investigación sobre el impacto ambiental de la contaminación genética del maíz en el estado de Oaxaca, así como para que, en su calidad de integrante del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, llevara a cabo las gestiones necesarias para que en noviembre de 2004 dicho Consejo hiciera público el informe final que el Secretariado ha elaborado sobre el tema "Maíz y biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México".
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número III-913, signado el 16 de noviembre de 2004 por el C. senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 003 suscrito el 6 del actual por el C. Juan Rafael Elvira Quesada, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a que informe sobre las medidas desarrolladas por el gobierno mexicano para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Protocolo de Cartagena y, sobre todo, en lo relativo a la restricción o regulación sobre la importación de OGM; y qué información ha sido remitida al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, en términos de lo dispuesto en el artículo 11 del Protocolo referido.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número
III-885, signado el 9 de noviembre de 2004 por el C. senador Carlos Chaurand
Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño,
para los fines que estimen procedentes, copia del similar número
STPCE/864/
2004, suscrito el 14 de diciembre
último por el C. Adalberto Núñez Ramos, secretario
técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la
Secretaría de Economía, mediante el cual da respuesta al
punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia que intervenga
ante la empresa Aeroméxico, hasta solucionar el conflicto existente
ante la suspensión de los dos vuelos entre la ciudad de los Mochis
y la Ciudad de México, cuya suspensión definitiva mantiene
prácticamente incomunicada la región norte del estado de
Sinaloa.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número III-1007, signado el 2 de diciembre de 2004 por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SGPA/DGIRA/DG/2096/04, suscrito el 17 de diciembre último por el biólogo J. Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, en materia de conservación de especies sujetas a protección especial y de especies en peligro de extinción, lleve a cabo las acciones necesarias para suspender los estudios de prospección de Petróleos Mexicanos en tanto no se cuente con una evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y que permita prevenir y minimizar los efectos negativos que esas actividades producen en el ambiente y la vida marina.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número CP2R1AE.- 1508, suscrito el 11 de agosto último por el C. senador Ernesto Gil Elorduy, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SE/SNSP/DGCI/ 0033 /2005, signado el 3 del mes en curso por el licenciado Francisco J. Reyes Retana C., director general de Coordinación con Instancias de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo en que se exhorta a esa dependencia para que, con la urgencia y seriedad que el caso amerita, desarrolle programas especiales de prevención, investigación, seguimiento y combate del fenómeno de violencia contra las mujeres.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 14 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número III-675, signado el 27 de marzo de 2003 por el C. senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 311/010, suscrito el 14 del actual por el arquitecto Mario S. González Torres, director general de Política Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como los anexos que en el mismo se mencionan, en respuesta al punto de acuerdo, presentado por el senador Adalberto Madero Quiroga, mediante el cual solicita que se informe trimestralmente sobre los avances en materia de contratación de personas que sufren algún tipo de discapacidad, correspondiente al cuarto trimestre de 2004.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, ONCE CON LOS QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 10 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL 59-II-5-1093, signado el 30 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SGPA/DGIRA/DG/0016/05, suscrito el 3 del mes en curso por el biólogo J. Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a publicar el estudio de impacto ambiental del Bordo Poniente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L 59-II-4-877, signado el 25 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 1025 suscrito el 13 de diciembre último por el C. Ernesto Enkerlin Hoeflich, Presidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia, en coordinación con el gobierno estatal y el municipal, a llevar a cabo las mesas de trabajo, en términos del artículo 58, a fin de evaluar la viabilidad de decretar Ojos de Agua del Río Talpa de Allende, en el estado de Jalisco, como área natural protegida, así como su respectivo programa de manejo y la categoría para su declaración.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-883, signado el 28 de septiembre de 2004 por los CC. diputados Francisco Arroyo Vieyra y Marcos Morales Torres, vicepresidente en funciones de Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar suscrito el 13 de diciembre último por el licenciado Horacio Ríos Cano, vocal ejecutivo del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del estado de Hidalgo, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas que apliquen lo enunciado en el artículo 27 constitucional en materia de ordenación y aprovechamiento del territorio.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-883, signado el 28 de septiembre de 2004 por los CC. diputados Francisco Arroyo Vieyra y Marcos Morales Torres, vicepresidente en funciones de Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SG/SA/130/2004, suscrito el 16 de diciembre último por el licenciado Ricardo M. Medina Farfán, subsecretario "A" de Gobierno del estado de Campeche, así como los anexos que en el mismo se citan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas que apliquen lo enunciado en el artículo 27 constitucional en materia de ordenación y aprovechamiento del territorio.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-883, signado el 28 de septiembre de 2004 por los CC. diputados Francisco Arroyo Vieyra y Marcos Morales Torres, vicepresidente en funciones de Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar suscrito el 19 de noviembre de 2004 por el C. Ricardo Torres Origel, secretario de Gobierno del estado de Guanajuato, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas que apliquen lo enunciado en el artículo 27 constitucional en materia de ordenación y aprovechamiento del territorio.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1023, signado el 11 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 173/04, suscrito el 23 de diciembre último por la licenciada Gloria G. Domínguez Domínguez, directora del Registro Civil de la Secretaría General de Gobierno del estado de Chihuahua, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esta dependencia a que, con apoyo de los gobiernos estatales y el del Distrito Federal, impulse una campaña permanente para la expedición de actas de nacimiento en beneficio de las personas de 60 o más años que no estén registradas, debiendo extenderse y hacer énfasis en las poblaciones más alejadas del país, usando en su caso registros civiles móviles.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1023, signado el 11 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número D.G.R.N.-748/2004, suscrito el 7 de diciembre último por el licenciado Aldo Enrique Cruz Pérez, director general de Registros y Notarías de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a que, con apoyo de los gobiernos estatales, impulse una campaña permanente para la expedición de actas de nacimiento en beneficio de las personas de 60 o más años que no estén registradas, debiendo extenderse y hacer énfasis en las poblaciones más alejadas del país, usando en su caso registros civiles móviles.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 6 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1012, signado el 9 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número BOO.02.03.146/2004 7798, suscrito el 14 de diciembre último por el médico veterinario zootecnista José Ángel del Valle Molina, director general de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a investigar los hechos recientemente conocidos en el estado de Chihuahua en los que se pusieron al descubierto la importación y posterior comercialización de fórmulas lácteas contaminadas y que, en su caso, se presenten las denuncias y se impongan las sanciones a quienes resulten responsables.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL 59-II-5-698, signado el 23 de septiembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, original del similar número SP/100/ 0941 /2004, suscrito el 15 de diciembre último por el licenciado Eduardo Romero Ramos, secretario de la Función Pública, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a instaurar el Día Nacional de la Personas Zurdas, como una medida tendente a dar a conocer y promover una cultura de respeto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-927, signado el 19 de octubre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DG/CA-EL/212/2004, signado el 22 de diciembre último por el ingeniero Jorge Ocejo Moreno, coordinador de asesores del director general de Petróleos Mexicanos, así como nota informativa que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a ese organismo que otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1023, signado el 11 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SG/SSG/1536/2004, suscrito el 17 de diciembre último por el licenciado J. Humberto de los Santos Bertruy, subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos del estado de Tabasco, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a que, con apoyo de los gobiernos estatales, impulse una campaña permanente para la expedición de actas de nacimiento en beneficio de las personas de 60 o más años que no estén registradas, debiendo extenderse y hacer énfasis en las poblaciones más alejadas del país, usando en su caso registros civiles móviles.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Deporte al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la Primera Conferencia sobre la Mujer, en la Ciudad de México, en 1975, los gobiernos, las activistas feministas, la sociedad civil y la academia, cierta y comprensiblemente, tendieron a subvalorar el aspecto de la mujer en el deporte, para concentrarse en asuntos que las mujeres y la comunidad internacional consideraron como de mayor importancia. Para dar un ejemplo, el tema de mujer y deporte recibió una atención limitada en la Plataforma para la Acción de Beijing 1995, sólo en el marco de mujer y salud.
Es de destacar que a través del deporte se aprenden el concepto de juego limpio, la comprensión mutua, la solidaridad y la amistad. Las competiciones deportivas llevadas a cabo en un espíritu de respeto mutuo, de imparcialidad y cortesía son un vehículo ideal para promover la buena voluntad y las buenas relaciones entre los pueblos y entre los seres humanos. Tal vez en el deporte practicado por mujeres, la sonoridad y el afinamiento alcanzan con mayor nitidez sus propósitos.
Éstos son los valores de las Naciones Unidas, que trascienden las fronteras nacionales. Se trata de valores que llevaron a más de 150 dirigentes mundiales a incluir en la histórica Declaración Final de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas en septiembre de 2000 un llamado a la observación de la Tregua Olímpica y a promover la paz y el entendimiento humano a través del deporte y el ideal olímpico.
En otros foros de Naciones Unidas se reconoció el tema de mujer y deporte. La Plataforma de Beijing insta a los gobiernos a prestar una atención particular a las necesidades de las niñas, incluyendo su necesidad de comportamientos sanos tales como las actividades físicas y convocó a los gobiernos a permitir a las mujeres tener una participación en los deportes y en las actividades físicas en pie de igualdad con los hombres, a través de la creación de programas. En el año 2000, Beijing+5 amplió el alcance de este llamado pidiendo a los gobiernos incluir a las mujeres y a las niñas en las actividades culturales, recreativas y deportivas a todo nivel (nacional, regional e internacional), pidiendo también que se diera acceso equitativo al entrenamiento, la competición, la remuneración y los premios.
Diversas conferencias y otros eventos de las Naciones Unidas han destacado la importancia de los deportes y de la participación equitativa de las mujeres en los mismos, tal es el caso de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, en 1994.
Aparte de crear los marcos para elaboración de políticas durante las conferencias globales, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, creó obligaciones legales de acción por parte de los 169 Estados partes, pidiendo a todos tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizar la igualdad con los hombres en la "participación en actividades recreativas, en deportes y en todos los aspectos de la vida cultural".
También ha habido un progreso notable en el deporte y las actividades físicas, palpable en un aumento significativo de la participación de mujeres y niñas. Día a día han empezado a caer muchas de las barreras que impiden a las mujeres deportistas tener acceso a los eventos deportivos -particularmente a nivel internacional-, a las instalaciones, a los equipos, a en cargos de decisión, al entrenamiento y a las competencias.
Dentro de los beneficios de esta participación deportiva, podemos señalar que las mujeres deportistas gozan de una mayor autoestima, presentan tasas más bajas de depresión y tienen una mejor imagen corporal, aprenden a disciplinar sus cuerpos a través del ejercicio y a desarrollar una mayor tenacidad y resistencia, lo cual les facilita ser eficaces en cualquier actividad que emprendan y las estimula a asumir posiciones de liderazgo.
En el marco más amplio de la situación de la mujer los retos siguen estando presentes. Podemos verlos en el creciente flagelo del tráfico de mujeres y de niñas; en el aumento de la incidencia de la violencia doméstica contra las mujeres, en el aumento del número de feminicidios, en la rápida propagación del VIH/sida; y en los incesantemente altos niveles de pobreza que se registran entre las mujeres.
Así como estos retos siguen estando presentes, algo similar ocurre con las mujeres en el deporte mexicano, por lo que en el cuerpo del decreto se considera pertinente incluir al Instituto Nacional de las Mujeres como integrante del órgano de gobierno denominado Junta Directiva, en la idea de pernear la perspectiva de género en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
La discriminación contra las mujeres y las niñas en los deportes es quizás uno de los retos más persistentes y menos visibles. Esta discriminación viola los derechos humanos, pues considera como inferiores y menos merecedoras de un tratamiento equitativo a las deportistas y entrenadoras. La discriminación puede adoptar muchas formas; a las mujeres se les niega un acceso equitativo a las instalaciones deportivas, al financiamiento de eventos deportivos y a un cubrimiento justo de sus logros deportivos por parte de los medios. Adicionalmente, las deportistas profesionales no son tan bien pagadas como sus colegas masculinos.
Por ello, como un primer paso, considero que la legislación debe hacer respetar y defender el derecho de las mujeres deportistas a una paga equitativa y a iguales oportunidades de empleo y competencia. También es de una gran importancia ampliar las oportunidades para que las niñas y adolescentes tengan acceso al ejercicio físico en contextos educativos. En muchos casos, las carreras deportivas exitosas o el mantenimiento de un buen estado físico comienzan con clases de educación física desde una edad temprana.
Las prioridades deben incluir un mayor énfasis en la importancia de los deportes. Particularmente, se debe lograr que las mujeres tengan mejores oportunidades de ser entrenadas y de competir de manera similar a los hombres en cualquier deporte.
El objetivo primordial de esta iniciativa es fomentar una cultura deportiva que permita y valore la participación plena de la mujer en todos los aspectos deportivos. Por ello, es necesario:
Incrementar la participación femenina en todos los niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo.
Garantizar que los conocimientos, experiencias y valores de la mujer contribuyan al fomento del deporte.
Promover el reconocimiento de la participación femenina en el deporte como contribución a la vida pública, al desarrollo de la comunidad y a la construcción de una nación más sana.
Alentar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución a la expansión individual y colectiva.
Por ello, se propone que los organismos y autoridades deportivas, así como las instituciones vinculadas, instrumenten acciones afirmativas en beneficio de las mujeres, en aras de brindar una oportunidad igual para realizar su potencial deportivo, asegurando que todas las actividades y programas relativos al mejoramiento del desempeño deportivo tengan en cuenta las necesidades específicas de las atletas; y que los patrocinadores de atletas de elite, profesionales o ambos deban asegurar que las oportunidades de competir, los premios, incentivos, reconocimientos, patrocinios, promociones y demás formas de apoyo sean asignados de manera justa y equitativa entre ambos sexos. Es menester reconocer que la mujer está subrepresentada en las funciones de liderazgo y toma de decisiones en los organismos deportivos y vinculados al deporte. Por lo que los responsables de dichas áreas deberán elaborar políticas, crear programas y establecer estructuras para incrementar el número de entrenadoras, asesoras, encargadas de toma de decisiones, jueces deportivas, administradoras y personal deportivo femenino en general, en todos los niveles del ámbito deportivo.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado; y toda vez que la inclusión de las mujeres en las diferentes esferas de la vida productiva es un requisito para el desarrollo democrático del País, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que incorpora a la Ley General de Deporte perspectiva de género, al reformar y adicionar diversas disposiciones, para quedar de la siguiente manera:
Decreto
Primero. Se reforma la fracción I y IX del artículo 2, para quedar su redacción en los términos siguientes:
IX. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implemente; y
Artículo 6. La Federación, los estados, el Distrito Federal, y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte.
Tercero. Se agrega un inciso k al artículo 17:
a) la oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro y alentador, que proteja sus derechos, dignidad e integridad;
b) la participación femenina en todos los niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo;
c) que los conocimientos, experiencias y valores de la mujer contribuyan al fomento del deporte; y
d) promover el reconocimiento de la participación femenina en el deporte como contribución a la vida pública, al desarrollo de la comunidad y a la construcción de una nación más sana.
Artículo 90. La Conade participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de cultura física y el deporte. En los citados programas, se deberá contemplar la perspectiva de género y la capacitación respecto de la atención de las personas adultas mayores y con algún tipo de discapacidad.
Sexto. Se reforma el artículo 99 para quedar de la forma siguiente:
Artículo 99. Corresponde a la Conade y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y en su caso, en la convocatoria correspondiente, evitando en todo momento la discriminación por razones de género.
Séptimo. Se adiciona una fracción III al artículo 100, recorriendo en el mismo orden las fracciones subsecuentes:
Único. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2005.
Dip. María Elena Orantes López
(rúbrica)
QUE ADICIONA
EL ARTÍCULO 387 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y UN INCISO 35
A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA TIPIFICAR COMO DELITO GRAVE EL FRAUDE EN
EL EXPENDIO DE GASOLINA Y DIESEL EN ESTACIONES DE SERVICIO DE FRANQUICIA
PEMEX, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
Jorge Antonio Kahwagi Macari y Leonardo Álvarez Romo; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con opinión de la Comisión de Energía la presente iniciativa con proyecto decreto, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya tiene tiempo que denunció que las gasolineras del país utilizan alta tecnología para defraudar a sus clientes. Los mecanismos utilizados para defraudar ya no son mecánicos sino electrónicos, los defraudadores cuentan con tecnología inalámbrica para activar los cambios al sistema electrónico de las estaciones de servicio, de forma que el cálculo de litros se altera, apareciendo una cantidad distinta a la que en realidad se está suministrando, logrando con estos dispositivos manipular dolosamente los cambios al sistema electrónico de las estaciones de servicio.
La Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-1994, sólo permitía verificar la parte mecánica de los dispensarios; no así la parte electrónica, de forma que la Profeco se veía limitada para actuar de forma eficaz contra los drefaudadores, situación por la cual se tuvo que hacer una modificación a la normatividad vigente de aquel momento.
La nueva Norma Oficial Mexicana NOM-EM-011-SCFI-2004 que entró en vigor a partir de noviembre de 2004, faculta a la Profeco para poder revisar las tarjetas electrónicas, el sistema electrónico y el software de los dispensarios de combustible. Se establecen los procedimientos de extracción de las tarjetas de control, prueba de las baterías de respaldo del dispositivo de almacenamiento de información y de verificación del software, para poder comprobar que no sea alterado el funcionamiento de estas máquinas.
La NOM-EM-011- SCFI-2004 establece las especificaciones, métodos de prueba y de verificación aplicables a los distintos sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos como: gasolinas, diesel, turbosina y gas avión, que se comercializan en el país. Sin embargo esta norma no es suficiente ya que la Profeco demostró mediante un muestreo estadístico representativo, que el 90% de las gasolineras operan fuera de la tolerancia de la norma, lo que significa para términos prácticos, que casi todas operan defraudando al consumidor, de forma que es raro encontrar una gasolinera que opere honestamente. La respuesta de los propietarios y franquiciatarios ha sido a través de amparos para suspensiones provisionales a esta norma NOM-EM-011-SCFI-2004.
Los montos mencionados de lo defraudado van de 8 mil 500 millones a 18 mil 500 millones, sin embargo haciendo números con respecto a los valores de las ventas reportadas por Pemex en 2004 de gasolinas y diesel, y considerando la proporción de que la mayoría de las gasolineras, 9 de cada 10 surten litros de 800 mililitros, el monto defraudado podría ser de hasta 31 mil 683 millones de pesos.
Por su parte, los funcionarios de Pemex se deslindan de su responsabilidad, arguyendo que la franquicia es un contrato de orden estrictamente comercial, de tal manera que no pueden actuar en carácter de autoridad.
Por su lado, la Profeco sólo tiene atribuciones para sancionar administrativamente con multas y clausura hasta por 90 días establecimientos en que se detecten irregularidades. De las más de 6,500 estaciones de servicio, sólo 26, el 0.4% han sido objeto de rescisión de contrato de franquicia y 115 están en proceso.
Sin embargo, es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los instrumentos de medición que se comercialicen en el territorio nacional sean seguros y exactos, con el propósito de que no representen peligro a los usuarios y consumidores y que presten un servicio adecuado respecto a sus cualidades metrológicas en su utilización en transacciones comerciales y en las determinaciones para la protección de la salud, el medio ambiente y demás actividades donde se requiera de la medición.
La realidad abrumadora, es que en base a las actuales disposiciones legales, no es posible controlar las conductas ilícitas de estos prestadores de servicio, lo que los pone en una posición de impunidad, dando además un pésimo ejemplo a la sociedad sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y del Estado de derecho.
El aspecto nodal, es que independientemente de los enormes montos defraudados cotidianamente a la población en general, las repercusiones de estas actividades fraudulentas, dañan directamente a la industria de la cual depende en su mayor grado la economía nacional, por lo que desde luego este problema es de seguridad nacional, por que implica un ataque infame a la soberanía e instituciones de nuestro país.
No sólo hay que cuidar que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, el impacto negativo del mismo es generalizado, por que afecta directamente a todos los sectores productivos del país, a la industria, al transporte, a la agricultura, a la pesca, a los sectores empresariales, etcétera, atrofiando su desempeño exitoso, de forma que trunca la posibilidad de ser competitivos a nivel nacional e internacional. Los energéticos tienen que cuidarse de manera firme, para garantizar al país su contínuo desarrollo económico, potenciando sus capacidades para superar las condiciones de atraso y vencer la lacerante miseria y desprotección de amplios sectores y grupos de nuestra población.
No se puede fincar el progreso nacional con tolerancia a la impunidad. Con base en lo expuesto se propone se tipifique el delito de fraude en el expendio de gasolinas y diesel dentro del Código Penal Federal adicionando el artículo 387 Bis, asignando penas ejemplares y dándole el carácter de delito grave en el Código Federal de Procedimientos Penales. Las penas deben de ser altas, debido a que los delitos que afectan de forma generalizada a los ciudadanos, sociedad, industria, economía y a la soberanía del país deben ser costosos para quien lo comete, de forma que se puedan prevenir y se erradique la comisión de este tipo de ilícitos.
Por ello, los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a esta H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Decreto por el que se adiciona el artículo 387 Bis al Código Penal Federal y se adiciona un inciso 35) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo Primero. Se adiciona el artículo 387 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 387 Bis
Se impondrá la pena de prisión de tres a seis años y una multa de diez mil a veinte mil días de salario mínimo vigente, independientemente de las infracciones administrativas en que incurra:
Al franquiciatario, propietario, socio, representante legal, administrador y gerente de la Estación de Servicio Integrante de la Franquicia de Petróleos Mexicanos, así como a cualquier persona que realice, solicite o permita la manipulación, de uno o varios dispensarios de gasolina o diesel, registrándose así cantidades menores a las vendidas.
En la misma responsabilidad penal incurrirá quien adultere, modifique o reduzca las propiedades y la calidad establecida de los hidrocarburos mencionados en el párrafo anterior, con el propósito de comercializarlos.
Este delito se perseguirá de oficio.
Artículo Segundo.- Se adiciona un inciso 35) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
1-34 (quedan igual)
35) Fraude en expendio de gasolina o diesel, previsto en el artículo 387 bis.
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de enero de 2005.
Diputados: Jorge A. Kahwagi
Macari, Leonardo Álvarez Romo (rúbricas)
QUE REFORMA Y
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta asamblea, para su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El propósito de estas reformas es el de establecer en nuestra Norma Fundamental que los integrantes de uno de los tres poderes públicos, el Judicial, accedan al cargo a través de un proceso electoral en el que la población mexicana ejerciendo su voto libre, directo y secreto, los elija para ocupar dicho cargo público.
Desde 1824, en el acta constitutiva de la Federación Mexicana se estableció en su artículo 9° que "El Poder supremo de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y jamás podrán reunirse dos o más de estos en una corporación o persona, ni depositarse el Legislativo en un individuo".
A su vez, en el artículo 18 de dicha acta constitutiva se dispone que: "... se deposita el ejercicio del Poder Judicial en una Corte Suprema de Justicia, y en los tribunales que se establecerán en cada Estado;...".
En la Constitución Federal de octubre de 1824 se dispone en el Artículo 6 que "Se divide el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial". Y en el título quinto del Poder Judicial de la Federación en su sección primera, se establece en el artículo 123 que "El Poder Judicial de la Federación residirá en un Corte Suprema de Justicia, en los Tribunales de Circuito y en los Juzgados de Distrito".
La Corte Suprema de Justicia, conforme
a la Constitución de 1824 se integraba por once ministros distribuidos
en tres salas. El procedimiento de elección se establecía
de los artículos 127 a 133, siendo un proce-
dimiento de elección indirecta
en donde la elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia
se hacía en un mismo día por las Legislaturas de los estados
a mayoría absoluta de votos, según se establecía en
el artículo 127.
En este procedimiento la Cámara de Diputados, nombraba una Comisión de un Diputado por cada estado, los que tenían la misión de verificar la decisión de las Legislaturas de los estados y el individuo o individuos que reuniesen más de la mitad de los votos computados por el número total de las Legislaturas se tendrían por nombrados, sin más que declararlo así la Cámara de Diputados.
Como podemos advertir en nuestra Constitución Federal de 1824 se establece un procedimiento indirecto de designación de los Ministros de la Corte, en donde las Legislaturas de los estados votan y la Cámara de Diputados únicamente validaba la decisión de las Legislaturas.
A su vez, la Constitución del 5 de febrero de 1857 estableció en su artículo 50 que: "El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo".
De igual forma el artículo 90 indicaba que: "Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en un Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales de Distrito y de Circuito".
La Corte Suprema de Justicia se integraba por once Ministros propietarios, cuatro Supernumerarios, un Fiscal y un Procurador General.
El artículo 92 señalaba que: "Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la Ley Electoral".
Asimismo, el artículo 49 establece que: "El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en un sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar".
Y en el artículo 96 se estableció el procedimiento de designación de los Ministros de la Suprema Corte, el Presidente de la República proponía al Senado de la República y éste aprobaba.
Es de destacarse en el artículo 94 de la Constitución de 1917, a diferencia de la de 1824 y de 1857, se amplía el número de Ministros a 21, contando, además con 5 Ministros supernumerarios.
El artículo 94 de nuestra Norma Fundamental, en cuanto al número de sus integrantes ha tenido deferentes modificaciones, por reforma realizada por el Constituyente Permanente y Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1928, se disminuye el número de Ministros a 16, en 1934 vuelve a contar con los 21 Ministros.
Por decreto del 19 de febrero de 1951 se instituye un Sala supernumeraria integrada por cinco Ministros, los que no forman parte del Pleno. El 25 de octubre de 1967 se establece que los Ministros supernumerarios podrán suplir en el Pleno a los numerarios. El 10 de agosto de 1987 se establece que la Corte se compone de 21 Ministros numerarios y que se podrán nombrar hasta cinco Ministros supernumerarios.
Y, por último, en virtud de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación se establece la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con once Ministros.
Compañeras y Compañeros Legisladores:
Para fundamentar la presente iniciativa nos hemos remitido a las tres Constituciones federalistas que hemos tenido en nuestra historia, la de octubre de 1824, la de febrero de 1857 y la de febrero de 1917.
En todas ellas se establece que el poder público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Estos son los tres Poderes Públicos por medio de los cuales el pueblo ejerce su soberanía.
Por tanto, si los titulares de los Poderes Públicos Legislativo y Ejecutivo son electos por la población de manera directa, no encontramos razón alguna para que los integrantes de la suprema Corte de Justicia de la Nación no puedan, también, ser electos por el mismo pueblo.
Recordemos que, atentos a las disposiciones de la Constitución de 1857, no obstante que este era un procedimiento de elección indirecta, formaron parte de la Suprema Corte de Justicia insignes mexicanos como Don Benito Juárez García, quien fue Presidente de Suprema Corte de Justicia y que ante la ausencia de Ignacio Comonfort de la Presidencia de la República pasara a ocupar dicho cargo, otros destacados mexicanos que fueron integrantes de esa Corte lo fueron Santos Degollado, Miguel Lerdo de Tejada, Ezequiel Montes y José María Iglesias, entre otros.
En el proyecto de Constitución que Venustiano Carranza envía al Congreso Constituyente de 1916-1917, propuso que el número de Ministros de la Corte fuera de nueve, según se establecía en el artículo 94 del proyecto y en el artículo 96 se establecía que "Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán nombrados por las Cámaras de Diputados y Senadores reunidas, celebrando sesiones del Congreso de la Unión y en funciones de colegio electoral, siendo indispensable que concurran a aquellas las dos terceras partes, cuando menos, del número total de Diputados y Senadores. La elección será en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos".
