• De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social a ratificar y respetar el acuerdo 773/2000, celebrado el 22 de noviembre de 2000 por el Consejo, y dejar sin efecto el acuerdo 279/2003, publicado el 4 de noviembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

• De las Comisiones Unidas de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Salud a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 083-ECOL-1996, sobre residuos sólidos.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar, en coordinación con la Secretaría de Marina, auditorías ambientales a las plataformas petroleras ubicadas en la sonda de Campeche.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para demandar la cancelación de las obras de construcción del muelle en Playa del Carmen, Quintana Roo, por ser violatorio del ordenamiento ecológico territorial Cancún-Tulum.

• De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al titular del Ejecutivo federal a instituir el Día Nacional de las Personas Zurdas.

• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 Bis a la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 51 Bis a la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 76 y 421 de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5, fracción VII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 333, fracción VI, 461, 462 y 462 Bis y adiciona un párrafo segundo al artículo 329 de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Instituciones de Crédito.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 194-M de la Ley Federal de Derechos.

• De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía.

HONORABLE ASAMBLEA:

Fue turnada a esta Comisión de Seguridad Social, para su estudio y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social para que ratifique y respete el Acuerdo 773/2000, celebrado el día 22 de noviembre de 2000 por el Consejo Técnico de esa institución, y deje sin efecto el acuerdo 279/2003 publicado el 4 de noviembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha proposición fue puesta a consideración de esta H. Asamblea el día 13 de abril de 2004 por el C. Diputado José Sigona Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En atención a ello y de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, artículo 45 numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Seguridad Social presenta a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de abril de 2004, se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social para que ratifique y respete el Acuerdo 773/2000, celebrado el día 22 de noviembre de 2000 por el Consejo Técnico de esa institución, y deje sin efecto el acuerdo 279/2003 publicado el 4 de noviembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, por el C. Diputado José Sigona Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

3.En su reunión ordinaria del día 13 de abril de 2004, el Pleno de la Comisión acordó solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social opinión sobre la proposición en referencia, con la finalidad de tener mayores elementos para dictaminarla. Para tal efecto, se dirigió al Dr. Santiago Levy Algazi el oficio número CSS-266/04, con fecha 14 de abril de 2004.

4. Con fecha 9 de abril de 2004, la Unidad de Vinculación Institucional del Seguro Social hizo llegar al Diputado Presidente de la Comisión el oficio número 0952176110510/10304, informando de tos acuerdos señalados en la proposición.

5. Asimismo, con fecha 16 de marzo de 2004, la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior, A.C. hizo llegar un oficio a la presidencia de esta Comisión, solicitando su intervención para que el Consejo Técnico del IMSS deje sin efectos el acuerdo 279/2003.

6. Previo estudio y análisis de la proposición e información recabada al respecto, se procedió a la elaboración del presente dictamen, considerando la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La proposición busca que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión emita un exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que ratifique y respete el Acuerdo 773/2000, celebrado el día 22 de noviembre de 2000 por el Consejo Técnico de esa institución, y deje sin efecto el acuerdo 279/2003 publicado el 4 de noviembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

En opinión del autor, el acuerdo 279/2003 genera inseguridad a cientos de instituciones públicas y privadas, debido que la afiliación de un alto número de trabajadores docentes queda sujeta a la libre interpretación que hacen los delegados del IMSS. Esto, se argumenta en la proposición, dado que al aprobar el acuerdo antes citado se pasó por alto que muchos docentes son contratados con dedicación máxima de cuatro horas/semana por materia, y en muchos casos, como prestadores independientes de servicios bajo el régimen de honorarios. Esta situación, abunda el autor, refleja el dinamismo a que está sujeta la oferta educativa actualmente, en donde la escasez de profesionistas en posibilidad de dedicarse de tiempo completo a la cátedra y la investigación, ha llevado a las instituciones educativas a la contratación de personal que labore bajo esquemas de cuatro horas/semana por materia. En consecuencia, precisan las consideraciones de la proposición, el acuerdo en comento está provocando el despido de hasta el 40% de la plantilla laboral de algunas universidades, en virtud de que al haberse dejado sin efectos el Acuerdo 773/2000, que regulaba el régimen de aseguramiento de los maestros que prestaban sus servicios en instituciones educativas, incentiva a éstas para que mantengan una planta docente reducida, registrada ante el IMSS, en vez de un esquema que les represente mayores erogaciones por cuotas.

Por otro lado, la proposición señala que si bien es cierto que entre los objetivos del IMSS destaca la búsqueda de condiciones que le permitan mejorar su situación financiera, el Acuerdo 279/2003 del Consejo Técnico del Instituto fue emitido sin la menor estimación del impacto que tendría sobre los asegurados y tampoco se realizó una consulta a expertos en la materia. Se afirma, además, que el hecho de dejar si efectos el Acuerdo 773/2000 no soluciona en forma alguna las disparidades que el IMSS enfrenta entre las aportaciones que recibe y los costos que enfrenta en la administración y la provisión de servicios para estos trabajadores.

De conformidad con los antecedentes y motivaciones antes referidos, está Comisión expone las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La seguridad social es el mejor instrumento con que cuenta el Estado mexicano para garantizar el bienestar de los trabajadores y sus familias; así como para protegerlos de aquellos riesgos y situaciones que afecten su estabilidad económica y salud, previendo diversos mecanismos para protegerlos, atenderlos y en su caso, restituirlos. Asimismo, debe resaltarse que el mecanismo fundamental de acceso a estos sistemas lo constituye el empleo formal.

2. La inscripción y registro de los trabajadores, es una de las obligaciones que los patrones deben cumplir de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Aunado a ello, los trabajadores docentes de universidades públicas y privadas serán sujetos al Régimen Obligatorio del Seguro Social según lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. Frente a ello, son de destacarse los problemas que vive cotidianamente el instituto derivados de la evasión, elusión y subregistro, tanto en las contrataciones efectivas, como en los salarios que se registran y las cuotas derivadas.

3. Esta dictaminadora reconoce que la dinámica que han seguido diversos sectores de la economía nacional, entre ellos el educativo, han terminado por establecer formas de participación laboral en donde la flexibilización de horarios, formas de contratación y de remuneración, pueden derivar en incentivos para que los patrones eludan la obligación de registrar a sus trabajadores, en condiciones administrativamente más complejas para el seguimiento y registro que hace el Instituto y sobre todo, en cargas adicionales y costos de oportunidad para los trabajadores. En tal sentido, es necesario estudiar diversos mecanismos que, frente a esta realidad laboral y la disparidad que frecuentemente le acompaña en términos del costo de atención y las cuotas de los trabajadores, garanticen la afiliación de los trabajadores y la vigencia de la seguridad social como derecho.

4. Es en ese sentido que el Acuerdo 773/2000, celebrado el 22 de noviembre de 2000 por el H. Consejo Técnico del IMSS, significó un avance en la configuración de un marco de certidumbre para los trabajadores, los empleadores y el mismo Instituto, dado que establecía un marco de regulación para el aseguramiento, el cómputo de horas, la cotización y la formas de comprobación en los casos de trabajadores docentes con jornadas mayores o menores de 18 horas a la semana, según fuera el caso. Además, es importante señalar que tal acuerdo fue tomado en apego a las facultades del Consejo Técnico del instituto, establecidas en los artículos 251, fracción VIII, 263 y 264 fracción XV de la Ley del Seguro Social, con base en una propuesta hecha y fundada por la Dirección de Afiliación y Cobranza.

5. En consecuencia, esta dictaminadora coincide con el promovente en que al quedar sin efecto dicho acuerdo, se genera un vacío en las disposiciones que regulan el aseguramiento de los trabajadores docentes que prestan sus servicios en las condiciones que estaban previstas en dicho ordenamiento. Lo que a final de cuentas, podría derivar en incertidumbre de los actores y lo que es peor, en incentivos para el subregistro, la elusión y la evasión que redunden en pérdida de derechos para los trabajadores.

6. Por otro lado, con fundamento en el artículo 264, fracción XV de la Ley del Seguro Social, que establece las facultades del Consejo Técnico en relación a las condiciones de aseguramiento y cotización de trabajadores que por sus características no se adecuen a las condiciones generales, esta dictaminadora considera que es a esa instancia a quien debe dirigirse el exhorto que contiene la proposición en comento.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Seguridad Social conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero. La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión atentamente exhorta al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social para que ratifique y respete el Acuerdo 773/2000, celebrado el día 22 de noviembre de 2000 por el Consejo Técnico de esa institución, y deje sin efecto el acuerdo 279/2003 publicado el 4 de noviembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de abril de 2004.

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Graciela Larios Rivas, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán, Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli, Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 083-ECOL-1996, SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en torno a las acciones que deben emprender por los daños causados en la salud y en el medio ambiente por los rellenos sanitarios, presentado por la Dip. Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87,88 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.-En sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2003, fue presentado el presente punto de acuerdo por la Dip. Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, siendo turnado en esta fecha a las Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando con base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

El crecimiento exponencial de la población que en las últimas décadas han experimentado las principales ciudades del país, debido a la concentración de actividades económicas e industriales, ha propiciado una fuerte demanda de los servicios públicos, rebasando las capacidades de la autoridad para la prestación de éstos en cantidad y calidad que se requieren.

Uno de los servicios que se ha visto más afectado por el crecimiento urbano es el Servicio de Limpia o Aseo Urbano, el cual esta compuesto por la recolección, barrido de las calles, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales.

La disposición final de los residuos sólidos es la última etapa del Sistema de Aseo Urbano de cualquier ciudad y está íntimamente relacionada con la reservación del ambiente, así como con la salud de la población, por lo que se debe tratar y controlar mediante un sistema adecuado que minimice los impactos negativos que hasta la fecha minan el bienestar del entorno ecológico.

No obstante el conocimiento de este hecho, en la actualidad aún prevalece la práctica irracional del "tiradero a cielo abierto" en la mayoría de las ciudades de nuestro país. Tal práctica consiste en el depósito incontrolado de residuos sólidos directamente del suelo, estimulando la contaminación del agua, aire y suelo, así como generando incontables problemas de salud pública y marginación social.

Recordemos que el objeto de la disposición de los residuos sólidos es recolectar inmediatamente los desechos de la comunidad urbana, reduciendo su volumen y tornándolos estables e higiénicos. La elección del método más adecuado de disposición y tratamiento no sólo depende de las condiciones geográficas del área, sino también de la situación financiera y del nivel tecnológico del órgano responsable para el procesamiento de los residuos sólidos.

Dicho procesamiento puede ser, en general, dividido en tres etapas: recolección y transporte, tratamiento intermedio y disposición final. Básicamente, la disposición final en los rellenos sanitarios es el único método de disposición que retira los residuos del medio urbano reintegrándolos al medio natural.

Los rellenos sanitarios son generalmente depresiones naturales o depósitos excavados en el suelo donde se vierten de una manera controlada los residuos sólidos o semisólidos. El objetivo de estos depósitos es evitar el contacto entre los residuos y el medio ambiente (agua y aire, principalmente) utilizando ciertos recursos tecnológicos en su construcción.

Una vez comenzado el depósito de los residuos de relleno, éstos comienzan a degradarse como consecuencia de la naturaleza de los desechos, la presencia de microorganismos y la humedad (tanto la del residuo como la de los escurrimientos). Los resultados de esta degradación son, dependiendo de la fase en la que se encuentre el relleno, la generación de un lixiviado, la producción de biogás y la estabilización del residuo.

Consideramos, que antes de construir mecanismos de disposición se deben tomar en cuenta los siguientes factores para la elección del sitio: Mapas topográficos, Mapas de suelos, Mapas hidrológicos, Mapas de uso de suelo, Vías de acceso, Zonas de inundación, Mapas geológicos, Area disponible, Condiciones climáticas, Restricciones locales, Uso final del relleno, etc.

Además de lo mencionado, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-083-ECOL-1996, que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales, donde se dan las especificaciones y procedimientos que se deben guardar para la disposición final de residuos (rellenos sanitarios).

De igual forma, durante el 2001, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, publicó el Manual de Operación de Rellenos Sanitarios, en el que se establecen las bases para el diseño, construcción y operación de estos sitios de disposición final.

Por lo anterior, las Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la PROFEPA y con el apoyo de la Secretaría de Salud a vigilar el cumplimento de la Norma Oficial Mexicana 083-ECOL-1996, que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales.

SEGUNDO: Se solicita a la SEMARNAT entregue a esta Cámara de Diputados un informe estadístico de la generación de residuos sólidos un diagnostico de los sitios de confinamiento, así como de los tiraderos a cielo abierto.

Salón de Sesiones de la Comisiones de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de abril de dos mil cuatro.

Comisión de Salud

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José J. Osorio Salcido (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, José Porfirio Alarcón Hernández, Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), Marco A. García Ayala (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela J. Lara Saldaña, Lucio Galileo Lastra Marín, Javier Manzano Salazar, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Ivonne A. Ortega Pacheco, Maki E. Ortiz Domínguez, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Francisco A. Rojas Toledo (rúbrica), Isaías Soriano López, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Abraham Velázquez Iribe, Martín Remigio Vidaña Pérez, José García Ortiz.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Jacqueline G. Argüelles Guzmán (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Irene Herminia Blanco Becerra, Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, María G. García Velazco (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo, Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Óscar Félix Ochoa, Humberto F. Filizola Haces, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Maximino A. Fernández Ávila (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A REALIZAR, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE MARINA, AUDITORÍAS AMBIENTALES A LAS PLATAFORMAS PETROLERAS UBICADAS EN LA SONDA DE CAMPECHE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que investigue y en su caso finque responsabilidades en virtud del grado de contaminación ambiental ocasionado por los trabajos de PEMEX en la Sonda de Campeche, presentado por Diputado Abraham Bagdadi Estrella, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 15 de Diciembre de 2003, fue presentado el siguiente punto de acuerdo por el Diputado Abraham Bagdadi Estrella del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, siendo turnado en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

El Estado de Campeche se localiza al sureste de México, ocupa el décimo octavo lugar Nacional con una superficie de 57,003.00 Km2. Limita al norte con el Golfo de México y el Estado de Yucatán; al sur con Guatemala y Tabasco: al Oeste con el Golfo de México y Tabasco; al este con el Estado de Quintana Roo y al sureste con Belice.

La zona Costera de Campeche con un litoral de 523 Km de longitud, ha constituido a través de la historia un área importante para el desarrollo de actividades humanas de diversa índole: asentamientos humanos, pesca, agricultura y actividades industriales. De la misma manera en la actualidad la zona costera da cabida a numerosas actividades económicas importantes en las que el estado obtiene el 18% del valor total nacional en pesca y mueve el 27% de la carga total de los puertos del Golfo de México.

En la Sonda de Campeche se extrae el 81 % de la producción nacional de petróleo y el 32% de la producción nacional de gas, lamentablemente esta productividad ha sido directamente proporcional al deterioro ambiental de toda la zona, afectando de manera singular al Área Natural Protegida de Laguna de Términos.

Existen cuantiosos registros de la problemática ambiental generada por PEMEX en la exploración y extracción de hidrocarburos en el sitio, como lo evidencia; el Informe que presentara la PROFEPA relativo a la Problemática de Emergencias Ambientales Asociadas con Instalaciones de PEMEX Petroquímica (1997 - 2001). Este documento reconoce que:

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen:

ÚNICO: SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE MARINA A REALIZAR AUDITORÍAS AMBIENTALES A LAS PLATAFORMAS PETROLERAS UBICADAS EN LA SONDA DE CAMPECHE, ASI COMO EN CASO DE ENCONTRAR IRREGULARIDADES SANCIONAR A LOS CULPABLES.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de abril de dos mil cuatro.

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra, Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo, Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA DEMANDAR LA CANCELACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, POR SER VIOLATORIO DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL CANCÚN-TULUM

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para demandar la cancelación de las obras de construcción del muelle en Playa del Carmen, Quintana Roo, por ser violatorio del ordenamiento ecológico territorial Cancún-Tulúm, presentado por el Diputado Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 18 de Septiembre de 2003, fue presentado el presente punto de acuerdo por el Dip. Adrián Chávez Ruiz, siendo turnado en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

En septiembre de 2000, la empresa Puerta Cancún-Xcaret, S.A. de C.V. presento el estudio de viabilidad del proyecto portuario a la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, pretendiendo ubicarlo a la altura del Km. 282 de la carretera Chetumal-Puerto Juárez, Municipio de Solidaridad, Playa del carmen, en el Estado de Quintana Roo.

El 8 de noviembre de 2000, la Dirección de Ordenamiento Ecológico mediante MEMORANDO DOE/
143/2000 comunico que no consideraba viable la realización del proyecto, con base en la información presentada, ya que carecía de datos referentes al cumplimiento de los Criterios de Ordenamiento Ecológico señalados para el área en el Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la región denominada Corredor Cancún-Tulum.

El 21 de junio de 2001, la empresa Puerta Cancún-Xcaret, S.A. de C.V. presento Información Adicional para el proyecto, donde se incluyen los planos modificados de la terminal portuaria, de tal manera que se cumple con el Criterio Ecológico E18, referente a mantener el 50% de áreas verdes.

El 3 de octubre de 2001, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental otorgo el oficio S.G.P.A.DGIRA-003592, señalando que: la información proporcionada en el formato digital de la Manifestación de Impacto Ambiental presenta deficiencias u omisiones de algunos aspectos importantes para emitir una opinión en materia de ordenamiento ecológico, tales como:

El 12 de diciembre de 2001, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Puertos, otorgó el permiso número 2.45.01 autorizando la construcción y operación de un Muelle de altura en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El 21 de junio de 2002, la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, de la SEMARNAT, da la concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre con numero 46/2002, por el cual se concesiona una fracción de esta zona para la construcción del referido muelle.

A lo largo de este tiempo se han interpuesto un sin número de denuncias, recursos de revisión, del proyecto así como de Manifestaciones en contra de la compañía constructora por considerar que se esta haciendo una fuerte afectación al medio ambiente así como a una comunidad coralina denominada "los jardines" ubicada al frente del muelle. De igual forma se han presentado denuncias por el cierre de una playa pública para la construcción del proyecto así como otra serie de inconformidades.

En febrero de 2003, diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, realizaron un recorrido a la zona de conflicto y posteriormente, el 19 de Febrero de 2003, la Primera Comisión Permanente de la LVIII Legislatura aprobó se enviara un exhorto a la SEMARNAT para que se suspendieran temporalmente las obras de construcción y operación del muelle motivo del presente punto de acuerdo. Exhorto que no fue atendido por la Secretaria.

