• Con punto de acuerdo, a efecto de que la SHCP y el INEGI reasignen recursos económicos suficientes en las partidas presupuestales correspondientes para dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a aprobar las reformas energéticas pendientes; y al Ejecutivo federal, a establecer mecanismos que permitan lograr con la mayor brevedad un precio equilibrado del gas natural para consumo industrial, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, para que se integre una comisión de investigación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Relaciones Exteriores que dictaminen la posibilidad de que el Ejecutivo federal financie mediante la SHCP la factura petrolera del Acuerdo de San José por 50 millones de dólares, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que audite algunos municipios de Guerrero, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SCT para que resuelva mediante el órgano designado en el caso de Ferrocarriles Nacionales de México las demandas interpuestas por sus acreedores, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover para 2006, mediante la SEP, la realización de actos cívicos conmemorativos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior, a cargo del diputado Jacobo Sánchez López, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos federal, estatales y municipales de todo el territorio nacional a realizar los trabajos de restauración, iluminación, pintura y limpieza de bustos, murales, hemiciclos y estatuas de don Benito Juárez que se encuentren en lugares públicos, a cargo del diputado Jacobo Sánchez López, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena las declaraciones vertidas el pasado 26 de octubre por el Presidente de la República de Irán, señor Mahmoud Ahmadinejad, contra el pueblo y el Estado de Israel, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía que se integre una comisión especial para investigar las irregularidades en el Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas que informe a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sobre el estado que guarda el área a su cargo, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del PRI.

Los que suscriben integrantes del grupo parlamentario del PRI, pertenecientes a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 fracciones I, II y III, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

El siguiente asunto, es conocido por todos nosotros, se trata de la problemática que viven miles de trabajadores y ex trabajadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

Millones de trabajadores en todo el país ven afectadas sus prestaciones y sus derechos laborales.

El caso de los trabajadores del INEGI no es la excepción, recordaré a ustedes las palabras con las que el director del jurídico del INEGI, Lic. Manuel Contreras Botti, cuando amenazó a los trabajadores que decidieron reclamar sus derechos, "Para mí es más fácil pagarle a un magistrado, que pagarle a ustedes sus derechos y sus prestaciones", es increíble darse cuenta del actuar cínico, corrupto y descarado con el que este servidor público se conduce, poniendo en tela de juicio el actuar del Poder Judicial Federal y desprestigiando así a los impartidores de justicia. No se puede basar la defensa en un juicio en el supuesto tráfico de influencias o en la sobrecarga de trabajo de los tribunales y juzgados.

El 26 de octubre del año próximo pasado la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución presentado por el diputado Pedro Ávila Nevares, por medio del cual solicita la creación de 2,300 plazas de base para ser ocupadas por los trabajadores despedidos por el actual titular del INEGI.

La Cámara de Diputados en atención a esta problemática ha solicitado a las partes informes de la situación actual de este conflicto entre el INEGI y los trabajadores que integran la Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI.

El Dr. Gilberto Calvillo Vives, presidente del INEGI, remitió a esta soberanía informes que difieren con la situación real que vive el INEGI con los trabajadores en conflicto, y de esta manera se retrasó la tarea parlamentaria con los tiempos para que la Cámara de Diputados pudiera considerar y programar los recursos económicos que dieran suficiencia presupuestaria a fin de resolver el conflicto en comento.

Es nuestro deber realizar los trámites y acciones necesarias para llevar justicia a este grupo de trabajadores.

Ya que por disposición expresa del artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, se observa claramente que los ex trabajadores del INEGI tienen derecho al reconocimiento de su calidad de trabajadores de base y su reinstalación.

Primeramente tienen derecho a que se les reconozca como trabajadores de base en atención a lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que dispone: Los trabajadores se dividen en dos grupos de confianza y de base y al no haber demostrado el INEGI que los trabajadores fueran de confianza, entonces les corresponde el derecho a que se les reconozca como de base, tal y como ha establecido el Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito para el caso de los ex trabajadores de los estados de Chihuahua y Durango en el que se ha condenado al INEGI a reconocer a los trabajadores su categoría de base.

En segundo lugar los trabajadores tienen derecho a que se les reconozca como trabajadores de base y a su reinstalación, porque el INEGI no ha demostrado dentro de juicio la naturaleza de la contratación, es decir no demostró cuales fueron las causas que le impulsaron a realizar contrataciones por tiempo determinado o por tiempo fijo y tampoco demostró la culminación de los trabajos para los cuales fueron contratados los trabajadores, lo anterior encuentra su fundamento en los siguientes artículos:

Artículo 35: Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o por tiempo determinado o tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado.

Artículo 37: El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes

El INEGI no demostró la naturaleza de la contratación y por esta razón fue condenado en los juicios números 835/98 y 547/98 que se tramitan ante la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en cuyos laudos se estableció que el INEGI no había demostrado la naturaleza de la contratación y por lo tanto se le condenó a otorgar a los trabajadores sus nombramientos con carácter definitivo y el reconocimiento de su antigüedad, sin que hasta este momento el INEGI haya cumplido con el laudo del primer expediente mencionado, ya que esto implicaría reinstalar a los trabajadores.

Los trabajadores adscritos al INEGI no contaron con nombramiento o contrato alguno de los años 1992 a 1998, por lo que se entiende que la relación laboral entre ellos y el instituto es por tiempo indeterminado, por otra parte los programas donde esos trabajadores laboraban continúan vigentes y esta soberanía año con año ha aportado los recursos suficientes para la continuidad de dichos programas, por lo que la materia de trabajo subsiste y no existe razón alguna para el despido de los trabajadores, el titular de dicho instituto ha argumentado disminución de recursos difiriendo según los datos que el propio instituto ha enterado al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, por el contrario el instituto incrementó el número de trabajadores contratados del año 2000 a la fecha.

Por otra parte nada impide que estos trabajadores puedan ser contratados en los diversos programas que realiza el instituto, como lo son los censos, ya que los trabajadores se encuentran capacitados para la realización de éstos y porque el instituto cada año contrata trabajadores eventuales para tales fines dándoles capacitación y sin que requieran de estudios especiales para ello, es por eso que podría otorgárseles su reinstalación para que desempeñen sus labores dentro del Procede y una vez concluido éste en los diversos programas que implementa el instituto y claro debiendo acreditar los trabajadores que son aptos para el desempeño de los trabajos encomendados.

Es de nuestro conocimiento que el titular del instituto ha destinado más de 300 millones de pesos para el pago de finiquitos de diversos ex trabajadores mediante acuerdos conciliatorios, causa extrañeza que existiendo de por medio diversos laudos no se les dé total cumplimiento.

Les informo que la gran mayoría de los trabajadores que fueron liquidados por el titular del INEGI y que desistieron de sus demandas laborales contra este instituto fueron contratados nuevamente por el INEGI para realizar las mismas actividades y dentro del mismo programa donde se desempeñaban.

Es claro que no se puede erogar cantidad alguna que no esté contemplado en el presupuesto de egresos, por lo que las liquidaciones que el instituto entregó en los años 2002, 2003 y las que pretende entregar en este año son ilegales, tal es el caso de la propia Auditoría Superior de la Federación, la cual determinó que estas liquidaciones de trabajadores causan un daño patrimonial al instituto.

Es importante destacar que con base en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del INEGI, no puede ganarle a los trabajadores un solo juicio, ya que éste no demuestra la naturaleza de la contratación de los mismos, no demuestra que la obra para la que fueron contratados los trabajadores concluyó, y si nosotros le hemos entregado año con año los recursos suficientes para continuar con cada uno de los programas donde estos trabajadores se desempeñaban no existe, pues, razón alguna ni justificación para que el titular INEGI haya ganado un juicio contra de los trabajadores.

Es momento de hacer justicia a los trabajadores del INEGI y dar cumplimiento cabal a las resoluciones dictadas por los órganos impartidores de justicia.

Es la hora del estado de derecho.

Es la hora de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración los siguientes

Proposición con Punto de Acuerdo

de obvia y urgente resolución

Primero: Para que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reasigne recursos económicos suficientes en las partidas presupuestales correspondientes para dar cumplimiento cabal a los laudos números 835/98, 547/98, 886/99, 1376/2000, 3431/2001 y 4009/2001 emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los que condenó al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) al otorgamiento sea de contrato por tiempo indefinido o nombramientos de base, así como al pago de diversas prestaciones laborales.