Hemos señalado en párrafos anteriores que, finalmente, se estableció en el texto aprobado en el Congreso Constituyente, en el artículo 94 que el número de Ministros lo sería de 21, contado con cinco Ministros supernumerarios, y que el nombramiento sería hecho por el Presidente de la República y sometido a la aprobación de la Cámara de Senadores.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que al inicio del siglo XXI y a poco más de 180 años de haber tenido nuestra primera Constitución como nación independiente, y máxime que la sociedad mexicana está en un proceso continuo de fortalecer el sistema democrático, es necesario abrir estos ámbitos de participación a la elección de los integrantes de los tres Poderes Públicos.
Por ello, proponemos la reforma al artículo 96 en donde se establezca que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán electos por el pueblo en términos de lo que se señale en la Ley Electoral, esto es, nos referimos al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual tendrá que ser adicionado para establecer esta modalidad de elección.
Simultáneo a ese artículo proponemos eliminar del artículo 76 fracción II la posibilidad del Senado de la República de ratificar el nombramiento de Ministros. También proponemos que se elimine del artículo 78 fracción VII, la ratificación que la Comisión Permanente hace de Ministros. Es necesario, asimismo, derogar del artículo 89 la fracción XVIII que permite al titular del Ejecutivo proponer al Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Del artículo 94 se reforma el párrafos 10 y se deroga el párrafo 11, en el párrafo 10 que se reforma se establece que el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será de seis años; se deroga el último párrafo del artículo 95, y del artículo 97 se reforma el quinto párrafo para establecer que el cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia será de dos años sin posibilidad de reelección.
Compañeras y Compañeros Diputados:
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se reforma la fracción II del artículo 76; se reforma la fracción VII del artículo 78; se deroga la fracción XVIII del artículo 89; se reforma el décimo párrafo y se deroga el párrafo undécimo del artículo 94; se deroga el último párrafo del artículo 95; se reforma el artículo 96; se reforma el quinto párrafo del artículo 97 y se reforma el artículo 98, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;
III. a X. ...
...
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y
VIII. ...
XVIII. Derogada
XIX. a XX. ...
........
.........
........
.........
.........
.........
.........
.........
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo seis años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su período, tendrán derecho a un haber por retiro.
Derogado
Artículo 95. Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita:
Artículo 96. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán electos mediante el voto universal, directo libre y secreto de los ciudadanos, en los términos que se disponga en la Ley Electoral.
Por cada Ministro propietario, se elegirá un suplente, el que sólo podrá ocupar el cargo ante la ausencia temporal o definitiva del Ministro propietario.
Artículo 97. ...
...
...
...
Cada dos años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.
Artículo 98. Cuando hubiere la ausencia definitiva de un Ministro propietario y el suplente no acudiera a tomar posesión del cargo, el mismo se considerará vacante y se deberá convocar a elección extraordinaria para cubrir la vacante.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los actuales Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cesarán en su función al tomar posesión los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, electos en virtud de las disposiciones del presente decreto, mismos que estarán en funciones a partir del 4 de octubre del año 2006 al 3 de octubre del año 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil cinco.
Dip. Joel Padilla Peña (rúbrica)
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar las condecoraciones, que le confieren los gobiernos del Reino de Dinamarca y del Reino de Marruecos.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Elefante, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Wissam Almohammadi, en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno del Reino de Marruecos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Esteban Ángeles Cerón, Presidente (rúbrica); María Luisa Calderón Hinojosa, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Gildardo Gómez Verónica (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Jorge Zermeño Infante (rúbrica).
Diputados: David Hernández
Pérez, secretario (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica),
José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Lizbeth Eugenia
Rosas Montero (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán,
José Sigona Torres (rúbrica), Arturo Nahle García
(rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica).
DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LA CIUDADANA MARTHA MARÍA SAHAGÚN JIMÉNEZ PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DE DANNEBROG, EN GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Martha Ma. Sahagún Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Único.- Se concede permiso a la ciudadana Martha Ma. Sahagún Jiménez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Esteban Ángeles Cerón, Presidente (rúbrica); María Luisa Calderón Hinojosa, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Gildardo Gómez Verónica (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Jorge Zermeño Infante (rúbrica).
Diputados: David Hernández
Pérez, secretario (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica),
José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Lizbeth Eugenia
Rosas Montero (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán,
José Sigona Torres (rúbrica), Arturo Nahle García
(rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica).
DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ MONTOYA PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA LEGIÓN DE HONOR, EN GRADO DE OFICIAL, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Francisco Rodríguez Montoya, pueda aceptar y usar la condecoración de la Legión de Honor, en grado de Oficial que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Juan Francisco Rodríguez Montoya, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Esteban Ángeles Cerón, Presidente (rúbrica); María Luisa Calderón Hinojosa, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Gildardo Gómez Verónica (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Jorge Zermeño Infante (rúbrica).
Diputados: David Hernández
Pérez, secretario (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica),
José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Lizbeth Eugenia
Rosas Montero (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán,
José Sigona Torres (rúbrica), Arturo Nahle García
(rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica).
DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO EMBAJADOR ENRIQUE HUBBARD URREA PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN SIKATUNA, EN GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE FILIPINAS
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Embajador Enrique Hubbard Urrea, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Sikatuna, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Filipinas.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Embajador Enrique Hubbard Urrea, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Sikatuna, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Filipinas.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Esteban Ángeles Cerón, Presidente (rúbrica); María Luisa Calderón Hinojosa, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Gildardo Gómez Verónica (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Jorge Zermeño Infante (rúbrica).
Diputados: David Hernández
Pérez, secretario (rúbrica); Jorge Romero Romero (rúbrica),
José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Lizbeth Eugenia
Rosas Montero (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán,
José Sigona Torres (rúbrica), Arturo Nahle García
(rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica).
DE LA SEGUNDA COMISIÓN, QUINCE CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE RATIFICAN GRADOS MILITARES A LOS CIUDADANOS VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ PALACIOS, JOSÉ LUIS VÁZQUEZ ARAIZA, DANIEL BALDEMAR CARRILLO VELASCO, RICARDO CÉSAR NIÑO VILLARREAL, JUBENTINO HERNÁNDEZ REA, CARMEN MIGUEL VÁZQUEZ ESPINOZA, SERGIO ALEJANDRO VILLALOBOS LÓPEZ, AUDINO RAFAEL SOLÍS RUIZ, GILBERTO LUNA CRUZ, RAFAEL ROBLES GARCÍA, HIRAM SERGIO CÁRDENAS NOBLE, SERGIO ENRIQUE AMADOR GONZÁLEZ, RAMÓN ARTURO VALDÉS ESPINOSA, RENÉ REYES BARRERA Y RAÚL GARCÍA RAMÍREZ
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de Servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Víctor Manuel Rodríguez Palacios, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 38 años, 7 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 9 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de la. clase por 37 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Víctor Manuel Rodríguez Palacios.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2004, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor José Luis Vázquez Araiza como Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 26 años, 3 meses y 16 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. clase, por 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el Grado de Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano José Luis Vázquez Araiza.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor, Daniel Baldemar Carrillo Velasco, como Coronel Intendente diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 28 años, 3 meses y 7 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. clase por 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el grado de Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Daniel Baldemar Carrillo Velasco.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Ricardo César Niño Villarreal, como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 29 años, 3 meses y 16 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Ricardo César Niño Villarreal.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Jubentino Hernández Rea como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 26 años, 3 meses y 18 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Jubentino Hernández Rea.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Carmen Miguel Vázquez Espinoza, como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 27 años, 3 meses y 17 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. clase, por 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Carmen Miguel Vázquez Espinoza.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen. el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Sergio Alejandro Villalobos López, como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 26 años, 0 meses y 3 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. clase, por 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea, Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Sergio Alejandro Villalobos López.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel del Arma Blindada Audino Rafael Solís Ruiz como Coronel del Arma Blindada, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 28 años, 11 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la 3a. clase, correspondiente a 20 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se ratifica el grado de Coronel del Arma Blindada, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Audino Rafael Solís Ruiz.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2004, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Infantería Gilberto Luna Cruz como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 8 meses y 21 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de la. clase por 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Gilberto Luna Cruz.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2004, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Infantería Rafael Robles García como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 18 días, con antigüedad en el empleo anterior de 10 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1a. clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Rafael Robles García.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido, el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero Constructor, Hiram Sergio Cárdenas Noble, como Coronel Ingeniero Constructor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 18 días, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de la. clase por 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Constructor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Hiram Sergio Cárdenas Noble.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano Sergio Enrique Amador González, como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del articulo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 18 días, con antigüedad en el empleo anterior de 12 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1a. clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior; la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Sergio Enrique Amador González.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la. República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano Ramón Arturo Valdés Espinosa como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 28 años, 3 meses y 6 días, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Ramón Arturo Valdés Espinosa.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano René Reyes Barrera como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 6 días, con antigüedad en el empleo anterior de 10 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1a. clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano René Reyes Barrera.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2004, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano, Raúl García Ramírez, como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 6 días, con antigüedad en el empleo anterior de 9 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de la. clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Raúl García Ramírez.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de enero de 2005.
Senadores: Germán Sierra Sánchez, Presidente (rúbrica); Lydia Madero García, secretaria (rúbrica); Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Doroteo Zapata García (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).
Diputados: Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, secretaria; Jorge Romero Romero, Martín Remigio
Vidaña Pérez, José Luis Treviño Rodríguez,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Sigona Torres.
La suscrita senadora Luisa María Calderón Hinojosa, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Después de diversas acciones emprendidas desde el 2001, y apoyadas por los gobiernos de los Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, el 9 de enero de este año el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés dieron fin a 21 años de guerra civil con la firma de un acuerdo de paz.
Las múltiples aristas de este conflicto hacen aún más relevante este acuerdo de paz, ya que no sólo se tuvo la voluntad para resolver diferencias étnicas, religiosas y aquellas que tienen que ver con el control económico, también se tuvo la capacidad de ver que a largo plazo es mucho más costoso -en todos sentidos y para todos- mantener una guerra civil, que llegar a acuerdos que representen beneficios para las partes.
La firma de un acuerdo de paz no significa necesariamente la ausencia de conflictos, pero sí significa que las partes tuvieron y tienen la voluntad para acordar, para negociar, para encontrar vías en donde todos los actores encuentren un beneficio, lo que sin duda es el primer paso para encontrar soluciones y llegar a un estado de equilibrio en todo el país sudanés. Como ya lo mencionó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el acuerdo marca el principio de un proceso y no el fin.
Y sin duda es una gran virtud reconocer que el enfrentamiento constante desgasta y que la política, y no la guerra, es el ámbito de la generación de realidades nuevas y la posibilidad de articular voluntades al servicio del hombre, tal como lo han hecho las partes en conflicto.
Con esta firma se demostró que la política sí puede ser generadora de esperanza; que se puede esperar algo de ella, lo que eventualmente puede ser el detonador de paz en la región de Darfur, que actualmente se encuentra en crisis. Es, como otros hechos similares, un evento del que podemos y debemos aprender y que merece nuestro reconocimiento.
Por estas consideraciones, someto a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión recibe con beneplácito la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés, signado el pasado 9 de enero de 2005 en Nairobi, Kenia.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión informa respetuosamente a este gobierno y al pueblo sudanés que seguirá atento a las acciones que lleven a un estado de paz y estabilidad duradera en todas las regiones de este país.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el miércoles 12 de enero del 2005.
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE ADUANAS LA INFORMACIÓN NECESARIA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2005, PARA DETERMINAR EL PRECIO DE REFERENCIA DE LA LECHE EN EL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y ADQUISICIÓN DE LECHE DE PRODUCCIÓN NACIONAL, A CARGO DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, senador César Raúl Ojeda Zubieta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, basada en las siguientes
Consideraciones
Liconsa ha venido operando un Programa de Adquisición de Leche Nacional cuyo objetivo más amplio es, de acuerdo con sus Reglas de Operación en el 2004: adquirir leche nacional a pequeños y medianos productores nacionales, así como a asociaciones y sociedades, para estar en posibilidad de contribuir a través de la industrialización y distribución al Programa de Abasto Social de Leche, al desarrollo de capacidades y a la disminución o prevención, en su caso, del déficit nutricional de la población atendida.
Los objetivos específicos en dicho programa reconocen de manera expresa la importancia de estimular la producción de leche nacional al señalar: comprar en el mercado nacional leche fluida y en polvo conforme a los volúmenes y recursos financieros autorizados en el presupuesto para la entidad; adquirir leche de origen nacional cuyo precio se encuentre en función de la oferta y la demanda de la producción nacional; promover la reducción en forma gradual y parcial de la importación de leche; y reforzar, adaptar y mejorar la infraestructura de acopio, enfriamiento e industrialización de Liconsa.
Al amparo de dicho Programa Liconsa ha venido incrementando sus compras de leche fluida nacional producida por productores nacionales, que en el 2003 representaron ya el 18.5% del total de leche comprada por esa entidad, con un total de 183,400 millones de litros y que en el presente año se estima ascender a una cantidad cercana a los 195 millones de litros de leche.
De acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de 2005 aprobada por el Congreso de la Unión, referido como: Disposiciones en materia importación, producción y comercialización de leche; el Ejecutivo Federal creará las condiciones objetivas para asegurar un Programa de Sustitución de Importaciones de Leche en Polvo y Adquisición de Leche de Producción Nacional, mediante el cual adquirirá leche fluida nacional a través de Liconsa durante todo el año por un volumen total de 200 millones de litros y adicionará la adquisición estacional de leche fluida de enero a agosto hasta por 400 millones de litros.
Ese Programa de Sustitución de Importaciones de Leche en Polvo y Adquisición de Leche de Producción Nacional, cuyos elementos definitorios se describen en el mismo Artículo Sexto Transitorio, Fracción IV, es favorable a la actividad lechera nacional que, al contar con un mercado seguro para la colocación de su producto se verá estimulada a incrementar la producción de leche y generará importantes beneficios directos a los pequeños y medianos productores, sus organizaciones gremiales, y las empresas industrializadoras de lácteos que cuenten con el aval de las organizaciones gremiales de productores de leche, que participen en el Programa, para lo cual deberán estar registrados en el Padrón de Productores de Leche de Vaca y Empresas Participantes.
En este Programa el factor de estímulo a la producción es el denominado Precio de Compra al Productor (PCP), que se determina añadiendo un peso al llamado Precio de Referencia del Programa (PRP). Este último se determina como "el cociente entre el valor y el volumen de las importaciones totales del semestre comprendido de marzo a agosto de 2004 de leche en polvo entera (LPE) que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los reportes mensuales de importación expedidos por la Administración General de Aduanas?más un 8% que se aplica al costo de la LPE por conceptos de gastos de internación, desaduanamiento, fletes y seguro en México".
De acuerdo con la Ley, el Precio de Compra al Productor que resulte de aplicar la fórmula anterior deberá darse a conocer a mas tardar 31 de enero del 2005 por parte de la Secretaría de Economía.
Así entonces, la información sobre los precios de referencia y de compra al productor, y demás aspectos relativos a las importaciones de leche en el período enero-agosto del 2004 es de la mayor importancia para la elaboración de las Reglas de Operación del Programa. Dichas Reglas deberán ser aprobadas desde el inicio del año, a fin de que las compras de leche que se realicen al amparo del Programa cuenten con bases operativas que garanticen el cumplimiento de sus términos y el logro de sus objetivos.
En razón de ello, adquiere particular relevancia la necesidad de que esta soberanía cuente, con la mayor brevedad, con la información oficial de las importaciones de leche en polvo entera realizadas durante el período de marzo a agosto de 2004, generada por la Administración General de Aduanas, a fin de transparentar el Precio de Compra al Productor, anticipar su impacto en la producción y en la oferta de leche en el país y los beneficios que generará el Programa.
Por lo expuesto, me permito solicitar a esta honorable Asamblea tenga a bien aprobar el siguiente punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar a la Administración General de Aduanas la información necesaria, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de 2005, para determinar el precio de referencia de la leche en el Programa de Sustitución de Importaciones y Adquisición de Leche de Producción Nacional y transparentar el precio de compra de leche al productor que estará vigente durante todo 2005.
Segundo. Solicitar a la Secretaría de Economía la integración de un grupo de trabajo, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Senado de la República, que sea responsable de la estimación y fijación del citado precio de compra al productor de leche.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2005.
Sen. César Raúl Ojeda
Zubieta
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LAS OBRAS Y CONCESIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Como es por todos sabido, desde hace ya bastante tiempo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está siendo sometido a diversas obras de remodelación y ampliación, con objeto -se nos ha dicho- de mejorar sus servicios.
No obstante, eso es algo que difícilmente se está logrando en estos momentos, ya que más bien parecería todo lo contrario, dadas las enormes molestias que las interminables obras han ocasionando no sólo a los viajeros, a las aerolíneas y a los muchos prestadores de servicios, sino también al tránsito vehicular y -particularmente- a todas las personas que habitan en las zonas aledañas.
No es la primera vez que los legisladores del PRI nos ocupamos de este serio problema, ya que en noviembre del año pasado mi compañero el senador Fernando Gómez Esparza presentó un punto de acuerdo solicitando la celeridad de las obras, con la finalidad de minimizar todas las molestias descritas.
Infortunadamente, hasta ahora las autoridades federales encargadas de la ampliación de la terminal aérea, a través de la Secretaría de Comunicaciones Transportes, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, han hecho caso omiso tanto a nuestros reclamos como a las justificadas quejas de la ciudadanía.
De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, dichas obras de remodelación y ampliación se deberán concluir en su totalidad en el segundo semestre del año en curso.
Sin embargo, nuestra percepción y la de todos los usuarios del aeropuerto es en el sentido de que hay gran retraso y mucha desorganización.
Aunado a lo anterior, en este año comenzará la construcción de la segunda terminal aérea, la cual forma parte del proyecto Acciones para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios del Centro del País.
En mi Partido, el Revolucionario Institucional, estamos conscientes de que esas acciones representan un respiro que ayudará a descongestionar la saturación actual del aeropuerto de la Ciudad de México; y a pesar de que no estamos menoscabando lo realizado, sí consideramos que sólo se trata de soluciones momentáneas y no de largo plazo, que es lo que en realidad se necesita para afrontar esa problemática.
Adicionalmente, existe otro factor en juego, que es de gran importancia y que también a los priístas mucho nos preocupa.
Me refiero a la poca claridad que se tiene sobre las licitaciones que el Gobierno Federal ha otorgado, tanto para estas obras de remodelación como las de construcción de la llamada "Terminal II", y sobre todo respecto a las concesiones para su operación, para el usufructo de los locales comerciales, así como de los servicios a particulares.
Es evidente que no se cuenta con información detallada sobre la concesión que ya se dio para el manejo y la administración del aeropuerto de la Ciudad de México y sobre los proyectos para vender las líneas aéreas nacionales.
Mucho menos respecto a las concesiones y franquicias que se darán para el usufructo de locales comerciales y la prestación de servicios, con motivo de la ampliación del aeropuerto y la construcción de la nueva terminal. ¿A quiénes se está concesionando y qué sucederá con las que a la fecha están operando?
Compañeras y Compañeros Legisladores:
Lamentablemente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el más importante del país y uno de los de mayor tráfico en el mundo, se encuentra sumido desde hace ya varios meses en una profunda crisis de organización, vialidad, acceso y caos aeroportuario, lo que ha afectado a millones de usuarios nacionales y extranjeros.
Peor aún, existe total desconocimiento sobre los proyectos del Gobierno Federal para vender las líneas aéreas nacionales, y sobre las múltiples concesiones y franquicias que, aparentemente, se encuentran fuera de todo control gubernamental.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante ustedes la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer en comisiones al secretario de Comunicaciones y Transportes y al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para que proporcionen información detallada y precisa sobre el procedimiento que se siguió para concesionar la operación y administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la participación accionaria de cada una de las partes, así como sobre el proyecto que existe para vender las líneas aéreas nacionales.
Segundo. Asimismo, para que informen a esta soberanía sobre la metodología relativa a las licitaciones y a los concursos para adjudicar las obras de la actual terminal aérea y de la Terminal II, y el estado actual que guardan dichas obras, incluyendo los tiempos precisos de finalización y de entrega.
Tercero. De igual manera, con objeto de que rindan un informe exhaustivo que aclare el otorgamiento y uso de concesiones y franquicias para locales comerciales y prestación de servicios en ambas terminales.
Salón de Sesiones de la Comisión
Permanente, a los 12 días del mes de enero de 2005.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES, QUE INFORME RESPECTO AL AVANCE DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN REFERIDAS A SISMOS; Y SE EXHORTA A ESOS ÓRGANOS A DISEÑAR UN PROGRAMA PARA LA ACTUACIÓN TEMPRANA EN CASO DE MAREMOTOS EN LAS COSTAS DEL PAÍS, A CARGO DEL SENADOR RAFAEL MELGOZA RADILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, senador Rafael Melgoza Radillo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred), a informar respecto del avance del Programa de Protección Civil en las líneas de acción referidas a sismos, y asimismo, exhorta a esos órganos a diseñar un programa para la actuación temprana en caso de maremotos en las costas del país, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El sismo, y posterior maremoto que tuvo lugar el 26 de diciembre del 2004 en los países asiáticos, nos obliga a preguntarnos con la mayor seriedad, si en México contamos con los programas de protección que permitan prevenir una tragedia de igual, menor o mayor magnitud.
La pregunta no es ociosa. México es un país sísmico, donde el 85 por ciento de los movimientos telúricos ocurren en la costa del océano Pacífico por su ubicación sobre la placa de Cocos, de modo que aún cuando el sismo que azotó el sudeste de Asia liberó 30 veces mayor energía que el sismo de 1985 en México, nuestro país no está, ni ha estado exento de sufrir maremotos de magnitudes catastróficas para las poblaciones de las costas.
De conformidad con la información que han dado los Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aún cuando nuestro país pertenece al Sistema Internacional de Monitoreo de Tsunamis, el territorio mexicano no cuenta con sensores de presión y boyas de monitoreo en mar abierto que puedan dar una alerta temprana sobre el riesgo de un maremoto en costas nacionales, de este modo el equipo con el que se cuenta no tiene como objetivo principal el de proteger a la población, sino realizar investigación académica y actualización de las redes de datos mundiales que dan seguimiento a estos fenómenos.
Con preocupación observamos la advertencia de los especialistas del Servicio Mareográfico Nacional (SMN) operado por la UNAM, respecto de la necesidad que tienen nuestro país de ampliar los sistemas de medición con el objetivo de mejorar la protección de los habitantes que viven en las costas, así como el tener la capacidad de transmitir esta información a las autoridades correspondientes.
Sabemos entonces que el equipo con el que se cuenta, no está diseñado para monitorear maremotos, sino que es un sistema general para estudiar las costas y las variaciones del nivel del mar en territorio mexicano, el cual se puede utilizar en el caso de los tsunamis, si se enfoca, en una primera fase, a las zonas con mayor posibilidad de padecerlos, como Jalisco, Michoacán y Colima. No obstante, no considera todos los litorales: océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ni prevé estrategia alguna de colaboración entre las diferentes instituciones que registran los sismos, el nivel del mar y el propio gobierno federal.
Al respecto se debe señalar que tampoco el Servicio Sismológico Nacional (SSN) cuenta con los mejores equipos. El objetivo principal del SSN es el proporcionar información oportuna sobre la ocurrencia de sismos en el territorio nacional, determinar sus principales parámetros como son la magnitud y el epicentro y mejorar la capacidad de evaluar y prevenir el riesgo sísmico y volcánico a nivel nacional. Sin embargo, siete de las nueve estaciones sismológicas mecánicas que fueron instaladas entre 1910 y 1913, siguen en funcionamiento de esa fecha hasta ahora, aún cuando en 1992 se inició la modernización de la Red Sismológica Nacional. Actualmente, el Servicio Sismológico Nacional, cuenta con cerca de 50 equipos para el registro de temblores, que operan en tres redes, la pregunta es ¿hasta donde la falta de equipos y el uso de viejas tecnologías limitarían la detección oportuna de un sismo que cause a su vez un maremoto en las costas mexicanas por parte de los Servicios Sismológico y Mareográfico Nacionales?
A lo anterior debe sumarse que el Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006 no consideró en sus líneas de acción, medida alguna relacionada específicamente con los maremotos.
El programa en comento señala que se elaboraría e implantaría un Programa Especial de Protección Civil para Sismos que incluiría estrategias, proyectos y procesos encaminados a la prevención y mitigación del riesgo, a la atención de la emergencia, a la recuperación y reconstrucción, así como a la vinculación social; que se concluirían los trabajos de modernización de las redes de observación sísmica en México, para integrarlos en una Red Sísmica Mexicana; que se gestionaría la obtención de recursos financieros suficientes para el equipamiento y monitoreo permanente de los volcanes activos del país, y que se promovería el mejoramiento del Sistema de Alerta Sísmica. Ninguna de éstas considera que ocurría en caso de maremoto en las costas mexicanas, y en todo caso, la información que ha dado hasta ahora el Ejecutivo Federal es que la actuación en caso de desastres ha sido resuelta satisfactoriamente en eventos pasados.
En tanto la responsabilidad de la operación técnica del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recae en la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Cenapred, órganos que tienen entre sus principales funciones la de realizar actividades de investigación, capacitación y difusión acerca de fenómenos naturales que pueden originar situaciones de desastre, así como acciones para reducir y mitigar los efectos negativos de tales fenómenos, es preciso que éstos informen cuál es el avance de esas líneas de acción y si éstas están relacionadas en la delimitación del grado de riesgo de sismo y maremoto que existe en nuestras costas y las medidas para atenuar sus efectos.
Es elemental que las autoridades hagan de la obligación que tienen de informar, un compromiso fundamental de su gestión, de modo que enteren periódicamente a la población sobre las acciones que realizan a efecto de prevenir catástrofes naturales como las que conocemos prácticamente todos los días a través de los medios de comunicación.
Huracanes, deslaves, sismos, maremotos, e inundaciones, son algunas de las manifestaciones de la naturaleza que las sociedades y sus gobiernos están obligados a enfrentar cuando éstas por su fuerza, magnitud o consecuencias, ponen en riesgo la vida de las personas.
Hay que observar con atención que las noticias de los últimos años dan cuenta del cambio climatológico en el mundo, de fenómenos naturales que en diferentes puntos del mapa muestran, a veces simultáneamente y a veces de forma sucesiva, situaciones que en muchos casos derivan en caos, pánico, heridos y muertes.
Se debe destacar que la protección de la población antes, durante y después de algún desastre natural, es sinónimo del resguardo de la integridad física y emocional de las personas, hecho por el cual, las omisiones que se pudieran presentar en esta materia, más allá de mostrar la negligencia por parte del gobierno en una de sus responsabilidades elementales, es atentar contra el derecho elemental a la vida de todos aquellos expuestos a una situación de riesgo.
Retomamos las consideraciones de los expertos en estos temas, quienes señalan que al prevenir la peor consecuencia se pueden tomar las precauciones adecuadas para evitar un daño mayor, de modo que la actuación interinstitucional debe tener entre sus tareas básicas además del análisis geológico de la corteza terrestre; el establecimiento de normas arquitectónicas y de ingeniería que deban ser adoptadas por los constructores en el momento de diseñar viviendas e infraestructura, así como medidas de fiscalización respecto de su cumplimiento; la coordinación y planificación de simulacros para que la población esté en posibilidad de acudir a los sitios de menor riesgo usando las vías adecuadas y evitar caos y pánico, y la implementación de equipos de rescate con personal entrenado que sepa actuar con presteza en los momentos posteriores a un desastre.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, a que través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, informe respecto del avance del Programa de Protección Civil 2001-2006, en las líneas de acción referidas a sismos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, a diseñar un programa para la actuación temprana en caso de maremotos en las costas del país.