El 23 de mayo de 2003, se emitió el Acuerdo donde se determina como medida de seguridad la clausura total temporal de todas las actividades del proyecto dentro del área marina, así como cualquier actividad que ocasione la resuspensión de sedimentos, hasta en tanto no se realizaran modificaciones y adecuaciones a la malla geotextil, sin embargo esta no se llevo a cabo ya que la empresa estaba amparada con el Amparo No. 806/2003 por el Juzgado Segundo del Distrito "B" en el Estado de Quintana Roo.

En junio de 2003, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mediante oficio PFPA/Q.ROO/DF/
863/2003, informo sobre las distintas irregularidades detectadas durantes las visitas de inspección realizadas al proyecto portuario, encontrando fallas en las siguientes condicionantes: 4, 5 relativas al Programa de Rescate, Reubicación y Monitoreo de Índices de supervivencia de organismos de flora y fauna sesiles en Playa del Carmen, ya que las zonas de trasplante de corales no fueron ubicadas, así como la condicionante 11 relativa a la Instalación de una malla perimetral impermeable geotextil (la cual no cumplió con especificaciones técnicas al permitir la dispersión de partículas o sedimentos finos en proporción mínima).

Para febrero de 2004, los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura realizaron un nuevo recorrido a la zona de conflicto, se realizaron inmersiones por parte de Asesores de la Comisión, para verificar la existencia de las comunidades coralinas encontrando muy poca presencia.

Que como lo menciona a lo señalado en el Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la Región denominada Corredor Cancún Tulum, publicado en el periódico oficial del Gobierno del estado de Quintana Roo, el 9 de junio de 1994, señala en su inciso E 11, la prohibición de obras e instalaciones en las zonas de dunas costeras. Que el citado Muelle se encuentra en una duna, y por tanto, la autorización es violatoria del Acuerdo.

Que de acuerdo al propio oficio antes mencionado de Junio de 2003, suscrito por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PFPA/Q.ROO/DF/863/2003, señaló que la comunidad arrecifal denominada "Arrecife Los Jardines" se encuentra a una distancia aproximada de 140 metros del sitio donde estará ubicado la parte distal o punta del muelle de Playa del Carmen y que dicha comunidad se localiza a una profundidad de entre 6 a 10 metros y presenta colonias de coral bien desarrolladas y en buen estado de conservación, existiendo gran diversidad de gorgonáceos y otros corales blandos, así como Plexaura homomalla(coral candelabro, considerada en la Norma Oficial mexicana 059-SEMARNAT-2001, bajo la categoría de protección Especial.

Que los Arrecifes Coralinos son estructuras carbonatadas que datan en algunos casos desde hace mas de 10,000 años y por tanto, el impacto sobre estas estructuras biológicas es prácticamente irreversible para el ecosistema local donde se ubiquen. En la franja costera, actúan como barreras protectoras y evitan la erosión de las playas.

Que las medidas de protección para los arrecifes coralinos ubicados en la franja costera de Centroamérica se han incrementado en las décadas recientes y que la construcción de un muelle como el que se plantea es incongruente con los programas de conservación que México se ha comprometido e impulsado.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE MARINA, DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASÍ COMO LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE SALVAGUARDAR LA COMUNIDAD CORALINA CONOCIDA COMO "LOS JARDINES", EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, E INFORMAR PUNTUALMENTE A ESTA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN A TRÁVES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LAS MEDIDAS TOMADAS PARA LOGRAR LA PROTECCIÓN.

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE REVISE LOS PROCEDIMIENTOS POR LOS CUALES SE AUTORIZO LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE MEDIANO CALADO EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, CONSIDERANDO LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LAS VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 11, 34 FRACCIÓN I 35, 180 Y 181 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y LO CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO "EI1" Y "A-5A" DEL "ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA REGIÓN DENOMINADA CORREDOR CAN CUN TULUM", CLASIFICADO EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA) T 30 Y LOS CRITERIOS "G1" Y "G4" EN LA UNIDAD MARINA DE GESTIÓN AMBIENTAL (UMGA) M2.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de abril de dos mil cuatro.

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos M. Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene H. Blanco Becerra, Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo, Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PUNTOS DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTITUIR EL DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS ZURDAS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instituya el Día Nacional de las Personas Zurdas en la República Mexicana, presentada el día cuatro de diciembre de dos mil tres por el diputado Emilio Serrano Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 numerales 1 y 3 y artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha cuatro de diciembre de 2003, el diputado Emilio Serrano Jiménez integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de esta honorable Asamblea, una proposición con punto de acuerdo por el que solicita que esta Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instituya el Día Nacional de las Personas Zurdas.

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el expediente a la Comisión de Gobernación, para su estudio y dictamen.

3.- El 29 de abril de 2003, el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional formuló una excitativa a fin de que esta Comisión dictamine la propuesta con punto de acuerdo a que se refiere este dictamen.

Habiendo analizado la propuesta, se procede a formular las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El proponente estima que las personas zurdas representan el 13% de la población mundial y que quienes tienen esta característica, en muchas ocasiones son objeto de olvido, de rechazo y de discriminación, que viven cotidianamente con la incomodidad de usar productos que no fueron diseñados para su personal forma y que por obligación tienen que adaptarse a usarlos, alterando con ello el sentido de lateralidad.

2.- Aduce el diputado Serrano Jiménez, que desde los tiempos antiguos se han creado mitos e ideado cientos de recursos para obligar a los zurdos a ser derechos, desde los consabidos regaños, hasta inmovilizar su mano izquierda, pasando por muchos otros castigos.

3.- Sigue diciendo el proponente que en México cuando nos referimos a minorías y a discriminación usualmente nos referimos a preferencias religiosas, sexuales o raciales, pero que sin embargo no se piensa en la minoría zurda, razón por la cual propone que haya un pronunciamiento cameral para que el titular del Poder Ejecutivo Federal instituya el Día Nacional de las Personas Zurdas; para que ese día sea el 13 de agosto de cada año; asimismo pide que se exhorte a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a desarrollar actividades de investigación, implementando acciones de atención a las personas zurdas.

4.- El diputado Bailey Elizondo al formular su excitativa manifiesta que, las personas zurdas se ven afectadas por esta condición en muchos aspectos de su vida cotidiana, en la medida que su entorno está preconfigurado parea la mayoría que es diestra, lo que implica la necesidad de desarrollar habilidades adicionales para interactuar en un ambiente adverso. Y que apoya la propuesta con la finalidad de crear una mayor conciencia social, respecto de la problemática que enfrenta este tipo de personas.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- El diccionario Larousse define al zurdo como quien usa con mayor habilidad la mano o el pie izquierdo. Sin embargo el diccionario del Zurdo lo define como quien tiene tendencia natural a servirse preferentemente de la mano y del lado izquierdos del cuerpo. Como podemos apreciar, los zurdos o quien estudia su preferencia de lateralidad, tienen un concepto más acucioso de esta situación.

2.- Los zurdos se enfrentan cada día a mil dificultades en un mundo pensado y diseñado para diestros y ven el mundo desde otra posición: el movimiento de rotación de las agujas del reloj, la forma de abrir un libro o el giro de una llave en la cerradura es contrario a su lógica.

Hasta épocas recientes, su peculiaridad era considerada una deformación que había que corregir.

El análisis formulado por esta Comisión nos conduce a considerar verdaderamente importante el tema planteado, pues si bien en principio puede parecer nimio para algunos, no lo es. Resulta lacerante saber de la utilización de medidas equivocadas como amarrar a la espalda la mano izquierda del niño u obligarlo a hacer cosas con su lado débil, lo que puede llevarlo a sentirse incomprendido, inseguro y ser introvertido.

3.- En general, puede parecernos intrascendente esta situación, pero vale la pena reflexionar sobre la problemática que enfrenta el zurdo cuando al aprender a escribir no puede ver las letras que va trazando, o cuando encuentran dificultades para utilizar unas tijeras o alguna otra herramienta. Sentarse en un pupitre para diestros es un martirio para los zurdos y en muchas ocasiones correr la tinta al escribir o derramar los alimentos es motivo de represión, desde un regaño hasta una medida correctiva de maltrato físico.

4.- Esta Comisión considera que es conveniente que la sociedad conozca y promueva una cultura de respeto y atención a la personas zurdas. Que evite la discriminación por razones de lateralidad y que con su comprensión y apoyo imprima un sentimiento de seguridad e igualdad a dichas personas. Asimismo, que por su parte las entidades de gobierno instrumenten medidas tendentes a promover esa cultura de aceptación de los zurdos, lo mismo que aceptamos a los diestros y a los ambidextros.

Que lo que hoy causa hilaridad, mañana sea parte de nuestra cultura.

En tal virtud, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instaurar el Día Nacional de las Personas Zurdas, como una medida tendente a dar a conocer y promover una Cultura de respeto e igualdad a quienes por su lateralidad enfrentan problemas de adaptación, integración y desarrollo.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instrumentar medidas en las dependencias de la Administración Pública Federal, que tiendan a promover la Cultura a que se refiere el punto anterior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México.- DF, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil cuatro.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Yolanda Valladares Valle, secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón Hernández, Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica en abstención), Manlio Fabio Beltrones Rivera, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Hugo Rodríguez Díaz, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, José Eduviges Nava Altamirano, María Sara Rocha Medina.
 
 
 
DE LA COMISION DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, presentada por el Diputado Raúl Rogelio Chavarria Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo a la Iniciativa antes mencionada, el cual se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II.- En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- En el capítulo de "CONSIDERACIONES", La Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I ANTECEDENTES

El Diputado Raúl R. Chavarría Salas, Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 20 de Abril del año 2004, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, de la LIX Legislatura, presentó la Iniciativa para REFORMAR EL ARTICULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

II CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Avocada la Comisión al estudio de la misma, para su atención y respuesta, se desprende que, de la investigación realizada y en análisis a la legalidad para conocer y resolver del asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala;

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, REFERENTE A LA CERTIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA.

Artículo Único.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 79. ...

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Salud contará con 90 días después de entrada en vigor de este Decreto para expedir la reglamentación relativa a la atención médica prehospitalaria.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro a los 31 días del mes de Agosto de 2004.

Comisión de Salud

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado V. (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortíz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velazquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISION DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, relativas al dolor y su tratamiento. Presentada por el Diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo a la Iniciativa antes mencionada, el cual se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II.- En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- En el capítulo de "CONSIDERACIONES", La Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I ANTECEDENTES

El Diputado Federal Jaime Fernández Saracho de la LIX Legislatura, Del Grupo Parlamentario Del PRI, el día 20 de Abril del año 2004, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, de la LIX Legislatura, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, para incluir el tratamiento del Dolor en las Unidades Médicas del Sistema Nacional de Salud, con la misma fecha la mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turno a la Comisión de Salud, la iniciativa para la elaboración del dictamen respectivo.

II CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Avocada la Comisión al estudio de la misma, para su atención y respuesta, se desprende que, de la investigación realizada y en análisis a la legalidad para conocer y resolver del asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala;

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LIX Legislatura, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 3, UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 33, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92, UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 104 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 27, la fracción III del artículo 112 y se adiciona una fracción XVI bis al artículo 3, una fracción IV al artículo 33, un segundo párrafo al artículo 92, una fracción IV al artículo 104 y un segundo párrafo al artículo 113, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a XVI. ...

XVI bis. El tratamiento del dolor, así como los cuidados paliativos inherentes a los padecimientos de las enfermedades en todas sus fases;

XVII. a XXVIII. ...

Artículo 27. ...

I. a II. ...

III. La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, así como las inherentes al tratamiento del dolor y cuidados paliativos, incluyendo la atención de urgencias;

IV. a X. ...

Artículo 33. ...

I. a III. ...

IV. Paliativas, a efecto de proporcionar calidad de vida cuando la naturaleza de los padecimientos no admitan los efectos curativos y de rehabilitación.

Artículo 92. ...

Realizar periódicamente estudios y recabar reportes de las tendencias epidemiológicas generadas en los centros hospitalarios que conforman el Sistema Nacional de Salud, a efecto de orientar los servicios médicos, así como la capacitación y formación profesional de los recursos humanos adscritos a las instituciones de Salud Pública.

Artículo 104. ...

...

I. a III. ...

IV. Los padecimientos crónicos degenerativos que afecten a la población, o bien aquellos que se detecten derivados del análisis de los reportes epidemiológicos, a efecto de contar con elementos para una planeación estratégica de los servicios de salud.

Artículo 112. ...

I. a II. ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de la automedicación, prevención de la fármaco dependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez, la detección oportuna de las enfermedades, así como información y capacitación básica para el tratamiento del dolor y cuidados paliativos de las enfermedades.

Artículo 113. ...

De igual forma elaborarán contenidos que serán incluidos en los libros de texto, así como en materiales didácticos de educación básica a efecto de generar en la población la cultura de la prevención y atención de las enfermedades crónico degenerativas tanto como de tratamiento del dolor y sus cuidados paliativos.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de agosto de 2004.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISION DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 41 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que adiciona la Ley General de Salud con un artículo 41-bis, para incorporar la obligación de contar en los hospitales del sector público, privado y asistencial, con comités hospitalarios de bioética, presentada en sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el Diputado Francisco Salvador López Brito a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el día jueves 14 de noviembre de 2002.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55,56,60,65,66,87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente DICTAMEN:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I.- En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II.- En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reformas en estudio.

III.- En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

En este apartado se exponen los motivos aducidos por el autor de la iniciativa en estudio, respecto de la propuesta para incorporar la obligación de contar en los hospitales del sector público, privado y asistencial, con comités hospitalarios de bioética, así como las consideraciones o justificaciones que se tomaron en cuenta para su presentación.

El Diputado que promueve la Iniciativa, señala en su exposición de motivos que el progreso y evolución de las ciencias biomédicas en el último siglo, aunado al desarrollo de tecnologías y técnicas de aplicación clínica, han provocado que los trabajadores de salud, los investigadores, los usuarios de los servicios y en general toda la población, en sus ámbitos de conocimiento y competencia se replanteen, tanto nuevas pautas del ejercicio profesional, como los alcances y aplicaciones de la ciencia, la técnica y la tecnología en la salud individual y colectiva.

Que en los últimos tiempos se han presentado hechos concretos y reales de agresión a la vida, la persona y la dignidad, entre los cuales señala como ejemplos la investigación en humanos realizada por los nazis en sus campos de concentración y exterminio, las políticas de limpieza étnica en la ex-Yugoslavia, las dictaduras, la disposición de embriones para experimentación, las pruebas en humanos de nuevos medicamentos sobre todo en países pobres del planeta, y el uso de la tecnología para el desarrollo de armas biológicas y de destrucción total.

Que debido a las malas aplicaciones en la ciencia y la medicina, surge como alternativa y respuesta, una nueva disciplina, la bioética; ciencia que conjuga a la medicina, el derecho y la filosofía, como expresión de médicos, investigadores, filósofos, juristas y legisladores, que así crearon una nueva metodología de análisis a problemas asistenciales, clínicos, quirúrgicos y de investigación, que se basa en el análisis pluri e interdisciplinario de los conflictos, en una reflexión ética plural y respetuosa de las creencias e ideologías.

La bioética surge así, en un mundo dominado por el conocimiento tecnocientífico, en el cual los propios trabajadores de la salud se han visto superados por el uso y disposición de tecnologías, a los que sus códigos éticos y deontológicos no tienen respuesta inmediata, ante situaciones concretas que no están normadas y legisladas y que en ocasiones los líderes morales y ministros de culto se oponen sin pleno conocimiento y con un rigorismo dogmático.

Ante este escenario, es necesario proteger a la sociedad de latentes transgresiones a que pueden ser objeto para evitar mayores desconfianzas en los ciudadanos hacia los servicios y eventualmente la generada por los mismos médicos.

Argumenta en la iniciativa, que la postura ante los dilemas éticos que plantea el nuevo ejercicio de la medicina y el desarrollo científico y de tecnologías, se ha visto confrontada al menos en dos disposiciones radicalmente opuestas; por un lado se encuentra el argumento generalizado de algunos sectores de los científicos e investigadores que exigen que no se detenga la investigación y sus aplicaciones por motivos éticos o morales, pues aducen en este sentido, una supuesta carencia de ideología de las ciencias y sus usos, y por supuesto quienes así piensan, esgrimen las libertades de pensamiento y ejercicio profesional.

Asimismo, el Diputado proponente, apunta que es preciso responder de manera urgente a las necesidades de la sociedad y establecer una regulación nacional para asistir al paciente y a sus familiares, sobre todo en el ámbito intrahospitalario, para lo cual propone la creación de comités hospitalarios de bioética, integrados por grupos inter y multidisciplinarios, con una actitud ética pluralista, que se ocupen de los problemas éticos de la atención a la salud, certificando que al paciente le sea proporcionada no tan sólo la atención en sus problemas de salud, sino información veraz y suficiente, para lograr que los encargados de bioética participen en la discusión de los protocolos de investigación, en el área de su competencia, lo que equivale a asegurar la protección de la vida y los derechos de cada persona.

III. CONSIDERACIONES.

La Comisión Dictaminadora reconoce la necesidad de regular la instalación de Comités Hospitalarios de Bioética de acuerdo a la complejidad de las instituciones y centros de atención médica, como espacios de análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto de los dilemas bioéticos en los temas de su competencia, sin embargo, como producto de la discusión y el análisis realizado con miembros de la comunidad científica y bioética, presenta las siguientes consideraciones:

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y en un ejercicio de nuestras facultades constitucionales, los suscritos Diputados de la Comisión de Salud de esta la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, emitimos el presente:

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 41 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD.

Articulo Único.- Se adiciona el artículo 41 BIS a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 41 BIS. Los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo a su grado de complejidad y nivel de resolución, contaran con un comité hospitalario de bioética, el cual será responsable del análisis discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto de los problemas o dilemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica, así como de la elaboración de lineamientos y guías éticas institucionales para la atención médica y de la educación bioética permanente de sus miembros y del personal del establecimiento.

Los comités hospitalarios de bioética serán interdisciplinarios y deberán estar integrados por personal médico de distintas especialidades y personas de las profesiones de psicología, enfermería, trabajo social, filosofía, o especialistas en bioética, abogados con conocimientos en la materia y representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los servicios de salud, guardando equilibrio de género, quienes podrán estar adscritos o no a la unidad de salud ó establecimiento.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un lapso de hasta 90 días, la Secretaría de Salud, expedirá el reglamento para la conformación de los comités de bioética hospitalarios y las características de los centros hospitalarios que deben tenerlos.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de agosto de 2004.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISION DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 51 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un artículo 51 bis, al Título Tercero, Capítulo Cuarto de la Ley General de Salud, presentada por el Diputado Francisco Salvador López Brito, a nombre de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con la finalidad de asegurar los derechos a la intimidad del usuario de los servicios de salud e incluir la obligatoriedad del cumplimiento del Sigilo Profesional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

En sesión celebrada con fecha 15 de abril de 2003 por el Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, el Diputado Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 51 bis, al Título Tercero, Capítulo Cuarto de la Ley General de Salud.

En la misma fecha la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

De conformidad con lo que dispone el Punto Segundo del Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a los Dictámenes de proyectos de ley o Decreto normativo, que no alcanzó a conocer el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura; y ya que la mencionada iniciativa, se encuentra en los archivos de la Comisión de Salud, corresponde a ésta elaborar el presente Dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

En su exposición de motivos el Diputado señala que se entiende por Secreto Profesional la obligación permanente de silencio que contrae el médico y el equipo de salud, en el transcurso de cualquier relación profesional, respecto a todo lo sabido o intuido sobre un paciente.

Afirma que el tiempo de vigencia del secreto profesional debe ser perenne y que, ni la muerte del enfermo descarga al profesional de la obligación contraída.

También manifiesta que se deben tener presentes dos hechos fundamentales, a saber: 1. el derecho a la intimidad de una persona nunca puede poner en peligro el derecho a la vida, la integridad psicofísica o la libertad de otra u otras. 2. el derecho a la intimidad de una persona tampoco puede comprometer el bienestar social.

Cita legislación respecto a este tema, como el Código Penal español que castiga con pena de prisión al profesional que, en incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva divulgue los secretos de otra persona.

Menciona que la actitud del profesional sanitario debe ser de absoluto respeto al secreto profesional de modo que el derecho a la intimidad se vea salvaguardado.

Es por estos motivos que propone la adición de un artículo 51 bis a la Ley General de Salud en el que se exprese la protección del derecho a la intimidad y la obligatoriedad del sigilo profesional. Para quedar de la siguiente forma:

ARTICULO 51 BIS. En cada área de los servicios de salud públicos y privados, debe procurarse la mejor integración de la información relativa a cada paciente, la historia clínica deberá mantenerse dentro de los límites de cada institución, la cual estará a disposición de los pacientes y los médicos que directamente estén implicados en el diagnóstico y tratamiento del paciente, o para fines científicos, debiendo quedar plenamente garantizado el derecho a la intimidad personal y el deber de guardar el sigilo profesional, por quienes tienen acceso a la historia clínica del paciente.

III. CONSIDERACIONES.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 51 BIS. A LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se adiciona un artículo 51 Bis. a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 51 Bis. En cada área de los servicios de salud públicos y privados, debe procurarse la mejor integración de la información relativa al paciente; la historia clínica deberá mantenerse dentro de los límites de cada institución, la cual estará a disposición de los pacientes y los médicos que directamente estén implicados en el diagnóstico y tratamiento del paciente, o para sus fines científicos, debiendo quedar plenamente garantizado el derecho a la intimidad personal y el deber de guardar el sigilo profesional, por quienes tienen acceso a la historia clínica del paciente.

TRANSITORIOS.

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de 60 días.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados.- Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de agosto de 2004.

Notas:
1 Velez CLA (ed). Ética médica. Medellín, Colombia: Corporación Investigaciones Biológicas, 1987.
2 Fernández VJM: El Secreto Profesional AN Med Asoc ABC 1999.
3 Hernández AJL; Bioética General; Ed. El Manual Moderno. 2002.
4 Ibidem.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISION DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 76 Y 421 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un artículo 77 bis al Título tercero, Capítulo VII, de la Ley General de Salud, presentada por el Diputado Francisco Salvador López Brito, a nombre de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con la finalidad de incluir el derecho al Consentimiento Informado para los pacientes con padecimientos mentales.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

En sesión celebrada con fecha 22 de abril de 2003 por el Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, el Diputado Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 77 bis al Título tercero, Capítulo VII de la Ley General de Salud.

En la misma fecha la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

De conformidad con lo que dispone el Punto Segundo del Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a los Dictámenes de proyectos de ley o Decreto normativo, que no alcanzó a conocer el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura; y ya que la mencionada iniciativa, se encuentra en los archivos de la Comisión de Salud, corresponde a ésta elaborar el presente Dictamen.

II CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su exposición de motivos el diputado expresa que en la relación medico-paciente, así como en las instituciones sanitarias, está cobrando importancia un nuevo derecho individual de la autonomía del paciente, a través del cual se ha logrado el reconocimiento al consentimiento informado.

Menciona que particularmente, en la práctica de la psiquiatría, éste tema ha adquirido mucha importancia, ya que debido a esta nueva manera de ver al paciente ya no se le considera como una persona incapaz e inmadura a causa de su enfermedad, sino como un sujeto activo en las decisiones de su tratamiento.

Afirma que gracias a la elaboración y desarrollo de fármacos específicos para el tratamiento de enfermedades mentales y de la conducta, además del desarrollo de teorías y enfoques psicoterapéuticos, se ha ayudado a la mejor compresión de los pacientes y se empieza a ver un mejor entendimiento de ellos.

Realza la importancia de que el fundamento de la psiquiatría debe estar en los más altos valores éticos, donde la confidencialidad, la aceptación del paciente, la valoración de los beneficios y los riesgos del tratamiento, la salvaguarda de la dignidad, así como el sigilo profesional sean normas obligadas para todo psiquiatra.

Destaca también la importancia del derecho del paciente a poseer toda la información suficiente y necesaria para aceptar o en caso contrario, rechazar alternativas en su tratamiento. Apunta la obligación del psiquiatra de dar esta información en términos sencillos y comprensibles, adecuados al nivel de instrucción del paciente y sus familiares.

Es en este tenor que el diputado propone la adición de un artículo 77 BIS a la Ley General de Salud, en el cual se establezca el derecho a la información para el enfermo mental y sus familiares.

En esta adición se encontrarán todos los derechos del paciente psiquiátrico, así como los de sus familiares, de modo que se garantice su derecho al consentimiento informado.

III CONSIDERACIONES

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76 Y 421 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 76 y 421 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

ARTÍCULO 76. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para que se preste atención a los enfermos mentales que se encuentren en reclusorios o en otras instituciones no especializadas en salud mental.

A estos efectos, se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda.

Todo paciente con una enfermedad mental, así como sus familiares tienen derecho a ser debidamente informados, en suficiente cantidad y calidad, sobre todos los aspectos relativos a su tratamiento, lo cual debe incluir:

Los riesgos, beneficios y pronóstico que el tratamiento o tratamientos a emplear le puedan otorgar.

Los efectos colaterales y secundarios adversos, y la posibilidad de riesgos, por el uso de fármacos o cualquier producto.

Los beneficios y motivos del internamiento en una institución de salud mental, la cual se sustentará en el ingreso voluntario del paciente, con la sola excepción del ingreso forzoso por autorización judicial o cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar al paciente lesiones o daños irreversibles, en cuyo caso será necesaria la autorización de dos médicos para su permanencia en la institución de salud.

ARTÍCULO 421. Se sancionará con multa equivalente de cuatro mil hasta diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 76, 100, 101, 122, 125, 126, 146, 193, 205, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 264, 266, 276, 277, 277 bis, 281, 289, 293, 298, 308 bis, 309, 309 bis, 317, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 348, primer párrafo, 365, 367, 375, 400 y 411 de esta Ley.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones correspondientes a las disposiciones reglamentarias, en un plazo no mayor de 60 días.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de agosto de 2004.

Notas:
1 García CG. López BS. Legislar en Bioética, legislando para el futuro. 2003.
2 Hernández AJL. Bioética General; Ed. El Manual Moderno. 2002.
3 Ibidem.
4 Idem. Legislar en Bioética.
5 Ibidem
6 Ibidem
7 Idem. Bioética General.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISION DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, remitida por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con fecha 29 de Abril de 2004.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

Con fecha 10 de Marzo de 2004, en sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se dio cuenta del oficio de la Secretaria de Gobernación con el que se remite la iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada por el C. Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión celebrada por la H. Cámara de Senadores con fecha 27 de Abril de 2004 la minuta en comento, fue aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores.

En sesión celebrada por la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el expediente con la Minuta con Proyecto de Decreto por el se reforma la fracción VII, del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

En la misma fecha la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó la mencionada Minuta a la Comisión de Salud para su análisis, estudio y posterior dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la Fracción VII del Artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:

ARTICULO 5. ...

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de agosto de 2004.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISION DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 333, FRACCIÓN VI, 461, 462 Y 462 BIS Y ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 333 fracción VI, 461, 462 y 462 BIS y se adiciona un párrafo segundo al artículo 329 de la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

En sesión celebrada con fecha 26 de Septiembre de 2002, la senadora Emilia Patricia Gómez Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

En sesión celebrada con fecha 4 de Septiembre de 2003, la Senadora Emilia Patricia Gómez Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un párrafo segundo al artículo 329 de la Ley General de Salud; misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos; para su estudio y dictamen.

En sesión celebrada con fecha 4 de diciembre de 2003, el senador Elías Miguel Moreno Brizuela del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 461, 462, y 462 BIS de la Ley General de Salud, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, y Estudios Legislativos, Segunda.

Con fecha 27 de Abril de 2004, en sesión celebrada por la H. Cámara de Senadores, fue aprobado por 82 votos el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 329, 333 fracción VI, 461, 462 y 462 Bis de la Ley General de Salud.

En sesión celebrada con fecha 29 de Abril de 2004,por la H. Cámara de Diputados se dio cuenta del oficio No. III 559, en el que se incluye la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 329, 333 fracción VI, 461, 462 y 462 Bis de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la minuta mencionada a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Después de un análisis de la minuta en estudio los diputados integrantes de la Comisión de Salud, manifestamos nuestro acuerdo en lo general con la minuta remitida por el Senado de la República.

QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 329; Y REFORMA LOS ARTICULOS 333 FRACCION VI, 461, 462 Y 462 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 329; y se reforman los artículos 333 fracción VI, 461, 462 y 462 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 329.- ...

De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de expedir el documento oficial mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes.

Artículo 333.- ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI.- Los trasplantes se realizarán, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por algún tipo de parentesco, será posible realizar una donación, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Obtener resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución hospitalaria, donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica;

b) El interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso ante Notario Público y en ejercicio del derecho que le concede la presente Ley, manifestando que ha recibido información completa sobre el procedimiento por médicos autorizados, así como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneración alguna. El consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocable en cualquier momento previo al trasplante, y

c) Haber cumplido todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretaría, para comprobar que no se está lucrando con esta práctica.

Artículo 461.- Al que saque o pretenda sacar del territorio nacional, órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de cuatro a quince años y multa por el equivalente de trescientos a setecientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si el responsable es un profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena anterior se añadirá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por siete años.

Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I. ...

II. ...

III. ...

En el caso de la fracción III, se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

Artículo 462 Bis.- Al responsable o empleado de un establecimiento donde ocurra un deceso o de locales destinados al depósito de cadáveres, que permita alguno de los actos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo anterior o no procure impedirlos por los medios lícitos que tenga a su alcance, se le impondrá de cuatro a nueve años de prisión y multa por el equivalente de cinco mil a doce mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además, suspensión de dos a cuatro años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta cinco años más en caso de reincidencia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sólo en cuanto a los Artículos 333, 461, 462 y 462 Bis de la Ley General de Salud.

Segundo. A los treinta días de su publicación en cuanto al Artículo 329 de la Ley General de Salud, el Centro Nacional de Trasplantes deberá presentar a la Secretaría de Salud la propuesta del documento mediante el cual se manifestará el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de agosto de 2004.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Julio 14, 2004

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 de la Ley de Instituciones de Crédito, misma que fue turnada el 18 de noviembre de 2003 del presente año a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los servidores públicos del sector financiero y los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente.

DICTAMEN

DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

Esta minuta corresponde a la iniciativa de reformas de los artículos 87 y 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, presentada por el Congreso del Estado de Puebla, el 12 de marzo de 2003. Asimismo, y en relación con la citada iniciativa se atendieron por la Colegisladora los siguientes oficios con Puntos de Acuerdo:

La minuta de mérito propone al respecto modificar el artículo 87 de la Ley de Instituciones de Crédito para obligar a las instituciones a que, en relación con la información relativa a la apertura, reubicación o clausura de sucursales, en lugar de la publicación en un periódico de amplia circulación local, se efectúe en un periódico de circulación regional en la zona de que se trate.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN.

Cabe destacar que la minuta que remitió la colegisladora se originó en una iniciativa del Congreso del Estado de Puebla, misma que contó con el apoyo de los Congresos de los Estados de Baja California, Hidalgo y Coahuila, entidades también interesados en la adecuada atención del sistema Bancario.

La que dictamina considera procedente la modificación propuesta al artículo 87 de la Ley de Instituciones de Crédito, toda vez que la redacción propuesta otorgara mayor precisión y claridad al texto legal, y garantiza que los habitantes de la región que requieran utilizar servicios financieros de las instituciones de crédito estén enterados con toda oportunidad de la apertura o clausura de las sucursales bancarias de la apertura y establecimiento de las sucursales respectivas. En ese tenor, la precisión de que la publicación correspondiente se efectúe en un periódico regional, supone una mejor información.

En atención a lo expuesto, esta Dictaminadora somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Articulo 87.- Las instituciones de banca múltiple deberán dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e insertar en una publicación periódica de amplia circulación regional de la localidad de que se trate, un aviso dirigido al público que contenga la información relativa a la apertura, reubicación o clausura de las sucursales respectivas, con una anticipación de treinta días naturales a la fecha en que se tenga programada.

...

...

...

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 14 de julio de 2004.

Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Alejandro Agundis Arias, Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez, secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda, Jesús Vizcarra Calderón, Emilio Zebadúa González.
 
 
 
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 194-M DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

Mayo 12, 2004.

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado José Isabel Trejo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 194-M de la Ley Federal de Derechos, misma que fue turnada el 22 de abril del presente año, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

Esta Comisión procedió a su análisis y estudio y con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados integrantes realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma resultado de lo cual se permiten someter a consideración de esa Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

Exposición de Motivos

El 6 de noviembre de 2003, el Ejecutivo Federal presentó Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en el cual se incluyeron modificaciones al artículo 194-M, para establecer el cobro del derecho de cambio de uso de suelo para terrenos forestales que cuenten con superficies menores o iguales a una hectárea, ya que el cobro del derecho para los terrenos con tal superficie no estaba previsto en la Ley. Con ello, el Estado estaría en la posibilidad de recuperar los gastos que implica la prestación de este servicio.

El citado Artículo estaba redactado en la siguiente forma.

El efecto de la modificación al artículo 194-M de la Ley , realizada y aprobada por el Senado de la República, omitió decretar el pago de derechos correspondientes a la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales con superficie de más de 10 y hasta 20 hectáreas.

Esta inconsistencia se hace evidente, si se considera que ambas Cámaras al aprobar en sus términos las fracciones I y II del artículo en mención, ponen de manifiesto su interés de que se realice el cobro de derechos por la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales de menores dimensiones, al decretar el pago de derechos por predios con superficies de cero a 10 hectáreas, y de más de 20 hectáreas, omitiendo del pago únicamente a los terrenos de más de 10 y hasta 20 hectáreas, lo cual pretende subsanar esta iniciativa.

Por lo anterior, se propone la reforma al artículo 194-M con el fin de corregir una omisión en los montos de los derechos por la prestación del servicio relativo a la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales de 10 hasta 50 hectáreas que proporciona el Estado en sus funciones de derecho público.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración del Pleno el presente

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 194-M DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 194-M de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo194-M.- ...

I. a II. ......

III. De más de 10 hectáreas hasta 50 hectáreas $1,900.00

IV. a V. ........

...

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a 12 de mayo de 2004.

Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila, Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica en contra), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica en contra), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica en abstención), Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández (rúbrica en abstención), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Mario Moreno Arcos (rúbrica en abstención), José Adolfo Murat Macías (rúbrica en abstención), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica en abstención), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica), Emilio Zebadúa González (rúbrica).
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26 Y 73, FRACCIÓN XXIX-D, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 26 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN.

I. Del Proceso Legislativo.

A) En sesión celebrada el 13 de febrero de 2002, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Diputada Miroslava García Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos séptimo y octavo al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde propone establecer el derecho de los ciudadanos a disponer de la información generada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la obligación de éste de publicarla en los términos de ley, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

B) En sesión celebrada el 22 de octubre de 2002, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Diputado Manuel Espino Barrientos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde propone establecer la facultad del Congreso de la Unión para establecer las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el Sistema Nacional de Información Geográfica y Estadística, también sugiere otorgar autonomía presupuestal y de gestión al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

C) En sesión celebrada en fecha 15 de diciembre de 2003 por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Población y Desarrollo, de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos Primera, presentaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la precitada sesión, el Pleno de la H. Cámara de Senadores discutió y aprobó el dictamen en comento.

D) Con fecha 15 de diciembre de 2003, la H. Cámara de Senadores envió a la H. Cámara de Diputados la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 26 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

E) En sesión celebrada el 18 de diciembre de 2003, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnó la Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

F) En reuniones de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebradas el 7 de agosto del 2002 y el 19 de diciembre del año 2003 se dio trámite de recibo correspondientes a las iniciativas enunciadas en los incisos A) y B) de este apartado.

En reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, celebrada el 28 de abril del 2004 se dio trámite de recibo correspondiente a la Minuta enunciada en el inciso C) de este apartado.

G) En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebrada el 27 de enero de 2004, existiendo el quórum reglamentario, el Pleno de dicho Órgano Colegiado determinó la integración de una Subcomisión Específica para el estudio de la Minuta referida y las Iniciativas relacionadas con objeto de integrar el proyecto de dictamen correspondiente para ser sometido a su consideración, mismo que fue aprobado por la Subcomisión.

H) Con fecha 12 de mayo del año 2004, en sesión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, por lo que se pone a consideración de esa Soberanía para su discusión y resolución constitucional.

II. Materia de las Iniciativas y la Minuta.

La Minuta aprobada por la H. Cámara de Senadores y las iniciativas presentadas en la H. Cámara de Diputados, coinciden en el propósito de reformar el texto Constitucional a fin de otorgar autonomía al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Esto logrará que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, sea un organismo caracterizado por su independencia política y especialización técnica, a fin de que la información estadística y geográfica generada sea imparcial y objetiva.

La iniciativa enunciada en el inciso A) del capítulo referente al proceso legislativo considera otras posibles reformas, por lo que estas dictaminadoras solamente incluyen la materia de este dictamen, para que los otros temas puedan ser incluidos en dictámenes posteriores.

III. Valoración de las Iniciativas y la Minuta.

En términos generales, estas comisiones coinciden con la Minuta aprobada por del H. Senado de la República, en la necesidad de contar con un organismo caracterizado por su independencia política y especialización técnica y que esté a cargo de la información estadística y geográfica de interés nacional. Lo anterior, toda vez que una verdadera Reforma del Estado exige que las decisiones en materia de información, de disponibilidad de los datos y el acceso público a ellos, estén sometidas siempre a criterios que trasciendan a los intereses partidistas y se caractericen por su objetividad y transparencia. En consecuencia, la propuesta de dotar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de autonomía en el ejercicio de sus funciones y el propósito de fortalecer su carácter institucional, mediante la atribución de competencias que le permitan garantizar la objetividad de la información gubernamental -a partir del diseño de la metodología, de sus estudios y levantamientos estadísticos y geográficos, hasta la integración final de los resultados obtenidos y su difusión- es evaluada en términos positivos por estas comisiones.

Asimismo, se coincide en que una sociedad cada vez más compleja y en continuo proceso de transformación, requiere del fortalecimiento de las labores de captación, procesamiento y divulgación de la información estadística y geográfica de interés nacional, para estar en condiciones de brindar a todos los sectores del país -público, privado, social, académico y profesional- información objetiva y confiable como base para la toma de sus decisiones.

Estas dictaminadoras también estiman acertado que al frente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática esté una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, cuya designación esté a cargo del Presidente de la República, sujeta a la aprobación del Senado; asimismo, que el desempeño de su encargo sea por periodos cuya duración y escalonamiento coadyuven al ejercicio independiente de sus funciones. Por lo que se refiere al personal al servicio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se considera necesario que este organismo cuente con el personal técnico y profesional adecuado para el ejercicio de sus funciones.

Por lo que se refiere a la protección de los derechos laborales, estas comisiones coincide con la Colegisladora en el imperativo de respetar tales derechos. En el mismo sentido, consideramos necesario señalar expresamente que el régimen laboral de los trabajadores del nuevo organismo continuará siendo el dispuesto por el apartado B del artículo 123 constitucional.

Finalmente, en materia de técnica legislativa, esta comisiones coinciden con la Colegisladora en ubicar la reforma como un apartado B del artículo 26 constitucional; aunque consideramos pertinente señalar expresamente que se adiciona un apartado A que habrá de contener el texto vigente del artículo 26 constitucional.

No obstante lo anterior, derivado de la cuidadosa lectura de la Minuta aprobada por la H. Cámara de Senadores, así como del análisis de las iniciativas mencionadas, se ha considerado conveniente proponer un nuevo texto de reforma constitucional que busca contribuir a dar una mayor claridad y precisión a su contenido a fin de garantizar la eficacia normativa del proyecto propuesto por la Colegisladora. Las consideraciones que sustentan el texto que se propone son las siguientes:

Primera. En el marco del sistema federal debe advertirse que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática no es el único productor de información estadística y geográfica del país, sino que existen múltiples instancias en los distintos niveles de gobierno que generan información para el ejercicio de sus atribuciones o como resultado de las mismas; es por ello, que el marco jurídico vigente para la generación de información estadística y geográfica, en nuestro país, descansa en una operación coordinada a través de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, haciendo indispensable la existencia de una normatividad común.

A partir del escenario descrito, estimamos ineludible que los datos contenidos en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, sean considerados oficiales y, para el caso del Gobierno Federal, Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de uso obligatorio en los términos que establezca la ley general que en su momento apruebe el H. Congreso de la Unión.

En el mismo sentido, estas dictaminadoras consideran conveniente que la unidad central a cargo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuente con las atribuciones necesarias para proporcionar, de forma eficiente, los datos oficiales en materia de información estadística y geográfica de interés nacional, de manera confiable y oportuna, con la finalidad de que se garantice a los usuarios de los sectores público, social y privado el acceso a la información.

Segunda. Aún y cuando en los considerandos del proyecto elaborado por la Colegisladora se establece que se responsabiliza al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática "de los sistemas estadísticos y geográficos", debe destacarse que en el texto de la Minuta no se prevé la existencia de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Al respecto, estas comisiones, estiman indispensable prever expresamente en el texto constitucional la existencia del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para que, a través de él, se coordinen las competencias para la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica de interés nacional, generada por las unidades productoras de información de los distintos niveles de gobierno.

Adicionalmente, del estudio de diversas experiencias en el ámbito internacional, así como de la propia experiencia nacional, se desprende que la producción centralizada de información se enfrenta a grandes dificultades para generar la información estadística y geográfica con el nivel de desagregación y oportunidad que demandan tanto el sistema federal, en sus ámbitos sectorial y regional, como los diversos segmentos de la sociedad. Por ello, se considera conveniente que sea a través de la Ley que en su momento expida el H. Congreso de la Unión, en dónde se regulen las materias siguientes: a) el contenido del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; b) las unidades que deban formar parte de él; c) la naturaleza del organismo que deberá fungir como unidad central coordinadora y normativa del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; y d) la distribución de competencias y responsabilidades de las unidades del Sistema para la captación, producción, procesamiento, presentación y difusión de la información.

Por todo lo anterior, consideramos aconsejable avanzar en el fortalecimiento de las facultades del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, como unidad central coordinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que le permitan estar en condiciones de regular eficazmente a todas las unidades productoras de información que integren dicho Sistema en la captación, procesamiento y publicación de información. Se estima indispensable que en el primer párrafo del texto propuesto para el Apartado B del artículo 26 Constitucional, se precise el carácter de "oficial" a los datos que genere el multicitado sistema, y de uso obligatorio para el propio Estado Mexicano, es decir: Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios. (Connotación del Artículo 3º Constitucional).

Tercera. En relación con la integración de la Junta de Gobierno, se considera necesario para garantizar la autonomía de sus integrantes que éstos sólo puedan ser removidos de su cargo por causa grave, y que no puedan desempeñar ningún otro empleo cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Por lo que se refiere a la duración del encargo, a los requisitos técnicos y profesionales que deban cumplir los servidores públicos, así como el procedimiento para la designación del titular de la Junta de Gobierno del organismo, serán establecidos en la Ley que en su momento expida el H. Congreso de la Unión.

Con el propósito de coadyuvar al ejercicio responsable de la función pública, podrán los miembros de la Junta de Gobierno sujetarse a lo dispuesto por el Titulo Cuarto de la Constitución.

Cuarta. El tema presupuestario adquiere especial relevancia a la luz de los propósitos de dotar al INEGI de autonomía en el ejercicio de sus atribuciones. Por ello, se propone que, en los términos de las disposiciones aplicables, se asegure la libre administración de su presupuesto y se establezca la no transferencia y la suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, con el propósito de que el organismo pueda ejecutar las acciones previstas en los planes y programas que formule de conformidad con lo que disponga la ley a que se refiere el apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinta. Consideramos indispensable que en el texto constitucional se consagren como principios rectores de la ley general que en su momento dicte el Congreso para establecer las bases del funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia.

Sexta. A efecto de no modificar el texto vigente del artículo 108 Constitucional, se propone que la referencia a la posibilidad de que los miembros de la Junta de Gobierno sean sujetos de lo dispuesto por el Titulo Cuarto de la Constitución, se inscriba en el mismo texto del artículo 26 de la Constitución, en el apartado B.

Séptima. Se propone reformar la fracción XXIX-D del artículo 73 Constitucional, para otorgar facultad explícita al H. Congreso de la Unión, para legislar, no sólo en materia de planeación nacional del desarrollo económico y social, sino también en materia de información, estadística y geográfica de interés nacional.

Octava. En cuanto a los artículos transitorios de la Minuta con Proyecto de Decreto en comento, vale la pena homologar la denominación del organismo que se constituye, particularmente en sus artículos SEGUNDO, que precisa la denominación "Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática". Con respecto a los: CUARTO, SÉPTIMO y OCTAVO que le denominan: "Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática".

Finalmente, corresponde señalar que las dictaminadoras convienen en que las decisiones de los distintos actores de la vida nacional, siempre serán más eficaces y trascendentes si se basan en información veraz, objetiva, transparente e independiente; busca también que con esta propuesta de reformas constitucionales, la información producida en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en su ámbito, se convierta en un indicador confiable, permanente, accesible a todos los ciudadanos sobre el estado que guarda la administración pública y el país en su conjunto. Lo anterior, permitirá medir el avance y los resultados de los planes y programas de gobierno, así como el conocimiento de la situación que guarda la realidad geográfica y los recursos materiales y humanos con los que cuenta la República; todo con el fin de contribuir a la eficacia y eficiencia de las acciones y decisiones de gobierno y al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Motivados en los argumentos expuestos y con fundamento en lo establecido por el Artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los integrantes de estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y crédito Público coincidimos en someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen con Proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26 y 73 FRACCIÓN XXIX-D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.-

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la Ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La Ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.- ...

I a XXIX-C...

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;

XXIX-E a XXX ...

TRANSITORIOS.

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- En tanto se expide la Ley general a que se refiere el apartado B del artículo 26 de esta Constitución, continuará en vigor la Ley de Información Estadística y Geográfica, y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. Asimismo, subsistirán los nombramientos, poderes, mandatos, comisiones y, en general, las delegaciones y facultades concedidas, a los servidores públicos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Tercero.- A la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el apartado B del artículo 26 de esta Constitución, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se transferirán al organismo creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Cuarto.- Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del organismo creado en los términos del presente Decreto, deberá garantizar la libre administración, la no-transferencia y la suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, a efecto de que el organismo esté en condiciones de dar cumplimiento a los planes y programas que formule en observancia de la ley a que se refiere el apartado B del artículo 26 de esta Constitución.

Quinto.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciado ante el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y posteriormente ante el organismo creado en los términos del presente Decreto.

Sexto.- Dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá emitir la Ley a la que se refiere el apartado B del artículo 26 de esta Constitución.

Séptimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. México, Distrito Federal, a los 12 días del mes de mayo del año 2004.

Comisión de Puntos Constitucionales

Diputados: Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica); Rubén Alexander Rábago (rúbrica), secretario; Sergio Álvarez Mata (rúbrica); René Arce Islas (rúbrica); Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), secretario; Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica); Francisco Barrio Terrazas; Ángel Augusto Buendía Tirado (rúbrica); Enrique Burgos García (rúbrica); Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Horacio Duarte Olivares (rúbrica); Álvaro Elías Loredo (rúbrica), secretario; Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica); Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Presidente; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), secretario; J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), secretario; Luis Maldonado Venegas (rúbrica), secretario; Germán Martínez Cázares (rúbrica); Arturo Nahle García (rúbrica), secretario; Janette Ovando Reazola (rúbrica); Jorge Luis Preciado Rodríguez; Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica); Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica); Socorro Userralde Gordillo (rúbrica); Marisol Vargas Bárcena; Pedro Vázquez González (rúbrica), secretario; Emilio Zebadúa González (rúbrica).

Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila, Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza, Enrique Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica), Emilio Zebadúa González (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dictamina la Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley Federal de Cinematografía, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del Diputado Javier Orozco Gómez, con base en los siguientes

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA

Primero. La Iniciativa que nos ocupa tiene el propósito de que se incluya en el artículo 41, fracción I, de la Ley Federal de Cinematografía, la existencia de los Estudios Churubusco Azteca, S.A. y del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., en un afán de consolidar su permanencia, aunque reconoce que, de conformidad con los artículos 5º y 6º del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, es facultad del Ejecutivo Federal determinar su constitución y desincorporación, por tratarse de entidades de la administración pública paraestatal.

Segundo. El derecho a presentar la Iniciativa que se dictamina, encuentra su fundamento en la fracción II, del artículo 71 constitucional, ya que dicho precepto establece que: "El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los diputados y senadores al Congreso de la Unión?"; por su parte, la fracción X, del artículo 73 de la Constitución Federal señala que el Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre industria cinematográfica.

Tercero. El cine es una expresión cultural que ha dado a conocer a México en el ámbito internacional, y su éxito -observado sobre todo en años recientes-, se debe en gran medida a la existencia del Instituto Mexicano de Cinematografía, los Estudios Churubusco Azteca y el Centro de Capacitación Cinematográfica, cuyas funciones, objetivos y beneficios alcanzados, se plasman detalladamente en la Iniciativa materia del presente dictamen, permitiendo apreciar la importancia de tales entidades y las consecuencias negativas que conllevaría su desincorporación.

Ahora bien, en la versión inicial del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, remitido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a esta Cámara de Diputados, en cuyo artículo segundo transitorio, fracciones X, XI y XII, se proponía la desincorporación, entre otros, del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. y los Estudios Churubusco Azteca, S.A., respectivamente.

De manera inmediata, los integrantes de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Cultura, -pertenecientes a todos los Grupos Parlamentarios representados en las mismas-, manifestaron su inconformidad con la propuesta en comento, mediante la presentación de un Punto de Acuerdo, de fecha 19 de noviembre de 2003, por el cual se solicitó que esta H. Cámara de Diputados exhortara a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta misma Asamblea, a que no se incluyera la desincorporación de las entidades antes mencionadas , toda vez que éstas desempeñan funciones sustantivas en el fomento, promoción, difusión y apoyo a la producción y formación de cineastas, preservando así la identidad cinematográfica de México.

Para fortuna de la industria cinematográfica nacional, el Punto de Acuerdo en comento, fue tomado en consideración al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, toda vez que no se incluyó en éste el precepto que pretendía iniciar el proceso de desincorporación de diversas entidades -entre ellas, las que nos ocupa-, a través de las modalidades de disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación, con sujeción a las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

Cuarto. Ciertamente, por tratarse de entidades de la administración pública paraestatal, es facultad de Ejecutivo Federal determinar su constitución y desincorporación, sin embargo, el texto vigente del artículo 41, fracción I, inciso d), de la Ley Federal de Cinematografía, confiere a la Secretaría de Educación Pública, entre otras, la atribución de coordinar las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

El Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano de Cinematografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1983, establece en su artículo 3º, que dicho Instituto realiza sus funciones de servicios a la producción y de capacitación, a través de las entidades denominadas Estudios Churubusco Azteca, S. A. y Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., respectivamente; en este orden de ideas, se hace necesario que las funciones sustantivas que desarrollan estas entidades, sean reconocidas en la Ley de la materia, como parte de una política integral de fortalecimiento y apoyo a la industria cinematográfica nacional, máxime que se trata de entidades que -junto con el IMCINE- desarrollan actividades que redundan en beneficio de la industria del cine en nuestro país.

Quinto. Sin embargo, se estima que las reformas y adiciones propuestas, deben sufrir ciertas adecuaciones, sobre todo por lo que se refiere a la naturaleza de las atribuciones que se pretenden conferir a la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

En este sentido, es pertinente precisar que con fecha 7 de diciembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes.

El artículo 2º del referido Decreto de creación, señala:

Por lo anterior, se estima que las reformas y adiciones a los incisos c) e i), de la fracción I, del artículo 41 de la Ley Federal de Cinematografía, únicamente deben referirse a atribuciones de coordinación, pero no de vigilancia, pues esta última no encuentra sustento jurídico dentro del marco normativo aplicable al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Asimismo, se considera que el texto que se propone para el inciso c) del numeral en comento, es decir, la reforma relativa a la coordinación de los Estudios Churubusco Azteca, S.A., resulta limitativa, pues -en todo caso- sólo facultaría al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a coordinar las actividades de producción y coproducción cinematográfica de dicha entidad, no obstante que no existe justificación alguna para establecer esta restricción; antes bien, atendiendo al espíritu del artículo 2º, fracción III, del Decreto de Creación del Consejo que nos ocupa, éste debe coordinar todas las actividades que realice, entre otras, la entidad denominada Estudios Churubusco Azteca, S.A., tal y como ocurre en el caso del Instituto Mexicano de Cinematografía, de conformidad con el texto vigente del inciso d), del artículo 41, fracción I, de la Ley Federal de Cinematografía.

En tal virtud, el texto de los incisos c) e i), del numeral en cita, deben quedar redactados en los siguientes términos:

La necesidad de incluir esta reforma obedece a que la Cineteca Nacional es un fideicomiso que ya cuenta con un Comité Técnico y un número de Unidad Responsable para efectos del ejercicio presupuestario; en tal virtud, es en los hechos el Comité Técnico el órgano que dirige y administra la Cineteca Nacional.

Por lo anterior, y atendiendo a los mismos razonamientos expuestos en el apartado que antecede, por cuanto se refiere a la atribución fundamental de coordinación que ha sido conferida al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en términos de su Decreto de creación, se reforma el inciso e) del numeral de referencia, para quedar como sigue:

Ahora bien, de acuerdo con la estructura actual de la Administración Pública Federal paraestatal, las disposiciones contenidas en los incisos c) e i) de la fracción I, del precepto 41 de la Ley Federal de Cinematografía, hacen referencia precisa a las funciones que desempeñan actualmente los Estudios Churubusco Azteca, S.A. y el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., con lo que se evidencia el compromiso que asumió esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, como parte de su política de apoyo y fortalecimiento a la industria cinematográfica nacional, consignada en su Plan de Trabajo y reiterada ante los diversos sectores involucrados en el tema del cine en nuestro país.

A más de lo anterior, se estima que con estas precisiones, se reafirma la atribución de la Secretaría de Educación Pública -ejercida a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes- de fomentar y promover la producción cinematográfica, tal y como se encuentra señalado en el artículo 41, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Cinematografía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, emiten el siguiente

DICTAMEN

Con las modificaciones indicadas, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 41, fracción I, incisos c) y e), y se adiciona el inciso i) de la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de septiembre de 2004.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

Diputados: Javier Orozco Gómez (rúbrica), Presidente; Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), secretario; Marcela Guerra Castillo (rúbrica), secretaria; Manuel Gómez Morín Martínez del Río (rúbrica), secretario; Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), secretaria; Lilia Isabel Aragón del Rivero (rúbrica), Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Ady García López, Carlos Jiménez Macías (rúbrica), María Elena Orantes López, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica), María del Carmen Escudero Fabre, Patricia Flores Fuentes (rúbrica), José Julio González Garza (rúbrica), José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche, Héctor Miguel Bautista López (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Francisco Mora Ciprés (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica).