Con fundamento en el artículo 38, párrafo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:
Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las reglas para el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005
Considerando
Primero. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tiene facultades para establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, discusiones y deliberaciones;
Segundo. Que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente, previo examen, discusión y en su caso modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, el Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal manera que pueda ejercerse a partir del 1 de enero del año siguiente;
Tercero. Que el artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal señala que el Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expensar durante un año a partir del 1 de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalan;
Cuarto. Que siguiendo los principios clásicos del derecho presupuestario, la legislación, doctrina y jurisprudencia mexicanas, han sostenido inveteradamente el principio de anualidad del Presupuesto de Egresos;
Quinto. Que en la legislación mexicana vigente, los artículos 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Vigésimo Segundo del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación de la Cámara de Diputados, del 9 de octubre de 2003, se reconoce el principio de que el Pleno es el órgano supremo y puede, por tanto, en casos extraordinarios, dispensar los trámites ordinarios a que queda sujeto un dictamen, tanto por lo que se refiere a su publicación como a su lectura previa.
Sexto. Que es el caso de que en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se vinieron discutiendo distintas propuestas sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y que con esta fecha se logró un dictamen suscrito por la mayoría de los miembros de la misma.
Séptimo. En atención a lo señalado en el considerando anterior, con el consenso entre los grupos parlamentarios, se considera necesario establecer reglas expeditas para la discusión y votación del dictamen, con el objeto de cumplir en tiempo y forma el deber constitucional de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre.
Octavo. Que en cumplimiento del mandato constitucional, la Cámara de Diputados debe expedir el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre del año previo al en que deba ejercerse.
Por lo anterior, y en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 38, párrafo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y Vigésimo Segundo, del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación de la Cámara de Diputados, del 9 de octubre de 2003; se expiden las siguientes
Reglas para el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005
Primera. Es objeto único de las presentes reglas regular la forma y términos en que se discutirá y votará en el Pleno de la Cámara de Diputados, el Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2005.
Segunda. Las propuestas de modificación de los artículos reservados y sus anexos, deberán proporcionarse a la Secretaría de la Mesa Directiva, en hoja membreteada, signada por el autor de la proposición, sin tachaduras ni enmendaduras. Aunado a lo anterior, la propuesta deberá resaltar con negrillas el texto a enmendar y tratándose de anexos, deberá precisarse el número de anexo, ramo o rubro, así como el programa a que haga referencia, igualmente, las cantidades deberán señalarse en negrillas.
De ninguna manera se admitirán proposiciones autógrafas o en fotocopias de la Gaceta Parlamentaria.
Tercera. El debate en lo general y en lo particular del dictamen se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
a. Habrá una ronda de oradores para posicionamiento de los grupos parlamentarios en la cual podrá intervenir un orador por cada uno de ellos hasta por 10 minutos; las intervenciones de los oradores se harán en orden creciente, tomando en consideración el número de diputados que integran cada grupo parlamentario.
b. Agotada la ronda de posicionamientos a que se refiere el inciso anterior, se abrirá una ronda de oradores, dos en contra, y dos a favor del dictamen, quienes podrán hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.
c. Acto seguido, se consultará al Pleno si se reservan artículos del dictamen para su discusión en lo particular;
d. Una vez que la Mesa Directiva haya registrado las reservas que se hayan formulado de artículos para su discusión en lo particular, procederá a tomar la votación nominal en lo general, así como de los artículos no impugnados del dictamen.
Cuarta. Si el dictamen obtuviere mayoría de votos de los diputados presentes, se procederá a la discusión de los artículos reservados en lo particular de la siguiente manera:
a. Por cada artículo o anexo reservado, se podrán inscribir tantos oradores como propuestas haya, los diputados podrán hacer uso de la palabra para leer su proposición, hasta por cinco minutos cada uno.
b. Una vez concluidas las intervenciones de los diputados a que se refiere el inciso anterior, la Secretaría dará lectura a cada una de las proposiciones, mencionando a su autor y, consultará a la Asamblea, en votación económica, si se admite o se desecha la proposición.
c. Se procederá a tomar la votación nominal, hasta por tres minutos, de cada una de las proposiciones admitidas de los artículos reservados, así como de los artículos reservados cuyas propuestas de modificación no fuesen admitidas.
Transitorio
Único. Las presentes reglas entrarán en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de noviembre de 2004.
Por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica)
Presidente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica
p.a)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica
p.a)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado en votación económica. Noviembre
9 de 2004)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL FIN DEL ACUERDO MULTIFIBRAS Y LA DECLARACIÓN DE ESTAMBUL
Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al fin del acuerdo multifibras y la "Declaración de Estambul"
CC. Secretarios
Cámara de Diputados
Presentes
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la materia objeto del presente, misma cuyo original se anexa, suscrita por diputadas y diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la cual fue analizada en la sesión de trabajo de este órgano de gobierno del 8 de noviembre del presente, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Economía, información detallada y pormenorizada a esta Soberanía sobre:
2. Medidas diseñadas y/o instrumentadas para el apoyo y protección de las actividades productivas de la cadena fibra-textil-vestido del país ante el fin del mencionado Acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús E. Martínez Álvarez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado en votación económica. Noviembre
9 de 2004.)
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL, COMO OPINIÓN ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, Y AL FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Con fundamento en las facultades establecidas en los artículos 39 y 45, numeral 6 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social, acordó solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, en la elaboración del dictamen correspondiente al Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 (PPEF 2005), se incluyan modificaciones al gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) y se incluya una partida especial para constituir el Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas, conforme a las siguientes
Consideraciones
A. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social
1. De acuerdo a las valuaciones actuariales contenidas en el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social de junio de 2004, las perspectivas de corto plazo para el Instituto son poco alentadoras. La disminución en la afiliación observada desde finales de 2000 hasta 2003, así como la dinámica del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), apuntan a efectos negativos para los años 2004-2006. Estos efectos, aunados a los incrementos previstos en el gasto directo por sumas aseguradas; al incremento en el nivel de reservas financieras y actuariales y a las aportaciones que por Ley deben hacerse al Fondo para el Cumplimiento de las Obligaciones Laborales de Carácter Legal y Contractual, llevarían al Instituto a una situación de insuficiencia en la disponibilidad de flujo de efectivo en sus reservas operativas a partir de 2005. En ese año, el IMSS tendría que retirar 10 mil 431 millones de pesos de las reservas operativas, y en el 2006 de 21 mil 942 millones de pesos; es decir, no contaría con disponibilidades para cubrir los gastos previstos.
El IMSS ha reconocido la insuficiencia de recursos e infraestructura para atender los servicios médicos obligación del Instituto, situación que se agrava en el caso del Gasto Médico de Pensionados (GMP) del Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), derivado del envejecimiento de la población y el mayor peso de las enfermedades crónico-degenerativas.
El Informe citado, indica que la población derechohabiente y la usuaria se han incrementado más de tres veces en las últimas tres décadas, pasando de 14.3 millones en 1974 a 41.8 millones en el 2003 y de 10.6 a 32.3 millones, respectivamente. En tanto, el número de consultorios se incrementó en sólo 114.6 por ciento y se agregaron 5,825 camas hospitalarias, esto es, sólo 25 por ciento más, en el mismo período. En particular, de 2002 a 2003, sólo se abrieron 32 nuevos consultorios de medicina familiar y el número de camas se incrementó en 92, mientras que se registraron 544 mil 290 nuevos derechohabientes usuarios en ese mismo lapso.
El IMSS registra un déficit significativo de camas hospitalarias, ubicándose particularmente en el segundo nivel de atención. El requerimiento institucional de camas hospitalarias es de 34 mil 772, de las cuales 29 mil 208 deben corresponder al segundo nivel y 5 mil 563 al tercero.
Entre las obras iniciadas por el IMSS, se cuenta con cuatro Unidades Médicas de Medicina Ambulatoria que no inician su operación debido a su reciente conclusión, en el caso de las ubicadas en Ciudad Juárez y Reynosa, y por dificultades para dotarlas de personal, en los casos de Tijuana y Texcoco. Dos más se encuentran en proceso de construcción y se espera que inicien su funcionamiento en este año.
Por otra parte, existen 11 obras de unidades médicas inconclusas, ocho de ellas iniciadas a principios de los años 80 y tres entre 1990 y 1992.
Además, existen cinco unidades médicas que por diversos motivos no han avanzado al ritmo esperado en su proceso de construcción, y por lo mismo han diferido la fecha de término, y otras ocho que no habían iniciado operaciones, debido a la imposibilidad de respaldar presupuestalmente la plantilla de personal para el otorgamiento de los servicios.
Según estimaciones del Instituto, si se mantiene la tendencia de crecimiento de la población usuaria, para el año 2006 el IMSS tendrá casi 35 millones de usuarios. Para prestar servicios a esa población, sería necesario incorporar a la infraestructura al menos 7 mil camas y 2 mil 500 consultorios adicionales a los actuales.
Finalmente, otro de los problemas que enfrenta el Instituto es la obsolescencia del equipo médico, ya que al menos uno de cada cinco de los equipos relevantes tiene más de 15 años.
La magnitud de las necesidades de los servicios significa que para el Instituto es fundamental contar con recursos para la inversión en equipo, tanto para reemplazarlo cuando la obsolescencia o la funcionalidad lo ameritan, como para incorporar tecnologías emergentes capaces de ofrecer beneficios a la salud de la población e incrementar la eficiencia operativa reduciendo costos en la atención. No disponer de ellos significa continuar con un rezago que en el tiempo ha sido un factor determinante del deterioro en la oportunidad y calidad de atención a los derechohabientes.
2. Con el objetivo de abordar de manera integral la problemática que enfrentan los principales institutos de seguridad social en el país, así como identificar, analizar y proponer alternativas para su tratamiento, esta Comisión llevó a cabo en Ixtapan de la Sal, estado de México, la reunión de trabajo "Problemática Integral de las Instituciones de Seguridad Social" los días 24 y 25 de agosto de 2004. En dicho evento, se contó con la presencia de los directores generales del IMSS y del ISSSTE, de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
En una de las mesas de trabajo se tocó el tema "Recursos para atención médica: infraestructura médico-hospitalaria, equipamiento, abasto de medicamentos, insumos y materiales de curación, recursos humanos" del IMSS.
De acuerdo a la información vertida por la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto en dicha sesión, los requerimientos presupuestales del Instituto para 2005 ascienden a 7 mil 385.5 millones de pesos adicionales, distribuido según cuadro siguiente:
3. El PPEF 2005 propone un gasto programable para el Instituto de 204 mil 707.6 millones de pesos, 6.8 por ciento más que el aprobado para 2004. Comparado con el Presupuesto aprobado para 2004, el Proyecto enviado por el Ejecutivo a esta Cámara para el año entrante importa 20 mil 632.2 millones de pesos adicionales.
El Proyecto contempla además destinar 9 mil 406 millones de pesos para las Reservas del Instituto, casi 4 mil millones de pesos menos que las destinadas en 2004, que fueron de 13 mil 132.6 millones de pesos.
De acuerdo a la clasificación funcional del gasto, de ese total, el 52.1 por ciento (106 mil 723.9 millones de pesos) se destinan a salud, y el restante 47.9 por ciento (97 mil 983.7 millones de pesos) a seguridad social. Esta última función crece 11.4 por ciento real, mientras que el presupuesto destinado a salud lo hace en 2.8 por ciento.
El componente del gasto previsto para el IMSS que se incrementa en mayor medida es el de capital, que prácticamente duplica al aprobado para el año en curso. De un presupuesto de 750 millones de pesos en 2004, se pasa a 1 mil 538.4 millones como proyecto para 2005; no obstante este incremento, la inversión física presupuestada para el Instituto es menor en 46.6 por ciento en términos reales respecto a la ejercida en 2003.
Otro capítulo del gasto que crecerá en 2005 es el de servicios generales (24.8 por ciento en términos reales), ubicándose en 14 mil 924 millones de pesos. Este crecimiento se registra principalmente con el servicio de guarderías, que crece 50.6 por ciento real.
En la reunión de trabajo celebrada por esta Comisión con representantes del IMSS el 29 de septiembre, y en Comisiones Unidas de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social, con el Director General del IMSS, Dr. Santiago Levy Algazi, el 19 de octubre pasado para analizar el proyecto de presupuesto de la Institución, se calificó al mismo como "suficiente y responsable" para atender los requerimientos presupuestales mínimos para la operación del Instituto.
No obstante, esta declaración no parece corresponder a los requerimientos solicitados por la Dirección de Prestaciones Médicas en la reunión de Ixtapan de la Sal citada. De acuerdo a estimaciones hechas con base en la información disponible, no se aprecia que se hayan atendido dichos requerimientos.
En ese sentido, se tiene el caso del gasto previsto para servicios personales. En este capítulo se tiene un incremento de 6.4 por ciento en términos nominales, que significa 4 mil 909 millones de pesos adicionales, frente a 3,585 millones de pesos que solicitó el Instituto para plazas médicas destinadas a infraestructura concluida e infraestructura nueva. Sin embargo, no se tiene información de que estos recursos adicionales presupuestados se destinen al aumento en las plazas planteado.
Otro caso es el de infraestructura. Pese a que se duplica el gasto en inversión para el IMSS y que se ejercerá en 38 programas y proyectos de inversión de los requeridos por el Instituto, en el PPEF 2005 no están contemplados cinco hospitales y 17 Unidades Médicas de Atención Ambulatoria, que significan (en el caso de los primeros) no poder contar con 838 camas que se requieren con urgencia.
4. Los requerimientos de personal indiscutiblemente que son una necesidad imperiosa, como lo son también los correspondientes a material y equipo, por lo que se considera que en este rubro debe incrementarse cuando menos en una cantidad de 1 mil 500 millones de pesos destinados específicamente al gasto de operación del Seguro de Enfermedades y Maternidad.
La meta de reservas que se fija en el Proyecto de Decreto es una cantidad global y corresponde, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, al Consejo Técnico decidir qué parte de esa meta de reservas deba destinarse a cada uno de los seguros del régimen obligatorio que la misma ley establece; por ello, por lo que se refiere al ejercicio fiscal de año 2005 deberá disminuirse en la cantidad señalada la reserva del Seguro de Enfermedades y Maternidad, y utilizar el resto para las reservas de los demás seguros en la forma que el Consejo Técnico determine.
El IMSS es un organismo tripartita en el que sus ingresos dependen de las cuotas obrero patronales y de la aportación del gobierno federal; éste último tiene la carga del costo de la transición entre un sistema de financiamiento que estuvo vigente hasta junio de 1997 y el actual, que se cubre con recursos fiscales. La propuesta que se hace no tiende a que se aumente esa carga, ya bastante elevada, sino que con base en los ordenamientos legales que estipulan el destino de las reservas de cada seguro obligatorio, por lo que hace al ejercicio fiscal del año 2005, las correspondientes al Seguro de Enfermedades y Maternidad no se incrementen y la cantidad mencionada se utilice para el gasto de operación.
Esta modificación significa reducir en 15.9 por ciento la meta de reservas propuestas en el PPEF e incrementar en 1.4 por ciento el gasto programable del IMSS destinado a la salud.
5. Un aspecto que resulta imperativo atender es el caso del programa IMSS Oportunidades. El proyecto de presupuesto destinado al mismo asciende a 4 mil 360.7 millones de pesos, lo que significa un incremento de 1.8 por ciento en relación a 2004 en términos reales. Este aumento resulta insuficiente para la cobertura de las plazas que recientemente se incorporaron con todos sus derechos a la nómina del IMSS, y provocaría una disminución del 11 por ciento en el abasto de medicamentos, material de curación, vacunas y otros insumos para la salud.
De aprobarse esta propuesta del Ejecutivo, se estaría limitando la posibilidad de capacitación institucional, gestión, movilización y capacitación a la comunidad en materia de salud y se afectaría la infraestructura del programa, al no prever recursos para gasto de capital, cuando apremian trabajos de remodelación y adecuaciones en unidades médicas, reposición de mobiliario, equipo médico y vehículos.
Para restituir lo correspondiente a insumos para la salud, desarrollar la capacitación institucional y a la comunidad, y mantener en condiciones de operación la infraestructura física y reposición de vehículos, se requerirían 500 millones de pesos adicionales a lo presupuestado por el Ejecutivo.
Esta reasignación permitiría incrementar en 11.5 por ciento el presupuesto de IMSS Oportunidades propuesto en el PPEF 2005.
B. En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE)
1. En la reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Social, celebrada en Ixtapan de la Sal referida en el apartado anterior, se abordó el tema "Recursos para atención médica: infraestructura médico-hospitalaria, equipamiento, abasto de medicamentos, insumos y materiales de curación y recursos humanos", con una presentación por parte de la Dirección General del ISSSTE.
De acuerdo con el diagnóstico presentado, los retos que tienen los servicios médicos de la Institución se traducen en contar con infraestructura suficiente en el primer nivel de atención, para atender el 100 por ciento de la demanda de servicios médicos; contar con los recursos humanos necesarios, sobre todo en el primer nivel de atención y con recursos presupuestales para la sustitución de personal de retiro voluntario y renovar el equipo médico obsoleto (más de 25 mil equipos mayores tienen una antigüedad superior a 18 años).
Lo anterior se traduce también en garantizar el surtimiento completo de recetas; disponer de suficientes recursos presupuestales para conservación y mantenimiento de inmuebles y equipo médico, para frenar el deterioro y el gasto institucional y dar servicios oportunos para la atención de especialidades.
La infraestructura institucional tiene más de 20 años de antigüedad; lo cual representa un área crítica de la mayor prioridad para los siguientes años. Para garantizar una atención médica de calidad se requiere, de acuerdo a la visión de la Dirección General del ISSSTE, la construcción y equipamiento de 187 unidades médicas del primer nivel de atención, para sustituir al 30 por ciento de las actualmente subrogadas (417) y el 100 por ciento de las rentadas (62); construcción y equipamiento de ocho centros regionales de diagnóstico tipo CLIDDA y de ocho clínicas regionales de especialidades: oftalmología, ortopedia, oncología y otorrinolaringología, así como la construcción y equipamiento de cuatro hospitales generales.
Para la institución, es necesario fortalecer a las unidades del primer nivel de atención para cumplir con el estándar de un médico por cada 3 mil derechohabientes. Los servicios médicos del Instituto requieren de 12 mil 659 plazas (3 mil 856 médicos; 3 mil 840 enfermeras; 1 mil 364 paramédicos y 3 mil 599 de personal de apoyo en salud).
Por otra parte, según lo expuesto por los representantes de la Institución, por cada peso no utilizado oportunamente en el mantenimiento y conservación del equipamiento médico se genera un deterioro, que demanda una inversión por reposición equivalente a tres veces más. La infraestructura física existente requiere para su adecuado funcionamiento y conservación una mayor inversión.
Durante los últimos ocho años, se ha registrado un déficit superior a los 1 mil 290 millones de pesos, que genera una presión inmediata en materia de inversión a realizar, para atender la reposición de menos del 10 por ciento del patrimonio en uso.
Las fallas en el funcionamiento de instalaciones y equipos dispuestos para el otorgamiento de servicios médicos, provocan diferimientos, gastos mayores de operación, subrogaciones, así como quejas y demandas.
En suma, estas condiciones limitan una atención médica que cumpla con premisas para una atención médica que sea
Completa: disponibilidad de equipo y tecnología actualizada, de insumos para el diagnóstico y el tratamiento, y de medicamentos en cantidad y calidad, y
Cálida: Un equipo de salud profesional que otorgue atención al derechohabiente de forma digna.
2. Para 2005, el Ejecutivo Federal propone un gasto programable de 68 mil 493.2 millones de pesos para el ISSSTE. Este presupuesto, representa un aumento real del 19.3 por ciento, respecto al aprobado para 2004.
El gasto previsto en el PPEF 2005 muestra un crecimiento desigual en términos reales: el gasto para salud crece 11.3 por ciento, el de seguridad social 20.1 por ciento y el de urbanización, vivienda y desarrollo regional 90.8 por ciento.
En el Proyecto presentado por el Ejecutivo, el gasto en salud representa el 31.4 por ciento; en seguridad social, el 63.7 por ciento y en urbanización, vivienda y desarrollo regional, el 4.9 por ciento.
En cuanto a la inversión en infraestructura, el Proyecto de Presupuesto presenta una reducción de 22.5 por ciento en salud; pero aumentos del 37.0 por ciento y del 90.8 por ciento en seguridad social y vivienda, respectivamente.
De acuerdo con el cierre estimado para 2004, el gasto para Pensiones y Jubilaciones ascenderá a 32 mil 486.5 millones de pesos, y considerando los ingresos por cuotas y aportaciones (estimados en 10 mil 618.5 millones de pesos para el mismo año), se utilizarían 21 mil 867.9, de 24 mil 627.3 millones de pesos presupuestados originalmente por concepto de Transferencias del Gobierno Federal, para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE, es decir, 2 mil 759.3 millones de pesos menos.
El PPEF 2005 estima un gasto en Pensiones y Jubilaciones por 36 mil 044.1 millones de pesos y Transferencias del Gobierno Federal del orden de 30 mil 976.9 millones de pesos; es decir, se considera, dentro de las Transferencias, un margen excedente de 5 mil 067.2 millones de pesos.
Respecto de 2004, se observa una caída de 93.6 por ciento (menos 1 mil 573.9 millones de pesos) en las aportaciones para pensiones de la Administración Pública estatal y Municipal.
3. En reunión de trabajo convocada por la Comisión de Seguridad Social, para tratar el asunto presupuestal, realizada el 5 de octubre de 2004, y en reunión de trabajo convocada por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social, el 19 de octubre del mismo, la Dirección General del ISSSTE expuso ante esta Comisión las características del Proyecto de Presupuesto y sus implicaciones frente a los servicios que tiene que prestar el ISSSTE a sus derechohabientes.
El primer aspecto que se destacó en la reunión fue que el presupuesto del ISSSTE registrará en 2005 uno de los incrementos más altos de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, pero que de su gasto programable, el 89.3 por ciento se constituye por "erogaciones esenciales y por ley", o sea por compromisos ineludibles de la Institución: el pago de servicios personales, de pensiones, devolución de depósitos y compra de medicamentos. Esto significa que el restante 10.7 por ciento se destina al "margen de operación" en que se erogan otros materiales, servicios generales e inversión física.
Las partidas presupuestales cubiertas en 2005 son, según el Instituto: pensiones, abasto básico de medicamentos, inversión física similar a la erogada en 2004, incorporación de 400 nuevas plazas a partir de septiembre de 2004 y un monto para devolución de depósitos similar al cierre de 2004.
Sin embargo, existen otros conceptos en que el presupuesto que se propone será insuficiente: abasto de insumos médicos; abasto de medicamentos innovadores y ampliación del cuadro institucional; inversión en obra y equipamiento; devolución de depósitos (de acuerdo a estudios actuariales) y gasto de operación que es el que presenta el menor crecimiento.
Por otra parte, con la propuesta de presupuesto 2005 para el ISSSTE, no se alcanza a cubrir la incorporación de 3 mil niños a las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil; ninguna de las necesidades de mantenimiento; el gasto en energía eléctrica por el crecimiento de las tarifas y el costo de todos los servicios que crezcan por arriba de la inflación.
De acuerdo a los requerimientos presupuestales planteados a la Comisión en Ixtapan de la Sal, los recursos adicionales propuestos en el PPEF 2005 equivalen al 14.6 por ciento de las demandas de infraestructura física; al 3.5 por ciento de las exigencias de personal de salud; al 10.1 por ciento de los requerimientos de conservación y mantenimiento; al 28.5 del necesario abasto de insumos médicos y al 16.7 por ciento de las necesidades de equipamiento médico.
De acuerdo a los requerimientos citados, se estiman en 2 mil 338.8 millones de pesos los requerimientos adicionales para el ISSSTE, mismos que se distribuyen de la siguiente manera:
419 millones de pesos para equipamiento, básicamente dirigidos a servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, equipamiento vehicular, equipamiento informático, mobiliario y equipo administrativo;
40 millones de pesos para la incorporación de 3 mil niños y niñas en lista de espera a las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil;
198.8 millones de pesos para conservación y mantenimiento: 43.9 millones de pesos para el primer nivel de atención; 43.9 para segundo nivel y 48.5 para tercer nivel;
445 millones de pesos para obra pública para terminar obras como la continuación del Hospital General Emiliano Zapata en Cuernavaca, Morelos; construcción de 7 clínicas de medicina familiar; ampliación y remodelación de 11 hospitales generales y 3 regionales; remodelación integral de 47 unidades del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias; ampliación y remodelación de 11 clínicas hospitales, 14 unidades y 3 clínicas de medicina familiar; conservación y rehabilitación de infraestructura médica en 59 unidades; conservación y mantenimiento de 135 Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, entre otros;
350 millones de pesos para créditos hipotecarios para atender la problemática rezagada de conjuntos habitacionales, sobre todo de aquellos en los que será necesario otorgar ampliaciones de crédito para conclusión de obras de construcción, y
300 millones de pesos para devolución de depósitos. Según estudios actuariales, los requerimientos para cumplir estas obligaciones en 2005 demandarán del Instituto una erogación de 2 mil 245 millones de pesos, por lo que debe ampliarse esta partida que sólo contempla 1 mil 950 millones de pesos.
C. En el caso del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
El presupuesto previsto para el ISSFAM en 2005 es de 2 mil 282.2 millones de pesos, cantidad menor en 0.5 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2004.
De este total, el 35.4 por ciento se destina a salud (808.7 millones de pesos) y el 64.6 por ciento a seguridad social (1 mil 473.5 millones de pesos). Mientras el gasto en salud registraría un decremento de 15.8 por ciento respecto a 2004, el gasto de seguridad social se incrementaría en 10.6 por ciento. Además, los proyectos de inversión decrecen en 2.2 por ciento en términos reales.
La caída en el presupuesto médico del ISSFAM se debe, según información vertida a esta Comisión de Seguridad Social en reuniones de trabajo con representantes del Instituto celebradas el 5 y el 19 de octubre del presente año, a la transición demográfica y epidemiológica, al avance en la tecnología médica, que hace más costosa su compra y mantenimiento, a mayores exigencia por parte de los usuarios del servicio y al alto costo de la medicina en el medio privado, lo que hace que cada día acudan mas a los servicios médicos institucionales.
Asimismo, las recientes reformas a la Ley del ISSFAM, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2003, amplían la cobertura de sus beneficiarios pero imponen una mayor carga presupuestal al Instituto. Concretamente, nos referimos a aspectos como los siguientes:
El artículo 142, que considera el derecho al servicio médico a los hijos de los militares en activo y retirados, hasta los 30 años (siempre y cuando estén estudiando), los padres del militar (antes sólo después de los 55 años, o en caso de inutilidad) y el cónyuge de la mujer militar sin limite de edad, y
El artículo 153, que establece que los pensionistas tendrán derecho al servicio médico gratuito (antes lo tenían que solicitar y aportar 5 por ciento de sus pensiones).
Esta prestación se cubre con la prima pagada por cada militar de 3 por ciento del total del haber y sobrehaber mínimo vigente mensual y con la cuota complementaria de 0.5 por ciento sobre el total de los haberes mensuales de todos los militares en activo, a cargo de las secretarías de las Defensa Nacional y de Marina.
El monto de esta prestación va de 16 a 50 meses de haber y sobrehaber mínimo vigente conforme al último grado militar y de manera progresiva según los años de servicio. Tienen derecho a este seguro los militares con 20 años de servicio efectivo que soliciten su retiro, los que se retiren por cumplir la edad límite en el grado que ostenten y con 20 años de servicio y los militares inutilizados en actos dentro del servicio o a consecuencia de ellos y los militares inutilizados en actos fuera del servicio.
A los militares que no alcancen a cubrir tales requisitos, les son devueltas sus aportaciones más 20 por ciento adicional, bajo determinadas condiciones. Como ha venido sucediendo, el pago de estas prestaciones resulta una presión a las finanzas del ISSFAM.
Esta Comisión considera que para apoyar la seguridad social de las fuerzas armadas deberían destinarse 300 millones de pesos adicionales al ISSFAM para mejorar los servicios médicos, en especial en lo referente a abasto de medicamentos.
La reasignación propuesta equivale al 13.1 por ciento del gasto programable del ISSFAM y al 24.9 por ciento de la aportación del Gobierno Federal por los haberes y haberes de retiro.
D. En el caso del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas
Para los presupuestos de los años 2002 y 2003, se incluyó un Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas, para abatir el pasivo de estas instituciones de educación superior en materia de seguridad social.
Este Fondo operó sobre la base de convenios de cada institución para enfrentar la carga financiera de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas con un monto de 1 mil millones de pesos en cada ejercicio respectivo presupuestal.
Según cálculos de SEP-ANUIES, el monto final de la reducción de los pasivos fue de 147 mil 786 millones de pesos. En 2002, participaron en estos procesos 20 universidades que recibieron apoyos; 14 que realizaron modificaciones a sus esquemas, acordados bilateralmente; 4 establecieron fondos para operar los sistemas; una estableció un esquema de transferencia de obligaciones al ISSSTE y una acordó un esquema de retención de aportaciones.
En 2003, 7 iniciaron su proceso de reforma, 4 propusieron por segunda vez acciones para resolver su problema de pensiones y 15 reportaron resultados de las reformas emprendidas.
Sin embargo, en 2004 no se presentaron propuestas de recursos a este Fondo ni en 2005 aparece una propuesta. Consideramos fundamental incluir una partida de 1 mil 500 millones de pesos para destinarlos a este fin, en la medida en que las instituciones participantes en este programa han logrado la reducción de los pasivos de sus sistemas de pensiones y jubilaciones en comparación con la inversión realizada para lograrla.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Seguridad Social solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluir en el Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005, los siguientes:
Acuerdos
Primero. Disminuir de la meta de reservas establecida en el artículo 5 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cantidad de 1 mil 500 millones de pesos para ser destinados al gasto de operación del Seguro de Enfermedades y Maternidad.
Segundo. Destinar a la partida del programa IMSS Oportunidades, contenida en el Ramo 19 Aportaciones a la Seguridad Social, 500 millones de pesos adicionales para la adquisición de insumos para la salud, desarrollar capacitación institucional y capacitación a la comunidad y mantener en condiciones de operación la infraestructura física y reposición de vehículos del programa.
Tercero. Destinar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una cantidad adicional de 2 mil 338.8 millones de pesos, para distribuirse de la siguiente manera: 586 millones de pesos para adquisición de medicamentos innovadores y de nueva inclusión en el cuadro básico; 419 millones de pesos para equipamiento; 40 millones de pesos para incorporación a las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil; 198.8 millones de pesos para conservación y mantenimiento; 445 millones de pesos para obra pública; 350 millones de pesos para créditos hipotecarios y 300 millones de pesos para devolución de depósitos.
Cuarto. Esta Comisión considera que para favorecer la seguridad social de las fuerzas armadas deben destinarse 300 millones de pesos adicionales al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para apoyar los servicios médicos, en especial en lo referente a abasto de medicamentos.
Quinto. Incluir una partida por 1 mil 500 millones de pesos destinada a constituir el Fondo de Apoyo Extraordinario a Universidades Públicas, para apoyar la realización de proyectos formulados por las universidades públicas estatales e instituciones afines, que incidan en la solución de los problemas originados por sus sistemas de pensiones y jubilaciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 28 de octubre de 2004.
Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín, Manuel Pérez Cárdenas, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa, Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Ángel Llera Bello, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián, Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).
Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Palacio Legislativo, a 8 de noviembre de 2004.
Por instrucciones del Diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en comisión, solicitado por el diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Atentamente
Diputado José González Morfín (rúbrica)
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la presente iniciativa que reforma el artículo 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en base a la siguiente
Exposición de Motivos
Consagrada por el articulo 4º de nuestra Norma Suprema la garantía de que, "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar" y reforzada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Considerando que uno de los anhelos de los mexicanos es el de vivir en un ambiente sano y adecuado para la vida y el desarrollo de las generaciones futuras, así como promover un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Lo antes dicho sólo se logra a través de un marco regulatorio eficiente y eficaz. La ley y su adecuación a las condiciones sociales imperantes, es una responsabilidad que el pueblo nos confirió, por lo tanto debemos en aras de ese mandato construir un marco jurídico que regule de manera clara y adecuada, las problemáticas ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
En 1988 se expidió la primera ley ambiental en nuestro país, ésto significó un paso importante en el desarrollo de la legislación ambiental de México. En el año de 1996 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la actual y vigente ley que rige la materia.
La experiencia acumulada en la gestión ambiental, aconseja adecuar y ampliar los instrumentos de política ambiental, tales como los instrumentos económicos, la autorregulación y la auditoria ambiental.
La presente iniciativa, contempla los instrumentos necesarios para que todo proceso productivo cuente con la viabilidad para ser compatible con el ambiente. Porque consideramos que Desarrollo económico y ecología no deben ser antagónicos, al contrario, sí el desarrollo industrial es instrumentado con medidas tendientes a salvaguardar la salud ambiental, podríamos aspirar a una vida libre de contaminación.
Corresponde al Estado dotar al pueblo de un ambiente sano, pero también, tiene la obligación de generar certeza jurídica, con esa finalidad se propone la presente iniciativa, es decir, las industrias o empresas en sus procesos productivos o actividades, deben tener las garantías que les otorga el marco legal en donde se acaten las normas ambientales.