Segundo: Para que también se reasignen recursos económicos suficientes para permitirle al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de estar en posibilidades económicas para llegar a acuerdos conciliatorios con los más de 1,800 trabajadores en todo el país que demandaron al INEGI por diversas prestaciones laborales y despidos injustificados, mismos que conforman la Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI.

Palacio Legislativo a, 29 de noviembre de 2005.

Diputados: David Hernández Pérez (rúbrica), Ivonne A. Ortega Pacheco (rúbrica).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A APROBAR LAS REFORMAS ENERGÉTICAS PENDIENTES; Y AL EJECUTIVO FEDERAL, A ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN LOGRAR CON LA MAYOR BREVEDAD UN PRECIO EQUILIBRADO DEL GAS NATURAL PARA CONSUMO INDUSTRIAL, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe diputado federal Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

El INEGI en su informe del tercer trimestre de este año dio a conocer que el sector industrial prácticamente no creció, que la generación de electricidad y gas presentan un rezago al igual que en las manufacturas que sólo aumentaron 0.2% en comparación con igual lapso de 2004. Este sector el de la transformación industrial es el que mayor atraso presenta con respecto al de toda la economía nacional.

De acuerdo al informe citado los sectores de servicios y agropecuario sí han crecido de manera destacada en este mismo periodo, inclusive por tasas arriba de 5% lo que representa dinamismo en áreas estratégicas para nuestro país pero también un peligroso desequilibrio para nuestro futuro económico con graves repercusiones sociales.

Estamos perdiendo empleos, competitividad y fortaleza en un área fundamental para nuestro desarrollo económico.

La cifras anteriores señalan la evidencia de que las empresas mexicanas no pueden competir internacionalmente, ni mantener los empleos existentes y, mucho menos, generar nuevas fuentes de trabajo, cuando los insumos básicos que utilizan resultan hasta ocho veces más caros que en el resto del mundo.

En este sentido, considerando el precio del gas natural y de la electricidad, actualmente México es el país más caro para fabricar acero, cemento y vidrio, entre otros productos, de cuyas industrias dependen más de un millón y medio de trabajadores.

Hace apenas 3 años el precio aproximado del gas natural para consumo industrial era de 2 dólares por millón de BTU, sin embargo en estos últimos años el precio que por el gas pagamos los mexicanos se ha incrementado desproporcionadamente.

Además del incremento en los precios del gas natural, en estos últimos meses este sufrió un aceleradísimo aumento debido a la destrucción que el huracán Katrina provocó en las costas de los estados de Louisiana y Texas, en la Unión Americana, que son los principales abastecedores del mercado estadounidense.

Mientras en muchos países con producciones de gas muy inferiores a la de México, su precio continúa siendo de 2 dólares por unidad de medida, aquí lo pagamos hasta siete veces más caro.

Para la industria del hierro y del acero la inversión en gas natural y en electricidad representa más de 50% de sus costos de producción, por lo que su situación difícil en estos últimos años actualmente es de suma gravedad.

Imaginemos lo que representa para cualquier familia que le aumentaran siete veces la renta, obviamente tendría que desalojar el lugar que habita. Y eso es precisamente lo que puede ocurrir si no se actúa rápido.

El Poder Ejecutivo consciente de la situación de emergencia derivado de los fenómenos naturales emitió un decreto el 12 septiembre por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que vende Petróleos Mexicanos considerado como de corto plazo y cuyo objetivo era hacer frente a la emergencia que se presentó.

El objetivo del Presidente de la República fue y es conservar y promover el empleo, por ello el citado decreto debe contemplar que el precio del gas a los consumidores sea en todo tiempo, el menor entre el que se establece en el decreto y el de mercado.

Por otro lado, el Ejecutivo federal presentó recientemente una serie de medidas que pretenden mitigar parcialmente los efectos ocasionados por los altos precios de los energéticos. Dentro de estas medidas destacan la reducción al mínimo posible del precio del gas natural, hasta en tanto no se haya restablecido a la normalidad la producción de este energético en la zona sur de los Estados Unidos de América y la implantación de un programa de apoyos en materia energética para las micro, pequeñas y medianas empresas, que no tienen acceso a los medios necesarios para reducir el impacto de los altos costos de los energéticos.

Además, la fijación del precio del gas natural en México está referenciado al precio que se registra en la zona sur de los Estados Unidos, que por cierto es el principal sitio de importación de dicho energético al país, ya que el país importa cerca de 20 por ciento de la demanda nacional de gas natural, y de no llevarse a cabo las reformas necesarias, este porcentaje se duplicará en los próximos 10 años.

Por lo tanto, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo deben ser corresponsables al respecto de los problemas que ha ocasionado para la industria energética los altos precios del gas natural. El Congreso debe aprobar a la brevedad una reforma energética que fortalezca al sector en el mediano y largo plazo, y el Ejecutivo debe tomar medidas más efectivas para que en el corto plazo se equilibre el precio del gas natural.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Congreso de la Unión a aprobar las reformas energéticas pendientes, con el fin de lograr una mayor autosuficiencia energética.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a establecer mecanismos que permitan a la brevedad lograr un precio equilibrado del gas natural para consumo industrial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 6 días del mes de diciembre de 2005.

Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE INTEGRE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, A CARGO DEL DIPUTADO SANTIAGO CORTÉS SANDOVAL Y SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

El suscrito diputado federal Santiago Cortés Sandoval, a nombre de diputadas y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios a la LIX legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo para solicitar la integración de una comisión de investigación para que realice una exhaustiva revisión al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, estableció las nuevas atribuciones del organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A once años de vigencia del organigrama y atribuciones que fue dotado esta importante institución, las autoridades dependientes del actual Poder Ejecutivo Federal ha demostrado una supremacía en la política interna de burocratización e ineficiencia en el servicio público que está obligado a prestar a la ciudadanía.

Es de explorado derecho que la coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, con instituciones públicas como privadas, nacionales y extranjeras con el objeto de fomentar la protección de sus derechos de propiedad industrial, de transferencia de tecnología, registro de inventos, así como patentes debe estar fincada en bases de transparencia, ética e imparcialidad que desde finales del sexenio del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, no se ha podido remontar su actividad en nuestro país, debido a la importante crisis en que las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial han venido hundiendo al desarrollo de la actividad intelectual e inventiva de nuestros inventores mexicanos.

Los casos ilustran que los inventores mexicanos no tienen la garantía frente a las autoridades responsables de que protegerán sus obras y conocimientos, ejemplos de ello se demuestran en el Informe de Resultados del la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, dictado por la Auditoría Especial de Desempeño practicada a petición de la Asociación Nacional de Inventores Industriales e Innovadores, AC, presentado ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

De dicho documento se desprende la relatoría de los informes de la cuenta pública correspondientes a los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, en los que es ineludible resaltar las citas textuales de los resultados obtenidos de la revisión, consistentes en las 53,799 resoluciones que en materia de marcas, avisos y publicaciones, de nombres comerciales emitió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, suma que se traduce en 1,352 acuerdos menos de las 55,131 que fueron informadas en la cuenta pública, toda vez que se duplicaron 232 reportes de expedientes resueltos y que 1,120 de ellos corresponden a procesos intermedios no concluidos, que de ningún modo debieron incluirse en el Informe de la Cuenta Pública.

En el caso del trámite de título de patente de invención numero 1442, se transgredieron los artículos 57 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, o bien fueron violados los artículos 27 y 30 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que el IMPI redarguyó al promovente de solicitud de un examen a fondo sobre el diseño industrial numero 11463, que su petición no es susceptible de considerarse jurídicamente un diseño industrial sino un modelo de utilidad.

Con lo anterior, se hace constar que es deber de los representantes populares una inmediata revisión sobre el objeto de los resultados arrojados por la citada auditoría, habida cuenta que para el cúmulo de asuntos de la competencia del IMPI las cantidades de irregularidades antes citadas, que se hacen notar de manera enunciativa, más no limitativa, porque los resultados obtenidos muestran una cantidad alarmante de actos de abuso de atribuciones y desconocimiento del contenido de las normas materia de la propiedad industrial y propiedad intelectual, que son las que este Congreso general en su oportunidad emitió en aras de preservar los intereses de los inventores mexicanos, demostrando con estos datos el clima de evidente desinterés por cumplir las obligaciones legales y orgánicas encomendadas a las autoridades del IMPI.

A mayor abundamiento, la Auditoría Superior de la Federación considera que los instrumentos de control y supervisión del IMPI no son los adecuados, ya que los procedimientos para el registro de signos distintivos y patentes de invención no cuentan con los plazos para su resolución, lo cual impide cumplir con los principios de celeridad y eficiencia que legalmente constituyen letra muerta, aquilatando la discrecionalidad en la toma de decisiones para la resolución de los registros de signos distintivos y patentes de invenciones, así como los modelos de utilidad y diseños industriales.

