| Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
con proyecto de decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 |
| Fe de erratas al dictamen de Presupuesto de Egresos Parte 1 Parte 2 |
| Votaciones del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 |
| Base
de datos de dictámenes. Permite
búsquedas de acuerdo con la comisión que
presenta, la legislación afectada y el estado del dictamen dentro del proceso legislativo |
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, relativa a la materia objeto del presente que el diputado Renato Sandoval Franco, del grupo parlamentario del PAN, presentó, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Acuerdo
Primero.- Se exhorta a las autoridades competentes a que investiguen los supuestos desvíos de la ayuda de los habitantes de Tijuana a los damnificados por el huracán Stan en Chiapas.
Segundo.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2005.
Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica
p.a.)
Presidente de la Junta de Coordinación Política
y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática
Dip. Emilio Chuayffet Chemor
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. José González Morfín (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado; comuníquese. Diciembre 1 de 2005.)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2005.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Presidente de la Mesa Directiva
Presente
Por este conducto y con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos que la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, que presenta el diputado Jorge Kahwagi Macari, se integrada al orden del día de la sesión del 1 de diciembre de 2005 como de "sólo turno a comisión".
Sin otro particular.
Por la Junta de Coordinación Política
Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
PRD
Presidente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
PRI
Dip. José González Morfín
PAN
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
PVEM
Dip. Alejandro González Yáñez
PT
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica
p.a.)
PC
(Aprobado en votación nominal. Diciembre 1 de 2005.)
Leonardo Álvarez Romo, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
Exposición de Motivos
Una de las principales herramientas para obtener resultados eficientes en cualquier organización, es precisamente la capacitación. Sin embargo en muchas ocasiones, en nuestro país, la capacitación es vista, no como un instrumento de progreso, sino como una obligación en materia legal con la que se debe cumplir para evitar sanciones. Lo cierto es que si se imparte correctamente, la capacitación genera resultados positivos para todas las partes involucradas en el funcionamiento de una institución. Así es, la capacitación es una inversión que se debe realizar si lo que se busca es adaptarse rápidamente a los constantes cambios en el contexto nacional y en el mundial.
Estas transformaciones exigen que las organizaciones cuenten con gente preparada que ayude a resolver problemas y no se convierta en un problema más de la organización.
En la gran mayoría de las organizaciones, ya sean privadas o públicas, existe personal que no desempeña correctamente sus funciones. Lo anterior sucede no sólo con empleados de niveles bajos, sino con los de niveles altos que no han tenido ni la oportunidad ni el tiempo suficiente para dominar sus funciones.
Esta incompetencia afecta directamente la productividad y la rentabilidad de cualquier organización y, en consecuencia, los bienes y servicios que suministra, no tienen la aceptación debida.
Dado lo anterior, es pertinente preguntar: ¿La capacitación genera resultados positivos en cualquier persona? Sí, siempre y cuando la capacitación haya sido bien diseñada; se haya aplicado en un lapso de tiempo razonable e impartido por personal adecuado. La capacitación es una herramienta que se puede utilizar para generar resultados alentadores en todos los niveles. Si es empleada correctamente y existen factores favorables en la organización como los mencionados anteriormente, se puede tener la plena certeza que será una inversión que contribuye al mejoramiento de la organización y sus integrantes.
La capacitación en el ámbito laboral puede ser considerada como una obligación pero también como un derecho. En realidad es una necesidad que beneficia a toda una sociedad en general.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala, en su artículo 40, que es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en el trabajo y realizar investigaciones, prestar asesoría e impartir cursos de capacitación para incrementar la productividad en el trabajo, requerida por los sectores productivos del país.
A su vez, desde el punto de vista legal, la capacitación es una obligación para los empresarios, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, fracción XIII, que dice: Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. No podemos hacer menos nosotros, que bajo nuestra responsabilidad, está el destino del país.
La intención de los legisladores en materia de capacitación y adiestramiento es positiva, ya que ésta permitiría elevar los niveles de productividad y trabajo legislativo.
En pocas palabras, la capacitación debe entenderse además como un proceso continuo y planeado con base en las necesidades actuales de una organización y orientarse hacia la acumulación de conocimientos y habilidades que ayuden al legislador durante su trayectoria, mejorando su desempeño actual de tal manera que pueda asumir sus responsabilidades, lo que le facilitará su desarrollo en la Cámara.
En México, como en muchos países, se requiere un Poder Legislativo cada vez más profesional, que se asuma como parte del gobierno y no sólo como un controlador del Ejecutivo. Para ello necesita condiciones, herramientas, capacitación y que responda más a las demandas sociales que a las agendas partidistas.
La capacitación debe ser un proceso que se inicia con los legisladores de nuevo ingreso. Es indispensable aprovechar su motivación para que puedan adquirir conocimientos y habilidades nuevas, y que conozcan ampliamente el trabajo parlamentario, para que se familiarice con él.
Para que ésta capacitación sea idealmente continua, se debe realizar la tarea de detectar constantemente las necesidades de capacitación que presentan los legisladores salientes. Una vez detectadas las necesidades de capacitación, se procede a iniciar un plan que defina los objetivos a alcanzar con el programa de capacitación para los legisladores entrantes, así como, en su caso, los criterios para la evaluación del desempeño.
Finalmente, se debe llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de estos programas de capacitación para verificar su eficacia.
En la medida que nuestros legisladores avancen en materia de capacitación y de productividad, se reducirán costos en el Congreso y aumentarán las utilidades, ya que se evitará desperdiciar recursos humanos, esfuerzo y tiempo.
Sin lugar a dudas, la capacitación juega un papel fundamental en nuestro Poder Legislativo, un legislador capacitado tiene menos posibilidades de cometer errores, pues sabe de antemano que está haciendo bien su trabajo.
La capacitación de nuestros legisladores debe ser una actividad planeada y programada que se realice de manera obligatoria, antes de iniciar la nueva legislatura, ya que las exigencias actuales así lo requieren. En la medida que los legisladores cuenten con más capacitación, serán más productivos, realizarán su trabajo con calidad y adoptarán una conducta positiva hacia el trabajo, lo cual traerá en consecuencia un mejor desempeño, que redundará en beneficio para sus representados pues ciertamente se elevaría el nivel de la legislatura correspondiente.
Por ser su primera vez como legislador, obviamente no cuenta con las herramientas para desarrollarse dentro del proceso legislativo; en muchas ocasiones desconoce la Ley Orgánica y el Reglamento Interior, no conoce el movimiento de las cámaras, desconoce la estructura administrativa de las mismas y cómo pueden apo-yarse en ellas. Por tanto, se hace necesaria la capacitación en estos términos.
Para entender la Constitución y las leyes es indispensable saber leer; para pesar las razones alegadas en la tribuna nacional, sea para la creación o reforma de leyes, se requiere tener algunos conocimientos generales, por lo menos haber adquirido algunas reglas en el arte de legislar y debatir, para sujetar el juicio.
Un individuo dotado de poco talento será siempre un déspota y el riesgo es de mayor trascendencia si consideramos que un cuerpo legislativo puede estar formado de miembros incapaces, sin conocimientos, sin virtudes cívicas y que únicamente buscan hacer un tráfico de sus sufragios, y quienes dieron su voto, serán las primeras víctimas, ya que las elecciones son el resultado del deseo de mejorar y de establecer la felicidad sobre bases sólidas.
Siempre será más duradero el edificio social sentado sobre buenos cimientos ¿De qué sirven las leyes, si no se ha de conocer como se producen y el bien que han de producir?
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 65. Para el despacho de los negocios se nombrarán, por cada una de las Cámaras, Comisiones Permanentes y Especiales que los examinen e instruyan hasta ponerlos en estado de resolución. Las Comisiones Permanentes se elegirán en la primera sesión que verifiquen las Cámaras después de la apertura del periodo de sesiones de su primer año de ejercicio.
Los legisladores que por primera vez formen parte del Poder Legislativo Federal, para ser integrantes de las Comisiones, deberán tomar un curso de proceso legislativo y derecho parlamentario que será aplicado a través de la Secretaría General y sus órganos administrativos dentro de los primeros treinta días naturales, contados a partir del inicio de la Legislatura.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de diciembre de 2005.
Dip. Leonardo Álvarez Romo (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias. Diciembre 1 de 2005.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 35
DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ANTONIO
KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, RECIBIDA EN LA SESIÓN
DEL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2005
Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.
Antecedentes
México es considerado uno de los países con mayor diversidad biológica, pues ocupa el cuarto lugar mundial en cuanto a riqueza de organismos vivos, y un gran porcentaje de los ejemplares de fauna silvestre que posee es considerado endémico. Al respecto, en el territorio se cuenta con el número más alto de reptiles del mundo con 704 especies (52% endémicas), lo que representa 11% de las especies de este grupo conocidas en el planeta; en mamíferos ocupa el quinto lugar, con 491 especies (29% endémicas); el cuarto en anfibios (60% endémicos); y tiene una rica avifauna de más de 1,000 especies. Esta diversidad en especies no sólo lo acredita como gran poseedor de la misma, sino que lo posiciona como uno de los principales abastecedores de especies de vida silvestre en el mundo.
Esta diversidad biológica ha sido utilizada ampliamente por el hombre durante los procesos de selección artificial, y si bien el país es reconocido como uno de los centros de origen, también es uno de los principales centros de domesticación de numerosas especies de plantas y animales. Esta domesticación ha traído grandes beneficios para las sociedades; el aprovechamiento de ciertas especies domesticadas han proveído a lo largo de la historia de alimento, abrigo y compañía a las civilizaciones. No obstante, esta domesticación ha generado también abusos y maltratos con los animales.
A partir de que se incrementa la industrialización y se extiende la cultura del consumismo a nivel mundial, la demanda de animales silvestre para su aprovechamiento comercial, como materias primas, mascotas, o simplemente para exhibición, aumentó. Lamentablemente, esta nueva demanda trajo consecuencias negativas para los ejemplares de la vida silvestre y para la biodiversidad mundial, ya que si bien se instituyó un comercio legal sobre los mismos, también se crearon problemas conexos como la desaparición y extinción de especies tanto de animales como de vegetales silvestres, se incrementó el maltrato y la falta de consideraciones de protección hacia los animales fue una constante en este comercio.
Es así que los procesos de comercialización que involucran, entre otros aspectos, la tenencia en cautiverio y exhibición de especies de fauna silvestre, se han convertido en un problema de difícil manejo, lo que ha hecho necesario establecer las condiciones mínimas de seguridad y bienestar para las especies en manos particulares que hayan sido obtenidas. Un grave problema son las instalaciones en donde se realizan estas actividades de compraventa de ejemplares de la vida silvestre, las cuales no siempre son las más apropiadas y no aseguran que el ejemplar se encuentre en las mejores condiciones de espacio, alimentación y descanso.
En las diversas visitas de inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual tiene un operativo permanente de inspecciones en sitios donde se da el comercio de ejemplares de la vida silvestre, se han encontrado a animales confinados en las peores circunstancias. Los animales no domésticos, como reptiles, aves, peces, y el resto del mundo animal, sólo viven adecuadamente en su hábitat o en los sitios especialmente diseñados para confinarlos. Sin embargo, se han encontrado casos en los cuales los animales pasan hacinados en una jaula alrededor de cinco o más horas esperando a los compradores, soportando climas extremos, con una alimentación que no siempre es la más adecuada y generando residuos.
Muchos de los lugares en donde se da el comercio de estos ejemplares de vida silvestre, como carreteras, mercados y sitios públicos, no cuentan con las medidas mínimas sobre las cuales se puede garantizar un trato digno y respetuoso de los animales. Dado que muchos de estos locales son ilegales y no cuentan con las acreditaciones necesarias, los animales se enfrentan a la falta de medidas de sanidad, salud, alimentación y espacio en el cual poder ejercer parte de las actividades naturales de los animales.
Por otra parte, estos lugares de venta ponen en riesgo a los consumidores, ya que al no contar con medidas de seguridad, los ejemplares pueden agredir a los comerciantes y compradores. De igual forma, algunas veces se engaña al público argumentando que los animales se encuentran vacunados y que los padres de los mismos son de raza pura, además que los tienen en criaderos; nada más cerca de la verdad.
En nuestro país la Ley General de Vida Silvestre, en su capítulo VI, sobre trato digno y respetuoso de la fauna silvestre, se establecen lineamientos generales sobre cómo debe ser éste trato durante los procesos de comercialización, mencionando únicamente que "se deberá evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, mediante el uso de métodos e instrumentos de manejo apropiados" (artículo 35). Este artículo es tan general que omite grandes consideraciones que debieran de estar presentes durante el proceso de comercialización, como el espacio que deban tener, la alimentación, medidas de seguridad y garantizar su salud y se presta a una gran discrecionalidad jurídica.
El ámbito de acciones que involucra un proceso de comercialización es sumamente amplio y, por ende, el no contar con medidas específicas, las cuales puedan estar plasmadas en normas, crea un vacío legislativo que directamente afecta el bienestar de la vida silvestre que integra nuestro país.
Es imperante que nuestra Ley General de Vida Silvestre dicte, a nivel de ley, las obligaciones que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deba de ejercer para garantizar que se cuenten con sitios de compraventa de ejemplares vivos de fauna silvestre. Igualmente, se debe de especificar que medidas y garantías que se requieren para asegurar el trato digno y respetuoso al que hace referencia la Ley General de Vida Silvestre, mencionando que estos ejemplares deben contar con "un espacio adecuado para el confinamiento considerando el libre movimiento de los especimenes, asegurando una alimentación adecuada, previniendo las medidas fitosanitarias y de seguridad necesarias, y contando con una supervisión medica de acuerdo a las normas vigentes".
Finalmente, se debe de elevar a nivel ley la prohibición de comercio de ejemplares de la vida silvestre, en sitios públicos, ya que esto es generalmente un comercio ilegal y las circunstancias en que se exhiben los animales realmente no garantizan un trato digno y sí ponen en riesgo la vida del ejemplar.
Por tanto, y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado, respetuosamente somete a la consideración de esta H. Cámara la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que agrega un párrafo segundo y un tercero al artículo 35 de la Ley General de Vida Silvestre
Artículo: Por el que agrega un párrafo segundo y uno tercero al artículo 35 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:
Artículo 35. Durante los procesos de comercialización de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, mediante el uso de métodos e instrumentos de manejo apropiados.
La Secretaría se asegurará, acreditará y verificará que los sitios de compraventa de ejemplares vivos de fauna silvestre cuenten con las instalaciones necesarias que garanticen un espacio adecuado para el confinamiento, considerando el libre movimiento de los especímenes, asegurando una alimentación adecuada, previniendo las medidas fitosanitarias y de seguridad necesarias, y contando con una supervisión medica de acuerdo a las normas vigentes.
Queda prohibida la compraventa de ejemplares vivos de fauna silvestre en la vía pública y en lugares no autorizados por la Secretaría.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de diciembre de 2005.
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Diciembre 1 de 2005.)
QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL,
A CARGO DEL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PVEM, RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2005
Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PVEM, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 numeral 3, 40 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter al Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Exposición de Motivos
Las leyes secundarias que regulan a la administración pública federal deben ser actuales, es así que se tienen que analizar la conveniencia de seguir manejando figuras jurídicas obsoletas como los departamentos administrativos, cuya labor era prestar auxilio de servicios técnicos y de coordinación administrativa para el Ejecutivo, pero que en la actualidad son inoperantes y han caído en desuso; ya no existe ninguno dentro de la estructura administrativa que sigue estando a cargo del Poder Ejecutivo.
Desde su creación en la Constitución de 1917 los departamentos administrativos no funcionaron conforme a la naturaleza jurídica para la que fueron creados, sino que sirvieron solamente a la administración y control del propio Ejecutivo.
A través de su devenir histórico, estos departamentos, en vez de seguir los lineamientos de la extinta Ley de Secretarías de Estados y Departamentos Administrativos y demás dependencias del Ejecutivo federal, han servido para que el Ejecutivo tenga el manejo y control de la administración pública.
Baste recordar que en el año de 1917 los tres departamentos administrativos que se crearon sirvieron para descentralizar la administración pública, no para el apoyo técnico administrativos para lo que fueron creados.
En la administración de México en 1928 estos departamentos fueron utilizados para una función específica conforme a su naturaleza jurídica, sin embargo el Ejecutivo federal logró que en la práctica estos departamentos no funcionaran en una forma ideal. De hecho sólo sirvieron para los intereses del presidente en turno.
En ese mismo año se promovió la reforma constitucional que sustituía a la figura del gobernador del Distrito Federal por la de jefe de departamento logrando el Ejecutivo de esta manera el control para nombrarlo y removerlo libremente, así como para evitar la duplicación de mandos en el ámbito territorial: por una parte del titular del Ejecutivo federal y por la otra de los titulares de las municipalidades.
En 1934, al Departamento Judicial se le cambió el nombre por el de Procuraduría General de la República, que existe para que el Ejecutivo tenga el monopolio de la acción penal, esto debido a que es él quien nombra y remueve libremente al procurador, el Senado únicamente lo ratifica.
En el año de 1935, se cambió la denominación de Ley de Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y demás dependencias del Ejecutivo federal por la de Ley de Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, esto se hizo para evitar que algunas de las Secretarías o departamentos administrativos tuvieran preeminencia sobre las otras, para jerarquerizar a todos de la misma manera y así los departamentos administrativos tuvieran el mismo rango que una Secretaría de Estado. Hecho que fue mal visto en esa época por los titulares de las Secretarías de Estado del Gobierno federal.
En la administración de 1936 empiezan a desaparecer algunos de los siete departamentos que existieron hasta antes de esta fecha, que ya no eran funcionales para el Ejecutivo en turno, reabsorbiendo sus funciones las Secretarías de Estado respectivas, sin embargo en 1937, se crean otros tres departamentos administrativos, como el Departamento de Ferrocarriles Nacionales el cual fue sustituido posteriormente por un organismo descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México.
Es a partir de 1937, que se determinó cambiar la naturaleza administrativa de algunos de los departamentos administrativos, convirtiéndolos en Secretarías de Estado, con lo cual se inicia una inconveniente tradición de considerar a los departamentos como pequeñas Secretarías de Estado, circunstancia que obligó a las administraciones posteriores a transformar en Secretarías de Estado a los departamentos administrativos, ya sea por atender presiones de tipo políticos o electoral de quienes eran sus titulares o aspiraban a serlo.
De hecho el último departamento administrativo que existió hasta 1994 fue el Departamento del Distrito Federal y duró dentro de la legislación hasta 1997 como departamento administrativo, siendo modificada la denominación de su titular nombrándosele Jefe de Gobierno, el cual se transformó en un cargo de elección popular.
Es así que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal todavía se sigue contemplando las figuras jurídicas de Departamentos Administrativos las cuales ya no existen, están en desuso y que continúan plasmadas como figuras de derecho positivo sin estar vigentes.
El propósito de la presente iniciativa es que se elimine de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual todavía contempla como figura jurídica a los Departamentos Administrativos en diversos artículos, así como podemos observar que en el capitulo I se establece el organigrama de la Administración Pública Federal, en el que no aparecen los departamentos administrativos y en el capítulo II que establece cual es la competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo federal no se regula un solo departamento administrativo.
Como ha quedado demostrada, la ineficiencia e ineficacia con la que se manejaron estas figuras en su devenir histórico fueron las causas por lo que fueron subsumidas sus funciones administrativas por las Secretarías de Estado o por otros instrumentos de carácter administrativo que han servido tanto jurídica como políticamente al Ejecutivo.
La incongruencia jurídica que presentan los capítulos I y II de la Ley Orgánica de la administración pública federal es manifiesta, pues en ellos se citan todavía a los departamentos administrativos pero no se encuentra regulado ni se menciona un solo departamento administrativo. Desde 1937 la tendencia fue que desaparecieran los departamentos administrativos y crear más Secretarías de Estado.
Consideramos que dentro de la organización de la administración pública no se deben contemplar estas figuras en este momento histórico.
En primer lugar porque en la práctica administrativa, el concepto se refiere a determinadas áreas, que se manejan en las empresas privadas o públicas; por ejemplo: El departamento administrativo de recursos humanos o el de recursos materiales, y no así como órganos administrativos, el concepto que se creó en 1917 y que era para que la administración pudiera manejar en forma organizada, sistemática y técnicamente un tema de la agenda del Ejecutivo.
En segundo lugar se deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo pueda crear los departamentos administrativos que sirvan a sus intereses, lo cual no se debemos permitir y por lo tanto debe desaparecer la figura mencionada, porque hay que recordar que se han creado otro tipo de organismos como los descentralizados, los desconcentrados y las empresas de participación estatal, por lo que no se da certidumbre jurídica al continuar usando un término como el de departamento administrativo que en la práctica ha caído en desuso.
El artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que contemplaba las funciones que desempeñan los departamentos administrativos actualmente está derogado, lo que nos hace corroborar que ya no son funcionales y de no llevarse a cabo la reforma estaríamos ante una incongruencia y una falta de lógica jurídica. Pues a pesar de ya no existir la figura jurídica la seguimos contemplando en nuestra ley.
No debe pasar desapercibido, que la función de la administración pública es la de proporcionar los satisfactores y servicios necesarios para generar el bien común de la sociedad, la encargada de llevar la administración que tiene como misión servir de manera efectiva y eficaz a la sociedad lo cual no se logrará hasta que haya una verdadera voluntad.
El que siga apareciendo un instrumento administrativo en desuso en nuestra Ley Orgánica provoca una incertidumbre jurídica, pues la misma podrá ser utilizada para fines personales del Ejecutivo y no para la satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa que realiza fundamentalmente el Estado.
Como lo cita en su obra Derecho Administrativo Gabino Fraga, la función administrativa, desde el punto de vista formal, se define como "la actividad que el Estado realiza por medio del Poder Ejecutivo " y desde el punto de vista material como "la actividad que el Estado realiza bajo un orden jurídico, y que consiste en la ejecución de los actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales".
De lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21,23, 24, 25, la fracción XXX bis, del artículo 38, 48 y los capítulos I y II; se derogan la fracción II, del artículo 2, los artículos 10, 15, de la de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Único. Se reforman los artículos 1, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21,23, 24, 25, la fracción XXX bis, del articulo 38, 48 y los capítulos I y II; se derogan, la fracción II, del artículo 2, los artículos 10, 15 de la de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue
Artículo 1o...
La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal integran la Administración Pública Centralizada.
...
Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:
Artículo 7o. El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de secretarios de Estado y demás funcionarios competentes cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la administración pública federal. Estas reuniones serán presididas por el titular del Ejecutivo federal y el secretariado técnico de las mismas estará adscrito a la Presidencia de la República.
Capítulo I
De las Secretarías de Estado
Artículo 10. Se deroga
Artículo 11. Los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República.
Artículo 12. Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República.
Artículo 13. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales, ir firmados por el Secretario de Estado y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos.
...
...
...
Artículo 15. Se deroga
Artículo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las secretarías de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por dispo-sición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, aquéllos conservarán su calidad de trabajadores de base en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo a las subsecretarías, oficialía mayor y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior.
...
Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia las secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.
Artículo 19. El titular de cada secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.
Artículo 20. Las secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo federal.
Artículo 21. El Presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado.
......
...
...
Artículo 23. Los secretarios de Estado, una vez abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria.
Artículo 24. En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna ssecretaría de Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a que dependencia corresponde el despacho del mismo.
Artículo 25. Cuando alguna secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a las normas que determine la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Capítulo II
De la Competencia de las Secretarías de Estado
y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3° constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo federal, con exclusión de las que dependan de otras secretarías de Estado; y
XXXI....
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al 1 de diciembre de 2005.
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Diciembre
1 de 2005.)
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2005
Jorge Legorreta Ordorica, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la presente iniciativa con proyecto decreto.
Exposición de Motivos
El amparo es el instrumento por excelencia en nuestro sistema jurídico para hacer valer frente a las autoridades del Estado el respeto de las garantías individuales y sociales que consagra nuestra Constitución.
El juicio de amparo requiere profundidad y amplio conocimiento, es un legado de nuestros antepasados, por eso requiere que el legislador le imprima vigencia a la ley que lo constituye.
El juicio de garantías se ha consagrado como la institución jurídica mexicana por excelencia, desde la fecha en que fue creado.
La denominación que se ha dado al medio de control constitucional mexicano tiene un doble origen, uno gramatical y otro histórico; el primero deriva de la palabra amparar que, como se sabe, quiere decir, proteger, tutelar, salvaguardar o resguardar, teniendo como finalidad primaria por parte de este proceso de tutela, salvaguardar la fuerza constitucional y, conjuntamente a las garantías individuales del gobernado, lográndose de esta manera el imperio de la Carta Magna nacional sobre todos los demás cuerpos normativos y sobre cualquier acto de autoridad que surja, por lo que se refiere al segundo aspecto, es decir, el origen histórico del nombre de la institución protectora del imperio y supremacía constitucional nacional y del respeto a la esfera jurídica de los gobernados por parte de las autoridades estatales.
México se constituyó en la cuna desde la que se exportó la institución procesal del amparo hacia sistemas jurídicos externos y supranacionales, en su evolución interna de más de un siglo representó el único instrumento real de control constitucional y el mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos humanos por antonomasia, por lo que su estructura y ámbito protector, con el transcurrir de los años, han empezado a resultar insuficientes frente a las nuevas exigencias planteadas por los modernos modelos democráticos de derecho.
Hemos tratado de evidenciar, así sea de manera breve, el fenómeno de la manera en que un instrumento jurídico de cuño preponderantemente nacional, como lo es el amparo, ha sido trasladado, con sus características procesales fundamentales a órdenes jurídicos de otros países y a sistemas normativos internacionales. Resulta entonces extraño que el sistema jurídico mexicano conserve los principios y las reglas que han regido al juicio de amparo desde su nacimiento en el siglo XIX
Su evolución histórica, ha llevado al amparo mexicano a configurarse en una institución procesal compleja, de difícil sistematización, operatividad y accesibilidad para cumplir con sus objetivos inmediatos de tutela. En la actualidad, su concepto no se agota en la idea de un instrumento unitario, sino que se ha convertido en una institución que puede adoptar diversas formas, llegando a configurar varios mecanismos procesales, cada uno con características y funciones propias
El juicio de amparo, como se mencionó, se ha consagrado como la institución jurídica mexicana por excelencia, ya que se le considera el sistema más eficaz de control de la supremacía de la Constitución, así como expresión de la soberanía nacional, de la división de poderes y del estado de derecho, pues establece a favor del gobernado las garantías individuales y sociales.
El juicio constitucional es el instrumento jurídico establecido para el control y custodia de los preceptos constitucionales contra las posibles transgresiones de cualquiera de los actos emanados del poder público, ya sea en su esfera federal, estatal o municipal.
Este interés supremo por preservar las disposiciones contenidas en la ley fundamental es una preocupación que se observa en el espíritu de los diversos constituyentes a través del desarrollo de la nación mexicana. En el ejercicio profesional diversos son los amparos contra leyes impetrados en diversas materias contra actos de las autoridades en los tres niveles de poder; con lo que se denota que este problema lejos de ser una cuestión meramente doctrinaria, tiene una gran repercusión en la vida ordinaria.
Varios han sido los proyectos presentados para reformar al juicio de garantías, promovidos por legisladores, académicos, instituciones y asociaciones jurídicas, inclusive por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a pesar de ello, a la fecha no contamos con reformas substanciales en ese renglón.
Considero que únicamente con la decisión y justo criterio de nuestros legisladores puede llevarse a cabo la concretización de dichas reformas, mismas que permitirán obtener un beneficio para la totalidad de los gobernados que se encuentren o pudieran llegar a encontrarse bajo el supuesto de la ley inconstitucional, se reafirmaría notablemente el principio de expedites en la impartición de justicia.
El amparo es la instancia judicial que tienen los gobernados para que se protejan y respeten sus derechos de toda actuación de autoridad que repercuta en perjuicio de sus garantías constitucionales. Su objeto es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir con su parte, lo que la misma garantía exige.
En otro acopio de ideas cabe decir que la capital de México es el Distrito Federal, encuentra su naturaleza jurídica en el artículo 122 de la ley fundamental. Este precepto en fecha reciente fue motivo de una trascendente modificación, su texto vigente se refiere al Gobierno del Distrito Federal, wen el que se contemplan los órganos de gobierno como lo son la figura del Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia.
La reforma política del Distrito Federal ha sido a través de un constante intercambio de opiniones entre los gobernantes en turno, los ciudadanos así como las distintas organizaciones sociales vinculadas. La naturaleza jurídica del Distrito Federal ha sido poco explorada por la doctrina constitucional mexicana, algunos autores lo consideran como un órgano o semi-estado por no disponer de una constitución propia como sucede en las demás entidades que conforman la Federación. Otros lo consideran como un gobierno local, cuyas características no le son del todo favorables. Por mucho tiempo el gobierno de esta entidad federativa mexicana, al igual que su regulación, ha dependido de los poderes federales, careciendo en sentido estricto de una Asamblea Legislativa propia, aún cuando formalmente el Congreso de la Unión ha funcionado como órgano legislativo local al legislar exclusivamente para el Distrito Federal, durante mucho tiempo su gobernador no fue electo popularmente y el Presidente de la Republica realizaba la función de ser Ejecutivo local y delegaba la administración en la figura de un regente designado por él. Únicamente el Poder Judicial era y es de naturaleza formal y materialmente local.
Antes de las reformas de 1993, el artículo 43 de la Constitución establecía que las partes de la Federación lo eran los estados miembros del pacto federal y el Distrito Federal, por lo tanto era una entidad federativa que no compartía la misma naturaleza de aquellos, porque no tenía un Congreso local, tampoco su gobernante era electo popularmente, no contaba con la existencia del municipio, etcétera.
En el primer cuatrimestre de 1992 el Ejecutivo federal consideró conveniente abrir el diálogo con las distintas fuerzas políticas de la Ciudad de México con el propósito de buscar los elementos, vía consenso, que permitieran plantear una reforma política integral sobre el Distrito Federal, con ello se pretendió establecer un nuevo marco normativo que regulara las relaciones de las autoridades y de sus habitantes; así como las pautas sobre las cuales se debía desarrollar el núcleo de funciones y directrices del gobierno. Las negociaciones tuvieron lugar en una mesa de concertación que estuvo abierta a medios de comunicación, las propuestas se destacaron en tres posiciones relativas a la forma de gobierno
Adicionalmente los trabajos de las audiencias subrayaron la necesidad de fortalecer la participación vecinal porque se consideró que los habitantes de la Ciudad de México deberían participar más en las decisiones que les afectarán, de igual forma se propuso, en relación a la Asamblea de Representantes, se le dotara de una mayor ingerencia en la toma de decisiones, por ultimo se trataron temas relacionados con la definición del ámbito de competencias, la organización de la acción pública y el conjunto de reformas jurídico-políticas para ir conduciendo los cambios sin afectar el funcionamiento de la metrópoli.
Con motivo de las nuevas bases constitucionales de los órganos del Gobierno del Distrito Federal se estableció de la siguiente forma, de conformidad con el maestro Héctor Fix Zamudio.1
b) Asamblea Legislativa. Con la reforma de 1996, se han otorgado mayores facultades a la Asamblea Legislativa (antes Asamblea de Representantes) del Distrito Federal que la fortalecen como tal, el hecho de que la facultad de expedir el estatuto de Gobierno corresponda al Congreso de la Unión no demerita la naturaleza jurídica de dicha Asamblea como órgano Legislativo2. Este órgano se integra por ciudadanos que tendrán la denominación de diputados y no de representantes como sucedió anteriormente, constitucionalmente tiene las siguientes facultades: Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta al jefe de Gobierno del Distrito Federal; expedir la Ley Electoral de la entidad; legislar en materia civil y penal, entre otras.
Hoy en día los tiempos han cambiado y existe una distribución de competencias en cuanto a que el Legislativo Federal tiene la facultad de modificar, adicionar y derogar las leyes federales e inclusive también cierta normatividad para el Distrito Federal. Algunas leyes federales, como la Ley de Amparo, prescriben y citan el antiguo código represivo haciendo la puntual diferencia de "para el Distrito Federal, en materia del fuero común, y para toda la República en materia federal", cuanto dicho ordenamiento jurídico dejó de existir, dada la nueva naturaleza jurídica del gobierno central, de allí surge la justificación de la presente iniciativa en el sentido de actualizar el vocablo del Código Penal Federal para quitar el de Código Penal aplicable en materia federal. Ello es así porque nosotros como legisladores debemos imprimirle mayor claridad a las leyes federales como lo es la Ley de Amparo.
En mérito de lo antes expuesto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifican los artículos siguientes: El párrafo tercero del artículo 23; párrafos primeros de los artículos 35 y 199; y se reforman los artículos 198, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208 y 209, todos de la Ley de Amparo.
Artículo Primero. Se reforma el párrafo tercero del artículo 23, el párrafo segundo del artículo 35 y el párrafo primero del artículo 199 de la Ley de Amparo; y
Artículo 23. "Son días........."
En los casos de reposición de autos, el juez ordenará la práctica de certificación en la que se hará constar la existencia anterior y la falta posterior del expediente. Queda facultado el juzgador para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios que no sean contrarios a la moral o al derecho. Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen y quedará sujeta a las sanciones previstas por el Código Penal Federal. Contra la interlocutoría que dicten los jueces de distrito en el incidente de reposición de autos, procede el recurso de revisión.
Artículo 198. Los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los estados, del Distrito Federal, en funciones de aquéllos, los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son responsables en los juicios de amparo por los delitos de faltas que cometan, ya en la substanciación de éstos, ya en las sentencias, en los términos que los definen y castiga el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como este capítulo.
Artículo 200. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, si la procedencia de la suspensión fuere notoria y el juez de distrito que conozca del incidente no la concediere por negligencia o por motivos inmorales, y no por simple error de opinión, se impondrá la sanción que fija el Código Penal Federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia.
Artículo 202. La falta de cumplimiento de las ejecutorias de amparo imputables a los jueces de distrito, o a las autoridades judiciales que conozcan del juicio, se castigará con arreglo a las disposiciones del Código Penal Federal a los responsables del delito de abuso de autoridad.
Capitulo II
De la responsabilidad de las autoridades
Artículo 204. Las autoridades responsables que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión rindan informes en los que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en los términos que señala el Código Penal Federal para las autoridades que lleven a cabo esas afirmaciones o negativas al enviar información a otra autoridad.
Artículo 205. La autoridad responsable que maliciosamente revocare el acto reclamado, con el propósito de que se sobresea en el amparo sólo para insistir con posterioridad en dicho acto, será castigada con las sanciones previstas en el Código Penal Federal para los responsables del delito de abuso de autoridad.
Artículo 206. La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
Artículo 207. La autoridad responsable que en los casos de suspensión admita fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada en los términos previstos por el Código Penal Federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia.
Artículo 208. Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia de la autoridad federal, inmediatamente será separada de su cargo y consignada al juez de distrito que corresponda, para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código Penal Federal señala para el delito de abuso de autoridad.
Artículo 209. Fuera de los casos señalados en los artículos anteriores, cuando la autoridad responsable se resista a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictados en materia de amparo será sancionada en la forma precisada en el Código Penal Federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia, por los actos u omisiones ahí previstos.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Fix Zamudio Héctor y otro. Derecho Constitucional
Mexicano y Comparado. México 2003. Editorial Porrúa. pp.979-987.
2 Woldenberg, José. La Reforma Electoral de 1996
(Una descripción general), México. Fondo de Cultura Económica
1997. pp 217 y 218.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de diciembre de 2005.
Dip. Jorge Legorreta Ondorica (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Diciembre 1 de 2005.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 28
DE LA LEY FEDERAL DE TURISMO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO XAVIER ALVARADO
VILLAZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN
DEL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2005
Francisco Xavier Alvarado Villazón, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Turismo la presente iniciativa que modifica la fracción XI del artículo 28 de la Ley Federal de Turismo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Los ingresos generados por turismo a nivel mundial se han incrementado sistemáticamente en los últimos 50 años. De 2 mil millones de dólares en 1950, han crecido a 40 mil millones en el año 2000. Esto representa un crecimiento de doscientas veces y se debe a una mayor sofisticación del turismo y los servicios relacionados.
En México, el crecimiento de los ingresos por turismo receptivo ha tenido variaciones importantes en los últimos 50 años por diversos factores. En la primera etapa se mantuvo prácticamente constante. En la etapa de consolidación, tuvo un crecimiento moderado que se aceleró a principios de los sesenta y se mantuvo constante hasta 1974. La etapa de transición que va de 1986 a 1992, el crecimiento se dispara manteniéndose constante salvo en el periodo de crisis que vive el país en 1994, para continuar su tendencia de crecimiento hasta 1998 en que nuevamente tiene una ligera caída.
En los últimos tres años, la llegada de turistas internacionales a México se ha situado abajo del nivel de los 20 millones de personas, mientras que en el año 1996, se había llegado prácticamente a 21.5 millones de turistas. Esta situación pone en evidencia que, a pesar de los resultados generalmente buenos del turismo mexicano, existen condiciones de fuerte competencia internacional que pueden afectar el comportamiento de los flujos turísticos.
Por otra parte, es claro que el contexto internacional del turismo se ha modificado radicalmente a partir de los años ochenta, en buena medida por la creciente globalización de las economías desarrolladas y el esfuerzo de los países emergentes para insertarse en la nueva economía mundial, pero también por una modificación progresiva de los patrones de comportamiento y las expectativas de la demanda.
No cabe duda que el momento actual es de grandes mutaciones en la vida de las sociedades: las tecnologías han evolucionado en forma considerable, los sistemas políticos del mundo entero pasan por profundas reestructuraciones y las economías tienden a buscar nuevos derroteros, tanto en la expansión de la participación en el sistema mundial, como en la determinación de pautas de reorganización de la producción para el mercado interno.
El turismo, es cada vez más visto como un sector de actividades con grandes virtudes, tanto por su capacidad de impulsar una mayor relación con el resto del mundo, como por su potencial en la generación de divisas, por la creación de empleos, y por sus aportaciones potenciales para el desarrollo de las regiones rezagadas.
En este contexto, se impone una revisión sustancial del modelo de desarrollo turístico que ha prevalecido en México a lo largo de casi cincuenta años: si bien sus logros son sustanciales, se han presentado también cuellos de botella, errores de orientación estratégica y, posiblemente, un insuficiente aprovechamiento de todas las bondades que ofrece el turismo para el desa-rrollo de México.
Es momento de recoger las experiencias que se han logrado en los años de crecimiento intensivo del turismo mexicano, de evaluar sus resultados y de proponer nuevas orientaciones para reactivar el turismo y lograr un nuevo despegue sobre bases consolidadas, explotando las posibilidades que el turismo social, cultural, ecoturismo, turismo de retirados, congresos y convenciones.
Debemos fortalecer un impulso decidido a la vocación económica de las regiones, mediante políticas que promuevan la micro, pequeña y mediana empresa además de fortalecer ramos de servicios cuyos beneficios son fácilmente focalizados, como el turístico es necesario.
Para estimular realmente el desarrollo de Pymes en el sector turístico, es indispensable reconocer que la mayoría de estas empresas requieren de financiamiento para lograr sus objetivos y crecer, siendo necesaria la oferta de una amplia gama de productos y servicios para las Pymes y sus necesidades respectivas, a través de herramientas innovadoras que ayuden y asesoren en este proceso.
Si bien la Ley Federal de Turismo indica que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo otorgará todo tipo de créditos en moneda nacional o extranjera para la construcción, ampliación o remodelación de instalaciones turísticas, que contribuyan al fomento de la actividad turística, omite dar preferencia especialmente a la pequeñas y medianas.
En este sentido, el diputado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XI del artículo 28 de la Ley Federal de Turismo, para quedar como sigue:
Artículo 28.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo tendrá las siguientes funciones:
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Dip. Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Turismo. Diciembre 1
de 2005.)
QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES
1 DE DICIEMBRE DE 2005
Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Salud, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Exposición de Motivos
Los seres humanos nacemos con grandes cualidades y una de ellas es la de ayudar a otros. Cuando hablamos de donar nuestros órganos, hablamos de ayudar a salvar una vida.
La decisión de ayudar a otros donando órganos o tejidos se dificulta desafortunadamente, cuando dejamos que la duda, la desinformación y los miedos compliquen nuestra decisión.
Todos los seres humanos nacemos con la cualidad de dar, démosle a quienes lo necesitan. Donar un órgano o tejido a quien lo necesita, es un acto de dar vida. Un solo donante puede salvar y mejorar las condiciones de vida de más de 50 personas donando órganos como riñones, corazón, hígado, pulmones y páncreas, entre otros, y tejidos como córneas, huesos, piel, tendones y válvulas del corazón.
Actualmente, hay miles de personas en nuestro país y en el mundo, que para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida necesitan de un trasplante, y la realidad es que la lista de espera para recibir órganos y tejidos sigue creciendo y no se logra aumentar la donación. La única manera de resolver la escasez de órganos para trasplante es ser donante y animar a otros a que también lo sean; cuanto más donantes haya mayor será el número de vidas que pueden salvarse.
El trasplante es un tratamiento médico muy complejo, mediante el cual se reemplaza un órgano vital o un tejido enfermo, sin posibilidad de recuperación, por otro sano.
Para que un trasplante llegue a realizarse, se precisa de alta tecnología médica y fundamentalmente de la solidaridad de la sociedad con sus donaciones, ya que sin donaciones de órganos, no hay trasplantes. Más del 50% de los pacientes con falla crónica y terminal de algún órgano cuya única oportunidad era ésta cirugía, hoy en día fallecen en nuestro país.
Son donantes potenciales, por ejemplo, aquellas personas que sufren un grave daño en el sistema nervioso. Una vez diagnosticada la muerte cada minuto es vital para que los órganos sigan siendo aptos para un trasplante.
La realización exitosa de un trasplante depende de una gran cantidad de factores, entre otros, la compatibilidad inmunológica entre receptor y donante, y la infraestructura hospitalaria. Todo ello se encuentra contemplado en la Ley General de Salud, que regula dicha actividad.
Cualquier persona mayor de 18 años, en pleno uso de sus derechos y facultades, puede expresar en vida su voluntad de ser donante de órganos y tejidos mediante la firma de un acta de donación. Es importante que la familia tenga conocimiento de esta decisión porque en el momento del fallecimiento será consultada. La expresión de voluntad de ser donante de órganos y/o tejidos siempre es revocable.
La donación de órganos en México es un tema nuevo, y está en proceso de aceptación cultural.
En el proceso de donar existen varios aspectos médicos, sociales, psicológicos, legales, y otros más. Se unen estas disciplinas para un solo fin, salvar una vida.
La donación de órganos y tejidos es dar algo de si mismo a otra persona, y esto sólo es posible actualmente, con la aprobación de las personas que están dispuestas a donar a quien espera pacientemente la oportunidad.
El transplante de órganos, tejidos, y células, se presenta como una oportunidad invaluable para aquellos pacientes con padecimientos crónico-degenerativos cuya consecuencia es la insuficiencia de algún órgano. Y en la mayoría de los casos un transplante es la única opción de corregir la falla y por supuesto conservar la vida.
Un donante, es quien toma la decisión de donar sus órganos y/o tejidos después de la vida y sólo en circunstancias especiales, donar en vida. La decisión de donar es sólo del donante, de la misma forma puede revocar su decisión y elegir no hacerlo, pero tiene que informarlo de inmediato a todas aquellas personas que necesiten saberlo, es importante que la familia lo sepa, pues ellos serán sus portavoces.
Tenemos por ejemplo, que por paro cardiaco se pueden donar tejidos como hueso, piel, córneas, tendones, válvulas cardiacas, cartílago y vasos sanguíneos arteriales y venosos.
Por muerte cerebral se pueden donar corazón, pulmón, hígado, riñones, intestino, páncreas y los tejidos mencionados anteriormente.
En vida se puede donar segmentos de pulmón, de hígado, de páncreas e intestino; además riñón y médula ósea.
En vida pueden ser donadores, hombres entre 18 y 60 años, aunque han existido donadores de más de 60 años, que se encontraron en buen estado de salud y fueron aceptados, pero en este caso se debe tener un parentesco por consanguinidad, afinidad o civil.
Después de la vida, se consideran a personas de entre 2 meses a 90 años de edad, claro que la donación va a depender de la valorización de los médicos si existen tejidos u órganos sanos. En el caso de los menores de edad podrán donar tejidos músculo-esquelético y córnea, en tanto sea autorizado por los padres del menor.
Paul Terasaki, cirujano de trasplantes americano, describió el trasplante de órganos como "el milagro quirúrgico del siglo XX" y no estaba equivocado, ya que se ha convertido ésta actividad en la mejor, y en algunos casos la única oportunidad de vida para muchas personas.
Los trasplantes de tejidos iniciaron desde el siglo XIX y día a día se han venido convirtiendo en una mejor herramienta para el manejo complementario de pacientes con quemaduras, tumores y lesiones oculares producto de accidentes o secuelas de cirugía.
Con relación a los órganos, la actividad es más joven ya que el primer trasplante renal exitoso entre humanos en el mundo se llevó a cabo en 1953 en la Cleveland Clinic y desde entonces, se han venido desarrollando los programas de trasplante hepático, pancreático, cardíaco y pulmonar, eso sin contar con que en los últimos años se están realizando trasplantes multiorgánicos en un solo paciente y en la misma cirugía. Sin embargo, ésta es solamente la punta del iceberg en una cadena de actividades que culmina con un trasplante exitoso y que una persona "vuelva a nacer".
La razón es que el proceso de trasplante comienza mucho antes y significa entrar en un terreno desconocido para la mayoría de nosotros y es algo que llamamos "cultura de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante".
Estamos acostumbrados culturalmente a rendirle culto a la muerte pero no a la vida y eso significa que por diferentes razones como desconocimiento del tema, tabúes, creencias religiosas y costumbres no estamos relacionados con donación y trasplantes.
Los trasplantes de órganos pueden ser de donante vivo o cadavérico. Actualmente de donante vivo se realizan todos excepto de corazón. Y todos se pueden realizar de donante cadavérico, pero a pesar de haber fallecimientos diarios, como no hemos sido educados en la cultura del trasplante, los órganos terminan descomponiéndose o cremados.
La muerte es una sola, pero uno puede llegar a ella por dos caminos. El primero es que el corazón pare de manera irreversible y el segundo es que el cerebro muera (por un trauma, tumor, infección o hemorragia cerebral) que es conocido como muerte cerebral o muerte encefálica.
La diferencia está que al morirse uno, a causa de la muerte cerebral, algunos órganos conservan autonomía de funcionamiento temporalmente y en pocas horas dejan de funcionar sin importar lo que se haga para impedirlo.
La muerte cerebral es diferente al coma y al estado vegetativo, ya que en éstas dos últimas uno está vivo y con alguna posibilidad de recuperación, mientras que la muerte cerebral es desafortunadamente irreversible, aquí, y en cualquier lugar del mundo.
Una vez que los especialistas han hecho el diagnóstico de muerte cerebral, es el único momento en que se pueden extraer los órganos para que puedan ser utilizados con fines de trasplante.
Si se deja pasar ésta oportunidad de oro, los órganos se coagulan por dentro y a pesar de utilizarlos, nunca van a funcionar lo que puede significar la muerte para la persona que lo recibe.
Tomando en cuenta el aspecto religioso, podemos mencionar que casi ninguna religión se opone actualmente a la donación y los trasplantes; y permiten que sea una libre decisión de sus feligreses sin que ello signifique que incurran en alguna falta.
El catolicismo se ha manifestado públicamente, a través de la Encíclica a la Vida, en la que Juan Pablo II se refiere a la donación y los trasplantes como el acto de amor más grande que puede hacer un ser humano.
El tema de la muerte es un tema tabú, hasta al interior de nuestros hogares y esto nos impide hablar con tranquilidad de ello con nuestros familiares y contarles nuestra decisión con relación a la donación y los trasplantes.
Finalmente, el temor a la mutilación y a las deformidades por ser donantes no debe existir, ya que el procedimiento es realizado por especialistas en trasplantes, en salas de cirugía con todas las normas exigidas por ley, y se reemplazan los tejidos extraídos por prótesis que hace prácticamente imposible saber si uno fue o no donante.
Desde el punto de vista jurídico, debemos buscar que se facilite la donación de un órgano o tejido en beneficio del prójimo asimismo, la normatividad debe favorecer los procesos científicos y evitar el tráfico lucrativo de órganos y los abusos experimentales.
Es muy importante que conozcamos todo lo que significa trasplante de órganos y tejidos ya que el tener claridad con lo que significa esto y el beneficio que puede generar, nos permite tomar la mejor decisión que es "dar vida después de la vida".
Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración, la siguiente Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de donación de órganos y tejidos
Artículo Único.- Se modifican los artículos 320, 324 y 334 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente título. Será considerado donante de órganos y tejidos para transplante, toda persona que a su fallecimiento no hubiere negado expresamente dicha donación.
Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes o cuando no exista negativa de alguna de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme a la prelación señalada.
..........
.........
Artículo 334.- Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente:
.........
II. Existir consentimiento tácito o expreso del disponente y no constar su revocación conforme al artículo 324 de este ordenamiento
III. .........
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de diciembre de 2005.
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Salud. Diciembre 1 de
2005.)
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
DE LA LEY DE PLANEACIÓN, Y DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD
Y GASTO PÚBLICO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ANTONIO KAHWAGI
MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, RECIBIDA EN LA SESIÓN
DEL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2005
Jorge Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Exposición de Motivos
Uno de los temas más relevantes para la generación de un país más competitivo es el que se refiere al Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que éste implica, los procesos involucrados en su conformación y las estrategias en la planeación y financiamiento de proyectos de largo plazo.
Es por ello que el día de hoy presentamos esta iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica del Congreso y a la Ley de Planeación con la finalidad de hacer del Presupuesto de Egresos un nuevo instrumento que permita una mejor evaluación y programación del desarrollo a largo plazo de México mediante la obligación de generar un Presupuesto Multianual, así como facultar al Senado para que tenga atribuciones en la aprobación y discusión del mismo.
La planeación del desarrollo y crecimiento de un país representa una de las actividades más importantes de un gobierno, pues es a través de ésta que las ciudadanía podrá alcanzar sus ideales de bienestar.
El proyecto de país a largo plazo que hemos planteado y han planteado los funcionarios de elección pública a nuestros electores representa un reto y un compromiso que no debe soslayarse, sino debe implicar un mayor compromiso para generar los instrumentos necesarios para que la sociedad cuente con más y mejores elementos que permitan cuantificar y evaluar el desarrollo de largo plazo que pretendemos conquistar.
Es así, que debemos destacar que en todo plan de gobierno para llegar al desarrollo, resultan de gran trascendencia los recursos con los que se cuenta, pues en base a ellos es que se determinan las posibilidades de crecimiento que puede tener nuestra sociedad.
En este sentido el esfuerzo por mantener el gasto público dentro de límites sostenibles y por reasignar recursos dentro de estas fronteras a las tareas prioritarias, resulta una preocupación que toma cada vez una mayor preponderancia para el conjunto de actores que participan del proceso presupuestario. Los instrumentos operativos y conceptuales requeridos para implementar y analizar estos procesos, sin embargo, no se han desarrollado necesariamente con la urgencia que esta necesidad impone.
Frecuentemente hemos visto que los proyectos que caracterizan el porvenir de nuestro país son de corto plazo, faltando así compromiso para el desarrollo de futuras generaciones al no tener consideración de las implicaciones que tendrán todos aquellos programas y proyectos emprendidos, que solo reflejan una solución mediática a los problemas sociales, económicos y políticos.
Debemos señalar que existen rubros dentro del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación que pueden ser presupuestados a largo plazo, ya que por sus características es posible establecer una temporalidad que comprenda el periodo constitucional que dura en su encargo el Presidente de la República en turno, de manera que es posible tener una programación presupuestal de largo plazo que ofrezca mayor certidumbre a nuestra ciudadanía, pero sobre todo un mayor compromiso por parte de nuestros gobernantes y dirigentes de las dependencias que componen el aparato burocrático del país.
Actualmente el gasto corriente representa más de 80 por ciento del gasto programable total, por lo que es necesario que en este rubro se hagan modificaciones, en especial lo que comprende a servicios personales, transferencias y subsidios.
Por otro lado, en materia tributaria si bien se ha logrado ir aumentando paulatinamente la recaudación, ésta sigue siendo insuficiente, pues la evasión y la elusión fiscal son las principales características que revisten a nuestro sistema. Asimismo, el compromiso de las autoridades por mejorar la recaudación y cobro de contribuciones sigue siendo débil y de corto plazo. No existe una planeación que nos lleve a saber en dónde queremos estar al término de cada administración.
Por mucho tiempo nuestra ciudadanía también ha sido víctima de las necesidades electorales de nuestros mandatarios, pues con frecuencia observamos la modificación total de los programas, ya sean prioritarios o no, en especial de aquellos que afectan el ámbito social, en épocas electorales.
Es necesario tener claro cuáles son las grandes prioridades de la nación para que con base en éstas se defina año con año un presupuesto acorde a la planificación multianual y no quede a discrecionalidad de los mandatarios en turno el ejercicio del gasto.
Debemos señalar que el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos anuales de la Federación, si bien presentan cierta flexibilidad y margen de maniobra para que las distintas dependencias y entidades lleven a cabo sus funciones, también presentan cierta rigidez en el manejo de los recursos que están ligados a la propia estructura del Estado, en especial aquellos que se refieren al pago de pensiones, salarios del personal de planta o subsidios establecidos por ley, los recursos asignados a poderes autónomos, entre otros, que no pueden ser reasignados de un año a otro sin que exista una modificación legal que lo posibilite. Es así, que en este tipo de rubros es donde se puede llevar a cabo una presupuestación multianual que contemple la magnitud del gasto destinado a estos rubros en el largo plazo y nos dé una perspectiva y balance del lugar que ocuparemos al término de cada gobierno, o del propio encargo de este Poder Legislativo y demás órganos autónomos.
Sin embargo, debemos de reconocer que este gasto rígido o programable no sólo es inflexible a la baja, sino que crece de año en año por factores que no están bajo el control directo de las autoridades. Es importante señalar que la existencia de gastos rígidos expansivos no es un mal en sí mismo. En muchos casos éstos reflejan la progresiva expansión de derechos económicos y sociales y en otros, su crecimiento es el producto de la aplicación gradual de reformas de gran importancia social. Sin embargo, el que estas obligaciones emanen de normas legales permanentes no significa que las autoridades deban actuar pasivamente frente a las mismas cuando existe evidencia de abusos, ineficiencias o inconsistencias. Por lo que este tipo de gasto también debe estar sujeto a una racionalización de largo plazo que permita su optimización.
La existencia de un importante componente de gastos rígidos expansivos advierte sobre el hecho de que aún en una economía en crecimiento no puede contarse con que el aumento de los ingresos fiscales vaya a quedar íntegramente disponible para financiar nuevos programas, beneficios o reducciones de impuestos.
De manera que esta propuesta sin duda debe ir acompañada con proposiciones que a la larga den mayor fortaleza a nuestro sistema tributario que permita al país también contar con una fuente de ingresos sólida y creciente que para generar un crecimiento sostenible.
Por mucho tiempo en los tres niveles de gobierno se ha hablado sobre la posibilidad de generar presupuestos multianuales, es momento de que México vaya a la vanguardia en el tema económico y por primera vez otorguemos instrumentos de largo plazo que nos permitan cuantificar y calificar proyectos de largo, así como asegurar la equidad desde el ámbito legislativo en la discusión presupuestal anual.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta H. Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
Iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación
Artículo Primero. Se reforman los artículos 26 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. De igual forma, habrá un presupuesto multianual que permita que algunos rubros del Presupuesto y Ley de Ingresos de la Nación puedan ser proyectados a largo plazo, incluyendo como mínimo los componentes siguientes:
II. Ingresos por eficiencia en la recaudación tributaria;
III. Gasto del capítulo correspondiente a servicios personales;
IV. Aquella proporción del gasto corriente que represente un gasto fijo para el Gobierno Federal;
V. Gasto de capital referente a los proyectos de infraestructura;
VI. Contratación y pago de deuda;
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
XVII. Presentar al inicio de su encargo ante el Congreso de la Unión, el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto Multianual y los programas sectoriales que comprendan su periodo constitucional;
De la fracción XVIII. a la XX. .......
Artículo 5. El Presidente de la República remitirá el plan y el Presupuesto Multianual al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.
Artículo 6. El Presidente de la República, al informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto Multianual y los Programas Sectoriales.
En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe de las acciones y resultados de la ejecución del plan, el Presupuesto Multianual y los programas a que se refiere el párrafo anterior, incluyendo un apartado específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2 Constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
...........
Artículo 7. El Presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales que, conforme a lo previsto en el artículo 27 de esta Ley, deberán elaborarse para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, así como también la relación de dichas iniciativas con el Presupuesto Multianual planteado al inicio de su encargo.
Artículo 9. ........
.........
El Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño para medir los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada en el logro de los objetivos y metas del Plan, Presupuesto Multianual y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar anualmente, y para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los servidores públicos.
Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:
II. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados, así como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados;
III. Proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales; así como consultar a los grupos sociales y los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; y elaborar los programas especiales que señale el Presidente de la República;
IV. Cuidar que el plan y los programas que se generen en el sistema, mantengan congruencia en su elaboración y contenido;
V. Coordinar las actividades que en materia de investigación y capacitación para la planeación realicen las dependencias de la Administración Pública Federal;
VI. Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del plan y los programas regionales y especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, y los respectivos gobiernos estatales;
VII. Verificar, periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades del plan y los programas regionales y especiales a que se refiere esta ley, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, el plan y los programas respectivos; y
VIII: Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos e Ingresos Multianual que comprenda la vigencia del periodo constitucional dispuesto para el encargo del Presidente de la República. Dicho proyecto deberá elaborarse con base en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, así como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados;
Del Presupuesto Multianual
Artículo 41 Bis. El Presupuesto Multianual deberá ser elaborado por el Presidente de la República al inicio de su encargo y por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá ser enviado al Congreso de la Unión para su aprobación.
El Presupuesto Multianual estará compuesto por un Presupuesto de Egresos y de Ingresos que comprenda un periodo no menor a la vigencia del periodo constitucional que le corresponda al Presidente de la República que lo emita.
Artículo 41 Ter. El Presupuesto Multianual estará compuesto por aquellos rubros del Presupuesto y Ley de Ingresos que puedan ser proyectados a largo plazo, por lo cual deberá incluir como mínimo la proyección de los siguientes componentes:
II. Ingresos por eficiencia en la recaudación tributaria;
III. Gasto del capítulo correspondiente a servicios personales;
IV. Aquella proporción del gasto corriente que represente un gasto fijo para el Gobierno Federal;
V. Gasto de Capital referente a los proyectos de infraestructura;
VI. Contratación y pago de deuda;
VII: Los demás rubros y conceptos que considere el Presidente de la República.
Deberá ser parte del análisis de la Cuenta Pública el avance correspondiente del Presupuesto Multianual, mismo que deberá ser considerado también en la discusión anual de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.
Transitorios
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de diciembre de 2005.
Dip. Jorge Kahwagi Macari (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta
Pública. Diciembre 1 de 2005.)
Palacio Legislativo, a 1 de diciembre de 2005.
La novela con el tema de la Revolución Mexicana Los de abajo, del escritor mexicano Mariano Azuela, fue determinante para convertirse en un parteaguas de la literatura mexicana del siglo XX. A partir de Los de abajo puede decirse, sin temor a equivocarnos, que nace la novelística de la Revolución. Mariano Azuela se convierte así en un parteaguas literario, como referente estético, pero también sociológico.
Por ello, el grupo parlamentario de Convergencia trae ante esta soberanía una brevísima evocación del médico escritor, profundo observador del movimiento revolucionario de 1910 que cambió la historia de México hasta nuestros días. Mariano Azuela cumple hoy, 1 de diciembre de 2005, precisamente 132 años de su natalicio, en Lagos de Moreno, Jalisco.
Azuela comenzó a escribir desde muy joven durante la dictadura del porfiriato. Su primera novela la tituló María Luisa (1907), cuando cumplía 24 años y estaba concluyendo su carrera de médico en la Universidad de Guadalajara. Ese título indica el postromanticismo de su juventud, que se transformará al paso de los años y de los vaivenes sociológicos que el médico Mariano Azuela no elude.
El movimiento revolucionario maderista lo encuentra en plena juventud y se enrola como médico militar con las fuerzas del general Pancho Villa. Precisamente de esa primera etapa profesional en medio de las balas es que surge el personaje que preside sus comienzos de escritor aún no combatiente con la pluma, la novela Andrés Pérez Maderista (1911).
Su obra maestra, Los de abajo (1915) es la esencia dramática de la rebelión del pueblo mexicano, los campesinos básicamente que nutren las filas de los villistas, tropas donde se desenvuelve el autor como participante, así como la confrontación de clase política dirigente de principios del siglo XX, puesto que retrata la protesta popular ante el magnicidio, criticando acremente a la dictadura del usurpador Victoriano Huerta a través de sus personajes centrales, uno de ellos Demetrio Macías, quien es el hilo conductor del desarrollo de Los de abajo.
Es interesante la protesta soterrada de Demetrio Macías en uno de los pasajes que sostiene con Alberto Solís. Dice Demetrio: "¿Pos cuál causa defendemos nosotros?". Alberto Solís le responde: "Me preguntará por qué sigo en la Revolución. La Revolución es el huracán, y el hombre que se entrega a ella ya no es el hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval".
A juicio del grupo parlamentario de Convergencia, esta novela, que es alfa en la literatura revolucionaria y postrevolucionaria, tiene en nuestros días del siglo XXI, para estos momentos sociopolíticos que estamos viviendo, las evocaciones de la marea "como huracán" que impulsa los cambios sociales, pero que se quedan a medio camino.
Recordar al médico militar y gran escritor, prolífico, patriota, acucioso observador de la vida nacional, tiene una clara pedagogía política para todos nosotros, porque hemos descuidado, en general, nutrirnos de la savia que representan esas novelas. El médico se autoexilió en 1918, para seguir ejerciendo su profesión de médico en la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos.
Mariano Azuela regresa a nuestro país e instala su consultorio en la Ciudad de México, aquí ejerce ambas profesiones: médico y escritor. Se convierte en un médico de los pobres, cuyas atenciones, muchas veces gratuitas, le convierten en un amigo de campesinos a quienes escucha no solamente en sus dolencias, sino que llegan del campo a la ciudad, con su carga de escepticismo porque la Revolución no les cumple todavía a carta cabal las demandas de justicia social por lo que se echaron a la rebelión.
Basta seguir cronológicamente la publicación de la obra literaria del escritor villista Mariano Azuela para conocer su incansable vocación literaria y sociológica: María Luisa (1907), Andrés Pérez Maderista (1911), Los de abajo (1915), Los caciques (1917), Las tribulaciones de una familia decente (1918), Nueva burguesía (1941), La marchanta (1944), La mujer domada (1946) y La maldición (1955), ésta su obra póstuma.
Con justeza le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura en 1949, precisamente por el conjunto de su obra literaria. La maldición se publicó dos años después de su muerte.
Estas líneas quieren ser un sencillo homenaje, bien merecido, que el grupo parlamentario de Convergencia trae a esta tribuna y que nos sirve para enmarcar que la novela Los de abajo, cuyo título es toda una concepción ideológica y sociopolítica, a juicio nuestro, porque significa la profundidad del pensamiento y compromiso del insigne médico militar.
No solamente comprometido con su condición de facultativo de la medicina, sino con la causa social que Azuela contribuyó a retratar con nitidez, cuya claridad fue determinante para que surgieran junto a él una pléyade de escritores mexicanos posteriores al movimiento de la revolución social armada de 1910.
Mariano Azuela preside con justo reconocimiento literario y político a todos ellos: Martín Luis Guzmán, Francisco L. Urquizo, José Revueltas, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Francisco Rojas González, entre otros, quienes no solamente marcaron los hitos de la literatura sino que nutrieron sin excepción toda la cinematografía de México que ha sido considerada en la historia del cine mundial, como la Época de Oro del Cine Mexicano. Películas que quizás fueron el incentivo para leer posteriormente las obras literarias que les daban sustento.
Junto con la novelística de la Revolución Mexicana se nutrieron, asimismo, los pintores postrevolucionarios que dieron, hasta la fecha, lustre y proyección a la Escuela Mexicana de Pintura, puesto que muchos de los personajes que fueron reflejados en el muralismo provienen de las descripciones que los escritores han hecho de los rostros y escenas de dicho movimiento armado, que se pueden deducir de la pintura con palabras para los pinceles de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros.
Por ello, para el grupo parlamentario de Convergencia
es tan importante traer a la memoria histórica la conmemoración
del 132 aniversario del nacimiento del médico escritor mexicano
Mariano Azuela, quien falleciera en 1952, en el Distrito Federal.
ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL MARTES
29 DE NOVIEMBRE DE 2005
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PARLAMENTARIO |
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POR CEDULA |
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JUSTIFICADA |
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| PRI |
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222
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| PAN |
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148
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| PRD |
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97
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| PVEM |
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17
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| PT |
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6
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| CONV. |
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5
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| IND. |
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4
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499
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Nota:
Las diferencias que existen entre las listas de asistencia
y el número de votos pueden variar conforme a los diputados presentes
al momento de la votación.
Dentro de 6 días se publicarán las inasistencias
justificadas respecto a la presente lista.
Con base en lo establecido en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo XII, incisos a) y c), del acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, los diputados federales integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte presentamos el siguiente informe de actividades, de acuerdo con las facultades y la competencia conferida a esta Comisión por las disposiciones reglamentarias.
Dicho informe da seguimiento a nuestro Plan General de Trabajo 2003-2006 y al programa de este año, en el marco del cual principalmente se ha significado la relación constante con el Poder Ejecutivo y con los organismos encargados de regular las materias de juventud y deporte, es parte del trabajo que realiza esta Comisión, por lo que se han estrechado fuertes vínculos de trabajo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Confederación Deportiva Mexicana y con el Comité Olímpico Mexicano. Se integran a los trabajos de esta Comisión los Congresos estatales y la Cámara de Senadores, en materia de juventud y deporte, con la finalidad de realizar reuniones, consultas, estudios, análisis y conocer experiencias a nivel nacional e internacional.
Estamos seguros que con acciones como las que se han venido realizando en la Comisión se proporcionarán las bases legales y jurídicas para que haya una sociedad más justa e igualitaria.
Introducción
La Comisión de Juventud y Deporte ha llevado a cabo un trabajo extenso desde su instalación el 8 de octubre de 2003, donde la participación de todos los partidos políticos que la integran ha sido fundamental para el mejor desarrollo y trabajo de ésta, pues de manera plural, objetiva y con aportación de ideas de los integrantes, se ha desarrollado una idea común acerca de las soluciones de los problemas en materia de juventud y deporte que México necesita.
También se han tenido actividades relevantes en el transcurso de estos 6 meses, donde se han tenido giras de trabajo alternando con eventos deportivos o en materia de juventud de cada uno de los diputados integrantes.
A continuación se presenta un breve informe de las actividades más trascendentales que la Comisión ha realizado a lo largo de seis meses de trabajo legislativo:
Objetivo general
Revisar, fortalecer e impulsar el marco jurídico e institucional en materia de juventud y deporte, así como promover y evaluar proyectos integrales, que encaminen hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes y deportistas mexicanos.
Objetivos específicos
Promover mecanismos de inserción laboral para la juventud, así como garantizar el acceso a servicios y condiciones que favorezcan el ejercicio de su autonomía económica.
Promover la creación y difusión de espacios
culturales y recreativos para la juventud.
Fortalecer las bases para desarrollar la práctica
deportiva desde la educación básica.
Fortalecer y promover el deporte estudiantil.
Revisar y mejorar la Ley General de Cultura Física
y Deporte.
Analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
en materia de juventud y deporte.
La Comisión buscará la participación
activa en los certámenes y premiaciones de que forma parte.
Fortalecer el acceso a los servicios de seguridad social
para la juventud y sus grupos más vulnerables.
Coordinar esfuerzos con las dependencias del Gobierno
Federal vinculadas a la juventud y al deporte.
Analizar el sistema de justicia penal para jóvenes.
Realizar distintos foros en materia de juventud y deporte.
Reuniones
La Comisión ha realizado, como parte de su trabajo, actividades con jóvenes estudiantes de distintas instituciones de educación superior, donde diversos grupos de jóvenes y de organizaciones de la sociedad civil recorrieron las instalaciones del Congreso de la Unión, entablaron pláticas y acuerdos con los miembros de la Comisión, donde se abordaron temas para la agenda Legislativa, además se les dio a conocer el trabajo realizado por cada uno de los legisladores integrantes.
Marzo 12. Entrega de "Reconocimientos al Mérito Deportivo de Atletas de Zamora, Michoacán". Evento en el que se entregaron reconocimiento a deportistas en las especialidades de tae kwon do, kun fu, wu shu, fisiconstructivismo, ciclismo, levantamiento de pesas (capacidades diferentes), frontenis, atletismo, tenis natación y futbol en sus diversas categorías., destacando en su intervención el diputado Francisco Valdés Manzo, integrante, y el diputado José Manuel carrillo Rubio, Presidente de esta Comisión.
Sesiones de la Comisión
La Comisión ha sesionado en variadas ocasiones, abordando diversos temas. Entre los más destacables se mencionan los siguientes:
Reuniones plenarias de 2005
Marzo 16. Lectura, discusión y opinión de diversos proyectos que reforma los artículos 35 y 39 y adiciona los artículos 39-A, 39-B, 39-C, 39-D. 39-E y 39-F, así mismo los artículos 153, 154 y 159 y también del artículo 59 de la misma Ley Federal del Trabajo.
Y además la presentación de los proyectos de dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y el punto de acuerdo donde se exhorte al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud.
Abril 19. Presentación del proyecto de dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 311, 40 y 21 constitucional; también el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 40 y 73 fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentación de opinión de las iniciativas que reforman reforma los artículos 35 y 39 y adiciona los artículos 39-A, 39-B, 39-C, 39-D. 39-E y 39-F, así mismo los artículos 153, 154 y 159 y también del artículo 59 de la misma Ley Federal del Trabajo. Presentación de diversos dictámenes de la iniciativa que reforma la fracción IX del artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; punto de acuerdo por el que se exhorta al poder ejecutivo Federal, a crear un programa federal de apoyo a la juventud; Reforma y adicionan diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte; iniciativa que adiciona una fracción III al artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo; que reforma la fracción IV del artículo 3o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Junio 23. Presentación de los proyectos de dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física; de la proposición con punto de acuerdo donde se solicita se exhorte al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud.
Asuntos turnados
Marzo 1. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud, a efecto de que en esta entidad se promuevan e instrumenten las acciones y programas federales de apoyo a la juventud.
Dictamen
Marzo 14. Iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 3o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, propuesta a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, integrante del PVEM, que propone incluir la promoción de acciones que mejoren el nivel económico de la juventud dentro de los objetivos del Instituto Mexicano de la Juventud, la cual fue dictaminada en sentido positivo.
Agosto 8. Se turnó a la Comisión del Distrito Federal la opinión en sentido positivo del punto de acuerdo, en el que se solicita exhortar al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud, a efecto de que en esta entidad se promuevan e instrumenten las acciones y programas federales de apoyo a la juventud.
Agosto 11
Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 1, 19 y 66 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que propone establecer diversas disposiciones relativas a los dirigentes deportivos. Dictaminada en sentido positivo.
Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte; propone establecer diversas disposiciones con la perspectiva de género. Dictaminada en sentido positivo.
Iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que propone incluir la promoción de acciones que mejoren el nivel económico de la juventud dentro de los objetivos del Instituto Mexicano de la Juventud.
Concentrado de iniciativas turnadas
Iniciativa 1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 4o. y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Punto de acuerdo 1. Por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a incorporar dentro de sus objetivos y programas, la atención a niños y jóvenes de la calle.
Propone: Derogar decreto presidencial de 1945.Punto de acuerdo 3. Por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Educación y el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Presentado por el diputado Jorge Triana Tena (PAN), 29/abril/2004.
Observaciones: Dictaminado en sentido negativo; publicado en Gaceta el 20 de septiembre de 2004.
En la reunión de instalación, realizada el 25 de octubre de 2005 en las oficinas de la Junta de Coordinación Política, el Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agre-siones contra Periodistas y Medios de Comunicación resolvió que haría su presentación pública el martes 8 de noviembre, y dio a conocer su programa de trabajo.
En la reunión participaron organismos gremiales y profesionales de los medios de comunicación, académicos, periodistas, instituciones que tienen que ver con la procuración de justicia, así como con los de defensa de los derechos humanos.
A la reunión de presentación pública del Grupo de Trabajo asistieron la coordinadora, diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y el diputado Jesús González Shmal, del grupo parlamentario de Convergencia.
Por los directivos y trabajadores de los medios de comunicación participaron Eréndira Cruz Villegas, de la Red Mexicana de Protección a los Periodistas y directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); María Idalia Gómez, de la Sociedad Interamericana de Prensa; Balbina Flores, de Reporteros sin Frontera; Teodoro Rentaría, de la Federación de Periodistas Mexicanos; Celeste Sáenz Miera, del Club de Periodistas; Rosalía Sánchez, de la Asociación Nacional de Locutores de México; Omar Raúl Martínez Sánchez, de la Fundación Manuel Buendía; Jesús Ramírez Cuevas, de Masiosare, semanario publicado por La Jornada.
Por la Comisión Nacional de Derechos Humanos participó Raúl González Pérez, director general de Agravio a Periodistas.
Al inicio, la diputada Beatriz Mojica Morga explicó que el problema de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación debe ser retomado por el Estado y que el Poder Legislativo había sido sensible a este asunto al crear el Grupo de Trabajo (GT), y aclaró que no era, sin embargo, un asunto exclusivo de los periodistas de medios electrónicos o escritos, sino que se trataba de "fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país".
Inmediatamente le dieron la palabra a Eréndira Cruz Villegas, de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, quien se congratuló de que la Cámara de Diputados hubiera formado el Grupo de Trabajo para hacer realidad el sueño de un ejercicio de libertad de expresión sin represión, sin amenazas ni violencia.
La también directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) sostuvo que el 2005 es "un año negro" para la libertad de expresión y el ejercicio del derecho humano a la comunicación. Se refirió a cinco periodistas asesinados durante el año en curso y mencionó la agresión al periódico Orbe de Tapachula, la agresión a la periodista Concepción Villafuerte, directora de La Foja Coleta de San Cristóbal de las Casas, y las presiones vividas por el reportero Miguel Ángel Ceratto, del Cuarto Poder de Chiapas.
Para Cruz Villegas el siguiente paso a sería la formación de una comisión especial en la Cámara de Diputados abocada a garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, así como la creación de una fiscalía especial que pudiera atender los casos de agresiones contra periodistas. Consideró que era una vergüenza que los trabajadores de los medios de comunicación temieran denunciar las hostilidades que sufren cotidianamente.
La portavoz de la Red Mexicana de Protección a Periodista dijo que en términos legislativos debería revisarse el que los delitos de difamación de honor se pagaran con cárcel, más en general propuso que se revisara el catálogo de faltas y delitos que entorpecen el ejercicio de la libertad de expresión.
Posteriormente, intervino María Idalia Gómez en representación de Juan Francisco Ealy Ortiz, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien empezó por referirse a la agresión de un periodista en Tuxtepec, Oaxaca, que unos días atrás había sido baleado en Oaxaca, al asesinato de un locutor de Tierra Blanca Veracruz y añadió que hay una escalada contra los periodistas en México, y resumió diciendo que de marzo de 2004 a la fecha había "10 periodistas asesinados" y se refirió a 5 asesinados directamente por el crimen organizado.
María Idalia Gómez sostuvo que la gravedad de la situación provocó la reunión de 40 periódicos de 8 entidades de la República, en donde se comentó que México desplazó a Colombia en el número de agresiones a trabajadores de los medios de comunicación.
La periodista afirmó que no se persigue un estado de excepción para los periodistas, sino el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a ser informada sin cortapisas de ninguna especie.
En su turno, a nombre de Reporteros Sin Frontera, Balbina Flores afirmó que era muy importante para el Grupo de Trabajo poner la atención debida a los crímenes cometidos contra periodistas, sin dejar de lado lo que son agresiones a la libertad de expresión o los hostigamientos hacia periodistas y medios de comunicación, los golpes para desaparecer medios como las denuncias penales, por ejemplo la que enfrenta la revista Proceso de parte de la pareja presidencial, o la suspensión de publicad del gobierno de San Luis Potosí a La Jornada de San Luis.
Balbina Flores explicó que en el sexenio de Vicente Fox se han registrado 14 asesinatos de periodistas a manos de narcotraficantes, pero subrayó el papel contrario a los derechos a la información y a la libertad de expresión que juega la impunidad, después hizo el listado de los asesinados por entidades de la República: 5 en Tamaulipas, 3 en Chihuahua, 2 en Baja California y Guerrero, 1 en Sinaloa y Veracruz. Además mencionó la desaparición forzosa de Alfredo Jiménez Mota en abril pasado, y de Jesús Mejía Lechuga en julio pasado.
Balbina Flores se refirió, asimismo, a las presiones contra los medios, como El Orbe, ya que su directora sufre persecución judicial, pues se ha hecho de delitos como difamación y calumnia en las entidades asuntos del derecho penal, cuando desde el punto de vista del ejercicio de la libertad de expresión debían mantenerse en el Código Civil.
Además abordó el tema del secreto profesional de los trabajadores de los medios de comunicación y se refirió a los lineamientos emitidos por la Procuraduría General de la República a los Ministerios Públicos locales respecto a la protección de la reserva de las fuentes periodísticas. Flores se refirió a la censura y a la autocensura como forma de supervivencia y dijo que el periodismo de investigación se ha reducido y en algunas entidades ha desaparecido; comentó el daño que se hace a la democracia cuando los periodistas informan sólo con base en boletines oficiales. Y se preguntó: "¿El narcotráfico le está ganando la batalla a la libertad de expresión?" Terminó haciendo referencia a otros temas articulados a la censura, como el "control discreto" de la publicidad como medio de acallar a medios de comunicación.
Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras, propuso la realización de un foro que dé seguimiento al conjunto de casos que se han documentado y haga una revisión de cuatro temas relacionados con lo legislativo: el relativo al secreto profesional, el que se refiere a la tipificación de los delitos contra periodistas, la revisión y modificación de la ley para aplicar las sanciones civiles en los actualmente considerados como delito de difamación y calumnia, y la necesidad de legislar para evitar que se manipule la publicidad gubernamental para castigar o premiar al periodismo acorde con el poder. Flores replanteó la viabilidad de una fiscalía especial para atraer los casos que se refieren a agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
Teodoro Rentaría, ex vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas y Comentaristas, dijo que hasta el 4 de octubre -fecha en la que se aprobó la creación del Grupo de Trabajo- supuso que las denuncias contra las agresiones contra periodistas y medios de comunicación eran como predicar en el desierto, y aseguró: "tal parecía que nadie nos hacía caso". Rentaría se refirió al Primer Congreso Nacional de Organizaciones en que se unieron los trabajadores de los medios de comunicación y se creó la Asociación de Periodistas Mexicanos que actualmente agrupa 122 organizaciones de diversos tipos y representa a 16 mil periodistas de toda la República.
Teodoro Rentaría explicó que en aquella ocasión Luis Suárez, entonces Presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), denunció que México ocupaba el segundo lugar en todo el Continente de Americano en agresiones contra periodistas, pero que él decía con preocupación que ahora México ocupaba el primer lugar en todo el mundo, por encima de Irak, que enfrenta una guerra de ocupación, y de Colombia que vive en medio de una guerra civil y del narcotráfico desde hace ya varios años.
Rentaría mencionó que existían diferentes datos sobre el tema del Grupo de Trabajo, pero que una parte de sus acciones tendría que ser el socializar y homogenizar la información al respecto. Rentaría se refirió a una investigación en la que participó y que se concluyó que había 50 periodistas asesinados y un desaparecido, pero que con los últimos datos se puede sostener que hay 53 periodistas asesinados y dos desaparecidos en los últimos 20 años.
Teodoro Rentaría afirmó que la constante de esos asesinatos y desapariciones era la impunidad y se comprometió a actualizar el informe para el Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y a Medios de Comunicación. El periodista y comentarista de radio abordó el tema de la prohibición de manejo de información que se hace en la Ley de Transparencia, que él refirió como Ley Mordaza, ya que desde su punto de vista se mantiene bajo reserva información que, al ser de entidades públicas, debe pertenecer al pueblo y "no puede quedar secuestrada en ninguna forma". Sostuvo que el secreto profesional debe quedar plasmado en las leyes fundamentales del país como, dijo, ya se había hecho en el estado de Morelos.
El periodista también abordó el tema de la publicidad gubernamental. Aseguró que los países democráticos tienen una ley de equidad en publicidad gubernamental y pidió a los asistentes que imaginaran qué harían con 3 mil 600 millones de pesos que es lo que anualmente gasta el Gobierno Federal en publicidad, que se otorgan a discreción de una sola persona. Rentería dijo que era encomiable que se hubiera formado este grupo de trabajo de la Junta de Coordinación Política, pero esperaba que no quedaran como las fiscalías especiales que no han resuelto nada, concluyó.
A continuación intervino el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM, quien consideró que era ya una afrenta para el Estado Mexicano las agresiones "que sufren las personas que se dedican a los medios de comunicación". El diputado del Verde Ecologista consideró que "la libertad de expresión es el elemento fundamental que reivindica el ejercicio de la información". Añadió que los legisladores de su partido han propuesto aumentar las penas contra la delincuencia organizada para castigar la impunidad que afecta tanto a la sociedad mexicana. El diputado González Roldán explicó que la libertad de expresión está íntimamente ligada al desarrollo de la democracia.
Asimismo, el diputado González Roldán dijo que "la comunicación crea puentes de entendimiento entre los sectores de la sociedad", y añadió que el periodismo es una de las profesiones de mayor riesgo, y terminó sosteniendo que "el respeto a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos de los periodistas conforman uno de los rubros olvidados en la reforma del Estado".
En su turno, el diputado del grupo parlamentario de Convergencia Jesús González Shmal consideró que el periodismo es un insumo insustituible de la democracia, pero no con cualquier tipo de periodismo, para ser de una sociedad democrática el periodismo debe ser libre, independiente, serio y responsable. González Schmal aseguró que si la libertad y respeto a la expresión de la prensa sucumbe la sociedad se autoflagela, se autoniega y se genera de inmediato la anarquía, la negación de la civilización.
El diputado de Convergencia Jesús González Shmal consideró que el periodismo crítico lo que patrióticamente representa es "la última resistencia, hoy por hoy, contra el crimen organizado en la droga, en la tala clandestina y en las actividades políticas; hay que decirlo con todas sus letras ante la impotencia e incapacidad del gobierno".
Antes de ofrecer la palabra a los asistentes a la presentación del Grupo de Trabajo de Seguimiento a las agresiones a los Periodistas y Medios de Comunicación, la diputada Beatriz Mojica Morga expuso las grandes líneas de acción y relacionó el ejercicio de la libertad de prensa con un contexto de seguridad pública de fin de la impunidad. Explicó que se trataba de definir como dar seguimiento a los casos de agresión a trabajadores de los medios de comunicación, porque de otra forma se cedía el terreno a la impunidad.
La diputada Mojica Morga expuso las líneas de trabajo y otorgó la palabra a diversos asistentes a la reunión.
Dijo que se había tomado nota de los diversos casos y temas mencionados que se abordarían próximamente, cuando se citara a reuniones con organizaciones para hacer el seguimiento de los diversos casos. Asimismo, consideró que deberían examinarse y dársele continuidad a propuestas como la de tipificar en el Código Civil los delitos que se cometen contra los periodistas, propuesta hecha por las diputadas Dolores Gutiérrez Zurita y Ruth Trinidad Hernández Martínez, del Grupo de Trabajo.
La diputada Beatriz Mojica Morga expresó además que el Grupo de Trabajo iniciará una serie de reuniones con instituciones como la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, con el Tribunal Superior de Justicia, entre otras, para estudiar cómo marchan las investigaciones de los crímenes y desapariciones de trabajadores de los medios de comunicación.
Asimismo, dijo que en los recuentos hechos se constata que en el plano nacional o central hay un conocimiento mayor del curso de las investigaciones, mientras que no se sabe cómo avanzan éstas en las entidades de la federación.
México DF, a 18 de noviembre de 2005.
Dip. Beatriz Mojica Morga
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguimiento a las
Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación
En la ciudad de Cozumel, Quintana Roo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, siendo las 9 horas del día 10 de junio del año 2005 se reunieron los siguientes ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Asistencia
Diputados Julio César Córdova Martínez, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, María Eloísa Talavera Hernández, Omar Ortega Álvarez, Fernando Ulises Adame de León, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Patricia Durán Reveles, Marcela Guerra Castillo, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Consuelo Camarena Gómez, Lucio Galileo Lastra Marín, José López Medina, Alfonso Nava Díaz, Erick Agustín Silva Santos, Rubén Alfredo Torres Zavala y Martín Remigio Vidaña Pérez
Contándose con el quórum reglamentario, el diputado Julio César Córdova Martínez, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, procedió a iniciar los trabajos de la reunión de acuerdo al siguiente orden del día
El diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez,
secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología para dar
la bienvenida a los participantes.
El diputado Julio César Córdova Martínez,
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología para la
exposición de motivos de la reunión de trabajo.
El licenciado Félix González Canto, gobernador
del estado de Quintana Roo para declarar formalmente inaugurados los trabajos.
2. Introducción a la reunión de evaluación del plan estratégico de la Comisión de Ciencia y Tecnología a cargo del maestro Horacio Soriano, coordinador del proceso de evaluación estratégica en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
3. Mesa de conferencias
Doctor Octavio Paredes López, Presidente de la
Academia Mexicana de Ciencias
Doctor José Luis Fernández Zayas, coordinador
general del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
Doctor Leonardo Ríos Guerrero, Presidente del
IX consejo directivo de la Asociación Mexicana de Directivos de
la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, AC,
ADIAT.
Doctora Rosalinda Contreras Theurel, directora general
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN.
Doctor Inocencio Higuera Ciápara, director adjunto
de Ciencia y representante del ingeniero Jaime Parada Ávila, director
general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
4. Sesión de preguntas y respuestas a los conferencistas con la participación de los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
5. Clasificación y priorización de
los trabajos de la primera mitad de la LIX Legislatura.
6. Requerimientos para su realización.
7. Análisis de vulnerabilidad (riesgo).
8. Diseño de agenda de trabajo para la
segunda mitad de la LIX Legislatura.
9. Conclusiones por mesa.
10. Discusión y firma de la Declaración
de Cozumel.
Comisión de Ciencia y Tecnología de la LIX Legislatura
10 de junio de 2005
Considerando
Que México requiere una política de Estado en ciencia y tecnología (CyT) con una visión de largo plazo que incorpore a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación como elementos fundamentales e integrados a la estrategia del desarrollo económico y social del país.
Que el conocimiento y la educación que se traduce en innovación tecnológica para crear o mejorar productos y procesos son factores determinantes para lograr mayor productividad, competitividad y crecimiento económico.
Que México enfrenta el doble reto: volver a crecer en forma sostenida para elevar el nivel de vida de su población. Y además hacerlo a un ritmo que le permita incorporar a la actividad productiva a una población de jóvenes en edad de trabajar que aumenta significativamente, derivado de las altas tasas de crecimiento demográfico que experimentó el país en las últimas décadas del siglo pasado.
Que la recuperación de México en la escala mundial de competitividad requiere de un impulso sustantivo al desarrollo de la ciencia la innovación y la incorporación productiva de la tecnología.
Que la inversión en México en CyT como porcentaje del PIB ha aumentado en 15 años únicamente de 0.28 en 1990 a 0.36 en 2005.
Que la CyT requiere del aprovechamiento de investigadores, tecnólogos, infraestructura, equipamiento, creación y desarrollo de centros de investigación.
Que a pesar de que el financiamiento privado en CyT se ha incrementado por la aprobación de los estímulos fiscales, su proporción en el gasto total aún es baja.
Que persiste una alta concentración de las actividades en CyT en el Distrito Federal en términos de investigadores (50%), programas de posgrado y estudiantes de esos programas (62%).
Que adicionalmente existe un tratamiento regulatorio administrativo a las instituciones y centros públicos de investigación que no reconoce sus características propias y les dificulta el manejo de los recursos, el cumplimiento de sus actividades sustantivas y la vinculación con el sector productivo.
Que todo lo anterior requiere una visión clara de largo plazo, con una planeación de mayor horizonte a los tiempos sexenales de renovación gubernamental, que focalice las áreas de oportunidad y las prioridades de la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico en función de los retos nacionales, sectoriales y regionales del país.
Que para lograr lo anterior proponemos
2. Determinar en este programa estratégico la orientación del gasto en CyT de tal forma que se vinculen las áreas estratégicas del conocimiento con los retos y oportunidades para resolver problemas de especial prioridad para México como son: energía, agua, salud, alimentos, medio ambiente y educación de la ciencia.
3. Promover que todos los partidos políticos incorporen a la CyT en sus plataformas electorales como una base fundamental de la riqueza del país y estrategia para enfrentar los problemas nacionales, así como pilar fundamental para la competitividad del país.
4. Articular un acuerdo nacional de CyT para la innovación y la competitividad que pueda ser suscrito como compromiso por todos los candidatos a Presidencia de la República en el primer semestre de 2006.
5. Que este acuerdo contemple la formación y aprovechamiento de recursos humanos altamente calificados, el fortalecimiento de la capacidad, la infraestructura instrumental y equipamiento científico y tecnológico, la planeación de la CyT a mediano y largo plazo, un sistema nacional de vinculación con el sector productivo, las oportunidades y prioridades sectoriales, el impulso al desarrollo regional y un financiamiento gradual, incremental y sostenido.
6. Promover la participación activa de los gobiernos de las entidades federativas para establecer prioridades nacionales, estatales y regionales en esta materia e impulsar en las legislaturas locales la conformación de marcos legales, propicios al desarrollo de la CyT
7. Emprender acciones inmediatas para avanzar en lo que resta de la presente administración para fortalecer programas específicos de formación y aprovechamiento de recursos humanos de alta especialidad, a través de becas de posgrado, repatriación e incorporación de becarios a centros de trabajo, creación de nuevas plazas para investigadores y ampliación del Sistema Nacional de Investigadores; apoyar proyectos estratégicos de infraestructura; reforzar la vinculación con el sector productivo; incorporar en los diferentes ramos presupuestales recursos para incrementar los fondos de ciencia básica sectoriales y mixtos, así como flexibilizar la normatividad gubernamental a que están sujetos, las instituciones y los centros de investigación, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
8. Pugnar porque los recursos autorizados para el presente año se apliquen oportunamente y analizar la ampliación del estímulo fiscal para incentivar al sector productivo a incorporar recursos humanos de alta calificación
9. Por último se recomienda que para la formulación del programa estratégico y la articulación del acuerdo nacional de CyT se conforme una mesa de trabajo en que participen la comunidad científica, tecnológica, el sector productivo y representantes de todos los partidos y fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión y gobiernos de las entidades federativas.
Atentamente
Dip. Julio César Córdova Martínez
(rúbrica)
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DE SU REUNIÓN PLENARIA CELEBRADA EL MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2005
En la ciudad de México, Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, siendo las 16 horas del día 4 de octubre del año dos mil cinco se reunieron los siguientes ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Asistencia
Diputados: Julio César Córdova Martínez, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, María Eloísa Talavera Hernández, Omar Ortega Álvarez, Fernando Ulises Adame de León, Roger David Alcocer García, Sheyla Fabiola Aragón Cortes, Rosa María Avilés Nájera, Consuelo Camarena Gómez, José Ángel Córdova Villalobos, Benito Chávez Montenegro, Patricia Durán Reveles, Humberto Francisco Filizola Haces, Marcela Guerra Castillo, Dolores Gutiérrez Zurita, Abdallán Guzmán Cruz, Lucio Galileo Lastra Marín, José López Medina, Salvador Martínez Della Rocca, José Luis Medina Lizalde, Alfonso Nava Díaz, Erick Silva Santos, Rubén Alfredo Torres Zavala, Marisol Urrea Camarena, Jorge Baldemar Utrilla Robles.
Contándose con el quórum reglamentario, el diputado Julio César Córdova Martínez, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, procedió a iniciar los trabajos de la sesión.
El diputado Julio César Córdova Martínez, en su carácter de Presidente de la Comisión, solicitó a la diputada secretaria Eloísa Talavera Hernández dar lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.
Posteriormente, la secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología diputada Eloísa Talavera Hernández procedió a desahogar el orden del día, para lo cual le dio el uso de la palabra al licenciado Paul Burruel Campos, secretario técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con el fin de que presentara el programa anual de trabajo septiembre 2005-agosto 2006.
Una vez concluida la presentación, la diputada Talavera Hernández solicitó dar lectura a los compromisos y responsables de los proyectos relativos a la Declaración de Cozumel.
Acto seguido el programa anual de trabajo fue sometido a votación y aprobado por unanimidad.
Continuando con el orden del día, la diputada Talavera Hernández, secretaria de la Comisión cedió el uso de la palabra al secretario técnico a efecto de explicar el contenido de la propuesta de dictamen con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Una vez concluida la presentación, los siguientes diputados hicieron uso de la palabra
El diputado Lastra Marín para señalar que dichos institutos participan a través de la Secretaría de Educación Pública.
El diputado López Medina para señalar que los institutos tecnológicos no están debidamente representados en la ANUIES.
Para seguir desahogando el orden del día, la diputada Talavera Hernández, secretaria de la Comisión cedió de nuevo el uso de la palabra al secretario técnico, a efecto de explicar la propuesta del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Acto seguido los siguientes diputados fijaron sus posturas
La diputada Avilés Nájera para hacer una precisión al resolutivo del dictamen relativa a la obligación de obtener el grado correspondiente por parte de los becarios Conacyt.
7 votos en contra
Diputados: María Eloísa Talavera
Hernández, Sheyla Fabiola Aragón Cortes, Consuelo Camarena
Gómez, José Ángel Córdova Villalobos, Lucio
Galileo Lastra Marín, Rubén Alfredo Torres Zavala, Marisol
Urrea Camarena.
1 abstención
Diputada Patricia Durán Reveles.
Atentamente
Julio César Córdova Martínez (rúbrica)
Presidente
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, RELATIVA A SU DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN PLENARIA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DE 2005
Siendo el día veinte del mes de abril del año dos mil cinco se llevó a cabo la decimoséptima reunión plenaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En representación de la diputada Presidenta, Jacqueline G. Argüelles Guzmán, el diputado secretario Francisco Javier Lara Arano agradeció la asistencia. Como primer punto se llevó a cabo la verificación del quórum y, con una asistencia de veintiún diputadas y diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión.
Asistencia
Diputados: Jacqueline G. Argüelles Guzmán (J), Francisco Javier Lara Arano, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla, Irene Herminia Blanco Becerra, Raúl Rogelio Chavarría Salas, María Guadalupe García Velasco, Bernardo Loera Carrillo, Raúl Leonel Paredes Vega, Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, Óscar Rodríguez Cabrera, Roberto Antonio Marrufo Torres, Miguel Amescua Alejo, Jacobo Sánchez López, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Óscar Félix Ochoa, Ernesto Alarcón Trujillo, Pascual Sigala Páez, Adrián Chávez Ruiz, Nancy Cárdenas Sánchez, Alfredo Bejos Nicolás.
Como segundo punto se aprobó, en votación económica, el orden del día, por desarrollar en sus términos.
Acto seguido, y como tercer punto, se aprobó el acta de la sesión realizada el 2 de febrero de 2005.
Pasando al siguiente punto del orden del día, se inició la discusión de los proyectos de dictamen turnados a la Comisión.
En primer término, el proyecto de dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el cual, una vez sometido a votación y aprobada su discusión, en uso de la palabra, el diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas mencionó que ellos, como grupo parlamentario, se reservaron la mayoría de los artículos de la iniciativa, y dio lectura a los mismos; y, ya con las reservas correspondientes, se procedió a la votación del proyecto, siendo aprobado en lo general, sin los artículos reservados para ser discutidos en lo particular.
La Presidencia le dio el uso de la palabra al diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas, para explicar el artículo tercero, fracciones XIV, XII, XXIX, XXVI, XXXVIII y XXXIX. Señaló que, con relación a la fracción XIV, debería considerarse improcedente el hecho de que se le dé una preferencia a las empresas nacionales sobre las extranjeras, ya se estarían violando acuerdos internacionales.
En la misma línea, el diputado Adrián Chávez se manifestó a favor de que existiera esta preferencia pero propuso que se omitiera el término de "privadas" y se dejara sólo como nacionales para que abarcara otro tipo de empresas que también saldrían beneficiadas, como las cooperativas, las sociales y las propias paraestatales.
Respecto de la misma fracción, el diputado Víctor Manuel Alcerreca señaló que para él dicho apartado no tenía razón de ser. A lo que el diputado Adrián Chávez retomó y dijo que él estaba a favor, con la única anotación de quitarle la palabra "privadas", ya que limita a otras empresas nacionales.
El diputado Rogelio Chavarría reiteró su pretensión de desechar dicha fracción, ya que tal concepto ya se encontraba en el artículo 3o. del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.
El diputado Enrique Tamborrel se sumó a la propuesta del diputado Chavarría y así como a la del diputado Víctor Alcerreca, ya que consideraba que dicha adición pondría trabas y, en vez de beneficiar, perjudicaría a la larga a las empresas. Puso un ejemplo al respecto y solicitó que simplemente fuese retirada y que, en su momento, se recorriera el numeral.
Por tanto, el diputado Roberto Marrufo propuso que fuera retirado este proyecto de dictamen, o bien lo pasaran al final para su discusión, ya que iba a ser un proceso muy largo y muy discutido.
El diputado Tamborrel apoyó la propuesta y argumentos del diputado Marrufo, ya que él veía que la mayoría de los artículos que se habían reservado tenían que ver con la Ley General del Equilibrio Ecológico, por lo que solicitó no sólo que se retirara, sino que se realizara una reunión de trabajo especial para verificar que no se estuviese trasgrediendo el marco jurídico ambiental.
Previa solicitud del uso de la palabra, el diputado Pascual Sigala Páez se sumó a las propuestas de los demás diputados, en el sentido de realizar una reunión posterior para discutir el asunto, o que se organizara un grupo de trabajo especial que estuviera encabezado por la Mesa Directiva y por integrantes de cada partido de la Comisión.
El diputado Miguel Amezcua Alejo propuso que se discutiera dicho dictamen en otra reunión plenaria, por la importancia del tema; o que se organizaran mesas de diálogo en donde participaran todos los integrantes de la Comisión para que se enriqueciera la propuesta.
Acto seguido, la diputada Irene Blanco apoyó la propuesta en el sentido de que hay que revisar bien para hacer ya una reforma completa, y no seguir con pegotes y estas modificaciones.
Ante la solicitud de los diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva sometió a votación la propuesta de retirar el primer punto para su posterior análisis y, votando la mayoría a favor de tal propuesta, el dictamen se retiró y se dejó para un posterior análisis.
Continuando con el orden del día se procedió a someter a votación la discusión del proyecto de dictamen con proyecto de decreto para reformar los artículos 38 y 39 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y como la mayoría estuvo a favor de la negativa, fue retirado dicho punto para una posterior discusión.
El siguiente punto en el orden del día fue, previa votación, la discusión del dictamen con proyecto de decreto para reformar los artículos 46, 57, 60, primer párrafo, y 67, párrafo primero, y adicionar el artículo 54 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en donde el diputado Adrián Chávez mencionó la importancia de someter a discusión este artículo, ya que se refería a la protección de hábitat marinos. Hizo mención que en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente no existe actualmente nada que hable sobre la parte marina y, sin embargo, sí hay áreas naturales protegidas que se encuentran ubicadas en esas zonas.
El diputado Bernardo Loera pidió que se reservara el artículo 46.
El diputado Rogelio Chavarría pidió se reservara el artículo 54 Bis y, acto seguido, la Presidencia lo sometió a votación, el cual fue aprobado por mayoría en lo general, con la reserva de artículos. En seguida el diputado Bernardo Loera, expuso los motivos por los cuales pensaba que dicho artículo (46) resultaba improcedente, siendo el principal el hecho de que el artículo 51 de la Legeepa ya incluía lo que se quería adicionar en el artículo 46.
Tomando el uso de la palabra, el diputado Pascual Sigala dijo que, al definir áreas de protección de hábitat marinos, no hay una contraposición con lo que plantea en la fracción III su artículo 46, y se manifestó de acuerdo con que se incorpore dicho artículo.
La diputada Irene Blanco se manifestó en contra de la adición de dicho artículo, por considerar que su contenido ya estaba incluido en la Legeepa.
Nuevamente el diputado Adrián Chávez en uso de la palabra, sugirió que se consultara a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que diera su opinión respecto a cómo atender de una manera más adecuada este tipo de ecosistemas. Se adhirieron a dicha propuesta los diputados Pascual Sigala Páez, Rogelio Cavaría, con la sugerencia de este último de que, en cuanto se tuviese la opinión de Conanp, se sometiera nuevamente a votación.
Por lo que la Presidencia, tomando las sugerencias de los diputados, sometió a votación el dictamen para que fuese retirado del orden del día y, una vez que se contara con la opinión de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, se sometiera a discusión en otra sesión plenaria. La mayoría votó a favor de la propuesta.
Prosiguiendo con el orden del día, se sometió a votación para su discusión el dictamen con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Como la mayoría votó por la negativa, se pasó al siguiente punto del orden del día, que fue la votación para aprobar la discusión del siguiente dictamen con proyecto de decreto para reformar los artículos 49 y 56 de la Ley General de Vida Silvestre y, toda vez que la mayoría votó por la afirmativa, se abrió el registro de oradores para discutir dicho dictamen. Se registró el diputado Rogelio Chavarría con reserva de artículos. Una vez realizado el registro se procedió a votar dicho dictamen. La mayoría estuvo a favor de aprobar el dictamen en lo general con la reserva de artículos, por lo cual se concedió el uso de la palabra al diputado Rogelio Chavarría, quien dijo que el artículo 49 es innecesario y repetitivo, ya que se prevé en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en sus dos primeros artículos. Por tal motivo, el diputado Adrián Chávez externó que en este caso él creía que el que quede explícito no se contrapone con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y que se estaba agregando una acotación por el tipo de información que se está manejando. La acotación era una excepción de aquélla que sea susceptible de generar derechos de propiedad intelectual, cosa que no necesariamente podría venir en la Ley del IFAI.
El diputado Chavarría le pidió al secretario técnico, licenciado Luis Eduardo Gómez, leyera el artículo 49, para que se pudiera observar que en el último párrafo ya se encontraba dicha acotación.
Acto seguido el Secretario Técnico dio lectura al artículo antes mencionado.
Por lo que fue sometido nuevamente a votación dicho dictamen, el cual se aprobó en lo particular y en sus términos, toda vez que fueron desahogadas las reservas de artículos.
El siguiente punto fue la votación para discutir el dictamen con proyecto de decreto que modifica y adiciona las fracciones V y VI del artículo 112 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En razón de que la mayoría estuvo por la afirmativa, se abrió el registro de oradores. Se anotó el diputado Bernardo Loera Carrillo. Una vez realizadas las reservas, se procedió a someter nuevamente dicho dictamen a votación y se aprobó por mayoría en lo general, sin los artículos reservados para discutirse en lo particular.
En uso de la palabra, el diputado Bernardo Loera Carrillo pidió a la plenaria que, por lo que hacía al artículo 102, fracción VI, no se aprobara, en virtud de que establece el decomiso de materiales o residuos peligrosos y demás bienes involucrados directamente en la comisión de infracciones. Y que consideraban que no se podía transmitir la responsabilidad del infractor al Estado y, por otro lado, también contraviene lo que establece el artículo 42, como una responsabilidad de quienes manejan residuos peligrosos el darle un trato final a estos.
El diputado Adrián Chávez se adhirió a la postura del diputado Loera. Puso como ejemplo el siguiente: "Detienen un camión con equis sustancia nociva y, efectivamente, pues ahora el Estado es el responsable de ver qué va a hacer con esa sustancia, y realmente debe de ser el propio particular que cometió la infracción quien se encargue de darle un destino adecuado a la presente ley". En el mismo sentido, el diputado Víctor Alcerreca comentó que estaba de acuerdo con la postura de los diputados Loera y Chávez, y comentó que el último párrafo del artículo 42 no tenía sentido de ser.
Por lo que dicho dictamen se sometió nuevamente a votación y fue aprobado por mayoría, con las modificaciones sugeridas, y se le desechó la fracción VI.
El siguiente punto a tratar en el orden del día fue la votación para discutir el dictamen con proyecto de Decreto que adiciona los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 111 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el cual fue votado por mayoría en afirmativa, por lo que se abrió el registro de oradores para el mismo. El diputado Adrián Chávez quedó anotado con reserva del párrafo quinto, por lo que nuevamente se sometió el mismo a votación, y se aprobó en lo general por mayoría, con reserva de artículos en lo particular. Abrió la discusión el diputado Adrián Chávez, quien dijo que desde su punto de vista este párrafo lo que planteaba era generar una gran discrecionalidad para poder modificar una multa por un perdón; en lugar de tener una multa que, por cierto, eran multas muy bajas y se les cambiaba por una sanción. Por lo que creía que al quedar esto con elementos de juicio muy subjetivos y conociendo cómo trabaja la autoridad en materia ambiental en este país, le parecía, que por lo menos, sí se debía mantener la multa, independientemente de si se subsane o no el daño que se haya causado.
Una vez que el diputado Adrián Chávez externó sus consideraciones al respecto, se sometió nuevamente a votación el dictamen en lo particular, y por mayoría se aprobó el desecho del párrafo quinto del artículo en cuestión.
Como siguiente punto del orden del día se sometió a discusión el dictamen con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; una vez aprobada la discusión y, toda vez que no hubo quien se registrara, se sometió a votación para su aprobación y, siendo la mayoría por la afirmativa, el mismo fue aprobado en sus términos.
El siguiente punto fue la votación para discusión del dictamen con proyecto de decreto que modifica la fracción XIII del artículo primero, fracción VII, del artículo 7 y del artículo 101. Se cambia la denominación del capítulo segundo y se adiciona un primer párrafo en el artículo 104 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y, estando la mayoría por la afirmativa, se procedió a abrir el registro de oradores. En uso de la palabra, el diputado Adrián Chávez pidió que se corrigiera un error de ortografía en el título segundo, segunda página, a lo que el diputado Rogelio Chavarría se reservó la denominación del capítulo segundo. Una vez realizado el registro se procedió a votación del mismo, siendo aprobado por mayoría en lo general para analizarse en lo particular.
Tomó la palabra el diputado Cavaría; argumentó que no considera pertinente la denominación y pidió que quedara igual, por ser originalmente éste el sentido del legislador.
Se procedió a someter nuevamente a votación el dictamen en lo particular y, toda vez que la mayoría votó por la afirmativa, se aprobó el dictamen en sus términos con las modificaciones aprobadas.
Los siguientes puntos en el orden del día fueron la discusión de siete dictámenes a las proposiciones con punto de acuerdo turnadas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que a continuación se enlistan:
Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a realizar los estudios pertinentes a fin de declarar el lago de Zirahuén, Michoacán, como área natural protegida.
Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a realizar los estudios pertinentes a fin de declarar los médanos de Zamalayucla, Chihuahua, como área natural protegida.
Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a derogar la adición 4.43 a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003.
Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Profepa, en coordinación con el Gobierno del estado de Chiapas y el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, NOM-083-SEMARNAT 2003, en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat y a la Profepa a participar, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la atención de los delitos ambientales que se cometen en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas.
Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat para que realice un programa de restauración ecológica en el río Coatzacoalcos, sus riberas y zonas marítimo terrestre, así como el arroyo Tepeyac, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación con Petróleos Mexicanos.
Agotados los asuntos enlistados en el orden del día, se levantó la sesión.
Diputados: Jacqueline G. Argüelles Guzmán
(rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica),
Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa
Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica),
secretarios.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, RELATIVA A SU REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA EL JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el día siete de septiembre del año dos mil cinco, con una asistencia de 21 diputadas y diputados, la Presidencia declara abierta la sesión. La Secretaría dio lectura del orden del día.
Asistencia
Diputados: Jacqueline G. Argüelles Guzmán, José Luis Cabrera Padilla, Raúl Rogelio Chavarría Salas, Mario Ernesto Dávila Aranda, María Guadalupe García Velasco, Bernardo Loera Carrillo, Regina Vázquez Saut, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Óscar Rodríguez Cabrera, Roberto Antonio Marrufo Torres, Jacobo Sánchez López, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Óscar Félix Ochoa, Ernesto Alarcón Trujillo, Pascual Sigala Páez, Adrián Chávez Ruiz, Carlos Silva Valdés, Nancy Cárdenas Sánchez, Maximino Fernández Ávila, Alfredo Bejos Nicolás.
Funcionarios asistentes del Gobierno Federal
Doctor Adrián Fernández Bremautnz, Presidente del Instituto Nacional de Ecología; ingeniero José Ramón Ardavin Ituarte, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental; Doctor Carlos Muñoz Piña, director general de Investigación en Política y Economía Ambiental; ingeniero Víctor Javier Gutiérrez Avedoy, director general del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental.
La diputada Presidenta de la Comisión, Jacqueline Argüelles Guzmán, da la bienvenida a esta reunión al doctor Adrián Fernández Bremautnz, quien es Presidente del Instituto Nacional de Ecología, y a su equipo de colaboradores, a quienes da el uso de la palabra.
El doctor Adrián Fernández agradece a los diputados que los acompañan, y la invitación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso, por conducto de su Presidenta, la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán.
El doctor Fernández comentó que en el Instituto Nacional de Ecología (INE) de la Semarnat se tiene un gran entusiasmo por colaborar con el Poder Legislativo y en específico en materia de medio ambiente. Comentó también que el secretario José Luis Luege Tamargo ha girado las instrucciones precisas para redoblar el paso en este aspecto.
Mencionó que el Instituto Nacional de Ecología es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual funciona como una especie de institución asesora del propio secretario, de los subsecretarios, etcétera; por tanto, reitera su disposición para platicar del INE, su capacidad, su potencial y ponerlo a disposición de la Cámara de Diputados. Recalcó que el Instituto tiene más de 400 personas trabajando ahí, de los cuales, aproximadamente la mitad son personas con preparación técnica-científica, muy sólida, quienes están en la mejor disposición de ayudar y orientar a quien lo necesite.
Señala que han visto una serie de iniciativas de ley muy interesantes, necesarias, impulsadas desde esta Comisión, propuestas por los diferentes partidos políticos y que cada una de esas iniciativas implica la necesidad de un respaldo, de un análisis profundo, serio, muy riguroso, no sólo en los aspectos técnicos-científicos, sino también en las implicaciones económicas y jurídicas de esas iniciativas.
El doctor Adrián Fernández presentó al ingeniero Víctor Javier Gutiérrez Avedoy, quien es director general del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, que es una de las cuatro direcciones generales del INE. Este centro de investigación se encuentra dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa y es el centro mejor equipado de toda Latinoamérica; tiene una gran capacidad para hacer estudios de campo, evaluaciones sobre contaminación del aire y sobre sustancias tóxicas, residuos, sitios abandonados, etcétera.
Se presenta la doctora Leonora Rojas Bracho, directora general de Investigación sobre la Contaminación Urbana, Regional y Global. En coordinación con el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (Cenica) diseñan los estudios las investigaciones en materia de contaminación del aire, los análisis de tendencias de contaminación, los análisis de las cuestiones de costo-efectividad del cambio de combustibles, el azufre, las normas, insumos para las normas de vehículos, etcétera; hay implicaciones, pero está también un trabajo muy detallado, de cuantificar los beneficios en salud y económicos que México va a tener.
En la reunión también se encuentra el doctor Carlos Muñoz Piña, director general de Investigación en Política y Economía Ambiental; él se encuentra en el área de pago de servicios ambientales. Esta área es de gran importancia, ya que se requieren análisis de costo-efectividad, valuación monetaria o económica de cualquier iniciativa que los diputados están impulsando, y se pone a su disposición.
El doctor Muñoz Piña declaró que uno de los problemas que más preocupa a la sociedad es el agua. El 2006 va a ser el año en que México recibe el IV Foro Mundial del Agua, y ciertamente son problemas de contaminación y de escasez de tan vital líquido.
Señaló que uno de los temas más graves es la sobreexplotación de acuíferos: 100 de los 188 acuíferos de los que depende 60% de la población urbana en México están sobreexplotados. Esto significa que la gente saca más agua de lo que la naturaleza recarga año con año. Eso eventualmente implica que el agua se extrae de profundidades mayores; el agua que llega se mezcla con otras sustancias, es de menor calidad y el costo para los agricultores y para las ciudades aumenta.
Otro tema que les preocupa es el de biodiversidad; sobre todo el caso de los plaguicidas, el uso creciente de plaguicidas, ya que en México se usan de los más tóxicos, en comparación con los que se consumen en países de ingresos similares a los nuestros; 40% de los plaguicidas que se utilizan en México son de alta y muy alta toxicidad, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.
Los manglares es otra de las grandes preocupaciones. Aseguró que si se han perdido muchos manglares en México no es tanto porque los sustituyan hoteles o centros urbanos; la mayor parte de la pérdida en manglares que se ha observado es por cambios de uso de suelo hacia la agricultura, hacia ampliación de potreros. Las causas de la pérdida de manglares son económicas; la gente cambia uso de suelo porque gana más al ampliar el potrero que de un manglar que le da relativamente poco.
El ingeniero José Ramón Ardavin Ituarte, en uso de la palabra comentó que en este día se había aprobado la norma 086 en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre la calidad ambiental de combustibles.
Comentó que se aprobó como un proyecto de norma que va a consulta pública durante los siguientes 60 días, a partir de la publicación. Se estima la publicación el día 12 de este mes en el Diario Oficial de la Federación, como proyecto de norma y dos meses después, aproximadamente el 12 de noviembre, estaría contestándose a los comentarios que se den en la consulta pública y al mismo tiempo publicándose como Norma Oficial Mexicana definitiva.
La norma actual maneja una serie de valores de combustible, de azufre y de otras cuestiones en combustibles, tanto en gasolina como en diesel, incluso gas natural, y a la entrada en vigor de esta modificación a la norma se harán más exigentes los niveles de azufre.
Señaló que este cambio de las gasolinas puede ser tan significativo como cuando en su momento se hizo el cambio de quitarle el plomo a la gasolina. O sea, es un cambio realmente importante que quizás a lo largo de diez años nos permitiría reducir la contaminación ambiental de las ciudades importantes a la mitad de lo que tenemos ahora, por lo cual es un cambio sumamente importante.
La diputada Presidenta, Jacqueline Argüelles Guzmán, agradece al doctor Adrián Fernández y a su equipo de colaboradores la exposición que realizaron y, debido a la misma, algunos diputados solicitaron el uso de la palabra.
El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres preguntó: "¿Qué pasó con la norma que regula los dispositivos para captar valores de combustibles de gasolinas, vapores en gasolinas? ¿Y hay algún proyecto al Instituto, concreto, de iniciativas en las cuales podamos nosotros concluir para avanzar en algunos proyectos que tengan? Son dos preguntas concretas, una al subsecretario y una al Instituto".
El diputado Víctor Manuel Alcérreca expresó que le dio gusto escuchar que ahora sí el INE puede hacer cuando menos algunos análisis, y como resultado de ello puede hacer algunas evaluaciones y estudios.
Hizo algunas observaciones al INE, por lo que recomendó que fueran cautos en sus expresiones porque generalmente los que tienen la capacidad para hacer cosas y de alguna forma cuentan con conocimientos científicos, de alguna manera se involucran con los factores de orden económico, y tienden a ser demasiado efusivos y demasiado ambiciosos e impiden ver la circunstancia que vive el país, se complican las cosas a los que de alguna manera tienen luego que absorber los costos.
Por otra parte, las inversiones que Pemex tiene que hacer? Preguntó que si ya se había hablado con el secretario de Hacienda o cuando menos con el secretario de Energía, porque no se pueden ejercer acciones y poner normas que obligan de inmediato sin antes prever. Y se está hablando de instalaciones de refinería que no se van a construir de la noche a la mañana; entonces todo esto tiene que, de alguna manera, hacerse un plan o un programa para llevarlo a la práctica.
También manifestó su inconformidad con el asunto de manglares, ya que aseveró que dentro de la misma Semarnat hay quien promueve normas o aprueba estudios de impacto ambiental para pegarle al manglar con los proyectos y, por otro lado, aseguran que lo que se quiere es protegerlos.
Hizo énfasis en que el INE tiene la obligación, primero, de educar a los funcionarios de la Semarnat, ya que desde hace tres años, a raíz de que se modificó la norma para el manglar, ha sido una de aprobaciones de proyectos que antes se rechazaban y que están impactando seriamente el manglar en todos los estados de la República; ahora promueven normas o aprueban estudios de impacto ambiental que no deberían ser.
Por otro lado enfatizó que los problemas de los combustibles tradicionalmente se derivan de políticas públicas que son un instrumento de desarrollo económico del país pero que no miran hacia atrás y que afectan y han venido afectando fundamentalmente y deteriorando la hacienda pública del país.
El diputado Raúl Rogelio Chavarría, en uso de la palabra, agradeció la disposición que tienen los integrantes del INE para coadyuvar en la integración real de las iniciativas, logrando así la elaboración de iniciativas profesionales. Agradece también a la diputada Presidenta el acercamiento con estas instituciones.
En uso de la palabra, la diputada Nancy Cárdenas comentó que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó el Foro de Conservación de Humedales en el estado de Quintana Roo y, como el INE estuvo presente, les solicitó sus cometarios puntuales a la iniciativa que expide la Ley de Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de Humedales, para poder dictaminarla con los comentarios de los expertos, a fin de que pueda aprobarse antes de que termine la legislatura.
El diputado Guillermo Velasco agradeció al INE la disposición para apoyar al Poder Legislativo, y les hizo saber que es reconocido su trabajo, ya que es muy profesional y agregó que coincidía con el diputado Víctor Manuel Alcérreca en que sí es necesario que ayuden al Gobierno Federal y también al Poder Legislativo y al Judicial, si es que lo pueden hacer, en profesionalizar aún más las decisiones que se toman en materia ambiental.
El diputado Jacobo Sánchez señaló que en el estado de Oaxaca hay mucha problemática con el suministro de agua, por lo que pidió el apoyo del INE para asesorías en ese sentido y poder ayudar a las comunidades que más lo necesitan.
El diputado Óscar Rodríguez Cabrera puntualizó que es de llamar la atención oír hoy, después de exactamente 20 años, que se hagan los estudios de contaminación que en Japón se hicieron hace 20 años.
Otro problema que mencionó fue el que se presenta en Campeche respecto a las industrias del camarón y petrolera.
Pidió al INE apoyo para asesoría en cuanto al uso de etanoles y metanoles, ya que tal vez se pueda auxiliar a los ingenios azucareros.
La diputada Presidenta, Jacqueline Argüelles, agradeció la intervención de sus compañeros diputados, y concedió el uso de la palabra al doctor Fernández y al subsecretario Ardavin.
El doctor Fernández señaló que el tema de recuperación de vapores es muy interesante, ya que ése fue el asunto para el cual se creó el fideicomiso de la zona metropolitana para fondear la instalación de sistemas de recuperación de vapores en las gasolineras del Valle de México.
Solicitó a los diputados que hagan llegar los temas en los cuales necesitan asesoría y con mucho gusto, en coordinación con el INE, tratar los temas más a fondo.
Otro asunto que se mencionó fue la cuestión de los llenados y el tercer problema eran las propias operaciones de carga, descarga y almacenamiento en la gasolinería, independientemente de las fugas por fallas de los tanques.
Mencionó como ejemplo que actualmente todos los tapones de gasolina tienen la posibilidad de sellamiento, y sí es factible que todas las gasolinerías, donde quedan, tienen un sistema de vacío para recuperar por la parte anular los vapores que se producen en el llenado.
Lo que falta es el complemento del sistema que evite que vapores de los tanques de almacenamiento de gasolinerías, cuando sufren presiones por efecto de llenado y vaciado, se vayan directamente a la atmósfera; para eso se requiere poner nada más de un pequeño quemador, como hay en las refinerías.
El doctor Fernández también puntualizó que en el mismo orden de ideas que el diputado Alcérreca, la norma de emisiones de hidrocarburos, tanto evaporativas como por el escape, viene la normatividad, que es la que pretendemos que acompañe a los combustibles de bajo azufre, y actualmente hay una reducción importante en las emisiones de hidrocarburos, no así, efectivamente, en las evaporaciones; pero ya se está solicitando.
Otro de los asuntos controversiales que el secretario Luege abrió, fue la discusión de la norma de manglares; reconoció que había amplios sectores de la sociedad que se manifestaron en contra de la perdida de los manglares.
Con la reestructuración, hace cinco años, en el INE se reduce significativamente de tamaños, se redistribuyen las áreas y las tareas, pero ahora sí es un instituto que más que hacer investigación, coordina y elabora análisis serios, rigurosos, como apoyo en la toma de decisiones; hacemos mucho trabajo con otros; de ninguna manera el INE es autosuficiente, incluso en sus propios análisis o temas que toca, pero se trabaja muy estrechamente, y cree que ahora, por el perfil del personal del INE, se le tiene un respeto.
El INE está identificando autoridades, por ejemplo, estatales, que están todavía en su primer año o están tomando posesión de nuevos gobiernos y se acerca a ellos también para decirles que hay información disponible para cualquier estructura de gobierno y así fortalecer más los programas ambientales.
El subsecretario Ardavin enfocó su comentario, retomando el tema del etanol, mencionando que hubo una reunión de la Comisión de Agricultura donde se tocó el tema, estuvo Pemex, estuvo el INE, y señaló que hay una posición de divergencia, o sea, es un tema que valdría la pena que retomara para debatir o por lo menos que se analizara.
Otro tema es el de los mantos acuíferos, fundamental sobre todo para la CNA, y señaló dos puntos importantes. Uno es el de medición, que lo más importante es el tratamiento de aguas para evitar seguir sobreexplotando los mantos acuíferos; el segundo es la sobreexplotación misma, ya que es muy perjudicial sobre todo para el Distrito Federal.
El tema de la basura es un en donde hay muchas oportunidades, por ejemplo, de recuperación de metano; en ese sentido México está todavía en ceros, el único relleno que lo hace se ubica en Monterrey.
Se está en un programa de regularización, ya que si bien es cierto, el INE no tiene facultades sobre los rellenos sanitarios municipales; sí se está exhortando a su regularización a través de las autoridades estatales; el cumplimiento de la norma 83 es la que regula la construcción de rellenos sanitarios.
El subsecretario mencionó que hay que poner una especie de válvula y no dar entrada a todos los proyectos de construcción sobre manglares que se presentan; sugirió que lo que se debe hacer es dar entrada a los que con ello realmente sean de interés público o donde no haya otra opción.
Se está en proceso de reabrir la discusión de la norma 022 y actualmente hay un grupo de investigadores que están trabajando con la Subsecretaría de Planeación de la Semarnat, que están haciendo las propuestas técnicas y posteriormente la retomaran en el cambio de la norma.
La diputada Jacqueline Argüelles Guzmán agradeció, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la presencia del doctor Adrián Fernández, Presidente del INE, y al subsecretario, ingeniero José Ramón Ardavin, su disposición para tratar los temas que a los legisladores interesan; así mismo, solicitó establecer un calendario de trabajo para poder ir agendando los temas de mutuo interés y poder avanzar lo más pronto posible; se cuenta todavía con un año de trabajo y se espera que sea muy productivo.
Diputados: Jacqueline G. Argüelles Guzmán
(rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica),
Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa
Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica),
secretarios.
A la reunión de Subcomisión Legislativa de Vivienda, que se llevará a cabo el viernes 2 de diciembre, a las 11 horas, en el salón González Luna, situado en el edificio H, cuarto piso.
Atentamente
Dip. Roberto Pedraza Martínez
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS
A la reunión sobre trabajo infantil que sostendrá con la organización no gubernamental Thais, SC, el lunes 5 de diciembre, a las 17 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Dip. Angélica de la Peña Gómez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
A la reanudación de su reunión permanente, que se realizará el martes 6 de diciembre, a las 13 horas, en la sala 6 del edifico B, para dictaminar la nueva Ley Agraria.
Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE GANADERÍA
A su decimotercera reunión ordinaria de trabajo, que se efectuará el martes 6 de diciembre, a las 13 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Dip. Gonzalo Alemán Migliolo
Presidente
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 6 de diciembre, al término de la sesión, en el salón A del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A su duodécima reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 7 de diciembre, a las 8 horas, en el salón F del edificio G, segundo piso.
Atentamente
Dip. Carla Rochín Nieto
Presidenta
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
A la reunión de trabajo que sostendrá con el Presidente del Sistema de Administración Tributaria, ingeniero José Zubiría Maqueo, el miércoles 7 de diciembre, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Diputación Obrera (edificio B, primer nivel).
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A su vigésima tercera sesión plenaria ordinaria, que se efectuará el miércoles 7 de diciembre, a las 10 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
Al parlamento El binomio derecho y política frente al desafío del 2006, que se llevará a cabo hasta el viernes 5 de diciembre en diferentes entidades federativas.
Considerando
Que nuestra democracia, concebida como forma de gobierno funcional y como auténtica forma de vida para la nación, se ha de ver sujeta a un proceso de constante perfeccionamiento que la coloca a la altura de los desafíos sociales contemporáneos;
Que el derecho a través de su principio de juridicidad se convierte en estructura de sostén y viabilidad para la democracia;
Que la política, desde su ancestral comprensión, se erige en el arte auténtico de concertación de los más diversos y encontrados intereses, sin perjudicar a ninguno, poniendo el producto de tal concertación al servicio y en beneficio de la nación a través del buen gobierno;
Que en la etapa que vive el país es menester contribuir al fortalecimiento de la confianza social hacia la democracia, el derecho y la política a fin de generar mediante la más amplia participación ciudadana plataformas de mayor legitimación para la actuación de los representantes de nuestros órganos primarios de gobierno;
Que, por ende, el desafío que implica el proceso electoral federal de 2006 conlleva el imperativo de lograr la victoria de la participación ciudadana sobre el fenómeno de la abstención, no sólo a través de la emisión del sufragio sino también en la producción de propuestas plurales, sustentadas en el conocimiento calificado y en la experiencia que, por su grado de pertinencia y viabilidad, contribuyen a la mejor comprensión social y al fortalecimiento de nuestras instituciones;
Que, fieles a su compromiso histórico y con vistas a esa victoria que México necesita
La H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por conducto de la Facultad de Derecho, convocan al parlamento
El binomio derecho y política frente al desafío del 2006
El parlamento se desarrollará en distintas entidades federativas y estará estructurado a base de conferencias agrupadas en mesas temáticas relacionadas con el título del evento. En dichas mesas participan académicos, tanto docentes de la Facultad de Derecho de la UNAM como de otras instituciones invitadas, legisladores y actores políticos, así como reconocidas personas que, en su calidad ciudadana, han consagrado esfuerzo y estudio a los asuntos que se abordan.
Mediante las conferencias se pretende orientar, ampliar o, en su caso, profundizar el conocimiento y la asimilación social de los temas de las mesas. Con este sentido, se contemplan lapsos para la participación del público asistente mediante preguntas formuladas a los conferenciantes a través de formatos que serán previamente distribuidos.
La totalidad de las participaciones será recopilada en una edición, que será la memoria del parlamento y que, en su oportunidad, será entregada a las instancias correspondientes, a fin de que signifique una aportación al sistema nacional de planeación democrática en los términos del artículo 26 constitucional, así como para que sirva al enriquecimiento de la agenda legislativa nacional.
El parlamento se desarrollará bajo los auspicios y la coordinación de las instancias convocantes, de conformidad con el siguiente
Programa
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Al seminario La investigación del campo mexicano en el siglo XXI, desde la perspectiva del Poder Legislativo, que se realizará en el Palacio Legislativo los días 6, 7 y 8 de diciembre, en ocasión del primer aniversario del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de acuerdo con el siguiente programa:
Martes 6 de diciembre
9:00-10:00
Registro de participantes
10:40-11:00
Inauguración
11:00-11:15
Receso
11:15-14:30
Evaluación integral del Programa Especial Concurrente
11:15-14:30
Conocimiento tradicional y pueblos indígenas
11:15-14:30
Sistema de Información Estratégica Rural
14:30-16:30
Comida
17:00-19:30
Sistema Nacional de Servicios Financieros Rurales
17:00-19:30
Soberanía y seguridad alimentaria y su correlación
con la pobreza
Miércoles 7 de diciembre
10:00-12:30
La transversalidad de los temas ambientales en el Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
10:00-12:30
La planeación para la soberanía y seguridad
alimentaria y nutricional
10:00-14:00
Rentabilidad y competitividad (maíz, frijol, bovinos,
leche)
12:30-12:45
Receso
12:45-15:00
Efectos de la pesca de arrastre del camarón en
el golfo de California
12:45-15:00
Análisis de la metodología de los indicadores
económicos de seguridad y soberanía alimentaria, actividad
productiva y paridad urbana-rural
15:00-17:00
Comida
17:00-19:30
Revista Rumbo Rural y publicaciones del CEDRSSA
Jueves 8 de diciembre
9:30-11:30
Políticas públicas rurales: su importancia
y la conducción de los mercados
11:45-14:00
El impacto de las reformas de 1992 al artículo
27 constitucional en el campo
14:00-15:30
Comida
15:30-18:00
Escenarios del campo mexicano en el siglo XXI
18:00-18:15
Receso
18:15-19:15
Protocolo de instalación de la Red Académica
de Colaboración sobre Estudios Rurales (RACER) y otros organismos.
19:15
Clausura
Atentamente
Dip. Víctor Suárez Carrera
Presidente
DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Al primer Foro de espiritualidad y medicina tradicional en México, que tendrá lugar el miércoles 7 y el jueves 8 de diciembre, de las 10 a las 20 horas, en el auditorio sur, en el marco del Foro permanente de consulta ciudadana.
Atentamente
Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla
Presidente
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
Junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Matías Romero, y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, al seminario La política exterior de México y la escena internacional contemporánea.
Dicho seminario se llevará a cabo en sesiones de dos horas cada una, de 17:00 a 19:00 horas, los días martes y miércoles comprendidos hasta el 7 de diciembre de 2005. El programa se cubrirá en cinco mesas redondas y una introducción en las que participarán, dependiendo del tema, especialistas de reconocido prestigio, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y un representante del Poder Legislativo.
Objetivos
El seminario está dividido en seis temas principales:
Esta iniciativa académica se llevará a cabo en sesiones de dos horas cada una, de 17:00 a 19:00 horas, los martes y miércoles comprendidos del martes 22 de noviembre al miércoles 7 de diciembre de 2005. El programa se cubrirá en cinco mesas redondas y una introducción en las que participarán, dependiendo del tema, especialistas de reconocido prestigio, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y un representante del Poder Legislativo.
Sede
Martes 6 y miércoles 7 de diciembre, sala 2 del área de conferencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, situada en Ricardo Flores Magón número 1, Tlatelolco.
Inauguración
La ceremonia de inauguración tendrá lugar el lunes 21 de noviembre a las 17:00 horas en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Senado de la República. Al finalizar se ofrecerá vino de honor.
Acreditación
El Instituto Matías Romero entregará una constancia de acreditación con valor curricular a quienes cumplan una asistencia mínima de cuatro sesiones.
Programa y calendario
Mesa 4
Regiones prioritarias para la política exterior
de México.
Martes 6 de diciembre, de 17:00 a 19:00 horas.
Sala 2 del área de conferencias de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Mesa 5
Temas jurídicos prioritarios para la agenda
legislativa en materia internacional y la diplomacia parlamentaria.
Miércoles 7 de diciembre, de 17:00 a 19:00
horas.
Sala 2 del área de conferencias de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A la Feria del Libro 2005, que se llevará a cabo del lunes 12 al viernes 16 de diciembre, en la explanada legislativa.
Atentamente
Dip. Carla Rochín Nieto
Presidenta
DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-TURQUÍA
Junto con la Comisión de Cultura y la Embajada de la República de Turquía, a la exhibición Azulejos de Iznik, cerámicas legendarias de Turquía, que se presentará del lunes 12 al viernes 16 de diciembre, y cuya inauguración será el martes 13, a las 13 horas, en el vestíbulo principal de este recinto legislativo.
Atentamente
Dip. Elpidio Tovar de la Cruz
Presidente
DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Al panel Propuestas legislativas en materia de bibliotecas, que se efectuará el miércoles 14 de diciembre, a las 12 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Dip. Carla Rochín Nieto
Presidenta
DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Al Panel internacional sobre bibliotecas legislativas, que se llevará a cabo el jueves 15 de diciembre, a las 12 horas, en el auditorio del edifico E.
Atentamente
Dip. Carla Rochín Nieto
Presidenta
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS
A la entrega del acervo bibliográfico de la OCDE a la biblioteca, que tendrá verificativo el viernes 6 de enero de 2006, a las 12 horas, en el área del acervo de la biblioteca (edificio C, tercer nivel).
Atentamente
Dr. Francisco Luna Kan
Director general de Bibliotecas