Con el objetivo de darle transparencia y legalidad al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, se propone en la presente iniciativa, que los consultores, las Instituciones de investigación, Colegios o Asociaciones profesionales, que se dediquen, por su experiencia y capacidad, a elaborar informes preventivos, estudios de riesgo y manifestaciones de impacto ambiental, obtengan su registro ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y ésta dependencia a su vez entregará a los interesados un número de registro, que hará las veces de una certificación o número de cédula, que los habilitara para prestar servicios o asesoría en materia de impacto ambiental, mismo que será refrendado anualmente por los interesados de conformidad a su desempeño y avances curriculares que esas instituciones hayan adquirido en la anualidad precedente.
De conformidad con el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se demanda Manifestación de Impacto Ambiental, para aquellas obras o actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos, sobre el ambiente. Por lo tanto se requiere de la autorización de la dependencia, antes mencionada, previa manifestación de impacto ambiental de las industrias, en las siguientes obras y actividades: obras hidráulicas, Vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, poliductos, industria del petróleo, petroquímica, química, siderurgia, industria papelera, azucarera, cementera, eléctrica, confinamiento y tratamiento de residuos peligrosos, minera, etcétera, desde hace varios años el tema central de discusión y sobre el cual se presta mayor atención respecto a cualquier obra del ser humano y su relación con el ambiente es un estudio denominado comúnmente evaluación de impacto ambiental.
Este término ya ha pasado a formar parte del léxico común de la gente, se menciona en los diarios y revistas, los organismos gubernamentales y no gubernamentales la utilizan para apoyar o desalentar un determinado proyecto, las bases de los partidos políticos la utilizan como referente para demostrar su "conciencia ecológica", etcétera, etcétera, etcétera.
Pareciera que ecología y evaluación de impacto ambiental fueran sinónimos, y obviamente no lo son.
Podríamos sumergirnos en una larga lista de definiciones sobre qué es realmente una evaluación de impacto ambiental y siempre veríamos que nos falta algo. Esto sucede porque este estudio es complejo, difuso, singular, etcétera.
En general se define también al ambiente de diversas maneras, como "la totalidad de condiciones externas que ejercen influencia sobre un organismo o una comunidad de organismos en su hábitat y con los cuales se establecen relaciones.
Como marco de referencia tomaremos en cuenta que, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), define a la evaluación del impacto ambiental como "una investigación, análisis y evaluación de las actividades planeadas, buscando asegurar un desarrollo sustentable y ambientalmente sano".
En general la Evaluación de Impacto Ambiental se genera a partir de analizar las acciones humanas, sin dejar de lado que también se puede presentar un evento natural que pueda impactar el ambiente.
De lo anterior podemos colegir que existen dos orígenes de las causas que pueden generar afectación al ambiente, las que provienen de la naturaleza y las que son efectuadas por las acciones humanas, por lo que en esta iniciativa nos referiremos principalmente a los de origen humano.
Sobre estos dos sucesos, entendemos que, una evaluación de impacto ambiental, resulta de la elaboración de un conjunto de actividades, investigaciones y tareas técnicas interrelacionadas íntimamente entre sí, con el objeto de conocer lo mas detalladamente posible y con un grado adecuado de ajuste, las principales consecuencias ambientales de un proyecto cuyo funcionamiento pueda afectar de manera negativa el medio que nos rodea, de ser así, analizar, evaluar todos esos aspectos para ajustarlo a las regulaciones pertinentes respecto al cuidado y preservación del ambiente.
Esto es la elaboración de un estudio encaminado a la identificación e interpretación de las consecuencias o los efectos a esperar a partir de las acciones emprendidas o a emprender, específicamente sobre la salud y bienestar de la población, de la calidad ambiental y del entorno donde se asientan, identifican e interpretan las consecuencias ambientalistas.
Esta serie de investigaciones pueden ser aplicadas a todo un proyecto o sólo a una parte del mismo, con el objeto de evaluar las consecuencias de las diferentes acciones y estimar la calidad del ambiente con y sin dichas acciones.
Cabe destacar que un Estudio del Impacto Ambiental. es un estudio necesariamente multidisciplinario e interdisciplinario, es decir, que debe ser realizado por varios profesionales según su área y que se obligan actuar en forma interrelacionada entre sí. En donde cada uno de los profesionales aportará su subjetividad, en la interdisciplinariedad.
Generalmente existe una figura central de coordinador, que es el encargado de guiar y ordenar el trabajo individual de los profesionales de cada área y esta tarea implica el conocimiento general de todas las áreas, sin ser un especialista en cada una de ellas. En lo sucesivo nos referiremos especialmente a esta figura de consultor-evaluador como centro de la explicación.
La situación ideal de un consultor-evaluador para realizar una Estudio de Impacto Ambiental es cuando los interesados de realizar un determinado proyecto le presentan justamente eso, el proyecto
Esto, juntamente con la definición del área geográfica (ambiente) donde se planea aplicar el proyecto, le permite al evaluador tomar conocimiento de las dos partes principales a analizar: el qué y el dónde.
Una vez observado el qué se debe analizar el cómo, completando la trilogía de análisis que el evaluador toma como base para definir las distintas áreas que competen al proyecto, al ambiente y por lo tanto, a los profesionales que deberán participar en la elaboración de la Manifestación del Impacto Ambiental.
Esta no es una tarea sencilla. Una omisión de un factor o de una acción puede generar un impacto no previsto con graves consecuencias ambientales.
En general en los Estudios de Impacto Ambiental. no se encuentran mayormente "omisiones", sino mas bien, errores de profundidad en las consideraciones, es decir, se razonan todos los ambientes posibles o se analizan todas las acciones, pero se le dan a todas el mismo "peso" o importancia, lo que genera el problema. Aquí toma vital importancia una situación que es la que finalmente resulta ser una de las más importantes cuando se precisa realizar esa manifestación de Impacto Ambiental, la experiencia.
El conocimiento de la realidad es fundamental. La teoría y la estadística pueden resultar herramientas de suma utilidad, pero la experiencia es la que permite optimizar los recursos y generalmente la que brinda las bases para realizar correctamente un complejo estudio Una vez completada la trilogía de qué es lo que se quiere hacer, dónde se quiere hacer y cómo se quiere hacer, el evaluador definirá las áreas en directa relación con el proyecto con el ambiente.
Puede decirse que la experiencia le permite al evaluador, a través de una visión general del proyecto y del ambiente, tener un enfoque global de los impactos que se presentaran. Quizás esto pueda ser interpretado como un "principio de autoridad", pero "por propia experiencia" al realizar una lectura general de la trilogía mencionada, es posible identificar a grandes rasgos los impactos a esperarse y sobre que ambientes se sucederán.
Es a partir de este punto donde el evaluador define las áreas de análisis y convoca al resto de los profesionales. Esta tarea no finaliza en este punto, a medida que avanza el estudio pueden generarse situaciones que impliquen un nuevo replanteo de la metodología aplicada, o que se preste mas atención a un determinado proceso o a un determinado ambiente. Esta retroalimentación del sistema de definición de las áreas, permite mejorar la calidad del estudio y fundamentalmente, analizar con mayor detenimiento procesos o ambientes que inicialmente no eran considerados como relevantes.
En México para someter un proyecto a este procedimiento y obtener su autorización, el promovente deberá entregar a la Semarnat un Informe Preventivo o una Manifestación de Impacto Ambiental en la modalidad que corresponda (particular o regional), por lo que atendiendo al reglamento que su estado expide. Sí se trata de actividades consideradas altamente riesgosas, el estudio ambiental deberá acompañarse de un estudio de riesgo para su correspondiente evaluación y dictamen.
La Semarnat, con base en la información contenida en la EIA, emitirá la resolución correspondiente en la que podrá negar o aprobar la autorización señalando, sí se considera necesario, las condiciones que se deberán cumplir. En el reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental se especifican los tiempos límite para que la Semarnat, por medio de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, evalúe el estudio a partir de su entrada en ventanilla hasta la emisión de su resolución.
Durante el periodo 1998-2000, la Semarnat recibió, en promedio por año, aproximadamente 800 evaluaciones de impacto ambiental para su análisis y, en su caso, autorización.
Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2002 fueron recibidos 1 758 proyectos y atendidos 2 288 relacionados, en su mayoría, con obras y actividades de servicios de los sectores: industrial, turismo, pesquero, gasero, petrolero, vías generales de comunicación, forestal, minero, agropecuario, desarrollo urbano, energía e hidráulico. En cuanto a los estados que en los últimos años han tenido el mayor número de proyectos ingresados al procedimiento de impacto ambiental son: Quintana Roo, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Puebla, etc. En contraste, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas son los que tienen menor demanda.
Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa que más manifestaciones de impacto ambiental ha ingresado para su evaluación durante los últimos años. Le siguen en cantidad los proyectos del sector industrial y de turismo.
El informe preventivo, la manifestación de impacto ambiental y los estudios de riesgo, en cada caso, es una evaluación en sí, que pone a prueba el sustento técnico del estudio con el objetivo primario de minimizar la ocurrencia de impactos negativos sobre el ambiente y sobre la sociedad, optimizar los recursos manejados a utilizar, asistir técnicamente a los encargados del proyecto para modificar los puntos conflictivos y tender hacia un equilibrio en la relación proyecto-ambiente. Este es el desafío.
Con lo anteriormente mencionado y propuesto se garantiza que todos los proyectos susceptibles de causar un impacto importante al medio ambiente sean estudiados y evaluados con umbrales o criterios ambientales rigurosos.
Sin embargo la normatividad en materia de ecología y medio ambiente no contiene regulación alguna que lo establezca, de tal manera que se justifica la reforma se propone a esta soberanía al artículo 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en virtud que el actual y vigente artículo no regula nada al respecto, al establecer que "las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán responsables ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención mitigación mas efectivas". Sin embargo consideramos que lo que procura regular el actual artículo que se pretende reformar, es que se hable con la verdad en el contenido de la manifestación de impacto ambiental o en los estudios de riesgo y que además se han utilizado las mejores y mas efectivas técnicas para establecer la idoneidad de la obra o actividad que se pretende realizar, para no impactar al medio ambiente. En la propuesta de reforma del artículo en comento, se pretende implementar un control y registro a través de un padrón que llevará la Secretaría, para las personas que se dediquen a realizar estudios de impacto ambiental, de tal forma, que quienes aspiren a prestar esos servicios, cuenten con una cédula que les permita de manera clara y transparente realizar dichos estudios, que a través de una técnica y preparación, se acerquen a lo mas cercano posible de la realidad sobre un virtual evento que impacte de manera negativa el ambiente.
Lo que se proyecta es prevenir que se cause un perjuicio al ambiente, al confiársele a expertos en estudios de impacto ambiental, con la condicionante de contar con una cédula que la Secretaría le otorgue, satisfechos los requisitos que se señalen en el reglamento de ésta ley.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos al pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Decreto
Artículo Único. Decreto por el que se reforma el artículo 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 35 Bis 1
Las entidades gubernamentales, empresas o industrias, públicas y privadas estarán obligados a contratar a peritos, expertos o especialistas, que realicen estudios de impacto ambiental, en la materia o área de la ciencia, sobre la que trate la obra, construcción o actividad que se pretenda realizar.
Los institutos de investigación, los colegios o asociaciones profesionales en medio ambiente, para poder realizar informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, deberán solicitar la autorización correspondiente ante la Secretaría, quien les proporcionará un a cédula, cuya vigencia será por dos años contados a partir de su entrega, al término de los cuales, se podrá renovar. En toda caso, para la obtención de la cédula se cubrirán los requisitos previstos en el reglamento de esta ley.
Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría llevará un padrón de registro expedido a favor de aquellos, mismo que servirá como permiso o autorización para poder realizar o elaborar informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo. Estos requisitos no serán necesarios, para las Instituciones de Educación Superior Públicas, o los institutos de investigación que dependan de ellas.
La Secretaría resolverá sobre la solicitud de la cédula de registro en un termino no mayor de sesenta días naturales.
No tendrán validez alguna los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental o los estudios de riesgo, si las personas, institutos de investigación o centros profesionales no cuentan con la autorización prevista en este artículo, lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas o la responsabilidad penal en que incurran.
Asimismo, la Procuraduría podrá solicitar a la Secretaría la revocación de la autorización o cédula que ésta les hubiere otorgado, cuando incurran en faltas o infracciones al presente ordenamiento.
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de Noviembre de 2004.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Raúl Piña Horta.
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Noviembre 9 de 2004.)
QUE ADICIONA Y REFORMA EL ARTICULO
46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESIÓN DEL MARTES 9 DE NOVIEMBRE
DE 2004
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de adiciones y reformas al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone un nuevo esquema para vigilar, fiscalizar, administrar y distribuir los ingresos excedentes que resulten por mayor precio del petróleo y de los ingresos excedentes que deriven por conceptos distintos del petróleo, establecidos en el artículo 1° de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.
Nuestro propósito es evitar que surjan diversas interpretaciones que arrojen como resultado el manejo unilateral, discrecional y faccioso de los ingresos excedentes a que hacemos referencia.
El antecedente más inmediato de estas interpretaciones es el que hizo el Ejecutivo federal del artículo 23, fracción I, inciso j), y su relación con el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2004, cuando de forma ventajosa descontó del monto de los excedentes petroleros y demás relativos, el incremento del gasto no programable con relación a lo presupuestado originalmente, lo que provocó la disminución de los recursos por repartir entre las entidades federativas y el Distrito Federal.
Hasta la fecha nadie sabe con exactitud el monto de los recursos por ingresos excedentes presupuestados. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nunca ha informado sobre el estado que guardan los ingresos excedentes y en particular de los relacionados con los ingresos excedentes por petróleo. Por esa razón, proponemos crear un Comité de Seguimiento de los Excedentes de Ingresos previstas en la Ley de Ingresos, que esté conformado por 2 funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos gobernadores miembros de la Convención Nacional de Gobernadores (Conago), y de un diputado por cada grupo parlamentario representado en la Cámara de Diputados.
Asimismo, proponemos que se establezca como obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregar dentro de los cuarenta días posteriores al cierre de cada mes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Comité de Seguimiento de los Excedentes de Ingresos, la información relativa a la metodología y los datos utilizados para el cálculo de los excedentes petroleros, y el de los ingresos excedentes que deriven de los rubros distintos del petróleo.
Dicha información deberá contener el monto de la producción petrolera del país, el precio promedio de la mezcla utilizado para dicho cálculo, así como los ingresos totales y los ingresos excedentes por mayor precio del petróleo.
Compañeras y Compañeros Legisladores:
Petróleos Mexicanos aporta al fisco federal más de una tercera parte de los ingresos públicos. Por ello estos recursos deben ser destinados al desarrollo de los municipios y entidades federativas, al desarrollo del campo, a inversión física en infraestructura urbana y rural del país.
Es el caso de estados como Campeche y Chiapas que, no obstante la gran riqueza que por extracción de petróleo aportan al país, no tienen una correspondencia del Gobierno Federal que potencie su desarrollo económico.
Con la propuesta que hoy sometemos a su consideración pretendemos que se tenga una total transparencia en el conocimiento, manejo y destino de los ingresos excedentes que por venta de petróleo tiene el país.
Sabemos que el mercado petrolero mundial ha experimentado un alza en los precios internacionales del petróleo, situación de la que México se ha visto beneficiado. Es más, estos precios son mayores que las estimaciones presentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los ejercicios fiscales de 2004 y 2005.
Por ejemplo, para el ejercicio fiscal de 2005 el Ejecutivo federal estimó un precio para la mezcla mexicana de 23 dólares por barril de petróleo; sin embargo, las estimaciones de las corredurías internacionales establecen que a lo largo de 2005 ese precio en el peor de los escenarios puede estar alrededor de los 30 dólares.
Por eso, la Cámara de Diputados aprobó un precio de 27 dólares por barril de petróleo, cualquier monto adicional de recursos provenientes de la exportación de petróleo se convierte para los mexicanos en una caja negra, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se niega a informar el monto real de dichos ingresos excedentes.
En razón de las consideraciones anteriores, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha previsto dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación el mecanismo de distribución de los excedentes que resulten de lo presupuestado en el artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación, señalando que para el ejercicio fiscal de 2004 en el artículo 23, fracción I, inciso j), que del 100% de excedentes, 25% se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, 25% para mejorar el balance económico del sector público y el restante 50% para programas y obras de infraestructura de las entidades federativas.
Y aunque el mandato de la Cámara de Diputados es perfectamente claro, la Secretaría de Hacienda no da información del monto de los recursos con que se cuenta ni entrega el dinero a las entidades federativas.
Es de destacarse que, dada la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, en México el 31 de diciembre de 2000 se creó el Fondo de Estabilización Petrolera y que en los ejercicios fiscales subsecuentes de 2001 a 2004 dentro del propio Presupuesto de Egresos se considera un porcentaje de recursos económicos para dicho Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.
Compañeras y Compañeros Legisladores:
Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración la presente iniciativa de adiciones y reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que en el artículo 46 de dicha ley se adicione un numeral 4, corriéndose en su orden el actual numeral 4 para pasar a ser numeral 5 y que en el nuevo numeral 4 se prevea la existencia del Comité para dar Seguimiento a los Excedentes de Ingresos Fiscales, que tendrá representación paritaria, en la que todos y cada uno de los grupos parlamentarios de esta Cámara tendrán un diputado.
Asimismo, proponemos que en el mismo Comité concurran dos gobernadores en representación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos.
Compañeras y Compañeros Diputados:
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente
Iniciativa con proyecto de decreto de adiciones y reformas al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se adiciona y reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 46
1. ...
2. ...
3. ...
4. Para auxiliar a la Cámara de Diputados en la toma de sus decisiones de política hacendaría y presupuestal, se crea el Comité para dar Seguimiento a los Excedentes de Ingresos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate. Dicho Comité se integrará por un diputado representante de cada Grupo Parlamentario y podrán participar en él dos representantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y uno de Petróleos Mexicanos. Los representantes de la Secretaría de Hacienda y de Petróleos Mexicanos tendrán la obligación de proporcionar al Comité información precisa del monto total de recursos fiscales y de sus excedentes que se perciban durante el ejercicio fiscal, así como la información relativa a la metodología y los datos utilizados para el cálculo de los excedentes petroleros, y el de los ingresos excedentes que deriven de los rubros distintos al petróleo, así como quien debe percibirlos.
Dicha información deberá contener el monto de la producción petrolera del país, el precio promedio de la mezcla utilizado para dicho cálculo, así como los ingresos totales y los ingresos excedentes por mayor precio del petróleo.
5. A propuesta de la Junta de Coordinación Política...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias. Noviembre 9 de 2004.)
QUE REFORMA LA LEY FEDERAL PARA
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
JORGE ANTONIO KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN
DEL MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 2004
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
Exposición de Motivos
La violencia contra la mujer es quizás la más
vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites
geográficos, culturales o de riquezas.
Mientras continúe, no podremos afirmar que
hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.
Kofi Annan,
Secretario General de las Naciones Unidas
Hablar de derechos humanos, es referirse al patrimonio común e inalienable de toda la humanidad, toda vez que los mismos guardan relación directa con el ser humano. El reconocimiento de lo que hoy día constituyen estos derechos, es el resultado de miles de años de luchas, sacrificios y frustraciones sufridos por el género humano. Como sabemos, los derechos humanos son un conjunto de garantías inherentes, indivisibles, interdependientes y mínimas. Son los derechos esenciales que las personas deben gozar para poder vivir como seres humanos de pleno derecho. Todos los seres humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo de sus capacidades, más allá de sus necesidades básicas y de su supervivencia. A pesar de que los derechos humanos fueron concebidos tanto para hombres como para mujeres, éstas últimas comenzaron hace más de dos siglos una lucha que ha implicado grandes esfuerzos de reflexión y acción, en la búsqueda de lograr el reconocimiento expreso y específico de sus derechos humanos. Como resultado de esta lucha y debido a las modificaciones acontecidas en las costumbres sociales y políticas de la humanidad además de la gran influencia y desarrollo mundial de los movimientos feministas, la condición jurídica de la mujer en el ámbito mundial ha logrado cambios fundamentales. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos como género humano fue el traspasar algunas fronteras y salir del espacio doméstico para conquistar el político y el público. Sin embargo, aún en muchas esferas de la vida cotidiana persiste la ideología patriarcal que impiden a las mujeres una realización total en todos los campos.
El principio de la igualdad de derechos para hombres y mujeres se formalizó por primera vez en 1945, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, aunque ya desde siglos antes las mujeres comenzaron a debatir y movilizarse para gozar de iguales derechos. La Carta, firmada en San francisco, promovió la igualdad entre hombre y mujeres, reconociendo que los derechos humanos son universales y propios de todas las personas, sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión origen nacional o social u otra condición.
Los Propósitos de las Naciones Unidas son:
... 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión."1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
I. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.2
Promovidos y acompañados por las luchas de los grupos feministas, estos y otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos de las mujeres, propiciaron, a favor de las mujeres, cambios legislativos importantes en muchos países tales como el reconocimiento del derecho al voto y a ser ciudadanas con plenos derechos. Sin embargo su vigencia no logró que la discriminación hacia las mujeres dejará de ser un fenómeno frecuente en los Estados y que, de hecho, siguiera persistiendo en sus propias leyes.
Por ello se pensó como una medida necesaria promover la adopción de una Convención que asegurara el acceso de las mujeres a sus derechos humanos, comprometiendo a los países a adoptar medidas para garantizar la igualdad a través de sus legislaciones y políticas públicas.
En 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). Este documento, firmado por México en 1980 y ratificado el 23 de marzo de 1981, comprometió a los países signatarios a adoptar las políticas públicas, medidas legislativas o medidas de acción afirmativas, enfocadas a eliminar disposiciones legales y otro tipo de obstáculos, valores y prácticas que discriminaran a las mujeres y a las niñas o que reprodujeran situaciones de desigualdad en la sociedad.3
La CEDAW define la discriminación contra las mujeres como:
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación general número doce y diecinueve promulgadas en 1989 y 1992 respectivamente, señaló que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación.
En 1989, el Comité recomendó a los Estados incluir en sus reportes periódicos información sobre la legislación vigente para proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, etc.); las medidas adoptadas para erradicarla, los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos y datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia. Todo ello con el fin de tener
Tres años después de la recomendación número doce, el Comité, en su recomendación diecinueve, reconoció a la violencia basada en el género como una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades de las mujeres en pie de igualdad con el hombre. Esos derechos y libertades abarcan:
c) El derecho a protección en condiciones de igualdad
con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional
o interno;
d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;
e) El derecho a igualdad ante la ley;
f) El derecho a igualdad en la familia;
g) El derecho al más alto nivel posible de salud
física y mental;
h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables.
Señala que esta obligación se aplica concretamente a la violencia perpetrada por las autoridades públicas, pero subraya que los gobiernos son responsables de eliminar la discriminación contra las mujeres ejercida por cualquier persona, organización o empresa y que deben evitar las violaciones de derechos cometidas por cualquier agente, castigarlas e indemnizar a las víctimas.
Posteriormente, durante 1993 se retoma a la violencia y discriminación por causas de género como un objetivo fundamental a tratar por la comunidad internacional, razón por la que nuevamente se reconoce y declara que el ejercicio de éstas contra la mujer son una violación a sus derechos, y así lo muestran dos instrumentos de las Naciones Unidas.
El primero de ellos, aprobado durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, fue la Declaración y Programa de Acción de Viena que afirma que la violencia basada en el sexo y todas las formas de explotación y hostigamiento sexual son incompatibles con la dignidad y el valor de todo ser humano por lo que se debe luchar y trabajar para eliminarlas.
Su relevancia fue haber destacado al problema de la invisibilidad de la violencia contra las mujeres, particularmente el movimiento internacional de mujeres pedía que las diferentes formas de violencia contra las mujeres como la física, la violación, la mutilación genital, el infanticidio selectivo de niñas o el tráfico de mujeres se consideraran como violaciones a los derechos humanos. El documento final de la declaración de Viena suscrito por 171 gobiernos entre ellos, México, dedica varias paginas a abordar el estatus de igualdad y los derechos humanos de las mujeres como una prioridad para los gobiernos y para las Naciones Unidas. La declaración de Viena es hoy considerada un llamado histórico a la eliminación de la violencia contra las mujeres en la vida pública y privada.
En las últimas décadas, las conferencias mundiales de las Naciones Unidas han sido importantes lugares de reunión donde grupos de mujeres de todas las naciones, regiones e identidades han podido elaborar programas de trabajo comunes. Las redes regionales y mundiales de mujeres han facilitado estos esfuerzos y ofrecido la oportunidad de que grupos de mujeres con enormes diferencias entre sí se coaliguen para captar apoyos. Uno de los resultados más importantes de esta labor de captación de apoyos de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, documento aprobado en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, de 1995. En la Plataforma de Acción se define la violencia contra la mujer como una de las 12 esferas de especial preocupación que debían ser objeto de particular hincapié por parte de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, propuso en se cuarenta y doceavo período de sesiones, celebrado en 1998, nuevas medidas e iniciativas que deberían aplicar los Estados Miembros y la comunidad internacional para poner fin a discriminación y violencia contra la mujer, incluida la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas pertinentes. Entre las conclusiones convenidas del período de sesiones figuran medidas destinadas a prestar apoyo a la labor de las organizaciones no gubernamentales, combatir todas las formas de trata de mujeres y niñas, promover y proteger los derechos de los trabajadores migrantes, en particular las mujeres y los niños, y promover las actividades coordinadas de investigación sobre la violencia contra la mujer.
A la Plataforma de Acción de Pekín y a la revisión que se hizo de ella cinco años después, en el 2000, se han ido añadiendo los acuerdos de otras conferencias mundiales de las Naciones Unidas celebradas en la década de los noventa y a comienzos de este siglo.6
A nivel regional uno de los tratados más importantes en esta materia, aprobado por nuestro país en el mes de noviembre de 1996, es la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Belén Do Pará" de 1994. Esta Convención define a la violencia contra la mujer como:
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total protección de esos derechos consagrados en instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a)El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación.
En México la ratificación de estos instrumentos internacionales y el movimiento amplio de mujeres han propiciado reformas legales importantes para igualar los derechos de mujeres y hombres. Sin embargo, no siempre los cambios en nuestro país se han dado inmediatamente después de la adopción de compromisos internacionales.
A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada desde 1948 no fue sino hasta 1953 que en México se llevó a cabo la reforma constitucional del artículo 34, para reconocer el derecho a las mujeres a ser ciudadanas y con ello, el derecho a votar y a poder ser electas. Del mismo modo, no fue sino hasta 1974 que se estableció en el artículo 4º constitucional la igualdad jurídica de hombres y mujeres, instituyendo que la Ley es la encargada de proteger la organización y el desarrollo de la familia. Además de plantear que todo individuo tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Con la firma y ratificación de la CEDAW y de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, México reconoció que la igualdad jurídica no conlleva la igualdad material de derechos. Si ésta no se traduce en la creación de condiciones que faciliten el acceso y ejercicio igualitario de dichos derechos por parte de hombres y mujeres, los cambios que se hagan en las leyes no podrán materializarse en la realidad.
Debido a las desventajas históricas que las mujeres han sufrido, se les debe proporcionar los elementos para ejercer verdaderamente sus derechos en todos los espacios gubernamentales, empresariales, políticos, sindicales, sociales, económicos, culturales, etc.; utilizando para ello principalmente la legislación y las políticas públicas de los distintos niveles de gobierno. Dado que la diferencia sexual se ha transformado en desigualdad social, actualmente se deben apoyar las medidas que sean necesarias para lograr que la perspectiva de género se convierta en algo natural de la vida social.
Con la introducción en el artículo 1º constitucional de la cláusula de no discriminación en razón del sexo, realizada en el año 2001 en nuestro país, finalmente, se logra concretar el fundamento constitucional para la igualdad material de derechos y oportunidades de las mujeres, que desde 1979 había quedado establecida.
Con ello el gobierno mexicano reconoció la importancia de prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra la mujer, motivo por el que había apoyado iniciativas de la ONU en la materia.
Como Estado parte de instrumentos y convenciones internacionales a favor de los derechos de las mujeres, nuestro país, asumió el compromiso de modificar o derogar los instrumentos normativos que constituyeran un impedimento para alcanzar las metas propuestas o proponer en su caso las medidas necesarias para atacar la discriminación y la violencia. Todo ello con el fin de que todas las mujeres mexicanas se encontrarán en condiciones de alcanzar su pleno desarrollo.
La violencia y discriminación contra las mujeres atentan contra sus derechos, su integridad y su dignidad como persona. Inhiben su desarrollo e incluso pueden llegar a provocarle daños irreversibles en todos los ámbitos de su vida. A raíz del boom internacional por la lucha de las mujeres, se considera como prioridad la prevención y erradicación de la discriminación en agravio de las mujeres, cualquiera que sea su forma de expresión, y para tal fin se hace urgente y necesario el impulso de medidas que contribuyan a hacer visible este problema social.
Es así como el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Mujeres 2001-2006, del Instituto Nacional de las Mujeres, tiene como objetivo cumplir con los compromisos internacionales relacionados con los derechos humanos de las mujeres pues a pesar de la contribución femenina al cambio en muchos ámbitos de la vida pública y privada de las mujeres en México, las mujeres seguimos siendo discriminadas, subvaluadas o simplemente ignoradas. A pesar de la igualdad que por principio gozan mujeres y hombres ante la ley, persisten serias y profundas diferencias de género.
Según la Primera Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares, el 47% de las mujeres mexicanas padecen violencia y siete de cada diez familias sufren violencia intrafamiliar. El alcoholismo, los problemas económicos, el desempleo, la autonomía de la mujer y la falta de planificación familiar son los principales detonantes de la violencia y discriminación contra las mujeres en 47 de cada 100 hogares mexicanos.
Aún persiste en la educación y en el ámbito laboral la brecha de género en detrimento de la mujer. Hay una pirámide invertida para las mujeres, tanto respecto a la educación como a puestos y salarios devengados; el Diagnóstico sobre la situación de Mujeres y Hombres en la Administración Pública Federal de México, demuestra que las mujeres ganan menos salario que los hombres, en iguales cargos, en todos los niveles jerárquicos de la Administración Pública. Además de comprobar la tendencia del Gobierno Federal a contratar a mujeres solteras y sin hijos. Se estima que por cada 100 mujeres hay 212 hombres. Las diferencias entre los ingresos salariales que reciben hombres y mujeres son reveladoras de muchas otras injusticias. No sólo implican que se valúa menos el trabajo femenino, sino que se considera a la mujer menos valiosa que el hombre en la cuestión laboral.
Otra práctica discriminatoria es el hostigamiento sexual, el cual además de atacar las garantías individuales, tanto civiles como laborales y sexuales, es una práctica que limita el ejercicio de un derecho y niega el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. En México el hostigamiento sexual hacia las mujeres se da con mucha frecuencia; sin embargo todavía es uno de los problemas ocultos que debemos combatir. Según la Organización Internacional del Trabajo el hostigamiento sexual es la causa de fondo que obliga a casi cuatro de cada 10 mujeres a cambiar de entorno laboral, y origina que al menos y de cada cuatro mujeres con trabajo remunerado sea despedida.
La discriminación, la violencia y la opresión contra las mujeres y niñas sigue siendo una realidad que persiste en las ciudades y se intensifica en las zonas marginadas. Los crímenes en Ciudad Juárez son tan sólo un reflejo de la adversidad y de la intolerancia hacia el avance y la lucha de las mujeres mexicanas por reivindicar sus derechos y por vivir en una sociedad más plural y democrática. La violencia y asesinatos hacia las mujeres no cesan, simplemente en este año van nueve mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y el feminicidio se extiende a otras entidades del país como el Distrito Federal, Sonora, Quintana Roo y Guadalajara.
Nuestro país se encuentra entre los cinco países de América Latina donde la explotación infantil se ha convertido en un problema grave. Cifras oficiales señalan que de los casi 41 millones de niños y niñas menores de 18 años, 20 mil son sometidos a abuso al ser prostituidos o utilizados en la pornografía. De este total el 80 por ciento son niñas y mujeres.
Además, por primera vez en su historia, la Secretaría de Desarrollo Social determinó, con base en informes académicos, del gobierno y periodísticos, que en México ocurren al año 5 mil 200 muertes de mujeres de entre 15 y 49 años de edad por causas violentas, es decir 14 fallecen diariamente y dos de cada tres en sus propios hogares.
Rodolfo Tuirán, Subsecretario de la Sedesol, indicó que alrededor de 1.4 millones de mujeres en México sufren violencia física doméstica, esta cifra es verdaderamente alarmante y eso que no se toma en cuenta la violencia que las mujeres sufren fuera de su hogar. De igual manera 1.2 millones sufren agresiones con características de tipo sexual. Según informes, todas estas muertes se pueden evitar.
Ante estas cifras, el gobierno mexicano debe reconocer que en el país persiste todo tipo de discriminación. No basta la sola tutela jurídica de los derechos para lograr combatir todas formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Es necesaria una postura proactiva del Estado y de toda la ciudadanía para promover, garantizar y proteger la integridad de las mujeres mexicanas. La discriminación y la violencia deben ser fuertemente combatidas. Debemos partir de una actitud que parta de la conciencia de que hombres y mujeres somos iguales, por lo que las oportunidades pueden y deben ser iguales. Una nación en la que ninguno excluya al otro de su genero. Un espacio en el que ninguna asuma el papel de víctima o victimario, de discriminado o discriminador, de inferior o superior.
Para ello, consideramos importante que, paralelamente con las reformulaciones a la legislación, se desarrollen programas de difusión y de educación a toda la población, sobre la existencia y alcance de los derechos de las mujeres. Sólo a través de su conocimiento estaremos avanzando hacia la eliminación de la discriminación contra la mujer.
Queda mucho camino por recorrer para eliminar obstáculos y prácticas discriminatorias que aún persisten en la compleja red de relaciones políticas, sociales, económicas y culturales en que se sustenta nuestra sociedad. Es indispensable que, cada vez más, se incorpore la perspectiva de género en la planificación, aplicación y evaluación de todas las leyes, políticas y programas, en todos los niveles de los ámbitos públicos y privados.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país; acorde con el desarrollo social y la justicia, nuestro partido sostiene la igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres sin distinción alguna, su acceso general a la educación, alimento, trabajo, habitación, salud, bienestar e información.; por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente
Decreto por el que se adiciona una fracción quinta al artículo 10 del Capítulo III, De las Medidas Positivas y Compensatorias a Favor de la Igualdad de Oportunidades, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Articulo Único.- Se adiciona una fracción quinta al artículo 10 del capítulo III de las Medidas positivas y compensatorias a favor de la Igualdad de Oportunidades de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue:
Artículo 10
Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres:
II. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento personalizado sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos;
III. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos, estableciendo en las instituciones de salud y seguridad social las condiciones para la atención obligatoria de las mujeres que lo soliciten, y
IV. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías asegurando el acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo soliciten.
V. Promover campañas de información en los medios de comunicación que condenen toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y creen una política encaminada a prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas.
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Carta de las Naciones Unidas.
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3 Desde 1999, la CEDAW cuenta con un protocolo facultativo
que permite que mujeres o grupos de mujeres que son víctimas de
una violación a sus derechos interpongan una denuncia ante el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres
de Naciones Unidas, o bien que soliciten una investigación por violaciones
graves o sistemáticas perpetradas por un Estado Parte.
4 Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Mujeres, artículo
1.
5 Declaración y Programa de Acción de Viena,
1993.
6 Entre ellas podemos encontrar importantes conferencias
de la década de 1990 como la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos (Viena 1993), la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (El Cairo 1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social
(Copenhague, 1995), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín,
1995), y su revisión cinco años más tarde (Nueva York,
2000).
7 Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 1º, párrafo III.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de noviembre de 2004.
Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Noviembre 9 de 2004.)
QUE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO
AL ARTÍCULO 211 BIS 1 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PRESENTADA
POR EL DIPUTADO JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM,
EN LA SESIÓN DEL MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 2004
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la presente iniciativa con proyecto decreto.
Exposición de Motivos
El delito ha sido concebido de distintas formas, atendiendo al tipo de sociedad, época y momento histórico en que se presente.
Desde el inicio de la historia, en las incipientes formas de organización social, el delito siempre se ha manifestado como un acto que ofende al género humano, de tal forma que al derecho como ciencia corresponde ir a la vanguardia para regular la inercia que presenta la sociedad en el devenir del tiempo.
La historia del derecho penal abarca el periodo de la venganza privada, conocido también como "periodo de sangre", pasando por el "periodo divino", el de la "venganza publica" o el "periodo humanitario", para aterrizar finalmente en el "científico".
Se considera que en 1983 nació realmente Internet (o red de redes), producto del ingenio humano. Vino a acortar distancias y a disminuir tiempos, globalizándose así la comunicación. El objetivo era realizar operaciones económicas, financieras, bursátiles y otras más de una ciudad a otra de un país a uno distinto sin necesidad de hacerlo materialmente: desde la oficina, desde el hogar es posible efectuar ese tipo de operaciones.
Es el evento delictivo que aparece en los mecanismos cibernéticos para interactuar y manejar datos que puedan ir del orden de los personales hasta los vinculatorios con empresas, bancos, negocios, corporaciones, oficinas de gobierno, donde los expertos, conocidos como hackers y crackers, que son personas que se introducen en sistemas prohibidos, con el propósito de hacer daño mediante la manipulación desde una máquina computadora de tipo personal o ingresar en los sistemas computacionales más refinados para realizar fraudes, sustraer información, contaminar los programas informáticos, a través de la instalación de "virus cibernéticos", o -en su caso- bloquear, interferir la información que manejan las personas físicas y las personas morales en sus sistemas computacionales.
La presente iniciativa tiene por objeto precisamente que hoy día el código punitivo regule y establezca un tipo penal a la práctica reiterada de gente experta, como los precitados hackers y crackers, que en la mayoría de las veces realizan conductas que no se encuentran previstas en la ley penal, como interferir, diseñar y transmitir programas tendentes a bloquear, conocer o extraer información con el ánimo de causar perjuicio a otro.
Por ello consideramos que la presente iniciativa tiene el espíritu de llenar un vacío que el código sustantivo penal no ha cubierto, para que las conductas descritas sean sancionadas por el derecho.
El manejo y el uso de información en la red de redes tienen muchas aristas por explorar, de tal forma que existen vacíos en la aplicación y formulación de leyes, por lo que dicha situación se convierte en la Internet en un espacio propicio para el diseño y ejecución de delitos cibernéticos.
De conformidad con la actual lectura del código represivo, se consideran delitos informáticos "todas las conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen referencia al uso indebido de cualquier medio informático", la alteración de información, el sabotaje, la pedofilia, el fraude, la clonación de señales satelitales, de tarjetas de crédito y débito, la pornografía infantil, e incluso los secuestros, delitos que pueden ser manejados por cualquier medio que implique el uso y la manipulación de la información a través de los sistemas de red. Este tipo de prácticas se ha desarrollado de forma considerablemente rápida.
Uno de los problemas más importantes para la persecución de estos delitos tiene que ver con la rapidez que ofrece la publicación electrónica para poner y quitar información de cualquier tipo y formato en web.
Este tipo de delitos cibernéticos no es fácil de detectar, dada la amplia gama de sitios web que se encuentran diseminadas en todo el planeta, por lo que se necesita que verdaderos expertos en la materia realicen rastreos y líneas de investigación meticulosas para lograr el origen y autor, que en ocasiones son verdaderas mafias organizadas que operan incluso a escala internacional. De ahí la trascendencia de esta iniciativa, en el sentido de adicionar el párrafo tercero del artículo 211 Bis 1, para establecer como delito al que sin autorización diseñe, elabore o transmita programas conocidos como "virus", con la finalidad de bloquear o interferir sistemas o programas, o -en su caso- sustraer datos o información contenida en sistemas o equipos de informática, del Estado e instituciones que integran el sistema financiero estén o no protegidos por algún mecanismo de seguridad.
Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal
Artículo Primero. Se adiciona el párrafo tercero del artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 211 Bis 1.
...
...
Al que sin autorización diseñe, elabore o transmita programas conocidos como "virus", con la finalidad de bloquear o interferir sistemas o programas, o -en su caso- sustraer datos o información, contenida en sistemas o equipos de informática, del Estado e instituciones que integran el sistema financiero estén o no protegidos por algún mecanismo de seguridad, se impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de noviembre de 2004.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, vicecoordinadores; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Noviembre 9 de 2004.)
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2004.
Hoy, en nuestra memoria histórica festejamos el 131 aniversario del natalicio del "Apóstol de la Democracia", Francisco I. Madero. Tiene, para el grupo parlamentario de Convergencia, una gran significación en estos momentos que vive nuestro país en su lucha por darse una más completa y clara vida democrática.
Francisco I. Madero dio comienzo a su lucha por la democratización de la vida nacional a partir de que comenzara, el núcleo más cercano de seguidores del presidente Porfirio Díaz Mori, a reimpulsarlo para un periodo presidencial más. El grupo de Los Científicos, sin embargo, no pudo frenar el concepto expresado por el propio dictador ante un periodista estadounidense: "El pueblo de México ya está preparado para la democracia".
Esa coyuntura daba razón más profunda a la lucha antirreeleccionista encabezada por Madero desde un año antes, en 1909. Madero, quien nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, contaba entonces con su plena juventud de 36 años cuando lanzó su Plan de San Luis, el 6 de octubre de 1910, donde resaltaba el lema revolucionario: "Sufragio efectivo, no reelección". Era, por decirlo así, una dedicatoria al equipo porfiriano en torno al Presidente Díaz, que contrastaba con la presión particular del entorno presidencial por parte de la familia Romero Rubio, de la cual provenía su esposa.
El antirreleccionismo de Madero fue visionario de la coyuntura que había comenzado a despertar conciencias desde el periódico Regeneración, del magonismo. Ése fue el contenido esencial del libro que compactaba el Plan de San Luis con el lema que a la postre, luego del triunfo maderista, lo llevó a la Presidencia de la República, el 6 de noviembre de 1911, un año después del estallamiento de la Revolución del 20 de noviembre de 1910.
Para el grupo parlamentario de Convergencia, el nacimiento del coahuilense lo hace quizás el presidente más joven que ha tenido México, pues accede al poder presidencial a los 38 años de edad.
Mucho tendríamos que aprender los políticos de esta hora, en el siglo XXI, de la vida y la obra de Madero. No sólo por lo que podríamos considerar su pureza democrática, y su falta de visión de Estado, que lo hizo conservar de hecho todo el organigrama del porfiriato, manteniendo intactos los mandos de las fuerzas armadas, justo en la hegemonía de quien iba a ser su verdugo.
De alguna manera, con todo respeto puede considerarse que Francisco 1. Madero fue artífice de las terribles secuelas que tuvo que pagar con la vida, así como todos los sufrimientos que el pueblo pagó durante poco más de seis años, que fuera el tiempo que transcurrió luego de su magnicidio.
Sin embargo, su apostolado democrático ha quedado en la historia de México como una lección de honor y honradez políticos cuya ética personal lo hicieron pasto fácil de la lucha de facciones posrevolucionarias. Aquí tenemos que recordar el afecto que el general Francisco Villa le profesara y cómo, al enterarse de su asesinato, se le puede ver lloroso enjugando las lágrimas.
Finalmente, hay que señalar que las luchas encabezadas por Madero, con la formación de los clubes antirreeleccionistas, y sumada a ello la gran labor de los hermanos Flores Magón, determinarían que el prólogo a la Revolución Mexicana fuera poco menos de un año de duración.
Y que de alguna manera, aunque de buena fe, como dice el lugar común, Francisco 1. Madero, con su improvisación política, pronto ya un siglo de su ascenso al poder democrático, debiera proporcionar a la clase política de este tercer milenio una lección, que nos evite repeticiones antihistóricas que puedan completar con su negativismo los mismos errores.
Pero consecuencias sociológicas aparte, la vida y la obra de Francisco I. Madero son un reto para que las nuevas generaciones de mexicanos comprendan a profundidad la importancia que tiene el magisterio de la historia como maestra de nuestros actos de lucha por una mejor vida democrática.
Dip. Luis Maldonado Venegas
CON MOTIVO DE LA PROMULGACION DEL ACTA DE INDEPENDENCIA DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1813 EN EL CONGRESO DE CHILPANCINGO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2004.
"¡Rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, y se declara traidor a la patria a todo aquel que se opusiere a la Independencia de la nación mexicana". Ésa fue la concepción definitoria que José María Morelos y Pavón impulsó que apareciera con toda claridad al promulgarse el Acta de Independencia del Congreso de Chilpancingo, el 6 de noviembre de 1813.
Para el grupo parlamentario de Convergencia, ese constituyente que se denominó Congreso de Anáhuac fue la culminación de inteligencia política de Morelos, mediante la cual se consolidaba un estatuto que rescataba con legalidad la legitimidad de la insurrección declarada dos años antes en Dolores, Guanajuato.
Morelos estaba consciente desde que tomara las riendas de la lucha insurreccional, que sólo mediante la normatividad puesta en leyes, comunes para todos, tanto los insurgentes como sus enemigos los realistas tendrían por qué combatir en el primer caso y contra qué combatir en el segundo.
Frente al absolutismo de la monarquía y confirmada la abolición de la esclavitud, para el grupo parlamentario de Convergencia los mexicanos combatían para consolidar sus nuevas realidades, a partir de saber el qué y para qué de la guerra independentista.
En ese mismo Congreso de Chilpancingo, Morelos había desechado el trato mayestático, que pretendían darle, y con ese gesto de humildad y ética republicanas, escogió ser El Siervo de la Nación, ese gesto lo definía todo, como individuo y como soldado de la Patria a la que ayudaba a dar vida.
El grupo parlamentario de Convergencia llama la atención, con todo respeto, para que hoy mismo aquí en el frontispicio del vestíbulo de este recinto, todos los visitantes, y nosotros mismos, los legisladores, leamos todos los días, lo que nos marcará el Siervo de la Nación como esencia del trabajo legislativo:
"Como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia". Es tan sencillo, en la dialéctica del pensamiento de Morelos, que con frecuencia lo olvidamos.
Nada lo apartó, hasta el último día de su existencia, de ese deseo que diera estatuto de legalidad a su quehacer de combatiente con las armas en la mano. Siempre pendiente de proteger en todo momento el itinerario de los diputados. Tanto que esa misma protección fue determinante para que lo apresaran en Tesmalaca.
La vida de Morelos en consideración del grupo parlamentario de Convergencia está íntimamente ligada a las palabras que intercambiaran Hidalgo y Morelos en Indaparapeo, cuando el Padre de la Patria, previsor, le encomendara que Morelos fuera el mensajero de la insurgencia en el sur.
El Congreso de Chilpancingo -en el sur por cierto-, fue la piedra de toque que transformó la psicología profunda de todos los luchadores por la Independencia a partir de esa fecha. La consigna de cometer el delito de traición a la Patria, a quienes se opusieran a ella, marcó para siempre los derroteros después del 6 de noviembre de 1813.
Esa Acta de Independencia dio la fuerza moral y ética a todos los mexicanos. Éstos ya poseían la libertad, que rompía las cadenas de 300 años de esclavitud. Quedaba pelear por ella. Era el ideal de la emancipación, y quedaba estipulado por las palabras de Morelos, no sólo plasmadas en ese documento, sino mediante el ejemplo cotidiano del continuador de la Declaración de Independencia del cura Hidalgo.
Hoy, que la globalización pretende terminar teóricamente con las identidades nacionales, el grupo parlamentario de Convergencia considera que los mexicanos debemos tener como memoria histórica estos paradigmas, cuya vida y obra marcan la ruta no sólo del nacionalismo racional, sino la congruencia con cada una de las etapas de nuestra historia.
Atentamente
Dip. Jesús Martínez Álvarez
DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS (EN LO PARTICULAR EL ARTICULO 6, RESERVADO, EN SUS TERMINOS)
DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS (EN LO PARTICULAR EL ARTICULO 11, RESERVADO, EN SUS TERMINOS)
DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS (EN LO PARTICULAR EL ARTICULO 13, RESERVADO, EN SUS TERMINOS)
DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE ECONOMIA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, 5, 6 Y 8 DE LA LEY SOBRE ELABORACION Y VENTA DE CAFE TOSTADO (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR)
A su reunión de trabajo con la comisionada del Instituto Nacional de Migración y secretaria ejecutiva de la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano, licenciada Magdalena Carral Cuevas, que tendrá lugar el miércoles 10 de noviembre, a las 8:30 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
III. Presentación de la Comisión
Intersecretarial
Lic. Magdalena Carral Cuevas
Comisionada del Instituto Nacional de Migración
y secretaría ejecutiva de la Comisión Intersecretarial del
Programa Paisano.
IV. Presentación de dependencias y entidades
SRE (protección consular, difusión en EUA,
reuniones con líderes de comunidades y medios de comunicación
en EUA)
Sedena/Banjército (importación temporal
de vehículos)
SSP/PFP (Seguridad en carreteras, y combate y prevención
de delitos)
SHCP/SAT/Administración General de Aduanas (importación
temporal de vehículos, franquicia fiscal, menaje de casa)
Sedesol (programa Iniciativa Ciudadana 3x1)
Semarnat/Profepa (especies protegidas)
SE (importación definitiva de vehículos
nuevos)
Sagarpa (importación de alimentos, animales y
vegetales)
SCT/Telecomm (envíos de dinero y telefonía
rural satelital)
SFP (seguimiento de quejas y denuncias, Sactel y CIS)
SEP (Programa Binacional para la Educación del
Migrante)
Ssa (salud del migrante)
STPS (capacitación y empleo)
Sectur (orientación, asistencia y acompañamientos
turísticos)
PGR (tráfico ilegal de armas y drogas)
Profeco (quejas y denuncias por servicios al consumidor)
PA (protección y defensa campesinas)
IMSS (seguro para el migrante y su familia)
DIF (Programa de Menores Fronterizos)
V. Sesión de preguntas y respuestas por
parte de las legisladoras y los legisladores
VI. Asuntos generales
VII. Clausura del evento
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A la reunión de su Junta Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 10 de noviembre, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio F, primer piso).
Orden del Día
DE LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
A su cuarta reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 10 de noviembre, a las 9:30 horas, en la sala 5 del edificio B, planta baja.
Orden del Día
DE LA COMISION ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS
En Comisiones Unidas con su homóloga de Asuntos Indígenas, al Foro sobre niñas y niños indígenas, que tendrá verificativo el miércoles 10 de noviembre, a las 10 horas, en el lobby del edificio E, en el marco del XV aniversario de la adopción por parte de la ONU de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Atentamente
Dip. Angélica de la Peña Gómez
Presidenta
DE LA COMISION DE PESCA
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 10 de noviembre, a las 10 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA DEL CONGRESO
A su reunión, que se efectuará el miércoles 10 de noviembre, a las 10 horas, en el salón de reuniones de la Junta de Coordinación Política (edificio H, segundo nivel).
Atentamente
Dip. Sami David David
DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL
A su reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 10 de noviembre, a las 11 horas, en la sala de juntas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, situada en la planta baja del edificio H.
Orden del Día
DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión con el secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, que se realizará el miércoles 10 de noviembre, a las 11:30 horas, en el mezanine del edificio A, primer piso (zona de palcos).
Atentamete
Dip. Salvador Martínez Della Rocca
Presidente
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A la reunión de trabajo que, junto con el Grupo de Amistad México-Honduras, sostendrá con legisladores del Parlamento de la República de Honduras el miércoles 10 de noviembre, a las 12 horas, en el salón de reuniones de la Comisión (edificio D, planta baja).
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
Dip. Yadira Serrano Crespo
Presidenta del Grupo de Amistad México-Honduras
DE LA COMISION DE SALUD
Al simposio Situación actual del déficit de atención e hiperactividad en México, que se realizará el miércoles 10 de noviembre, de las 12 a las 15 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Análisis en Materia de Agencias de Noticias, que se llevará a cabo el miércoles 10 de noviembre, a las 13 horas, en la sala de Juntas de la Comisión, situada en el tercer nivel del edificio D.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A la vigésima segunda reunión de su Mesa Directiva, que contará con la presencia del secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, seis secretarios de Salud de entidades federativas, así como con integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que se realizará el miércoles 10 de noviembre, a las 16:30 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
Al seminario Los problemas contemporáneos de la población de México, que se llevará a cabo los miércoles 10, 17 y 24 de noviembre, a las 9 horas, en el auditorio del grupo parlamentario del PRD, edificio H, tercer nivel.
Atentamente
Dip. Rosa María Avilés Nájera
Secretaria de la Comisión y Coordinadora del Seminario
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el jueves 11 de noviembre, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
2. Relación de dictámenes a discusión y aprobación:
Rezago Legislativo:
c) Dictamen con proyecto de decreto por el que se desecha
la iniciativa que adiciona el artículo 94 Bis al Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
d) Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el artículo 153 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyectos de Ley, de Decreto y de Dictamen.
3. Foros, Eventos y Actividades Editoriales.
4. Letras de Oro y Consultas.
5. Asuntos generales:
Segundo informe semestral
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión extraordinaria, que tendrá verificativo el jueves 11 de noviembre, a las 10 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
4. Minuta
Sobre la Procuraduría Agraria (dictaminar).
5. Iniciativa
Reforma del artículo 17 de la Ley Orgánica
de los Tribunales Agrarios (dictaminar).
6. Presupuesto para el sector agrario correspondiente
a 2005.
7. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión mensual de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 11 de noviembre, a las 11 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que tendrá verificativo el jueves 11 de noviembre, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de Jalisco del grupo parlamentario del PRI, situada en el edificio C, planta baja.
Atentamente
Dip. Roberto A. Marrufo Torres
Presidente
DE LA COMISION DE CULTURA
A su doceava reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 11 de noviembre, a las 12 horas, en la sala de juntas de la Comisión de Gobernación.
Atentamente
Dip. Filemón Arcos Suárez
Presidente
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
A su reunión de trabajo con el señor Felipe Muñoz Kapamas, presidente del Comité Olímpico Mexicano, que se llevará a cabo el jueves 11 de noviembre, a las 12 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. José Manuel Carrillo Rubio
Presidente
DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
A su quinta reunión ordinaria, que se verificará el jueves 11 de noviembre, a las 12 horas, en el sala 2 del edificio H, tercer piso.
Orden del Día
DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL CAMPO
A su cuarta reunión ordinaria, que tendrá lugar el jueves 11 de noviembre, a las 15 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Rafael Galindo Jaime
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su séptima reunión plenaria, que tendrá lugar el viernes 12 de noviembre, a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Se recuerda a los CC. diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal que, de acuerdo con la práctica que se sigue en esta Comisión, se da un término de 20 minutos de espera para que haya quórum y, en su caso, iniciar la sesión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ECONOMIA
A la reunión de su Mesa Directiva, que -con el tema Caña de azúcar y edulcorantes- se llevará a cabo el martes 16 de noviembre, a las 12 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Manuel López Villarreal
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 17 de noviembre, a las 13 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A la premiación del cuarto Certamen nacional de ensayo sobre fiscalización superior y rendición de cuentas, que se realizará el miércoles 17 de noviembre, a las 17 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Atentamente
Dip. Salvador Sánchez Vázquez
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de la Tercera Subcomisión, "Asistencia Médica", que se efectuará el miércoles 24 de noviembre, a las 12 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión.
Atentamente
Dip. Julio Boltvinik Kalinka
Coordinador de la Subcomisión
DE LA COMISION DE SALUD
A su decimocuarta reunión plenaria, que se verificará el miércoles 24 de noviembre, a las 14 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
5. Asuntos generales:
5.1. Presentación e intervención de integrantes
de Funsalud; y
5.2. Presentación e intervención de la
organización Fundar.