Dado en el Salón de Sesiones
del Senado de la República, a los 19 días del mes de enero
de 2005.
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DEL SENADOR RAFAEL MELGOZA RADILLO, EN NOMBRE DE LA SENADORA LETICIA BURGOS OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Senador Rafael Melgoza Radillo, a nombre de la senadora Leticia Burgos Ochoa, como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LIX legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El proceso electoral que hoy enfrenta el estado de Guerrero para renovar el Poder Ejecutivo estatal, el próximo 6 de febrero, es de singular relevancia para la consolidación democrática de la entidad.
Ese proceso se caracteriza por una intensa competencia entre las principales fuerzas políticas de la entidad. El cual estamos llamados a cuidar y alentar, a efecto de que la ciudadanía pueda ejercer con plena libertad su decisión de votar por la opción de su preferencia sin presión alguna.
Está visto que aún existen resabios del manejo político de los programas sociales de gobierno en los procesos electorales, tanto de carácter federal como estatales, y por ello se han tenido que crear instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y se han promovido convenios de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social para combatir esas prácticas censurables.
En pasados procesos electorales, tanto de carácter federal como local, se han emprendido acciones extraordinarias de control por parte de la Sedesol y la PGR que han sido positivas; sin embargo, las consideramos insuficientes. Por lo que debe de exhortarse a todas las Secretarías de Estado, que ejercen programas sociales, para que intensifiquen la difusión sobre la prevención de Delitos Electorales y se garantice el establecimiento de las mesas de recepción de denuncias en todas las cabeceras municipales, a fin de dar certeza y confianza al proceso electoral.
Recientemente, en el estado de Guerrero se dieron a conocer acciones a cargo de la Sedesol, en el programa Oportunidades, las cuales consideramos positivas pero aún limitadas, toda vez que estamos ante un numeroso conjunto de programas que otras Secretarías de Estado ejercen, como es el caso del programa del fertilizante de Alianza para el Campo, o los de vivienda y de vivienda rural, entre otros, que deben ser manejados con absoluta institucionalidad.
Por otra parte, resulta insuficiente el anuncio del establecimiento de mesas de recepción de denuncias en las seis oficinas regionales de la PGR, se requiere de toda la colaboración y voluntad de las demás Secretarías de Estado para instalar mesas de denuncia en cada uno de los municipios del estado y, facilitar a la ciudadanía el acceso a la información y los procedimientos relativos a la prevención, denuncia y sanción de cualquier coacción de carácter política-electoral de que sean objeto los beneficiarios de los programas sociales.
No debe haber pretexto para que los ciudadanos de Guerrero sean informados adecuadamente sobre las sanciones a que se hace acreedor cualquier servidor público, dirigente o ciudadano que cometa algún delito por el uso electoral de los programas sociales.
El próximo 6 de febrero, estarán a prueba las instituciones del Estado. La buena marcha de la jornada electoral de ese día depende de la certidumbre y confianza que se brinde a la ciudadanía sobre la legalidad y limpieza del proceso electoral.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las diversas Secretarías de Estado, especialmente a las de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de Economía; a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, así como a las dependencias del gobierno estatal involucradas en la ejecución de programas sociales, a que establezcan mesas de recepción de denuncias relativas al uso indebido de dichos programas en cada uno de los municipios del estado de Guerrero.
Segundo. Se exhorta a la secretaría de Gobernación para que, en el marco de sus atribuciones, evalúe la pertinencia de ampliar la difusión de información relativa a la prevención de los delitos electorales en que puede incurrir cualquier servidor público, dirigente político o ciudadano en particular durante el citado proceso electoral en el estado de Guerrero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de enero de 2005.
Sen. Rafael Melgoza Radillo
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y A PETRÓLEOS MEXICANOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL QUE GUARDA LA TOTALIDAD DE LA RED DE DUCTOS DE PEMEX, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a
las autoridades de la Secretaría de Energía, y de la empresa
paraestatal Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre el estado
actual en que se encuentra la totalidad de la red de ductos de Pemex, sobre
todo los ductos que ya completaron su vida útil y que podrían
representar una amenaza ambiental y económica para diversas regiones
del país.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTATUS ACTUAL DE CADA UNO DE LOS MEXICANOS CONDENADOS A MUERTE EN ESTADOS UNIDOS Y PROPONER LA CAMPAÑA NACIONAL POR LA ADOPCIÓN Y HERMANAMIENTO DE LEGISLADORES MEXICANOS CON LOS COMPATRIOTAS CONDENADOS A MUERTE, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO NAHLE GARCÍA Y SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS ELIANA GARCÍA LAGUNA Y JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos legisladores de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1.- El 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas emitió un falló a favor de la reclamación interpuesta por el gobierno mexicano que solicitaba la reposición de los procesos judiciales de 51 de los 53 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos a quienes no se les otorgó el derecho de protección consular, conforme a lo establecido en el articulo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
2.- Este juicio histórico fue posible gracias al trabajo conjunto de la Cancillería mexicana, legisladores de varios grupos parlamentarios, familiares de los presos y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
3.- Sin embargo la sentencia del Tribunal de La Haya ha sido ignorada por los gobernadores de los estados de Oklahoma, California, Texas, Arkansas, Nevada, Ohio, Oregon e Illinois, al no reponerse los procedimientos en ninguno de los casos.
4.- La situación de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, y el fallo del Tribunal de La Haya son la expresión jurídica de un conflicto que crece entre México y Estados Unidos por la sistemática violencia en contra de nuestros connacionales migrantes y la forma discrecional en que los Estados Unidos maneja el tema de los derechos humanos, que son respetados o irrespetados, importantes o no importantes, dependiendo de quien se trate y de los intereses geopolíticos que se vean implicados.
5.- La ausencia de un acuerdo entre México y Estados Unidos que reconozca y atienda en sus términos el fenómeno migratorio, subraya la situación de indefensión en que se encuentran los mexicanos allende de la frontera norte y mantiene intactos los graves vacíos jurídicos que junto con el racismo y la discriminación, constituyen un abono para la sistemática violación de sus derechos humanos.
6.- Hoy, cuando se conoce la negociación que le permitió a Bush reformar su aparato de inteligencia a cambio de varias iniciativas que criminalizan y marginan aún más a los migrantes, se hace evidente que las expectativas generadas a partir de los discursos demagógicos de los ejecutivos de ambos países sobre un acuerdo migratorio, no sólo son falsas, sino deliberadamente creadas para tender una cortina de humo sobre la despiadada política en contra de los migrantes que aprobará, como primera iniciativa para el 2005, el Congreso estadounidense.
7.- Mientras esto ocurre, algunos legisladores mexicanos anuncian acciones de apadrinamiento con disidentes de un régimen extranjero, en un acto por demás inoportuno dado el reciente conflicto diplomático, y, violentando nuestros principios y leyes en materia de política exterior, utilizan la bandera de los derechos humanos para justificar lo injustificable: la intromisión en la política interna de un país vecino.
8.- El Congreso de la Unión no puede ser un observador pasivo ante las arbitrariedades que nuestros connacionales viven diariamente, por lo que es necesario llevar a cabo acciones concretas que denuncien la gravedad de estos hechos y logren movilizar a los órganos de gobierno y a la sociedad civil mexicana e internacional en favor de la protección de los derechos humanos de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
9.- Quienes son objeto de esta campaña son 53 mexicanos condenados a muerte, 51 de ellos beneficiados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, no acatado hasta ahora por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, son cientos de miles más los que han sufrido violaciones de diversa índole a sus derechos humanos y muchos otros los que purgan hoy día condenas en cárceles estadounidenses que no recibieron la debida protección a través de las oficinas consulares y que no han sido respaldados por una enérgica queja de su gobierno exigiendo el respeto a sus más elementales derechos.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores información acerca del estatus actual de cada uno de los 53 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
Segundo: La Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión se pronuncia a favor de lanzar una Campaña Nacional por la Adopción y Hermanamiento de legisladores mexicanos con los 53 compatriotas condenados a muerte en Estados Unidos, con el objetivo de lograr el cumplimiento de la resolución de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en relación con la reposición los respectivos procesos judiciales.
Tercero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que inicie las acciones pertinentes ante los órganos de Naciones Unidas para exigir el cumplimiento de la resolución de la Corte de La Haya en el caso de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
ANEXO (único)
La "Campaña Nacional por la Adopción y Hermanamiento con los 53 Mexicanos Condenados a Muerte en Estados Unidos" contempla llevar a cabo las siguientes acciones:
Inicio de acciones para solicitar a
los gobernadores y cortes judiciales de los estados en que es encuentran
recluidos, se dé cumplimiento a la resolución de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya sobre el caso Avena.
Contacto con los familiares de los
condenados a muerte
Modelo de cartas dirigidas a: los gobernadores
de los estados en donde se encuentran recluidos los presos mexicanos; a
la Suprema Corte de Justicia de EUA y a las cortes estatales para solicitar
el cumplimiento de la resolución del Caso Avena emitida por la Corte
Internacional de La Haya.
Visita a gobernadores, oficinas consulares
y a los presos en Estados Unidos.
Solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU que, si no se cumpliera la resolución, se proceda a sancionar a Estados Unidos conforme lo señalan los lineamientos de las Naciones Unidas.
Diputados: Jorge Martínez
Ramos, Eliana García Laguna (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A APLICAR LA TARIFA ELÉCTRICA 1F EN EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante la Comisión Permanente propuesta con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Estoy consciente del grave problema que genero una decisión unilateral por parte del Ejecutivo Federal, donde a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emite un acuerdo que autoriza a los organismos descentralizados: Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, para el ajuste, la modificación y la reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas eléctricas domésticas.
Supuestamente se pretendía que los que más consumían más pagaran y para ello se establecieron los lineamientos para incrementar las tarifas eléctricas residenciales y, a través de esta política, reducir el subsidio residencial a los estratos de la población que consumen más electricidad. Los estudios tendenciosos realizados por la SHCP demostraron que los subsidios eléctricos en México se estaban distribuyendo inicuamente, pues tenían un carácter regresivo al ser concentrados mayoritariamente por familias con altos ingresos las cuales demandan más electricidad.
En el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 2002 se señalaba que
2. Debido a este subsidio, las empresas públicas de energía eléctrica no cuentan con los recursos suficientes para atender la demanda creciente de electricidad con altos niveles de calidad;
3. En función de lo anterior y ante la regresividad de los subsidios a las tarifas del sector residencial, es necesario reducir su otorgamiento de forma generalizada, mediante ajustes de nivel y estructura, direccionando y concentrando el beneficio del subsidio en los usuarios de bajos ingresos;
4. Con el propósito antes señalado, se excluye en promedio al 75% de los usuarios a nivel nacional de la medida de reducción en el subsidio, correspondiendo a los usuarios con menores niveles de consumo; se aplica una reducción parcial de dicho subsidio al siguiente 20% de los usuarios; y se elimina el mismo únicamente para el 5% de los usuarios con mayores consumos; y
5. Para hacer partícipe al Gobierno Federal del esfuerzo por obtener mayores recursos para que las empresas públicas de energía eléctrica puedan otorgar este servicio de manera suficiente y con calidad, se crean las tarifas aplicables a la energía eléctrica destinada a la producción y provisión de bienes y servicios públicos federales.
El Legislativo ha sido sensible ante los problemas que aquejan a sus representados, por ello desde la legislatura pasada se considero que la política tarifaría para el sector residencial podría ser revisada considerando tres premisas básicas: garantía del servicio eléctrico a la población de escasos recursos, eliminación de los subsidios a los sectores de mayor consumo y promoción de tecnología de uso eficiente de la energía que permita mantener el nivel de servicio deseado, disminuyendo el consumo.
Conscientes de la arbitrariedad por parte del Ejecutivo se propuso una iniciativa en la LVIII Legislatura donde se le otorgaban facultades al Congreso de la Unión para aprobar las tarifas de uso habitacional por consumo de energía eléctrica, adicionando el artículo 73 constitucional.
Otra iniciativa argumentó que el gobierno del Presidente Vicente Fox estaba cobrando tarifas de primer mundo a jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y discapacitados que tienen un ingreso per cápita de tercer mundo, por lo que se propuso una iniciativa que adiciona el artículo 30 de la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica y plasma que la SHCP otorgará un descuento de hasta el 50 por ciento a los usuarios que acrediten tener más de 65 años, ser madre soltera, tener alguna discapacidad o vivir en una unidad habitacional de interés social.
Estas iniciativas lamentablemente para el grupo parlamentario de la Revolución Democrática no fueron dictaminadas.
También se presentaron diversos puntos de acuerdo en que se exhortaba al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo del 7 de febrero de 2002, y solicitar a la SHCP que aplique la tarifa 1F para el suministro y venta de energía eléctrica en las regiones que registren la temperatura media mínima en verano requerida, tomando en consideración los índices de calor y humedad determinados por la bioclimatología.
Los estratos de la población con menores recursos se han manifestado a lo largo y ancho de todo el país, para solicitar que se cobre el consumo de la energía eléctrica de manera justa, pues el incremento va más allá de 100% y como lo he manifestado ya en tribuna, en el caso concreto del estado de Guerrero los habitantes han denunciado los excesivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad. En diversos espacios, he señalado el enorme beneficio que traería para los guerrerenses el que se cambien las tarifas de la 1-B a la 1-F, pues se lograría una disminución de hasta 45%, que sin duda provocaría que se captara mayor inversión por contar con tarifas preferenciales, además de la gran cantidad de población de escasos recursos que se beneficiaría.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la que suscribe somete a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal a aplicar en el estado de Guerrero la tarifa 1 F, para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, considerando los índices de calor y humedad determinados que se presentan en el estado. Eliminando con ello la tarifa 1B que se aplica en la actualidad y que redunda en perjuicio de todos los guerrerenses.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2005.
Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE ECONOMÍA PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL CAMBIO DE POLÍTICA EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD, A CARGO DEL SENADOR ESTEBAN ÁNGELES CERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, senador Esteban Ángeles Cerón, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, para efecto de que sea considerado como asunto de urgente u obvia resolución, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a que, antes de publicar la respectiva convocatoria, explique por qué esta cambiando la política de certificación en México, en perjuicio de la industria nacional.
Primero. Se exhorta al secretario
de Economía a detener la publicación de la convocatoria para
la acreditación y aprobación de producto, para evaluar la
conformidad de las normas oficiales mexicanas NOM-
001-SCFI-1993, NOM-003-SCFI-2000,
NOM-016-SCFI-1993, NOM-019-SCFI-1998 y NOM-058-SCFI-1999, en tanto no explique
a esta soberanía el cambio de política en materia normalización
y evaluación de la conformidad, ya que la apertura en las actividades
de certificación de producto a nuevos organismos podría tener
consecuencias devastadoras para el sistema de normalización mexicano.
Segundo. Se solicita a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, cite a comparecer al titular de la Secretaria de Economía, a efecto de que informe a esta soberanía el cambio de política en materia de certificación de producto y evaluación de la conformidad. Y ante la inminente terminación del primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura, se solicita se comunique a las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para el mismo efecto.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de enero de dos mil cinco.
Sen. Esteban Ángeles Cerón
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS CONGRESOS ESTATALES QUE REALICEN LAS MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES PARA QUE EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN QUE PARTICIPAN EQUIPOS PROFESIONALES DE TRES JUGADORES O MÁS E INTERVENGAN EN COMPETENCIAS EN DICHA ENTIDAD NO PUEDAN ACTUAR MÁS DE 40 POR CIENTO DE JUGADORES EXTRANJEROS EN CADA EQUIPO, SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ FRANCISCO JAVIER LANDERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del suscrito diputado Francisco Landero Gutiérrez perteneciente a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Apegados a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal y a los cambios jurídicos que se han dado en el Distrito Federal desde 1990, el Consejo de dueños de equipos de Primera División indicó, el jueves 6 de enero del presente año, que se jugaría en el Distrito Federal con cinco extranjeros.
Además de esto, los presidentes de clubes acordaron que todo jugador naturalizado que cumpla dos años de haber realizado dicho trámite, podrá jugar en calidad de mexicano y ser convocado a la selección.
A pesar de que éstas son decisiones propias de un organismo ajeno totalmente en su función al sector público, no podemos dejar de preocuparnos, ya que según lo manifestado por los dueños de los equipos, para que todas estas acciones rindan los frutos esperados, se realizarían las modificaciones necesarias al reglamento correspondiente.
Esta situación es preocupante, entre otras cosas, porque con estos acuerdos se contraviene el Reglamento de Competencia de la Primera División Profesional, que en el artículo 24 establece que: "Al inicio de la temporada los equipos que participen en los Torneos Comex Apertura 2004 - Comex Clausura 2005, podrán registrar hasta 6 jugadores no nacidos en México?Será obligatorio alinear un mínimo de 6 jugadores mexicanos por nacimiento, excepto en el Distrito Federal donde deberán obligatoriamente alinear un mínimo de 7 jugadores mexicanos por nacimiento."
Asimismo, esta medida podría tener una implicación grave en el sentido de que en dos años muchos de los jugadores extranjeros que vienen a México a jugar sus últimos partidos, podrán quedarse y ser seleccionados dejando fuera a muchos jóvenes mexicanos que no llegan al profesional porque su puesto en la cancha esta ocupado por un extranjero.
Además, hay que considerar que la Selección Nacional de fútbol podría jugar con once naturalizados y que habría más promotores que jugadores, tomando en cuenta que los promotores cobran aproximadamente un 15 por ciento de la transferencia del jugador al colocarlo, además le cobran 10 por ciento de su sueldo mensual, más aparte lo que le dan al club o directivo por contratar al jugador.
En este contexto, si bien es cierto que la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños de los equipos podrían modificar el mencionado Reglamento para evitar una posible sanción en caso de que los equipos de la Primera División jueguen con cinco jugadores extranjeros, también es cierto que se estaría limitando a muchos jóvenes mexicanos que pertenecen a las fuerzas básicas o a ligas de fútbol que aspiran a una oportunidad de pertenecer y debutar en un equipo de primera división, ésta decisión los está orillando a buscar otra profesión y a que los jóvenes por consecuencia abandonen la práctica de este deporte.
La percepción a nivel nacional en los diferentes ámbitos y especialmente en donde se encuentran las personas conocedoras del deporte y relacionadas directamente con él, han manifestado su rechazo ante la posibilidad de que se permita la participación de más jugadores extranjeros en comparación con los mexicanos, pues estiman que no puede arriesgarse así el futuro del deporte nacional, ya que las consecuencias serían muy negativas para la producción y exportación de jugadores mexicanos.
Ejemplo de ello es la situación que se presenta al final de cada torneo de fútbol de primera división, el llamado popularmente "mercado de piernas". Durante el desarrollo de cada uno de estos procesos, es marcada la situación de ignorancia por la que tienen que pasar la mayoría de los jugadores mexicanos por parte de los clubes del fútbol mexicano, por lo que se ven en la necesidad de tener que renegociar sus contratos en condiciones desventajosas para poder jugar el torneo siguiente. Esta situación es una muestra de la preferencia que prevalece hacia los jugadores extranjeros.
Compañeros legisladores, contribuyamos a que los jóvenes que tienen un gran deseo y facultades de practicar el fútbol o cualquier deporte, no vean truncado ese deseo y busquen fuera del país a quienes puedan brindarles un apoyo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte muy respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que realice las modificaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos correspondientes, a efecto de que en los espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más y que intervengan permanentemente en competencias en dicha entidad, no puedan actuar más del 40 por ciento de jugadores extranjeros en cada equipo.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte muy respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a que realice las adecuaciones necesarias a sus marcos normativos correspondientes, a efecto de que en los espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más y que intervengan permanentemente en competencias en dichas entidades, no puedan actuar más del 40 por ciento de jugadores extranjeros en cada equipo.
Palacio Legislativo de San Lázaro.-México, Distrito Federal, a 19 de enero de 2005.
Dip. José Francisco J. Landero
Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INTEGRAR UNA COMISIÓN PLURAL DE LEGISLADORES FEDERALES QUE, ACOMPAÑADOS DE EXPERTOS EN SEGURIDAD PÚBLICA, VISITEN EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1, LA PALMA, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO NAHLE GARCÍA Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
En mi calidad de diputada federal y como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los últimos acontecimientos ocurridos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, La Palma, han mostrado ante la sociedad que dichos Centros han dejado de ser de alta seguridad.
La fuga aún no aclarada de Joaquín "El Chapo" Guzmán del Cefereso de Puente Grande, Jalisco pareció no encender los focos rojos de un sistema carcelario decadente, posteriormente tres crímenes tendrían que haber sacudido la somnolencia imprudente o intencional de los engranajes de la seguridad del Estado: el de Alberto Soberanes Ramos, identificado como lugarteniente del citado "Chapo" Guzmán, asesinado en los baños en mayo de 2004; el de Miguel Ángel Beltrán Lugo, "El Ceja Güera", ocurrido el 6 de octubre en el comedor del penal; y el de Arturo Guzmán Loera, "El Pollo", un día antes de que culminara 2004, en los locutorios.
Estos hechos aunados a las versiones de que el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén es quien junto con otro capo de la droga mantenían el control real del penal ubican a dicho Centro en una situación de vulnerabilidad extrema y de alto riesgo para el conjunto de la seguridad de la sociedad; la opinión pública se pregunta ¿cómo ha sido posible que este lugar se haya corrompido al grado de que han ocurrido hechos que constituyen la antítesis de la readaptación social?
Resulta por tanto imprescindible que el Gobierno Federal asuman con toda responsabilidad las graves acciones u omisiones presumiblemente delictivas en donde muy probablemente servidores públicos de alto nivel pudieran estar coludidos con los capos de la droga; de otra manera no es posible concebir cómo es que estos lugares se han convertido en perfectos centros para el regodeo de los delincuentes, la apología del delito y la destrucción del orden social e institucional; en efecto, la seguridad, la disciplina y el orden en los así denominados Ceferesos se ha relajado y por tanto se han convertido de un asunto estrictamente de seguridad pública en un asunto de seguridad nacional.
Sobre ello esta crisis penitenciaria mucho tendría que explicar el anterior Secretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz, pero después del desastre evidenciado en el Cefereso número 1 se impone la salida del actual Secretario Ramón Martín Huerta, quien por sus anémicos resultados en su breve gestión, no tuvo otra mejor carta de presentación para este delicado encargo que ser amigo del Presidente Fox.
Si la Constitución y la ley se aplicarán para gobernar a los Ceferesos, seguramente "el gobierno del cambio" no tendría necesidad de hacer el "papelón" de distraer y utilizar indebidamente a las fuerzas armadas para fines distintos de los que la Carta Magna les asigna, el ejército mexicano fue utilizado inconstitucionalmente en las labores de resguardo y seguridad en el Cefereso número 1, La Palma, realizando el trabajo que le corresponde a los cuerpos de seguridad civiles federales.
Los Ceferesos deben ajustarse a la normatividad penitenciaria nacional e internacional existente, pero también es necesario insistir en que los derechos humanos de los reclusos deben ser garantizados por la autoridad federal, pues la disciplina y el orden puede y deben coincidir con la legalidad del respeto a las garantías fundamentales de todos los reclusos, por lo que en esta circunstancia de crisis carcelaria las posibles violaciones a los derechos de los internos no deben ser toleradas.
Es necesario que un grupo plural de legisladores federales de esta Comisión Permanente acompañados de un grupo de expertos sobre el tema visite el Cefereso número 1 y verifique cual es la situación que prevalece sobre la seguridad y el respeto al marco jurídico penitenciario.
En virtud de lo expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Integrar una comisión plural de legisladores federales de la Comisión Permanente acompañados de un grupo de expertos en seguridad pública para visitar el Centro Federal de Readaptación Social número 1, La Palma, con la finalidad de verificar las condiciones de seguridad del mismo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2005.
Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE TURISMO, DE MARINA, Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASÍ COMO CON LA ARMADA DE MÉXICO, A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-131-ECOL-1998, QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DE BALLENAS, RELATIVAS A LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE SU HÁBITAT, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN VIII DE DICHA NORMA, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Leonardo Álvarez Romo y Jacqueline Argüelles Guzmán, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La diversidad de mamíferos marinos en México la representan en la actualidad tres grupos: el orden cetácea, el orden sirenia y el suborden pinnipedia. Del orden cetácea hay en el país el 42.3% de las especies mundiales. Se incluyen en éste el suborden odontoceti y el mysticeti, el último de los cuales cuenta con 11 especies de ballenas, de las que existen ocho en nuestras aguas. Lo anterior muestra que México cuenta con una gran diversidad de cetáceos, entre los que se identifican 39 de las 81 especies conocidas mundialmente en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional de la República Mexicana.
Entre éstas figuran: la ballena gris (Eschrichtius robustus), la ballena franca (Eubalaena glacialis), la ballena azul (Balaenoptera musculus), el rorcual común (Balaenoptera physalus), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), el rorcual de Sei (Balaenoptera borealis), el rorcual tropical (Balaenoptera edeni), y el rorcual Minke (Balaenoptera acutorostrata).
La conservación en nuestras costas de la diversidad de ballenas y su hábitat es indispensable para asegurar la reproducción de estas especies, es por ello que nuestro país cuenta con una política conservacionista especialmente para los lobos marinos y la ballena gris. Al respecto, en 1933 se decretaron las primeras vedas indefinidas para la captura de focas, elefantes marinos, y lobos finos de Guadalupe; en ese mismo año, México se adhiere a la Convención de Ginebra para la Protección de la Ballena.
En 1934 se declara una veda por 10 años para la captura del manatí y en 1938 México se integra al Convenio Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena. Posteriormente, en 1972, se crea en México, el primer Refugio para la ballena gris en la laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur (BCS) a la que en 1980 se anexaron las lagunas Manuela y Guerrero Negro.
La creación de áreas naturales protegidas para la protección de la ballena gris y otros mamíferos no fue suficiente para regular la observación turística de ballenas, por lo que en 1996 se elaboró la primera Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-074-ECOL-1996 para la regulación de actividades de observación en torno a la ballena gris (Eschrichtius robustus) y su hábitat, así como las relativas a su protección y conservación. Esta norma presenta de manera detallada las restricciones y reglas que deben seguir las embarcaciones y los turistas en Baja California Sur.
Hoy en día no se permite la caza de ballenas, y para muchos países la observación de estas especies representa un recurso con amplio potencial ecoturístico. El ecoturismo es un método alternativo de turismo, basado en el concepto de desarrollo sustentable. El ecoturismo es definido como viajes a áreas naturales poco perturbadas, para observar y disfrutar de la naturaleza sin dañar el ambiente y promover la conservación de éste. El ecoturismo se distingue de otras formas de turismo por su bajo impacto social, mínimo impacto al medio ambiente y un elevado potencial económico.
La primera observación turística de cetáceos en el mundo, se realizó en 1955 en el sur de California en tanto que la primera observación de ballena gris en México se efectuó en 1960, específicamente en laguna San Ignacio. En aquel tiempo esta actividad no existía en Noruega, Islandia o Japón y apenas comenzaba en Australia y Nueva Zelanda. Toda la industria de observación de mamíferos marinos estaba en Norteamérica. En 1975, en Nueva Inglaterra la gente del lugar realizaba salidas al mar para observar cómo comían las ballenas y en ese mismo año, ocurrió el primer crucero turístico, el Capitán Alavellar.
En los años ochenta, la observación turística de ballenas comenzó a realizarse en países tradicionalmente cazadores de ballenas, como Japón, Noruega e Islandia y en otros países europeos, que en 1983 organizaban viajes para ver delfines en Gibraltar. La incorporación de los países cazadores se debió en parte a la prohibición de la caza de ballena, por el decreto establecido en la Comisión Ballenera Internacional, pero también debido a la crisis económica que prevalecía en las comunidades costeras.
La observación de ballenas a nivel mundial ha crecido rápidamente en los últimos años. De acuerdo con algunos estudios norteamericanos e ingleses en doce países se llevaba a cabo esta actividad al iniciarse la década de los 80; en 1992 había treinta países y tan sólo tres años más tarde se incorporaron a la observación de cetáceos 35 países más. El número de comunidades involucradas fue de 295 en 1995.
Las primeras empresas que realizaron las observaciones fueron estadounidenses y la actividad fue creciendo en la zona debido a la migración poblacional del interior de la península o del país hacia la costa, lo que provocó la saturación de las actividades pesqueras y el inicio de las actividades ecoturísticas, como la observación de ballenas.
Ahora bien recordemos que el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, prevé que ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación de instituciones acreditadas.
Asimismo, que el viernes 24 de mayo de 2003; se publicó en el Diario Oficial de la Federación N° 39, el Acuerdo por el que México se establece como área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontocety, las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
No obstante lo anterior, de acuerdo a denuncias que se han recibido al interior del Partido Verde Ecologista de México y como lo menciona el diario Informador de Jalisco, se ha constatado que son más de 500 las ballenas jorobadas que cada año visitan Bahía de Banderas en Puerto Vallarta; sin embargo, la actividad de observación de estas especies la pone en peligro, pues su actividad comercial hasta la fecha no ha sido vigilada por ninguna autoridad ambiental.
Pensemos que el Pacífico Mexicano y la Bahía de Banderas ofrecen un santuario impresionante de vida marina y atracciones naturales. Ballenas, delfines, mantarrayas gigantes, peces tropicales y aves marinas como los bobos de patas azules y las fragatas, formando parte de las maravillas que usted podrá contemplar.
Las ballenas jorobadas son regularmente observadas en la bahía en los meses de diciembre a abril, dándonos la oportunidad de observar a estos impresionantes gigantes sumergirse en el agua y escuchar sus fascinantes cantos.
Al día de hoy, sabemos que se otorgaron alrededor de 40 permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no obstante se estima que en el puerto existen tres veces más embarcaciones que sin permiso realizan recorridos para observarlas.
Consideremos que estamos en la en la época de mayor arribo de estas especies a nuestras aguas que a pesar de estar protegidos y contar con normatividad propia para las actividades de observación estas parecen ser omitidas e ignoradas por parte de las autoridades.
Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con las Secretarias de Turismo, de Marina, la Armada de México y de Comunicaciones y Transportes, a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-ECOL-1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat, de conformidad a lo dispuesto por la fracción 8 de dicha norma.
Dado en el Salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de enero de 2005.
Diputados: Leonardo Álvarez
Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DICTAR LAS MEDIDAS PERTINENTES, EN EL MARCO DE SUS FACULTADES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA LIBERTAD DE PRENSA EN EL ESTADO DE OAXACA, QUE ES VIOLADA POR LAS AUTORIDADES DEL EJECUTIVO LOCAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe diputado federal Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta, ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a que dicte las medidas pertinentes, en el marco de sus facultades, con la finalidad de garantizar la libertad de prensa en el estado de Oaxaca, que son violadas por las autoridades del Ejecutivo local.
Antecedentes y consideraciones
1.- El día domingo 28 de noviembre del año en curso, siendo aproximadamente las doce horas con treinta minutos un grupo de aproximadamente ochenta personas llegaron hasta las puertas del inmueble denominado Granja María del Carmen, que se ubica en las calles de avenida Ferrocarril y Constitución, en jurisdicción de Santa Cruz Amilpas, Centro Oaxaca, e ingresaron al inmueble golpeando al personal de seguridad privada, así como a trabajadores de la empresa que se encontraban en ése momento en el interior del inmueble, apoderándose de dicho inmueble en donde se encuentran los estacionamientos, talleres de reparación y bodegas que contienen papel, tinta, láminas para película, químicos, maquinaria, vehículos y demás material necesario para la edición del periódico Noticias.
2.- Estas personas que despojaron el inmueble lo hicieron con lujo de violencia, se encontraban provistos con armas de fuego cortas y largas y otros instrumentos de agresión, encapuchados algunos de ellos y en actitud amenazante; violentando moral y físicamente a los ocupantes; dos de los trabajadores de esta empresa fueron amarrados por los invasores y posteriormente llevados hasta el edificio de la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, donde fueron abandonados, cerca de la Agencia del Ministerio Público del fuero común, en donde también dejaron abandonadas dos armas de fuego, las cuales fueron decomisadas por la policía municipal de esta población y posteriormente afectas a la averiguación previa número 333(SL) 2004.
Ante los hechos perpetrados se inició la averiguación previa arriba mencionada, misma que una vez que fue remitida a la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones de la Procuraduría General de Justicia en el estado se le dio el número 10575(SC)2004, por los delitos de despojo, daños, robo con violencia y los que resulten. Además se dio inicio a la averiguación previa PGR/OAX/OAX/1/205/2004 en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En estas averiguaciones la parte afectada ha señalado a uno serie de indiciados del caso.
3.- No siendo suficiente estos hechos, el día lunes 29 de noviembre del mismo año apareció dentro del inmueble, arrendado por el periódico Noticias, el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 19 años de edad, identificado con el nombre de Juan Alfredo Méndez García, quien al parecer falleció horas antes por proyectil de arma de fuego, ignorándose el lugar y las condiciones donde sucedieron los hechos que le causaron la muerte, e iniciándose la averiguación previa 2175/PME/2004. Ante la presencia de este hecho delictivo las personas que ocupaban el inmueble huyeron del mismo quedando éste bajo la custodia del agente del Ministerio Público, y coordinador del Grupo de Investigación de Homicidios, Lic. Raúl Arias Méndez, y un grupo de aproximadamente 40 o 50 elementos de la policía ministerial, quienes se encargaron de dar seguridad al predio despojado.
El mismo día, la autoridad ministerial que tenía en custodia el inmueble selló las bodegas donde se encuentran los insumos necesarios para el funcionamiento del periódico Noticias, bodegas que contienen rollos de papel, tintas, láminas y películas que son necesarias e indispensables para la edición de este diario, así como también los talleres de reparación de máquinas y herramientas de la misma empresa.
4.- El día 1ro. de diciembre de 2004 (fecha en que se realizó el cambio de Gobernador del estado), en presencia de la policía ministerial y de la policía estatal, que custodiaban el inmueble denominado Granja María del Carmen que se ubica en las calles de avenida Ferrocarril y Constitución, en jurisdicción de Santa Cruz Amilpas, centro, Oaxaca; el inmueble de nueva cuenta fue invadido por un grupo distinto de personas, encabezadas por Roberto Mendoza, Gonzalo Rodríguez y Juan Hernández, comerciantes del mercado de abastos, mismos que se encuentran vinculados a la CNOP, y a quienes se les identifica por ser allegados colaboradores de Jorge Franco Vargas, ahora secretario general de Gobierno.
En presencia de las policías el nuevo grupo de personas procedieron a organizarse para realizar un asentamiento irregular. Para ese momento ya se encontraban a las afueras de dicho inmueble las patrullas 1016, 1070, 988, brindándoles incluso protección, permitiéndoles la entrada libremente y sin ningún cuestionamiento; limitándose únicamente a observar como introducían un sin número de objetos para lograr un asentamiento irregular en el predio donde están instaladas las bodegas del periódico Noticias.
5.- Estas acciones ilegales también han sido acompañadas por la versión dolosa de que el inmueble está ubicado en tierras comunales, a pesar de que existe una resolución del Tribunal Agrario, en el expediente 11/97, que fue elevada a la categoría de cosa juzgada e inscrita en el Registro Agrario Nacional, en la que se reconoce como propietaria a la señora Frida Leticia Lagunas Martínez y que tiene en su poder el acta de ejecución del Tribunal Unitario Agrario del distrito número 21. No obstante ello, tal parece que para las autoridades estas pruebas no son suficientes y siguen haciendo caso omiso del problema y de sus responsabilidades.
6.- Con fecha 23 de diciembre del año 2004, se realizó la diligencia de inventario de las instalaciones del periódico Noticias (Bodegas), en el inmueble ya multicitado, mediante el cual el personal de la Procuraduría General de Justicia del estado procedió a certificar y dar fe de cuales eran los materiales y herramientas existentes en las bodegas, diligencia en que mañosamente el director de Averiguaciones Previas y Consignaciones, de la Procuraduría General de Justicia del estado, dividió el predio en dos partes, siendo este una unidad arrendada al periódico Noticias, sin entregar lo demás del terreno destinado a estacionamiento y zona de maniobras.
7.- Hasta el momento el inmueble y las bodegas que contienen el papel, la tinta, las láminas para impresión, las películas, etcétera, se encuentran secuestradas con la tolerancia de la Dirección de Seguridad Pública cuyos elementos siguen montando vigilancia en protección de los invasores, inmueble que jurídicamente se encuentra bajo la custodia de la Procuraduría General de Justicia del estado.
8.- Estos acontecimientos políticos y hechos delictivos señalados, demuestran un alto grado de intolerancia e impunidad que prevalece en el estado de Oaxaca. Las garantías individuales, consagradas en nuestra Constitución, son violentadas y pisoteadas por todas estas acciones que hoy sufre un medio de comunicación por el simple hecho de ejercer su derecho a la crítica y a la información. Y que, por lo visto, no comparten las autoridades del Ejecutivo local.
9.- Los artículos 5to, 6to y séptimo de nuestra Constitución Política señalan expresamente las garantías que todo ciudadano y mexicano tienen para elegir libremente cualquier profesión y trabajo; la libertad que tienen para la manifestación de las ideas y que éstas por ningún motivo deben ser materia de inquisición judicial o administrativa; y, desde luego, la consagrada libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Dice nuestra Carta Magna que ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
10.- Los garantes encargados de que estas disposiciones y derechos no sean violentados son las propias autoridades representadas en los tres Poderes de la Unión, particularmente el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación. Así lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública que en su artículo 27, fracción XIII, señala que corresponde a la Secretaría de Gobernación "Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en los que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tales efectos".
En tal sentido, demandamos que las autoridades federales competentes ejerzan sus facultades y responsabilidades que les confiere la ley, y que se conviertan en verdaderos garantes de los derechos individuales de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Gobernación a que dicte las medidas pertinentes, en el marco de sus facultades, con la finalidad de garantizar la libertad de prensa en el estado de Oaxaca, que son violadas por las autoridades del Ejecutivo local.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2005.
Dip. Jesús Martínez Álvarez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN REVISAR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y EJERCIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS ARREOLA Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MANUEL CARRILLO RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura José Manuel Carrillo Rubio, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
En el actual Plan Nacional de Desarrollo se agrupan y contemplan las diferentes formas y estrategias para fortalecer la economía de nuestras entidades locales a través de diversos programas sectoriales que impulsados por la transferencia de recursos buscan dar solución y satisfacer las necesidades y demandas de los gobiernos locales y municipales.
Es el denominado Ramo 33 el instrumento por el cual el Gobierno Federal busca contribuir al cumplimiento de los objetivos de los programas sectoriales como el Nacional de Educación, Salud, Desarrollo Social, Seguridad Pública y Para un Auténtico Federalismo entre otros, que con apego a la autonomía de gestión, permite a los gobiernos locales beneficiar de manera directa y proporcional los planteamientos de su población.
Dichos programas reflejan la más alta prioridad para el desarrollo de nuestro país, así como otorgar los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar de la sociedad.
Tal y como se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Ramo 33 apoya el federalismo al transferir a los estados y los municipios recursos con un fin específico, lo que coadyuva a mejorar la ejecución del gasto público, por parte de las autoridades y administraciones locales.
Por ello, cualquier acción o determinación contraria, por parte de los gobiernos locales o municipales, y que vulnere e impida la correcta aplicación de los recursos antes mencionados, merece la más estricta aclaración por parte de los representantes de dichos gobiernos.
Lo anterior, en referencia a los malos manejos y errónea aplicación de los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos, los cuales se otorgaron al estado de Jalisco para ejercer en 2004.
El criticado desempeño de la hacienda estatal y las constantes declaraciones por parte de diversos funcionarios del estado, así como las diferentes quejas y denuncias presentadas por diferentes sectores de la población local han puesto en duda y a luz pública la mala aplicación de los recursos destinados a los diferentes programas sectoriales en el estado.
Por ello, y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se debe dar respuesta sobre el destino que se dio a dichos recursos, asimismo y en su caso dar fiel cumplimiento al artículo 35 de la misma ley.
A fin de esclarecer estos hechos y dar respuesta a la población de ese estado, propongo formalmente se solicite a la entidad de fiscalización superior de la Federación se haga un estudio detallado del fin y destino de los recursos otorgados al gobierno del estado de Jalisco correspondientes al Ramo 33 durante el ejercicio fiscal de 2004.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar auditoría sobre los recursos asignados y ejercidos por el gobierno del estado de Jalisco correspondientes al Ramo 33 durante el ejercicio fiscal de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2005.
Dip. José Manuel Carrillo Rubio
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CELEBRA EL TRIUNFO DE MAHMUD ABBAS EN LA JORNADA ELECTORAL EN PALESTINA Y SE HACEN VOTOS POR LA REANUDACIÓN DEL DIÁLOGO DE ÉSTA E ISRAEL, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZBETH ROSAS MONTERO Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Jorge Martínez Ramos, Diputado Federal de la LIX legislatura, con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
1.- Por décadas el conflicto entre Israel y Palestina ha sido ubicado como el centro de los problemas en la región del medio oriente y ha polarizado a la opinión internacional bajo el análisis de la legitimidad o ilegitimidad de las causas de ambos países.
2.- Durante los años en que ha trascurrido este conflicto se han visto naufragar varias iniciativas de paz, lo que provocó que continuara y por momentos recrudeciera el mutuo intercambio de afrentas que han dejado un enorme y doloroso saldo de muertes para ambos países.
3.- Una de las posturas expresadas en el debate internacional, ha justificado el conflicto señalando que las propias características del régimen palestino constituían un obstáculo para la consecución de la paz.
4.- El pasado 9 de enero se proclamó la victoria de Mahmud Abbas como nuevo Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en un proceso electoral que, aunque no estuvo exento de irregularidades y confusiones, logró una relativa tranquilidad y legalidad que permitió el sufragio de más de un millón y medio de personas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del régimen Palestino.
5.- El ejercicio democrático logrado vía las recientes elecciones en Palestina, puede constituir un hecho de incalculable valor, en la medida en que sienta nuevas bases para el diálogo político con Israel y las negociaciones de paz.
6.- La región sin embargo, continúa siendo sumamente vulnerable, puesto que han continuado los actos violentos a ambos lados de la frontera y el gobierno israelí ha manifestado incredulidad acerca del compromiso de la nueva Autoridad Palestina para combatir el terrorismo, razón esgrimida para suspender la reanudación del diálogo.
7.- La renovación de la Autoridad Nacional Palestina por la vía de elecciones democráticas ha generado nuevas condiciones bajo las cuales no puede existir ningún pretexto que esté por encima de la voluntad de alcanzar la paz y ambos gobiernos tienen el reto de construir desde sus propios países, escenarios sociales y políticos que favorezcan el diálogo y permitan lograr la paz justa y duradera que sus pueblos merecen y necesitan.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebra el proceso electoral en Palestina que ha permitido el fortalecimiento de su democracia política.
Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado a los gobiernos de Israel y Palestina para que diriman a la brevedad las diferencias que mantienen estancado el diálogo y se reanude éste con la voluntad de alcanzar un justo acuerdo de paz.
Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A REALIZAR LOS ESTUDIOS PERTINENTES PARA DECLARAR LOS MEDANOS DE SAMALAYUCA, CHIHUAHUA, COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Leonardo Álvarez Romo y María Ávila Serna, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Los Medanos son regiones arreicas de particular importancia biogeográfica por su alto nivel de endemismo derivado de condiciones climático-edáfico-hidrológicas extremas, que han provocado una baja biodiversidad, pero altamente tolerante a dichas situaciones en cuanto a sequía, salinidad y temperatura.
En nuestro país, uno de los más representativos es el de los Médanos de Samalayuca, que se encuentra en el norte del estado de Chihuahua, abarcando una gran área que queda comprendida entre los 31°10' - 3l°40' de latitud norte, y los 106°13' - 107°30' de longitud oeste (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1992).
Esta área se encuentra poblada por algunos ranchos los cuales están separados por distancias entre 5-10 o más kilómetros.
En ella, no se presentan cultivos ya que el uso que se le da al suelo es principalmente para ganado vacuno y los ranchos que ahí se localizan son de grandes extensiones, abarcando varios kilómetros cuadrados cada uno de ellos. La mayoría de los caminos son de terracería, teniéndose acceso a prácticamente toda la zona de médanos a través de éstos.
Su clima es muy árido, templado con temperatura media anual entre 12°C y 18°C, oscilando del mes más frío entre -3°C y 18°C, al mes caliente menor de 22°C; presentando lluvias entre verano e invierno mayores al 18% anual.
El tipo de suelo es el árenoslo, que es un suelo con una textura gruesa hasta una profundidad mínima de un metro (Clasificación FAO-UNESCO, 1989); posee únicamente un horizonte A ócrico o un horizonte E álbico con susceptibilidad a la erosión de moderada a alta. El subtipo háplico posee únicamente un horizonte A (ócrico) de color claro con muy poco carbono orgánico, demasiado delgado y duro y macizo cuando se seca; en ningún momento del año se satura y carece de material calcáreo en una proporción significativa.
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su porcentaje de superficie son: un 87% de vegetación de dunas, un 9% de vegetación halófila de suelos salinos, y un 4% de áreas sin vegetación aparente parcialmente erosionadas, incluyendo eriales, depósitos de litoral, jales, dunas y bancos de ríos.
Dentro de la zona se presentan un sinnúmero de especies de flora y fauna carismaticas como: Arizona elegans, Bufo cognatus Say, Bufo debilis Girard, Bufo punctatus Baird y Girard, Spea bombifrons (Cope), Crotaphytus collaris (Say) Garnbelia w, wislizenii (Baird y Girard), Cophosaurus texanus scitulus (Peters), Holbrookia maculata bunkeri., Holbrookia maculata bunkeri Smith, Phrynosoma cornutum (Harlan), Phrynosoma modestum Girard, Sceloporus belli Lemos-Espinal, Smith, Ballinger, Smith, y Chiszar, S. belli, Sceloporus undulatus speari , Seeloporus magíster, Sceloporus p. poinsetti Baird y Girard, Sceloporus undulatus speari Smith, Chiszar, Bell y Lemas-Espinal, Urosaurus ornatus caerulus Smith, Uta stansburiana stejnegeri Schmidt, Urosaurus ornalus caeruleus, Eumeces obsoletus (Baird y Girard), Cnemidophorus exsanguis, Cnemidophorus inornatus chihuahuae Wright, Cnemidophorus inornatus heptagramus Axtell, Cnemidophorus tigris marmoratus Baird y Girard, Hypsiglena torquata texana Stejneger, Masticophis flagellum (Shaw), Pituophis melanoleucus affnis (Hallowell), Sonora semiannulata Baird y Girard, Thamnophis marcianus (Baird y Girard), Crotalus atrox Baird y Girard, Crotalus molossus Baird y Girard, Crotalus v. viridis (Rafinesque) Terrapene ornata luteola Smith y Ramsey, Kinosternon flavescens (Agassiz).
Desafortunadamente, la zona presenta una fuerte problemática ambiental derivada de los cambios de uso del suelo (irrigación con pozos); turismo irresponsable por el uso de vehículos tubulares que perturban el equilibrio de las dunas y la contaminación por residuos sólidos.
Asimismo, hay fuerte afectación de la vegetación relictual de la zona, prácticas de manejo de las tierras inadecuado, turismo mal planeado, contaminación y ausencia de políticas de conservación.
Toda vez que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), ha ubicado Medanos de Samalayuca como Región Terrestre Prioritaria en México, RTP-48, debido a su riqueza de especies y a la necesidad de su conservación y que el Gobierno del estado de Chihuahua solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde octubre pasado, fuera decretada esta zona como Área Natural Protegida para que tal pronunciación permita una mayor vigilancia y control del aprovechamiento de los recursos del lugar.
Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a realizar los estudios pertinentes a fin de declarar a los Medanos de Samalayuca, Chihuahua, como área natural protegida, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente1.
Nota:
1 El artículo 57 de la LGEEPA
estipula que "Las áreas naturales protegidas señaladas en
las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley, se establecerán
mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal conforme
a ésta y las demás leyes aplicables".
Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de enero del 2005.
Diputados: Leonardo Álvarez
Romo, María Ávila Serna (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE UN ÓRGANO AUTÓNOMO E IMPARCIAL, FISCALICE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, POR LO QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL DE 2002, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que subscribe diputado federal Jesús Martínez Álvarez del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación, a través de un órgano autónomo e imparcial, audite a la administración municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, del estado de Oaxaca, durante su ejercicio fiscal 2002, al tenor de los siguientes:
Antecedentes y consideraciones
1.- Ha transcurrido año y medio desde que la Auditoría Superior de la Federación notificó al entonces gobernador del estado de Oaxaca, José Murat Casab, la resolución de esta Cámara de realizar revisiones a las erogaciones en aquel estado del Ramo 33, correspondientes a la cuenta pública del 2002. La auditoría, a esta fecha, no se ha realizado. A lo largo de estos 18 meses, tanto el poder ejecutivo como el legislativo del estado de Oaxaca han desafiado a esta Cámara y se han opuesto a la auditoría. Su negativa acrecienta la duda respecto del cabal ejercicio de los recursos federales asignados al estado de Oaxaca.
2.- El Gobierno del estado contestó primero con el silencio, y ante la insistencia de la Auditoría Superior de la Federación, finalmente hubo una respuesta: la Cámara de Diputados local argumentó que la auditoría no procedía, en virtud de que con ella se atentaba en contra de la soberanía de la entidad. Su argumento fue, que tal auditoría violentaba la soberanía estatal, lo que es insostenible ya que la fracción I del artículo 79 de nuestra Constitución establece claramente que la entidad de fiscalización superior de la Federación tiene a su cargo la fiscalización, entre otros, de los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
3.- Ante estos hechos, y por recomendación de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de Vigilancia del Congreso, la Junta de Coordinación Política decidió dirimir este aparente conflicto de competencias mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ocurrió en marzo de 2004. El ahora ex gobernador José Murat ha logrado evitar durante año y medio que se audite el ejercicio que realizó de los fondos del Ramo 33. La magnitud de su obstinación sólo puede entenderse por la magnitud de lo que parece querer ocultar. Su decisión de impedir el ejercicio de facultades que la Constitución le otorga a la Cámara de Diputados ha estado, en los hechos, por encima de nuestra Carta Magna.
4.- Las cosas no han quedado ahí, un nuevo hecho se suma a su permanente negativa a rendir cuentas: como clara expresión de su poder transexenal, la actual legislatura local ha nombrado contador mayor de Hacienda a Guillermo Megchún. Tal funcionario será el responsable de revisar la cuenta pública de los últimos años del sexenio estatal anterior. Sólo que hay un problema: el señor Guillermo Megchún fue secretario de Finanzas del gobierno de José Murat, es decir, que Guillermo Megchún se revisará a sí mismo y, suponemos, en caso de encontrar irregularidades, se sancionará también a sí mismo.
El señor Guillermo Megchún debería en estos momentos estar rindiendo cuentas ante la Auditoría Superior de la Federación de cómo manejó él los recursos del Ramo 33, y seguramente, de haberse logrado la auditoria, estaría rindiendo, por lo menos, su declaración ante las autoridades competentes. Pero no, el señor Megchún, sigue pidiendo cuentas a todos los que son considerados opositores, seguramente basado en su alta calidad moral. Este nuevo cargo le da la posibilidad de ocultar las eventuales irregularidades cometidas en el sexenio anterior y que además le permitirá, como se hizo en tiempos de José Murat, seguir persiguiendo a los funcionarios municipales a quienes no lograron perjudicar durante su administración. Incluso, se convierte de facto en el fiscal del secretario de Finanzas del gobernador en turno.
5.- Pero para el Gobierno del estado y para el ex secretario de Finanzas esto no es suficiente. Inmediatamente su primera acción de este nuevo contador mayor de Hacienda fue citar al ex Presidente municipal de la capital del estado y ex candidato a la gubernatura del estado, Gabino Cué Monteagudo, con todo su cabildo, para que el día 6 de enero comparecieran para iniciarles un procedimiento administrativo de responsabilidad por, según su dicho, no haber presentado la Cuenta Pública del ejercicio 2002. Este procedimiento carece de validez por dos razones: el contador mayor de Hacienda no puede iniciarlo por sí mismo, sino que debe ser atendiendo a una instrucción de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Comisión que a esta fecha ni siquiera se ha reunido para su debida integración.
La razón de fondo, sin embargo, de la invalidez de tal procedimiento es que el señor Guillermo Megchún es técnica, jurídica y moralmente ineligible para el cargo de contador mayor de Hacienda por haberse desempeñado como secretario de Finanzas del Gobierno estatal inmediatamente anterior.
6.- Marginado y perseguido por el gobierno de José Murat, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no sólo cumplió con la rendición de cuentas anual a que estaba obligado por la ley, sino que cada mes envió la Comprobación del Gasto y Cuenta Pública al Congreso del estado, lo cual está documentado y es comprobable. Por lo mismo la anterior administración municipal, presidida por el C. Gabino Cúe, tiene la mayor disposición, y demanda a esta soberanía, para que la Auditoría Superior de la Federación audite el mismo ejercicio fiscal que ha sido causa política de la controversia judicial.
7.- Ahora resulta que Gabino Cué Monteagudo, ex candidato a Gobernador del estado de Oaxaca por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Convergencia, cuenta hoy con una orden de aprehensión dictada recientemente, encontrándose actualmente amparado. No se le perdona el haber logrado organizar un gran movimiento ciudadano en el estado que puso en evidencia la corrupción y la impunidad prevaleciente en gobierno del estado; además de alcanzar, de manera real, sin trampa alguna, el mayor número de votos que jamás haya obtenido ninguno de los ex gobernadores priístas anteriores.
8.- El supuesto delito consiste en una acusación de un ex empleado municipal que fue acusado y puesto a disposición de las autoridades estatales por el propio ayuntamiento que presidía en ese momento Gabino Cué, y quien en su declaración, a cambio de beneficios que le ofreció la Procuraduría del estado, señaló que su conducta ilícita la realizaba por instrucciones del entonces Presidente municipal.
9.- Resultado de todas estas conductas políticas del anterior gobernador y del actual, sigue pendiente la auditoría ordenada por esta Cámara de Diputados al ejercicio de los recursos del Ramo 33 asignados a Oaxaca; sigue pendiente la resolución de la Suprema Corte de la Unión respecto de la controversia constitucional presentada por este órgano legislativo; sigue en vilo el Estado de derecho en Oaxaca; sigue presente la designación inaceptable de funcionarios; sigue presente la trasgresión de la ley por quienes debieran velar por su cumplimiento. Y todo ello está creando en el estado de Oaxaca una situación de inestabilidad, de corrupción, de intolerancia y de violación a la ley por parte de quienes debiesen ser los primeros en garantizar paz, concordia y desarrollo que reclaman desde siempre los oaxaqueños.
10.- Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia considera y está convencido de que en la administración municipal, presidida por el C. Gabino Cué, no hubo ilícito alguno que contravengan los principios de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, por lo cual propone a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Auditoría Superior de la Federación, a través de un órgano autónomo e imparcial, audite a la administración municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, del estado de Oaxaca, durante su ejercicio fiscal 2002.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2005.
Dip. Jesús Martínez Álvarez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX INFORMACIÓN RESPECTO A MODIFICACIONES QUE HARÁ EN TORNO DE LOS CONTRATOS DE LAS FRANQUICIAS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO, ASÍ COMO A LAS ACCIONES FRAUDULENTAS QUE SE IMPUTAN A CONCESIONARIOS QUE DEFRAUDAN AL PÚBLICO CONSUMIDOR, ALTERANDO A LA BAJA LAS BOMBAS DE GASOLINA, A CARGO DE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Desde hace algunas semanas, a través de los medios de comunicación, hemos conocido que en la mayoría de los expendios de gasolina se practican alteraciones de los medidores de sus bombas expendedoras.
Funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han dado a conocer que aproximadamente 9 de cada 10 gasolineras alteran los controles electrónicos de las bombas, lo que ha permitido que los concesionarios tengan un beneficio económico, a costa de toda la ciudadanía, de entre 5 y 20 por ciento por cada carga de combustible.
Actos como los mencionados nos muestran la capacidad de los que con la confianza del Estado, al ser depositarios de una concesión, abusan y roban a cada uno de sus usuarios, y que a decir datos de la Profeco, el monto del daño podría alcanzar hasta 15 mil millones al año.
Las acciones que la Profeco ha llevado a cabo son el resultado de la entrada en vigor, el pasado 27 de noviembre, de la norma emergente que establece los sistemas de medición y despachos de gasolinas, diesel, turbosina y gas avión que se vende en el país, la cual sustituye a la norma 005, que sólo facultaba a los inspectores a revisar los sistemas mecánicos de los dispensarios, pero que les impedía clausurarlos.
A raíz de lo anterior, un número considerable de gasolineras han buscado ampararse ante tal medida, de tal modo que para finales de la semana pasada, al menos 10 por ciento de los amparos promovidos habían logrado suspender las revisiones de la Profeco a los dispensarios.
Para todo ciudadano resulta decepcionante conocer, a través de los medios de comunicación, que cada vez que hace uso de una gasolinera, es muy probable que le estén dando menos por su dinero. Pero lo que resulta verdaderamente ofensivo, es que los concesionarios, quitados de la pena, chicamente, se amparen a fin de que la autoridad correspondiente lleve a cabo las revisiones establecidas.
Para los representantes del PRI en la Comisión Permanente, actos como los que se han descrito representan una falta moral ante la ciudadanía, que promueve la corrupción, que denigra a las instituciones nacionales, pero sobre todo que sienta precedentes para todo aquel que es depositario de una concesión institucional.
Consideramos inaplazable que el Gobierno Federal, a través de la Profeco, continúe revisando todas y cada una de los expendios de combustible a nivel nacional, al mismo tiempo de que hacemos un llamado a todos los concesionarios para cooperar en coordinación de las autoridades, con el fin de verificar el estado de sus establecimientos, pero sobre todo recuperar la credibilidad ante sus usuarios. Por lo expuesto, presentamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita información
puntual a la Dirección General de Pemex sobre los actos de múltiples
concesionarios que defraudan al público en general al alterar a
la baja los medidores de las bombas expendedoras. En caso de que existan
anomalías al respecto, solicitamos den a conocer las acciones y
las penalidades que llevará a cabo la paraestatal en torno a los
contratos de las franquicias de las estaciones de servicio.
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL TÉRMINO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE AVON COSMETICS, SA DE CV, Y EL IMSS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SEGURO SOCIAL DE LAS AGENTES DE LA COMISIÓN MERCANTIL INDEPENDIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO DANIEL ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 53, 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado Daniel Ordóñez Hernández, integrante el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita se exhorte a los secretarios del Trabajo, de Salud y de Hacienda y Crédito Público e igualmente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el marco de sus facultades intervengan en el conflicto que se viene desarrollando entre la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, y su planta laboral, con el objeto de que personas a su servicio se les reconozca su carácter de trabajadoras con el pleno respeto a sus derechos laborales y en materia de seguridad social, lo que además de impedir la agravación de este conflicto y la desprotección de estos trabajadores y sus familias, especialmente en materia de salud, coadyuvará al propio tiempo a impedir la evasión fiscal que esta empresa pretende.
Consideraciones
2.- Que "Avón" en abierta violación a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, disfraza los contratos de trabajo que la ligan a sus trabajadoras bajo la forma de comisión mercantil; en tal virtud en el año de 1994 firmó con el IMSS un convenio para la incorporación de sus trabajadoras únicamente en el régimen voluntario. Sin embargo de manera acertada el pasado 31 de agosto de 2004, este Instituto mediante oficio No. 0952130500/1273 dio por terminado este ilegal convenio y le exigió a "Avón" cumplir cabalmente con el régimen obligatorio a favor de sus trabajadores, como cualquier otro patrón.
3.- Sin embargo "Avón", en lugar de cumplir con el acuerdo del IMSS, desde el mes de noviembre del año pasado ha iniciado un proceso ilegal para obligar a sus trabajadoras a que renuncien por escrito a su carácter de trabajadoras y contraten individualmente su incorporación voluntaria al IMSS, cuyo precio estaría a cargo de las propias trabajadoras. En suma, estamos en presencia de un aberrante y masivo proceso de despido y violación de sus derechos de estas trabajadoras.
4.- Por obvias razones, la inmensa mayoría de los trabajadores al servicio de "Avón", no podrían cubrir el pago de la contratación de su incorporación voluntaria al IMSS, lo que daría pie a que se generara un grave problema de salud entre los trabajadores y sus familias, muchos de los cuales padecen enfermedades crónicas.
5.- Independientemente de las violaciones a los derechos laborales y de seguridad social de estos trabajadores y, concretamente a la resolución dictada por el IMSS, estamos ante una maniobra jurídica que también busca la evasión de las obligaciones fiscales a cargo de esta empresa.
6.- Inclusive "Avón" a estas fechas y según denuncias de sus trabajadoras, ha modificado su carácter de una sociedad anónima de capital variable a una sociedad de responsabilidad limitada, con la pretensión falaz de violar los derechos de los trabajadores. En general, este monstruoso pisoteamiento de los derechos de los trabajadores no se debe permitir, por que tarde que temprano se traducirá en grave conflicto que impactará de manera directa o indirecta millones de mexicanos.
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorte a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, e igualmente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el marco de sus facultades intervengan en el conflicto que se viene desarrollando entre la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, o de S. de RL (o cual denominación actual de este patrón) y su plana laboral, con el objeto de que se le reconozca a las personas a su servicio su carácter de trabajadoras con pleno respeto a sus derechos laborales y en materia de seguridad social, lo que además de impedir la agravación de este conflicto y la desprotección de estos trabajadores y sus familias, especialmente en materia de salud, coadyuvará al propio tiempo a impedir la evasión fiscal que esta empresa pretende. Todo esto en apego a nuestro marco jurídico laboral y de seguridad social y, especialmente en cumplimiento al oficio del IMSS No. 095219500/1273 de fecha 31 de agosto de 2004, que ordena que "Avón" cumpla con su obligación de incorporar a sus trabajadores al régimen obligatorio del Seguro Social, en beneficio tanto de éstos como el propio Instituto.
Palacio Legislativo a 19 de enero de 2005.
Dip. Daniel Ordóñez Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SEMARNAT-2002, RELATIVA A LODOS Y BIOSÓLIDOS, ESPECIFICACIONES Y LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES Y DISPOSICIÓN FINAL, EN LA PLANTA DE PROMOTORA AMBIENTAL DEL SURESTE, SA DE CV, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Leonardo Álvarez Romo y Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En el transcurso de este año hemos recibido varias denuncias del Estado de Tabasco referentes a la empresa Promotora Ambiental del Sureste, SA de CV (PASA), que ante su incapacidad para tratar las miles de toneladas de recortes de perforación base aceite en su planta de Loma de Caballo optó por enterrar miles de metros cúbicos en unos terrenos particulares frente a su planta, lo que a largo plazo traerá graves consecuencias al manto freático de la zona.
Ubicada en la ranchería Anacleto Canabal, tercera sección, dentro del corredor industrial Loma de Caballo, la empresa continúa enfrentando serios problemas sociales por la contaminación que mantiene desde hace cinco años en este núcleo poblacional.
PASA inicia sus labores en 1988 como OSCA de México, SA de CV, con servicios mediante desorción térmica de recortes de perforación y suelos impregnados con aceite e hidrocarburos. Ésta fue la primera planta con equipo diseñado por la compañía On-Site México, subsidiaria de Evironmental Safeguard, de Houston, Texas, y a partir de 1999 OSCA es comprada por Alberto Garza y cambia a PASA.
PASA utiliza el método de la desorción térmica para tratar tierra contaminada con desechos peligrosos calentándola a una temperatura de 90 a 540° C a fin de que los contaminantes, con su punto de ebullición bajo, se vaporicen, se conviertan en gases y por consiguiente se separen de la tierra. No obstante, obreros de la propia planta denunciaron, ante un periódico de circulación regional, que la empresa no cuenta con la capacidad para tratar las miles de toneladas que diariamente llegan a su planta de la región sur de PEP y de la región Marina por lo que optaron por "enterrarlos".
En ese medio han comentado el temor de que los mantos de agua en el subsuelo de la zona se estén contaminando por el relleno del vaso regulador y de la laguna de la zona, solicitando la intervención de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin tener hasta la fecha respuesta.
Los obreros y habitantes de Anacleto Canabal aseguraron que PASA no cuenta con espacio para el almacenamiento y tratado correcto de los lodos porque esta construyendo una plata de fluidos en la misma área, además de que ya se encuentran en negociaciones con el ayuntamiento de Centro para que ocupen un predio en la parte trasera de los hornos así como la concesión de la planta tratadora de basura.
Consideremos que en este mismo lugar y debido a semejante problema, la Procuraduría General de la Republica (PGR) recibió hace casi un año la averiguación previa AP-002/2004-III, interpuesta en las oficinas de la delegación de la PGR local por el diputado verde ecologista Pascual Bellizia Rosique, quien preside la Comisión de Ecología de la LVIII Legislatura Estatal. En ésta señala que la empresa Caresa, que esta manejando residuos de Petróleos Mexicanos, se ampara con un permiso que les dio la Sedespa para disponer residuos perforación base, no obstante no cumple con los términos y condiciones de autorización tirando residuos aceitosos, violando la Ley estatal del medio ambiente.
Ese día, en compañía de un servidor público federal, se confirmó que los camiones de la empresa Promotora Ambiental del Sureste, descargan residuos petroleros sin que sean tratados anticipadamente, lo que comprueba el análisis de la empresa Estudios Profesionales de Contaminación Ambiental de su presunta contaminación de la zona, sin medidas de prevención.
El estudio perimetral de contaminantes en el aire y ambiente citado, realizado por la empresa Estudios Profesionales de Contaminación Ambiental, reveló que los desechos químicos que PASA vierte sobre el medio ambiente contienen altos componentes químicos que rebasan el valor permisible establecido en la NOM-024-SSA1-1993.
Dicho documento indica, en un muestreo perimetral de partículas suspendidas totales en el aire ambiente, realizado los días 24, 25 y 26 de abril de 2003, que dichas emisiones químicas rebasan el valor máximo permisible de exposición de 260 ug/m cúbicos establecido en la NOM-024-SSA1-1993.
Por lo anteriormente expuesto, en nombre de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán y del mío propio, como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que verifique el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, relativa a lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes y disposición final, en la planta de la Promotora Ambiental del Sureste, SA de CV, situada en la ranchería Anacleto Canabal, tercera sección, dentro del corredor industrial Loma de Caballo, Tabasco.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a sancionar a los presuntos responsables de desechar lodos residuales (tóxicos), sin medidas de seguridad o prevención, en los terrenos contiguos de la planta de la Promotora Ambiental del Sureste, SA de CV, situada en la ranchería Anacleto Canabal, tercera sección, dentro del corredor industrial loma de caballo, Tabasco, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4141 del Código Penal Federal.
Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una investigación exhaustiva de la operación de la planta Promotora Ambiental del Sureste, SA de CV, para verificar las presuntas irregularidades en sus procesos.
Nota:
1 El artículo 414 del Código
Penal Federal establece: "Se impondrá pena de uno a nueve años
de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que
ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad,
realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico,
importación o exportación, transporte, abandono, desecho,
descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas
peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas,
tóxicas, inflamables, radiactivas u otras análogas, lo ordene
o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora,
a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo
o al ambiente".
Dado en el Salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de enero de 2005.
Diputados: Leonardo Álvarez
Romo, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA SAGARPA IMPLANTE EL SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RURAL INTEGRAL Y SUS CORRELATIVOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS ARREOLA Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En mi calidad de diputado de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente a la fracción campesina del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, implemente el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral y sus correlativos, de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable y el de Información para el Desarrollo Rural Sustentable y considere la asistencia técnica en el Sistema Nacional de Apoyos a los Programas Inherentes a la Política de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable; al tenor de las siguientes
Consideraciones
El desarrollo económico y social de nuestro país necesariamente tiene que resolver paralelamente el crecimiento del campo mexicano, el país no podrá ser viable mientras el campo se debata en la miseria y en la inanición productiva.
En la actualidad los retos para el campo mexicano son incrementar el ingreso per cápita de su población con una distribución más equitativa, capacitarlo para competir en los mercados globales y satisfacer la creciente demanda de alimentos y materias primas del mercado nacional.
El ingreso per cápita de la población ocupada en el sector rural es cuatro veces menor al de la población urbana. Más de 8 millones de mexicanos en el medio rural viven con solo un dólar diario.
El ingreso promedio de los hogares rurales es la mitad de los hogares urbanos.
En la población rural el 10% de mayores ingresos participa con el 34% del ingreso rural total, mientras el 10% más pobre sólo obtuvo el 2%.
El 38% de la población rural padece pobreza alimenticia, de capacidades el 43.4% y de patrimonio el 67.5%. 54 millones de pobres pueden tener mejores condiciones de vida tan sólo si conocieran sus recursos naturales disponibles y su racional aprovechamiento.
Entre los años 1990 a 2001 se generaron un promedio de 12,500 empleos en el sector rural.
Crear un empleo en zonas urbanas cuesta 13 veces más que en el medio rural y mantener una familia en las ciudades cuesta 22 veces más que en el campo.
El salario real en el sector rural
disminuyó de 1990 a 2002 el 50%.
El PIB agropecuario se redujo del
8% al 5.0% del total en los últimos 25 años
El déficit comercial agropecuario
y pesquero es superior a los 3,000 millones de dólares
La estructura social por su demografía y dispersión de las familias rurales es compleja y el nivel educativo como premisa fundamental para el desarrollo de sus capacidades, alcanza solo los niveles básicos.
La población rural representa el 25% de la población nacional, con una estructura demográfica por edad y sexo, derivada de su crecimiento natural y de los proceso de migración, que impone retos adicionales a su magnitud.
En las áreas rurales su población se distribuye en unas 196 mil localidades con menos de 2,500 habitantes, de las cuales el 30% muestran un fuerte nivel de aislamiento.
La población rural, sólo el 48% estudió la primaria o un nivel superior, pero menos del 1% tiene estudios superiores, con una escolaridad media de 4.68 años. En el medio urbano, como en el rural; el ingreso de los hogares cuyo jefe es profesional es más de cinco veces mayor que aquellos cuyo jefe no tiene instrucción. La escolaridad promedio de los beneficios del Procampo es sólo de 3.1 años.
Diversos estudios de evaluación de la Alianza para el Campo muestran que el factor más importante que explica las variaciones en el incremento del ingreso y el empleo de las inversiones es el grado de escolaridad del productor, mas que el tamaño del predio y la magnitud relativa de la inversión.
Disponer de agua, capacitación y asistencia técnica es indispensable para lograr impactos productivos de los apoyos destinados de fomento. Maquinaria sin capacitación y asesoría es igual a chatarra; préstamos sin capacitación y asesoría es igual a cartera vencida.
Sin embargo, el ingreso medio del hogar urbano es 2.65 veces mayor que el del hogar rural; el 83% de los hogares rurales se ubican en los niveles inferiores de ingresos (primeros cinco deciles); el 39.7% de los hogares rurales tienen ingresos menores a dos salarios mínimos.
Los recursos naturales con una distribución geográfica que los limita, por el crecimiento demográfico cada vez son más escasos, su apropiación se concentra y la erosión en su calidad es creciente.
La magnitud y diversidad del marco fisiográfico y productivo demanda programas y recursos de esa magnitud y diseñadas para atender esta diversidad.
El 30% de las unidades de producción
son menores a dos hectáreas y el 60% son menores a cinco hectáreas.
La infraestructura y los programas
públicos de apoyo al desarrollo rural ha disminuido en los últimos
años.
El gasto público federal en
la función del desarrollo agropecuario pasó en ese periodo
del 24.6% al 18.1% del PIB agropecuario1.
En ese periodo la superficie asegurada
pasó del 42% al 9.9% respecto a la superficie sembrada2.
Los recursos de crédito al sector agropecuario actuales equivalen a la mitad de los recursos de 1990 en términos reales.
A pesar que esta soberanía en los últimos ejercicios ha destinado mayores recursos relativos al desarrollo rural, su dirección y formas de ejercicio dificultan su acceso a los mas necesitados.
Los sistemas de asistencia técnica se desmantelaron y no han logrado establecerse modelos y sistemas que los sustituyan, el sistema de educación, investigación, extensión y asistencia técnica público se encuentran desvinculados de los programas de fomento y el mercado, como solución fundamental del nuevo modelo, no ha tenido capacidad para emplear a los profesionistas del sector.
Esto genera que se tienda a generar una especialización comercial despreciando la atención de los grupos marginados y a las tecnologías locales, que se privilegie la investigación en temas solo con valor académico curricular, se atiende a esquemas de reconocimiento profesional por acreditación y los trabajos que se desempeñan están mal remunerados y se desempeñan actividades sin impacto productivo y social.
Se ha deteriorado el prestigio y la capacidad reconocida nacional y mundialmente, de un capital humano nacional, altamente preparado integrado por más de 150,000 profesionistas, que se incrementa anualmente en un promedio de 7,000 egresados de los sistemas de enseñanza público y privada, investigadores y profesionistas de campo en el ramo de la agronomía y demás profesiones afines.
En suma, la productividad física y la eficiencia del uso de los recursos naturales, infraestructura, equipos e insumos es deficiente. Las tendencias mundiales para mejorar la competitividad se encaminan hacia incrementar la productividad por persona y a elevar el porcentaje de individuos comprometidos con el proyecto dentro de una organización. Mucho o la mayor parte de estos propósitos se logran con capacitación y asesoría.
La superficie sembrada de los diez cultivos principales se redujo de 15.5 millones de hectáreas en 1985 a 13.8 en 2004.
Más del 90% de las unidades de producción rural operan con ínfimo nivel tecnológico, el cual contribuye a su baja productividad y rentabilidad
El crecimiento del rendimiento promedio por hectárea entre 1994 y 2003 para el maíz se incrementó de 2.22 a 2.75 toneladas por hectárea, este cultivo representa casi un 70 % de la superficie sembrada.
Entre 1993 y 1999, mientras la productividad media por hectárea cosechada aumentó en un 5%, los precios de sus productos disminuyeron 25%3 y el índice nacional de precios al productor agropecuario pasó de 29.6 a 80.04.
Los crecimientos del valor de la producción provienen de frutas y hortalizas orientadas al mercado de exportación y nacional de altos ingresos, se estima que el incremento en 1% de la superficie de frutales incrementa el 7% del valor de la producción mientras que la misma magnitud de cereales solo incrementa el 0.5% del valor de la producción.
Lo anterior reclama que el Estado Mexicano cumpla con su obligación política y el Poder Ejecutivo con su responsabilidad legal establecidas en los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las siguientes leyes reglamentarias:
Ley Agraria, en sus artículos cuarto y sexto.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable que en sus capítulos y artículos contiene disposiciones relativas a:
Título I. Capítulo I,
Artículo 17 el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural, como el ámbito superior de coordinación de las políticas y programas del sector.
Artículo 22, la Comisión Interinstitucional, integrada por las dependencias públicas con responsabilidades en esta Ley.
Título III. Capítulo II, De la Investigación y Transferencia de Tecnología,
Artículos:
Artículos:
46, propósitos del -SNCATRI
47, creación y responsabilidades
del Servicio Nacional de Asistencia Técnica y Capacitación
-SNATC-
48, -integración del Servicio
Nacional de Asistencia Técnica y Capacitación -SNATC-
49, estrategias del Servicio Nacional
de Asistencia Técnica y Capacitación -SNATC-
50, procedimientos para la evaluación
y registro de servicio técnicos
51, promover la disposición
de asistencia técnica en las Organizaciones de Productores
52, las materias de la asistencia
técnica
En especial en el artículo 27, fracción XX.- El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
Adicionalmente para el Poder Legislativo le otorga la facultad en su artículo 73, fracción XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;
En diversas leyes reglamentarias existen disposiciones que obligan al Estado y específicamente al Poder Ejecutivo a promover y fomentar el desarrollo agropecuario, como las siguientes:
Ley Agraria en su Título Segundo, Del Desarrollo y Fomento Agropecuarios, el artículo 4, señala que: "El Ejecutivo federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional".
En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Título II
Capítulo I
Artículo 17
Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. Este Consejo se integrará con los miembros de la Comisión Intersecretarial previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, debidamente acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales, de acuerdo a los temas a tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Será presidido por el titular de la Secretaría y operará en los términos que disponga su reglamento interior.
En su artículo 22, señala que, La Comisión Intersecretarial a través de las dependencias y entidades que la integran, ejecutará las acciones previstas en este Título, de acuerdo con la competencia que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Planeación; en tal virtud contará con los órganos desconcentrados y demás estructuras que se determinen en su reglamento y otras disposiciones aplicables.
Asimismo, la Comisión Intersecretarial, mediante la concertación con las dependencias y entidades del sector público y con los sectores privado y social, aprovechará las capacidades institucionales de éstos y las propias de las estructuras administrativas que le asigna su reglamento, para integrar los siguientes sistemas y servicios especializados, entre otros:
CAPÍTULO II
De la Investigación y la Transferencia Tecnológica
Artículo 33
La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, integrará la Política Nacional de Investigación para el Desarrollo Rural Sustentable, la cual será de carácter multidisciplinario e interinstitucional considerando las prioridades nacionales, estatales y regionales; asimismo, llevará a cabo la programación y coordinación nacional en esta materia, con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y en el Plan Nacional de Desarrollo y en los demás ordenamientos aplicables, tomando en consideración las necesidades que planteen los productores y demás agentes de la sociedad rural.
La política nacional de investigación para el desarrollo rural sustentable, con base en las instituciones competentes y utilizando los recursos existentes, incluirá las medidas para disponer de una instancia con capacidad operativa, autonomía efectiva y autoridad moral para emitir los dictámenes y resoluciones arbitrales que se requieran; asimismo, tenderá a contar con un adecuado diagnóstico permanente de los diferentes aspectos necesarios para la planeación del desarrollo rural sustentable y a la búsqueda de soluciones técnicas acordes a los objetivos soberanos de la producción nacional.
Artículo 34
Para impulsar la generación de investigación sobre el desarrollo rural sustentable y en particular el desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y apropiación por parte de los productores y demás agentes, se establecerá el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, como una función del Estado que se cumple a través de sus instituciones y se induce y complementa a través de organismos privados y sociales dedicados a dicha actividad.
Se considera a la investigación y formación de recursos humanos como una inversión prioritaria para el desarrollo rural sustentable, por lo que se deberán establecer las previsiones presupuestarias para el fortalecimiento de las instituciones públicas responsables de la generación de dichos activos.
El Sistema tiene como objetivo coordinar y concertar las acciones de instituciones públicas, organismos sociales y privados que promuevan y realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y validación y transferencia de conocimientos en la rama agropecuaria, tendientes a la identificación y atención tanto de los grandes problemas nacionales en la materia como de las necesidades inmediatas de los productores y demás agentes de la sociedad rural respecto de sus actividades agropecuarias.
Artículo 35
El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, será dirigido por la Secretaría, e integrará los esfuerzos en la materia mediante la participación de:
III. Las instituciones de investigación
y educación privadas que desarrollen actividades en la materia;
IV. El Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología;
V. El Sistema Nacional de Investigadores
en lo correspondiente;
VI. Los mecanismos de cooperación
con instituciones internacionales de investigación y desarrollo
tecnológico agropecuario y agroindustrial;
VII. Las empresas nacionales e internacionales
generadoras de tecnología agropecuaria y forestal, a través
de los mecanismos pertinentes;
VIII. Las organizaciones y particulares,
nacionales e internacionales, dedicados a la investigación agropecuaria,
mediante los mecanismos de cooperación que correspondan;
IX. El Consejo Mexicano para el Desarrollo
Rural Sustentable y los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable;
y
X. Otros participantes que la Comisión
Intersecretarial considere necesarios, para cumplir con los propósitos
del fomento de la producción rural.
En materia de investigación agropecuaria, el Gobierno Federal impulsará la investigación básica y el desarrollo tecnológico; con este propósito y con base en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y demás ordenamientos aplicables, la Secretaría tendrá a su cargo la coordinación de las instituciones de la Administración Pública Federal cuya responsabilidad sea la investigación agropecuaria, socioeconómica y la relacionada con los recursos naturales del país, así como el apoyo a los particulares y empresas para la validación de la tecnología aplicable a las condiciones del país que se genere en el ámbito nacional e internacional, siempre que sean consistentes con los objetivos de sustentabilidad y protección del medio ambiente a que se refieren esta Ley y las demás disposiciones en la materia.
La Secretaría, a través de las figuras asociativas creadas en cada entidad federativa a que se refiere la fracción I del artículo 27 y el artículo 28 de esta Ley, apoyará la investigación aplicada y la apropiación y transferencia tecnológica en la entidad.
La Secretaría, a través de las dependencias correspondientes sancionará los convenios de cooperación para la investigación científico-tecnológica con las instituciones de investigación nacionales y con los organismos internacionales para la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario y de desarrollo rural sustentable, relativos a los diferentes aspectos de las cadenas productivas del sector.
Artículo 37
El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable deberá atender las demandas de los sectores social y privado en la materia, siendo sus propósitos fundamentales los siguientes:
II. Promover la generación,
apropiación, validación y transferencia de tecnología
agropecuaria;
III. Impulsar el desarrollo de la
investigación básica y aplicada y el desarrollo tecnológico;
IV. Promover y fomentar la investigación
socioeconómica del medio rural;
V. Propiciar la articulación de los sistemas de investigación para el desarrollo rural a escala nacional y al interior de cada entidad y la vinculación de éstos con el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral;
VI. Propiciar la vinculación entre los centros de investigación y docencia agropecuarias y las instituciones de investigación;
VII. Establecer los mecanismos que propicien que los sectores social y privado y demás sujetos vinculados a la producción rural se beneficien y orienten las políticas relativas en la materia;
VIII. Proveer los medios para sustentar las decisiones administrativas y contenciosas que requieran dictamen y arbitraje;
IX. Fomentar la integración, administración y actualización pertinente de la información relativa a las actividades de investigación agropecuaria y de desarrollo rural sustentable;
X. Fortalecer las capacidades regionales y estatales, propiciando su acceso a los programas de investigación y transferencia de tecnología;
XI. Promover la productividad y rentabilidad de la investigación científica, así como el incremento de la aportación de recursos provenientes de los sectores agrícola e industrial, a fin de realizar investigaciones de interés para el avance tecnológico del medio rural;
XII. Promover la investigación colectiva y asociada, así como la colaboración de investigadores de diferentes instituciones, disciplinas y países;
XIII. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico entre las universidades y centros de investigación públicos y privados que demuestren capacidad para llevar investigaciones en materia agropecuaria y de desarrollo rural sustentable;
XIV. Aprovechar la experiencia científica disponible para trabajar en proyectos de alta prioridad específica, incluyendo las materias de biotecnología, ingeniería genética, bioseguridad e inocuidad;
XV. Facilitar la reconversión productiva del sector hacia cultivos, variedades forestales y especies animales que eleven los ingresos de las familias rurales, proporcionen ventajas competitivas y favorezcan la producción de alto valor agregado;
XVI. Desarrollar formas de aprovechamiento y mejoramiento de los recursos naturales, que incrementen los servicios ambientales y la productividad de manera sustentable;
XVII. Propiciar información y criterios confiables sobre el estado de los recursos naturales y los procesos que lo determinan, así como las bases para la construcción de los indicadores correspondientes; y
XVIII. Vincular de manera prioritaria la investigación científica y desarrollo tecnológico con los programas de reconversión productiva de las unidades económicas y las regiones para aumentar sus ventajas competitivas y mejorar los ingresos de las familias rurales.
El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, en el marco de la federalización, promoverá en todas las entidades federativas la investigación y desarrollo tecnológico, los que podrán operar con esquemas de organización análogos. Para lo anterior, el Programa Especial Concurrente incluirá en el Presupuesto de Egresos las previsiones necesarias para el cumplimiento de los propósitos del sistema, incluido un fondo para el apoyo a la investigación.
Artículo 39
La Comisión Intersecretarial coordinará el establecimiento y mantenimiento de los mecanismos para la evaluación y registro de las tecnologías aplicables a las diversas condiciones agroambientales y socioeconómicas de los productores, atendiendo a los méritos productivos, las implicaciones y restricciones de las tecnologías, la sustentabilidad y la bioseguridad.
Artículo 40
En relación con los organismos genéticamente modificados, el Gobierno Federal, a través del organismo especializado en dicha materia, promoverá y regulará la investigación, y en su caso, será responsable del manejo y la utilización de tales materiales, con observancia estricta de los criterios de bioseguridad, inocuidad y protección de la salud que formule el Ejecutivo Federal con la participación de las dependencias y entidades competentes y de los productores agropecuarios en el marco de la legislación aplicable.
Título Tercero
CAPÍTULO III
De la Capacitación y Asistencia Técnica
Artículo 41
Las acciones en materia de cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología son fundamentales para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable y se consideran responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los sectores productivos, mismas que se deberán cumplir en forma permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y consolidación productiva y social. El Gobierno Federal desarrollará la política de capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la población rural y sus organizaciones.
Las acciones y programas en capacitación, asistencia y transferencia de tecnología se formularán y ejecutarán bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación. Se deberán vincular a todas las fases del proceso de desarrollo, desde el diagnóstico, la planeación, la producción, la organización, la transformación, la comercialización y el desarrollo humano; incorporando, en todos los casos, a los productores y a los diversos agentes del sector rural, y atenderán con prioridad a aquellos que se encuentran en zonas con mayor rezago económico y social.
Artículo 42
El Gobierno Federal desarrollará la política de capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la población campesina y sus organizaciones.
La Política de Capacitación Rural Integral, tendrá como propósitos fundamentales los siguientes:
III. Posibilitar la acreditación
de la capacitación de acuerdo con las normas de competencia laboral;
IV. Atender la capacitación
en materia agraria;
V. Fortalecer la autonomía del productor y de los diversos agentes del sector, fomentando la creación de capacidades que le permitan apropiarse del proceso productivo y definir su papel en el proceso económico y social;
VI. Habilitar a los productores para el aprovechamiento de las oportunidades y el conocimiento y cumplimiento de la normatividad en materia ambiental y de bioseguridad;
VII. Promover y divulgar el conocimiento para el mejor aprovechamiento de los programas y apoyos institucionales que se ofrecen en esta materia;
VIII. Proporcionar a los productores y agentes de la sociedad rural conocimientos para acceder y participar activamente en los mecanismos relativos al crédito y al financiamiento;
IX. Habilitar a los productores para
acceder a la información de mercados y mecanismos de acceso a los
mismos; y
X. Contribuir a elevar el nivel educativo
y tecnológico en el medio rural.
Para el logro de los propósitos enunciados en el artículo anterior, se establece el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, como una instancia de articulación, aprovechamiento y vinculación de las capacidades que en esta materia poseen las dependencias y entidades del sector público y los sectores social y privado.
Artículo 44
El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral será coordinado por la Secretaría y se conformará por:
III. Los prestadores de servicios de capacitación certificados con base en normas de competencia laboral y de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
IV. Los centros de capacitación
en la materia, existentes en el país;
V. Las instancias de capacitación
de las organizaciones de los productores;
VI. Los organismos evaluadores y certificadores
de la competencia laboral;
VII. Los organismos de capacitación,
extensión y asistencia técnica del sector público;
VIII. Los organismos de educación
técnica y de capacitación de la Secretaría de Educación
Pública; y
IX. Los mecanismos y estructuras que
se deberán establecer para este fin en los Distritos de Desarrollo
Rural.
El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, coordinará las siguientes acciones:
II. Articular los esfuerzos de capacitación de las diversas instancias del gobierno federal con las diversas entidades federativas, los municipios y las organizaciones de los sectores social y privado;
III. Mejorar la calidad y cobertura
de los servicios de capacitación;
IV. Validar los programas de capacitación;
V. Realizar el seguimiento y evaluar
los programas de capacitación que realicen las instituciones públicas
y privadas;
VI. Apoyar el mejor aprovechamiento de las capacidades y recursos que en esta materia poseen las entidades de los sectores público, social y privado, orientando su ejercicio en correspondencia con el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral;
VII. Integrar el Fondo Nacional de Recursos para la Capacitación Rural con los recursos de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral;
VIII. Apoyar con recursos para la capacitación
a la población campesina; y
IX. Las demás atribuciones
necesarias para el cumplimiento de los propósitos que le determina
esta Ley.
El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral tendrá los siguientes propósitos:
III. Homologar y validar las acciones
de los diferentes agentes que realizan actividades de capacitación
para el desarrollo rural integral;
IV. Promover la aplicación
de esquemas de certificación de competencia laboral; y
V. Contribuir a la gestión
de recursos financieros para la capacitación.
El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, establecerá el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral como la instancia de dirección, programación y ejecución de las actividades de capacitación y asistencia técnica.
Artículo 48
El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral estará dirigido por un consejo interno conformado por:
II. Los organismos del sector agrario;
III. Un representante del Consejo
de Certificación y Normalización de Competencia Laboral;
IV. Un representante del Consejo Mexicano
y otro de los Consejos Estatales;
V. Representantes de las organizaciones
de campesinos y productores de los sectores social y privado, con representación
nacional;
VI. Los presidentes de los comités
de normalización de competencia laboral del sector agropecuario,
de desarrollo rural sustentable, pesca y alimentación;
VII. Representantes de las instituciones
educativas y de desarrollo tecnológico agropecuario, agroindustrial
y forestal;
VIII. La representación de
las autoridades agropecuarias y desarrollo rural de las Entidades Federativas;
y
IX. Las instituciones para el fomento
de la investigación agropecuaria y forestal a que se refiere el
Artículo 49
El Gobierno Federal deberá promover la capacitación vinculada a proyectos específicos y con base en necesidades locales precisas, considerando la participación y las necesidades de los productores de los sectores privado y social, sobre el uso sustentable de los recursos naturales, el manejo de tecnologías apropiadas, formas de organización con respeto a los valores culturales, el desarrollo de empresas rurales, las estrategias y búsquedas de mercados y el financiamiento rural.
Artículo 50
La Comisión Intersecretarial, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, impulsará el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral en esquemas que establezcan una relación directa entre profesionales y técnicos con los productores, promoviendo así un mercado de servicios especializado en el sector y un trato preferencial y diferenciado de los productores ubicados en zonas de marginación rural.
Los programas que establezca la Secretaría en esta materia, impulsarán el desarrollo de un mercado de servicios de asistencia técnica mediante acciones inductoras de la relación entre particulares. Estos programas atenderán, también de manera diferenciada, a los diversos estratos de productores y de grupos por edad, etnia o género, en concordancia con lo señalado en el artículo 7 de la presente Ley.
El Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, establecerá un procedimiento de evaluación y registro permanente, público y accesible sobre los servicios técnicos disponibles.
Artículo 51
El Gobierno Federal fomentará la generación de capacidades de asistencia técnica entre las organizaciones de productores, mismos que podrán ser objeto de apoyo por parte del Estado.
Artículo 52
Serán materia de asistencia técnica y capacitación:
II. La aplicación de un esquema que permita el desarrollo sostenido y eficiente de los servicios técnicos, con especial atención para aquellos sectores con mayor rezago;
III. El desarrollo de unidades de producción demostrativas como instrumentos de capacitación, inducción y administración de riesgos hacia el cambio tecnológico; y
IV. La preservación y recuperación de las prácticas y los conocimientos tradicionales vinculados al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, su difusión, el intercambio de experiencias, la capacitación de campesino a campesino, y entre los propios productores y agentes de la sociedad rural, y las formas directas de aprovechar el conocimiento, respetando usos y costumbres, tradición y tecnologías en el caso de las comunidades indígenas.
De la Información Económica y Productiva
Artículo 134
Con objeto de proveer de información oportuna a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de servicio, el Gobierno Federal implantará el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, con componentes Económicos, de Estadística Agropecuaria, de recursos naturales, tecnología, servicios técnicos, Industrial y de Servicios del sector, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con base en lo dispuesto por la Ley de Información Estadística y Geográfica.
En el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable se integrará información internacional, nacional, estatal, municipal y de distrito de desarrollo rural relativa a los aspectos económicos relevantes de la actividad agropecuaria y el desarrollo rural; información de mercados en términos de oferta y demanda, disponibilidad de productos y calidades, expectativas de producción, precios; mercados de insumos y condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas. Asimismo, incluirá la información procedente del Sistema Nacional de Información Agraria y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y otras fuentes.
Artículo 135
El Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable integrará los esfuerzos en la materia con la participación de:
III. Las instituciones de investigación
y educación privadas que desarrollen actividades en la materia;
IV. El Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología;
V. El Sistema Nacional de Investigadores
en lo correspondiente;
VI. Las instancias de cooperación
internacionales de investigación y desarrollo tecnológico
agropecuario y agroindustrial;
VII. Las empresas nacionales e internacionales
generadoras de tecnología agropecuaria;
VIII. Las organizaciones y particulares,
nacionales e internacionales, dedicados a la investigación agropecuaria;
IX. El Consejo Mexicano; y
X. Otros participantes que la Comisión
Intersecretarial considere necesarios, para cumplir con los propósitos
del fomento de la producción rural.
Será responsabilidad de la Comisión Intersecretarial coordinar los esfuerzos y acopiar y sistematizar información de las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales que integren el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, considerando la información proveniente de los siguientes tópicos:
IV. La información de comercio
internacional;
V. La información climatológica,
de los recursos naturales, áreas naturales protegidas e hidráulica;
VI. La información relativa
al sector público en general;
VII. La información sobre las
organizaciones e instituciones de los sectores social o privado y demás
agentes de la sociedad rural;
VIII. Los sistemas oficiales de registro
sobre tecnología, servicios técnicos y gestión; y
IX. La información sobre los
mecanismos de cooperación con instituciones y organismos públicos
internacionales.
El Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable estará disponible a consulta abierta al público en general en todas las oficinas de las instituciones que integren el Sistema en las entidades y en los Distritos de Desarrollo Rural, así como por medios electrónicos y publicaciones idóneas.
El Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable difundirá la información en el nivel nacional, estatal, municipal, regional y de Distritos de Desarrollo Rural, apoyándose en la infraestructura institucional de los gobiernos federal, estatales y municipales y de los organismos que integran el sistema para su difusión.
La Secretaría establecerá en cada distrito de desarrollo rural una unidad de información, para asegurar el acceso público a todos los interesados.
Artículo 138
La información que se integre se considera de interés público y es responsabilidad del Estado. Para ello integrará un paquete básico de información a los productores y demás agentes del sector rural, que les permita fortalecer su autonomía en la toma de decisiones.
Artículo 143
El Gobierno Federal, mediante mecanismos de coordinación, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoverá y fomentará el desarrollo del capital social en el medio rural a partir del impulso a la asociación y la organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, procurando la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural sustentable. Lo anterior, dando prioridad a los sectores de población más débiles económica y socialmente y a sus organizaciones, a través de:
II. Capacitación de cuadros técnicos y directivos;
"En nuestro caso se ha complicado aún más debido a que el proceso de transición demográfica no ha concluido. La atención de necesidades tecnológicas y de mercado compite con la atención de las necesidades de una población creciente".
"Por último, es necesario tomar conciencia de que sólo mediante la educación y la capacitación seremos capaces de aprovechar de manera sustentable las oportunidades que este nuevo entorno nos ofrece"
Objetivos rectores y estrategias
a]. Promover el desarrollo y la competitividad sectorial.
El desarrollo agropecuario y pesquero es fundamental para elevar el bienestar de segmentos importantes de la población. Mejorar sustancialmente la aportación de estos sectores al desarrollo requiere integrar las actividades agropecuarias y pesqueras a cadenas de valor más amplias, que hagan posible aumentar la inversión, elevar la creación de empleos y los salarios. Se necesita una estrategia integrada que incluya una disponibilidad adecuada de crédito por medio de un sector financiero rural sólido, ordenado y con amplia penetración en el campo mexicano, e integrar cadenas de valor que permitan aprovechar cabalmente las oportunidades de negocio, maximizando los beneficios para todos los participantes. Mediante nuevos conocimientos y tecnologías de avanzada, se buscará que los productos agropecuarios mexicanos cumplan las más estrictas normas de calidad y certificación de inocuidad internacionales.
c]. Formación de recursos humanos y una nueva cultura empresarial.
Uno de los factores más importantes en materia de competitividad es la existencia de recursos humanos calificados. Por ello, para lograr el crecimiento con calidad es de vital importancia el impulso a la capacitación y asistencia técnica oportuna y de calidad en los procesos de producción, distribución y comercialización; el desarrollo de habilidades gerenciales para una adecuada y oportuna toma de decisiones en aspectos como dirección, logística, operaciones, contabilidad y gestión; el involucramiento de trabajadores de planta y administrativos entre sí, para el planteamiento de problemas, soluciones y propuestas de crecimiento; la creación de esquemas de incentivos por productividad; el establecimiento de una cultura de competitividad, así como la promoción de una educación para el consumo tanto individual, como de las empresas y el país.
d]. Promover el uso y aprovechamiento de la tecnología y de la información.
d] impulso a la producción agrícola mediante el uso de tecnologías para cultivo, explotación de recursos acuíferos e identificación de mercados, para así liberar recursos para otros usos;
e] investigación agropecuaria para incrementar la apropiación de conocimientos, de información y de tecnologías y para facilitar el acceso a éstos;
f] innovación en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico, y la formación de recursos humanos para apoyar el avance del sector energético y de comunicaciones y transportes, así como para mantener la diversidad de fuentes generadoras de energía;
g] inversión en investigadores jóvenes con nuevas ideas;
h] apoyo a la sistematización y ampliación de las bases de información importantes para la actividad científica y tecnológica;
i] mejoramiento y ampliación, a empresarios, académicos y público en general, del acceso a centros y fuentes de información que apoyen la competitividad de las empresas, la formación de recursos humanos y la actividad científica y tecnológica;
j] fomento de mejores prácticas
de comercialización al mayoreo y al detalle;
k] impulso al desarrollo de la industria
de tecnologías de información;
l] fomento de la reconversión digital de procesos dentro de las empresas, especialmente las pequeñas;
m] promoción del encadenamiento digital de proveedores, y n] aplicación de nuevas tecnologías para la producción, así como políticas para inhibir el uso de técnicas y costumbres dañinas al medio ambiente.
El Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura 2001-2006, señala en su diagnostico y sus propuestas proyectos para mejorar las capacidades y organización de los productores y los sistemas de investigación y desarrollo tecnológico y de información.
En el Acuerdo Nacional para el Campo en sus numerales 109 al 115 se pactaron diversos compromisos entre el Ejecutivo Federal y las organizaciones campesinas en materia de investigación y desarrollo tecnológico, capacitación, educación rural, información
Acuerdo Nacional para el Campo
110. En este sentido, se promoverán ampliamente la asistencia técnica que se otorgue a través de despachos que estén al servicio de los productores, con la finalidad de fortalecer las iniciativas de las organizaciones de productores en la constitución de empresas prestadoras de servicios.
111. Incrementar la coordinación y sinergia entre los diferentes programas de gobierno en torno a la capacitación, por lo que las acciones en esta materia se conducirán a través del Sistema y el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
112. Desarrollar un programa estratégico de investigación y transferencia de tecnología en el ámbito nacional y regional que permitan incrementar la productividad y reducir los costos de producción, con un enfoque de sistemas producto, que genere y desarrolle dicha investigación a partir de las necesidades reales de los productores y del mercado, asegurando mecanismos efectivos de validación y transferencia de tecnología al sector productivo y evitando las duplicidades entre instituciones.
113. En este sentido, se fortalecerá la inversión en la investigación y la educación, en la innovación y el desarrollo de tecnología de punta, en la creación de un sistema educativo rural de excelencia que revise y modifique los contenidos educativos, en la creación de centros de agronegocios, así como en la vinculación de las universidades y los centros de investigación con el desarrollo de las regiones de mayor rezago.
114. Otorgar apoyos para la transferencia y adopción de tecnología en los diferentes sectores y fomentar el intercambio tecnológico de los productores con otros países para que amplíen sus conocimientos y criterios de producción.
115. Incrementar la coordinación y sinergia entre los diferentes programas de gobierno en torno a la investigación y transferencia de tecnología, por lo que las acciones en esta materia se conducirán a través del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural Sustentable.
En este programa se consideran para el rubro de Investigación Agropecuaria y Pesquera, en el INIFAP e INPESCA, un total de 1,264.00 millones de pesos, el 0.87% con relación al PEC 2005.
Para Capacitación y Asistencia Técnica, destaca el nuevo programa denominado Sistema de Extensión Agropecuaria y Asistencia Técnica, con un importe de 396 millones de pesos, y PRODESCA con 610 millones de pesos, Capacitación Café, FONAES Capacitación para el Fortalecimiento de las Empresas Sociales, FINRURAL Capacitación y Organización, INCA, y SNIDRUS, para un total de 1,205.10, el 0.83% del PEC 2005.
Para Organización de Productores, en los siguientes programas PROFEMOR, PROSAP, Fomento y Organización Agraria, con un total de 912 millones de pesos, el 0.62% del PEC 2005.
En los Centros de Enseñanza e Investigación Superior, Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma Antonio Narro, Fondo de Apoyo a la Modernización Académica y de Investigación, 2,253.20 millones de pesos el 1.54% del PEC 2005.
Para Educación a la Población Rural, en Oportunidades, SEP, CONADEPI, un total de 34,315.74 millones de pesos, el 23.51% del PEC 2005.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 para los programas de investigación y desarrollo tecnológico, capacitación y asistencia técnica, organización de productores, educación superior y educación básica para la población rural se aprobaron un total de 38,686.04 millones de pesos que representa el 26.51%, del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural de un total integrado de 145,939.60 millones de pesos.
Considerando que en el PEF 2005 contiene los rubros necesarios para promover el desarrollo rural utilizando los programas de investigación y desarrollo tecnológico, extensión y asistencia técnica, enseñanza superior y básica.
Los cuales por su magnitud, población objetivo, reglas de operación y dependencias públicas ejecutoras se hace necesario para alcanzar la máxima eficiencia operativa y eficacia programática y cumplir la obligación legal en lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, diseñando y operando los Sistemas, Servicios, Programas, Fondos y demás disposiciones sobre estas materias.
En conclusión el Ejecutivo Federal dispone de los recursos presupuestales para cumplir con los numerales del Acuerdo Nacional para el Campo, las propuestas del Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y las del Plan Nacional de Desarrollo, ambos para el periodo 2001-2006, y en especial con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias relacionadas, cumplan con lo dispuesto por el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos y condiciones señalados para los programas de investigación y desarrollo tecnológico, capacitación y asistencia técnica, organización de productores, educación superior y educación básica para la población rural y;
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, implemente el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral y sus correlativos, de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable y el de Información para el Desarrollo Rural Sustentable y considere un porcentaje no menor al 10% para acciones de capacitación y la Asistencia Técnica en el Sistema Nacional de Apoyos a los programas inherentes a la política de fomento al desarrollo rural sustentable, a más tardar el día 31 del mes de marzo de 2005.
Atentamente
Dip. Alberto Jiménez Merino
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A CONSIDERAR EL SECTOR CAÑERO COMO ESTRATÉGICO EN LA ECONOMÍA NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN PÉREZ MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito Juan Pérez Medina, diputado a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
El pasado 14 de enero del presente el Gobierno Federal determinó abrogar el decreto cañero del 31 de mayo de 1991 y el del 27 de julio de 1993, y abrir el proceso para la constitución del Sistema-Producto Caña de Azúcar que garantiza la participación de todos los agentes económicos en la cadena productiva. Lo anterior, según señaló la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se realizó en cumplimiento del ordenamiento constitucional de promover las condiciones necesarias para el desarrollo rural integral y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su Reglamento, que mandata la constitución del Sistema-Producto Caña de Azúcar; sin embargo, el Gobierno Federal ha tomado la medida dejando de lado una consideración más importante que el azúcar y sus precios.
La disponibilidad limitada del petróleo es una preocupación actual puesto que las reservas de este recurso energético se acabarán en el presente siglo. En el caso concreto de México el petróleo se agotará aproximadamente dentro de 25 años. Adicionalmente en los últimos 16 años hemos estado importando combustibles como diesel y gasolina. De acuerdo a la demanda futura y a la capacidad actual de producción, las importaciones de estos combustibles seguirán creciendo, especialmente las de la gasolina.
Internacionalmente existen otros combustibles fósiles que pueden ser utilizados como energéticos. Los que se encuentran en mayor abundancia son las tierras bituminosas en Canadá y grandes depósitos de metano recientemente descubiertas en el Ártico, los cuales aunque costosos de extraer, equivalen al consumo de más de 100 años de gas natural en aplicaciones domésticas y de calefacción. Desgraciadamente, México no cuenta con cantidades apreciables de esos combustibles fósiles.
Desde los setenta, la exportación de petróleo representa una de las fuentes de mayor ingreso para la economía nacional, y en el ámbito político y social la industria petrolera mexicana ha sido un símbolo de soberanía e independencia, Los ingresos actuales generados por la exportación de petróleo representan el 32% de los ingresos del gobierno federal. De tal forma que el agotamiento de los mantos petrolíferos implicaría un déficit comercial enorme y una gran pérdida de fuentes de trabajo. Por lo tanto, ante el panorama que la inminente crisis energética propone resulta imperioso un análisis y una planeación minuciosa de estrategias energéticas alternativas.
No obstante el desarrollo tecnológico alcanzado, no son muchas las alternativas disponibles para sustituir la gasolina y el gas natural con una forma portátil y concentrada de energía para automotores. Entre estas opciones destacan el almacenamiento de energía eléctrica en baterías, la generación de energía eléctrica mediante celdas de combustible de hidrógeno y la combustión de metano, metanol, biodiesel o etanol producido mediante tecnologías biológicas.
De las opciones antes mencionadas la que parece ser mejor alternativa es el etanol pues tiene mayor octanaje que la gasolina, es biodegradable, las mezclas gasolina-etanol sustituyen el uso de aditivos oxigenantes que resultan sumamente tóxicos, no es cancerígeno, su combustión es más eficiente que la de los hidrocarburos de la gasolina por lo que la emisión de agente tóxicos como el monóxido de carbono se vería disminuida, es un recurso renovable y por si fuera poco se puede producir por tecnología sustentable. Es oportuno señalar que una desventaja potencial del etanol es que su uso en mezclas con gasolina produce emisiones de aldehídos. A pesar de ello, la producción de etanol por fermentación permitiría satisfacer en gran medida las necesidades energéticas y ocasionaría un efecto ambiental adverso mucho menor que el del uso de los combustibles fósiles.
El etanol se puede obtener a partir de sacarosa de caña y de remolacha y melazas. Una de las alternativas que resulta muy interesante es el uso de los materiales lignocelulósicos que constituyen una fuente barata y viable en las que se incluyen: rastrojo de maíz y bagazo de caña.
Desde hace más de dos décadas, se ha demostrado la factibilidad tecnológica de emplear etanol producido a partir de azúcar de caña o de almidón de cereales, principalmente de maíz, como combustible para automóviles. En la actualidad millones de autos circulan en Brasil y los Estados Unidos empleando etanol o mezclas de gasolina-etanol. Es importante aclarar que, en el caso de México, el maíz no es un sustrato viable, ya que además de ser utilizado como consumo humano no se produce en cantidades suficientes para cubrir las necesidades por los altos volúmenes que potencialmente son requeridos de etanol como energético. La biotecnología moderna posee herramientas que ofrecen alternativas, como la utilización de microorganismos mejorados genéticamente, que pueden degradar los desechos agroindustriales y convertirlos en etanol. Por esta razón se están planteando proyectos para aplicar y desarrollar tecnologías que permiten incorporar los residuos agroindustriales. El desarrollo de tecnologías propias para la generación sustentable de combustibles, será un elemento que apoye la independencia energética del país.
En México se desarrolló por siglos el cultivo de la caña de azúcar, sin embargo, se ha presentado la conjugación de una crisis financiera para los cañicultores, debido a grandes importaciones de jarabes ricos en fructosa derivados del almidón de maíz que han desplazado el azúcar en muchos de sus usos tradicionales en la industria. Estos factores y la congelación del precio de venta del azúcar han reducido significativamente las áreas de cultivo de caña y provocado el cierre de muchos ingenios, dejando sin ocupación a miles de campesinos y obreros. Por lo tanto el desarrollar una buena alternativa para utilizar al máximo cada uno de los productos y subproductos derivados de la caña de azúcar contribuirá al mejoramiento de las condiciones económicas de este grupo de nuestra sociedad.
En conclusión la producción de etanol a partir del bagazo de la caña de azúcar representa la solución más viable a dos problemas fundamentales que el país afronta: el agotamiento inminente de los recursos energéticos derivados del petróleo y la crisis de la agroindustria azucarera, por tanto es de fundamental importancia declarar al cultivo de la caña de azúcar, su industrialización y la diversificación de sus derivados de importancia estratégica para el desarrollo económico y social del país.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Asamblea, de acuerdo al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al titular del Ejecutivo, Lic. Vicente Fox Quesada, para que salvaguarde la importancia estratégica del sector cañero por el interés de la nación de preservar los recursos energéticos que habrán de garantizar nuestra independencia y soberanía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días de enero de 2005.
Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN QUE INFORME CÓMO SE HAN PAUTADO LOS MATERIALES RADIOFÓNICOS Y TELEVISIVOS QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SOLICITÓ DIFUNDIR EN USO DE LOS TIEMPOS OFICIALES QUE LE CORRESPONDAN, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS ARREOLA Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar se apruebe la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
II. Esta reforma legislativa -plasmada en el Presupuesto de Egresos de la Federación desde el ejercicio fiscal 2004- no sólo ha permitido abatir costos en el rubro de comunicación social, sino que también ha permitido lograr una mayor penetración en diversos sectores de la población; lo anterior se evidencia en virtud de que -de acuerdo con cifras de carácter oficial- los materiales transmitidos con cargo a los tiempos oficiales, se difunden en 1,146 estaciones de radio y 461 de televisión.
III. La nueva realidad en el uso de los tiempos oficiales ha hecho necesario que ésta se conjugue con el principio de transparencia; por ello, el año próximo pasado, la suscrita diputada federal, presenté una proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicitó a la Secretaría de Gobernación que informara a esta Soberanía sobre el cumplimiento al artículo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
IV. El propósito fue conocer si, efectivamente, el Ejecutivo federal estaba respetando la distribución de los tiempos, con base en los porcentajes conocidos por todos, es decir: 40% para el Poder Ejecutivo, 30% para el Poder Legislativo (dividido en partes iguales entre cada una de sus Cámaras), 10% para el Poder Judicial y 20% para los órganos constitucionales autónomos.
V. Independientemente de que esta información es parte del informe trimestral que debe rendir el Poder Ejecutivo federal, relativo al estado de las finanzas públicas del país, dada la naturaleza de las normas jurídicas que regulan los tiempos gratuitos y su vinculación con las tareas de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, es necesario conocer pormenorizadamente la forma en que se distribuyen los tiempos oficiales de manera permanente, a fin de verificar si los porcentajes establecidos son respetados.
VI. Aunado a lo anterior, y a fin de reforzar la legalidad y transparencia en los actos de gobierno, también se hace indispensable conocer cómo se ha venido pautando la transmisión de materiales radiofónicos y televisivos que la Cámara de Diputados ha solicitado difundir en uso de los tiempos oficiales a que tiene derecho.
VII. Asimismo, conocer los criterios que emplea la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, para proveer lo necesario para el uso de los tiempos oficiales; es decir, que con base en esta atribución que le otorga el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, cómo establece los horarios de transmisión de los usuarios de dichos tiempos, dentro de las pautas que remite a las estaciones de radio y televisión.
VIII. Con lo anterior, se logrará contar con un panorama completo sobre el cumplimiento de la obligación de las emisoras de radio y televisión, de difundir los materiales que se les proporcionen en uso de los tiempos oficiales, así como del derecho correlativo de los usuarios de estos tiempos, a difundir sus actividades y lograr así establecer un vínculo de comunicación permanente con la población.
Punto de Acuerdo
Primero. En ejercicio de las facultades constitucionales de control y vigilancia con que cuenta esta Soberanía, se solicita a la Secretaría de Gobernación para que, por conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Subsecretaría de Normatividad de Medios, informe mensualmente a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de esta Cámara de Diputados, de manera pormenorizada, cómo se han venido pautando los materiales radiofónicos y televisivos que la Cámara de Diputados ha solicitado difundir en uso de los tiempos oficiales que le corresponden, a partir del pasado ejercicio fiscal y hasta la presente fecha; así como, los criterios de asignación de horarios en las pautas para la transmisión de dichos materiales.
Segundo. Se solicita a la misma dependencia federal que remita a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, también mensualmente, el informe detallado sobre el uso y distribución de los tiempos a que se refiere el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de enero de 2005.
Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA IMPEDIR EL DESPIDO DE LOS TRABAJADORES Y ACTORES AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL DOBLAJE DE LA SERIE TELEVISIVA LOS SIMPSONS, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención del secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Carlos María Abascal Carranza, para impedir el despido de los trabajadores y actores afiliados a la Asociación Nacional de Actores, Humberto Vélez, Claudia Mota, Nanci Mackenzie, Patricia Acevedo, Gabriel Chávez, principalmente, que ofrecen su voz para el doblaje de la serie Los Simpson, conforme a la legislacion laboral.
Consideraciones
Primero. Los trabajadores afiliados a la Asociación Nacional de Actores, que ofrecen su voz para el doblaje de la serie televisiva Los Simpson, Humberto Vélez (Homero), Claudia Mota (Bart), Nanci Mackenzie (Margie), Patricia Acevedo (Liza), Gabriel Chávez (Burns), han sido despedidos de su trabajo debido a que la empresa Grabaciones y Doblajes Internacionales, SA de CV, se ha negado a firmar la renovación del contrato colectivo de trabajo con el sindicato de la ANDA, del que son miembros el elenco original de doblaje, que ha dado la voz a la serie durante 15 años.
Segundo. Pese a que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (EXIII2358/2004) que establece que la empresa Grabaciones y Doblajes Internacionales es "patrón sustituto" y por tanto, tiene obligaciones contractuales con el sindicato de la ANDA que la obliga a tomar a dicha asociación como participante en sus conflictos laborales.
Tercero. La empresa en cuestión desacata el fallo y con actores independientes graban los programas con diferentes voces, de tal manera que la empresa se niega a renovar su contrato colectivo con los actores afiliados a la Asociación Nacional de Actores.
Cabe destacar que en Estados Unidos el actor Dan Castelleneta, cobra 200 mil dólares por capítulo, mientras que los actores mexicanos cobran el equivalente a 60 dólares por capítulo.
La pretensión es la contratación de trabajadores con menor sueldo y sin prestaciones contenidas en el contrato colectivo, grave ejemplo de voracidad patronal, como se puede ver con pagos que hacen a los trabajadores mexicanos.
Cuarto. La violación a las leyes laborales son una práctica cotidiana con las empresas que pretenden con esto, en muchos de los casos, abaratar la mano de obra, provocando con los despidos un mayor desempleo y acrecentando la crisis económica de los mexicanos. Es evidente la violación a la Ley Federal del Trabajo en materia de contratación colectiva y la falta de respeto al tribunal máximo al no acatar uno de sus resolutivos.
Quinto. Que la tutela de los derechos de los trabajadores responsables del doblaje de la serie Los Simpson, simultáneamente y aunque sea de manera accesoria, velaría por los intereses de su público, integrado fundamentalmente por niños y jóvenes, que merecen seguir accediendo a un entretenimiento de calidad.
En mérito de lo anterior, propongo a esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicite al secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos María Abascal Carranza, su intervención para que la empresa Grabaciones y Doblajes Internacionales, SA de CV, firme el contrato colectivo correspondiente con la Asociación Nacional de Actores, en acatamiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con estricto apego a la legislación mexicana.
Segundo.- Que los trabajadores Humberto Vélez, Claudia Mota, Nanci Mackenzie, Patricia Acevedo, Gabriel Chávez, así como todos los que han sido desplazados de la misma fuente de trabajo, sean reinstalados en el contrato colectivo que venía rigiendo hasta el momento del conflicto en cuestión, con todos los derechos y prestaciones que ampare dicho contrato.
Tercero.- Que el secretario del Trabajo, Carlos María Abascal, instruya a los funcionarios de su secretaría para poner especial atención en cuidar que las fuentes de trabajo de que se dispone en la actualidad no sean afectadas por actos caprichosos, en los que se argumente simple y sencillamente que son cambios de administración.
Palacio Legislativo 19 de enero 2005.
Dip. Pablo Franco Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE OBSERVE EL PROCESO ELECTORAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 6 DE FEBRERO EN BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA PONCE BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en el artículo 58, 59 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para crear al interior de la Cámara de Diputados, una Comisión Especial que observe el proceso electoral en Baja California Sur, que se llevará a cabo el próximo 6 de febrero, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El próximo 6 de febrero en el estado de Baja California Sur llevará a cabo un proceso electoral para elegir gobernador, renovar al Congreso local, presidentes municipales y regidores, por ello, considero que la Cámara de Diputados como máximo órgano de representación popular debe estar atenta a los acontecimientos político-electorales de dicha entidad. En tal virtud, es que considero a todas luces pertinente que una representación plural de esta Cámara, acuda al estado de Baja California Sur para observar el desarrollo de la jornada electoral, con pleno respeto al principio de división de poderes y en el marco de sus respectivas competencias, otorgando así mayor certeza a la ciudadanía.
En mi calidad de surcaliforniana y toda vez que es un reclamo de la sociedad nacional el arribar a mejores estadios de democracia llevando a cabo elecciones transparentes y legales en donde se respete plenamente el derecho ciudadano a elegir a quien habrá de representarlo en los diferentes niveles y poderes de gobierno.
Por lo anterior, pido a esta soberanía que se sume al presente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea una comisión plural de la Cámara de Diputados, de carácter transitorio, la cual tendrá una duración del 3 al 8 febrero de 2005, estará integrada por cinco diputados o diputadas federales y cuyo objeto será observar en el estado de Baja California Sur el proceso electoral correspondiente.
Segundo. Esta comisión deberá rendir un informe al Pleno de esta soberanía a más tardar el 15 de febrero de 2005 sobre la materia objeto de su creación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2005.
Dip. Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN RESPECTO A LA DEROGACIÓN DEL DECRETO QUE DECLARABA DE INTERÉS PÚBLICO LA SIEMBRA, EL CULTIVO, LA COSECHA Y LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR, A CARGO DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, senador César Raúl Ojeda Zubieta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, basada en las siguientes
Consideraciones
El viernes 14 del presente mes y año, el Ejecutivo federal por conducto de los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación, previa filtración a la prensa aparecida un día antes, un decreto mediante el cual deroga el vigente desde 1991, modificado en 1977, por medio del cual se declaraba de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar y se establecían una serie de reglas entre ellas el mecanismo de planeación de la producción de caña y su procesamiento, y la fórmula para determinar el precio que se pagaba a los productores de caña por su producto.
El mecanismo de planeación establecido y la aplicación de la mencionada fórmula desde 1991, habían venido beneficiando a los 440 mil productores de la caña que hay en el país, quienes vieron incrementar su ingreso real en estos últimos 12 años, con mejoras importantes en los niveles de vida de las familias cañeras y un efecto multiplicador positivo en las 2.5 millones de personas que indirectamente están relacionadas con la actividad productiva de la caña de azúcar. A partir de entonces, la producción de azúcar se había venido convirtiendo en el eje fundamental de la vida económica de un buen número de pueblos y comunidades del país.
Como lo señala el decreto, la actividad azucarera reviste una gran importancia en los ámbitos económico y social del país, ya que actualmente participa con el 0.5% del Producto Interno Bruto y proporciona sustento a más de 440,000 familias, entre empleos permanentes y temporales, asentadas en 227 municipios, pertenecientes a 15 estados de la República, en los que habitan alrededor de 12 millones de mexicanos, de los cuales más de 2.5 millones dependen directamente de la agroindustria de la caña de azúcar.
Con la derogación del decreto cañero los productores y sus familias, además de quienes dependen directamente la agroindustria y los dueños de los ingenios se verán enfrentando las consecuencias de un mercado desordenado y anárquico, que con seguridad se traducirá en precios cada vez más deprimidos del azúcar que podrían poner en riesgo la actividad productiva y agroindustrial en su conjunto. Mucho más si se hace efectiva la amenaza latente que pende sobre el sector de abrir la frontera a la importación de azúcar y otros edulcorantes como la fructuosa.
Esta última posibilidad es particularmente crítica y muy posiblemente ocurrirá, una vez que la OMC se pronuncie en el panel de controversias establecido para analizar la demanda que los fructoceros de Estados Unidos interpusieron en contra de la medida adoptada por el Congreso de la República en 2001 de aplicar un arancel de 20% al uso de otros edulcorantes distintos del azúcar en la fabricación de refrescos.
El decreto que deroga al de 1991 deja muchas interrogantes y sin responder y plantea un profundos cuestionamientos a la política gubernamental en materia del sistema producto caña-azúcar. Como nadie ha aclarado hasta el momento cuál es la estrategia global en relación con el sector cañero, si es que hay una, y en qué consiste el hecho de que el azúcar esté incluido entre los productos básicos y estratégicos que cita la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, medidas de esta naturaleza, aisladas e inconexas, como son, dan la impresión de que no hay una política definida y coherente que tienda a estimular y eficientar la producción de caña de azúcar y del azúcar misma, de la cual deriven respuestas adecuadas a las distintas amenazas que se ciernen sobre el sector, como la apertura de la frontera a las importaciones del dulce.
Al derogar el decreto de 1991 y dejar sin efecto sus disposiciones quedan en el aire, al menos por seis meses que señala el decreto, los mecanismos reguladores del proceso de producción, comercialización y distribución del azúcar. ¿Qué ocurrirá en ese periodo y cómo se tratará de restablecer el orden del mercado? ¿Cómo se fijarán los precios para las próximas adquisiciones de la caña de parte de los ingenios? ¿Cómo se establecerá el ingreso de los productores que ahora permite tomar decisiones de producción adelantadas? ¿Qué pasará con los contratos que ya están firmados entre los ingenios y los productores para las próximas cosechas y zafras? ¿Qué ocurrirá en caso de perderse el fallo de la OMC? ¿Quién o quiénes estarán al frente de estas tareas y responsabilidades y tendrá el control de lo que ocurra? ¿A quién se le podrá pedir cuentas?
Los sistemas producto que prevé la Ley de Desarrollo Rural Sustentable si bien son mecanismos útiles de concertación entre los distintos agentes concurren en las fases del proceso de producción-consumo no son mecanismos ejecutivos que permitan estar tomando las decisiones en el día a día para atender la problemática que sin duda se desatará por la falta de un mecanismo de regulador del mercado del azúcar.
Por lo expuesto, señoras y señores legisladores, me permito solicitar a ustedes en esta honorable Asamblea tengan a bien aprobar como de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Solicitar la comparecencia del señor Javier Usabiaga Arroyo secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que exponga los motivos, las razones y los hechos para la derogación del decreto que declaraba de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, de mayo de 1991 y su modificación de julio de 1993, y proporcione información suficiente y veraz sobre las políticas y medidas complementarias que habrán de adoptarse para abordar de manera global el problema del azúcar en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2005.
Sen. César Raúl Ojeda
Zubieta (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN SOBRE LAS RAZONES DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS QUE PRETENDE LLEVAR A CABO EN EL SECTOR AZUCARERO, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN REMIGIO VIDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos diputados federales por el estado de Veracruz, Marco Antonio Torres Hernández y Martín Remigio Vidaña Pérez e integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 34, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Antecedentes
En fechas pasadas se publicaron diversas notas informativas en los principales diarios del país e incluso un boletín de prensa de la Presidencia de la República, anunciando la reducción al precio del azúcar en 18% por dos vías principalmente: Primero con la reducción del arancel de importación de azúcar estándar de 360 a 339 dólares por tonelada métrica, y la segunda medida mediante la autorización discrecional de cupos de importación de azúcar de países del mercado mundial.
La expropiación de 27 ingenios en septiembre de 2001 y de 47% de la oferta industria, fue originada por una situación de quiebra de la misma, a la existencia de un desorden en la comercialización por sobreoferta y comercialización del azúcar a precios por debajo de sus costos.
El azúcar no es un bien administrado. En el decreto del 25 de agosto de 1995 se eliminó el precio azúcar del control público, por lo que la intervención del gobierno en la regulación de su precio es otra contradicción, más si se toma en cuenta que es el propio Ejecutivo que en septiembre de 2001 creó en automático la concentración de oferta más grande de la industria (47%) y que hacia 2005 todavía alcanza 41% de la misma mediante el control de 23 ingenios.
La situación que priva de enero de 1996 a noviembre de 2004 (tomando como horizonte retrospectivo de análisis 5 años antes de la expropiación y hasta la fecha puesto que los precios al momento de la expropiación eran inferiores a sus costos) observamos que los precios del azúcar en el mercado doméstico observan un rezago real vs. el INPC de (19.1 %) en su calidad estándar, de (20.2%) en el refino y de (19.4%) en la mezcla industria.
A nivel de precios al consumidor, en el periodo de enero de 1996 a noviembre de 2004 se observa que los precios del azúcar acumulan un superávit real vs. el INPC de 4.95% que al multiplicarlo por el rezago real que observan en ese mismo periodo los Precios LAB Ingenio en azúcar estándar de (19.1) % nos dice que el resto de los eslabones de la cadena de valor distribuidores-embolsadores-grandes tiendas han incrementado sus márgenes comerciales en 25% por lo que el movimiento en los precios a nivel consumidor del azúcar proviene del accionar sobre los precios de otros eslabones de la cadena de valor agregado distintos a los cañeros y a los industriales sino a los últimos eslabones de la cadena a quienes no se les supervisan los precios y cuyos márgenes sobre sus costos se han incrementado ostensiblemente.
Considerandos
Que las medidas que pretende llevar a cabo el Ejecutivo federal han puesto en alerta a los integrantes de la cadena del sector azucarero, en virtud de que, de implantarse, vulneran la estabilidad y viabilidad que la agroindustria azucarera mexicana ha logrado con el esfuerzo y concurso de toda la cadena productiva en los últimos años, una vez que se ha recuperado de la severa crisis que originó la expropiación de diversos ingenios azucareros del país.
Que dejar entrar azúcar de importación sin requerirse, como lo es el caso ante la víspera de la mejor zafra en los anales del sector, provocaría otro desorden en la industria que la llevaría al borde de la quiebra, en razón de que los cupos de importación llamados arancel-cupo que pueden ser aprobados por la Secretaría de Economía y en donde se puede asignar discrecionalmente un arancel tal que su aplicación ponga el azúcar en nuestro país en forma arbitraria un 18% menor que nuestros precios actuales, provocando el desorden en el mercado.
Que el precio de los refrescos, dulces, pan de dulce, galletas y hasta la misma azúcar embolsada que se expende en las grandes cadenas de supermercados y tiendas de autoservicios, no bajará porque el precio del azúcar disminuya a nivel mayoreo, lo anterior de implementarse, no será más que un traslado de ingresos y márgenes dentro de la misma cadena de valor agregado, sin llegar el beneficio al último consumidor, todavía más si se considera que 70% del consumo de azúcar doméstica se destina a usos industriales para producir a su vez bienes finales que no son sujetos de control oficial de precios y quienes recibirán esta reducción de precios del azúcar como una reducción gratuita de costos que no están obligados a repercutir a sus consumidores finales, más si se toma en cuenta que analizando este mismo periodo de enero de 1996 a noviembre de 2004 observamos que han incrementado sus precios al consumidor por encima que el incremento que muestra el azúcar tanto a nivel de precios LAB Ingenio como a nivel de precios al consumidor.
Que la ponderación del azúcar para la determinación del INPC es de tan sólo 0.20734%, lo cual implica que si bajara el precio del azúcar al consumidor un 5%, su impacto en el porcentaje de inflación país sería de 1 centésima.
Que los tiempos de implementación de las medidas anunciadas serían de manera inmediata, por lo que se estiman pérdidas en el 90% de los Ingenios así como afectaciones graves a la viabilidad económica de los mismos y el cierre de estas factorías que dan empleo a más de 25,000 obreros en forma directa y que en conjunto con la producción cañera proporcionan sustento a más de 440 mil personas entre empleos permanentes y temporales, por lo que la suerte de más de 2.5 Millones de habitantes que habitan en 227 municipios de 15 estados de la república con un total de 12 Millones de habitantes se ven amenazados con tales medidas, cabe subrayar que la actividad azucarera reviste de una gran importancia en los ámbitos económico y social del país, ya que actualmente participa con 0.5% del Producto Interno Bruto nacional.
Que antes de tomar la decisión de bajar aranceles a las importaciones y de sobre ofertar el mercado con cupos de importación, provocando un desorden inducido en la comercialización del azúcar, es juicioso revisar los márgenes y situación financiera de los Ingenios, en donde se encontrará que el precio del azúcar a nivel Ingenio no resulta oneroso para el consumidor y que una buena parte de los Ingenios apenas consiguen su supervivencia financiera como lo puede determinar las secretarías del propio Ejecutivo a través del estudio de los números acumulados del FEESA de septiembre de 2001 a la fecha.
Que el magnificado problema del incremento en los precios al consumidor en el azúcar se localiza en otros eslabones de la cadena de valor agregado que manejan mayores márgenes comerciales que el implícito en el precio LAB Ingenio al mayoreo. Por ejemplo: Un bulto de 50 kilogramos de azúcar estándar que el Ingenio vende libre a bordo origen a 300 pesos, los supermercados lo venden a 500 pesos embolsado, esto es un valor agregado sobre costo de 66.6 o de 40% sobre el precio de venta.
Lo anterior es potestad de las grandes concentraciones de supermercados de cadena y tiendas de autoservicios que se han venido desarrollando con gran impulso en estos últimos años.
Que se tiene que tomar en cuenta todo el entorno de la Agroindustria, su impacto social y económico para tomar decisiones que influyen en este sector tan importante para nuestro país, evitando decisiones populistas de escaso alcance en el largo plazo para el beneficio del país.
Tomar una decisión de bajar los precios LAB Ingenio para pretender reducir la inflación nacional sin ver el contexto global y siquiera el resultado a lograr es más bien un acto populista, de resultados infructuosamente efímeros y artificiales.
Que resulta juicioso el convocar a todas las partes que influyen en el precio del azúcar para atenuar el crecimiento de los precios, buscando en forma conjunta soluciones permanentes y de largo plazo.
Que existen bienes de consumo en la canasta básica con mayor ponderación e importancia en el INPC que el azúcar y que no se están tomando en cuenta; por ejemplo analizando el mismo periodo de enero de 1996 a noviembre de 2004 las tortillas presentan un superávit en sus precios vs. la inflación nacional de 99.1% con una ponderación de 1.22/100 vs. un superávit en los precios al consumidor del azúcar en este mismo periodo de un 4.9% y con una ponderación del 0.2%; curiosamente en el maíz somos deficitarios mientras que en el azúcar superavitarios, por lo que el debilitamiento del sector cañero y el incremento en la dependencia del exterior no necesariamente acarrean mejores condiciones en el largo plazo para sus habitantes.
Por lo expuesto y en virtud del grave riesgo en que se intenta poner al sector azucarero nacional, que beneficia directamente a millones de familias mexicanas, por la generación de fuentes de empleo y reactivación social y económica de las comunidades donde se encuentran los ingenios azucareros mexicanos, sometemos con gran urgencia ante el H. Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de los organismos correspondientes, informe al H. Congreso de la Unión sobre las razones de las medidas arancelarias que pretende llevar a cabo en el sector azucarero.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 19 de enero de 2005.
Diputados: Martín Remigio
Vidaña Pérez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN PARA QUE EXPLIQUE LOS ACUERDOS ALCANZADOS DURANTE LA REUNIÓN QUE SOSTUVO EL 17 DE ENERO DE 2005 CON EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD INTERNA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, TOM RIDGE, A CARGO DEL SENADOR RAFAEL MELGOZA RADILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito senador, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita ante su Segunda Comisión de Trabajo al secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel Miranda, a efecto de que informe amplia y detalladamente acerca de las propuestas concretas presentadas por nuestro país y de los acuerdos específicos alcanzados en el marco de su reunión con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos de América, Tom Ridge.
Segundo. Se convoca al titular del Poder Ejecutivo federal a diseñar, junto con el Poder Legislativo, una política exterior de Estado en materia migratoria, y a definir una estrategia de negociación que permita a nuestro país enfrentar de manera exitosa la amplia y compleja agenda bilateral entre México y Estados Unidos.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de enero de 2005.
Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Como todos ustedes saben, el pasado 17 de enero tuvo lugar en Calexico, California, una importante reunión entre el secretario de Gobernación de nuestro país y el encargado de la Seguridad Interior de Estados Unidos.
De acuerdo con lo informado por distintos medios de comunicación, Santiago Creel y Tom Ridge revisaron los avances de la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos, y acordaron reforzar las acciones para consolidar y modernizar las medidas consideradas en los tres apartados del plan de acción de la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos: infraestructura segura, flujo seguro de personas y flujo seguro de bienes.
El PRD coincide plenamente en que la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto absoluto de la soberanía deben ser la base del entendimiento y la cooperación entre ambas naciones.
No obstante, no debemos pasar por alto el lamentable hecho de que, precisamente en una reunión de este tipo, el gobierno mexicano autorizó el uso de las balas de goma contra nuestros connacionales, armas catalogadas como supuestamente no letales y que, sin embargo, lesionan gravemente y atentan contra la dignidad de los migrantes.
Adicionalmente, compañeras y compañeros legisladores, en reuniones como ésta, la administración del Presidente Fox ha cedido absolutamente en todas las demandas estadounidenses en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, subordinando las prioridades de nuestra agenda a los intereses y las demandas de Estados Unidos.
El plan de acción -de 22 puntos- que da forma a la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos, suscrita en marzo de 2002, no es otra cosa que un instrumento que institucionaliza la cooperación exclusivamente en materia de seguridad.
Tan es así, que el entendimiento y la cooperación entre México y Estados Unidos dependen dramáticamente de la disposición del gobierno mexicano para sumarse a la lucha contra los retos que amenazan la seguridad nacional del vecino del norte.
Por ello, el objetivo prioritario ha sido la construcción de una frontera segura y eficiente, aunque ello signifique que la agenda económica y social de América del Norte, la regulación del tránsito de personas y el respeto de los derechos humanos de los migrantes se conviertan en temas que pueden ser dejados para después.
En este sentido, y a partir de las desafortunadas experiencias pasadas, creemos que es indispensable que el secretario de Gobernación venga a explicar a la representación nacional cuáles fueron las propuestas de nuestro país y los acuerdos alcanzados específicamente en materia de flujo seguro de personas.
De igual forma, sería conveniente que el encargado de la política interior nos explique si en verdad la seguridad de la frontera y no la seguridad de nuestros connacionales es el tema más importante para la administración Fox.
Queremos saber si no existe riesgo alguno de que el mapa de localización de las rutas de los migrantes indocumentados para cruzar hacia Estados Unidos a través de la región Sonora-Arizona, elaborado y actualizado por el Gobierno de México y entregado durante esta reunión a las autoridades estadounidenses, sea utilizado para desalentar el flujo ilegal de migrantes con los métodos ya tradicionales y la derivada pérdida de vidas humanas.
Basta recordar que el principal anuncio de la última reunión binacional fue "más seguridad para EU y más colaboración en materia de inteligencia contra el terrorismo". Pero, ¿qué obtuvimos nosotros... qué beneficios hubo para México...? Aún no lo sabemos, aunque seguramente ninguno, tal y como ha venido sucediendo en los últimos cuatro años.
En el PRD estamos convencidos de que las reuniones bilaterales en que participan los más altos funcionarios son espacios privilegiados que no podemos desperdiciar. Por ello resulta impostergable que el Poder Legislativo de nuestro país asuma un papel mucho más activo en el análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal.
Compañeras y compañeros legisladores:
La intención del presente punto de acuerdo no es criticar o censurar la política exterior de la actual administración; por el contrario, se trata de un llamado a las distintas instituciones del Estado mexicano a trabajar colectivamente, se trata de un llamado a dejar a un lado las diferencias que nos separan en otros temas y a tomar las coincidencias en beneficio de nuestro país. En síntesis, se trata de un llamado a trabajar juntos por México.
Debemos unir esfuerzos y voluntades para hacer entender a los estadounidenses que, en el largo plazo, su seguridad económica y fronteriza pasa inevitablemente por la regularización de los trabajadores migratorios y por la disminución de las asimetrías que históricamente han caracterizado nuestra relación bilateral.
De manera prioritaria, tenemos que buscar que la seguridad de nuestros compatriotas esté garantizada y que, como reconocimiento mínimo de su contribución al desarrollo político y económico de Estados Unidos, sus derechos humanos fundamentales sean respetados a cabalidad. No podemos seguir en la lógica de cooperar en todo para seguir obteniendo absolutamente nada.
Creemos que con una participación coordinada en torno a objetivos y estrategias muy concretos, el poder de negociación de nuestro país puede verse considerablemente fortalecido para bien de los mexicanos, donde quiera que éstos se encuentren. Eso es precisamente lo que debemos y queremos discutir con el Ejecutivo.
Por tanto, en busca de promover una participación mi decidida del Poder Legislativo, y una colaboración más estrecha entre los distintos poderes y actores del Estado mexicano, ponemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita ante su Segunda Comisión de Trabajo al secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel Miranda, a efecto de que informe amplia y detalladamente acerca de las propuestas concretas presentadas por nuestro país y de los acuerdos específicos alcanzados en el marco de su reunión con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos de América, Tom Ridge.
Segundo. Se convoca al titular del Poder Ejecutivo federal a diseñar, junto con el Poder Legislativo, una política exterior de Estado en materia migratoria, y a definir una estrategia de negociación que permita a nuestro país enfrentar de manera exitosa la amplia y compleja agenda bilateral entre México y Estados Unidos.
Dado en el Salón de Sesiones
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los
19 días del mes de enero de 2005.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A PETRÓLEOS MEXICANOS A PRESENTAR INFORME DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE URGENTE APLICACIÓN ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE CON RELACIÓN AL DERRAME DE HIDROCARBUROS EN EL RÍO COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita diputada de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución de conformidad con los antecedentes y consideraciones que a continuación se detallan:
Antecedentes
Como es de su conocimiento, el pasado día 22 de diciembre Petróleos Mexicanos, tuvo un accidente en la estación de bombeo Mazumiapan, estado de Veracruz, que ocasionó la represión y ruptura de un oleoducto de 30 pulgadas, provocando el derrame de aproximadamente 5 mil barriles de hidrocarburos al río Coatzacoalcos.
El pasado día 10 de enero, doce diputados federales de las Comisiones Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, previa obtención de información relativa al asunto, aportada por la filial Pemex-Refinación, visitamos el área afectada en las cercanías de la terminal marítima de Pajaritos y de la población de Nanchital, así como la estación de bombeo en Nuevo Teapa y los márgenes de la desembocadura del Coatzacoalcos, incluyendo las playas aledañas, constatando los avances en los trabajos de recuperación del crudo derramado y de limpieza del río, de las labores emprendidas para atender las diversas demandas sociales y económicas derivadas del accidente y los esfuerzos de coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno y diversos sectores involucrados. Resulta significativo mencionar la disposición de Pemex para atender, en el ámbito de sus responsabilidades, todas y cada una de las demandas que se les han presentado en este sentido.
Las autoridades de Pemex y del gobierno del estado de Veracruz y posteriormente las diversas instancias del sector ambiental federal han instrumentado estrategias de atención en toda la zona impactada por este derrame. Las medidas de urgente aplicación fueron ordenadas, conforme a las disposiciones legales en la materia, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de iniciar los trabajos de recuperación del crudo vertido al río y así disminuir, en lo posible, el impacto a la salud pública, al medio ambiente y a los recursos naturales.
Los trabajos asociados a la atención de las medidas de urgente aplicación han sido realizados y seguramente en breve habrá resultados definitivos de donde se desprenderán las labores propias de la restauración y manejo ambiental de la cuenca del río Coatzacoalcos.
Consideraciones
Una primera y somera evaluación de los hechos nos indican las siguientes cifras: la afectación a 11.3 kilómetros de la margen sur del río Coatzacoalcos, afectación al manglar en aproximadamente un kilómetro de largo por 2.5 metros de ancho, que ha dado lugar a 11,000 metros cúbicos de material orgánico impregnado y 105 metros cúbicos de suelo saturado por el hidrocarburo, a la afectación de alrededor de 400 pelícanos y reptiles mayores de la región, y a las playas de Coatzacoalcos y de la colonia Allende, del arroyo Tepeyac y la laguna Pajaritos, así como la afectación a 173 casas y a los diversos sectores económicos de la región, entre ellos 765 agremiados de cooperativas pesqueras y a la necesidad de atención médica especializada de 765 personas.
Dichas afectaciones, consecuencia de uno más de los percances de la actividad de Pemex, se deben en gran parte a que la gran mayoría de los ductos y poliductos fueron construidos y puestos en operación hace más de dos décadas, habiendo algunos agotado su vida útil y los restantes observan diversos grados de deterioro, que obligan a operarlos en condiciones no satisfactorias y con medios de control no automatizados que ponen en riesgo su operación.
La red de ductos construida por Pemex en todo el país rebasa los 50 mil kilómetros de longitud, de los cuales se estima que 20 mil requieren de mantenimiento, estos últimos incluyen cerca de 2 mil kilómetros que requieren de una reparación mayor o sustitución urgente.
Aunque, a nadie escapa que la empresa ha sido la caja grande de las finanzas públicas, y que sus utilidades han sido empleadas como fuente de financiamiento del desarrollo nacional, dejándola con un mínimo margen para nuevas inversiones, no existe explicación por parte de las autoridades de la paraestatal para no llevar a cabo el mantenimiento requerido a la red de ductos a nivel nacional, es muy diferente hablar de nuevas inversiones que permitan la expansión del sector, a los gastos que la empresa debe realizar para mantener en buen estado todas y cada una de las instalaciones.
Esto es un asunto de responsabilidad, del buen manejo administrativo, de no permitir el desmantelamiento de la empresa pública.
Por las razones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al ingeniero Luis Ramírez Corzo, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que en su próxima comparecencia ante esta H. Cámara de Diputados relacionada con los acontecimientos del 22 de diciembre de 2004, presente un informe detallado de los avances en el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación establecidas por la autoridad ambiental competente y las tareas que se deberán emprender en las próximas semanas, con relación al accidente ocurrido en el río Coatzacoalcos, estado de Veracruz.
Segundo. De igual manera se exhorta al ingeniero Luis Ramírez Corzo, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a que presente un diagnóstico pormenorizado, acompañado del programa de acción priorizado y presupuestado correspondiente, para atender la infraestructura operativa de la red de oleoductos y poliductos que implique riesgos inminentes a la población, al medio ambiente y los recursos naturales en todo el país.
Tercero. Se exhorta al ingeniero Luis Ramírez Corzo, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a que presente un informe detallado de los resultados de las auditorías ambientales practicadas, durante los dos últimos años, a la infraestructura operativa en plantas industriales y red de ductos, donde existan riesgos inminentes para la población y al medio ambiente y los recursos naturales.
Cuarto. Se exhorta al ingeniero Luis Ramírez Corzo, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a que determine las mejores tecnologías que permitan la remediación de los daños ocasionados por el derrame, así como la restauración de los recursos naturales.
Suscrito por doce miembros de las Comisiones Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, incluido el de la voz, diputado Víctor M. Alcérreca Sánchez, y con el apoyo de los legisladores del grupo parlamentario del PRI y del PVEM en esta Comisión Permanente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de enero de 2005.
Diputados: Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica).
Senadores: Érika Larregui
Nagel, Emilio Gamboa Patrón, Sadot Sánchez Carreño
(rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LAS CÁRCELES DE ALTA SEGURIDAD, A CARGO DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, César Raúl Ojeda Zubieta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Desde hace algunos años se habla insistentemente de la actividad de las fuerzas armadas en la escena nacional. Esta percepción parte de varias situaciones más o menos recientes.
Primero, la masiva presencia militar permanente en Chiapas de mediados de 1994 en adelante después de la aparición del EZLN y la situación de paz armada prevaleciente, donde se calcula que están acuartelados cerca de 40 mil efectivos militares dedicados a acciones de patrullaje, instalación de retenes móviles, otorgamiento de labor social, recopilación de información, entre otras.
Segundo, la campaña castrense antinarcóticos que cambia de estados y zonas geográficas según la estación de año y las nuevas zonas de cultivo y tránsito de drogas detectadas, campaña que implica un despliegue que más de 20 mil soldados.
Tercero, las movilizaciones de tropas debido a la aparición del Ejército Popular Revolucionario a mediados de 1996, movilizaciones que comprenden la entidades de Guerrero, Oaxaca, Morelos, estado de México y Puebla, presencia militar provisional pero masiva estimada en contingentes de 10 mil soldados, lo cual combina soldados de la zona militar respectiva con fuerzas especiales de contraguerrilla.
Y cuarto, la presencia militar se detecta también en un aspecto selectivo y cualitativo mediante la asignación de altos y medianos mandos en corporaciones policíacas estatales, en tareas de procuración de justicia, la policía judicial federal, seguridad pública y en algunas penitenciarias y aeropuertos, como respuesta a la corrupción e ineficiencia de dichas corporaciones y al escandaloso aumento de la delincuencia profesional y ocasional a nivel nacional así como del narcotráfico internacional.
Ciertamente, se alega a favor de la participación de fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, porque siendo la institución que goza de mayor confianza y credibilidad entre la sociedad civil, se tiene la percepción de que es posible disminuir los índices delictivos y mejorar la seguridad pública.
Asimismo, se afirma que la participación de castrenses en mandos policíacos altos e intermedios disminuye considerablemente la corrupción e ineficiencia de las policías; que el entrenamiento militar a la policía capitalina elevará su capacidad técnica y operativa, enriqueciendo a los cuerpos policíacos de actitudes y valores positivos como la honestidad, la disciplina, el espíritu de servicio. Incluso, se arguye que los mandos castrenses acuden a los puestos sin su tropa y armamento, la cual queda en los cuarteles y además que el titular de todos es una autoridad civil.
Sin embargo, también debemos reconocer el riesgo que corren los institutos armados. Al utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública se les expone a medios supercorruptores como los del multimillonario narcotráfico y el del atractivo crimen organizado.
Y es cierto -pese a no ser un fenómeno generalizado- el crimen organizado pudo cooptar y corromper tanto a generales como a soldados rasos.
Sin duda, la expansiva criminalidad profesional y ocasional, la profunda corrupción y prepotencia policíacas y el corrosivo círculo del narcotráfico-drogadicción son situaciones que preocupan y atentan cotidianamente contra el ciudadano en su seguridad física o familiar y en sus propiedades. El argumento de que estos fenómenos son problemas de seguridad nacional, aparece claro e incuestionable, pero no tanto cuando se pretenden solucionar solo con métodos de poder discrecionales o incluso arbitrarios al margen de cualquier contraloría social y sin tocar las raíces de los problemas de seguridad pública.
En otras palabras, el uso discrecional del poder presidencial sobre las fuerzas armadas sin instancias de supervisión, por ejemplo, del poder Legislativo u otras instancias legales y legítimas, se presta a no saber hasta donde la participación militar obedece a criterios de seguridad nacional o de mera seguridad gubernamental. Por ello, se requiere supervisar el funcionamiento de los cuerpos policíacos, el entrenamiento de policías por militares, renovar a fondo las instancias de procuración y administración de justicia del poder Judicial de donde son liberados con relativa facilidad importantes e influyentes narcotraficantes y delincuentes y son condenados otros de menor jerarquía.
Si bien resulta básico, el otorgar más dinero, lograr una mejor coordinación y delimitar una nueva tipificación jurídica no es suficiente apostarle a medidas técnicas, monetarias y legales como únicos conductores prácticos de la estrategia nacional de seguridad pública. Si no se remueven las raíces materiales mencionadas y no se convoca a la participación ciudadana, la estrategia tendrá resultados magros, provisionales y hasta contraproducentes para los propios militares quienes descuidarán otras labores y deteriorarán su imagen pública.
Todas estas consideraciones son oportunas dada la evidencia de vulnerabilidad y fracaso del esquema en las cárceles de alta seguridad del gobierno federal.
Recordemos que tras el asesinato de Arturo Guzmán Loera "El Pollo", hermano del conocido "Chapo Guzmán", en las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad, el Ejecutivo federal no ha tenido más que desatinos y justificaciones escudándose en renuncias desasosiegas de funcionarios menores, y todo ello para exculpar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública por su falta de competencia y para exonerarlo de su responsabilidad.
Confiamos que las fuerzas armadas garantizarán la seguridad como se debe, dentro y fuera de las penitenciarías federales.
Ante la desconfianza en la Secretaría de la Seguridad Pública, celebramos que el Ejecutivo federal haya escuchado la sugerencia de ciudadanos preocupados por la ineptitud de esa dependencia.
Esperamos que la ocupación militar sea transitoria, como transitorio debiese ser la permanencia de Martín Huerta.
Por otro lado, si la injerencia de las fuerzas armadas en la seguridad pública no parte de articular la fuerza moral y material de la nación, con o sin militarización o con policías militarizados, la guerra contra la inseguridad pública y por la estabilidad política estará perdida, aunque se ganen algunas batallas.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita al secretario de Seguridad Pública que informe detalladamente a la Comisión Permanente sobre:
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de enero de 2005.
Sen. César Raúl Ojeda
Zubieta
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE, EN EL ÁMBITO DE LAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN VISITAS DE INSPECCIÓN, DE VERIFICACIÓN O DE AMBOS TIPOS A LA EMPRESA FIEMEX, SA DE CV, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNÁNDEZ SARACHO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito Diputado Federal Jaime Fernández Saracho, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LIX Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, para que se solicite a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que realicen visitas de inspección y/o verificación a la empresa Fiemex SA de CV.
Considerando
Que en términos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar"; y que dicha garantía individual que otorga nuestra Ley Fundamental resulta primordial para la preservación de la vida, la salud y el sano desarrollo de la convivencia social.
Que el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Federal se refiere a las aguas nacionales, y que en la Ley de Aguas Nacionales que reglamenta la citada norma constitucional, se regula la explotación, uso y aprovechamiento de dicho recurso. Y que en términos de lo que disponen los artículos 1º y 4º del referido ordenamiento legal, sus disposiciones son de orden público e interés social y corresponde al Ejecutivo Federal la autoridad y administración en materia de aguas nacionales.
Que el desarrollo industrial de nuestro país es resultado del esfuerzo continuado de varias generaciones de mexicanos, y que la actividad empresarial - grande, mediana o pequeña - es factor determinante para la generación de empleos, inversión y tecnología, constituyendo un motor del progreso social.
Que para alcanzar un verdadero desarrollo sustentable, el impulso al sector industrial, incluyendo el establecimiento de nuevas instalaciones productivas y la operación de las existentes, debe realizarse con estricto apego a las normas ambientales.
Que habitantes de la zona y organizaciones ambientalistas me han externado su preocupación respecto a que la empresa denominada Fiemex, SA. de CV, con domicilio en Avenida Acueducto del Alto Lerma Número 14, Zona Industrial de Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, estado de México, ha venido desde hace años utilizando agua de manera irregular en su proceso industrial, realizando las correspondientes descargas en forma indebida y transgrediendo diversas disposiciones ambientales, causándose con ello un grave e irreparable perjuicio comunitario.
Que me manifestaron que han acudido en diversas ocasiones a las instancias locales, sin haber encontrado respuesta a su petición en cuanto a que las autoridades competentes verifiquen estas situaciones, y que por ello, recurrieron al suscrito para pedirle su intervención a efecto de que la Comisión Nacional del Agua, a través de su Gerencia en el eEstado de México, y la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente, también por conducto de su representación en la citada entidad, lleven a cabo visitas de inspección y/o verificación a las instalaciones de la citada empresa, para constatar las condiciones de abasto y uso del agua, su descarga y, en general, su cumplimiento a las normas ambientales aplicables.
Que como representante popular hago mía la solicitud de estas organizaciones y ciudadanos que plantea una cuestión de interés para todos, y que resulta de obvia y urgente resolución si se considera, primero, que el cuidado del medio ambiente y en particular del agua es una cuestión prioritaria y, segundo, que cada día que pasa sin que se atiendan esta clase de cuestiones, se generan daños muchas veces irreversibles a las personas, particularmente a nuestros niños.
Que estimo además razonable el pedimento de la verificación y/o inspección, toda vez que no causa perjuicio a nadie y, eventualmente, se puede evitar que se generen importantes daños al medio ambiente.
En mérito a lo expuesto y fundado, me permito poner a su atenta consideración, con el carácter de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realicen en el ámbito de sus respectivas competencias visitas de inspección y/o verificación con relación a lo siguiente: el origen y uso del agua para el proceso industrial, las condiciones de la descarga de aguas residuales y, en general, el cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable respecto de la empresa denominada Fiemex SA de CV; lo anterior con el propósito de observar el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como de las demás normas legales y reglamentarias que resulten aplicables; solicitando que los resultados de las correspondientes inspecciones y/o verificaciones se hagan llegar a la brevedad a esta Soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de enero de dos mil cinco.
Dip. Jaime Fernández Saracho
(rúbrica)
El que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, respetuosamente le solicita, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que presenten dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción III al artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Gerardo Ulloa Pérez en la sesión de la Cámara de Diputados el día 25 de noviembre del año 2004, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Que en la sesión ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2004, el suscrito presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona una fracción III al artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo, referida a los deportistas profesionales. En esa misma fecha la iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Que el proyecto de decreto persigue el objetivo de impulsar el deporte nacional a nivel profesional, apoyando a las y los deportistas profesionales para que en cada juego oficial se establezca un porcentaje mínimo de participación de jugadores extranjeros, para que las y los deportistas mexicanos tengan mayor presencia en competencias de carácter oficial. La adición introduce al Capítulo de Deportistas Profesionales una fracción III, para señalar:
Artículo 300. Son obligaciones especiales de los patrones:
II. ...
III. En los casos de deportes de grupo garantizar que en cada juego que se dispute, la alineación de su equipo mantenga en todo momento un 70 por ciento de jugadores mexicanos. Si el número resultante que expresa el valor del porcentaje anterior no es un número entero y por tanto contiene una fracción inferior o igual a punto 5 el número se ajustara a la baja, por el contrario si fuese igual o mayor a punto 6 se ajustara a la alta.
Consideraciones
1. Que ante el estado de incertidumbre que deja la falta de una disposición expresa en el marco jurídico, para que, dentro del deporte profesional los mexicanos sean preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para su contratación, es necesario regular la incorporación de los jugadores extranjeros al campo de juego, para que sin prohibir su contratación y violar así las garantías individuales que les otorga el actual Código Supremo, se garantice que los deportistas nacionales ocuparán un mayor número de espacios de los que se generen dentro de los equipos.
2. Es necesario apoyar a los deportistas nacionales en sus múltiples actividades, para crear un mayor número de fuentes de empleo, abriendo para ello los espacios en donde pueden tener acceso al reconocimiento por su desempeño, en el ámbito nacional como internacional e impulsar así el deporte nacional. Estas fueron las razones de fondo que sustentan la reforma referida.
3. Que es el caso que el día 25 de noviembre de 2004, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la iniciativa en comento.
4. Que es de señalarse que han transcurrido casi dos meses y la Comisión referida no ha presentado a la Cámara de Diputados el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga cinco días hábiles después de aquél en que se turnó un asunto.
Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:
Excitativa
Único. Excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción III al artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Gerardo Ulloa Pérez, en términos del reglamento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2005.
Dip. Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica)
Reporte sobre el cumplimiento de
las obligaciones previstas en el artículo 45, numeral 6, incisos
a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, relativas al programa de trabajo y al informe semestral
por parte de las Comisiones, correspondiente al primer año de ejercicio
de la LIX Legislatura
DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DE FECHA 18 DE ENERO DE 2005, SE PUBLICA EL REPORTE SOBRE LA ENTREGA DE PROGRAMAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO, POR PARTE DE LAS COMISIONES DE LA LIX LEGISLATURA
Reporte sobre el cumplimiento de
la obligación prevista en el artículo 45, numeral 6, inciso
a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, relativa al programa de trabajo por parte de las Comisiones,
correspondiente al segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 19 de enero en la ciudad de Puebla, Puebla, y a la que asistirán autoridades locales, instituciones de educación superior beneficiadas con el Fondo de Equidad para 2004 y 2005, y especialistas en materia educativa.
Las instituciones participantes son las siguientes: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Nayarit, Instituto Tecnológico de Sonora, Centro de Estudios Superiores de Sonora, Universidad de Occidente y Universidad de Guadalajara.
Programa
Miércoles 19
8:30-9:30 horas: Desayuno.
10:00-11:00 horas: Homenaje al doctor
Gastón García Cantú en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Puebla.
12:00 horas: Reunión de la Comisión
para determinar el plan de trabajo para 2005.
15:30 horas: Comida.
Atentamente
Dip. Salvador Pablo Martínez
Della Rocca
Presidente
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 19 de enero, a las 11 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su decimotercera reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de enero, a las 12 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el miércoles 19 de enero, a las 13:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio F, primer nivel).
Orden del Día
3. Acuerdo del Grupo de Trabajo para
la Reforma del Congreso y la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
4. Iniciativas pendientes y actividades:
Subcomisión de Proyectos de
Ley, Decreto y Dictamen;
Subcomisión de Foros, Eventos
y Actividades Editoriales;
Subcomisión de Letras de Oro;
y
Subcomisión de Rezago Legislativo.
5. De la Comisión Bicamaral
del Canal del Congreso.
DEL COMITE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
A su comida reunión de trabajo, que se verificará el miércoles 19 de enero, a las 14:30 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE GOBERNACIÓN
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de enero, a las 15 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
4. Anteproyectos de dictamen a consideración y, en su caso, votación respecto de los siguientes asuntos:
I. Iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona el artículo 12 a la Ley sobre la Celebración
de Tratados (sentido negativo).
II. Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y la Ley de Responsabilidad
Civil por Daños Nucleares (sentido negativo).
III. Iniciativa con proyecto de decreto
para crear la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como
organismo público descentralizado del Gobierno Federal (sentido
negativo).
IV. Proposición con punto de
acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión
Social, y de Gobernación para que intervengan en la resolución
de los hechos de agresión con armas de fuego a trabajadores petroleros
de la Sección 14 del STPRM en la ciudad de Macuspana, Tabasco (sentido
negativo).
V. Proposición con punto de
acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México
y del Distrito Federal para que instalen la Comisión de Límites
y se revisen los correspondientes al municipio del Valle de Chalco y la
delegación Tláhuac, y al municipio de La Paz y la delegación
Iztapalapa (sentido negativo; sólo favorable para que informen).
VI. Proposición con punto de
acuerdo para que se exhorte al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales
para el Desarrollo Integral de la Familia para que en la adquisición
de lácteos para los programas alimentarios se cumpla la Norma Oficial
Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de productores
nacionales (sentido favorable).
5. A consideración y, en su
caso, aprobación el pliego de conclusiones de la Comisión
de Gobernación, respecto del cuarto informe del secretario de Gobernación.
6. Asuntos varios.
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A su reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 19 de enero, a las 15 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
3. Acuerdo del Grupo de Trabajo para
la Reforma del Congreso y la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
4. Iniciativas pendientes y actividades:
Subcomisión de Proyectos de
Ley, Decreto y Dictamen;
Subcomisión de Foros, Eventos
y Actividades Editoriales;
Subcomisión de Letras de Oro;
y
Subcomisión de Rezago Legislativo.
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A su reunión en Comisiones Unidas con la de Fomento Cooperativo y Economía Social, que se efectuará el miércoles 19 de enero, a las 17 horas, en los salones C y D del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Gustavo Madero Muñoz
Presidente
DE LA COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A su reunión de trabajo, que se verificará el miércoles 19 de enero, a las 17 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
Al brindis con el cuerpo diplomático acreditado en México, que se verificará el miércoles 19 de enero, a las 19 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Invitados especiales
DE LA TERCERA COMISIÓN -DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS- DE LA COMISIÓN PERMANENTE
A su tercera reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 19 de enero, a las 19 horas, en el edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
Al séptimo foro regional La reproducción asistida en México y sus expectativas que, a invitación conjunta con la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, se efectuará el jueves 20 de enero en la sala de lecturas de dicha institución, situada en calzada Tecnológico 14418, mesa de Otay.
Informes a los teléfonos 682 1233 (Universidad Autónoma de Baja California) y 1800 7184 291, extensiones 1746 y 6333 (Comisión de Salud).
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova
Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su Junta Directiva, que se efectuará el jueves 20 de enero, a las 9 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A la reunión de trabajo que, junto con los miembros del Grupo de Amistad México-Corea del Sur, sostendrá con miembros de la Comisión de Unificación, Relaciones Exteriores y Comercio de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, que se efectuará el jueves 20 de enero, a las 9:30 horas, en el salón de reuniones de la Comisión.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su reunión preparatoria con académicos y especialistas del ámbito político que, de cara a la XIII Reunión Interparlamentaria México-Canadá, se efectuará el jueves 20 de enero, a las 11 horas, en el salón de reuniones de la Comisión.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 20 de enero, a las 12 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA TERCERA COMISIÓN -DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS- DE LA COMISIÓN PERMANENTE
A su cuarta reunión ordinaria, que se verificará el viernes 21 de enero, a las 10 horas, en el edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A la reunión de trabajo de su
Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 25 de enero, a las
9:30 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
2. Proceso de dictámenes y aprobación
en el pleno de iniciativas legislativas:
a) Iniciativa de decreto que adiciona
el Título III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracción
VIII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación,
y el artículo 389 Bis A del Código Penal Federal.
b) Iniciativa de decreto que reforma
y adiciona diversos artículos de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular.
c) Ley de Sociedades Cooperativas.
3. Nuevas iniciativas a elaborar:
a) Ley Reglamentaria del Artículo
25 Constitucional en lo referente al sector social de la economía.
b) Derogación del artículo
19 y reforma del artículo vigésimo tercero de la Ley del
Seguro Social con el objeto de restablecer el sistema bipartita de contribución
para las sociedades cooperativas de producción.
4. Tercer encuentro latinoamericano
de parlamentarios comprometidos con el cooperativismo.
5. Información relativa a ahorradores
defraudados en cajas de ahorro.
DE LA COMISION DE SALUD
A la decimotercera reunión de la Segunda Subcomisión, que tendrá verificativo el martes 25 de enero, a las 14:30 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova
Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la vigésima sexta reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 26 de enero, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova
Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Al foro El manejo adecuado de envases y embalajes, que se efectuará el miércoles 26 de enero, a las 10 horas, en el auditorio norte del edificio A, segundo nivel.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles
Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
A su vigésima quinta reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 26 de enero, a las 11 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova
Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
Se convoca a los CC. diputados el próximo 27 de enero, a las 9 horas, en el salón B del edificio G del restaurante Los Cristales.
Se recuerda a los CC. diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal que, de acuerdo con la práctica que se sigue en esta Comisión, se da un término de 20 minutos de espera para que haya quórum y, en su caso, iniciar la sesión.
La reunión se llevará a cabo bajo el siguiente:
Orden del Día
4. Dar cuenta del proyecto de modificación
del Estatuto del Distrito Federal para dotar de personalidad jurídica
y patrimonio a las Delegaciones.
5. Dar cuenta de la propuesta con
punto de acuerdo mediante el cual la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal solicita se realicen acciones que incrementen sustancialmente el
presupuesto de salud asignado al Gobierno del Distrito Federal.
6. Dar cuenta del punto de acuerdo
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal relativo a la desconcentración
educativa integral para el Distrito Federal para que no sólo se
transfieran a las entidades locales los servicios educativos, sino también
la administración de los recursos financieros necesarios para una
educación pública de calidad.
7. Dar cuenta del punto de acuerdo
para reiterar al Congreso de la Unión el exhorto a que se incluya
el Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social para el ejercicio fiscal de 2005. Remite la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
8. Dar cuenta de la iniciativa que
reforma el inciso a) del sexto párrafo del artículo 37 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge
Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México.
9. Dar cuenta de la iniciativa que
adiciona un artículo décimo séptimo transitorio al
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge
Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México.
10. Fecha de instalación y programa
de trabajo para las diversas subcomisiones.
11. Asuntos generales.
12. Clausura.
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A la reunión de su Junta Directiva, que se llevará a cabo el viernes 28 de enero, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio D, cuarto piso).
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el lunes 31 de enero, a las 14 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 2 de febrero, a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su decimotercera reunión plenaria, que se realizará el miércoles 2 de febrero, a las 14 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles
Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Al foro Educación ambiental, que se llevará a cabo el miércoles 9 de febrero, a las 10 horas, en el auditorio norte del edificio A, segundo nivel.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles
Guzmán
Presidenta