Los suscritos, diputados de la LIX Legislatura Omar Bazán Flores y Jesús Aguilar Bueno, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de apoyar al comunicado del congreso local del estado de Chihuahua, para que atienda las reformas a la Ley del ISSSTE que actualmente promueve el Ejecutivo federal y hacemos esta solicitud conforme a las siguientes
Consideraciones
La iniciativa de referencia fue presentada el 21 de Octubre del año en curso, en la cual se manifiesta que "conforme a lo dispuesto por el artículo 123 Constitucional, la seguridad social es un derecho de los trabajadores y una obligación del patrón". Con base en esto, agregan que "los trabajadores de la educación federalizados desde el año de 1959 cuentan, como parte de este derecho, con el servicio de asistencia medica social otorgado por el ISSSTE".
Con tal antecedente, cobra importancia en este gremio sindical " el hecho de que el pasado 24 y 25 de agosto en curso en reunión con la Conago se comentó el proyecto de reforma tendiente a modificar el sistema actual de pensiones y jubilaciones de todos los derechohabientes de esta institución"
Asimismo, la Conago agrega que es necesario que esta Cámara de Diputados atienda la petición de los derechohabientes escuchando los argumentos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a través de sus dirigentes, tiene con respecto a las propuestas de reformas a la Ley del ISSSTE, en beneficio de ambas partes.
Por otro lado, se menciona también que la reforma a la multicitada ley, se realiza sin consenso y sin la participación incluyente de los directamente afectados por ella, como son los agremiados al referido sindicato, se estaría en un futuro no muy lejano generando un problema de índole social y laboral en detrimento no solo de los derechohabientes del ISSSTE sino de la sociedad en general.
En el mismo orden de ideas, también se hace mención de que con fecha 20 de diciembre de 2002, la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua aprobó por unanimidad el acuerdo 475/02 I.P.O en el cual dicha Legislatura realiza los siguientes planteamientos:
Exhorta al honorable Congreso de la Unión a no privatizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) procurando en todo momento que este conserve su carácter social, implantando las medidas económicas y financieras pertinentes para rescatarlo de la grave situación económica en la que se encuentra, a fin de estar en condiciones de atender adecuadamente su pasivo contingente.
Dado que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico ha iniciado las platicas tendientes de dicha reforma consideran los iniciadores de vital importancia el que esta Cámara continúe con la atención al reclamo social y se luche con los medios a nuestro alcance por proteger los derechos adquiridos por la clase trabajadora, así pues pronunciando nuestra adhesión total del acuerdo 475/02 I.P.O, como parte en la búsqueda de los caminos adecuados para no detener el avance social y económico del país.
Punto de Acuerdo
Único. Que la H. Cámara de Diputados tome en cuenta el punto de acuerdo de la Sexagésima Legislatura del Congreso de Chihuahua aprobado por unanimidad el acuerdo 475/02 I.P.O en torno a las posibles reformas a la Ley del ISSSTE que actualmente promueve el Ejecutivo federal.
Diputados: Omar Bazán
Flores, Jesús Aguilar Bueno (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CONSIDERE EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2005 FORTALECER LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA DICHO EJERCICIO FISCAL, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considere en su dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, fortalecer la asignación presupuestal solicitada por el Instituto Federal Electoral para dicho ejercicio fiscal, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde su creación, en el año de 1989, el Instituto Federal Electoral se ha orientado por los preceptos constitucionales que se establecen en nuestra Carta Magna como principios rectores de su actuación: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Su existencia ha acompañado una parte importante de la transición a la democracia que vive el país.
Contar con un organismo responsable de organizar las elecciones que cuente con el reconocimiento de los actores políticos no ha sido una tarea fácil. Este logro obedece a la certidumbre en los procesos de renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el ámbito federal, a los que hemos asistido en los últimos tres lustros.
Las elecciones federales, tienden a convertirse en lo que los especialistas denominan la "normalidad democrática", como ocurrió con los resultados de la renovación del Poder Ejecutivo en el año 2000. Al respecto, no sería aventurado preguntarnos ¿cuál habría sido la respuesta de algunos actores políticos si no contáramos con un organismo confiable como el Instituto Federal Electoral? Afortunadamente la respuesta podemos encontrarla en un proceso inobjetable que mereció el reconocimiento de todos los participantes.
No podemos olvidar otras tareas desarrolladas por el Instituto Federal Electoral, como la capacitación y educación cívica, acciones básicas si queremos llevar a buen puerto nuestra transición a la democracia.
La existencia de una ciudadanía más informada exige una mejor participación de los partidos políticos con miras a la contienda electoral. Ya no debemos preocuparnos por el árbitro sino mejorar las condiciones del juego, con base en las propuestas de los partidos.
Para ello, es imprescindible fortalecer la autonomía con la que nació el Instituto Federal Electoral, a través de la satisfacción de sus necesidades presupuestales que, no debemos olvidarlo, se destinarán durante el ejercicio del 2005, entre otras prioridades a intensificar la campaña nacional de credencialización indispensable para la actualización del padrón electoral; los trabajos de redistritación y el anticipo de compromisos para la preparación de los trabajos del proceso electoral de los comicios federales del 2006, que inician en el mes de octubre de 2005 y que implican entre otros aspectos la producción de materiales de apoyo electoral, así como la actualización de sistemas informáticos.
Por si no bastaran los argumentos aquí expuestos para buscar una autonomía presupuestal del Instituto Federal Electoral, reflexionemos en torno a los riesgos que significaría su debilitamiento presupuestal.
Es indudable que asistiríamos a la reproducción de situaciones sumamente peligrosas para la gobernabilidad, como podrían ser la repetición de situaciones ocurridas en el pasado, en las cuales existía un velo de desconfianza en los procesos electorales.
Ahora, lo que observamos son procesos electorales muy competidos en los que los participantes se someten al escrutinio ciudadano, cuyos resultados, muchas de las veces ofrecen grandes cambios en periodos muy breves, demandando la preparación de los participantes con sus mejores cuadros y propuestas en busca del respaldo del electorado.
Si aspiramos a consolidar el organismo que fue creado para dar certeza a los comicios federales, y promover que su ejemplo cunda en todo este tipo de contiendas, no podemos caer en la autocomplacencia, sino que debemos redoblar esfuerzos para reforzar la confianza ciudadana en el Instituto Federal Electoral, una de las instituciones que cuenta con los mayores niveles de credibilidad entre la población.
Dicho objetivo requiere de la invaluable colaboración de esta soberanía, a quien exhorto a que se sume a este punto de acuerdo, con el propósito de dotar al Instituto Federal Electoral del presupuesto que haga posible desarrollar las diversas tareas que le corresponde llevar a cabo, erradicando a toda costa, cualquier amenaza que obstaculice sus más nobles fines.
Por los motivos y fundamentos expuestos someto al Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considere en su dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, fortalecer la asignación presupuestal solicitada por el Instituto Federal Electoral para dicho ejercicio fiscal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2004.
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CONSIDERE EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2005 FORTALECER LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considere en su dictamen al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, fortalecer la asignación presupuestal del Consejo Nacional para prevenir la discriminación para dicho ejercicio fiscal, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La sociedad mexicana se caracteriza por tener una diversidad cultural y étnica que ha cobrado carta de naturalización, siendo aceptada por todos los mexicanos.
No obstante, existe una asignatura pendiente que se encuentra íntimamente relacionada con la discriminación que, por una ignorancia inaceptable, o debido a que es promovida por grupos retrógradas afecta la calidad de vida de grupos que han sido excluidos del colectivo social, ya sea por condiciones socioeconómicas, como es el caso de los pueblos indígenas, o personas que están afectadas por algún tipo de discapacidad, en síntesis, su afectación alcanza a todos los grupos denominados vulnerables.
Esta discriminación, que ha avanzado por la falta de un entramado institucional que lo evite, es un flagelo que azota a los mexicanos que aún, en el principio de un nuevo milenio, sufren de prácticas discriminatorias por parte de personas que todavía creen en concepciones anacrónicas que deben ser desterradas a toda costa, como la superioridad racial y el desprecio a las capacidades distintas.
Sin embargo, la lucha debe darse en varios frentes, la educación es uno de ellos, pues sólo de esa forma puede aceptarse, luego de conocerse, el hecho de que existen formas de vida que escapan a las conocidas en la realidad inmediata, las cuales, son tan dignas como cualquier otra manifestación de existencia a la que nos hemos acostumbrado.
Esto significa pugnar por el respeto a los derechos humanos fundamentales de los grupos a los que nos hemos referido, quienes han sido excluidos por considerar, erróneamente, que no existen posibilidades de incorporarlos a los beneficios de la vida social, partiendo de la premisa equivocada de que las oportunidades de desarrollo sólo corresponden a todos aquellos que no se han visto afectados por discapacidades o un entorno socioeconómico adverso.
El camino por recorrer es aún muy largo, pues debe permear entre todos los mexicanos la idea de que deben otorgarse las condiciones que posibiliten su incorporación a todas las esferas de la vida en sociedad a estos connacionales excluidos de manera irrespetuosa, sin pensar en los daños que se les inflingen.
Lo antes señalado, no tiene la intención de ser exhaustivo, sino que pretende llamar la atención sobre el fenómeno discriminatorio que se pasea impunemente por el territorio nacional, por lo tanto, hacemos un llamado para fortalecer las acciones de un organismo creado para coordinar acciones que combatan e inhiban su presencia, como es el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
En este contexto, consideramos imprescindible dotar al organismo referido, de los recursos presupuestales necesarios para cumplir todas sus acciones previstas, además de reforzar su presencia a través de los medios que considere convenientes para una difusión amplia de sus compromisos, lo que permitiría el respaldo coordinado de dependencias, organismos y entidades del sector público, así como de organizaciones ciudadanas que se sumasen a tan nobles propósitos.
Pensemos en el futuro, no cedamos a la comodidad de los planes a corto plazo o meramente coyunturales. En este tema se requiere una visión que supere las soluciones para salir del paso meramente. Por ello, resulta imprescindible brindar el apoyo necesario para otorgar un mayor espectro de acción al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y condenar de manera enérgica esta práctica perversa.
La recompensa se encuentra en los beneficios que corresponderán a todos aquellos que merecen una mejor calidad de vida y no pueden seguir siendo tratados, de manera totalmente inmerecida, como mexicanos de una categoría inferior a la del resto de la población.
Esta entidad, que durante el ejercicio presupuestal del 2004 solicitó recursos por la cantidad de $111.2 millones de pesos, únicamente recibió una asignación presupuestal de $61.2 millones de pesos, lo que represento un decremento de cincuenta millones de pesos, que fundamentalmente afectaron el rubro de servicios personales, además de los gastos de operación e inversión.
Adicionalmente, durante el presente ejercicio fiscal aún se aplicó una reducción del 0.9% lo que ha significado la reducción del 54.22% del presupuesto inicialmente solicitado.
Es por ello, que el grupo parlamentario de Convergencia exhorta a esta soberanía para que en la asignación presupuestal correspondiente al año 2005 fortalezcamos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fin de que pueda alcanzar su consolidación y avanzar en los objetivos que persigue en tres rubros fundamentales: servicios personales, gasto de operación y en gasto de inversión.
En materia de servicios personales, el Consejo requiere reforzar las áreas sustantivas que le permitan complementar diversas acciones para apoyar los procesos de atención de la demanda de sus servicios a nivel nacional y llevar a cabo la realización de estudios legislativos y de políticas públicas que prevengan y eliminen la discriminación en todos sus ámbitos, con la integración de una estructura que le permita al Consejo tener funcionalidad.
Al propio tiempo le es indispensable contar con recursos económicos mínimos para privilegiar tareas de divulgación, educación y comunicación social, con el ánimo de difundir y promover en el territorio nacional, las atribuciones, objetivos, programas y acciones de la entidad, así como para cumplir con los compromisos derivados de la suscripción de convenios con los sectores público, social y privados.
Y en consecuencia, para el cumplimiento de los fines expuestos el Consejo necesita también de inversión en materiales y equipos.
Por lo anteriormente expuesto, es que el Grupo Parlamentario de Convergencia solicita a los demás Grupos Parlamentarios su solidaridad con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de que cuente en su presupuesto para el 2005 con los $111.1 millones de pesos requeridos y que representan la misma solicitud planteada por la entidad para el presente año y que lejos de recibirlos, por el contrario le fueron disminuidos.
Por los motivos y fundamentos expresados someto al Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considere en el dictamen al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, fortalecer la asignación presupuestal solicitada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre del 2004.
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE, EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2005, LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CONSIDERE FORTALECER LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CON EL INCREMENTO DE 5 POR CIENTO DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, EN TÉRMINOS REALES, RESPECTO AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considere en su dictamen al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, incrementar la asignación presupuestal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un monto de 5% en términos reales, comparado con el presupuesto otorgado para el presente ejercicio fiscal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tema de la protección de los derechos humanos ocupa un lugar preponderante en la agenda nacional desde hace varios años. Ello no ha sido espontáneo, sino que representa la culminación de un reclamo característico de la vida democrática de nuestro país, con manifestaciones en todas las naciones que se han sumado al oleaje democrático que ha arribado a varias regiones del mundo, particularmente América Latina, a partir de la década de los ochentas del siglo pasado.
En México, el Poder Legislativo, tanto en el ámbito federal como en los Congresos locales, ha sido escenario de un gran número de propuestas tendientes a fortalecer la presencia de los órganos encargados de vigilar el respeto a los derechos humanos.
Lo anterior se vincula a la creación de Comisiones Estatales en todo el país, así como a la existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De esta manera, se ha cubierto más que satisfactoriamente el vacío existente en la materia, lo que se traducía en la indefensión ciudadana ante los excesos de autoridades, a través de acciones lesivas de los derechos elementales de las personas.
La existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos representa un firme bastión de todo tipo de régimen que aspire a consolidar su democracia. Afortunadamente, han quedado atrás los tiempos en que asistíamos a la violación de estos derechos como simples espectadores, acostumbrados al autoritarismo que caracterizó muchos momentos de la historia contemporánea de México. Cabe señalar que su origen no obedece a una graciosa concesión de autoridad o poder alguno, sino que, por el contrario, representa la cristalización de una aspiración legítima de organizaciones ciudadanas que propugnaban por la existencia de un organismo con estas características.
Los tiempos actuales han enseñado a la población el valor de contar con una institución como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, haciendo abstracción del planteamiento maniqueo que postula, perversamente, que esta institución vela por los intereses de los delincuentes. La verdad, a fuerza de imponerse ha dado la razón a este organismo, impulsando un debate que se orienta a fortalecerlo y perfeccionarlo.
Entre los planteamientos a favor de robustecer esta institución, se encuentra la propuesta de afianzar su autonomía con respecto a cualquier poder, a fin de evitar todo tipo de subordinación que pudiera poner en riesgo sus objetivos y el hecho de que cualquier gasto que se haga en este rubro representa una inversión social que contribuye a dar certidumbre y seguridad para el desarrollo económico del país.
En este contexto, juega un importante papel la consolidación de una suficiencia presupuestal que permita un amplio margen de maniobra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues la consecución de sus fines no puede tolerar parálisis ni retrocesos.
Al respecto, es importante que esta soberanía considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 la disposición de los recursos económicos que demanda, ya que ello le permitirá específicamente llevar a efecto la indispensable rehabilitación de sus oficinas en las fronteras norte y sur del país, contar con los recursos humanos necesarios en las áreas más sensibles de la Comisión como son las de atención a los grupos migrantes y víctimas del delito y el área de recepción de quejas; las erogaciones para apoyar a los sectores social y privado con el ánimo de promover y fortalecer el desarrollo de las comunidades, organizaciones y luchadores sociales que impulsen el desarrollo de la cultura y la protección de los derechos humanos, además de la indispensable inversión de la Comisión en bienes muebles, inmuebles y tecnología de punta para el mejor desempeño de las funciones que la sociedad misma le ha encomendado, así como también para atender el importante programa relativo a verificar el desplazamiento a comunidades agrícolas en nuestro país, de menores de edad para laborar en condiciones infrahumanas.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente punto de acuerdo, para exhortar a esta soberanía a que en el Presupuesto de Egresos de 2005 se otorguen los recursos que requiere el organismo, de manera tal que no se afecte su operación en ninguno de los programas que desarrolla, pues la nobleza de sus fines y la relevancia adquirida durante su trayectoria superan las discusiones partidarias y demandan acciones que se tracen miras de largo plazo, superando las discusiones estériles de la descalificación a priori.
Por los motivos y fundamentos expuestos, someto al Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión considere en el dictamen al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 incrementar en 5 por ciento, en términos reales, el presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con relación al ejercicio fiscal actual, para fortalecer su autonomía y funcionamiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2004.
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concurro a esta honorable asamblea a presentar proposición con punto de acuerdo a fin de modificar el artículo 22 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Durante los últimos años el marco jurídico mexicano sufrió numerosas modificaciones que permitieron al Municipio avanzar en cuanto a su reconocimiento como una parte fundamental de nuestra nación.
En primer término, con la reforma de 1983 al artículo 115 de la Constitución se estableció la autonomía del municipio, y en segundo lugar la 1999 le reconoció como orden de gobierno.
En dos décadas, adaptándose a la nueva realidad política, económica y social del país, los gobiernos municipales asumieron nuevas funciones y servicios. Por ejemplo: dotación de vivienda; generación de empleo vía el impulso al desarrollo económico local; inversión en infraestructura educativa y urbana, así como el combate a la delincuencia en términos cada vez más amplios, incluyendo el narcotráfico, entre otros.
El reconocimiento de la autonomía municipal sin duda es un gran logro, pero no existe la autonomía verdadera si no se cuenta con los suficientes recursos económicos para enfrentar nuevas responsabilidades, y ese es precisamente uno de los retos que enfrenta actualmente el federalismo mexicano.
A final de cuentas, la mayor autonomía política se traduce en la necesidad de una mayor autonomía económica.
Como se recordará, en julio pasado culminó un amplio esfuerzo en el que representantes de los tres órdenes de gobierno tomaron acuerdos pertinentes en el marco de la Convención Nacional Hacendaria.
Una de las solicitudes con repetida con frecuencia, fue la de incorporar los ingresos por excedentes petroleros a la Recaudación Federal Participable, para garantizar con ello la transparencia en la distribución de éstos recursos de acuerdo al Fondo General de Participaciones entre Entidades Federativas y Municipios.
En atención a ello, presentaremos una iniciativa de reforma del párrafo 3 del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar esta disposición.
Sin embargo, consideramos necesario ganar tiempo y modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, con la finalidad de que los Municipios accedan a este beneficio a partir del próximo ejercicio.
Un criterio adicional que debe ser tomado en cuenta como justificación de la propuesta es la aplicación del principio subsidiario, en el sentido de que las funciones deben ubicarse en el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos, en tanto que éste tiene un panorama más claro de cuáles son sus necesidades.
Una de las recomendaciones es que los recursos por excedentes del petróleo sean destinados a obras de infraestructura, por lo que nada más conveniente que los Municipios cuenten con parte de esos fondos y los inviertan conforme a las prioridades de su comunidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
A fin de modificar el artículo 22 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005
Primero. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a incorporar en el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, una disposición para que los ingresos excedentes a los que se refiere el inciso j) del artículo 22 del Proyecto de Presupuesto, sean participables a los municipios conforme al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Para tal efecto se propone eliminar el artículo 21 del proyecto de PEF 2005 y recorrer el articulado, de manera tal que el nuevo artículo 21, inciso j), tenga la siguiente redacción:
"Artículo 21. ...
La Secretaría deberá integrar en los informes trimestrales la información relativa a los ingresos excedentes registrados, así como la distribución por entidad federativa de los anticipos que, en su caso, correspondan a éstas. La Secretaría deberá, asimismo, incorporar esta información a los mismos informes.
La Secretaría proveerá los mecanismos para que, con base en la estimación anual, otorgue los anticipos de recursos a las entidades federativas durante el presente ejercicio fiscal, las cuales los aplicarán al fortalecimiento de sus programas de inversión, y
La Secretaría podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias y entidades a que se refiere la presente fracción, observando lo dispuesto en los incisos anteriores, así como el procedimiento previsto en las disposiciones aplicables.
En el caso de los derechos, productos y aprovechamientos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta deberá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, la Secretaría.
La aplicación de los excedentes de ingresos a que se refiere la presente fracción, con excepción del inciso j), se podrá realizar durante el ejercicio fiscal; en el caso del inciso j), la aplicación de los excedentes de ingresos se realizará una vez que éstos sean determinados en los términos de dicho inciso. Las ampliaciones al gasto programable que conforme a este artículo se autoricen, no se considerarán como regularizables y sólo se podrán autorizar por la Secretaría cuando no se deteriore la relación ingreso y gasto aprobada en este Presupuesto, y
II. La Secretaría, en los términos de las disposiciones aplicables, podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las entidades distintas a aquéllas incluidas en el Anexo 1.D. de este Decreto, que obtengan ingresos en exceso a los previstos en sus respectivos presupuestos aprobados.
Las ampliaciones líquidas a este Presupuesto se autorizarán en los términos de este artículo, salvo en el caso de Petróleos Mexicanos que se sujetará a lo establecido en el artículo 4, fracción II, de este Decreto. Las operaciones compensadas a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 19 de este Decreto no se sujetarán a lo previsto en el presente artículo.
Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE ETIQUETE RECURSOS DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2005 PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMÁN RAMAL A CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO OSVALDO PANO BECERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la quincuagésima novena legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que se etiqueten recursos dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio del año 2005, para la modernización del tramo carretero Tapachula-Talismán-ramal a Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, bajo las siguientes:
Consideraciones
Chiapas espera recursos, señales y apoyo del gobierno Federal. De nosotros sus diputados federales esperan responsabilidad para aprobar un presupuesto que sea eficiente y oportuno para que los rezagos sociales puedan atenderse con políticas públicas que demandan constantemente.
Tapachula está considerada la capital económica del estado de Chiapas, el constante movimiento comercial que se genera con los países centroamericanos hace de esta ciudad la más importante en nuestra frontera sur.
La globalización muestra que las fronteras naturales que dividían el norte y el sur de México ya no son obstáculo. La relación hombre-naturaleza en la época contemporánea es radicalmente diferente a la de todos los siglos anteriores en la historia de la humanidad. Las integraciones comerciales avanzan provistas de todo el arsenal tecnológico a su alcance para dejar atrás las fronteras naturales y unificar mercados y culturas. En el sur de México y Centroamérica, el Plan Puebla-Panamá se encargará de esta tarea, de ahí que los proyectos de construcción y modernización de carreteras entre otros no menos importantes, tengan prioridad; lo demás vendrá por añadidura, según la lógica del proyecto integracionista.
Este plan está considerado como un instrumento de coordinación intersectorial e intergubernamental, así como de concertación con la sociedad civil y la iniciativa privada, para el diseño y la ejecución de acciones tendientes a elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr el desarrollo integral y sustentable de la región sur-sureste de México.
El Plan Puebla-Panamá revela el interés del gobierno mexicano por la frontera sur y por enganchar el sur-sureste de México y el Istmo Centroamericano al tren de la globalización. México en su papel de "país bisagra", le toca cumplir un papel de primer orden en el proceso de conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Un aspecto central del programa es la creación de infraestructura carretera, con recursos públicos y privados, que permitirá conectar la región con el centro y norte del país, con el México del TLCAN y con América del Sur.
Por eso, contar con buenas carreteras es una circunstancia indispensable para lograr el progreso con justicia que aspiramos. Así es como podemos combatir la pobreza, ya que de esa manera podemos romper el aislamiento y la marginación en la que actualmente se encuentra esa parte de nuestro estado.
Hay que tener presente que por los caminos y carreteras llegan los servicios, la educación.
La modernización de esta carretera en el tramo Tapachula-Talismán-ramal a Ciudad Hidalgo, misma que está contemplada dentro del Proyecto Carretero Región Sur-Sureste, es de suma importancia para el desarrollo de Chiapas y en especial de Tapachula, ya que con ella se posibilitaría el tránsito de vehículos y personas, además de incorporar en definitiva a esta zona al desarrollo nacional.
Con esta carretera además de conectar a los centros de producción con la frontera y con un puerto marítimo por donde salen los productos de exportación, se alienta a la inversión que siempre contribuye a generar más empleos.
Es por ello que convoco asimismo a las Comisiones de Comunicaciones, de Transportes, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública a sumar fuerzas y compartir responsabilidades con el ejecutivo Federal para conseguir que dentro del presupuesto de egresos del año 2005 se etiqueten recursos para la modernización de esta carretera en su tramo Tapachula-Talismán-ramal a Ciudad Hidalgo; ya que con ello se busca fortalecer la infraestructura de comunicaciones del estado de Chiapas, que sin lugar a dudas, es uno de los principales puntales estratégicos para el desarrollo económico-social del sur del país; además de ir avanzando en la consolidación del Plan Puebla-Panamá.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el suscrito diputado federal de esta Quincuagésima Novena Legislatura, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se etiqueten recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2005, para la modernización del tramo carretero Tapachula-Talismán-ramal a Ciudad Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de noviembre de 2004.
Dip. Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A INCLUIR EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 UNA PARTIDA DE 888 MILLONES DE PESOS DESTINADA AL CONCEPTO DE SOCORRO DE LEY A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE TENGAN EN SUS CENTROS DE READAPTACIÓN INTERNOS DEL FUERO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO VÁZQUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscribimos, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, todos integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que se les otorga en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este honorable Pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 una partida de 888 millones de pesos para el concepto de socorro de ley a los estados que tengan en sus centros de readaptación internos del fuero federal.
Lo anterior, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Para Acción Nacional, en un régimen federal no sólo es función de los Estados mantener un equilibrio de poder e impedir que los mandos federales, centralizando facultades, acaben con la autonomía local. Respetando las garantías individuales, están obligados a ejercer todas las funciones de Gobierno; esto es, de gestión pública, económica y social para el bien de la comunidad, qué no estén conferidas expresamente a la federación.1
El federalismo debe ser entendido como la descentralización de funciones y de recursos en el cual concurre el compromiso del gobierno municipal, estatal y federal para gestionar el bien común de la Nación desde cada ámbito de competencia.
Un federalismo responsable implica la transparencia y honestidad en la vida pública. Es deber de las autoridades manejar responsable, transparente y honradamente la hacienda pública. Es deber de los ciudadanos vigilar permanentemente la aplicación de los recursos. Las instituciones municipales, estatales y federales, deben reformarse para asegurar que la gestión pública trascienda sus períodos de elección, con el fin de dar continuidad y certidumbre a las acciones de gobierno y contribuir de manera eficaz al desarrollo armónico y equilibrado de la nación.2
Un presupuesto que pretende ser Federalista como el próximo a analizar por ésta soberanía contempla una partida de 5 000 millones de pesos en el ramo 33 que son aportaciones federales para entidades federativas y municipios en lo que respecta al fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y el Distrito Federal.
En dicha partida y en ninguna otra del proyecto de Presupuesto de Egresos 2005 se encuentra alguna cantidad adicional en materia de Seguridad Pública como lo serían los apoyos que la Federación debe otorgar a los estados para sufragar los gastos que éste eroga por concepto de manutención de internos procesados por delitos federales que están recluidos en los centros penitenciarios cuya administración la lleva a cabo las entidades federativas llamado el socorro de ley.
Actualmente, la población penitenciaria en México es de 191,890 internos de los cuales 49,221 o sea el 25.65% fueron consignados por delitos federales y la gran mayoría de ellos están siendo procesados o sentenciados en reclusorios del fuero común lo cual provoca que las entidades federativas dejen de destinar recursos a la capacitación o al mejoramiento de los Centros de Readaptación Social.3
Además de los efectos negativos en materia de infraestructura penitenciaria lo anterior conlleva a un desequilibrio presupuestal para las entidades federativas, como ejemplo tenemos el caso de Jalisco donde se encuentra dentro de penales a cargo de gobierno del estado según cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública 3145 internos por delitos federales por lo que se erogan 138.44 pesos diarios por reo de los cuales la federación aporta 18 pesos y el estado 120.44; es decir, anualmente se destinan más de 138 millones de pesos que la Federación debería de cubrirle al estado de Jalisco sólo por este concepto.4
Por lo anterior solicito que se apruebe en el Presupuesto de Egresos para 2005 una partida de 888 millones de pesos,5 suficiente para este fin, en virtud de la petición hecha por los secretarios de Seguridad Pública de los estados a los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios que integran la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, en razón de la escasez de recursos con que cuentan los mismos para cumplir con esta responsabilidad por lo que el Gobierno Federal subsidiariamente debería de apoyar de forma proporcional y equitativa para solventar dicha necesidad aliviando de forma significativa las finanzas de las áreas de seguridad pública de los estados para que pudiesen destinar más recursos a otras áreas importantes de la readaptación social.
Por lo anterior se propone que la Federación apoye cuando menos con 50 pesos por cada reo internado en un reclusorio del fuero común y que este siendo procesado o haya sido sentenciado por un delito de carácter federal aumentando con esto en forma significativa el apoyo cubriendo con las necesidades mínimas de cada interno.
Es importante señalar que para Acción Nacional la readaptación social representa una de las preocupaciones más sensibles de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, ya que el sistema penitenciario desde el punto de vista humanista debe basarse en el respeto inminente de la dignidad de la persona humana y como consecuencia, toda actividad encausada a la readaptación social debe girar para y por el interno; con el fin de que las actividades que se realicen en el interior de los centros penitenciarios deban de ir fomentados a la capacitación, a la cultura, la educación y en suma los valores y tradiciones que ayudan a que todo individuo que falto a la sociedad pueda reintegrarse a la misma con una formación integral y productiva.
Ya se cita en los principios que dan vida al partido y en donde se enuncia como razón ideológica del mismo que el racionamiento moral de la vida política se funda en el reconocimiento de los fines humanos y de sus valores más profundos: la vida, la justicia, la solidaridad, y la ley.
Por lo anteriormente expuesto, manifiesto a la asamblea que, una vez aprobada en el Presupuesto la cantidad señalada en el punto de acuerdo, no sólo se destinarán más recursos por parte de las entidades federativas para la modernización de los centros penitenciarios administrados por los estados sino que, además, se mejorará la calidad de vida de todos los habitantes de este país.
Con base en lo anterior, propongo a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 una partida de 888 millones de pesos para el concepto de socorro de ley a los estados que tengan en sus centros de readaptación internos del fuero federal.
Notas:
1 Christlieb Ibarrola, Adolfo. Ideas fuerza, México,
1968.
2 Plataforma Política, PAN, 2002.
3 Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox
Quesada.
4 Secretaría de Seguridad Publica del estado de
Jalisco.
5 Esta cantidad resulta de multiplicar el número
de internos consignados por delitos federales por el costo diario de los
primeros, que es de 50 pesos, multiplicado por 365 días del año.
Diputados: Sergio Vázquez García
(rúbrica), Patricia Garduño Morales, Blanca Judith Díaz
Delgado, Fernando Álvarez Monje, Fernando Antonio Guzmán
Pérez Peláez, Pablo Alejo López Núñez,
María Antonia García Sanjinés, Raúl Leonel
Paredes Vega, José Sigona Torres.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE ANALICE Y TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ACUERDOS DE LA CONVENCIÓN NACIONAL HACENDARIA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE INGRESOS Y EN PARTICULAR LO QUE SE ESTABLECIÓ COMO ESTRATEGIA NÚMERO CUATRO, RELATIVA AL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR PEMEX EN EL ESTADO DE CAMPECHE, A CARGO DEL DIPUTADO ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Abraham Bagdadi Estrella, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
1. El pasado 28 de octubre de 2003, se convocó desde Palacio Nacional a la primera Convención Nacional Hacendaría.
2. En el marco de las actividades de la Convención Nacional Hacendaría confluyeron destacados personajes de la vida política y económica del país, cuyo fin era la concertar un número de acuerdos mínimos que permitan la mejor distribución de la hacienda pública.
3. Esta Convención representó un esfuerzo por parte de los actores políticos del país, a efecto de lograr consensos que permitan un desarrollo en materia económica para de lograr un sistema tributario justo, equilibrado y federalista.
4. Como parte de los trabajos de la Convención Nacional Hacendaría el pasado mes de junio, el estado de Campeche presentó un documento signado por los representantes de todos los niveles, tanto del sector público como del privado, donde se exigía un trato presupuestal justo para los campechanos.
5. En dicho documento se expresaron entre otras razones las siguientes:
Como parte de los trabajos de Pemex La región marina petrolera afecta un área aproximada de 21,000 kilómetros cuadrados.
En virtud de la llegada de Pemex a Campeche la actividad pesquera enfrenta una gran crisis, que ha llevado a los pescadores al subempleo.
Es por lo anterior que se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados analice y tome en consideración los acuerdos de la Convención Nacional Hacendaría en relación al tema de ingresos y en particular lo que se estableció como estrategia cuatro relativa al trato presupuestal preferencial que se le otorgaría al estado de Campeche en virtud de su producción petrolera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2004.
Dip. Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONTEMPLE EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2005 LA ASIGNACIÓN DE 50 MILLONES DE PESOS ETIQUETADOS PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL DENOMINADO "JUNTOS POR TESISTÁN", DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO MORENO ARÉVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal por el sexto distrito del estado de Jalisco, con cabecera en la ciudad de Zapopan, Gonzalo Moreno Arévalo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en las facultades y atribuciones conferidas por artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de Diputados contemple, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2005, la asignación de 50 millones de pesos etiquetados para el proyecto de desarrollo social denominado "Juntos por Tesistán" en el municipio de Zapopan, Jalisco, para lo cual se presenta la siguiente
Exposición de Motivos
El tema de la asignación de recursos de la Federación en el Presupuesto de Egresos que cada año es realizada por el Congreso de la Unión, y en particular por esta Cámara de Diputados al contar con la facultad constitucional exclusiva otorgada por el artículo 74 de examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, es un asunto de vital importancia para los mexicanos y de gran compromiso para nosotros los legisladores.
Es un hecho que como responsables de realizar el análisis del presupuesto de egresos debemos priorizar el otorgar recursos a aquellos programas y proyectos que fortalezcan el Federalismo y en donde participen de manera directa la Federación, el estado y el municipio.
Los Legisladores debemos expresar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 un verdadero sentido federalista en la asignación de recursos; una asignación y distribución de recursos que contribuya a impulsar el desarrollo social mediante el fortalecimiento de los estados y municipios.
Debemos apoyar aquellos proyectos en donde cada entidad y el municipio responsable se comprometan a participar con la aportación de recursos conjuntamente con la Federación y así realizar acciones coordinadas que redunden en un beneficio social determinado.
Es por ello que el H. ayuntamiento de Zapopan y el Gobierno del estado de Jalisco conjuntamente con el que suscribe nos hemos dado a la tarea de impulsar el proyecto denominado "Juntos por Tesistán"; proyecto que tiene como Principal objetivo el dar atención a poco más de medio millón de habitantes de la zona.
El proyecto contempla varios proyectos que pretenden atender las necesidades de los habitantes de la zona al poder acercarles servicios como: protección civil, bomberos, telégrafos, servicios médicos, catastro y oficinas de vialidad entre otros servicios municipales; así como otorgarles la posibilidad de contar con una unidad deportiva que permita el desarrollo de la juventud al contar con actividades recreativas y, por último, poder acercarles y mejorar el servicio de transporte público tan necesario para las familias de dicha zona.
El proyecto integral ya cuenta con terrenos necesarios y los respectivos proyectos de viabilidad y ejecutivos.
En relación a lo anterior es que se exponen los siguientes:
Considerandos
Primero.-Que esta Honorable Cámara de Diputados se encuentra realizando el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación que será aprobado por ésta Soberanía para el ejercicio presupuestal del 2005;
Segundo.- Que la asignación de recursos del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del 2005 debe privilegiar el fortalecimiento de los municipios y estados de la Federación mediante la asignación de recursos a programas y proyectos que atiendan una necesidad social y que a la vez contribuyan al desarrollo del municipio y el estado en su conjunto;
Tercero.- Que en la asignación y ejercicio de los recursos públicos de la federación se debe de dar prioridad a aquellos programas o proyectos donde contribuyan de manera tripartita la Federación, la Entidad Federativa y el municipio en la aportación de recursos en beneficio de la población.
Cuarto.- Que el desarrollo de los habitantes tiene relación directa con el acceso y calidad de los servicios que los Ayuntamientos otorgan.
Quinto.- Que el proyecto "Juntos por Tesistán" beneficiará de manera directa a poco más de 500 mil habitantes al otorgarles servicios básicos y la posibilidad de contar con las bases para un desarrollo integral.
Sexto- Que ya se cuenta con los proyectos de viabilidad y ejecutivos, así como con los terrenos necesarios para iniciar el proyecto.
Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de Diputados contemple, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del 2005, la asignación de 50 millones de pesos etiquetados para el proyecto de desarrollo social denominado "Juntos por Tesistán" en el municipio de Zapopan, Jalisco; y,
Segundo.- Que, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición con punto de acuerdo sea aprobada por esta soberanía como de urgente resolución.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL QUE CONTEMPLE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED PLUVIAL Y COLECTOR DE ALIVIO A LAS LUMBRERAS DE LOS COLECTORES MINERVA Y AÑO DE JUÁREZ-TAXQUEÑA, DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
El Valle de México, como toda la meseta central del país, recibe durante el verano fuertes precipitaciones pluviales. En la Cuenca del Valle de México se tiene un escurrimiento anual de mil seiscientos treinta y seis millones de metros cúbicos, en tanto la precipitación pluvial en este valle puede estimarse en seis mil millones de metros cúbicos.
Al poniente del Cerro de la Estrella, en la Delegación Iztapalapa, tan recurrentes y pertinaces lluvias provocan, en diversas colonias de la delegación, inundaciones que son consecuencia de la falta de infraestructura hidráulica capaz de evacuar la gran densidad de agua que se acumula en las calles cada vez que estas precipitaciones pluviales se presentan con mayor severidad.1 Las inundaciones son recurrentes debido, además del propio factor pluvial, a la geografía de la propia zona.
Una de las áreas periódicamente mas afectadas, es el polígono habitacional que se ubica entre las avenidas Tláhuac, La Viga, Ermita Iztapalapa, Santa Ana y Canal Nacional, en la delegación Iztapalapa.
El veintisiete de junio de dos mil dos, los vecinos de las colonias comprendidas en esta área sufrieron una inundación de gran magnitud, y dos mas en el siguiente año. Pero en lo que va de la temporada de lluvia de este año dos mil cuatro, se han presentado al menos cuatro fuertes inundaciones. La mas grave de ellas sucedió el diecinueve de julio de dos mil cuatro, la cual no tuvo precedente alguno, y su magnitud fue tal, que en algunas calles el nivel del agua superó un metro con veinticinco centímetros de altura.
Las inundaciones descritas, han provocado que los vecinos de las colonias comprendidas en este cuadrante, hayan perdido, en mas de una ocasión, sus enseres domésticos (salas, comedores, lavadoras, televisores, equipos modulares, etc.), así como documentos importantes (escrituras de sus propiedades, actas de nacimiento, identificaciones oficiales, etc.), además de las mercancías y productos que industrias y negocios asentados en la zona también han perdido.
El desconcierto y la intranquilidad se han apoderado de los habitantes de las colonias afectadas; ellos viven atemorizados cada que se aproximan las épocas de lluvia en espera de que nuevas inundaciones no acaben con su patrimonio.
Tales inundaciones, suceden a pesar de que, por la zona en mención, se construyó un ramal del drenaje profundo del Distrito Federal.
Los afectados han acudido en diversas ocasiones a las autoridades delegacionales y del Distrito Federal, y éstas, en dos mil dos, mencionaron que para dar solución al problema se requiere canalizar el agua pluvial y el granizo que se acumula en el cuadrante referido, hacia la lumbrera del drenaje profundo que se localiza en la intersección de los Ejes 3 Oriente (Francisco el Paso y Troncoso) y 9 Sur (calzada Tasqueña) y que la conexión a dicha lumbrera se efectuaría en aproximadamente un año (es decir, en dos mil tres).
Sin embargo, hasta la fecha, la tan prometida obra no se ha efectuado, argumentando que "por falta de presupuesto" no se ha podido concretar la obra para conectar la red general del drenaje de la zona a la lumbrera señalada. Incluso, como consecuencia de la fuerte inundación del pasado diecinueve de julio de dos mil cuatro, los vecinos se reunieron con el jefe Delegacional en la demarcación y con autoridades del Gobierno del Distrito Federal, quienes reiteraron que no existían recursos para la realización de la necesaria obra.
Pero hay un hecho que contraviene el argumento de que no existen los recursos para la construcción de la obra mencionada: en el oficio GDF/SACM/04 GMQ/009/04, con fecha veintiséis de abril de dos mil cuatro y signado por el Ingeniero Carlos E. García Martínez, subdirector de construcción "B" del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, éste menciona a las autoridades delegacionales de Iztapalapa lo siguiente:
Al respecto, solicito gire instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que sea liberada el Área para la ejecución de los trabajos arriba mencionados. Adjunto al presente croquis de localización."
Al respecto agradeceré a usted, gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos sean brindadas las facilidades necesarias en la ejecución de esta obra, notificando a los vecinos del lugar, así como a la Policía Sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública, con el objeto de evitar contratiempos en el desarrollo de los mismos".
Expongo a continuación los siguientes
Considerandos
- Que el Gobierno del Distrito Federal debe velar por atender, de forma eficiente, pronta y expedita, las demandas de los habitantes de esta ciudad, procurando en todo momento que las obras y servicios públicos que brinde repercutan en la mejora a la calidad de vida de la población;
- Que la fracción XIII del artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece como principio estratégico para la organización política y administrativa del Distrito Federal a la participación ciudadana para canalizar y conciliar la multiplicidad de intereses que se dan en la Ciudad;
- Que la fracción II del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que contemple en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del Año 2005 los recursos necesarios para la construcción de la red pluvial y colector de alivio a las lumbreras del colector Minerva y del colector Año de Juárez-Taxqueña, ambos en la delegación Iztapalapa.
Finalmente, y con fundamento en lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Soberanía sea puesto a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente resolución.
Nota:
1. Tan sólo entre los meses de junio y julio de
2004, en la delegación Iztapalapa sufrieron severas inundaciones
colonias como Ejército de Oriente, Santa María Aztahuacán,
Santa Martha Acatitla, Granjas Esmeralda, Valle del Sur, Minerva, Cipreses,
Progreso del Sur, Pueblo Los Reyes, San Antonio, Barrio Tula, Apatlaco
y Santa Isabel Industrial, entre otras
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los once días del mes de noviembre de dos mil cuatro.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SOLICITE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE INVESTIGUE IRREGULARIDADES EN EL MANEJO, LA APLICACIÓN Y LA CUSTODIA DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EN LA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL DESCENTRALIZADA PRODUCTORA NACIONAL DE SEMILLAS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES QUE DICTAMINE RESPECTO A LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES DEL PODER EJECUTIVO SOBRE EL PATRIMONIO DE PRONASE, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL LUNA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Miguel Luna Hernández, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. De conformidad con la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, aprobada por ésta H. Cámara de Diputados y publicada en Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 1961, fue creado el organismo público descentralizado denominado Productora Nacional de Semillas.
2. Con fecha 26 de junio de 2002, la Comisión Intersecretarial de Desincorporación resolvió dictaminar favorablemente la propuesta de la Sagarpa, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, para iniciar los trabajos del proceso de desincorporación mediante extinción de Pronase.
3. Con fecha 11 de julio de 2002 el Consejo de Administración de Pronase, órgano de gobierno de dicha entidad, aprobó un "Programa de Redimensionamiento y Preparación para la Liquidación del Organismo", procediendo a su aplicación inmediata y extendiéndose hasta la fecha, programa en virtud del cual se cancelaron completamente los programas de producción y servicios de dicha entidad, se procedió a la enajenación de la totalidad de sus bienes inmuebles, muebles, vehículos, semilla en inventario, y a la liquidación del conjunto de trabajadores, todo ello en ausencia de iniciativa legal de extinción o liquidación de Pronase, organismo público descentralizado creado por ley aprobado por el Poder Legislativo, por tanto necesariamente sujeto a consideración de este poder de la República.
4. Cinco meses y medio posteriores al inicio y puesto en marcha del denominado "Programa de Redimensionamiento y Preparación para la Liquidación del Organismo", con fecha 3 de diciembre de 2002, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión una iniciativa, con proyecto de Decreto, por el que se derogan los artículos 16, 17, 20, 21 y 22 de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, y el artículo tercero transitorio de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada en el mismo medio informativo el 15 de julio de 1991, y se ordena la extinción por liquidación de la Productora Nacional de Semillas.
5. Con fecha 5 de diciembre del 2002, dicha iniciativa se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados a efecto de emitir el dictamen respecto de tal iniciativa. A la fecha la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados no ha emitido dictamen favorable sobre la iniciativa de extinción y liquidación de Pronase, y en consecuencia, tampoco ha sido sometida a la aprobación del H. Congreso de la Unión.
6. No obstante lo anterior, y derivado del "Programa de Redimensionamiento y Preparación para la Liquidación del Organismo" mencionado, la Productora Nacional de Semillas adoptó y ha llevado a efecto las siguientes medidas:
a) En diversas fechas, la Unidad de Desincorporación de Pronase ofertó públicamente o dispuso de los bienes inmuebles patrimonio de Organismo, sin mediar antecedente alguno de que se haya expedido un Decreto del Ejecutivo Federal que los haya desincorporado del dominio público de la Federación y autorizado su enajenación en subasta pública o su donación. Algunos de estos inmuebles se arrendaron previamente a productores, con opción a compra; otros han sido donados en parte e incluso, uno de los inmuebles se ofreció fiado (sic). Complementariamente, los inmuebles y los predios que siendo propiedad del Gobierno Federal o de los gobiernos de algunas entidades federativas, eran utilizados por Pronase para el cumplimiento de su objeto, han sido entregados a sus propietarios.
b) La venta de los bienes muebles, vehículos y semilla en inventario está prácticamente concluida, no existiendo antecedente alguno de licitación pública al efecto y sin que se conozcan los términos en que se ha realizado dicha venta.
c) Las relaciones colectivas de trabajo no se han terminado, pero se incorporó a los trabajadores al programa de retiro voluntario o se les liquida, sin que formalmente se hayan dado por terminadas sus relaciones laborales, pero la Entidad paraestatal ha continuado operando con empleados de confianza contratados por honorarios, remplazando trabajadores liquidados con personal eventual para actividades de apoyo administrativo, vigilancia y otras, también algunos más contratados como personal por honorarios asimilados a salarios, además del personal que ocupa el despacho SCI para apoyar el proceso de extinción de la entidad.
7. Es de resaltar que la Ley General de Bienes Nacionales promulgada el 8 de enero de 1982, no confirió expresamente facultades al Consejo de Administración de Productora Nacional de Semillas, ni a ningún otro órgano de gobierno de los organismos públicos descentralizados para que, mediante acto administrativo del órgano de gobierno, pueda desincorporar del régimen de dominio público sus bienes inmuebles destinados a su objeto, cuando estén en desuso. Para ello, requería decreto del Ejecutivo federal que desincorporara del régimen del dominio público dichos bienes inmuebles y autorizara su enajenación a título oneroso o su donación.
8. Actualmente, la Ley General de Bienes Nacionales vigente a partir del 20 de mayo de 2004, confiere facultades a los organismos públicos descentralizados para desincorporar del dominio público sus bienes inmuebles, siempre y cuando la Secretaría del ramo emita el acuerdo administrativo correspondiente. A la fecha, no se tiene antecedente alguno de que las autoridades de Pronase se hayan ajustado al procedimiento previsto en estas Leyes, ya sea que los actos se realizaron antes del 20 de mayo de 2004 o con posterioridad.
9. Adicionalmente, según denuncia directa del 11 de octubre de 2002, presentada por la representación sindical ante el titular del órgano de control interno de Pronase, se señalaron presuntas violaciones a la ley y daños al patrimonio del organismo publico descentralizado, entre ellos la ausencia de levantamiento de inventarios y auditorias previas a más 20 delegaciones, antes de su cierre físico-contable; traspaso irregular de saldos, y multitud de riesgos contingentes contra el patrimonio público cuya responsabilidad no sólo recaía en directivos del organismo público descentralizado, sino en terceros particulares contratados. Por todo lo anterior, se solicitó su intervención oportuna a ese órgano de control interno para evitar presuntos daños.
10. No obstante las denuncias presentadas en tiempo y forma, únicamente se tiene noticia de dos acciones del Órgano Interno de Control de Pronase. El pasado 10 junio de 2004, el titular de responsabilidades remitió copia de resolución de sanciones administrativas contra 8 servidores y ex servidores públicos, y deslinde de responsabilidad a dos personas más, inhabilitándolos del servicio público por determinado número de años. Y recientemente, el pasado 27 de septiembre de 2004, el titular del Órgano Interno de Control ofreció resultados de una revisión "específica" a la delegación de Pronase en Cortazar, Guanajuato. Dichos "hallazgos detectados" confirman las "presuntas irregularidades administrativas".
11. Existen varias evidencias documentales sobre presunto manejo, administración y venta ilícita de patrimonio público federal, instalaciones, maquinaria, semillas, presupuesto, en diferentes delegaciones de Pronase, que pondremos a disposición del órgano competente de la H. Cámara de Diputados.
Por consiguiente, y de conformidad con el artículo 79 constitucional, fracciones III y IV, relativo a las facultades de la fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, específicamente aquellas que se refieren a "investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales... determinar los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades..."
En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, con fundamento en sus atribuciones legales, inicie auditoría integral a la empresa pública descentralizada Productora Nacional de Semillas y a sus órganos encargados de administración y custodia e informe a esta soberanía.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Puntos Constitucionales que, con fundamento en sus atribuciones legales, elabore dictamen respecto a procedencia del Poder Ejecutivo sobre la desincorporación, desenajenación o cesión del patrimonio de la empresa pública descentralizada Productora Nacional de Semillas sin mediar resolución del Poder Legislativo sobre reforma, modificación o acto legal que faculte la disolución, inexistencia o finiquito de la empresa creada por ley específica; y proponga al Pleno de la Cámara las acciones legales que ésta deba tomar, en caso de que se configure una acción inconstitucional por parte del Poder Ejecutivo.
Tercero. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a dictar las instrucciones necesarias a efecto de ajustarse estricta y fielmente a las facultades que la ley le confiere en materia de organismos públicos descentralizados.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 11 de noviembre de 2004.
Diputados: Miguel Luna Hernández, Tomás
Cruz Martínez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONTEMPLE EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2005 LA ASIGNACIÓN DE 50 MILLONES DE PESOS ETIQUETADOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS" DEL MUSEO INTERACTIVO TROMPO MÁGICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO MORENO ARÉVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal por el sexto distrito del estado de Jalisco, con cabecera en la ciudad de Zapopan, Gonzalo Moreno Arévalo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en las facultades y atribuciones conferidas por artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de Diputados contemple, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, la asignación de 50 millones de pesos etiquetados para el proyecto denominado "Ampliación y Construcción de Espacios Educativos" del museo interactivo Trompo Mágico en el municipio de Zapopan, Jalisco, para lo cual se exponen los siguientes:
Antecedentes
El museo interactivo Trompo Mágico es un proyecto que ofrece a los niños, niñas y jóvenes un espacio que los acompañe en su proceso de formación a través de experiencias, conocimientos y emociones de educación no formal.
Es un proyecto que nació con la finalidad principal de promover la diversidad y la solidaridad comunitaria como valores que permitan la construcción de una mejor sociedad.
El museo nace en el año 2000; contando para su formación con la concurrencia de recursos de la Federación y del estado en un proyecto social.
El decreto mediante el cual nace el Museo es publicado en el Diario Oficial del estado de Jalisco en el mes de febrero del año 2000; en dicho decreto se señala la conformación de un órgano descentralizado de la Secretaría de Educación del estado denominado Consejo Promotor del Museo del Niño.
El Consejo se creo con la finalidad de que, por su conducto, se impulsen acciones y programas que contribuyan a la construcción y equipamiento del museo interactivo para los niños, niñas y jóvenes del estado de Jalisco.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente
Exposición de Motivos
El futuro de un pueblo se encuentra en sus niños; cómo se formen y que recursos tengan a su alcance para lograr una formación integral es responsabilidad de nosotros.
Desde que abrió sus puertas en abril de 2003, el museo interactivo Trompo Mágico ha recibido a más de 500 mil personas; por lo que se ha consolidado como el museo más visitado de Jalisco y el más importante en su tipo en América Latina por estar sustentado en un proyecto educativo.
Además, la vinculación sistemática que ha tenido el Trompo Mágico con otros centros, instituciones, universidades y organismos, así como el trabajo interdisciplinario y prospectivo que ha realizado han contribuido a que se le considere un espacio innovador, con identidad propia y un alto contenido social, además de haber sido aceptado en la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología.
Los proyectos a futuro y las crecientes necesidades del museo sólo pueden ser afrontadas a través de la ayuda de la sociedad en su conjunto, sobre todo, la de aquellos que están en condiciones de hacerlo, sean estos empresarios, políticos o particulares con interés en apoyar a esta institución de educación no formal para beneficio de las familias Jaliscienses y de aquellas que visitan el estado.
Las condiciones que requiere el museo para atender la demanda y continuar cumpliendo con sus objetivos de ser parte en la formación de las familias jaliscienses y en particular de sus niños, requiere una inversión de 50 millones de pesos para el desarrollo del proyecto denominado "Ampliación y Construcción de Espacios Educativos" que dará nuevas opciones y auto-sustentabilidad financiera a la institución cultural y educativa en beneficio de el desarrollo equilibrado y armónico de la sociedad.
En relación a lo anterior es que se exponen los siguientes
Considerandos
Primero.- Que esta Honorable Cámara de Diputados se encuentra realizando el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación que será aprobado por ésta Soberanía para el ejercicio presupuestal del 2005;
Segundo.- Que la asignación de recursos del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del 2005 debe privilegiar el fortalecimiento de los municipios y estados de la Federación mediante la asignación de recursos a programas y proyectos que atiendan una necesidad social y que a la vez contribuyan al desarrollo del municipio y el estado en su conjunto; y, en particular a los programas que difundan la cultura y fortalezcan la formación integral del individuo y en particular la de los niños;
Tercero.- Que en la asignación y ejercicio de los recursos públicos de la federación se debe de dar prioridad a aquellos programas o proyectos donde contribuyan a la difusión de la cultura y el arte, en particular aquellos que promuevan espacios innovadores, con identidad propia y un alto contenido social en beneficio de la población presente y futura de nuestro país; y,
Cuarto.- Que el museo interactivo Trompo Mágico es un acontecimiento social y cultural de gran envergadura para el estado de Jalisco y que en pocos años ha demostrado su arraigo entre la población del estado y sus visitantes.
Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de Diputados contemple, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del 2005, la asignación de 50 millones de pesos etiquetados para el programa denominado "Ampliación y Construcción de Espacios Educativos" del museo interactivo Trompo Mágico en el municipio de Zapopan, Jalisco; y,
Segundo.- Que, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición con punto de acuerdo sea aprobada por esta soberanía como de urgente resolución.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCREMENTAR EL NÚMERO DE GUARDERÍAS INFANTILES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, José Julián Sacramento Garza, en su calidad de diputado federal en la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
Desde hace más de tres décadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga el servicio de guardería a las madres trabajadoras aseguradas, o de trabajadores hombres que ejerzan la patria potestad o la custodia de un menor, cuyos hijos comprendan la edad de 43 días de nacidos hasta los 4 años de edad.
Para el financiamiento de las guarderías, se destina el 80% de los ingresos del Instituto provenientes del pago patronal del 1% del salario base de cotización, correspondiente a esta prestación.
En el Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, entregado por el Consejo Técnico del Instituto el 23 de junio del año en curso, señala que dentro del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales se han fortalecido los recursos destinados a las guarderías, aumentado la capacidad instalada en 75% en los últimos tres años.
El informe también precisa que esta capacidad instalada de enero de 1998 a abril de 2004, ha crecido al pasar de 61 mil 715 a 181 mil 636 lugares, lo que representa un incremento de 194%.
De igual forma, el Informe antes citado, indica que el incremento se ha podido concretar mediante la prestación de servicios a través de terceros, los cuales operan desde hace varias décadas, bajo el modelo de guardería subrogada.
La Coordinación de Guarderías del IMSS, cuenta con un Manual de Perfiles de Puesto de Personal para la Selección e Indicadores para Establecer la Base de Recursos Humanos, sin embargo, tenemos conocimiento de acuerdo a diversas quejas ciudadanas, que no todo el personal que labora en las guarderías, cumple con los requisitos establecidos en dicho manual. Algunos no tienen la escolaridad y la experiencia requerida, y a otros les falta vocación de servicio. Existen guarderías que cumplen cabalmente los requisitos y, otras que dan mucho de que hablar.
La actual administración federal ha hecho énfasis en sus informes de gobierno que una de sus prioridades dentro del IMSS, es el servicio de guarderías, a través de la apertura de más instalaciones con la finalidad de acrecentar el número de menores atendidos.
Sin embargo, aún falta por cubrir este servicio en varias entidades federativas, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas es más la demanda de las mujeres que trabajan en diversos sectores, sobre todo en el sector de maquiladoras, que la capacidad para atender a sus hijos en las guarderías.
En todo el estado sólo se encuentran establecidas 55 guarderías, distribuidas en 11 municipios de un total de 43, según datos del IMSS.
En todas las ciudades de la zona fronteriza del estado de Tamaulipas, es insuficiente el número de guarderías, algunas de ellas operan en mal estado.
Lo anterior, lo he observado en las visitas que he realizado a algunas guarderías del estado, donde me he percatado de las condiciones en las que operan y, de la falta de espacios para atender a los niños. Igualmente, he recibido quejas de parte de diversas madres trabajadoras acerca de esta problemática.
Algunas de estas madres trabajadoras, se quejaron de la falta de espacios para sus hijos en las guarderías del IMSS, son jefas de familia, solteras, y laboran dos jornadas al día para poder pagar sus gastos básicos. Ellas entienden perfectamente que la falta de lugares no sólo perjudica a los menores, sino que daña la vida laboral y la economía de ellas, al tener que buscar alternativas en guarderías particulares, situación que muchas de ellas no pueden cubrir.
Según estudios realizados por pedagogos y sicólogos, el cuidado que reciben los niños en sus primeros años de vida es determinante en su desarrollo futuro. Es por ello, que las madres trabajadoras deben contar con una estancia de desarrollo y bienestar infantil donde sus hijos puedan tener absoluta seguridad.
Si bien como lo establece el gobierno federal, es importante crear más guarderías para ampliar la cobertura y beneficiar a un importante sector de madres trabajadoras que requieren el servicio, es indispensable también supervisar a las existentes y, verificar el cabal cumplimiento de las medidas establecidas en el Reglamento de Guarderías.
Es por ello, que exhortamos al Ejecutivo Federal para que instruya a las autoridades del IMSS, a adoptar acciones más eficientes de vigilancia en las guarderías tanto del Instituto, como las subrogadas, especialmente del estado de Tamaulipas.
Es nuestro deber como legisladores, asumir este compromiso de carácter social y, no otorgarle una connotación política. Se debe buscar la protección de las niñas y los niños, pero sobre todo, cuidar su formación educativa, su desarrollo físico y mental dentro de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, asegurando la calidad, eficacia y profesionalización del servicio.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, que le den prioridad al incremento del número de guarderías en las ciudades fronterizas del estado de Tamaulipas, conforme a la demanda del servicio en la región. Asimismo, que realicen las acciones de supervisión en todas las guarderías de dicha entidad en las que el Instituto otorgue los servicios, a fin de que se cumplan cabalmente todas las normas de seguridad y calidad del servicio.
Palacio Legislativo, 9 de noviembre de 2004.
Dip. José Julián Sacramento Garza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE ASIGNE EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2005 LA CANTIDAD DE 70 MILLONES DE PESOS AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA INICIAR Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, diputados federales integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante este Pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para las diputadas y los diputados, resulta preocupante el hecho de que dentro del proyecto de presupuesto presentado por la Sedesol no hay recursos presupuestales programados para el inicio de las operaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
La Ley General de Desarrollo Social mandata en su artículo 81 la creación de Consejo Nacional de Evaluación como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, cuyo objetivo será normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.
Recordemos que la Ley General de Desarrollo Social fue aprobada por consenso en ambas Cámaras en diciembre pasado. Uno de los logros de la Ley fue, precisamente, la conformación del Consejo Nacional de Evaluación, el cual estará integrado por seis investigadores con amplia experiencia en materia de medición de la pobreza y en evaluación de programas sociales.
El hecho de no prever recursos presupuestales para el inicio de funcionamiento del Consejo Nacional de Evaluación, así como para el desarrollo de las actividades de su competencia, puede llevarnos a incumplir lo establecido en la ley.
A la fecha, el Ejecutivo federal ya publicó los decretos de creación del Consejo Consultivo de Desarrollo Social, Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social y Comisión Nacional de Desarrollo Social, todas instancias creadas a partir de la Ley General de Desarrollo Social.
Está pendiente el decreto de creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Es muy importante destacar que el Consejo de Evaluación tiene existencia jurídica desde el momento en que fue aprobada la Ley General de Desarrollo Social. Por otro lado, la misma ley, en su artículo tercero transitorio, establece que en un plazo de 180 días naturales (plazo que venció en julio pasado), debería quedar constituido e instalado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Es responsabilidad y obligación del Poder Ejecutivo la constitución e instalación del Consejo Nacional de Evaluación. Como Cámara de Diputados nuestra responsabilidad es aprobar el Presupuesto de Egresos.
Si el Poder Ejecutivo no previó recursos para el Consejo Nacional de Evaluación, nosotros como legisladores y legisladoras debemos enmendar ese error y garantizar que cuente con los recursos presupuestales suficientes para el inicio y desarrollo de sus actividades.
Proponemos que los recursos para el Consejo Nacional de Evaluación salgan del mismo presupuesto de la Sedesol.
En el marco de un proyecto de presupuesto de la Sedesol restringido, doce programas sociales dentro de esta Secretaría fueron fuertemente recortado, llama la atención el incremento de algunas partidas presupuestales. Por ejemplo: se proyecta incrementar los recursos de la Dirección General de Relaciones Internacionales en un 850 por ciento, es decir, 70 millones de pesos más que lo aprobado para esa Dirección el año pasado.
Los recursos adicionales de la Dirección General de Relaciones Internacionales se encuentran en el Capítulo 4000, partida 4101, y tienen como objetivo cofinanciar la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares 2004.
Lo anterior nos parece inaceptable porque es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda proveer de recursos presupuestales suficientes al INEGI para la realización de dicha encuesta, no de la Sedesol. Esta Secretaría debería tener como prioridad la de promover la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Evaluación.
Por otro lado, la participación de la Secretaría de Desarrollo Social en la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares 2002 generó suspicacias que enrarecieron el clima político.
Es importante recordar que el año pasado, días antes de las elecciones federales, el INEGI entregó a los funcionarios de la Sedesol, antes de hacerlos públicos, los resultados de la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares 2002. Y fueron ellos los encargados de realizar los cálculos donde se muestra que la pobreza en México se redujo entre 2000 y 2002. A la fecha, sigue la discusión sobre si ambas las Encuestas Ingreso- Gasto de los Hogares 2000 y 2002 son comparables.
Por lo anterior, solicitamos que se asignen esos 70 millones de pesos para el Consejo Nacional de Evaluación, provenientes de la partida 4101, Capítulo 4000 de la Dirección General de Relaciones Internacionales.
Proponer una asignación de 70 millones de pesos para el inicio y desarrollo de las operaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social puede considerarse insuficiente, si recordamos que la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos 2002, la cantidad de 220 millones de pesos para el inicio de operaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Sin embargo, por ser el primer año de funcionamiento puede considerarse adecuado.
Por lo anteriormente expuesto solicito, como asunto de obvia y urgente resolución, a esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que asigne, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, 70 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social para el inicio y desarrollo de sus actividades.
Diputados: Clara Marina Brugada Molina, Rafael
Flores Mendoza (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A QUE INSTRUYA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN PARA QUE REALICE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE LOS 3 MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE JUEGOS Y SORTEOS, PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS Y HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos diputados federales Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 17 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que entró en vigor el 15 de octubre del año en curso, no obstante la solicitud de aplazamiento acordada por esta H. Cámara de Diputados con fecha 14 de octubre del presente.
Así mismo, tal como es del conocimiento de esta Asamblea, con fecha 28 de octubre del mismo año se aprobó por esta H. Cámara de Diputados un punto de acuerdo mediante el cual se instruyó al Presidente de la Mesa Directiva, Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, a interponer Controversia Constitucional en contra del reglamento en cita y a su vez, a que solicitara la suspensión del mencionado reglamento.
En estricto acatamiento a lo anterior, el pasado 3 de noviembre se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Controversia Constitucional antes mencionada, misma que fue acordada favorablemente su admisión el 5 de los corrientes; por lo que respecta a la suspensión, el Ministro Instructor José Ramón Cossío Díaz con esa misma fecha la negó, acuerdo que fue notificado a esta H. Cámara de Diputados el pasado 9 de noviembre, por lo que el plazo para su impugnación fenece el próximo 17 del mismo mes y año.
Independientemente que esta H. Cámara de Diputados promueva el recurso de reclamación en contra de la negativa de la suspensión del reglamento, es un hecho que actualmente está en vigor y surtiendo todas las consecuencias y efectos legales; en ese orden de ideas, se menciona en su capítulo II denominado "Del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos", que éste se crea para coadyuvar con la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos en el cumplimiento de las políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, en su artículo 15 se establecen de manera limitativa sus facultades, mismas que consisten en:
I. Fungir como órgano de consulta de la Secretaría respecto del ejercicio de las facultades de la Dirección;
II. Recomendar las medidas que estime convenientes para el buen funcionamiento de la Dirección, así como las mejoras regulatorias a los procesos de operación e innovación de servicios, en particular por lo que hace al establecimiento de plazos y al cumplimiento de los requisitos señalados por el presente Reglamento para la realización de los trámites respectivos;
III. Emitir, en su caso, opinión a la Dirección respecto de la expedición de los permisos en materia de juegos con apuestas y sorteos;
IV. Realizar los estudios, investigaciones y análisis que estime necesarios sobre la materia de juegos con apuestas y sorteos;
V. Coadyuvar en la determinación de las personas que cuenten con los conocimientos técnicos y profesionales para prestar sus servicios vinculados al corretaje, cruce de apuestas o intendencia de frontón en un establecimiento autorizado;
VI. Organizar comités, foros o grupos de trabajo en que participen personas u organizaciones ajenas al mismo, pero que por su actividad relacionada con la materia de juegos con apuestas y sorteos puedan aportar elementos útiles para el ejercicio de sus facultades, y
Por otro lado, se señala que dicho Consejo Consultivo estará integrado por tres miembros permanentes, quienes a su vez son los únicos dentro del propio Consejo con derecho a voto y que son a saber el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; el titular de la Unidad de Gobierno y un miembro del Comité Jurídico de la Secretaría. Ahora bien, se establece que tendrán el carácter de invitados permanentes sin derecho a voto el titular del Órgano Interno de Control de la propia Secretaría y tres miembros de la sociedad civil que se hayan destacado en el ámbito empresarial, educativo o de investigación económica, designados por el titular de la Secretaría, quienes durarán en su encargo tres años, actuarán a título honorífico y no guardarán relación laboral con dicha Secretaría. Como puede advertirse, la razón de la integración de éste Consejo Consultivo deviene en la necesidad de transparentar entre otras cosas, la expedición de los permisos en materia de Juegos y Sorteos y para fortalecer ese objeto es que se incluye a tres ciudadanos que por su calidad moral, económica y profesional coadyuven con la Secretaría en esa intención, más sin embargo, el reglamento es "casualmente" omiso en el procedimiento para su designación, lo único que sí establece es la facultad del Secretario de Gobernación para dicho efecto, el que "casualmente" es el titular del área encargada de Juegos y Sorteos en la Administración Pública Federal y el que "casualmente" refrenda el reglamento en cuestión.
En síntesis, es indispensable que para cumplimentar con la transparencia y rendición de cuentas de la Secretaría en materia de Juegos y Sorteos, el aludido Consejo Consultivo quede integrado por tres miembros de la sociedad civil que demuestren su independencia de criterio con el Secretario de Gobernación Lic. Santiago Creel Miranda, por lo que con todo respeto, se exhorta al Presidente de la República a que instruya a dicho Secretario a que mediante convocatoria pública se seleccionen los tres integrantes de la sociedad civil, señalando de antemano que existe tiempo para ello, toda vez que el séptimo transitorio del referido reglamento establece que el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos deberá quedar integrado en iniciará sus funciones dentro de los 45 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de ese ordenamiento, fecha que es aproximadamente hasta el 17 de diciembre del año en curso.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quezada, a que en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, instruya al secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel Miranda, para que la designación de los tres miembros de la sociedad civil, que con el carácter de invitados permanentes integrarán el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos previsto en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sea mediante convocatoria pública en la que se establezca de manera clara los requisitos que éstos deberán cumplir.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 10 de noviembre de dos mil cuatro.
Diputados: Claudia Ruiz Massieu Salinas, Héctor
Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A BANOBRAS Y A LA SHCP A DEVOLVER A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS LA CONCESIÓN DE LOS TRAMOS CARRETEROS DEL FIDEICOMISO DE APOYO PARA EL RESCATE DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS ANTONIO TRUEBA GRACIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo, en virtud del cual se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras), y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público devolver a Caminos y Puentes Federales la concesión del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), al tenor de las siguientes
Consideraciones
El FARAC es un fideicomiso público no paraestatal, que tiene las siguientes funciones:
Emitir títulos de crédito para solventar las obligaciones derivadas del rescate carretero, mismos que son avalados por el Gobierno Federal.
Su presupuesto no se regula por el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la revisión y autorización de sus programas corresponden a su Comité Técnico, en el que de forma casi unilateral por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se toman las decisiones operativas y financieras de las carreteras de cuota, aspectos en los cuales carece de facultades dicha dependencia, y cabe hacer mención que la captación de mayores recursos es utilizada de manera discrecional.
Con la incorporación de la Dirección de Negocios de infraestructura en Banco Nacional de Obras, se duplican funciones con Caminos y Puentes Federales de Ingresos, se invaden responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública y de Comunicaciones y Transportes.
El Banco Nacional de Obras en diversas ocasiones ha decidido sobre aspectos operativos que corresponden a Caminos y Puentes Federales de Ingresos proponerlos y ejecutarlos, y en dónde estas decisiones son sugeridas y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con el objetivo de eludir restricciones presupuéstales del Gobierno Federal, Banco Nacional de Obras, ha venido contratando personal adicional al de su estructura, entre el que se cuenta el de la empresa Manpower, constituyéndose como la burocracia creciente del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, deslindando las responsabilidades en empleados ajenos al Gobierno Federal y encubriendo los manejos y las malas decisiones de funcionarios del propio banco y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dentro de las anomalías en que Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participan invadiendo funciones de otras instancias, comentamos las siguientes:
Intervención en aspectos contractuales de Caminos y Puentes Federales de Ingresos con prestadores de servicios.
Elaboración de procedimientos y lineamientos, ajenos a los establecidos para la Administración Pública Federal.
Decisiones unilaterales del Comité Técnico, sin contar con la opinión o sugerencia de entidades federativas.
Desde 1998, el Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas ha autorizado que el 30% de los ingresos de peaje sean destinados a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos a gastos de operación, mantenimiento, conservación y adquisición de bienes muebles, correspondiendo por lo menos la mitad de dicho porcentaje al concepto de obra pública.
A partir de 2002 se contrató una empresa para administrar a los 3 600 empleados que prestan sus servicios al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, con la intención de brindar condiciones labores adecuadas tanto a los empleados como al organismo, ya que esta empresa es quién actúa como patrón de estos empleados.
Aunque se regularizo la situación laboral surgieron inconformidades, debido a que las prestaciones de estos empleados son inferiores a las del personal que labora en Caminos y Puentes Federales de Ingresos, aun cuando todos los empleados prestan sus servicios de manera directa a esta empresa.
Adicionalmente, hay restricciones al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas que no permite a Caminos y Puentes Federales de Ingresos coadyuvar con programas de colaboración con autoridades estatales y municipales de las poblaciones por las cuales cruza una autopista o autoridades que gestionan la regularización de problemas sociales relacionadas con las poblaciones afectadas por la construcción de los tramos.
Alternativas
Proponemos que los remanentes que resulten de los ingresos de las carreteras de cuota a cargo del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, una vez descontados los gatos de operación conservación, mantenimiento y pago de deuda, sean utilizados en la creación de nueva infraestructura.
Devolver a Caminos y Puentes federales de Ingresos las concesiones de los tramos carreteros, y con ello el presupuesto se presentaría para su aprobación al Congreso de la Unión, ya que los recursos serían recursos federales y se podrían utilizar en proyectos de infraestructura, entre otras cosas, destinando los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de deuda adquiridas en el rescate carretero.
Concesionando a Caminos y Puentes Federales de Ingresos los tramos carreteros del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, los ingresos de peaje se utilizarían para cumplir con las obligaciones de pago por los activos adquiridos y que actualmente ascienden a 103,000 millones de pesos aproximadamente; el resto (54,000 millones de pesos aproximadamente) deberá corresponder a deuda pública, pagadera con recursos fiscales, ya que fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien decidió la operación discrecional de esos recursos.
Por lo expuesto, me permito proponer a la consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Comunicaciones y Transportes analicen la posibilidad de desaparecer el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas y de que sus ingresos y obligaciones sean asumidos por Caminos y Puentes Federales de Ingresos.
Dip. Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 RECURSOS ADICIONALES POR 1,100 MILLONES DE PESOS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN ABIERTA DEL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS CRUZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La protección de la salud es un derecho de los mexicanos consagrado en la carta magna. Este derecho tiene como finalidades el bienestar físico y mental del hombre, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida, el disfrute de los servicios de salud y la asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. En este sentido, la salud es una condición prioritaria de la sociedad en la que el Estado es impulsor fundamental en su consecución. No puede alcanzarse un nivel adecuado de desarrollo integral si no existe el compromiso del Estado en aplicar políticas públicas encaminadas en mejorar el nivel de salud individual y colectivo de la sociedad. Esa es la razón fundamental por lo que es necesario incrementar los recursos federales al estado de México.
2. El estado de México es la entidad de mayor población del país, por lo tanto, la que más recursos requiere invertir para atender las necesidades en materia de salud. De acuerdo con proyecciones estadísticas del Consejo Estatal de Población, el estado de México tiene una población de 14.2 millones de personas, de las cuales 7.7 millones, es decir el 54.22%, forman parte de la población abierta, aquella que no cuenta con servicios de salud que otorgan las instituciones de seguridad social. Para dimensionar lo que representa esta población abierta, baste señalar que es el equivalente al total de la población de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas, juntas. De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, las ocho entidades mencionadas recibieron en total del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33, la cantidad de 3777.7 millones de pesos corrientes para atender una población abierta, conforme al censo de 2000, de 3 millones 920 mil habitantes. Resulta, entonces, una asignación per cápita de 963 pesos. En contraste el estado de México recibió 3936 millones de pesos corrientes para atender una población abierta de 7 millones 890 mil personas, a razón de 498 pesos per cápita. Resulta evidente que el estado de México recibe casi la mitad de lo presupuestado en ese fondo para las entidades federativas mencionadas.
3. En el estado de México, el Instituto de Salud del Estado de México es el organismo que presta los servicios de salud a la población abierta a través de 30 hospitales generales y de especialidad y 920 centros de salud. La realidad que se vive en dichas unidades médicas es desalentadora debido a la precariedad presupuestal para operar los programas institucionales. El desabasto de medicamentos podríamos considerarlo como el principal problema detectado, ya que el 85% de los usuarios no recibe tratamiento médico debido a que los centros de salud y hospitales no tienen capacidad para otorgar medicamentos a los pacientes. No menos grave es la deficiencia en materia de equipamiento, instrumental e instalaciones hospitalarias: 6 de cada diez pacientes que requieren atención, se ven en la necesidad de realizar estudios de tomografía, radiología, ultrasonografía, electroencefalografía, así como diversos estudios de laboratorio, en unidades privadas, ya que la institución carece de equipamiento adecuado para realizarlos, o que, por su grado de obsolescencia, ofrecen resultados erróneos. Además, habría que agregar un déficit de más de 2 mil plazas de personal médico, tanto de especialistas como de médicos generales.
4. Es lamentable que en esas condiciones operativas, las unidades a cargo del Instituto de Salud del Estado de México, otorguen servicios de salud deficientes, en la mayoría de los casos. La atención médica es vulnerada en tanto que no se otorga el tratamiento adecuado y por que las unidades hospitalarias no tienen los recursos necesarios de equipo y mobiliario que aseguren el diagnóstico oportuno y confiable del paciente. La argumentación nos demuestra que estamos lejos de que el discurso gubernamental que habla de la salud como una actividad prioridad del Estado, concuerde con la realidad cotidiana de inoperancia y desigualdad que debe soportar la población abierta. Es pertinente señalar la necesidad de invitar al Gobierno del estado de México para garantizar, con responsabilidad y eficiencia, en el ámbito de sus atribuciones, el derecho a la salud de los mexiquenses como condición indispensable para el desarrollo social.
Por lo anterior mencionado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tenga a bien considerar en el Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, recursos adicionales por un mil 100 millones de pesos para elevar la calidad de los Servicios de Salud que otorga el Instituto de Salud del Estado de México. Los recursos adicionales al proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo Federal se asignarán para las siguientes acciones:
Y para los 5 hospitales de especialidades siguientes: Dermatológico Dr. Pedro López de Ixtapaluca, De enfermos Crónicos Gustavo Baz de Acolman, Psiquiátrico Adolfo Nieto de Acolman, Psiquiátrico Granja la Salud Tlazolteotl de Ixtapaluca y Psiquiátrico Dr. José Sayazo de Acolman. El equipamiento prioritario para cada hospital general se detalla a continuación:
1. Para Gabinete de Rayos X: equipo de radiodiagnóstico de 300 mA (o de 500 mA), tomógrafo computarizado, equipo de radiodiagnóstico de mama, equipo de ultrasonido Doppler cámara multiformato.
2. Para Unidad Quirúrgica: equipo básico de anestesia, monitor de signos vitales (ECG, presión arterial no invasivo, temperatura, oxímetro), desfibrilador con monitor integrado al carro rojo, equipo de cirugía gastrointestinal, equipo de cesárea, equipo de cirugía general básica, equipo de cirugía ginecológica abdominal, equipo de colecistectomía, equipo de cirugía pediátrica.
3. Para Terapia Intermedia e Intensiva: estuche de diagnóstico con oftalmoscopio, dosificador de oxígeno con humedecedor, marcapasos externos transitorio a demanda con dos cablecatéteres, respirador mecánico volumétrico.
4. Para Laboratorio Clínico: espectrofotómetro, microscopio binocular de campo claro, microscopio de contraste de fase, esterilizador de calor húmedo, horno para secado, equipo para determinación de electrolitos y gasometría sustitución opcional equipo automatizado, equipo para química sanguínea sustitución opcional equipo automatizado, equipo para pruebas de coagulación sustitución opcional equipo automatizado, equipo para uroanálisis sustitución opcional equipo automatizado.
Para equipamiento y rehabilitación de los 5 hospitales de especialidad se asignará un monto de 30 millones de pesos incluidos en la partida de los 330 millones, a razón de 6 millones para cada uno que será destinado para atender sus necesidades prioritarias.
B) 120 millones de pesos para equipamiento y rehabilitación de 920 centros de salud: el equipamiento prioritario para cada centro de salud se detalla a continuación: mesa de exploración con aditamentos para piernas, estuche de diagnóstico con oftalmoscopio, esfigmomanómetro mercurial, estetoscopio biauricular, instrumental básico para curación. Además se rehabilitarán las áreas de esas unidades médicas de acuerdo con su importancia y deterioro existente.
C) 500 millones de pesos para la adquisición de medicamentos conforme al Cuadro Básico y Catálogo vigentes.
D) 150 millones de pesos para la contratación de 250 médicos especialistas y 250 médicos generales.
Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A ASIGNAR EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2005 RECURSOS HASTA POR 90 MILLONES DE PESOS PARA CONSTRUIR Y EQUIPAR UN HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDO NIVEL DEL ISSSTE EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA GUTIÉRREZ CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal Leticia Gutiérrez Corona, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los diputados federales que suscriben este punto de acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2005 recursos económicos por un monto de 90 millones de pesos para la construcción y equipamiento de un nuevo hospital regional de segundo nivel del ISSSTE en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, a fin de poder contar con un mínimo de 60 camas-hospital, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En este sentido, el servicio médico y hospitalario que otorga la delegación estatal del ISSSTE a los trabajadores al servicio del Estado y a sus familiares en la zona metropolitana de Guadalajara se realiza a través de tres clínicas de medicina familiar, cinco consultorios auxiliares y tres unidades de medicina familiar catalogadas como unidades de primer nivel de atención que cuentan con escasos recursos para atender a los más de 130 mil derechohabientes afiliados al Instituto, lo cual se traduce en constantes quejas por los insuficientes e ineficientes servicios de consulta general, médico-quirúrgica y hospitalaria del hospital regional Dr. Valentín Gómez Farías, considerado como unidad de tercer nivel, debido a que en el Estado no contamos con una unidad especializada de segundo nivel.
La existencia de una elevada demanda de solicitudes del servicio de consulta de segundo nivel afecta la cobertura del servicio que los derechohabientes requieren, lo cual genera sobresaturación en el hospital regional Dr. Valentín Gómez Farías y se refleja en el diferimiento de consulta en los servicios de atención médica de alta especialidad por varios días. Por ejemplo, un paciente que solicita una consulta de angiología tiene que esperar hasta dos meses; o bien, una consulta de reumatología puede alargarse hasta 40 días para ser atendida y, de solicitar una endoscopia, puede postergarse hasta 50 días. Y, más preocupante aún, la programación promedio de cirugías oscila entre 21 y 87 días.
Por lo anterior, se requiere asignar una partida presupuestal de 90 millones de pesos para la construcción y equipamiento de un nuevo hospital regional de segundo nivel del ISSSTE, con lo cual se podrá contar con un mínimo estimado de 60 camas de hospital y cuya construcción se realizará en una superficie de 5,659 metros cuadrados de que el ISSSTE dispone en el predio denominado Estadio, al norte de la ciudad de Guadalajara.
Punto de Acuerdo
Único. Que se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2005 se asignen recursos económicos por 90 millones de pesos para la construcción y equipamiento de un nuevo hospital regional de segundo nivel con un mínimo estimado de 60 camas-hospital para la atención médico-quirúrgica eficiente y de calidad que demandan los derechohabientes afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2004.
Dip. Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A APOYAR LA INDUSTRIA DEL TEQUILA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL URREA CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Marisol Urrea Camarena, diputada por el estado de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
1. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se ha comprometido desde su plataforma política a fortalecer el desarrollo económico del país. Para dar respuesta a este compromiso, ha mantenido una relación estrecha con los principales actores industriales a través de la cual hemos elaborado un plan de acción para apoyar el desarrollo de la industria tequilera.
2. El 13 de Octubre de 1977, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaración General de protección a la denominación de origen "TEQUILA", por lo que, el Estado mexicano se constituyó como único titular de dicha denominación, en virtud de corresponder a un producto distintivo de México.
3. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera informó que en 2003 habían 63 fábricas de tequila de las cuales 61 productores estaban establecidos en Jalisco, uno en Guanajuato y otro en Tamaulipas. En la Industria, laboran alrededor de 3,200 personas entre personal administrativo, técnicos y obreros. Se estima que en el campo hay 33,000 personas dedicadas a la siembra, cultivo y cosecha del agave. Lo que muestra que es una industria importante para la región agavera, que no sólo da empleo a muchos mexicanos, sino que genera divisas y prestigio en el ramo de licores.
4. Esta Industria se encuentra en un momento clave para penetrar en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y lugares en donde se vendía tequila sin la denominación de origen. En 2003, la producción de tequila fue de 140.3 millones de litros, de las cuales se exportaron 101.8 millones de litros, lo que representó el 72% del total producido. De este total el 86% de las exportaciones son a Estados Unidos.
5. Por su parte, el 71% de las ventas al exterior correspondieron al tequila a granel y el 29% a tequila envasado de origen. Esto es consecuencia de varios factores que impiden incrementar las exportaciones de tequila envasado de origen, entre otros al incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana de calidad NOM-006-SCFI-1994, los elevados costos en materias primas para la exportación, la limitada capacidad de las plantas y al difícil acceso a financiamientos de largo plazo.
6. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional está comprometido a que esta industria sea considerada de alta prioridad y a buscar medios y mecanismos que permitan fortalecer al sector, así como su desarrollo en el exterior.
7. Para contribuir a este propósito nos hemos obligado, en el marco de las actuales restricciones fiscales, a buscar acuerdos y consensos parlamentarios para generar un aumento en programas y acciones de apoyo a la exportación de tequila a granel y tequila envasado de origen.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el ámbito de su competencia realice un esquema de operación de apoyo en distintos programas a la Industria Tequilera, así como a sus cadenas productivas y generar nuevos mecanismos de fortalecimiento a las exportaciones de tequila.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fortalecer el esquema de estímulos fiscales para la industria del tequila, principalmente en lo referente a las ventas al exterior de tequila envasado de origen debido a su importancia actual.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de noviembre de 2004.
Dip. Marisol Urrea Camarena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A EMITIR UNA NORMA OFICIAL CUYO OBJETO SEA OBLIGAR A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES A INSTALAR BAÑOS ESPECIALES Y APROPIADOS PARA EL USO DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita diputada federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El párrafo III del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantía que tienen todas las personas de acceder a la protección de la salud; en su parte final, dicho párrafo ordena al legislador a definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como disponer de la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia.
El derecho a la salud o a su protección es uno de los derechos humanos por antonomasia. Se trata de un derecho prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones positivas de hacer por parte de los poderes públicos.
El concepto de salud establecido por nuestro país, es el que adopta de la Organización Mundial de la Salud en el que se establece que: La salud no sólo es la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico y mental, en un contexto ecológico-social propicio para su sustento y desarrollo. La salud descansa en la esfera de prácticamente todas las interacciones, sociales y culturales, y es, con ellas, un componente sinergético de bienestar social.
En la Conferencia Internacional sobre Atención primaria a la Salud, organizada conjuntamente por la Organización Mundial para la Salud y el UNICEF, se definió a la salud como "El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades; es un derecho fundamental y, el logro del grado más alto posible de la misma, es un objetivo social importantísimo para el mundo".
Esta definición permitió proponer un concepto de derecho de salud mucho más amplio dentro del cual se pudieran considerar temas como el derecho a la protección de la salud constitucional, la distribución de competencias sanitarias en el sistema federal o la promoción y prevención de la misma.
Ahora bien, no se debe considerar a la salud sólo como un bien necesario sino también como un factor indispensable para un buen desarrollo económico y social, por lo que la salud es uno de los valores fundamentales y consustanciales al individuo, entendiendo de esta forma que la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado de bienestar.
Este tema recobra mayor importancia cuando se trata de la salud de los menores de edad, quienes en este sentido requieren de una mayor atención y de la procuración de instrumentos normativos que les garanticen el derecho a la salud en su más amplio sentido, toda vez que la salud es uno de aquellos bienes que por su carácter inherente a la existencia digna de los hombres, se encuentra protegido, especialmente en las personas que por su condición de vulnerabilidad, se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta como es el caso de los menores de edad.
Este derecho así entendido, busca el aseguramiento del fundamental derecho a la vida, a la promoción a la salud y a la prevención de cualquier circunstancia que ponga en peligro dicha salud, por lo cual, su naturaleza asistencial impone un tratamiento prioritario y preferencial por parte del poder público y del legislador con miras a su protección efectiva.
En nuestro país, son muy comunes los establecimientos familiares como restaurantes, centros comerciales, y las llamadas "cantinas familiares", en donde las niñas y los niños acuden solos o acompañados a los sanitarios, lo que puede propiciar que en dicho lugar estén en riesgo de ser agredidos sexual o sicológicamente, o bien, sean vulnerables a infecciones propias de la gente adulta al mantener contacto directo con los sanitarios utilizados por éstos.
En los centros de reunión y esparcimiento familiar en México no existen sanitarios destinados al uso de los menores de edad, lo que los obliga a utilizar los sanitarios de los adultos que, en la mayoría de los casos, son insalubres e inseguros para los menores de edad, ya que al entrar a ellos pueden ser objetos de aquellas personas que pudieran dañar en cualquier forma a los menores de edad.
Este pareciera ser un tema irrelevante, pero hay que hacer una reflexión al respecto: muchos menores de edad son abusados psicológica y sexualmente dentro de los sanitarios públicos destinados hasta ahora para el uso de los adultos. También está el caso de que un padre de familia no puede acompañar a su hija al sanitario de las damas y resulta por demás incómodo para la propia menor entrar al sanitario de los caballeros, y viceversa. No es desconocido para la sociedad que cada día aumentan más las denuncias de abuso a los menores, tal y como sucede desgraciadamente en Guerrero y en muchas otros Estados de la República donde tales abusos se han registrado dentro de los sanitarios.
En virtud de lo anterior, los menores de edad se exponen a las condiciones de insalubridad por las características propias de los sanitarios para adultos o porque por su propio tamaño les resulta muy complicado acceder a los mismos, viéndose obligados a tener contacto directo entre sus manos y los sanitarios, pudiendo ser esta una causa de peligro de contagio de enfermedades.
En México no existe regulación jurídica que obligue a los establecimientos como restaurantes, centros comerciales y cantinas familiares a contar con sanitarios especialmente diseñados para las niñas y niños asegurando con esto su protección personal y prevención sanitaria.
En el pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales adoptado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se establece que cada uno de los Estados Partes, entre los cuales se encuentra nuestro país, se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
Este derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles, abarca los elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado Parte, dentro de éstos encontramos la disponibilidad en la que se establece que los Estados partes deberán contar con números suficientes de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud; la accesibilidad a todas las personas a los establecimientos, bienes y servicios de salud, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte y, dentro de esta accesibilidad, se presentan cuatro dimensiones superpuestas: la no discriminación a sectores vulnerables y marginado, la accesibilidad física a los establecimientos, bienes y servicios de salud donde se hace especial referencia a las niñas y niños, lo que nos indica que la preocupación por esta parte de la sociedad es de interés general.
El Estado debe considerar como un asunto primordial todos los programas y políticas con miras a garantizar el derecho a la salud de las niñas y los niños, un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud, viola las obligaciones que ha contraído.
Las violaciones por actos de omisión en las que pueden incurrir los Estados en materia de protección a la salud, figuran el no adoptar medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental y el no contar con una política nacional sobre prevención de esta salud.
En este sentido es de mencionarse que la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Salud, establece que: corresponde al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud, el dictar las Normas Oficiales Mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento, por lo que el objeto de este documento legislativo es el solicitarle a la Secretaría de Salud que tome en cuenta la gravedad de este tema y en tal sentido tome las acciones necesarias para obligar a los establecimientos a contar con este beneficio para los menores de edad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a Secretaría de Salud a emitir una norma oficial mexicana, con fundamento en el artículo 40, fracciones III y VII de la Ley de Normalización y Metrología, cuyo objeto sea obligar a los establecimientos mercantiles a instalar sanitarios especiales y apropiados para el uso de las niñas y los niños.
Dado en el Salón de Sesiones, a los 9 días del mes de noviembre de 2004.
Dip. Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA LA INCLUSIÓN DE UNA PARTIDA ESPECIAL EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 CON OBJETO DE FOMENTAR EL EMPLEO PRODUCTIVO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JULIO GONZÁLEZ GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como en los numerales 58 y 59 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal José Julio González Garza, del Partido Acción Nacional, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, punto de acuerdo para solicitar la inclusión de una partida presupuestaria especial para el fomento del empleo productivo, dentro de los recursos excedentes que se obtengan durante el año, y que son canalizados para fortalecer la infraestructura de las entidades federativas, en el marco de la próxima aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
El tema del empleo en México es uno de los asuntos prioritarios pendientes por resolver dentro de la agenda nacional.
En este sentido, se aprecia que nuestro país enfrenta una situación económica estable y con claras perspectivas de crecimiento para el mediano y largo plazos, gracias al manejo responsable que nuestro Gobierno Federal ha aplicado sobre las finanzas públicas.
Sin embargo, el crecimiento económico actual resulta aún insuficiente para promover una política de empleo efectiva, que permita el acceso de más mexicanos a una fuente de trabajo formal y estable.
Evidentemente, esta limitación se liga a la inevitable vinculación de nuestra economía con la de nuestros vecinos del norte, así como por la falta de aplicación de las reformas estructurales pendientes que necesita nuestro país, de las que destacan la reforma energética, fiscal y la propia laboral.
Como resultado de esta situación, los niveles de desempleo en la actualidad rondan el 4.0 por ciento, cifra similar a la tasa mostrada en 1997.
Ante este escenario de austeridad y falta de oportunidades para incrementar firmemente la oferta de empleo productivo y abatir los altos niveles de desempleo, es necesario que el honorable Congreso de la Unión, tenga una participación determinante para ayudar a resolver esta problemática nacional.
De esta manera, vemos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, un instrumento idóneo para que la estrategia de fomento al empleo productivo llegue de forma efectiva a cada estado y municipio del país.
En la actualidad, el artículo 22 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se refiere a la facultad del Ejecutivo federal para autorizar la realización de erogaciones adicionales con cargo a los ingresos que se obtengan en exceso a los previstos para el presente ejercicio fiscal.
De estos ingresos adicionales, la fracción j) establece que dichos excedentes se aplicarán en un 25 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; en un 25 por ciento para mejorar el balance económico del sector público; y en un 50 por ciento para programas y obras de infraestructura de las entidades federativas.
Y precisamente en este 50 por ciento que corresponde a las entidades federativas se propone que se canalice un porcentaje destinado exclusivamente a la promoción efectiva del empleo productivo.
La presente propuesta tiene su justificación en el sentido de que los recursos que actualmente reciben las entidades federativas por este concepto, son susceptibles de aplicarse de manera discrecional, sin un objetivo definido. De tal forma que la canalización de esta importante fuente de recursos se disuelve en gasto corriente que no es de ninguna manera prioritario.
Además, al tratarse de recursos que se envían por mandato del Legislativo y de manera directa a las entidades federativas, se presenta la oportunidad de canalizar de manera efectiva, recursos directos para atender problemas de desempleo, sin necesidad de que la Federación concentre atribuciones y presupuesto.
No obstante, apreciamos que en el proyecto de decreto para 2005, la propuesta del Ejecutivo descarta la radicación de recursos hacia las entidades federativas, y en su lugar propone que se canalicen hacia el fortalecimiento de la infraestructura de Pemex y sus subsidiarias.
Acción Nacional considera que esta propuesta es acertada, porque va orientada a fortalecer a la paraestatal, misma que es una importante generadora de recursos que financian el gasto de nuestro país. Sin embargo, resulta altamente probable que esta propuesta se modifique en la próxima discusión del Presupuesto de Egresos para 2005, beneficiando de nueva cuenta a las entidades federativas.
Por estos motivos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera fundamental, en el caso de que se aprueben nuevamente recursos presupuestarios hacia entidades federativas, hacer una petición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de que se canalicen dichos recursos en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, una partida especial para fomentar el empleo productivo en las entidades federativas, para fomentar el empleo productivo en éstas, dentro del artículo referente a los ingresos excedentes que se obtengan durante el año.
Asimismo, recomendamos que, de ser viable la propuesta, se caracterice por generar al menos 500,000 empleos; que tenga vigencia anual; que inserte a los beneficiarios en empresas productivas industriales, comerciales, agrícolas y de servicios; que opere en todos los estados de la República; que incluya a jóvenes recién egresados de carreras técnicas y profesionales; que incluya a padres y madres jefes de familia; que incluya a mayores de 40 años; que incluya a indígenas y gente del campo; y que de especial prioridad a personas con capacidades diferentes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita atentamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que, en caso de que se aprueben partidas presupuestarias para las entidades federativas, dentro de los recursos excedentes que se obtengan durante el año, éstas se canalicen para el fomento del empleo productivo, en la proporción que estime conveniente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre
de 2004.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE SE INCORPORE EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 LA PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS CARRETERAS, A CARGO DEL DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en su constante trabajo al interior de la Comisión de Transportes ha venido impulsando la necesidad de que esta soberanía otorgue énfasis a la asignación de recursos suficientes y, en la medida de lo posible, crecientes para destinarse al reforzamiento de la infraestructura de transportes y de comunicaciones, en particular al crecimiento y mejora de la red carretera nacional en sus diversas modalidades.
Consideramos que el transporte carretero es uno de los pilares en la integración de nuestra sociedad y territorio; base para mejorar la distribución de bienes y satisfactores para todos los mexicanos; y elemento esencial en la política de abatimiento en los costos de transporte de bienes y personas en beneficio del país entero.
Consecuentes con esta actitud y visión características de mi partido, así como teniendo en cuenta al mismo tiempo el rezago relativo en la infraestructura carretera presente en algunas entidades y regiones del país con relación a las necesidades de transporte económico, seguro y eficiente entre las mismas, deseamos enriquecer el programa de construcción, modernización, y conservación carretera y de caminos rurales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha presentado a esta honorable soberanía en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, proponiendo se integren al presupuesto algunas obras que no estaban previstas.
En particular, proponemos sean incorporadas al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el próximo año, las carreteras ubicadas en los estados de Baja California Sur, Distrito Federal, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Tabasco y Tlaxcala que se relacionan en anexo. En consecuencia, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en el Ramo de Comunicaciones y Transportes, recursos adicionales a efecto de financiar las carreteras adicionales que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone sean incorporadas. (Se anexa relación de carreteras propuestas y montos estimados).
Otras obras sin cuantificación:
Estado de Tabasco
Anulación en el cobro de la autopista México-Pirámides, municipio de Ecatepec. Construcción del puente peatonal, del cruce de la colonia Plan de Guadalupe a la Col. Los Ángeles en la carretera federal México-Pirámides. Otro frente a la escuela CBT en la misma carretera. Construcción de la carretera: colonia Emiliano Zapata-San Marcos Nepantla, entroncando con la carretera federal con una longitud de 4.3 Km. Construcción de la carretera Tepexpan-Tequisistlan con longitud de 1.3 Km. Y la construcción de carretera: Tramo San Bartolo - San Marcos Nepantla con una longitud de 2.5 Km.
Revestimiento de 7 Kms. De San José Comalco Temoaya,
estado de México.
Pavimentación de un libramiento en Otzolotepec
Sta. Ana Jilotzingo, Estado de México.
Pavimentación de la carretera de la comunidad de Ahuatenco, Atlacomulco, a la colonia Campesina de la subdelegación San Antonio del Progreso; Municipio de Tianguistenco estado de México.
Autopista Tonatico, estado de México-Taxco Guerrero.
Autopista Toluca-Tejupilco-Zihuatanejo.
Carpeta asfáltica de 5 cm, para pavimentación del Circuito de los bienes comunales de Cacahuatepec. Se beneficia a las poblaciones de San Juan El Chico, Las Minas, Progreso de Cacahuatepec, Campanario, Apalani, Cruces de Cacahuatepec, El Rincón, El Carrizo, Cacahuatepec, El Cantón, Espinalillo, Huamuchito, Barrio Nuevo de los Muertos, y El Cortés. Municipio de Acapulco de Juárez. (70 kilómetros).
Carpeta asfáltica de 5 cm, para pavimentación del tramo de la población de El Bejuco a El Arenal. Municipio de Acapulco de Juárez. (8 kilómetros).
Carpeta asfáltica de 5 cm, para pavimentación del tramo de la población de San Antonio a El Quemado. Municipio de Acapulco. (11 kilómetros).
Pavimentación del Camino Rural Misantla-Díaz
Mirón, Distrito de Misantla.
Pavimentación de la Carretera Naranjal-Zongolica,
Distrito de Zongolica.
Pavimentación del camino rural San José
Tenejapa-Alta Luz-Buena Vista-El Triunfo-Pedregal Tepatlaxco, Distrito
Huatusco.
Pavimentación del camino rural Chocamán-Xocotla
municipio de Coscomatepec, Chocamán-Zacatla, Distrito Huatusco.
Camino hacia Paso Corral-Paraíso - Tío Tonto-Zapote
Colorado y Guadalupe Laguna Verde, Distrito Tres Valles.
Tramo carretero de Miguel Hidalgo a Escaseba, Distrito
Catemaco.
Construcción de un Puente en Ixhuatlán
de Madero.
Carretera Acaxochitlán-Poza Rica 117 Km.
Dip. Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE AUTORCE AL INEGI PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL CONGRESO DE LA UNIÓN, SE DISPONGA A LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO CENSAL PARA CONOCER EL NÚMERO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS QUE EXISTEN EN NUESTRO PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO ISRAEL TENTORY GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Antecedentes
El artículo 25 de nuestra Constitución, señala en su primer párrafo que corresponde al Estado, la rectoría del desarrollo nacional, también el penúltimo párrafo de este mismo artículo, señala que "la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social: de ejidos, de organizaciones de trabajadores y cooperativas", entre otras más que ahí se señalan.
También la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una de sus últimas recomendaciones, señala la importancia de que los gobiernos de los diferentes países, fomenten el cooperativismo.
Es el cooperativismo, una forma de asociación que prácticamente funciona en los diferentes sectores de la actividad económica, teniendo la capacidad de producir bienes y servicios y generar empleos.
El cooperativismo, ha demostrado ser una de las formas de organización más eficientes, para sortear las distintas crisis económicas por las que han pasado muchos países.
En nuestro país el inicio de la conformación de sociedades cooperativas se remonta al año de 1950.
Para el periodo 1970-1980, las cajas populares en particular, registran un significativo crecimiento, esto debido a una diversificación e incursionamiento en la prestación de servicios financieros entre otros.
Esto debido en buena parte, a que sólo el 33% de los mexicanos accede al crédito financiero bancario, y que la mayor parte del 77% restante, ahorra y obtiene préstamos en las cajas populares.
Ante la proliferación de cajas populares, que fundamentalmente se dedicaban al ahorro y préstamo, estas se vieron involucradas en cuantiosos fraudes, en perjuicio de un importante número de ahorradores en todo el país.
Esto se suscitó entre los ochenta y los noventa, de tal manera que según el Bansefi, para el año 2000 se tenía un padrón de 250 mil ahorradores defraudados en el país.
Estos acontecimientos, por un lado empañaron la misión de las verdaderas cooperativas y por otro, obligaron al Congreso, para que autorizara al Ejecutivo a disponer de recursos presupuestales adicionales para solventar este problema.
Ante esta problemática, surge la necesidad de contar con un padrón que nos permita conocer con la mayor precisión el número de autenticas cooperativas que hay en el país.
Para esto sabemos, que México cuenta con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), una seria y sólida institución cuya misión es la de recabar, procesar, generar y difundir la información estadística y geográfica del país.
Por lo anterior expuesto, fundado y motivado someto a consideración de este honorable pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar al Ejecutivo federal su autorización para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice al INEGI, para que en coordinación con el Congreso, se disponga a llevar a cabo un levantamiento censal, para conocer el número y las características de las cooperativas que existen en nuestro país.
Dip. Israel Tentory García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE AMPLÍE EL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO AL FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS RELACIONADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los diputados que firman al calce, diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
Con el fin de contribuir a la generación de actividades económicas de valor agregado y empleos de alta calificación y remuneración, el Gobierno Federal, con la colaboración estrecha de los sectores privado y académico, diseñó y estableció el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft).
Los diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, mediante punto de acuerdo promovido por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, aprobaron recursos por 135 millones de pesos en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, para la creación del Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de Software y Servicios Relacionados (Fondo Prosoft).
Los recursos autorizados a partir de septiembre de 2004 permitieron la constitución del Fondo Prosoft y con ello la creación de un instrumento que ha permitido detonar inversiones, generar empleo y elevar las capacidades de la industria mexicana de software. El Fondo Prosoft ha propiciado la concurrencia de inversión en el desarrollo de este sector por parte de 10 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Yucatán).
Resultados del ejercicio de los recursos autorizados al Fondo Prosoft para el período 2004
Los recursos autorizados al Fondo Prosoft se han canalizado a través de dos vías generales:
2. Acceso al financiamiento del sector de tecnologías de información mediante el fortalecimiento del fondo de garantías con la banca de desarrollo (Nacional Financiera).
Dentro de los 71 casos aprobados, se incluyen proyectos que permitirán:
El desarrollo de software embebido para industria automotriz
y electrónica
El desarrollo de software para dispositivos móviles
La atracción de inversión en centros de servicios de basados en tecnologías de información y diseño de semiconductores
La preparación para certificación en modelos de capacidad de procesos de al menos 45 empresas, lo que triplicaría la base actual de empresas certificadas, para acceder a mercados de exportación.
Los recursos aportados por el Fondo Prosoft serán potenciados por Nacional Financiera al menos 6 veces, con lo cual se estima una derrama crediticia potencial anual de 800 millones de pesos. Con este fondo de garantía se hará posible el acceso a capital de trabajo indispensable para financiar proyectos de desarrollo de software que requieren soportar de tres a seis meses de operación antes de recibir ingresos por dichos proyectos.
Cabe señalar que el 65% del costo de operación de una empresa de este sector corresponde a nómina y que la proporción de activos fijos respecto del total es relativamente baja, por tratarse de un sector intensivo en capital humano.
Ampliación de la cobertura del Fondo Prosoft
Los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2004 permitieron atender demandas en 10 estados, aunque no en la magnitud solicitada. La mayoría de estos estados ha externado su disposición por incrementar en 2005 las aportaciones destinadas a apoyar proyectos en esta industria.
Adicionalmente gobiernos, empresas y clusters en los estados de Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, México, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, así como en el Distrito Federal han manifestado su interés en invertir en el desarrollo de las capacidades de industria a través del Fondo Prosoft.
Tomando en cuenta la tendencia en el crecimiento del número de clusters de industria de software que se están formando en el país a partir del Prosoft y la alternativa que éstos ofrecen para focalizar los apoyos y así maximizar el impacto en el fortalecimiento de las empresas y la creación de empleos de alta calificación y remuneración, se requiere ampliar la cuantía de los recursos destinados a este programa.
Por lo expuesto, y considerando que esta iniciativa del Congreso de la Unión está generando el resultado esperado al potenciar las capacidades de las empresas, fortalecer los puestos de trabajo creados, abrir oportunidades para detonar inversión y generar nuevos empleos, sometemos a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a ampliar el Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de Software y Servicios Relacionados, administrado por la Secretaría de Economía, estableciendo un techo anual de 500 millones de pesos, integrado por recursos fiscales en el concepto de subsidios que se aplicarán a inversión y al fortalecimiento de fideicomisos estatales constituidos para tal fin.
Segundo. Los proyectos que se apoyen con estos recursos deberán ser consistentes con las líneas de acción y estrategias planteadas en el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft).
Tercero. La Secretaría de Economía deberá informar periódicamente al Congreso de la Unión sobre los avances y repercusiones de los recursos asignados mediante el fondo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los 11 días de noviembre de 2004.
Diputados: María Eloísa Talavera
Hernández, Manuel López Villarreal, Ricardo Alegre Bojórquez
(rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS MANIFIESTA SU ABSOLUTO RECHAZO A CUALQUIER ACTO DE GOBIERNO EXTRANJERO QUE VIOLENTE NUESTRA SOBERANÍA NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal Abraham Bagdadi Estrella, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Antecedentes
El pasado 6 de noviembre del año en curso el Secretario de Energía Fernando Elizondo Barragán ofreció una conferencia a empresarios de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, en dicha conferencia se trataron diversos temas relativos a la dependencia que tiene a su cargo.
Sin embargo en el desarrollo de este evento el Secretario de Energía Fernando Elizondo Barragán declaró, cito textual:
Compañeros legisladores: resulta un hecho por demás preocupante que el titular de la Secretaría de Energía emita comentarios de la naturaleza antes planteada, debido a que el anterior planteamiento de ser correcto violenta nuestra soberanía nacional consagrada en nuestra Carta Magna y escapa de las facultades exclusivas del poder Ejecutivo, y de llegar a ser cierta esta afirmación podría configurarse el delito de traición a la patria por parte del titular del Ejecutivo de nuestro país.
Considerandos
Primero.- La obligación que tenemos como legisladores de velar por los intereses de la nación.
Segundo.- La gravedad de las afirmaciones del titular de la Secretaría de Energía.
Por todo lo anteriormente expuesto presento el siguiente
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
Único: La H. Cámara de Diputados manifiesta su absoluto rechazo a cualquier acto de gobierno extranjero que violente nuestra soberanía nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2004.
Dip. Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A INCLUIR EN EL RAMO 39 LA CANTIDAD DE 1,300 MILLONES DE PESOS ORIENTADOS A FORTALECER LOS SISTEMAS ESTATALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL URREA CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben, Marisol Urrea Camarena diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Omar Ortega Álvarez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes:
Considerandos
1. El avance en el conocimiento científico y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos son notas distintivas de estos tiempos, la creciente importancia de los conocimientos científicos y de las capacidades tecnológicas en todos los aspectos de la vida social es indudable. Sus ámbitos son tan amplios y su impacto tan profundo, que sin la ciencia y la tecnología modernas sería impensable no sólo el mantenimiento de las condiciones de vida logradas, sino también el desarrollo futuro de la nación.
2. En materia de ciencia y tecnología contamos con diferentes elementos de infraestructura institucional, recursos humanos para la investigación y el desarrollo, recursos presupuestales, un marco legal y un organismo central de coordinación e instrumentación de las políticas correspondientes, además de contar con instituciones de diferentes sectores como son público -federal y estatal-, académico, privado, social y externo.
3. Sin embargo, el desarrollo, infraestructura y fomento en esta materia revela inequidades abismales entre el centro y las regiones periféricas del país. No obstante, los gobiernos de los estados de la República han sido los principales actores y promotores en muchas iniciativas que empiezan a dar resultados en materia de transformación hacia el nuevo paradigma económico centrado en el conocimiento, lo cual les permite orientar de manera libre y soberana sus propios programas. Casi la mitad de los estados ya cuentan con un programa estatal de ciencia y tecnología y un 23 por ciento está en proceso de formularlo. Actualmente contamos con 22 Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología en los estados, con el consecuente efecto local y regional, convirtiéndolos en una importante plataforma de descentralización de la actividad científica y tecnológica, contribuyendo con esto al entendimiento de la realidad y de los problemas regionales y locales.
4. La Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, que aglutina las instancias estatales especializadas en la materia, ha presentado una propuesta de distribución para los recursos que se destinen a los Consejos Estatales, tomando en cuenta ciertos principios, entre los que deseamos destacar: un criterio de igualdad que en primer término asegure una distribución uniforme de los recursos entre los estados; un criterio de diversidad de acuerdo con el grado de desarrollo de las entidades federativas; y por otro lado se fomente a los estados con mayor rezago.
5. En materia de ciencia y tecnología debemos resolver las profundas desigualdades que caracterizan al actual modelo de desarrollo científico y tecnológico. Debemos permitir que los estados cuenten con los recursos para apoyar y consolidar aquellas instituciones de investigación que responden a sus expectativas de desarrollo y crecimiento. Si no somos capaces de brindar las condiciones para que los estados puedan influir verdaderamente en el perfil de sus respectivos Sistemas Estatales de Investigación, no será posible impulsar las vocaciones regionales ni garantizar el aprovechamiento de las oportunidades para elevar el bienestar de sus poblaciones. La tarea de descentralizar la ciencia y la tecnología es una tarea que no admite dilación. Ésta es una de las razones por la que se ha manifestado una vocación federalista y ha pugnado siempre por una auténtica descentralización. Porque México lo conforman todas las entidades federativas, y mientras mejor se desempeñen los estados en esta y otras materias, México un mejor país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica a incluir dentro del Ramo 39, mil 300 millones de pesos orientados a fortalecer a los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología y los sectores económicos de base tecnológica en las entidades federativas, distribuidos entre los estados que hayan constituido Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, de acuerdo a la fórmula y distribución que se anexa al presente punto de acuerdo.
Segundo. Establecer un mandato para que los estados beneficiados por este fondo generen un sistema de indicadores de desempeño, además de un reporte de resultados al término de cada año fiscal de acuerdo a los lineamientos que establezca la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
1.- El 50 por ciento del monto total asignado al Fondo se distribuirá en partes iguales a cada una de las entidades federativas.
2.- El 50 por ciento restante se distribuirá de acuerdo a la siguiente fórmula de asignación de recursos, donde S representa la sumatoria correspondiente a las entidades federativas y el subíndice i se refiere a la iésima entidad federativa.
Ei = Proporción de la población de la entidad federativa "i" (Pi) con respecto a la población nacional total (SP), de acuerdo con los últimos resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, como sigue:
Pi
Ei= -
SP
CTi = Factor de equidad para el desarrollo de los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología, calculado a partir de la última cifra definitiva de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por entidad federativa, publicada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como sigue:
CTi = (1 + a) - (SNls * a)
SNls = Expresión estandarizada del número de investigadores adscritos al SNI para cada entidad federativa, obtenido de acuerdo al cálculo y definiciones siguientes:
SNli = Número de investigadores de cada uno de los estados en el Sistema Nacional de Investigadores.
Min SNlp = El número de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores del estado con menor adscripción en el país.
Max SNlp = El número de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores del estado con mayor adscripción en el país.
Diputados: Marisol Urrea Camarena, Omar Ortega
Álvarez (rúbrica.).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A DAR PRIORIDAD EN EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN, MEDIANTE UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL PRESUPUESTO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN PÚBLICA, A CARGO DE LA DIPUTADA SHEYLA FABIOLA ARAGÓN CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, diputada por el estado de México, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes:
Considerandos
1. La investigación básica y aplicada es la base de todo sistema nacional de innovación. Acción Nacional sostiene que un sistema nacional de centros de investigación científica y tecnológica sólido, financiado por fondos públicos y orientados a la producción de conocimiento de frontera, debe considerarse como parte primordial de la arquitectura de una economía centrada en el conocimiento.
2. La investigación de frontera debe estar sujeta a la búsqueda de conocimiento y a reflejar el interés por los grandes problemas nacionales, y no puede estar sujeta a una visión de corto plazo, ya sea de origen público o privado, con excepción de aquellos problemas que surjan de una emergencia nacional.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2005 que presente al Pleno de esta soberanía, se priorice el fortalecimiento de las capacidades del sistema público de investigación mediante un aumento significativo del presupuesto de los Centros de Investigación Pública que constituyen este sistema, a través de una asignación específica a cada uno de ellos de manera que se preserve y garantice dicha asignación presupuestal.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2005 que presente al Pleno de esta soberanía, otorgue prioridad a los aumentos a los apoyos en todos los renglones que incidan directamente al financiamiento de proyectos de investigación, las compensaciones que reciben directamente los investigadores, y los programas de becas para formación de científicos y tecnólogos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2004.
Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 SE INCLUYAN RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES Y ESPECÍFICOS QUE PERMITAN CREAR UN CENTRO COMUNITARIO DIGITAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL GONZÁLEZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal Manuel González Reyes del grupo parlamentario de Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones constitucionales
El artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de "examinar, discutir y aprobar el presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior".
Antecedentes
1. En la actualidad la salud es el punto medular para el desarrollo pleno de una sociedad, es un estado de completo bienestar físico, mental y social que logra el equilibrio total en los seres humanos. La Constitución misma desde su artículo cuarto garantiza el derecho a la protección a la salud para todos los mexicanos y por ello, el Gobierno Federal estableció las reglas para que los ciudadanos tengan acceso a los servicios de salud a través de diversas dependencias y organismos que atienden a nivel nacional este rubro. Entre las instituciones que han destacado por su labor se encuentra el Centro Nacional de Rehabilitación, institución única en su género en México y América Latina, cuya misión es abatir la incidencia de la discapacidad.
2. El Centro Nacional de Rehabilitación no es un nuevo hospital, es una institución de transformación y de cambio, es la culminación del esfuerzo, que desde 1973, que inició la Secretaría de Salud y Asistencia y el gobierno de la República Mexicana, a través del Programa Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, para ofrecer a la población en general (niños, jóvenes, adultos y tercera edad), una institución que les asegure obtener soluciones eficaces, ante las diferentes discapacidades que afectan a la población de todo el país bajo el lema: "Ante necesidades específicas, soluciones concretas". Mismo que se ha colocado como una institución innovada, diferente por su concepto de modernidad médica diversa, transformadora de la realidad social y equitativa en la distribución del gasto a la salud.
3. Tan solo en lo que va del año al mes de septiembre, el Centro Nacional de Rehabilitación otorgó un total 173,545 consultas de las cuales 41,948 corresponden a consultas de primera vez y 131,597 consultas subsecuentes. En el área de hospitalización se ingresó un total de 4,584 pacientes y se egresaron 4, 573 pacientes con un promedio de estancia de cuatro días, además se realizaron un total de 5,044 cirugías. Por su parte entonces, el Centro Nacional de Rehabilitación informó que atiende un promedio de 35,000 pacientes mensualmente.
4. En el año 2001, el Centro Nacional de Rehabilitación en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proyectaron la construcción de un Centro Comunitario Digital para personas con todo tipo de discapacidad que se encuentran en un proceso de rehabilitación, lo cual constituye una estrategia para promover el acceso de la comunidad con discapacidad a contenidos de datos, sonidos e imágenes a través de Internet que enriquecen su desarrollo físico, intelectual, cultural, social y todas aquellas formas que promueven su progreso. Pero desafortunadamente en ese entonces por falta y asignación de recursos para la construcción de la obra física en materia de infraestructura el proyecto no se llevó a cabo.
Consideraciones
1. Actualmente la discapacidad constituye uno de los problemas emergentes de salud pública, que en los últimos años se incrementado constantemente, aunque no se dispone de información precisa sobre la incidencia de la discapacidad, se calcula que cada año se presentan, entre otras condiciones, 125,000 casos nuevos de discapacidad como consecuencia de fracturas graves, 67,000 por malformaciones congénitas, 43,000 por secuelas de enfermedad vascular cerebral, 20,000 por secuelas de trauma craneoencefálico, 12,000 por parálisis cerebral y 2,400 de sordera congénita, lo cual representa alrededor de 267,000 casos nuevos de discapacidad solo por estas condiciones, así como también las discapacidades de la comunicación humana incluidas en la enfermedad vascular cerebral, el trauma cráneo encefálico y la parálisis cerebral infantil.
2. En nuestro país, las organizaciones vinculadas a este tema han buscado desplegar proyectos comunitarios para el desarrollo tecnológico e implementación de páginas en Internet y base datos para que sean accesibles a todas las personas con discapacidad, con la finalidad de los individuos conozcan el uso de tecnologías de la información y la comunicación, derivado de la necesidad de su uso social. Por esto, es imperiosa la necesidad de que el gobierno establezca mecanismos que les permitan el acceso a todo tipo de información y comunicación, reconociendo además, que una de las principales necesidades del sector de la discapacidad, es la promoción en la utilización de las tecnologías de información para facilitar su inserción laboral, ya que en la actualidad, no disfrutan de la igualdad de oportunidades de empleo.
3. Si la tecnología no se adapta a las capacidades individuales o no se normaliza según las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad y de otros consumidores, si la información mayoritaria del futuro se procesa de forma que algunos grupos de usuarios con discapacidad queden excluidos, la sociedad con información constituirá una amenaza para las personas con discapacidad en todo el mundo. Por ello es imprescindible que las tecnologías de información y comunicación sean una herramienta para mejorar su integración en materia de formación, empleo, acceso a los bienes y servicios que están a disposición del público y para el desarrollo de una vida plena e independiente.
4. La creación de un Centro Comunitario Digital para discapacitados representaría para México un gran avance en materia de discapacidad a nivel internacional ya que constituiría el primero y único en su género, atendiendo una gran parte de la población discapacitada en nuestro país sin importar el tipo de discapacidad de que se trate, de este modo establece una forma más para promover el acceso de la comunidad con discapacidad a información con servicios y contenidos educativos y de salud que permitirían el desarrollo pleno de sus aptitudes. Conjuntamente a esto tendrían beneficios adicionales como la posibilidad de realizar trámites en línea de manera inmediata y sin tener que desplazarse, sin dejar de mencionar las múltiples posibilidades de comunicación con temas y grupos de interés a nivel nacional e internacional gozando de opciones de cultura y entretenimiento, que en muchos de los casos están limitados a acceder.
5. El Centro Nacional de Rehabilitación actualmente no cuenta con recursos propios asignados para infraestructura ya que todo su presupuesto se destina a gasto corriente lo que significa que todo el capital opera en gastos de distintos rubros, como los son servicios médicos especializados, administrativos y gastos que prácticamente son para operar dicha institución, sin embargo estos recursos apenas fueron suficientes y al mismo tiempo fueron correctamente administrados, muestra de ello han sido los resultados que ha la fecha han obtenido, siendo una institución de garantía en la calidad del servicio para el sector salud. Para el presupuesto 2005 se ha proyectado por parte del Ejecutivo, la cantidad de 569,065,914 pesos para esta institución que atiende a un gran sector de la población discapacitada en México, sin embargo este recurso no atiende el rubro de infraestructura, mismo que es indispensable y necesario para la creación de un Centro Comunitario Digital que representa un costo especifico de 1,651,094 incluido para su operación, cantidad que es mínima a diferencia de los grandes beneficios que tendrán nuestros discapacitados accesando a los servicios de computo, Internet y la información en general. A lo anterior se establece que el presupuesto necesario para el Centro Nacional de Rehabilitación y el específico para el Centro Comunitario Digital para 2005 sería un total de 570,717,008 por lo cual resulta un incremento muy pequeño que el propuesto originalmente y muy por debajo de las grandes cifras que aprueba esta cámara en otros rubros.
6. La construcción de un Centro Comunitario Digital constituye un nuevo paso que marca un cambio en la atención médica de las personas con discapacidad dentro de un modelo conceptual moderno de equidad y justicia social, cumpliendo así, con el compromiso gubernamental que inicia con la implementación de excelencia médica al servicio de la población mexicana que sufre los perjuicios de la discapacidad en todo el país.
Por lo anteriormente expuesto me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se incluya el recurso económico y específico suficiente que permita la creación de un Centro Comunitario Digital para personas con discapacidad, en el Centro Nacional de Rehabilitación por la cantidad de 1,651,094 adicionales al propuesto de 569,065,914 para el Centro Nacional de Rehabilitación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de noviembre de 2004.
Dip. Manuel González Reyes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE ASIGNE EN EL DICTAMEN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 UN INCREMENTO DE 20 MILLONES DE PESOS AL PRESUPUESTO DE LA SEMARNAT PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, A CARGO DE LA DIPUTADA CARLA ROCHÍN NIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Carla Rochin Nieto, del grupo parlamentario de Acción Nacional, pone a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que autorice dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2005, la cantidad de 20 millones m.n. para la realización de acciones y en su caso obras para mejoras a la calidad del aire en varias entidades del país. Con base en las siguientes
Consideraciones
Actualmente, en todo el país nos encontramos con ciudades o regiones, que debido al desarrollo de industrias que actualmente operan sin control sobre las emisiones que emanan al aire, hoy sufren de graves problemas en cuanto a la calidad del aire, y como es de esperarse con consecuencias, en algunos casos de severa y lamentable gravedad, a la salud, y que son palpables, pues solo basta con observar las estadísticas que manejan los centros de salud, donde se refleja el daño que se está generando a la salud pública, es necesario hacer una reflexión sobre el costo que esto implica al medio ambiente, por lo que se vuelve indispensable invertir en los medios como la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Trasferencia de Contaminantes y programas como el Proaire creado para mejorar y vigilar la calidad del aire y que desarrolla y opera soluciones, en cuando menos 12 ciudades del país, incluyendo las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey y en regiones o ciudades específicas donde se tiene evidentes daños a la salud y al medio ambiente como en Salamanca, Guanajuato o el caso de la Comarca Lagunera, que históricamente han reportado enfermedades relacionadas con la calidad del aire.
Es una medida de responsabilidad, el que permitamos que estos 20 millones de pesos, una cantidad mínima en términos del Presupuesto que aquí discutimos, sean utilizados para asegurar el ahorro de un gasto que en lo futuro sería sin lugar a dudas mucho mayor y sin duda desastroso.
Como ejemplo de no hacerlo tenemos los índices alarmantes de mortandad y enfermedades crónicas que hoy se presentan en municipios como el de Salamanca, Guanajuato, donde la población salamantina, sobre todo la población infantil en forma alarmante sufre de enfermedades provocadas por los químicos que emanan de industrias públicas y privadas, dejando libres al aire químicos que dañan el medio ambiente y provocan enfermedades como la leucemia infantil, en cáncer pulmonar o tumores cerebrales, todo este daño ambiental y social que pudiendo hoy evitar con solo invertir esta ínfima cantidad podríamos estar asegurando un futuro más sustentable. Por eso y ante la urgente y obvia resolución de lo anterior antes expuesto se pone a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005 se otorgue un incremento adicional de 20 millones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que se destinen de forma directa a la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de esta Secretaría y coo ello dar una pronta solución al grave deterioro que esta sufriendo la calidad del aire en entidades de todo el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2004.
Dip. Carla Rochín Nieto (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A LIQUIDAR DE INMEDIATO EL ADEUDO DE CUOTAS Y APORTACIONES QUE TIENE CON EL ISSSTE, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO COLÍN GAMBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Estamos a unos días de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 donde una de las principales preocupaciones es la asignación de recursos adicionales para las instituciones de seguridad social.
El cumplimiento con el pago de las pensiones y los recursos para la atención a la salud son los factores que más nos preocupan por la presión financiera que ejercen a las instituciones y es la principal demanda de los diferentes grupos y sindicatos que se han manifestado ante esta Cámara de Diputados.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con el diagnóstico elaborado al inicio de la presente administración, reflejó la realidad de las deficiencias que se convirtieron en un gran reclamo por parte de sus derechohabientes, sin embargo y de acuerdo con los informes presentados a esta soberanía, una vez que se conoció la realidad en que se recibía a la institución, el Gobierno de la República puso especial énfasis en la problemática que estaba afectando su operación, puntualizando además las consecuencias de no atender con oportunidad la problemática estructural del ISSSTE.
Cabe señalar que dicha situación no se generó en un día, sino fue resultado de todo un proceso que estaba encaminado a terminar con el Instituto, sumado a un gran descuido administrativo, una nula previsión de recursos en los diferentes ramos de aseguramiento, una pésima organización y, sobre todo, a una deficiente orientación del gasto.
El pasado 27 de octubre, analizando los datos enviados por el Presidente de la República en su Cuarto Informe de Gobierno y, escuchando los planteamientos hechos por el director general del ISSSTE, los diputados de los diferentes partidos políticos representados en esta Cámara, coincidimos en que no obstante las restricciones presupuestales que ha tenido el Gobierno Federal, éste ha continuado proporcionando un gran apoyo financiero al ISSSTE, a efecto de compensar la insuficiencia de recursos en el Instituto, para enfrentar puntualmente el pago de la nómina de pensiones cubriendo este rubro tan sensible.
También coincidimos en el avance significativo que se ha tenido en materia de atención, aunado a un manejo eficiente de los recursos asignados, a la adecuada renovación y fortalecimiento de la infraestructura médica y a la capacidad de sus médicos y enfermeras, lo cual se ha traducido en buenos niveles de desempeño y mejores servicios.
El director del ISSSTE, en reunión con las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social de esta Cámara, comentó la necesidad de apoyar con recursos adicionales de alrededor de dos mil millones de pesos, para atender la problemática más urgente que aqueja a esa institución, para cumplir adecuadamente con sus programas de atención y cobertura para el año 2005.
Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, preocupada por "el gigantesco rezago que se tiene en la infraestructura hospitalaria, así como la insuficiencia de especialistas, médicos, enfermeras y demás personal en clínicas y hospitales", nos solicitó formalmente, entre otras cosas, la aplicación del artículo 177 de la Ley del ISSSTE.
Este artículo señala que si "los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la ley, el déficit que hubiese, será cubierto por las dependencias y entidades en la proporción que a cada una corresponda".
Lo anterior significa que para tener finanzas sanas en el ISSSTE, deben realizar mayores aportaciones tanto el Gobierno Federal, como las diferentes entidades e instituciones que han celebrado convenios con el Instituto para proporcionar seguridad social a sus trabajadores.
Hay un punto que se puede considerar inquietante e incluso delicado y que se convierte hoy en un factor que actúa en contra de la salud financiera del Instituto, dadas las condiciones insuficientes de recursos presupuestales, es el referente a los considerables adeudos de instituciones y dependencias que suman más de cuatro mil millones de pesos.
Si las entidades e instituciones no han hecho las aportaciones a que se refiere el artículo 177, porque el gasto total del ISSSTE ha sido cubierto hasta hoy con recursos federales, es preocupante que no se envíen los recursos de las cuotas y aportaciones que estas instancias deben cubrir puntualmente a la institución.
De acuerdo con información enviada por el Instituto, son 35 sus principales deudores, de ellos el Gobierno del Distrito Federal, que tiene a sus trabajadores afiliados al régimen del ISSSTE, persiste en el no pago, a pesar de ser el principal deudor, no obstante los esfuerzos que ha realizado el propio Instituto para el efecto, este adeudo, hoy en día, asciende a más de mil ciento dieciséis millones de pesos. Esta situación reviste especial importancia ante las innumerables carencias y la crítica situación económica por la que atraviesa la institución.
¿Qué hace el Gobierno del Distrito Federal con las cuotas y aportaciones que realizan sus trabajadores quincena tras quincena? Si el ISSSTE requiere aproximadamente de dos mil trescientos millones de pesos para su operación normal en 2005 y el DF adeuda aproximadamente la mitad de esos recursos, el pago inmediato del adeudo contribuirá a tener una mejor atención a todos los derechohabientes del Instituto.
No podemos esperar a que esta deuda crezca y que ello contribuya a aumentar la escasez de recursos lo que se reflejaría en la atención que se presta a los mexicanos.
Confiamos en que el Gobierno de la Ciudad de México, de manera responsable cumpla con las obligaciones que tiene para con sus trabajadores y por ende apoye a una institución que presta servicios a más de diez millones de mexicanos, por lo anterior, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente propuesta para ser considerada de urgente y obvia resolución
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que liquide de inmediato el adeudo de las cuotas y aportaciones que tiene con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que asciende a un mil ciento dieciséis millones, trescientos diecinueve mil seiscientos pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2004.
Dip. Roberto Colín Gamboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE INTEGRAR UN FONDO NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICOS POR 1,000 MILLONES DE PESOS A EFECTO DE COADYUVAR A LAS INICIATIVAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DE ALTA TECNOLOGÍA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, María Eloísa Talavera Hernández, diputada federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
1. El desarrollo científico y tecnológico de las naciones constituye su principal instrumento para enfrentar sus retos y propiciar su bienestar. Nuestra época es la era del conocimiento, y la humanidad experimenta profundos cambios en estilos de vida producto del impacto de los avances científicos y tecnológicos en nuestro entorno. Las economías del mundo viven además un periodo de su historia donde las innovaciones tecnológicas sustentan la posibilidad misma para crecer y competir. Aun a pesar de que una y otra vez reconocemos la importancia de esta materia en el desarrollo nacional, seguimos dejando pendiente la tarea de generar las políticas y apoyos necesarios para su impulso.
2. Si bien, México se caracteriza por un sistema de producción científica y tecnológica maduro y competitivo a nivel internacional, el impacto de este sistema en el desarrollo social y económico del país es extraordinariamente limitado, para no decir, prácticamente nulo. Existe pues una notable falta de vinculación entre el sistema de producción y la estructura de la demanda de conocimiento científico y tecnológico. En otras palabras, en México hacemos ciencia de primer mundo, pero esa ciencia no genera desarrollo ni bienestar para los mexicanos. Un sistema de producción científica que no genera impactos económicos es un despropósito equivalente a tener una red de hospitales que no alivia a los enfermos, o un sistema de carreteras que no nos lleva a ninguna parte.
3. Aunque entendemos que el conocimiento es por sí mismo un bien, y su sola contemplación es fuente de bienestar, en el contexto actual donde el futuro de las economías depende de su capacidad para traducir ese conocimiento en innovaciones tecnológicas y productivas, esta transformación ulterior debe considerase como un problema central para el desarrollo del país. Se trata de una debilidad que se explica fundamentalmente por la naturaleza estructural de la economía mexicana, y no necesariamente por las deficiencias de nuestro sistema de producción científica. En última instancia, el problema de transformar el conocimiento en desarrollo y bienestar, es antes que nada un problema de naturaleza económica y debe ser resuelto como tal.
4. La tarea de crear una demanda de conocimiento científico y tecnológico en México pasa necesariamente por crear y fortalecer empresas para las cuáles dicho conocimiento es fundamental. Estas empresas, llamada de base tecnológica, son los principales agentes de las economías intensivas en conocimiento, y constituyen en gran medida la principal fuente de introducción de innovaciones y desarrollo tecnológicos. Un aspecto interesante de estas empresas, es que en su gran mayoría, se trata de empresas medianas y pequeñas, integradas por personal altamente calificado y generadoras de alto valor agregado.
5. Es importante resaltar que en México la promoción de estas empresas, ha corrido por cuenta de los programas de desarrollo empresarial en los estados y algunos municipios. Actualmente estos programas se empiezan a materializar en proyectos de gran escala, por ejemplo, en los casos de los estados de Jalisco, Nuevo León, Baja California, y recientemente Sonora. Aunque estas políticas estatales en muchos aspectos muestran mayor madurez y profundidad que las mismas políticas federales, los estados no cuentan con recursos ni con instrumentos que les permitan otorgar a estas iniciativas el impulso necesario. Solo en ciertos casos, estos programas estatales se han beneficiado directamente de apoyos federales, los cuáles han sido igualmente castigados por restricciones presupuestales.
6. Entre estos programas diseñados para promover la creación, atracción y fortalecimiento de empresas de base tecnológica en México, y que han trabajado de manera estrecha con los gobiernos estatales y municipales debemos considerar al de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y al de Cadenas Productivas de la Secretaría de Economía. Estos programas reflejan de manera explícita esta preocupación, y han mostrado avances significativos en esta tarea. En el caso del primero, esta orientación ha permitido establecer un política estrictamente alineada con las políticas de los estados, donde la dimensión tecnológica ha sido su elemento más distintivo. En el caso del segundo, sólo en el caso de la industria del software se han canalizado directamente a los estados para sus programas agrupamiento empresariales, 86 millones de pesos, poco más de dos terceras parte de los recursos disponibles, y autorizados por esta soberanía para el ejercicio 2004.
7. Por lo anterior, y para fortalecer este vinculo virtuoso que ya existe entre la Secretaría de Economía y los gobiernos de los estados y municipios, así como los sectores empresariales organizados, y para impulsar la creación de un verdadero sistema nacional de innovación que transforme el conocimiento científico y tecnológico en iniciativas de impacto económico, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2005 se destinen para integrar el Fondo Nacional para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico 1,000 millones de pesos.
Segundo. Que el Fondo Nacional para la Innovación y Desarrollo Tecnológico sea manejado por la Secretaría de Economía bajo esquemas de coordinación con los estados, Distrito Federal, municipios y sectores económicos de alta tecnología, para desarrollar proyectos de infraestructura tecnológica, desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo con fines comerciales, creación y promoción de empresas de base tecnológica, y el fortalecimiento de instituciones, organismos e instituciones que coadyuven a su desarrollo.
Tercero. Los recursos asignados a dicho fondo serán integrados por recursos fiscales en el concepto de subsidios que se aplicarán a inversión y al fortalecimiento de fideicomisos estatales constituidos para tal fin.
Dip. María Eloísa Talavera Hernández
(rúbrica)
El que suscribe, José Javier Osorio Salcido, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de que elabore el dictamen correspondiente a la siguiente iniciativa:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los dos últimos párrafos y se adiciona un último párrafo a la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal, y se adiciona un inciso 19) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; para aumentar la penalidad del delito de peculado, así como, tipificar como delito grave al peculado cuando el monto de los fondos distraídos excedan dos mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de ser cometido el delito.
Antecedentes
Los recientes escándalos de corrupción en los que se malversaron recursos del erario público; llámese "Pemexgate" o los famosos "videoescándalos"; han provocado la apatía, el desencanto, y la impotencia de la mayoría de la ciudadanía al ver que los actos ilícitos de estos delincuentes no ameritan como pena la prisión sino solo una destitución de empleo e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Se hace necesario endurecer los castigos contra estos delincuentes para contar con la confianza de la ciudadanía, que pide de manera urgente no se encubran; con leyes tan blandas los delitos cometidos por estos individuos.
Asimismo, con la reciente extradición de Rogelio Montemayor, ex director de Petróleos Mexicanos, se ha puesto el tema en la opinión pública.
La ciudadanía no entiende las incongruencias de nuestra actual legislación penal que permite enfrentar su proceso penal en libertad, a una persona que desvío cientos de millones de pesos.
En este sentido, con el fin de adecuar las leyes a las exigencias de la población, el día 27 de noviembre de 2003, el suscrito, presentó una iniciativa con proyecto de decreto con modificaciones y adiciones el artículo 223 del Código Penal Federal, y adiciones al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Federales; que tiene como finalidad atender al clamor social de aumentar la penalidad del peculado, y considerarlo delito grave.
La sociedad reclama que existe poca productividad de nosotros los legisladores, y con razón, el proceso para presentar una iniciativa y después para ser dictaminada por alguna comisión es demasiado engorroso y burocrático, así, solo un número muy reducido de las iniciativas presentadas en el pleno por los legisladores son dictaminadas por las diversas comisiones de la Cámara de Diputados. Contribuyendo con ello al rezago legislativo.
Por lo que es necesario hacer que se cumpla el término señalado por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; este ordenamiento actualmente es letra muerta; el simple cumplimento de este artículo contribuirá de manera directa a la productividad del trabajo legislativo, y por lo mismo a cambiar la imagen de ineficiente e improductivo que tiene el poder legislativo; por la de una Cámara de Diputados productiva y eficiente.
Esta iniciativa con proyecto de decreto, siguió el trámite legislativo, fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, desde hace ya un año, a fin de que se emitiera el dictamen correspondiente.
Por lo antes expuesto, y atendiendo al hecho que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para la elaboración del dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto para que se reforme el artículo 223 del Código Penal Federal y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el fin de aumentar la penalidad del peculado y considerarlo delito grave.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de noviembre de 2004.
Dip. José Javier Osorio Salcido (rúbrica)
A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS A SOLICITUD DEL DIPUTADO TOMÁS TRUEBA GRACIAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Tomás Antonio Trueba Gracián, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine sobre la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de permitir la reelección inmediata de los integrantes de los ayuntamientos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. En la sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados de fecha 27 de abril de 2004 presenté a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de permitir la reelección inmediata de los integrantes de los ayuntamientos. La Presidencia de la Mesa tuvo a bien turnar dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su correspondiente dictamen.
Segunda. La reforma constitucional del año de 1999 ha permitido reavivar el tema del municipalismo en México. Gracias a esta reforma, los municipios son reconocidos como ámbitos de gobierno, se clarifica su facultad reglamentaria y se determinan sus competencias exclusivas. El proceso de descentralización de responsabilidades que inició esta reforma, así como la constante exigencia por gobiernos municipales más responsables y eficaces en sus tareas públicas, exigen una revisión del sistema de integración y elección de los ayuntamientos.
Tercera. El objetivo específico de la reforma es flexibilizar el marco normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que sean los ayuntamientos y las legislaturas locales las que determinen si se permite la reelección inmediata de los integrantes de los ayuntamientos.
Cuarta. La reforma del Constituyente Permanente de 1933 para imponer la no reeleción inmediata en todos los poderes ejecutivos y legislativos eliminó la facultad soberana que tenían las legislaturas locales para definir si se tenía cabida la continuidad de los gobiernos.
Quinta. Esta reforma, así como muchas que le sucedieron, fue una reforma centralista que eliminó la posibilidad de comparar qué estados tienen un mejor diseño institucional en sus sistemas de gobierno municipal.
Sexta. El Municipio es sinónimo de libertad. En ellos se desarrollan cuatro elementos básicos de desarrollo cívico y humano: participación ciudadana, democracia, solidaridad y subsidiariedad. Debemos fortalecer estos elementos dando la libertad de decisión a cada habitante para que con su sufragio exprese la voluntad para dar continuidad cuando existan buenas acciones de gobierno o para cambiar cuando las acciones de gobierno no satisfagan a la ciudadanía.
Séptima. La posibilidad de reelección inmediata de los ayuntamientos o de los presidentes municipales posibilitará premiar los buenos gobiernos; permitirá que haya planeaciones de largo plazo y sentará los inicios para la profesionalización de los servidores públicos municipales. Los tiempos de los gobiernos municipales se vuelven como un viaje de cometa; apenas inician los trabajos y ya se tiene que preparar la entrega, lo que ocasiona que cada tres años se reinvente el gobierno municipal. La pérdida de continuidad origina más atraso, con el consecuente castigo a los ciudadanos de marginación y retraso de obras y servicios.
Octava. La reelección es determinación y madurez, es democracia y definición, es garantía de progreso y bien común. La reelección inmediata es una práctica democrática, es una evaluación de la ciudadanía, es una forma cívica de transparencia y rendición de cuentas, así como mecanismo para que los funcionarios cumplan cabalmente con las obligaciones que le competen.
Novena. En Acción Nacional estamos en contra de la reelección del Presidente de la República, de los gobernadores de los estados y del jefe de gobierno del Distrito Federal; pero si estamos a favor de la reelección de ediles.
Décima. El federalismo político nos exige cambios para tener gobiernos más cercanos a la gente. El federalismo político nos debe llevar a una mejor transparencia y rendición de cuentas en las que los ciudadanos también participen con su voto.
Por lo antes mencionado, solicito respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Diputados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que a la mayor brevedad, dictamine sobre la iniciativa en comento.
Dip. Tomás Trueba Gracián (rúbrica)