Asimismo, organismos como la Asociación Nacional de Inventores Industriales e Innovadores, AC, preocupados por retomar los principios que deben regir la vida interna del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, han organizado diversos encuentros ante diferentes instancias de esta Cámara de Diputados y el director general de dicha entidad, Jorge Amigo Castañeda, con la finalidad de recopilar el material necesario para reformar las normas materia de su aplicación en virtud del tortuguismo imperante en los procedimientos administrativos de todas las índoles que tiene cautivo al futuro de los inventores, lo anterior como alternativa ante los oídos ignorantes a este reclamo fundado que ha corrompido a esta dependencia.

Por lo anteriormente expuesto sometemos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que con fundamento en el artículo 93 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados unidos mexicanos, el pleno de la cámara de diputados constituya una comisión investigadora del funcionamiento e irregularidades del instituto mexicano de la propiedad industrial.

Segundo. Que el órgano interno de control del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, realice una investigación al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Lic. Jorge Amigo Castañeda, con la finalidad de fincar las responsabilidades que resulten de la misma.

Tercero. Que la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe de Resultados del la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, ejecute las acciones legales correspondientes por las irregularidades cometidas por los servidores públicos involucrados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 6 días del mes de diciembre de 2005.

Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez, Rocío Sánchez Pérez, Jorge Martínez Ramos, Ana Lilia Guillén Quiroz, Juan Pérez Medina, Francisco Mora Ciprés, Margarito Fierros Tano, Reynaldo Francisco Valdés Manzo, Pascual Sigala Páez, Abraham Bagdadi Estrella, Miguel Alonso Raya, Jorge Legorreta Ordorica, Israel Tentory García, José Luis Medina Lizalde, Jesús Zúñiga Romero, Marbella Casanova Calam, Rosario Herrera Ascencio, Elpidio Tovar de la Cruz, Joel Padilla Peña, José Luis Naranjo y Quintana, Inelvo Moreno Álvarez, Sergio Magaña Martínez, Dolores Padierna Luna, Rafael Flores Mendoza, Juan José García Ochoa, Alfonso Ramírez Cuéllar, Inti Muñoz Santini, Carlos Silva Valdés, Pablo Franco Hernández, Marcelo Herrera Herbert, Mario Moreno Arcos, David Ferreyra Martínez, Cruz López Aguilar, Óscar Martín Ramos Salinas, Alfonso Nava Díaz, Arturo Robles Aguilar, Gustavo Moreno Ramos, Pablo Anaya Rivera, Gerardo Montenegro Ibarra, Salvador Martínez Della Rocca, Rosa María Avilés Nájera, Adrián Chávez Ruiz, Marcela Lagarde y de los Ríos, Rafael Candelas Salinas, Víctor Suárez Carrera, Francisco Chavarría Valdeolivar, Emilio Serrano Jiménez, Santiago Cortés Sandoval, Juan García Costilla, José Luis Cabrera Padilla, Marcos Álvarez Pérez, Cristina Portillo Ayala, Horacio Duarte Olivares, Gelacio Montiel Fuentes, Eduardo Espinoza Pérez, Marcela González Salas y Petricioli, Irma Sinforina Figueroa Romero, Iván García Solís, Josefina Cota Cota, Minerva Hernández Ramos, Omar Ortega Álvarez, Gerardo Ulloa Pérez, Jazmín Zepeda Burgos, Pablo Gómez Álvarez, Angélica de la Peña Gómez, Édgar Torres Baltazar, Bernardino Ramos Iturbide, Agustín Rodríguez Fuentes, Javier Manzano Salazar, Yadira Serrano Crespo, Beatriz Mojica Morga, Elba Garfias Maldonado, Rafael García Tinajero Pérez, Alfonso Rodríguez Ochoa, Federico Barbosa Gutiérrez, Lázaro Arias Martínez, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Fermín Trujillo Fuentes, María del Carmen Izaguirre Francos, Martín Remigio Vidaña Pérez, Antonio Astiazarán Gutiérrez, Humberto Filizola Haces, José López Medina, Abdallán Guzmán Cruz, Sergio Chávez Dávalos, Juan Antonio Gordillo Reyes, María Guadalupe Morales Rubio, María Angélica Díaz del Campo, Susana Manzanares Córdova, Emiliano Ramos Hernández, Emilio Zebadúa González, Eliana García Laguna, Valentín González Bautista, Dolores Gutiérrez Zurita, Javier Obregón Espinoza, Martha Lucía Mícher Camarena, Enrique Torres Cuadros, Antonio Mejía Haro, César Antonio Chávez castillo, Francisco Javier Carrillo Soberón, Tomás Cruz Martínez, Isidoro Ruiz Argaiz, José Agustín Ortiz Pinchetti, Guillermo Huízar Carranza, Marcos Morales Torres, Gonzalo Guízar Valladares, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Miguel Amezcua Alejo, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Roberto Pedraza Martínez, Gustavo Zanatta Gasperín, Aldo Mauricio Martínez Hernández, Álvaro Burgos Barrera, José Guzmán Santos, Alejandro Saldaña Villaseñor, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Julián Nazar Morales, Morco Antonio Cortés Mendoza, Paulino Canul Pacab, Mario Zepahua Valencia, Nancy Cárdenas Sánchez, Daniel Ordóñez Hernández, Clara Marina Brugada Molina, Miguel Luna Hernández, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Arturo Nahle García, Horacio Martínez Meza, René Arce Islas, Francisco Monárrez Rincón, Rosalina Mazari Espín, Fernando Ulises Adame de León (rúbricas).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE RELACIONES EXTERIORES QUE DICTAMINEN LA POSIBILIDAD DE QUE EL EJECUTIVO FEDERAL FINANCIE MEDIANTE LA SHCP LA FACTURA PETROLERA DEL ACUERDO DE SAN JOSÉ POR 50 MILLONES DE DÓLARES, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO ROBLES AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Desde su creación, el 3 de agosto de 1980 en San José, Costa Rica, el Acuerdo de San José ha servido por más de 2 décadas como un instrumento único en su género, al ofrecer el suministro de hidrocarburos y al establecer un mecanismo de cooperación que promueve el desarrollo social y económico de los países participantes.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, firmaron el 3 de agosto de 2005 de manera simultánea en México y Venezuela, la Declaración Conjunta que prorroga por XXV ocasión el Programa de Cooperación Energética para países de Centro América y el Caribe, el cuál se mantendrá vigente por un año a partir de esa fecha.

Por vigésimo quinto año consecutivo, en la Declaración Conjunta se renueva la disposición de México y Venezuela de suministrar conjuntamente 160 mil barriles diarios, 80 mil barriles diarios cada uno, de petróleo crudo y/o productos refinados a Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Por las compras de petróleo y petrolíferos, los países adherentes al Acuerdo de San José tiene acceso a financiamientos, en condiciones especiales, por el 20% de la factura petrolera.

Asimismo, México y Venezuela deciden continuar impulsando acciones bajo un esquema de cooperación para identificar, evaluar y cofinanciar proyectos en Centroamérica y el Caribe, con el propósito de generar un mayor aprovechamiento del esquema financiero del Acuerdo.

Los mecanismos financieros establecidos cumplen una función de cooperación con los países receptores, al apoyar la participación de empresas locales del país prestatario y/o la confirmación de consorcios mexicanos-país receptor, al posibilitar el financiamiento de una parte del gasto local, así como por sus términos y condiciones financieras, por lo que en este sentido, de los mecanismos financieros establecidos por el Gobierno de México, indiscutiblemente el Acuerdo de San José constituye el instrumento de cooperación por excelencia.

En cuanto a la factura petrolera se refiere, informes recientes sobre las estadísticas del sector energía emitido por la sede subregional de la Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal) muestran que el impacto del alza de los precios de los carburantes en las economías de la región centroamericana, cada vez es más fuerte. Sin embargo, el efecto en cada uno de los países es diferente, ya que mientras los precios promedio anual al consumidor final en gasolinas regular y súper fueron menores en Panamá, Costa Rica y Honduras tuvieron, respectivamente, los precios mayores; con respecto al diesel, nuevamente correspondió a Panamá el precio promedio anual menor y a Honduras el mayor.

En lo que a suministros de crudos y derivados a la subregión atañe, Venezuela continuó siendo el principal proveedor con un 43.2%, le sigue Estados Unidos con un 16.5%, Ecuador con un 6% y Chile con un 4.6%. Los cuatro primeros abastecedores representaron el 70% de las ventas totales de los países centroamericanos.

De manera alterna, al Acuerdo de San José, a partir del mes de junio de 2005, Venezuela lanzó una nueva alianza regional con los países caribeños a través del acuerdo denominado Petrocaribe, el cual permitirá a los países miembros comprar más barato el petróleo de esta nación sudamericana.

El petróleo se entregará con financiamiento de parte de la factura en términos muy blandos: 15 años de plazo más dos de gracia y con una tasa de interés de sólo 2% anual.

La porción que recibirá el financiamiento blando estará en una escala que comprende 5% de la factura, si el precio del petróleo está sobre los 15 dólares por barril; 15% si el crudo está sobre los 22 dólares; 30% si pasa de 40 dólares y 40% si supera los 40 dólares de barril de 159 litros. En la hipótesis de que el petróleo pase de 100 dólares por barril, entonces se financiará la mitad de la factura y en vez de 17 años se concederán hasta 25 para pagarlo.

Por añadidura, los pagos de la porción de contado, que en el mercado internacional son a 30 días, podrán efectuarse hasta en tres meses, y Venezuela estudiará aceptar como parte de pago, bienes o servicios producidos por los países beneficiarios de la alianza.

Si aunado a lo anterior consideramos los más recientes sucesos relacionados con la política exterior mexicana en América Latina, en donde de manera muy particular con la República Bolivariana de Venezuela se han presentado enfrentamientos por posturas radicales en materia económica que llevaron al extremo del retiro de sus respectivos embajadores en días muy recientes, habremos de constatar que de nueva cuenta el liderazgo de nuestro país en el área ha sufrido un deterioro, todavía no cuantificable, pero deterioro al fin, que en términos del Acuerdo de San José particularmente pudiera traducirse en un riesgo de pérdidas de liderazgo ante las condiciones muy ventajosas que Venezuela ofrece a través de Petrocaribe y que eventualmente pudiera aplicar unilateralmente a los países miembros del Acuerdo de San José una vez fenecida la prórroga del presente año.

Con base en lo anterior, propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Relaciones Exteriores para que dictaminen la posibilidad de que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, financie la factura petrolera hasta por 50 millones de dólares del Acuerdo de San José.

Dada en San Lázaro el 6 de diciembre de 2005.

Dip. Arturo Robles Aguilar (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE AUDITE ALGUNOS MUNICIPIOS DE GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL PASTA MUÑUZURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Cámara Diputados una proposición con punto de acuerdo de Urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Por el derecho que me corresponde de hablar por Guerrero, el estado del Sur, rico en patria, en naturaleza, en historia, donde la pobreza duele más, los ciudadanos quieren conocer la verdad, por ello demandan.

El presente punto de acuerdo, es para requerir a la Auditoría Superior de la Federación, a su titular el C.P. Arturo González de Aragón, AUDITE, en Guerrero, el ejercicio fiscal del año próximo pasado, así como lo que va del presente, correspondiente al 2005, determine el denominado Ramo general 33, correspondiente a las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, se requiere revisión urgente puntual y transparente en los rubros de educación privada y pública, salud y desarrollo social, a los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ajuchitlan del Progreso y Tecoapana.

Esta Auditoría tendrá por objeto fiscalizar, verificar la distribución, administración ejercicio y destino de los recursos federales asignados al estado, para el ejercicio fiscal 2004, y lo que va del presente, por ello es deber y facultad de la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus facultades realice la inspección y vigilancia de los recursos federales ejercidos en el estado.

Esto tiene un origen sencillo, hay muchas dudas en el aire para el pueblo de Guerrero, queremos saber, en qué y para qué se gastó el dinero, queremos constancia, certeza de los recursos asignados a nuestra entidad, obra por obra, gestión por gestión, queremos saber si es real, si existe un expediente técnico completo, de una obra que sea tangible, necesitamos saber la verdad.

Vivimos en un Guerrero, donde hay para laboral en el sector salud, en toda la entidad, por más de aproximadamente ocho mil trabajadores, argumentando irregularidades en recursos humanos de ese sector, causando daños graves en la asistencia social, en un Guerrero donde se defrauda a mil quinientos jóvenes de escuelas privadas por no tener reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública, donde se señala al ex secretario de Educación local, "cómplice" por avalar estudios ilegales y consentir el funcionamiento irregular.

Por todo esto y más es urgente se realice una auditoría integral en Guerrero, por lo que corresponde al ejercicio fiscal del año próximo pasado, así como lo que va del presente, correspondiente al 2005, determine el denominado Ramo general 33, correspondiente a las aportaciones federales para entidades federativas y municipios.

Por lo expuesto y con apoyo en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, tenga a bien de auditar a los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ajuchitlan del Progreso y Tecoapana, el ejercicio fiscal del año próximo pasado, así como lo que va del presente, correspondiente al 2005, determine el denominado Ramo general 33, correspondiente a las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, se require revisión urgente, puntual y transparente en los rubros de Educación Pública, Salud y Desarrollo Social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre 6 de 2005.

Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SCT PARA QUE RESUELVA MEDIANTE EL ÓRGANO DESIGNADO EN EL CASO DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO LAS DEMANDAS INTERPUESTAS POR SUS ACREEDORES, A CARGO DEL DIPUTADO SANTIAGO CORTÉS SANDOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal Santiago Cortés Sandoval, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de General los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ferrocarriles Nacionales de México inicia su desincorporación el 23 de junio de 1997, concluyendo sus operaciones en agosto del 1999, dejando de tener trato directo con los usuarios. Dicha situación provoca la creación de un Fideicomiso, denominado Ferronalesjub 5012-6, con la finalidad de proteger a los ex trabajadores ferrocarrileros durante y después del proceso de dicha desincorporación.

El 27 de diciembre de 2000, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el dictamen del Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), se abroga su Ley Orgánica y se preserva su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de su liquidación, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001.

El 28 de junio de 2001, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, en las que se establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su carácter de Coordinadora de Sector designaría al liquidador a fin de sustituir al Director General del Organismo en Liquidación en todas sus funciones, atribuciones y facultades legales.

A casi cinco años de que fue aprobada la extinción del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México como tal, es imperioso darle impulso y apoyo para que dicha liquidación llegue a buen término, para lo cual es fundamental que las partes involucradas actúen con responsabilidad y apegadas a la legalidad.

En este aspecto, le corresponde a la delegación fiduciaria planear, dirigir y ejecutar acciones para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México a través de la instrumentación de estrategias políticas y procesos que conduzcan de manera eficiente, oportuna y transparente a la consolidación de su patrimonio, dando cumplimiento a las bases que para ese efecto emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como lo establecido en el decreto que lo extingue.

Ahora bien y con toda precisión, el propio decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, prevé en la fracción VI de su artículo segundo, que "el organismo designado como liquidador responsable del proceso atenderá lo relativo a los juicios laborales, civiles, mercantiles y de cualquier otra índole que se encuentren en curso, así como a la resolución de los demás asuntos laborales en trámite".

Responsabilizando incluso al Gobierno Federal subsidiariamente para responder a las obligaciones que se pudieran derivar al término de los mencionados asuntos laborales, civiles, mercantiles y de cualquier índole, por resoluciones judiciales de los tribunales competentes.

Quedando claro con este concepto la intención del legislador, de proteger a los trabajadores y a los acreedores, de la desaparecida empresa Ferrocarriles Nacionales de México, ante la eventualidad de resoluciones a su favor por gran cantidad de demandas en trámite a la fecha de la publicación del decreto, situación que a la fecha no ha sido plenamente cumplida por el fideicomiso liquidador, encontrándose comprensiblemente el descontento generalizado de gran cantidad de afectados por liquidaciones incompletas o retardadas.

Con base a las anteriores consideraciones y después de haber recibido innumerables quejas ante esta soberanía para expresar su desesperación al no encontrar solución por parte de Ferrocarriles Mexicanos, quiero presentar ante ustedes, dichas quejas ciudadanas, que evidencian el incumplimiento del fideicomiso liquidador en la resolución de dichos conflictos según lo manifestado por los interesados.

La presentación de este punto de acuerdo se funda y motiva en la legitimidad del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y en los derechos de los ciudadanos que han sido vulnerados por las autoridades responsables que no han cumplido con las bases ya mencionadas para la liquidación de los trabajadores de Ferrocarriles Mexicanos.

Las voces de varias empresas constructoras como la denominada Consorcio Constructor refuerzan el presente punto de acuerdo que acudió ante esta representación, con los documentos que sustentan su dicho, para solicitar a este poder legislativo que intervenga dentro del ámbito de su competencia para señalar las irregularidades de las cuales fueron y son víctimas por parte de el organismo encargado de la liquidación de las deudas que Ferrocarriles Nacionales de México contrajo con ellos.

En el caso de la empresa mencionada y después de haber analizado la queja recibida el 5 de octubre del presente, por el Comité de Información, Gestoría y Quejas de ésta H. Cámara de Diputados, podemos observar que la demanda por incumplimiento de contrato entablada contra la entidad Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, ha sido una de tantas, que han sufrido una evidente dilación derivada de una estrategia a seguir por parte de dicho organismo público descentralizado obstaculizando al dicho de las empresas, el procedimiento judicial y pretendiendo posponer las ejecutorias correspondientes para transmitir la deuda a la próxima administración del Ejecutivo federal, incrementándose de manera sorprendente los intereses sobre los adeudos, dinero que de haberse pagado cabalmente representaría un gran ahorro para la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Como ciudadanos y legisladores tenemos el compromiso de exigir transparencia en el actuar de las autoridades cuando estas últimas atentan de manera directa a los intereses de nuestros representados y ponen en evidencia la duda generalizada en el sector, sobre si ésta dilación en los procedimientos de liquidación corresponde a una campaña deliberada y encubierta para afectar a los empresarios mexicanos.

Dado que los problemas que enfrenta dicho organismo descentralizado fueron una preocupación central en el Poder Legislativo, al momento de la aprobación del decreto de extinción por ser responsabilidad nuestra, las inquietudes de nuestros representados, y de acuerdo con todo lo expuesto y fundado me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.-. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en consecuencia al liquidador designado en el caso de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación a fin de resolver conforme a derecho las demandas interpuestas por sus acreedores y las que se encuentran en proceso.

Dado en el Salón de Sesiones, a 6 de diciembre de 2005.

Dip. Santiago Cortés Sandoval (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER PARA 2006, MEDIANTE LA SEP, LA REALIZACIÓN DE ACTOS CÍVICOS CONMEMORATIVOS DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, A CARGO DEL DIPUTADO JACOBO SÁNCHEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscribimos, diputados Jacobo Sánchez López, Huberto Aldaz Hernández, José Luis Naranjo y Quintana, Javier Orozco Gómez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos y Jesús Emilio Martínez Álvarez, integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez García, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo: por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, se promueva para 2006 la realización de actos cívicos conmemorativos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior, con base en las siguientes

Consideraciones

Benito Pablo Juárez García, nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, un pequeño Pueblo de la étnica zapoteca, a los tres años de edad quedó huérfano, junto con sus hermanas María Josefa, Rosa y María, quedando a cargo de sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, hasta que mueren dos años después y queda con su tío Bernardino a quien ayuda en el cuidado del rebaño de ovejas.

El 17 de diciembre, de 1818 llegó a la Ciudad de Oaxaca, a la casa del Sr. Antonio Maza, un comerciante de origen italiano, donde su hermana María Josefa trabajaba de cocinera, tres semana después conoció al fraile Antonio Salanueva, con quien empezó a trabajar y le prometió enviarlo a la escuela para aprender a leer y a escribir, patrocinándole sus estudios en el seminario, lugar que ingreso a los quince años, el 18 de octubre de 1821.

En 1825 terminó los cursos de gramática latina, dos años después los de filosofía escolástica y en 1828 los de teología moral. Ya a punto de ordenarse sacerdote se inscribió en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, para estudiar la carrera de jurisprudencia, donde en 1834 recibió el titulo de abogado, durante los años de su carrera profesional conoció a los hombres más destacados del Partido Liberal y masones de logias yorkinas.

Juárez formaba parte del grupo liberal cuyo mentor era Miguel Méndez, otro indígena zapoteco de la sierra, lo que le permitió ser electo regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca en 1831, lo que le permitió integrarse de lleno a la actividad política, lo cual hizo que en 1833 fuera Diputado a la Legislatura Local, donde logró que el Congreso decretara honras fúnebres a la memoria de Vicente Guerrero, quien había sido fusilado dos años antes en Cuilapan.

En 1834 fue nombrado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, donde defendió a los habitantes de los Loxichas, frente a los abusos del párroco. En 1836 estuvo en prisión algunos meses por creerlo implicado en un levantamiento que fracaso en aquel año para derrocar a los conservadores.

En 1841 fue juez civil y de Hacienda, en 1844 fue secretario de Gobierno de su estado, durante la administración centralista del General Antonio de León, renunciando a su puesto cuando se trató de consignar a quines se negaban a pagar los diezmos a la Iglesia, poco después ocupó el lugar de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, hasta fines de 1845.

En 1846 al perder el poder los conservadores compartió el Gobierno del Estado de Oaxaca, con Luis Fernández del Campo y José Simeón Arteaga; de 1846 a 1847 participo en el Congreso Federal que decretó hipotecada los bienes eclesiásticos para financiar la guerra contra los Estados Unidos.

En 1847 fue nombrado Gobernador interino, y poco después fue electo Gobernador Constitucional de Oaxaca, por un período de cuatro años. En ese lapso impidió que Santa Anna, en su huida hacia el sur, penetrara a territorio oaxaqueño más allá de Teotitlán del Camino, al finalizar este mandato volvió a su trabajo como abogado y ocupo la rectoría del Instituto de Ciencias y Artes.

El 25 de mayo de 1853, Santa Anna en la Presidencia por décima y última vez, decretó el destierro de Juárez, tras estos acontecimientos. El 12 de enero de 1858 Juárez emprende el viaje hacia Querétaro y luego a Guanajuato, donde declara establecido su Gobierno, reconocido como Presidente de México por los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca. Inició así la Guerra de Reforma, entre los conservadores y liberales. Por la ofensiva conservadora en Salamanca Guanajuato, Juárez se retira a Guadalajara el 15 de febrero, en donde está a punto de ser asesinado, lo que logra impedir Guillermo Prieto, al ponerlo a sus espaldas, abrir los brazos en cruz y gritar fuertemente: ¡Levanten esas armas!... ¡Los valientes no asesinan!... ¿¡Quieren sangre!?... ¡Bébanse la mía!... impresionados, los soldados bajaron los fusiles y se retiraron.

La figura de Juárez representa más que una rememoración histórica. Alrededor de este ilustre mexicano se conjuntaron tanto el pueblo como lo más preciado de la poderosa corriente liberal que definió el siglo XIX y que modeló la Constitución de 1857, así como la de 1917. Juárez es el caso de un gobernante con verdadera visión de Estado, que convocó a la Pléyada de ilustres reformadores de dicha época, como Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamirano, entre otros, afianzando los valores de la independencia, la preeminencia del derecho, la laicidad del Estado, las libertades fundamentales de expresión, pensamiento y asociación, que definen la naturaleza ciudadana y humanista del Estado de derecho mexicano.

La herencia de Juárez y la corriente social que encabezó subsiste hasta nuestros días, en virtud de que, a pesar de la larga duración de la dictadura porfirista, persistió en el pueblo mexicano la convicción en las libertades fundamentales del ser humano.

Difícilmente habrían de imaginar los miembros del club de los científicos con los que gobernó Porfirio Díaz el país, que su enfoque empírico y positivista, importado de su educación en las universidades francesas, habría de estimular la denuncia permanente sobre las desigualdades condiciones sociales existentes, caracterizadas por la exclusión y pobreza de la mayor parte de la población, ajena a las grandes del porfiriato.

La denuncia como herramienta de lucha política y los primeros programas de las facciones que animaron a la Revolución Mexicana, centradas en reivindicaciones de tipo político, principalmente el derecho a ejercer el sufragio con total libertad y respeto, evolucionó a un amalgamiento con exigencias de carácter social, que dieron nacimiento a la ideología liberal-social que determinaba la Constitución de 1917 y que explicaba magistralmente otro mexicano universal, Don Jesús Reyes Heroles, en subasta obra sobre el liberalismo mexicano.

Por lo anterior, consideramos que Juárez es enseñanza continua de la identidad y los valores nacionales que nos caracterizan como mexicanos. Principios que requieren evocarse continuamente y que un acontecimiento como el bicentenario del natalicio del Benemérito debe permitir la unión de esfuerzos de todas las instituciones para reafirmar este legado, que permita consolidar nuestro Estado de derecho.

Aunado a ello, es menester reconocer que la época de la vida más favorable para el aprendizaje de los valores patrios es la que se desarrolla en los períodos de formación escolar. Ante ello, es necesario que los alumnos del sistema educativo nacional, conozcan estas fechas y participen en actividades que les permitan reflexionar y revalorar sus historia, para asumir con el tiempo el ejercicio de una ciudadanía fundada en el respeto a los demás, en el aprecio por la legalidad y en el orgullo de reconocerse como mexicanos, integrantes de una patria grande y generosa.

Por estas consideraciones, la siguiente proposición con punto de acuerdo, exhorta a que el Poder Ejecutivo realice la conmemoración del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, con eventos específicos en cada uno de los niveles de educación, desde la primaria, hasta la de nivel superior, por lo que nos permitimos hacer la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública se promueva para 2006 la realización de actos cívicos conmemorativos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los seis días de diciembre de dos mil cinco.

Por la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez García

Diputados: Jacobo Sánchez López (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL A REALIZAR LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN, ILUMINACIÓN, PINTURA Y LIMPIEZA DE BUSTOS, MURALES, HEMICICLOS Y ESTATUAS DE DON BENITO JUÁREZ QUE SE ENCUENTREN EN LUGARES PÚBLICOS, A CARGO DEL DIPUTADO JACOBO SÁNCHEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscribimos, diputados Jacobo Sánchez López, Huberto Aldaz Hernández, José Luis Naranjo y Quintana, Javier Orozco Gómez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos y Jesús Emilio Martínez Álvarez, integrantes de la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal en todo el territorio nacional, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen los trabajos de restauración, iluminación, pintura y limpieza de los bustos, murales, hemiciclos, monumentos y estatuas de don Benito Juárez García, que se encuentren en lugares públicos, con el fin de dar mayor realce a los festejos del año 2006 para honrar su memoria con motivo del bicentenario de su natalicio, en base a las siguientes

Consideraciones

El 21 de marzo de 1806 nació en el pueblo de San Pablo Guelatao, Benito Pablo Juárez García. Hijo de campesinos muy modestos, Marcelino Juárez y Brígida García, quedando huérfano a los tres años de edad, durante gran parte de su niñez habló solamente zapoteco.

Con una vida llena de carencias a muy temprana edad se traslado a vivir con su hermana Josefa, quien servía en la casa de don Antonio Maza. Benito Juárez, pocos días después que llegara a la casa de don Antonio Maza, en la ciudad de Oaxaca, conoció a don Antonio Salanueva, hombre culto, generoso, de sólida formación religiosa y gran amigo de la familia Maza. De inmediato, el bondadoso hombre sintió gran simpatía por el indígena zapoteco, por la inteligencia que irradiaba a través de su discreta presencia.

Fue regidor del ayuntamiento de Oaxaca en 1831 y diputado local en 1833. Como gobernador de su estado natal en 1847, procuró el equilibrio económico y ejecutó obras públicas: caminos, reconstrucción del palacio de gobierno, fundación de escuelas normales; levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad de Oaxaca; reorganizó la Guardia Nacional y dejo excedentes en las arcas del tesoro.

En 1854, cuando compartió las amarguras del exilio con otros compatriotas en Nueva Orleáns, EE.UU., en México el General Juan Álvarez proclama el Plan de Ayutla en contra del dictador Antonio López de Santa Anna. Juárez regresó clandestinamente al país para ponerse a las órdenes del rebelde guerrerense.

Al caer Santa Anna y Llegar Juan Álvarez a la Presidencia, nombro a Juárez ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1855, desde este ministerio, expidió la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios (Ley Juárez), con la que fueron abolidos los fueros, privilegios que tenían los militares y el clero por encima de otras personas.

Promulgó en el estado de Oaxaca la Constitución de 1857, se le nombró ministro de Gobernación en 1857 y posteriormente fue elegido Presidente de la Suprema Corte de Justicia, durante el Gobierno del Presidente Comonfort. Al desconocer Comonfort la Constitución de 1857, y dar un golpe de Estado, encarcelo a diversos ciudadanos, entre ellos a Juárez. Este acto de Comonfort desencadenó la Guerra de Reforma.

Al ser liberado el 11 de enero de 1858, asumió la Presidencia en Guanajuato por ministerio de ley. En julio de 1859, con apoyo del grupo liberal, expidió las Leyes de Reforma, que declaraban la independencia del estado respecto de la Iglesia, las Ley sobre Matrimonio Civil y sobre Registro Civil; la de Panteones y Cementerios, y el paso de bienes de la Iglesia a la nación.

Al concluir la Guerra de Reforma con el triunfo de los liberales, fue electo constitucionalmente para continuar en la Presidencia el 15 de junio de 1861, debido a la intervención francesa, en mayo de 1863 tuvo que dejar la ciudad de México, ejerciendo su Gobierno desde diferentes puntos del país. Regresó a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, después de que Maximiliano fue juzgado y fusilado.

Por su defensa de las libertades humanas, defensa que sirvió de ejemplo a otros países latinoamericanos, fue proclamado Benemérito de las Américas.

Al triunfo de la República, dijo en un célebre discurso: "Mexicanos: encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

"Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación que sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo".

En 1871 fue reelecto por última vez como presidente, y murió el 18 de julio de 1872.

Nunca como ahora la historia nos reclama recuperar el pensamiento liberal y defender las instituciones que hicieron posible la formación del Estado nacional.

Por ello, la conmemoración de este Bicentenario además de ser un acto de justicia, pretende reafirmar y dar vigencia a su legado de patriotismo, libertad y lucha permanente por el desarrollo y la justicia, especialmente para los pueblos y comunidades indígenas.

El bicentenario señalado, resulta singular y es una oportunidad para reforzar el orgullo de todos los mexicanos por la difícil, pero estimulante tarea de construir una Nación soberana, fundada en los principios liberales y sociales que caracterizan a nuestro Estado de derecho. Por lo tanto, los monumentos que existen en todo el país para recordar al Benemérito requieren una atención especial en esta época, ya que muchos se encuentran en algún nivel de abandono y su conservación y mantenimiento representaría el respeto que todos sentimos por esta egregia figura del pasado, brújula del presente y faro del porvenir venturoso para México.

Por lo antes expuesto y considerando que el 21 de marzo de 2006 se cumplen doscientos años del natalicio de don Benito Juárez García, por lo que en un afán de rendir homenaje a este insigne personaje, se propone a esta honorable asamblea, la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal en todo el territorio nacional, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen los trabajos de restauración, iluminación, pintura y limpieza de los bustos, murales, hemiciclos, monumentos y estatuas de don Benito Juárez García que se encuentren en lugares públicos, con el fin de dar mayor realce a los festejos del año 2006 para honrar su memoria con motivo del bicentenario de su natalicio.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los seis días del mes de diciembre del dos mil cinco.

Por la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García

Diputados: Jacobo Sánchez López (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA CONDENA LAS DECLARACIONES VERTIDAS EL PASADO 26 DE OCTUBRE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE IRÁN, SEÑOR MAHMOUD AHMADINEJAD, CONTRA EL PUEBLO Y EL ESTADO DE ISRAEL, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MORALES FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado Jesús Morales Flores, presidente del Grupo de Amistad con el Pueblo de Israel, y demás diputados que suscribimos este documento, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con el siguiente punto de acuerdo

Consideraciones

1. El pasado 26 de octubre de 2005, el Presidente de la República Teocrática de Irán, señor Mahmou Ahmadinejadn, declaró que "Israel fuera borrado del mapa".

2. Un día después, por medio de un comunicado de prensa la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país condenó dichas declaraciones al considerarlas impropias de un Jefe de Estado contrarias a los principios de amistad y cooperación que han de regir la convivencia pacífica entre exacerbar las tensiones en la región de Medio Oriente.

3. La posición de México, ante el exabrupto es congruente con la de la generalidad de estados miembros de la comunidad internacional, ya que es inaceptable la intimidación como medio para dirimir conflictos cuya solución corresponde únicamente al derecho internacional y a los organismos multilaterales al efecto establecido.

4. A la condena pública que han hecho los Jefes del Estado y de Gobierno, se ha unido la de diversos Parlamentos como el Europeo, el que el 17 de noviembre solicitó al Gobierno iraní reconozca al Estado de Israel, su derecho a vivir en paz, su seguridad y a que cumpla con sus obligaciones internacionales; reiterando su compromiso inalterable con el derecho de Israel a una existencia segura en el interior de sus fronteras reconocidas internacionalmente, junto con un Estado palestino independiente y viable.

5. El Parlamento mexicano, concretamente la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no debe permanecer al margen de los acontecimientos señalados ni dejar de fijar una posición contundente y firme al respecto, ya que además de aislarse de sus homólogos, su omisión iría contra los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza, o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, consagradas en nuestra constitución política.

6. En esa virtud, y sin demérito del reconocimiento y reafirmación de los lazos diplomáticos, de amistad y de respeto que nos vinculan en lo particular con el pueblo iraní y en lo general con las comunidades árabe musulmanas, debemos expresar nuestra más enérgica condena a lo declarado por el presidente Ahmud Hmadinejad, puesto que consentir la amenaza implícita en sus declaraciones podría propiciar su cumplimiento en los hechos, a través de la violencia física.

7. Es necesario reprobar esta declaración para no tener que lamentar el hecho callado ante la posibilidad de que en un futuro pudiera pasarse de la palabra agresiva al hecho agresivo.

8. En razón de lo anterior y como un acto de coherencia diplomática que ha distinguido a México con el pueblo judío, sometemos a la consideración de la asamblea de esta Cámara, solicitando se trámite como urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, condena las declaraciones vertidas el pasado 26 de octubre por el Presidente de la República de Irán, señor Mahmoud Ahmadinejad, contra el pueblo y Estado de Israel por ser contrarias a todo principio de armonía y sana convivencia internacional.

Palacio Legislativo, a 1°. de diciembre de 2005.

Diputados: Jesús Morales Flores (rúbrica), Lisandro Campos Córdova (rúbrica), Juan M. Vega Rayet (rúbrica), Aníbal Peralta García (rúbrica), José López Medina (rúbrica).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA QUE SE INTEGRE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, A CARGO DE LA DIPUTADA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Quien suscribe, diputada federal Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitar se integre una Comisión Especial para investigar las irregularidades dentro del Colegio de Bachilleres den Estado de Yucatán, en razón de las siguientes

Considerandos

1. La educación media superior es el punto en el que convergen las decisiones cruciales para el futuro del capital productivo del país, porque es el nivel educativo en el cual las y los jóvenes mexicanos optan por desarrollar sus aptitudes en la vida universitaria o bien en el sector técnico. Se trata de un periodo decisivo para la juventud de nuestro país al que el Estado otorga una importancia tal que ha procurado medios financieros, administrativos y docentes de primera línea para asegurar la adecuada aplicación de sus planes y programas.

Como parte de este interés estatal en la educación media superior, en nuestro país se ofrecen dos modalidades; una de carácter propedéutico y otra bivalente, que permite a quienes la cursan la oportunidad de continuar los estudios en el nivel superior, contando además con un componente de formación profesional para ejercer una especialidad tecnológica.

El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado que depende de la Dirección General de Bachillerato, de la Secretaria de Educación Pública, misma que provee de recursos federales para el sostenimiento de estos centros educativos. Para esos efectos, el presupuesto de estas instituciones se organiza de la siguiente manera: 50% es dotado por el Gobierno Federal, mientras que el restante 50% es pagado por el estatal.

2. En Yucatán, el Colegio de Bachilleres (Cobay) fue creado mediante Decreto 457 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 3 de agosto de 1981.

Según el decreto de creación, el Cobay es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos órganos de gobierno son: la Junta Directiva, el Patronato, el Director General, el Consejo Consultivo de Directores y los Directores de cada uno de los planteles que forman parte del Colegio.

La Junta Directiva está facultada para nombrar a los integrantes del Patronato y al Director General, y éste a los Directores, motivo por el cual el origen de las facultades de estos últimos se encuentra en la Junta.

El decreto de creación del Cobay estipula que los cinco integrantes de la junta son personas de reconocida solvencia moral con antecedentes académicos, nombrados por el Gobernador del Estado, pero este nombramiento, según los artículos 8 y Segundo Transitorio del propio decreto, la forma de nombrar a los integrantes del órgano de gobierno del Colegio cambia, hasta llegar a un punto en el que, anualmente, el Gobernador cambiará a uno de los integrantes, por turno de prelación.

El nombramiento de los integrantes de la Junta reviste la mayor importancia para el Colegio, ya que es ese órgano de gobierno el facultado para designar al Director General e investirlo de poder para representar legalmente a la institución, administrar su patrimonio y nombrar a los directores de los planteles, así como signar los documentos jurídicos expedidos por el Cobay, como los certificados de estudios de los alumnos.

3. No obstante lo anterior, cuando en 2001 Patricio Patrón Laviada asumió la titularidad del Poder Ejecutivo, ordenó por escrito el nombramiento de los cinco nuevos miembros de la Junta Directiva, Juan Enrique Balam Vargues, Carmen Zita Solís Robleda, Silvia Matilde Paredes Guerrero, Fernando Eduardo Medina Ancona y Raúl Burgos Fajardo, y nombró también por escrito al director general de la institución, abogado Arturo Novelo Dorantes, quien procedió al despido masivo de directores de planteles y docentes que no estuvieran identificados con el Partido Acción Nacional, según consta en las páginas de la prensa local.

El Cobay no es una entidad de la administración pública centralizada, motivo por el cual los movimientos realizados por el Ejecutivo, concedamos que por ignorancia del sustento jurídico de sus actos, era a todas luces ilegal, y sus consecuencias, por lo tanto, también eran faltas de legitimidad.

4. Amparados en estos razonamientos, y justificadamente indignados por el maltrato y conculcamiento de garantías individuales de que fueron objeto, los trabajadores arbitraria e ilegalmente despedidos por el espurio director Novelo Dorantes levantaron demandas laborales para exigir el cumplimiento de las garantías que nuestra Constitución les otorga.

La batalla jurídica no fue fácil. Desde el principio, los trabajadores denunciaron dolo y parcialidad por parte de las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que quiso obligarlos a aceptar la competencia del Tribunal para Trabajadores al Servicio del Estado, aun a sabiendas de que no se trata de burócratas porque no pertenecen al Poder Ejecutivo, según criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con posterioridad, a un incidente de falta de personalidad promovido por los trabajadores en contra de las autoridades espurias del Cobay, la Junta Local otorgó la razón al Colegio, en detrimento de los derechos laborales de los ilegalmente despedidos. En este punto internito la justicia federal, ya que los quejosos recurrieron a ella para solicitar amparo, mismo que les fue concedido el 12 de noviembre de 2004 por el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán, en los siguientes términos:

"Se concluye que la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres no fue correctamente nombrada por el actual Gobernador del Estado, pues como ya se vio no estaba facultado para nombrar en un solo acto a todos los miembros de la Junta Directiva, es decir, sólo podía cambiar uno por año, por tanto, si la integración de la actual Junta Directiva es contraria a los lineamientos establecidos en el decreto 457 legislativo, tal órgano de gobierno es ilegal, esto es, la personalidad y representación de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres de Yucatán, que ostentan Juan Enrique Balam Várguez, Carmen Zita Solís Robleda, Silvia Matilde Paredes Guerrero, Fernando Eduardo Medina Ancona y Raúl Jesús Burgos Fajardo, no es legítima, pues no fueron designados conforme al Decreto 457, es decir, carecen de legitimidad para presidir y representar al Colegio de Bachilleres de Yucatán y para nombrar al Director General, en consecuencia, si las personas que se ostentan integrantes del Colegio de Bachilleres no están legalmente designadas y éstas nombraron al Director General Jorge Arturo Novelo Dorantes, éste nombramiento carece de validez porque los sujetos que lo realizaron no tienen tal carácter, esto es, Novelo Dorantes no tiene facultades para administrar o representar al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, y menos para otorgar poderes."

5. A la luz del fallo emitido por la justicia federal en esta demanda de amparo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no tuvo más remedio que emitir laudo a favor de los trabajadores del Cobay, pero hasta mayo de 2005.

Los trabajadores que han presentado demandas contra el Cobay suman unas 50, de las cuales 12 han ganado sus amparos en primera instancia y se han emitido a la fecha únicamente cinco laudos que, sin embargo, han sido impugnados porque no corresponden a la totalidad de las demandas exigidas por los trabajadores.

Tenemos conocimiento de que la autoridad laboral local ha conminado a los trabajadores a aceptar una negociación que implique reducción de las cantidades a recibir y renuncia a su reinstalación, en la mayoría de los casos, debido a que se trata de directores de plantel y la autoridad estatal ha colocado en esos puestos a allegados suyos.

El daño patrimonial al Estado por la negligencia del gobernador y su gabinete al realizar nombramientos ilegales ya asciende a varios millones de pesos, que se seguirán acumulando conforme pase el tiempo sin indemnizar y reinstalar a los valientes trabajadores del Colegio, y conforme vayan siendo ganadas las demás demandas presentadas, en virtud de la falta de personalidad de los espurios representantes del Cobay.

El gobierno estatal, sin embargo, sigue en desacato del fallo de la autoridad judicial federal, por los motivos que expongo a continuación.

6. De acuerdo con los fallos que en materia de amparo ha emitido la justicia federal, la Junta Directiva y el Director General del Colegio de Bachilleres de Yucatán no tienen legitimidad ni facultades para "para administrar o representar" al Colegio, "y menos para otorgar poderes", puesto que sus respectivos nombramientos están fundados en un acto ilegal del gobernador del Estado.

Sin embargo, tanto la Junta Directiva como el director general del Cobay siguen realizando sus funciones, como si nada. Este último sigue administrando los recursos federales y estatales que recibe la institución, sigue nombrando y removiendo directores y personal, sigue firmando documentos oficiales, incluidos los certificados de estudios de miles de egresados, y sigue firmando cheques para realizar erogaciones a nombre del Colegio.

Adicionalmente, existen diversas irregularidades que ponen en riesgo la adecuada organización y el funcionamiento del Cobay en Yucatán. Se dan casos, por ejemplo, como el del Plantel Santa Rosa, en el que los certificados de Estudios los firma el director de otro plantel, el de Xoclán, Ing. Raúl Rubén García Gómez, al parecer porque el titular de Santa Rosa, José Ramírez Loría, carece de cédula profesional.

7. Por estos motivos, compañeras y compañeros diputados, quiero llamar su atención a este asunto que está lesionando el interés público no únicamente por el daño a las garantías individuales de los trabajadores injustamente despedidos, o por las acciones ilegales del gobernador y su gabinete de educación, sino también porque esas ilegalidades siguen realizándose en cada acto de los espurios e ilegítimos Junta Directiva y director general del Cobay.

Miles de alumnos egresan cada año de la institución, y reciben certificados oficiales firmados por una persona que, de conformidad con los fallos de la justicia federal, no tiene las facultades legales para hacerlo.

Decenas de millones de pesos se ejercen en el presupuesto del Colegio, la mitad recursos de origen federal, bajo la administración de personas que la justicia federal ha determinado que no tienen la legitimidad para hacerlo.

Día con día, los integrantes de la Junta Directiva y el Director General del Cobay se ríen de la justicia federal protegidos por el gobernador del Estado, que se niega a reconocer el fallo de los tribunales y persiste en mantener a los espurios funcionarios, lesionando la legalidad de una institución que orgánicamente no depende del Ejecutivo estatal.

Por esas razones, para proteger los intereses públicos del Estado y para evitar que se sigan sucediendo más y más violaciones de los derechos de alumnos, personal docente y administrativo, y malos manejos del erario público por parte de funcionarios espurios, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta Cámara de Diputados integre una comisión especial para investigar las irregularidades en los nombramientos de la Junta Directiva y del Director General del Colegio de Bachilleres de Yucatán, así como los actos que en nombre y representación de la institución realizan dichos espurios funcionarios, en particular los relacionados con el manejo de los recursos federales que anualmente se destinan para la administración del Cobay, según el acuerdo con el gobierno estatal de Yucatán, con la finalidad de determinar la pertinencia de que dichas personas sigan administrando los recursos federales, toda vez que no están legalmente facultados para ello, y realizar las recomendaciones y exhortaciones correspondientes al gobierno de esa entidad federativa.

Segundo. Que el Pleno de la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a realizar un estudio jurídico para determinar la validez de las constancias y certificados de estudios expedidos y firmados por el director general del Colegio de Bachilleres de Yucatán, Jorge Arturo Novelo Dorantes, a la luz de los fallos de la justicia federal en que se concluye que, legalmente, dicha persona no está facultada para actuar en representación del Cobay.

Tercero. Que el Pleno de esta Cámara de Diputados solicite a la Auditoría Superior de la Federación la realización de un estudio para determinar si es correcto o no que las personas que actualmente detentan los cargos de integrante de la Junta Directiva y Director General del Colegio de Bachilleres de Yucatán sigan administrando y disponiendo de los recursos federales que se destinan a esa institución.

Acompaño a esta proposición los siguientes documentos: carta recibida por parte de trabajadores del Colegio de Bachilleres de Yucatán, ilegalmente despedidos; copias del decreto de creación del Colegio de Bachilleres de Yucatán; copias del expediente que se ha seguido en la Junta de Conciliación y Arbitraje de uno de los casos; copias de la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán por el que se declara la ilegitimidad del nombramiento de los integrantes de la Junta Directiva y del Director General del Colegio de Bachilleres de Yucatán, así como copia de un certificado de estudios expedido y firmado por el Director General espurio, Jorge Arturo Novelo Dorantes, en fecha posterior al fallo del Juzgado de Distrito.

Palacio Legislativo, a 6 de diciembre de 2005.

Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS QUE INFORME A LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL ÁREA A SU CARGO, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO NAVA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los diputados federales Alfonso Nava Díaz y Cruz López Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo a fin solicitar que comparezca el director general de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas ante las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, a fin de que informe de la situación actual que guarda la institución a su cargo.

Antecedentes

Conaza se creo en 1970 y su decreto de creación tuvo adiciones y modificaciones posteriores los años 1971 y 1973, el objetivo esta es llevar a cabo la transición para la prosperidad de los habitantes del desierto y semidesierto del país, considerados los mas pobres de los pobres, utilizando la participación social como la piedra angular del desarrollo, transformando las zonas áridas en un lugar de oportunidades, donde la forma de vivir sea digna y con un mejor futuro, conjuntando esfuerzos para revertir la marginación de las comunidades rurales de estas zonas.

La institución ha tenido distintos perfiles y actividades, el año pasado sus programas y actividad se conformaba con el plan acuario, vinculación y transferencia de tecnología y la adición del Piasre (Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas con Siniestralidad Recurrente).

Consideraciones

Este año se cancelo el plan acuario, y el programa de vinculación y transferencia de tecnología opera con muchas limitaciones. En cuanto a Piasre este no responde a una caracterización precisa dentro de la actividad de la entidad y las actividades se dispersan por el país sin contribuir a un objeto institucional definido.

La falta de atención por parte de sus actuales directivos la tienen postrada, y sin ninguna capacidad de respuesta ni posibilidades de plantear un esquema que permita ver las bondades de su existencia en las regiones áridas y semiáridas, en donde además estas zonas son las mas castigadas por la naturaleza en forma permanente, si a esto le agregamos algo que sale fuera de todo lo previsible, es que únicamente se tiene presencia del director general y del director de Administración una vez a la semana, la situación se agrava notoriamente ya que la desorganización en que esta sumida la comisión es altamente notoria.

Sin embargo la situación de desgracia de la comisión no para ahí, ya que el equipo del director esta conformado por gente improvisada, sin el perfil apropiado y con una nula experiencia en la Administración Pública, lo que ha generado que se cometan innumerables errores y la institución se maneje como un asunto particular para favorecer amigos y gente cercana.

El no tener una bien entendida y dirigida línea de acciones que cumpla con el motivo de la creación de la entidad, ha llevado que poco a poco, le estén disminuyendo los programas que la hicieron ser una de las herramientas de apoyo del habitante del semidesierto, ya que los programas de entrega de agua potable a las comunidades mas alejadas se puso en liquidación, y es que no es posible pensar en que no se puedan hacer inversiones para dotar del vital liquido a los núcleos de población que se encuentran distantes de las urbes.

Asimismo se suprimió el programa "apoyos a los habitantes del semidesierto" que tenia un propósito similar a la entrega de agua a los pobladores del altiplano en camiones cisterna, además de la puesta en marcha de proyectos productivos.

Por otro lado el programa de transferencia de tecnología también se encuentra sin posibilidades de inversión, y por si fuera poco el programa Piasre no tuvo solicitud de inversión en el PEF 2006.

Como nos pueden darse cuenta la Conaza viene enfrentando actualmente graves problemas de operación que la ponen en riesgo de que sea liquidada, por falta de justificación aparente para continuar operando, quitando una herramienta mas, a los ya marginados pobladores del las zonas áridas.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La H. Cámara de Diputados cita a comparecer al director general de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza), ing. Felipe Flores Guajardo, ante las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, con el fin de que informe detalladamente la situación actual que guarda la institución a su cargo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2005.

Diputados: Alfonso Nava Díaz, Cruz López Aguilar (rúbricas).