El que suscribe, diputado federal Oscar Félix Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:
Antecedentes
En el estado de Sinaloa, como en todo el noroeste del país, las inversiones en materia de riego agrícola son muy productivas; en cuanto a que la disposición de agua suficiente para riego, incrementa notablemente la producción agrícola.
Sin embargo, la disponibilidad del agua y de suelo fértil no son coincidentes en esta parte del país, ya que mientras en el sur del estado se dispone de agua en abundancia, en el norte sinaloense y el sur del estado de Sonora, la escasez de este recurso limita la producción agrícola, a esto se suma la escasa precipitación pluvial de la región, así como una pobre infraestructura de riego que imposibilita el aprovechamiento de 10,340 mil hectáreas de uso agrícola de temporal.
Esta situación propició que la Comisión Nacional del Agua, concibiera el Sistema Hidráulico Interconectado del Noroeste -SHINO- para atenuar la mala distribución de los recursos hídricos destinados a la producción agrícola, mediante la conducción de aguas del sur de Sinaloa. E incluso, en una etapa posterior, del estado de Nayarit, hacia el norte de Sinaloa y el sur de Sonora, para emplearlas en los grandes valles ahora desaprovechados.
El proyecto Elota-Piaxtla, se localiza en la parte sur-oriental de la planicie costera de Sinaloa, abarca los municipios de Elota, Culiacán y San Ignacio.
Este proyecto forma parte del sistema, y pretende utilizar las aguas del río Piaxtla por derivación y del río Elota mediante su regulación, para regar 61,632 hectáreas localizadas entre estos ríos, así como también el río San Lorenzo, en la planicie costera del sur del estado, y enviar sus excedentes al vecino sistema de riego San Lorenzo-Culiacán.
El aprovechamiento de los ríos Elota y Piaxtla, ha sido proyectado en dos etapas: la primera, consistió en la construcción de la presa de almacenamiento El Salto (ingeniero Aurelio Benassini V.), para utilizar 800 millones de m3 de sus escurrimientos en el riego de 30,786 hectáreas que hasta el momento ha beneficiado a 2,760 familias campesinas.
En tanto la segunda etapa, pretende mediante la construcción de una presa derivadora "Piaxtla", y una presa de almacenamiento "Las Juntas", sobre el río Piaxtla, disponer de los 1,000 millones de m3 que constituyen el escurimiento sobre este río, y así dar riego a las 30,846 hectáreas restantes que comprende el proyecto en su conjunto, en el mismo sentido los excedentes de agua no utilizable en esta zona de riego, serán transferidos hacia el norte, a través de la derivadora San Lorenzo, sobre el río del mismo nombre.
Para la culminación correcta de la primera y segunda etapa del proyecto Elota-Piaxtla se estima, según cálculos de la Comisión Nacional del Agua, un capital de 4,691 millones de pesos para lograr el beneficio productivo en la zona noroeste de nuestro país.
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Exhortar a los diputados federales integrantes de la LIX Legislatura para que por medio de su voto, y bajo la vigilancia de la Comisión de Recursos Hidráulicos, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2005, el recurso económico suficiente para la culminación de la segunda etapa del proyecto Elota-Piaxtla en el estado de Sinaloa, con lo que se apoyaría al campo mexicano.
Segundo.- Que la Comisión de Recursos Hidráulicos de esta honorable Cámara de Diputados en coordinación con la Comisión Nacional del Agua vigile la aplicación efectiva del referido recurso.
Tercero.- Que el pleno de la honorable Cámara de Diputados considere este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución en virtud de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2005 deberá estar aprobado por esta soberanía a más tardar el 15 de noviembre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2004.
Dip. Óscar Félix Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIA EN FAVOR DE LA CONDENA, ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, AL BLOQUEO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE CUBA, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se pronuncia la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a favor de la condena, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, del bloqueo económico de Estados Unidos sobre Cuba, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 28 de octubre de 2004 se cumplen 42 años de que el gobierno cubano emitió una declaración en relación con los pronunciamientos formulados por el Presidente Kennedy en carta enviada al primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Kruschev, en el sentido de que Estados Unidos aceptaría, después de establecerse adecuados arreglos a través de las Naciones Unidas, eliminar las medidas de bloqueo en vigor y dar garantías contra una invasión a Cuba.
2. Uno de los ejes de política exterior de la administración de Vicente Fox es la promoción y defensa de los derechos humanos como valores universales. El bloqueo económico de Estados Unidos en contra de Cuba viola directamente estos derechos y las libertades fundamentales del pueblo cubano. Dados los antecedentes del punto de acuerdo presentado por el diputado federal Rodrigo Iván Cortés sobre las violaciones a los derechos fundamentales en Guantánamo y la votación de México en Ginebra, se estima necesario que el Congreso Mexicano respalde la denuncia contra este acto unilateral en congruencia con las decisiones que se han tomado con respecto a este tema y en total acuerdo con los ya mencionados ejes de política exterior.
3. El bloqueo contra Cuba ha provocado un total de $79,325 millones de dólares de afectaciones de la fecha de imposición a 2003, con lo que ha detenido el crecimiento y desarrollo económico de la isla. El comercio internacional ha crecido a una tasa anual de 10% desde mediados del decenio de 1980. Debemos considerar que, gracias a esto, muchos países en desarrollo están experimentando un notable grado de prosperidad y aún los países más pobres han obteniendo mejorías marginales. El bloqueo sobre Cuba ha evitado que la isla también obtenga parte de estos beneficios; sus efectos negativos, en especial sobre los grupos más vulnerables, son motivo de preocupación para todas las democracias del mundo y, en especial, para México.
4. Uno de las responsabilidades de la Organización de Naciones Unidas es promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo social. El respaldo del Congreso Mexicano a la votación en contra del bloqueo en la Asamblea General es una forma de manifestar el compromiso adquirido al momento de firmar la Carta de las Naciones Unidas.
5. El 28 de octubre de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas someterá a votación la resolución cubana que pedirá la condena al bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la isla por más de cuatro décadas. Por esta razón, el gobierno de Cuba ha solicitado la colaboración de la comunidad internacional para denunciar el bloqueo ante esta organización internacional, tal como se ha hecho en los últimos doce años.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respalda y reconoce la posición que el gobierno de México ha mantenido con respecto a la defensa de los derechos humanos como valores universales.
Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respalda la solicitud del gobierno cubano de que la comunidad internacional, y en este caso, que nuestro país denuncie el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba mediante votación en contra de este acto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, rechaza la imposición de sanciones políticas, económicas o militares que no hayan sido aprobadas expresamente por el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, rechaza cualquier acción o conducta que vaya en contra del desarrollo independiente de un Estado e insta a que todos los actos o decisiones que se tomen a nivel internacional sean de carácter multilateral, respetando las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de octubre de 2004.
Diputados: Blanca Gámez Gutiérrez
(rúbrica), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores;
Gustavo Adolfo de Unanue, secretario de la Comisión de Relaciones
Exteriores; Ángel Juan Alonso Díaz Caneja, integrante de
la Comisión de Relaciones Exteriores; Rodrigo Iván Cortés,
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores; Rogelio Alejandro
Flores, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores; Francisco
Xavier López Mena, integrante de la Comisión de Relaciones
Exteriores; Sergio Penagos García, integrante de la Comisión
de Relaciones Exteriores; Carlos Noel Tiscareño Rodríguez,
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores; Francisco Landero
Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del PAN.
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE SOLICITAR QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ANALICE Y CONSIDERE LA OPINIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA ATENCIÓN DE CRUCEROS TURÍSTICOS EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PRESENTADA POR EL EJECUTIVO FEDERAL A ESTA SOBERANÍA Y EN PARTICULAR CON LA PROPUESTA DE REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 8 DE DICHO ORDENAMIENTO, A CARGO DEL DIPUTADO ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado Abraham Bagdadi Estrella miembro de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
1. El pasado 26 de agosto, las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes publican en el Diario Oficial una nueva política pública de cruceros.
2. Dicha política contiene una serie de iniciativas de reformas a diversas disposiciones de carácter fiscal, entre las que se encuentran reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Derechos.
3. En la ley en cuestión, el Ejecutivo plantea la adición de un numeral IX en la que se inscribe un derecho a cargo de los pasajeros en los cruceros por un monto de $110.00 pesos.
4. Dicho derecho según establece la propuesta sería utilizado en un 20% para el Instituto Nacional de Migración y el otro 80% restante a la Secretaria de Turismo a fin de que se apliquen a programas de conservación mantenimiento, limpieza y vigilancia de las zonas costeras por conducto de los municipios.
5. El pasado 8 de septiembre ante miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta H. Cámara de Diputados miembros de diversas asociaciones que tienen relación con los prestadores de servicios de cruceros manifestaron la inconformidad de un cobro de 110 pesos por persona que arribe a nuestro país de manera transitoria.
6. Dicha inconformidad se basa en el hecho de que este cobro impactaría a la economía de los prestadores del servicio de cruceros en México ya que no estaría compitiendo con los estándares mundiales.
7. Además de lo anterior en la misma Ley Federal de Derechos ya se encuentra previsto un cobro por este concepto en el artículo 14 A, lo que de aprobarse este nuevo derecho supondría una segunda imposición para un mismo objetivo.
8. Asimismo la propuesta del Ejecutivo federal expresa que de realizarse este cobro se mejoraría el servicio del Instituto Nacional de Migración, esta justificación es incorrecta ya que con los procedimientos actuales se cumple cabalmente con el convenio internacional sobre la facilitación del tráfico marítimo de pasajeros de la OMI.
9. Asimismo el argumento de que el otro 80% sería para los municipios es carente de validez legitima ya que la mayoría de las autoridades locales no están de acuerdo con esta imposición. Y si en cambio existen dudas serias acerca de la posibilidad de crear en la Secretaría de Turismo una caja chica que pudiese en algún momento servir para financiar campañas electorales.
10. A efecto de facilitar la discusión anexo al presente el documento de la Asociación Mexicana para la Atención a Cruceros Turísticos relativo a la inconformidad por el pretendido nuevo derecho.
Es por lo anterior que se propone el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público analice y tome en consideración la opinión de la Asociación Mexicana para la Atención a Cruceros Turísticos en relación a la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos presentada por el Ejecutivo Federal a esta soberanía y en particular a la propuesta de redacción del artículo 8 de dicho ordenamiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Octubre de 2004.
Dip. Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA FORMULAR UN EXTRAÑAMIENTO AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES POR LA FALTA DE ACCIÓN A FIN DE ATACAR Y EVITAR LA EXPLOTACIÓN DE NIÑAS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ELENA MARTÍNEZ RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta H. soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para enviar un extrañamiento al secretario de Relaciones Exteriores por la falta de acción para atacar y evitar la explotación de niñas en Estados Unidos.
Exposición de Motivos
"El gobierno no sólo protesta y condena, sino que actúa en consecuencia para que quien sea responsable sufra la penalidad correspondiente", ésta es la declaración del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, respecto a la muerte de tres mujeres mexicanas ahogadas en el río Bravo.
Traigo esta declaración del responsable de la política exterior mexicana, por la impactante información que hemos recibido sobre la explotación sexual que sufren niñas mexicanas en Estados Unidos. Esta información es parte de un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos firmado por Alexander Acosta donde se reportan casos que por sí solos son prueba del abandono e incapacidad del responsable, según lo establece el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Publica, o al deber que tiene según el artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano: el Sr. Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez.
Cito la nota: "En un caso reciente, cuatro mujeres mexicanas, en sí niñas de 14 años, fueron engañadas con una promesa falsa de un esposo y una vida mejor en Estados Unidos de América. En vez de eso, las jovencitas a base de una combinación de abuso, amenazas y aislamiento encontraron prostitución forzada en un prostíbulo de Planfield, Nueva Jersey. El caso a que se hace referencia ocurrió entre 2002 y 2003, aunque apenas en junio de este año se sentenció a los implicados".
No es un caso aislado, el diagnóstico del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América ha documentado muchos otros casos de niñas y adolescentes mexicanos explotados sexualmente en los estados de Georgia, Texas, California, Carolina del Norte, Nueva York y además del caso de Nueva Jersey.
Estos casos nos llevan a preguntarnos: ¿qué hizo la Cancillería para asesorar, proteger y apoyar a las niñas mexicanas?, ¿Por qué no se había informado a las familias oportunamente para evitar que se siguiera enganchando a más niñas en las regiones donde esto ocurría? ¿Por qué no se notificó a la PGR para detener a los cómplices o actores de esta canallada?. El informe establece que se han detenido 10 bandas en lo que va del año, que están detenidos parte de estas bandas, se informa de los lugares donde operan, y sin embargo; no se hace nada para poner remedio a estos hechos.
En el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, celebrado en Estocolmo en 1996, y ratificado por el Presidente Fox, establece en el artículo 3: "Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente".
La tarea legislativa nos corresponde y así lo haremos, pero el deber de quien es responsable de la representación ante otros Estados extranjeros debe hacer su parte cuando esto sucede fuera de nuestras fronteras.
La "Nueva Política Humanista Exterior", así llamada ahora, olvidando la Política Estrada que le dio a nuestro país el reconocimiento mundial, pretende la incongruencia total, al abandonar a su suerte a cerca de 5 millones de mexicanos indocumentados, debido a que el Sr. Secretario Derbez ha declarado: "México ya no busca un acuerdo migratorio integral con Estados Unidos, ahora se trata de lograr reformas en la materia en las cuales también se vean involucrados los países de América del Centro y Sur", escondiéndose perversamente en un latinoamericanismo que ellos mismos abandonaron para ocultar el fracaso de su Agenda Migratoria, se refugian con nuestros hermanos latinoamericanos lo que su incapacidad demuestra, ya que el Sr. Secretario declaró el 11 de febrero del 2003: "El tema migratorio fue señalado como el más importante en la Agenda Binacional con Estados Unidos al inicio de la Administración y continua siéndolo".
Ya no se puede esperar, señor secretario: su obligación inmediata es con los mexicanos y, sobre todo, con los más vulnerables, las niñas y los niños. Si no puede, renuncie, señor secretario.
Por lo anterior, presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se formule un extrañamiento al secretario de Relaciones Exteriores por el incumplimiento de sus deberes establecidos en las leyes aplicables.
Se le solicite que inicie proceso de extradición y acusación a los delincuentes que están siendo juzgados por estos delitos y en cárceles americanas para iniciar una sentencia en las cárceles mexicanas una vez que terminen sus condenas en Estados Unidos.
Se inicie el apoyo a las víctimas, así como las demandas necesarias para que sean indemnizadas también de acuerdo a los procedimientos penales mexicanos.
Se inicie una acción conjunta con las autoridades estadounidenses para establecer una operación especial de apoyo a los niños y niñas mexicanas migrantes explotados sexualmente. Respetando su residencia documentada o no.
Se informe de manera puntual a la H. Cámara de Diputados de la respuesta y acciones realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para éste y todos los demás casos que están documentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2004.
Dip. Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SOLICITA A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS QUE SE ETIQUETEN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, A EFECTO DE LLEVAR A CABO UN DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ORLANDO PÉREZ MOGUEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado José Orlando Pérez Moguel, de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta representación ciudadana una proposición con punto de acuerdo, para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se etiquen recursos para realizar un dragado de construcción y mantenimiento en el puerto de Progreso en el estado de Yucatán, al tenor de las siguientes
Consideraciones constitucionales
a) El artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de: "Examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior".
Antecedentes
1. En el periodo 1999-2001 se llevaron a cabo los trabajos para la ampliación del puerto de Progreso, que incluyeron un canal de acceso de 12 kilómetros de longitud y 12 metros de profundidad. Actualmente, dicho canal, las dársenas y los muelles tienen una profundidad de 40 pies (12.19 metros); sin embargo, hasta 2003 se logró que la Capitanía de Puerto validara y los pilotos de puerto aceptaran un calado oficial de 30 pies (9.14 metros) y de 32 pies en este año (9.75 metros).
2. En 2001 se tenía previsto que se concluyeran las obras de dragado del puerto y se ampliara el canal de navegación y la curva de acceso al mismo; empero, la draga se descompuso y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes canceló en contrato con la empresa contratista. A la fecha dichas obras no se han llevado a cabo por falta de recursos.
3. Desde 2001, las compañías navieras de cruceros, particularmente Carnaval Cruise Lines, han manifestado su preocupación sobre las condiciones de seguridad del puerto, lo que ha obligado a las líneas navieras a cancelar los arribos de los cruceros cuando existen condiciones de vientos fuertes. Más aún, las navieras argumentan que se requiere aumentar el calado del puerto a 34 pies (10.36 metros) para que pueda recibir cruceros de cuarta generación y, que de no ser así, a partir de 2005 suspenderán los arribos al puerto de Progreso.
4. Los pilotos de puerto sugieren que se realice un dragado de construcción en la curva de acceso a la dársena y al noroeste del rompeolas, para contrarrestar la turbulencia que se origina por el choque de las corrientes con el rompeolas que pueden provocar el encallamiento de los buques, así como en el canal de navegación para retirar picos y en el muelle de cruceros para recibir buques de cuarta generación que por sus dimensiones no pueden atracar en esta terminal especializada de cruceros. Análogamente, se requiere un dragado de mantenimiento de para limpiar el fondo marino de la dársena de ciaboga y frente al muelle petrolero. El costo total de ambos dragados sería de aproximadamente 65 millones de pesos.
Considerandos
Es de mencionarse, que el puerto de Progreso no sólo es uno de los puertos más importantes del sistema portuario nacional, sino que destaca por la trascendencia que tiene para el desarrollo regional y, de manera particular, para el estado de Yucatán. El dinamismo de este puerto multipropósito se traduce en el manejo de diversa carga, que incluye graneles agrícolas, contenedores, petróleo y sus derivados, así como pasajeros en crucero.
En este sentido, durante 2003 el puerto movilizó más de 2.1 millones de toneladas, destacando los graneles agrícolas con de cerca de 1.6 millones de toneladas y se posicionó como el cuarto lugar a nivel nacional en el manejo de contenedores con más de 60 mil TEUS (contenedores de 20 pies, por sus siglas en inglés) y como el octavo por el número de pasajeros en crucero con aproximadamente 160 mil.
Para el periodo enero-agosto de 2004, la carga registró un total de 1.47 millones de toneladas, sobresaliendo los graneles agrícolas con más de 1 millón de toneladas, mantuvo el cuarto lugar en el movimiento de contenedores con cerca de 44 mil TEUS y escaló al séptimo lugar en el rubro de pasajeros en crucero al recibir más de 160 mil.
Un factor a considerar, es que el total de pasajeros en cruceros en el mundo pasó de 45 millones en 1980 a 75 millones en 2002, lo que significó un incremento de 66%. Es de señalarse, que el 54% de la demanda total del mercado la absorbe la región del Caribe, que incluye a Bahamas, Bermudas y el Caribe mexicano. Esto nos indica, que de mantenerse la tendencia de la tasa de crecimiento anual que es de aproximadamente 8%, si hiciéramos un pronóstico para el puerto de Progreso obtendríamos los siguientes datos:
Para 2005, el total de arribos sería de 124 y el de pasajeros de 277 mil 345; mientras que para 2010, los arribos totales serían 152 y el número de pasajeros de 340 mil 690; en tanto que para 2030, las cifras serían 347 y 775 mil 735, respectivamente. En términos de ingresos por cobro de tarifas por uso de infraestructura portuaria, la proyección muestra que para 2005 serían de casi 1.3 millones de dólares, para 2010 de aproximadamente 1.6 millones de dólares, para 2020 de 2.3 millones de dólares en 2020 y de 3.6 millones de dólares en 2030.
El calado actual del canal de navegación, de los canales de acceso, de la dársena y de los muelles, no sólo afecta al arribo de cruceros de cuarta generación, sino que impacta la operación de otro tipo de embarcaciones como las que transportan graneles agrícolas, toda vez que según estimaciones, se generan gastos adicionales de 40 centavos de dólar por tonelada, ya que no pueden cargar al máximo su capacidad por la limitante del calado del puerto; adicionalmente, si existiese la posibilidad de realizar maniobras nocturnas, se generarían ahorros de alrededor de 15 mil dólares por flete de barco, ya que no tendrían que esperar toda la noche para poder ingresar al puerto.
De igual manera, esta circunstancia perjudica las operaciones de la paraestatal Pemex que recibe embarcaciones de 34 pies de calado en promedio, que se ven obligadas a fondear fuera del puerto para descargar parte de los hidrocarburos en chalanas a 32 pies de calado, maniobra a la que se le conoce como alijo. El resultado final, es que se tienen que realizar 1.5 alijos en promedio por embarcación para un total de 98 por año y que también se traduce en costos adicionales de 6.8 millones de pesos.
Por otra parte, se cuenta con un estudio de costo beneficio, a partir del cual se determinó que la evaluación financiera y socio económica del proyecto es rentable y nos indica que el momento oportuno de inversión es ahora, en el corto plazo. Cabe mencionar, que de contar con el voto favorable de esta Soberanía para aprobar recursos federales para realizar los dragados en comento, las obras se adjudicarían con estricto apego a la normatividad en la materia, mediante licitación pública.
Adicionalmente y, a efecto de cumplir la normatividad en materia de impacto ambiental, se han hecho los trámites correspondientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y estimamos que la respuesta será favorable y estará lista hacia finales del mes en curso.
Como puede observarse del análisis previo, no existe razón de peso para que no se autoricen recursos fiscales para los dragados de construcción y mantenimiento, que permitan fortalecer la operación del puerto de Progreso y, alentar así, no sólo el desarrollo regional, sino contribuir al crecimiento económico del estado de Yucatán y, en consecuencia, aportar al progreso del país y a la consolidación del sistema portuario nacional.
Por lo anteriormente expuesto, exhortamos a los Diputados de los distintos grupos parlamentarios de esta representación ciudadanía, a que emitan su voto a favor de que se etiquen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, recursos por 65 millones de pesos para realizar los dragados de construcción y mantenimiento que requiere el puerto de Progreso para hacer más eficiente su operación, incrementar el ritmo de actividad y aumentar los niveles de competitividad para atraer volúmenes mayores de carga.
La proposición con Punto de Acuerdo, quedaría como sigue
Artículo Único. Se autoriza que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, se etiqueten recursos por 65 millones de pesos, con el propósito de efectuar obras de dragado de construcción y de mantenimiento en el puerto de Progreso en el estado de Yucatán.
Dejo en manos de la Secretaría el expediente que contiene el proyecto de dragado, el estudio de costo beneficio y los antecedentes de los trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Diputados: J. Orlando Pérez Moguel (GPPAN),
Roger Alcocer García (GPPRI) (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 SE CONSIDEREN RECURSOS RELATIVOS A LA CREACIÓN DE PLAZAS PARA EL PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DEL CONACYT, ASÍ COMO RECURSOS AL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito Omar Ortega Álvarez, diputado a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde su creación, en los años setenta y principios de los ochenta, los 27 centros públicos de investigación coordinados por el Conacyt han cumplido sus funciones inherentes en ciencias exactas, tecnología e ingeniería, además de formar recursos humanos de alto nivel dentro de sus programas de posgrado.
Uno de sus principales impactos es que el conjunto de ellos se encuentra diseminado en una veintena de estados del interior de la República y en la mayoría de las ciudades importantes del país, lo cual permite que sus investigaciones y la formación de recursos humanos tengan una vinculación directa con las problemáticas regionales.
No obstante lo anterior, en el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo federal de 2005 los recursos fiscales asignados a los 27 centros públicos de investigación coordinados por el Conacyt, tienen una disminución real de casi 11 por ciento respecto a 2004; pero incluso se prevé que los decrementos impacten negativamente hasta casi 60 por ciento en las funciones sustantivas de algunos de ellos.
Esos decrementos tienen un efecto multiplicador en diversos ámbitos, pero en especial en los rubros de contratación de personal científico y tecnológico; becas; y gasto corriente e inversión, los cuales podría colocar a los centros de investigación en una situación de asfixia presupuestal en 2005.
Por ello se propone incluir en el Presupuesto del próximo año recursos adicionales para esos tres rubros distribuidos, y también que sean etiquetados para que sean destinados al propósito requerido y garantizar su aplicación eficaz y oportuna.
Para la creación, como mínimo, de 200 plazas para el personal científico y tecnológico, el importe ascendería a 90 millones de pesos y en su mayoría se destinarían para la contratación y retención de científicos repatriados.
La creación de ese número de plazas resulta no sólo necesaria sino también urgente, pues en los últimos tres años los órganos de gobierno de los centros públicos de investigación han aprobado incrementar el personal científico y tecnológico. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado la autorización de nuevas contrataciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La negativa de autorizar la creación de plazas para investigadores generará que continúen el incremento de la llamada "fuga de cerebros", cuyo programa fue cancelado este año por el Conacyt por la falta de recursos; el desempleo profesional de científicos, tecnólogos y académicos dedicados a la ciencia y la tecnología; y la desmotivación para que los jóvenes del país opten por iniciar una carrera en estos campos.
En cuanto a los gastos de operación, se propone solicitar un presupuesto adicional por 210 millones de pesos para los capítulos de gasto 2000 "Materiales y Suministros"; 3000 "Servicios generales" y 4000 "Becas".
Ese monto adicional es indispensable porque por su misma naturaleza, la ciencia y la tecnología siempre han demandado inversiones significativas y constantes para establecer, mantener y expandir el motor de la infraestructura física, la cual incluye laboratorios, computadoras, bibliotecas, libros, sistemas especializados de información, y diversos equipos e insumos.
También, la inversión en capital físico con frecuencia es excesivamente costosa, y los precios de los bienes que se deben importar, particularmente el software y hardware de computadoras, contribuyen a agravar el problema. Al igual, los libros y los textos son otro problema, pues con frecuencia son extremadamente caros, incluso con relación con los ingresos de los propios investigadores y no se diga ya de las familias de los estudiantes.
Así, la combinación de recursos exiguos y el incremento de los precios de materiales, suministros y equipos han generado que las investigaciones se retrasen en virtud de que muchas veces no son adquiridos, no se compran en su totalidad o con la debida oportunidad.
Además, los recursos para el mantenimiento a la infraestructura de las instalaciones han aumentado de manera extraordinaria, pues las instituciones del Sistema Conacyt tienen sus instalaciones en distintas regiones del territorio nacional, con variedad de clima, algunos de ellos extremosos, en donde el consumo de servicios, principalmente de energía eléctrica, se ha incrementado en 50%, así como las tarifas de agua, mensajería, limpieza y electricidad.
En el renglón de becas, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 considera una disminución de 35% respecto a 2004, lo que impacta de manera significativa en la formación de recursos humanos de excelencia, así como cumplir los convenios con universidades nacionales e internacionales en el intercambio de estudiantes, apoyo a becarios en los gastos de prácticas profesionales y cursos propedéuticos.
El presupuesto solicitado es necesario para continuar satisfactoriamente con la operación de los centros públicos de investigación, pues entre otros aspectos permitirá cubrir a precios actuales las adquisiciones relacionadas principalmente con los reactivos y materias primas necesarias para el desarrollo de las investigaciones, así como software y adquisiciones de acervo bibliográfico especializado.
Por lo expuesto, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito proponer al Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se considere en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, recursos por 600 millones de pesos para los centros públicos de investigación coordinados por Conacyt, y sean etiquetados dichos recursos en el Ramo 38, "Ciencia y Tecnología", dentro del Ramo 23, "Previsiones Salariales y Económicas", en su anexo 10, el rubro II, "Creación de Plazas". En lo referente a los recursos para la operación e inversión se sugiere que se asignen a una clave presupuestal específica para los centros en el Ramo 38.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de octubre de dos mil cuatro.
Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR, EN EL MARCO DE LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS, UNA ASIGNACIÓN ADICIONAL AL MONTO PROYECTADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL PARA EL RENGLÓN DEL GASTO EDUCATIVO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO ARÉCHIGA SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La educación es una de las vías privilegiadas para lograr el avance sostenido, equilibrado, sustentable y justo de una nación, por lo que, además de ser verdaderamente la más alta prioridad, debe consolidarse como una política de Estado que trascienda los vaivenes políticos y económicos del país.
Los profundos cambios que como sociedad hemos experimentado, reclaman un replanteamiento profundo e integral de la educación y del sistema educativo nacional, que tenga como objetivo hacer de la calidad de la educación la mejor vía para la redistribución del ingreso nacional, sustentado en el reconocimiento de que el sistema educativo tiene fortalezas y debilidades.
En la historia reciente, nuestro país ha mostrado escasa capacidad para hacer compatible el crecimiento económico con la equidad social. Sin embargo, la experiencia de otros países, con los que nos comparamos, muestra que esta necesaria articulación es posible, y que el crecimiento sin equidad o la justicia social sin crecimiento, son respuestas que no superan la coyuntura y el corto plazo.
Para el ejercicio fiscal de 2005, el Ejecutivo federal propone una asignación de 320 mil 852.2 millones de pesos para el Gasto Educativo, inferior al cierre estimado para el presente año y equivalente a 4.04 por ciento del PIB; inferior al 4.4% del PIB asignado en el período anterior, y aún más lejano a la proyección de crecimiento necesario para alcanzar, en el 2006, la meta del 8% del PIB.
Consideraciones
La erogación de los recursos que recauda el Gobierno Federal, debe atender los aspectos prioritarios de la función pública y la educación es la que tiene mayor relevancia.
A la Cámara de Diputados corresponde la responsabilidad de decidir los montos que han de destinarse a este servicio público, tomando en consideración la propuesta del Ejecutivo Federal. Las observaciones que al respecto haga la Comisión de Educación y Servicios Educativos, a partir del análisis del documento y de las consultas que realiza con los diferentes actores del sector, deben derivar en el incremento y reasignación de recursos que resulten necesarios para la atención de las áreas prioritarias.
La Cámara de Diputados no puede caer en un escenario de ilegalidad y de irresponsabilidad para con sus propias decisiones. Por ello, en la decisión acerca del monto que debe dedicarse a la función educativa, se debe cumplir el mandato legal del Artículo 25 de la Ley General de Educación que establece: "El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor al ocho por ciento del producto interno bruto del país..."
Para dar cumplimiento a esta disposición, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, debe contemplar el incremento gradual anual correspondiente, a fin de que el Gasto Público en Educación alcance en el año 2006 recursos equivalentes al 8% del PIB.
Pero también, debe responder al mandato constitucional que establece la obligatoriedad de la educación preescolar; dar respuesta a los rezagos de cobertura y calidad en todos los niveles del sistema y atender las presiones de demanda en los niveles medio superior y superior que genera la modificación de la pirámide demográfica del país.
El PEF debe garantizar transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos educativos, para que éstos no puedan ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de ajustes, desviaciones o recortes.
El monto de recursos que se apruebe y la distribución de los mismos, debe estar orientando y etiquetado para avanzar en el camino de superar los rezagos en cobertura, calidad y equidad en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional.
Con base en lo anterior, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo, con la solicitud de que sea turnado con carácter prioritario a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el marco de la reasignación y ampliación de recursos presupuestarios, considere una asignación adicional del monto proyectado por el Ejecutivo federal para el renglón del gasto educativo de cuando menos 20 mil 951.8 millones de pesos.
Los miembros de la Comisión estamos comprometidos con la más alta prioridad del país; la realidad nos obliga a ser sensibles en el cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales. Por ello, estamos ciertos de que habremos de aprobar esta propuesta para beneficio del país.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 28 de octubre de 2004.
Por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Salvador Pablo Martínez Della
Rocca (rúbrica), Presidente; José Guillermo Aréchiga
Santamaría, Consuelo Camarena Gómez, Tatiana Clouthier Carrillo
(rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Humberto
Francisco Filizola Haces (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica),
secretarios; María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto
Enrique Corella Torres, Blanca Judith Díaz Delgado, Felipe de Jesús
Díaz González, Florentino Domínguez Ordóñez,
Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica),
María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Iván
García Solís, Blanca Estela Gómez Carmona, Rocío
Sánchez Pérez, José Ángel Ibáñez
Montes (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez, Alejandra
Méndez Salorio, Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini,
Óscar Pimentel González, Óscar Martín Ramos
Salinas (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica),
Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Agustín Rodríguez
Fuentes, Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica), Lorena
Torres Ramos.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A IMPLANTAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR MÁRQUEZ LOZORNIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para hacer un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que implemente una campaña de difusión y concientización sobre el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos), bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Desde el acta Constitucional de 31 de enero de 1894, hasta la Constitución de 1917, se ha facultado al Estado para que pueda exigir de los ciudadanos el traslado de una parte de su riqueza, aportaciones que en su origen se conocieron como tributos y que actualmente se denominan contribuciones.
La economía informal se constituye por todas aquellas actividades económicas que, sin ser criminales, tampoco están totalmente registradas, reguladas y fiscalizadas por el Estado en los mismos espacios en que otras actividades similares sí lo están.
Los pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública, entendiéndose por tales las personas naturales que presten servicios o venden productos en la vía pública, en forma ambulante o estacionada y directamente al público.
Durante los años recientes, la economía informal ha ganado una creciente notoriedad y relevancia en nuestro país. Su evidente crecimiento en el ámbito nacional; las dificultades para controlar su presencia en ciertas zonas, como el Centro Histórico de la Ciudad de México y los problemas generados por la evasión de impuestos.
La economía informal se relaciona con una inadecuada regulación y fiscalización, y se plantea en cuatro vertientes principales.
Una enfocada en los costos directos en general, se ve a la informalidad como respuesta lógica ante un exceso de regulaciones e impuestos a la actividad comercial y productiva, lo que hace muy oneroso cumplirlas en términos de dinero, tiempo y esfuerzo.
En otra vertiente enfocada en el trabajo en particular, se afirma que los salarios mínimos y el pago de prestaciones hacen que los negocios generen menos plazas laborales de las que podrían demandar, causando que más gente busque el sector informal como opción de empleo o autoempleo.
En la vertiente de la flexibilidad, se sugiere que la informalidad resulta conveniente para muchas micro y pequeñas empresas porque les permite adaptarse mejor a los cambios de la demanda y al entorno incierto de los negocios, al poder contratar y despedir empleados conforme lo necesiten, cambiar o combinar su giro de forma estacional, o simplemente abrir y cerrar con más facilidad de acuerdo a los ciclos económicos.
Finalmente, se afirma también que la informalidad ocurre, simple y llanamente, porque el Estado no puede o no le conviene hacer cumplir todas sus normas y tributaciones respecto de todos los negocios, ya sea porque no tenga suficiente capacidad administrativa, porque no sea económicamente rentable regular o fiscalizar a los informales, o porque se enfrenten altos costos políticos y sociales al querer hacerlo.
De acuerdo al principio constitucional es lo que pretende analizar nuestra Carta Magna que regula el establecimiento de las contribuciones que se encuentra en el artículo 31 fracción IV.
"Se entiende que existe evasión fiscal cuando una persona infringiendo la ley, deja de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligado".1
Para Armando Giorgetti "La evasión tributaria, es cualquier hecho comisivo u omisivo, del sujeto pasivo de la imposición que contravenga o viole una norma fiscal y en virtud del cual una riqueza imponible, en cualquier forma, resulte sustraída total o parcialmente al pago del tributo previsto por la ley."2
A lo largo de este año se han realizado diversas reformas en materia fiscal en Régimen de Pequeños Contribuyentes, mejor conocidos como Repecos.
La mayor recaudación que espera el Poder Legislativo como resultado del nuevo esquema fiscal del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos), cuyos contribuyentes tendrán que pagar un 15% de IVA sobre los bienes y servicios que vendan, será difícil de alcanzar si no se da una mayor participación de las tesorerías estatales y municipales.
El éxito recaudatorio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dependerá en gran medida de la participación de las haciendas locales, así como el desempeño de los funcionarios de la administración tributaria sean eficientes, idóneos, posean vocación de servicio y sean honestos en su actuación.
Las nuevas participaciones que tendrán que aportar los pequeños contribuyentes y que, en teoría permitirán recaudar mayores ingresos que servirán para los tres niveles de gobierno, deben de ir acompañadas de métodos e instrumentos que ayuden a que el pequeño contribuyente a dar cumplimiento a su obligación tributaria como lo son: el conocimiento de la forma de cumplir, el apoyo técnico para facilitar los tramites y la comunicación con las autoridades fiscales; la implementación de estos instrumentos van a permitir que al pequeño contribuyente cuente con los medios de información y acceso necesarios para el eficaz y correcto cumplimiento de la obligación fiscal mismo que traerá como resultado la superación de la pobreza es una tarea en la que participan los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad misma. Siempre y cuando los estados, municipios y el distrito federal, participen en la elaboración de un padrón confiable.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Punto de acuerdo para hacer un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que implemente una campaña nacional de difusión, concientización y apoyo al contribuyente sobre el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos).
Notas:
1 Jesús Espinoza, La evasión fiscal, p.
135.
2 Armano Giorgetti, p. 107, (citado en la obra de Alejandra
Sandoval, La evasión fiscal y sus efectos, p. 76).
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2004.
Dip. Salvador Márquez Lozornio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 SE REASIGNEN RECURSOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS, POR 402. 5 MILLONES DE PESOS, CANTIDAD QUE EQUIVALE APROXIMADAMENTE A OCHO POR CIENTO DEL PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA, DEBIDAMENTE ETIQUETADOS PARA EL DESARROLLO CULTURAL EN LAS ENTIDADES DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE FONDOS MIXTOS, ASÍ COMO RADICAR RECURSOS DE APORTACIÓN PARITARIA CON OBJETO DE CONSTITUIR UN FONDO NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL, EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ELBA GARFIAS MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta asamblea; una propuesta con punto de acuerdo, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2005, se reasignen recursos adicionales y extraordinarios, por 402.5 millones de pesos, cantidad que equivale aproximadamente al 8% del Presupuesto para el Programa Nacional de Cultura, debidamente etiquetados, específicamente para el desarrollo cultural municipal en las 32 entidades de la Federación a través de fondos mixtos, así como radicar recursos de aportación paritaria con el objeto de constituir un Fondo Nacional para la Promoción Cultural, en las treinta y dos entidades federativas, bajo las siguientes:
Consideraciones
Primera.- En la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hemos insistido durante esta legislatura y en anteriores, respecto a la importancia que el Estado destine los recursos que demandan: el desarrollo de la infraestructura cultural existente así como la que se requiere en la actualidad para las diversas manifestaciones artísticas y culturales contemporáneas; para preservar, proteger y rescatar el patrimonio cultural tangible e intangible de la nación; para investigación, promoción y difusión de las culturas populares y de los pueblos indígenas del país; asimismo insistimos en la dignificación y reconocimiento, en todos los sentidos, a los creadores y en general a los trabajadores del arte y la cultura; la necesidad de capacitar y profesionalizar la importante actividad de promotores y gestores culturales; incentivar con estímulos fiscales y exentar de cargas tributarias a las empresas y/o industrias culturales.
Segunda.- Se han escuchado muchas voces respecto a que los recursos de la Nación se deben destinar a las áreas prioritarias para el desarrollo; pregunto si no es una prioridad destinar, en forma urgente y ampliamente justificada, al área que consideramos estratégica para el desarrollo del país; de acuerdo a información proporcionada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, los sectores productivos de la cultura aportan al producto interno bruto el 6% de su totalidad, que coincide con el 6.7% que calcula el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el estudio denominado ¿Cuánto vale la cultura?, sin embargo la desproporción respecto a lo que la cultura aporta en relación a lo que recibe, es abismal, en los últimos cinco años, el presupuesto federal destinado a la cultura ha promediado un 0.07% del producto interno bruto y 0.34% respecto del monto total del Presupuesto de Egresos Federal, es decir, nos encontramos muy lejos de que las asignaciones presupuestales destinadas a la materia alcancen un monto equivalente al 1% del gasto programable, si realmente deseamos atender las recomendaciones internacionales.
Tercera.- El cambio democrático debe respaldar el nuevo federalismo que se esta gestando y la mejor manera de incentivar este proceso es mediante la consolidación de aquellos programas, políticas y modelos probados que han resultado exitosos, es necesario puntualizar que los recursos presupuestales del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, se ha constituido como un esquema claro y transparente para apoyar el mejoramiento no sólo de la infraestructura cultural sino que ha permitido mirar de manera distinta la reconfiguración de los procesos intracomunitarios, sin embargo se debe avanzar hacia una siguiente etapa, para consolidar una política de Estado de carácter transexenal, situación que motiva que al tiempo de proponer un aumento en los recursos se debe replantear una más eficaz distribución de los mismos así como el control y transparencia en su aplicación, mediante la integración de las experiencias de las entidades en cuanto a las reglas de operación adecuadas.
Cuarta.- De manera complementaria a lo expuesto, es pertinente la creación de un Fondo Nacional para la Promoción Cultural, que constituya y oferte mecanismos de gestión para el apoyo y estímulo, a favor de los promotores culturales que han sido capacitados en los estados a través de los programas existentes.
Por las anteriores consideraciones, me permito proponer:
Único.- De manera respetuosa, exhorto a las Comisiones Unidas de Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública; a efecto de que analicen, discutan y en su caso aprueben, reasignar recursos adicionales y extraordinarios, por 402.5 millones de pesos, cantidad que equivale aproximadamente al 8% del Presupuesto para el Programa Nacional de Cultura; debidamente etiquetados, específicamente para el desarrollo cultural municipal en las 32 entidades de la Federación a través de fondos mixtos, así como radicar recursos de aportación paritaria con el objeto de constituir un Fondo Nacional para la Promoción Cultural, en las treinta y dos entidades federativas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2004.
Dip. Elba Garfias Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE DESTINE LOS MONTOS NECESARIOS A LA SAGARPA Y A LA SEDESOL A FIN DE QUE, MEDIANTE EL PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE, EL PROGRAMA DE MICROCUENCAS Y EL PROGRAMA OPORTUNIDADES, SE REALICE EL PROGRAMA REGIONAL DE LAS MIXTECAS: AGUA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine los montos necesarios a la Sagarpa y a la Sedesol, a fin de que mediante el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (Piasre), el Programa de Microcuencas y el programa Oportunidades, se realice el Programa Regional de las Mixtecas: Agua y Seguridad Alimentaria, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Ante el continuo deterioro de las zonas rurales, donde la población más vulnerable es azotada por el hambre, la inversión en suelo y agua se convierte en una necesidad impostergable, cuyo cumplimiento es de gran importancia social, para el desarrollo de las comunidades, siendo aquí "desarrollo" la extracción de los mexicanos menos favorecidos del lacerante estado de la pobreza extrema.
Así, poniéndolo en datos "constantes y sonantes" el progreso de las familias requiere forzosamente agua, desarrollo de capacidades, alimentos y vivienda. Una familia rural necesita anualmente, 109,000 litros de agua, 720 kg de maíz, 180 kg de fríjol, 105 kg de jitomate, 75 kg de tomate, 45 kg de chile verde y 2900 huevos.
Estos productos son factibles de ser autoproducidos por las familias, requiriendo de una extensión de terreno de 1000 m2 mediante huertos tecnificados.
Estos proyectos productivos, enfocados hacia la seguridad alimentaria de las familias, ya se han realizado, mediante acciones con enfoque de microcuenca en varios Estados, consistiendo en la retención de suelo y agua, con programas de manejo sostenible de la vegetación, captación de agua de lluvia, presas de control, azolves y reforestación, para reducir los procesos de erosión.
El Gobierno Federal apoya a los núcleos agrarios de la región mixteca, para la realización de un programa integral de conservación de suelo y agua, a través del Piasre y adicionalmente con el programa de microcuencas.
Para el aseguramiento del abasto de agua, la construcción de zanjas, represas de piedra, jagüeyes, gaviones, subsoleo y reforestación incrementa la retención de agua y recarga de los acuíferos. Estos procedimientos se aplican en varios países, entre los cuales está la India y los del este y noreste de África, naciones con problemas de pobreza muy agudos, siendo ésta una alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos En la India el manejo de cuencas es parte de una política nacional con grandes impactos en la recarga de acuíferos y disponibilidad de agua.
En cuanto a la seguridad alimentaria, el maíz QPM es un alimento de gran importancia contra la desnutrición, gracias a su doble contenido de licina y triptofano.
Además, aun cuando el programa nacional Oportunidades brinda apoyo a cinco millones de familias, no llega a la promoción de la autoproducción, el desarrollo y la seguridad alimentaria.Si a estas consideraciones sumamos que México pierde anualmente 540 millones de toneladas de suelo fértil y en los últimos 50 años la disponibilidad de agua se ha reducido de 11 mil a sólo 4,800 m3/persona/año. Que entre 1990 y 2002 han presentado 131 conflictos sociales, asociados a la falta de agua. Además, hay que tomar en cuenta que la infraestructura nacional para almacenar agua, sólo tiene capacidad para 150 kilómetros cúbicos y escurren al mar cada año 297 kilómetros cúbicos sin beneficio para las comunidades.
En México no existe una cultura del agua y del suelo para promover una mayor productividad en el campo, estando ahí una gran oportunidad para desterrar de nuestro país la pobreza extrema. No dejemos de ver que existen en el país 54 millones de pobres, de los cuales 40 millones presentan problemas de desnutrición.
Por otro lado, los cultivos de autoconsumo son raquíticos. El 80% de los productores agropecuarios establecen cultivos de autoconsumo, de los cuales el 70% se clasifican como pobres; además el 65% de la población rural ocupada recibe menos de dos salarios mínimos.
La región mixteca de Puebla, Oaxaca, Guerrero y Morelos es una región pobre, mantiene una alta expulsión de mano de obra debido a la falta de agua, a la erosión y a la baja productividad agropecuaria.
Si bien grandes sectores de la sociedad logran persistir a las inclemencias de la economía de mercado al migrar hacia Estados Unidos y enviar remesas que son estimadas en 14 mil millones de dólares, estos recursos, que en su conjunto son la segunda entrada de divisas al país después del petróleo, se utilizan en un 85% para satisfacer necesidades de alimentación y consumo, sin promover la inversión, perpetuando el mismo ambiente de pobreza.
Agreguemos que México ya no es una nación autosuficiente en materia de alimentos. Las importaciones de alimentos, especialmente de granos se han incrementado substancialmente en los últimos 10 años.Por tanto, es preciso llevar a cabo acciones de manejo de cuencas, construyendo obras de retención de suelo y agua para reducir la erosión, aumentar la disponibilidad de agua y mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en la región mixteca de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Morelos. Apoyar la producción autosuficiente de alimentos básicos para familias pobres que viven en municipios clasificados de alta marginación, mediante el uso eficiente del agua, a través de la producción de maíz QPM, frijol y hortalizas con el sistema de riego por goteo y micro invernaderos de malla sombra en la mixteca de Puebla, Oaxaca, Guerrero y Morelos. El Programa Regional de las Mixtecas: Agua y Seguridad Alimentaria se propone ser realizado en los estados de Puebla, Oaxaca, Guerrero y Morelos. Comprendiendo 221 municipios. El plan piloto 2005 comprende 710 comunidades en los cuatro Estados.
La propuesta inicial consiste en apoyar a 710 comunidades mixtecas con obras de infraestructura para retener suelo y agua, así como el establecimiento de módulos de producción de alimentos en patios y áreas pequeñas. Utilizando el concepto de microcuenca, apoyar la construcción de obras de conservación de suelo y agua, estableciendo presas filtrantes de gaviones, jagüeyes, zanjeado y subsoleo. Construir un promedio de 14 obras por comunidad, principalmente en aquellas cuyo problema de escasez de agua es limitante, reflejada en sus pozos y manantiales.
Para lograr esto es necesario
2. Identificar comunidades con disponibilidad de participar
en el programa.
3. Realizar el estudio de microcuencas, elegir áreas
compactas y planear las acciones en orden descendente para lograr un máximo
impacto.
4. Formar comités de obra para la ejecución
y definir compromisos y aportaciones.
5. Elaborar un programa de construcción de obras
y ejecución de acciones.
6. Capacitar a los beneficiarios en conservación
y aprovechamiento de suelo y agua.
7. Seleccionar 710 comunidades marginadas para la aplicación del programa de microcuencas. Seleccionar 17,750 familias pobres en 710 comunidades para la aplicación del programa de producción alimentaria; familias comprometidas a producir de manera permanente alimentos en su traspatio y parcela a partir de subsidios económicos otorgados por única vez y que aporten al menos el 10% de los recursos recuperables en un plazo de 4 años para conformar cajas de ahorro comunitarias para ampliar el programa o construir obras sociales. El propósito es lograr el apoyo a 200 comunidades de Guerrero, 50 de Morelos, 200 de Oaxaca y 260 de Puebla, para la construcción de estas obras de conservación de suelo y agua.
c) Asegurar la autosuficiencia alimentaria de 17,750 familias de 710 comunidades de cuatro estados de la región mixteca.
d) Aumentar la disponibilidad de agua en 710 comunidades
de cuatro estados de la región mixteca, y Beneficiar a 60 mil familias
mixtecas.
e) Aumentar la filtración de agua para recargar
manantiales y pozos. Disminución del torrente y riesgos a la población,
reduciendo la velocidad del agua.
f) Estabilizar en forma casi total el fondo de las torrenteras,
reduciendo la velocidad del agua.
g) Aumentar la disponibilidad de agua para la población,
actividades agrícolas y ganaderas.
h) Ofrecer posibilidades productivas como producción agrícola con riego por goteo, producción de hortalizas en invernadero y acuacultura.
i) Mejorar posibilidades de empleo e ingreso para las familias.j) Incrementar la productividad agropecuaria y reducir los efectos de la sequía y reducir la expulsión de mano de obra.Por tanto, y según la argumentación anterior, me permito someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine los montos necesarios a la Sagarpa y a la Sedesol, a fin de que mediante el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente, el Programa de Microcuencas y el programa Oportunidades, se realice el Programa Regional de las Mixtecas: Agua y Seguridad Alimentaria.
Segundo. Que el Gobierno Federal aporte el 70% del costo para el Programa, el cual asciende a 526,820,000 pesos, el 30% restante lo proporcionarán los estados de Puebla, Oaxaca, Guerrero y Morelos. Para esto se propone una asignación como se muestra en el cuadro anexo
Dip. Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A ASIGNAR, DENTRO DEL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2005, RECURSOS ADICIONALES POR 105 MILLONES DE PESOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS TREVIÑO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal por el distrito 02 de Jalisco, con cabecera en Lagos de Moreno, José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, y en nombre de los diputados federales de Jalisco de Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 59, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara a que dentro del análisis del Presupuesto 2005 asigne recursos adicionales por 105 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara, D. Juan I. Menchaca, en especial al servicio de Hematología/Oncología Pediátrica, que forma parte del sistema de salud bajo los siguientes
Antecedentes
La salud es un derecho de todo mexicano consagrado en nuestra constitución política, los niños no son la excepción, estos infantes deben de ser nuestra prioridad y más aún cuando uno de estos niños padece una enfermedad hematológica u oncológica, que puede erradicarse si se atiende a tiempo con voluntad y apoyo suficientes
El Hospital Civil de Guadalajara, en especifico el piso 7 del área Hematología / Oncología Pediátrica atiende por día, 30 quimioterapias ambulatorias, 14 quimioterapias intrahopitalarias, 30 niños internados en promedio diario, cuando la capacidad instalada es para 22 niños, también se realizan 9 procedimientos bajo anestesia general, además se atienden 40 consultas y 4 interconsultas por día promedio de trabajo.
Dar una oportunidad de vida a un ser humano que se encuentra padeciendo una enfermedad hematológica u oncológica es lo mínimo que podemos hacer, tratándose de un niño o niña que tiene todo un mundo por descubrir y un sin fin de enseñanzas que aportar a su entorno familiar y social es de suma importancia procurar dar esta luz de vida a un pequeño ser que padece una enfermedad.
¿Cuánto vale la vida de un ser humano y cuánto cuesta darle una oportunidad y luz de vida a un niño o niña que padece una enfermedad hematológica u oncológica pediátrica?
¡Voluntad!
Desde el día en que se comenzó a redactar el presente Punto de Acuerdo a la fecha de hoy día en que se expone en el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, varios niños y niñas mexicanos han dejado de existir por falta de Voluntad y apoyo económico.
He tenido la oportunidad de leer el informe de los recursos humanos y materiales con que cuenta el piso 7 de Oncología-Hematología pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara y por lo que he analizado con tampoco cómo es que se pueden ayudar a tantos niños que desean seguir viviendo con calidad de vida en su salud, por esa labor al personal del piso 7 de oncología-hematología pediátrica, mi admiración y respeto por su noble, callada y fecunda labor en beneficio de aquellos que más lo necesitan, nuestros niños.
Por lo antes expuesto de frente ante esta Honorable Cámara
de Diputados, nos permitimos presentar la siguiente
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Único.- Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara que dentro del análisis del presupuesto 2005 asigne dentro de su presupuesto del ejercicio 2005, recursos adicionales por 105 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara, D. Juan I. Menchaca, en especial al Servicio de Hematología/Oncología Pediátrica, que forma parte del Sistema de Salud
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2004.
Diputados: José Luis Treviño Rodríguez
(rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez,
Ramón González González (rúbrica), Sergio Vázquez
García (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica),
Carlos Noel Tiscarreño Rodríguez (rúbrica), María
del Carmen Mendoza Flores, José Antonio Cabello Gil (rúbrica).
Rafael Sánchez Pérez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBE RECURSOS SUFICIENTES PARA PREVENIR Y COMBATIR EL VIH, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se ha convertido en una pandemia de consecuencias severas para la humanidad; las personas que viven con el virus, son un grupo vulnerable, pues constantemente sufren violaciones a sus derechos fundamentales así como la negativa a servicios de salud y medicamentos sin mencionar la marginación, exclusión y discriminación.
Tanto la asistencia médica como los medicamentos para las personas con VIH-sida son restringidas y muy costosas. Muchos de quienes acceden a este derecho lo hacen porque tienen la posibilidad económica de hacerlo y existe el extremo de quienes acuden a tribunales para demandar su atención.
El alto costo de los medicamentos para quienes padecen esta enfermedad, requiere de la expedición de una norma jurídica apegada a derecho para obligar al estado mexicano a otorgar y suministrar al paciente, tratamiento médico adecuado, suficiente e incondicional, puesto que la seguridad social es competencia del estado y es quien debe brindar el apoyo y los servicios de salud a todos los mexicanos.
Es cierto que para poder dar respuesta a estas necesidades, se requiere invertir recursos económicos y administrarlos eficientemente. Por desgracia, cada peso negado o mal administrado representa para mucha gente la diferencia entre vivir o morir.
Por esta razón nos preocupa que en el PEF enviado por el ejecutivo federal en materia de atención a personas que viven con VIH-sida, sólo se contempla dar cobertura al 70% de las personas que lo requieren y deja fuera a más de dos mil pacientes que se incorporaron al 2004 y a los cerca de tres mil nuevos casos esperados para el siguiente año.
El Centro Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva de la Ssa advierte que los 300 millones de pesos solicitados para la compra de medicamentos antirretovirales solo servirán para seguir dando tratamiento a la totalidad de los pacientes con sida que se incorporaron en 2003, no así para los incorporados en 2004 ni mucho menos para los nuevos casos que se presenten en 2005.
No hay presupuesto para el desarrollo de campañas preventivas ni de sensibilización social en la materia. Sólo se contempla destinar 3.2 millones de pesos para la compra de preservativos.
En la propuesta enviada a esta Cámara no hay variaciones respecto de la que se solicitó en 2004, como si los problemas también se estancaran. De acuerdo con el proyecto de presupuesto, la partida presupuestal es de 360 millones, aunque la cifra mínima necesaria para enfrentar es de 554 millones de pesos.
El doctor Jorge Saavedra titular de Censida afirma que para 2005 se requerirán 554 millones para cubrir el total de los 12,764 pacientes con Sida no asegurados, cifra que se coloca muy por encima de los 300 millones solicitados para la compra de medicamentos antirretrovirales. A esta cantidad habría que añadirle para acciones de prevención y sensibilización cerca de 52 millones de pesos más. Esta cifra corresponde a recomendaciones internacionales que plantean se debe invertir cuando menos 5,725 pesos en prevención por año y persona infectada.
Además, el año pasado el presidente Vicente Fox, en una reunión celebrada en Los Pinos, el titular del Ejecutivo se comprometió a otorgar 53 millones de pesos para prevención. Ciertamente, como suele afirmar, esto no sucedió.
Por ello, para dar cabal respuesta a las necesidades de los enfermos de VIH-sida e invertir en prevención, se requieren cerca de 600 millones de pesos. No otorgarlos representa no sólo la condena a muerte de estos enfermos, sino el incremento de muchos más.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta Cámara de Diputados, asigne los 554 millones de pesos solicitados por Censada para atención de pacientes VIH-sida y 52 millones para la prevención durante el año 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2004.
Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA A INVESTIGAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, SA DE CV, ASÍ COMO LA LEGALIDAD DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DEL PUERTO DE ALTURA DE PROGRESO, YUCATÁN, A CARGO DEL DIPUTADO ROGER DAVID ALCOCER GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal por el estado de Yucatán, Roger David Alcocer García, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Federal de Competencia a que se investigue tanto la gestión de la sociedad de participación estatal mayoritaria denominada Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, así como la legalidad de la licitación de la terminal de contenedores del puerto de altura ubicado en Progreso, estado de Yucatán, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Con la Ley de Puertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de julio de 1993, se tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias; su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios.
Conforme a lo establecido en la Ley de Puertos, existirá una administración portuaria integral cuando la planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un puerto se encomienden en exclusividad a una sociedad mercantil mediante el otorgamiento de una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios.
En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Federal constituyó la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, a quien se le otorgó la respectiva concesión el día 28 de noviembre de 1994. En el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 13 de agosto de 2004 se identifica la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, como una sociedad de participación estatal mayoritaria cuya cabeza de sector es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Las costas de Yucatán son caracterizadas por sus aguas de poca profundidad, lo que impide que puedan operar embarcaciones de gran calado. Para revertir el inconveniente anterior, el Gobierno Federal, por gestiones de las autoridades locales, realizó cuantiosas inversiones para el desarrollo de la infraestructura del puerto de Progreso, que entre 1989 al 2001, se estima de más de 200 millones de pesos.
Desde junio de 1995 los servicios de maniobra de carga y descarga en el puerto lo han venido realizando fundamentalmente empresas yucatecas, quienes han hecho importantes inversiones en silos graneleros, en grúas portuarias, montacargas y portacontenedores, lo que ha permitido que Progreso se haya convertido en un puerto competitivo en productividad y precio.
Actualmente, la capacidad instalada de servicios en materia de maniobras de contenedores es de 15,600 horas grúas anuales (operando a 2 ganchos), de las cuales se utilizan 4,200 horas y quedan 11,400 ociosas, consecuentemente la tasa de ocupación es de 27% y la capacidad instalada para futura demanda es de 73%. En el caso de los granos la capacidad instalada es de 40,000 toneladas.
El 10 de junio de 2004 la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la licitación pública API/PRO/TEC/01/04, para el uso, equipamiento, aprovechamiento y explotación de la terminal especializada de contenedores.
A través del procedimiento iniciado con la convocatoria se generará un desplazamiento indebido de los actuales operadores del puerto, así como el establecimiento de un monopolio (exclusividad) de servicios portuarios, puesto que, a diferencia de lo que ocurre en otros puertos del país donde coexisten tanto una terminal especializada de contenedores como los prestadores de servicios de maniobras de carga de manera semiespecializada, lo que se pretende con la mencionada licitación es otorgar al ganador de la misma: a) la exclusividad en el manejo de la carga contenerizada en el puerto de Progreso a una sola empresa durante un plazo inicial de 20 años, prorrogables por 19 años más; b) dos muelles, de 260 y 210 metros lineales, respectivamente, una superficie para almacenamiento de aproximadamente 104, 503 m2 en la terminal remota y de 34,374 m2 en la terminal terrestre; c) derecho a operar un almacén fiscal; d) libertad de establecer las tarifas de los servicios; e) derecho a realizar otros servicios conexos, y f) la posibilidad de ampliar la superficie materia del contrato en un 20%.
Ante las diversas irregularidades en el proceso de la licitación se corre el riesgo de que las empresas yucatecas que han trabajado para posicionar el puerto de Progreso sean excluidas de la prestación de los servicios de maniobras portuarias, lo que traerá un efecto en la cadena de desmantelamiento de empresas locales, lo que puede provocar la pérdida de 2,500 puestos de trabajo actualmente ocupados por yucatecos.
Al momento en que se concluya el procedimiento iniciado con la convocatoria, el esquema de servicios y tarifas del puerto de Progreso quedarán determinados por la empresa que gane la licitación, quien ante la ventaja económica que le otorgará la exclusividad, podrá incrementar sensiblemente los precios, lo cual afectará directamente a las empresas maquiladoras de Yucatán, quienes por una parte representan el 80% de las maniobras en contenedores, y por la otra, compiten para no ser desplazadas por las maquiladoras que se ubican en el oriente, particularmente las ubicadas en China.
Para efectos de adjudicar el contrato materia de la licitación, la API está solicitando: a) un pago inicial de 4 millones de dólares; b) la firma de carta compromiso de incrementar el número de contenedores que se manejarán en el puerto, y c) un equipamiento piramidado en el tiempo conforme evolucione la carga contenerizada en el puerto, pero ello tomando en cuenta sólo la carga efectivamente manejada, pero no así la carga comprometida en la propuesta presentada.
Es conveniente exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Federal de Competencia para que lleven a cabo una investigación del caso en virtud de la importancia que tiene la convocatoria número API/PRO/TEC/01/04 para el desarrollo del estado de Yucatán, pero particularmente porque existen elementos que permiten suponer que la normatividad en la que se sustenta la misma no fue aprobada cumpliendo con lo dispuesto por la Ley de Puertos y su reglamento.
En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley de Puertos así como el 39, 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Puerto, la actividad de los puertos donde existe una administración portuaria integral está regida tanto por dichos ordenamientos como por lo establecido en el programa maestro de desarrollo portuario y las reglas de operación que sean elaboradas por la propia administración portuaria y aprobadas por la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En los programas maestros de desarrollo portuario se deben establecer, entre otros aspectos, los usos, destinos y modos de operación para la diferentes zonas del puesto, así como las medidas y previsiones necesarias para garantizar la eficiente explotación de los espacios portuarios; mientras que en las Reglas de Operación se establecen aspectos como horarios del puerto, equipos necesarios para la realización de maniobras, programación de actividades, etcétera.
En el caso concreto, existe información que permite suponer que no se cumplieron los procedimientos legales necesarios para modificar el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y emitir las nuevas reglas de operación del puerto de Progreso, y a continuación se citan algunos ejemplos que llaman poderosamente la atención:
2. El contenido de las nuevas reglas de operación del puerto de Progreso no son congruentes con la regulación vigente en el momento en que fueron autorizadas (marzo 2004), ya que las nuevas reglas de operación contienen la regulación aplicable a la configuración que tendrá el puerto una vez que inicie la operación de la terminal especializada de contenedores del puerto de Progreso, pero no establecieron una regulación congruente con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario que estaba vigente en esos momentos, y mucho menos se estableció una regulación transitoria que permita la operación normal y ordenada del puerto de Progreso.
3. Al Comité de Operación del Puerto de Progreso nunca se le solicitó que diera su opinión en relación al proyecto de las nuevas reglas de operación del Puerto Progreso, así como tampoco se respetó el plazo de 30 días que se le debió otorgar para que emitiera su opinión, tal y como lo establecen los artículos 58 de la Ley de Puertos y 81, fracción I, del Reglamento del la Ley de Puertos.
4. Por cuanto se refiere a las modificaciones llevadas a cabo al Programa Maestro de Desarrollo Portuario, en lo que va del año la Administración Portuaria Integral de Progreso ha publicado en su página de Internet (www.puerto-progreso.com.mx) al menos 2 diferentes versiones, lo que impide conocer cual es la verdaderamente autorizada.
5. Para poder llevar a cabo la modificación del Programa Maestro de Desarrollo Portuario es indispensable que el proyecto respectivo sea sometido al Comité de Operación del Puerto de Progreso para que emita sus recomendaciones y opiniones, sin embargo, en el caso concreto no se cumplió tal requisito.
Es por estas consideraciones que someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar a los CC. titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Función Pública y de la Comisión Federal de Competencia para que investiguen tanto la gestión de la sociedad de participación estatal mayoritaria denominada Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, así como la legalidad del proceso de licitación de la terminal de contenedores del puerto de altura ubicado en Progreso, Yucatán; tomando medidas para asegurar el pleno respeto al estado de derecho, para que dentro del ámbito de su competencia impongan las sanciones que resulten procedentes en caso de que confirmen la existencia de irregularidades ya sea en la gestión de la administración portuaria integral, o bien, en el desarrollo del procedimiento iniciado con motivo de la convocatoria API/PRO/TEC/01/04
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2004.
Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE REVISAR Y MODIFICAR DIVERSOS ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el suscrito diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, concurro a esta honorable asamblea para presentar la proposición con punto de acuerdo a fin de revisar y modificar los artículos 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52 y 53, todos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en base a la siguiente
Exposición de Motivos
La transparencia en el otorgamiento de subsidios, esta contemplado en el artículo 53 del proyecto de Presupuesto de Egresos en donde establece las reglas a las cuales se sujetará el otorgamiento de subsidios durante el ejercicio fiscal de 2004.
Generalmente, estos subsidios, contenidos en los Ramos Administrativos del Presupuesto de Egresos, van dirigidos a individuos, grupos sociales o actividades económicas cuya situación de desventaja social o económica exige de todos los ordenes de gobierno políticas públicas para mejorar sus condiciones de desarrollo.
En el caso de los subsidios y transferencias a entidades paraestatales de control presupuestario directo, la asignación que se propone para 2005 es de 145.3 mmp, monto mayor en 9.3 por ciento en términos reales
Hay que señalar que dada la convergencia de esfuerzos federales, locales y municipales alrededor de estos sectores sociales y económicos antes mencionados, se propone fortalecer las medidas de transparencia y coordinación que la Iniciativa contempla para la operación de los subsidios; de este modo, se plantea modificar el texto en su artículo 43 del Proyecto.
En cuanto a la publicidad y transparencia a modificaciones programáticas, desde el ejercicio fiscal de 1999, la operación de los programas federales está sujeta a reglas importantes de publicidad y transparencia, mediante la publicación de reglas de operación a las que se sujetará el ejercicio del gasto público federal; los gobiernos municipales del país conocen estos principios de publicidad y transparencia y conforme a la información que las entidades y dependencias hacen pública en el Diario Oficial de la Federación, impulsan la participación de la población en dichos programas y gestionan en favor de los vecinos de los municipios la operación de los mismos en casos especiales.
Por ello, resulta conveniente que cualquier modificación a las reglas, montos presupuéstales y metas programáticas, siga los mismos principios de publicidad y transparencia, para lo cual se propone adicionar el artículo 44 del Proyecto
El Estado, como la organización política de la sociedad, es un conjunto de capacidades al servicio del bien común y es la institución que permite a la sociedad que su vida civil y pública sea impulsada con principios, normas y criterios de institucionalidad.
De ahí se deriva que la descentralización, no sea tan sólo una categoría formal y lógica, sino un sistema de vida que permite que las instituciones de la sociedad y el Estado puedan articularse respetando ámbitos de competencia. Así la descentralización, al transferir a los gobiernos locales atribuciones, recursos, información y decisiones le da mayor consistencia al conjunto del Estado y a la sociedad misma, donde el ciudadano tiene la opción de exigir por ejemplo una mejor gestión de los servicios públicos, dado que en su condición de elector puede castigar o recompensar la gestión de su gobierno.
Es así que la participación de los gobiernos municipales en la ejecución de los programas federales, en la descentralización de la vida nacional exige la transferencia de cada vez mayores atribuciones y recursos en favor de los Ayuntamientos; en tanto avanza la descentralización por la vía legal, esto es, mediante la reforma del marco jurídico nacional para fortalecer la capacidad de gestión de los Ayuntamientos, se impone la necesidad de ir adecuando gradualmente la operación de los programas federales, sobre todo aquellos que impactan directamente el desarrollo socioeconómico local, y a la realidad específica de los municipios del país.
Para ello, se proponen diversas modificaciones a los artículos 45, 46, 50, 51, 52 y 53 del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
Este ejercicio de descentralización operativa ampliará la esfera de actuación de las autoridades municipales en la operación de programas federales, y permitirá fortalecer la capacidad institucional de los Ayuntamientos para estar en condiciones de asumir cada vez más la responsabilidad del desarrollo local en favor de sus comunidades.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta Soberanía, la presente:
Proposición con punto de acuerdo, a fin de revisar y modificar los artículos 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52 y 53, todos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
PRIMERO.- Se hace un atento exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a incorporar en el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, en materia de descentralización y fortalecimiento de los municipios.
SEGUNDO.- Se propone como redacción para que sea incorporada al dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, la siguiente:
Se reforman: el primer párrafo y la fracción VII del artículo 43; un segundo párrafo de la fracción I, la fracción V, el párrafo primero de la fracción VI y el inciso c) de la fracción VII del artículo 45; el párrafo tercero de la fracción II del artículo 46; el primer párrafo de la fracción IV del artículo 51; los párrafos primero y segundo del artículo 52 y el primer párrafo de la fracción I del artículo 53; se adicionan: un segundo párrafo al artículo 44; y un inciso h) de la fracción III del artículo 50; todos, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2005, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 43.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, con base en lo siguiente:
II. ...
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
VII.- Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades federales y entidades federativas y municipios, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;
Los informes y autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar cinco días hábiles después de haber sido emitidos.
...
Artículo 45.- ...
...
Las dependencias al elaborar las reglas o modificaciones deberán observar los criterios generales emitidos por la Secretaría y la Función Pública, así como aquellos que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. A dichos criterios se adicionará la obligación de presentar indicadores de resultados desagregados por género, y la de garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres a los beneficios de los programas. Las reglas deberán de promover la descentralización y el fortalecimiento municipal.
II.-
III.-
IV.-
V.- Con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas a que se refiere el Anexo 14 de este Decreto, las dependencias y entidades que participen en dichos programas, promoverán la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con el fin de fortalecer la coordinación, evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los programas y dar cumplimiento a los criterios establecidos en el artículo 43 de este Decreto. Las dependencias y entidades participantes, una vez suscritos los convenios o acuerdos a que se refiere esta fracción, deberán publicarlos en el Diario Oficial de la Federación dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a la celebración de los mismos, además de enviarlos a las comisiones correspondientes de la Cámara, y
VI.- Las dependencias y entidades podrán celebrar convenios con los gobiernos municipales y con personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones de la sociedad civil, para la ejecución de los programas a que se refiere el Anexo 14 de este Decreto. Para estos fines, los modelos de convenio, previo a su formalización, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, señalando de manera precisa la forma en que se dará seguimiento al ejercicio de los recursos.
VII.- ...
a) ......
b) .......
c) Las dependencias y entidades que tengan a su cargo la ejecución de los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe); del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); de IMSS-Oportunidades; de Atención a Personas con Discapacidad a cargo del DIF; de Atención a Población con Vulnerabilidad Social a cargo del DIF; de Apoyo a la Capacitación (PAC); de Apoyo al Empleo (PAE); de Apoyo Alimentario, a cargo de Diconsa, SA de CV; de Desarrollo Humano Oportunidades; y, del Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (Fonaevi); deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación durante el primer bimestre del ejercicio fiscal, el monto asignado y la distribución de la población objetivo de cada programa social por entidad federativa y municipio;
d) ...
e) ?
I.- ...
?
En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales o municipales, se impulsará el trabajo corresponsable en materia de superación de la pobreza y marginación, y se promoverá el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo.
...
.......
.......
.......
.......
........
.........
.........
.........
II.- ...
III.- ...
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
e) ...
f) ...
g) ...
h) La descentralización y el fortalecimiento de los municipios.
Artículo 51.- ...
II.- ...
III.- ...
IV.- Determinar en el marco del federalismo y del Programa Alianza para el Campo, una distribución de recursos a las entidades federativas y municipios con base en la fórmula de distribución que publicará en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 30 de enero, y la cual se sujetará a parámetros de equidad y desarrollo regional, entre otros. Los recursos asignados podrán ser distribuidos por los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable, considerando las prioridades que establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en las reglas de operación correspondientes.
Para los efectos del párrafo anterior se constituirán comités estatales con representación paritaria de los gobiernos federal y estatal, a fin de que con base en las reglas de operación se tomen en cuenta las características de cada región. Estos comités deberán escuchar la opinión de los gobiernos de los municipios de las zonas que califiquen para la operación del Programa en cada entidad federativa. De las decisiones que se tomen en el seno de dichos comités se mantendrá informado al Comité de Planeación y Desarrollo Estatal.
...
Artículo 53.- ...
Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A INCREMENTAR EN 100% EL PRESUPUESTO DE LA UABJO PARA QUE ALCANCE LA MEDIA NACIONAL DE INVERSIÓN POR ALUMNO, A CARGO DEL DIPUTADO PAULO TAPIA PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de ustedes la proposición con punto de acuerdo siguiente:
Consideraciones
Impartir educación a las y los mexicanos es, además de un mandato constitucional, la más ética de las decisiones públicas y la más rentable de las inversiones de cualquier gobierno, en términos sociales y económicos.
Educar libera y emancipa, fomenta valores cívicos y humanísticos, reafirma identidades sin cerrar las puertas a la diferencia, forma ciudadanos y fortalece sociedades. El consenso teórico es virtualmente unánime, la congruencia terrenal es planta exótica.
Pero educar es también transmitir a las nuevas generaciones los avances universales de la ciencia y la tecnología. Educar es cultivar el conocimiento y éste es la mayor fuente de plusvalía del siglo XXI, a grado tal de ser considerada hoy, por quienes marcan la vanguardia en la economía y la administración, no sólo como el cuarto factor de la producción, sino como el más importante.
Las sociedades más desarrolladas y competitivas, por ende, son aquellas que hicieron y siguen teniendo en la educación una prioridad medular del destino del gasto público e hicieron de esta definición una política de Estado, por encima de modas sexenales y alternancias partidistas.
Por eso extraña que en México el postulado, sancionado por la LVIII Legislatura, de una inversión piso de 8 por ciento del PIB al sector educativo y de un uno por ciento a la ciencia y la tecnología, en esta Legislatura, sea más una aspiración teleológica que un imperativo legal.
Pero más extraña que el gobierno Federal proponga en el Presupuesto de Egresos de la Federación una disminución de mil 427 millones de pesos a la educación superior, 6.9 por ciento menos en términos reales que el año pasado y para el Conacyt más de 800 millones menos.
Las universidades públicas y la ciencia, pues, en general vienen a la baja en este ejercicio presupuestal, lo cual es ya más que censurable.
Más reprobable es que en México se siga aplicando la máxima del derecho natural al revés: dar menos a quien más lo necesita.
Me refiero a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que recibe una inversión pública de sólo 11 mil pesos anuales por alumno (14 mil si se considera el Fondo de Equidad de este año), el más bajo del país, mientras hay otras, como la Universidad de Yucatán, y que bueno que así sea, que reciben 55 mil.
No es admisible que en el presupuesto ordinario del pasado ejercicio se le hayan otorgado a la UABJO sólo 3 millones 900 mil pesos para construcción de espacios físicos, cifra minúscula que se redujo 140 mil pesos este año.
No puede ser tampoco que el salario de los maestros de la UABJO sea el más bajo del país, con un costo de 30 pesos hora clase, muy por debajo de la media nacional que es de 100 pesos.
Podría yo seguir abundando en cifras que revelan esta disparidad entre unas instituciones y otras, alimentadas no por criterios objetivos sino por la discrecionalidad de los funcionarios federales en turno, pero no se trata en el caso de confrontar a unos estados con otros ni mucho menos, subrayo, mucho menos, de quitar a unos para dar a otros.
Se trata de impulsar el despegue de las universidades más rezagadas para que den los resultados de eficiencia terminal y capacidad competitiva que dan las otras, sin dejar de estimular a las más avanzadas con fondos de premio a la excelencia académica.
En suma, compañeras y compañeros, propongo a esta soberanía la siguiente propuesta como punto de acuerdo:
Único: Un respetuoso exhorto a esta H. Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2005 se otorgue a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca un incremento tal que el costo por alumno alcance los 28 mil pesos anuales, que es la media nacional, lo cual significaría alcanzar un presupuesto de mil 58 millones de pesos, de los cuales 827 millones corresponderían a subsidio federal, competencia de esta soberanía.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2004.
Dip. Paulo Tapia Palacios (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A INVESTIGAR EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, ENTRE OTROS DE ESE ESTADO, A EFECTO QUE NO SE DESVÍEN RECURSOS PÚBLICOS CON FINES PARTIDISTAS, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS DÍAZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre ante esta soberanía a solicitar se considere de urgencia y obvia resolución la siguiente proposición con punto acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
1. En México, la educación media superior es un pilar, para todas y todos los jóvenes que pretenden aspirar a la educación superior en cualquier rama o profesión, debido a que la educación media superior les ofrece a los alumnos dos modalidades; una de carácter propedéutico y otra bivalente. La primera está integrada por un componente de formación profesional para ejercer una especialidad tecnológica y otro de carácter propedéutico, que permite a quienes lo cursan continuar los estudios de tipo superior, por ello es de primordial interés para todos los mexicanos, que nuestro sistema educativo de nivel medio superior, funcione de manera imparcial y así garantizar el sano desarrollo de los estudiantes.
El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado que depende a Nivel Federal, de la Dirección General de Bachillerato, de la Secretaria de Educación Pública Federal, misma que provee de recursos federales para el sostenimiento de estos centros educativos, la forma de organización del presupuesto de estas instituciones se organiza de la siguiente manera: 50% es dotado por el Gobierno Federal, mientras que el restante 50% es pagado por el estatal.
2. No obstante que los Colegios de Bachilleres poseen una aportación considerable de recursos federales las participaciones que el Estado dota es del 50%, el cual es utilizado para pagar los sueldos de la planta docente, asimismo las participaciones Estatales se utilizan para diversas prestaciones de los trabajadores.
De estos recursos se cubren además de los sueldos, gastos de operación (papelería, luz, teléfonos, mantenimientos, etcétera), así como becas de transporte a los alumnos y programas de estímulo docente.
3. En el estado de Puebla, se encuentran incrustadas 33 escuelas de bachillerato, dónde la matrícula es de 24,200 (veinticuatro mil doscientos) estudiantes aproximadamente, siendo que en su mayoría cuentan con la edad requerida para votar.
Asimismo, el propio cuerpo docente es soslayado con presiones de diversas índoles, para inclinarse hacia algún partido en específico; siendo precisamente en esta premisa dónde me gustaría poner mayor énfasis.
4. Con fecha 2 de diciembre de 2002, trabajadores del colegio de bachilleres de Tehuacán, Puebla; denunciaron ante el vocal ejecutivo de la junta distrital número 15 del Instituto Federal Electoral, que fueron obligados a entregar copias fotostáticas de la credencial de elector, así como la de amigos y familiares propios, lo anterior con el fin de ser afiliados ante una asociación civil.
La forma de presionar a los trabajadores de este plantel era la negativa a ser recontratados así como la nula entrega de las prestaciones mencionadas o en el mejor de los casos estas prestaciones eran condicionadas al trabajo político del Prodem.
De igual forma, en el propio plantel 8 del Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, según denuncias de trabajadores, los directivos de este plantel, tienen gente comisionada para hacer proselitismo a favor del candidato del PRI a la gubernatura, no sólo dentro del propio plantel sino en todo el estado acudiendo solamente a cobrar la nómina que les corresponde.
Compañeras y compañeros:
No debemos ni podemos dejar que las prácticas antidemocráticas que se usaban en antaño vuelvan a lacerar los actos democráticos de las elecciones, estamos muy próximos a tener elecciones en el estado de Puebla y otros más; yo les convoco a enfatizar sobre los temas que tanto daño nos hacen como nación, demos un voto aprobatorio para que este punto de acuerdo sea considerado como de urgencia y obvia resolución para garantizar su trascendencia y no se plante dentro del rezago legislativo, cumplamos el mandato que nuestra sociedad nos demanda.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgencia y obvia resolución:
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Dirección General de Bachillerato dependiente de la Secretaría de Educación Pública, a realizar las investigaciones necesarias en el Colegio de Bachilleres del municipio de Tehuacán, Puebla, con relación a la desviación de recursos públicos en el plantel 8 del Colegio de Bachilleres del estado de Puebla para la creación de plazas con fines partidistas.
Segundo. Que el Pleno de la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en caso de comprobar la existencia de alguna irregularidad en los casos mencionados, realice las acciones necesarias para sancionar a los servidores públicos responsables en términos de la legislación correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2004.
Dip. Felipe de Jesús Díaz González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A IMPLANTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA ARTESANÍA EN LA REPÚBLICA MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO ÁLVARO BURGOS BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Álvaro Burgos Barrera, diputado federal por el estado de Guerrero, del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía para que implemente los programas necesarios con el objeto de fomentar la artesanía en la República Mexicana, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
El patrimonio cultural intangible engloba los aspectos más importantes de la cultura viva y de la tradición, sus manifestaciones son amplias y diversas ya que se refieren a la lengua, las tradiciones orales, el saber tradicional, la creación de cultura material, los sistemas de valores o las artes interpretativas. Que permiten consolidar la creatividad, la diversidad y la identidad cultural.
La artesanía forma parte integrante del patrimonio cultural intangible, las manos artesanas que crean armonía y belleza en la materia la convierten en objetos, cuyo dominio virtuoso de la técnica y originalidad en sus diseños, hace ver a las piezas como únicas y de un valor estético invaluable.
En este sentido, es que resalto la importancia de contar con los programas y los espacios idóneos para fomentar la difusión y conservación de las artesanías en todo el país; mantenerlas vivas en su contexto original, divulgar, difundir, y propiciar que la población tenga un mejor conocimiento del valor que representan en lo intangible y tangible, así la valiosa aportación que hacen el patrimonio cultural e histórico de la nación.
En este contexto, la Secretaría de Economía juega un papel fundamental para asignar los incentivos necesarios para preservar y fomentar la actividad productiva de nuestros artesanos. No debemos perder de vista que las artesanías constituyen un factor importante en la vida económica y social de diversos grupos y regiones del país.
Por lo que es menester, mantener vivas las expresiones artísticas de la artesanía mediante el fomento de su revitalización y la transmisión entre generaciones. Ofreciendo así un desarrollo sustentable y el reconocimiento a todos los artesanos creadores de diversas expresiones culturales, no sólo para preservar tan importante patrimonio, sino también para mejorar e impulsar sus habilidades y su capacidad artística, generando al mismo tiempo mejoras en su calidad de vida y expectativas de desarrollo.
La oferta artesanal, a diferencia de la agrícola, al ubicarse en una dimensión económica distinta a la de la industria por su alto contenido de mano de obra, puede colocarse en una posición privilegiada de competencia, si logra realizarse con el profesionalismo que los nuevos mercados y los artesanos requieren.
El problema que enfrenta los artesanos en nuestro país, es que siendo sus artesanías producidas en la lógica de la economía de autoconsumo familiar, se ven en serios aprietos al enfrentarse a la dinámica del mercado, lo que ocasiona, que la mayor de las veces sea mal pagada y devaluada, lo que se traduce en una sobreexplotación de los artesanos, al no poder competir en un mundo globalizado.
En Taxco, por ejemplo, la platería es la artesanía representativa, actividad que representa la fuente principal de los ingresos de miles de familias, este precioso metal pasa a las expertas manos de los mineros y fundidores y de ahí a los talleres de los artífices, que la convierten en objetos hermosos. En la localidad de Tlamacazapa, con la fibra de palma se tejen cintillas corrientes y finas, para la elaboración de telas que se utilizan en la manufactura de bolsas, petacas, tapetes, tortilleros y sombreros de diferentes tipos. También se utiliza la palma para tejer monederos, bolsas, petacas y juguetes, pigmentándolas para darle mayor colorido.
Si se trata de que este tipo de patrimonio siga constituyendo una parte viva de las comunidades, es necesario desempeñar en estas un papel social, político, económico y cultural significativo. El saber tradicional, por ejemplo, puede contribuir a resolver los problemas de los conflictos entre etnias y la protección del medio ambiente. Por otra parte, la expresión artesanal tradicional ha de readaptarse y resultar aplicable a la vida contemporánea si se pretende garantizar su supervivencia. El reto consiste en adoptar planteamientos dinámicos, centrados en la actuación en las comunidades y basados en la colaboración y respecto al patrimonio cultural de modo tal que pueda asegurarse su continuidad y su vitalidad para las generaciones futuras.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente, punto de acuerdo en aras de solidarizarnos con las y los artesanos de la República Mexicana, a quienes no debemos olvidar, que también representamos:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a implementar los programas necesarios que tengan por objeto el fomento y difusión de la artesanía nacional, así como destinar los recursos necesarios a fin de impulsar el desarrollo de esta actividad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de octubre de 2004.
Dip. Álvaro Burgos Barrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, APLIQUEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL, E INICIEN UNA INVESTIGACIÓN CON EL PROPÓSITO DE EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL Y PROMOVER EL RESCATE DE LA PRESA EL MANANTIAL, DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO G. VALENCIA MONTERRUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, LAE Edmundo G. Valencia Monterrubio, diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar al titular del gobierno del estado de Hidalgo, a efecto de que, en el ámbito de sus facultades, tome las medidas correspondientes para la prevención y control de la presa el Manantial; así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus facultades inicie una investigación con el propósito de evaluar el impacto ambiental para así determinar las medidas a seguir para el rescate de la presa El Manantial.
Consideraciones
1.- El cuidado y protección de nuestro medio ambiente es una tarea importante, a la cual no siempre damos la atención debida, tenemos frente a nosotros la obligación de heredar a las futuras generaciones un país en donde se privilegie el desarrollo respetando siempre el equilibrio ecológico y para lograrlo es indispensable la convivencia armónica entre la naturaleza y el hombre.
2.- A mayor abundamiento, cabe destacar que el crecimiento de los asentamientos humanos trae consigo la obligación de dotar servicios públicos a la mayor cantidad de ciudadanos lo cual ha traído como consecuencia el abandono y en ocasiones hasta el sacrificio de nuestros recursos naturales.
3.- Como muestra de ello, está la presa el Manantial que constituyó un espacio de recreo y esparcimiento para la población del Municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo, hasta que, desde hace varios años fue invadida por aguas negras provenientes de la Ciudad de Pachuca, provocando la muerte de flora y fauna de este lugar como son: la carpa Israel, ajolotes, rana de castilla, patos y diversas variedades de pájaros.
No omito mencionar que el daño ocasionado no se limita al deterioro de nuestros recursos naturales, sino que también afecta a miles de personas pues la presa está rodeada de las comunidades Tepojaco, El chopo, Mogotes y los Fraccionamientos El Mío Cid y El Rey además de algunas escuelas que se ubican pegadas al río por donde fluye el agua contaminada de la presa, lo que nos indica que son miles de pobladores afectados, pues dependen directa e indirectamente como actividad económica de la presa, ya que se promueve la pesca deportiva considerada como atractivo turístico.
Por lo que no se puede perder de vista que los daños ya ocasionados pueden ser irreversibles si no se actúa de inmediato, derivado de lo anterior urge la intervención de la H. Cámara de Diputados para que se tomen las medidas que aquí se proponen y así se pueda salvar la presa el Manantial.
Atendiendo a lo que señala el Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su Capítulo Undécimo Primero de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en su artículo 118 fracción I en la que se faculta a este Órgano Desconcentrado a vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o cualquier otro deposito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto.
Asimismo la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, faculta al estado de conformidad con las leyes locales en la materia a "regular el aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas nacionales que tengan asignadas.
Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Primero.- Que se Exhorte al titular del Gobierno del Estado de Hidalgo, a efecto de que en el ámbito de su facultades tome las medidas correspondientes para la prevención y control de la contaminación de la presa el Manantial en el municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo.
Artículo Segundo.- Que se haga un atento exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus facultades inicie una investigación con el propósito de evaluar el impacto ambiental para así determinar las medidas a seguir para el rescate de la presa el Manantial en el municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo.
Dip. Edmundo G. Valencia Monterrubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE INTERPONER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN CONTRA DE ACTOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL CONSISTENTES EN LA EXPEDICIÓN, PUBLICACIÓN, Y ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2004, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS Y HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 14 de octubre del año en curso, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, aprobó una proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, para solicitar al Ejecutivo Federal aplazara por un período de 90 días naturales, la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, ya que rebasa por mucho las atribuciones de la Ley vigente.
El pasado 17 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que entró en vigor el pasado 15 de octubre, no obstante la solicitud acordada por esta H. Cámara de Diputados.
Nuestra Constitución prevé en su artículo 105, fracción I, inciso c) la posibilidad de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controversia constitucional por actos del Poder Ejecutivo que violenten las atribuciones del Poder Legislativo y en especial, aquellas que trasgredan el principio de división de poderes.
Asimismo, su Ley Reglamentaria, establece un plazo de 30 días para su interposición contado a partir de la fecha de entrada en vigor del acto. En el caso del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos el plazo fenece el próximo 26 de noviembre.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado jurisprudencia en el sentido de que los Reglamentos emitidos por el Poder Ejecutivo no pueden en ningún momento ir más allá de la Ley o en contra de ella; en caso contrario son inconstitucionales, toda vez que violentan el principio de división de poderes contenido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna (Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Septiembre de 2002, Tesis: I.2o.P.61 P, Página: 1453).
A su vez, el Reglamento de esta ley resulta inconstitucional entre otros motivos, porque pretende legalizar figuras de juegos con apuestas o sorteos que no están previstos en la ley, transgrediendo en consecuencia el artículo 73 fracción X de nuestra Constitución y en consecuencia excediéndose el Ejecutivo federal en la atribución reglamentaria que prevé el artículo 89 fracción I de la Carta Magna, todo ello además deriva en que una gran parte de sus definiciones son obscuras y por ende, sujetas a la discrecionalidad interpretativa de la Secretaría de Gobernación, y a su vez es omiso en la determinación de la aplicación de las ganancias para la previsión social y la asistencia pública.
En este sentido, queda claro que esta H. Cámara de Diputados conforme a lo que establece el artículo 105, fracción I, está facultada para interponer controversia constitucional en contra del acto del Ejecutivo Federal que se origina por la emisión, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pues dicho Reglamento se estima inconstitucional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración y aprobación del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Honorable Cámara de Diputados aprueba interponer Controversia Constitucional en contra de actos del Poder Ejecutivo Federal consistentes en la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre del presente año.
Segundo.- El Pleno de la H. Cámara de Diputados instruye al Presidente de la Mesa Directiva para que en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 23, numeral 1, inciso l) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Controversia Constitucional de mérito y que a su vez, solicite la suspensión del acto reclamado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de octubre de dos mil cuatro.
Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica)
Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A ESTABLECER UNA TARIFA 1-G, REFERIDA AL COBRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO RESIDENCIAL, A CARGO DEL DIPUTADO NORBERTO CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura, Norberto Enrique Corella Torres e Hidalgo Contreras Covarrubias, presentamos ante esta H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se establezca una tarifa 1-G para el cobro de las tarifas de energía eléctrica en las ciudades donde la temperatura promedio mensual en verano sea de 35 grados centígrados como mínimo, basado en las siguientes
Consideraciones
En abril del presente año, presenté un punto de acuerdo a efecto de que el Poder Ejecutivo destinara un subsidio de 270 millones de pesos para el pago de las tarifas eléctricas domésticas en la ciudad de Mexicali, Baja California. Esta solicitud, aunque de distintas maneras, ha sido presentada a lo largo de varias décadas debido a las condiciones ambientales que prevalecen en la capital de nuestro estado.
En efecto, la ciudad de Mexicali registra una de las temperaturas ambientales durante los meses de verano más altas no sólo del país, sino del mundo entero. Para ilustrar lo anterior, debo señalar que según la información de la Comisión Nacional del Agua, durante los últimos diez años, es decir de 1994 al 2003, el promedio de temperatura entre los meses de abril a octubre -los más calurosos del año- fue de 43.8º C. Las condiciones ambientales que producen una temperatura tan elevada, están relacionadas con factores físicos que no dependen de la actividad humana, como son la latitud, la altitud, la topografía, la distancia a cuerpos de agua y las corrientes marítimas cercanas al lugar. Además, es necesario reconocer que algunos procesos de urbanización, como son el uso de concreto y el ancho de las calles entre los conjuntos de casas y edificios también contribuyen a mantener estos altos niveles de calor.
Como es conocido, las actividades diarias en un medio ambiente donde la temperatura se convierte en un factor hostil se dificulta, principalmente al generar problemas de salud, donde los más frecuentes causados por las altas temperaturas son la deshidratación, la insolación y el golpe de calor. Para evitar estos inconvenientes, la única forma de generar espacios adecuados para el desarrollo de la vida diaria es a través de los diversos métodos de enfriamiento que existen actualmente, como son el uso de ventiladores o de los diversos tipos de mecanismos de aire acondicionado. No obstante, al tener que hacer un uso intensivo de este tipo de mecanismos, el consumo de energía eléctrica de los hogares se eleva de forma exponencial, y de forma paralela, se eleva el gasto que las familias deben destinar a cubrir estas tarifas como proporción de su ingreso mensual.
De acuerdo con datos obtenidos mediante un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, las familias con menores ingresos -que obtienen hasta un salario mínimo mensual- destinan hasta un 53% en promedio de su gasto durante el mes de agosto para cubrir las tarifas de energía eléctrica. Si a este dato se añade la información de que durante los meses de junio, julio, septiembre y octubre el promedio de gasto para estas familias es de 40%, se puede apreciar en toda su magnitud la enorme carga financiera que implica para aquellos que menos tienen.
Estamos conscientes de que en la medida en que las tarifas de los bienes y servicios públicos se aplican de forma diferenciada, aumenta la dificultad para las empresas públicas de aplicar sistemas de cobro eficientes y que les permitan trabajar con finanzas equilibradas. Sin embargo, dada la magnitud de la situación que se presenta en la ciudad de Mexicali, y basados en los principios de solidaridad y subsidiariedad en los que el Partido Acción Nacional basa sus acciones de gobierno consideramos que este esfuerzo fiscal que representaría para la Comisión Federal de Electricidad se encuentra plenamente justificado.
Además, esta propuesta se estructura de la misma forma que las tarifas actuales, por lo que otorga un subsidio diferenciado y enfocado precisamente en aquellos hogares con menores ingresos, en este caso identificados a través del consumo de energía eléctrica.
Las características de la tarifa aplicable a los meses de verano que se propone son las siguientes:
b) Tendrá un límite de alto consumo mensual de 2,300 kw/h, lo que significa que los hogares que consuman en promedio mensualmente hasta esa cantidad estarán incluidos en la tarifa 1-G que se propone; y
c) Las tarifas serían diferenciadas para los primeros 300 kw/h de $ 0.20, de 300 a 1,200 kw/h de $ 0.37, y de 1,200 a 2,300 kw/h de $0.48;
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con fundamento en lo dispuesto por las disposiciones aplicables de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Planeación y del Servicio Público de Energía Eléctrica, establezca la tarifa 1-G por el suministro y venta de energía eléctrica en localidades con temperatura promedio mensual en verano de 35 grados centígrados como mínimo.
Segundo. El límite del consumo promedio mensual para determinar a los usuarios considerados como de alto consumo será de 2,300 kw/h.
Tercero. La tarifa aplicable para los meses de verano se integrará por tres rangos de la siguiente forma:
Cuarto. La tarifa aplicable para los meses fuera de verano se integrará de la misma forma que la tarifa 1-F en vigor.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2004.
Diputados: Norberto Corella Torres (rúbrica),
Hidalgo Contreras Covarrubias.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A QUE VALORE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 TENDIENTES A APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que valore la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 tendientes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, que se construirá en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I.- Desde 1925 la biblioteca pública del estado de Jalisco pasó a formar parte de la Universidad de Guadalajara. Funcionó hasta 1974 en el edificio que ahora ocupa el museo Regional de Jalisco, fecha en la que fue trasladada a las instalaciones de la Casa de la Cultura de Jalisco.
Además de su acervo general, que con 20 mil volúmenes está orientado a atender a estudiantes de educación media superior y superior, cuenta con una sección de fondos especiales constituido en su mayoría -más de 150 mil volúmenes- por materiales antiguos del siglo XVI a la fecha. Los fondos especiales resguardan 300 años de la historia del noreste y noroeste de México y del suroeste de Estados Unidos. Ahí se resguardan más de 37 mil documentos del archivo de la Real audiencia de Guadalajara entre los que destacan 15 volúmenes incunables.
II.- A raíz de los sismos del 2003, el edificio que albergaba a la biblioteca sufrió daños tales que obligaron a trasladar su acervo de manera provisional a un edificio que no cuenta con las normas adecuadas para la preservación y crecimiento de este valioso bien cultural. Por lo que es preciso señalar que en este momento, la Biblioteca Pública de Jalisco carece de una sede a la altura de sus contenidos.
III.- Los estándares internacionales muestran que las instituciones de educación superior deben tener entre 12 y 15 volúmenes por alumno. La cantidad de libros por alumno en la Universidad de Guadalajara está muy por debajo de esa cifra y aunque se cuentan con bibliotecas que otorgan un servicio eficiente y digno, no se está satisfecho con el desempeño en ese campo.
IV.- Por ello la Universidad de Guadalajara se ha planteado la tarea de construir un nuevo edificio la biblioteca pública del estado de Jalisco en el Centro Cultural Universitario. Esta nueva biblioteca será la institución de servicios bibliotecarios y de información de carácter público más importante del occidente de México con un acervo general y documental histórico que responda a las necesidades actuales de los usuarios y que ofrezca de manera permanente una oferta amplia y variada en calidad y cantidad de servicios y programas de interés para la comunidad que propicie el desarrollo integral de todos los grupos socioeconómicos en Jalisco.
El proyecto está a cargo de la Universidad de Guadalajara y tiene el propósito de ampliar y modernizar los servicios de consulta, así como la conservación y rescate del acervo, por medio de modernos sistemas de organización, sistematización y equipamiento bibliotecario.
V.- El proyecto de la nueva biblioteca pública del estado se propone la modernización de la gestión administrativa, la atención a acervos históricos y el desarrollo de colecciones modernas impresas y electrónicas, así como la actualización e implementación de servicios en un moderno concepto de edificio, hasta convertirse en el más moderno centro de información del occidente del país. Las actividades de planeación y promoción bibliotecaria se han concertado con instituciones nacionales e internacionales de altísima calidad y prestigio para lograr un programa que colocará a la Biblioteca pública del Estado en la competencia internacional. El costo total del proyecto es de 347 millones, de los cuales, la Universidad de Guadalajara aporta 50 millones y el terreno, por lo que se solicita el apoyo del gobierno federal.
Por lo antes fundado y expuesto, nos permitimos someter a la elevada consideración de esta H. Soberanía, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primera.- Se exhorta a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Asamblea analice y valore la asignación recursos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005, por un monto de 197 millones de pesos para la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, que se construirá en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.
Segundo.- Se solicita a esta honorable Cámara a que esta proposición con punto de acuerdo sea considerada de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 28 de octubre de 2004.
Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica)
El suscrito, diputado federal Roberto Colín Gamboa, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto, respetuosamente, solicito a la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, tenga a bien formular excitativa a la Comisión del Distrito Federal, a fin de que presente, ante el pleno de esta soberanía, el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de dotar de personalidad jurídica, patrimonio propio y cambio de denominación a las actualmente llamadas Delegaciones del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes:
Antecedentes
1. Con fecha 15 de abril del año en curso presenté, ante el pleno de esta Cámara de Diputados, una iniciativa mediante la cual se pretende dotar de patrimonio propio, personalidad jurídica y cambio de denominación a las Delegaciones del Distrito Federal, misma que fue turnada a la Comisión del Distrito Federal.
2. El dictamen aprobatorio de dicha iniciativa fue presentado en sesión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal el 6 de mayo, con la firma de 21 Diputados integrantes de la Comisión.
3. Hasta el día de hoy, el Presidente de la Comisión del Distrito Federal, no ha presentado el dictamen de referencia ante el pleno de la misma para su ratificación, ni tampoco ha solicitado a la Mesa Directiva de la Cámara su inclusión en el Orden del Día para su discusión en el pleno.
Consideraciones
1. Como lo señala el documento dictaminador, las reformas que se proponen, tienen como principal finalidad dar transparencia a la actuación del Gobierno del Distrito Federal y de las ahora llamadas Delegaciones Políticas, además de propiciar la participación, competencia y coordinación entre los diferentes actores que concurren en el gobierno del Distrito Federal.
2. Se puede afirmar que los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales en que se divide el DF tienen autonomía funcional en acciones de gobierno, con las atribuciones que establece el actual marco normativo, por lo que si bien tienen una naturaleza sui géneris, no menos cierto es que son auténticos "órganos de gobierno" frente a los propios órganos de gobierno de la autoridad central local del Distrito Federal.
Cabe mencionar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha expresado en el mismo tenor y ha coincidido en los razonamientos expuestos, mismos que desglosó en una resolución que dictó a una Controversia Constitucional que le fue planteada.
Por lo anterior, el dictamen en comento estima viable y oportuna la propuesta de reforma en el sentido de establecer que las Demarcaciones, actualmente llamadas Delegaciones, estarán investidas de personalidad jurídica y patrimonio propios, ya que redundarán en una mejor convivencia, coordinación y eficiencia gubernamental entre estos dos niveles diferentes de gobierno del Distrito Federal, y mayores beneficios a los propios capitalinos.
3. El cambio de nombre que plantea la iniciativa de "Delegación" por "Demarcación Territorial", se inscribe dentro de la propuesta anterior, dado que complementa la intención de crear un marco jurídico acorde con la naturaleza autónoma de estas Demarcaciones Territoriales, las cuales no están subordinadas a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Es pertinente la denominación propuesta ya que ello sería congruente con lo establecido por la Constitución, que en ninguno de sus preceptos menciona el término "Delegación", y por otra parte atendería a la naturaleza de las funciones
4. La autonomía de gestión y de acción que se propone, para ser viable, tiene que estar acompañada por una serie de atribuciones que permitan hacer realidad esta reforma de la Administración Pública del Distrito Federal, como es la elaboración de presupuestos, la rendición de cuentas, la prestación de servicios, la legitimidad para entablar o ser parte de controversias constitucionales y, finalmente, el establecimiento de un nuevo mecanismo para la enajenación o desincorporación del patrimonio de la Ciudad.
Conclusiones
Es urgente la discusión en el pleno de la reforma en comento, dado que, habiendo transcurrido cuatro años de gestión de esta nueva estructura del Gobierno de la Ciudad no es posible aplazar la aprobación de la propuesta que tiene como objetivo establecer la naturaleza jurídica a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, atendiendo el mandato del artículo 122 constitucional que en su base tercera, establece que será el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: "quien fijará la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."
En razón de lo anterior y, en virtud de que ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, habiéndose cumplido con lo preceptuado por el artículo 88 del propio Reglamento, considero oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios, a la Comisión del Distrito Federal, con la finalidad de que presente el dictamen ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados a la mayor brevedad.
A usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que:
Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión del Distrito Federal a fin de que turne a la brevedad, ante el pleno de la Cámara, el dictamen respectivo de la iniciativa mencionada.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 26 de octubre de 2004.
Dip. Roberto Colín Gamboa (rúbrica)
A LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita respetuosamente, por este conducto, a la Presidencia de esta H. Cámara de Diputados, tenga a bien formular Excitativa a la Junta de Coordinación Política, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes
Antecedentes
Uno. Con fecha 13 de noviembre de 2003 fue presentada ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita al Congreso del estado de Guerrero y al secretario de Gobernación que intervengan en el caso de la liberación que se ha venido dando de las personas señaladas como autores materiales de los crímenes cometidos en Aguas Blancas, y se cumpla la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se otorgue justicia a los familiares de los ejecutados y se repare el daño causado.
La Presidencia turnó la proposición a la Junta de Coordinación Política.
Consideraciones
2.- Solicitar al secretario de Gobernación federal su intervención en el caso e informe a detalle sobre los pendientes del caso Aguas Blancas y los motivos por los cuales no considera conveniente presentar inconformidad por la liberación de los autores materiales de los crímenes cometidos el 28 de junio de 1995.
3.- Se cumpla la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se otorgue justicia a los familiares de los ejecutados y se repare el daño causado.
De 28 policías encarcelados por esta matanza, 15 salieron de prisión en 1999 y de cuatro funcionarios presos, sólo queda uno. Pero entre el 11 de septiembre y 9 de octubre del 2003, siete policías más fueron liberados por el Consejo Técnico Disciplinario de Readaptación Social del gobierno estatal por problemas de salud que les impedían seguir compurgando la pena en el interior del penal y porque el gobierno federal les concedió amparo.
A nueve años de la masacre y a tres de los compromisos adquiridos por el gobierno federal ante la CIDH, vemos con preocupación que no existe voluntad política ni jurídica para otorgar justicia a los familiares de los ejecutados que no han recibido una justa reparación del daño y tampoco se les ha hecho justicia integral. Por lo que hace a los supervivientes, muchos de ellos siguen en estado de salud crítico y tampoco les ha sido otorgada la debida reparación del daño.
En virtud de que ha trascurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta que la Proposición con Punto de Acuerdo en cuestión se orienta al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emitió resolución donde se concluye que "existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados", considero oportuno que se proceda enviar excitativa en los términos reglamentarios a la Junta de Coordinación Política, para que emita su dictamen a la mayor brevedad.
En mérito de lo expuesto a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo el presente documento, a la Junta de Coordinación Política a fin de que presente el dictamen correspondiente a la Proposición con punto de acuerdo que se identifica en esta excitativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los 28 días del mes de octubre de 2004.
Dip. Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)