El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El conjunto arqueológico de Teotihuacan es conocido como el más grande de América y corresponde a una civilización que se desarrolla en el Valle de México entre los años 200 a.C. y 650 d.C. Cuando los aztecas llegaron al altiplano a principios del siglo XIV, encontraron un inmenso centro religioso abandonado al que llamaron Teotihuacán. Tanta fue la impresión ante la grandeza del lugar, que pensaron que había sido construido por gigantes e inventaron el mito de que ahí se habían reunido los dioses para asegurar la existencia del mundo.
La zona ceremonial de Teotihuacán era considerada como una de las cinco ciudades más pobladas del mundo ya que contaba con una población de entre ciento veinticinco mil y doscientos cincuenta mil habitantes. Sus habitantes veneraban a diversos dioses como son el de la lluvia y el agua, el sol y la luna y la serpiente emplumada llamada Quetzatcoatl, que representaba a un Dios civilizador.
Hacia el año 200 a.C. se inicio el desarrollo de grandes civilizaciones urbanas entre ellas la de Teotihuacán, los centros ceremoniales se multiplicaron, las artes y las técnicas alcanzaron un esplendor impresionante, además de que se dieron importantes avances en las ciencias como las matemáticas y la astronomía, se crearon complicados sistemas de escritura. Las técnicas para trabajar la piedra y el barro alcanzaron su punto más alto.
En algún momento del siglo VIII el esplendor teotihuacano tuvo un violento final. La ciudad fue saqueada, quemada y deliberadamente destruida, no sabemos si los recursos naturales se agotaron y estalló una sangrienta lucha social, o si Teotihuacán fue derrotado por un pueblo más poderoso.
Saqueo y destrucción que hasta la actualidad se sigue dando con la complacencia de los tres niveles de Gobierno frente a intereses diversos, sin que nadie haga algo para preservar y defender nuestro patrimonio cultural.
Uno de los temas que más han ocupado los espacios de comunicación, que más han movilizado unánimemente a intelectuales, especialistas y a la opinión pública, es el de la construcción de la tienda Wal Mart en la zona C de Teotihuacán. Pero no es sólo la construcción de un Wal Mart en la zona C de Teotihuacán, cuestión ya muy grave porque el deterioro o destrucción nuestro patrimonio cultural, en esta área, atenta contra uno de los centros culturales y fundacionales de la identidad mexicana. Además, por si faltara algo más, en Monte Albán se construyen alrededor de 600 casas en una zona protegida; en Chichen Itzá encontramos un problema similar. No son hechos aislados. Recordemos que el Casino de la Selva, en Morelos, fue prácticamente destruido para ceder su espacio a un Costco.
En particular, las transnacionales como Wal Mart, Costco, etcétera, han encontrado en nuestro país la posibilidad de ubicarse en los predios de su conveniencia, aún pasando por encima de las legislaciones de desarrollo urbano y de protección cultural, situación que en otros países, incluso en los Estados Unidos les resultaría imposible.
El departamento jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgó el permiso sanitario de construcción 15-13-04PSC-0085. De igual forma, el gobierno del estado de México y el ayuntamiento de Teotihuacán expidieron los permisos y la autorización correspondiente, desde 1984 cambiaron el uso de suelo y ahora tanto las autoridades del INAH, del gobierno estatal y el gobierno municipal han permitido la construcción de un Wal Mart en la zona C. Baste señalar que esta zona está clasificada por la cantidad de vestigios posibles de encontrarse después de diversas excavaciones e investigaciones. Repito, aunque es un área con menos vestigios arqueológicos que los de las zonas A y B, esto no significa que sea un área común y corriente. La declaratoria de protección se emite con el fin de proteger zonas de investigación, posibles hallazgos y para salvaguardar la integridad simbólica de la zona. Las autoridades del INAH debieran ser sensibles a este tema tan importante. Imaginemos los accesos de la Universidad de Salamanca o al Vaticano, custodiados por Wal Marts o Mc Donalds, si nuestras autoridades culturales no entienden esto, es que estamos padeciendo una transculturación, en la que se sobreponen los intereses temporales de las empresas globalizadas, sobre la integridad física y simbólica de nuestra cultura milenaria.
Las obras se han detenido en diferentes ocasiones por la intervención de los comuneros y ciudadanos que han denunciado la destrucción de dos tumbas prehispánicas al director de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Francesco Bandarin, solicitándole su intervención.
Por si esto no fuera suficiente, se encontró una plaza prehispánica y una urna funeraria, el argumento del INAH fue que si se encontraban vestigios entonces la obra se pararía. El sólo hallazgo de vestigios que no se tenían considerados en las perforaciones previas, debería ser suficiente para que las autoridades paren la obra, cuestión que no han hecho debido a la prioridad que tiene el complejo comercial. La facultad que tiene el INAH para librar el predio en disputa y la eventual suspensión de la obra, radica en el ámbito federal y el rango superior de los tratados internacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Es fundamental citar la declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural que a la letra dice:
El día 11 de octubre, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del estado de México aceptó la denuncia administrativa con expediente número 925/2004 que interpuso Emma Ortega Moreno a nombre del Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacán y ordenó al alcalde de este municipio, Guillermo Rodríguez Céspedes, entregar originales y copias certificadas de todos los documentos que expidió a la empresa Wal Mart para la construcción de una tienda en el perímetro C de la Zona arqueológica de Teotihuacán. Por otro lado, diputados locales perredistas solicitaron a la Contraloría del Poder Legislativo del estado de México que abra una investigación sobre la autorización de la tienda.
Es necesario establecer un precedente en la rectificación de los criterios que deben adoptarse en la intervención de nuestras áreas arqueológicas, en la defensa de la integridad simbólica de la nación y en el impulso de proyectos sustentables culturales y turísticos, para proponer alternativas de desarrollo de las comunidades que tienen el beneficio de vivir en zonas de tan alto valor cultural.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Único.- Para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de México así como al presidente municipal de San Juan Teotihuacán, para que suspendan las obras de construcción y la posible apertura de la tienda Wal Mart en el municipio de San Juan Teotihuacán, hasta en tanto no se realice una mesa de diálogo con el Frente Cívico y un estudio minucioso por las autoridades competentes en donde se señale que en el lugar de construcción no existe ningún vestigio arqueológico y no existe ninguna afectación al patrimonio cultural, ni a su componente simbólico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.
Dip. Rafael Candelas Salinas (rúbrica)
Dip. Clara Brugada Molina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL APOYO SOLIDARIO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO RADICADO ANTE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ, EN NOMBRE DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XIV, 45, numeral 6, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, esta Comisión señala los siguientes:
Antecedentes
Primero. Tal y como lo confirman diversas investigaciones, entre las que destacan los trabajos realizados por la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y el Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de La Plata, Argentina, la crisis económica que azotó en diversas regiones del continente americano, provocó un incremento inusitado de la pobreza, golpeando fundamentalmente a los sectores asalariados que asistían a la progresiva pérdida de sus fuentes de trabajo.
Frente a este oscuro panorama, diversos sectores de trabajadores llevaron adelante una serie de iniciativas para hacer frente al desempleo a través de la recuperación de las empresas siendo su objetivo reconvertirla productivamente hasta lograr potenciar su viabilidad, crecimiento y autonomía en forma de cooperativas de producción y servicios.
Segundo.- En nuestro país a principios de la década de los ochenta y como resultado de las difíciles condiciones económicas, el Gobierno de la República Mexicana emitió un decreto presidencial autorizando un incremento a los salarios de los trabajadores de acuerdo con el monto de las remuneraciones, sin que, en particular, una empresa refresquera haya dado cumplimiento a dicho decreto, por lo que se inició un movimiento de trabajadores en la empresa de Pascual, instrumentando los medios legales para que se les reconociera el incremento correspondiente.
Como consecuencia de lo anterior y después de dos largos años de huelga que se saldaron con la muerte de dos trabajadores, las autoridades laborales dictaron un laudo a favor de los luchadores sociales, ordenando el remate de la empresa en cuestión.
Sin embargo, al encontrarse los trabajadores ante la perspectiva de volverse asalariados de nueva cuenta, surgió la opción de convertirse en una sociedad cooperativa, la cual se constituyó en 1985 bajo la denominación de "Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL".
No obstante lo anterior, la lucha de la "Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL", no ha terminado, puesto que dos de sus plantas ubicadas en la Ciudad de México se encuentran en un litigio federal, toda vez que existe una sentencia dictada por el Poder Judicial de la Federación, la que concedió el amparo y protección de la justicia federal a un particular, para efecto de desocupar dichas plantas productivas, sentencia que se encuentra en revisión por dicho poder y que, en caso de confirmarse, provocaría que quedaran sin empleo más de un mil doscientos trabajadores y al ser un polo de desarrollo regional que se da en el Distrito Federal, Hidalgo, Querétaro y Michoacán, afectaría de igual forma el desarrollo social en dichas zonas.
Consideraciones
Único.- El pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social estima conveniente dar un reconocimiento a la lucha por más de dos décadas han sostenido los trabajadores de la "Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL", en virtud de haber demostrado capacidad y compromiso para administrar su empresa de acuerdo con los principios y valores del cooperativismo universal.
Asimismo, esta Comisión considera indispensable solidarizarse con los trabajadores de la Sociedad Cooperativa en cuestión, por cuanto hace al procedimiento radicado ante el Poder Judicial de la Federación, ya que si la autoridad revisora confirma la sentencia dictada por el a quo, en la que se concede el amparo y protección de la justicia federal a un particular, quedarían sin empleo más de un mil doscientos trabajadores y el polo de desarrollo regional que se da en el Distrito Federal, Hidalgo, Querétaro y Michoacán, se vería gravemente afectado.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social pondrá a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único.- La H. Cámara de Diputados se solidariza con los trabajadores de la "Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL," para efecto de que dicha empresa social siga usufructuando los terrenos en los que se hayan instaladas sus plantas productivas y apela a que el Poder Judicial de la Federación sea sensible al emitir su sentencia apegada a la verdad de los hechos históricos y a la justicia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro.
Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez
(rúbrica), Presidente; José Juan Bárcenas González
(rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica),
Belisario Iram Herrera Solís, secretarios; Huberto Aldaz Hernández
(rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica),
Irene Herminia Blanco Becerra, Concepción Olivia Castañeda
Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Felipe
de Jesús Díaz González (rúbrica), Luis Andrés
Esteva Melchor (rúbrica), David Ferreyra Martínez (rúbrica),
Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Valentín
González Bautista (rúbrica), José Julio González
Garza (rúbrica), César Amín González Orantes,
Manuel González Reyes, Alfonso González Ruiz, Cruz López
Aguilar, Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Eviel
Pérez Magaña, José Alfonso Muñoz Muñoz
(rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, Javier
Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona, Arturo Robles Aguilar
(rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica),
Israel Tentory García, Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica),
Adrián Villagómez García.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENVIAR UNA NOTA DIPLOMÁTICA AL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RESPECTO A LA CONDECORACIÓN DE DOS AGENTES DEL FBI QUE INTERVINIERON EN EL INCIDENTE OCURRIDO EN LA COLONIA ANAPRA, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL LUCERO PALMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Miguel Lucero Palma, diputado federal a la LIX Legislatura por el estado de Chihuahua e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar al titular del Poder ejecutivo federal para que instruya al secretario de Relaciones Exteriores para que envíe nota diplomática al titular del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, en relación con la condecoración de dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por su intervención en el incidente ocurrido en la colonia Anapra, municipio de Juárez, Chihuahua, presentada por el diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se hace esta solicitud conforme a los siguientes
Antecedentes
El 12 de septiembre de 2002, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos de América (EUA) realizaron un operativo contra robos de mercancías en el tren que cruza la línea divisoria entre dicho país y México, a la altura de la colonia de Anapra, Juárez, México y Sunland Park, el Paso, Texas, EUA.
Los agentes del FBI, afirmaron que venían persiguiendo a personas que saqueaban las mercancías que cargaba el tren. En el operativo atravesaron la línea divisoria y pisaron tierra mexicana, donde fueron agredidos y lesionados por habitantes de la colonia de Anapra.
Los agentes extranjeros pidieron auxilio a la Policía Municipal de Ciudad Juárez y, según testimonio de la gente de la colonia de Anapra, fue la policía municipal de Juárez quien aprendió a 11 habitantes de esa colonia, de nacionalidad mexicana, y los entregó a los agentes extranjeros, sin mediar proceso de extradición y sin tomar en cuenta que los agentes del FBI se encontraban en territorio mexicano, violando fragantemente nuestra soberanía.
Algunos de los mexicanos detenidos fueron liberados pero otros están pagando condena en cárceles de Estados Unidos.
Los policías municipales de Juárez que entregaron a sus connacionales a los agentes federales extranjeros fueron denunciados por el delito de traición a la Patria y se encuentran desaparecidos con calidad de fugitivos, pues existe orden de aprehensión en contra de ellos. Sólo un agente de la Aduana de Juárez esta detenido con relación al incidente que hemos narrado.
A casi dos años después del incidente, a principios de octubre del presente año, los agentes del FBI Sergio Barrio y Samantha Mikeska fueron condecorados por la citada agencia federal estadounidense con la Medalla Estrella por su participación en los acontecimientos que derivaron en el incidente internacional de Sunland Park-Anapra, de 12 de septiembre de 2002. Dicha condecoración tuvo lugar en las oficinas del FBI, en el Paso Texas, EUA.
Considerandos
1. Los acontecimientos anteriormente mencionados provocaron numerosas reacciones y manifestaciones de la opinión pública y se determinó que se giraran órdenes de aprehensión en contra de los policías y agentes mexicanos; en cambio, los agentes del vecino del norte fueron premiados con reconocimientos y condecoraciones.
Lo anterior se ha considerado como una medida insensible y arrogante, que premia a quienes violaron el territorio y las leyes mexicanas, así como los tratados internacionales celebrados por ambos países, principalmente los relativos a la extradición.
2. Se trata de una muestra más de acciones intervencionistas y actitudes prepotentes de autoridades estadounidenses que menosprecian y mancillan la soberanía nacional y los derechos de los mexicanos. Premiar a autoridades que violan la Ley es alentar el abuso de autoridad, es promover acciones intervencionistas y alentar actitudes xenofóbicas.
3. El incidente de Anapra no es un caso aislado, son numerosas las ocasiones en que nacionales mexicanos han sido vejados y humillados por agentes y autoridades migratorias del país vecino. Es tiempo que éste de muestras de cambiar sus políticas y actitudes sobre este tema que se vuelve cada día más importante y sensible para los mexicanos.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Soberanía, con el carácter de urgente resolución, por las características y circunstancias en las que se presenta el problema en cuestión y por los valores políticos y jurídicos lesionados, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Relaciones Exteriores de México a fin de que envíe nota diplomática al Titular del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, que exprese el rechazo e indignación del Gobierno y la sociedad mexicanos, en relación con actos como la condecoración de los dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del país vecino, relacionados con conductas de abuso autoridad que violan nuestra soberanía, promueven acciones intervencionistas y alientan la xenofobia.
La proposición fue entregada oportunamente y se acompañó de la versión electrónica del documento y en este acto se reitera la petición de que el asunto sea tramitado de urgente resolución, en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2004.
Dip. Miguel Lucero Palma (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ, LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN VELASCO, A ABSTENERSE DE REALIZAR MANIFESTACIONES DE CARÁCTER PÚBLICO QUE AGRAVIEN A LOS ACTORES Y PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTOS DE LOS DE SU PROPIA FILIACIÓN PARTIDISTA, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO PENAGOS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso b, y demás correlativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política de esta soberanía estima pertinente que la honorable Cámara de Diputados exprese su posición sobre de la conducta adoptada por el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto del proceso electoral local que se desarrolla en esa entidad. Si bien es cierto que los estados que se integran en el Pacto Federal son libres y soberanos, no es menos cierto que sus autoridades deben sujetarse siempre al marco de la legalidad y conducirse en todo momento con ánimo democrático. Es en ese tenor que las acciones y declaraciones públicas llevadas a efecto por el gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, licenciado Miguel Alemán Velasco, relacionadas con el proceso electoral, que aún no concluye en ese Estado, mediante las cuales ha descalificado a los candidatos de extracciones partidistas distintas a las de su propia filiación política y, por el contrario, ha elevado sus consideraciones hacia sus correligionarios, deben ser consideradas como una intromisión que vulnera el principio de equidad y enturbia dicho proceso.
Por lo anterior, tomando en cuenta que la democracia es un valor fundamental que debe protegerse como esencia misma del Pacto Federal, esta Junta de Coordinación Política propone el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. Remitir un exhorto al C. licenciado Miguel Alemán Velasco, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de que se abstenga en realizar manifestaciones de carácter público que agravien a los actores y partidos políticos distintos de los de su propia filiación partidista, considerando incluso el desarrollo de un proceso electoral que aún no concluye en esa entidad federativa.
México, DF, a 19 de octubre de 2004.
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR AL BANCO DE MÉXICO, A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, A LA COMISIÓN NACIONAL DE AHORRO PARA EL RETIRO, Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y SUS ORGANISMOS DESCONCENTRADOS A REGULAR, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EL MONTO DE LAS COMISIONES QUE RECIBEN LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO ZEBADÚA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Emilio Zebadúa González, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presento al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo, en virtud del cual se solicita a la Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus Organismos Desconcentrados y a la Comisión Federal de Competencia Económica, que ejerciten sus facultades, al tenor de los siguientes
Considerandos
El pasado mes de septiembre de 2004, la Vicepresidencia Técnica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (la "Condusef") publicó un estudio comparativo denominado "Comisiones Bancarias, para hacer valer la fuerza de los usuarios", en el cual describe y analiza de forma comparativa el mercado nacional e internacional de servicios bancarios, así como el comportamiento de las instituciones bancarias respecto de las comisiones que cobran en México y el extranjero.
De dicho estudio comparativo se desprenden diversas conclusiones, entre las que destaca el hecho de que el monto de las comisiones pagadas por los usuarios de servicios bancarios de países desarrollados es sensiblemente menor a las pagadas por los usuarios nacionales por servicios de menor calidad y de menores réditos. Asimismo, de dicho estudio se concluye que las diferencias entre las condiciones de los mercados extranjeros y el nacional no obedecen a una razón válida de mercado para el cobro de comisiones en una cuantía tal, que reduzcan o hagan nugatorios los beneficios de los servicios bancarios a la población y a los sectores productivos del país.
Sin embargo, la desproporción en el monto de las comisiones, no es un fenómeno privativo del sector bancario. Esta Soberanía y concretamente el Grupo Parlamentario del PRD, siempre ha denunciado el abuso de los actores del sistema financiero en el cobro de las comisiones por sus servicios. Las instituciones pertenecientes a los demás sectores del sistema financiero mexicano han abusado del cobro de comisiones por sus productos de forma recurrente, resultando afectados todos usuarios de dicho sistema.
Actualmente, las entidades financieras fijan el monto de sus comisiones de forma puramente potestativa, sin que existan lineamientos objetivos a los cuales deban ceñirse para determinar el monto de sus comisiones. Este extremo ha llegado al grado de sustentar a las entidades financieras, en buena medida, mediante comisiones cobradas al público, desincentivando las ganancias obtenidas mediante la buena operación de dichas entidades.
Por otro lado, el mercado de los servicios financieros en México es a todas luces un oligopolio natural. Las características del mercado nacional, relacionadas con el monto de las comisiones que se cobran al público por los servicios financieros, hacen pensar en una posible colusión, o la comisión de alguna práctica monopólica entre las instituciones del sistema financiero para segmentar el mercado de sus respectivos servicios, estableciendo los montos de sus comisiones, en detrimento de la competitividad de dicho sistema y ulteriormente de los intereses del público usuario.
Debido a lo anterior, es de gran importancia que la Condusef, en ejercicio de sus atribuciones, y actuando coordinadamente con el resto de las autoridades del sector financiero, realice estudios comparativos respecto de las condiciones del mercado de servicios financieros del resto de los sectores del sistema financiero, analizando los mercados nacional y extranjero y el comportamiento de las instituciones financieras de dichos sectores en su país de origen y en territorio nacional.
Como es del conocimiento público, en distintos medios de comunicación se han atribuido a cierto funcionario de la Condusef, declaraciones relacionadas con prácticas monopólicas en el sector financiero. Sin embargo, no se ha presentado denuncia alguna, y la Comisión Federal de Competencia Económica no ha estimado necesario iniciar el procedimiento de investigación por prácticas monopólicas en contra de ningún agente económico del sector financiero.
Las prácticas monopólicas constituyen uno de los lastres más pesados para la economía del país, y a la larga suelen ser causa de los quebrantos y abusos, que hoy sufrimos y que el día de mañana se agravarán. Desgraciadamente, las prácticas monopólicas también son de difícil prueba, y su acreditamiento requiere un minucioso procedimiento de investigación. Debido a dicha circunstancia, es fundamental que las autoridades del sector, y la Comisión Federal de Competencia Económica, realicen un esfuerzo conjunto para preservar condiciones de competencia efectiva en el sistema financiero.
En el ámbito social, las repercusiones por la falta de regulación en las comisiones por servicios financieros, y la posible comisión de prácticas monopólicas entre sus instituciones, se traduce en desconfianza y en un reclamo del público para que las autoridades competentes ejerciten las facultades que les devienen de ley. El público usuario está alarmado de ver como disminuye el producto de su trabajo mediante el cobro de comisiones. Tan sólo el cobro de comisiones por retiro de efectivo en la mayoría de las cuentas bancarias para el depósito del salario de un trabajador, durante un mes, puede consumir el importe de más de un salario mínimo, sin contar las comisiones que se cobran por otros conceptos necesarios, como visualización del estado de cuenta, libramiento de cheques, etcétera.
En la presente, y en anteriores Legislaturas, esta soberanía ha procurado expedir leyes que en materia financiera, propicien una operación adecuada y hagan asequibles los productos de las instituciones financieras a la población del país para incentivar su desarrollo, sin embargo las entidades financieras, de forma consuetudinaria, expolian al pueblo mexicano para hacerse de ganancias desproporcionadas con el mercado, tal y como lo demuestra el estudio de la Condusef y la experiencia del público usuario.
Es lamentable que la Administración Pública Federal, los organismos rectores y las autoridades competentes del sistema financiero mexicano omitan el ejercicio de las atribuciones que el Poder Legislativo Federal les ha conferido.
En efecto, el Poder Legislativo de la Unión ha proveído a las autoridades de los diferentes sectores del sistema financiero mexicano con las facultades necesarias para regular el alarmante problema de las comisiones por los servicios de las entidades financieras, y existen los procedimientos y sanciones para poner fin a las prácticas bancarias abusivas al público.
El Banco de México es el organismo rector del sistema financiero mexicano, y por lo tanto, está dotado de amplísimas atribuciones para regular dicho sistema. El artículo 24 de la Ley del Banco de México, dota a dicho Instituto Central con la atribución de expedir disposiciones generales dirigidas a cualesquiera intermediarios financieros para el mejor funcionamiento del sistema financiero y de la protección de los intereses del público.
Asimismo, de conformidad con el artículo 26 de dicha ley, el Banco Central tiene facultades para establecer las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de crédito, así como las de crédito, préstamo o reporto que celebren los intermediarios bursátiles. Además de fijar las características de fideicomisos, mandatos o comisiones de los intermediarios bursátiles y de las instituciones de seguros y fianzas.
El Banco de México, incluso puede sancionar a los intermediarios financieros por cualquier operación que celebren en contravención a las reglas que expida, de conformidad con el artículo 27 de la propia ley.
En materia bancaria, el Instituto Central se encuentra facultado por el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito para regular las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, u otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas, y de servicios, así como las operaciones con oro, plata y divisas, que realicen las instituciones de crédito.
A pesar de estar dotado con tan amplias facultades, Banxico no ha ejercitado ninguna de ellas en relación con la reglamentación de las comisiones bancarias, ni siquiera cuando ha emitido disposiciones generales para regular las operaciones de la banca, como es el caso de la Circular 2019/95 de dicho Instituto Central, en la que se establece que las instituciones podrán determinar libremente el importe de las comisiones a cargo de sus cuentahabientes.
Por otro lado, el artículo 49 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que la Condusef puede solicitar al Banco de México que evalúe si existen condiciones razonables de competencia en el sistema financiero. Incluso el propio Banco de México, en adición a sus antedichas facultades, puede iniciar oficiosamente esta investigación cuando la Condusef no se lo solicite, a fin de que la Comisión Federal de Competencia Económica determine si existe o no competencia efectiva y emita una opinión que el Instituto Central implementará con las medidas necesarias.
En relación con lo anterior, es de resaltarse que la Condusef, tras emitir el referido estudio comparativo, no haya solicitado al Instituto Central dicha investigación, y que el resto de las autoridades financieras, a pesar del hecho patente y escandaloso del abuso de las comisiones para obtener ganancias desproporcionadas en perjuicio del público, y ante la alerta de la comisión de prácticas monopólicas, no haya estimado necesario, dentro del ámbito de su discrecionalidad, iniciar el procedimiento contenido en dicho artículo.
Cabe destacar que la Comisión Federal de Competencia Económica está facultada para actuar de oficio y determinar si existen condiciones razonables de competencia en el sector bancario, o por el contrario existen prácticas monopólicas con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley Federal de Competencia Económica y el Capítulo II de su Reglamento. Además, el Banco de México, incluso sin la opinión de la citada Comisión de Competencia, puede y debe regular las comisiones que perciben las entidades del sistema financiero.
Por otro lado, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de reciente promulgación, regula, entre otros aspectos, el cobro de comisiones por la prestación de servicios financieros, con el fin de propiciar la transparencia de dichos servicios y proteger los intereses del público usuario de la banca y del financiamiento de objeto limitado.
Dicho ordenamiento ratifica que el Banco de México debe promover el sano desarrollo de los Sistemas de Pagos, y en cierta forma, recuerda a dicho Instituto Central, que dentro de su autonomía, está facultado para regular el cobro de comisiones.
En lo referente al monto de las comisiones, el Sistema de Ahorro para el Retiro es un sector particularmente importante y vulnerable, ya que opera con recursos que serán el sustento en la vejez de millones de trabajadores que desgraciadamente, en su mayoría, carecen de entendimiento en materia financiera. Aquí, en este sector, el tema de las comisiones es particularmente sensible.
Las administradoras de fondos para el retiro tienen la gravísima responsabilidad de asegurar justamente un futuro digno a sus usuarios. Sin embargo, las comisiones que cobran por sus servicios, resultan ser dolorosas para el trabajador y disminuyen materialmente el monto de los intereses que debería percibir.
También en este sector se han otorgado facultades para la regulación de comisiones. De conformidad con el artículo octavo de la Ley para el Sistema de Ahorro para el Retiro, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, con la opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia puede emitir reglas de carácter general para determinar el régimen de las comisiones que los bancos, administradoras, o empresas operadoras podrán cobrar por los servicios que prestan. Una vez más, la regulación actual resulta insuficiente para fijar comisiones en un monto razonable y compatible con el mercado por los servicios prestados por las instituciones de este sector.
Por lo que se refiere a los demás sectores financieros, en los que se ubican las uniones de crédito, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, empresas de factoraje financiero, casas de cambio, afianzadoras y aseguradoras, casas de bolsa y las sociedades de crédito popular, entre otras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe, conjuntamente con sus organismos desconcentrados, promover una política financiera tendiente a disminuir y regular los accesorios financieros que repercuten directamente en el usuario del servicio, particularmente en lo que se refiere a las contraprestaciones que las entidades de dichos sectores, y sus agentes, perciben por sus servicios.
Queda, pues, demostrado a grandes rasgos, que las autoridades del sistema financiero tienen facultades suficientes para regular el cobro de comisiones del sector financiero. Sin embargo, en el supuesto de que los actores del sistema financiero estuvieren cometiendo algún ilícito para la determinación del monto de sus comisiones evitando la competencia efectiva dentro de su sector, segmentando el mercado, o bien, de cualquier otra forma dificultando la competencia y la libre concurrencia de los agentes económicos dentro de su mercado relevante, ninguna regulación será suficiente para terminar con el problema de fondo. Será entonces necesario que la autoridad competente en la materia, determine si existe la comisión de prácticas monopólicas para su sanción en términos de ley, y para desarticular y dejar sin efecto dichas prácticas.
La Ley Federal de Competencia Económica faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica, para investigar, de oficio o a instancia de parte, la comisión de prácticas monopólicas y concentraciones prohibidas. El artículo 23 de su reglamento, establece la obligación de dicha Comisión para investigar dichas conductas, cuando tenga conocimiento de hechos por los cuales pueda deducir la probable existencia de prácticas monopólicas, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 24 de la ley de la materia.
La propia Condusef, en el estudio que se menciona al inicio de los presentes Considerandos, estima que pueden existir prácticas monopólicas en el sector bancario, y sin embargo, no solicita la investigación correspondiente al Banco de México, y éste no la ha iniciado oficiosamente.
A pesar de lo anterior, la Comisión de Competencia no está impedida para actuar en relación con el resto de los sectores del sistema financiero, dónde se presentan fenómenos en las comisiones muy similares a los del sector bancario, y hacen pensar al público en la comisión de posibles prácticas monopólicas, como la fijación de contraprestaciones o comisiones similarmente desproporcionadas para el disfrute de los servicios financieros, la segmentación del mercado, la realización de ventas condicionadas, y demás ilícitos en la materia.
Debido a lo anterior, y con el propósito de que las autoridades competentes provean de conformidad con sus atribuciones, el suscrito formula ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar al Banco de México que haga uso de las facultades que le confiere la ley para que regule el monto de las comisiones que actualmente perciben las entidades financieras de su competencia, y que inicie el procedimiento de investigación a que se refiere el artículo 49 de la Ley Bancaria para determinar la existencia de competencia efectiva en los diferentes sectores del sistema financiero mexicano.
Segundo. Solicitar a la Condusef que, en caso de que el instituto central omitiere realizar dicha investigación, se lo solicite formalmente, para los mismos efectos.
Tercero. Solicitar a la Consar que en uso de sus atribuciones regule los montos máximos de las comisiones a cobrar por las instituciones financieras sujetas a su competencia.
Cuarto. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público que, dentro del ámbito de sus facultades, y en coordinación con los organismos desconcentrados de su ministerio con funciones de autoridad en cada sector del sistema financiero, implementen una política tendiente a disminuir las comisiones o contraprestaciones que perciben las instituciones financieras sujetas a su competencia.
Quinto. Solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica, que investigue oficiosamente la comisión de posibles prácticas monopólicas por los agentes económicos que actúan en los diferentes mercados relevantes del sistema financiero mexicano.
Dip. Emilio Zebadúa González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA PROBLEMÁTICA DE LAS CAJAS DE AHORRO EN EL ESTADO DE JALISCO, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 8 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1 y 2 fracción XIV, 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 61, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, esta Comisión señala los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Mediante escrito sin fecha, recibido en la Honorable Cámara de Diputado el dieciséis de febrero del dos mil cuatro, suscrito por el Lic. José Luis Sánchez Martínez, Secretario General del Consejo Nacional de Ahorradores y la Comisión de Ahorradores Afectados en el Estado de Jalisco, señalan que el Gobierno del Estado de Jalisco no ha firmado el convenio según lo establecido por la Ley del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para efecto del pago a 7 cajas de ahorro popular ya auditadas, siendo que el Comité Técnico del fideicomiso pago, aprobó la firma del convenio respectivo.
En tal virtud, solicitaron a la Honorable Cámara de Diputados que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social constituya un grupo de trabajo para que investigue la problemática que atañe a los ahorradores defraudados en el Estado de Jalisco y se reúna con los diputados locales para coadyuvar en la búsqueda de una solución efectiva al referido problema.
Asimismo, si lo determina la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, exhorte al ejecutivo de dicha Entidad Federativa para que se atienda a los miles de afectados cumpliendo lo dispuesto por la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
SEGUNDO.- A través del oficio número 21901, de fecha veinte de febrero del dos mil cuatro, con el turno número LIX-1200, el Licenciado Cristian Alarcón Ojeda, Secretario Técnico de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, por instrucciones del Diputado Federal Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el ocurso descrito en el antecedente anterior, recibido en ésta Comisión el veinticuatro del mismo mes y año.
TERCERO.- El día veinticinco de febrero del dos mil cuatro, mediante oficio número CFCyES/250204-105 el Diputado Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, Licenciado Francisco Javier Saucedo Pérez, solicitó al Licenciado Guillermo Barnes García, Comisionado del Fideicomiso Pago, informara a dicha Comisión, el monto que habrá de aportar el Gobierno del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal dos mil cuatro; cuántas sociedades de ahorro han sido auditadas en dicho Estado y si fuera el caso, cuántas de ellas faltan por auditar; el número de ahorradores que se les ha pagado y cuántos de ellos faltan por cubrir; de éstos últimos, el motivo por el cual no se les ha pagado; y finalmente, si con base a la Ley del Fideicomiso Pago se encuentran contempladas las sociedades denominadas "Cosmotel" y "Aviso de Guadalajara", ubicadas dentro del territorio del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
CUARTO.- Con fecha tres de marzo del dos mil cuatro, se recibió en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el oficio número FAFOSCAP/CFP/042/2004 suscrito por el Licenciado Guillermo Barnes García, Comisionado del Fideicomiso Pago, quien informó lo siguiente:
2. El Comité Técnico de este Fideicomiso, en su reunión del 26 de mayo de 2003, mediante acuerdo No. 15.11, autorizó que se llevara, a cabo la firma del segundo Convenio de Coordinación con el Estado Libre y Soberano de Jalisco, de conformidad alas reformas de la Ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 diciembre del 2002. El objeto del Convenio es resarcir a los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro es mayor a $190 mil pesos y aquellos ahorradores que por diversos motivos no acudieron a la primer etapa del pago.
Los ahorradores comprendidos en este segundo Convenio pertenecen a las cooperativas caja popular Puerto Vallarla, Del Sol, Premier, Del Ángel, Del Vestido, Del Bosque y de la Sociedad de Ahorro y Préstamo, Crédito y Ahorro del Noroeste (El Arbolito). En dicho Convenio se establece la aportación del Estado de Jalisco por un monto de $105,649,000.00, que en adición a la contribución por parte de este Fideicomiso, se podrá resarcir el ahorro de aproximadamente 5,000 personas. La cifra definitiva de ahorradores se conocerá hasta que éstos acudan al registro correspondiente.
A la fecha no ha sido posible firmar este Convenio por los problemas presupuéstales en la Entidad Federativa. Manifiesto a Usted que este Fideicomiso está en posibilidad de suscribir el Convenio en el momento que las autoridades del Estado de Jalisco así lo consideren, ya que como se comentó anteriormente, se cuenta con la aprobación respectiva por parte del Comité Técnico.
3. Respecto a cuántas cajas han sido auditadas y cuántas faltan por auditar, es conveniente señalar que las auditorias han sido practicadas por el Gobierno del Estado de Jalisco y que éste Fideicomiso únicamente conoce de aquellas que cumplen con los requisitos de Ley, es decir, hasta ahora se cuenta con las auditorias de las cooperativas caja popular Puerto Vallarta, Del Sol, Premier, Del Ángel, Del Vestido, Del Bosque y de la Sociedad de Ahorro y Préstamo, Crédito y Ahorro del Noroeste (El Arbolito).
Las autoridades de Jalisco informaron a este Fideicomiso el 29 de mayo del 2003, que a través de la CADFI ASOCIADOS, S.C. iniciaron las auditorias de nuevas cajas, entre las que destacan Cristo Rey, Alianza, Nueva Unión, Mazamitla, Las Juntas, Mercantil de California, Grupo Aviso de Guadalajara, Mascota y Cosmotel (Anexo). Una vez que este Fideicomiso cuente con los resultados de las citadas auditorias, se estará en la posibilidad de conocer con exactitud el número de ahorradores de dichas cajas que podrían acceder al pago de sus depósitos.
4. Por lo que se refiere a las cajas denominadas Cosmotel y Aviso de Guadalajara, me permito hacer de su conocimiento que a la fecha, ni el Gobierno del Estado de Jalisco, ni los ahorradores defraudados, han acreditado los requisitos que señala la Ley. Específicamente, lo señalado en la fracción 1 del artículo 8° respecto a haberse constituido legalmente por lo menos con un año de anticipación a la entrada en vigor de la Ley, así como lo relativo a los supuestos que se refiere el artículo 7° de la misma. Por consiguiente, se requieren las actas constitutivas de ambas sociedades, mismas que aún no han sido presentadas."
De lo anterior, el grupo de trabajo deberá rendir un informe a la Junta Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en un término máximo de 25 días naturales y una vez concluido lo encomendado y entregado el informe de referencia, se tendrá por extinguido dicho grupo de trabajo, previo acuerdo de la Junta Directiva.
SEGUNDO.- Una vez que rinda su informe el grupo de trabajo que se haya constituido, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social determinará si es procedente o no emitir una proposición con punto de acuerdo por obvia resolución para efecto de exhortar al titular del Ejecutivo Local del Estado Jalisco y analice la posibilidad de tomar las medidas necesarias para que se autorice el pago a ahorradores defraudados en términos de la Ley de Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores."
SÉPTIMA.- El dieciséis de abril del dos mil cuatro, se recibió en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social ocurso suscrito por el Licenciado José Luis Sánchez Martínez, Secretario General del Consejo Nacional de Ahorradores y la Comisión de Ahorradores Afectados en el Estado de Jalisco, mediante el cual solicitaron se investigue el funcionamiento y estado actual del Fideicomiso Cajas de Ahorro (FICAH).
OCTAVO.- Mediante oficios números CFCyES/190404-203 y CFCyES/190404-204 el Diputado Presidente Francisco Javier Saucedo Pérez solicitó al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Comisionado del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), respectivamente, que en un término prudente, proporcionaran a esta Comisión, el primero de los mencionados, el objeto de la creación del Fideicomiso Cajas de Ahorro (FICAH); el porcentaje y montos de participación; la forma de su extinción y el estado actual que prevalece en dicho fideicomiso y al segundo, sí el Fideicomiso Pago contempla aportar recursos federales al FICAH para el pago de ahorradores en la República Mexicana y que tipo de relación tienen ambos fideicomisos.
NOVENO.- Mediante oficio número FAFOSCAP/CFP/055/2004, de fecha veintiuno de abril del dos mil cuatro, el Licenciado Guillermo Barnes García, Comisionado del Fideicomiso Pago, informó lo siguiente:
No obstante lo anterior, mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero del año 2004, específicamente el artículo SEGUNDO transitorio señala, que a efecto de que el Fideicomiso Cajas de Ahorro cuente con los recursos necesarios para la recuperación de los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado y que se instauren, con motivo de los ilícitos cometidos en perjuicio de los ahorradores de las 25 cooperativas Cajas Populares de Ahorro a que se refiere el Contrato del Fideicomiso Cajas de Ahorro, por mandato de Ley, el Fideicomiso Pago le deberá aportar con cargo a su patrimonio recursos hasta por un monto de 16 millones de pesos durante el año 2004."
DÉCIMO.- El día veintiséis de mayo del dos mil cuatro, el grupo de trabajo rindió su informe al pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social relativo a las reuniones de trabajo con distintos actores sociales e instituciones en Guadalajara, Jalisco, que se llevaron a cabo del dos al cuatro de mayo del año en curso, en el cual se informó, en primer lugar, que se sostuvo reunión de trabajo con los Diputados Esparza Vázquez Juvenal y Benito Manuel Villagómez Rodríguez, quienes señalaron que estaban estudiando la posibilidad de ajustar el presupuesto de egresos de dicha Entidad Federativa, para hacer frente al problema que aqueja a los ahorradores defraudados.
Asimismo, el grupo de trabajo informó que se había reunido con alrededor de doscientos cincuenta ahorradores defraudados, quienes expusieron los problemas que les ocasiona el Gobierno del Estado de Jalisco al no firmar el convenio que señala la Ley del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y como consecuencia el que nos se les haya pagado sus ahorros.
De igual forma, el grupo de trabajo manifestó en su informe que se habían reunido con la Comisión Especial del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, integrada por los Diputados Juvenal Esparza Vázquez; Jorge Urdapilleta Núñez, Roberto López González y Benito Manuel Villagómez Rodríguez y con el Licenciado Venustiano Ramos Ibarra, Coordinador de Información Regional de la Subsecretaria de Gobierno para Asuntos del Interior, quienes expusieron diversos problemas e indicaron que el Gobierno del Estado está dispuesto a pagar a los ahorradores en tres exhibiciones, de $40,000,000.00 por año, hasta cubrir el monto de $106,000,000.00 y que para el segundo rescate, no hay recursos para pagar. Respecto al Fideicomiso Cajas de Ahorro (FICAH), señalaron los aludidos que éste se creó para administrar los bienes decomisados a Cirilo Ocampo Verdugo, pero que no se puede disponer de ellos, en virtud de estar a disposición de la Procuraduría General de la República y que de acuerdo a la Ley que crea el Fideicomiso Pago no se pueden liberar dichos bienes, toda vez que está pendiente la resolución judicial en contra de Ocampo.
Por último, el grupo de trabajo informó que se había constituido en el Palacio de Gobierno, para reunirse, previa cita, con el Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, sin que los hubiera atendido y en su lugar estuvieron presentes el Licenciado Venustiano Ramos Ibarra, Coordinador de Información Regional de la Subsecretaria de Gobierno para Asuntos del Interior y el Licenciado Guillermo Ramírez Bañuelos, Representante Estatal del Fideicomiso Pago, quienes manifestaron que la voluntad del Gobierno es pagar a los ahorradores, mediante el siguiente proceso de pago.
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social concluyó para dictar el acuerdo de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, que única y exclusivamente se les ha pagado a 41,970 ahorradores defraudados en el Estado de Jalisco, correspondiente a las siete cajas de ahorro señaladas en párrafos precedentes, sin que en el año dos mil tres se les haya pagado a aproximadamente 5,000 personas, en virtud de que el Gobierno Estatal no ha formalizado el convenio respectivo, siendo que el Comité Técnico del Fideicomiso Pago autorizó el monto para la firma del segundo convenio.
SEGUNDO.- De acuerdo al informe que rindió el grupo de trabajo el veintiséis de mayo del dos mil cuatro, ante el pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, se desprende que en la reunión que tuvieron con los ahorradores defraudados en el Estado de Jalisco, éstos no han recibido el pago de sus ahorros, en virtud de que el Gobierno del Estado no ha firmado el convenio que señala la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, generando con esto, que por la falta de recursos tuvieran enfermedades sin poderlas solventar; otros, tuvieron que sacar a sus hijos de escuelas particulares para inscribirlos en escuelas oficiales; entre otros problemas análogos.
Asimismo, se desprende del informe que los Diputados Esparza Vázquez Juvenal y Benito Manuel Villagómez Rodríguez, señalaron al grupo de trabajo, que estaban estudiando la posibilidad de ajustar el presupuesto de egresos de dicha Entidad Federativa, para hacer frente al problema que aqueja a los ahorradores defraudados.
De igual forma, se desglosa de dicho informe que el Gobierno del Estado tiene una propuesta para pagar a los ahorradores defraudados en dicha Entidad Federativa, mediante un proceso de pago que no se haya contemplado en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Por lo anteriormente señalado, esta Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social considera como grave el problema que les aqueja a los ahorradores de dicha Entidad Federativa, en primer lugar, porque el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, no ha concluido el ajuste del presupuesto de egresos para hacer frente al pago de los ahorradores y en segundo lugar, porque el Gobierno del Estado de Jalisco propone a los ahorradores formalicen un convenio que no se encuentra establecido en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, ya que dicho convenio contempla que los ahorradores hagan entrega de la totalidad de los títulos de inversión para que la financiera estatal entregue nuevos documentos y los ahorradores reciban el pago mensual de intereses.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social pone a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por urgente resolución:
PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de que revise y ajuste el presupuesto de egresos correspondiente al dos mil cuatro, con el objeto de liberar recursos suficientes para el pago de los ahorradores defraudados de las siete cajas de ahorro ya auditadas.
SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Jalisco, para efecto de que formalice el convenio autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago y esté en posibilidades de cumplir con lo establecido por la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los quince días del mes de junio del año dos mil cuatro.
Integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social:
Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez
(rúbrica), Presidente; José Juan Bárcenas González
(rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Belisario
Iram Herrera Solís (rúbrica), secretarios; Huberto Aldaz
Hernández (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez
(rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra, Concepción Olivia
Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica),
Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Luis
Andrés Esteva Melchor (rúbrica), David Ferreyra Martínez
(rúbrica), Manuel Gómez Morín Martínez del
Río, Valentín González Bautista (rúbrica),
José Julio González Garza (rúbrica), César
Amín González Orantes, Manuel González Reyes, Alfonso
González Ruiz, Cruz López Aguilar, Luis Felipe Madrigal Hernández
(rúbrica), Eviel Pérez Magaña, José Alfonso
Muñoz Muñoz (rúbrica), Daniel Ordóñez
Hernández, Javier Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona,
Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco
(rúbrica), Israel Tentory García, Gerardo Ulloa Pérez
(rúbrica), Adrián Villagómez García.
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE PENSIONES A LOS MILITARES RETIRADOS O JUBILADOS, CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO RENÉ MEZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El soldado mexicano, es el más cumplido de todos los servidores públicos. Entrenado para la defensa de la integridad nacional, es experto en el manejo de todas las armas y al mismo tiempo, tiene algún oficio de carácter civil, siendo electricista, plomero, carpintero, albañil, etcétera; además, la oficialidad egresa de las escuelas, institutos y universidades militares, con títulos profesionales en las licenciaturas de las variadas ciencias experimentales, abstractas y aplicadas, que conforman el saber humano y al alcanzar la categoría de diplomado de Estado Mayor, los integrantes del Ejército Mexicano, alcanzan una óptima preparación, física, mental y profesional.
Esta preparación, hace que el Ejército Mexicano se encuentre catalogado entre los mejores capacitados y equipados del mundo y su historial, lo eleva a ser considerado como un orgullo del pueblo mexicano del cual proviene.
La actuación de auxilio, rescate y apoyo a las comunidades en las labores de reconstrucción después de temblores e inundaciones y toda clase de desastres, ha convertido al Ejército Mexicano, en el más eficaz colaborador de la población civil.
Destaca también su intervención en acciones de seguridad y vigilancia, así como su coadyuvancia en la lucha contra la delincuencia organizada y su permanente combate al narcotráfico.
La callada y continua actividad de oficiales y soldados, raras veces es reconocida y menos recompensada y a sus acciones militares y servicios civiles, se les concede escasa o nula importancia, siendo poco conocidas las ocasiones en que son condecorados, por actos relevantes o perseverancia en el ejército.
Al Igual que el servidor civil, el militar percibe una pensión significativamente menor que el sueldo que tenía cuando estaba en servicio, disminución que decrece en proporción al mayor grado alcanzado en la carrera militar, que es el de general de división, quien al retirarse del servicio activo, recibe como pensión mensual, el equivalente al haber de un capitán primero.
Igualmente, la porción que se asigna al soldado jubilado, es tan exigua, que a veces, apenas rebasa un salario mínimo. En similares condiciones, se encuentran los miembros jubilados de la Armada Nacional.
La mayoría de los militares retirados o pensionados, desconocen qué criterio o qué tabuladores aplican el Instituto de Seguridad Social para las fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), al calcular el monto de sus pensiones.
Este desconocimiento ha generado un creciente descontento entre los militares retirados, pues estiman que la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerza Armadas Mexicanas, está mal aplicada o ya es obsoleta y debe revisarse para que la suma de sus pensiones se calcule tomando en consideración el grado alcanzado, servicios prestados y tiempo de permanencia en el ejército, con un sistema de medición más equitativo que el actual.
A este clamor, no podemos ser sordos los diputados, porque nuestro deber es velar por el mejoramiento de los diversos sectores de la sociedad y ninguno de más merecimiento que el militar.
Los militares retirados o jubilados, tienen razón al exigir que se revise la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para que la cantidad que reciban mensualmente por concepto de pensión, se fije con un criterio justo y equitativo de conformidad con sus méritos y permanencia en el servicio y se fije un mínimo en la cuantía que esté sobre la inflación y sea lo suficiente para cubrir sus necesidades esenciales y puedan llevar una existencia digna y asegurada en su bienestar material.
Por lo expuesto y fundado, me permito proponer a esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
ÚNICO.- Que la Comisión de Defensa Nacional de esta H. Cámara de Diputados convoque a la Dirección del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para que juntas revisen el sistema de asignación de las pensiones a los militares retirados o jubilados y se calculen los aumentos necesarios para ajustarlos a la actual situación económica y probable incremento de la inflación en el próximo año y lo comunique a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que ésta incluya en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2005.
Sala de Sesiones a 18 de octubre de 2004.
Dip. Rene Meza Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN REALICE LAS GESTIONES CONDUCENTES A ESCLARECER LA DONACIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN REALIZADA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS DÍAZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes:
Considerandos
1.- Con fecha 15 de agosto del 2002, en sesión ordinaria de cabildo, se aprobó y autorizó la realización de la compra-venta para la construcción de la Academia de Policía, siendo la finalidad y naturaleza de dicha operación, asimismo con fecha 14 de febrero del 2002, el municipio de Tehuacan, Puebla, adquirió el terreno de una superficie total de 21409.79 hectáreas de parcela, ubicada en el ejido de San Marcos Necoxtla, municipio de Tehuacan en el estado de Puebla, mediante contrato de compra-venta, entre el municipio en mención y un particular, de igual forma, se hace constar que en la erección de dicho inmueble se instalará la Academia de Policía del municipio de Tehuacan.
2.- Con fecha 1 de marzo del 2004, en la notaria pública número 5 se da fe y testimonio legal, que por parte del ayuntamiento de Tehuacan, el Presidente municipal y la secretaría del ayuntamiento, acudieron al registro del inmueble ante notario público, en dónde el testimonio fue que dicho inmueble fue adquirido con la finalidad de la erección de la Academia de Policía de este municipio y con recursos del erario municipal.
Es entonces, que el municipio de Tehuacan aprobó el destino de recursos municipales para la construcción de la Academia de Policía, la cual tenía como fundamento, la preocupación por brindar a los habitantes de ese municipio mayor seguridad pública, así como la capacitación y equipamiento de los policías municipales y garantizar la paz social, siendo uno de los más importantes esfuerzos que se han realizado en dicho municipio.
3.- El total de la erección de la Academia de Policía es de aproximadamente cinco millones, quinientos mil pesos, esto más la compra del inmueble que realizó el municipio con recursos propios por $350 mil pesos; la aportación de los recursos para la construcción de la Academia se distribuyeron de la siguiente manera el 50% fue aportación del municipio, el 50% restante fue donación del gobierno del estado de Puebla, para efecto del equipamiento la aportación de recursos federales fue $700 mil pesos adicionales de Puebla fue destino de recursos federales, siendo esta última premisa dónde quisiera recalcar la importancia del otorgamiento de los recursos federales, esta como una de las facultades exclusivas de este órgano legislativo federal, enmarcadas en la fracción IV del Artículo 74 Constitucional, es nuestra facultad como representantes de la nación, velar por el sano aprovechamiento de los recursos federales, así como de vigilar que el destino de los recursos públicos sean utilizados en los rubros para los cuales fueron destinados.
No obstante a que el Consejo Estatal de Seguridad Pública, autorizó la destinación de recursos federales, para el equipamiento de una Academia de Policía Municipal, esos recursos pareciera que fueron destinados a una academia de Policía Estatal, sin embargo una de las facultades que como Cámara de Diputados ostentamos, a través de la fiscalización, la responsabilidad enmarcada en el segundo párrafo de la Fracción I del artículo 79, en tanto se cuente con recursos federales emanados hacia las entidades federativas , los municipios y los particulares.
4.- Sin embargo, en la sesión de cabildo del municipio de Tehuacan, del día 11 de Junio de 2004, se aprobó la donación del inmueble así como de las instalaciones y equipo con que contaba la Academia de Policía al Gobierno del estado de Puebla, fundamentado en las fracciones V y VII del artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal, mismo que se refiere a que los Regidores tienen la obligación de dictaminar todo lo que el ayuntamiento les encargue, así como de promover al ayuntamiento las propuestas de ordenamiento en asuntos municipales y promover lo conveniente al buen servicio público.
Sin nos basamos en la interpretación jurídica de lo que establece el artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, nos daremos cuenta de que este mismo artículo en dónde se fundamenta la donación de la Academia de Policía, lejos de promover un buen servicio público municipal, inhibe la posibilidad de mejorar las condiciones de otorgar a los habitantes del municipio de Tehuacan, Puebla, con un avance notorio en materia de seguridad pública, siendo uno de los problemas principales que padecemos los que radicamos en dicho municipio.
5.- Así la decisión de donar la Academia de Policía se realizó bajo la petición de un fax simple que emitió la subsecretaria jurídica, dependiente de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla, así la formalidad en los procedimientos que se debe seguir para la donación se ha visto enmarcada dentro de un escenario no muy claro, dejando a la interpretación errónea el procedimiento que se ha seguido.
Si bien es cierto que los municipios de nuestro país tienen la facultad de tomar decisiones autónomas, es nuestro deber velar por el bienestar de nuestros representados y de quienes nos han traído aquí para vigilar el actuar de nuestras instituciones y sus procedimientos.
Compañeras y compañeros, no podemos dejar pasar desapercibidas las actuaciones de los actores políticos y de quienes están al frente de una nación, de un estado o de un municipio, por ello y por lo anteriormente expuesto me permito someter ante este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en las fracciones I y III del artículo 79 constitucional, así como el Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, realice las gestiones necesarias a efecto de aportar claridad al uso de los recursos federales por parte del municipio de Tehuacan, Puebla.
Dado en el salón de plenos del recinto legislativo de San Lázaro el 18 de octubre del año 2004.
Dip. Felipe de Jesús Díaz González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN SE OTORGUE UN ESTÍMULO FISCAL A LOS CRUCEROS, YATES Y EMBARCACIONES TURÍSTICOS EXTRANJEROS EN MATERIA DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA S. FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal Irma Sinforina Figueroa Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo, para que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se otorgue un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticos extranjeros en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1.- Que la industria turística nacional se ha consolidado en los últimos años, como el sector productivo más importante, por su crecimiento sostenido. Hoy, México es el octavo destino mundial en número de turistas extranjeros y, en lo que se refiere a la captación de divisas, ocupa el décimo tercer lugar.
2.- Que en el año 2003, se captaron más de 9,400 millones de dólares gastados por turistas extranjeros y que esta industria, en su totalidad, aporta al país, el equivalente al 8,3% del Producto Interno Bruto, así como 2 millones de empleos directos aproximadamente.
3.- Que en el caso del denominado "turismo marítimo" o "turismo náutico", las condiciones de seguridad y confianza que ofrece nuestro país a los turistas extranjeros, así como nuestra inmejorable ubicación geográfica, han permitido que nos hayamos convertido en el primer receptor mundial de turistas por cruceros y que en un periodo de tiempo breve, lo podamos lograr también para los viajeros en embarcaciones privadas.
4.- Que el proyecto turístico de mayor envergadura para la actual administración federal, es el desarrollo de la denominada "Escalera Náutica", en la que participan conjuntamente, tanto el Gobierno Federal como los estados de; Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit y, dentro de este ambicioso programa turístico, se tiene prevista la creación de 22 marinas o puertos de abrigo, donde se prestarán los servicios de arranque, suministro de combustible, avituallamiento, radio comunicación, marina seca, reparaciones, alojamiento y auxilio, y se considera que en un plazo de 10 años se incrementará en 60 mil el número de arribos de embarcaciones provenientes de Estados Unidos de América, con una afluencia de 5.3 millones de turistas náuticos, que se espera generen divisas por aproximadamente 11 mil millones de dólares.
5.- Que ante este prometedor escenario, existe una traba que ha impedido el desarrollo y la consolidación del turismo náutico en México, que es altísimo precio del diesel marino que comercializa Pemex, el cual es mayor al precio internacional, aproximadamente del doble, situación que no sólo nos hace poco competitivos sino que también nos deja prácticamente fuera del mercado.
6.- Que la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, ha estimado que por el alza desmedida en el precio del diesel marino, dejaron de arribar a nuestro país, al menos 2500 embarcaciones anualmente, y refieren que, con un precio adecuado del combustible, se pudiera recuperar este mercado, lo que significaría una derrama de aproximadamente 7500 dólares en promedio por cada embarcación recreativa, por concepto de venta de servicios, avituallamiento, y otros.
7.- Que en el caso de las embarcaciones que visitan nuestro país para realizar pesca deportiva, la cantidad generada por cada yate, se incrementa en por lo menos 5 veces la cantidad señalada en el párrafo anterior; es decir, de cerca de 35,000 dólares.
8.- Que las líneas de cruceros, están obligadas al pago del Impuesto Especial para Producción y Servicios, por la compra de combustible, razón por la cual, las grandes embarcaciones, que cuentan con mayor autonomía de navegación, evitan cargar combustible en nuestro país y lo hacen en el extranjero, donde paradójicamente terminarán comprando el diesel mexicano exportado a un precio menor, y por lo que respecta a las embarcaciones menores, ellos han preferido reducir sus visitas a México, o incluso cancelarlas, ya que el precio del diesel marino, hace incosteable su navegación, por ejemplo, hasta el mar de Cortés.
9.- Que una manera de incrementar el flujo de embarcaciones turísticas extranjeras, hacia nuestro país es igualar el precio del diesel marino al nivel de otros países, haciendo competitivo el producto, y que una forma de asegurar que el producto se utilizara exclusivamente en embarcaciones extranjeras con vocación turística, es que Pemex otorgue las franquicias de estaciones de servicio a las marinas, el precio del diesel se facturaría con el IEPS desglosado y el consumidor propietario de una embarcación con bandera extranjera, podría solicitar la devolución del Impuesto, toda vez que como lo ordena la fracción II del artículo 8 de la misma Ley, la exportación de bienes se encuentra exenta del pago de éste impuesto y el franquiciatario podría rendir una cuenta a Pemex, de manera similar a la manera como operan los vales pesqueros.
10.- Que la derrama económica que representaría para nuestro país esta medida, sería una cifra multimillonaria, razón por la cual la recaudación que se dejaría de percibir por la exención del IEPS, estaría ampliamente compensada por los gastos que las embarcaciones y los turistas realizan por alojamiento, avituallamiento, compra de mercancías, tarifas de puerto, servicios de remolcaje, recolección de basura, agenciamiento, pago del DNI, paseos en tierra, venta de alimentos en restaurantes y muchos más.
11.- Que ante esta situación, estimamos necesario restablecer un precio competitivo internacional para el diesel marino, con lo cual se estima atraer un mayor número de embarcaciones y turistas a México, mediante el otorgamiento de un estímulo fiscal en la Ley de Ingresos de la Federación a los cruceros, yates y embarcaciones turísticas extranjeras, consistente en el monto total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se cause.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Comisión de Hacienda y Crédito Público, al analizar la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2005, deberá revisar el posible otorgamiento de un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticas extranjeras que adquieran combustible en territorio nacional y que permanezcan en aguas nacionales visitando dos o más puertos por un mínimo de 96 horas en el mismo recorrido en el que se avituallen del combustible, consistente en el monto total del impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se cause.
Dip. Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 UNA ASIGNACIÓN ESPECÍFICA A FIN DE PAGAR UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS MIGRATORIOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR EL PERIODO 1942-1964, A CARGO DE LA DIPUTADA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita diputada Hilaria Domínguez Arvizu y los diputados cenesistas integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a este Pleno incluir en el decreto aprobatorio de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 una asignación específica para el pago de una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en los Estados Unidos de América por el periodo 1942 a 1964.
Exposición de Motivos
Como ya todos sabemos, un importante número de trabajadores migratorios mexicanos participantes del Programa Bracero en los Estados Unidos de Norteamérica en el período de 1942 a 1967, exigen del gobierno mexicano la devolución del dinero derivado del fondo de ahorro constituido con base en los acuerdos México-Norteamérica que reglamentaron la prestación de servicios de los braceros mexicanos migratorios en dicho programa.
Ambos gobiernos, el 4 de agosto de 1942, celebraron un acuerdo para reglamentar la contratación temporal de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos a efecto de fijar las bases sobre las cuales estos trabajadores mexicanos pudieran ser contratados en los Estados Unidos de Norteamérica y al mismo tiempo, proveer los mecanismos para que esos mismos trabajadores estuvieran debidamente protegidos, estableciendo con precisión los términos de la contratación; trabajo, transporte, condiciones laborales, salario, fondo de ahorro, etcétera.
De este modo, a todos los trabajadores migratorios agrícolas y no agrícolas mexicanos que participaron en el Programa Bracero a partir de 1942, les fueron descontado el 10% de sus salarios a fin de integrar un fondo de ahorro.
De acuerdo a lo establecido en el acuerdo, el gobierno americano entregó las cantidades descontadas a los braceros agrícolas mexicanos a Wells Fargo Bank y Union Trust Company de San Francisco y estos a su vez al Banco Nacional de Crédito Agrícola y, por conducto de la comisión de mano de obra para la guerra (War Manpower Comission), entregó las cantidades descontadas a los braceros no agrícolas mexicanos al Banco del Ahorro Nacional, SA. Dichas cantidades y sus rendimientos representan sumas importantes que no fueron entregadas a sus titulares o a sus beneficiarios.
Diversas organizaciones de campesinos y trabajadores como la Confederación Nacional Campesina, el movimiento binacional Alianza Braceroproa y otras, han impulsado una solución institucional encaminada a dar respuesta positiva al reclamo de los trabajadores mexicanos braceros migratorios en los Estados Unidos de Norteamérica por el período 1942 a 1964, para que se les pague el fondo de ahorro constituido en los términos señalados anteriormente, presentando diversas iniciativas encaminadas a ese fin.
Con fundamento en la exposición anterior y con la facultad que me otorgan la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a este pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al pleno de esta Cámara a considerar y aprobar en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 una asignación específica de al menos 600 millones de pesos para la conformación de un fondo especial para el pago de una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en los Estados Unidos de América por el período 1942-1964.
Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir, como un artículo transitorio del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, las características que deberán observar las reglas de operación para la aplicación del fondo mencionado en el párrafo anterior, en que se establezcan claramente los requisitos para el acceso y distribución de los recursos, que en este primer ejercicio serán dirigidos a los trabajadores de mayor edad, que se estiman en alrededor de 5,000 trabajadores y a los cuales se les asignarían al menos 100,000 (cien mil pesos 00/100 m.n.) a cada uno.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2004.
Dip. Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica)