El suscrito diputado federal Juan Pérez Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LIX Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado mes de mayo, el gobierno de los Estados Unidos dictó nuevas medidas contra la nación cubana, entre ellas:
3. Reducir las visitas a la isla de cubanos-norteamericanos
de un viaje anual a uno cada tres años y solo con derecho para visitar
a familiares directos.
4. No se permitirán viajes excepcionales aunque
haya situaciones de urgencia (gravedad de un familiar).
5. Las visitas a Cuba se limitan a 14 días y solamente
se le autoriza a gastar 50 dólares diarios.
6. Se restringe el envío de paquetes a Cuba.
7. Continua restringido el otorgamiento de licencias para
viajes educacionales y de intercambio académico a ciudadanos o instituciones
norteamericanas.
8. La administración de Bush ha decidido pagar
"recompensa" a quienes identifiquen a "violadores" de las nuevas disposiciones.
Una medida que recuerda las hordas hitlerianas.
La falta de medicamentos y de materias primas para la industria farmacéutica, ha provocado sufrimientos en niños enfermos de cáncer, la falta de medicamentos para adultos y ancianos. La importación limitada de alimentos por parte de Cuba es otra de las grandes consecuencias, así como de materias primas para sus producciones, para el alimento de animales. Sería interminable poner ejemplos.
Sus acciones han abarcado la esfera económica, comercial y financiera y han dictado medidas y leyes con alcance extraterritorial, tratando de tapar cualquier orificio o grieta que se detectara en el cerco o muro de sanciones creado para bloquear a Cuba. Duros golpes al pueblo cubano, pero no han cumplido su objetivo fundamental, doblegar la nación cubana.
La evaluación económica de los daños directos sufridos por el pueblo cubano por la aplicación del bloqueo llega a los 80 mil millones de dólares, según investigaciones efectuadas por instituciones especializadas.
La Asamblea General de Naciones Unidas en su reunión del próximo día 28 de octubre, posiblemente apruebe por décima tercera vez una resolución condenando el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la nación cubana.
Esta condena ahora es de mayor importancia, por el fortalecimiento del bloqueo de más de 40 años con la imposición de las nuevas medidas mencionadas, así como por el incremento de la peligrosa agresividad del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y por su belicismo inhumano, demostrado en Irak.
Los movimientos de solidaridad con Cuba, organizaciones y amigos, están uniendo sus voces para solicitarle a los países integrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su próxima reunión del 28 del presente mes condenen el injusto e ilegal bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la nación cubana por más de 40 años y que se ha incrementado en el presente año.
No podemos seguir permitiendo esta agresión, unamos nuestras voces y estemos atentos ante la agresividad del gobierno de Estados Unidos contra la nación cubana.
Ante lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo como un caso de urgente y obvia resolución, de acuerdo al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Punto de Acuerdo
Único.- Esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Asamblea General de Naciones Unidas para que aprueben una resolución condenando el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la nación cubana.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de octubre de 2004.
Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 SE ASIGNE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL UNA PARTIDA PRESUPUESTAL TOTAL DE 6 MIL 500 MILLONES DE PESOS, A CARGO DEL DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
Hasta el año 2000, el presupuesto para la seguridad pública en México fue ejercido por la Secretaría de Gobernación.
En 1998, se creó el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), compuesto por las aportaciones que el Gobierno federal envía a los estados y municipios para devengar gastos en educación, salud e infraestructura pública. En 1999, por primera vez se aprobaron recursos dentro del Ramo 33 para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal( FASP), el cual se integra al presupuesto global del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este esquema se reformó en el año 2001, cuando la función de seguridad pública se elevó a rango de Secretaría, creándose la Secretaría de Seguridad Pública y separándose de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Así y a partir de esa fecha , el Gobierno federal ejerce su presupuesto en materia de seguridad pública, clasificándolo de origen como sigue: Recursos Federales (FASP + dependencias federales) y Recursos Estatales; tal como se aprecia en el cuadro siguiente respecto al "Origen y destino de los recursos ejercidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública" de 1997 a 2004 ,contenido en el Anexo del Cuarto Informe de Gobierno 2004 y el cual se inserta a continuación.
Como parte de estos considerandos, cabe hacer una precisión: de acuerdo con el estudio "La seguridad pública en México: indicadores delictivos y presupuesto ejercido, 1980 -2004" , elaborado por la División de Economía y Comercio de la esta H. Cámara de Diputados; en 1996, la delincuencia en México presentó niveles nunca alcanzados con 123 mil delitos sentenciados del fuero común y 27 mil delitos del fuero federal, lo que obligó a que a partir de 1997 casi se haya quintuplicado la asignación presupuestal para la Seguridad Pública y, es por ello, que los análisis recientes de esta materia parten de ese año.
Como se puede observar en el cuadro anterior, el presupuesto asignado al Sistema Nacional de Seguridad Pública incluye en su columna de "Concepto" y marcado con el No.2 al rubro de "Dependencias Federales", que hacen referencia, entre otras, a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, las cuales corresponden a la materia de seguridad nacional pero ejercen recursos destinados a la seguridad pública, mismos que se desconocen en su cantidad y el destino asignado. Lo anterior, provoca confusión en el análisis presupuestal autorizado exclusivamente a la seguridad pública.
A nivel de cifras, el comportamiento del presupuesto asignado a la Seguridad Pública de 1997 a 2004 presentado en el Cuadro No. 1, observa una tendencia ascendente hasta el 2002 y descensos en los dos últimos años en su importe total así como en cada uno de los conceptos que lo componen.
Sin embargo, para analizar la evolución del presupuesto asignado a la Seguridad Pública, en el mencionado estudio sobre "La seguridad pública en México", se tomaron en cuenta los conceptos ligados directamente a esta materia y se descartaron los recursos destinados a las dependencias pertenecientes a la Seguridad Nacional, conformándose así un presupuesto específico para la Seguridad Pública que permitiera observar su comportamiento con cantidades perfectamente identificables.
En consecuencia, en el cuadro siguiente, el No. 2, ya se presenta el presupuesto específico para la Seguridad Pública de 1997 a 2004, reflejándose la evolución que ha presentado el presupuesto asignado a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y , posteriormente, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) más los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) perteneciente al Ramo 33 del PEF, a precios corrientes.
Una vez considerados los conceptos específicos para el presupuesto de Seguridad Pública en el cuadro anterior, se procedió a su comparación con el Presupuesto General o Global de Seguridad Pública reportado en el Cuarto Informe de Gobierno 2004 , lo cual se realizó en el siguiente cuadro, el No. 3. El comparativo se llevó a cabo exclusivamente para el período 2000-2004, correspondiente a la presente administración y a precios corrientes.
Es evidente que descontando del Presupuesto Global lo correspondiente a las dependencias de Seguridad Nacional, éste disminuye y finalmente el Presupuesto Específico para la Seguridad Pública ( compuesto por SSP+FASP) sea menor, tal como se aprecia en el cuadro anterior. Lo importante en este análisis es precisar cuál es el presupuesto disponible para Seguridad Pública y eliminar vicios ocultos como cifras globales que no permiten el análisis objetivo y real.
Finalmente, en el cuadro siguiente se hace el comparativo de los presupuestos global y específico deflactados a precios constantes del año 2000, para obtener las diferencias reales entre ambos y percatarse del deterioro presupuestal que ha tenido la materia de seguridad pública en la presente administración.
En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto 2005 presentado por el Ejecutivo federal, se propone un presupuesto total para la función de "Orden, seguridad y respeto" de 22,546.90 millones de pesos.
Dentro de ese presupuesto total para la función de "Orden, seguridad y respeto", en la misma exposición de motivos, se señala que: "En la propuesta de presupuesto para 2005 se contemplan recursos para la seguridad pública por 13,473.7 millones de pesos, los cuales comprenden 6,919.5 millones de pesos para el gasto de la Secretaría de Seguridad Pública y 6,554.2 millones de pesos para apoyar al Sistema Nacional de Seguridad Pública. El gasto en seguridad pública que se propone para 2005 significa un incremento de 22.0 por ciento en términos reales respecto a lo aprobado en 2004".
Al respecto, cabe recordar que el presupuesto autorizado para el Sistema Nacional de Seguridad Pública por la H. Cámara de Diputados para el año 2004 fue de 11,537.8 millones de pesos, lo que representa un incremento del 17% para la propuesta presupuestal del 2005 respecto al ejercicio anterior y no del 22%, como se señala en la Exposición de Motivos.
La propuesta presupuestal para 2005 respecto a la Seguridad Pública, se presenta en la exposición de motivos mediante el gráfico siguiente:
En el mismo gráfico del Proyecto de Presupuesto 2005, se incluye a "otras dependencias" con el 11.5% del total pero sin señalar qué dependencias son, pudiéndose deducir que son las correspondientes a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, las cuales pertenecen a la materia de Seguridad Nacional y no se especifica cuánto de ese porcentaje se destina exclusivamente al rubro de Seguridad Pública.
Finalmente, se observa que el rubro correspondiente al FASP tiene una propuesta de 5,000.0 millones de pesos, lo que efectivamente duplica la cantidad autorizada para el ejercicio anterior y registrada en el "Origen y destino de los recursos ejercidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública" del Anexo del Informe de Gobierno 2004. Aquí es donde se ubica el compromiso del Ejecutivo Federal de solicitar un incremento al presupuesto de 2005 para la seguridad pública.
Al respecto, se observa que la propuesta de incrementar al 100% el presupuesto de 2005 correspondiente a la Seguridad Pública, únicamente abarca al FASP; el mismo concepto que la presente Administración se ha encargado de disminuir, paulatina pero drásticamente, desde el año 2002 hasta el 2004, lo cual se puede distinguir en el Cuadro No.2 del presente análisis.
En el mencionado cuadro No. 2, se observa que el FASP en el año 2000 tuvo una asignación de 5,213.9 millones de pesos y en el 2001 de 5,786.4 millones de pesos, el más alto en la presente Administración y, el cual, fue reducido hasta 2,500 millones de pesos para el año 2004. Es decir, el presupuesto ejercido por el FASP en el año 2002 fue 232% más alto a precios corrientes que el proyecto de presupuesto solicitado para el 2005.
Lo anterior, evidencia que posiblemente una causa del incremento de la inseguridad pública ha sido provocada por la política presupuestal del propio Ejecutivo federal al disminuir los recursos destinados al combate de dicho problema cuya tendencia ha sido creciente y que, ahora, aun solicitando un incremento del 100% de los recursos para el año 2005 , no se llegará siquiera al monto presupuestal del cual partió esta Administración en el año 2000.
Se concluye, finalmente, que el aumento de recursos financieros para el FASP en el proyecto de Presupuesto 2005 solicitado por el Ejecutivo federal, no cubre el deterioro presupuestal que ha tenido este concepto desde el año 2002. Por lo tanto, se propone que el incremento sea del 260% respecto a lo autorizado en el 2004, para lograr el equilibrio presupuestal de las reducciones acumuladas a la fecha, resultando una propuesta de asignación de 6,500 millones de pesos de 2005. Este incremento solicitado, es la suma del 232% de pérdida acumulada de las asignaciones presupuestales al FASP de 2001 al 2004, más un 28% de deterioro del poder adquisitivo en ese mismo período, sin considerar la inflación estimada para el año 2005.
Acorde al estudio elaborado por la División de Economía y Comercio de la H. Cámara de Diputados, titulado: "El presupuesto que la Federación asigna a las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública, 1999-2005", la propuesta de presupuesto 2005 debe respetar los criterios para la distribución de los recursos del FASP para las entidades federativas establecidos en el artículo 44, párrafo 3, de la Ley de Coordinación Fiscal, entre los que destacan los siguientes tres factores:
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en su dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005, asigne una partida presupuestal total de 6,500.0 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), con la finalidad de que este fondo logre resarcir el deterioro de las reducciones presupuestales y las pérdidas adquisitivas acumuladas desde el año 2002 a la fecha y cuente con los recursos mínimos para apoyar el combate a la inseguridad pública en los estados y el Distrito Federal, respetando los siguientes criterios de distribución del FASP, establecidos en el artículo 44, párrafo 3, de la Ley de Coordinación Fiscal: número de habitantes de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados; e, índice de ocupación penitenciaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2004.
Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CUMPLIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 EL INCREMENTO PORCENTUAL ANUAL CONSIDERADO EN EL ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9 BIS DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO NAVA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En mi carácter de diputado federal, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
Como legisladores tenemos que coadyuvar a la tarea de desarrollar procesos para transformar nuestra sociedad, para esto es necesario redefinir nuevos roles que propicien cambios culturales y nuevas actitudes, fomentando las investigaciones científicas y tecnológicas para poder competir en el entorno mundial con innovaciones propias.
Desde 1971 la Organización de las Naciones Unidas, por conducto de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico, formuló la recomendación para que los países en desarrollo destinaran al menos el 1% de su producto interno bruto para el financiamiento de la investigación y desarrollo experimental.
Con esta intención y con la sensibilidad que merece el tema, fue aprobado por el Congreso de la Unión las modificaciones del articulo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología donde se establece que el gasto nacional anual será no menor del 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Esta modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 1 de septiembre de 2004, en la cual el articulo transitorio segundo estipula que el incremento anual será gradual hasta alcanzar el 1% del PIB, para el año del 2006.
De acuerdo con la opinión emitida por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Academia Mexicana de Ciencias y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, consideran fundamental la aplicación de dicho incremento presupuestal para lograr importantes resultados que permitan al país competir en el ámbito internacional en estas materias, y lograr el desarrollo de nuevas tecnologías y avances científicos en beneficio tanto de mexicanos como de todo el mundo.
Lo solicitado por el Ejecutivo dentro del Presupuesto de Egresos para el año del 2005 es del 0.35 por ciento, lo que para alcanzar el 1 por ciento del PIB como lo contempla la Ley de Ciencia y Tecnología para el 2006, significaría un aumento del 0.65 por ciento lo que implicaría un mayor impacto para ese presupuesto.
Con base en las anteriores consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito al Presidente de la mesa directiva ponga a consideración de esta asamblea para su urgente y obvia resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Esta soberanía exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados, para que se cumpla en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año del 2005, el incremento porcentual anual considerado en el Transitorio Segundo del Artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2004.
Dip. Alfonso Nava Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE APRUEBA EXTENDER HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2005 LA VIGENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscribimos, diputados integrantes de los diferentes grupos parlamentarios que constituyen la LIX Legislatura federal, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el pleno de la Cámara de Diputados aprueba la extensión de la vigencia del Grupo de Trabajo para la evaluación de programas gubernamentales sujetos a reglas de operación hasta el 30 de octubre del 2005, bajo las mismas condiciones y atribuciones recomendadas por la Junta de Coordinación Política, en sus Acuerdos respectivos, publicados en la Gaceta Parlamentaria el día lunes 3 de mayo de 2004.
Considerandos
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1 inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tomó el siguiente acuerdo.
Primero.- La Junta de Coordinación Política recomienda a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pesca, Asuntos Indígenas, Reforma Agraria y a la Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, la creación de un grupo de trabajo al interior de las mismas, par la evaluación de programas gubernamentales sujetos a reglas de operación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Este y otros cinco acuerdos relativos al mismo asunto, así como dos transitorios fueron tomados el día 21 de abril de 2004 y presentados al pleno de la H. Cámara de Diputados el día 29 de abril de 2004, siendo aprobados en votación económica por la misma.
Esta misma Junta estableció como vigencia de este Grupo de Trabajo hasta el día 30 de octubre de 2004.
Las Comisiones Unidas del Sector Rural, integradas por: Agricultura y Ganadería, Asuntos Indígenas, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pesca, Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria, en reunión de trabajo de los presidentes de esas comisiones unidas, celebrada el 26 de mayo del presente acordaron:
1. ?"instrumentar la recomendación de la Junta de Coordinación Política para crear un Grupo de Trabajo que realice la evaluación de los programas sujetos a reglas de operación, misma que será sometida a los respectivos plenos de cada una de las Comisiones Unidas, para que en su seno se autorice dicho acuerdo tomando como base las consideraciones que los presidentes enviaron a la Junta de Coordinación Política, mediante oficio del 12 de mayo del presente, las cuales fueron ratificadas en esta reunión".
El objeto y las atribuciones señaladas en el acuerdo Segundo de la Junta de Coordinación Política, son los siguientes:
Objeto
La evaluación de los programas gubernamentales sujetos a reglas de operación y deberá estar integrada plural y proporcionalmente de conformidad con la representatividad de cada partido en esta legislatura.
Atribuciones
3. Recibir y calificar los resultados de las evaluaciones:
4. Preparar los informes para las Comisiones Unidas para
el Desarrollo Rural Sustentable, los cuales comprenderán: los procedimientos
seguidos para llevar a cabo las evaluaciones, los programas a evaluar,
los evaluados y las instituciones u organismos contratados:
5. Elaborar informes financieros, de los recursos aplicados
para realizar las evaluaciones y de las finanzas del órgano evaluador;
6. Presentar a las Comisiones Unidas para el Desarrollo
Rural Sustentable las propuestas de criterios que deben cumplir las reglas
de operación;
7. Establecer comunicación con los representantes
de cada uno de los ramos, para planear y aplicar las evaluaciones:
8. Proponer políticas basadas en los resultados
de las evaluaciones.
Por otro lado el Grupo de Trabajo se estableció el día 14 de septiembre del presente, por lo que se dispuso de muy poco tiempo para el cumplimiento de su mandato. Valorando la importancia y trascendencia de los programas con reglas de operación, ya que a través de estos se aplican más de 150 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por estas consideraciones es que se presenta a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se extiende la vigencia del Grupo de Trabajo para la evaluación de los programas sujetos a reglas de operación, hasta el día 30 de octubre de 2005. Con el propósito de que continúe con los trabajos de evaluación correspondientes a los programas del PEF 2004, así como lo correspondiente para aquellos del PEF 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintiséis de octubre del año 2004.
Dip. Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITAN OPINIÓN Y RECOMENDACIONES DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE ENERGÍA, DE ECOLOGÍA, Y DE DESARROLLO SOCIAL RESPECTO AL IMPACTO QUE EN SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA PUEDE TENER LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICABLE AL GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA LA COMBUSTIÓN AUTOMOTRIZ, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamente en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el paquete fiscal que el Ejecutivo federal entregó a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre del año en curso se preponen la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones fiscales, entre las que se encuentra la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. A la letra dice: "Con el objeto de que la generación de energía a través de fuentes renovables se utilice en mayor medida en nuestro país, disminuyendo la utilización de fuentes no renovables, como es el petróleo, resulta de gran importancia fomentar su uso. Por ello, se propone establecer en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 que los ingresos que se recauden por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable al gas licuado de petróleo para combustión automotriz se destinen a la constitución de un fondo que se utilizará para realizar las inversiones en inmuebles del sector público, buscando aprovechar energías renovables, incorporando, por ejemplo, paneles solares que permitan aprovechar la energía solar y al mismo tiempo reducir el gasto público".
Al respecto, caben las siguientes consideraciones:
Primera. Si bien es cierto que requerimos fomentar el uso de fuentes de energía alternativas, también le es que no debe ser a costa de las fuentes menos contaminantes, criterio aplicable al presente caso.
Segunda. Éste es un tema en el que la autoridad hacendaria ha venido insistiendo desde hace más de 10 años. En 1989 se estableció una tasa de 122%, que en 1990 se disminuyó a 25%. En 2002 nuevamente se intentó establecer un IEPS al gas LP de carburación en 80%, que fue rechazado por el Pleno de esta soberanía.
Tercera. Si bien el fenómeno tributario es susceptible de ser abordado a partir de su propia lógica interna, su cabal comprensión exige una reflexión acerca de las condiciones sociales, económicas, políticas e institucionales en las cuales tiene lugar.
Cuarta. Al proponer y/o aprobar un impuesto, hay que tener presente que existe una íntima relación entre el sistema tributario elegido y aplicado por la administración tributaria, la eficiencia del sistema gubernamental y la realidad económica social.
Quinta. Que los sistemas tributarios son herramientas de las que dispone la autoridad para cumplir su función social con equidad y no el elemento que el gobernante en turno tiene a su alcance para echar mano cuando el sistema tributario ha sido, hasta cierto punto, incapaz de generar los niveles de recaudación de ingresos necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Sexta. Un sistema tributario debe ser un conjunto coherente de tributos. Por tal motivo, cualquier acumulación de tributos no es sistema tributario. Hay que hacer hincapié en el hecho de que la coherencia resulta fundamental para que esa acumulación de tributos sea un verdadero sistema.
Séptima. Si los contribuyentes sienten que el sistema tributario es injusto, obviamente estarán menos dispuestos a cumplir sus obligaciones tributarias. Más aún, desde su perspectiva, la evasión podría ser un acto de justicia, más que un delito.
Octava. Serán de tomarse en cuenta los elementos que consideró la anterior Legislatura para rechazar la propuesta de establecer este impuesto, las cuales siguen siendo vigentes:
Podría sustituirse el uso del gas por otros combustibles más contaminantes que afectan la salud de la población (contradice programas gubernamentales como el de Calidad del Aire para la Zona Metropolitana del Valle de México, ZMVM).
El costo del transporte público en las principales ciudades se elevaría, pues estos vehículos utilizan gas LP de carburación.
Se puede generar un mercado negro que incluso podría llevar a que se utilicen cilindros de gas doméstico en automóviles y transporte concesionado, lo que generaría riesgos para la población.
Se afectaría la planta laboral por el posible cierre de estaciones de carburación, pues este sector proporciona 10 mil empleos directos y 40 mil indirectos.
Los gastos de las empresas que utilizan flotillas con gas LP para transporte y distribución de productos básicos aumentarían, lo que traería como resultado la alteración de precios de las mercancías.
Este impuesto sería regresivo, pues terminaría siendo absorbido por la economía familiar y traería como consecuencia una espiral inflacionaria.
La recaudación esperada podría ser nula por la migración del uso regular al clandestino.
Los gobiernos estatales y los municipales que han adquirido o convertido flotillas de vehículos a gas LP también serían afectados.
Por ello proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Se solicitan la opinión y recomendaciones de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Ecología, y de Desarrollo Social respecto al impacto que en sus ámbitos de competencia pueda tener la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable al gas licuado de petróleo para combustión automotriz.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2004.
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA PONER EN OPERACIÓN CON LA MAYOR BREVEDAD EL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE GUASAVE, SINALOA, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO LEYSON CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Armando Leyson Castro, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Antecedentes
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que deben coordinarse a efecto de constituir un sistema nacional de seguridad pública. Así lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 30, dispone que los fines de la seguridad pública se alcanzarán mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.
Dicho dispositivo legal, enmarca los ámbitos y las autoridades gubernamentales que deben realizar la función de seguridad pública; es decir, la Policía Preventiva, el Ministerio Público, los tribunales, las autoridades responsables de la prisión preventiva, de la ejecución de penas y tratamiento de menores infractores y las encargadas de proteger las instalaciones y servicios estratégicos del país; así como las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente.
El asunto que hoy nos ocupa es de la competencia de la Secretaría de Seguridad Pública, como autoridad responsable de la ejecución de las penas en el ámbito federal.
Me refiero al centro de readaptación social ubicado en la cabecera municipal de Guasave, Sinaloa, que fue construido y entregado a esta dependencia del Ejecutivo federal.
Su construcción concluyó hace ya tres años, en octubre del año 2001, con una inversión total de 130.7 millones de pesos y cuenta con una capacidad de atención para 796 internos.
Pero, a pesar de la sobrepoblación que registran los Ceresos federales, estas instalaciones permanecen sin ser utilizadas y deteriorándose por falta de uso y mantenimiento.
¿Cómo entender que a tres años de distancia de haber concluido la construcción de este centro de readaptación social continúe sin ponerse en operación?
Sin duda, es un ejemplo claro de errores y deficiencias en la planeación estratégica y presupuestal, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que deben ser corregidos.
Es por ello que consideramos la conveniencia de proponer a esta soberanía que se exhorte al Ejecutivo federal a que instruya al secretario de seguridad publica para poner en operación a la brevedad posible el centro de readaptación social ubicado en la ciudad de Guasave, Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento antes citado, nos permitimos proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya al secretario de Seguridad Pública para poner en operación a la brevedad posible el centro de readaptación social ubicado en la ciudad de Guasave, Sinaloa, e informe a esta soberanía sobre el particular.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2004.
Dip. Armando Leyson Castro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ECONOMÍA QUE SIMPLIFIQUEN, CLARIFIQUEN Y PUBLIQUEN LOS REQUISITOS Y LA DOCUMENTACIÓN NECESARIOS, Y AGILICEN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y REDUZCAN TIEMPOS PARA LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DONADOS DESTINADOS A SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, A CARGO DEL DIPUTADO MARKO ANTONIO CORTÉS MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, integrante del Partido Acción Nacional, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente "proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda, así como a la Secretaría de Economía, simplifiquen, clarifiquen y publiquen los requisitos y documentación necesarios, y agilicen la realización de trámites y tiempos, para la importación de vehículos y equipos destinados a seguridad pública, protección civil y bomberos dados en donación, sin fines de lucro", con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La situación que existe en nuestro país respecto a vehículos y equipos de emergencia para desastres, tales como carros bomba y pipas especiales para los servicios de bomberos, carros todo terreno para protección civil, trajes de bombero, mangueras y equipos médicos entre otros son insuficientes para enfrentar desastres naturales y contratiempos. Lo anterior, debido esencialmente a la falta de presupuesto para la adquisición de nuevos y mejores equipos.
Lamentablemente, esta situación no es la única, toda vez que cuando otros países deciden donar sus equipos los cuales fueron dados de baja, no por estar en mal estado, sino porque sus leyes así lo exigen, y que la mayoría de estos están en mejores condiciones de los que actualmente contamos, se ven ante la situación de que en México, los trámites para la importación de los mismos son excesivos, tardados y que al cabo del tiempo les generan un gasto excesivo tanto a ellos como a las instituciones que los requieren, acabando por donarlos para su aprovechamiento a otros países que no les exigen tantos requisitos y trámites.
Aunado a lo anterior, varios de los documentos que se exigen por parte de la Secretaría Hacienda así como la Secretaría de Economía son los mismos, lo cual hace que la donación pueda llegar a tardar hasta un año. Durante este tiempo, los vehículos quedan bajo resguardo de las aduanas, llegando a ser destruidos o dañados haciéndolos inservibles y poco funcionales una vez que son liberados, lo cual, vuelve a generar un gasto por parte de las instituciones que se habían visto beneficiadas por dicha donación.
Otra situación que complica aun más el proceso de donación, es la realización de los trámites. Se ha dificultado de gran manera dicho proceso, con normas complejas y procedimientos excesivamente largos, lo cual es inadmisible, si consideramos que estos equipos son necesarios para estas instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, sino de salvaguardar la vida, de servir y proteger a todos los que habitamos esta República.
Es tan complejo y tan poco claro la realización del proceso de donación, así como la falta de información para llevar a cabo el mismo, que inclusive es necesario contratar a un agente aduanal para la realización de éste, posición que no tiene sentido, toda vez que solo realiza el trabajo de mediador entre los donantes y las instituciones beneficiarias de la donación, lo cual genera un gasto innecesario para las instituciones beneficiadas de la donación.
Con base en la exposición de motivos, someto a la consideración de este órgano colegiado los siguientes:
Considerandos
Primero.- Que es lamentable que en nuestro país existan tantos trámites innecesarios para la importación de vehículos y equipos, donados por otros países para las instituciones sin fines de lucro, encargadas de la protección civil, seguridad pública y emergencia, haciéndolos muy largos y complejos.
Segundo.- Que la falta de manuales operativos que simplifiquen el proceso de importación ha motivado, que aquellos países que están dispuestos a dar sus equipos de emergencia, prefieran donarlos a instituciones de otros países ya que no están dispuestos a perder el tiempo en trámites que son poco indispensables.
Tercero.- Que en algunos casos, debido a la lentitud con la que se llevan a cabo los trámites para la importación, estos vehículos o equipos llegan a quedar inservibles al momento de liberarse, por lo cual, se hace urgente llevar a cabo una simplificación de trámites.
Cuarto.- Que es necesario hacer un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Secretaría de Economía, para que de acuerdo a sus funciones lleven a cabo un análisis conjunto, a efecto de que en los casos en que ambas requieran la misma documentación, sea solicitada una sola vez y en su caso, se comparta dicha información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a fin de que realicen análisis conjunto, con el propósito de agilizar y compartir los trámites que sean solicitados para la importación de vehículos y equipos de emergencia recibidos en donación por parte de instituciones encargadas de seguridad pública, protección civil y bomberos.
Segundo.- Se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, que tomen las medidas conducentes a efecto de que reduzcan los trámites administrativos y tiempo para su aprobación; en los procesos de importación de vehículos y equipos de emergencia destinados a seguridad pública, protección civil y bomberos, sin fines de lucro.
Tercero.- Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a que transparenten y publiquen los requisitos y documentación necesarios en los casos de importación de equipos y vehículos de emergencia destinados a seguridad pública, protección civil y bomberos sin fines de lucro.
Pido, diputado Presidente, se inserte el texto integro en el Diario de los Debates.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2004.
Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE COMPROMETE A NO REDUCIR LOS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 Y A INCREMENTAR SUSTANCIALMENTE EL GASTO EN ESOS TRES SECTORES, A CARGO DEL DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito Inti Muñoz Santini, diputado a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución bajo las siguientes:
Consideraciones
El problema del financiamiento a la educación se ha convertido en un problema crónico, el cual año con año se agrava con la disminución de los recursos que destina el Gobierno federal. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 que nos envió el jefe del Ejecutivo tiene un incremento de apenas 1.1 por ciento con respecto al de este año en curso.
Ese incremento es de por sí un severo revés al mandato legal de incrementar de manera sostenida los recursos a la educación pública, a fin de alcanzar en el 2006 un monto equivalente al 8 por ciento del producto interno bruto del país para el sector educativo, incluido el gasto en cultura y la investigación científica y tecnológica que realizan las instituciones públicas de educación superior.
Pero el incumplimiento de ese mandato del Legislativo al Ejecutivo es aún más preocupante, sobre todo por los decrementos que se proponen en el Paquete Económico para diversos sectores educativos, en particular al de educación media superior y superior, y al de ciencia y tecnología.
Además, la Secretaría de Educación Pública estima que se tendrá un déficit respecto al presupuesto regularizable, con afectación en gastos de operación e inversión. Asimismo, el titular de esa dependencia, Reyes Tamez Guerra, ha reconocido que el presupuesto de 2005 para educación presenta un déficit de 8 mil millones de pesos.
En ese contexto restrictivo, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2005 los recursos para la educación media superior, en términos reales, son menores en 3.8%; los de la educación superior en 3.2%; y los del deporte en 13.4%. Cabe destacar, que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior estima en 6.9 por ciento el decremento a las entidades de su sector.
Uno de los sectores más castigados es el Ramo 25 (Previsiones y Aportaciones para los Sistema de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos), que tiene una disminución real de 3.5%. Los recursos de este ramo son para el llamado Paquete Salarial del magisterio nacional, incluido el Programa de Carrera Magisterial, así como los recursos educativos para el Distrito Federal.
La disminución del Ramo 25 recae en el Paquete Salarial, que tiene una reducción de 42% en comparación con los recursos aprobados para 2004, pues se prevé asignarle 4 mil 843 millones de pesos, contra 8 mil 282 millones de pesos de 2004.
Los fondos educativos del Ramo 33 apenas tienen un incremento de 4.4%. Pero, en términos reales con respecto al cierre estimado de 2004, los recursos del FAEB (Fondo de Aportaciones para la Educación Básica) disminuyen en 3.4%; y los del FAETA (Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos) decrecen en 4.%. Cabe destacar que los gobiernos estatales atienden ya el servicio de preescolar, cuya primera etapa es obligatoria en este ciclo escolar 2004-2005.
El monto asignado al Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT) significa una disminución real de 5 por ciento respecto a 2003; en tanto que el Conacyt vuelve a tener menores recursos en 2005, pues los recursos fiscales que se le otorgan representan una disminución real de 14% en relación al presupuesto aprobado de 2004 y al cierre estimado del mismo un decremento real de 12.8%.
Los integrantes de las comunidades del sector educativo, cultural y de ciencia y tecnología han externado públicamente su inconformidad y preocupación por los decrementos de recursos consignados en la propuesta presupuestal del jefe del Ejecutivo. Esta sería razón suficiente, para que como legisladores buscáramos resarcir los exiguos presupuestos que se les están asignando.
Pero sin lugar a dudas, aceptar esa reducción de recursos implicaría poner en riesgo no sólo la viabilidad de las instituciones educativas, sino también el derecho de los más de 100 millones de mexicanos que representamos de acceder a los beneficios de la educación, la cultura y la ciencia y la tecnología y, por ende, del desarrollo nacional.
En el seno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos existe consenso entre los integrantes de los diversos grupos parlamentarios en hacer frente común, para lograr que los recursos en el 2005 sean los requeridos por las instituciones públicas de educación y éstas puedan cumplir con las obligaciones que por ley tienen encomendadas.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática celebra que, por encima de los intereses partidistas, las diputadas y los diputados de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos tengan la firme convicción de otorgar a la educación prioridad presupuestal y hayan asumido el compromiso de defender y buscar mayores recursos para la educación.
Es sobre esta base que, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito proponer al pleno de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura asume el compromiso de no permitir la reducción de los recursos destinados a la educación, la cultura y la ciencia y la tecnología propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
Segundo.- La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura asume el compromiso de buscar, junto con las autoridades de las secretarías de Educación Pública y Hacienda y Crédito Público, incrementar los recursos para compensar la reducción propuesta por el Ejecutivo en su propuesta presupuestal de 2005 a la educación, la cultura y la ciencia y la tecnología, sobre la base de reasignaciones en los propios sectores o por otras vías que no impliquen carga fiscal o desequilibrios presupuestarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil cuatro.
Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica)
Dip. Clara Brugada Molina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 SE ESTUDIE LA PERTINENCIA DE OTORGAR ESTÍMULOS FISCALES SOBRE EL IVA Y EL IEPS A LOS CONTRIBUYENTES QUE PROMUEVAN Y FOMENTEN LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL CARRILLO RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para que en la elaboración del dictamen de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se estudie considerar dentro de las facilidades administrativas y estímulos fiscales, otorgar estímulos fiscales sobre el IVA y IEPS a los contribuyentes que promuevan y fomenten el desarrollo de la cultura física y el deporte, de conformidad con las siguientes consideraciones.
El deporte de nuestro país ha sufrido durante muchos años las situaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestro país, los recursos que ha obtenido el deporte para su desarrollo y promoción han sido a través del recurso del Gobierno Federal y de algunas empresas de la iniciativa privada que tienen un firme compromiso con el deporte nacional.
Las empresas, al igual que el deporte, han sufrido grandes crisis económicas, sin embargo se han mantenido firmes en su apoyo hacia el desarrollo y promoción del deporte de alto rendimiento de nuestro país, a pesar de las malas situaciones han continuado con su apoyo hacia éste.
La iniciativa privada en el ámbito internacional es el aliado mas importante que tiene el deporte ya que es el promotor internacional de este, claro es que cuenta con recompensas muy claras por parte de sus gobiernos por mencionar algunas deducciones en el pago de diversos impuestos.
Los mexicanos estamos deseosos que nuestros deportistas de alto rendimiento logren medallas sin problema alguno en la cuestión del financiamiento, que el único reto que tengan por enfrentar sea el de sus contrincantes.
Asimismo es necesario que la niñez y la juventud tengan una participación completa en la promoción y desarrollo de la actividad física y la practica del deporte, contando con la estructura e infraestructura lo bastante sólida para crecer a la par con sus desarrollo académico.
La iniciativa privada de nuestro país, tiene que lidiar con varias situaciones que no le permiten brindar y consolidar día con día, año tras año su apoyo al desarrollo y promoción de la actividad física y deporte algunas de ellas con el pago del IEPS o del IVA.
Sabemos que el pago de impuestos es una obligación por ley para todos los mexicanos, sin embargo muchos buscan la forma de evadir esta responsabilidad,
En países como Estados Unidos de América, Canadá, Gran Bretaña países donde la cultura deportiva es una prioridad, no solo por que se ganan medallas, si no brindan una mejor calidad de vida a su sociedad.
La iniciativa privada requiere hoy en día que el Gobierno Federal le brinde motivaciones para que los empresarios sigan contribuyendo solidamente con sus contribuciones para que el deporte y la cultura física tenga continuidad al igual que los programas establecidos por las autoridades en la materia.
El deporte para poder desarrollarse necesita continuidad tanto en programas como en apoyos basados en una estructura sólida unida con el soporte necesario del apoyo económico que brindan las personas morales que como contribuyentes necesitan facilidades administrativas y estímulos fiscales para seguir beneficiando la actividad física y deportiva en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública al momento de la elaboración del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, estudie considerar dentro de las facilidades administrativas y estímulos fiscales, otorgar estímulos fiscales sobre el IVA y el IEPS a los contribuyentes que promuevan y fomenten el desarrollo de la cultura física y el deporte.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2004.
Dip. José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE REVISAR Y MODIFICAR EL ARTÍCULO 12 DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; concurro a ésta Honorable Asamblea a solicitar sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo, a la instancia correspondiente de ésta Honorable Cámara de Diputados, a fin de exponer lo siguiente:
Exposición de Motivos
La seguridad, entendida como situación en la que se está a salvo de todo riesgo y peligro, es una aspiración del ser humano que le lleva a pactar con sus semejantes la vida comunitaria y la convivencia social. Este pacto social, crea al Estado como ente supranacional que proporciona a los miembros de su población la seguridad jurídica, traducible como la certidumbre del individuo de que su persona, bienes y derechos están a salvo de ataques violentos e indebidos y, en el peor de los casos, se harán cesar con premura y los daños de partida del Estado y puerto de arribo del derecho.
Asimismo, la seguridad pública no sólo permanece en un orden de gobierno, sino que se lleva a cabo en los estados y municipios. Esta intersección entre seguridad pública y el municipio se traduce en la actividad que requiere el gobierno municipal a fin de preservar y hacer efectivo el derecho humano a estar libre y exento de todo peligro, daño o riesgo, es decir, a estar seguro, en el ámbito comunitario y supraindividual del municipio. En cuanto al concepto de seguridad pública, se ha dicho que: " Es el conjunto de acciones que realiza la autoridad municipal para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de protección civil al conjunto de la comunidad".
De esta forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los municipios tendrán a su cargo la seguridad pública en los términos que el artículo 21 de este mismo ordenamiento establezca.
No obstante lo anterior, este artículo dispone en sus dos últimos párrafos que:
La Federación, el Distrito federal, los estados y los municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale para establecer un sistema nacional de seguridad pública"
Sin embargo, los municipios del país no integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública ni participan en la discusión de los acuerdos de este Consejo en materia de distribución de los recursos del FASP, por lo que la participación que tienen de este Fondo de carácter federal, responde casuísticamente a las reglas que en el mejor de los casos, aprueben los gobiernos de las entidades federativas.
Asimismo, este Consejo Nacional es la instancia superior de coordinación del Sistema Nacional y está integrado por: El Secretario de Seguridad Pública (quien lo preside); los Gobernadores de los estados; el Secretario de la Defensa Nacional; el Secretario de Marina; el Secretario de Comunicaciones y Transportes; el Procurador General de la República; El Jefe del Gobierno del Distrito Federal y el Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo al artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No obstante que esta legislación sustantiva, tiene como objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la cual evidentemente no se llevan a la práctica, puesto que por una parte señala como finalidades la coordinación entre los tres niveles de gobierno y por la otra parte a los municipios no les permiten participar en el Consejo.
De igual forma el artículo 44 de la Ley de coordinación Fiscal, en sus dos primeros párrafos establece que:
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública"
Bajo esta tesitura, el municipio como institución pública es la encargada de gobernar y administrar una circunscripción territorial, puesto que cuenta con facultades expresas para regular la conducta de los particulares, limitar su actuación teniendo como fin de ellos la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de la colectividad.
Por esta razón, en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, el ejecutivo Federal propuso un presupuesto para seguridad pública de casi 12 mil millones de pesos, integrado por casi 7 mil mdp para la Secretaría de Seguridad Pública y de 5 mil mdp para el combate a la inseguridad en las entidades federativas, recursos que la Federación canaliza a través del FASP.
Las 10 entidades federativas que obtendrían la mayor cantidad de recursos federales para combatir la inseguridad pública en el 2005 serían: estado de México con 405 mdp; el DF con 309 mdp; Veracruz con 249 mdp; Jalisco con 233 mdp, Chiapas con 219 mdp; Baja California con 211 mdp; Sonora con 209 mdp; Nuevo León con 197 mdp; Tamaulias con 193 mdp; y Michoacán con 188 mdp. Estas 10 entidades concentrarían 2 mil 413 mdp de lo 5 mil mdp propuestos por el ejecutivo Federal.
Dadas estas asignaciones, el estado de México concentraría en el año 2005 el 8.10% del gasto total del FASP; el DF el 6.17%; Veracruz el 4.98%; Jalisco el 4.67%; Chiapas el 4.38%; Baja California el 4.22%; Sonora el 4.18%; Nuevo León el 3.94%; Tamaulipas el 3.86% y Michoacán el 3.77%. Estas 10 entidades concentrarían el 48.27% del gasto total de este fondo.
Los criterios para asignar los recursos públicos federales a los estados del país a través del FASP, están determinados por el tamaño de la población de cada entidad Federativa, sus índices delictivos y de su población penitenciaria.
Por tanto, con esta adición se pretende establecer los mecanismos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal para la distribución del Fondo entre las entidades federativas, para que éstas, a su vez, concluyan el procedimiento de financiamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre los municipios que lo integran y para los cuales, actualmente no existen garantías, reglas ni criterios transparentes ni oportunos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de está Soberanía, la presente:
Proposición con punto de acuerdo a fin de que sea reformado el artículo 12 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.
Primero.- Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a incorporar en el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a que los municipios sean beneficiados directamente con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Segundo.- Se propone como redacción para que se incorpore al dictamen de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2005, la siguiente redacción:
"Artículo 12.- ...
Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA SUBCOMISIÓN DE TRABAJO QUE VERIFIQUE LAS OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA GAS NATURAL DE MÉXICO REFERENTES AL DISEÑO, INTRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO HORACIO MARTÍNEZ MEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 39, fracción I, 41 y 44 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 65 y 70 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con el carácter de diputados federales, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
El gas natural es un combustible de origen fósil que por su naturaleza no requiere de transformación alguna, por ello resulta ser un energético económico al representar importantes ahorros frente al gas licuado. El gas natural es más ligero que el aire, de ahí que sea un combustible seguro, pues rápidamente se volatiliza, es incoloro y se le agrega un odorizante para su fácil detección.
El gas natural por sus características benévolas con el medio ambiente y por sus bajos costos tiene diversos usos y aplicaciones domésticas, comerciales e industriales. En países como Brasil, España o Colombia la tecnología basada en la utilización del gas natural ha mostrado grandes beneficios y experiencias exitosas.
El suministro de este recurso natural es por medio de redes de tuberías de distribución subterráneas, sin embargo y a pesar de estas experiencias internacionales y aun con las características del gas natural y con la existencia de normas oficiales en esta materia, en la Ciudad de México se han presentado diversos incidentes tales como los ocurridos en el año 2000 en la delegación Venustiano Carranza donde se vio afectada en las calles de las colonias Tres Mosqueteros y Aztecas; en el 2002 en la colonia La Joya en Av. del Imán junto al Hospital de Pediatría y Norte 70 A de la delegación Gustavo A. Madero; el 19 de agosto de 2003 en Río de los Remedios, colonia Escuadrón 201 de la delegación Gustavo A. Madero; el 4 de noviembre en el pueblo de Santa María Tepepan, delegación Xochimilco; y más recientemente en las colonias Miguel Hidalgo e Isidro Fabela de la delegación Tlalpan.
Ante esta situación el diputado Horacio Martínez Meza, presentó al pleno de esta H. Cámara de Diputados un punto de acuerdo el pasado 6 de noviembre de 2003 por el que se solicitaba a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Dirección General de Protección Civil y a la Comisión Reguladora de Energía, la información relativa a la construcción, instalación, operación y mantenimiento del tendido de la red de ductos de gas natural en el Distrito Federal, así como el cumplimiento de las observaciones establecidas en la normatividad correspondiente.
Como respuesta el día 21 de noviembre de 2003 el Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección General de Protección Civil rinde un informe en el cual se tienen las siguientes conclusiones:
Existe incumplimiento por parte de Comercializadora Metrogas a:
Reglamento de Gas NaturalAdicionalmente Comercializadora Metrogas:
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002, Distribución de Gas Natural y gas licuado de petróleo por ductos.
No efectúa, previo el diseño y a la construcción
de su red, un estudio de las instalaciones existentes, lo cual le obliga
a realizar cambios de dirección en sus ductos como en el sitio de
la fuga.
Ignora las instrucciones de las autoridades en la Atención
de la Emergencia.
Asimismo, en fecha 12 de diciembre de 2003, la asesora del C. secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lic. Ana Silvia Arrocha Contreras manifiesta y hace notar que Comercializadora Metrogas SA, debió haber presentado un Estudio de Riesgo Previo sobre el proyecto de Vialidad Ramal 20 al inicio de las obras para el tendido de su red; sin embargo, las obras del proyecto antes señalado, donde se suscitó la fuga y explosión, iniciaron en el mes de septiembre de 2002 y el estudio de riesgo para dicho ramal se presentó ante la Semarnat el 11 de octubre de 2002 por lo que es de considerarse que casi un mes después la empresa Gas Natural de México cumplió con las condicionantes establecidas en su contrato inicial de prestación de servicios.
Por otro lado, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación respondió, a través del oficio No. SEL/300/112/04 de fecha 23 de enero del 2004, que la empresa Comercializadora Metrogas SA de CV, no presentó el Seguro de Riesgo Ambiental correspondiente al proyecto Vialidad Ramal 20, asimismo, no contempla de forma específica los procedimientos y planes de emergencia para el mismo proyecto, por lo que no considera la vulnerabilidad de la zona de acuerdo al tipo de riesgo, así como tampoco contempla los riesgos colaterales en zonas industriales y habitacionales y omite las indicaciones o gráficos que indican las existencia de válvulas de seccionamiento.
En el mismo oficio, se señala que la delegación correspondiente de la Profepa emitió el día 2 de diciembre del 2003 un Acuerdo de medidas de seguridad y de urgente aplicación a la empresa Comercializadora Metrogas SA de CV, por medio del cual "se le instauró un procedimiento administrativo"; ordenando medidas correctivas tales como: presentar a la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas un estudio de riesgo ambiental para la instalación de la Red de Distribución de Gas Natural denominada "Vialidad Ramal 20"; Un Programa para la prevención de accidentes de la misma red; un seguro de riesgo ambiental; la suspensión del suministro y distribución del energético en el proyecto mencionado; presentar un dictamen pericial sobre las causas que dieron origen a la fuga de gas; y acreditar técnicamente que se han instalado los dispositivos de seguridad necesarios para evitar una contingencia como la del 4 de noviembre de 2003.
De esta manera, cumplido con lo manifestado en el Acuerdo señalado, el pasado lunes, 24 de mayo del año en curso se dio la autorización de reiniciar con los trabajos del proyecto suspendido, no obstante, un día después el 25 de mayo se detectó un fuerte olor a gas originado por una presunta fuga del combustible en la calle Oriente 13 de la colonia Isidro Fabela de la delegación Tlalpan, cuestión que dio lugar al desalojo de 15 viviendas.
Por tanto se propone, al pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Que sea integrada una Subcomisión de Trabajo por miembros de las Comisiones Unidas de Energía y del Distrito Federal que verifique y revise si la empresa Gas Natural de México (Metrogas SA), cumplió en tiempo y forma con todas las leyes, reglamentos y normas oficiales que regulan la instalación y distribución del gas natural, en todas aquellas obras que han realizado desde el otorgamiento de la concesión hasta la fecha en el Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2004.
Dip. Horacio Martínez Meza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 SE AUMENTE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE ETIQUETADA PARA PROGRAMAS DE LA CONADE QUE IMPULSEN EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE EN LOS MUNICIPIOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL CARRILLO RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado Federal José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el presupuesto de egresos de 2005 se destinen 100 millones de pesos extra a lo propuesto por el Ejecutivo Federal a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, etiquetados para programas de la Conade que impulsen el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en las entidades municipales, de conformidad con las siguientes consideraciones:
El actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población en general al acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la población mexicana.
Como parte fundamental para atender estas necesidades, el gobierno Federal puso en marcha el programa sectorial denominado "Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001-2006" con el objetivo de generar políticas nacionales para apoyar, estimular, coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas de trabajo para el desarrollo de la cultura física y el deporte que favorezcan la generación de oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral a través de acciones y proyectos que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida.
Dentro del gasto de operación de dicho programa sectorial, ha sido necesario asignar un presupuesto que permita cubrir los costos y compromisos de operación indispensables de los programas de mayor relevancia como los destinados a:
Premios y estímulos
Cultura física infraestructura deportiva
Administración y apoyos al Comité Olímpico
Mexicano
Administración y apoyos a la Confederación
Deportiva Mexicana
Es importante mencionar que eventos desarrollados por los centros deportivos escolares y municipales son los que dan vida y origen a los grandes participantes que después figuran en la Olimpiada Nacional.
Es en los municipios donde se da el inicio de toda la articulación que conforma la base deportiva nacional, es en los municipios donde debe iniciar no sólo el proceso de detección de talentos sino el suministro de recursos y creación de la infraestructura necesaria para el fomento ordenado y programado de la práctica de la actividad física y deportiva, propiciando con ello la integración de la comunidad y mejorando la calidad de vida de los participantes.
Si bien es cierto que para el presente ejercicio fiscal se otorgó un aumento a los recursos a ejercer por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con motivo de la participación de nuestra delegación en los Juegos Olímpicos, también es cierto que los apoyos deben darse no solo al final del ciclo olímpico sino a su inicio.
Es por ello que propongo que los apoyos se den no solo al inicio del presente ciclo olímpico 2005-2008, sino que a su vez inicien otorgándose desde la parte medular, en la fase inicial de todo deportista que es la entrega de recursos hasta su municipio, sin verse en la necesidad de emigrar a las grandes urbes en busca de un lugar donde iniciar su preparación, alejándose de su origen y suspendiendo o coartando su fase educativa.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública al momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, estudie la posibilidad de destinar 100 millones de pesos extra a lo propuesto por el Ejecutivo Federal, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, etiquetados para programas de la Conade que impulsen el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en las entidades municipales.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de octubre de 2004.
Dip. José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA SAGARPA QUE FIJE EL INGRESO OBJETIVO A LA TONELADA DE MAÍZ QUE SE COMERCIALIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO JULIÁN NAZAR MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en lo establecido en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para que se solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fije de manera urgente un ingreso objetivo al maíz que se produce en el estado de Chiapas.
Consideraciones
Que se ha logrado dar un impulso al sector agropecuario de nuestro país con acciones concretas como la creación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Energía para el Campo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y muchos otros instrumentos jurídicos que junto con la presión que han ejercido las organizaciones de campesinos y productores al Gobierno federal, ha permitido caminar a niveles de subsistencia en este importante sector para la vida productiva de nuestro país, no habiéndose alcanzado los niveles deseados.
Es importante destacar que desde el Poder Legislativo se ha iniciado una cruzada por alcanzar año con año un presupuesto cada vez mayor para el sector rural, más sin embargo, todavía es insuficiente para cubrir las carencias y deficiencias que aquejan al sector.
El Gobierno federal no ha sido capaz de erradicar prácticas dilatorias, retardatarias y de funcionarios que tienen a su cargo la operación de aplicar debidamente los recursos que aquí se destinan para el campo, aunado a esto los escasos recursos que llegan a los productores, son en forma tardía lo que repercute seriamente en la producción y calidad de los productos del campo.
En este año el Poder Legislativo estableció el Programa Especial Concurrente como lo dispone la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, logrando una reasignación por más de diez mil ochocientos millones de pesos incrementando así lo proyectado por el Ejecutivo federal, sin embargo las dependencias involucradas en este Programa Especial Concurrente, no han aplicado de manera oportuna, clara y eficazmente dichos recursos, aduciendo una serie de prácticas burocráticas que solo entorpecen el desarrollo del agro mexicano.
En el estado de Chiapas se vive en un gran rezago que data desde hace ya muchos años, pero que sin embargo no ha debilitado el espíritu de lucha y sobrevivencia que tenemos los chiapanecos, por lo que nos hemos organizado cada vez mejor para buscar abatir la pobreza que padece nuestra entidad.
Uno de los mayores pilares y a lo que se dedica la gente en mi estado, es sin duda a la agricultura y en particular el maíz que es uno de los productos básicos que, por tradición mayormente se siembra, no sólo en mi estado, sino en el país, pero algunas de las dificultades con las que se enfrentan las organizaciones de productores y campesinos es la falta de infraestructura para la producción y comercialización, la falta de asesoría técnica, falta de créditos accesibles y oportunos, y muy en particular la canalización de recursos gubernamentales de manera selectiva, lo que deja al productor de mi estado en franca desprotección, abandono y a su suerte, toda vez que es el único que carga con el costo de producción.
En Chiapas existe un gran problema para la producción del maíz, toda vez que los costos de producción son muy superiores a los de otras regiones del país lo que impide seguir desarrollando esta actividad para muchos campesinos del estado, viéndose en la necesidad de dedicarse a otras actividades o tener que optar por emigrar a los Estados Unidos de América.
Ante esta situación devastadora y ante la falta oportuna de la intervención del Gobierno federal, nosotros los representantes populares debemos darnos a la tarea de exigir a las autoridades competentes que tienen una obligación y una responsabilidad para con la sociedad de nuestro país.
Ante esta situación es pertinente precisar que el artículo 62 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, establece claramente que si los costos de producción aumentan, el ingreso objetivo será revisado con la finalidad de obtener una utilidad razonable. Por lo que es indispensable que la Sagarpa realice una revisión sobre el ingreso objetivo del maíz que se produce en el estado de Chipas, ya que los costos de producción son altamente costosos y la utilidad es prácticamente nula.
Tenemos conocimiento que de esta revisión sobre el ingreso objetivo al maíz se ha llevado a cabo en el estado de Sinaloa y muy recientemente en el estado de Jalisco, logrando obtener un ingreso objetivo de $1650.00 pesos por tonelada y estaba negociándose un apoyo complementario de $200.00 pesos por tonelada de maíz.
Ante esta situación y la realidad que se vive en mi estado, solicito el apoyo de todos ustedes compañeras y compañeros legisladores para que los productores del estado de Chiapas se vean beneficiados y la Secretaría de Agricultura federal le fije un ingreso objetivo a la producción de maíz en el estado.
La premura de este punto de acuerdo es debido a que en el estado de Chiapas inicia el proceso de cosecha a partir del mes de noviembre de este año y hasta febrero de 2005, por lo que es indispensable que esta soberanía apruebe este punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, para que de esta forma la Sagarpa, negocie con la Comisión de Agricultura y los productores de mi estado el ingreso objetivo que debe darse a la producción de maíz, donde se estima que en el estado en este ciclo agrícola se comercializará alrededor de 500 mil toneladas de maíz, por lo que se está solicitando a las autoridades establecer un ingreso objetivo de $1850.00 pesos por tonelada y $150.00 pesos por tonelada de apoyo complementario.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y debido a las premuras de los tiempos del ciclo agrícola en mi estado les solicito a todos ustedes compañeras y compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias el apoyo al siguiente punto de acuerdo, asimismo solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva dar curso establecido en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como de urgente y obvia resolución y someter de inmediato al Pleno de esta H Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fije con los productores de maíz del estado de Chiapas un ingreso objetivo de $1850.00 pesos por tonelada de maíz para las 500 mil toneladas que se tienen previstas comercializar en el ciclo agrícola primavera-verano 2004-2004, y $150.00 pesos de apoyo complementario.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil cuatro.
Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EJECUTAR EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS, EL MEGAPROYECTO PETROQUÍMICO FÉNIX, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HOMERO DÍAZ RODRÍGUEZ Y GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales tamaulipecos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que les concede el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, acuden hasta esta tribuna para someter a la consideración de esta honorable soberanía la proposición con punto de acuerdo que se motiva en las siguientes
Consideraciones
1. La paraestatal Petróleos Mexicanos en coinversión con socios capitalistas y tecnológicos pretende desarrollar el megaproyecto estratégico denominado Fénix para la producción de etileno, propileno y derivados.
2. La paraestatal proveerá la materia prima a partir de los derivados del petróleo que procesa en sus refinerías, de manera particular la de Ciudad Madero, Tamaulipas, municipio conurbado con Altamira y con Tampico.
3. En Altamira, con la construcción de su puerto, uno de los de mayor capacidad de carga del país y puerta de salida de nuestros productos hacia Norteamérica y Europa, ha tenido lugar el desarrollo de un enclave industrial caracterizado por reunir una serie de empresas petroquímicas de capital privado de categoría mundial, enfocadas a la producción de diversas materias primas a partir de derivados del petróleo.
4. La instalación de estas empresas de corte mundial en Altamira y el desarrollo de un verdadero klóster petroquímico han generado para México la oportunidad de competir con ventaja frente a otros países, en particular China, en la captación de nuevas inversiones de capital privado extranjero, creación de nuevas oportunidades de coinversión para el capital mexicano, desarrollo de nuevas tecnologías y exploración de nuevos mercados que le aportan divisas al país.
5. Altamira representa para el proyecto Fénix las siguientes ventajas indiscutibles:
b) Mano de obra calificada y baja rotación de personal.
c) Programas de apoyo económico para el desarrollo
de proyectos de alta tecnología.
d) Un puerto de aproximadamente 5,000 hectáreas para desarrollo industrial, 200 de las cuales están asignadas al proyecto Fénix, que cuenta con terminales de fluidos y contenedores especializados, lo cual tornaría más funcional la operación del complejo.
e) Enclave dentro del puerto industrial, con cercanía a los mercados finales, lo que se traduce en un menor costo de transportación del producto terminado (hasta 30% menor).
f) Zona decretada para uso industrial petroquímico.
g) Cordón ecológico que garantiza el mantenimiento
de una área sin población en los alrededores del complejo
(1,400 hectáreas).
b) Negociación de tarifas de gas natural con la empresa comercializadora del energético que recibirá la terminal de gas natural licuado que se construye en el puerto de Altamira, con ubicación muy cercana al predio donde se instalaría el complejo petroquímico.
c) Integración de todos aquellos beneficios adicionales con industrias cercanas al Proyecto Fénix (suministro de vapor, ventajas termodinámicas, sinergias en costos y logística, etcétera).
d) Con el apoyo de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, negociación de cartas de intención para la compra de 40% del producto final del complejo y apoyo promocional sobre el 60% restante, buscando disminuir drásticamente los costos de transportación.
Sabemos que la ubicación del desarrollo dependerá de las ventajas que para el mismo represente cada uno de los lugares considerados, pero conociendo que Altamira es uno de ellos, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Se exhorta al Poder Ejecutivo a efecto de que la Secretaría de Energía e Industria Paraestatal, por medio de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, realice lo conducente para recomendar y, en su caso, determinar que la construcción del megaproyecto petroquímico Fénix se ejecute en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, por las ventajas competitivas que ello representa para dicho desarrollo industrial.
Solicito que se inserte íntegramente esta proposición con punto de acuerdo en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.
Diputados: Homero Díaz Rodríguez
(rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica).