El que suscribe, diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el Punto de Acuerdo a efecto de solicitarle a la Sagarpa, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor se respete y cumpla la norma NOM-155SCFI-2003 y se forme el Consejo Nacional de la Leche, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A pesar del excelente potencial para la producción de leche bovina en México, el mercado interno de este producto no ha podido superar las deficiencias del modelo económico prevaleciente.
Los productores y consumidores de lácteos están padeciendo la falta de apoyo a sus esfuerzos y necesidades, por lo que se requieren medidas que protejan y fortalezcan a los ganaderos, al mismo tiempo que beneficien a las familias con calidad y buen precio.
Nuestra participación legislativa debe promover la competitividad en el subsector, la organización corresponsable de los involucrados y la aplicación nacionalista de las normas vigentes, para beneficio de los mexicanos.
México registra un inventario de poco más de 1.9 millones de cabezas y produce 28.9 millones de litros de leche diarios, que representan cerca del 90% de la demanda diaria nacional, estimada en 32 millones de litros de leche.
Sin embargo, un gran número de productores muestra ya una enorme inconformidad ante la apertura comercial, los crecientes costos de producción y las prácticas desleales de algunos industriales de lácteos, además de la marcada tolerancia, pasividad y descoordinación de los distintos organismos y dependencias del sector público y privado involucrados en la cadena del sistema producto leche del país.
Este panorama tiende a agudizarse por la inminente liberación de leche para el año 2008, sobre todo si consideramos que otras naciones productoras son altamente competitivas porque cuentan con fortaleza económica; estructura tecnológica; organización comercial y un alto nivel de subsidios y apoyos gubernamentales diferenciados.
No obstante las adversidades estructurales del mercado, en los últimos años se han logrado avances significativos en la producción, certificación, normalización y comercialización de leche cruda en el país.
Tal es el caso de la tan esperada Norma Oficial Mexicana de Leche, que fue publicada por la Secretaría de Economía el 12 de septiembre del 2003, después de muchos esfuerzos y reuniones de trabajo de los organismos privados y oficiales involucrados, bajo el título de NOM155SCFI-2003: Leche Fórmula Láctea y Producto Lácteo Combinado, denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.
Esta norma establece en el párrafo primero de su considerando lo siguiente:
Paralelamente a esta pasividad apática y a la nula coordinación de las distintas dependencias gubernamentales involucradas en la cadena agroalimentaria de la leche con los productores e industriales del lácteo, se está logrando que la reconversión productiva de los ganaderos no se logre en los términos de productividad requeridos, lo cual está ocasionando su paulatina descapitalización, a tal grado que algunos productores, tanto del sector social como empresarial, están desertando de la actividad y otros consideran seriamente su retiro definitivo antes de 2008.
Esta situación es grave para el país porque fabricar un producto lácteo no es cosa fácil. Se requiere de trabajo constante e intenso; se requiere de enorme cariño al campo, y de compromiso por la calidad que estos productos demandan para el mundo globalizado del siglo XXI. Pero se requiere sobre todo la rentabilidad para el productor y el buen precio para el consumidor. Y si esto no se tiene, la migración de los productores a los Estados Unidos y a diferentes centros urbanos del país, traerán diversas consecuencias sociales, culturales y económicas en detrimento de la actividad primaria de una gran mayoría de los productores del país.
El descuido de tan sensible sector genera el abandono de las familias, tierras e infraestructura productiva; ruina y miseria; remate de ganado, maquinaria y equipo de amplios sectores del agro mexicano, con el consecuente desempleo en zonas urbanas del país, dada la presión campo-ciudad.
La credibilidad de las políticas que el gobierno federal propone para el desarrollo del agro mexicano está en duda, porque los resultados han dejado mucho que desear, sobre todo en la agilidad y cumplimiento de los compromisos pactados, como es el caso de los Acuerdos para el Campo y la oportuna liberación de las reglas de operación del programa Alianza para el Campo.
De igual forma sucede para el subsector nacional que hoy nos ocupa, donde se aprecia que el gobierno federal facilita a los grandes industriales de lácteo la importación de crecientes volúmenes de leche en polvo, preparaciones alimenticias y otros sucedáneos; incluso llegando a la paradoja de comprar leche cruda de países como Uruguay, Argentina, España y Costa Rica, para su ultra pasteurización aquí, cuando la leche fluida mexicana de calidad no se puede desplazar por prácticas monopólicas de algunas empresas pasteurizadoras, que se dan el lujo de fijar el precio de compra del litro de leche cruda a 3 pesos con 20 centavos, o menos, y venderla pasteurizada o ultra pasteurizada a cerca de 8 pesos el litro.
México es el único país del mundo donde se produce Fórmula Láctea. Lo que se logra con ello es privilegiar las crecientes ganancias de los industriales en perjuicio de la adecuada nutrición de los niños mexicanos.
El Poder Legislativo no debe permitir que con la complicidad de las autoridades federales unas cuantas empresas continúen con esa ventajosa práctica comercial, quienes además de engañar al consumidor con una mala calidad están arruinando a muchos productores lecheros nacionales, al no observarse las distintas normatividades vigentes en el país.
Por ejemplo, es práctica común el que se rebase las cuotas de importación de leche en polvo y subproductos, convenidos claramente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por la Organización Mundial del Comercio, que para este caso es el 20%. Sin embargo, no solo se rebasan esas cuotas, sino que incluso no se pagan los impuestos de los sobre cupos previstos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, considerando las necesidades y demandas de los productores lecheros del país y las condiciones adversas para este mercado en la actualidad, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Primero. Que todas las empresas y organismos gubernamentales involucrados, como la Sagarpa, la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, respeten y apliquen, de manera puntual, cabal y obligatoria, la norma oficial mexicana NOM-155SCFI-2003, NOM-155SCFI-2003, Leche Fórmula Láctea y Producto Lácteo Combinado, denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.
Segundo. Que los productores de fórmula láctea le apliquen un color diferente al de la leche para que no sigan simulando, confundiendo y defraudando al consumidor.
Tercero. Que dentro del programa Alianza para el Campo se privilegie al ganadero que tenga recría de vaquillas, mediante un apoyo diferenciado para tal propósito, en razón del cierre de frontera al ganado de reemplazo por razones zoosanitarias.
Cuarto. Que los 297 millones de pesos autorizados para Liconsa se apliquen con la mayor brevedad posible para que esta empresa adquiera leche a un precio de 3.50 pesos el litro, con el efecto inmediato de adquirir los excedentes estaciónales y regular así el mercado nacional de la leche cruda.
Quinto. Que se proponga la creación de un organismo público descentralizado; con personal jurídico y patrimonios propios; encargado del fomento, la certificación, la normalización y el control del comercio interno y externo de la leche y sus derivados con cobertura nacional; y que corresponda ante los intereses de los ganaderos, industriales y consumidores de leche y sus derivados, bajo un contexto de planificación integral de la producción y consumo de leche y sus derivados.
Sexto. Que a este organismo se le denomine "Consejo Nacional de la Leche", Conal, que sea presidido por un Consejo Directivo, cuyo titular será designado por el Presidente de la República, e integrado por los representantes de las dependencias gubernamentales directa e indirectamente involucradas en este subsector; así como los titulares de cada una de las Comisiones Estatales de Leche o sus similares, para que en forma conjunta con sus representantes de las Cámaras de industriales de lácteos y de ganaderos se logre el pleno cumplimiento de la normatividad establecida y por establecer en materia de inocuidad alimentaria que garantice la producción, autenticidad y calidad sanitaria y nutricional para la comercialización y consumo de la leche sean los apropiados en toda la cadena del sistema-producto-leche nacional.
Dip. Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE AL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SE PROPORCIONE ENERGÍA ELÉCTRICA A UN PRECIO ACORDE CON LAS ALTAS TEMPERATURAS, CONSIDERANDO QUE LA GEOTERMOELÉCTRICA DE CERRO PRIETO ESTÁ EN SU TERRITORIO, A CARGO DEL DIPUTADO HIDALGO CONTRERAS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Hidalgo Contreras Covarrubias, en mi carácter de diputado integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esa honorable asamblea iniciativa de punto de acuerdo para que al municipio de Mexicali, Baja California, se proporcione energía eléctrica a un precio acorde con las altas temperaturas mediante la geotermoeléctrica de Cerro Prieto, tomando en consideración las altas temperaturas, que es producción local y que se ubica en su territorio, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro país existen regiones que se caracterizan por tener climas variados, entidades en las que sus municipios sufren diferentes temperaturas, aun cuando la distancia entre uno y otro sea relativamente corta. Éste es el caso de Mexicali, Baja California, el municipio que cuenta con las temperaturas de verano más altas de nuestro país, con un promedio aproximado de 45 a 48° C a la sombra.
La ubicación geográfica de la ciudad de Mexicali, en su mayoría desértica, provoca la elevación de la temperatura, lo que perjudica la salud de los habitantes y obliga a utilizar todos los medios necesarios para transformar en los lugares donde existe convivencia humana ambientes más agradables mediante sistemas de aire acondicionado.
La transformación de un clima infernal a uno más agradable trae como consecuencia la afectación directa del ingreso de los ciudadanos que trabajan únicamente para el pago mensual del recibo de luz, quedando en riesgo la satisfacción de las necesidades de su familia: en la mayoría de los casos, el dilema se centra tristemente en pagar la luz o comer.
Actualmente, la necesidad de consumir grandes cantidades de energía provoca la búsqueda de opciones para hacer menos pesada la carga económica que representa el gasto por este concepto, no es suficiente el subsidio que año con año se otorga por parte del Gobierno Federal teniendo el riesgo y la incertidumbre de que no sea concedido el próximo verano, no resuelve el problema de fondo, la trágica experiencia de los mexicalenses que sufren cada año sigue latente.
Es triste ver que en el municipio existen dos empresas extranjeras que producen energía y la exportan a Estados Unidos, vendiéndola a los consumidores a precios muy bajos, en California por ejemplo los recibos de luz se pagan mensualmente con un 40% menos con la misma cantidad de kilovatios consumidos.
En el Valle de Mexicali, a sólo 25 kilómetros de distancia, se cuenta con una planta generadora de electricidad, me refiero a la termoeléctrica Cerro Prieto, que produce energía con el calor del subsuelo, energía que es extraída gracias a las condiciones propicias del terreno, energía que se distribuye sin tener que trasladarla a grandes distancias, energía que se localiza en el mismo territorio del municipio, energía que si es necesario se exporta a Estados Unidos, energía que teniéndola en casa puede ser más barata. Si Estados Unidos puede otorgar el servicio a precios justos produciendo energía y llevándola a grandes distancias, estoy seguro de que con voluntad nuestro gobierno también puede hacerlo.
Por tal motivo, se pone a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta H. asamblea legislativa envíe atento exhorto al Ejecutivo federal a efecto de que analice y autorice la venta de energía eléctrica al municipio de Mexicali, Baja California, a precios asequibles al ciudadano mediante la termoeléctrica Cerro Prieto tomando en consideración las altas temperaturas, que su producción es local y que se ubica en su territorio.
Una vez realizado dicho análisis, emita las instrucciones pertinentes a quien corresponda a efecto de iniciar los trámites correspondientes para concretar la petición plasmada en el presente documento.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.
Dip. Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS COMISIONES DE COMUNICACIONES, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 SE DESTINEN RECURSOS A FIN DE RECONSTRUIR EL TRAMO CARRETERO POLVORÍN-ALPUYECA, DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Rosalina Mazari Espín, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La autopista Cuernavaca - Acapulco es una de las más importantes del sistema carretero nacional que permite la llegada de millones de turistas al año al puerto de Acapulco en el estado de Guerrero, y a su vez, en el trayecto comunica a importantes ciudades y comunidades de esa entidad y del estado de Morelos.
Los morelenses pagamos un elevado costo de peaje, el más caro en el país, para poder utilizar esa vía carretera que permite llegar a toda la zona sur y sur - poniente de Morelos, abarcando a 15 municipios de un total de 33 municipios que tiene la entidad federativa.
Desde el inicio del funcionamiento de la autopista con uso de cuatro carriles en el año de 1993, primero fue concesionada como autopista del Sol y en octubre de 1998, de acuerdo a la Red del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), el Estado asume su control operativo universal pero no da el mantenimiento y rehabilitación necesaria al uso de ese tramo carretero por lo que del kilómetro 95 al 114+ 800 metros, que va del lugar denominado el Polvorín a la caseta de peaje en Alpuyeca, son un total de 19 kilómetros + 800 metros.
Durante más de 10 años no ha existido una rehabilitación a ese tramo por lo que la vida útil ha sido excedida en todas sus etapas y el estado material o físico - operativo actual es malo, inseguro y riesgoso completamente, al encontrarse la carpeta asfáltica erosionada, con partiduras y fosos que hacen un verdadero peligro a miles de usuarios diariamente.
En el mes de mayo del año 2003, a la altura del kilómetro 95, se hizo un pozo de varios metros cuadrados donde cabía un vehículo y originando percances, y en este año 2004 en el mes de abril, a la altura del municipio de Xochitepec, se hizo una poza que imposibilitó durante todo un día domingo y lunes el tránsito en uno de los carriles.
Como legisladora he observado que el tramo México - Cuernavaca tiene un constante rencarpetamiento que conserva en optimas condiciones a la autopista; por el contrario, el tramo mencionado (Polvorín - Alpuyeca), no tiene las condiciones elementales de una carretera normal, mucho menos como autopista de alta seguridad.
En ninguna parte de la red de autopistas de la República mexicana se encuentra un tramo tan deteriorado y peligroso como lo tenemos los morelenses y que enfrentamos todos los días; ante esta situación el gobierno de la República puede reasignar recursos de este 2004 al inicio de la reconstrucción de los 19 kilómetros + 800 metros descritos y contemplar una partida específica en el año 2005 que reconstruya completamente el tramo carretero que sea del kilómetro 95 al kilómetro 114 + 800 metros de la autopista Cuernavaca - Acapulco.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Federal, en lo relativo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solicita en el rubro de conservación de la infraestructura básica se asignen 3, 050.0 millones de pesos, entre otros que permita reconstruir 82.4 kilómetros; razón por la cual, solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se incluyan estos 19 kilómetros con 800 metros del tramo carretero (Polvorín - Alpuyeca), para ser reconstruido, por lo que someto a esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se turna a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que, en ejercicio de sus facultades, garanticen que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se destinen recursos suficientes para reconstruir el tramo carretero del kilómetro 95 al kilómetro 114 + 800 metros (Polvorín - Alpuyeca) de la autopista Cuernavaca - Acapulco, que permita costear el análisis, proyectos ejecutivos, contrataciones y ejecución total de la obra.
Dip. Rosalina Mazari Espín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A INSTAURAR EL 16 DE JUNIO COMO EL DÍA NACIONAL DEL FEDERALISMO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a que se instaure el 16 de Junio como el Día Nacional del Federalismo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 28 de julio de 1823 Don Prisciliano Sánchez publicó su famoso Pacto Federal de Anáhuac, documento que influyó de manera determinante para que el Congreso Constituyente de 1824 se pronunciara por el régimen republicano federal y popular, de acuerdo a las bases jurídicas en las que habría de descansar el nuevo Estado mexicano.
El régimen federal era para Sánchez «el invento feliz de la política, indicado por los sentimientos de la naturaleza...» El país se había pronunciado, por visible mayoría, en favor del federalismo porque ante todo, el pueblo quería ser verdaderamente libre. Para Prisciliano Sánchez, esta forma de gobierno era la única que podía atender enteramente las necesidades del hombre, y para México, el influjo benéfico de dicho sistema permitirá, en poco tiempo, desarrollar nuestra riqueza natural. El federalismo, en opinión de Sánchez, sería "el taller de la moralidad, el plantel de la filantropía, el foco de la ilustración y el sentimiento de las virtudes sociales".
III.- En su único informe de gobierno, Sánchez afirmaba que Jalisco es un pueblo que se gloria "de haber sido el primero en proclamar el sistema de la federación como medio infalible de conseguir su verdadera libertad..." Las dificultades que implicaba el sistema federal eran producto de lo novedoso de su aplicación. Sánchez afirma que la ignorancia de un pueblo encorvado aún por las cadenas de trescientos años, desaparecerá "a medida que se agilice el uso de la libertad."
IV.- En México existen diversos días que han sido instituidos como conmemorativos para ciertos hechos históricos (de la Bandera, de la Constitución, de la Revolución, de la Independencia, etc.); pero no se ha instituido el Día Nacional del Federalismo, cuya fecha conmemorativa creemos que debe de ser el día 16 de Junio de cada año, por ser la fecha de facto en que una provincia se proclama como Estado Libre, y por todo lo establecido en el considerando anterior.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. Soberanía, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Único.- Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, declare el 16 de junio como Día Nacional del Federalismo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 29 de septiembre de 2004.
Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CELEBRE UNA SESIÓN PARA RENDIR HOMENAJE Y ENTREGAR UN RECONOCIMIENTO A LOS DEPORTISTAS MEXICANOS QUE OBTUVIERON MEDALLA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y LOS PARALÍMPICOS DE ATENAS 2004, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL CARRILLO RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado federal José Manuel Carrillo Rubio, en nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte presento ante esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados celebre en el salón de sesiones un homenaje y les sea entregado un reconocimiento a los deportistas mexicanos que hayan obtenido medalla en los juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en Atenas 2004, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
El miércoles 8 de septiembre de 2004 se llevó a cabo la sesión plenaria de la Comisión de Juventud y Deporte, correspondiente al mes de septiembre, donde se pusieron a discusión las propuestas presentadas por integrantes de la Comisión a fin de realizar un evento en el cual se hiciera entrega de un reconocimiento a los deportistas que obtuvieran medalla en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en Atenas, Grecia.
Discutidas las diversas propuestas presentadas por los miembros integrantes de los grupos parlamentarios representados en la Comisión se concluyo elaborar una sola propuesta y someterla a consideración a fin de entregar un reconocimiento, a nombre de la H. Cámara de Diputados, a todos aquellos deportistas ganadores de medalla en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Es importante mencionar que cada cuatro años los mejores atletas del mundo se dan cita en una ciudad previamente elegida para representar a su país en la justa deportiva más importante en la historia.
Con una filosofía y una simbología históricamente forjados a través del enriquecimiento de la tradición deportiva y la sana convivencia reflejada por el olimpismo, los Juegos Olímpicos representan el clímax de la unidad y la paz entre los pueblos; la disciplina, la dedicación y la superación de los seres humanos.
Por otra parte, a partir de 1960 al término de los Juegos Olímpicos se celebran los Juegos Paralímpicos, donde participan aquellos atletas con algún tipo de discapacidad física o mental.
El término paralímpico proviene de la palabra paralelo y significa que son los juegos "paralelos" a los Olímpicos. Dicha justa está igualmente llena de valores que elevan la conciencia de los seres humanos al permitir que personas con capacidades diferentes demuestren que son plenamente aptos para competir en la amplia gama de deportes.
El pasado mes de agosto se celebro la XXVIII edición de estos Juegos Olímpicos y en este mes de septiembre se desarrollan los XII Juegos Paralímpicos.
En un afán integrador y de reconocimiento equitativo a todos los deportistas mexicanos que hayan obtenido medalla en estas justas deportivas de Atenas 2004, los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte hemos decidido proponer la realización de este evento, sin hacer distinción alguna entre los deportistas Olímpicos y los Paralímpicos, reconociendo en ambas delegaciones su esfuerzo, dedicación y disciplina.
Reconociendo de esta forma a nuestros deportistas nacionales su gran esfuerzo y digno ejemplo a la sociedad mexicana y en especial de la juventud.
Por lo anterior y con base en lo acordado en la Comisión de Juventud y Deporte, propongo a esta soberanía dicte el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Celebrará una sesión para rendir homenaje y les sea entregado un reconocimiento a los deportistas mexicanos que hayan obtenido medalla en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en la ciudad de Atenas, Grecia.
Transitorio
Único. Facúltese a la Comisión de Juventud y Deporte para organizar la sesión de homenaje y entrega de reconocimientos a los medallistas olímpicos y paralímpicos en noviembre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2004.
Dip. José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A TRANSFERIR LA CARRETERA ESCÉNICA TIJUANA-ENSENADA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO NORBERTO CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Como integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, mis compañeros diputados del Partido Acción Nacional y del estado de Baja California: Hidalgo Contreras Covarrubias, Pablo Alejo López, Renato Sandoval, José Guadalupe Osuna, Manuel González Reyes, Ruth Hernández y Eloísa Talavera, y quien presenta esta propuesta, Norberto Corella, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como por la fracción II artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo del Gobierno Federal que transfiera la carretera escénica Tijuana Ensenada al Gobierno del Estado de Baja California.
Exposición de Motivos
Sin duda alguna que un elemento fundamental del desarrollo de una región lo representan las carreteras y las vialidades, en la medida en que esta infraestructura es amplia, suficiente y segura para la fluidez que demanda la dinámica del tránsito de personas y mercancías. Las carreteras son un factor que promueve el desarrollo de las comunidades y por su existencia, utilidad y grandeza, son el símbolo de la fuerza económica de la región a la que comunican y enlazan.
En el caso del Estado de Baja California, por la estructura y ubicación de su territorio, la distribución de sus recursos naturales, su importante afluencia turística, y sus corrientes migratorias enfrenta el reto de mejorar y ampliar su red de carreteras. Su ubicación como el punto más alejado de la capital del país le condiciona una circunstancia totalmente diferente a la de mayoría de las entidades del país.
En Baja California, la población y la actividad económica se concentran en la parte norte, pegado a la frontera con Estados Unidos y su vida económica en buena medida depende de su relación comercial con el Estado de California. Además una fuente importante de ingresos es el turismo que en su mayoría proviene de los Estados Unidos y que se transporta por carretera.
De acuerdo con las propias autoridades de comunicaciones y transportes, la entidad registra un déficit de dos mil kilómetros de carreteras necesarias para unir a las comunidades de los cinco municipios que tiene esa entidad. Pero por lo que sabemos, el Gobierno del Estado no cuenta con los recursos necesarios para resolver el problema que origina la insuficiencia de carreteras. Como receptor de migrantes que es, Baja California invierte más de la mitad de su presupuesto en educación y tiene grandes retos por resolver en materia de salud.
La carretera escénica Tijuana Ensenada, administrada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos, fue inaugurada el 23 de abril de 1967 y es una vía de comunicación importante, sobre todo porque facilita el traslado de visitantes en lo que se ha convertido en un importante corredor turístico. El año pasado hubo un aforo de 11,994,802 vehículos. No se pudieron obtener los datos de los ingresos que reportó dicha vía, pero si tomamos en cuenta que tiene 3 casetas y cada una cobra $24.00, estos serían cuando menos unos 290 millones en el dado caso de que los vehículos hubiesen hecho un recorrido corto con pago de una sola caseta.
Un antecedente importante es que el 26 de abril de 1996 el entonces Presidente Ernesto Zedillo transfirió la carretera Mexicali La Rumorosa al Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado federal de la LVIII Legislatura en la Cámara de Diputados, y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Poder Ejecutivo a que transfiera al Gobierno del Estado de Baja California la carretera escénica Tijuana Ensenada, actualmente administrada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos.
H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de septiembre de 2004.
Dip. Norberto Corella Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A ESTE H. CONGRESO, A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, ACERCA DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LOS INGENIOS EXPROPIADOS Y DE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL DEL FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal por el estado de Veracruz Marco Antonio Torres Hernández e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 34, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Se exhorta al Ejecutivo federal a que informe a este H. Congreso a través de los organismos correspondientes, sobre las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y la situación administrativa actual del fondo de empresas expropiadas del sector azucarero.
Antecedentes
Ante la inminente crisis que vivía el sector azucarero mexicano, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación, publicó en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de septiembre del año 2001, el Decreto por el que se expropian 27 Ingenios Azucareros.
Como parte fundamental de la exposición de motivos de este decreto expropiatorio se menciona que el Gobierno Federal buscará que la buena y honesta administración sea el común denominador de la agroindustria azucarera de la nación, eliminando las prácticas indebidas del pasado, que han afectado profundamente a este sector.
El decreto también establece que se considerarán a las actividades que comprende la agroindustria azucarera como es el caso de la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar como de interés público.
En este mismo contexto el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación designaría las personas que administrarían estos bienes expropiados y estarían obligados a levantar el inventario de los bienes.
En uso de sus facultades, la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca Y Alimentación, decidió que el organismo que administraría estos 27 ingenios sería un fideicomiso, denominado Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero.
CONSIDERANDOS
Que por más de tres años en que el Fideicomiso antes citado ha estado administrando estos 27 ingenios, no ha dado a conocer el monto al que ascendió el rescate azucarero, el valor real de los Ingenios que se expropiaron y los ingresos referentes a la producción de azúcar, mieles y alcohol, relativo a las zafras del 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004.
Que a la fecha se desconoce que hará el Gobierno Federal con los ingenios expropiados, pues en principio habían declarado que los vendería en dos años y ya pasaron tres.
Que el Gobierno se vio obligado a devolver a manos privadas diversos ingenios al no acreditar en los tribunales la utilidad pública de la expropiación.
Que los productores únicamente han recibido el pago de sus liquidaciones, aún quedan pendientes para el fomento de la Agroindustria Azucarera el otorgamiento de crédito avío, de socas y resocas, siembras nuevas y fertilización para aumentar el rendimiento, todo esto para beneficio de los productores cañeros.
Que la Auditoría Superior de la Federación señala en su informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero no se ajustó a los objetivos de su constitución y carece de mecanismos de control eficientes que le permitan ser transparente en la aplicación, registro y control, tanto de los recursos fiscales otorgados como de las ganancias derivadas de la comercialización de azúcar y subproductos.
Que el Gobierno del Presidente Vicente Fox con el fin de dar viabilidad a estos ingenios, colocó los recursos públicos en dos fideicomisos privados al resguardo de Nacional Financiera, uno bajo el nombre de Promotora Azucarera Sociedad Anónima Proasa, y otro como Fideicomiso Comercializador Fico, aún cuando el decreto menciona que todo lo relativo a la expropiación es de interés público.
Que de esta forma se abrió la posibilidad de manejar como negocio privado los ingenios azucareros públicos.
Que lo anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar procesos de transparencia en los recursos federales del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, de la promotora Azucarera, del Fideicomiso Comercializador y de la Financiera Nacional Azucarera.
Que los titulares de los fideicomisos deben explicar por qué a la fecha no se conocen las cifras reales, aún cuando ha sido una petición constante de mis compañeros legisladores quiénes a través de diversos puntos de acuerdo han solicitado el estatus actual de los organismos que dirigen.
Que es menester que los Diputados y los contribuyentes conozcamos el destino de miles millones de pesos de los fideicomisos azucareros y, de ser necesario se hagan reformas de fondo al secreto fiduciario para que no existan barreras que nos impidan conocer las acciones que se han llevado a cabo con recursos públicos.
Que la rendición de cuentas de la que tanto presume nuestro Presidente debe garantizar que el Gobierno Federal cumpla con el mandato de transparencia, honestidad y eficacia.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud del desconocimiento de los manejos y de las cifras del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, que nos dan indicios certeros por las zafras récord que han registrado desde que asumieron la conducción y administración de los mismos, que existen los suficientes recursos para que cumplan los compromisos del Poder Ejecutivo federal con el sector azucarero, someto a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al Ejecutivo federal a que informe a este H. Congreso a través de los organismos correspondientes, sobre las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y la situación administrativa actual del fondo de empresas expropiadas del sector azucarero.
H. Salón de Sesiones, a 23 de septiembre de 2004.
Dip. Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE VIGILE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE TLAXCALA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JUAN BÁRCENAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los abajo firmantes Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo, en razón de las siguientes
Consideraciones
La democracia electoral en México no es producto de una azarosa conjugación de circunstancias, por el contrario: es el resultado directo del esfuerzo acumulado durante generaciones. Es gracias a esa perseverancia de la vocación democrática de los mexicanos que hoy en día, las elecciones que se realizan en este país, no están tachadas desde su origen de ilegítimas o amañadas.
Sin embargo, la tarea no está terminada. Los tiempos inéditos que hoy se viven en Tlaxcala hacen suponer de manera fundada que nuestra democracia electoral se prepara para hacer frente a un reto hasta ahora inédito: el vínculo conyugal entre un gobernador y una de las candidatas a sucederlo.
En Acción Nacional estamos convencidos que la actuación del Parlamento no debe traducirse en un freno, sino en un factor de equilibrio, es por eso que las facultades de la Cámara de Diputados, llámense legislativas, presupuestales, fiscalizadores o de control, deben de estar al servicio del respeto de la voluntad popular, dentro de los principios de legalidad y equidad. Es en este sentido que se vuelve legítima y oportuna la solicitud de crear una Comisión Especial para vigilar el próximo proceso electoral del Estado libre y soberano de Tlaxcala.
Los resultados electorales de la contienda presidencial del año 2000, permitieron a México alcanzar uno de los aspectos centrales de aquello que los teóricos identifican como el umbral de un proceso de consolidación democrática: la alternancia. Esto en sí ya es un avance, pero aún es necesario trabajar en diversos frentes, a fin de poder continuar avanzando en el largo camino de la democracia. Uno de esos frentes, sin lugar a dudas, son los procesos electorales que se realizan cada año a lo largo y ancho del país.
La democratización supone la institucionalización de las reglas del juego democrático, ello implica que en los procesos de toma de decisiones exista la probabilidad de que las distintas opciones políticas encuentren un espacio de expresión, pero sin violentar, lacerar o cercenar la equidad en la contienda y la responsabilidad de cara a la ética política.
En este orden de ideas, el Poder Legislativo es el espacio de expresión y conformación más nítido de la voluntad popular, ya que además de servir como contrapeso frente a los otros poderes, es un vínculo directo entre el pueblo y los gobernantes, para defender la soberanía y promover la democracia.
Ante el próximo proceso electoral del estado de Tlaxcala, es menester que sea fin esencial de los mexicanos perfeccionar la democracia, y para lograr lo anterior es necesario que se garantice la seguridad jurídica, antes, durante y después del proceso electoral, así como velar por que los recursos económicos otorgados por la Federación no se desvíen o distraigan en fines personales o particulares.
Sin embargo, debemos dejar en claro una tema fundamental: al ser la senadora Maricarmen Ramírez candidata a suceder a su marido, el mal ya está hecho, porque la falta de equidad en la campaña no surgiría de hoy en adelante; surgió en el momento mismo en el que ella, en su calidad de esposa del gobernador, estuvo en condiciones de planear una campaña desde una posición de privilegio. Para los diputados de Acción Nacional, es claro que ninguna licencia, ni ningún permiso de ausencia eliminan el problema ético y político provocado por la ciega e irreductible ambición de la pareja Sánchez-Ramírez. Hasta para el observador mejor intencionado resulta obvia e ilegítima la ventaja que tiene la esposa del gobernante, por encima de los demás candidatos.
Sólo la certeza y transparencia en el uso de los recursos públicos en este proceso electoral podrá cimentar en todos los actores políticos la confianza necesaria a fin de construir un verdadero Estado de Derecho con el cual podamos caminar al desarrollo sustentable que tanto necesitamos los mexicanos.
En este sentido es acertado afirmar que la Cámara de Diputados, al tener la facultad de vigilar e incluso investigar la malversación de fondos federales no incurre en violación alguna al procedimiento electoral, ya que no interviene políticamente en el desarrollo de éste y mucho menos influye en el resultado, respetando así la autonomía de los comicios electorales y las facultades de los órganos creados para dicho fin.
En tal contexto, es ineludible el respeto a los principios aducidos, los cuales tienen como fuente de inspiración el imperio de la ley, y que obliga a todos y particularmente a los órganos encargados de su aplicación, a cursar y expresar sus actos conforme los mecanismos, normas e instituciones jurídicas previamente diseñadas para que sus decisiones sean legales. Lo contrario cancela la esencia de la democracia
En virtud de las consideraciones expuestas, solicitamos al Pleno de esta soberanía el siguiente
Se solicita el trámite de urgente resolución con fundamento en el artículo 59, a cuyo efecto se presenta esta proposición con la debida oportunidad acompañado de su archivo en versión electrónica.
Punto de Acuerdo
Primero. Se aprueba la creación de una Comisión Especial de Observación Plural de Legisladores que acuda al Estado de Tlaxcala a observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral que se celebrará el próximo 14 de noviembre.
Segundo. Que entre las actividades a desarrollar por la Comisión a que se alude en el numeral que antecede, y con respeto a la Soberanía del Estado de Tlaxcala, impere la de vigilar la legalidad, la imparcialidad y el respeto irrestricto de la voluntad popular, así como la de atender que no se desvíen recursos públicos en forma indebida para actividades electorales, todo ello con el fin de coadyuvar al buen desarrollo del proceso electoral en el Estado de Tlaxcala.
Tercero. Hágase del conocimiento a las autoridades electorales del Estado de Tlaxcala de la integración de la Comisión Especial, para el debido cumplimiento de sus actividades.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 29 de septiembre de 2004.
Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO, A DETERMINAR QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL MEGA PROYECTO PETROQUÍMICO FÉNIX SE EJECUTE EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO GUÍZAR VALLADARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Gonzalo Guízar Valladares, a nombre propio y en representación de diputados federales de las bancadas del PRI, PAN, PRD, Convergencia por la Democracia, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo de de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
México, en el contexto de la globalización, se enfrenta a retos inmediatos asociados a la competitividad en el mercado internacional, al impulso de las empresas para generar mayores tasas de ahorro y al fortalecimiento de programas y proyectos que permitan que el crecimiento económico, se transforme en beneficios directos para la población y se materialice principalmente en aquellas regiones más necesitadas.
El sector petrolero, pilar del crecimiento económico de este país y de las finanzas públicas, requiere un impulso de innovación y transformación, que está relacionado con sus necesidades de inversión-financiamiento, bajo esquemas múltiples donde los sectores público y privado participen conjuntamente para revertir rezagos que en la capacidad instalada se tiene; los proyectos estratégicos que se deriven, además deben de ser congruentes con las necesidades de transformación de nuestro petróleo crudo y gas natural en productos derivados, los cuales actualmente se importan ocasionando con ello, déficit permanentes en nuestra balanza petrolera y costos elevados para nuestro mercado interno.
Es por ello que proyectos como el Fénix, un proyecto cuyo cometido es la producción de un millón de toneladas por año de etileno y de propileno, para la elaboración de por lo menos dos millones de toneladas anuales de derivados, permitiría revertir en gran parte el déficit de la balanza comercial en la importación de petroquímicos: en 1991 las importaciones eran de 1,600 millones de dólares y para el 2003 se dispararon hasta 625 por ciento, alcanzando los 10,000 millones de dólares.
Este proyecto toma una gran relevancia para satisfacer objetivos múltiples, en materia de generación de divisas, fortalecimiento del ahorro y el mercado interno, satisfacción de la demanda a un menor costo, garantía de insumos constantes y más que esto, apertura y expansión de nuestro mercado internacional. el Fénix es un proyecto que debe de contar con todo nuestro apoyo para que en su localización se aproveche la disponibilidad de servicios auxiliares existente, la mano de obra especializada, el aprovechamiento permanente de los insumos requeridos como es el caso de la gasolina o el gas natural, el acceso marítimo al mercado externo, el acceso terrestre al mercado interno y su vinculación con otros proyectos económicos regionales de gran envergadura.
Ante ello, informo a ustedes y solicito su moción para que tomando como base los estudios técnicos y económicos realizados, el proyecto de petroquímica secundaria el Fénix -que permitirá ahorrar cuando menos cuatro mil millones de dólares anuales en importaciones-, sea localizado en la región de Coatzacoalcos, Veracruz, por garantizarse en esa zona los objetivos múltiples señalados; ahí se cuenta con insumos de calidad a precios competitivos, instalaciones adecuadas, recursos tecnológicos de vanguardia y el más adecuado nivel de desarrollo técnico en la región.
Además, se destaca la infraestructura existente en la zona del mismo Pemex, que cuenta con capacidad de almacenamiento que opera actualmente al 60 por ciento; aunado a esto, se encuentran las ventajas naturales que ofrece Coatzacoalcos por su ubicación, al tener conexión con los estados de Norteamérica, Sudamérica y Europa. Asimismo, cuando nos comparamos con la costa norteamericana del Golfo de México, que es nuestro principal mercado de referencia, los estimados de costo de los principales derivados petroquímicos resultan ser muy competitivos.
Además de la ventaja que ofrece el mercado, el proyecto se podrá beneficiar de importantes sinergias localizadas en Coatzacoalcos. Para empezar, el complejo contará con un suministro asegurado de gasolinas naturales, su materia prima principal, cuyo abastecimiento y logística siempre han sido bien manejados.
De igual manera, el proyecto podrá aprovechar la infraestructura petroquímica y de refinación, tales como servicios de mantenimiento y de laboratorio, al igual que personal técnico que puede apoyar el funcionamiento de las nuevas plantas. Lo que permitirá reducir los costos de capital y de operación.
Por su parte, los costos de construcción son mucho menores respecto a los de otras localizaciones de la misma zona del Golfo de México.
No sólo eso, sino también este proyecto por su localización en esta zona permitiría beneficios directos e indirectos para los estados de la región sur-sureste, en una mayor derrama que se volvería multiplicadora de la inversión y apoyaría otros proyectos considerados dentro del Plan Puebla-Panamá, así como del proyecto ferroviario que seguramente en un futuro atravesará el Istmo de Tehuantepec, permitiendo así un desplazamiento de productos comercializados en la región de la Cuenca del Pacífico.
Actualmente existen empresas como Base II de Holanda, Nova de Canadá, Repsol de España, Sabic de Arabia Saudita, ENI de Italia así como a Dow, Chevron Phillips y Exxon Mobil de Estados Unidos; Alfa, Idesa y Primes de México, que compiten por la construcción de proyecto y la administración del mismo; la inversión caerá en un componente de 30 a 50 por ciento del sector público y el restante del sector privado, para funcionar como una sociedad anónima normal; cualquiera que sea el esquema, la rectoría estatal debe garantizar que se atienda con las mayores ventajas del interés público, definido aquí como aquel interés donde se privilegia en primera instancia las necesidades nacionales y regionales y la viabilidad del proyecto.
Por lo anteriormente expuesto , nos permitimos poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo, a efecto de que la Secretaría de Energía e Industria Paraestatal por medio de la dirección general de Petróleos Mexicanos realice lo conducente para determinar que la construcción del mega proyecto petroquímico Fénix se ejecute en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
Segundo.- Se crea una Comisión Especial plural de diputados, a efecto de que por sus características de co-inversión e inyección del valor agregado a la materia prima, este proyecto tenga un seguimiento constante en todas sus fases, pues en ello se condiciona el futuro económico y social de nuestras regiones menos desarrolladas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre del 2004
Dip. Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A EVALUAR Y, EN SU CASO, RECONSIDERAR LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LOS CURSOS PARA PADRES DE FAMILIA EN EL PROGRAMA OPORTUNIDADES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GARCÍA VELASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
En mi carácter de Diputada Federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 55 fracción 11 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía, un punto de acuerdo para girar atento exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social sobre una cuestión de auténtico interés nacional; y para ello es que me permito expresar la siguiente
Exposicion de Motivos
El programa de desarrollo humano Oportunidades tiene como objetivo apoyar a las familias que viven en condiciones de pobreza extrema, con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación.
La Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud como el bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad.
Si atendemos a la definición de salud expuesta por la OMS, nos damos cuenta que el programa "Oportunidades", entiende la salud únicamente como la ausencia de enfermedad, sin considerar el bienestar físico psíquico y social de la persona, lo que impide que el objetivo del programa se realice al 100%.
Por ello, es importante entender que para alcanzar mejores niveles de bienestar, se requiere avanzar en el componente educativo. Si bien es cierto que actualmente se busca apoyar a más niños y jóvenes con becas educativas y/o útiles escolares para incentivar el ingreso y permanencia de los mismos en las escuelas, siendo este un logro importante, no es suficiente para propiciar los niveles de bienestar antes mencionados.
Por lo anterior, es necesario que los padres de familia reciban orientación para, de esta manera, apoyen de manera efectiva e integral el proceso educativo de sus hijos, para ello, es importante que los padres reciban platicas no solo orientadas a la salud, nutrición e higiene, sino también a la formación humana, desarrollo personal, fomento de los valores universales y prevención y combate a las adicciones; pues es bien sabido que la principal educación se recibe en el hogar.
El programa "Oportunidades" cuenta con un sistema de contraloría, supervisión y evaluación del impacto, pero requiere que considere en su evaluación los aprendizajes adquiridos por las personas inscritas en el programa con el fin de garantizar que el círculo educativo se realice de manera positiva y tenga repercusiones en el seno familiar y no solo en las instituciones a dónde asiste el alumno.
Punto de Acuerdo
Primero.- Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar y en su caso reconsiderar los contenidos temáticos de los cursos que mensualmente deben de tomar los padres de familia inscritos en el programa Oportunidades ya que actualmente sólo se enfocan a salud y nutrición.
Segundo.- Que la coordinación del programa Oportunidades considere la participación de otras instancias como SEP y DIF, para complementar y desarrollar temas relacionados con la formación humana, desarrollo personal, fomento de los valores universales así como la prevención y el combate a las adicciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro México, DF, a 28 de septiembre de 2004
Dip. María Guadalupe García Velasco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LAS COMISIONES DE COMUNICACIONES, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 CONSIDEREN EN EL PROGRAMA ANUAL CARRETERO DEL PAÍS APOYAR CON 250 MILLONES DE PESOS EL PROYECTO DE LA SUPERCARRETERA DURANGO-MAZATLÁN, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNÁNDEZ SARACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales por el estado de Durango, Francisco Luis Monárrez Rincón, Pedro Ávila Nevárez, Jaime Fernández Saracho, Rosario Sáenz López, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa y Fernando Ulises Adame de León, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, para solicitar a los Titulares de las Comisiones de Comunicaciones y Presupuesto y Cuenta Pública, para que se considere en el Programa Anual Carretero del País apoyar con 250 Millones de Pesos el proyecto de la supercarretera Durango-Mazatlán, y que quede establecido el compromiso de continuidad de este proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
Exposición de Motivos
Esta importante vía de comunicación forma parte del eje troncal número 5 que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México, entre las ciudades de Mazatlán Sinaloa y Matamoros Tamaulipas, con una longitud total de 1007 kilómetros, y que con la construcción y modernización del tramo Durango-Mazatlán, interconectará los Ejes Troncales Número 1, México-Tijuana; 3 Querétaro-México: 2 México-Saltillo y 8 Veracruz-Nuevo Laredo.
Tanto para el estado de Durango como para Sinaloa, la terminación de esta magna obra es de vital importancia, ya que traerá consigo un sin número de beneficios no sólo para los dos estados que interconecta directamente, sino para toda la región centro y norte del país, como son el abatimiento en los costos del transporte, reducción del tiempo de recorrido, elevación de los parámetros de seguridad.
Además de coadyuvar al desarrollo económico y social de las pequeñas comunidades por las que atravesará, al facilitar el acceso de sus habitantes a los servicios de educación, salud, así como generar y promover el intercambio de bienes y servicios y sobre todo facilitará la continuidad y fluidez al tránsito de largo itinerario nacional o regional, al evitar su paso por las áreas urbanas.
Esta gran obra actualmente cuenta con significativos avances, como lo son: la terminación al 100 % del tramo del kilómetro 0+500 al kilómetro 8+500 y los Distribuidores Viales 5 de Mayo y Morelos, ambos a cargo del gobierno del estado, que juntos forman parte del Libramiento Periférico Norte de la Ciudad de Durango, logrando con ello la interconexión de las principales carreteras que comunican a esta ciudad, proporcionando un flujo más ágil a los vehículos de carga, pasaje y turismo procedentes de los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, hacia el Estado de Sinaloa y de ahí hacia el sur de Estados Unidos.
De igual manera, se tiene avance físico del 100% en el tramo comprendido del kilómetro 9+000 al 21+650, así como la totalidad del Ramal de Liga, hasta el Salto Pueblo Nuevo, Durango, y conectarla con la Carretera Federal No. 40, cuyos trabajos correspondieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por lo que corresponde a los tramos del kilómetro 21+650 al kilómetro 33+088 y del kilómetro 33+500 al kilómetro 44+500, estos se encuentran en proceso de construcción y cuentan con avance promedio del 42%, obras que corren a cargo del gobierno del estado y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente.
De igual forma se tiene el Puente denominado Neverías, con un avance físico de 58% y el Puente Río Chico, con un avance físico de 42%.
Dichas obras se vienen realizando con aportaciones iguales del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del gobierno del estado de Durango, en la que se llevan realizando inversiones por un monto mayor de 700 millones de pesos, durante los años 2002 y 2003 y, para el presente año 2004 se le invirtió 217 millones con el apoyo de esta Soberanía para el ejercicio presupuestal del año en curso.
Con este antecedente como referencia, se solicita la aprobación de un apoyo de 250 millones de pesos para el ejercicio de 2005, y más cuando ahora se contempla la viabilidad de construir un desarrollo portuario en Mazatlán, Sinaloa, para aligerar la sobrecarga de contenedores en el puerto de Manzanillo, Colima, que por el sobre cupo tiene una tardanza de hasta 72 horas, para desembarcar las mercancías e importaciones.
Con el apoyo y la autorización de este honorable Congreso, dichos recursos ayudarían sustancialmente en la conclusión de este importante proyecto carretero, sobre todo del tramo que comprende del kilómetro 76+000 al kilómetro 93+000, correspondientes al tramo operativo comprendido entre las poblaciones Llano Grande-El Salto, ambos en el estado de Durango, tramo al que se destinaría esta partida presupuestal.
En este tenor, nos permitimos someter respetuosamente a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a los titulares de las Comisiones de Comunicaciones y Presupuesto y Cuenta Pública, para que se considere en el Programa Anual Carretero del País apoyar con 250 Millones de Pesos el proyecto de la supercarretera Durango-Mazatlán, y que quede establecido el compromiso de continuidad de este proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.
Diputados: Francisco Luis Monárrez Rincón,
Jaime Fernández Saracho, Rosario Sáenz López, Norma
Elizabeth Sotelo Ochoa, Pedro Ávila Nevárez, Fernando Ulises
Adame de León (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE SOLIDARIZA CON LOS FAMILIARES DE LOS CONNACIONALES MUERTOS EN EL INCENDIO OCURRIDO EN COLUMBUS, OHIO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DAR SEGUIMIENTO, MEDIANTE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A LAS INVESTIGACIONES RESPECTIVAS, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SUÁREZ PONCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, la diputada María Guadalupe Suárez Ponce, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de los recientes y lamentables acontecimientos ocurridos en la frontera y en la ciudad de Columbus, Ohio, en Estados Unidos de América, con base en las siguientes
Consideraciones
2. Dichos actos se refieren, en primer lugar, a lo acontecido en Columbus, Ohio, el pasado 12 de septiembre, donde en un incendio supuestamente inducido, fallecieron 11 mexicanos que compartían un departamento de dos habitaciones ubicado en un edificio de tres plantas en donde vivían unas 50 familias, en su mayoría inmigrantes.
3. En segundo lugar, lo específicamente acontecido en los cauces del Río Bravo donde seis migrantes mexicanos fueron obligados por la Patrulla Fronteriza estadounidense a regresar a nado por dicho afluente, lo cual provocó que tres mujeres perdieran la vida.
4. Ambos eventos se enmarcan en actos que evidencian una actitud generalizada de oprobiosa inobservancia a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en ese país.
5. Adicionalmente, uno de los principales instrumentos que norman la cooperación bilateral en lo que se refiere a la protección de los derechos de los migrantes mexicanos en su tránsito por Estados Unidos de América, es el Programa de Repatriación Voluntaria en vigor hasta el 30 de septiembre del año en curso. Este programa emana directamente del "Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos de América sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de los Nacionales Mexicanos", signado el 20 de febrero de 2004 en la Ciudad de México.
6. El propósito fundamental de dicho acuerdo bilateral es el de proteger la vida de los migrantes mexicanos y verificar que, en presencia de situaciones que la pongan en peligro, se proceda a una repatriación voluntaria a sus lugares de origen siendo éste derecho, a todas luces, violentado por las acciones de la Patrulla Fronteriza en el caso particular del río Bravo.
7. La reducción de la violencia en la frontera es también objeto del "Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en contra de la Violencia Fronteriza" y el "Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza", siendo ambos instrumentos signados por los Gobiernos de México y de Estados Unidos de América.
8. Adicionalmente, existen diversas Convenciones Internacionales que salvaguardan los derechos humanos de los migrantes, y que en este caso particular, han sido desatendidas por las autoridades estadounidenses. Es el caso de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de la Organización de las Naciones Unidas y muchas otras aplicables.
9. En lo que se refiere al evento acontecido en la Ciudad de Columbus, Ohio, funcionarios del Consulado Mexicano informaron que el incendio fue provocado y que la Agencia Federal de Investigaciones estadounidense (FBI) no ha dado a conocer información sobre los sospechosos.
10. Al día de hoy, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos del Departamento de Justicia está encargándose de las investigaciones sobre este suceso en particular.
11. Nuestros connacionales son gente de trabajo que busca mejorar sus condiciones de vida y que merecen un trato justo, respetuoso y tolerante por parte de las autoridades estadounidenses toda vez que la aportación que realizan a la economía y a la sociedad de ese país es de la mayor importancia.
Punto de Acuerdo
Primero. Los diputados integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, nos solidarizamos con los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida en los acontecimientos antes citados.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de seguimiento e informe a esta Soberanía sobre las investigaciones respectivas y les sea brindado todo el apoyo necesario a los familiares de los connacionales que fallecieron en tan lamentables hechos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, eleva una enérgica protesta en contra de los lamentables acontecimientos ocurridos en la frontera con Estados Unidos de América y en Columbus, Ohio, y se pronuncia a favor de la promoción y defensa de los derechos de nuestros hermanos migrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2004
Dip. Ma. Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTE A LOS PRESIDENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN A FORMULAR Y PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE REDUNDEN EN MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS A EFECTO DE PRESERVAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO, A CARGO DEL DIPUTADO HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente.
Consideraciones
El Gobierno de México se comprometió internacionalmente a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, hasta ahora sus respuestas para combatir ese fenómeno son fragmentadas y tienden a centrarse más en la provisión de cuidados a quienes ya sufrieron violencia que en la búsqueda de estrategias de prevención eficaces.
No obstante que la Federación ha etiquetado recursos para el área de salud y para la instalación y el funcionamiento de refugios o albergues, éstos han sido entregados directamente a particulares, sin la condicionante de adoptar un modelo único e integral de atención a la problemática.
De igual forma, distintas dependencias federales han realizado campañas de difusión y editado y distribuido material impreso relacionado con el conocimiento del asunto, duplicando en más de una ocasión el contenido de dicho material; y desarrollado programas de capacitación para los servidores públicos que atienden esta problemática, sin que éstos formen parte de un proyecto global que delimite claramente los objetivos deseados, para evitar el fracaso de este esfuerzo o el abordaje del problema de manera distorsionada o no adecuada.
Sin dejar de reconocer acciones importantes, como la expedición de la norma oficial mexicana sobre el tema, el Gobierno Federal ha centrado su estrategia en demandar de las entidades federativas legislar la normatividad administrativa correspondiente y tipificar el delito de violencia intrafamiliar; es decir, ha dejado prácticamente a los estados la carga de cumplir su compromiso internacional, sin asignar a éstos recursos adicionales para hacerlo.
Las consecuencias de esta política son, entre otras, la saturación de las instituciones gubernamentales y civiles por efecto de la demanda; el déficit de los esfuerzos preventivos y del sistema judicial para dar una respuesta adecuada; el débil compromiso del sector salud para identificar el problema y generar respuestas rápidas y eficaces; la falta de programas de rehabilitación para los agresores; y la falta de continuidad de los programas de atención.
Otra consecuencia de esta política fragmentaria es el incremento desproporcionado de los índices delictivos en los estados que intentan enfrentar la problemática, por lo que algunos gobiernos han optado por no legislar al respecto o por excluir de los índices delictivos los casos de violencia intrafamiliar, medidas contraproducentes porque precisamente el secreto, la privacidad y la neutralidad son factores que reproducen simbólicamente las condiciones en que la violencia encuentra su mejor caldo de cultivo.
El Gobierno Federal tampoco ha considerado en sus políticas públicas las consecuencias sociales del maltrato y la violencia en contextos domésticos.
Afirmo lo anterior porque, a pesar de que importantes investigaciones vinculan la violencia familiar con la social, el tema no figura en la agenda de la seguridad pública nacional. Éste no ha sido tocado siquiera en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Estudios publicados por organismos internacionales sostienen que la violencia doméstica y la social son parte de un todo integral, se entrelazan de manera estrecha y se refuerzan mutuamente; que a medida que crecen los niveles de violencia en la familia de origen, la probabilidad de que un niño se involucre en comportamiento abusivo o violento cuando es adulto también aumenta.
Esa transmisión de violencia de una generación a otra y del hogar a la calle es la razón apremiante por la cual urge encontrar políticas que disminuyan la violencia doméstica, porque la meta final será reducir la violencia social.
Otro aspecto poco considerado por la Federación es que la violencia doméstica es también un problema de derechos humanos.
En efecto, desde 1993 el derecho de las mujeres, incluido el derecho a una vida libre de violencia de género, fue considerado parte integral e indivisible de los derechos humanos fundamentales reconocidos por el sistema universal. No obstante, a la fecha este derecho, con la política segmentada implantada por la Federación, no está garantizado en nuestra República.
Todo lo anterior permite concluir que la violencia doméstica constituye claramente un obstáculo para el desarrollo del país; que México no cuenta con una política de Estado que otorgue coherencia a los programas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios; y que es urgente implantar programas para
Tipificar la violencia intrafamiliar y de género
como delito en todas las entidades federativas;
Estandarizar un modelo único de atención,
prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y de género;
Establecer líneas generales para el diseño
y la ejecución de los programas de especialización dirigidos
a las y los profesionales que atienden la problemática;
Aplicar la Norma Oficial Mexicana respectiva (la NOM-190-SSA1-1999);
Proteger a docentes y a la comunidad médica que
denuncien casos de violencia intrafamiliar y de género;
Proteger legalmente a quienes participan en la resolución
de estos casos de violencia;
Establecer registros de información oficiales sistematizados;
Homologar los estudios de prevalencia para orientar políticas;
y
Proporcionar vivienda y empleo a mujeres víctimas
de este tipo de violencia, entre otros.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y al Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a
a) Formular y promover políticas públicas que redunden en medidas positivas y compensatorias para preservar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, así como el de niños, niñas, ancianas y ancianos a una vida libre de violencia generacional; y
b) Crear un fondo, con los recursos presupuestales que les son asignados, para financiar proyectos específicos sobre esta problemática, que no sean objeto de apoyo en los diversos programas sectoriales de subsidio federal.
Palacio Legislativo, a octubre de 2004.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A INSTRUIR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE PROMUEVA UNA SOLUCIÓN CONCERTADA ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO CUERPO DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC-LA JUNTA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE DE JESÚS CASTILLO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Jorge Castillo Cabrera, diputado federal a la LIX Legislatura por el estado de Chihuahua e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo ha exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que gire sus instrucciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes con el propósito de promover una solución concertada entre la Federación y el gobierno del estado respecto a la construcción del segundo cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-La Junta y que se desista de la controversia constitucional que presentó en contra de la Convocatoria de Obra Pública del gobierno del estado de Chihuahua, para la construcción de la carretera de referencia, bajo el tenor de lo siguientes
Considerandos
El gobierno del estado de Chihuahua contestó dicha demanda y el procedimiento se encuentra pendiente de resolución definitiva.
2. La controversia se centra en la discusión de si se trata de un bien del dominio público de la Federación o de un bien de dominio público del estado.
3. Independientemente de las consideraciones jurídicas involucradas en la controversia, el hecho es que una obra de gran interés público y social, proyectada y presupuestada para realizarse en el año 2002, no ha podido iniciarse, en perjuicio de los pobladores y del desarrollo general de la zona.
4. Se trata de uno de los reclamos más sentidos de los habitantes de la región noroeste del estado de Chihuahua en los últimos años, que han venido reclamando la construcción de un segundo cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-La Junta y de la modernización del cuerpo existente, en virtud de que este último, con el paso del tiempo, se convirtió en una vía obsoleta y en extremo insegura.
5. Lo peligroso del tramo carretero existente ha sido el motivo principal por el que el gobierno del estado decidió la construcción de tan necesaria e importante obra pública, con la intención principal de que sus usurarios cuenten con una vía de comunicación que ante todo proporcione seguridad, sea más ágil y cómoda y que, consecuentemente, permita un mejor y más rápido traslado de personas y bienes.
6. No es objeto de esta Proposición incidir en la controversia jurídica sino exhortar al Ejecutivo para que se privilegie el diálogo frente a la controversia y se promueva una solución negociada, que puede lograrse en breve tiempo y que permita la construcción del cuerpo carretero en cuestión, en beneficio de la población chihuahuense.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Comunicaciones y Transportes a efecto de que privilegie el diálogo y la concertación en la solución de la controversia relacionada con la construcción del segundo cuerpo del tramo carretero Cuauhtémoc-La Junta, del estado de Chihuahua e impulse la celebración de un convenio, que en los términos de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 25 y el párrafo segundo del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, permita en breve tiempo la ejecución de las obras relacionadas con el tramo carretero de referencia.
Segundo.- Para permitir lo anterior, el Secretario de Comunicaciones y Transportes deberá desistirse de la demanda de controversia constitucional en contra del gobierno del estado, demandando la invalidez de la convocatoria de obra pública del 30 de marzo de 2002 para la construcción del segundo cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-La Junta y la modernización del cuerpo existente, de fecha 12 de septiembre de 2002.
La Proposición fue entregada oportunamente y se acompañó de la versión electrónica del documento y en este acto se reitera la petición de que el asunto sea tramitado de urgente resolución, en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento antes invocado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2004.
Diputados: Jorge de Jesús Castillo Cabrera,
José Mario Wong Pérez, Nora Elena Yu Hernández, Martha
Laguette Lardizábal, Omar Bazán Flores, Jesús Aguilar
Bueno, Miguel Lucero Palma, Raúl Mejía Haro, María
Hilaria Domínguez Arvizu, Gerardo Montenegro Ibarra, Fermín
Trujillo fuentes, Rafael Galindo Jaime, Diva Hadamira Gastélum Bajo,
Sergio Chávez Dávalos, José Guzmán Santos,
Francisco Arroyo Vieyra, Laura Martínez Rivera, María del
Consuelo Rodríguez de Alba, Guillermo del Valle Reyes, Rosalina
Mazari Espín, Sara Rocha Medina, Alfonso Nava Díaz, Benjamín
Sagahón Medina, Rafael Flores Mendoza, Ubaldo Aguilar Flores, José
Alberto Aguilar Iñarritu, Raúl Pompa Victoria, Lamberto Díaz
Nieblas, Guillermo Zorrilla Fernández, Pablo Anaya Rivera, Alberto
Jiménez Merino, Pedro Ávila Nevárez, Rosario Sáenz
López, Adrián Villagómez García, Margarita
Martínez López, Carlos Mireles Morales, María de Jesús
Aguirre Maldonado, Humberto Cervantes Vega, Quintín Vázquez
García (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AMPLÍE EL SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TIPO DOMÉSTICO A LOS CONSUMIDORES DE 300 A 500 KILOVATIOS-HORA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MARIO WONG PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal José Mario Wong Pérez en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el subsidio en el consumo de energía eléctrica tipo doméstico a los consumidores de 300 a 500 kilovatios-hora en el estado de Chihuahua.
Compañeras y compañeros legisladores:
El clima en el estado de Chihuahua es el más extremoso del país: en verano se presentan temperaturas de hasta 45 grados centígrados y en invierno las temperaturas llegan hasta 20 grados centígrados bajo cero en algunas zonas serranas del territorio estatal.
La posición geográfica del estado de Chihuahua, hasta los 31 grados 47 minutos de latitud norte, provoca que en invierno se tengan hasta 14 horas sin luz natural, lo que incrementa en forma considerable los consumos de energía eléctrica para proveerse de luz artificial.
Los chihuahuenses nos vemos en la necesidad de consumir más energía eléctrica que el promedio nacional, ya que utilizar en las diferentes estaciones del año aparatos de aire a condicionado o calentadores es una necesidad de supervivencia.
En Chihuahua, señores legisladores, utilizar climas artificiales no es un lujo sino una necesidad que, de nos ser satisfecha de manera adecuada y oportuna, deriva en problemas graves de la salud. En este sentido, los sectores más vulnerables de la sociedad sufren las consecuencias más graves.
En este sentido, la extremosidad de las temperaturas a lo largo de 14 a 16 horas del día ocasiona altos consumos de energía eléctrica por parte de miles de las familias usuarias del servicio, que se ven obligadas a usar diversos aparatos eléctricos para aclimatar sus hogares y espacios de trabajo.
El servicio de energía eléctrica está ligado a las necesidades prioritarias de los chihuahuenses, por lo que es un elemento indispensable en la mayor parte de las actividades productivas; de ahí que las familias destinen gran parte de su ingreso a este servicio, descuidando en ocasiones satisfactores básicos como alimentación, educación, recreación, deporte, salud y vivienda digna.
En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de enero de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció que la tarifa para el consumo de energía básico se aplicara a cada uno de los primeros 300 kilovatios-hora consumidos y las tarifas tendrían variación en función de la temporada del año.
Con fundamento en lo anterior, y considerando los incrementos de los servicios y canasta básica, los cuales rebasan por mucho el poder adquisitivo real de los ciudadanos en relación con sus salarios, se propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que el consumo de energía eléctrica con tarifa subsidiada que actualmente se aplica para los primeros 300 kilovatios-hora se amplíe hasta los primeros 500 kilovatios-hora para el estado de Chihuahua, lo que representa un incremento de 66 por ciento en el consumo de electricidad con subsidio.
Señoras y señores legisladores: les hago un llamado a solidarizarse con la población chihuahuense y los exhorto desde la más alta tribuna de la nación a ejercer con responsabilidad la representación que se nos ha conferido, aprobando este punto de acuerdo que, sin duda, beneficiará a un sector importante de la población.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ustedes, para que sea tramitada de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el subsidio en el consumo de energía eléctrica tipo doméstico de 300 a 500 kilovatios-hora en el estado de Chihuahua.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a octubre de 2004.
Diputados: José Mario Wong Pérez
(rúbrica), Nora Elena Yu Hernández, Martha Laguette Lardizábal,
Miguel Lucero Palma, Jorge Castillo Cabrera, Jesús Aguilar Bueno,
Omar Bazán Flores.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A QUE PETRÓLEOS MEXICANOS OTORGUE A LOS CONSUMIDORES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA UN DESCUENTO DE 40 POR CIENTO EN EL GASÓLEO DOMÉSTICO, GAS LP Y GAS NATURAL DURANTE EL PERIODO 1 DE NOVIEMBRE DE 2004-31 DE MARZO DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MARIO WONG PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado, José Mario Wong Pérez, diputado federal de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía a fin de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento del cuarenta por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural, por el periodo comprendido entre el primero de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Compañeras y compañeros legisladores:
La posición geográfica del estado de Chihuahua, comprendida en la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental, dan como resultado un clima desértico y sumamente extremoso, que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano y de 20 grados centígrados bajo cero en invierno en algunas regiones del estado.
Las condiciones climatológicas del estado, generan diversos problemas en la salud y economía de las familias chihuahuenses, entre las que podemos señalar:
Ausentismo laboral, que repercute en la productividad de las empresas y de la economía estatal.
Alto índice de inasistencia escolar.
Afectación de la economía familiar.
El gasóleo, el gas LP y el gas natural son productos de alto consumo en los hogares chihuahuenses, sobre todo en la temporada otoño-invierno. Desafortunadamente, el esquema de precios de dichos productos obedece al fenómeno económico denominado oferta-demanda, ocasionando con esto el encarecimiento en los energéticos para uso doméstico.
El precio promedio al público del gasóleo doméstico es de $5.50 pesos por litro, lo que representa un costo mensual de $826.00 pesos en el consumidor.
En este mismo contexto, el precio del gas LP Impacta en un 22 por ciento a la economía familiar. De 22.54 kg. de gas LP que se consumen en verano, en la época de invierno aumenta el consumo a 125.25 kg., es decir, aumenta un 555.67 por ciento y no así el ingreso per cápita.
Por otro lado, el precio del gas natural tiene un impacto del 15 por ciento en la economía familiar y su consumo en invierno se incrementa en un 560 por ciento al subir de 30 metros cúbicos en verano a 168 metros cúbicos en invierno.
Como podemos observar, la liquidez de los hogares se ve considerablemente disminuida por los gastos que se generan para adquirir estos combustibles de primera necesidad.
En razón de ello, se ha realizado un estudio en relación con el impacto que estos costos tienen en los hogares chihuahuenses, el cual, concluye que con un descuento del 40% en el precio de los combustibles, se podría atenuar este impacto.
De allí mi presencia en esta tribuna. Hoy vengo en nombre de las y los chihuahuenses a plantearles un asunto concreto y de las más prioridad. Esta Cámara no puede dar la espalda a un sector de la población.
Hago un llamado a la ética y a la mejor voluntad política de quienes estamos en este recinto. Porque de nada sirve hablar de un Presupuesto de Egresos justo, de nada sirve hablar de los grandes problemas que enfrenta la economía nacional, si desatendemos las necesidades básicas de quienes representamos.
Yo los invito a convertir el discurso en realidad, a convertir las promesas en acciones concretas, a responder de frente una demanda de bienestar, de salud, de calidad de vida.
Por lo anterior, someto a la consideración de ustedes como asunto de urgente y obvia resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Energía a fin de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento del cuarenta por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural por el periodo comprendido entre el primero de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2004.
Diputados: José Mario Wong Pérez
(rubrica), Nora Elena Yu Hernández, Martha Laguette Lardizábal,
Miguel Lucero Palma, Jorge Castillo Cabrera, Jesús Aguilar Bueno,
Omar Bazán Flores.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A LLEVAR A CABO UN INVENTARIO DE UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL, A EFECTO DE CONOCER EL APROVECHAMIENTO REAL DEL AGUA EN EL USO AGRÍCOLA, A CARGO DEL DIPUTADO QUINTÍN VÁZQUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Antecedentes
El mercado globalizado exige al campo mexicano de una mejor asesoría técnica y financiera para la planeación agrícola.
La grave sobreexplotación de las cuencas y acuíferos nos deja en una gran desventaja, en un mundo donde la producción juega un papel preponderante, basado en los costos y utilidades de los productos del campo.
Si consideramos la reglamentación existente de los sistemas de riego en México, encontraremos grandes avances de respuesta organizada de la sociedad motivada por el aumento de usuarios en la operación de la infraestructura hidroagrícola.
Es importante mencionar el riesgo de las acciones que se puedan tomar dado el compromiso de no afectar la habitabilidad de las futuras generaciones.
Los conocedores del ramo han establecido diversos mecanismos que definen diferentes tecnologías que permitan impulsar la reorganización y la instauración de estrategias que incentiven mejoras continuas en la operación de los sistemas de riego.
En México, en 1972, con la aprobación de la Ley Federal de Aguas, se propuso apoyar en organización al llamado pequeño riego, y se da el nombre de unidades de riego y de unidades de riego para el desarrollo rural (Urderales), que en ocasiones corresponden a una comunidad usuaria en una junta de aguas.
La intervención del Estado en la operación de distritos de riego y en la organización de Urderales tuvo un buen fundamento, toda vez que un alto índice de fracaso en nueva obra hidráulica entregada a los usuarios; ya que hasta 75% de la obra entregada no estaba siendo utilizada.
La superficie de riego del país ha aumentado considerablemente de 750 mil hectáreas en el año de 1926 a 6.4 millones de hectáreas en la actualidad, lo que coloca al país en el séptimo lugar mundial en superficie con infraestructura de riego. El 53% de la superficie bajo riego corresponde a 84 Distritos de riego y el 47% restante a poco más de 39 mil unidades de riego.
La agricultura de riego utiliza alrededor del 78% del agua superficial y subterránea extraída en el país; los métodos de riego aplicados son tradicionales en mas del 80% de la superficie y el aprovechamiento del agua es baja, pues oscila entre 35 y 50%.
Por lo que las necesidades de inversión para que sea más eficiente el uso del agua y para ampliar la infraestructura existente son superiores a los recursos disponibles. Esta deficiencia en cantidad y oportunidad origina que las obras requeridas impliquen largos periodos de ejecución.
En tal virtud y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo un inventario de unidades de riego para el desarrollo rural, así como el estado actual de la infraestructura hidráulica, para tener un mejor control y conocimiento del aprovechamiento real de agua en el uso agrícola.
Dip. Quintín Vázquez García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE INVESTIGUE LA VIOLACIÓN DEL RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR MIEMBROS DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL POMPA VICTORIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe diputado Raúl Pompa Victoria, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 30 de septiembre del año en curso tres elementos de la Agencia Federal de Investigación, se introdujeron en el recinto legislativo del Congreso del estado de Baja California, sin que mediara solicitud ni autorización expresa del Presidente de dicho Congreso con el fin de ejecutar la instrucción girada por alguna autoridad superior.
Dichos agentes fueron introducidos al recinto legislativo portando gafetes de periodistas, lo que les permitió, de alguna manera, acceder a áreas restringidas. Ya instalada la sesión previa para realizar la toma de protesta de los integrantes de la XVIII Legislatura del estado de Baja California y la elección de la Mesa Directiva, dichos agentes se presentaron en el salón de sesiones, ingresando desde la parte posterior (tras banderas), intentando aprehender a uno de los diputados de la nueva Legislatura motivados por adeudo fiscal de dicho diputado.
Semanas antes el diputado recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta de convenio para la liquidación del adeudo en mención, el que fue firmado por el interesado y retornado a la Secretaría para su ejecución.
Es de todos conocido que los recintos del Poder Legislativo deberán ser respetados por su inviolabilidad; sin embargo los agentes de la AFI, no haciendo honor a dicho precepto y utilizando engaños y tal vez asistencia de personas interesadas en que se consumara la intención policiaca, violaron el recinto legislativo del Congreso del estado de Baja California, poniendo en riesgo la gobernabilidad de la entidad y el acuerdo que sostienen los partidos políticos de colaboración para que existan buenas relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Además, es sumamente sospechoso que el gobernador de el estado de Baja California no haya estado enterado, ya que eso representa una falta de respeto al Ejecutivo estatal de parte de la autoridad ejecutora del acto mencionado, ya que el gobernador debería de cuidar la tranquilidad política del estado y la buena y tranquila relación con la nueva Legislatura, que iniciaría su gestión a partir del primero de octubre de los corrientes.
Por todo lo anterior se pone a consideración con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Solicitar al procurador general de la República licenciado y General Rafael Macedo de la Concha que investigue la violación del recinto legislativo del Congreso del estado de Baja California por miembros de Agencia Federal de Investigación el pasado 30 de septiembre del año en curso y se determine quién dio la orden para realizar dicho atentado al Poder Legislativo de Baja California.
Se imponga una sanción ejemplar a quien ordenó y ejecutó tal aberración política y jurídica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 5 de octubre de 2004.
Dip. Raúl Pompa Victoria (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS LEGISLATURAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, COAHUILA, MICHOACÁN, NUEVO LEÓN, QUERÉTARO Y SONORA A ELABORAR UNA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concurro a esta honorable asamblea a solicitar sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Legislaturas de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora, para que elaboren una ley de coordinación fiscal estatal, con carácter de urgente y obvia resolución, a la instancia correspondiente de ésta Honorable Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el federalismo mexicano, constituye un conjunto de disposiciones y órganos que regulan la coordinación entre la Federación con las entidades federativas, incluido el Distrito Federal.
Este sistema tiene como objetivo equilibrar a los sistemas tributarios de los tres niveles de gobierno mediante la creación de mecanismos que compensan las diferencias de capacidad tributaria entre los distintos estados y municipios, de forma que todos ellos puedan prestar un nivel de servicios aceptables sin que tengan que imponer un grado de presión fiscal mayor del que existen en los otros estados.
Sin embargo, es preciso recordar, que en términos generales, en la Federación mexicana se ha seguido el sistema de atribuir al Estado federal facultades expresas y dejar a las entidades federativas todas aquellas que no se han reservado explícitamente al poder central. El artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que se entienden reservadas a los estados todas aquellas facultades que no están concedidas a los funcionarios federales.
Así, la regla en el sistema federativo mexicano consiste en la concurrencia (la facultad simultánea) que tienen la Federación y los estados para imponer contribuciones. Sobre esta regla se estructura el sistema contributivo del país; por un lado, el gobierno federal y, por el otro, los estados de la República, que pueden imponer con sus personales criterios las contribuciones que estiman necesarias, lo cual se pretende armonizar con la Ley de Coordinación fiscal.
Del estudio de los alcances de la Ley de Coordinación Fiscal se desprenden las siguientes características:
Periodicidad. En forma mensual, las entidades reciben de la Federación, dentro de los veinticinco primeros días de cada mes, el monto de los anticipos a cuenta de las participaciones federales que les corresponden en el mes. La Federación entrega las participaciones a los municipios por conducto de los estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el estado las reciba, el cual habrá de cubrírselas.
Posibilidad de compensar adeudos entre la Federación y entidades federativas. Establecimiento en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Ingresos Federales, de un sistema de compensación de fondos entre la Federación y los estados acreedores de la Federación, por lo que en mayores porcentajes por adeudos de participación los retienen las entidades. La Tesorería de la Federación, con la información rendida por el estado de la recaudación ingresada, opera la constancia de participaciones correspondiente, entregando al estado sólo la diferencia por concepto de participaciones que quede a su favor mensualmente.
Seguridad en cuanto a los procedimientos para integrar y distribuir los fondos en las participaciones que funcionan conforme a las bases y fórmulas de ley, y no en criterios. La existencia de fórmulas dentro de la misma ley, tanto respecto a la integración como a la distribución de los fondos, ha evitado la aplicación de criterios subjetivos en cuanto a la definición de cuantías y a las participaciones que deben entregarse a cada estado. Ésta es una disposición importante que da seguridad a las entidades federativas en la liquidación y entrega de sus participaciones.
La exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de Coordinación Fiscal, señala que los Estados, con apoyo en el artículo 124 tienen facultad para establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos estatales y el artículo 115 da facultad a las Legislaturas de los Estados para decretar los impuestos destinados a cubrir los gastos públicos municipales.
De la misma manera, establece que en el texto de la Constitución no se delimitan campos impositivos federales, estatales y municipales, sino que se determina que el Congreso de la Unión así como las Legislaturas Locales pueden gravar contribuciones sobre las mismas fuentes, sin embargo, con esto se produce una o doble o hasta múltiple tributación.
Para ello, se han creado acuerdos que celebran la Federación y los estados a fin de evitar las múltiples tributaciones. En estos acuerdos los estados y municipios reciben participación a cambio de abstenerse de gravar la misma fuente.
El mismo sistema de coordinación fiscal ha establecido principios básicos para un sistema de delegación de funciones de administración en ingresos federales a los estados y municipios. Con base en la ley, las entidades han celebrado con la Federación convenios de colaboración entre los tres niveles de gobierno, los cuales establecen las bases jurídicas para el debido cumplimiento tanto del Convenio de adhesión y sus anexos, como del Convenio de colaboración por parte de las entidades federativas, así como para reparación patrimonial de los contribuyentes afectados por las violaciones nacionales de coordinación fiscal.
No obstante, que a pesar de los convenios de coordinación que existen celebrados por la federación y los estados, estos últimos también cuentan con una ley de coordinación fiscal estatal en la cual se determinan el porcentaje que le corresponde de los ingresos federales a sus municipios, así como las participaciones e incentivos que les serán otorgados, establecen derechos y obligaciones en materia de colaboración administrativa y coordinación fiscal.
También esta legislación local tiene como objetivo dar transparencia y seguridad al proceso de determinación y pago de los montos de las participaciones que correspondan a los Municipios, reglamenta las relaciones en materia de coordinación fiscal y colaboración administrativa, entre las autoridades fiscales del Estado y las municipales.
Sin embargo, dada la relevancia que tiene esta ley de coordinación estatal, existen estados que no cuentan con ella, como lo son Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora.
La carencia de una legislación en materia de coordinación fiscal en esos Estados, se traduce en falta de transparencia, asignación discrecional de los recursos e incluso manipulación de los datos usados en las fórmulas de distribución. Establecer en una ley la metodología para repartir año con año participaciones y aportaciones, dará al municipio certidumbre jurídica, de la cual carece ahora con los decretos que emite el Congreso del Estado tras revisar la propuesta del Ejecutivo.
En esta etapa de redefiniciones en la que se encuentra México es imperante darle mayor libertad a los estados y a los municipios para que manejen a su libre albedrío sus recursos sin tener que depender directamente de la opinión y en ocasiones de la venia de la federación. En la medida en que los gobiernos locales cuenten con más recursos y tengan más responsabilidad, la ciudadanía podrá participar más directamente en las decisiones de ingreso y gasto que afecten directamente a las comunidades en que viven.
De igual manera, al no contar con una ley que coordine las actividades fiscales, no se limitan las directrices que se habrán de tomar cuando se celebren los acuerdos entre la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Empero, se debe tener presente una de las críticas más intensas del federalismo en virtud de que se pueden presentar enormes desigualdades en los servicios y en la protección de los derechos básicos. Lo anterior se atribuye a que el gasto público varía considerablemente de entidad a entidad y de municipio a municipio, desigualdad que no es accidental, sino inherente al sistema federal. Dentro de ese contexto aparecen: estados y municipios ricos, estados y municipios pobres y el Distrito Federal con sus grandes contrastes, económicos y sociales, de ahí la importancia de que cada estado cuente con una ley de coordinación fiscal, ya que en la ley federal, se establecen parámetros para todos los estados y municipios sin tomar en cuenta las desigualdades que existen en cada entidad federativa.
Para explicar lo anterior, el Maestro Hugo Carrasco Iriarte, establece que en la tesis federalista, la diversidad es una condición del principio del sistema federal, lo cual permite a las comunidades estatales ejercer su autonomía política, que da las posibilidades siguientes:
2. Desarrollar sus capacidades de organización.
3. Ejercitar sus talentos y esfuerzos en la persecución de estilos y niveles propios dela vida social y privada.
4. Asumir los sacrificios, costos y responsabilidades que exigen el modelo de vida y el nivel de desarrollo económico y social elegidos por la comunidad.
5. Aspirar a obtener las recompensas sociales y económicas asociadas al trabajo y esfuerzo de las distintas generaciones de pobladores de dicha comunidad, recompensas que constituyen el incentivo y motor de su desarrollo.
Dicho de otra manera, en un estado centralista, las transferencias directas del nivel central al regional son el método apropiado para establecer la redistribución fiscal. En cambio, en un estado federal, las transferencias redistributivas en gran escala no son el instrumento fiscal más adecuado para esta forma de organización política debido a que, en lugar de reducir las disparidades, los esquemas de transferencias redistributivas pueden aun agravarlas.
Bajo esta tesitura, las transferencias de estados de ingresos altos a los ingresos bajos motiva una mala asignación de los recursos de la República y reduce el incentivo de la población del estado beneficiario para trabajar, ahorrar, emigrar o tomar riesgos.
Fomentar la obligación para que todos los Estados cuenten con una Ley de Coordinación Fiscal, fortalecerá al Municipio y le dará certeza jurídica en cuanto a la recepción de los recursos federales, reduciendo además la posibilidad de que los gobiernos estatales usen los mecanismos de reparto como herramienta de presión o control político sobre los ayuntamientos.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Legislaturas de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora elaboren una Ley de Coordinación Fiscal estatal para cada uno de ellos a fin de poder regular de forma más equitativa los ingresos que les son otorgados a sus municipios y de esta forma incentivar un verdadero federalismo fiscal.
Segundo. En su nueva legislación, las legislaturas locales, deberán precisar el porcentaje que le corresponde a los municipios y la manera en que recaudarán los impuestos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2004.
Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A ENVIAR UNA NOTA DIPLOMÁTICA DE CONDENA AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR LA MUERTE DE TRES MIGRANTES MEXICANAS ACAECIDAS EN EL RÍO BRAVO EL PASADO 23 DE SEPTIEMBRE, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ELIANA GARCÍA LAGUNA Y MARCELA LAGARDE Y DE LOS RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las suscritas diputadas Eliana García Laguna y Marcela Lagarde y de los Ríos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 28 de septiembre fueron encontrados los cuerpos de María Guadalupe Gómez Patiño, de 38 años; su hija Adriana Gómez, de 16, y Carmen Bustamante Aguirre migrantes que se encontraban desaparecidas desde el pasado 23 de septiembre.
Sus cuerpos se encontraron en el área conocida como "Las Adjuntas" en el estado de Coahuila. Las causas de su muerte hasta el momento no han podido ser esclarecidas, aunque testigos afirman que la Patrulla Fronteriza las obligó, junto con otros migrantes, a regresar a nado por el río Bravo después de haberlos humillado y maltratado en territorio estadounidense.
Sus familiares y la sociedad mexicana exigimos saber si la Patrulla Fronteriza las agredió y obligó a regresar por el río Bravo porque las autoridades sólo tienen obligación de detener a las personas y deportarlas, no de ocasionar su muerte.
Gracias a la demanda de la sociedad, de familiares y del embajador en Eagle Pass, el Gobierno de Estados Unidos inició una investigación sobre la muerte de las tres mujeres de Guanajuato que se ahogaron en el río Bravo.
Este hecho nos muestra la urgente necesidad de incorporar un apartado sobre la defensa de los derechos humanos en cualquier programa de control o seguridad fronterizo que se firme o acuerde con Estados Unidos.
No se puede remediar la pérdida de las tres migrantes, pero si debemos contribuir a que no se repita. Los migrantes peligran ante las autoridades fronterizas que son iguales a los "polleros" (traficantes de personas) que envían a las personas hacia peligrosas situaciones.
Se demuestra que no tienen solidez los argumentos de que el Programa de Repatriación Voluntaria iba a prevenir y evitar abusos de traficantes de personas y reducir los decesos de migrantes. Son precisamente las autoridades mexicanas las que deben proteger la vida de los connacionales; el insistir en mantener acuerdos como la repatriación voluntaria y el uso de las balas de goma no abona a la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Por lo antes expuesto solicitamos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión condena la muerte de migrantes en la frontera norte de nuestro país bajo cualquier circunstancia.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Exhorta al Gobierno federal envíe una nota diplomática de condena a las acciones de la Patrulla Fronteriza del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por la muerte de las mexicanas migrantes en el río Bravo el pasado 23 de septiembre.
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita que el resultado de las investigaciones sobre la muerte de las tres mexicanas en el río Bravo se informe a esta soberanía.
Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a cancelar de inmediato los acuerdos de repatriación voluntaria y de uso de balas de goma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de octubre de 2004
Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE INSTRUYA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS PARA QUE SE INTEGRE A LA ORGANIZACIÓN DEL PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS
Las diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara, el siguiente punto de acuerdo para instruir a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, a fin de que se integre a la organización del Parlamento de las Niñas y Niños de México, tomando en consideración los siguientes
Antecedentes
I. Que con fecha 30 de abril del 2002, la H. Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo en el que se establece la realización anual del "Parlamento de las Niñas y Niños de México".
II. Que en el citado punto de acuerdo se designó a las Comisiones de Participación Ciudadana y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, a las Comisiones de Desarrollo Social y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el UNICEF, para la organización de dichos eventos.
III. Que con fecha 7 de octubre de 2003, se presentó la proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias, como comisión Especial que presentaron diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
IV. Que con fecha 17 de marzo de 2004, se presentó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.
V. Que con fecha 15 de abril de 2004, quedó formalmente instalada la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.
VI. Que con fecha 23 de junio de 2004 en sesión plenaria de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, fue aprobado por el Pleno, el Programa Anual de Trabajo en el que se señala, en el punto número siete de las Acciones de Trabajo General de la Comisión:
a) Parlamento de las niñas y niños"
Exposición de Motivos
El interés superior de la infancia, la no discriminación, la igualdad sin distinción alguna, el vivir en familia como espacio primordial de desarrollo, el tener una vida libre de violencia, sin abuso, ni maltrato de ningún tipo, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad, y la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y las garantías constitucionales son principios rectores de todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Los derechos a la identidad, salud, alimentación, educación, juego, descanso, recreación, libertad de pensamiento y opinión, deben ser vistos en conjunto, de manera integral y necesaria para la supervivencia, desarrollo, protección y participación de quienes aún no cumplen la mayoría de edad; de ahí que resulta indispensable que les reivindiquemos como lo que son: sujetos de derechos.
Son estas consideraciones, además de otras de igual relevancia, las que motivaron la creación de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.
De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones especiales son órganos constituidos por el pleno para hacerse cargo de un asunto específico que, a través de la elaboración de predictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
En nuestros días, la tarea de las y los parlamentarios, va más allá de la estricta actividad legislativa. La vinculación ciudadana, la coordinación entre poderes, la rendición y la exigencia de cuentas, la transversalidad de las acciones, la representación ciudadana, la solución a las demandas y la construcción de una sociedad democrática, justa e igualitaria, así como el garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos fundamentales, son también tarea nuestra.
En esta sociedad a la que aspiramos, las niñas y los niños, sus derechos y sus opiniones, deben ser incluidos y tomados en cuenta.
La Comisión busca impulsar la "Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de la Niñez" basada en un sistema en el que niñas, niños y adolescentes, son personas en desarrollo, sujetos de derechos y con participación, donde sus derechos son reconocidos y protegidos, no sólo por sus madres, padres, tutores, custodios e instituciones en general, sino por la sociedad en su conjunto, teniendo como fin último, el integrarlos a ella, sin olvidar que es el Estado, quien proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y la adolescencia y el ejercicio pleno de sus derechos.
Con fecha 23 de junio de 2004 en sesión plenaria fue aprobado por el pleno el programa anual de trabajo en el que se señala, en el punto número siete de las acciones de trabajo general de la Comisión:
a) Parlamento de las niñas y niños"
Con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política para que instruya a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias para que se integre a la organización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, que se llevará a cabo de manera coordinada por el poder legislativo a través de las Comisiones designadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión de Derechos Humanos, con el UNICEF y con el Instituto Federal Electoral.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de octubre de 2004.
Diputados: Angélica de la Peña Gómez
(rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica),
Francisco Mora Ciprés, Martha Leticia Rivera Cisneros, Lilia Isabel
Aragón del Rivero (rúbrica), Carlos Bernardo Vega, María
del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Margarita Martínez
López (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Rosario
Sáenz López, María del Consuelo Rodríguez de
Alba (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán (rúbrica), Rodrigo
Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Marko Antonio
Cortés Mendoza (rúbrica), María del Carmen Mendoza
Flores (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Iván García
Solís (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez
(rúbrica), Amadeo Francisco Espinosa Ramos, Jaime Miguel Moreno
Garavilla, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A INCREMENTAR EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ PORFIRIO ALARCÓN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal, José Porfirio Alarcón Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República, en los artículos 23 numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento del mismo Congreso, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que incremente el presupuesto destinado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Si el subsidio del año pasado fue el más adverso del período reciente para las Universidades Públicas Estatales, la propuesta para 2005 impacta aún más, ya que la propuesta del ejecutivo considera una reducción de 1,256.1 millones de pesos.
Es a través de la educación como podemos convertirnos en una mejor sociedad, con mayores oportunidades y mayores posibilidades de progreso, bienestar y equidad para todos. Vicente Fox agrega que el primer paso para superar la pobreza es la equidad educativa.
Lo anterior tiene sustento en los preceptos de nuestra Carta Magna. Restringir las oportunidades educativas únicamente con argumentos técnico presupuestales, es en cierta forma contravenir el Artículo uno de la Constitución, que a la letra dice:
Artículo 1
... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Si bien el acceso a la educación superior no debe interpretarse como un derecho absoluto y abierto, y evitando caer en simples interpretaciones; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contrario a los argumentos que con frecuencia escuchamos, sí contempla la atención del Estado en la educación superior. El artículo 3o señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación, mientras el inciso V. especifica: además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación superior necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;
Otras de las afirmaciones del titular del Ejecutivo federal es que el eje de su política educativa es la equidad, porque a pesar de los esfuerzos de la sociedad mexicana, aún persisten grandes diferencias entre los estados, entre la ciudad y el campo; entre las mujeres y los varones, entre las comunidades indígenas y el resto del país. Conviene recordarle al Ejecutivo que nuestro país se caracteriza por la desigualdad oportunidades; pues mientras en el Distrito Federal la cobertura de educación superior es de 40%, en Puebla es de 22%, y de ésta sólo el 40% corresponde a matrícula atendida por instituciones públicas.
Dice el discurso del titular del Ejecutivo que: ... para compensar las desigualdades no basta con crear más escuelas, porque una educación de calidad dispar, desigual, es una forma más de inequidad.3 Estamos completamente de acuerdo con él, sólo que en aras de reducir la presión al gasto público se desreguló la creación de instituciones privadas. De tal manera, en los últimos 10 años han abierto 954 escuelas particulares, la mayor parte de ellas sin asegurar estándares de calidad, ni en infraestructura ni en la plantilla académica. Esta disparidad en la calidad de la enseñanza es otra forma de inequidad que en nada ayuda a alcanzar la anhelada igualdad. Además, familias que carecen de ingresos suficientes son las más afectadas y muchos de sus hijos quedan sin opción de estudios superiores.
Asignar mayores recursos a las instituciones públicas, tampoco significa que el Estado cargue con todos los costos, si a esfuerzo compartido nos referimos. Al respecto conviene señalar que los estudiantes de la universidad poblana pagan en promedio 500 pesos por cuatrimestre, sin contar los servicios escolares y las cuotas especiales.
Reforzando lo anterior, organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE consideran que la educación superior no sólo es un beneficio individual sino también un estímulo para el desarrollo económico y social en su conjunto. Desde esta perspectiva, se sugiere la ampliación de la cobertura de todo el sistema educativo, enfatizando la diversidad de ofertas en el nivel superior, como una manera de ofrecer formación adecuada a poblaciones heterogéneas.
El inciso VIII del artículo 3o constitucional faculta al Congreso de la Unión para que, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, por lo que en la conformación del presupuesto para el 2005, brinda la oportunidad de recuperar los recursos para la educación superior y sobre todo para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Ésta no es la primera vez que en el seno de este recinto legislativo discutimos los presupuestos para las universidades públicas. El pasado mes diciembre aquí mismo se logró la conformación de un fondo para Problemas Estructurales de la UPE?s, pero que la SEP aun no le asigna 500 millones de pesos desde julio pasado. Además, el Fondo de Equidad, aprobado aquí mismo para distribuir más dinero entre las universidades con menores recursos, que ejerce en el presente ejercicio 815 millones de pesos, para 2005 no tiene asignación.
Desde hace tres años distintos grupos de legisladores han atestiguado que, la oferta profesional de la BUAP es la más demandada en la región gracias a la calidad y diversidad de sus programas, a su planta docente y su infraestructura académica. Por ello, en el último proceso de admisión a 13 mil de los aspirantes a educación superior no fue posible darles un lugar, aunque poco más de 10 mil aprobó el examen por encima del mínimo requerido, por carecer de infraestructura y docentes que permitieran atender con criterios de calidad.
Para asegurar la calidad educativa se debe impulsar la evaluación constante y sistemática, la evaluación externa que además haga pública la información, tal como lo expresó el primer mandatario.4 Hoy día, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es ampliamente reconocida como una institución de vanguardia en el país, no sólo por los avances que registra su actividad académica, sino también por los resultados de las evaluaciones externas a las que se ha sometido. Además, como componente principal de la transparencia y la rendición de cuentas, diversos indicadores colocan a la BUAP como una de las mejores universidades públicas estatales; un indicador de ello es que forma parte del selecto grupo de 10 instituciones de educación superior, públicas y privadas, que se reconoce con mayor producción científica del país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente
Punto de Acuerdo
Primero. Incrementar el subsidio en 462.6 millones de pesos para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, distribuidos de la siguiente manera:
Segundo. Para asegurar la transparencia en el manejo de estos recursos la BUAP propone que los apoyos sean depositados en un fideicomiso en el que no participe el Rector de la institución.
Notas:
1 Cuarto Informe de Gobierno, 2004.
2 Discurso del Presidente de la República, licenciado
Vicente Fox Quesada, en la presentación del Programa Nacional de
Educación 2001-2006. México, DF, 28 de septiembre de 2001.
3 Ídem.
4 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2004.
Dip. José Alarcón Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A INVITAR A LOS MEDALLISTAS PARALÍMPICOS DE ATENAS 2004 CON OBJETO DE HACERLES UNA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A SU DESEMPEÑO DEPORTIVO, A CARGO DE LA DIPUTADA VIRGINIA YLEANA BAEZA ESTRELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparecen ante esta soberanía para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados para que invite a los medallistas Paralímpicos de Atenas 2004 con el objeto de hacerles una ceremonia de reconocimiento a su desempeño deportivo, así como al Poder Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de los estados, para que realicen las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al Deporte Paralímpicos, y especialmente a los medallistas de los Juegos Paralímpicos, conforme a las siguientes:
Consideraciones
Primeramente, es importante señalar que se entiende por discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) "La Discapacidad es cualquier restricción o impedimento para la realización de una actividad, ocasionados por una deficiencia dentro del ámbito considerado normal para el ser humano".
Por su parte el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) en México señala que la discapacidad "es la falta o limitación de la capacidad de una persona para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal o funcional para un ser humano".
En el mundo 500 millones de personas viven una discapacidad, circunstancia que afecta de manera trascendental la vida de estas personas, ya que la mayoría de los países carecen de una cultura que permita las condiciones necesarias para el desarrollo integral y eficaz de una persona que vive una discapacidad.
En nuestro país, existen aproximadamente 30 millones de personas involucradas con las personas que viven alguna discapacidad, lo anterior debido a que por cada persona que vive una discapacidad, dos personas más se encuentran involucradas de alguna manera u otra con ellos, a este respecto, el DIF, la SEP y el Gobierno del Distrito Federal concluyen que "el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad".
Las causas que influyen en la discapacidad que viven muchos mexicanos, varían en el mundo, así como las consecuencias y frecuencias de éstas. En México, la discapacidad que viven algunas personas se asocia a bajas condiciones de bienestar tales como la pobreza extrema, la marginación social, la mala nutrición, el analfabetismo, la ignorancia, el acelerado crecimiento poblacional y su distribución geográfica en el país, que restringe la prestación de servicios de toda índole.
Sin embargo, el trato que reciben las personas que viven una discapacidad varía según el país. Algunos países han aprobado leyes que ordenan la igualdad de acceso a la educación y el empleo; otros someten a las personas que viven una discapacidad a un tratamiento humillante, encerrándolos en instituciones que los mantienen alejados de la sociedad. La cultura de cada país juega un papel de suma importancia por lo que respecta a la discapacidad que viven muchas personas.
Por lo anterior, en estos últimos años se ha tomado especial interés por la personas que viven alguna discapacidad, que de ningún modo debería constituir un problema social, en virtud de que quienes padecen algún tipo de limitación o restricción en sus capacidades, son seres humanos al igual que todos, con grandes virtudes, capaces de aportar enormes contribuciones al país, tanto en el ámbito económico, político y social; por tanto merecen un trato digno, con las mismas oportunidades y beneficios que los demás integrantes de la sociedad, ya que sin duda en México todos somos iguales ante la ley, es por ello, que la Sociedad Mundial tiene que volverse más incluyente y menos discriminatoria.
Sin embargo, pese a los impedimentos tanto físicos como sociales de que son objeto muchos de los individuos que viven alguna discapacidad, con coraje y valor han salido adelante, demostrándole a la sociedad mundial, que son capaces de alcanzar metas y lograr triunfos, que incluso algunos de los seres humanos que no tienen ninguna limitante física, no han logrado realizar.
Actualmente nuestros deportistas mexicanos se preparan profesionalmente y participan en cada justa de Juegos Olímpicos que se celebra, poniendo desde luego su máximo esfuerzo, y representando dignamente a nuestro país. Asimismo es importante destacar que igualmente existen numerosos deportistas mexicanos que viven algún tipo de discapacidad, quienes pese a sus limitaciones físicas, de la misma manera se preparan día a día, y se esfuerzan para participar en los Juegos Paralímpicos que se celebran desde el año de 1960, los cuales se llevan a cabo precisamente después de la celebración de los Juegos Olímpicos, misma competencia deportiva internacional que tiene igual importancia que los Juegos Olímpicos, y que en este año se celebra en su XII edición.
Hoy en día México ocupa el catorceavo lugar en el medallero de los Juegos Paralímpicos y es el país Iberoamericano mejor situado en el medallero paralímpico, situación que es de reconocerse, ya que ello representa un gran esfuerzo de dichos deportistas mexicanos. No obstante lo anterior, no existe duda que dichos Deportistas Mexicanos, obtendrán mas medallas paralímpicas que en las anteriores justas, y con ello México se posicionara en una mejor lugar en el medallero Paralímpico, ya que su esfuerzo y dedicación están a la vista. La Delegación Mexicana en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, esta conformada por 77 atletas, y participa en diversas ramas como son atletismo, baloncesto, natación, powerlifting, tenis de mesa y tiro con arco.
Por lo anterior, es importante y necesario que se realicen acciones de política pública en todos y cada uno de los niveles de gobierno en materia de deporte, tal y como se dispone en el artículo 73 Constitucional fracción XXIX-J, el cual señala que debe existir una coordinación de la facultad concurrente en materia de deporte, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y Municipios, debiéndose de tomar en cuenta la participación de los sectores social y privado. Dichas acciones políticas coordinadas, deben ir encaminadas a reconocer, apoyar y estimular al deporte Paralímpico, y especialmente a los medallistas de los Juegos Paralímpicos.
Por su parte, el Congreso de la Unión en principio, debe reconocer los triunfos y esfuerzos de los Medallistas Paralímpicos, esto mediante una ceremonia de reconocimiento a los medallistas paralímpicos por su gran desempeño deportivo, sin embargo, también es necesario legislar en materia deportiva para que se otorguen apoyos y se fomente la actividad deportiva paralímpica, así como a las demás actividades deportivas en que participan las personas que viven una discapacidad.
Lo anterior, resulta importante, ya que al reconocer en todos lo ámbitos de gobierno, los triunfos de los Deportistas Paralímpicos en dicha competencia deportiva internacional, y por ende su gran y loable esfuerzo, se estimula y apoya su actividad deportiva. Por ello, y en el marco de la igualdad jurídica que se encuentra plasmada en nuestra Constitución Política en su artículo primero, para crecer como un país democrático, que tome en cuenta a toda la población sin discriminación de ninguna especie, es necesario y justo que en todos los ámbitos de gobierno se fomente, reconozca y apoye dicha actividad deportiva internacional realizada por las personas que viven algún tipo de discapacidad.
Por todo lo anterior, nuestro país en todos los ámbitos y niveles de gobierno debe demostrar un verdadero interés para ayudar y crear oportunidades a favor de los mexicanos que viven algún tipo de discapacidad, en especial a los que practican un deporte y nos representan a nivel internacional, ya que muy a pesar de tener alguna limitante física, son capaces de demostrarle al mundo que son seres humanos tenaces, con aptitud ganadora, venciendo los obstáculos por muy difíciles que estos sean, actitud que debemos tomar como ejemplo para sacar adelante al país en materia legislativa.
Punto de Acuerdo
Primero.- La suscrita diputada exhorta a la Cámara de Diputados para que invite a los medallistas paralímpicos de Atenas 2004 con el objeto de hacerles una ceremonia de reconocimiento a su desempeño deportivo.
Segundo.- Que el Pleno de ésta soberanía, en pleno respeto a las competencias atribuidas por nuestra Carta Magna, exhorte muy respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que realice las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico, y especialmente a los medallistas de los Juegos Paralímpicos.
Tercero.- Que el Pleno de ésta soberanía, en pleno respeto a las competencias atribuidas por nuestra Carta Magna, exhorte muy respetuosamente a los Gobiernos de los Estados, para que realicen en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico, y a los medallistas de los Juegos Paralímpicos que pertenezcan a su entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2004.
Diputados: Guillermo Tamborrel Suárez, Adriana
González Furlong, Yleana Baeza Estrella (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LAS AUTORIDADES DE OAXACA QUE SEAN INVESTIGADOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LA JOVEN MARÍA, A CARGO DE LA DIPUTADA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos legisladores ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
En junio del presente año, María, una joven de 19 años y con una discapacidad, fue violada por su tío, resultando la agresión un embarazo no deseado. La denuncia penal fue presentada ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales de Oaxaca el 10 de agosto junto con la solicitud de interrupción del embarazo conforme a lo que establece el artículo 316 del Código Penal de la entidad.
Después de diversos trámites legales para poder acceder a la autorización de interrupción legal del embarazo, María fue internada el 1 de septiembre en el Hospital General "Doctor Aurelio Valdivieso" donde permaneció hospitalizada 41 horas, sin que le hubieran practicado la interrupción del embarazo.
María fue informada por tres diversas fuentes que "por órdenes superiores" el procedimiento médico había sido suspendido.
Cabe señalar que con 13 semanas de embarazo, los médicos del hospital decidieron aplicar un procedimiento de intervención en el que primero se provocara un aborto medicamentoso para posteriormente intervenir quirúrgicamente, sin embargo el medicamento utilizado: syntocinon que se usa para provocar contracciones, no encuentra receptores uterinos en etapas tempranas de gestación como fue el caso de María y como era de esperarse, no hubo una respuesta efectiva para provocar un aborto medicamentoso, por lo que se presume que los médicos pudieron decidir utilizar este procedimiento sabiendo ex profeso que no iba a servir.
Por ello, el 3 de septiembre, María junto con su madre exigieron el alta voluntaria bajo protesta.
Conforme al documento Manual de las Complicaciones de Embarazo y Parto: Guía para Obstetrices y Médicos, del Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS, el Fondo de Población de la ONU, del UNICEF y del Banco Mundial, en embarazos de menos de 16 semanas -como es el caso de María- se aconseja usar citotec y una ergometrina vía intravenosa, provocando una mejor respuesta.
Finalmente, la interrupción legal tuvo que llevarse a cabo fuera de las instituciones públicas de salud; observándose este caso la negligencia médica, retraso deliberado y negativa de información, tanto del doctor José Manuel Rodríguez Domingo, director del Hospital General, así como del personal a su cargo y del departamento jurídico de la Secretaría de Salud, violentando los derechos humanos y garantías individuales de María consagradas en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales en la materia suscritos por México.
Por otro lado, la agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales: Fluvia Rocío Hernández Cruz incurrió en responsabilidad al evitar y retrasar la emisión de la autorización que mandatara al Hospital General, la interrupción legal del embarazo, pese a las instrucciones directas del procurador general de Justicia del estado.
Por lo tanto, sometemos a esta soberanía el siguiente.
Punto de Acuerdo
Primero. Instar respetuosamente al Gobierno del estado de Oaxaca para que se lleve a cabo la investigación inmediata de los hechos referidos, y en su caso, fincar responsabilidades de las y los funcionarios públicos que resulten culpables de los daños ocasionados a María, así como la reparación del daño moral y material causado.
Segundo. Instar respetuosamente al Congreso del estado de Oaxaca a reformar su Código de Procedimientos Penales y la Ley Estatal de Salud, para hacerlas acorde a lo que establece el artículo 316 del Código Penal del estado de Oaxaca, a fin de que las mujeres que quedan embarazadas resultado de una violación, puedan ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo.
Tercero. Instar respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca que se capacite en materia de derechos humanos, en particular de las mujeres, al personal de las agencias del Ministerio Público Especializadas en Delitos Sexuales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de octubre de 2004.
Dip. Angélica de1a Peña Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A INSTRUIR AL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT PARA QUE PROPONGA, ACUERDE E IMPLANTE UN PROGRAMA DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado Pedro Ávila Nevárez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la república a efecto de que instruya al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a que proponga, acuerde e implemente un programa de desconcentración administrativa del Instituto, con los propósitos que se señalan en el punto de acuerdo, materia de esta propuesta, presentado por el diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme a los siguientes
Antecedentes
Con fecha 24 de abril de 1972 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Ley del Infonavit).
Con las diversas reformas a la Ley del Infonavit de los años 1992, 1994, 1996 y 1997, este Instituto se transformó de un organismo promotor, constructor y financiero de la vivienda, orientado a satisfacer este importante derecho constitucional, a una institución exclusivamente financiera.
Con fecha 23 de mayo de 1996 apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Ley del SAR), como una ley de orden público e interés social que tiene por objeto regular el funcionamiento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus participantes previstos en la propia Ley del SAR y en las leyes del Seguro Social, del Infonavit y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) para el cumplimiento de su objeto el SAR opera cuentas individualizadas de trabajadores, que se integran con las aportaciones obrero-patronales para el fondo o subcuentas de retiro y de vivienda.
La Ley del Infonavit fue reformada (entrando en vigor el 6 de enero de 1997) para adecuarse y ser congruente con la Ley del SAR, previendo fundamental y expresamente que las cuotas obreros patronales para vivienda fueran administradas a través del SAR.
Consideraciones
1. En la actualidad, es ampliamente conocido que el Infonavit sufre una seria concentración de funciones en las oficinas centrales, de tal manera que muchas de sus decisiones se ofrecen en franco perjuicio de la clase trabajadora.
El Infonavit carece de estructura administrativa al interior de la República. Es público y notorio que cuando un trabajador se presenta a las oficinas del Infonavit en cualquier parte del país a realizar un trámite menor, no es atendido debidamente ni su problema es resuelto, por que carecen de estructura y de funciones, las solicitudes de los trabajadores son remitidas a las capitales de los estados, y éstas a su vez tienen que remitirlos al Distrito Federal.
Este estado de cosas ha generado y promovido, adicionalmente, la corrupción, entre empleados del Infonavit, coyotes, constructores y líderes obreros.
2. Por lo anterior se impone la desconcentración administrativa a nivel nacional como una medida urgente de simplificación administrativa y para que las tomas de decisiones relacionadas con las convocatorias para el financiamiento de la construcción de conjuntos habitacionales se adopten estatal o regionalmente con intervención de los funcionarios estatales del Infonavit y de representantes de los estados y los municipios. Sólo de esta manera se puede garantizar que las construcciones sean acordes con las construcciones climáticas y geográficas; con las costumbres y tradiciones del lugar; que se utilicen de manera óptima los materiales que se produzcan y se utilicen en el lugar. Esto redundará evidentemente en un abaratamiento de los costos, en una simplificación administrativa y en una mejor adecuación de las viviendas a los requerimientos locales.
Además, esta fórmula de desconcentración permitirá ajustar los proyectos al desarrollo urbano y estatal, debidamente integrados a las obras de infraestructura locales y dejaremos de ver fraccionamientos construidos en medio de la nada, sin infraestructura, comunicaciones y servicios, pero conforme al interés ilícito de constructores y funcionarios corruptos.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General me permito someter la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al director general del Infonavit a que proponga y promueva su aprobación ante el Consejo de Administración del organismo, un programa de desconcentración nacional del Instituto que tenga por objeto el siguiente:
b) Que las decisiones relacionadas con las convocatorias para financiamiento de unidades habitacionales, se adopten con la debida y oportuna participación de los delegados estatales y municipales del Infonavit que correspondan, y se tomen en cuenta las características climatológicas y geográficas del lugar; las costumbres y tradiciones; los planes y proyectos de desarrollo urbano estatal. Que consideren el uso óptimo, por razones de calidad y precio de los materiales que se produzcan y utilicen en la localidad, orientados a obtener una mejor vivienda integrada a su entorno que resuelva de mejor manera los requerimientos de los trabajadores.
Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE ATRAIGA EL CASO DEL HOMICIDIO DEL LICENCIADO MARIO SÁNCHEZ PANIAGUA, OCURRIDO EN EL ESTADO DE JALISCO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MENDOZA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicano, nos permitimos presentar a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que, de ser procedente, conozca del homicidio del licenciado Mario Sánchez Paniagua o, en su caso, ejerza la facultad de atracción en este caso ocurrido en el estado de Jalisco, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El pasado lunes 13 de septiembre, fue acribillado el abogado litigante Mario Sánchez Paniagua, mientras transitaba a bordo de su vehículo en la avenida Lázaro Cárdenas, en Guadalajara Jalisco, lo acompañaba, a título de escolta, un policía municipal de Zapopan. Es de hacer notar que dicho litigante era socio del despacho notarial del alcalde de Zapopan, Arturo Zamora Jiménez.
Derivado de estos hechos la Procuraduría del estado abrió tres líneas de investigación a saber: venganza personal, ajuste de cuentas y problemas relacionados con el litigio
Consideraciones
Ninguna de las tres líneas mencionadas de investigación excluye la posibilidad, y la duda fundada, de que dada la naturaleza de tan lamentable crimen, así como las armas empleadas y el modus operandi de los agresores, pueda estar relacionada con el crimen organizado.
En efecto, dada la trascendencia de que para la sociedad en su conjunto reviste el crimen organizado, la sofisticación de sus métodos, la violencia extrema y la afectación a los valores fundamentales de la sociedad, es que la PGR se encuentra facultada para conocer de delitos que se relacionan a ésta, como sucede en este caso concreto, en virtud del artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
De esta manera podemos observar que a partir de los hechos acontecidos, que a continuación se describen secuencialmente, surgen una serie de contradicciones y situaciones que dejan muchas dudas
2. Existe una declaración ante el Agente del Ministerio Público, donde se hace constar lo señalado en el punto 1.
3. El director de Seguridad Pública desmiente al policía y dice que no es escolta y que seguramente declaró eso por la adrenalina al momento en que se suscitaron los hechos.
4. El presidente municipal asevera que dicho policía no estaba comisionado como escolta.
5. Sale a la luz pública el documento que lo acredita como escolta, firmado por el Director General de Seguridad Pública de Zapopan, donde le asigna dicho cargo, lo cual deja en evidencia que el alcalde mintió y lo mismo el director general de Seguridad Pública de Zapopan.
6. Posterior a esto el policía en entrevista televisiva se desmiente, de lo que había declarado ante el Agente del Ministerio Público.
7. Cuando sale a la luz pública una serie de contradicciones el alcalde establece como estrategia "callar", se niega a dar cualquier declaración en medios.
8. El día 27 de septiembre nuevamente se descubre otra mentira, ahora por parte del señor Julio Quiñónez, vocero de la dependencia policíaca, quien había dicho el viernes 24 de septiembre que el policía José Luis López Salaña "había cumplido su arresto", sin embargo se conoce que el policía renunció desde el 20 de Septiembre.
Ante esta circunstancias, es válido y necesario plantearnos algunas interrogantes ¿por qué un policía del ayuntamiento realizaba funciones de escolta de un particular? ¿por qué el método y las circunstancias especiales de la ejecución? ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en un policía que dice que es escolta, "pero cuando lo dijo no lo quería decir y después si lo dijo porque, cuando lo tenía que decir no sabía lo que estaba diciendo, pero que así se lo anotaron cuando lo dijo? ¿Es o no es? Otra pregunta ¿En la policía de Zapopan cualquiera puede llevarse una pistola a su casa?
Ante los hechos, lo que queda claro es la duda y a nuestro juicio, en su caso, el ejercicio de la acción jurídica, ya mencionadas para coadyuvar el esclarecimiento de este tipo de delincuencia.
En Acción Nacional estamos convencidos de que la preservación del Estado de Derecho es uno de los fines fundamentales de la autoridad.
La expresión "Estado de derecho", significa que la comunidad humana se halla sometida, sin excepción a normas fundamentales, cuya vigencia excluye, en principio, la arbitrariedad.
El Estado de derecho no es aquel en el cual gobernantes y gobernados se toman atribuciones y facultades no previstas en sistema jurídico alguno. No es aquel en el que la policía municipal sirve como escolta o guarda-espaldas particular de los amigos del presidente municipal en turno. No es aquel en que los sicarios pueden cometer sus crímenes impunemente, sin que nadie los detenga, sin que nadie los procese. No es aquel en el que la gente es asesinada en la calle, sin que nadie dé una explicación, sin que nadie sea responsable.
Ahora bien, ante tal situación los diputados, en nuestra calidad de representantes de la Nación, debemos velar por el respeto al Estado de Derecho y no podemos dejar pasar inadvertidos hechos como los mencionados, es por ello que acudimos a esta tribuna con la presentación de este punto de acuerdo, a fin de que en su caso la Procuraduría General de la República esclarezca tan deplorable crimen.
Finalmente, es importante menciona que no existe impedimento alguno para que la PGR atraiga el caso, pues los delitos fueron cometidos por varias personas unidas, como lo señala la fracción primera del artículo 475 del Código Procesal Federal de la materia; y la PGR ha ejercitado esta facultad de atracción en circunstancias similares.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados abajo firmantes presentamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se sirva solicitar respetuosamente a la Procuraduría General de la República, que de conformidad con el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y 18 del Código Penal Federal, ejercite la atracción de la investigación y persecución de estos delitos mencionados en el presente Punto de Acuerdo, o en su caso, de conformidad con el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, conozca directamente del asunto, en el supuesto de que pudiese presumirse la participación de este tipo de criminalidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2004.
Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITE AL CONSEJO DE MINISTROS DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN AMBIENTAL EL DOCUMENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004 DEL GRUPO ASESOR SOBRE MAÍZ Y BIODIVERSIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO MEJÍA HARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados y diputadas de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes:
Considerandos
El 20 de junio de 2002 la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) anunció que estudiaría la contaminación genética del maíz bajo los lineamientos del artículo 13 del ACAAN. El 7 de octubre en la página electrónica de la CCA se publicó la lista de los 16 integrantes del grupo asesor.
El proceso continuó con la definición de términos de referencia, mismos que fueron publicados y sometidos a observaciones públicas a partir del 23 de enero de 2003. El Grupo Asesor introdujo los siguientes apartados de estudio: Contexto y antecedentes del maíz silvestre y el cultivado en México; Análisis de beneficios y riegos; Evaluación de los efectos en la diversidad genética; Evaluación de los efectos en los ecosistemas naturales; Evaluación de los efectos biológicos en la agricultura; Evaluación de los efectos sociales y culturales asociados con la producción de maíz transgénico; Evaluación de la salud humana y animal; Marco con el cual pueden evaluarse los potenciales beneficios y riesgos: Análisis de cuestiones biológicas y valores comunitarios complejos: comunicación y participación; e identificación y análisis de las herramientas de manejo y las opciones para mitigar o evitar los riesgos potenciales y fortalecer o capitalizar los beneficios posibles.
La siguiente etapa fue la elección de expertos para desarrollar cada capítulo. En enero de 2004 se hizo público el índice de capítulos y sus autores. En marzo de 2004 la CCA llevó a cabo el simposio El maíz y la biodiversidad: efectos del maíz transgénico en la ciudad de Oaxaca.
Dicho evento, por el tema, contó con una amplia concurrencia. Numerosas organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y académicos.
Las comunidades oaxaqueñas demandaron medidas para proteger sus cultivos de maíz. Recordaron que para millones de mexicanos el maíz es fundamental en su alimentación. Cada individuo llega a consumir hasta medio kilogramo de productos de maíz al día. Sin embargo, su relación con este grano no es solamente nutricional. Para las comunidades indígenas el maíz no sólo es comida, sino motivo de fiesta, de intercambio, de convivencia, de ayuda mutua. Es su vida misma.
Otro sector que también se manifestó alrededor de la contaminación del maíz fue el Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC), organismo de representación ciudadana que forma parte de la CCA. Este Comité está conformado por 15 ciudadanos de México, Estados Unidos y Canadá y el 13 de abril de 2004 emitió públicamente sus recomendaciones acerca de la problemática por la que atraviesa el maíz mexicano. De sus recomendaciones destacan dos: establecer una moratoria a la importación de maíz transgénico e incorporar los aspectos culturales asociados al maíz en el estudio que lleva a cabo la CCA.
En estos momentos aún no se sabe si la CCA hará o no público el informe, dado que algunos de los capítulos reconocen de manera explícita tanto la contaminación como la necesidad de proteger la diversidad genética del maíz en su centro de origen. Lo que ha causado presiones sobre la CCA por el Gobierno de los Estados Unidos y de las empresas agrobiotecnológicas para que el informe no sea publicado.
En un informe del secretariado de la CCA, manifestó que el informe final, que incluye las recomendaciones del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad, fue presentado el 13 de septiembre de 2004 al Consejo de la CCA, integrado por los ministros de medio ambiente de Canadá, Estados Unidos y México, que normalmente lo hará publico en los 60 días siguientes a su recepción, a menos que el Consejo decida otra cosa.
Las recomendaciones entregadas en mayo pasado a los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá, en una versión preliminar del informe final, establecen que nuestro país debe mantener la prohibición a las importaciones de maíz transgénico y evitar que sus campesinos utilicen semillas contaminadas, así como impulsar su propia evaluación sobre los efectos de la contaminación genética en las tierras de cultivo, ya que es el centro de origen del maíz.
El informe solicitado por diversas organizaciones, no solo de Oaxaca sino de toda la región de América del Norte, contempla significativas conclusiones que tendrán incidencia en las discusiones de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico.- Que esta H. Cámara de Diputados solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental el documento de las recomendaciones del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad, que les fue presentado el 13 de septiembre de 2004 por el Secretariado de la CCA, toda vez que las recomendaciones tendrán una incidencia directa en las actuales discusiones que se tiene sobre la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que se esta analizando en las Comisiones Unidas de Agricultura, Medio Ambiente así como en la de Ciencia y tecnología.
Dip. Antonio Mejía Haro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS REFORMAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Antecedentes
El artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las comisiones a trabajar en Conferencia con la Colegisladora, lo mismo que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el que, en el segundo párrafo de su artículo 90, prevé Conferencias de las Comisiones para ambas Cámaras.
Conforme a ello, en Punto de Acuerdo derivado de la sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del 16 de noviembre de 2003, sus integrantes decidieron por unanimidad, reanudar el estudio y análisis de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, producto de las sesiones en Conferencia de la anterior Legislatura, habiéndose facultado a su Mesa Directiva a formalizar los procedimientos mediante sendos comunicados a la Mesa Directiva de la Cámara, a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Comisión homóloga de la Colegisladora del Senado de la República la que, luego de cumplir con formalidades similares dentro de su esfera, manifestó su conformidad para reiniciar los Trabajos en Conferencia, a partir de los avances registrados por la LVIII Legislatura.
LosTrabajos en Conferencia se reiniciaron con su instalación formal en sesión realizada el 21 de abril de 2004 entre las comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras. Adicionalmente a dicha sesión, se celebraron otras tres en esta modalidad en fechas posteriores; en el desarrollo de las tres primeras se habían tomado diferentes acuerdos. Entre otros:
La conformación de un grupo de trabajo pluralmente constituido abocado al análisis y estudio de dichas reformas; y
Abordar las reformas a la Ley, a partir de los avances y acuerdos alcanzados por la anterior Legislatura: la no modificación de 571 artículos de la Ley; respetar las coincidencias en los proyectos de reforma considerados, en 469 de sus artículos; y profundización del análisis en la básqueda de consensos en 65 artículos en los que no se habían logrado acuerdos,
Consideraciones
A más de tres meses de la instalación y operación del Grupo de Trabajo para el Análisis y Estudio de las Reformas a la Ley Federal del Trabajo y en relación con la tarea que se planteó de abordar los 65 artículos de la Ley pendientes de consensar, se tienen los siguientes avances:
2. Sobre el articulado que ya había sido agendado, otros seis adicionales a los cinco que fueron consensuados, aún se encuentran pendientes por no haberse alcanzado los acuerdos necesarios. Se trata de los artículos 35, 39 y 39-D que se incluyeron para su análisis desde el día 22 de junio; y los artículos 47, 56 y 59 pendientes desde la reunión del día 6 de julio.
3. Habiendo sido consensuados solo cinco artículos, quedan aún por discutirse 60 del paquete original de los 65 artículos reservados.
Estas inquietudes y observaciones fueron reiteradas en la Cuarta Sesión de Trabajos en Conferencia del 26 de agosto, en la que varios integrantes de las comisiones, coincidieron en la pertinencia de realizar un ajuste radical en el método originalmente elegido para el análisis de las reformas a la Ley, habiéndose aceptado la posibilidad de retomar los trabajos de manera directa por cada una de las comisiones de diputados y senadores, para lo cual habría que realizar las formalidades para ello: convocatorias a la Mesa Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, al Pleno de la misma en Sesión Ordinaria para la valoración de avances y, en su caso, acordar la disolución del Grupo de Trabajo, dar por concluida esta etapa de Trabajos en Conferencia y realizar las comunicaciones para la formalización de estas propuestas a las instancias necesarias.
Conforme a los antecedentes y consideraciones anteriores, se propone a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para aprobación y, en su caso, para la ratificación del Pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La disolución del Grupo de Trabajo para el Estudio y Análisis de las Reformas a la Ley Federal del Trabajo, en lo que concierne a los diputados integrantes del mismo;
Segundo. La conclusión de esta etapa de los Trabajos en Conferencia; y la comunicación de esta propuesta a la Comisión homóloga de la Colegisladora;
Tercero. La formalización del presente Punto de Acuerdo en caso de ser aprobado por la Mesa Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, avalado por el pleno y aceptado por la Comisión homóloga del Senado de la República, ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, ambas de la Cámara de Diputados.
Cuarto. Dar continuidad a las tareas de estudio y análisis de la Ley Federal del Trabajo a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados por ser la Cámara de origen de las reformas en comento; y mantener informada a la Comisión homóloga del Senado sobre los avances que se alcancen para que las reformas a la Ley, continúen su curso normal conforme a los ordenamientos aplicables y las prácticas parlamentarias.
Palacio Legislativo, 26 de agosto de 2004.
Diputados: Enrique Burgos García (rúbrica),
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María
Sara Rocha Medina (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores
(rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica
en contra), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Marco Antonio
García Ayala (rúbrica), Miguel Alonso Raya, José Guillermo
Aréchiga Santamaría (rúbrica), Pedro Ávila
Nevárez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón,
Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Tomás Cruz
Martínez, Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Blanca
Eppen Canales (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica),
Pablo Franco Hernández (rúbrica en contra), José García
Ortiz, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Salvador Márquez
Lozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales (rúbrica), Armando
Neyra Chávez, Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica),
Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina,
Sergio Arturo Posadas Lara, José Felipe Puelles Espina, Ricardo
Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez
del Campo (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN A INVESTIGAR E INFORMAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y, EN SU CASO, SANCIONAR SOBRE EL DAÑO OCASIONADO A LA RESERVA ECOLÓGICA DE CUXTAL, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A CARGO DEL DIPUTADO ROGER DAVID ALCOCER GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al gobierno del estado de Yucatán a investigar e informar a ésta H. Cámara de Diputados y en su caso sancionar, sobre el daño ocasionado a la Reserva Ecológica de Cuxtal ubicada en el municipio de Mérida, Yucatán.
Exposición de Motivos
La creciente expansión humana en el último siglo ha hecho necesario salvaguardar pequeñas áreas de ecosistemas, protegiéndolos contra la intervención del hombre. Los conservacionistas, así como los círculos científicos hacen hincapié en la necesidad de disponer de esta red de espacios naturales protegidos bajo distintas figuras legales y sobre todo, conectados entre sí para garantizar un mínimo de intercambio de información entre las especies animales y vegetales que forman la biocenosis en estas áreas.
Las reservas ecológicas a nivel nacional como internacional, están consideradas como regiones donde coexisten las zonas naturales y las zonas modificadas por el hombre. Las reservas ecológicas en México son variadas y numerosas y se localizan desde la península de Baja California hasta la de Yucatán.
Estas áreas son seleccionadas para protegerlas de manera especial contra el deterioro y la degradación del medio ambiente. Los criterios de selección obedecen a varias razones, que van desde la belleza natural del entorno hasta el interés científico de la región, pasando principalmente por la preservación de aquellas zonas que constituyen el hábitat de especies protegidas o amenazadas por la extinción y la consideración de una región como patrimonio cultural de un país. En algunas ocasiones, también se tiene en cuenta la necesidad de proporcionar al público un lugar de esparcimiento.
La reserva ecológica Cuxtal fue decretada el 28 de junio de 1993 con una zona de extensión aproximada de 10 757 hectáreas y se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Mérida. Comprende un área en el cual se encuentran varias haciendas henequeneras.
Esta zona se decretó como reserva cuando ya había pequeñas comunidades, por lo que el lugar está poblado; sin embargo como en toda reserva queda prohibido atentar contra la flora y fauna de la región, así como la explotación de los recursos naturales del suelo y la contaminación del aire.
Esta zona es denominada como de selva baja caducifolia, por lo que no podemos encontrar grandes ejemplares de árboles, en esta área se encuentra un cenote, "Dzonot-Ich", el cual figura entre sus grandes atractivos; el legado cultural y la protección de animales en peligro de extinción como el venado cola blanca, son algunos de los motivos por lo cual se decreto su protección.
Sin embargo, en los últimos meses esta área ha sido presa de la depredación, con desmontes, construcción de bodegas y la ampliación de las instalaciones de la Feria del Municipio de Mérida, X?Matkuil.
Toda vez que la reserva ecológica se encuentra en el territorio del municipio de Mérida, en primera instancia debería ser la autoridad de esa localidad la responsable de negar los permisos de construcción en el área protegida, de acuerdo a lo que dispone la misma Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del día viernes 23 de abril de 1999.y demandar ante la Profepa en caso de que se realizare una invasión ilícita.
Cuando el Ejecutivo local presentó al ayuntamiento de Mérida el estudio de impacto ambiental de su proyecto de ampliación de la Feria de X?Matkuil, tenían 50 por ciento de avance, dicha ampliación no incluyó un levantamiento de la fauna, no obstante que en el llamado pulmón de Mérida, se habían identificado siete especies de mamíferos y 157 de aves pertenecientes a 13 órdenes de los 23 que aún sobreviven en el mundo.
Cabe señalar que un estudio que realizó la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida con motivo de la ampliación de la Feria, saca a relucir que no se respetaron varios ordenamientos y, por el contrario, se descubrió así que había daños irreversibles al entorno ecológico de la zona, además el Ejecutivo nunca dijo que las obras se realizarían dentro de la zona sujeta a conservación ecológica de la reserva de Cuxtal.
No obstante que esta irregularidad tiene más de cinco meses y de que los pobladores de la reserva han manifestado ante la Profepa la depredación de la reserva, ésta al igual que el gobierno local, no ha intervenido para detener esta anomalía y castigar a los que están infringiendo la ley.
Es menester señalar también que se violenta varios ordenamientos por parte del Comité Organizador de la Feria al no licitar las obras de X?Matkuil, específicamente la Ley de Obras Públicas del estado de Yucatán, es su artículo primero, párrafo II; artículos 25 y 26, estableciéndose en éstos cuáles obras deben ser asignadas y cuales licitadas y este punto tampoco se reportó. Al igual que en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios con Bienes Muebles, en el artículo 2, párrafo V; al igual que el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del estado, al no enviar sus cuentas para revisión.
Debido a estas consideraciones, y al ver que no han sido suficientes los esfuerzos conjuntos de los habitantes del municipio de Mérida y de la Profepa, para detener el avance del daño ecológico y la depredación de dicha zona, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta soberanía exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno del estado de Yucatán a investigar e informar a ésta H. Cámara de Diputados y en su caso sancionar, sobre el daño ocasionado, prohibiendo así cualquier tipo de construcción dentro del territorio de la Reserva Ecológica de Cuxtal, en el municipio de Mérida, Yucatán.
Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA HACER UN EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO ABDALLÁN GUZMÁN CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía para su análisis y aprobación la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con preocupante frecuencia las comunidades indígenas de Oaxaca, así como las organizaciones que las representan, son objeto de represión y persecución por demandar de manera pacífica respeto a la autodeterminación de sus pueblos y a sus derechos humanos, individuales y colectivos, así como atención a su desarrollo comunitario.
Tal es el caso del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), que desde su nacimiento en noviembre de 1997 ha padecido el dolor de la persecución, el encarcelamiento y el asesinato de sus integrantes a manos de grupos paramilitares, fuerzas policiacas estatales y federales.
El saldo desde la creación de esta organización de comunidades indígenas ha sido: 517 detenidos y torturados, 103 incursiones del ejército, policía y paramilitares a las comunidades de la organización, 81 ordenes de aprehensión por delitos que no han cometido; 229 procesos penales, civiles, mercantiles, etc. contra agremiados; 37 amenazas de muerte a igual número de sus integrantes; 27 asesinados y 263 lesionados de gravedad y, actualmente, uno de sus integrantes conocidos, Raúl Gatica, vive prácticamente oculto por los intentos de asesinato que ha sufrido.
La responsabilidad de ese clima de violencia institucional recae, según lo señalan representantes del CIPO-RFM, en los gobiernos de Diódoro Carrasco y José Murat, quienes se negaron al diálogo y dieron muestras reiteradas de desprecio a la dignidad de las comunidades indígenas.
La denuncia de la violación sistemática, permanente y constante de los derechos de las comunidades, pueblos e integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, que son del dominio público, no han sido atendidas por las instituciones encargadas de procurar justicia. Al contrario éstas se han dedicado a proteger a los agresores, incluidos paramilitares.
Desde el 20 de abril de 2004, el CIPO-RFM inició una jornada de movilización pacífica que ha durado hasta el día de hoy. Entre las demandas destacan las referentes al respeto a los derechos humanos y la autonomía de la comunidades indígenas integradas en la organización; cese a la represión y persecución; desaparición de paramilitares del CROCUT y castigo a sus líderes, responsables de varios crímenes; solución a conflictos agrarios; atención a diversas demandas de carácter social.
Lejos de ser atendidas estas demandas, el 14 de septiembre de este año, policías de las fuerzas especiales del gobierno del estado, elementos de las policías preventiva, turística, judicial del estado y de la Agencia Federal de Investigaciones, en una cantidad superior a 200, dirigidos por el secretario de protección ciudadana José Manuel Vera Salinas, usando gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y pipas de agua, sin aviso de por medio desalojaron los dos plantones que un centenar de miembros del CIPO-RFM tenían frente a Palacio de Gobierno, en el templo de Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca, desde el pasado 20 de abril. Este acto represivo dejó como resultado varios lesionados y 14 personas detenidas.
Con enorme esfuerzo el CIPO-RFM logró sacar de prisión a siete de estas personas, después de cubrir una fianza de $45,000.00 por cada uno, monto a todas luces desmedido, dadas las condiciones de pobreza que padecen las comunidades indígenas. El resto permanece en prisión, dada la alta fianza fijada por las autoridades judiciales a tres de ellos mientras se la niegan a los otros cuatro por considerarlos "peligrosos" para la sociedad.
Mientras tanto las demandas del Consejo Indígena Popular de Oaxaca continúan sin ser atendidas, por lo que mantienen su plantón frente al palacio de gobierno, que está cercado por vallas metálicas y custodiado por policías día y noche, con riesgo de que se produzcan nuevos hechos de violencia.
Punto de Acuerdo
Uno. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades estatales y judiciales del estado de Oaxaca, busquen los mecanismos legales adecuados para obtener la inmediata e incondicional liberación de los presos indígenas recluidos en el penal de Ixcotel, Etla y Mialhuatlan: Dolores Villalobos Cuamatzin, Margarita García García, Miguel Cruz Moreno, Gumaro López Alavez, José Cruz Cruz, Habacuc Cruz Cruz y Reynaldo Feria Hernández; así como la libertad absoluta a quienes están libres bajo fianza.
Dos. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a que cese el clima de represión y violación de los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos y comunidades indígenas y se retome el camino del diálogo con el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, y se atiendan sus justas demandas.
5 de octubre de 2004
Dip. Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN A INVESTIGAR SOBRE LAS CONCESIONES OTORGADAS A LA COOPERATIVA DE RADIO TAXÍMETROS DE YUCATÁN, A CARGO DEL DIPUTADO ROGER DAVID ALCOCER GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado federal por el Estado de Yucatán, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a este Pleno el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte al Gobierno del estado de Yucatán a que realice una investigación exhaustiva en la entrega de concesiones de placas para la prestación del servicio de taxi en el estado, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
En la entidad se dio un escándalo en la agrupación de Radio Taxímetros de Yucatán por la denuncia de los socios poniendo en entredicho los argumentos del Gobierno del estado en la entrega de concesiones, la cual, se había señalado, eran directamente para los taxistas y para acabar con el corporativismo, el amiguismo y el monopolio.
Pero en últimas fechas mas exactamente el día 4 de este mes, los disidentes de la agrupación que valientemente han denunciado las irregularidades del señor Guillermo Alonso del Río Puga exigiendo a las autoridades estatales y federales y la PGR, investiguen penalmente a fondo a fin de determinar quienes están lavando dinero en la agrupación con la adquisición de decenas de vehículos.
Estos socios de Radio Taxímetros de Yucatán han condenado la poca transparencia en el proceso de selección y designación en la entrega de concesiones de autos de alquiler y han denunciado el robo descarado que pretenden hacerles "poderosos intereses económicos" al cobrarles, por lo menos, 50% más del costo de un vehículo.
Asimismo, el grupo de disidentes también ha denunciado el acaparamiento de concesiones y placas que pretenden los directivos, ya que dentro de la lista figuran Guillermo del Río Puga, Nicte Ha Guadalupe del Río Camargo, Guillermo Antonio del Río Fuentes, Raúl Camargo Sánchez, Patricia Camargo Sánchez e Israel del Río Camargo, todos vinculados a la familia de Del Río.
Lucio Javier Espadas Perera, María Catalina Vela Espadas, Gilberto Arturo de Jesús Vela Espadas y Alejandra M. Solís Góngora, todos dentro del núcleo familiar del secretario de la agrupación.
Dentro de los denunciantes se encuentran por mencionar algunos a Jorge Anduze, Jorge Martín López, José Pablo González, Erwin Cabañas Pérez, Fernando Pérez Villanueva, Fernando González Alonso, Ricardo Pantoja Herrera, Mario Gerardo Calderón, entre muchos otros.
La asociación fue registrada como Cooperativa Radio Taxímetros de Yucatán, según se asienta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán.
Conforme al artículo 12 de la Ley de Transporte local son atribuciones del titular del Ejecutivo local: otorgar, renovar, suspender o revocar las concesiones y permisos de los servicios de transporte, público y particular según sea el caso; aumentar o disminuir el número de las concesiones del servicio público de transporte, según las necesidades de dicho servicio; instrumentar las medidas encaminadas al mejoramiento del servicio de transporte, aprovechando el desarrollo tecnológico y tomando en cuenta sus efectos en el medio ambiente; aprobar, de conformidad con lo que señalen esta ley, su reglamento y demás ordenamientos legales aplicables, las tarifas para la prestación del servicio público de transporte; implementar los mecanismos necesarios para regular, asignar, modificar o restringir rutas y en su caso, reubicar sitios o terminales; y las demás que le confiera dicha ley.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que ésta soberanía del Congreso de la Unión exhorte al Gobierno del Estado de Yucatán llevar a cabo la investigación y en su caso la sanción correspondiente, a fin de dar mayor certeza en el otorgamiento de dichas concesiones a la Cooperativa de Radio Taxímetros de Yucatán.
Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SOBRE LOS OBJETIVOS, LAS ESTRUCTURAS OPERATIVAS Y LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN QUE MÉXICO PARTICIPA, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
México goza de una amplia y reconocida trayectoria en los organismos internacionales. Nuestro país ha participado en los diversos esfuerzos realizados por la comunidad internacional para consolidar la paz y la seguridad, impulsar el desarrollo económico y el bienestar de los pueblos del mundo.
A lo largo de varias décadas de practicar una política exterior solidaria y respetuosa de la diversidad cultural y social, nuestro país ha sido un participante activo y promotor de iniciativas que han buscado mejorar y fortalecer el multilateralismo y la solución pacífica de controversias
La participación de México en los organismos internacionales ha abierto un espacio para fortalecer los vínculos con las regiones del mundo y propiciar un mejor entendimiento que favorezca la consolidación de consensos en temas que son de preocupación e interés común.
Son notables las aportaciones de México a los organismos internacionales que promueven la seguridad social y el combate a la pobreza extrema; la defensa y promoción de la democracia; el desarrollo económico; la protección del medio ambiente; la liberalización comercial y la defensa de los derechos humanos de los grupos más vulnerables.
Estas instancias de participación se han dado en un escenario dinámico y cambiante. En la actualidad sabemos que nuestro país tiene presencia en 189 organismos, programas y comisiones multilaterales de diversa índole, que representan la diversidad temática de la era global; pero desconocemos su estructura, su operatividad, los recursos que se destinan para ese fin y los beneficios tangibles para la población y los intereses nacionales.
En un escenario internacional frágil y de contrastes, y ante las nuevas circunstancias de la economía mexicana. que obligan a un ejercicio de racionalidad del gasto público, los legisladores requerimos contar con la información pertinente que nos permita diseñar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una agenda internacional sólida y renovada que incorpore criterios de eficiencia y selectividad.
Estamos convencidos de que la dimensión de las transformaciones mundiales demanda que los Estados intensifiquen sus relaciones y trabajen en la formación de nuevos consensos locales y regionales. En ese sentido se orienta mi propuesta de contar con los elementos para fortalecer la presencia de México en los organismos internacionales que verdaderamente contribuyan a los intereses nacionales.
Con base en los argumentos mencionados, y con fundamento en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara sobre la definición, objetivos y estructuras operativas de los organismos internacionales en los que México participa, así como sus obligaciones económicas, con el fin de que los diputados podamos determinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005 cuáles son prioritarios para la inserción eficiente y soberana de México en los complejos escenarios internacionales de principios de siglo.
Palacio Legislativo, a 30 de septiembre de 2004.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE SE AUDITE EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE 1967 A LA FECHA, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO VEGA GALINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Roberto Vega Galina, diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades constitucionales, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo para que se solicite formalmente al Órgano Superior de Fiscalización de la Federación, la práctica de una auditoria a los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con fundamento en las siguientes
Consideraciones
2. Dichas aportaciones quedaron señaladas en los artículos correspondientes del RJP, aprobado por las partes y depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el año de 1966, del cual se anexa al presente copia fotostática.
3. La cláusula 12ª de dicho Régimen, establecía que "los trabajadores que perciban un salario base mayor de $90.00 diarios aportarían el 1% del salario base", que "los trabajadores que perciban un salario base hasta de $90.00 diarios quedan exceptuados de aportación", y que "Quedará a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social la parte restante de la prima necesaria; en esta participación está incluido el valor actuarial potencial de la prestación que contiene el primer párrafo de la Cláusula 110 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, contribución de los trabajadores".
4. En la aportación de la parte restante de la prima necesaria a cargo del IMSS, están involucrados recursos fiscales, toda vez que el gobierno, en esa fecha, contribuía con una aportación a seguridad social equivalente al 25% del total de los ingresos que el mismo recibía, como de hecho lo sigue haciendo hasta la fecha, en una proporción casi igual.
5. Con diversas modificaciones, el RJP estuvo vigente hasta el año de 1986, en el que se hacen nuevas modificaciones y se establecen las aportaciones de trabajadores e Instituto que están vigentes hasta la fecha.
6. Las aportaciones vigentes para el financiamiento del RJP consideran, una aportación de los trabajadores equivalente al 3% del salario, y, por parte del IMSS, la parte restante de la prima necesaria.
7. Una de las modificaciones importantes vigentes desde esa última fecha referida, es la que establece con claridad que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones es un estatuto que crea una protección mayor y complementa a la establecida en la Ley del Seguro Social en los seguros que otorgan el derecho a una pensión directa o derivada, es decir, el RJP representa solo la diferencia entre el alcance que corresponda conforme a la Ley del Seguro Social y el que ese Régimen otorga.
8. El pago de las pensiones a los trabajadores del IMSS, y, en su caso, a sus beneficiarios, que tienen el derecho a recibirlas, se ha hecho, desde 1967 hasta la fecha, con cargo al gasto corriente del Instituto, sin que hasta el año 2000 se hayan conformado reservas para los gastos futuros, como la misma Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social lo ha reconocido en sus informes a la Cámara de Diputados.
9. Para el pago de las pensiones desde la fecha de inicio de vigencia del RJP, 1968, el IMSS ha recibido las cuotas de los trabajadores, descontando de su pago quincenal el porcentaje correspondiente, y debió haber recibido del IMSS, como entidad aseguradora, las cuantías de las pensiones que la Ley del Seguro Social otorga a sus propios trabajadores que, como asegurados, están afiliados al Instituto.
10. Durante los primeros años de vigencia del RJP el número de trabajadores y beneficiarios que recibían pensión eran pocos y en consecuencia los excedentes provenientes de las cuotas de los trabajadores, de las cuantías de las pensiones que pagaba el IMSS como instituto asegurador, y de la prima necesaria que el IMSS debía cubrir quincenalmente, debieron constituir una reserva suficiente para los gastos futuros.
11. Como ya se ha dicho, de acuerdo a lo manifestado por la Dirección General del IMSS, las reservas necesarias para hacer frente a los gastos futuros apenas se empezaron a constituir en el año 2000, es decir, más de treinta años después de la fecha en que debieron iniciarse.
12. Esto implica que los recursos que tenían el fin de constituir reservas para las jubilaciones futuras, dentro de los cuales una parte importante son recursos fiscales, fueran utilizados en otras actividades, relacionadas, probablemente, con el mismo IMSS, pero no para el fin destinado, y ha dado lugar a que en la actualidad, principalmente de dos años a la fecha, se esté insistiendo en que el RJP es un problema financiero del Instituto al que no puede hacer frente por carecer de los recursos necesarios para ello, lo que pone en riesgo su viabilidad financiera, cuando que el problema financiero del IMSS deriva de otros factores, además del problema derivado de no haber constituido las reservas necesarias, como son la insuficiencia de los ingresos, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y la falta de creación de empleos, entre otros.
Punto de Acuerdo
Único. Solicítese a la entidad de fiscalización superior de la Federación que, con base en los dictámenes de revisión de la Cuenta Pública y los informes de resultados correspondientes de los años mencionados, se practique una auditoria a los ingresos, egresos y reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el año de 1967 a la fecha y, en su oportunidad, se comuniquen los resultados al pleno de la H. Cámara de Diputados.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 5 de octubre de 2004.
Dip. Roberto Vega Galina (rúbrica)
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Tomás Cruz Martínez, con fundamento en el artículo 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia se sirva excitar a las Comisiones de Economía y Trabajo y Previsión Social para que dictaminen sobre la convocatoria para celebrar la Primera Convención Nacional para el Crecimiento Económico y la Recuperación y Dignificación del Empleo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. En la sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados de fecha 29 de abril de 2004, presenté a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para convocar a la realización de la Primera Convención Nacional para el Crecimiento Económico y la Recuperación y Dignificación del Empleo.
Segunda. Dicha proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones de Economía y Trabajo y Previsión Social, como se asienta en la Gaceta Parlamentaria del 14 de mayo de los corrientes.
Tercera. Existen razones y preocupaciones en exceso que hacen impostergable que la H. Cámara de Diputados convoque a la realización de los trabajos de la primera convención nacional antes citada, toda vez que, como se señala en el documento de la proposición, el problema del desempleo en el país tiende a su agravamiento, por lo que es necesario alcanzar bases y compromisos de un nuevo pacto social con capacidad para revertir las oprobiosas condiciones de vida de más de la mitad de la población nacional.
En la convención concurrirán los sectores social, privado y público del país, cuyo propósito máximo es contribuir en la construcción de mecanismos o instrumentos para atender el crecimiento económico y el empleo nacional.
También hemos expresado que es inadmisible para la democracia los altos porcentajes de pobreza de los mexicanos, sobre todo de los más de 25 millones de mujeres y hombres que carecen de los recursos indispensables para alimentarse. Además, debemos tener presente que el país necesita generar fuentes de empleo para 1 millón 300 mil jóvenes que se incorporan anualmente al mercado productivo, que evidentemente no hemos logrado en lo que va del actual Gobierno Federal. Por lo contrario, se tiene un rezago en materia laboral de más de 5 millones de plazas para mexicanos que hasta la fecha están completamente desempleados o trabajan menos de 15 horas semanales.
Cuarta. A pesar de los esfuerzos que institucionalmente se han realizado, hasta la fecha todavía no se ha recuperado ni el 50% de los empleos formales que se perdieron durante la primera mitad de la administración federal. Esta situación por más que se pretenda maquillar, representa la ausencia de una política de Estado sólida y falta de compromisos reales con la sociedad en general.
Por lo antes dicho, solicito a esta presidencia se sirva excitar a las Comisiones de Economía, y de Trabajo y Previsión Social para que dictaminen a la mayor brevedad sobre la proposición para que la H. Cámara de Diputados convoque a la realización de la Primera Convención Nacional para el Crecimiento Económico y la Recuperación y Dignificación del Empleo.
Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica)
A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO TOMÁS CRUZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Tomás Cruz Martínez, con fundamento en el artículo 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine sobre la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones de los servidores públicos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. En la sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados de fecha 9 de diciembre de 2003 presenté a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 64, 75, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones de los servidores públicos. La Presidencia de la Mesa tuvo a bien turnar dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su correspondiente dictamen.
Segunda. Como se desprende del cuerpo de la iniciativa en comento, es una vergüenza que en una sociedad empobrecida se destinen discrecionalmente recursos públicos para pagar a los altos funcionarios salarios exagerados que deshonran todo principio de justicia, igualdad y solidaridad.
Tercera. Pertenecemos a una sociedad en la que prevalece profunda desigualdad social. Por esa razón es denigrante para la clase política contar con tales privilegios, sobre todo porque en nuestro país más de la mitad de la población vive en la pobreza y poco más de 23 millones de mexicanos no tienen ingresos suficientes para comer. Vivimos momentos de grandes dificultades, por lo que es intolerable la forma dispendiosa en que se conduce la política gubernamental en beneficio de la alta burocracia. Es impostergable buscar caminos seguros para otorgar prestaciones sociales a los 26 millones de trabajadores mexicanos que actualmente carecen de ella, así como la urgente necesidad de atender el inmenso rezago educativo, que hoy es cercano a los 33 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han concluido su educación básica, y un analfabetismo de 6 millones de mujeres y de hombres que no saben leer ni escribir. Mientras persistan estas injustas condiciones de vida, las altas remuneraciones de los servidores públicos seguirán siendo una carga deleznable para la sociedad.
Cuarta. En nuestro país se deberá cancelar de raíz toda posibilidad para otorgar salarios insultantes de 250 mil pesos mensuales o más a directores generales, secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, diputados o cualquier otro funcionario de alto nivel. Pongamos fin a esta perversión de la vida pública que existe en nuestro país. La sociedad en su conjunto reclama que exista un compromiso íntegro de los servidores públicos, que se rija por una vocación de servicio en la que el imperativo sea la austeridad y no el uso indebido del poder para sangrar los recursos de la sociedad en beneficio propio.
Quinta. Compañeros diputados: actuemos para trascender política y socialmente en estos momentos de grandes retos que nos impone la realidad. Actuemos para estar a la altura de las exigencias sociales. Es el momento de autenticar que, como representantes populares, no estamos aquí para consumar privilegios, sino para engrandecer las acciones públicas y situarnos honrosamente al servicio de la sociedad en su conjunto. No tengo la menor duda de que una reforma constitucional que pone un freno a las onerosos remuneraciones, en la que se establezca que nadie deberá recibir remuneraciones superiores a la dieta de los diputados federales, excepto el Presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insisto, no tengo la menor duda de que esta acción trascenderá por varias generaciones.
Por lo antes dicho, solicito a esta Presidencia que se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que, con la mayor brevedad, dictamine sobre la iniciativa en comento.
Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica)