Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1601, viernes 8 de octubre de 2004


Citatorios Iniciativas Actas Convocatorias
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Citatorios
DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Citatorio

De la Presidencia de la Cámara de Diputados

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 23, numeral I, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a las Diputadas y Diputados Federales a la reanudación de la Sesión Ordinaria iniciada el martes 5 de octubre, que tendrá lugar el martes 12 de octubre del año en curso, a las 11:00 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de octubre de 2004.

Presidente de la Cámara de Diputados
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivara
(Rúbrica)
 
 







Iniciativas

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ SALORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL MARTES 5 DE OCTUBRE DE 2004

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Felix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raul Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55 fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa que reforma el párrafo primero y la fracción segunda del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Los sistemas de administración tributaria modernos o de países desarrollados, recaudan impuestos de los contribuyentes poniendo énfasis en el cumplimiento voluntario de los ciudadanos. Ello exige dos líneas de actuación paralelas: ofrecer las máximas facilidades a quienes quieren cumplir con sus obligaciones fiscales (servicios de información y asistencia amplios y cubiertos por personal calificado) y, al mismo tiempo, reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Deben además de administrar los impuestos, mantener, al menos, una adecuada coordinación con la organización encargada de recaudar las contribuciones de seguridad social. Deben contar con flexibilidad de gestión en recursos humanos y presupuestarios, sometida, al mismo tiempo, a un riguroso sistema de control que permita superar el tradicional modelo burocrático para pasar a ser una organización con mayor preocupación por aspectos de eficiencia y con una orientación clara hacia la mejora de los resultados y la calidad de los servicios prestados.

Por otra parte, deben contar con una estructura organizativa, basada no en las distintas figuras impositivas, sino en funciones y tipos de contribuyentes, con tecnologías de información altamente informatizadas en todos sus procesos de trabajo y reservando especial atención al uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación con los ciudadanos y mejorar los métodos y procedimientos de control, con recursos humanos calificados, íntegros, motivados y retribuidos a un nivel competitivo con sus homólogos del sector privado, y en un entorno económico abierto donde se impulse la cooperación internacional en todos sus prismas: intercambio de información, prácticas administrativas e inspecciones conjuntas.

El SAT nace como respuesta a demandas y necesidades que surgen de la propia dinámica económica y social del país, y se enmarca en la tendencia mundial orientada a modernizar y fortalecer las administraciones tributarias, como herramienta para que la actividad de recaudación de impuestos se realice de manera eficiente y sobre todo en un marco de justicia y equidad contributiva. De esta manera, al contar con una organización especializada conformada con personal calificado, se puede responder con agilidad, capacidad y oportunidad.

El 1 de julio de 1997 surgió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con atribuciones y facultades vinculadas a la determinación y recaudación de las contribuciones federales que hasta entonces había ejercido la Subsecretaría de Ingresos.

El SAT está integrado por una Junta de Gobierno que constituye su órgano principal de dirección, por las Unidades Administrativas que lo conforman y por un jefe que es nombrado y removido por el Presidente de la República. El jefe del SAT es el enlace entre la institución y las demás entidades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal y de los sectores social y privado, en las funciones encomendadas al propio Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, existe una tendencia mundial, de la cual México forma parte, por dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad de las autoridades fiscales, existen algunos ejemplos como los de España, Estados Unidos y la Unión Europea con la figura del defensor del contribuyente. Figura que proviene concretamente de Suecia, país donde se halla el primer antecedente bajo la denominación de Ombusdman (cuyo significado literal es el de "delegado" o "mandatario"), creada por Ley de 6 de junio de 1809. Nace con un perfil y unas características similares a las que posee en el presente; ya desde su inicio responde a la configuración de organismo independiente, con autoridad para dirigir recomendaciones a las administraciones a fin de corregir las disfuncionalidades observadas.

En el Senado de la República se aprobó la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y actualmente en está Soberanía se discute la Ley Orgánica de dicha Procuraduría, entre otros, su conformación, independencia de gestión y el perfil que debe cubrir su titular.

El día 2 de julio de 2003 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó por unanimidad el nombramiento del jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

El artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, señala que El jefe del Servicio de Administración Tributaria será nombrado por el Presidente de la República. Este nombramiento estará sujeto a la ratificación del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en las materias fiscal y aduanera;

III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de un año, o inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y

IV. No desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna otra comisión o empleo dentro de la Federación, Estados, Distrito Federal, Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos; así como también estará impedido para ejercer su profesión, salvo en causa propia.

Conforme a esa tendencia mundial, de la cual México forma parte, si se observan una serie de notas comunes en las Administraciones Tributarias con mejores resultados se puede afirmar que las Administraciones Tributarias dotadas de cierta autonomía en su funcionamiento y con recursos presupuestarios suficientes, que funcionan integradamente (tributos internos y aduaneros, estatales y regionales, etcétera), que cuentan con personal íntegro, cualificado y razonablemente retribuido y que han incorporado plenamente las nuevas tecnologías, son las que están en mejores condiciones para alcanzar buenos resultados. Además y como condición previa, resulta imprescindible contar con un marco normativo adecuado, definir correctamente la estrategia de la organización y contar con un equipo directivo cualificado e integrado que asegure la correcta aplicación de la estrategia general definida.

Por otra parte, la globalización de la economía mundial está teniendo un fuerte impacto en las relaciones económicas internacionales. Asimismo, la creación de espacios económicos integrados alimenta la competencia fiscal entre los distintos países, y fomenta el empleo de prácticas fiscales que, favoreciendo el establecimiento de personas o sociedades en un país, resultan perjudiciales para los demás. Las organizaciones fiscales deben reaccionar ante este nuevo reto y ser capaces de adaptarse con rapidez. Las técnicas de análisis de riesgos no pueden limitarse a aspectos locales; deben también contemplar esta nueva dimensión internacional. Es preciso mejorar y explotar intensamente la cooperación administrativa internacional y la presencia en organismos multilaterales, y esto incluye no sólo la firma de tratados y acuerdos internacionales, sino el intercambio de información y el desarrollo de actuaciones administrativas conjuntas de las distintas organizaciones tributarias nacionales.

En este sentido, la Administración Tributaria juega, sin duda, un papel fundamental para la consolidación de la democracia y el adecuado funcionamiento del Estado que, en el caso de los países en desarrollo exige, en general, su reforzamiento para dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad de las autoridades fiscales.

Además, la aplicación del sistema fiscal debe quedar fuera del debate político, debe desarrollarse sólo en relación con el diseño de la política fiscal. Al mismo tiempo, no se puede olvidar el impacto que los procesos de integración supranacional (económica y política) están teniendo o van a tener de forma inmediata en las Administraciones nacionales, por lo que es necesario complementar el perfil o los requisitos que deberá cubrir el jefe del SAT, como la duración en el cargo con un tiempo de evaluación razonable y la oportunidad de renovar dicha responsabilidad, los requisitos de su perfil académico y experiencia profesional, así como fortalecer a la institución reconociendo la capacidad de los funcionarios fiscales de carrera para fortalecer el sistema impositivo mexicano dándole visión de largo plazo con capacidad para impulsar reformas.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y la fracción segunda del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue:

Artículo 13

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria será nombrado por el Presidente de la República, durará en su cargo tres años, término que podrá ser renovado por uno o más periodos no mayores también a tres años. Este nombramiento estará sujeto a la ratificación del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en áreas económicas, jurídicas, financieras, así como en las materias fiscal y aduanera, o en su caso, haberse desempeñado como funcionario fiscal de carrera a nivel directivo dentro del Servicio de Administración Tributaria;

............ (fracciones III y IV queda igual)

Transitorio

Este decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 5 del mes de octubre de 2004.

Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinadores; Francisco Xavier Alvarado Villazón, Alejandro Agundis Arias, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Octubre 5 de 2004.)
 
 


QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 32 BIS Y UN NUEVO CAPÍTULO XI AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE ANTONIO KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 7 DE OCTUBRE DE 2004

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras...

Declaración de Estocolmo

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre del 1990, constituyó un paso fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia, ya que estableció una serie de compromisos y lineamientos con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las niñas y niños del todo el mundo.

Por medio de la Convención, los Estados parte, se comprometieron a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la misma. Ciento noventa países, menos Estados Unidos y Somalia, han ratificado dicha norma convirtiéndola en el instrumento internacional de protección de los derechos humanos que mayor consenso ha suscitado entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Ello supone un compromiso de los gobiernos, en cooperación con los demás actores de la sociedad, para asegurar el cumplimiento de una amplia gama de derechos infantiles, incluyendo los de supervivencia, protección, desarrollo y participación.

En la actualidad los derechos infantiles se reconocen ampliamente en todo el mundo. Son múltiples los convenios, tratados y acuerdos internacionales que tienen relación con los derechos humanos de la infancia. Si bien la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia resulta el instrumento más acabado, numerosos documentos -muchos de ellos suscritos por nuestro país, incluyen elementos importantes sobre los derechos de la niñez y deben de formar parte del bagaje fundamental de cualquier Estado promotor de los mismos.

A pesar de estos grandes avances, pasar de la teoría a la práctica sigue siendo aún un gran desafío. La Convención no ha sido ejecutada plenamente y los objetivos establecidos en la Cumbre de 1990 todavía están lejos de ser totalmente cumplidos. Como causa de esta falta de compromiso, hoy en día, millones de niños alrededor del mundo sufren a diario abandono, explotación y abuso además de ser violentados muchos de los derechos que se encuentran plasmados en la Convención.

Ante esta situación, los gobiernos de los estados signatarios tienen la obligación de agotar esfuerzos para fortalecer y hacer más efectiva la promoción y protección de los derechos de los niños. El interés superior de las niñas o niños debe uno de los principios fundamentales de los gobiernos, las instituciones, y de las organizaciones civiles responsables del cuidado y protección de la niñez. La supervivencia y el desarrollo de la niñez mundial son fundamentales para los países del mundo, ya que son ellas y ellos el futuro de la humanidad. Todo seguimiento y evaluación debe secundar estos objetivos.

Acorde con este compromiso, el Congreso de la Unión aprobó el 13 de diciembre de 1999 la reforma del artículo 4º constitucional relativa a los derechos de la niñez, la cual reconoce a todos los menores de 18 años como sujetos plenos de derecho. Gracias a ello se adicionaron los siguientes párrafos:

Los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Como producto de esta reforma constitucional y de conformidad con el compromiso hecho por nuestro país a favor de la infancia se aprobó en abril del 2000 la Ley Nacional para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Según el artículo 3º, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Dicha ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4º constitucional, teniendo por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución mexicana.

Uno de los derechos plasmados en la Carta Magna es el que tiene cada mexicano a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.1 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que entró en vigor el 1 de marzo de 1988, tiene también por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otras cosas, garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.2 Para garantizar este derecho, según lo dispuesto, las autoridades deben de tomar las medidas necesarias.

Justamente en estas dos leyes mexicanas se han plasmado las normas generales que son el fundamento para poner a operar la nueva concepción del derecho ambiental en nuestro país ante uno de los más grandes retos a que México y toda la humanidad se enfrentan, el de sobrevivir en un mundo en franco deterioro y extinción, el de que su sustento natural sea también garantizado para futuras generaciones, y el de que todos podamos gozar de un medio ambiente sano y equilibrado.

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho fundamental para el ser humano tanto en su esfera individual como colectiva. El medio ambiente es la fuente de vida de la raza humana y de todos los recursos naturales, a partir de los cuales se satisfacen necesidades vitales. Este derecho está constituido por un conjunto de elementos a los que la humanidad debe de tener acceso de forma colectiva.

El derecho a un medio ambiente sano proyecta tres aspectos interrelacionados:

El derecho a la vida, a la salud, al bienestar y a una calidad de vida adecuada, manteniendo las condiciones de sustentabilidad;

El reconocimiento del acceso, uso y disfrute, así como la protección de tierras y territorios contra la degradación ambiental y el uso irracional de los recursos por parte de los particulares y de las autoridades; y

La obligación del Estado de promover la calidad de vida, así como una oportunidad para la sociedad civil de revindicar ese derecho.

Las violaciones a este derecho son sumamente graves porque los deterioros ambientales afectan a la humanidad en su conjunto, además de que ponen en peligro la supervivencia del ser humano como especie.

Ante la actual separación existente entre el hombre con su medio ambiente, la capacidad ecológica del planeta se encuentra en riesgo. Graves hechos de distinta naturaleza, están poniendo en peligro de forma peligrosa y creciente, la existencia de la vida humana sobre la tierra. Como consecuencia de todos estos hechos el medio ambiente ha sufrido un importante y grave deterioro en perjuicio de la población.

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho común, que prescribe la sustentabilidad ecológica como base de reproducción de la vida y requisito imprescindible de solidaridad con las generaciones futuras. Es por eso que dentro de este contexto, el impacto de los riegos ambientales en la salud infantil ha recibido cada vez mayor atención lo mismo entre los científicos y responsables de la formulación de políticas, que en la ciudadanía.

Aunque el deterioro del medio ambiente repercute en la salud de todos los ciudadanos, los niños constituyen un grupo particularmente vulnerable a estas alteraciones. La contaminación ambiental provoca cerca de 5 millones de muertos infantiles al año en todo el mundo, y contribuye en casi un tercio al total de las enfermedades infantiles.3

En México, la condición de la niñez no es distinta a la del resto del mundo. En nuestro país prevalecen altos grados de contaminación ambiental que se reflejan en la gran cantidad de niños y niñas que se encuentran expuestos a infecciones respiratorias (que son la principal causa de muerte infantil en las zonas rurales) y enfermedades intestinales y de la piel. Las comunidades urbanas más pobres también tienen un alto grado de vulnerabilidad al ser afectadas por enfermedades asociadas al deterioro ambiental.

Debido a los cambios fisiológicos que se experimentan durante la etapa de la niñez y al desarrollo del comportamiento la infancia se convierte en una población de alto riesgo a los efectos causados por la contaminación ambiental, aspectos que se ven mermados en condiciones de pobreza, la cual provoca deficientes estados nutricionales y la carencia de servicios básicos como el agua potable, el drenaje y la asistencia médica apropiada.

Además de estos factores, las niñas y los niños están expuestos a una gran cantidad de peligros naturales como los desastres, las radiaciones ultravioletas y el uso de químicos como los plaguicidas siendo más vulnerables los niños jornaleros y la población de zonas agrícolas con menos infraestructura.

A sabiendas de la necesidad de una mayor coordinación y cooperación para proteger a la infancia de las amenazas ambientales y con el fin de reducir las presiones generadas por la actividad humana sobre la salud infantil, México dio, el año pasado, pasos importantes en esta materia. Por ejemplo, en 2003 nuestro país se comprometió, en el marco del taller trilateral de América del Norte sobre evaluación de riesgos y salud ambiental de la Infancia celebrado en Oaxaca, a trabajar de manera conjunta, junto con los otros dos países que forman parte de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (Estados Unidos y Canadá), a hacer la integración de un programa de cooperación para proteger a la niñez de las amenazas ambientales a las que está expuesta, con el objetivo de que puedan gozar libremente de su derecho a un medio ambiente sano.

En este taller se dieron a conocer algunos de los principales riesgos de salud en niños y niñas expuestos a contaminantes. Irene Buka, Presidenta del Comité Consultivo de Expertos en Salud Ambiental y Medio Ambiente de América del Norte, comentó que 28% de los niños de entre 0 y 11 años tiene al menos un problema identificable de aprendizaje y que 16% de los niños de entre 4 y 5 años muestra un retraso de habilidades verbales, ambos causados por algún tipo de contaminante químico. Por otro lado, el doctor Díaz Barriga, coordinador de Toxicología Ambiental de la Universidad de San Luis Potosí y participante del taller trilateral sobre evaluación de riesgos y salud ambiental de la Infancia, comentó que en México más del 90% de los residuos peligrosos que se producen al año se manejan inadecuadamente y se encuentran al alcance de la población en general, hecho que no solo se convierte en un problema de contaminación ambiental, sino que constituye un severo riesgo para la salud pública tanto en los adultos como en la niñez.

En este sentido, México, como parte del equipo trilateral de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, tiene la tarea de investigar y desarrollar acciones que mejoren la capacidad del gobierno para evaluar los riesgos potenciales que representan para la niñez los diferentes tipos de contaminantes y tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el derecho de los niños a un medio ambiente sano.

El ambiente es patrimonio común de la humanidad y por eso debemos contribuir a vivir en un ambiente sano, que propicie nuestro bienestar y salud. Todos los Instrumentos Jurídicos e Instituciones nacionales e internacionales reconocen a la contaminación ambiental como un problema universal y consideran que para su solución se necesita voluntad política.

Dado que el medio ambiente es un factor determinante en la salud infantil y una niñez sana es un componente clave del desarrollo sostenible de un país. Consideramos de suma importancia incluir en la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes un capítulo que otorgue, a todos las niñas y niños del país, el derecho a un medio ambiente adecuado, pues el interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial en todas las medidas relativas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, con el fin de asegurar y proteger los derechos de la infancia.

Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país; y buscando mayor congruencia, entre la preocupación por el cuidado al medio ambiente y lo que se encuentra plasmado en la normatividad; es que nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se adicionan un artículo 32 Bis y un nuevo Capítulo XI al Título Segundo, "De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes", denominado "Derecho a un Medio Ambiente Adecuado", para que el actual Capítulo XI devenga a ser Capítulo XII y los posteriores se recorran sucesivamente, para quedar el Título Segundo en XIV capítulos, todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se adicionan un artículo 32 Bis y un nuevo Capítulo XI al Título Segundo, "De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, denominado Derecho a un medio ambiente adecuado, para que el actual capítulo XI devenga a ser Capítulo XII y los posteriores se recorran sucesivamente para quedar el Titulo Segundo en XIV Capítulos, todos de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Capítulo XI
Del Derecho a un Medio Ambiente Adecuado

Artículo 32 Bis

Todos las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La familia, la comunidad y las autoridades federales deberán garantizar que el ambiente en que se desarrolle la niña, niño y adolescente sea adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Para tales fines:

A. La familia proporcionará un hogar higiénico y en condiciones habitables y educará a sus hijas e hijos en hábitos que favorezcan la protección del entorno.

B. El Gobierno Federal promoverá la educación ambiental de las niñas, niños y adolescentes y buscará los mecanismos necesarios para la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º.
2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 1, fracción I.
3 "El legado europeo para la infancia", en la revista Lancet, Recoletos Grupo de Comunicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los siete días del mes octubre de 2004.

Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinadores; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Equidad y Género, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. Octubre 7 de 2004.)
 
 


QUE CREA LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 6º Y 7º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LA PRENSA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 7 DE OCTUBRE DE 2004

El suscrito, diputado federal, miembro del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley Reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de los Derechos de los Periodistas, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fundamenta el orden jurídico, político y la paz social en los derechos inviolables de la persona. Entre todos ellos, los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de prensa, reconocidos en los artículos 6º y 7º, ocupan un lugar esencial pues, en los términos de la defensa de los derechos fundamentales, sin una comunicación libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra; reducidas las formas de manifestación las instituciones representativas y absolutamente falseado, el principio de legitimidad democrática que nuestro Constituyente del 17 sentó como base de toda nuestra ordenación jurídico-política.

Toda persona es titular del derecho a la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones y a la libre comunicación y recepción de información veraz y objetiva. Más allá de la comunicación individual, la comunicación requiere de la mediación de medios informativos e informadores profesionales. Cuando el derecho a informar -que a todos se reconoce- se ejerce de modo habitual y profesional queda calificado como una función social: el derecho se convierte en deber de informar al servicio del derecho del público a ser informado. Para el cumplimiento de ese deber se requiere un desarrollo de las facultades que aseguren la dignidad e independencia profesional, siempre al servicio del derecho del público.

Sin bien los artículos 6º y 7º de nuestra Constitución no contemplan como sujetos específicos a las personas que se dedican a la información, independientemente del nombre que adopten (reporteros, columnistas, locutores, comentaristas, editorialistas, conductores, por citar algunos), nosotros como legisladores debemos ocuparnos de elaborar una ley ordinaria que regule los elementos primordiales de la labor de quienes se dedican al periodismo; la cláusula de conciencia y el secreto profesional, son dos derechos fundamentales para su sano ejercicio. Nuestra jurisprudencia ha precisado que los periodistas no tienen en este campo privilegio alguno frente a los derechos del resto de los ciudadanos, pero sí que al ejercicio de su derecho puede serle dado una cierta preferencia, justamente, "en virtud de la función que cumple, en aras del deber de información constitucionalmente garantizado".

La Constitución Mexicana se ha distinguido históricamente por su aportación en el derecho social y en la creación de figuras jurídicas para la defensa de los derechos fundamentales, somos pues, para varios países de América Latina el modelo a seguir, nuestra Constitución en su parte dogmática ha reconocido los derechos a la Libertad de Expresión y de Prensa, es por ello la necesidad de regular los derechos de los informadores dedicados al periodismo y darles una garantía al poder crear una cláusula de conciencia y resguardar el secreto profesional para el ejercicio de su labor.

Sin duda la propuesta de elaborar una ley en esta materia no es nueva lo cual se hace evidente con las distintas iniciativas presentadas y que sirven como antecedentes las siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6° y 7° de la Constitución General, relativos a la reforma de los medios dentro de la Reforma del Estado, presentada por los diputados del PAN.

2. Iniciativa de decreto que crea la Ley de Garantías a las Libertades de Expresión e Información y del Derecho a la Información, reglamentaria de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los Diputados integrantes de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

3. Ley Reglamentaria del Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Cláusula de Conciencia y Secreto Profesional de los Periodistas, presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala, del PRD.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley de Imprenta, en materia de Derecho a la Información, presentada por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del PRI.

5. Iniciativa de Ley Federal de Derechos Mínimos para el Ejercicio del Periodismo, presentada por el Congreso de Sinaloa.

6. Iniciativa que adiciona un Titulo Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal y reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del PRD.

En consecuencia, los elementos definidores de esta ley tienen un doble punto de partida: en primer lugar, la consideración del profesional de la información como agente social de la información, que ejerce su trabajo bajo el principio ineludible de la responsabilidad; y, en segundo lugar, la concepción de los medios de comunicación como entidades que, más allá de su naturaleza jurídica, participan en el ejercicio de un derecho constitucional, que es condición necesaria para la existencia de un régimen democrático.

Existe, por tanto, base constitucional para la promulgación de una ley reglamentaria de los derechos de la prensa, cuya finalidad sea servir al derecho de la ciudadanía a ser informada, garantizando la independencia de los informadores y sus fuentes de información.

La ley desarrolla el derecho de la libertad de expresión en un conjunto de facultades que permitan a los periodistas reforzar su profesionalidad y consiguientemente, la independencia frente a los poderes políticos y económicos, independencia que es presupuesto de la función social de informar.

En esta línea se sitúa la iniciativa de ley que se presenta a esta Soberanía, crear y regular una cláusula de conciencia, considerándola como una institución jurídica al servicio de la independencia profesional al declarar que "la información no puede ser objeto de consideraciones mercantilistas, ni el profesional de la información puede ser concebido como una especie de mercenario abierto a todo tipo de informaciones y noticias que son difundidas al margen del mandato constitucional de veracidad y pluralismo".

En gran medida, la cuestión de la necesidad de una ley reglamentaria de este tipo no debe confundirse o ser concebida como una regulación de exceso, al contrario va encaminada a fijar lineamientos generales, para que sean los informadores y los propios medios de comunicación, los encargados de fijar sus reglas y formas -en un momento dado- de cómo sancionar un incumplimiento a su ética fijada en su política editorial.

En la presente iniciativa de ley se ha optado por extender esta protección específica a todos los que habitual y profesionalmente ejerzan el periodismo. El reconocimiento de unos derechos específicos de los informadores profesionales en nada interfiere el derecho de cualquier ciudadano a expresarse, opinar o informar. La adopción de esta ley tampoco supone la exigencia de una habilitación previa para el ejercicio de un derecho que a todos corresponde; simplemente, la invocación de unos derechos específicos que reconozcan la importante labor de los periodistas o de los que informan.

Su denominación responde básicamente, si bien a un concepto que para algunos podrían considerar no apropiado, como es el de "prensa", que tradicionalmente está vinculado precisamente a medios impresos, las innovaciones tecnológicas, nos han llevado desde el descubrimiento de los medios electrónicos (radio y televisión) y estamos a la vista de una digitalización, en donde a través de la propia televisión o una computadora encontramos o tendremos una multitud de datos en forma de textos, gráficos e imágenes. De modo que cuando hoy se habla de la "prensa" comprende a todos ellos, sean escritos o no.

Precisamente a través de la prensa los periodistas realizan su tarea y, necesariamente, forman un vínculo indisoluble medio y comunicador, que permite llevar a la sociedad la información que demanda, para estar enterada del acontecer nacional e internacional.

En cuanto a su contenido concreto, la iniciativa de ley no pretende superar el mandato constitucional de libertad de expresión y de prensa, solo pretende regular los derechos a la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Partiendo del convencimiento de que la independencia de los periodistas es la mejor garantía para el derecho del público a ser informado, la iniciativa desarrolla un conjunto de facultades que afirman esa independencia frente al poder político y busca un equilibrio con la propia independencia editorial de los medios informativos, puesto que no basta con garantizar un pluralismo externo (pluralidad de empresas informativas), sino también un pluralismo interno. Se desarrollan, así, las manifestaciones típicas de la libertad de expresión y opinión de los periodistas y su encaje con la definición editorial de su medio; la cláusula de conciencia, el secreto profesional, cuya falta de regulación constituiría un flagrante incumplimiento de un mandato constitucional; un más fácil acceso a las fuentes de interés general, compatible con los derechos exclusivos de propiedad intelectual y acorde con los nuevos mecanismos de acceso a través de redes de telecomunicaciones y sistemas informáticos; y, en fin, los derechos de autor, que tanto en su aspecto moral como material suponen una garantía de independencia, especialmente importante en el nuevo entorno multimedia.

Finalmente, y más allá de las responsabilidades de carácter penal o civil en que los informadores pudieran incurrir, se adopta como elemento esencial de esta iniciativa de ley un código deontológico o ético, cuya realización se confía a los propios medios y a sus periodistas.

Un paso necesario para continuar la exposición es partir de un concepto de sigilo profesional que permita estructurar mejor posteriores argumentos, entendiendo como secreto profesional la obligación permanente de silencio que contrae el profesionista, en el transcurso de cualquier relación profesional, respecto a todo lo sabido o intuido sobre una o más personas.

En virtud de la cláusula de conciencia los profesionales de la información podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.

Debemos entender que la fuerza normativa de la Constitución dota a este derecho de plena eficacia jurídica desde su promulgación y, en consecuencia, su exigibilidad jurídica vincula a poderes públicos y a particulares. Pero dicho esto, es necesario precisar su contenido, con el objeto de asegurar su correcto ejercicio por parte de los informadores como destinatarios básicos de este derecho específico y, al mismo tiempo, proporcionar a la libertad de expresión un instrumento jurídico imprescindible que garantice su ejercicio efectivo en un estado social y democrático de derecho.

Esta iniciativa de ley sigue la línea trazada por el Constituyente Permanente del 17 de instar a los poderes públicos, y, por tanto, al Congreso a llevar a término acciones positivas en defensa de los derechos fundamentales, asegurando la imprescindible complementariedad de los valores constitucionales de libertad e igualdad. En este sentido, el articulado responde a la necesidad de otorgar a los profesionales de la información un derecho básico en la medida en que ellos son el factor fundamental en la producción de informaciones. Su trabajo está presidido por un indudable componente intelectual, que ni los poderes públicos ni los medios de comunicación pueden olvidar.

Para concluir, vale la pena señalar que la Libertad de Expresión no es una garantía limitativa, dado que solo puede acotarse por otros derechos y valores de igual jerarquía, como el único medio para encontrar el camino que consolide el desarrollo y superación de una sociedad. Por ello, de aprobarse la presente iniciativa, estaríamos formando parte del selecto grupo de países que cuentan con un marco constitucional y legal moderno, y ante todo respetuoso de los derechos de sus gobernados, como la condición indispensable para alcanzar estados de armonía y democracia en el seno de su sociedad.

Con esta iniciativa, tanto los sujetos activos como pasivos en el proceso de la comunicación, contarían con garantías que le aseguren el pleno respeto a sus derechos, por lo que se propone se estaría proporcionando una seguridad jurídica constitucional, el que los sujetos cuenten con medios eficaces de defensa ante cualquier daño que se le pueda inflingir por virtud del exceso que se pudiese presentar en el ejercicio de la labor definitiva, así como el que los profesionales de la labor informativa, cuenten con garantías para que en el desempeño de su labor, no sean perseguidos u hostigados so pretexto de la información de interés público que difundan.

Por eso mismo, me permito presentar la iniciativa de decreto que crea la Ley Reglamentaria de los Artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los derechos de la prensa.

Proyecto de Ley Reglamentaria de los Artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los derechos de la prensa

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.

El objeto de la presente ley es establecer el marco normativo que regula la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, dotándolos de los medios para la protección de la libertad de expresión y de prensa.

Artículo 2.

1. El titular de los derechos y deberes definidos en esta ley es el periodista; se entiende por periodista a toda persona física, profesional o no, que materialmente cumple una función de difundir o dar opinión, entendida como la de buscar, recibir y divulgar información a la sociedad por cualquier medio de comunicación conocido o por conocer, en formato literario, gráfico, electrónico, audiovisual o multimedia, con independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con uno o varios medios de comunicación, instituciones o asociaciones.

2. Estos derechos y deberes profesionales derivan del derecho a la libertad de expresión y prensa, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3. 1. Para garantizar la libertad de expresión y de prensa, esta ley establece:

a) El ejercicio de la libertad de expresión no estará sujeto a censura alguna, sino a los deberes y responsabilidades establecidas en esta ley y a los códigos deontológicos de cada medio de comunicación;

b) No se restringirán por ninguna vía encaminada a impedir la comunicación, emisión y difusión de ideas y opiniones;

c) Ninguna persona podrá ser limitada ni molestada en el ejercicio de su libertad de expresión y prensa a causa de sus opiniones;

d) Se deberán evitar las expresiones que inciten o hagan apología de la violencia o discriminación de cualquier tipo;

e) Todo periodista tiene la libertad de información y está comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sea oralmente, por escrito, en forma impresa, mediante alguna manifestación artística o por cualquier otro procedimiento o medio;

f) Es derecho de todo periodista ejercer los medios de defensa que el Estado le otorgue como individuo; y

g) El Estado no podrá exigir garantía o coartar a persona alguna de estas libertades.

2. Queda prohibido decomisar como instrumento del delito, los medios de comunicación destinados a la difusión de la información.

Artículo 4. 1. La condición de periodista profesional se acredita mediante el correspondiente grado académico expedido por una institución educativa legalmente constituida, ya sea pública o privada.

2. El tratamiento y uso que se dé a su grado académico serán responsabilidad única del periodista.

Capítulo II
Definiciones

Artículo 5.

El medio de comunicación es la vía de difusión impresa o electrónica o cualquier otra conocida o por conocer, a través de la cual se transmite o divulga información.

Artículo 6.

Los periodistas de profesión, son aquellos profesionales cuya ocupación principal y remunerada consiste en la obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de informaciones de actualidad, en formato literario, gráfico, electrónico, audiovisual o multimedia, en virtud del encargo regular de uno o varios medios de comunicación.

Artículo 7.

Los periodistas por colaboración son los que obtienen y elaboran información de actualidad por su propia cuenta, ofreciendo el producto resultante para su difusión a uno o varios medios de comunicación, gozarán de los mismos derechos que el resto de los profesionales.

Artículo 8.

Los colaboradores especializados, cuya labor no consista estrictamente en el tratamiento de la información de actualidad, tendrán los mismos derechos y deberes que los periodistas profesionales, en la medida en que les resulten aplicables.

Capítulo III
De los Deberes

Artículo 9.

1. Los medios de comunicación deberán crear un código deontológico que regule al interior la actividad del periodista, esto para garantizar el respeto pleno a las garantías de libertad de expresión y de prensa.

2. El código deontológico considerará la aplicación por parte de un comité de ética amonestaciones privadas y las graves que ameriten una sanción pública.

Capítulo IV
De los Derechos

Artículo 10.

1. Las libertades consagradas en los artículos 6º y 7º de la Constitución reconocen un conjunto de derechos específicos de los periodistas, dirigidos a garantizar la independencia de estos profesionales al servicio del derecho del público a ser informado. Estos derechos comprenden:

a) La libre expresión e información en el marco de la definición editorial de su medio de comunicación;

b) La cláusula de conciencia;
c) El secreto profesional;

d) La libertad de creación y los derechos de autor;
e) El libre y preferente acceso a las fuentes informativas; y
f) La participación en la orientación editorial.

Artículo 11. 1. Los periodistas realizarán con independencia su trabajo de obtener, elaborar y difundir información de actualidad y relevancia pública. Sus trabajos no serán sometidos a censura previa de ninguna autoridad pública.

2. Sus tareas podrán estar marcadas por las directivas del medio de comunicación para el que trabajen, conforme a la definición editorial de éstos. Estas directivas no pueden ordenar faltar a la verdad o conculcar los principios éticos incluidos en sus códigos deontológicos.

3. El periodista respetará en su trabajo la definición editorial de su medio de comunicación, pero podrá manifestarse de forma contraria a la misma en cualquier otro órgano de expresión o información, sin que pueda ser sancionado ni deparársele perjuicio.

Artículo 12.

La cláusula de conciencia es el derecho que tienen los periodistas de poner fin unilateralmente al contrato de trabajo que lo liga al medio de comunicación, percibiendo la indemnización que le correspondería por despido injustificado, cuando la línea editorial o la orientación ideológica del medio de comunicación haya cambiado sustancial y drásticamente, de forma tal que el periodista se considere afectado negativamente en su orientación ideológica o en su dignidad profesional.

1. En virtud de la cláusula de conciencia los profesionales de la información tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con el medio de comunicación en que trabajen.

2. La resolución de la relación laboral en los supuestos de cláusula de conciencia será considerada para todos los efectos como despido injustificado.

3. La interposición de la demanda correspondiente ante los órganos jurisdiccionales competentes no deparará al periodista perjuicio alguno, sin que pueda ser trasladado o modificadas sus condiciones laborales en tanto dure el procedimiento. En la demanda el periodista podrá solicitar que de serle favorable, la sentencia firme se difunda con suficiente relieve en los medios de difusión del medio demandado.

Artículo 13.

El secreto profesional de los periodistas consiste en el derecho que tienen estos a guardar discreción sobre la identidad de la fuente de información para asegurar el derecho a la información; su objetivo es dar garantías jurídicas que aseguren el anonimato de la fuente y evitar las posibles represalias que se puedan derivar después de haber revelado una información, poniendo en peligro la vida o la seguridad nacional, este derecho tiene exigibilidad jurídica contra los actos de los poderes públicos, autoridades judiciales y particulares.

1. Los periodistas están obligados a mantener en secreto la identidad de las fuentes que hayan facilitado informaciones bajo condición, expresa o tácita, de reserva. Este deber le obliga frente al medio de comunicación y las autoridades públicas, incluidas las judiciales y no podrá ser sancionado por ello ni deparársele ningún tipo de perjuicio.

2. El periodista citado a declarar en un procedimiento judicial podrá invocar su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus fuentes. El derecho al secreto alcanza las notas, documentos profesionales o soportes que pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser aprehendidos policial ni judicialmente.

3. El deber del secreto afecta igualmente a cualquier otro periodista o responsable editorial que hubiera podido conocer indirectamente la identidad de la fuente reservada.

4. El periodista citado a declarar en una causa criminal podrá excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de la fuente reservada.

Artículo 14. 1. Los periodistas tendrán libre acceso a los registros, expedientes administrativos y actuaciones judiciales no declaradas reservadas o confidenciales y en general a cualquier información recogida por las autoridades públicas que pueda contener datos de relevancia pública.

2. Las autoridades administrativas facilitarán este acceso, tomando las precauciones necesarias para garantizar el derecho a la intimidad de los particulares. Las autoridades administrativas podrán negar este acceso cuando las informaciones solicitadas afecten a la seguridad y defensa del Estado o interfieran en alguna actuación jurisdiccional.

3. Se facilitará el acceso a los periodistas debidamente acreditados a todos los edificios e instalaciones públicas. No podrá impedirse la toma de imágenes de estos lugares, salvo que así se disponga por ley por razones de seguridad o defensa del Estado.

Artículo 15. 1. Los periodistas tendrán libre acceso a todos los actos de interés público, se desarrollen en el seno de organismos públicos o privados. Los particulares no podrán prohibir la presencia de un periodista debidamente acreditado en estos actos, incluidos espectáculos y acontecimientos deportivos. El acceso a los actos organizados por organismos públicos será gratuito. Artículo 16. 1. En los términos de la legislación de la materia, los periodistas son autores de sus textos originales y de las noticias, reportajes y trabajos audiovisuales, sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder a otros.

2. La cesión de los derechos de explotación en el marco de un contrato de trabajo se entenderá hecha para el medio con el que el periodista contrate, siendo necesarios acuerdos específicos para la explotación de estos derechos en otros medios del mismo grupo o su cesión a terceros. Cualquier acuerdo individual o colectivo que establezca una cesión genérica de los derechos de autor de los periodistas sin precisión de su alcance será tenido por nulo de pleno derecho.

Artículo 17. 1. Los periodistas tienen el derecho a identificar sus trabajos con su nombre o seudónimo. El periodista podrá retirar motivadamente su firma cuando el trabajo sea sustancialmente modificado, tanto en su contenido como en su forma. En los supuestos de trabajos audiovisuales podrá negarse también a leer o a presentarse en imagen. El ejercicio de esta facultad no podrá dar lugar a sanción, perjuicio o relegación profesional. Capítulo IV
De los Códigos Deontológicos

Artículo 18.

Los códigos deontológicos deberán ser realizados por cada uno de los medios de comunicación, tomando en cuenta las opiniones de los periodistas, esto para garantizar el respeto pleno a las garantías.

Artículo 19.

Los códigos deontológicos procurarán contener, por lo menos:

1. Las obligaciones de los periodistas para guardar respeto a la verdad y al derecho del público a recibir información veraz y de relevancia pública.

2. La responsabilidad e integridad profesional del periodista ante la sociedad.
3. Obligaciones de respeto a la vida privada, dignidad del hombre y seguridad nacional.

4. Respeto al interés público y la diversidad de culturas evitando la discriminación en nuestro país.

5. Los códigos deberán regular el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, garantizando su exigibilidad jurídica.

6. Crear comités de ética en los medios de comunicación que vigilen y garanticen el respeto a dichos códigos, señalando sus atribuciones y facultades.

7. Establecer las reglas para su aplicación por las violaciones de los códigos deontológicos.

Capítulo V
Delitos en materia de Prensa

Artículo 20.

Se impondrá una multa de 5 a 10 años de prisión al que, por cualquier medio obstaculice el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, así como al que atente por vías físicas, violentas o económicas, en contra de los medios de comunicación, con la intención de impedir, obstruir, evitar o distorsionar la difusión de noticias e informaciones. Dicha pena se impondrá sin perjuicio de las sanciones y penas que por la comisión del ilícito se acumulen por la particularidad del delito.

Artículo 21.

Se impondrá una multa de 5 a 10 años de prisión al que, por cualquier medio obstaculice el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, así como al que atente por vías físicas, sicológicas, violentas o económicas, en contra de los periodistas en el desempeño de su labor profesional, con la intención de impedir, obstruir, evitar o distorsionar la difusión de noticias e informaciones. Dicha pena se impondrá sin perjuicio de las sanciones y penas que por la comisión del ilícito se acumulen por la particularidad del delito.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los medios de comunicación y los periodistas acordarán los términos y plazos, para el establecimiento de sus códigos deontológicos y el establecimiento de sus comités de ética, para su propia regulación.

Diputados: Javier Orozco Gómez, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Alejandra Méndez Salorio, Leonardo Álvarez Romo, Raúl Piña Horta (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Gobernación. Octubre 7 de 2004.)
 
 


Actas
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A SU TERCERA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 21 DE ENERO DE 2004

Presidencia de la diputada Beatriz Zavala Peniche

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos siendo las doce horas con treinta y ocho minutos del día veintiuno de enero de dos mil cuatro con la asistencia de dieciséis diputados, cuyas firmas de asistencia se anexan, la Presidenta declara abierta la sesión.

Diputada Sonia Rincón Chanona: Hemos revisado la lista de asistencia y se encuentran presentes doce diputados por lo que si lo consideran podemos iniciar de una manera informativa. El orden del día es el siguiente: uno, lista de asistencia y verificación del quórum; dos, lectura y aprobación del orden del día; tres, lectura y aprobación de las actas de las sesiones de los días tres y diez de diciembre de dos mil tres; cuatro, comentarios de los ciudadanos diputados en relación a las reglas de operación de los diversos programas de la Secretaría de Desarrollo Social; cinco, propuesta para los foros de difusión de la Ley General de Desarrollo Social y el foro internacional sobre desarrollo social y, seis, asuntos generales.

Pasemos al punto tres, lectura y aprobación de las actas de las sesiones de los días tres y diez de diciembre de dos mil tres, para lo cual cedo la palabra a la Presidenta de la Comisión.

Diputada Beatriz Zavala Peniche: Con anticipación se les hicieron llegar las actas por lo que les pediría una aprobación indicativa.

Pasemos al siguiente punto del orden del día que es el relativo a las reglas de operación de los diversos programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Este punto fue incluido en el orden del día cuando se comentó el programa de trabajo ya que enero es un mes propicio para hacer estas observaciones y hacerlas llegar a los funcionarios, dado que la Secretaría trabaja en la elaboración de las mismas.

Les enviamos un disco compacto con estas normas, si tuvieran algún comentario, lo tomaríamos como también lo haríamos si hay observaciones en la práctica. El objetivo no es debatir las observaciones sino anotarlas, hacerlas llegar a la Secretaría y darles seguimiento.

Diputado Rafael Flores Mendoza: En relación a las reglas de operación quiero hacer varios comentarios y solicitar un poco más de tiempo para su análisis porque, sólo de la Secretaría de Desarrollo Social, es un volumen extenso.

Estamos trabajando las reglas de operación del Programa de Iniciativa Ciudadana tres por uno que, en Zacatecas, tiene muchísimo impacto. Lo estamos viendo en campo, con una coordinación que tiene el gobierno del estado para este programa y están por terminar las observaciones. Estuvimos con el delegado en Zacatecas y también hizo observaciones a varios programas; hemos estado en Diconsa y Liconsa, también tienen observaciones, no las hemos podido concluir. En especial, en el programa Hábitat, aprobamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, un rubro de cincuenta millones de pesos para las ciudades patrimonio mundial, en el artículo cincuenta y siete, tenemos que hacer las reglas de operación y se están construyendo con la Subsecretaría de Desarrollo Social.

Diputada Beatriz Zavala Peniche: Sabemos de la complejidad de las normas y su volumen. No hay un tiempo determinado; el objetivo es impactar en su elaboración. Si están de acuerdo, conforme vayan teniendo sus observaciones, las hagan llegar a la Presidencia para canalizarlas a la Secretaría ya que, como pueden observarlo, es difícil reunir a los diputados y tener quórum en las sesiones.

Diputado Julio Boltvinik Kalinka: Debo confesar que al ver el orden del día me percaté que el asunto de las reglas de operación es urgente porque en el decreto de Presupuesto se establece que "las reglas de operación de todos los programas deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el quince de febrero de dos mil cuatro". Esto es importante porque el retraso en la aprobación de las reglas de operación genera serios trastornos; por ejemplo, el mayor, es el que no se puede hacer la evaluación de los programas mientras no estén las reglas de operación aprobadas y, como el propio Decreto fija fechas en octubre y noviembre para entregar los resultados de las evaluaciones de los programas a la Cámara de Diputados; algunas reglas de operación salían en agosto o septiembre y la evaluación se tenía que efectuar en quince días más. Se podía haber hecho con las reglas de operación anteriores pero la Secretaría de Desarrollo Social así lo adoptó.

Las reglas se pueden atrasar porque es un trámite complejo; cualquier cambio lo tienen que aprobar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria, espero que alguno de ustedes sepa quien la conforma y qué facultades tiene, confieso que me enteré de su existencia en el Decreto de Presupuesto. Desconozco si podremos tener otra reunión pero, sí no tenemos tiempo lo mejor es que nos manden sus observaciones y tener una reunión de Mesa Directiva para procesar las distintas observaciones y poder enviar un paquete consistente, a principios de febrero, a la Secretaría de Desarrollo Social.

Además de lo que está haciendo el diputado Flores Mendoza, en la fracción del Partido de la Revolución Democrática estamos analizando, sistemáticamente, las reglas de operación y quiero adelantar que hay muchos problemas. Este año, en particular, las reglas de operación tendrán cambios importantes por la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social. En particular, la Ley fija indicadores mínimos, ocho, para la medición de la pobreza y el carácter obligatorio del método que determine la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, obligatorio para todas las entidades y dependencias que apliquen programas de desarrollo social. Desconozco si en la Secretaría de Desarrollo Social ya se comprendió que, tal como está en la Ley, esto aplica sin menoscabo, de inmediato, sin tener que esperar a que esté listo el reglamento, por lo que las formas en que están eligiendo a los beneficiarios de los programas tienen que cambiar y adaptarse a lo que la Ley dice.

Cuando se hace una lectura horizontal de las reglas de operación, resaltan las inconsistencias, enormes, entre los distintos programas. Algunos hablan de pobreza extrema y dicen que su población objetivo son los pobres extremos; otros de pobreza alimentaria y, otros, de pobreza patrimonial. Emplean términos como pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza patrimonial, definidos a partir del método de medición de la pobreza que determinó el comité técnico para la medición de la pobreza, que es un método que se basa solamente en el ingreso corriente de los hogares y luego, a pesar de que usan esos nombres, por ejemplo, en las reglas de operación del programa Oportunidades, usan un método de selección de beneficiarios que no tienen nada que ver con la metodología que da lugar a esos nombres.

De tal manera, están diciendo cosas contradictorias en las reglas de operación de un mismo programa; eso pasa en Oportunidades y, cuando se comparan programas entre sí, hay unas inconsistencias tremendas.

Este tema, el de la medición de la pobreza, como ejemplo, tendrá un cambio importante; la Ley se promulgó en enero y esto deja el tema de los decretos de las zonas prioritarias, establecidas por la Ley, en el limbo. Se supone que debería haber, ya, un decreto de la Cámara de Diputados estableciendo cuáles son las zonas prioritarias para el desarrollo social. Actualmente, la Secretaría de Desarrollo Social tiene sus zonas prioritarias determinadas de una manera que, por lo menos yo, desconozco cuáles son. La Ley establece cuáles son los criterios para definir las zonas prioritarias y establecer una mecánica para hacerlo.

Tendríamos que pensar, como cuerpo colectivo, si en esta ocasión, por haber sido promulgada la Ley en enero, sacar a la brevedad posible, a través de la Comisión Permanente, un decreto de zonas prioritarias o si debemos esperar hasta el periodo ordinario de sesiones y aprobarlo con el procedimiento adecuado; en este caso, sería en abril, ya un poco tarde, pero vale la pena. La Ley dice que el decreto de zonas prioritarias se debe publicar conjuntamente al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como no se hizo ahora, tengo una duda jurídica de si lo podemos hacer a través de la Comisión Permanente o si tenemos que esperar hasta el siguiente presupuesto de egresos de la Federación y dejar en el limbo esto durante este año. Estos son dos ejemplos de cómo va a impactar la Ley.

Sugiero que, independientemente de los comentarios por escrito, promovamos una reunión con la Secretaría de Desarrollo Social para conversar sobre este tema.

Diputada Sonia Rincón Chanona: Tiene la palabra el diputado José Luis Treviño Rodríguez.

Diputado José Luis Treviño Rodríguez: En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, logramos etiquetar cien millones de pesos para los pequeños productores de leche y ayer sostuvimos una reunión con los actores que intervienen en esta problemática.

La idea que tenemos es que la leche que consumen los niños en los desayunos escolares debería ser entera, vitaminada y fortificada y, de preferencia, a través de Liconsa para garantizar el precio bajo, invitamos a gente del DIF a platicar con nosotros. Nos expusieron que nada más el treinta y dos por ciento de la leche que consumen nuestros niños es entera y, el sesenta y ocho por ciento restante, son fórmulas lácteas; estamos preocupados porque las proteínas las estabilizan con nitrógeno ureico y, al parecer, no hay un sistema por medio del cual se verifique la calidad y la nutrición de la leche que reciben los niños en los desayunos escolares.

Buscando la solución a un problema nos encontramos con otro que es el hecho de que el DIF, a nivel nacional, no está estandarizando la nutrición en los niños; los desayunos son, la mayoría de las veces, fríos, sin aportes calóricos ni nutrientes apropiados. Para que se aterricen estos cien millones de pesos, las reglas de operación deben ser muy claras y a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

Liconsa tiene la intención, con ese dinero, de modernizar sus plantas y mejorar sus centros de acopio pero, finalmente, el objetivo era, al etiquetar los cien millones de pesos, la compra de termos y fortalecer la red fría de los pequeños productores a través de pequeñas pipas. Parece ser que, como el año pasado, los cien millones que estaban establecidos para esto, se usaron como si fuera gasto emergente y no se aplicó, se llevó a la Secretaría de Desarrollo Social y se aplicó en otros rubros. Es muy importante que, como Comisión de Desarrollo Social, veamos la manera de que la Secretaría de Desarrollo Social establezca las reglas de operación para que los cien millones aterricen a los pequeños productores de leche.

Por otro lado, es importante citar a los encargados del DIF, a Teresa Aranda o al encargado de los desayunos escolares para que nos platiquen la forma en que están vigilando que la leche que se da en los desayunos sea de calidad.

Queremos cerrar el círculo para que los productores tengan un mercado y que sea leche entera, vitaminada y fortificada la que reciban los niños, en lugar de fórmulas lácteas de dudosa calidad. Resulta que los principales proveedores de leche para los desayunos escolares de los DIF estatales no son lecheros sino personas que tiene fábricas de empaques y que se benefician de las exenciones de aranceles a los sobrecupos de importación de fórmulas lácteas de dudosa calidad, muy baratas, eso sí, pero que no son benéficas en cuanto a la calidad nutricional.

Coincido con el diputado Flores Mendoza en el sentido de que es mucho el material, me interesaría que tuviéramos un poco más de tiempo para dar nuestras anotaciones.

Diputada Sonia Rincón Chanona: Cedo la palabra al diputado Juan Carlos Núñez Armas.

Diputado Juan Carlos Núñez Armas: En cuanto a las reglas de operación, independientemente del trabajo que pueda realizar cada uno de los integrantes y hacer llegar sus observaciones para, a su vez, llevarlas a la Secretaría de Desarrollo Social, se pudieran analizar, casi de carácter permanente, con el tiempo que se requiera y con la profundidad debida, en grupos de trabajo de esta Comisión, para que sea una recomendación no solamente de un diputado, sino de la Comisión en pleno.

La propuesta es, justamente, integrar un grupo de trabajo que, por temas y por materia, pudiera estar analizándolas; sí ponernos un calendario de trabajo y por grupos de trabajo ir presentando conclusiones de la revisión a las reglas de operación y que pudiera salir, si no en febrero, si mucho más adelante, pero ya como una recomendación del pleno de esta Comisión para que se pudieran estar incluyendo. Creo que deben ser debidamente revisadas por esta Comisión.

Diputada Maki Esther Ortiz Domínguez: El objetivo de los desayunos escolares es definitivamente ayudar a la nutrición de los niños; en ello debemos basar nuestras directrices.

Esos cien millones que decidimos separar para los pequeños propietarios, debemos considerarlos así, para que ellos puedan conectarse con el DIF y surtir la leche entera que necesitan los niños. Lo que dice el diputado José Luis Treviño es muy importante, no debemos dejar que ese dinero se desvíe hacia otras partes.

Me preocupa mucho la forma de manejar los programas en la frontera, sobre todo, cuando hablan de requisitos como recibos de agua y luz; tenemos una población flotante de más del cincuenta por ciento, es casi imposible, para toda esa gente que viene del sur tener recibos de agua y luz, y acceder a estos programas.

He estado revisando esos requisitos y quisiera que consideráramos el aspecto de la frontera y las necesidades que tiene, para que toda la gente que llega, que es la destinataria de este tipo de programas, pueda acceder con facilidad, mediante la tarjeta de elector, la Cédula Unica de Registro de Población o acta de nacimiento, pero eso de recibos de agua y luz, definitivamente, complica el acceso a los programas de toda esta gente.

Diputada María del Carmen Mendoza Flores: Me sumo al comentario del diputado Juan Carlos Núñez Armas, este trabajo debe ser permanente y mi petición, muy concreta, que la Mesa Directiva recabe las observaciones y nos las envíe a través de los correos electrónicos.

Segundo, se integren equipos de trabajo para verificar y estudiar las reglas de operación por programas y que no sea un trabajo de escritorio, sino que sea un trabajo de campo y entonces la Mesa Directiva de esta Comisión elabore un calendario que integre los diferentes equipos de trabajo para que podamos hacer un estudio de mayor profundidad.

Diputada Sonia Rincón Chanona: Informo que tenemos ya el quórum legal.

Diputada Beatriz Zavala Peniche: Dado que tenemos el quórum reglamentario, estamos en sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social.

Los puntos anteriores, los damos por aprobados y continuamos en el punto de análisis de las reglas de operación de los diversos programas de la Secretaría de Desarrollo Social.

Comentaré las distintas intervenciones. Hay una coincidencia en que el trabajo de análisis de las reglas de operación es extenso y que el tiempo del que disponemos es muy limitado. Les solicitaría nos hagan llegar sus observaciones conforme las tengan; que sostengamos una sesión de Mesa Directiva y revisemos las aportaciones recibidas; ampliaría esta invitación de Mesa Directiva a los integrantes de los otros grupos parlamentarios.

Les propongo nos informen a la Mesa Directiva o a la Presidencia, cuáles serían sus intereses para que se instalen, en estos grupos de trabajo permanente que pudieran ir avanzando y cuando hubiera algo concreto, en sesión de Comisión nos avisaran, lo agendamos y analizamos.

Está la propuesta concreta del diputado José Luis Treviño Rodríguez, de tener una reunión con funcionarios del DIF, para el caso de la leche en los desayunos escolares; quizá podríamos programarla cerca del periodo de sesiones.

Diputado Quintín Vázquez García: Nada más para abundar sobre la propuesta que formula el diputado Juan Carlos Núñez Armas en relación a la integración de los grupos de trabajo. Son muy necesarios y, además, urgentes dada la experiencia que estamos viendo de establecer algunas propuestas en la revisión de las reglas de operación.

La propuesta concreta sería, si podemos, establecerlos en las cinco vertientes que la Ley señala y nos sumemos al trabajo permanente; si establecemos ese criterio para la integración de los grupos de trabajo, nos facilitaría el seguimiento del propio programa.

Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Habría que ligar cada programa con cada una de las vertientes a ver si no se sobrecarga demasiado y tengamos una buena estrategia. Lo que digo es que si en el caso de la primera, que es muy amplia: educación, alimentación, generación de empleo, ingreso, autoempleo y capacitación, son varios los programas, a lo mejor se divide en dos grupos.

Diputada Beatriz Zavala Peniche: Con respecto a la propuesta del diputado Quintín Vázquez García y la aclaración del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, les haría llegar una división del primer punto que, efectivamente, comprende varios temas que están en distintos programas de la Secretaría de Desarrollo Social y dejamos los otros cuatro puntos como están.

Pasamos al siguiente punto: propuestas para los foros de difusión de la Ley General de Desarrollo Social y el foro internacional sobre desarrollo social. Me permito hacerles una propuesta. Habíamos considerado, informalmente, comenzar con los foros regionales y en el calendario establecimos unos meses para ellos y quedó, por definirse, la fecha para el foro internacional; me permito plantear que hagamos, primero, el foro internacional aquí, en la Ciudad de México. Les explico el por qué. Para los foros regionales necesitamos un presupuesto de la Comisión y como éste es muy bajo, ya no tenemos presupuesto hasta este mes de febrero. Creo, sería mejor darle un impacto nacional al foro internacional sobre legislación en la materia, dado que acabamos de aprobar la Ley, y después hacer dos foros regionales pidiendo apoyo a los gobiernos de los estados. Hay algunas propuestas. El diputado Perdomo Bueno está en pláticas en Veracruz; también en Yucatán y, en Puebla, la diputada Myriam Arabian Couttolenc hizo una propuesta que no se ha concretado por parte del gobierno del estado y, más bien, es de algunas organizaciones sociales.

En los foros regionales, generalmente, los gobiernos de los estados apoyan con transporte, alguna comida, con la difusión del foro pero, no en términos estrictos, con todos los costos. Entonces, la idea es hacer un foro en la Ciudad de México, de carácter internacional y solicitar la concurrencia de otras instituciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, la propia Secretaría, podemos tener un impacto cercano a la promulgación de la Ley y luego, en los estados, tener foros para la aplicación concreta de la Ley e, incluso, para el análisis de posibles legislaciones en los estados locales.

Diputado Julio Boltvinik Kalinka: Estoy un poco sorprendido, porque esta idea del foro internacional quedó incluida en nuestro programa de trabajo a sugerencia mía. La idea no era un foro sobre la Ley General de Desarrollo Social, porque no habría materia para un foro internacional sobre ella.

Cuando empecé a trabajar en la Ley General de Desarrollo Social, hice una revisión jurídica, no muy a fondo pero con los suficientes elementos. Efectúe consultas y búsquedas y encontré que no hay antecedentes de legislación en la materia, como tal, prácticamente en ninguna parte del mundo; hay alguna cosa en la Unión Europea, una especie de gran paraguas de acuerdo de política social, pero ni siquiera se asemeja a lo que estamos haciendo. La nuestra está mucho más enfocada a la pobreza; lo de la Unión Europea es mucho más general, es, realmente, un acuerdo sobre política social donde los temas principales son: educación, salud, apoyos a las familias para pensiones, enfermedad, en fin, todos los temas clásicos de seguridad social.

Y, aparte de que el tema no coincide con los foros de la difusión de la Ley, la intención es que fuera un foro más amplio, de intercambio de experiencias en materia de políticas sociales, de política de desarrollo social, de lucha contra la pobreza, con otros gobiernos, con organismos internacionales, con académicos y esto toma tiempo organizarlo, no es un asunto que se pueda organizar para marzo o abril, porque se tienen que girar las invitaciones con mucho tiempo y además cuesta. El hecho que lo hagas en la Ciudad de México es casi lo de menos en un foro internacional, porque igual tienes que transportar y alojar a los que vienen de otros países y, es más caro el foro internacional que los foros regionales. Si el problema que te llevó a hacer esta propuesta es presupuestal, en la idea que planteé hay más problemas.

Cuando hice la sugerencia y se planteó el tema presupuestal, señalé que se podía hacer una petición a la Junta de Coordinación Política con el planteamiento del foro para que se asignaran recursos específicos. Se dejan partidas, bolsas disponibles para este tipo de acciones; me parece que un foro internacional sobre desarrollo social y política social, sería bien visto por la Junta de Coordinación Política y se podrían asignar los recursos necesarios y, más bien, pensaría en julio o agosto.

Sugeriría que tratemos de encontrar la manera de hacer los foros regionales o un foro sobre la Ley de Desarrollo Social en la Ciudad de México.

Propongo que arranquemos con un foro nacional en la Ciudad de México sobre la Ley General de Desarrollo Social y que lo hagamos con los recursos de los que se disponga. Los que van a participar y que vienen de fuera de la Ciudad de México, podrán financiar sus gastos y que, entonces, con relativamente pocos recursos podríamos pensar en un foro nacional que le dé realce a la Ley General de Desarrollo Social.

Estoy muy descontento, supongo que también otros diputados y diputadas lo estarán, ya que al evento del lunes en Los Pinos, los diputados y los senadores fuimos, prácticamente, ignorados; que quienes tomaron la palabra no eran las personas adecuadas para hablar del tema. Sé que la senadora Leticia Burgos estaba fuera del país y eso hizo imposible que hablara pero, lo correcto, es que hubieran sido las presidentas de las comisiones de Desarrollo Social.

Organicemos un evento, empecemos en la Ciudad de México y luego hagamos los foros regionales, en lo que conseguimos los recursos.

Diputado Miguel Angel Osorio Chong: Los comentarios que haré van ligados a los del diputado Julio Boltvinik; no podemos buscar trascender con la Ley a nivel internacional, si no hemos trascendido a nivel nacional. En los estados, por la poca difusión que se le dio a la Ley, ha permeado muy poco este logro.

Me uniría a la propuesta, y quiero decir que en Hidalgo podríamos hacer, de manera inmediata, un foro regional.

Propondría hacer un foro nacional y habría una gran participación, iniciando por los secretarios de Desarrollo Social de todas las entidades y con la convocatoria de ellos, para que su trascendencia sea lo que estamos buscando.

De manera concreta, podríamos sostener una reunión con los secretarios de desarrollo social para establecer de qué manera podemos coordinarnos para hacer este gran foro nacional y luego pensar en el foro internacional, prepararlo para los meses de agosto y septiembre.

Respecto a lo que comentaba el diputado José Luis Treviño Rodríguez de los cien millones que se lograron para los pequeños productores, sugiero que para que éstos no sean desviados, dejar bien claro lo que se logró en una reunión de la Comisión con ellos.

Por último, la reunión con el DIF Nacional debiéramos tenerla antes, por la importancia y trascendencia que tiene, e invitar a los diputados y ver a quién le interesa.

Diputado Quintín Vázquez García: Qué bueno que se comenta que debemos darle difusión y que debemos de tener la posibilidad de hacerlo, si no en cada uno de los estados pero sí que podamos establecer los criterios y si mal no recuerdo, lo habíamos acordado, de una propuesta ejecutiva de presentación que nos ayudaría mucho a dar la difusión correspondiente.

Hablamos también de elaborar algunos folletos, trípticos o dípticos y que ese material nos sirviera de apoyo para realizar esta gran jornada de difusión de la Ley General de Desarrollo Social.

Hay que retomar estos puntos de acuerdo, el material se tiene, a todos nos hicieron llegar ese CD y que podamos establecer un calendario y que nos repartamos la participación que, después, podamos realizar esa reunión nacional y terminar con una propuesta del foro internacional sobre desarrollo social y política social, que son dos puntos básicos e importantes para el desarrollo del trabajo que nosotros venimos realizando.

A través de la Mesa Directiva de la Comisión, se integre ya esa propuesta de díptico o tríptico, que hagamos el calendario y la distribución.

Dip. José Luis Treviño Rodríguez: Es importante difundir la Ley pero también dar crédito a la anterior Legislatura, que fueron los que realmente la hicieron. Ya tuve la oportunidad de ver el CD, pero la realidad es que lo importante es difundirlo, llevarlo a los estados y a los municipios, y hacer trabajo de campo. Regresas a tu distrito, preguntas por el encargado de la Secretaría de Desarrollo Social y no tiene ninguna oficina; pides a los presidentes municipales proporcionen la relación de las comunidades que no entran en el programa Oportunidades y de todas aquellas familias que están excluidas que, lo importante y urgente, es que en marzo, que es la última oportunidad que tienen en el sexenio para estar en este programa, lo estén.

Lo importante es hacer los foros pero también el trabajo de campo y ver la manera de que aterricen estos programas a donde deben de llegar; esa debería ser nuestra preocupación principal.

Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Quisiera retomar algunos de los comentarios. Se propuso dar a conocer la Ley, me parece muy bien lo que dice el diputado José Luis Treviño en este momento, que debe aterrizarse esa Ley. Deberíamos hacer el esfuerzo que, cuando presentemos la Ley General de Desarrollo Social y ojalá sea en todo el país, se le diga a la gente qué es lo novedoso de ella y qué está garantizando.

Abordando el tema de la difusión, sería muy importante hacerlo en los tiempos que marque la Comisión en dos o tres lugares y lo que cada uno pueda hacer en nuestros estados. No me parece que choque el hecho de que Hidalgo o Puebla quieran hacerlo si los gobernadores están de acuerdo y, en el caso de Veracruz, si el gobernador lo quiere, debemos hacerlo, no necesitamos ir todos, con que vaya un núcleo representativo que se designe de esta Comisión.

En el gobierno de Veracruz, desde diciembre les hice llegar la carta y me respondieron; ellos están dispuestos a hacer varias cosas y quiero que les hagamos llegar una carta compromiso específico.

Tendríamos que definir cuáles serían los estados participantes, en caso de que hubiera estados que no fueran a tener un evento, quiénes los invitados, porque sería una convocatoria abierta, y luego, la invitación, si se hace de manera mancomunada con el estado. Hay que definir un horario aproximado, de diez de la mañana a dos de la tarde.

Ya Veracruz dio su respuesta y qué grato que otros estados lo hagan porque, ojalá, lográramos que las treinta y dos entidades federativas pudieran hacer un ejercicio similar.

Respecto al foro internacional, no es para la presentación de la Ley General de Desarrollo Social sino para analizar políticas públicas enfocadas al desarrollo social y ver las mejores prácticas en otros lugares del mundo. Decía, en aquella ocasión, cuando Julio lo presentó, que sería muy interesante unir los esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Social, porque es un esfuerzo muy grande; no tenemos todos los contactos y los recursos para poder hacer este tipo de actividades; ellos tienen asignado, en el presupuesto, recursos para ello, además, les interesa, año con año, ir evaluando esas políticas o prácticas más exitosas.

Ese es mi comentario respecto al foro, ojalá lo logremos hacer pero sí se requiere de tiempo y uno de los temas sería la discusión en un panel de la Ley General de Desarrollo Social de México.

Un último comentario, el Secretario de Desarrollo Social de Veracruz comentó, que la Secretaría de Desarrollo Social pretende hacer un consejo de desarrollo social en Veracruz en febrero; analicemos si aprovechamos ese escenario o si lo hacemos por separado.

Diputado Miguel Osorio Chong: Quisiera que se sometiera a votación si la Comisión de Desarrollo Social pudiera firmar un documento para pedirles a los secretarios o secretarias de Desarrollo Social de las entidades, sus sugerencias también sobre las reglas de operación.

Quisiera comentar, a detalle, la plática con el gobernador, es para que el día que ustedes quieran, la segunda o la tercera semana de febrero, poder hacer un foro regional; se me ocurre de la manera como está organizada, políticamente, la circunscripción cuarta y podríamos hacer la convocatoria con el gobierno Federal y con las entidades.

Diputada María del Carmen Mendoza Flores: Por cuestiones de orden sugeriría que la Mesa Directiva de esta Comisión enviara a todos los gobernadores de todos los estados, un escrito en el que se sugiera que puedan llevar un foro en su estado y si hay respuesta de parte del gobierno del estado, pues entonces hagámoslo en las treinta y dos entidades.

Diputado Armando Rangel Hernández: Es exactamente la misma propuesta que acabamos de escuchar, porque creo que la responsabilidad es difundir más que protagonizar, y afortunadamente muchos hemos coincidido en eso.

La propuesta es elaborar de cuál sería el contenido, el objetivo y el costo de los foros para ponerlo a disposición de los congresos locales y de los gobernadores de los estados, a fin de que quienes tengan el interés de que este evento se realice en su propia entidad.

Finalmente, en cuanto al foro internacional, valdría la pena dejar que la propuesta se madurara por parte de la Mesa Directiva, incluso, para conocer el objetivo y para poder tomar la decisión de qué tan rápido se pudiese realizar.

Diputada Beatriz Zavala Peniche: Me voy a permitir hacerles circular un documento de propuestas de lo que sería este foro que surgió de la propuesta del diputado Boltvinik. La idea no es que fuera, exclusivamente, sobre la Ley sino aprovechar la coyuntura de que tenemos Ley General de Desarrollo Social y estaría enfocado a la institucionalización de la política social que incluiría, desde luego, la aplicación de los distintos programas, la política social en general y el contar con una Ley que da este marco institucional, y que el análisis fuera enriquecido con aportaciones de otros países, sobre todo, de América Latina, que es lo que más se podría asemejar.

Porque es cierto que a la Junta de Coordinación le podemos pedir recursos adicionales pero hay que hacer toda una operación, no sólo de trámite, sino político y de cabildeo para que podamos obtenerlo por parte de la Cámara.

Con respecto a los foros regionales o de los estados, se pueden juntar las propuestas; la idea es, y habíamos pensado limitarlos, a dos o tres, por cuestiones presupuéstales, porque si pensamos ir los miembros de la Comisión, pues es difícil obtener estos recursos; hay procedimientos administrativos de Cámara a considerar para el traslado de los diputados y, por la otra, habría que ver en concreto qué nos van a proporcionar los gobiernos de los estados.

Me parece muy acertada la propuesta de que la Mesa Directiva haga llegar, formalmente, la solicitud a los gobiernos de los estados.

Por otra parte, el disco compacto contiene también una presentación en power point de la Ley que puede servir para la difusión, por eso se entregó a los quinientos diputados de parte de la Comisión.

Y, por último, como Mesa Directiva enviáremos la propuesta a los gobiernos de los estados.

La propuesta del diputado Julio Boltvinik en cuanto a un evento aquí, es otra propuesta interesante; no me parece mal, ojalá si pudiéramos conseguir apoyo de la Cámara. La verdad es que no siempre la Cámara, como Cámara, ve la importancia en los asuntos que vemos los diputados que integramos las comisiones. Estamos tratando también de que se edite el folleto, hay un borrador, esperamos que sea lo antes posible, que sirva también para la difusión y que podamos darle a cada uno de los diputados integrantes de la Comisión un buen número para que lo distribuyan en sus estados.

Estamos tratando también que haya un tiempo en RTC para difundir el video de la Ley; estamos en este trámite ya que es la Cámara, la que tiene que solicitarlo.

Por último, la propuesta de los Secretarios de Desarrollo Social de los estados, me parece muy bien; recuerden que ellos están agrupados en la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en ese ámbito trabajan y hacen sus propuestas a la Secretaría de Desarrollo Social.

Diputado Juan Carlos Núñez Armas: Nada más una opinión, tal vez muy particular, pero que tiene que ver incluso con la historia de este país. Durante mucho tiempo existía, prácticamente, un solo poder; hoy que se logra una independencia de poderes bien vale la pena que, más que ir a ver al Ejecutivo, nos dirigiéramos a los congresos de los estados para realizar los foros de difusión.

Diputado José Luis Treviño Rodríguez: Propongo que no fuera, únicamente, la Mesa Directiva en pleno a los foros, si somos treinta diputados, pudiéramos ir cada uno de nosotros a diferentes estados en representación de la Comisión.

Diputada Sonia Rincón Chanona: Respecto a la propuesta del diputado Juan Carlos Núñez Armas, comentar que si lo hacemos a través de los Congresos, también ellos tienen sus propias limitaciones económicas y políticas.

Lo que vamos, como legisladores, es a pedirles el apoyo logístico para que podamos realizar este evento, donde el objetivo es informar a los ciudadanos de ese estado de la importancia de la Ley General de Desarrollo Social. Quiero reafirmar la propuesta, que la carta sea dirigida a los gobernadores de los estados, de los colores que sean.

Diputada Beatriz Zavala Peniche: Reforzando la propuesta. La idea original siempre fue que estuvieran presentes los diputados de los congresos locales, contar con ellos pero es más difícil que, en términos de apoyo logístico y de infraestructura, lo puedan hacer los Congresos pero, desde luego, la idea es que estén presentes porque el impacto que queremos es en aplicación de la Ley y que pudiera traducirse en legislaciones locales en la materia.

Tomamos estos acuerdos de invitar a los estados a que nos reciban y nos ayuden en los foros y vamos madurando la idea del foro nacional e internacional, con la propuesta que se entregó.

Si les parece, pasamos a asuntos generales. Hay una invitación, que quiero hacer extensiva a todos los diputados, de parte de Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador nacional del programa Oportunidades, para una gira de trabajo a Chiapas, en la que se pretende que los diputados asistan, vean cómo se está desarrollando, cómo se aplica el programa Oportunidades y, después, hagan llegar sus observaciones.

Esta gira está programada para el día veintiséis de enero; se anexa un programa. Los diputados que deseen asistir nada más si nos lo dicen después o cuando ustedes lo consideren, para que podamos pasar este listado a la Secretaría.

Si hay otro asunto general, adelante.

Diputado Julio Boltvinik Kalinka: Bueno, es un asunto mucho más que general.

Hoy entró en vigor la Ley General de Desarrollo Social y ella tiene seis artículos transitorios que, algunos, nos dan trabajo perentorio con fechas límite.

Aunque, jurídicamente, no nos compete como Poder Legislativo participar en la redacción del Reglamento de la Ley, la Secretaría de Desarrollo Social se comprometió a que diputados y diputadas, senadores y senadoras participásemos activamente en su formulación. Esto está estipulado en el segundo artículo transitorio y dice que el Reglamento deberá expedirlo el Poder Ejecutivo federal con un plazo máximo de noventa días. Esto quiere decir que para el veintiuno de abril tiene que estar publicado, en el Diario Oficial, el Reglamento y, ahí, tenemos trabajo. El Reglamento es una cosa compleja, si se hace mal el reglamento echamos a perder la ley, entonces tenemos que cuidarlo por lo que propongo que tengamos una reunión de Mesa Directiva y planear las tareas del Reglamento; probablemente, reunirnos la Mesa Directiva con algún personal de la Secretaría de Desarrollo Social, que ya haya designado la Secretaría, para esta tarea y planear, conjuntamente, cómo participaremos en el Reglamento.

La otra cuestión, señalada en el artículo tercero transitorio, es que en un plazo de ciento ochenta días naturales, esto es seis meses, para julio de este año, deben estar constituidos y funcionando todos los organismos que la Ley crea; es decir, el Consejo Consultivo, la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la Comisión Intersecretarial; algunas de éstas no tienen mayor problema para instalarse, el que es más complicado es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que, como lo saben, fue una de las batallas duras que dimos como Comisión de Desarrollo Social: el cambiar algunos aspectos de la Ley, tal como venía del Senado, en la materia del Consejo y esto tiene que ver con la convocatoria pública que tiene que hacerse para designar a los seis académicos que prevé la Ley que, junto con el titular o la persona que el titular designe, conforman el órgano directivo del Consejo Nacional de Evaluación.

Ahí no está claro qué tareas tenemos que hacer pero, por lo menos, tenemos que estar vigilantes de que las cosas se hagan, a tiempo, bien y, desde luego, en el reglamento de la ley tendrán que precisarse algunos de los pasos necesarios para la constitución del Consejo Nacional de Evaluación.

El quinto transitorio dice: "Las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados deberán revisar la distribución de los fondos relativos al desarrollo social contenido en el capítulo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal en un plazo no mayor a noventa días y, en su caso, recomendar las modificaciones que se consideren pertinentes".

El Capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal reglamenta las aportaciones federales para muchas actividades que se descentralizaron. Ahí están todos los fondos, el de infraestructura social, estatal y municipal; otros fondos que tienen que ver con programas del DIF; con el fondo de educación, el de salud, etcétera, y esto está reglamentado, de una manera muy poco satisfactoria, en la Ley de Coordinación Fiscal.

¿Por qué quedó este transitorio en la Ley? porque uno de los temas más difíciles en el Senado de la República, para ponerse de acuerdo, fue la eliminación de la iniciativa de la senadora Leticia Burgos de un capítulo que proponía un cambio en las reglas con las que se asignan estos fondos. En las negociaciones que hubo en el Senado, al final la senadora y la fracción del Partido de la Revolución Democrática cedieron para que no quedara incluida en la Ley esta reglamentación aunque lo correcto, jurídicamente, es que las reglas de distribución de los fondos para los temas sociales estuvieran en la legislación social y no en una legislación que, originalmente, tiene que ver con las reglas básicas de quién recaude los impuestos y cómo se distribuyen a los estados.

Como no quedó en la Ley, por eso está en un transitorio. Pido a la Presidenta de la Comisión que, en el orden del día de la próxima sesión, contemple el tema del Capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal para que lo discutamos y para que, si hay alguna iniciativa de reformas, se presente y la discutamos. De hecho, la senadora Leticia Burgos presentó una iniciativa de ley que no ha sido dictaminada; si me permiten, haría una presentación de esa iniciativa.

Y, por último, hay una tarea jurídica por hacer. En el artículo sexto, como en todas las leyes, dice el Transitorio: "Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto". Este es un trabajo que nunca se hace: la revisión de toda la legislación asociada para ver qué es lo que se opone a la Ley General de Desarrollo Social.

Por lo pronto, les podría adelantar que la fórmula que está en la Ley de Coordinación Fiscal para asignar los fondos de infraestructura social, estatal y municipal, se opone a los ocho indicadores aprobados en esta Ley. Hay una oposición entre dos leyes porque no son los mismos criterios; coinciden en algunos puntos pero no son los mismos indicadores, ni siquiera los mismos temas generales. Hay que revisar las leyes de Planeación, de Salud, de Educación, probablemente, hasta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. No sé si los asesores de la Comisión podrían empezar a trabajar en ese tema o, por lo menos, detectar las cuestiones fundamentales que hubiese al respecto.

Diputada Beatriz Zavala Peniche: Acordamos que el próximo miércoles cuatro de febrero se reunirá la Mesa Directiva. Las tareas para esa reunión son las aportaciones sobre las reglas de operación de los programas y el artículo quinto transitorio que, realmente en términos formales, es el que nos compete.

La Ley de Coordinación Fiscal habla, específicamente, de la distribución de los fondos, no de sus reglas de operación, pero de alguna manera va ligado a la distribución de los fondos. Debemos hacer un trabajo, como Comisión de la Cámara y, desde luego, conjuntarlo con la Comisión del Senado.

Recibir de parte de los diputados no solamente aportaciones a las reglas sino también opiniones de la página de Internet y de su contenido.

Y, por último, entraremos en comunicación con los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social para hacerles saber que estamos trabajando en aportaciones a las reglas de operación y en lo que marca el Quinto Transitorio en cuanto a la distribución de los fondos del ramo de coordinación fiscal.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión siendo las catorce horas con dieciséis minutos del mismo día.

Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Armando Rangel Hernández (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, secretarios.

Lista de asistencia

Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta
Armando Rangel Hernández (rúbrica), secretario
Carlos Flores Rico, secretario
Sonia Rincón Chanona (rúbrica), secretaria
Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), secretario
Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica)

Francisco Javier Alvarado Villazón
Myriam Arabian Couttolenc
Clara Marina Brugada Molina
Elpidio Desiderio Concha Arellano
Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica)
Rafael Flores Mendoza (rúbrica)
Armando Leyson Castro
Felipe Medina Santos
María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica)
Eugenio Mier y Concha Campos
Gerardo Montenegro Ibarra
Gelacio Montiel Fuentes
Mario Moreno Arcos (rúbrica)
Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica)
Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica)
Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica)
Martha Palafox Gutiérrez
Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica)
Renato Sandoval Franco (rúbrica)
María Guadalupe Suárez Ponce
José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica)
Gerardo Ulloa Pérez
Quintín Vázquez García (rúbrica)
Wintilo Vega Murillo
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A SU QUINTA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA, LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 17 DE MARZO DE 2004

Presidencia de la Diputada Beatriz Zavala Peniche

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con dieciocho minutos del día diecisiete de marzo de dos mil cuatro, con la asistencia de veintitrés diputados, cuya relación se anexa, la Presidenta declara abierta la sesión.

Diputada Presidenta: Daré lectura al orden del día: lista de asistencia y verificación del quórum; lectura y aprobación del orden del día; lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; análisis del artículo quinto transitorio de la Ley General de Desarrollo Social; análisis, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen a proposiciones con punto de acuerdo y, asuntos generales, misma que someto a consideración del Pleno dado que en este momento no se tiene quórum el requerido, propongo comencemos con el cuarto punto del orden del día.

El cuarto punto del orden del día es el análisis del artículo quinto transitorio de la Ley General de Desarrollo Social que establece un plazo de noventa días para que las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público propongan reformas al Capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal. Les informo que se ha trabajado un documento que recoge las distintas posiciones, se presentó a la Mesa Directiva e hicimos llegar a los diputados integrantes de la Comisión. La Presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público nos entregó un documento que lo incorporaremos a las líneas de análisis. En esa Comisión ya tienen el nuestro; la propuesta es que si están de acuerdo lo conjuntemos en una sola redacción. El diecinueve de abril es el plazo, tendríamos que fijar una fecha para aprobar el documento que se presentaría al Pleno.

Diputado Julio Boltvinik Kalinka: Es fundamental recoger las opiniones de los secretarios y secretarias de desarrollo social de los gobiernos de los estados así como de los secretarios de salud y de educación. Les propongo que aprobemos la solicitud, de esta Comisión a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para ampliar el turno de la iniciativa de la senadora Leticia Burgos Ochoa. Tenemos que decidir si queremos modificar o no el Capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal.

Diputada Presidenta: Ya tenemos quórum. Los dos puntos anteriores fueron: aprobación del orden del día y del acta de la sesión anterior; si les parece los damos por aprobados y continuamos en el cuarto punto del orden del día.

Diputado Carlos Flores Rico: El mandato expreso del artículo quinto transitorio de la Ley es emitir recomendaciones; lo establece como una obligación de las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público y señala un plazo que concluye el diecinueve de abril para emitir éstas. En un mes sería muy complicado desembocar en lo que todos deseamos pero podemos avanzar a un acuerdo sobre las líneas generales de revisión de dichos fondos a partir de un diagnóstico; una de las fórmulas para llegar a éste pudiera ser, como lo propone el diputado Julio Boltvinik, mediante una consulta a diversas instancias de operación y coordinación de estos fondos. Propongo concluir con este proceso de revisión de los documentos; iniciar una amplia discusión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público para llegar a un acuerdo de recomendaciones finales; realizar un reencuentro con la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República sobre el sentido de este transitorio y solicitar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que mejore y abunde en la información.

En su comunicación, el Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público señala que es necesario sostener una reunión para discutir la estructuración, la naturaleza de la composición de los fondos en términos de la Ley y no tanto como se opera en el año dos mil cuatro, como gentilmente nos hace ahora partícipes.

Propongo acordar una ruta crítica para atender estos elementos de trabajo; sostener, por lo menos, una reunión de trabajo de las directivas, seguida de una en comisiones unidas para compartir las líneas de trabajo. Que pudiéramos ya sea como Comisión o como grupos parlamentarios iniciar la consulta con los secretarios a partir de un cuestionario básico y una reunión con las comisiones de Desarrollo Social y de Desarrollo Regional del Senado para elaborar un cuadro de recomendaciones.

Diputado Juan Carlos Núñez Armas: Propongo ajustar los calendarios y desahogar con mayor prontitud la agenda. Considerar a los municipios, incluso, sostener reuniones con ellos.

Diputada Clara Marina Brugada Molina: Propongo convocar a una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público para acordar una ruta crítica conjunta y una reunión con la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, y consultar a los estados y los municipios. En las reuniones con la Comisión de Hacienda y Crédito Público y con el Senado, se acuerde que el Congreso de la Unión, en sus áreas sociales, convoque a un diálogo con la Convención Nacional Hacendaria y ésta nos comente que ha hecho sobre el tema. Si no podemos dictaminar en 30 días, asumamos el compromiso de modificar, en este año, la Ley de Coordinación Fiscal.

Diputado Quintín Vázquez García: Propongo adoptar una estrategia de trabajo conjunta y que, a través de la conformación de grupos de trabajo, con la coordinación de los secretarios de la Comisión, se desahoguen los temas vitales que urgen para este ejercicio. Que un secretario coordine un grupo de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público; otro, con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; otro, con el Senado de la República y, uno más que se encargue de hacer la relatoría.

Diputada Presidenta: Aclaro que los trabajos para el cumplimiento al mandato del artículo quinto transitorio iniciaron en diciembre y en las sesiones de la Comisión se ha comentado el trabajo realizado.

Se tuvo comunicación con la Comisión de Hacienda y Crédito Público como lo mandató esta Comisión y, oficialmente, se solicitó a su Presidente, diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, su opinión con relación al artículo quinto transitorio de la Ley General de Desarrollo Social; el diputado nos envió un documento. Asimismo solicitamos al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en tres ocasiones, un diagnóstico de la distribución de los fondos.

Diputada Martha Palafox Gutiérrez: Propongo reunirnos con los secretarios de los estados para conocer sus opiniones y experiencias que enriquecerán la propuesta que hagamos. Asimismo, reunirnos con el Senado de la República y con la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Diputada Presidenta: Estamos cumpliendo, en tiempo y forma, con el artículo quinto transitorio que nos mandata a hacer un análisis de la distribución de los fondos y, en su caso, hacer las recomendaciones pertinentes; eso dice, de manera textual. Tenemos los primeros planteamientos del análisis y las líneas a seguir; a partir de ello, considero que hay una coincidencia generalizada y podemos llegar a propuestas de modificación. Les haré llegar un cronograma de actividades.

Diputado Julio Boltvinik Kalinka: Para que la reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público tenga materia de trabajo insisto en la solicitud de ampliación de turno de la iniciativa de la senadora Leticia Burgos.

Diputada Presidenta: La iniciativa de la senadora Leticia Burgos la hemos revisado y está contemplada en el documento que se elaboró. Propongo dejar ese punto para asuntos generales.

Diputada Clara Marina Brugada Molina: La Comisión debe acordar que esa iniciativa le sea turnada; otra cuestión es decidir si se dictamina en treinta días o no.

Diputada Presidenta: No son excluyentes. En asuntos generales, revisaremos la propuesta de calendarización de los foros en los que se está planteando recoger las propuestas sobre la distribución de los fondos. El cronograma incluirá una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento del artículo quinto transitorio y, si estamos en posibilidades, de tener un documento conjunto; podemos sostener una reunión con las comisiones de Desarrollo Social y de Desarrollo Regional del Senado para incluir sus puntos de vista y solicitar, sí es posible antes de los treinta días, otra reunión con la Comisión Nacional de Desarrollo Social.

Diputada Clara Marina Brugada Molina: Como los fondos son de educación y salud, tendríamos que recoger las opiniones de los secretarios de Finanzas.

Diputada Presidenta: La propuesta no puede ser sólo en términos de los integrantes de la Comisión Nacional de Desarrollo Social porque únicamente se concentra en el Ramo Veinte; podemos invitar a los secretarios de finanzas de los estados y hacerles llegar, a manera de cuestionario, las líneas que tenemos para que nos den sus opiniones. En cuanto a la propuesta de formar grupos de trabajo, sugeriría que, a partir de las cuatro líneas de análisis, se conformen y que éstos continúen en funciones y aportando aunque ya se haya cumplido con el mandato del artículo quinto transitorio.

Diputada Clara Marina Brugada Molina: Solicitaría que sostengamos una reunión con la Convención Nacional Hacendaria.

Diputada Presidenta: Tenemos un documento de la Convención Nacional Hacendaria y está incorporado en el que se elaboró en la Comisión; verificaremos cuál de las mesas de la Convención Nacional Hacendaria es la más relacionada con los trabajos que estamos realizando para proponer una reunión.

Diputada Clara Marina Brugada Molina: Solicito que la Comisión adopte el acuerdo en relación con la propuesta formulada por el diputado Julio Boltvinik Kalinka.

Diputada Presidenta: Les propongo que la solicitud hecha por el diputado Julio Boltvinik Kalinka la analicemos en el contexto de la agenda de pendientes legislativos de la Comisión.

Diputada Clara Marina Brugada Molina: Solicito que votemos la propuesta ahora. Expondré mi argumento del porqué la Presidenta no está en lo correcto. El artículo quinto transitorio señala la obligación de revisar los fondos; no dice, estrictamente, que se tenga que reformar el Capítulo Quinto pero sí que hay que hacer la revisión y las recomendaciones; lo que se ha planteado es que existe una iniciativa, la de la senadora Leticia Burgos Ochoa, que contempla todo esto. Las Comisiones de Desarrollo Social, y de Hacienda y Crédito Público tendrán que decidir si se reforma o no. A priori, no podemos dejar de lado la iniciativa ni tampoco dictaminarla obligadamente. Por ello, la resolución de la propuesta que ha hecho el diputado Julio Boltvinik Kalinka se ubica dentro del tema que estamos discutiendo en estos momentos.

Diputada Presidenta: El punto tres del documento elaborado en la Comisión, contempla la iniciativa de la senadora Leticia Burgos Ochoa; los procesos que significan la revisión que mandata el artículo quinto transitorio y la iniciativa de la senadora Leticia Burgos Ochoa, son diferentes.

Diputado Julio Boltvinik Kalinka: La Comisión está mandatando a su Mesa Directiva a que, por escrito, solicite a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados amplíe el turno de la iniciativa de la senadora Leticia Burgos que, en la actualidad, solo le fuera turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Juan Carlos Núñez Armas: Hay que considerar que, cuando se aprueba el orden del día, quedan establecidos los puntos que se abordarán en la reunión; nadie niega que se vote la propuesta hecha por el diputado Julio Boltvinik Kalinka pero no presentó su inclusión en el momento de aprobar el orden del día, por ello, la Presidenta propone que lo abordemos asuntos generales.

Diputado Carlos Flores Rico: Considero que no tenemos diferencias de fondo ya que la revisión que mandata el artículo quinto transitorio y la iniciativa de la senadora Leticia Burgos Ochoa, son dos cuestiones que tienen su vida propia y, al mismo tiempo, se conectan. De no haber sido presentada la iniciativa de la senadora Leticia Burgos aún así tendríamos que efectuar la revisión que mandata el artículo quinto transitorio y, si éste no estuviera contemplado en la Ley General de Desarrollo Social pediríamos el turno y participar en el dictamen de la iniciativa de la senadora Burgos Ochoa. Si pudiéramos pedir el turno, su discusión enriquecerá la del artículo quinto transitorio y, a la inversa, la del artículo quinto transitorio lo hará con el dictamen de la iniciativa de la senadora Leticia Burgos.

Diputada Presidenta: Las propuestas de la iniciativa de la senadora Leticia Burgos Ochoa están incluidas en el documento que elaboró la Mesa Directiva; si al momento no hemos solicitado dicho turno no significa que no estemos contemplando elementos de la misma. Por cuestión de orden, les propongo que este tema lo sometamos a votación cuando lleguemos a asuntos generales.

Les propongo que pasemos al siguiente punto del orden del día que es al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen a puntos de acuerdo que le fueron turnados a la Comisión.

El primer dictamen es a una proposición con punto de acuerdo en la que se hace un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social para que se incorpore a las personas con capacidades diferentes a los programas sociales e incluye propuestas a las reglas de operación; fue presentado por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno y turnado a esta Comisión. Con anterioridad a esta sesión, el proyecto de dictamen les fue distribuido sin que hayamos recibido ninguna objeción ni propuesta de cambio al mismo; consultaría a la Comisión si algún diputado desea intervenir y de no haber quien desee hacerlo, les pediría manifestar su voto sobre este dictamen. (Se aprueba por unanimidad.)

El segundo proyecto de dictamen que se somete a análisis, discusión y aprobación es a un punto de acuerdo que solicita se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social a lograr niveles suficientes de bienestar con equidad en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, utilizando políticas y acciones de ordenación territorial y de desarrollo urbano y vivienda para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas. El dictamen modifica la redacción y dice: "Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incorporar a las zonas de atención prioritaria contempladas en la Ley General de Desarrollo Social, a la región de la Sierra Madre del Sur, que comprende los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero".

Diputado Carlos Flores Rico: Propongo que el texto diga "como zonas" o "en las zonas".

Diputado Juan Carlos Núñez Armas: Propongo que invitemos al diputado ponente de esta solicitud antes de votar el dictamen, aunque manifiesto mi acuerdo con el texto resolutivo, pareciera que no corresponde a lo solicitado en el enunciado por él.

Diputado Mario Moreno Arcos: Considero que la proposición con punto de acuerdo presentada, reitera una situación conocida por todos en el sentido que, estos tres estados, tienen altos índices de marginación. Los tres estados tienen algunos municipios, o la gran mayoría, con una alta marginación por lo que la intención del diputado ponente pretende que no solamente sean algunos municipios sino los tres estados, en su conjunto, contemplados como de atención prioritaria.

La Comisión podría solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social la información relacionada con cuáles son las acciones que está contemplando, y manejando, para poder apoyar a estos tres estados a superar la marginación. Pediría se incorpore la evaluación y el seguimiento de la atención dado a este punto de acuerdo.

Diputado Julio Boltvinik Kalinka: El proyecto de dictamen que se presenta a votación, olvida un pequeño detalle: que las zonas de atención prioritaria se emiten, junto con el presupuesto de egresos de la Federación de cada año; la Ley fue promulgada en enero de este año, la primera declaración de zonas prioritarias se hará cuando aprobemos, en diciembre próximo, el presupuesto de egresos para el dos mil cinco, irá anexa al mismo y entrará en vigor en enero de ese año. Entonces la respuesta técnica no es la adecuada. Lo aprobamos como está o lo rechazamos.

Diputada Presidenta: La Mesa Directiva analizó este punto de acuerdo, con la participación del diputado Julio Boltvinik Kalinka. El diputado Carlos Flores Rico propuso que, bajo esta formulación, emitiéramos el dictamen dado que es un planteamiento muy general.

La propuesta del diputado Mario Moreno Arcos podría incorporarse y solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que nos informe cómo se les contempla en las zonas prioritarias y qué acciones o programas se realizan en esos estados. Éste es el sentido de darle una respuesta a un punto de acuerdo que solicita, de una manera amplia y general, se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social para que se mejoren los niveles de vida de la población de las zonas de la Sierra Madre del Sur en estos estados.

Diputado Carlos Flores Rico: Como legisladores uno de los instrumentos que tenemos para dar a conocer inquietudes, demandas, deseos y exigencias que surgen en los distritos, son las proposiciones con punto de acuerdo. Chiapas, Oaxaca y Guerrero conforman la parte más ominosa en materia de desarrollo social; mi estado, el cuarto distrito de Tamaulipas; la zona del semidesierto de Nuevo León, en San Luis Potosí, podemos hacer una lista de regiones, con problemas semejantes. Este tipo de demandas lo que hacen es llamar la atención que fue la intención del diputado Manuel Velasco Coello. En su momento, cuando la Mesa Directiva de la Comisión discutió el anteproyecto de dictamen a este punto de acuerdo, propuse que el mecanismo institucionalizado para atender la solicitud serían las zonas de alta marginación. Ese es el sentido y, comentar que, prácticamente, es un asunto concluido porque el diputado Velasco cumplió su objetivo de llamar la atención desde la tribuna y fue considerado como tal en el presupuesto de egresos de la Federación para el año dos mil cuatro.

Diputada Myriam Arabian Couttolenc: Comentar que este punto de acuerdo tiene relación con el tema que, con anterioridad, abordamos. Considero que el trabajo que hagamos de la revisión de la distribución de los fondos contemplados en el Capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal ayudará a asegurar la equidad en la distribución de los recursos para las zonas como las que refiere esta proposición con punto de acuerdo.

Diputada Presidenta: Solicito a los diputados que den cuenta del sentido de su voto para el dictamen a este punto de acuerdo. (Se aprueba por veintidós votos a favor y 1 abstención.)

Pasemos a asuntos generales.

El primer punto son los pendientes legislativos de la Comisión para el presente periodo ordinario de sesiones.

Está la iniciativa que abroga la Ley Sobre Construcción de Cercas en Predios no Edificados presentada por el diputado Francisco Arroyo Vieyra. Es una iniciativa para abrogar una ley en uso; se tiene el proyecto de dictamen, mismo que conoció el diputado Arroyo Vieyra, quien estuvo de acuerdo en su contenido. Lo remitiremos a los diputados integrantes de la Comisión.

Está la minuta, enviada por el Senado, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos; fue turnada en la Quincuagésima Octava Legislatura y les propongo que la desahoguemos. Estas reformas se aprobaron por unanimidad en el Senado de la República; en su contenido plantea modificaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos vinculadas con la reforma constitucional sobre derechos indígenas; en la Mesa Directiva revisaremos el proyecto de dictamen y lo haremos llegar a los demás integrantes de la Comisión.

Igualmente, tenemos la iniciativa presentada por el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo e integrante de esta Comisión, para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el propósito que el Fondo Nacional de Empresas Sociales esté sectorizado en el Ramo Veinte; la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la había turnado para opinión de esta Comisión, pero ya modificó el turno, ampliándolo para dictamen.

Pasemos a la propuesta del diputado Julio Boltvinik Kalinka de solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara la ampliación del turno de la iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal presentada por la senadora Leticia Burgos a esta Comisión. (Se aprueba por unanimidad.)

Les informo que hemos estado en comunicación con la Secretaría de Desarrollo Social para solicitar que el proyecto de Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social nos sea dado a conocer; en cuanto se tenga lo haremos del conocimiento de los integrantes de la Comisión. Es posible que, para tratar este tema, celebraremos una o varias reuniones para opinar sobre el mismo.

Con relación a la agenda, comento que nos fue turnada la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Rogelio Flores Mejía en la que solicita que el Ejecutivo del Estado de Puebla y la Secretaría de Desarrollo Social no avalen la Quinta Modificación al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Otro tema pendiente son los foros de difusión de la Ley General de Desarrollo Social.

Diputado Carlos Flores Rico: Los diputados y el secretario de Desarrollo Social de Coahuila proponen que Saltillo sea la sede de uno de los foros de difusión de la Ley General de Desarrollo Social; también los diputados del Estado de México e Hidalgo han mostrado interés en ello. Los foros podrán enriquecerse escuchando las opiniones sobre las reglas de operación y los fondos.

Diputado Armando Rangel Hernández: Propongo que se diseñe un esquema general para la realización de los foros; la consulta a los estados y los municipios sobre la distribución de los fondos del Ramo Treinta y Tres merece atención especial.

Diputado Felipe Medina Santos: En el caso del estado de México, propongo que el municipio de Huixquilucan sea la sede ya que están de acuerdo en ello, el presidente municipal y el gobierno del Estado. Solicito a la Mesa Directiva formule una propuesta de programa para el foro que se realizaría en un día.

Diputada Clara Marina Brugada Molina: Hay que reconocer que la realización de los foros significa muchos esfuerzos y no podemos dejarlos solo en la difusión de la Ley General de Desarrollo Social sino abordar otros temas como es la distribución de los fondos.

Diputada Presidenta: Propongo que la realización de los foros inicié en los estados de México y Veracruz y que, con posterioridad, revisemos qué más podemos hacer y cómo estos foros servirán para nuestro trabajo legislativo. En cuanto al formato y las necesidades del foro les haremos llegar una propuesta.

Diputado Carlos Flores Rico: Si no difundimos la Ley en estos momentos, después no tendrá mucho sentido; igualmente es el caso de las reglas de operación y de la revisión del Capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal. Podemos responsabilizar de cada foro a un integrante de la Comisión.

Diputada Presidenta: Como es un foro de la Comisión de Desarrollo Social, no podemos responsabilizar de su organización sólo a un diputado ya que tenemos que ser institucionales y preservar los equilibrios políticos.

Diputado Ubaldo Aguilar Flores: Tenemos que contar con un esquema bien definido para lograr nuestros objetivos. Insistiría en que debemos tener contacto con el secretario de desarrollo social del estado de Veracruz para involucrarlo en la realización del foro.

Diputada Presidenta: Se envió una comunicación al gobernador de Veracruz en la que hacemos de su conocimiento que los diputados Juan Fernando Perdomo Bueno y Ubaldo Aguilar Flores serán los enlaces de nuestra Comisión para la realización del foro; ya obtuvimos respuesta y de cualquier avance los mantendremos informados.

Diputada Clara Marina Brugada Molina: Estoy de acuerdo que la Comisión de Desarrollo Social vaya a los estados a realizar foros pero también es cierto hay que cuidar la institucionalidad de los mismos.

Diputada Presidenta: Les enviaremos la propuesta de formato para la realización de los foros. Estaremos pendientes de que sea un formato único y que en los foros haya una representación plural de diputados y de autoridades para que no se conviertan en eventos de carácter político-electoral.

Diputado Julio Boltvinik Kalinka: Es conveniente que la Comisión sostenga una reunión con la Secretaria de Desarrollo Social para que nos exponga como está operando la Ley General de Desarrollo Social e intercambiemos puntos de vista, con el espíritu de unanimidad, de consenso y de concordia que logramos con la aprobación de la Ley. Una reunión informal pero informativa. En ella veríamos el reglamento de la Ley General de Desarrollo Social y las instancias que la Ley mandata como son la Comisión Nacional de Desarrollo Social, el Consejo Consultivo, la Comisión Intersecretarial y el Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social.

Diputado Carlos Flores Rico: El objetivo de la reunión con la secretaria de Desarrollo Social sería conocer los avances en la implementación de las instancias que la Ley establece como son el Consejo de Evaluación, la Comisión de Desarrollo Nacional, la Comisión Intersecretarial, la designación del Secretario del Consejo Nacional de Evaluación; el reglamento, sus grandes rubros y orientaciones; el avance en la confección de las reglas de operación, sus innovaciones y rumbos; el Capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal y, qué opina del Fondo Nacional de Empresas Sociales.

Diputada Presidenta: Haremos la solicitud correspondiente.

Agotados los asuntos del orden del día, siendo las catorce horas con veintinueve minutos, la Presidenta da por concluida la sesión.

Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Armando Rangel Hernández (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), secretarios; Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Miguel Ángel Osorio Chong, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (comisión fuera del país), Renato Sandoval Franco (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Quintín Vázquez García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo.
 
 
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, RELATIVA A SU OCTAVA SESIÓN PLENARIA, QUE TUVO VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO DE 2004

Presidencia de la Diputada Beatriz Zavala Peniche

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las quince horas del día miércoles veintiuno de julio de dos mil cuatro, asisten a la Octava Sesión Plenaria, celebrada en el Salón "B" del Restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para el desahogo del siguiente orden del día.

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la séptima sesión ordinaria.
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de proyectos de dictámenes:

4.1. De la Comisión de Desarrollo Social, al punto de acuerdo por el que se solicita exhortar al director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a que otorgue la escrituración a los colonos de la zona urbana y suburbana de Altamira, Tamaulipas, presentado por el diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

4.2. De las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, al punto de acuerdo para solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia informe a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social sobre los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de asistencia social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo Treinta y Tres; y

4.3. De la Comisión de Desarrollo Social, al punto de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se cumpla con la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales.

5. Asuntos generales.

La diputada Presidenta da la bienvenida a los diputados presentes, dando inicio a la sesión.

1. Lista de asistencia y verificación de quórum

Se realiza el registro de asistencia, encontrándose presentes los diputados: Beatriz Zavala Peniche (PAN), Carlos Flores Rico (PRI), Armando Rangel Hernández (PAN), Francisco Xavier Alvarado Villazón (PVEM), Clara Marina Brugada Molina (PRD), Felipe Medina Santos (PRI), María del Carmen Mendoza Flores (PAN), Mario Moreno Arcos (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Renato Sandoval Franco (PAN) y Quintín Vázquez García (PRI); en virtud de que se encuentran presentes once diputados de un total de treinta, la diputada Presidenta propone y se acepta hacer válida la reunión como octava sesión plenaria.

2. Lectura y aprobación del orden del día

La diputada Presidenta da lectura al orden del día y lo somete a la consideración de los diputados asistentes.
Aprobado.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la séptima sesión ordinaria

La diputada Presidenta pregunta si están de acuerdo en dispensar la lectura del acta de la séptima sesión plenaria.
Aprobado.

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de proyectos de dictámenes

La diputada Presidenta comenta que los proyectos de dictámenes puestos a consideración en esta sesión ya fueron analizados con anterioridad y se recogieron los comentarios formulados por los diputados integrantes de la Comisión. Propone aprobarlos y recabarlas las firmas.

4.1. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social al punto de acuerdo por el que se solicita exhortar al director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a que otorgue la escrituración a los colonos de la zona urbana y suburbana de Altamira, Tamaulipas, presentado por el diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

La diputada Presidenta señala que para la elaboración de este dictamen se recibió la información de las autoridades competentes, del gobierno del Estado, del municipio de Altamira y de la propia Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. También se envió al diputado promovente. Pregunta si existen comentarios y, de no ser así, manifiesten su aprobación.

Aprobado.

4.2. Dictamen de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social al punto de acuerdo para solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia informe a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social sobre los criterios de distribución presupuestal que utiliza para repartir los recursos del rubro de asistencia social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo Treinta y Tres

La diputada Presidenta informa que, con relación a este dictamen, se recibió la información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de cómo se distribuyen los recursos. Dicha información se envió a la diputada promovente y a los integrantes de la Comisión. En el dictamen se solicita que se continúe informando sobre los criterios de distribución.

La diputada Clara Marina Brugada Molina manifiesta su acuerdo en la propuesta de dictamen para no modificar la propuesta y avanzar. Le solicita a la diputada Presidenta que se pida al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cómo se ha aplicado la fórmula concretamente y sus resultados.

La diputada Presidenta comenta que el sentido del dictamen es que se reciba, continuamente, la información de cómo se distribuyen los recursos; de manera formal, solicitaremos la información sobre cómo se ha aplicado la fórmula. Solicito que los diputados integrantes de la Comisión manifiesten su aprobación al dictamen.

Aprobado.

4.3. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social al punto de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se cumpla con la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales

La diputada Presidenta señala que en la información que proporcionó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para atender esta proposición se indica que éste carece de facultades ante los sistemas estatales para supervisar el cumplimiento de esta norma y que, en algunas entidades, no se cuenta con la infraestructura necesaria para hacer esta compra a los productores locales dado que no se tienen los sistemas de refrigeración necesarios para la leche o las fábricas para empacarla.

Considera que, además del exhorto contenido en este dictamen, se deberá poner atención en el presupuesto de egresos de la Federación para contribuir a que los estados cumplan con esta norma y beneficien a los productores nacionales de leche. Solicita a los diputados manifiesten su aprobación a este dictamen.

Aprobado.

Antes de pasar a "Asuntos generales", la diputada Presidenta comenta que respecto al punto de acuerdo relativo a la contaminación del Río Santiago en Jalisco, la Comisión de Salud cuenta con un dictamen coincidente con el aprobado por esta Comisión.

Añade que de lograrse la firma de los dictámenes, ya aprobados por esta Comisión por las otras comisiones a las cuales fueron turnados, se tendrán cuatro dictámenes para ser agendados en el próximo periodo ordinario de sesiones.

5. Asuntos generales

La diputada Presidenta comenta que, por diversas razones, los foros en los estados no se han concretado por lo que se considera propicio convocar a un foro en el Palacio Legislativo con el objetivo de difundir la Ley y su aplicación, cómo pueden instrumentarla en sus estados y cómo pueden hacer lo propio para legislar en la materia. Al Foro estarán invitados los presidentes de las Comisiones de Desarrollo Social de los distintos estados, presidentes municipales, diputados federales y senadores de la República así como público, en general. Está confirmada la asistencia la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Josefina Vázquez Mota.

El diputado Carlos Flores Rico agradece la celebración del Foro ya que su realización se había pospuesto y que mejor que se realice con la participación de los presidentes de la Cámara y de la Junta de Coordinación Política ya que le dará realce al mismo. Añade que es tiempo aún para invitar a otros compañeros a que asistan.

Por lo que se refiere a los dictámenes, informa que están revisados y consensuados por la bancada priísta, por lo que no hay obstáculo para que sean aprobados y se turnen a la Mesa Directiva de la Cámara para que los conozca el Pleno.

Comenta que una delegación de diputados integrantes de la Comisión, se realizó una visita a China en la que se tuvo la oportunidad de platicar con mayor formalidad acerca de los programas de desarrollo social en China. Que se contempla la posibilidad que una pequeña delegación, acompañe a la Secretaria del ramo, para efectuar una visita al interior de ese país, con el propósito que nuestros programas se enriquezcan con su visión.

Propone dar turno a los asuntos que no tienen mayor obstáculo o diferendo alguno.

La diputada Presidenta agradece la propuesta para agilizar el desahogo de los asuntos.

Finalmente, se suma al exhorto del diputado Carlos Flores Rico a lograr una amplia participación en el foro.

La diputada Clara Marina Brugada Molina manifiesta que estando de acuerdo en cuanto al procedimiento dado a los tres dictámenes a discusión en esta sesión, no debe quedar como precedente en la Comisión ya que tienen que cumplirse con las reglas que establece la Cámara en la materia.

Señala que la segunda visita a China fue importante ya que, más allá de la polémica que existe sobre el número de pobres en ese país, en los últimos veinte años hayan logrado reducir la pobreza para doscientos millones de chinos. Esa experiencia tiene que revisarse con cuidado para recuperar aquello que resulte positivo y proponiendo realizar una visita directamente al campo, con el objetivo de conocer la realidad y los programas. Sugiere elaborar un informe de esta visita para los diputados integrantes de la Comisión lo conozcan.

El diputado Quintín Vázquez García propone que, para celebrar los foros regionales de la Ley General de Desarrollo Social, la secretaría técnica nos pudiese establecer los criterios para su realización.

Agradece el apoyo de los integrantes de la Comisión para dictaminar el punto de acuerdo encaminado a encontrar una solución al grave problema en los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, debido a la contaminación del río Santiago.

Comenta que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco, convoca a un foro para el veinte de septiembre sobre participación ciudadana, encaminado a fundamentar una Ley General de Desarrollo Social, ya se tiene una calendarización y la Comisión de Participación Ciudadana lo ha venido implementando por lo que propone contactar a ella.

La diputada María del Carmen Mendoza Flores agrega al comentario del diputado Quintín Vázquez García, que este foro se realizará en Guadalajara, teniendo como sede el Congreso Local. Señala que platicó con el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco a efecto que, con posterioridad, se realice un foro de difusión de la Ley General de Desarrollo Social. Solicita que, de parte de la Cámara, obtener apoyo para los anuncios de este foro.

La diputada Presidenta manifiesta que es positiva la idea de que la Cámara colabore en la difusión de los foros de las distintas comisiones.

El diputado Carlos Flores Rico comenta que existe un subejercicio de los tiempos que corresponden a la Cámara de Diputados. Sugiere que los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública conozcan a cabalidad la ley para que vean que la parte presupuestaria del sector social no sea menor a la del año anterior y que la Cámara pueda hacer la producción de anuncios para difundir estas invitaciones y otras cuestiones, no solo para su difusión a través del Canal del Congreso sino también de pequeñas cápsulas o resúmenes que puedan ser de utilidad para toda la sociedad mexicana. Se puede solicitar que nos preparen cápsulas del Foro para que se difunda a través de los canales privados de televisión.

La diputada Presidenta considera que la propuesta es positiva y se solicitara se anuncie este Foro. También se solicitará al Canal del Congreso la transmisión del video que elaboró la Comisión; es un poco extenso pero, editado se adecuaría a los tiempos oficiales. Es importante que los ciudadanos conozcan el trabajo que realizamos en la Cámara de Diputados.

Siendo las quince horas con cincuenta y ocho minutos del día arriba citado, la diputada Presidenta da por concluida la sesión.

Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Armando Rangel Hernández (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), secretarios.
 
 












Convocatorias
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A la reunión de trabajo que sostendrá con legisladores de la Comisión de Agricultura y Asuntos Rurales de la Asamblea Popular Nacional (Parlamento) de la República Popular de China el lunes 11 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

A su reunión de trabajo con el maestro Gerónimo Gutiérrez Fernández, que tendrá lugar el lunes 11 de octubre, a las 10 horas, en el salón de reuniones de la Comisión (edificio D, planta baja).

Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A la reunión de trabajo con las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural y con diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Asuntos Rurales de la Asamblea Popular Nacional (Parlamento) de la República Popular de China, que se llevará a cabo el lunes 11 de octubre, a las 12:30 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE TURISMO

A la reunión de su Junta Directiva, que se efectuará el martes 12 de octubre, a las 10 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio F, tercer nivel).

Orden del Día

1. Lista de asistencia y comprobación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la reunión anterior.

4. Análisis del proyecto de dictamen de la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.
5. Análisis del proyecto de dictamen del punto de acuerdo para solicitar a diversas comisiones de la Cámara de Diputados que analicen y tomen en cuenta las opiniones de organizaciones y personalidades en relación con el tema de los casinos, considerado en las iniciativas sobre la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.

6. Revisión del informe de la consulta, que será elaborado por la Comisión de Turismo sobre la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.
7. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION ESPECIAL DEL CAFE

A su cuarta reunión plenaria, que se efectuará el martes 12 de octubre, a las 16 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).

Atentamente
Dip. Jorge B. Utrilla Robles
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ECONOMIA

Al seminario México, hacia un modelo de competitividad global, que se efectuará el miércoles 13 de octubre, de las 9 a las 13:30 horas, en el auditorio Carlos Castillo Peraza, situado en el edificio B, planta baja.

Atentamente
Dip. Manuel López Villarreal
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Al foro Energías renovables, que se efectuará el miércoles 13 de octubre, de las 9 a las 16 horas, en el auditorio norte.

Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO

A la reunión de trabajo que llevará a cabo con asociaciones municipalistas de México el miércoles 13 de octubre, a las 17 horas, en el salón Libertadores (edificio H, primer piso) del Palacio Legislativo.

Atentamente
Dip. Ramón Galindo Noriega
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Al Foro-audiencia pública sobre la iniciativa de Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes, que tendrá verificativo el lunes 18 de octubre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde), situado en el edificio A, segundo nivel.

Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA

A la comparecencia del secretario de la Reforma Agraria, ciudadano licenciado Florencio Salazar Adame, que tendrá lugar el martes 19 de octubre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República, en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD

A la vigésima reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 20 de octubre, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión.

Orden del Día

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la decimonovena reunión de Mesa Directiva.
4. Lectura de los asuntos turnados a la Comisión de Salud y estado que guarda el archivo legislativo.
5. Acuerdos.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

A petición de los diputados integrantes de la Junta Directiva de ésta Comisión, se modifica la fecha de la convocatoria a la séptima reunión plenaria, la cual se llevará a cabo el próximo viernes 22 de octubre a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G del restaurante Los Cristales.

Se recuerda a los CC. diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal que, de acuerdo con la práctica que se sigue en esta Comisión, se da un término de 20 minutos de espera para que haya quórum y, en su caso, iniciar la sesión.

Orden del Día

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia y verificación del quórum.

3. Dar cuenta del proyecto de modificación del Estatuto del Distrito Federal para dotar de personalidad jurídica y patrimonio a las delegaciones.
4. Dar cuenta de la propuesta con punto de acuerdo mediante el cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita se realicen acciones que incrementen sustancialmente el presupuesto de salud asignado al Gobierno del Distrito Federal.
5. Dar cuenta del acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal relativo a la desconcentración educativa integral para el Distrito Federal para que no solo se transfiera a las entidades locales los servicios educativos, sino también la administración de los recursos financieros necesarios para una educación pública de calidad.

6. Dar cuenta del punto de acuerdo para reiterar al Congreso de la Unión el exhorto a que se incluya al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal de 2005. Remite la Asamblea del Distrito Federal.
7. Dar cuenta de la iniciativa que reforma el inciso a) del sexto párrafo del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
8. Dar cuenta de la iniciativa que adiciona un artículo decimoséptimo transitorio al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

9. Fecha de instalación y programa de trabajo para las diversas subcomisiones.
10. Metodología para integrar los trabajos y hacer más eficiente su desempeño.
11. Informe sobre las conferencias magistrales durante el mes de septiembre.
12. Asuntos generales.
13. Clausura.

Atentamente
Dip. José Agustín Ortiz Pinchetti
Presidente