Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los Congresos de los estados de Chihuahua y de Quintana Roo.
De la Junta de Coordinación Política.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política, con proyecto de acuerdo sobre la integración de delegaciones de diputados ante organismos parlamentarios internacionales.
Oficios de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa que reforma la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
En el que se transcribe punto de acuerdo por el que comunica que se declara 2004 como "Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano".
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, para solicitar al Ejecutivo federal promover nuevos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. (Turno a Comisión)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Natania Swirski Roldán pueda prestar servicios en la Embajada de Australia en México. (Turno a Comisión)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León y Jacqueline Itzel Solís González puedan prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en el Consulado de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco, y en su Embajada, respectivamente; y se comunica que la ciudadana Claudia Patricia Cordero Fernández ha dejado de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que adiciona un párrafo al artículo 94 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un párrafo noveno al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desplazados internos, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 58 y 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación infantil y juvenil, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona dos fracciones al artículo 10 y reforma el artículo 208 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al Ejecutivo la facultad de presentar iniciativas de ley o decreto de carácter urgente, a cargo del diputado Alvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para precisar los alcances de la labor de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, adelantar la fecha de presentación de éste y fijar una fecha límite para su aprobación, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y adiciona un párrafo al artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a fin de tipificar el delito de falsificación de tarjetas, títulos de crédito, cheques y otros documentos para el pago de bienes o servicios o disposición de efectivo, a cargo del diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres, a cargo de la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Dictámenes a discusión
De las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo en relación con la proposición para apoyar una reforma fundamental de la Organización de las Naciones Unidas a fin de que el Consejo de Seguridad sea un órgano de mayor legitimación que ofrezca a los miembros de la Organización un marco de seguridad efectiva.
Dictámenes negativos
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno de México que se abstenga de votar contra una resolución en materia de derechos humanos en Cuba, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y, de no cumplir el grupo concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento en esa central aérea, se le sancione o, en su caso, se le revoque la concesión conforme a derecho, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de crear la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para recomendar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público que, mediante sus órganos desconcentrados, haya mayor coordinación en el diseño y la propuesta de instrumentos económicos fiscales, financieros y del mercado destinados a apoyar la internalización de daños ambientales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política que integre una comisión especial de seguimiento al caso del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a retirar las reservas impuestas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dar trámite y respuesta a la petición de las comisiones relacionadas con el campo, sobre la reasignación de 10 mil 800 millones de pesos de presupuesto para este sector, suscrita por integrantes de diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado J. Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de los ingresos netos de Pronósticos Deportivos que se enteran a la Tesorería de la Federación, 8% se destine al fomento del deporte en los municipios del país, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice los fondos federalizados asignados al estado de Colima, con objeto de transparentar su ejercicio, y en especial los destinados al pago electrónico de la nómina, suscrita por los diputados Antonio Morales de la Peña y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos de América y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Energía a establecer, mediante la Comisión Reguladora, de acuerdo con sus facultades, mecanismos de coordinación para prevenir accidentes en las compañías que tienen la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo a instruir a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que se establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y se cree una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el mismo estado, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para hacer un atento exhorto a las Secretarías de la Función Pública, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría General de la República, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen el Servicio Postal Mexicano por el presunto robo de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América a migrantes mexicanos por concepto de pensión y devolución de impuestos, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Pleno de la Cámara de Diputados a honrar la memoria de las víctimas de los atentados de Madrid y de la invasión de Irak; y al titular del Ejecutivo federal, a adoptar una política exterior activa que contribuya al fin de la ocupación estadounidense y evite las guerras en el mundo, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que aplique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República del Caso Colosio, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la instalación de plantas regasificadoras en Baja California, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a cumplir plena y oportunamente diversos aspectos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, mediante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, investigue y proceda legalmente en el caso de importación de azúcar al país, imponiendo las sanciones aplicables, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, en nombre de legisladores integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades educativas federales y a las locales que verifiquen que las instituciones que imparten el nivel de preescolar cumplan con lo establecido en la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a no deshacerse de capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar oportunamente de los recursos a que se refiere el artículo 7, fracción XI, de la Ley de Ingresos, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional contra la corrupción y a trabajar con sujeción a su declaración de principios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un foro nacional de consulta, análisis y discusión sobre el sector de transportes, a fin de contar con los elementos suficientes para la generación de una iniciativa de ley que rija en el sector, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los gobiernos federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira a coordinarse para impulsar el proyecto Fénix en esta demarcación, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Guerrero a aprobar la propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la sociedad civil, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer, en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, a cargo del diputado Alfredo Fernández Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a atender a ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán que realicen las acciones necesarias a efecto de evitar la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en esa entidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a destinar 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Musical, Baja California, a pagar los recibos de energía eléctrica durante el próximo verano, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para definir el futuro de México, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar que se reabra la investigación sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Salud, y de Gobernación, así como a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a que apliquen puntualmente la normatividad en relación con la publicidad y comercialización de los llamados "medicamentos milagro", a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades y a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a encontrar un equilibrio que resuelva la situación que actualmente enfrenta el régimen de jubilaciones y pensiones de esta institución, a cargo del diputado Manuel Pérez Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Comisión Federal de Electricidad el cambio de la División Centro Sur a la División Centro Occidente, de los municipios de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Tzitzio y Tuzantla, del estado de Michoacán, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordene que se lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como de los equipos y materiales que los contienen, donde quiera que éstos se ubiquen, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad a que reclasifiquen la tarifa del servicio residencial de energía eléctrica en los municipios de Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Carrillo Puerto, Naranjal, Yanga, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucan, en el estado de Veracruz, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos en el estado de Chihuahua cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, propuesto al grupo parlamentario del PAN, por parte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, para fortalecer las acciones en materia de lucha contra el contrabando, la piratería, la adulteración y el comercio ilegal a fin de contrarrestar este mal, a cargo del diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, con la mayor brevedad, suspenda la transmisión de los spots publicitarios en radio y televisión que promueven la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el desprestigio de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito que han manifestado inconformidad con dicho ordenamiento, a cargo del diputado David Ferreira Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a que implante un programa de mantenimiento y capacitación en todo el sector eléctrico paraestatal, así como de modernización para todas las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas durante los periodos que estén fuera de operación, con la finalidad de aumentar su eficiencia y competitividad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público que implanten de manera urgente programas y acciones para el combate del contrabando, la piratería y la mercancía robada en la industria textil, a cargo diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para aplicar a Estados Unidos de América medidas de efecto equivalente por las moratorias establecidas en ese país a la apertura acordada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrita por los diputados Federico Döring Casar y Francisco Juan Avila Camberos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación a que intervengan en la resolución de los hechos de agresión con armas de fuego a trabajadores petroleros de la sección 14 del STPRM, en Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, su pronta intervención ante la afectación del estero conocido como El Salado, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la agenda política del estado de México, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que el Pleno de la Cámara de Diputados exhorte a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a que detenga el canje de pagarés de Fobaproa hasta que no se observe el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, respecto al caso que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por la situación de 52 mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, en torno de la situación que se vive en el municipio de Tetipac, Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, respecto de la entrada en territorio nacional de militares del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para realizar presuntamente prácticas militares en el estado de Puebla, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al informe anual 2003 presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a cargo del diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Excitativas
A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Batán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Salud y de Seguridad Social, de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud de diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Agenda política
Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre los resultados de la reunión de la Cepal, que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora, en relación con la reforma del Código Electoral del estado para la asignación de 50% de todas las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efemérides
Sobre el LXVI aniversario de la Expropiación Petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Convergencia.
Sobre el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, y de Convergencia.
Sobre el X aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el XCI aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, que se cumple el 26 de marzo, a cargo del diputado Jesús Zúñiga Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Sobre el Día Forestal Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el Día Meteorológico Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL JUEVES VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputadoJuan de Dios Castro Lozano
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las diez horas con veintiún minutos del jueves veinticinco de marzo de dos mil cuatro, con la asistencia de doscientos setenta y cinco diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Comunicación del Congreso del estado de Tabasco con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
La Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo noventa y nueve de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia de la contestación de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, a los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, relativos a los tiempos acumulados y los porcentajes de utilización de los tiempos sociales de ley en radio y televisión, a partir del primero de enero de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al promovente, para su conocimiento.
Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:
Minerva Hernández Torres, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, que reforma y adiciona el artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo veinte de la Ley de Planeación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentarias. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Amalín Yabur Elías, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento dos, ciento tres y ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo once bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la obligación de diputados y senadores de rendir un informe anual de actividades. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo trescientos veintitrés del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Miguel Ángel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Una, con acuerdo relativo a la integración de la Sección Instructora. El Presidente hace comentarios sobre la comunicación de referencia, informa que se reserva el punto segundo del acuerdo y aclara el procedimiento para su desahogo. Sin nadie que solicite el uso de la palabra, la Asamblea aprueba el acuerdo en lo general y en lo particular los puntos no reservados, en votación económica. Para hablar en contra del punto segundo del acuerdo, reservado, se concede la palabra a los diputados: José González Morfín, del Partido Acción Nacional, quien durante su intervención solicita la lectura del primer párrafo del artículo ciento once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente instruye a la Secretaría a atender la solicitud, y acepta interpelaciones de la diputada Sofía Castro Ríos y del diputado Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia. Desde su curul el diputado Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de otros diputados, solicita que la votación del punto segundo reservado sea nominal. La Asamblea, en votación económica, considera suficientemente discutido el acuerdo en lo particular. Desde su curul el diputado Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia aclarar el sentido de la votación y el Presidente atiende la solicitud e instruye a la Secretaría a dar lectura al punto segundo reservado, el que se aprueba por doscientos cuarenta y siete votos en pro, ciento cuarenta y tres en contra y veintiséis abstenciones. Aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de la Sección Instructora. Comuníquese.
Presidencia del diputadoAntonio Morales de la Peña
Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo; Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México; Emilio Zebadúa González, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Javier Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional; José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México; René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática; Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional; y Luis Antonio Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo diecisiete de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Es de primera lectura.
Presidencia del diputadoJuan de Dios Castro Lozano
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, a incorporar en las zonas de atención prioritaria, contempladas en la Ley General de Desarrollo Social, a la región de la Sierra Madre del Sur, que comprende los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Habla en pro el diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea, en votación económica, considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, a facilitar la incorporación de personas con capacidades diferentes a los programas que opera, en particular los denominados Oportunidades y Hábitat, mediante la modificación de las reglas de operación de los mismos. Hablan en pro los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia, a nombre de la Comisión; y María del Carmen Mendoza Flores, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Dictamen negativo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se declaran no aprobadas siete iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan el Código Fiscal de la Federación. Sin discusión se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Dictamen negativo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se declaran no aprobadas tres iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Sin nadie que solicite el uso de la palabra, se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, y a nombre de diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y de Convergencia, para que la Cámara de Diputados exprese sus condolencias y solidaridad al pueblo de España por los atentados terroristas del once de marzo de dos mil cuatro y salude al Presidente Electo de ese país, señor José Luis Rodríguez Zapatero, y solicita trámite de urgente resolución. El Presidente hace aclaraciones sobre el trámite solicitado y con fundamento en el párrafo cuarto del artículo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, considera improcedente la solicitud. Se turna la proposición a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Maximino Alejandro Fernández Ávila, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que informe sobre los niveles de contaminación que guardan las playas mexicanas, así como de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo periodo vacacional de semana santa y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, considera de esa forma el asunto. Hablan en pro los diputados: Raúl Leonel Paredes Vega, del Partido Acción Nacional; y Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
El Presidente levanta la sesión a las quince horas
con veintiséis minutos, citando para la que tendrá lugar
el martes treinta de marzo de dos mil cuatro, a las once horas.
Chihuahua, Chih., a 24 de febrero de 2004.
H. Congreso de la Unión
Congreso de la Unión s/n
Col. San Lázaro
México, DF
Le remito el acuerdo número 823/04 XII P.E., aprobado por el H. Congreso del estado en sesión de esta fecha, mediante el cual se le exhorta respetuosamente a que tenga a bien realizar los estudios que conduzcan a la creación del marco jurídico que regule integralmente la clonación humana.
Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Manuel Acosta Lara (rúbrica)
Presidente del H. Congreso del Estado
La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su duodécimo periodo extraordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional,
Acuerda
Unico. La Sexagésima Legislatura constitucional del estado exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión a que tenga a bien realizar los estudios que conduzcan a la creación del marco jurídico que regule integralmente la clonación humana.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil cuatro.
Dip. Manuel Acosta Lara (rúbrica)
Presidente
Dip. Miguel Rubio Castillo (rúbrica)
Secretario (rúbrica)
Dip. Jorge Arellanes Moreno (rúbrica)
Secretario
Chihuahua, Chih., a 24 de febrero de 2004.
H. Congreso de la Unión
Congreso de la Unión s/n
Col. San Lázaro
México, DF
Le remito el acuerdo número 825/04 XII P.E., aprobado por el H. Congreso del estado en sesión de esta fecha, mediante el cual se le exhorta respetuosamente a efecto de que realice las reformas constitucionales necesarias para prohibir la pena de muerte en el territorio del país.
Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No. Reelección.
Dip. Manuel Acosta Lara (rúbrica)
Presidente del H. Congreso del Estado
La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su duodécimo periodo extraordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional
Acuerda
Unico. La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión a efecto de que realice las reformas constitucionales necesarias para prohibir la pena de muerte en el territorio del país.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil cuatro.
Dip. Manuel Acosta Lara (rúbrica)
Presidente
Dip. Miguel Rubio Castillo (rúbrica)
Secretario
Dip. Jorge Arellanes Moreno (rúbrica)
Secretario
DEL CONGRESO DE QUINTANA ROO
CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de
Diputados
Presentes
La X Legislatura constitucional del estado, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2004 declaró instalado y clausurado su segundo período extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mismo, la cual quedó integrada de la siguiente manera:
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cd. Chetumal, Q. Roo, a 16 de marzo de 2004.
Dip. Pablo de Jesús Rivero Arceo (rúbrica)
Secretario
CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de
Diputados
Presentes
En cumplimiento del artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito comunicar que en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de marzo del 2004, se eligió al diputado Javier Félix Zetina González como Presidente de la Diputación Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la X Legislatura del H. Congreso del estado.
Sin mas por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No. Reelección.
Cd. Chetumal, Q. Roo, a 16 de marzo de 2004.
Dip. Pablo de Jesús Rivero Arceo (rúbrica)
Secretario
CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de
Diputados
Presentes
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito comunicar que en reunión celebrada el día 5 de marzo del 2004, se eligió al ciudadano contador público Javier Félix Zetina González como Presidente de la Gran Comisión de la X Legislatura del H. Congreso del estado.
Sin mas por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cd. Chetumal, Q. Roo, a 8 de marzo de 2004.
Dip. Francisco Javier Díaz Carvajal (rúbrica)
Secretario de la Gran Comisión
México, DF, a 25 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Gloria Lavara Mejía, Sara Isabel Castellanos Cortés, Érika Larregui Nagel, Verónica Velasco Rodríguez y Emilia Patricia Gómez Bravo, Senadoras de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, y 73, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente Iniciativa de Ley, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El progreso de cualquier país depende de la habilidad de sus habitantes para emplear los recursos energéticos en acciones que fortalezcan la competitividad de su economía, al mismo tiempo en que se protege y mejora al medio ambiente, en otras palabras, procurar un desarrollo que satisfaga tanto las necesidades actuales como las futuras.
Ya en la década de los setentas, ante la crisis de los energéticos, algunos miembros de la comunidad internacional dieron el primer paso en la búsqueda de fuentes alternas de producción de energía impulsando la investigación y el desarrollo de energías renovables.
Los recursos no renovables se agotan y no se pueden regenerar; esto significa que extraer y consumir una unidad en el presente involucra un costo de oportunidad: el valor que podría tener en el futuro esa unidad. El costo de oportunidad se debe tomar en cuenta cuando se determina la asignación del recurso a través del tiempo: en términos económicos, al costo marginal de producción debe añadírsele ese costo de oportunidad, teniendo en cuenta el valor del recurso a través del tiempo; la rentabilidad será la diferencia entre el precio y los costos marginales (incluido el de oportunidad).
Entonces, el reto es analizar, diseñar, instrumentar y evaluar políticas que rectifican las fuerzas de mercado cuando no se protege y mejora el medio ambiente.
Tales políticas deberán establecer acciones para la prevención y mitigación de la contaminación con la finalidad de disminuir los efectos ambientales adversos asociados con la producción, distribución y consumo de energéticos; maximizar la productividad energética para fortalecer la competitividad de la economía, y reducir la vulnerabilidad frente a impactos causados por los mercados globales de energía.
El objetivo básico de estas políticas será mejorar la calidad de vida de todos los individuos en un país.
México cuenta con un enorme potencial para explotar las fuentes renovables de generación eléctrica. Sin embargo, el fomento que han obtenido estos recursos han sido casi nulos, ya que además de establecer políticas energéticas que inciten a su utilización, se les aplica el pago de derechos en la misma medida que al resto de los medios no renovables.
En este sentido, es que el Poder Legislativo debe utilizar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, y otorgar el apoyo que necesitan estos medios.
Es por ello que en el mes de diciembre de 2003, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República propuso la adición del artículo 56 BIS a la Ley Federal de Derechos, el cual fue aprobado por esta Soberanía, y establece que en ningún caso se pagará el derecho de permiso de energía eléctrica por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición o modificación del título de permiso, cuando sea bajo las modalidades de fuentes de energía renovables.
Por error involuntario del Congreso de la Unión durante el proceso legislativo, es conveniente aclararlo, también fue aprobado en diciembre de 2003 la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal en la cual se adicionaba una fracción quinta al artículo 55 de la .Ley en comento, misma que establece el pago de derechos de permiso de energía eléctrica, por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición o modificación del título de permiso tratándose de las modalidades de cogeneración o fuentes de energía renovables como hidráulica, eólica, solar, biomasa o biogás. Esta clara contradicción impide a la autoridad administrativa correspondiente saber cual de los dos preceptos debe cobrar, y desafortunadamente pudiese hasta provocar una discrecionalidad en la aplicación de la Ley.
Es por eso que proponemos la derogación de la fracción quinta del artículo 56 de la Ley Federal de Derechos, que se refiere al pago por el derecho de permiso para la utilización de fuentes renovables como medios de generación eléctrica.
Esta iniciativa es una medida que representa un pequeño esfuerzo, pero que conseguirá un gran impacto en el fomento de las energías renovables en nuestro país.
Con base en estos razonamientos, se busca la anuencia del Congreso para una modificación que tiene como único fin; la sustentabilidad en el sector eléctrico; y que redundará en el crecimiento de nuestra nación.
En atención a lo expuesto, las Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente sometemos a este H. Pleno, la siguiente iniciativa de:
DECRETO mediante el cual se deroga la fracción V del artículo 56 de la Ley Federal de Derechos.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la fracción V de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
Artículo 56.- ...
V.- Se deroga.
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticinco días del mes de marzo de 2004.
Senadoras: Erika Larregui Nagel (rúbrica),
Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Sara Isabel
Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo (rúbrica),
Gloria Lavara Mejía (rúbrica).
DE LA CAMARA DE SENADORES, EN EL QUE SE TRANSCRIBE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE COMUNICA QUE SE DECLARA 2004 COMO "AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO"
México, DF, a 25 de marzo de 2004
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó Dictamen de la Comisión de Gobernación, con el Punto de Acuerdo que a continuación se transcribe:
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a todas las instancias de gobierno federal, estatal y municipal, a que en el ámbito de sus competencias, realicen actividades cívicas tendientes a la conmemoración del centésimo quincuagésimo aniversario del Himno Nacional Mexicano.
TERCERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, promueva la realización de homenajes al Himno Nacional Mexicano en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior.
CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a las Cámaras del Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados y a los cabildos municipales a que realicen sesiones solemnes el día 15 de septiembre del año 2004, en conmemoración del centésimo quincuagésimo aniversario del Himno Nacional Mexicano."
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE CONTESTACION AL PUNTO DE ACUERDO, APROBADO POR LA COMISION PERMANENTE, PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL PROMOVER NUEVOS VOCALES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
México, DF, a 23 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención a su oficio No. D.G.P.L: 59-II-2-350, signado el día 28 de enero último por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño copia del similar número IPAB/DGCSEI/095/2004 IPAB/DGJCS/00207/2004 suscrito el día 12 del mes en curso por los CC. J. Roberto González Corona y licenciado Gabriel Guzmán Martell; encargado del Despacho de la Dirección General de Comunicación Social y Enlace Institucional y director general Jurídico de lo Consultivo, respectivamente, del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, mediante el que comunican que han quedado enterados del punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover nuevos vocales de la Junta de Gobierno de dicho Instituto para cubrir dos vacantes, presentado por la C. diputada Dolores Padierna Luna.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 12 de marzo de 2004.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En atención a su oficio con número SEL/300/152/04 de fecha 29 de enero del presente, por el cual se remite un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el pasado 28 de enero del mismo año, cabe señalar que este Instituto recibió el citado acuerdo cuyo resolutivo contiene lo siguiente:
La presente comunicación sé expide con fundamento en los artículos 28, fracciones V y VII, 30 y 41 del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Encargado del Despacho de la Dirección General
de Comunicación Social y Enlace Institucional
J. Roberto González Corona (rúbrica)
Director General Jurídico de lo Consultivo
Lic. Gabriel Guzmán Martell (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE AUSTRALIA EN MEXICO
México, DF, a 22 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LOS CONSULADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN HERMOSILLO, SONORA, Y NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, Y EN EL CONSULADO DE CANADA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, Y EN SU EMBAJADA, RESPECTIVAMENTE; Y SE COMUNICA QUE OTROS CIUDADANOS HAN DEJADO DE PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO
México, DF, a 24 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Juan Pablo Nieto Villarreal.
Puesto: Empleado de la Sección de Visas.
Lugar de trabajo: Consulado de EUA en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
Nombre: Marina Martínez Benítez.
Puesto: Empleada de Sección de Visas.
Lugar de trabajo: Consulado de EUA en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
Nombre: Sihomara Zúñiga León.
Puesto: Asistente consular.
Lugar de Trabajo: Consulado de Canadá en
Puerto Vallarta, Jalisco.
Nombre: Jacqueline Itzel Solís.
Puesto: Asistente del administrador de Bienes.
Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en
México, DF.
Al mismo tiempo se informa que la C: Claudia Cordero Fernández solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
El suscrito diputado federal, del Sector Agrario, correspondiente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, consistente en una adición al primer párrafo del artículo 94 de la Ley Agraria, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La superficie del territorio nacional es de 196.4 millones de hectáreas. Descontadas las superficies insulares, los ríos y los cuerpos de agua naturales y artificiales, las vías de comunicación carretera y ferroviaria y las zonas urbanas, el territorio no ocupado es de 190.9 millones de hectáreas.
De las 190.9 millones de hectáreas, la superficie de fincas rústicas representa el 91.2% (175 millones). De esta cantidad, 59.1% (103.5) millones en propiedad de los 29950 ejidos y comunidades, que se rigen con una legislación diferente a la del derecho común.
Ahora bien, hasta antes del año de 1992, cuando entra en vigor la nueva Ley Agraria, el certificado de derechos agrarios, sirvió para acreditar el carácter de ejidatario, más no para identificar la unidad de dotación, pues no contiene medidas y colindancias ni superficie de la parcela. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que se puso en marcha en el año de 1993, (cuya finalidad consiste en que cada núcleo ejidal o comunal, delimite conforme a la ley su superficie, con base a las normas técnicas emitidas y publicadas por el Registro Agrario Nacional (RAN), y aplicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se reconozca como propiedad privada a los solares del asentamiento humano, la Asamblea Ejidal asigne las parcelas individualmente a los ejidatarios y posesionarios, así como los porcentajes de aprovechamiento que les corresponde en las tierras de uso común. Concluído el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, bajo las bondades de este Programa, el Registro Agrario Nacional emite y entrega los certificados parcelarios, y títulos correspondientes, con los que el ejido queda "certificado".
En el universo de trabajo que realizan de manera concurrente la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dentro del desarrollo del Procede, hasta el 30 de diciembre del 2003, tenemos los siguientes datos: 27 688 núcleos agrarios, el (92%) se han incorporado al Programa; se han concluido los trabajos de medición en 25 257 núcleos agrarios (84%), tarea que ha significado la cobertura territorial de 79.9 millones de hectáreas que representan el 77% de la superficie ejidal y comunal, y en lo particular se ha realizado la medición de 7'262 421 parcelas y solares; y 25,011 núcleos agrarios ya han celebrado su Asamblea de Delimitación Destino y Asignación de Tierras.
Finalmente, se ha culminado la regularización de 24,792 núcleos agrarios equivalentes al (83%), del total nacional, para los cuales se han expedido 7'768 267 certificados y títulos equivalentes a: (4'292,062 certificados parcelarios, 1'574,747 certificados de uso común y 1'902,458 títulos de solares) que benefician a 3'520,832 sujetos de derecho, así como la certificación y la titulación de 68.8 millones de has.
En sentido estricto, para poder sostener este proyecto de decreto, en los términos planteados, es un requisito de procedibilidad, sine qua non, que el ejido o comunidad a expropiar, se encuentre formalmente parcelado y certificado, para poderse configurar la enajenación, que contempla el artículo 80 de la Ley Agraria que sólo puede darse, entre ejidatarios o avecindados del mismo núcleo ejidal; pues podría ser anulada la "venta" si para la validez de la enajenación no se cumplen los siguientes requisitos: escrito de conformidad de las partes ante dos testigos, la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional para expedir el nuevo certificado y el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción en el libro respectivo y notificar al cónyuge y a los hijos del enajenante, en ese orden, que gozarán del derecho del tanto.
Bajo esta perspectiva, la acción agraria de expropiación, por causa de utilidad pública planteada por el o la promovente ante la Secretaría de la Reforma Agraria, podrá versar sobre parcelas en lo individual o sobre tierras de uso común. En ambos casos, el criterio que debe prevalecer en la CABIN, es de que se trata de un ejido o comunidad ya certificados y, por ende el valor comercial debe ser calculado sobre un bien que "de jure" trasciende el régimen jurídico de tenencia del bien ejidal (propiedad social), a la de un bien protegido por la legislación civil (por el derecho común), que "per se" experimenta una plusvalía, hasta de carácter especulativo, y que con este razonamiento la Cabin (Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales), deberá razonar sus avalúos con base en el libre precio de la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario de la tierra.
En la práctica, los legisladores que conformamos el Sector Agrario, hemos intervenido, para mejorar el monto de las indemnizaciones en ejidos, mediante convenios con los promoventes de las expropiaciones (Estados, Municipios, Gobierno Federal, Organismos Públicos Descentralizados). Esta intervención, se hace al margen de los avalúos practicados por la Cabin, caracterizados por injustos, e irreales; y pues no toma en consideración que a través del tiempo esos terrenos ya no pueden permanecer en las mismas condiciones en cuanto a su vocación original, muchas veces por la dinámica de crecimiento de los centros de población; y en muchas ocasiones generalizando el criterio y omitiendo fenómenos como la conurbación, la ubicación en áreas de crecimiento de los centros de población etc. La injusta aplicación de estos criterios, provoca casi siempre, estallidos sociales, en los ejidos, cuando la causa de la utilidad pública es para el establecimiento de servicios públicos. El más reciente fue el intento fallido en la construcción del aeropuerto en terrenos ejidales de San Salvador Atenco en el estado de México, en donde el avalúo por metro cuadrado era por 7 pesos y el valor comercial era de 350 pesos, aproximadamente; lo mismo sucede cuando la causa es la creación de unidades de producción de bienes y servicios de indudable beneficio para la comunidad, como fábricas, maquiladoras, reservas territoriales para el crecimiento de los centros de población, centrales camioneras corredores industriales, en donde invierte el sector privado para adquirir esos terrenos como propiedad privada, a precios que se cotizan en el mercado inmobiliario en el libre juego de la oferta y la demanda, a precio especulativo, en detrimento del ejido propietario de las tierras a expropiar.
Destacamos el hecho de que, cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios, la asamblea general, órgano supremo del ejido, podrá resolver que los ejidatarios que así lo deseen puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja en dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad.
La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales sí cambia el régimen legal del ejido, sujetándolos por ende, a las disposiciones del Derecho Común, y se produce un desmembramiento legal de la parcela del régimen ejidal; en estas circunstancias, ya como propietarios, sus titulares podrán, incuestionablemente, vender, hipotecar y ceder sus parcelas libremente, sin que el objeto de la presente iniciativa se aplique respecto a la propiedad privada, en cuyo caso, es prioritaria la negociación sobre una compraventa, en otras circunstancias, se optará por la expropiación como acto de autoridad por causa de utilidad pública como única opción Constitucional.
Es relevante ponderar que de los 29950 ejidos y comunidades, menos del uno por ciento, han optado por el dominio pleno, a raíz del viraje que nuestro país dio al modificar el artículo 27 Constitucional, como estrategia para promover el mercado de tierras, impulsar la asociación de pequeños productores y potencializar la actividad agropecuaria. Esta estrategia se vio truncada por la crisis económica a mediados de los años noventa.
La exposición de estas consideraciones, inspiradas en criterios de aplicación de, la justicia distributiva a la sociedad rural, nos lleva a solicitar de esta soberanía su solidaridad institucional y legal, para aprobar esta iniciativa con proyecto de decreto que, contempla una adición al primer párrafo del Art. 94 de la Ley Agraria, considerando que el monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin), o el organismo competente, atendiendo al valor comercial de los bienes a expropiar bajo el criterio legal de que se trata de una propiedad privada regulada por el derecho común y no contemplarla como propiedad social.
Por las consideraciones expuestas, la diputación federal del Sector Agrario, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y amplía el párrafo primero del artículo 94 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:
Artículo Unico.- Se adiciona el párrafo primero del artículo 94, para quedar en los siguientes términos:
Art. 94 "La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; para la determinación del valor comercial se tomará en cuenta el destino final de los bienes expropiados; tratándose de ejidos ya certificados, la comisión, para los efectos del avalúo, los considerará regulados por el derecho común.
Artículo Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2004.
Dip. Jesús Morales Flores (rúbrica)
Coordinador
QUE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSE ANTONIO CABELLO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el ámbito cultural, el entierro temprano, en los ochenta, de las políticas culturales de "democracia cultural" que habían nacido a partir de los sucesos de octubre de 1968, significó la subordinación de las políticas de democratización cultural a los imperativos de la reproducción económica y social, al sustituirse la mirada del lado cultural del desarrollo por la visión casi exclusiva del lado económico de la cultura.
En la actualidad hay indicios para pensar que nos encontramos en una fase de transición hacia un cambio de modelo. Las últimas tendencias liberales y economicistas conviven con algunos desarrollos conceptuales interesantes que parecen aflorar desde la sociedad civil, con nuevas exigencias hacia lo público, y que podrían dar lugar a un nuevo modelo, en la medida que desde una visión más multidimensional se supere la visión instrumental de la cultura que ha hecho furor en los años noventa.
El proceso de transformación económica que ha experimentado México desde la década de los ochenta, como resultado de la aplicación de los principios del libre mercado, ha producido profundos cambios en las estructuras económicas, políticas, sociales, tecnológicas, jurídicas y culturales del país. Desde el punto de vista cultural, México ha debido hacer frente a una serie de desafíos que lo han ido obligando a replantear su proceso de construcción nacional y reorganizar su escenario cultural.
Este nuevo contexto, caracterizado por la globalización de la economía, de las comunicaciones y de la cultura, está orientado hacia la creación de la sociedad de la información y el conocimiento, en la que las empresas culturales tienen un papel importante.
Pero a pesar del potencial papel protagónico que pueden tener las empresas culturales en ese proceso, éste ha sido pocas veces reconocido por el Estado, que no le ha otorgado la debida importancia al momento de elaborar su política cultural y económica. Esa actitud por parte del Estado es resultado de la visión patrimonialista con que se observa el fenómeno cultural, la misma que identifica la cultura como la simple expresión artística que se asemeja más a las bellas artes, a la protección del patrimonio histórico-arqueológico y a lo que conocemos como "alta cultura".
Esa situación de olvido a que han sido condenadas sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) culturales en México nos ha motivado a interrogarnos sobre las posibles vías de solución que, desde el punto de vista normativo, pueden plantearse a fin de permitir que dicho sector de actividades logre alcanzar cierto desarrollo y crecimiento.
En esta iniciativa tratamos de considerar la empresa cultural en general y las Mipyme culturales en particular desde una perspectiva que permita correlacionarlas con un amplio universo de lo cultural, y que por tanto atienda implícitamente a la problemática del desarrollo en toda su complejidad. Con esta precisión queremos dejar en claro que toda reflexión en torno del futuro de México debe considerar el importante papel que las empresas culturales, no importando su tamaño, pueden tener en el mejoramiento de la competitividad, el empleo y la democratización de los intercambios culturales.
Aquí identificamos las Mipyme culturales como las empresas que si bien producen, reproducen, difunden y comercializan bienes y servicios culturales reproducibles a escala, de acuerdo con criterios económicos y siguiendo una estrategia comercial cumplen un papel importante en la definición de la sociedad.
De esa manera, al referirnos a las Mipyme culturales tendremos en cuenta las empresas de la radio, la televisión, el cine, la industria de la música, la publicidad, el libro, los periódicos, el teatro, el turismo cultural, la opera, etcétera; pero también debe considerarse al conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan nuestra sociedad o un grupo social.
Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, las tradiciones y las creencias, por cuanto en éstas es posible conjugar tanto el aspecto económico-comercial como el cultural.
Esa definición, que hace confluir las dimensiones económicas y culturales de las empresas culturales, permite comprender en toda su complejidad el debate entre cultura y economía hoy existente. Diversos estudios han puesto énfasis en la necesidad de establecer estrategias que permitan favorecer el desarrollo de las empresas culturales mexicanas y han abordado el tema desde una perspectiva que pone en relación el mercado, cada vez más omnipresente en todas las esferas de la vida social, y la cultura marcada por la diversidad y la flexibilidad. Pese a las interesantes reflexiones que se hallan en dichos estudios, se observa que éstos no abordan el tema del impulso económico que debería ser aplicado a las empresas culturales a efecto de favorecer su desarrollo y preservar las diferencias culturales del país.
En los países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá y lo de Europa, los estudios jurídicos en torno de dicho tema se han multiplicado en los últimos 10 años. La comunidad jurídica en dichos países ha elaborado una serie de estudios y reflexiones sobre la orientación que deben adoptar las políticas culturales, toda vez que el marco jurídico que rige el mercado de bienes y servicios culturales se basa esencialmente en una óptica economicista.
Algunos de esos estudios han enfatizado en la necesidad de crear una serie de mecanismos jurídicos que reconozcan la particularidad de esas empresas y favorezcan a su vez su crecimiento y desarrollo.
Paralelamente a esos estudios teóricos se ha ido desarrollando igualmente una corriente jurídica que busca exponer argumentos en torno de la aplicabilidad de las reglas del libre comercio al sector de las empresas culturales.
En cambio, los juristas mexicanos y los latinoamericanos, lejos de abocarse al tema de las empresas culturales y el mercado, se han preocupado básicamente en establecer las reglas claras y transparentes que el mercado exige. Esta actitud ha dejado de lado, y sin ninguna protección jurídica conveniente, la tan nombrada diversidad cultural.
La razón principal de esta actitud se debe probablemente al hecho de que el tema cultural no es ni ha sido considerado, hasta el momento, como prioritario en las estrategias de desarrollo de países como México, que han preferido ante todo la liberalización del comercio y del mercado, pues la cultura ha sido desde siempre percibida más como un gasto que como una inversión.
Esa controversia entre la lógica del mercado y la lógica cultural de los creadores ha surgido como un intento de defender la autonomía de lo cultural respecto a lo económico que, como consecuencia del fenómeno de la globalización, ha comenzado a convertirse en el eje rector de toda la actividad humana.
Resultado de ello, se ha buscado rechazar, en cierta medida, la idea del poder absoluto del mercado y de su infalibilidad al momento de regular la actividad humana.
La compleja relación entre cultura y mercado requiere una pronta solución pues, en caso contrario, el Estado mexicano verá cada vez más restringida su capacidad de establecer políticas gubernamentales que favorezcan el crecimiento y desarrollo del sector cultural. Para lograr dicho objetivo se requerirá que el Estado comience a considerar el sector como un sector productivo de importancia no sólo para la economía nacional sino para la construcción de los planes de desarrollo.
Es necesario que el gobierno tome conciencia, en primer lugar, de la importancia creciente de este sector de actividades en el comercio interno y en el externo. Es decir, que reconozcan el valor económico de las empresas culturales y las importantes ganancias que éstas pueden generar en términos no sólo de ingresos sino de formación de las identidades.
En segundo lugar, es necesario que el gobierno genere conciencia en el sector empresarial de que la inversión de una pequeña porción de sus ganancias en las culturas locales no está disociada del hecho de hacer buenos negocios. En efecto, si el sector empresarial invierte en la producción local de bienes y servicios culturales, abrirá las puertas a asociaciones, productores, artistas y representantes de la sociedad civil para que tengan una voz en el espacio cultural local, regional y nacional.
En resumen, se trata es de establecer políticas culturales y de integración económica acordes con las nuevas reglas comerciales y de mercado vigentes. Lo que exige, por un lado, es repensar al Estado y al mercado, y la relación de ambos, la creatividad cultural y la participación social; y, por el otro, promover una serie de medidas que favorezcan la libre circulación y el fomento de la producción conjunta de bienes y servicios culturales en el país.
De ese modo, el reto que enfrenta México es el de ofrecer incentivos para crear y diseminar la producción cultural local o regional de alta calidad, que los consumidores demanden, si se quiere favorecer el crecimiento de dicho sector de actividades.
De ahí que se deba impulsar la capacidad del Estado mexicano para promover la cultura y las empresas culturales, consideradas vitales para la preservación de la identidad de la nación, pues afirmamos que las iniciativas adoptadas no han incluido verdaderamente mecanismos que favorezcan el crecimiento y desarrollo de las Mipyme culturales, ya que dichas empresas son importantes no sólo por su valor cultural sino económico.
En este orden de ideas, nuestra iniciativa pretende dar pauta para establecer un mecanismo jurídico que permita que este sector sea reconocido en el marco jurídico correspondiente (Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) y que pase a ser beneficiario del mismo, a través de la aplicación de mecanismos de financiamiento públicos, de los efectos positivos del libre mercado; y, al mismo tiempo, facilite el desarrollo cultural del país, de los estados y de los municipios. Es decir, el interés de esta iniciativa es el de incluir una serie de fondos de financiamiento público (de los fondos de la Secretaría de Economía dirigidos a impulsar las Mipyme) al alcance y canalizables a las iniciativas privadas de producción de bienes y servicios culturales que carezcan de los recursos económicos necesarios para ver a la luz del día sus esfuerzos.
En este sentido, reconocemos la importancia económica de las empresas culturales, pero también su enorme trascendencia sobre la cultura y la sociedad entera. Reconciliar ambas perspectivas, generalmente divorciadas, es la gran preocupación de esta Legislatura.
La diversidad será en esa línea nuestra guía, la divisa que pueda enlazar esas dos dinámicas. Pero diversidad no sólo significa en la cultura multiplicidad de productos y servicios ofrecidos como en un mercado cualquiera, sino que implica pluralismo de expresiones creativas e ideológicas capaces de llegar hasta los ciudadanos usuarios, contraste y equilibrio entre prácticas culturales y dinámicas diferentes, como el servicio público, el mercado, el tercer sector (asociativo, sin afán de lucro); y debemos añadir que exige asimismo pluralismo interno y participación máxima dentro de cada uno de esos modelos: la democratización del servicio público estatal y la armonía entre grandes, micro, pequeñas y medianas empresas. La diversidad, en suma, como gran nudo que encierra al mismo tiempo las garantías necesarias para la identidad cultural de nuestra nación y, en definitiva, para su democracia misma, junto con las condiciones indispensables para la reproducción armónica de unos sectores industriales y unos mercados sin los cuales la cultura misma carece de sustento y no puede consolidarse.
Se ha de insistir entre los actores involucrados en el ámbito cultural, incluido el cuerpo legislativo federal, en fundamentar el examen de las políticas culturales y de sus impactos, positivos y negativos, sobre las empresas culturales en México, en términos económicos pero también de pluralismo real para los ciudadanos usuarios, sobre la convicción de que no tomar en cuenta las lógicas económicas se reducirá la acción pública a un intervencionismo voluntarista, pero olvidar los retos culturales conducirá al economicismo.
Es de suma importancia impulsar las Mipyme culturales, ya que expresan de una forma u otra la diversidad cultural de una sociedad en mucho mayor medida que lo que es propio de los grupos concentrados o los conglomerados industriales.
Las emisoras de radio de corto alcance, los canales locales de televisión de pago, las pequeñas editoriales provinciales o subregionales, las disqueras de intérpretes locales, las revistas temáticas de públicos selectivos, los directores de cine que a su vez son productores de sus propias películas, los medios abocados a la promoción de primeras obras o de autores desconocidos, son los más directamente perjudicados con el proceso de concentración industrial, erosionando la diversidad de contenidos y valores simbólicos, la razón de ser de esas empresas.
En fin, se afecta la democracia misma, la democracia en el campo de la cultura y la democracia en general, cuyo fundamento es el reconocimiento de los otros, como parte también del nuestro propio.
Los procesos de concentración empresarial han privilegiado en nuestro país no tanto la producción de bienes culturales propios, sino la reconversión de un capitalismo concebido tradicionalmente para la producción, en un capitalismo para el producto, es decir, para la venta y el mercado.
De ese modo, el servicio de venta, más que el de producción, ha pasado a convertirse en el centro de gravedad de los intereses transnacionales.
Sabido es que en la última década y media la implantación del modelo económico neoliberal ha erosionado la participación del Estado en el fomento de las empresas culturales. Con la desregulación y privatización de las telecomunicaciones, las estaciones radiales y los canales públicos, y la reducción de subsidios a la producción local se ha visto la concomitante penetración de los conglomerados globales de entretenimiento, que no sólo adquieren los derechos a los repertorios latinoamericanos sino que estrangulan gran número de productoras y editoriales, en su gran mayoría micro, pequeñas y medianas empresas.
Se reduce no sólo la diversidad de la estructura empresarial, sino que se aminora la capacidad de gestión de lo local, pues las decisiones acerca de qué productos culturales que se deben producir se ajustan a una lógica de la rentabilidad articulada desde las sedes de las transnacionales.
De ahí la necesidad de financiar proyectos culturales, ya no sólo nacionales sino también regionales y locales, que faciliten la creación de mercados en que se intercambien los productos de agentes culturales residentes en diversas localidades y regiones.
Esta iniciativa pretende poner al alcance de las Mipyme culturales mecanismos de financiación para protegerlas y fomentarlas, impulsar regímenes de coproducción con el sector privado, establecer líneas de créditos y favorecer la instalación de empresas culturales nuevas.
Es necesario operar en pequeña escala, y la casi imposibilidad de que se coloque la producción cultural local en circuitos nacionales, como los operados por los conglomerados de entretenimiento, conduce a una mayor búsqueda de alianzas dentro del territorio. De ahí que los artistas más reconocidos de pequeños municipios o ciudades compartan espacios y estrategias con los responsables de organizaciones tradicionales como los clubes rotarios, los grupos de danzas tradicionales, los patronatos y las asociaciones comunitarias. Se codean en su inversión por el desarrollo y la sostenibilidad de nuestras prácticas culturales la maestra voluntaria, el promotor comunitario, el investigador; el universitario, el creador que experimenta, etcétera. En otras palabras, la necesidad de sobrevivir en un ambiente tradicionalmente permeado por los restrictivos conceptos de cultura implícitos en el subsidio gubernamental (lo culto para las elites, el patrimonio folclórico para indígenas) o por la penetración de las transnacionales, cuya programación carece de referencias locales, ha llevado a los artistas y otros creadores culturales que mantienen diálogo con su contexto a descubrir su diversidad mediante la organización solidaria.
Las circunstancias particulares del contexto mexicano no sólo conducen a esta convivencia entre actores muy diversos, sino que entrañan además una estrategia económica. Puesto que no ha existido un camino financiero a la viabilización de la actividad cultural, el "autosubsidio" y la solidaridad han suplido la falta de recursos.
Al atractivo simbólico nacional no es ajena la existencia de un amplio tejido empresarial formado por pequeñas y medianas empresas, porque su actividad es la que permite hablar de diversificación y aun de renovación cultural, en la medida en que las Mipyme son las que apuestan por las nuevas creaciones.
Sin embargo, el alto grado de concentración existente y el control en ciertos casos oligopólico del mercado, por parte de los grupos, ha contribuido al debilitamiento progresivo de las Mipyme, que ven reducida su cuota de mercado.
Esta iniciativa también pretende incidir sobre la actuación del gobierno, para que éste inicie la puesta en práctica de políticas más activas, tendentes a promover proyectos de empresas culturales, ya que se pondrán al alcance de dichas empresas mecanismos de capacitación, financiamiento, suministro de información sobre oportunidades de mercados, etcétera, y toda la infraestructura que tiene la Secretaría de Economía tendente a apoyar las Mipyme.
La iniciativa tendrá la ventaja de estimular la producción de pequeños grupos culturales y asegurar la supervivencia de las Mipyme y la creación de otras pues, más allá de la necesidad de diversidad en la estructura empresarial que proporcione empleo para diversos sectores sociales, se reconoce que las Mipyme facilitan el acceso de muchos grupos, en especial los culturales, étnicos y regionales, que de otra manera no tienen fácil entrada en los medios de las grandes empresas culturales. La diversidad en el tejido empresarial y su diversificación asegurarán que esos grupos puedan proyectar su cultura no sólo entre ellos sino también en otras esferas públicas más amplias.
Las Mipyme culturales están llamadas a ocupar un papel estratégico en la construcción de un nuevo espacio público democrático por lo que, de manera paralela, la iniciativa tenderá a fortalecer el acceso público a los productos de dichas empresas.
Para concluir, es necesario recordar que las Mipyme culturales debemos visualizarlas como instrumentos y patrimonio histórico vivo, recurso que proporciona empleo e ingresos, actividad económica que produce retornos tributarios, pero sobre todo son medios para coordinar los deseos, las aspiraciones y las preocupaciones ciudadanas, y son dispositivos que pueden mostrar la gran diversidad, pluralidad y riqueza de las manifestaciones culturales en el sentido más amplio: lenguajes, músicas, costumbres, vestidos, cocinas, etcétera, que existen en el país.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía la siguiente
Iniciativa de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Artículo Unico. Se reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 3.- ...
...
Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales.
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 30 de marzo de 2004.
QUE ADICIONA UN PARRAFO NOVENO AL ARTICULO 4° DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESPLAZADOS INTERNOS, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO ZEBADUA GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe diputado federal Emilio Zebadúa González, integrante del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desplazados internos con la siguiente:
Exposición de Motivos
Considerando que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que se entenderá por desplazados internos a aquellas "personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida". Esta definición se encuentra establecida en el párrafo número 2 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos del 11 de febrero de 1998.
Esta definición que proviene del ámbito del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que tienen relación con otros instrumentos internacionales como por ejemplo, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Facultativos de 1977, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, de 1994 , y desde luego, los Principios Rectores del Representante del Secretario General de la ONU para Deslazados Internos arriba citados.
Cabe aclarar que esta categoría del derecho internacional humanitario difiere de la de refugiado, ya que aún cuando en ambos casos, las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, los desplazados no pueden acceder a la categoría de refugiados, con derecho a la protección específica que les proporcionan los instrumentos internacionales de la materia, puesto que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida, por lo que el gobierno tiene la responsabilidad de satisfacer sus necesidades de protección y asistencia.
Los Principios Rectores contemplan normas aplicables al fenómeno del desplazamiento en su conjunto, dado que reconocen el abanico de posibilidades que van desde la protección contra desplazamientos arbitrarios, es decir, las acciones preventivas para evitar el desplazamiento, la situación concreta del desplazamiento, cuando éste ya se ha manifestado, así como las normas que se aplicarían al regreso y la reintegración a las comunidades.
Es importante destacar que estos principios representan un mínimo de normas aplicables a la materia como estándares reconocidos por el derecho internacional, que son declaraciones moralmente vinculantes que, sin embargo, los gobiernos nacionales deben reconocerlas como obligaciones que surgen del derecho internacional y que sirven de referencia para la necesaria armonización de las legislaciones nacionales a su letra y espíritu.
Cabe hacer mención que ante la magnitud del problema que reviste en el mundo la situación de desplazamiento interno de millones de personas, en 1992, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU requirió a su Secretario General, la designación de un representante especial para los desplazados internos, siendo designado para esta responsabilidad, el Sr. Francis Deng, quien realizó una visita oficial a México del 18 al 28 de agosto del 2002, por invitación del gobierno. De su informe, se destacan algunos puntos que es necesario abordar en esta exposición de motivos, ya que este documento representa un punto de encuentro sobre la situación del fenómeno de desplazamiento interno en nuestro país.
Del documento de referencia se reconocen como causas del desplazamiento forzoso en México, el conflicto de Chiapas así como las disputas por tierras, el tráfico de drogas, intolerancia religiosa, proyectos de desarrollo y los desastres naturales que por aquél entonces se habían registrado en los estados de Oaxaca, Tabasco y Sinaloa, pero también reconoce que no existen estadísticas oficiales sobre su número, ubicación, sus necesidades, así como las posibles respuestas institucionales para atenderlos.
En este informe se destaca de manera muy especial la situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres y niños, así como de la población indígena que representa la mayoría de la población desplazada de México.
En el cuerpo del informe destacan asimismo, una serie de recomendaciones que tienen que ver con la adopción y aplicación de políticas por parte del gobierno para abordar efectivamente esta problemática, la necesidad de recabar datos para determinar su magnitud, seleccionar las necesidades especiales de los desplazados en programas y estructuras, mecanismos de coordinación, protección y asistencia a los desplazados, asistencia para el regreso, el reasentamiento o integración local, cooperación internacional, fortalecimiento de la intervención de la ONU, la difusión de los Principios Rectores a nivel regional y la búsqueda de soluciones para el conflicto.
Sobre la adopción y aplicación de políticas por parte del gobierno para abordar efectivamente esta problemática, reconoce que "es urgente que estas autoridades aceleren el enunciado, la adopción y la aplicación de políticas sobre los desplazados internos. Estas políticas deben estar vinculadas a otros planes, políticas y programas de derechos humanos. Con ellas hay que procurar resolver cuestiones de protección frente a desplazamientos arbitrarios, cubrir las actuales necesidades de protección y ayuda y plantearse las posibilidades de un retorno voluntario, el reasentamiento o la integración local de los desplazados de un modo seguro y digno", fin de cita.
Y por otro lado, reconoce en la parte que tiene que ver con los mecanismos de coordinación que "los esfuerzos de las autoridades estatales para abordar el problema de los desplazados internos se ha iniciado sin mucha coordinación con las autoridades federales. En algunos casos, las autoridades de los Estados han establecido cierta coordinación con la sociedad civil; esa colaboración hay que ampliarla. Es importante establecer mecanismos de coordinación en el seno del gobierno federal, entre éste y los gobiernos de los estados y con ONG´s humanitarias, de derechos humanos y de desarrollo, así como con la comunidad internacional, para abordar de manera más eficaz la crisis de los desplazamientos" , fin de cita.
Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) realizó un diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México, en el cual se "pretende identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en México, con base en un análisis no coyuntural". Así mismo, el Diagnóstico "recoge demandas que constituyen un clamor de la sociedad mexicana, y que en la mayoría de los casos también están reflejadas en las recomendaciones y diversos informes que en materia de Derechos Humanos han realizado sobre el país la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, por medio de sus distintos mecanismos de protección, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales".
En el Diagnóstico de referencia se señala que "a raíz del conflicto (armado de 1994), quedaron desplazadas más de 12,000 personas. Algunas recibieron ayuda del gobierno o de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales. Sus condiciones de existencia, por lo general, son sumamente difíciles. Entre los desplazados la inseguridad y temor persisten, y a mediados de 2003 el problema sigue vigente. En otras regiones indígenas del país también existen desplazados de los que no se habla. Se trata de quienes fueron reubicados sin su consentimiento por la construcción de alguna presa u otra obra años atrás, y que aún esperan recibir las compensaciones que el gobierno les ofreció." En la parte relativa a Grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación se expresa que "no se dispone en México de estadísticas oficiales sobre desplazados internos, y las estimaciones varían considerablemente. Se tomó una fuente que habla de entre 3,000 y 21,000, pero otras estimaciones llegan hasta 60,000. En Chiapas y Guerrero se han llevado a cabo conteos más amplios, con la participación de ONG´s locales o internacionales, diócesis eclesiásticas locales, dependencias gubernamentales y organismos humanitarios. En el diagnóstico se identificaron dos obstáculos para la medición: su naturaleza inestable y temporal y el hecho de que ninguna dependencia, gubernamental o no, tiene un mandato explícito para dar seguimiento a estos desplazados. En lo que hay coincidencia es en que son uno de grupos más desprotegidos, porque generalmente carecen de medios para subsistir y de cualquier mecanismo para hacer valer sus derechos. Por su invisibilidad enfrentan altos riesgos de abusos, explotación e inclusive de ser privados de la vida."
Por cuanto hace a las recomendaciones que presenta para la atención a los desplazados internos destacan las siguientes:
Otro aspecto que destaca el Informe de la ONU sobre Desplazados Internos en México, es la urgente necesidad de establecer mecanismos de resolución no violenta de conflictos. Se recomienda que el gobierno federal se involucre directamente en buscar mecanismos de mediación, conciliación, negociación e intermediación, para que las partes en conflictos agrarios, religiosos, territoriales, políticos y étnicos, puedan resolver sus diferencias sin alterar el orden público.
Es necesario que el Poder Legislativo, en coordinación con instancias del Poder Ejecutivo, como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, incorporen los lineamientos establecidos en los Principios Rectores aplicables a los Desplazamientos Internos de la ONU.
Los desplazados consultados a través del proceso del diagnóstico enfatizan la importancia que tiene la relación tradicional que guardan con sus tierras los indígenas, quienes constituyen la mayor parte de esta población. Es necesario que en los procesos de reforma legislativa y de política pública en materia de población que conduzcan al reconocimiento de los desplazados internos como sujetos de derecho, se reconozcan explícitamente las necesidades territoriales de los desplazados indígenas.
Por lo que de entrada, estamos proponiendo introducir una nueva categoría del derecho internacional humanitario en nuestro sistema constitucional, que no está contemplada hasta ahora, puesto que trata de reconocer a la vez una situación de hecho y la responsabilidad del Estado para atender sus causas como sus consecuencias. Se ha querido confundir este tipo de desplazamiento con la garantía constitucional del libre tránsito del artículo 11 o bien con obligaciones del Estado, en sus tres órdenes de gobierno, para atender los desplazamientos por causas naturales en programas de auxilio y lo cierto, es que tanto el confundir el libre tránsito con la figura del desplazamiento interno y las causas que lo motivan, es desconocer totalmente la gravedad del problema y por otro lado, minimizar la responsabilidad del Estado con la aplicación de programas de auxilio y de asistencia en casos de desastre.
Con esta definición pretendemos armonizar esta figura del derecho internacional humanitario dentro de nuestro sistema jurídico determinando con claridad la responsabilidad del Estado para garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de derechos de los desplazados internos que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, dentro de sus fronteras, como un primer paso para reglamentar en la ley la concurrencia de la Federación y las entidades federativas.
Por las anteriores consideraciones proponemos el siguiente: proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo noveno artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desplazados internos.
Unico.- Se adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 4
...
...
...
...
...
...
...
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Es responsabilidad del Estado garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de derechos de los desplazados internos, ya sea de grupos o de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, dentro de sus fronteras, según lo disponga la ley en la materia, la cual establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Transitorios
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 30 días del mes marzo de 2004.
Dip. Emilio Zebadúa González (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 58 Y 61 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, diputado de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 58 y 61 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión, en su artículo 73, fracción XXIX, inciso G, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Es decir, el mandato constitucional señala con claridad la necesidad de que los tres niveles de gobierno concurran, o compartan dicha facultad, en el ámbito de sus respectivas competencias.
En base a dicho fundamento, el 28 de enero de 1988 fue expedida la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que si bien es cierto persigue el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, dista mucho de atender al criterio federalista que demandan los tiempos actuales.
Y es que, de acuerdo a dicha normatividad, las zonas del territorio nacional, y aquéllas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, y en la que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, son sujetas a ser declaradas Zonas Naturales Protegidas. En consecuencia, los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de las áreas naturales protegidas, deberán sujetarse a las modalidades establecidas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Dicha legislación considera, en su artículo 46, a las Reservas de la Biosfera, los Parques Nacionales, los Monumentos Naturales, las Areas de Protección de Recursos Naturales, las Areas de Protección de Flora y Fauna, los Santuarios, los Parques y Reservas Estatales, así como las Zonas de Preservación Ecológica de los centros de población, como sujetas a ser declaradas Areas Naturales Protegidas.
Con excepción de los Parques y Reservas Estatales y las Zonas de Preservación Ecológica de los centros de población, las otras áreas naturales protegidas ya señaladas son de competencia exclusiva de la Federación. Es decir, ni los Gobiernos de los Estados, ni el del Distrito Federal, tienen competencia alguna en materia de regulación, ya que el establecimiento, administración y manejo de dichas áreas compete a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas.
No hay duda del interés generalizado por conservar nuestros recursos naturales. Toda sociedad ha venido realizando sus mejores esfuerzos por el aprovechamiento sustentable de su flora y fauna. México no es la excepción: En 1994, el número de áreas naturales protegidas de competencia federal era de 99, con una superficie de diez millones quinientas ochenta y un mil hectáreas. Hoy en día, de acuerdo a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas existen 149 áreas naturales protegidas reguladas por la federación, con una superficie de diecisiete millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientas sesenta y siete hectáreas. Dicho crecimiento representa un incremento del 50% de estas áreas, así como un 65% de incremento en la superficie de las mismas.
Ahora bien, si bien es cierto que, en materia de declaratoria de Areas Naturales Protegidas se busca proteger los entornos naturales y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos, también debe propiciar el desarrollo integral de la población, haciéndoles partícipes en el establecimiento, administración y manejo de dichas superficies.
Desafortunadamente, el procedimiento actual no cumple con este propósito, y contraviene al mandato constitucional para hacer partícipes a las Entidades Federativas en la toma de decisiones. En efecto, el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que, previa la Declaratoria para el establecimiento de una Area Natural Protegida, "la Secretaría deberá solicitar la opinión de: I.- Los gobiernos locales, en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate".
Dicho en otros términos, la facultad de los gobiernos locales no limita la discrecionalidad del Gobierno Federal en esta materia, puesto que sólo lo obliga a solicitar su opinión, independientemente de su acuerdo o desacuerdo con el manejo que se le quiera dar a la reserva.
Esta facultad ha generado discrepancias en torno al tema entre los Gobiernos Federal y de los Estados. Sonora es una muestra de ello, en donde comunidades pesqueras se han visto afectadas ante la falta de certidumbre en su actividad.
Por ello se propone una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que esté acorde al mandato Constitucional, y promueva una participación más activa de las Entidades Federativas, así como del Congreso de la Unión. Una reforma que le de certidumbre a las actividades económicas que dependen, directa o indirectamente, del aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.
Con fundamento en los artículos 25, 40 y 73 fracción XXIX G, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se propone la reforma y adición al tenor del siguiente:
Proyecto de Decreto
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 56 Bis y 58, y se adiciona el artículo 57 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:
Artículo Primero.- Se reforma el artículo 56 Bis, para quedar de la siguiente manera:
La Secretaría constituirá un Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas, que estará integrado por:
3) Representantes de Instituciones Académicas y
centros de Investigación;
4) Representantes de agrupaciones de productores y empresarios;
5) Organizaciones no gubernamentales con reconocido prestigio
en la materia;
6) Organizaciones de carácter social o privado,
así como personas físicas, con reconocido prestigio en la
materia.
Para emitir sus opiniones y recomendaciones, dicho Consejo deberá evaluar y atender las opiniones de los gobiernos locales en cuyas circunscripciones se localice al área natural correspondiente, o aquellos gobiernos locales adyacentes tratándose de aguas comprendidas dentro del mar territorial mexicano.
Las opiniones que formule el Consejo, así como los gobiernos locales señalados en el párrafo anterior, deberán ser consideradas y atendidas en el establecimiento del área natural protegida.
Artículo Segundo.- Se adiciona el artículo 57 para quedar de la siguiente manera:
Artículo 57.-
Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I al VIII del artículo 46 de esta Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables.
Dicha declaratoria deberá contar con la autorización expresa de los gobiernos locales en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate, en los términos previstos por la presente ley. Tratándose de aguas comprendidas dentro del mar territorial mexicano, sobre las que se pretenda proceder a decretar un área natural protegida, el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas deberá contar con la autorización de los gobiernos locales adyacentes.
Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 58, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 58.-
Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente capítulo, mismos que deberán ser publicados en diarios de circulación nacional, así como en los principales diarios locales de la región que está siendo afectada, quince días naturales previos a la declaratoria.
Una vez publicados los estudios señalados en el párrafo anterior, los Gobiernos de los Estados y los Municipios en cuyas jurisdicciones territoriales se localice el área natural de que se trate, podrán hacer valer las observaciones correspondientes, en un plazo no mayor de 10 días naturales posteriores a la publicación. Dichas observaciones deberán ser observadas por el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, la Secretaría deberá solicitar la opinión de:
II.- Las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas, y demás personas físicas o morales interesadas, y
III.- Las Universidades, Centros de Investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y privado interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas.
Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dip. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez
(rúbrica)
QUE REFORMA EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE PARTICIPACION INFANTIL Y JUVENIL, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA PATRICIA SAUCEDO MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, mediante la suscrita, diputada federal Norma Patricia Saucedo Moreno, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sustentada en la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4°, establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, correspondiendo a los ascendientes, tutores y custodios el deber de preservar esos derechos y al Estado el de proveer lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de los mismos.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde septiembre de 1990, dicta que a los niños se deben garantizar las condiciones para formarse un juicio propio; y otorgarles la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia.
De igual forma, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente a partir de mayo de 2000, en el Capítulo XIII otorga a los niños y a los adolescentes derechos como los de expresar libremente su opinión, ejercer sus capacidades de análisis y crítica, y el inalienable derecho a recibir información.
Si consideramos que:
- Que en la actualidad las instituciones políticas se encuentran ante una crisis de credibilidad y confianza.
- Y que las estadísticas electorales evidencian cada vez mayores índices de abstencionismo.
La capacitación y educación cívica son, por disposición constitucional, responsabilidad del Instituto Federal Electoral (IFE), el cual considera "la educación cívica como un proceso de formación de los individuos que, a la vez que alienta el desarrollo pleno de sus potencialidades en un contexto de libertad y respeto a la dignidad humana, promueve la solidaridad y la corresponsabilidad social para la construcción de un orden democrático. Así pues, la educación cívica se concibe como un proceso integral de desarrollo humano, que prepara ciudadanos conscientes, informados y participativos, cuyo desempeño sea acorde con los valores, las instituciones y las prácticas democráticas".1
Por tal motivo, en cumplimiento de esa tarea, el IFE ha desarrollado una diversidad de actividades en favor de la formación cívica, destacando desde hace siete años las consultas cívico-políticas para los niños, las niñas y los adolescentes entre los 6 y 17 años de edad.
Los ejercicios de participación y expresión cívica para la población infantil y juvenil incorporan contenidos y condiciones para que esos grupos de población ejerzan sus derechos, conozcan y pongan en práctica procedimientos democráticos, reflexionen respecto de su entorno, desplieguen su juicio crítico, aprendan a formular propuestas de solución a problemas públicos y desarrollen un sentido de corresponsabilidad.
Esos procesos colocaron a México en la vanguardia en materia de promoción de la participación infantil y juvenil. En un claro reconocimiento de ese hecho, la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Carol Bellamy, seleccionó a México para presentar el informe Estado mundial de la infancia 2003.
Con motivo del mismo informe, Koffi Annan, secretario general de Naciones Unidas, declaró que solamente conseguiremos cambiar el mundo con los niños, y solamente podremos construir un mundo apropiado para ellos "... si los gobiernos cumplen la promesa de escuchar a los niños y los jóvenes cuando expresen sus opiniones en voz alta y clara, si aseguramos la participación plena de los niños en la labor de construir un futuro mejor".
En tal virtud, Acción Nacional considera que este ejercicio cívico, que ha tenido continuidad y resultados favorables en la formación de ciudadanos, debe quedar plasmado en la ley electoral, a fin de que sea obligatorio realizar en cada elección federal la consulta cívico-política infantil y juvenil.
Este interés legítimo del Partido Acción Nacional está sustentado en su filosofía humanista. Al respecto, en nuestra Proyección de Principios de Doctrina señalamos claramente que corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social como bases para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentable y solidaria.
Para Acción Nacional, la responsabilidad social no se agota en el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio; se perfecciona permanentemente con la participación ciudadana en el cumplimiento de los deberes cívicos, políticos y sociales que tiene la persona en comunidad.
La democracia, como sistema de vida y de gobierno, se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para responsabilizar a las personas del cuidado y la procuración del bien común. Es la forma superior de organización del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana:
El buen funcionamiento de la democracia requiere instituciones y ciudadanos conscientes de sus obligaciones y una sociedad organizada. Entre nuestras instituciones políticas deben privar el diálogo y la colaboración, a fin de que la responsabilidad social encuentre realidad y eficacia. Los ciudadanos deben tener acceso al conocimiento cívico, político y económico necesario para el uso apropiado de los instrumentos y las instituciones que la democracia pone a su alcance.
Debemos fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por los asuntos públicos y entusiasmar a la participación libre y ordenada en organismos intermedios. Requerimos que los ciudadanos y sus representantes asuman un compromiso permanente con la conservación, la profundización y la ampliación de las actitudes, los valores y las destrezas políticas propias de la democracia.
Para dar cumplimiento cabal a esos postulados, se requiere que desde hoy se emprendan las acciones necesarias para formar desde la niñez a los futuros ciudadanos. Por ello, una de nuestras propuestas para la niñez mexicana, punto fundamental de nuestra Plataforma Legislativa 2003, es que la infancia participe desde los primeros años en las cuestiones públicas, para lo cual proponemos reformar el Cofipe a fin de que niñas y niños puedan participar en ejercicios de elección, donde las opciones sean similares a las de los adultos.
Es importante destacar que la propuesta que hoy se presenta no representaría un gasto adicional para el Instituto Federal Electoral, puesto que es un ejercicio que se ha venido llevando a cabo desde 1997.
Como consecuencia de esos argumentos, en uso de las atribuciones a que he hecho referencia, en aras del desarrollo democrático de nuestro país y buscando que este cuerpo legislativo sea garante de los derechos de la niñez, presentamos y sometemos a la aprobación de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo Unico. Se adiciona el inciso g) del numeral 1 del artículo 69; se reforma el inciso h) y se recorre el actual inciso h) para ser el i) del artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 69.- 1. Son fines del Instituto:
b) a f) ...
g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática de los ciudadanos, niños, niñas y adolescentes.
3. ...
Artículo 96.- 1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:
h) Realizar de manera simultánea a las elecciones federales ejercicios de participación cívica infantil y juvenil orientados a la formación de valores y prácticas de la democracia, derechos de la niñez y participación en la resolución de problemas locales y nacionales.
i) Las demás que le confiera este código.
Primero. Las presentes reformas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales serán aplicables en las elecciones federales inmediatas posteriores y entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Federal Electoral acordará la regulación relativa a la instrumentación de las consultas cívico-políticas establecidas en este decreto con las autoridades federales y las locales que para el efecto considere conveniente.
Nota:
1 Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2003.
IFE, México, 2003.
Palacio Legislativo, a 30 de marzo de 2004.
Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno
QUE REFORMA EL ARTICULO 55 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Rosalina Mazari Espín, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55,56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación, en materia de educación superior, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente:
Exposición de Motivos
Es preocupante para la sociedad entera la calidad profesional de los egresados de las instituciones de educación superior. La población que contrata los servicios profesionales espera encontrar un desempeño intelectual con la más alta calidad, con lealtad al cliente y con honradez en los juicios de opinión que emitan.
Es una lástima que ante los límites presupuestales que tiene la Universidad Pública, sea en la actualidad incapaz de albergar a los millares de jóvenes que exigen con legítimo derecho prepararse a nivel superior o universitario para acceder al conocimiento y un mejor nivel económico en su vida. Ante esta incapacidad el Estado Mexicano abrió la posibilidad de que los particulares impartieran educación superior con mayor flexibilidad para obtener la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios, e integrarse al sistema educativo nacional.
Nadie puede negar que en las entidades federativas que Ustedes como legisladores de la república representan, han proliferado un sin número de Universidades Privadas para atender la demanda educativa superior, muchas de ellas con un deplorable nivel de enseñanza que dañan de origen a la persona en su formación intelectual y sobre todo existe un grave costo a la sociedad porque se formarán profesionistas que serán un peligro para la población, por su ineficiente nivel académico.
Todos estamos expuestos voluntaria e involuntariamente a recibir los servicios de abogados, contadores, arquitectos, economistas, doctores, administradores, y de otras profesiones, de los cuales como ciudadanos esperamos el mejor trato y conocimiento de su profesión para nosotros, nuestra familia y población en general. Si en la ley no existen los requisitos necesarios para que las instituciones privadas realicen una función educativa en sus tres grandes aspectos que son la enseñanza del conocimiento, la investigación que crea conocimiento y la difusión de la cultura en la sociedad, si lo anterior no lo realizan, estamos hablando de Universidades pragmáticas, mercantilistas y maquiladoras de estudiantes quienes son formados deficientemente en perjuicio de ellos, sus padres y de la ciudadanía.
Muchos de los aquí presentes han sido o son académicos e investigadores en instituciones educativas, y saben que muchas Universidades de este país se limitan a la enseñanza por ser la de menor costo y de más fácil recuperación de inversión, con facilidad se relega la investigación y la difusión de la cultura que son de gran importancia y trascendencia en la formación del estudiante y en la solidez de sus conocimientos. La sociedad espera recibir de las Universidades excelentes profesionistas que sean profesionales y con aportación cultural que alcance a los distintos sectores de la población.
Compañeros legisladores, propongo en esta iniciativa adicionar una fracción al artículo 55, de la Ley General de Educación , para que la educación superior que impartan los particulares al momento de solicitar la autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, ante la autoridad otorgante; cumplan como requisito esencial el tener Centros de Investigación y de Difusión de la Cultura, con esta reforma en la ley secundaria garantizará con exactitud los fines de educar, investigar y difundir la cultura que nuestra Constitución Federal de la República menciona para las Universidades públicas o instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, y que las Universidades Privadas del país no cumplen al no ser un requisito para su inicio y funcionamiento.
Hacer esta reforma transformará y fortalecerá en grandes dimensiones al sistema educativo superior, porque las instituciones que se establezcan desde su creación ofrecerán mayor seriedad, calidad y prestigio del plantel educativo a la sociedad, permitirá concentrar a investigadores, mejorará el nivel docente del profesorado y el académico para los alumnos, la población obtendrá mayor cultura por la difusión que las Instituciones realicen. Las bondades de esta reforma son grandes y el mayor beneficiario será la población estudiantil y la ciudadanía.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente: proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo Unico: Se reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación para adicionar la fracción IV, y quedar como sigue:
Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:
II.- ...
III.- ...
IV.- Con Centros de Investigación por área de conocimiento que impartan y Centro de Difusión de la Cultura en cada institución, por lo que concierne a la educación superior. Los Centros tendrán personal especializado quienes deberán satisfacer los grados académicos y condiciones que la autoridad otorgante determine.
Primero. Se concede a las Instituciones de Educación Superior en funciones un término de seis meses para dar cumplimiento a la presente reforma.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dip. Rosalina Mazari Espín (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA OTORGAR AL EJECUTIVO LA FACULTAD DE PRESENTAR INICIATIVAS DE LEY O DECRETO DE CARACTER URGENTE, A CARGO DEL DIPUTADO ALVARO ELIAS LOREDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en el artículo 71, fracción segunda, 135, y 78, tercera fracción, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscribimos: diputado Alvaro Elías Loredo, y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, venimos a presentar iniciativa de reforma constitucional al artículo 71 (setenta y uno), para otorgar al Ejecutivo la facultad de presentar iniciativas de ley o decreto con carácter de "trámite legislativo preferente", bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 71 constitucional, mismo que no ha sufrido reforma alguna desde su aprobación en 1917, se refiere al procedimiento legislativo, específicamente a una de sus etapas: la iniciativa, a través de la cual se comienza el procedimiento de formación o creación de leyes o decretos. Este artículo de nuestra Constitución determina, asimismo, quienes son competentes para iniciar leyes o decretos.
El contenido del artículo 71 en cita, en términos generales, se ha mantenido constante a lo largo de nuestra evolución constitucional y nuestro legislador constituyente siempre ha reconocido la idoneidad de que el titular del Poder Ejecutivo federal esté facultado para presentar ante el Congreso de la Unión iniciativas de ley o decreto. Sin embargo un factor propio del Congreso Mexicano moderno nos obliga a replantear la facultad del Presidente de la República en este sentido. Efectivamente, el Estado mexicano necesita tener una vía dentro de las practicas parlamentarias para darle prioridad a reformas que por su importancia y trascendencia requieren de una atención por parte del órgano legislativo, más acelerada que la dispuesta en nuestras normas jurídicas vigentes, y no enfrentar la necesidad de esperar el turno que les tocaría si se sometiesen al trámite normal.
La propuesta no es otra más que, tal y como sucede en algunos países que también cuentan con un sistema presidencial, dotar al Ejecutivo federal de la facultad discrecional de presentar iniciativas de ley o decreto con el carácter de trámite legislativo preferente, o trámite legislativo de urgente consideración, según el termino aplicado por el derecho comparado.
El trámite legislativo de urgente consideración es la solicitud hecha al Poder Legislativo federal por parte del Presidente de la República para que una iniciativa de ley o decreto sea atendida con mayor celeridad y prontitud que el resto de las iniciativas presentada por el propio titular de Ejecutivo. No se trata de un trámite preferente respecto del rigor con el que se efectúa el análisis, discusión y argumentación tanto a favor como en contra del proyecto legislativo; la preferencia se encuentra única y exclusivamente en la rapidez con que se deberá desahogar, afirmativa o negativamente, dicha propuesta. En otras palabras: con la propuesta de referencia, tal y como sucede hoy en día, el Congreso de la Unión tendría en todo momento y circunstancia la última palabra respecto de la idoneidad o no de aprobar las iniciativas de ley o decreto presentadas por el Presidente de la República, con independencia de si éstas fueron presentadas o no con carácter de urgente.
Es fundamental destacar que la propuesta está lejos de implicar una suprasubordinación del Legislativo hacia el Ejecutivo. De ser aprobado el proyecto de referencia, no se estaría volviendo a los aciagos días del presidencialismo exacerbado, ni se estaría poniendo en riesgo la dignidad y el profesionalismo del Congreso de la Unión, de ninguna manera se estaría violando la división de poderes consagrada en nuestra Ley Fundamental, ni se estaría disminuyendo la capacidad de autonomía que caracteriza al Congreso mexicano moderno.
La indeleble realidad política consistente en el pluripartidismo imperante tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, así como la existencia de un Gobierno Federal que no controla las mayorías parlamentarias, pero que necesita de éstas para poder impulsar su proyecto de nación, exigen la articulación de mecanismos institucionales de entendimiento. Es por eso que, de ser aprobado el presente proyecto de reforma constitucional se le dotaría a México (no únicamente al Ejecutivo o al Legislativo), del beneficio de contar con un mecanismo que permita agilizar y eficientar la toma de algunas decisiones, las cuales, a criterio del Presidente de la República y de los legisladores federales, sean fundamentales para la buena marcha del país.
Como puede apreciarse, la propuesta del trámite legislativo preferente (o urgente) representa una excepción a la normalidad del procedimiento legislativo establecida por la propia Constitución, a favor del Ejecutivo federal. Sin embargo, esto no es nuevo, ya que el propio Constituyente Permanente ha decidido otorgar algunas excepciones a la cotidianidad constitucional, las cuales permiten al Presidente de la República alterar de manera temporal el status quo consagrado en la Constitución. Ejemplo de esto último es el artículo 29 constitucional, el cual faculta al Presidente para que, en caso de que la sociedad esté en grave peligro o conflicto, y previo cumplimiento de algunos requisitos, pueda suspender en todo el país las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a aquellas situaciones que impliquen la perturbación de la paz pública. De igual forma el artículo 131 de nuestra Ley Suprema faculta al titular del Ejecutivo para que, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito de beneficio del país, pueda, cuando lo estime urgente, legislar en materia de exportaciones e importaciones.
Del análisis de la propuesta en comento, necesariamente se llega a la conclusión de que estamos ante un proyecto que presupone la colaboración entre poderes y no el sometimiento de uno a la voluntad del otro.
Se permite pues la concertación de soluciones dialogadas, sin afectar de ninguna manera a la democracia representativa.
En la comparación de legislaciones, encontramos casos en donde ya se aplica esta figura jurídica en otros sistemas constitucionales, verbigracia, el caso paraguayo, que en su Constitución contempla como una atribución de la Presidencia de la República proponer al Congreso proyectos de ley, los cuales podrán ser presentados con solicitud de urgente consideración. Otro ejemplo es la República Oriental del Uruguay, en donde se contempla que el Presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, podrá proponer a las Cámaras, proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas. Dichos proyectos podrán ser remitidos con declaratoria de urgente consideración.
Por lo expuesto y atendiendo que hay reformas que requieren urgentemente una resolución del Congreso de la Unión, es que se propone la presente iniciativa, la cual da un paso hacia delante en el sentido de proporcionarle al titular del Ejecutivo, la posibilidad de resaltar algún asunto de la agenda nacional, y solicitar al Congreso de la Unión que resuelva este tipo de iniciativas, cuya resolución podrá ser en el sentido afirmativo o negativo de como la envía el ejecutivo, conservando siempre el Poder Legislativo el modo de resolverlas, pero con el mandato constitucional de darle prioridad a su resolución.
Es importante que esta iniciativa sea el principio de una reforma profunda a la legislación secundaria en donde se fijen plazos para que las comisiones dictaminen una iniciativa, por la vía normal, y de igual manera un plazo para el trámite preferente. Es tiempo de un nuevo parlamentarismo en México. Hagamos de este Congreso un órgano eficiente y eficaz.
Honorable asamblea:
Por lo antes expuesto, los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del Constituyente permanente el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Unico. Se reforma el artículo 71 en su último párrafo, para quedar como sigue:
"Artículo 71.
El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los estados, por las diputaciones de los mismos pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates, y las que presente el Presidente de la República, con el carácter de trámite legislativo preferente, serán votadas prioritariamente por las Cámaras del Congreso de la Unión, en los términos de la ley respectiva.
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de marzo de 2004.
Dip. Alvaro Elías Loredo (rúbrica)
QUE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA PRECISAR LOS ALCANCES DE LA LABOR DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, ADELANTAR LA FECHA DE PRESENTACION DE ESTE Y FIJAR UNA FECHA LIMITE PARA SU APROBACION, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de precisar los alcances de la participación del Poder Legislativo en el proceso presupuestario y modificar el plazo para la presentación del proyecto de presupuesto y la aprobación del mismo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
En un sistema democrático, el contrapeso ejercido al Ejecutivo por el Congreso y específicamente por la Cámara de Diputados en un tema como el que es objeto de la presente Iniciativa, resulta fundamental. Ello requiere de la participación activa de los legisladores en el proceso de estudio, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio y en la revisión de la Cuenta Pública.
Esto tiene mayor relevancia en un proceso democrático, como el que actualmente se vive en México, en el cual el Congreso ha adquirido una mayor autonomía e independencia y en que en la composición legislativa, ningún Partido detenta la mayoría.
Uno debe ser el objetivo principal que debe perseguirse en la responsabilidad legislativa que tenemos y que es materia de esta Iniciativa: vigilar el uso adecuado y óptimo de los recursos públicos. Es por ello que en la elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, herramienta fundamental en la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento rector de la actuación gubernamental, es muy conveniente la estrecha comunicación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el ámbito de su responsabilidad.
Por décadas el Congreso de la Unión ha sido marginado del proceso de elaboración de las políticas públicas, cuyo principal instrumento de participación y vinculación es el Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, no debe verse al Congreso de la Unión sólo como una instancia para la aprobación de las propuestas del Ejecutivo. El Congreso es la expresión de la Soberanía Nacional, en donde por voluntad del Pueblo se encuentran representadas todas las corrientes de la vida nacional. En tal sentido, su voz debe ser escuchada, ya que conlleva las demandas, inquietudes y reclamos mas sentidos de la ciudadanía. Ello a su vez requiere de tiempo para un análisis profundo de las iniciativas planteadas y de sus repercusiones en todos los ámbitos de la vida nacional. Para eso estimamos necesario adecuar el marco jurídico vigente, que no incentiva una adecuada comunicación del Legislativo con el Ejecutivo en el proceso presupuestario.
En dicho proceso sobresale, como uno de los principales obstáculos, el plazo con el que cuenta la Cámara de Diputados puede estudiar, discutir y aprobar el Presupuesto, que es producto del plazo máximo del Ejecutivo para la presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a la consideración del Legislativo. Destacan varios aspectos:
2. Lo anterior implica que se requiere del tiempo suficiente para examinar la documentación que sustenta las Iniciativas presentadas. Con el plazo actual de 30 días (el mas bajo en comparación a los que ejercen otros países latinoamericanos) en que dichas iniciativas son entregadas un mes antes del cierre del primer período ordinario de sesiones del año legislativo, no existe el tiempo suficiente para su adecuado examen y discusión. Un mes de estudio, en un tema tan importante como el que nos ocupa, es muy poco tiempo.
3. La cercanía del proceso presupuestario, del término del período de sesiones ordinarias y del propio ejercicio fiscal, genera un alto grado de incertidumbre que afecta el desarrollo de las diversas variables económicas, causando volatilidad en el tipo de cambio y en la tasa de interés, en buena medida por la percepción generada en los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, en el desenvolvimiento de la economía. Estos desequilibrios presionan aún más el desempeño de la misma.
Por lo anterior, es necesario y más aún en el contexto de una economía globalizada brindar mayor certidumbre a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, a fin de que puedan planear sus inversiones.
En síntesis, de la experiencia en el proceso de estudio, discusión y aprobación del presupuesto, se deriva que el tiempo es insuficiente para un examen adecuado, que no se vinculan adecuadamente el examen y la discusión de los resultados presentados en el Informe de Gobierno con el examen y discusión presupuestarias, que existen presiones políticas y económicas por la cercanía del término del ejercicio fiscal y que una eventual falta de aprobación del mismo en el período ordinario de sesiones, genera incertidumbre que afecta al sistema económico y financiero.
En tal sentido, se hace necesario modificar las fechas de presentación de las Iniciativas de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a esta Soberanía, así como determinar una fecha límite para su aprobación, lejos del inicio del siguiente ejercicio fiscal, buscando con ello ampliar los tiempos de examen y discusión de las mismas, de tal forma que en un contexto de amplia comunicación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se alcance su aprobación, su publicación y el inicio de su ejercicio en forma oportuna, en beneficio de los intereses nacionales. Asimismo, se facilitaría la vinculación del examen relativo a los resultados obtenidos por el Gobierno Federal, con el examen y discusión del Presupuesto del siguiente ejercicio.
Debe considerarse que las autoridades hacendarias han mencionado la dificultad de adelantar la fecha de presentación, debido a que un anticipo en los tiempos provocaría que las proyecciones de las distintas variables macroeconómicas que inciden en el Presupuesto fueran menos precisas. Sin embargo, ante ello, deben considerarse, entre otros, los siguientes aspectos:
2. Los escenarios anteriores, deberán responder al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo y en los diversos Programas Sectoriales.
3. Dichos escenarios permitirían dimensionar las necesidades de recursos a mediano y largo plazo y sobre esta base establecer las medidas de política económica y financiera a seguir, particularmente en el corto y mediano plazo y evitaría los constantes ajustes a la política impositiva que tanta confusión y trabajo causa a los contribuyentes.
4. Toda proyección es incierta. Se realiza sobre las mejores bases disponibles, pero sus resultados difícilmente coincidirán con la realidad. Es de todos conocido que en economía difícilmente existe plena certeza del comportamiento futuro de las principales variables y que el presupuesto actualmente se elabora con base en las estimaciones de cierre del ejercicio en curso, y en el mejor de los casos, con los datos disponibles del tercer trimestre.
5. Será necesario establecer una mayor y mejor coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso que permita monitorear el comportamiento de las distintas variables macroeconómicas y sobre esta base tomar las decisiones presupuestarias, tanto en materia de ingresos como de gasto, que correspondan. Sin embargo, considerando los escenarios de largo plazo esbozados, las decisiones no impactarían sólo el corto plazo, sino que serían también con una clara visión de futuro.
2. Asignar el 15 de noviembre, como la fecha límite para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para lo cual la Ley de Ingresos deberá aprobarse antes del 31 de octubre.
3. Derogar la disposición constitucional que indica que en los casos de una nueva Administración Federal, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos podrán presentarse hasta el 15 de diciembre. De este modo, el Gobierno que culmina su período tendría la responsabilidad de presentar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación ante la Legislatura que iniciaría sus funciones. Dicha Legislatura, en el proceso de aprobación de ambos documentos, podrá realizar mecanismos de coordinación con el nuevo gobierno electo con el objeto de incluir sus propuestas en el Presupuesto. De este modo, se evitaría que, cuando inicia un nuevo gobierno, en ese año el Congreso cuente solo con dos semanas para examinar, discutir, modificar y aprobar el Presupuesto, a punto de iniciar el próximo ejercicio, con las consecuencias negativas que ya hemos comentado.
De aprobarse, esta reforma permitiría:
a. Ampliar a 70 días el tiempo de que dispondría el Legislativo para estudiar, discutir, proponer, modificar y en su caso aprobar el Presupuesto.
b. Determinar un plazo mínimo entre la aprobación de la Ley de Ingresos y la del Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo cual se eliminan presiones.
c. Vincular el examen y la discusión del Informe de Gobierno con el examen y discusión del Presupuesto.
d. Disminuir la incertidumbre que genera la cercanía de las fechas de fin del período ordinario de sesiones y de conclusión del ejercicio fiscal e inicio del nuevo ejercicio sin Presupuesto aprobado.
e. Permitir que el Ejecutivo Federal, el Congreso, los gobiernos locales y los sectores económico y social interesados, conozcan el resultado final del Presupuesto aprobado, con anticipación suficiente al inicio del ejercicio, con lo cual:
i. Se podrían realizar los trámites necesarios para la oportuna asignación de recursos y para que desde principios del mes de enero, dé inicio la operación de los distintos programas y proyectos y no en meses posteriores como actualmente sucede. Ello elevaría la eficiencia de la Administración Pública, permitiría dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el marco de Planeación - Presupuestación, evitaría la presencia de subejercicios en el gasto y beneficiaría a la Actividad Económica en su conjunto. En este sentido debe aclararse que no se justifica la aplicación de medidas tendientes a la obtención de subejercicios de un gasto aprobado, con miras a alcanzar los objetivos macroeconómicos comprometidos y menos si con ello se impacta negativamente la actividad económica y el beneficio social.
4. Se plantea también en la iniciativa incluir la obligación del Ejecutivo y el Legislativo de determinar mecanismos de comunicación durante el proceso de integración del presupuesto a efecto de facilitar el análisis y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esta propuesta implicaría un avance fundamental en la comunicación entre ambos Poderes para un asunto tan relevante como es el Presupuesto en forma previa a su presentación por parte del Ejecutivo. Esto facilitaría la posibilidad de realizar cambios derivados de recomendaciones oportunas por parte del Ejecutivo Federal, por causa de modificaciones en la evolución de variables macroeconómicas que incidan en las estimaciones de ingresos o gasto.
5. Se propone también precisar la facultad de la Cámara de Diputados de modificar el presupuesto, que aunque puede parecer obvio al interpretar la redacción actual, en lo relativo a la facultad de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto, es importante destacarlo con el objeto de evitar cuestionamientos, como los que actualmente se realizan por diferentes actores y que no sólo afectan la imagen de las instituciones, sino también la debilitan y pretenden limitar la participación de la Cámara en el proceso presupuestario.
Objetivos de la iniciativa de reforma constitucional
La presente iniciativa tiene como objetivos centrales:
Generar los incentivos adecuados para una discusión objetiva y responsable durante el proceso presupuestario.
Impulsar la colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el proceso presupuestario, con el objeto de construir un presupuesto más eficiente.
Unico.- Se reforma el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 74
Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
IV.- Examinar, discutir, modificar y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. La Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal deberán instrumentar mecanismos que permitan una adecuada comunicación durante el proceso presupuestario en beneficio del interés nacional.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 5 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 de noviembre, para lo cual la Ley de Ingresos respectiva deberá ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión antes del día 31 de octubre.
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Unico.- La presente reforma entrará en vigor
al día siguiente de su publicación.
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 112 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; Y ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 291 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, A FIN DE TIPIFICAR EL DELITO DE FALSIFICACION DE TARJETAS, TITULOS DE CREDITO, CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE BIENES O SERVICIOS O DISPOSICION DE EFECTIVO, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL IGNACIO LOPEZ VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal Manuel López Villarreal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona un párrafo al artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para tipificar el delito de falsificación de tarjetas, títulos de crédito, cheques y otros documentos para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy día las tarjetas de crédito y de débito -en adelante tarjetas-, expedidas por el Sistema Bancario Mexicano, se han convertido en un usual medio de pago, tan sólo en México existen más de 30 millones de tarjetahabientes, ya sea porque se les paga su sueldo a través de una cuenta bancaria con la expedición de una tarjeta, o bien por ser titulares de una tarjeta de crédito derivada de la celebración de un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. Sin embargo, el uso frecuente de estos instrumentos de pago, aunado a una legislación obsoleta, ha ocasionado la creación de sofisticadas conductas delictivas con tarjetas como la falsificación, producción, reproducción, distribución y comercialización. La falsificación de una tarjeta consiste en imitar el plástico y copiar el contenido de la banda magnética o el medio de identificación electrónica de una tarjeta auténtica u original, donde reside toda la información de la cuenta, esto es suficiente para vaciar la cuenta de algún tarjetahabiente, dado que con estos plásticos apócrifos se pueden realizar compras de bienes y servicios, o disponer de efectivo, cuyos montos son cargados a la cuenta de la tarjeta copiada. Hay que enfatizar, que las tarjetas de crédito son las más falsificadas, por cada mil tarjetas de crédito que se falsifican, una es de débito, esto debido a que las líneas de crédito son superiores a los saldos de las de débito.
Este tipo de fraude ocasiona pérdidas millonarias a las instituciones emisoras de tarjetas, a los negocios y a los tarjetahabientes. Durante el período de enero de 1997 a junio de 1998, la defraudación con tarjetas de crédito y documentos de pago ascendió a más de 313 millones de pesos; afectando a más de 45 mil ciudadanos y más de 70 mil establecimientos. Entre 1999 y 2000, el monto de la defraudación detectado fue de 365 millones de pesos, mientras que para el año 2001, este monto superó los 530 millones de pesos, y más alarmante son los últimos datos proporcionados por la Asociación de Bancos de México, que señalan que los fraudes con tarjetas falsificadas en el 2003, sobrepasaron los 700 millones de pesos.
Estas cifras demuestran, que este delito va en aumento, y sin duda, la falsificación de tarjetas es el crimen con mayor incidencia en nuestra banca. Así lo confirma la Asociación de Bancos de México, que estima que el 73% de los fraudes que se comenten con tarjetas, son por falsificaciones, y esto lo refuerza, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef, que ha registrado más de 400 millones de pesos en pérdidas para el sector bancario debido a las bandas organizadas que se dedican a la comisión de estos delitos. Aunado a lo anterior, esa Comisión durante el 2002 detectó que la principal causa de reclamaciones en tarjetas de crédito se debieron a cargos indebidos, originados muy probablemente por la falsificación del producto. Por consiguiente, es necesario brindar certidumbre jurídica a las empresas y a las familias mexicanas, que de alguna manera están ligadas al pago de sus sueldos o de sus bienes y servicios, mediante el uso de tarjetas o documentos utilizados por el Sistema Bancario.
No podemos permitir como legisladores, que estos delincuentes utilicen al Sistema Bancario para cometer sus crímenes, esta actividad delictiva vulnera y desacredita a nuestra banca, de no legislar en esta materia, estos agresores seguirían atacando al Sistema Bancario que constituye una estructura fundamental del país, el sistema de pagos se estaría comprometiendo, provocando desconfianza entre los inversionistas y cuentahabientes, provocando que el riesgo país aumente, resultando al final, un atraso en el desarrollo económico y financiero de nuestro país. Al mismo tiempo, que este crimen daña a las Instituciones de Crédito, de igual manera sucede con los establecimientos comerciales, donde se comete este tipo de delitos, esto desprestigia a los negocios y, consecuentemente, afecta la actividad comercial, la generación de empleos y la falta de inversiones.
Ante la globalización, los avances tecnológicos y la sofisticación de la delincuencia, nuestras disposiciones legales se vuelven obsoletas e ineficientes en poco tiempo, estos delitos perpetrados contra el Sistema Bancario, antes eran desconocidos, resultando insuficiente la norma jurídico penal frente a estas nuevas agresiones, por lo que se requiere reforzar y mejorar los instrumentos legales que incorporen estas nuevas realidades.
Existen importantes avances en las legislaciones locales, por ejemplo, en los estados de Jalisco, Estado de México, Quintana Roo y en el Distrito Federal, el fraude con tarjetas y cheques ya es considerado un delito grave, por lo que un delincuente que es detenido en estos estados ya no sale bajo fianza, y tiene que purgar una pena mínima de 5 años. Pero esto deja en desventaja a las entidades vecinas, porque se ha observado que los defraudadores se trasladan a las entidades donde no está contemplado en la legislación local como delito grave, que les permita seguir actuando con impunidad.
Reconociendo esta problemática, conformamos un grupo de expertos del sector privado afectado, y de las autoridades competentes, donde participaron American Express, Banamex, Coalición contra el Fraude, y la propia Condusef, con la intención de elaborar una iniciativa que contuviera y armonizará todas las propuestas, para combatir estas nuevas conductas criminales que están atacan y perjudicando al sistema bancario mexicano.
Como resultado de estas mesas de trabajo, se consideró necesario detener esta conducta delictiva a través de una legislación penal que sea efectiva en su aplicación a nivel federal. La legislación federal debe contemplar claramente este tipo de delitos en todas sus modalidades, porque es muy común que las autoridades se vean en dificultades jurídicas a la hora de querer consignar algún sujeto que cometió este tipo de fraude. Además, la Condusef señaló, que al no estar debidamente tipificado el fraude cometido con tarjetas y cheques falsificados, aumenta considerablemente la comisión de estas conductas ilícitas, y con ello se dificulta la imposición de las penas. Derivado de lo anterior, se acordó reforzar la legislación federal contenida en el artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, para ampliar y señalar todas las conductas relativas a la falsificación de tarjetas y otros documentos de pago.
En principio, no cabe la menor duda, que este delito es cometido por bandas de crimen organizado, donde cada sujeto tiene bien definidas sus actividades, ocasionado toda una serie de conductas delictivas que se van encadenando para la comisión de este delito. Por ello, en el primer párrafo del artículo a reformar, se le otorga al juez un amplio margen de maniobra para la imposición de la pena corporal y de la multa, que ya de entre 3 a 9 años de prisión y una multa de 30 mil a 300 mil días de salario mínimo, de este modo, el juzgador al momento de imponer una sanción, deberá de considerar el grado de participación y de responsabilidad de cada sujeto, con esto, queda a discreción de la autoridad la pena aplicable. Además, es importante señalar que se clarifica que las personas que no tienen causa legitima o consentimiento para realizar las actividades que a continuación se establecen, entonces están cometiendo un delito.
La cadena delictiva de la falsificación de tarjetas inicia, con los delincuentes que se dedican a conseguir ilícitamente la información contenida en las tarjetas, la cual obtienen generalmente en establecimientos afiliados a las instituciones emisoras de tarjetas. Los delincuentes utilizan un aparato llamado "Skimmer", que es un lector de memorias del tamaño de un localizador o teléfono celular, que con sólo deslizar el plástico, les permite adjudicarse la información de la banda magnética de las tarjetas. Este aparto se puede instalar en cualquier terminal de un establecimiento: restaurante, tienda, boutique, zapatería, etcétera, o lo puede poseer y utilizar algún empleado, así cuando el cliente pierde de vista su tarjeta, el defraudador la desliza por este aparato. Otra forma en que operan estos delincuentes, es reemplazando la llave electrónica de las puertas de acceso a los cajeros automáticos por un "Skimmer", de este modo los usuarios terminan copiando la información de su propia tarjeta.
Por lo anterior, es imperativo perseguir y castigar a estos sujetos que son los que aportan el insumo primario para este delito; la información de los cuentahabientes. Por esto, se propone la fracción IV del artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, que señala que ninguna persona podrá alterar, copiar o reproducir la banda magnética o el medio de identificación electrónica de una tarjeta, asimismo, se considera que está en delito el sujeto que obtenga, comercialice o use la información sobre clientes u operaciones del Sistema Bancario, como se establece en la fracción VII del mismo artículo, y finalmente, en la fracción VIII, se tipifica el delito de poseer, adquirir, utilizar o comercializar "Skimmers" u otros aparatos para sustraer, copiar o reproducir la información contenida en las tarjetas y otros instrumentos de pago.
En segundo lugar, hay un grupo de delincuentes, expertos en programas de computación y en fabricación de plásticos y documentos, que se dedican a la falsificación de las tarjetas con la información obtenida a través de los "Skimmers", para posteriormente venderlas a usuarios de mala fe. Este supuesto normativo, está tipificado en la propuesta de redacción de la fracción I del artículo 112 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, misma que señala que toda aquella persona que produzca, reproduzca, introduzca al país, imprima o comercie con tarjetas o cualquier otro documento de pago utilizados por el sistema bancario, esta en delito.
Y finalmente, esta la comercialización y utilización del plástico falsificado con el propósito de cometer fraudes en perjuicio de las instituciones emisoras de tarjetas y de los tarjetahabientes. Estos delincuentes comercian lucrativamente con estos instrumentos de pago, por ejemplo, una tarjeta falsificada de American Express en el mercado negro puede venderse entre 8 mil a 10 mil pesos, mientras que las de Visa y Master Card, que tienen líneas de crédito menores, se cotizan alrededor de los 2 mil pesos, un aspecto importante, es que el promedio defraudado por tarjeta es de 2 mil dólares americanos, y se puede utilizar al menos siete días para diversas transacciones antes de desecharse.
Esta etapa, es la concepción misma del fraude perpetrado contra los usuarios de los servicios financieros, y eventualmente, contra el Sistema Bancario, este supuesto normativo esta considerado en la propuesta de la fracción II del articulo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, que señala lo referente a las tarjetas o documentos alterados o falsificados, donde cualquier persona que posea, adquiera, utilice o distribuya este tipo de documentos apócrifos, estará cometiendo un delito.
Este es el círculo delictivo de la falsificación de tarjetas y de otros instrumentos de pago, sin embargo, estas conductas delictivas no se limitan a lo anterior, encontramos otras que son también bastante lucrativas para los criminales, en perjuicio del patrimonio de los cuentahabientes y del Sistema Bancario Mexicano.
Así, se identifica otro segmento de delincuentes que utilizan o comercian con tarjetas y cheques auténticos u originales, esto como resultado de otros delitos cometidos como el asalto o secuestro, donde la víctima al momento de ser atacada poseía uno o ambos instrumentos de pago, por lo que se dan a la tarea de venderlos en las calles o utilizarlos en algún establecimiento para la adquisición de bienes y servicios o para la disposición de efectivo, en tal virtud, es imprescindible que los sujetos que adquieran, utilicen o comercien sin causa legitima tarjetas o cualquier otro instrumento de pago auténtico, sean castigados, de conformidad con lo que se plantea en la fracción III del artículo 112 Bis.
Otra práctica común de los criminales, y que se pretende sancionar en este proyecto legislativo, es la alteración o modificación de los cajeros automáticos, donde sobreponen pantallas falsas, tapas en los despachadores de dinero o plásticos para atorar las tarjetas, y en algunos casos, colocan cámaras de vídeo, de forma tal, que estos sujetos pueden obtener dinero, o bien las tarjetas y números confidenciales de los usuarios, suficiente información para vaciar sus cuentas. Esta práctica delictiva se debe de penar, por ello, la propuesta de la fracción VI del artículo 112 bis de la Ley en comento, que establece que será sancionado quien altere o modifique el mecanismo de los equipos o medios electrónicos para la disposición de efectivo que son utilizados por los usuarios del sistema bancario, con el propósito de obtener recursos económicos o información confidencial o reservada.
Finalmente, el segundo o último párrafo propuesto en el artículo 112 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, sanciona con mayor rigor estas conductas, hasta en una mitad más, si son cometidas por personas que son o fueron empleados o funcionarios de algún establecimiento o banco, toda vez que son responsables de la información de miles de usuarios o clientes, y están violando la confianza que se les depositó para ejercer esa actividad.
Por lo expuesto, es de suma importancia que todas estas conductas se consideren como delitos graves, sin excepción alguna, para que las autoridades federales puedan perseguir y castigar esta actividad criminal, dado que es evidente que el lesionar al sistema bancario, a los usuarios de los servicios financieros y a los establecimientos comerciales, esto afecta valores fundamentales de nuestra sociedad. Razón por lo cual, se propone en esta iniciativa, reformar el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, incluyendo en la fracción VIII, relativa a la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 112 Bis.
Sobran razones que justifican que esta agresión se clasifique como un delito grave, el bien jurídico tutelado es en principio el patrimonio de los usuarios de los servicios financieros, porque el impacto de este crimen se refleja inmediatamente en sus cuentas bancarias, pero en la gran mayoría de las ocasiones, la banca termina absorbiendo los fraudes perpetrados con tarjetas falsas, afectando de esta manera, su patrimonio y la viabilidad financiera del sistema bancario mexicano. Además, hay que subrayar que las instituciones de crédito están reguladas por leyes federales, siendo así, el Estado mexicano quien debe ejercer la rectoría financiera del sistema bancario, al cual se le debe de proteger mediante normas penales que tengan aplicación a nivel federal.
De aprobarse estas reformas, se podrá castigar a los delincuentes que se aprovechan de la tecnología y de la vulnerabilidad de los sistemas de protección y seguridad de los diversos instrumentos de pago, para dañar el patrimonio de los usuarios de los servicios financieros, del sistema financiero mexicano y de los negocios establecidos, y que actualmente, recurren al amparo de la legislación actual, para salir bajo fianza con una facilidad extraordinaria que se confunde con la impunidad.
Finalmente, respecto a la adicción de un párrafo al artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esto responde, a que en la legislación mexicana no se contempla la definición de tarjeta. Ahora, es muy común que aparte de las instituciones de crédito, tiendas de autoservicio o departamentales emitan sus propios plásticos, por lo que se considera oportuno establecer en ley, la definición de este instrumento financiero que cada día va teniendo mayor penetración entre la población. Con esto, se otorga una mayor seguridad jurídica a los usuarios de las tarjetas, y avanzamos hacia una mejor regulación de nuestro Sistema Bancario.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de soberanía, la siguiente
Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona un párrafo al artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Artículo Primero.- Se reforma el artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 112 Bis.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientos mil días de salario, al que sin causa legitima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello:
II. Posea, adquiera, utilice o distribuya tarjetas de crédito, de débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques, o en general instrumentos utilizados en el sistema bancario, para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo, ya sea que éstos se hayan emitido en el país o en el extranjero, que estén alterados o falsificados;
III. Adquiera, utilice o comercie tarjetas, de crédito, de débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques, o en general instrumentos auténticos u originales, utilizados en el sistema bancario para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo, ya sea que éstos se hayan emitido en el país o en el extranjero;
IV. Altere, copie o reproduzca la banda magnética o el medio de identificación electrónica, óptica o de cualquier otra tecnología, de tarjetas de crédito, de débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques, o en general instrumentos utilizados en el sistema bancario, para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo, ya sea que éstos se hayan emitido en el país o en el extranjero;
V. Acceda a los equipos o medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología del sistema bancario, con el propósito de disponer de recursos económicos o de información confidencial o reservada;
VI. Altere o modifique el mecanismo de funcionamiento de los equipos o medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología para la disposición de efectivo que son utilizados por los usuarios del sistema bancario, con el propósito de obtener recursos económicos o información confidencial o reservada;
VII. Obtenga, comercialice o use la información sobre clientes u operaciones del sistema bancario, y
VIII. Posea, adquiera, utilice o comercialice equipos o medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología para sustraer, copiar o reproducir información contenida en las tarjetas de crédito, de débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques, o en general instrumentos utilizados en el sistema bancario, para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo, ya sea que éstos se hayan emitido en el país o en el extranjero.
Artículo Segundo.- Se reforma la fracción VIII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 194.- ...
VIII. De la Ley de Instituciones de Crédito, los previstos en los artículos 111; 112, en el supuesto del cuarto párrafo, excepto la fracción V; 112 Bis, y 113 Bis, en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 112;
IX. a XIV. ...
Artículo 291.- ...
El acreditante podrá otorgar una tarjeta al acreditado, como la forma o el medio para hacer uso del crédito concedido. Por tarjeta se entenderá, el plástico utilizado en equipos o medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo.
Transitorio
Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Dip. Manuel López Villarreal
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Margarita Saldaña Hernández, diputada integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del H. Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
La crisis bancaria genera gran interés de los poderes legislativo y ejecutivo sobre el sector financiero en general y su modernización, lo cual se ha visto reflejado en el número de reformas que se han realizado a las leyes relacionados con el mismo como son la Ley de Instituciones de Crédito, que a partir de 1994 se ha reformado trece veces, o la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros que se ha reformado diez veces o la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que se ha reformado diez veces, inclusive, se aprobó la denominada miscelánea de garantías, a fin de facilitar a las instituciones financieras el cobro efectivo de las garantías que le otorgan los usuarios.
Asimismo, para responder a la irritación social derivada de ésta crisis y la carencia de medios de defensa eficientes para resolver las controversias con las instituciones financieras, la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, aprobó por unanimidad el 12 de diciembre de 1998 la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, misma que da origen a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como organismo especializado que procure un mayor equilibrio en las relaciones de los usuarios con las instituciones financieras. En diciembre de 1999 se presentó una iniciativa de reformas a esta Ley, misma que volvió a ser aprobada por unanimidad, es decir, todos los partidos han coincidido en la necesidad de proteger y defender los derechos de los mexicanos en contra de las prácticas abusivas de las instituciones financieras.
Sin embargo, en comparación con las reformas que se han hecho al sistema financiero, los esfuerzos del Congreso por equilibrar esta relación desigual entre usuarios e instituciones financieras no han sido igual de consistentes.
En distintos foros se ha señalado que a dicha entidad le faltan dientes y músculo, pero nadie se ha preocupado por dárselos. La entidad cuenta con 36 delegaciones en toda la república, insuficientes para atender a más de 40 millones de usuarios; su presupuesto no ha crecido en los casi cinco años que tiene de existencia, su estructura se ha visto reducida continuamente, esta situación evita que la entidad cuente con el personal debidamente capacitado para realizar labores de prevención y de fomento de la cultura financiera; asimismo se ha enfrentado a actitudes hostiles por parte de las instituciones financieras y las propias autoridades.
A pesar de estas y otras condiciones adversas, el organismo ha demostrado en los hechos que su existencia no sólo es necesaria, es primordial para un sano desarrollo del sector financiero.
Pero su labor aún no alcanza las expectativas originalmente planteadas por el poder legislativo. Si todos los partidos pugnamos por que este organismo se creará; a cinco años de este hecho, es el momento para darle un nuevo impulso a esta entidad, buscar su crecimiento y dotarle de mayores herramientas legales, ya que si no actuamos de inmediato para que la Comisión Nacional proporcione un servicio acorde al reto planteado, sus deficiencias necesariamente en algún momento se traducirán en una disminución e ineficiencia en la protección y defensa a los usuarios de servicios financieros.
En tal virtud, me permito proponer a la consideración del Honorable Congreso, esta iniciativa de decreto, con el propósito fundamental de mantener en equilibrio las relaciones entre los usuarios de servicios financieros y las instituciones financieras.
A fin de proporcionar una visión general de las reformas y adiciones que se someten a consideración de esta soberanía, a continuación se describen las características generales de esta iniciativa, así como sus objetivos y alcances.
El segundo párrafo de la fracción IV del artículo 2, da lugar a interpretaciones erróneas o confusión, por lo que se propone eliminar el mismo e incluir dentro del ámbito material de validez de esta Ley aquellas instituciones que actualmente existen en el sector financiero, pero que actualmente no aparecen, como son las sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión o las entidades de ahorro y crédito popular.
Existen casos en los cuales el quehacer de Condusef resulta insuficiente para brindar un adecuado apoyo al usuario cuando su patrimonio se ve afectado por un fraude perpetrado mediante cajeros automáticos, consumos, o expedición de cheques, siendo necesario dotar a la Comisión de mayores atribuciones para coadyuvar con el ministerio público en la integración de la averiguación previa correspondiente, por lo que se propone adicionar al artículo 11 una fracción en los términos antes señalados.
El procedimiento conciliatorio constituye una importante alternativa para solucionar la controversia específica que se presente. No obstante para que el conciliador logre desempeñar un papel activo y cualitativamente propositivo, es menester que tenga la facultad de allegarse de todos los elementos de juicio disponibles para tener una clara percepción del problema y estar en posibilidad de realizar propuestas de solución. Con ese propósito se plantea ampliar la facultad de la Comisión para requerir no únicamente información, sino también documentación y aquellos elementos que estime necesarios, ya que en la medida que los distintos actores del sistema financiero proporcionen al organismo mayores elementos e información, la Condusef podrá otorgar servicios más eficientes.
De conformidad con las disposiciones vigentes, las instituciones financieras pueden solicitar la condonación de una sanción, sin embargo el procedimiento resulta complejo, ya que se tiene que someter el asunto correspondiente a la aprobación de la Junta de Gobierno, órgano que por ser la máxima autoridad de la Comisión Nacional, no es el administrativamente adecuado para conocer a detalle y resolver sobre el particular. Al respecto se propone trasladar esta atribución al Presidente de la Comisión, lo que permitirá agilizar la atención de este tipo de solicitudes.
Los criterios entre las instituciones financieras, varían de una entidad a otra, por lo que resulta necesario que la Comisión regule los aspectos que inciden en los derechos de los usuarios de los servicios financieros, expidiendo para ello disposiciones de carácter general en el ámbito de su competencia.
La fracción V del artículo del artículo 63 de la Ley, faculta al organismo para suplir la deficiencia de las reclamaciones presentadas por el usuario, sin embargo, la redacción actual no resulta clara, por lo que se propone su modificación, a fin de aclarar los alcances de esta disposición.
De conformidad con lo establecido en la ley sobre el contrato de seguro, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dicho acto, es de dos años, a partir del acontecimiento que les dio origen, por lo que se propone dar el mismo tratamiento que en justicia corresponde a un usuario afectado por un problema vinculado con seguros; respecto de otro usuario, cuya reclamación se enderece contra alguna otra institución financiera, modificando para tales efectos el artículo 65.
Se propone realizar un ajuste de redacción al artículo 66 con la finalidad de no confundir las figuras de interrupción y suspensión de la prescripción ya que en el caso de la primera no existe necesidad de especificar algún lapso de duración.
También se incorporan en este proyecto algunas modificaciones al procedimiento conciliatorio que pretende agilizar el mismo y dotar de mejores herramientas a la autoridad, para lograr un mayor impacto como resultado de su intervención en el avenimiento del conflicto. Tal el caso de la atribución consistente en solicitar elementos adicionales e inclusive probatorios al momento de requerir el informe correspondiente.
De la misma forma se sugiere prever la posibilidad de realizar la conciliación vía telefónica o por cualquier medio idóneo en aquellos casos que así lo permitan. Así mismo, se faculta a la Comisión Nacional para que cuantifique la obligación contractual y en estos casos el dictamen que emita adquiera la naturaleza de titulo ejecutivo no negociable a favor del usuario, lo cual permitirá que sin resolver de manera vinculativa sobre el asunto, se proporcione al usuario un documento que le permita agilizar el procedimiento que habrá de entablar ante la autoridad jurisdiccional.
Actualmente la ley exige que en el caso de no lograrse un arreglo conciliatorio, la autoridad necesariamente deba ordenar el registro del pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica correspondiente, circunstancia que se vuelve inequitativa cuando de las constancias que obran en el expediente de mérito se desprende la improcedencia de la reclamación formulada por el usuario. En este caso procede en estricta justicia admitir legalmente la posibilidad de no ordenar dichos actos, por lo que se propone la modificación respectiva.
El proyecto también incorpora una disposición que prevé el carácter de sentencia ejecutoria que debe atribuirse a los convenios conciliatorios firmados ante la Comisión Nacional evitando así problemas de interpretación, ya que la ley vigente contempla esta circunstancia únicamente dentro del apartado relativo al arbitraje.
Por otra parte, se realiza una precisión en la redacción de la ley para especificar que el plazo de quince días hábiles para el cumplimiento de un laudo correrá a partir de la notificación de que éste ha quedado firme.
Con la finalidad de otorgar más atribuciones a la Comisión Nacional para sancionar a las instituciones financieras cuando reiteradamente han incurrido en violaciones a la ley, se adiciona la facultad de ordenar la clausura de sucursales, matriz u oficinas de la infractora especificándose la gravedad de los casos que ameriten esta sanción.
La consecuencia del incumplimiento de la ley, consistente en la imposición de una sanción la cual al hacerse efectiva, pasa a formar parte del patrimonio del organismo, sin embargo, en múltiples casos pierde su eficacia al dificultarse administrativamente la ejecución de la misma, por lo que el proyecto que nos ocupa, plantea un procedimiento a partir del cual las multas se hagan efectivas cargando su importe en las cuentas de las instituciones financieras, lo cual también fortalece el presupuesto del organismo, haciéndolo financieramente más viable, la misma fórmula se propone para el caso de ejecución de sentencias.
Por lo que se refiere al recurso administrativo de revisión se propone establecer su carácter optativo a fin de reconocer la posibilidad de que el afectado pueda demandar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sin tener necesariamente que agotar este recurso. Por otra parte se establece también una nueva redacción especificando la procedencia del recurso, exclusivamente contra aquellas resoluciones que pongan fin al procedimiento o impongan una sanción con el propósito de evitar que este medio de defensa sea utilizado exclusivamente como táctica dilatoria que dificulte y desvirtué el procedimiento conciliatorio respectivo.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Cámara, la siguiente iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
ARTÍCULO PRIMERO: Se REFORMAN los artículos 11, fracciones XX y XXVI; 12, 26, fracción XIX; 63; 65; 66; 68, fracciones III y VIII, en donde el párrafo segundo pasa a ser el tercero; 81; 97 y 99; se ADICIONAN los artículos 11, fracciones XVII, con segundo párrafo; XX, con un segundo y tercer párrafos y XXVII; 26, fracción XX; 59 Bis; 67; 68 fracciones I, con un segundo párrafo, VII con un segundo, cuarto y quinto párrafos y X con un tercer párrafo; 68 Bis.; 70 con un segundo párrafo; 95 Bis y 97 con un segundo y tercer párrafos; se DEROGAN los artículos 2, fracción IV, segundo párrafo y 22, fracción XVIII, para quedar como sigue:
Artículo 2º.- ...
IV. Institución Financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, entidades de ahorro y crédito popular, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades nacionales de crédito, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, y cualquiera otra sociedad que ofrezca un producto o servicio financiero y/o realice actividades análogas a las de las sociedades enumeradas anteriormente.
V a IX. ...
XX. Solicitar a las autoridades la información que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Nacional.
La Comisión Nacional podrá en su caso, solicitar a las Comisiones Nacionales, la información sobre los contratos de adhesión, publicidad, modelos de estados de cuenta, Unidades Especializadas de atención a usuarios, productos y servicios financieros y toda aquella información relacionada con las Instituciones Financieras y que el organismo requiera para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
Asimismo, podrá requerir los reportes de crédito necesarios para la substanciación de los procedimientos de conciliación y de arbitraje a que se refiere esta Ley. Para todos los efectos legales, la sola presentación de la reclamación por parte del Usuario, faculta a la Comisión Nacional para exigir la información relativa;
XXI a XXV . ...
XXVI. Coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa derivada de la comisión de delitos relacionados con los servicios y productos financieros, y
XXVII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento.
Artículo 22.- Corresponde a la Junta:
XVIII. Se deroga;
XIX a XXIV . ...
XVIII. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias;
XIX. Resolver respecto de la condonación, reducción o conmutación de multas, y
XX. Las demás que le atribuya la Junta, esta Ley u otros ordenamientos.
V. Documentación que ampare la contratación del servicio que origina la reclamación.
...
Artículo 65.- Las reclamaciones deberán presentarse dentro del término de dos años contados a partir de que se presente el hecho que les dio origen.
La reclamación podrá presentarse, a elección del Usuario, en el domicilio de la Comisión Nacional o en cualquiera de las Delegaciones.
Artículo 66.- La reclamación que reúna los requisitos señalados, por su sola presentación, interrumpirá la prescripción de las acciones legales correspondientes, hasta que concluya el procedimiento de conciliación.
Artículo 67.- La Comisión Nacional correrá traslado a la Institución Financiera acerca de la reclamación presentada en su contra, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la misma, anexando todos los elementos que el Usuario hubiera aportado, y señalando en el mismo acto la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, con apercibimiento de sanción pecuniaria en caso de no asistir.
La Comisión Nacional podrá en todo momento solicitar a la Institución Financiera información, documentación y todos los elementos que considere pertinentes relacionados con la reclamación.
Tratándose de instituciones de fianzas, deberá citarse al fiado en el domicilio que la Institución tuviere de éste o de su representante legal.
(Iniciativa del Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga)
Artículo 68.- La Comisión Nacional, deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las siguientes reglas:
Si a juicio de la Comisión Nacional las circunstancias del caso así lo permiten se intentará la conciliación inmediata o por cualquier medio idóneo, en cuyo caso será necesario se confirmen por escrito los compromisos adquiridos;
II. ...
III. En el informe citado en la fracción anterior, la Institución Financiera, deberá responder de manera razonada a todos y cada uno de los hechos a que se refiere la reclamación, anexando los elementos que en cada caso solicite la Comisión Nacional, o aquellos en los que se sustente su dicho. En caso contrario, dicho informe se tendrá por no presentado para todos los efectos legales a que haya lugar;
IV a VI. ...
VII. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, y si esto no fuere posible, la Comisión Nacional las invitará a que, de común acuerdo, designen como árbitro para resolver su controversia a la propia Comisión Nacional o a alguno o algunos de los árbitros que ésta les proponga, quedando a elección de las mismas que el juicio arbitral sea en amigable composición o de estricto derecho. El compromiso correspondiente se hará constar en el acta que al efecto se firme ante la Comisión Nacional. En caso de no someterse al arbitraje se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda.
El dictamen contendrá una valoración técnico-jurídica elaborada con base en la información que hayan presentado las partes, tanto en el escrito de reclamación, como en el informe a que se refiere la fracción II del presente artículo; así como en la documentación que se haya exhibido en el procedimiento de conciliación o que haya sido requerida por la Comisión Nacional, así como en los elementos adicionales que el organismo se hubiere allegado.
La Comisión Nacional entregará al reclamante, contra pago de su costo, copia certificada del dictamen técnico para los efectos a que hubiere lugar, el cual, ante los tribunales judiciales hará prueba plena.
El Usuario podrá solicitar que en el dictamen se cuantifique en cantidad líquida la obligación contractual a cargo de la institución financiera, en este caso, el proyecto de dictamen se hará del conocimiento de las partes a los quince días siguientes, en una audiencia donde se podrán formular observaciones al mismo.
El dictamen a que se refiere el párrafo anterior constituirá título ejecutivo no negociable a favor del usuario, dicho título se ejecutará por la vía jurisdiccional respectiva, dentro de la cual la Institución Financiera podrá controvertir el título y oponer las excepciones que estime convenientes;
X. Concluidas las audiencias de conciliación y en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, la Comisión Nacional ordenará a la Institución Financiera correspondiente que registre el pasivo contingente que derive de la reclamación, dando aviso de ello, en su caso, a las Comisiones Nacionales a la que corresponda su supervisión. Ese registro contable podrá ser cancelado por la Institución Financiera, bajo su estricta responsabilidad, si transcurridos ciento ochenta días naturales después de su anotación, el reclamante no ha hecho valer sus derechos ante la autoridad judicial competente o no ha dado inicio al procedimiento arbitral conforme a esta Ley.
Si de las constancias que obren en el expediente respectivo se desprende a juicio de la Comisión la notoria improcedencia de las pretensiones del usuario ésta podrá abstenerse de ordenar el pasivo contingente o la reserva técnica.
(Iniciativa del Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga)
Artículo 68 Bis.- En materia jurisdiccional, los tribunales no darán entrada a demanda alguna contra una institución financiera, si el actor en ella no afirma bajo protesta de decir verdad, que ante la Comisión Nacional se agotó el procedimiento de conciliación establecido en este Capítulo.
En cualquier momento en que aparezca que no se agotó el procedimiento de conciliación, deberá sobreseerse la instancia e imponer al actor las costas originadas por el procedimiento.
La omisión del procedimiento de conciliación en vía administrativa constituye, además, una excepción que puede interponerse por la institución financiera demandada.
Los Jueces para ejecutar sus sentencias ejecutoriadas requerirán al Banco de México que se hagan efectivas en las cuentas que lleven de cada Institución Financiera.
Artículo 70.- En caso de que la Institución Financiera incumpla con cualesquiera de las obligaciones derivadas del convenio de conciliación, la Comisión Nacional ordenará a la Institución Financiera correspondiente que registre el pasivo contingente que derive de la reclamación, o en su caso, como reserva en términos de lo establecido en el artículo 68 fracción X.
Los convenios celebrados ante la Comisión Nacional tendrán los efectos de una sentencia ejecutoria.
Artículo 81.- En caso de que el laudo emitido condene a la Institución Financiera y una vez que quede firme, se dará un plazo de quince días hábiles contado a partir de la notificación para su cumplimiento o ejecución.
...
...
Artículo 95 Bis.- Cuando dadas las circunstancias , los casos se consideren particularmente graves, la Comisión Nacional podrá sancionar con la clausura de la sucursal, matriz u oficinas de las Instituciones Financieras, la cual podrá ser hasta de diez días.
Se consideran particularmente graves el que la infracción que se sanciona se haya presentado de manera reincidente y reiterada por la misma Institución Financiera, en el mismo ejercicio.
Reincidente más de tres veces
Artículo 97.- Las multas deberán ser pagadas por la Institución Financiera sancionada, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Cuando como resultado de la interposición de algún medio de defensa la multa resulte confirmada total o parcialmente, su importe se actualizará en términos del Código Fiscal de la Federación y deberá ser cubierta dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que la autoridad competente le notifique al infractor la resolución definitiva.
Las multas impuestas por la Comisión Nacional que no hayan sido cubiertas por las Instituciones Financieras que sean cuentahabientes del Banco de México, se harán efectivas cargando su importe en las cuenta que les lleva dicho banco. Los cargos correspondientes se realizarán en la fecha en que la Comisión Nacional se lo solicite al Banco de México, siempre que se trate de multas contra las cuales no se hayan interpuesto oportunamente los medios de defensa procedentes o después de haberse agotado éstos, se haya confirmado la sanción correspondiente.
Tratándose de Instituciones Financieras a las que el Banco de México no les lleve cuenta, las multas se harán efectivas conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.
Artículo 99.- Procede el recurso de revisión contra aquellos actos o resoluciones que pongan fin a un procedimiento, o bien, cuando a través del mismo se imponga una sanción.
(Iniciativa del Sen. David Jiménez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional)
"La interposición del recurso de revisión será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dip. Margarita Saldaña Hernández
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA PROHIBIR ACTOS DE DISCRIMINACION LABORAL CONTRA LAS MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio de la suscrita, diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Honorable Asamblea:
La discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, dificulta la participación de ciertos grupos de población en la vida política, social, económica y cultural, y constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia.
La discriminación es un fenómeno con múltiples aristas que puede manifestarse negando un puesto de trabajo (aún y cuando se cumpla con las obligaciones del mismo), por medio del despido, la confinación a determinadas ocupaciones, el trabajo forzoso u obligatorio o un salario menor.
La incorporación de la mujer a la actividad económica ha crecido de manera sostenida durante los últimos lustros: de 17.6 por ciento en 1970 a 35.3 en 2003. Si bien las condiciones laborales son ahora más equitativas que en el pasado, persiste la desigualdad, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Recientemente se han generado estadísticas sobre la discriminación salarial,1 que dan cuenta que las mujeres reciben un menor salario que los hombres dentro de un mismo puesto de trabajo, en el que ambos tienen la misma calificación y laboran igual número de horas.
Por otro lado, y no obstante a que no se tiene certeza estadística, se sabe que en muchas ocasiones se exige que las aspirantes y trabajadoras cuenten con un certificado de no embarazo para acceder o mantener el empleo.
En México, las estadísticas dan a conocer un mercado laboral femenino que ha experimentado cambios vertiginosos en unos cuantos años, entre los cuales se encuentran (a) una progresiva participación en el trabajo extradoméstico; (b) la transición en la estructura sectorial, pasando de las actividades primarias hacia el sector de los servicios; (c) el paso de población joven hacia población adulta; d) el cambio en el estado civil, de mujeres solteras a mujeres separadas y divorciadas con responsabilidades familiares, y (e) un número mayor de mujeres que realizan trabajo por cuenta propia.
Sin lugar a dudas, son las mujeres de edad adulta o avanzada quienes sufren de los mayores obstáculos para acceder al empleo, y son las mujeres con responsabilidades familiares quienes más necesitan un empleo. Justamente por ellas es urgente reformar el marco jurídico, para prohibir las prácticas discriminatorias en todas sus dimensiones.
La discriminación no le conviene a nadie, sus consecuencias son adversas tanto en el plano individual como en lo social y afecta el desarrollo económico del país, ya que merma las oportunidades de las mujeres y los hombres para desarrollar su potencia¡, sus aptitudes y cualidades, y para ser remunerados en función de sus méritos. La discriminación en el trabajo genera desigualdades en los resultados del mercado de trabajo y coloca en una situación de desventaja a los miembros de determinados grupos sociales.
En nuestra proyección de principios de doctrina claramente dejamos establecido que la responsabilidad del Estado en materia laboral es integral. Una de sus obligaciones es determinar un marco institucional y legal que ampare las prestaciones que mujeres y hombres requieren para desempeñarse con dignidad.
La eliminación de la discriminación en el trabajo es fundamental para que la dignidad humana y la libertad individual, la justicia y la cohesión social sean más que llanas declaraciones.
La discriminación en el trabajo no se origina únicamente como consecuencia de actos aislados de un empleador o de un trabajador, o de una única medida política. Más bien son los procedimientos, las prácticas y las instituciones del mercado de trabajo los que generan y refuerzan la discriminación, o los que rompen el ciclo de la discriminación. Las instituciones y las prácticas no son inamovibles, y pueden cambiarse para promover la igualdad.2
No podemos dejar a un lado el esfuerzo de mexicanos y mexicanas que desde el gobierno, desde el Congreso y por supuesto desde la sociedad civil. Tales esfuerzos se ven reflejados en las reformas al artículo 1° Constitucional en el que se prohíbe toda forma de discriminación, se refleja en la creación de la Ley Federal par prevenir y eliminar la discriminación para la igualdad de oportunidades, se refleja en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes.
Sin embargo, los ordenamientos internacionales y constitucionales no están plasmados en la legislación laboral.
Si bien existe un amplio número de iniciativas legislativas para modificar la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que ésta no ha sido reformada, simplemente, por falta de voluntad política, porque todavía no es tiempo, porque hay que esperar a la reforma integral. Por. lo que exhorto a que entremos de forma decidida a beneficiar alas mujeres trabajadoras de México.
En Acción Nacional hemos trabajado para que toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, sea rechazada, corregida y en su caso sancionada.
Nos congratulamos de ser impulsores decididos en esta materia: la iniciativa que presentó la entonces diputada María Elena Alvarez Bernal en 1996 para beneficiar a las mujeres trabajadoras ha servido de marco de referencia para posteriores iniciativas.
Para Acción Nacional, la equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones.
Creemos que el trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social. Es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Tiene como eje a la persona humana. No es una mercancía y tiene primacía sobre el capital.
Toda persona apta para el trabajo debe tener oportunidad constante de realizarlo sin discriminación alguna. El acceso a las oportunidades laborales y al disfrute de su compensación debe ser igual para la mujer y para el hombre. El trabajo del hogar debe ser socialmente reconocido. Las responsabilidades familiares, sociales y económicas se deben atender con equidad por los hombres y las mujeres.
Coincidiendo con esa ideología, hemos ofrecido en nuestra Plataforma Legislativa 2003 - 2006 que la equidad de género debe fortalecerse en el ámbito laboral. Para ello, propusimos combatir la discriminación reformando la Ley Federal del Trabajo para evitar prácticas como la solicitud obligatoria de certificado de ingravidez, la presión a renunciar por ser madre o padre, la negación del empleo por guardar un estado civil determinado, la retribución inferior, el hostigamiento sexual, o la exclusión de la capacitación y el adiestramiento. Para lograr un México con oportunidades para hombres y mujeres, un México más humano y libre.
Este proyecto forma parte de un paquete de iniciativas que Acción Nacional estará presentando, en congruencia con su plataforma y con las demandas y necesidades de la sociedad en la esfera del trabajo. De ésta, destacamos las propuestas más importantes:
1. Se dicta que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca un salario menor por trabajo de igual valor, por el estado civil, el estado de gestación, la maternidad, las responsabilidades familiares o la discapacidad.
2. Se prohíbe explícitamente a los empleadores negarse a aceptar trabajadores por su estado civil, estado de gestación en la mujer, maternidad o responsabilidades familiares y, en general, aduciendo cualquier distinción discriminatoria de las previstas en esta ley. Esto no significa que existan casos en el que por salud deban de pedirse más requisitos. Por ejemplo en los trabajos que implique el manejo con radiaciones o sustancias químicas que pudieran afectar en la salud de la madre o de la persona concebida.
3. Se elimina el término "patrón" y se reemplaza por el concepto actual de "empleador", adoptado y promovido a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
4. Se adiciona un apartado especial para que se consideren como discriminación laboral contra la mujer el exigirle certificado de gravidez, negarle la admisión a un empleo, despedirla o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie a él, retribuirle un salario inferior y hostigarla sexualmente; asimismo y con la finalidad que las prohibiciones no sean letra muerta, se contemplan sanciones y la reparación del daño.
Por lo expuesto y fundado anteriormente, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres.
ARTÍCULO 1.- Se adiciona el inciso b de la fracción I del artículo 4; a la fracción XI, así como una fracción XIII para recorrer hasta la fracción XIV del artículo 5; a la fracción I y las fracciones XII y XIII del artículo 133, al primer y segundo párrafo y cinco fracciones del artículo 164; se adiciona un artículo 164A de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 4.- No se podrá impedir el trabajo de ninguna persona...
a) ...
b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor, con permiso o con licencia de maternidad, al presentarse nuevamente a sus labores.
Artículo 5.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea estricto o verbal, la estipulación que establezca:
XI.- Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual valor, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, estado civil, sexo, maternidad, responsabilidades familiares, discapacidad o nacionalidad.
XII. ...
XIII. Renuncia al empleo por parte de la mujer trabajadora, en los casos en que contraiga matrimonio, se embarace o tenga a su cuidado hijos menores.
XIV. (se recorre la fracción XIII)
II. a XI.
XII. Exigir la presentación de certificados médicos de ingravidez a las mujeres que soliciten un empleo.
Dip. Margarita Zavala Gómez del Campo
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su discusión y resolución, constitucional, la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Estas Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 2 fracciones XIX y XXX; 45; numeral 6, incisos f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 57, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General, someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 7 de octubre del 2003, se recibió del Senado de la República la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y en esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el turno correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria para su estudio y dictamen.
Durante los trabajos de análisis, estudio y discusión de la Minuta con Proyecto de Decreto, se recibieron opiniones y propuestas tanto de legisladores federales integrantes de las comisiones, como de especialistas, investigadores y titulares de instituciones agrarias del Poder Ejecutivo; con base en las cuales se fue conformando el presente documento para su discusión y análisis en Comisión.
OBJETO DE LA MINUTA
La Minuta, propone adicionar un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a efecto de establecer que los magistrados que concluyan o estén próximos a concluir su encargo de seis años por el que fueron designados, deberán ser incluidos de manera obligatoria en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para que el órgano legislativo competente resuelva sobre su ratificación. Si a juicio del Ejecutivo Federal fuere improcedente la ratificación de alguno de los magistrados, deberá expresar de manera fundada sus motivos, razones o circunstancias con base en lo que al respecto establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo al artículo vigente, el Titular del Ejecutivo Federal puede o no considerar a los magistrados en funciones, de manera discrecional; con la propuesta, se garantiza la posibilidad de ratificación de los magistrados en funciones que están por concluir su encargo.
De esta manera el Legislador desea proporcionar seguridad a aquellas personas que habiéndose dedicado a una carrera temática, como la agraria, encuentren la cobertura jurídica para ser postulados nuevamente para permanecer en su cargo.
Además, la población campesina de nuestro país podría verse beneficiada al contar con magistrados cada vez mas experimentados en el trabajo de los órganos de justicia agraria.
Para el caso de que a juicio del Ejecutivo Federal, no proceda la ratificación de alguno de los magistrados, deberá expresar de manera fundada los motivos, razones o circunstancias, que hubiere considerado, con base en lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al efecto.
En la Minuta en comento destaca el interés del legislador de evitar que las personas que han sido designadas pare ejercer el cargo de magistrados agrarios y lo han hecho correctamente, sean desplazados de la función sin un dictamen de evaluación de su desempeño que funde y motive la decisión de ratificarlo en tal ejercicio o la negativa a ello.
CONSIDERACIONES
El artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, vigente, ya establece la posibilidad de ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario.
De la Minuta en comento se desprenden básicamente los siguientes aspectos:
La no ratificación de los magistrados en funciones, fundada en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La garantía propuesta, presenta trascendencia cuando la ratificación está referida a los funcionarios del Poder Judicial, ya que es lógico afirmar que donde no existe garantía de permanencia, de manera plena e indiscutida, los funcionarios judiciales adolecen de independencia.
Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria consideran que el objeto de la Minuta en comento es, contribuir a fortalecer y especializar la impartición de justicia agraria en nuestro país.
Por último, estas comisiones consideran:
Que el objeto de la Minuta es proporcionar constancia de transparencia al proceso por el cual se ratifica a los Magistrados agrarios.
Que la Minuta no pretende coartar la decisión del Titular del Ejecutivo Federal, porque él puede proponer a otros aspirantes que reúnan las características necesarias para cubrir las vacantes de magistrados agrarios, además de los magistrados salientes.
Que la Minuta tampoco tiene por objeto obligar al Senado de la República a ratificar a los magistrados salientes, ya que tienen la libertad de decidir sobre la lista propuesta por el Ejecutivo a las personas que ocuparán los cargos.
Por lo anterior expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, convencidos de la necesidad de la adición propuesta en la Minuta referida, turnada por el Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para quedar como sigue:
Artículo 17. Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados serán inamovibles.
Los magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Los magistrados que estén próximos a cumplir con el periodo de seis años por el que fueron designados, deberán ser incluidos en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para que el órgano legislativo competente resuelva sobre su ratificación. Si a juicio del Ejecutivo Federal no procede la ratificación de alguno de los magistrados, expresará fundadamente los motivos, razones o circunstancias, que hubiere considerado con base en lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al efecto.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por la Comisión de Reforma Agraria:
Así se acordó y votó en Sesión Plenaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada en fecha 21 de enero de 2004. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:
Diputados: T. Manuel García Corpus, Presidente (rúbrica); Rubén Alfredo Torres Zavala, secretario (rúbrica); Margarito Fierros Tano, secretario (rúbrica); José Lamberto Díaz Niebla, secretario (rúbrica); María Hilaria Domínguez Arvizu, secretaria (rúbrica); Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, José Jesús Vázquez González, Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Elpidio D. Concha Arellano (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz, Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).
Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos:
Diputados: Rebeca Godínez y Bravo, Presidenta
(rúbrica); Leticia Gutiérrez Corona, secretaria (rúbrica);
Fidel René Meza Cabrera, secretario (rúbrica); Miguel Angel
Llera Bello, secretario (rúbrica); Francisco Valdéz de Anda,
secretario (rúbrica); Gilberto Ensástiga Santiago, secretario
(rúbrica); Félix Adrián Fuentes Villalobos, secretario
(rúbrica); Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), María
Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), José
Rangel Espinoza (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel
Sandoval Figueroa (rúbrica en contra), Marcelo Tecolapa Tixteco
(rúbrica), Carlos Vega Bernardo (rúbrica), Miguel Angel Yunes
Linares (rúbrica), Gustavo de Unanue Aguirre (rúbrica en
contra), Fernando Guzmán Pérez Peláez (rúbrica),
Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica),
Leticia Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcenas, Margarita Zavala
Gómez del Campo (rúbrica), Diana R. Bernal Ladrón
de Guevara (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez
(rúbrica), Juan García Costilla, Víctor Manuel Camacho
Solís, Jaime Miguel Moreno Garavilla.
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA PROPOSICION PARA APOYAR UNA REFORMA FUNDAMENTAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS A FIN DE QUE EL CONSEJO DE SEGURIDAD SEA UN ORGANO DE MAYOR LEGITIMACION QUE OFREZCA A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION UN MARCO DE SEGURIDAD EFECTIVA
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el punto de acuerdo relativo a apoyar una reforma fundamental de la Organización de las Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad sea un Órgano de mayor legitimación que ofrezca a los miembros de la Organización un marco de seguridad efectiva.
Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen con Punto de Acuerdo, por las siguientes:
CONSIDERACIONES:
Con su intervención en la sesión de inicio de los trabajos de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Presidente de México, Vicente Fox Quesada, mostró que México tiene una política exterior proactiva, atenta día con día a la realidad mundial, y reafirmó la tradición diplomática y los principios constitucionales de nuestro país.
A través suyo, México hizo un llamado a todas las naciones a confirmar su compromiso con la ONU y a reafirmar su papel como el instrumento por excelencia para construir la paz y la seguridad mundiales.
La apuesta de México a la carta del multilateralismo es congruente con su trayectoria como miembro fundador de la ONU y como opositor sistemático de las soluciones de fuerza.
El diagnóstico acerca de la actual situación de la ONU coincide con el de la mayoría de los analistas internacionales: la crisis de Irak ha puesto en evidencia hondas implicaciones para el futuro de la Organización. Los ataques contra la misión de la ONU en Bagdad nos hieren a todos y lastiman el fundamento mismo del multilateralismo.
México no puede ni callar ni quedarse cruzado de brazos ante amenazas de tal envergadura. Además de recordar que han sido las graves disparidades las que han dado motivo a casi la totalidad de los conflictos, el Presidente de la República avanzó las tesis mexicanas acerca de la urgente reforma de la ONU, precisamente con el fin de convertirla en un eficaz instrumento de la paz y el desarrollo. Al efecto destacó cinco criterios rectores muy precisos para abordar el ejercicio de reforma:
4. Promover y proteger los derechos humanos.
5. Dar mayor eficacia a la toma de decisiones.
México demostró que se considera parte integral de la comunidad de naciones; que nada de lo que en ella ocurra puede serle indiferente, y que está dispuesto a asumir sus compromisos y a hacer valer sus derechos, a rendir cuentas y también a exigir, en pie de igualdad, que todas las naciones observen los principios a que les compromete la Carta de la ONU.
A diferencia de otros líderes que se han presentado en la Asamblea con mensajes dedicados a hablar de la situación de sus países, el Presidente de México pronunció un discurso específica mente enfocado a contribuir ala creación de un mundo de reglas claras y de decisiones multilaterales.
Debemos destacar el llamado que ha hecho el Presidente a la corresponsabilidad de las naciones. Para un país como México, considerando su ubicación geográfica y sus relaciones internacionales, resulta muy importante enfocar su esfuerzo diplomático al fortalecimiento del derecho internacional y la creación de un mundo de certidumbre.
Nuestro desarrollo como nación necesita de un contexto de reglas claras. Por ello equilibramos nuestra política exterior con prioridades definidas en el ámbito bilateral y un renovado activismo multilateral.
México puede encabezar en gran medida la reflexión sobre las mejores vías para reformar el sistema de las Naciones Unidas, con base en nuestro prestigio diplomático. Podemos aprovechar ese liderazgo y convertirlo en un factor para impulsar aún más nuestra política exterior.
Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados, creemos que se trató de un mensaje firme, oportuno, que llama a la unidad entre los mexicanos ante ideales compartidos, por lo que debemos cerrar filas y apoyar este esfuerzo por hacer del multilateralismo una vía adecuada para dar más realce a nuestro país y contribuir al contexto internacional que necesitamos para nuestro desarrollo.
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:
Dictamen con Punto de Acuerdo
ÚNICO.- Para que la Honorable Cámara de Diputados dé su respaldo a la propuesta del Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con el respaldo del Congreso para que México promueva activamente el proceso de reforma fundamental de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo el del Consejo de Seguridad para ofrecer a los miembros de la Organización Mundial el marco en el que todos los países puedan aspirar a un desarrollo armónico y sostenido tendiente a la obtención de una mayor seguridad, paz mundial y cooperación multilateral entre las naciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de febrero de 2004.
Diputados:. Adriana González Carrillo (rúbrica),
Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario;
Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo
Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos
(rúbrica), secretario; Rodrigo Iván Cortés Jiménez
(rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz Caneja (rúbrica),
Humberto Cervantes Vega (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu
(rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz
Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar, José
Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores
Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico, Blanca Gámez
Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas
(rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica),
Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Alejandro
González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías
(rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona, Francisco Xavier López
Mena, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales
Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica),
Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica),
Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio
Torres Hernández (rúbrica).
Febrero 03, 2004
HONORABLE ASAMBLEA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diversos Diputados presentaron iniciativas de reformas y adiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, las cuáles se relacionan a continuación:
Iniciativa que reforma la fracción XXVIII, del artículo 109, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Diputado Uuc-Kib Espadas Ancona del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 8 de enero de 2003.
Iniciativa que reforma la fracción XX, del artículo 32, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Diputado Salvador Cosio Gaona del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 22 de enero de 2003.
Iniciativa que deroga el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (correspondiente al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario), del Diputado Salvador Cosio Gaona del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 26 de febrero de 2003.
Iniciativa de Reformas a Diversas Disposiciones Fiscales, del Dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia por la Democracia, de fecha 20 de marzo de 2001.
Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Seguro Social, del Dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 04 de abril de 2002.
DICTAMEN
DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS:
La Iniciativa de la Diputada Maricela Sánchez Cortes, del Grupo Parlamentario del PRI, plantea que el Consejo Nacional de Población proporciona cifras reveladoras del problema de las madres solteras, cuyo número asciende a 880 mil mujeres.
Señala la Iniciativa que las madres solteras son en su mayoría mujeres jóvenes, menores de 30 años de edad, mientras que las mujeres separadas y divorciadas concentran los mayores porcentajes entre los 30 y 49 años de edad; entre las viudas predominan las madres de 50 años. Las mujeres que viven en unión libre y las que se casan sólo por el civil, son en un alto porcentaje menores de 35 años.
En síntesis, el 28% de las madres mexicanas son solteras, separadas, divorciadas y viudas y representan el sector de la población más desprotegido frente al desempleo lo que hace necesario que el Gobierno Federal, actúe con determinación para brindar protección a este sector de la población, alentando con políticas públicas su incorporación al mercado de trabajo.
La propuesta que se plantea se refiere a otorgar un estimulo fiscal a las empresas que den prioridad en su contratación a madres solteras, con deducciones en el Impuesto Sobre la Renta por el 30% del monto de la contratación realizada, para lo cual propone la reforma al artículo 219 Bis de la ley del Impuesto Sobre la Renta.
Por su parte el Diputado Uuc-Kib Espadas Ancona, del Grupo Parlamentario del PRD, señala que la Ley del Impuesto Sobre la Renta proporciona una mínima protección al trabajo intelectual. Indica el diputado Espadas Ancona que este trabajo se realiza en las más difíciles condiciones económicas y sociales, y que por su característica central -la explotación por parte de terceros, generalmente empresas medianas o grandes- se desarrolla en condiciones de dependencia.
Recuerda que el 30 de diciembre de 2001 el Congreso, al reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, eliminó la citada norma, concediendo a los autores un reducido margen de exención de dos salarios mínimos mensuales, monto insuficiente para proteger el trabajo de los intelectuales mexicanos. Un año después, en el 2002, y reconociendo como error haber eliminado la exención del impuesto en comento, el Congreso de la Unión aprobó una exención a los creadores que obtuvieran un ingreso inferior a los 25 salarios mínimos.
Por lo anterior propone exentar del pago del impuesto, los ingresos que se obtengan por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas o bien, la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante respectivo, por lo cual propone la reforma a la fracción XXVIII, del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En su iniciativa el Diputado Salvador Cosio Gaona, del Grupo Parlamentario del PRI, argumenta que el sector de servicios, es uno de los más dinámicos del país y representa más de 60% del Producto Interno Bruto; agrega que la deducibilidad del consumo en restaurantes por motivos de negocio fue un apoyo fiscal utilizado durante años, retirado más tarde sin medir justificación; desde entonces ha sido un reclamo generalizado retornar dicho estímulo.
Señala que en diciembre de 2001, el Legislativo aprobó regresar el concepto en apoyo de la industria restaurantera nacional, otorgando la deducción de 50% del consumo en restaurantes para reuniones de negocios, acreditables al pagar el Impuesto Sobre la Renta, fijándose las reglas al respecto las que una vez que se perfeccionaron generaron crecimiento económico, así como mayor control fiscal a cargo de la industria restaurantera nacional.
No obstante, el Senado enmendó parcialmente la medida y aprobó que dicha deducción al pago del Impuesto sobre la Renta, en relación con los consumos en restaurantes en reunión de negocios, quedara en 25%.
Por lo señalado propone que es conveniente que con motivo de negocios de nuevo se aplique la deducción de consumos en restaurantes en un 50%, como estuvo vigente el 2002, por lo cual sugiere reformar la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En otra materia, el Diputado Salvador Cosio Gaona, del Grupo Parlamentario del PRI, plantea que el objetivo del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario es que los patrones, las personas físicas o las morales que hagan pagos por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, absorban el costo del crédito al salario.
Subraya que en enero de 2002 entró en vigencia este impuesto, que consiste en aplicar al total de las erogaciones realizadas por la prestación de un servicio total subordinado la tasa de 3%. Para el ejercicio fiscal de 2003, el Impuesto fue modificado con una tasa de 4%.
Agrega que no obstante la inconformidad que originó la creación del impuesto, parte del sector empresarial ya estaba absorbiendo esa disposición y, con la nueva modificación de la tasa a 4%, lo considera un impuesto excesivo.
Ante tales hechos propone que dicho impuesto debe ser modificado, actualmente con una tasa de 4%, a una de 3%, para lo cual plantea derogar el artículo tercero transitorio del decreto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1° de enero de 2003
En otro orden de ideas, el Dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, considera en su propuesta la necesidad de revisar varios rubros referentes al Impuesto Sobre la Renta y considerando que la tasa de este impuesto es del 35%, propone reducirla al 32% para dar mayor flexibilidad a la tributación.
En materia de simplificación, señala que es conveniente tener una sola tarifa mensual y una anual para el cálculo de este impuesto, con el fin de que se simplifique el trámite del contribuyente en la determinación del gravamen.
En otro contexto, El Dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, por su parte, plantea la necesidad de corregir la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, pues a pesar de que la base para el cálculo del impuesto que se define para los pequeños contribuyentes son los ingresos brutos, no las utilidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que las notas y facturas de compra no sirven para determinar el monto de los impuestos.
Para ello, propone reformar el artículo 137, de la mencionada norma para que las personas físicas que desarrollen actividades empresariales, productivas, de transformación, comerciales y de servicios en establecimientos permanentes, mercados públicos, tianguis, concentraciones, comerciantes en vía pública, puestos fijos y semifijos, recicladores, incluidas las actividades desarrolladas en forma familiar permanente hasta con seis personas como máximo y las de manufacturación con un máximo de 16 personas, puedan optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta, siempre que los ingresos propios de la actividad desarrollada y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de 3 millones 210 mil 649 pesos.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
PRIMERA.- Esta Comisión considera que no es procedente dictaminar favorablemente las iniciativas de mérito, ya que se refieren a diversos aspectos de un mismo ordenamiento, siendo que el mismo fue ya modificado y evaluado por la nueva legislatura en el período anterior de sesiones, aprobándose diversas reformas a dicho cuerpo legal, por lo que no se estima oportuno en este momento proceder a un nuevo examen de sus diversas disposiciones.
Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, ya que las iniciativas en cuestión, proponen reformas totalmente diversas y hasta contradictorias sobre un mismo ordenamiento legal; debiendo al respecto considerarse que los ordenamientos legales, en general y, con mayor razón, las leyes fiscales, deben respetar en todo caso, los principios fundamentales de la hermenéutica jurídica, por lo que no se considera conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir "parches legales", es decir, modificaciones aisladas y fragmentarias que atentaran contra los principios referidos.
SEGUNDA.- Esta dictaminadora considera que la propuesta de la dip. Sánchez Cortés de otorgar un estímulo fiscal a la contratación de madres solteras, debe contemplar la contratación no sólo de madres solteras sino de mujeres en general, tema que deberá de analizarse conjuntamente con la Comisión de Equidad y Genero, para lo cual se pedirán sus puntos de vista y una vez que se cuente con la opinión de la citada comisión, se procedería a elaborar un nuevo dictamen. Adicionalmente se determinaría el efecto de este estímulo en la recaudación tributaria.
TERCERA.- En cuanto a la propuesta del Diputado Uuc-Kib Espadas esta se considera improcedente, en virtud de que esta Comisión opina que el mandato constitucional de contribuir a los gastos públicos, se dirige a todos los gobernados. Por lo demás los creadores intelectuales por su capacidad artística, científica, o de investigación se sitúan en un lugar de excepción dentro de la comunidad, razón por la cual sus talentos los hace estar doblemente obligados a contribuir al gasto publico, cuya finalidad es operar el aparato del Estado y realizar asimismo los programas públicos y sociales en beneficio de todos los habitantes del país y especialmente de los más desprotegidos, por lo que los intelectuales, investigadores y artistas deben ser los primeros es desear participar en estas tareas. De igual manera, esta Comisión no desconoce que la venta, entre otros, de los derechos para explotar obras musicales, genera en muchos casos, grandes ganancias en beneficio de sus titulares, lo que menos justificaría un tratamiento de exención. Finalmente la creación artística o intelectual queda en todo caso protegida porque se conserva en la Ley del Impuesto sobre la Renta, una exención a los creadores que obtengan hasta veinticinco salarios mínimos por la explotación de sus obras, exención con la que ni, por mucho cuentan otro tipo de profesionales e incluso obreros cuyo trabajo resulta igualmente valioso para la sociedad; independientemente de que los autores pueden, como el resto de los causantes, deducir de su base gravable, es decir, de su ingresos todos los gastos y erogaciones que tengan que efectuar para realizar su obra, debe recordarse que el Legislativo aprobó que los ingresos por derechos de autor no pagarán el impuesto cuando este no exceda de 20 salarios mínimos del área geográfica.
CUARTA.- La que dictamina considera improcedente pues las cargas y derechos tributarios en el Impuesto sobre la Renta, son de determinación anual y para el presente año, el Pleno decidió conservar en el 25% el porcentaje de deducción en restauran. Por lo que se considera que modificar al 50% afectaría la recaudación tributaría, no se considera precedente aprobar la iniciativa.
Resulta improcedente la iniciativa que se dictamina del Diputado Cosio Gaona, ya que por norma expedida por el Pleno de la Cámara en el anterior periodo de sesiones, quedó derogado el impuesto sustitutivo del crédito al salario, previsto en el Art. 3 transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2003.
QUINTA.- El dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, considera en su propuesta la necesidad de revisar varios rubros referentes al Impuesto Sobre la Renta y considerando que la tasa de este impuesto es del 35%, propone reducirla al 32% para dar mayor flexibilidad a la tributación.
En materia de simplificación, señala que es conveniente tener una sola tarifa mensual y una anual para el cálculo de este impuesto, con el fin de que se simplifique el trámite del contribuyente en la determinación del gravamen.
SEXTA.- El dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, por su parte, plantea la necesidad de corregir la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, pues a pesar de que la base para el cálculo del impuesto que se define para los pequeños contribuyentes son los ingresos brutos, no las utilidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que las notas y facturas de compra no sirven para determinar el monto de los impuestos.
Para ello, propone reformar el artículo 137, de la mencionada norma para que las personas físicas que desarrollen actividades empresariales, productivas, de transformación, comerciales y de servicios en establecimientos permanentes, mercados públicos, tianguis, concentraciones, comerciantes en vía pública, puestos fijos y semifijos, recicladores, incluidas las actividades desarrolladas en forma familiar permanente hasta con seis personas como máximo y las de manufacturación con un máximo de 16 personas, puedan optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta, siempre que los ingresos propios de la actividad desarrollada y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de 3 millones 210 mil 649 pesos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de la Asamblea el siguiente:
RESOLUTIVO
PRIMERO.- Se declaran no aprobadas las Iniciativas materia de este Dictamen.
SEGUNDO.- Archívese el expediente.
Palacio Legislativo, Salón de Sesiones, a 3 de febrero de 2004.
Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica),
Presidente; Francisco Suárez y Dávila (rúbrica), Juan
Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe
Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón
de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Oscar González
Yánez, Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica),
secretarios; José Alarcón Hernández, José Arturo
Alcántara Rojas, Angel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés
Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, José Luis
Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas
(rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica),
Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías
(rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María
de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica),
Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda,
Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman
Leaño, Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), José
Trejo Reyes, Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús
Vizcarra Calderón (rúbrica), Emilio Zebadúa González
(rúbrica).
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE NO SE APRUEBA LA INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Febrero 03, 2004
HONORABLE ASAMBLEA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diversos Diputados presentaron iniciativas de reformas y adiciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, las cuáles se relacionan a continuación:
Iniciativa que Reforma el último párrafo del Artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Artículo 137-bis 1 de la Ley Aduanera, del Diputado Armin José Valdés Torres a nombre de diputados por el Estado de Coahuila de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD, de fecha 03 de abril de 2003.
Iniciativa que Reforma Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Diputado Alfredo Hernández Raigosa del Grupo Parlamentario PRD, de fecha 28 de abril de 2003.
Iniciativa que adiciona el Artículo 2-A, de la Ley del Impuesto al valor agregado (en materia de agua potable), de la Sen. Martha Sofía Tamayo Morales del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 09 de diciembre de 2002.
Iniciativa de Reformas a Diversas Disposiciones Fiscales, del Dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia por la Democracia, de fecha 20 de marzo de 2001.
Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Seguro Social, del Dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 04 de abril de 2002.
Iniciativa que adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera; y una fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al valor agregado, del Sen. Roberto Pérez de Alva Blanco del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 21 de noviembre de 2002.
DICTAMEN
DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS:
La iniciativa del Diputado Uuc-Kib Espadas Ancona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, plantea el fomento de la lectura y auspiciar la actividad editorial del país para poder pasar de un país alfabetizado a un país de lectores, por lo que considera indispensable que se restablezca por la vía de Ley, la tasa 0 a la venta de revistas.
En otro aspecto, el Diputado Armín José Valdés Torres, del Grupo Parlamentario del PRI señala que la región conocida como "Los Cinco Manantiales" que comprende la totalidad de tos municipios de Allende, Morelos Nava, Villa Unión y Zaragoza en el estado de Coahuila, sé han visto afectados en su economía por el desplazamiento de consumidores hacia las ciudades vecinas de Estados Unidos de América, fenómeno que deprime en forma significativa la economía de dichos municipios.
Por lo tanto estima necesario proponer que se aplique en el territorio de los municipios citados el tratamiento fiscal en materia de impuesto al valor agregado, es decir la tasa del 10 por ciento a la región fronteriza, con la finalidad de promover el comercio y el empleo, mejorando así su situación competitiva y evitando la salida de divisas al extranjero.
Por su parte, el Diputado Alfredo Hernández Raigosa Del Grupo Parlamentario Del PRD argumenta que en México el condón femenino se ha difundido desde 1987; sin embargo su alto costo y la falta de importación no ha facilitado su acceso a través de farmacias y servicios de salud; agrega que hasta el 20 de octubre del 2000, se obtiene el registro sanitario para su importación, a través de un precio preferencial del fabricante, que al ser gravado por el IVA, eleva su precio directo al consumidor entre un 30% y un 40%
Por ello dado que el condón femenino es un método bajo el control de las mujeres que ofrece protección ante el ITS VIH/SIDA y los embarazos no deseados, que cada día se infectan en México más mujeres de VIH/SIDA y que hasta ahora, el único método para prevenir su transmisión es el uso del condón masculino y/o femenino, propone la aplicación de la tasa 0 a la enajenación del condón femenino o preservativo artificial.
En otro orden de ideas, la Senadora Martha Sofía Tamayo Morales del PRI señala por su parte, que existen en el país alrededor de 2,500 organismos operadores y suministradores del servicio de agua potable para uso doméstico, y sólo 360 de ellos están registrados ante la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, mismos que correspondan a ciudades grandes e intermedias. Agrega que la situación financiera de tales organismos no es equilibrada puesto que de esa totalidad, sólo son superavitarios 30, que representan el 1.2 por ciento del total, y solo 5 de ellos o sea el 0.2 por ciento son financieramente eficientes.
Subraya la senadora Tamayo, que la disposición del Poder legislativo por la cual se exentó el pago del IVA el suministro o servicio de agua para uso doméstico, significa una prohibición expresa en perjuicio de los organismos operadores, ya que están legalmente incapacitados para acreditar el IVA pagado en la compra de suministros y la contratación de servicios necesarios para prestar el suministro, lo que se traduce en la reducción del 15 por ciento de sus ingresos; y si bien el usuario doméstico del servicio no se ve afectado al no pagar IVA sobre su consumo, los prestadores del servicio que recuperaban el IVA ahora, con la disposición mencionada, es decir, la exención, deterioran su situación financiera, generando como consecuencia el encarecimiento del servicio o la baja en la calidad del agua de consumo humano.
Por lo anterior propone que se adicione el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al valor agregado, para que el impuesto se calcule aplicando la tasa del cero por ciento a los valores a que se refiere la ley, cuando se realice la prestación o suministro de agua para los usuarios del servicio doméstico.
En otro contexto, el Dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, considera en su propuesta la necesidad de revisar varios rubros referentes al Impuesto Sobre la Renta y considerando que la tasa de este impuesto es del 35%, propone reducirla al 32% para dar mayor flexibilidad a la tributación.
En materia de simplificación, señala que es conveniente tener una sola tarifa mensual y una anual para el cálculo de este impuesto, con el fin de que se simplifique el trámite del contribuyente en la determinación del gravamen.
Por lo que respecta a las modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, considera que no es adecuado que se elimine la tasa del 0%, a las medicinas y los alimentos, ya que esta medida repercutiría negativamente en los sectores más desprotegidos de la población, además de reducir las ventas de productos de consumo generalizado, lo cual podría crear una situación recesiva en lo económico.
Con relación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el diputado Del Río Virgen señala que con el fin de incrementar la recaudación, sería conveniente que se gravaran aquellos artículos suntuarios, que no son de primera necesidad; por lo anterior, propone reformar el párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Finalmente, el Dip. Rafael Hernández Estrada, del Grupo Parlamentario del PRD, considera que no es adecuado que se elimine la tasa del 0%, a las medicinas y los alimentos, ya que esta medida repercutiría negativamente en los sectores más desprotegidos de la población, además de reducir las ventas de productos de consumo generalizado, lo cual podría crear una situación recesiva en lo económico.
El Senador Roberto Pérez de Alva Blanco del PRI, plantea una fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al valor agregado, relativa a que las mercancías pasen a formar parte del patrimonio de la Federación o de la entidad federativa que se trate, según el caso. Esta obligación deberá cumplirse dentro de los cinco días siguientes a la importación de la mercancía.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
PRIMERA.- Esta Comisión considera que no es procedente dictaminar favorablemente las iniciativas de mérito, ya que se refieren a diversos aspectos de un mismo ordenamiento, siendo que el mismo fue ya modificado y evaluado por la nueva legislatura en el período anterior de sesiones, aprobándose diversas reformas a dicho cuerpo legal, por lo que no se estima oportuno en este momento proceder a un nuevo examen de sus diversas disposiciones.
Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, ya que las iniciativas en cuestión, proponen reformas totalmente diversas y hasta contradictorias sobre un mismo ordenamiento legal; debiendo al respecto considerarse que los ordenamientos legales, en general y, con mayor razón, las leyes fiscales, deben respetar en todo caso, los principios fundamentales de la hermenéutica jurídica, por lo que no se considera conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir "parches legales", es decir, modificaciones aisladas y fragmentarias que atentaran contra los principios referidos.
SEGUNDA.- Por lo que hace á la primera de las iniciativas señaladas en el proemio del presente dictamen, esta dictaminadora considera que ha quedado sin materia la Iniciativa presentada por el Dip. Uuc-Kib Espadas, pues por reformas realizadas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el pasado período de sesiones, se legisló para restablecer la tasa cero en materia de revistas, homologándolas con los libros, que es precisamente lo que se pretendía en la iniciativa referida.
TERCERA.- Por otra parte, y en lo que respecta a la iniciativa presentada por el Diputado Armin José Valdés Torres a nombre de diputados por el Estado de Coahuila de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD, de fecha 03 de abril de 2003, tendiente a incorporar ciertos municipios del Estado de Coahuila el tratamiento fiscal a las regiones fronterizas, ésta no se considera procedente en virtud del alto costo para el erario federal que representan las múltiples exenciones y regímenes especiales en nuestro marco jurídico.
CUARTA.- Asimismo, en lo que corresponde a la iniciativa presentada por el Diputado Alfredo Hernández Raigosa del Grupo Parlamentario PRD, la que dictamina considera que aplicar la tasa cero a la enajenación de condones femeninos, no se considera procedente en virtud del alto costo para el erario federal que representan las múltiples exenciones y regímenes especiales que nuestro marco jurídico fiscal contempla actualmente y que ascienden a casi 5 puntos del PIB según consta en el presupuesto de gastos fiscales que envió el Ejecutivo Federal a solicitud del Congreso de la Unión. Esta Comisión considera asimismo que los objetivos de estas iniciativas podrían atenderse de mejor manera a través de la política de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
QUINTA.- En cuanto a la iniciativa de la senadora Tamayo Morales, para reformar el artículo 6 de la Ley del IVA, cabe señalar que actualmente ya se encuentran en tasa cero por ciento los servicios de suministro de agua para uso domestico, bajo la condición de que el monto del saldo a favor se destine al pago de derechos a que están obligados o para inversión en la infraestructura hidráulica, por lo que esta Comisión considera que se ha atendido el planteamiento de esta propuesta.
SEXTA.- Por lo que atañe a la iniciativa presentada por el Dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia por la Democracia, esta Comisión considera que no es procedente dictaminar favorablemente la iniciativa fiscal en merito, ya que se refiere a diversos aspectos de un ordenamiento, que fue ya modificado y evaluado por la LIX Legislatura, en el reciente período de sesiones, aprobándose diversas reformas a dicho cuerpo legal.
Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, ya que la iniciativa en cuestión propone reformas diversas y hasta contradictorias sobre un mismo ordenamiento legal; debiendo considerarse que los ordenamientos legales, en general y, con mayor razón las leyes fiscales, deben respetar en todo caso los principios fundamentales de la Hermenéutica jurídica, por lo que no es conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir "parches legales", es decir, modificaciones aisladas y fragmentarias que atentan contra los principios referidos
SÉPTIMA.- Por lo que corresponde a la iniciativa presentada por el diputado Hernández Estrada, cabe señalar también que la reforma al Impuesto Sobre la Renta, contempló para el régimen de pequeños contribuyentes un límite de ingresos de 1.5 millones de pesos anuales con una tasa del 1% sobre ingresos brutos, quedando exentos hasta 3 salarios mínimos generales, desapareciendo la diversidad de tasas que existían en la Ley anterior. Al respecto, el régimen de Pequeños contribuyentes se modifico para el ejercicio 2004 sin que se haya considerado procedente esta iniciativa
OCTAVA.- Finalmente, por lo que hace a la iniciativa presentada por el senador Pérez de Alva Blanco señala la necesidad de exentar la importación de mercancías que se destine a la enseñanza a cargo de instituciones públicas del sistema educativo nacional; al respecto, la actual Ley Aduanera en la fracción IX del artículo 61 regula a las mercancías de importación destinada a la enseñanza que por medio de personas morales no contribuyentes autorizados para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, quedan exentas, con los requisitos correspondientes, por lo que la que Dictamina considera que no es necesaria la reforma al encontrarse regulada la propuesta materia de este dictamen.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de la Asamblea el siguiente:
RESOLUTIVO
PRIMERO.- Se declaran no aprobadas las Iniciativas materia de este Dictamen.
SEGUNDO.- Archívese el expediente.
Palacio Legislativo, Salón de Sesiones, a 3 de febrero de 2004.
Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica),
Presidente; Francisco Suárez y Dávila (rúbrica), Juan
Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe
Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón
de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Oscar González
Yánez, Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica),
secretarios; José Alarcón Hernández, José Arturo
Alcántara Rojas, Angel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés
Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, José Luis
Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas
(rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica),
Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías
(rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María
de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica),
Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda,
Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman
Leaño, Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), José
Trejo Reyes, Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús
Vizcarra Calderón (rúbrica), Emilio Zebadúa González
(rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LAS SECRETARIAS DE SALUD, Y DE GOBERNACION, ASI COMO A LA COMISION FEDERAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), A QUE APLIQUEN PUNTUALMENTE LA NORMATIVIDAD EN RELACION CON LA PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACION DE LOS LLAMADOS "MEDICAMENTOS MILAGRO", A CARGO DE LA DIPUTADA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La C. María Cristina Díaz Salazar, diputada por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del PRI a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a las Comisiones de Salud y de Economía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1.- El artículo 221 de la Ley General de Salud define como medicamentos toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.
2.- Por otro lado, la Dirección de Control Sanitario de la Publicidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene como objetivos evitar que a través de la publicidad se cometan fraudes a la salud, alertar a la población sobre daños potenciales e inducir a hábitos y conductas favorables.
Para ello, sus actividades se orientan, fundamentalmente, a evaluar y vigilar la publicidad de productos y servicios objeto de control sanitario, que se difunden a través de los medios de comunicación dirigidos a la población en general, tal y como lo establece la Ley General de Salud y su Reglamento en Materia de Control Sanitario de la Publicidad.
3.- La Dirección mencionada es el área responsable de tramitar las autorizaciones sanitarias de publicidad, respecto de algunos servicios y productos, entre los que se encuentran los insumos para la salud, tales como medicamentos y remedios herbolarios, medicamentos genéricos intercambiables, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación, y productos higiénicos.
4.- El artículo 1 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad dispone que tiene por objeto reglamentar el control sanitario de la publicidad de los productos, servicios y actividades a que se refiere la Ley General de Salud.
El artículo 4 señala que toda la publicidad destinada a ser difundida en el territorio nacional, independientemente de su procedencia, se ajustará a lo dispuesto en la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Dicho ordenamiento prevé que la publicidad empleada deberá ser congruente con las características o especificaciones que establezcan las disposiciones aplicables para los productos o servicios objeto de la misma, para lo cual no deberá:
II. Indicar o inducir a creer explícita o implícitamente que el producto cuenta con los ingredientes o las propiedades de los cuales carezca.
Por otro lado, el Título Quinto del Reglamento, denominado "Publicidad de insumos para la salud", comprende las disposiciones que se deben observar respecto a los medicamentos y remedios herbolarios. En esta materia, el artículo 40 establece que la publicidad dirigida a la población en general, comprende la difusión que se realice de los medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y la que se realice de los remedios herbolarios.
Esta clase de publicidad podrá incluir la descripción de las enfermedades propias del ser humano, diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación expresada en los términos de su registro sanitario y en lenguaje adecuado al público al que va dirigida. Estos mensajes siempre deberán identificar al emisor con la marca del producto o su razón social.
La publicidad de medicamentos y remedios herbolarios dirigida a la población en general, de acuerdo con las normas en vigor, deberá:
II. Incluir en forma visual para impresos, auditiva para radio, así como visual y auditiva para cine y televisión la leyenda: Consulte a su médico, así como expresar la precaución correspondiente cuando el uso de los medicamentos represente algún peligro ante la presencia de cualquier cuadro clínico o patológico coexistente.
II. Haga uso de declaraciones o testimoniales que puedan confundir al público o no estén debidamente sustentados;
II. Incluir además de la leyenda señalada: "consulte a su médico", otra leyenda precautoria que la Secretaría determine, con base en el riesgo para la salud que el producto represente o, en su defecto, la siguiente: "Este producto no ha demostrado científicamente tener propiedades preventivas ni curativas".
El artículo 67 del ordenamiento en cita dispone que la propaganda comercial que se transmita por la radio y la televisión no transmitirá propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades.
Considerandos
Que es público y notorio que en los medios electrónicos de comunicación se han venido difundiendo mensajes sobre diversos productos cuyos anunciantes no les atribuyen la calidad de medicamentos y a los cuales éstos les confieren propiedades terapéuticas o de rehabilitación.
Que estos productos, también conocidos como "medicamentos milagro", observan que, en términos generales, se presentan como solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, tal como se aprecia notoriamente en la publicidad empleada.
Que las características y propiedades que se atribuyen a productos publicitados en el tenor referido, pueden generar confusión en el público consumidor.
Que la publicidad que se dé sobre ciertos productos debe otorgar la certeza al público consumidor de que efectivamente dichos productos no constituyen estrictamente medicamentos y que además contienen el aval de la autoridad, y que previa verificación ésta ha constatado las propiedades que a estos productos se les atribuyen.
Que dadas las regulaciones existentes en el marco legal y reglamentario descrito en los antecedentes de esta proposición, se hace necesario que se requiera al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, para que, por una parte, informe sobre la vigilancia y verificación que haya hecho para, efectivamente, concluir que un determinado producto no es un medicamento y, por otro lado, avalar o certificar que aún sin que se trate de un medicamento, el producto tiene las cualidades o propiedades que dice tener.
Por todo lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto, de las Secretarías de Salud y su Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus respectivas competencias, informen a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre los siguientes asuntos:
Primero.- El listado de productos que se publicitan como no medicamentos en los anuncios correspondientes y que se les atribuyen efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.
Segundo.- De ese listado, en su caso, la certificación de la autoridad sobre cuáles de esos productos sí constituyeran medicamentos, en los términos de las definiciones de la Ley General de Salud.
Tercero.- Del mismo listado referido, la información sobre si los productos que si bien, efectivamente, no constituyan medicamentos de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Salud y sus ordenamientos reglamentarios, cumplen con las condiciones, propiedades, atributos y calidades que se les asignan en los anuncios respectivos.
Cuarto.- La información sobre el cumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad y las acciones que se estén llevando a cabo para vigilar y sancionar, en su caso, las infracciones que se den a la normatividad en vigor.
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, a los 30 días del mes de marzo de 2004.
Dip. María Cristina Díaz Salazar
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS AUTORIDADES Y A LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) A ENCONTRAR UN EQUILIBRIO QUE RESUELVA LA SITUACION QUE ACTUALMENTE ENFRENTA EL REGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ESTA INSTITUCION, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL PEREZ CARDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscribimos, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter al conocimiento de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Mexicano de[ Seguro Social (IMSS) es una de las más nobles e importantes instituciones con que contamos los mexicanos. Cuidarla y fortalecerla es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, como lo ha sido de las anteriores generaciones, que nos la legaron.
La salud de más de la mitad de la población nacional depende directamente del IMSS, que se hace llegar mediante el diario quehacer de sus actuales 350 mil trabajadores activos.
En octubre pasado, las autoridades del IMSS y la representación de sus trabajadores llevaron a cabo la revisión del contrato colectivo de trabajo. La revisión contractual culminó exitosamente en la mayor parte de los apartados, incluyendo un tratamiento especial para lo relacionado con el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), que las partes convinieron en revisar en un periodo adicional de cinco meses, que se cumplieron el pasado 15 de marzo.
La revisión del RJP implica necesariamente la disposición de las partes para hacerlo. Pese a ser un asunto contractual, sería equivocado pensar que ésa es, solamente, su naturaleza. En realidad, la revisión de ese régimen implica el previo reconocimiento de la necesidad de adecuar al Instituto para una nueva etapa de su vida.
Los cambios en la población del país y en el mercado laboral se reflejan como factores ineludibles de cambio en la manera en que se organiza el IMSS para cumplir su elevada encomienda y, también, en la relación que tiene establecida con sus trabajadores.
Por eso nadie debe ver en los cambios que las nuevas circunstancias del país hacen obligatorios una manera de afectar derechos de los trabajadores.
El alcance del cambio debería ser el que determinan los rigurosos estudios que para el efecto han sido realizados con la participación del propio Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
A partir de las conclusiones de esos estudios, la institución y la representación sindical -esta última, mediante su Comité Ejecutivo Nacional (CEN)- generaron una propuesta que considera los cambios mínimos e indispensables para garantizar, a la vez, la viabilidad financiera de la institución y que los trabajadores sigan disfrutando de esas prestaciones.
Sin embargo, las propuestas del CEN del sindicato no fueron aceptadas por el congreso sindical. Los resolutivos de ese congreso son claramente insuficientes en relación con la gravedad de las amenazas que enfrenta la institución.
Ello podría significar el inicio de procesos legales, con potenciales riesgos para la operación y la prestación normal de los múltiples servicios que proporciona el IMSS.
Ante ese panorama, los diputados federales que suscribimos, integrantes de los diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, preocupados por las posibles consecuencias que ese evento pueda tener sobre el bienestar de los mexicanos, hemos coincidido en proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorte a las autoridades y al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a encontrar en el plazo legalmente establecido (que vence este martes 30 de marzo) un equilibrio que, basado con seriedad en los resultados actuariales de los estudios realizados al efecto, resuelva de fondo la situación que enfrenta hoy día el régimen de jubilaciones y pensiones vigente para los 350 mil trabajadores activos y para los futuros trabajadores de la institución. Debemos todos evitar un mayor deterioro de esta institución, vital de nuestro México.
San Lázaro, DF, a 30 de marzo de 2004.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL CAMBIO DE LA DIVISION CENTRO SUR A LA DIVISION CENTRO OCCIDENTE, DE LOS MUNICIPIOS DE HUETAMO, SAN LUCAS, TIQUICHEO, CARACUARO, TZITZIO Y TUZANTLA, DEL ESTADO DE MICHOACAN, A CARGO DEL DIPUTADO ISRAEL TENTORY GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:
Antecedentes
He solicitado el uso de la tribuna para exponer una queja muy sentida que me han expresado los ciudadanos de los municipios de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Tuzantla, Tzitzio y Carácuaro, del estado de Michoacán. Poblaciones en las que habitan aproximadamente 120,000 personas.
La queja de estos michoacanos es hacia el mal trato y el mal servicio que les presta la Comisión Federal de Electricidad, particularmente la División Centro Sur, con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Dicha queja data desde 1993 y a la fecha no ha habido autoridad con la suficiente sensibilidad y disponibilidad para resolver el problema.
Los señalamientos que estoy haciendo los soporto con una serie de documentos tales como:
Quejas y reclamos por escrito de los usuarios.
Cobros directos y en efectivo realizados indebidamente por los supervisores.
Resoluciones emitidas por el órgano de control interno de la Comisión, el que invariablemente desestima las pruebas presentadas por los usuarios, por mencionar sólo algunos.
Es muy común en esta zona, que en el suministro de energía eléctrica continuamente se registren apagones, los que en muchos de los casos han dañado los pocos enseres domésticos con los que cuentan las familias, de lo cual la Comisión no se hace responsable. Pues para ello la empresa diseñó una Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en donde destacan artículos como el 27, en donde se deja muy claro que la Comisión no incurre en responsabidades por interrupciones, dejando así al usuario en un estado completo de indefensión.
En esta misma ley los artículos 40 y 42, entre otros, señalan una larga lista de sanciones a los usuarios, más no las hay para quien realiza el suministro, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, la cual prácticamente no es responsable de nada.
Por otro lado, en el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, los artículos 34, 35 y 37 dejan muy claro que la CFE no incurre en responsabilidades ante fallas en el suministro.
Este reglamento sólo contempla responsabilidades a la parte suministradora (CFE), en el artículo 40, concretamente en el segundo párrafo, pero de las quejas que algunos usuarios han presentado, la Comisión se erige como juez y parte, al ser el órgano interno de control de la misma Comisión Federal de Electricidad, quien dictamina y emite las resoluciones sobre las quejas presentadas en su contra y, en todos los casos, las reclamaciones de los usuarios son declaradas improcedentes. También de esto contamos con bastantes pruebas documentales al respecto.
Es importante destacar que muchas de las anomalías que se han presentado las generan los supervisores en campo de la misma CFE. Me explico: es muy común que el supervisor no realice debidamente la inspección de los medidores y cuando se presenta a realizar el requerimiento, él mismo sugiere al usuario hacer en ese momento el pago en efectivo. Desafortunadamente, este funcionario no ingresa dicho pago al sistema de cómputo de la Comisión y la deuda sigue creciendo, de esto también poseo las pruebas documentales.
En fin compañeros, es una larga lista de anomalías, las que se presentan en el servicio público de energía eléctrica por aquella región. Región que por cierto, y por si esto fuera poco, es donde se encuentran los municipios de más alta marginación.
De esta situación están enterados oportuna, amplia y detalladamente el Presidente de la República, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario de Energía y, sobre todo, el ingeniero Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, que a la fecha no han dado respuesta a este problema, que ha generado, y con justa razón, una gran inconformidad en los usuarios.
En vista de tantas anomalías, los usuarios de estos municipios han expresado su deseo de cambiarse de división y pasar a la Centro Occidente, señalando que ésta atiende al 97% de la población michoacana y no hay tantas quejas del servicio prestado por ésta. Prueba de ello es que en los tres últimos años la División Centro Occidente ha obtenido el Premio Nacional de Calidad. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración, con carácter de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al Ejecutivo federal y en particular a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, a que en base a todo lo expuesto se lleven a cabo las acciones pertinentes para que los municipios señalados pasen a ser atendidos en el suministro de energía eléctrica por la División Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Morelia, Michoacán.
Diputados: Israel Tentory García, Pascual
Sigala Páez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y DE ENERGIA Y A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUE RECLASIFIQUEN LA TARIFA DEL SERVICIO RESIDENCIAL DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA, FORTIN, AMATLAN DE LOS REYES, ATOYAC, CARRILLO PUERTO, NARANJAL, YANGA, MINATITLAN, COATZACOALCOS, COSOLEACAQUE Y ACAYUCAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Juan Fernando Perdomo Bueno, diputado federal de la 3ª Circunscripción de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta Honorable Cámara: proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Antecedentes y Consideraciones
Estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coincidieron en la necesidad de reestructurar la política de las tarifas eléctricas residenciales.
Los hogares pertenecientes a estratos sociales altos asignaban un porcentaje mensual o bimestral menor de su ingreso para el consumo de energía que los hogares con ingresos más bajos.
Hasta el 2000, la población más desprotegida captaba únicamente el 8.71% de los subsidios en tanto que la población con ingresos más altos concentraron el 65.97% del subsidio asignado para el consumo residencial de electricidad.
Como consecuencia de la inequitativa distribución de los subsidios y el déficit presupuestario que representó la postergación de la actualización de las tarifas y los costos de generación para la comisión federal de electricidad, la secretaría de hacienda y crédito público por acuerdo publicado el 7 de febrero de 2002 redujo el subsidio a las tarifas domésticas.
Se estimó, que en función de la regresividad de los subsidios a las tarifas del sector residencial, era necesario reducir su otorgamiento en forma generalizada, concentrando el beneficio en los usuarios de bajos ingresos que representa el 75% de los hogares que cuenta con subsidio. Cabe señalar, que en estricto sentido, no se trató de una reducción de los subsidios sino de un incremento de las tarifas al servicio residencial.
A dos años de su publicación, los resultados del acuerdo no han sido congruentes con los argumentos vertidos para su aplicación por lo siguiente: la SHCP estableció que el 75% de los hogares mantendrían el subsidio eléctrico residencial porque tienen un consumo de 140 kw/h o menos de electricidad al mes, sin embargo, las estimaciones de la SHCP no contemplan la humedad relativa, factor determinante en la comodidad térmica de los seres humanos.
La vinculación entre el porcentaje de humedad relativa con la temperatura resulta esencial para determinar el consumo de energía, ya que a mayor porcentaje de humedad relativa en combinación con la temperatura, mayor será el estrés por calor ambiental, lo cual, impactará en el consumo de energía eléctrica.
Los municipios señalados en el encabezado del presente escrito, registran valores de humedad relativa entre los setenta y ochenta puntos porcentuales, que incluso pueden elevarse en la temporada de verano, tales condiciones, inciden directamente, como lo he señalado, en un consumo superior de energía eléctrica.
Situación que se traslada para cada una de las tarifas señaladas en el acuerdo.
Estudios realizados por la universidad veracruzana en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad División Oriente, gobierno del estado de Veracruz y la Comisión Nacional del Agua Gerencia Regional Golfo Centro, han concordado en la necesidad de incluir criterios para determinar la temperatura factores como la humedad relativa y en centros urbanos considerar el fenómeno llamado "Isla Urbana de Calor" que eventualmente puede producir calentamientos hasta de 4º centígrados sobre la temperatura ambiente.
Por tanto, de considerarse al menos, para la determinación de las tarifas para cada localidad la humedad relativa, procedería la reclasificación tarifaria en muchas zonas del país; en el estado de Veracruz esta consideración beneficiaria alrededor de 206 414 usuarios del sector residencial.
El sustento de estas peticiones es el desequilibrio entre la necesidad de obtener recursos para satisfacer la demanda del sector eléctrico y los nulos beneficios obtenidos para la población de bajos ingresos.
Por lo expuesto y fundado, propongo:
Punto de Acuerdo
Primero.- Solicito a la secretaría de medio ambiente y recursos naturales elabore un reporte evaluando las temperaturas de los municipios señalados en el proemio del presente escrito, considerando el factor de humedad relativa.
Segundo.- Se exhorte a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía
y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad
para que tome en consideración el reporte elaborado por la secretaría
de medio ambiente y recursos naturales así como los estudios realizados
por la Universidad veracruzana en coordinación con la Comisión
Federal de Electricidad División Oriente, gobierno del estado de
Veracruz y la Comisión Nacional del Agua Gerencia Regional Golfo
Centro y proceda a la reclasificación de tarifas al servicio doméstico
de energía eléctrica para los municipios antes señalados
en el estado de Veracruz.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE NO SE APLIQUEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA CANCELAR LOS POZOS PROFUNDOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA CUYOS TITULOS DE CONCESION SE ENCUENTRAN VENCIDOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSE MARIO WONG PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal José Mario Wong Pérez, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos en el estado de Chihuahua, en tanto los interesados, con apoyo de esta soberanía, puedan realizar las gestiones legales conducentes a regularizar sus derechos de explotación de los pozos en cuestión, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los productores agropecuarios del estado de Chihuahua se han visto en la necesidad de extraer agua del subsuelo mediante la perforación de pozos profundos, en virtud de que no se cuenta con suficiente agua superficial para satisfacer las demandas de irrigación en sus siembras.
La mayoría de los cultivos del estado, principalmente de la región noroeste y centro-sur son de los denominados perennes, es decir, su producción es principalmente de frutales, como son, manzana, durazno y nuez,- son cultivos que requieren de agua durante todo el año y por un periodo prolongado de años, como es el caso extremo de la nuez, pues el nogal llega a tener una etapa productiva de más de ochenta años.
De acuerdo al primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas físicas o morales, se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con las reglas y condiciones que establecen la ley y su reglamento.
Para lograr la extracción del agua subterránea por medio de la perforación de pozos profundos y la posterior instalación del sistema de bombeo correspondiente, es necesario contar con un título de concesión, que de acuerdo al primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales dispone:
"En tanto se resuelven las solicitudes de prórroga de concesión o asignación, continuarán en vigor los títulos con respecto a los cuales se formulen."
Este problema puede provocar una crisis social, en virtud de que la mayoría de los productores tiene cultivos perennes y, al dejarlos sin posibilidad de riego, prácticamente perderían todo su patrimonio y toda una vida de trabajo, tomando en consideración que en el estado de Chihuahua se encuentran más de seiscientos usuarios en esta situación.
Por lo anteriormente expuesto, considero que los productores que no tengan ningún otro motivo para que se les cancele o termine su concesión que el no haber solicitado la prórroga antes del vencimiento de su título, tengan la oportunidad de continuar utilizando el agua para riego de sus pozos profundos y no se les apliquen las acciones administrativas para cancelar sus pozos cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos en el estado de Chihuahua, en tanto los interesados, con apoyo de esta soberanía, puedan realizar las gestiones legales conducentes a regularizar sus derechos de explotación de los pozos en cuestión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2004.
Diputados: José Mario Wong Pérez
(rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Lorenzo Miguel
Lucero Palma (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica),
Kenny Denisse Arroyo González (rúbrica), Jorge de Jesús
Castillo Cabrera (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Omar Bazán
Flores (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A QUE, CON LA MAYOR BREVEDAD, SUSPENDA LA TRANSMISION DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS EN RADIO Y TELEVISION QUE PROMUEVEN LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y EL DESPRESTIGIO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO QUE HAN MANIFESTADO INCONFORMIDAD CON DICHO ORDENAMIENTO, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID FERREIRA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.
Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 58, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. El artículo 25 de nuestra Constitución establece, en su párrafo tercero que al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. Más adelante, en el párrafo séptimo, se señala que la ley establecerá los mecanismos que garanticen la organización y expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
Por lo anterior, de nuestra Carta Magna se desprende que los Poderes de la Unión están obligados a establecer los mecanismos que impulsen y permitan el desarrollo del cooperativismo, en todas sus formas, como integrante fundamental de la economía social.
2. El 4 de junio de 2001 se publicó el Decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que reforma, entre otros, el artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas con el objeto de remitir a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a lo dispuesto por Ley de Ahorro y Crédito Popular. Dicho decretó tenía por objeto, según se expone en la argumentación de su dictamen, otorgar seguridad jurídica al público usuario de servicios en materia de ahorro y crédito popular, brindando un marco jurídico idóneo con las necesidades que continuamente eran demandadas por este sector.
Dichos cambios a nuestro marco jurídico han mostrado algunos efectos contrarios al objetivo constitucional de garantizar la organización y expansión del cooperativismo, ya que imponen a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo una serie de obligaciones que las somete a costos muy elevados para la adecuación a la nueva normatividad y que pudieran llevar a la fusión o desaparición de muchas de estas sociedades; además de que dicha reglamentación invade su autonomía y la práctica de valores y principios que el cooperativismo ha impulsado a nivel internacional.
Asimismo, diversas organizaciones del sector han manifestado su inconformidad hacia la Ley de Ahorro y Crédito Popular, ya que en ésta, dicen, se confunde el objetivo del derecho cooperativo como parte del derecho social, con el objetivo del derecho mercantil, cuyos fines son distintos. Contenido fundamental de la Ley de Ahorro Crédito Popular.
3. La Comisión Permanente de la LVIII Legislatura recibió, con fechas del 5 de junio y 21 de agosto del 2002, las comunicaciones de las legislaturas de los estados de Querétaro, Oaxaca y Morelos, que en apoyo al sector cooperativo, manifestaron su inconformidad con la Ley de Ahorro y Crédito Popular y exhortaron a la H. Cámara de Diputados para realizar las reformas tendientes a excluir a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de dicha ley.
3. Haciendo eco de estos planteamientos, el Congreso de la Unión aprobó el 10 de diciembre de 2002, el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con el objeto de incluir las inquietudes de las sociedades cooperativas. En dicho Decreto, por un lado, se excluye a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo más pequeñas y que sólo realizan operaciones con socios, del marco del ordenamiento en cuestión. Por otro lado, reconociendo las dificultades que se habían presentado para que las sociedades pudieran adherirse al nuevo esquema de ahorro y crédito popular, se decidió, en los artículos transitorios, ampliar los plazos para la entrada en vigor de diversas disposiciones de la Ley hasta el 4 de junio de 2005.
4. Las reformas realizadas por el Congreso de la Unión en el 2002 no dieron cabal respuesta a las inquietudes y a la problemática planteada por diversas organizaciones del sector cooperativo de ahorro y préstamo. Los altos costos que implica para las sociedades cooperativas adecuarse a la Ley de Ahorro y Crédito Popular siguen siendo denunciados y reconocidos por diversos sectores vinculados al sector: autoridades, académicos, cooperativistas y organizaciones sociales.
Algunas sociedades cooperativas mantienen su rechazo la Ley de Ahorro y Crédito Popular y su normatividad secundaria pues afirman que su aplicación implicará para muchas de ellas su desaparición en un plazo de tres años. Es importante señalar, que dichas organizaciones han manifestado, una y otra vez, que en ningún sentido se oponen a la regulación y supervisión del sector que otorgue seguridad al ahorro de los socios. Sin embargo, han solicitado que la normatividad que los regule reconozca la naturaleza social y sin fines de lucro de las sociedades cooperativas y que esté acorde con las condiciones actuales del sector.
Por otro lado, sociedades cooperativas, que han manifestado su interés y voluntad de realizar los cambios necesarios para adoptar la ley y su normatividad secundaria, solicitaron recientemente a la H. Cámara de Diputados destinar un monto de $500 millones de pesos para apoyar el proceso de transformación que se requiere para cumplir los requerimientos que establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular, argumentando que los organismos de base no están en condiciones de soportar los altos costos inflingidos por las estructuras societarias e instancias de supervisión y sólo un número limitado de entidades con volúmenes relevantes de activos podrán absorber todos los gastos relativos.
En este mismo sentido, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) anunció en octubre del 2003 que se encontraba en negociaciones con el Banco Mundial para obtener una nueva línea de crédito por 60 millones de dólares para complementar el proceso de transición a la ley del sector de ahorro y crédito popular. Recursos que se sumarían a los 45 millones que el Banco Mundial ya otorgó al gobierno mexicano para apoyar este proceso (El Financiero, martes 7 de octubre).
5. En este contexto, actualmente se encuentra en proceso de dictamen y discusión la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Sociedades Cooperativas, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se abroga la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. En los trabajos de dictamen que encabeza la Comisión de Fomento Económico, uno de los puntos en los que ha existido una importante discusión es aquel en el que se define la naturaleza y regulación de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Asimismo, tenemos conocimiento de que en la Cámara de Diputados, con el acuerdo de diversas sociedades cooperativas y de las entidades del gobierno federal vinculadas con la regulación y promoción del sector de ahorro y crédito popular se ha acordado instalar una mesa de negociaciones tendiente a discutir la conveniencia de proponer reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y/o de la normatividad secundaria.
6. Paralelamente, en contradicción al proceso de discusión y búsqueda de acuerdos que ha entablado el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal a través de su órganos con las organizaciones del sector cooperativo de ahorro y préstamo, en los últimos días hemos sido testigos de una campaña de publicidad desplegada en radio y televisión por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinada a convencer sobre las bondades de la Ley de Ahorro y crédito Popular. Lo más grave es que en dicha campaña publicitaria se afirma que sólo son confiables, seguras y transparentes aquellas cajas de ahorro, cooperativas o financieras populares que ya están realizando los trámites para funcionar de acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Asimismo, se invita a los ahorradores a asegurase "de que en tu caja de ahorro, cooperativa o financiera popular estén cumpliendo con los trámites necesarios para funcionar de acuerdo a la Ley" en cuestión.
Dicha campaña publicitaria representa un claro ataque contra las sociedades cooperativas que legítimamente han manifestado su inconformidad con respecto a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que han estado dispuestas a sentarse a trabajar con el Ejecutivo Federal para revisar la normatividad en cuestión. La campaña en radio y televisión emprendida tampoco reconoce que dicha ley no entrará en vigor de manera integral sino hasta el 4 de junio de 2005 y que aun no concluye el plazo que da la Ley para que las sociedades cooperativas se adecuen a ella.
Los firmantes consideramos que no es buscando el desprestigio y el debilitamiento de estas organizaciones como se va a encontrar la solución a los problemas anteriormente planteados; no es con la confrontación que implican estos anuncios publicitarios como se van a establecer las bases para constituir un sector cooperativo unido y fuerte en beneficio de la sociedad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que suspenda a la brevedad la transmisión de los spots publicitarios en radio y televisión que promueven la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el desprestigio de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito que han manifestado su inconformidad con dicho ordenamiento jurídico.
Dado en la Ciudad de México, Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los 30 días de marzo de 2004; segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura.
Atentamente
Dip. David Ferreyra Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LAS SECRETARIAS DE ECONOMIA, Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO QUE IMPLANTEN DE MANERA URGENTE PROGRAMAS Y ACCIONES PARA EL COMBATE DEL CONTRABANDO, LA PIRATERIA Y LA MERCANCIA ROBADA EN LA INDUSTRIA TEXTIL, A CARGO DIPUTADO SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAVALOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración esta soberanía propuesta de punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Se tiene información de que la piratería, el contrabando y la mercancía robada representan una evasión fiscal de casi 27 mil millones de dólares al año, impuestos que requiere el país para enfrentar una situación de incertidumbre económica,
Cuantificar la piratería, el contrabando y la mercancía robada representa 30 por ciento del Producto Interno Bruto. Ese porcentaje se traduce en 180 mil millones de dólares; el 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado que pagaría esa mercancía alcanza los 27 mil millones de dólares citados.
Por otro lado, 60 por ciento de la ropa que se vende en el país es producto del contrabando, lo cual afecta severamente la industria del vestido. A eso debe sumarse 20 por ciento más que entra legalmente de importación, lo que deja con muy poco margen a la industria nacional.
La propia Cámara Nacional de la Industria del Vestido establece que si bien el sector crea 650 mil empleos, con un buen control de las aduanas y programas sistematizados e institucionales de apoyo al sector podrían crearse 400 mil más.
México es el primer exportador de ropa a Estados Unidos y somos competitivos, pero debemos tener en cuenta la posibilidad de penetrar en China con nuestros productos, como ellos lo hacen aquí, pues la exportación actual es del orden de 8 mil millones de dólares, y en maquila 30 mil, lo que refleja cifras que pueden y deben fortalecerse.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo federal debe ver por el bienestar de las empresas en términos de globalización, ya que no solamente se trata de abrir las puertas a las empresas internacionales sino de crear tratados que disminuyan los aranceles que tienen otras naciones para con la industria mexicana.
Los indicadores de ventas han mostrado un comportamiento variable en los últimos años: el general de venta sigue con altibajos y, por lo que se refiere a la venta de ropa en mayoreo y menudeo, en meses recientes se registró una caída de 33.2 por ciento.
En contraparte, la importación de ropa representa 22 por ciento de incremento entre cada ejercicio de los últimos dos años.
Por otro lado, ante la caída de 30 por ciento de las ventas domésticas, la desaparición de 300 empresas y la inactividad de 50 por ciento de la planta productiva, las restantes firmas del sector textil y del vestido buscan opciones a sus conflictos financieros y laborales.
Datos de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido revelan que con sólo reducir 10 por ciento la economía informal de prendas de vestir, las ventas del comercio formal crecerían 20 por ciento, la industria podría incrementar la producción en 35 por ciento y generar al menos 200 mil empleos.
Tal afectación es completamente directa porque, al darse el "desempleo de empresarios", que se vienen abajo y que son los que están generando la economía de muchos municipios, en Jalisco, la importancia de esas empresas es vital para las economías locales, ya que prácticamente esos municipios "viven" de la industria textil, como es el caso de Zapotlanejo y Villa Hidalgo, por citar sólo dos ejemplos.
Por cierto, es un tanto difícil tomar las estadísticas del Seguro Social, ya que no son totalmente reales, para valorar el índice real de desempleo, pues no todas las empresas que han cerrado se encontraban inscritas en el Seguro Social. Entonces, no es una estadística muy fidedigna.
Es de suma urgencia reorientar los apoyos del Gobierno Federal para que esta importante industria se reactive de manera sólida.
Por ello, con base en los artículos 58 y 59, pongo a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo Económico
Primero. Solicítese a la Secretaría de Economía que se implanten de manera urgente programas y acciones para formar un frente común con los municipios con actividad económica textil, de manera tal que con la suma de las autoridades locales, estatales y federales puedan formularse los diagnósticos necesarios para definir políticas y programas específicos de cada municipio, buscando opciones y financiamientos concretos a las características municipales, debidamente articuladas con las estrategias de promoción económica y proyectos alternativos.
Segundo. Solicítese a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de programas emergentes para el combate del contrabando de manera coordinada con las instancias involucradas y la aplicación de una profunda revisión y corrección de las aduanas en el país, por ser éstas el origen de la introducción de la mercancía.
Señor Presidente: solicito que el presente sea inscrito de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.- Ciudad de México, DF, a 30 de marzo de 2004.
Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, Y DE GOBERNACION A QUE INTERVENGAN EN LA RESOLUCION DE LOS HECHOS DE AGRESION CON ARMAS DE FUEGO A TRABAJADORES PETROLEROS DE LA SECCION 14 DEL STPRM, EN CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
La lucha por democratizar a la sociedad y el Estado mexicanos pasa necesariamente por la democratización de los organismos representativos de los trabajadores, los cuales, por cierto, viven de muy diferente modo los llamados tiempos del cambio.
En efecto, persisten viejas resistencias al seno de los sindicatos, tanto en los pequeños o medianos organismos como en los grandes sindicatos nacionales de industria. Este desfase entre el palpable avance de la sociedad y las resistencias a las prácticas democráticas al seno de los sindicatos, con el tiempo se torna más ofensivo para el país y es fuente de peligrosos conflictos. Más aún, de no ser inteligente y oportunamente atendidos por las autoridades competentes, tanto del ámbito del trabajo como del ámbito del gobierno, tales conflictos pondrán en grave riesgo no sólo la tranquilidad social en muchos sitios del país, sino que inclusive pueden desestabilizar la muy valiosa estabilidad laboral.
En este sentido, en el estado de Tabasco, en la localidad de Ciudad Pemex, municipio de Macuspana, donde se asienta la sección 14 del sindicato petrolero, cuyos 2,300 trabajadores laboran para el complejo procesador de gas, se vive hoy en día una situación crítica. A los ojos de cualquier observador de buena fe, resulta obvio el afán de la gran mayoría de los trabajadores integrantes de dicha sección por darse una representación democrática, a través del voto secreto y directo. Sin embargo, esta voluntad de los trabajadores enfrenta muy diversas adversidades, que van desde el descuido de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la atención de los procesos electorales sindicales, a efecto de atender con rigor de ley el otorgamiento de la toma de nota derivada de los mismos, hasta la abierta colaboración de autoridades estatales y de Pemex con los viejos cacicazgos sindicales. Al interior de la sección 14, del Sindicato Petrolero en Ciudad Pemex, Macuspana, la suma de complicidades y descuidos ha generado un innecesario y peligroso enfrentamiento entre los trabajadores, mismo que irresponsablemente se permite que se encone también desde la autoridad ministerial local, ya que son públicos y conocidos los personajes que han portado armas y hecho uso de ellas en contra de los activistas sindicales petroleros.
Prueba de ello son los hechos ocurridos el día martes 16 de marzo, cuando se vivió uno de los momentos más álgidos del hostigamiento contra los trabajadores al ser detenido, sin que mediara citatorio alguno ni orden de aprehensión, el recién electo secretario general de la sección 14, Ignacio Flores Correa, quien había sido ratificado en un proceso electoral ejemplar, mediante el voto secreto y directo de más de 1,700 trabajadores, en el pasado mes de octubre. Como en los peores tiempos del autoritarismo, dicho proceso no fue reconocido por las autoridades federales del trabajo. En circunstancias por demás sospechosas, las autoridades del trabajo, en cambio, reconocen a un dirigente electo en una asamblea a la que no asistieron los trabajadores de planta de la sección y en la que incluso votó gente extraña al sindicato, bajo la abierta protección de la fuerza pública estatal.
Debido a la manifiesta ilegalidad de su detención y a la gran tensión social generada en la localidad, el pasado lunes 22 fue liberado el C. Ignacio Flores Correa sin cargo alguno. Sin embargo, el pasado martes 23, el local sindical que se encontraba bajo resguardo de la asamblea general seccional, fue baleado con armas de alto poder por seguidores del nuevo secretario general reconocido por las autoridades del trabajo. Los agresores además ingresaron al local y balearon al vigilante Carlos Marín, quien después de varias horas de poner en riesgo su vida finalmente pudo ser trasladado a la urgente atención hospitalaria, ya que los propios agresores se oponían a que éste fuera atendido.
Al momento de finalizar la redacción de este punto de acuerdo, (4.00 p.m. del martes 23 de marzo), se vive una muy grave situación social y política en la localidad, ya que el ambiente de enfrentamiento con las bandas agresoras no está siendo mediado por la autoridad estatal, ni es aún del conocimiento del Ministerio Público Federal, pese a que en la agresión se emplearon armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
1. Que se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Gobernación a que, en el marco de sus facultades, propicien la instalación de manera inmediata de una mesa de negociación que permita dar una salida justa y pacífica a este grave conflicto social.
2. Que la Procuraduría General de la República atraiga las investigaciones de las denuncias hechas por los trabajadores agredidos, a fin de esclarecer a fondo todo tipo de responsabilidades, locales, esatales o federales.
Palacio Legislativo, a 30 de marzo de 2004.
Dip. Francisco Carrillo Soberón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ASI COMO A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y AL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, SU PRONTA INTERVENCION ANTE LA AFECTACION DEL ESTERO CONOCIDO COMO EL SALADO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BRAVO CARBAJAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Francisco Javier Bravo Carbajal, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta respetable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El estero "EL Salado", se localiza en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y está rodeado por la mancha urbana de dicho Puerto, es un área natural protegida. De su extensión de 125 hectáreas aproximadamente corresponden a vegetación de manglar y marismas, el resto se conforma por dos remanentes de selva mediana, bordeada por sucesiones de elementos de vegetación acuática y subacuatica, bosque espinoso y vegetación secundaria.
Su conexión al océano es permanente, a través de un canal aproximadamente de 20 metros de ancho y dos kilómetros de largo que desemboca a la rada portuaria.
Sus componentes de paisaje y de hábitat son favorables para las aves migratorias y el desarrollo del ciclo biológico de mamíferos y reptiles.
Antecedentes
Es importante resaltar que desde hace más de 30 años el estero ha pagado un tributo bastante alto, por el bienestar de Puerto Vallarta, solo es necesario recordar que su antigua boca dio cabida a la actual rada portuaria, sitio que resguarda a los grandes cruceros y embarcaciones turísticos, de quienes se comenta su importante contribución a la economía del Puerto, además durante la década de los ochentas, alrededor del 50% de la cobertura original del manglar fue desmantada, para ceder espacio a la Región denominada generosamente como Marina Vallarta, de alta plusvalía y atractivo para los extranjeros, Vallarta está también conformado por familias de pescadores ribereños, quienes deben crédito de sus capturas a la presencia del estero, y otros cuerpos costeros similares, no obstante todo lo anterior el estero, tiene otra bondad, con sus aguas ricas en alimento proporcionan al mar adyacente un suministro constante de nutrimentos que favorece el crecimiento de gran variedad de peces, crustáceos y moluscos, además de ser sitios de desarrollo de especies de importancia económica, como el camarón.
No obstante todas y cada una de las bondades naturales de este estero, ha sido blando de depredación ecológica y para ello presento la siguiente
Exposición de Motivos
El estero ha pagado un precio muy alto por el bienestar de Puerto Vallarta, fue destruido el 50% de mangle debido a la construcción de la megazona privada de alta plusvalía "Marina Vallarta", atentando a través del tiempo, contra el entorno ecológico las embarcaciones que se detienen en "Marina Vallarta", arrojan al agua, grasa y aceites que desembocan al mar.
Gran parte de inversionistas han solicitado adquirir terrenos colindantes a la zona natural protegida y con justa razón la presencia de un estero les garantizaría mayor plusvalía.
Si bien es cierto, la obra pública siempre es bienvenida, no nos podemos olvidar que esa área, es un área destinada a la ecología. El construir adyacente al estero no sólo se arriesga la flora y la fauna terrestre, sino también las aves que existen en el área natural protegida.
Desgraciadamente el estero ha salido contaminado por la población del lugar, está identificado como una de las 17 Cuencas de drenaje del municipio hacia el mar.
Los pobladores han contaminado dicha área, entre el mangle se puede detectar diversa basura y animales muertos, basura doméstica, etcétera, queda claro que cualquier edificación o uso de instalaciones en actividades masivas, que pretenda usar los terrenos colindantes darán impactos negativos al área protegida del estero "El Salado".
Es urgente restaurar el área, limpiarla y dar inicio a una serie de acciones integrantes sobre el particular por parte de Dependencia Pública, en bien del entorno ecológico de Puerto Vallarta, Jalisco.
Ante ello me permito presentar ante esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se solicita la pronta intervención de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, exhortándolos a realizar acciones para el freno de la depredación y pronta restauración del estero "El Salado", como zona natural protegida.
Al Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jalisco con el mismo fin.
Segundo: Al H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, para suspender cualquier tipo de autorización para obra pública o proyecto, y en su caso, la instalación de actividades de concentración masiva en predios adyacentes al estero , que impacten negativamente al área protegida del estero, así como la vigilancia y acciones para la restauración de la zona ecológica de Vallarta.
Dado en el Palacio Legislativo Federal, a los 30 días del mes de marzo de 2004.
Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTE A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO A QUE DETENGA EL CANJE DE PAGARES DE FOBAPROA HASTA QUE NO SE OBSERVE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IPAB, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Antecedentes
1.- El Programa de Capitalización y Compra de Cartera implementado por el Fobaproa durante el Rescate Bancario, ha sido severamente cuestionado tanto por su legalidad como por su operatividad y eficacia por este Congreso.
2.- En la propia Ley que dio origen al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), en su Capítulo de antecedentes, se cuestiona fuertemente la manera en como el gobierno enfrentó la crisis bancaria. De manera adicional afirma lo siguiente: "la asunción de las obligaciones solidarias en los contratos de compra de cartera, al igual que el aval otorgado en los pagarés que documentan tal compra de cartera, y las operaciones derivadas del programa de saneamiento financiero, se hicieron al margen de la Constitución".
3.- Es precisamente por lo anterior que el Congreso otorgó un mandato al IPAB y estableció un mecanismo "especial" para que los pasivos originados por los Programas de Capitalización y Compra de Cartera puedan ser asumidos por dicho Instituto y hasta ese entonces puedan ser avalados por este Congreso.
4.- Dicho mecanismo se encuentra claramente señalado en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB y entre otras cosas establece la necesidad de realizar auditorías y revisiones a las operaciones de capitalización y compra de cartera.
5.- Debido a que de la revisión del Informe Mackey se desprende que su trabajo no puede ser considerado como una auditoría, entre otras cosas por las limitaciones que tuvo en cuanto al acceso a la información, por la ausencia de un dictamen y porque el propio Mackey establece que su trabajo no puede ser considerado como una auditoría, y a consecuencia de una recomendación realizada en 1999 por la Contaduría Mayor de Hacienda, el 14 de mayo del 2002, la Junta de Gobierno del IPAB decidió proceder con apego a lo dispuesto por el artículo quinto transitorio y proceder con las auditorías.
6.- Esto originó que los cuatro bancos beneficiados con ese programa (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte) interpusieron un amparo en contra del IPAB e indirectamente en contra del mandato del Congreso Mexicano.
7.- Como consecuencia, desde el año 2002 la SHCP ha buscado mecanismos para llegar a un acuerdo con los bancos, para que retiren sus amparos y permitan ser auditados, a cambio de modificar el grado de profundidad y contenido de las auditorias que la propia Junta de Gobierno del IPAB aprobó en mayo del 2002.
8.- Por todo lo anterior, en febrero del 2004 la Comisión Permanente del Congreso formuló y envió al Secretario Ejecutivo del IPAB una serie de cuestionamientos para que los legisladores conociéramos cual es la situación respecto del cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB y del canje de pagarés de Fobaproa por pagarés IPAB.
Considerando
B) Que muchos de los señalamientos del Auditor Superior de la Federación ya habían sido advertidos por el propio órgano de Control Interno del IPAB
C) Que los señalamientos de ambos órganos de fiscalización permitirían la reducción en el costo fiscal del rescate bancario, reduciendo la presión a las finanzas públicas, permitiendo con ello canalizar recursos al sector social y productivo.
D) Que el cabal cumplimiento del artículo quinto transitorio es un requisito indispensable para que se pueda dar el "canje" de pagarés y por lo tanto el Congreso respalde esos nuevos pagarés emitidos por el IPAB.
E) Que la disminución en el valor de los pagarés de Fobaproa no representaría como se ha dicho por parte de diversas autoridades financieras un nuevo "quebranto" para las Instituciones bancarias ya mencionadas, en virtud de que la misma Ley del IPAB establece claramente en su articulo 28, los requisitos para dar apoyos financieros a las instituciones bancarias que así lo requieran.
F) Que para disipar los intentos de la SHCP, el 13 de agosto del 2003 la Comisión Permanente de este Congreso aprobó de manera unánime un Exhorto al IPAB a fin de que se diera un estricto cumplimiento al Artículo Quinto transitorio de la Ley del IPAB.
G) Que en dicho acuerdo solicitaba textualmente lo siguiente: "Se exhorta al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a convocar a las instituciones bancarias participantes en el programa de capitalización y compra de cartera, para que cumplan con lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se dé el debido procesamiento de los documentos de trabajo del informe de Mackey (incluyendo los reportes de los bancos "bank reports"), y la continuación de las revisiones de gestión fiduciaria, de legalidad, de identidad, de objeto, existencia y legitimidad de las operaciones materia del programa; apegándose para ello, al Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y a las bases del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del IPAB el 14 de mayo del 2002 y a la legislación común aplicable.
H) Que a 8 meses de haber realizado dicho exhorto, es fecha que el IPAB no ha informado sobre la instrumentación de la solicitud que le hiciera la Comisión Permanente.
I) Que en vez de ello, funcionarios de Hacienda, de la CNBV y Banqueros, señalan los avances para un "Acuerdo" respecto del quinto transitorio.
J) Que de las respuestas entregadas por el Secretario Ejecutivo del IPAB, destaca el hecho de que en opinión del propio IPAB, el trabajo de Mackey, no es suficiente para dar cumplimiento al Articulo Quinto Transitorio de la Ley del IPAB.
K) Que de las respuestas enviadas por el IPAB, se desprende que este Instituto NO CONSIDERA A LOS BANK REPORTS, como parte integral del Informe Mackey.
L) Que del análisis de los Bank Reports que inclusive obran en poder del Instituto se desprende que al menos dos de los cuatro bancos, que se niegan a ser auditados, NO REQUERÍAN DE APOYOS por parte del Gobierno Federal
Punto de Acuerdo
Unico: El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a detener el canje de pagarés de Fobaproa, hasta que no se observe el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la ley del IPAB.
Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO AL CASO QUE PRESENTO MEXICO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN LA HAYA POR LA SITUACION DE 52 MEXICANOS SENTENCIADOS A PENA DE MUERTE EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA GONZALEZ CARRILLO, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
Quienes suscribimos, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, de urgente u obvia resolución, con respecto al caso que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya por la situación de 52 mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En un hecho inédito en la historia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, el pasado 9 de enero de 2003, el Gobierno de México llevó ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya, un caso de su mayor interés, dado su compromiso ineludible con los mexicanos en el exterior.
México está preocupado por la situación de sus 52 ciudadanos condenados a la pena capital, en diferentes estados de la Unión Americana, como resultado de procesos judiciales llevados a cabo en abierta e inaceptable violación a las disposiciones del derecho internacional.
De acuerdo con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en vigor desde el 19 de marzo de 1967, y de la cual ambos países son signatarios, las autoridades del país receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva". Además, el artículo 36 sostiene que los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales".
En permanente violación a la citada Convención, autoridades locales de Estados Unidos se han retrasado o han hecho caso omiso en estas 52 ocasiones, del cumplimiento a cabalidad de las obligaciones que de ella emanan.
Aunque México no es el único país que ha presentado una situación similar ante la consideración de la Corte, es el primero en hacer esta denuncia buscando prevenir la repetición de los casos Breard y LaGrand, donde la ejecución vino antes de la sentencia de la Corte, para hacer valer el derecho que tienen nuestros connacionales, ya condenados, a un nuevo proceso penal, ésta vez, respetuoso del derecho internacional.
En este sentido, México apoya parte de su argumentación con la declaración de la Corte en el caso de la denuncia del gobierno paraguayo sobre la ejecución de Angel Breard en 1998 y la que reiteró en el caso de la denuncia del gobierno alemán sobre la ejecución de los hermanos LaGrand en 1999, pero busca que la Corte amplíe, con el caso mexicano, los alcances de esos precedentes. En aquellos litigios, la Corte Internacional de Justicia ordenó que Estados Unidos realizara "una revisión y reconsideración efectiva" de los casos en los que se violan los derechos consulares de los detenidos. En nuestro caso, buscamos que la Corte avale, con un precedente de gran importancia para el derecho internacional, la tesis mexicana de que un Estado debe reiniciar un proceso penal, en contra de un ciudadano extranjero, cuyo resultado es la pena capital cada vez que, en su desahogo, viole la norma que emana del artículo 36 de la Convención de Viena.
Casi un mes después de la denuncia mexicana, el 5 de febrero de 2003, la Corte se pronunció a favor de este criterio, ordenando al Gobierno de Estados Unidos a dar los pasos necesarios para asegurar que los tres nacionales mexicanos en peligro inminente de ejecución, Osvaldo Nezahualcóyotl Torres Aguilera, César Roberto Fierro Reyna y Roberto Moreno Ramos, no fueran ejecutados antes de que la misma fallara sobre el caso "Avena y otros nacionales mexicanos contra Estados Unidos de América".
Las autoridades consulares mexicanas conocieron sobre el caso de Moreno Ramos a través de la prensa, 11 meses después de su arresto; sobre el caso de Fierro Reyna, éstas se enteraron algunos días después de su detención, por comunicación de su madre; y en el caso de Torres Aguilera, el Consulado Mexicano sólo tuvo conocimiento de que estaba condenado a muerte hasta después de que fue sentenciado a ella.
Sin embargo, y en abierto desafío a esta decisión, la Corte de apelaciones de Oklahoma ha fijado una fecha de ejecución para uno de ellos, Osvaldo Torres Aguilera, para el próximo 18 de mayo. A pesar de que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente la decisión de la Corte de apelaciones de Oklahoma, como se hace constar en el comunicado de prensa número 032 del 1 de marzo de 2004, las autoridades federales de Estados Unidos no han atendido esta inconformidad.
El próximo 31 de marzo del presente año, la Corte Internacional de Justicia de la Haya emitirá su fallo sobre el caso "Avena y otros nacionales mexicanos contra Estados Unidos de América" el cual tendrá carácter de obligatorio e inapelable.
Considerando los sucesos ocurridos, la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados, desea extender un digno reconocimiento y sus más sinceras felicitaciones al equipo defensor de nuestros connacionales encabezado por los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Embajada de México en los Países Bajos y por el equipo de abogados liderados por Carlos Bernal Verea, Donald Donovan, Pierre-Marie Dupuy y Sandra Babcock, quienes han demostrado un profesionalismo y dedicación sin precedentes en el desarrollo de tan relevante asunto que deberá sentar un precedente de inmensa importancia para México.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncie a favor de la tesis mexicana en el caso "Avena y otros nacionales mexicanos contra Estados Unidos de América", según la cual un Estado debe reiniciar un proceso penal en contra de un ciudadano extranjero, especialmente cuando su resultado es la pena capital, cada vez que, en su desahogo, viole la norma que emana del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Segundo.- Que se extienda un reconocimiento al equipo defensor de nuestros connacionales ante la Corte Internacional de Justicia por su extraordinario desempeño en este juicio.
Tercero.- Que esta Soberanía se manifieste a favor de la iniciativa del gobierno mexicano de acudir a la máxima instancia internacional en materia judicial para la resolución de una controversia trascendental en apoyo de nuestros connacionales en el exterior.
Cuarto.- Los diputados de la LIX Legislatura reconocemos la importancia que sienta este precedente como hecho histórico de suma relevancia, en beneficio de la protección de los derechos de nuestros ciudadanos migrantes en Estados Unidos, y como una substancial aportación de México al derecho internacional.
Quinto.- Esta honorable Cámara de Diputados insta a las autoridades federales de Estados Unidos a respetar, en lo sucesivo, los derechos consulares de todos los extranjeros migrantes en ese país y reitera su inconformidad ante la falta de observancia de dichos derechos en los procesos judiciales a los que han sido sujetos nuestros connacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2004.
Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica),
Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue, Carlos Jiménez Macías
(rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez
Ramos (rúbrica), secretarios.
CON PUNTO DE ACUERDO, EN TORNO DE LA SITUACION QUE SE VIVE EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA S. FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscritos, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en base a las facultades que les confiere la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes:
Consideraciones
I.- Tetipac es un municipio localizado al norte de Guerrero, colinda con los municipios de Pilcaya, Pedro Ascencio, Taxco y el Estado de México. El municipio cuenta con 35 localidades, y posee una superficie de 269 kilómetros cuadrados. Su población según el Censo General de Población del año 2000 realizado por el INEGI es de un total de 13,318 habitantes, siendo 6552 mujeres y 6766 hombres.
2.- Como representantes populares es nuestro deber estar atentos a los reclamos de la ciudadanía.
3.- Que ante su servidora se ha presentado un grupo de ciudadanos de distintos partidos para denunciar la grave situación que se vive hoy en día en el municipio de Tetipac, Guerrero.
4.- Que solicitan nuestra intervención antes de que se susciten hechos sangrientos.
5.- Los ciudadanos representados por los regidores del ayuntamiento de Tetipac, manifiestan que hasta el momento no han obtenido respuesta de las autoridades estatales.
6.- También declaran que el presidente municipal de nombre Serafín Ayala Ramos ha realizado actos de corrupción siendo estos:
8.- Estamos concientes que en los estados del sur, desde hace tiempo se han suscitado hechos lamentables que en más de una ocasión su desenlace ha traído consigo la muerte de inocentes.
9.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Titulo Cuarto de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece que los mismos serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, lo cual sin duda redunda en el perjuicio de los intereses públicos de la población, como lo establece en su artículo 109 nuestra Carta Magna.
Por lo anteriormente expuesto y fundado los que suscribimos sometemos a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Congreso del Estado y al Gobernador de Guerrero, Lic. René Juárez Cisneros a su pronta intervención para buscar una alternativa de solución a este delicado asunto, que puede derivar en hechos que pudiéramos lamentar los guerrerenses y en particular los habitantes del municipio de Tetipac, Guerrero.
Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO DE LA ENTRADA EN TERRITORIO NACIONAL DE MILITARES DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PRESUNTAMENTE PARA REALIZAR PRACTICAS MILITARES EN EL ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO ROBLES AGUILAR, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
Quienes suscribimos, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, de urgente u obvia resolución, con respecto a la entrada a territorio nacional de militares del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para realizar presuntamente prácticas militares en el estado de Puebla.
Consideraciones
Tomando en cuenta que el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a través de su Ministerio de Defensa, confirmó la presencia de un contingente de militares, presuntamente realizando en los últimos días una expedición oficial llamada Tigre de Cuetzalan, en la que se entrenan efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.
Teniendo en consideración que no hay justificación alguna para encubrir prácticas militares con actividades turísticas, entendiendo de antemano que los Estados establecen acuerdos de cooperación en materia de capacitación y entrenamiento militar.
Interesados en conocer las razones que motivaron la falta de respuesta expedita de las autoridades competentes del Gobierno Federal en las primeras horas de conocimiento del suceso y el aguardo del equipo de rescate británico.
Abocados en saber los posibles impactos que tuvo este lamentable hecho en la relación bilateral con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Preocupados por vigilar la aplicación irrestricta de la ley, el cabal cumplimiento del Estado de Derecho y el resguardo de la soberanía nacional.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a la brevedad, se sirva enviar a esta Soberanía la información necesaria a efecto de conocer las causas y motivos del ingreso y permanencia en territorio nacional de presuntos militares ingleses en un contingente de supuesta operación de entrenamiento marcial en la zona serrana del estado de Puebla.
Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión apoya la iniciativa del Presidente de la República al enviar dos notas diplomáticas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Gobierno del Reino Unido para solicitar una explicación detallada sobre el tipo de actividades que estaba realizando el grupo de nacionales del Reino Unido en dicha zona.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2004.
Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica),
Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue, Carlos Jiménez Macías
(rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez
Ramos (rúbrica), secretarios.
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL INFORME ANUAL 2003 PRESENTADO POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA, A CARGO DEL DIPUTADO ELPIDIO TOVAR DE LA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 45, numeral 1 y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y 93 del Código Político de 1917, someto ante esta Soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, publicó su Informe Anual 2003, referente a la situación de los Derechos Humanos en América Latina; en el cual se incluye el "Quinto Informe de progreso de la Relatoría sobre trabajadores migratorios y miembros de su familia" caso México, como parte de las labores relativas a su mandato de promoción.
Que la Comisión ha establecido contactos con varios gobiernos para observar en el terreno la situación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias en los países miembros de la OEA.
Que en el escrito de referencia se menciona que la relatora de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó nuestro país a propuesta del Gobierno mexicano del 25 de julio al 1° de agosto del 2002; siendo recibida por funcionarios del gobierno federal, y con Senadores de la República, organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Que en el informe se constata la violación de los derechos humanos a los migrantes nacionales y latinoamericanos que cruzan a nuestro país para llegar a los Estados Unidos.
Que consideramos preocupante la militarización de nuestra frontera con Centroamérica ya que en ella, participan el Ejército, la Marina, las policías judiciales y agentes del Instituto Nacional de Migración en el denominado Plan Sur, con el único objetivo de sellar nuestra frontera.
Que existen reportes de corrupción, abusos, robos y violaciones a derechos humanos por parte de miembros del grupo BETA dependientes del Instituto Nacional de Migración, los cuales deben ser combatidos de manera directa y sin consideración alguna.
Que nuestro instituto político ha sostenido que la migración es un fenómeno global, el cual se ha acentuado en los últimos años por una injusta distribución de la riqueza y que sus causas se derivan de un modelo económico que ha mostrado en estos últimos 10 años su fracaso, como claramente lo ha expuesto Joseph Stiglitz en su obra denominada "El malestar de la globalización".
Que el PRD en diversos foros internacionales y en esta tribuna ha demandado el respeto a los derechos humanos de nuestros trabajadores migratorios y sus familias en Estados Unidos, pero a su vez, también hemos denunciado los abusos que se cometen con los migrantes centroamericanos por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, por lo que no podemos seguir actuando bajo una doble moral, ya que informes como el que estamos comentando nos muestran que nuestro país no se ajusta al Estado de Derecho.
Que es urgente adecuar nuestras normas legales a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos para combatir eficazmente el tráfico ilícito de personas y desmantelar organizaciones trasnacionales de tráfico de migrantes y desaparecer la corrupción y los abusos de autoridad en las corporaciones policíacas.
En nuestro país hace falta mucho por hacer para que los Derechos Humanos se respeten.
Que informes como el presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA muestran un grave rezago en esta materia, por lo que saludamos el informe.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Que las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Justicia y Derechos Humanos, Gobernación y Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados soliciten de los CC. Lic. Magdalena Carral Cuevas, en su carácter de Comisionada del Instituto Nacional de Migración, y al Lic. Javier González Galacia, en su carácter de Director del Grupo Beta, informen por escrito, la forma en que han atendido las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del 2003.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión cite a comparecer ante Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Justicia y Derechos Humanos, Gobernación y Relaciones Exteriores a los citados servidores públicos, a fin de que informen al seno de las mismas, las medidas que han tomado en relación con las violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros y los actos de corrupción de los Grupos Beta, contenidos en el Informe antes citado.
Dado en el salón de sesiones de la H Cámara de Diputados a los treinta días del mes de marzo del 2004.
Dip. Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica)
El suscrito diputado Jorge Uscanga Escobar, en representación de la diputación federal veracruzana, con fundamento en el artículo 21, fracción décima sexta, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta presidencia que tenga a bien formular excitativa a las Comisiones de Gobernación y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a efecto de emitir a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa de Ley Federal para Regular la Actividad Profesional de Cabildeo y la Promoción de Causas, presentada por el Dip. Efrén Leyva Acevedo el 29 de abril del 2002, dentro de la Quincuagésima Octava Legislatura, bajo las siguientes:
Consideraciones
En nuestro sistema político actual, el tráfico de influencias, disfrazado en la figura de gestión social, ha sido tolerada y en muchas ocasiones fomentada con descaro, siendo el instrumento predilecto de control del régimen para comprar voluntades y garantizar acuerdos, teniendo graves consecuencias como la impunidad y políticas públicas erradas.
Si bien es cierto, los funcionarios públicos, en específico los diputados y senadores somos representantes populares, y brindamos a la ciudadanía un servicio obligatorio como lo es la gestoría social, también lo es, que ésta se ha confundido, y abusando de las relaciones propias del cargo se obtienen beneficios para sí o para terceros, que muchas veces son a titulo oneroso.
Así mismo tenemos que reconocer, que paralelamente diversas agrupaciones e individuos, se han constituido para dedicarse a gestionar causas o cabildear asuntos que defienden intereses tanto públicos como privados de manera profesional, es por eso que independientemente de hacer un llamado a funcionarios públicos, legisladores y gestores sociales, para que antepongan sus principios morales y éticos para conducirse con probidad y honradez en sus funciones, es importante retomar el tema sobre la regulación de estas actividades, mediante la iniciativa de Ley Federal para Regular la Actividad Profesional de Cabildeo y la Promoción de Causas, presentada por el Dip. Efrén Leyva Acevedo el 29 de abril del 2002, en la anterior legislatura y que fue turnada a las comisiones correspondientes.
Hay que recordar, que esta ley sería una solución efectiva para transparentar y ordenar las actividades de diversos servidores públicos, que en principio su actuar es legítimo, y a su vez previene, tipifica y sanciona conductas irregulares que se cometan en el ejercicio de estas tareas.
Las normas mínimas planteadas para la regulación de la actividad a profesional de cabildeo o promoción de causas son:
Unico: Formule excitativa a las Comisiones de Gobernación y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a efecto de emitir a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa de Ley Federal para Regular la Actividad Profesional de Cabildeo y la Promoción de Causas, presentada por el Dip. Efrén Leyva Acevedo el 29 de abril del 2002, dentro de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2004.
Dip. Jorge Uscanga Escobar (rúbrica)
A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fecha 18 de febrero del año en curso presentamos a la Comisión Permanente mi compañera diputada Consuelo Muro Urista y su servidora, Martha Palafox Gutiérrez, un punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la directora general de la Lotería Nacional a fin de que informe sobre la creación del fideicomiso Transforma México, así como del uso y destino de sus utilidades.
En esa fecha, el Presidente de la Comisión Permanente, diputado Juan de Dios Castro Lozano, de viva voz señaló: "túrnese a la Tercera Comisión".
Concluyó el periodo de dicha comisión y este punto de acuerdo no se dictaminó. Después de un largo peregrinar burocrático, para saber qué había pasado con este punto de acuerdo, la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva nos informó que quien sabía del asunto era la Dirección de Procesos Legislativos de esta H. Cámara. Finalmente, ahí se nos dio a conocer que el punto de acuerdo había sido turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Desconozco las razones de por qué fue turnado a esa comisión, cuando el turno, en nuestra opinión, debió haber sido a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación o, en su caso, a la de Gobernación.
Decíamos en el punto de acuerdo que llama la atención que en el fideicomiso Transforma México entre la Lotería Nacional como fideicomitente y Nacional Financiera como fiduciaria, se presume que en ningún momento fue autorizada su creación por su Junta Directiva que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Lotenal, sería la que debería autorizarlo.
Por otro lado, en ningún artículo de dicha ley se autoriza a la Lotería Nacional para trasladar recursos excedentes a ninguna asociación o fideicomiso, sino que éstos deberán ser enterados a la SHCP. Sin embargo, 110 millones de pesos de las utilidades de la Lotenal fueron entregados al fideicomiso Transforma México y, supuestamente, transferidos por éste a organizaciones de asistencia privada.
Al parecer, se repitió la operación en 2002. Dicha solicitud la hizo el subdirector general de Administración, David Tornel Romo, a la Secretaria de Hacienda, según el oficio número 594, de fecha 24 de abril de 2002.
Las utilidades de la Lotenal al 31 de diciembre de 2002 fueron de 227 millones de pesos.
Por ello, y con el propósito de evitar suspicacias, toda vez que la señora Laura Valdés Ruiz es hermana de la secretaria de la fundación Vamos México María Elena Valdés Ruiz, de quien es Presidenta la señora Martha Sahagún de Fox, propusimos este punto de acuerdo.
Además, el pasado 29 de diciembre de 2003, el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, envió al Senado de la República una iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, donde en el artículo 40 de dicha iniciativa autoriza que "50% de las utilidades sean canalizadas al Fideicomiso para la Asistencia Pública".
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento, le solicito, señor Presidente, que instruya a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico para que sea dictaminado el punto de acuerdo de referencia.
Si esta excitativa no fuera suficiente, le rogaría respetuosamente, diputado Presidente, que instruyera lo conducente para que sea turnado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2004.
Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)
A LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL, A SOLICITUD DEL DIPUTADO OMAR BAZAN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Omar Bazán Flores, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta honorable Cámara de Diputados tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Seguridad Social para que emita el dictamen correspondiente al punto de acuerdo presentado por el suscrito en la sesión del día martes 9 de diciembre de 2003.
Antecedentes
1.- Con fecha 9 de diciembre de 2003 presenté ante el Pleno de esta soberanía un punto de acuerdo relativo a la problemática de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que fue turnado a la Comisión de Seguridad Social de esta H. Cámara de Diputados.
2.- En la exposición de motivos del punto de acuerdo citado se elabora una puntual referencia al difícil panorama que enfrentan los prestadores del servicio de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de los nuevos esquemas de contrato que se vieron obligados a firmar desde diciembre del año pasado, así como al inevitable y negativo impacto que esta problemática genera en la calidad y seguridad de un servicio tan sensible.
Se deja en claro, además, que a pesar de las continuas acciones que los prestadores del servicio, padres de familia y legisladores han impulsado con el objetivo de encontrar soluciones que permitan preservar la calidad en la prestación de tan importante servicio, dichas medidas no han logrado impedir que a la fecha se sigan presentando situaciones que ponen en riesgo la viabilidad del esquema de guarderías subrogadas.
3. Lo expuesto en el numeral anterior motivó la proposición del punto de acuerdo siguiente:
Segundo.- Que la Cámara de Diputados solicite, respetuosamente, a1 titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Santiago Levy, girar las instrucciones necesarias a fin de que se suspenda temporalmente las acciones encaminadas a la firma del nuevo contrato que regirá la relación entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los prestadores de servicio de guarderías subrogadas durante el año 2004.
Tercero.- En tanto no se acuerde un convenio que satisfaga las necesidades e intereses de ambas partes, que a su vez se pueda reflejar en la seguridad y calidad del servicio de guarderías, se mantendrá el mismo esquema de contrato vigente al día de hoy.
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se sirva efectuar la excitativa propuesta en los siguientes términos:
Unico: Se excite a la Comisión de Seguridad Social a efecto de que, con la mayor brevedad, haga llegar al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo a que se ha hecho mención y que fuera turnado para su atención.
Dip. Omar Bazán Flores
A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION, DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y DE ENERGIA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimoquinto del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicita a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Energía a fin de elaborar el dictamen correspondiente a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En México, la política de precios y tarifas eléctricas debe ser congruente con la naturaleza y el espíritu social de la empresa pública.
Nunca antes, como ahora, se utilizaron las tarifas eléctricas como un mecanismo de recaudación, y la representación popular no debe permitirlo porque ello afecta seriamente nuestra sociedad.
Los representantes populares estamos obligados a impulsar acciones que beneficien a la sociedad y, de igual manera, a corregir las que sean perjudiciales, como es el caso de las tarifas eléctricas que actualmente nos rigen.
En este sentido, el senador de la República Oscar Luebbert Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó el 27 de marzo de 2003 una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que modifica el artículo 31 y adiciona el artículo 32 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, en nombre de nuestro grupo parlamentario y el suyo propio ante el Pleno de la Cámara de Senadores.
La referida iniciativa con proyecto de decreto fue turnada a las Comisiones Unidas de Energía; de Estudios Legislativos, Primera; y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, quienes presentaron el respectivo dictamen ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 10 de abril del mismo año, siendo aprobado.
Siguiendo el proceso legislativo, fue remitida a la honorable Cámara de Diputados el 14 de abril de 2003, y turnada a la Comisión de Energía por instrucciones de la Presidencia, para su dictamen.
En este sentido, la Legislatura anterior, a pesar de su voluntad política para dictaminar la minuta con proyecto de decreto en mención, no logró realizarlo, dejándola como parte del rezago legislativo, el cual -cabe mencionar- la Cámara de Diputados tiene como objetivo fundamental resolver y abatir.
Cabe señalar que el senador Luebbert Gutiérrez envió a la Comisión Permanente durante el receso del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de esta Legislatura un comunicado a la Presidencia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con fecha de 18 de febrero de 2004, por medio del cual solicita que se envíe una respetuosa excitativa a la Comisión de Energía a fin de que con la mayor brevedad emita su dictamen, que a la fecha no ha sido presentado al Pleno de la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa responde a la necesidad urgente de legislar en materia de tarifas eléctricas de consumo doméstico, necesidad puesta en evidencia con mayor fuerza luego que el Ejecutivo federal promulgara el impopular decreto del 7 de febrero de 2001.
Ese decreto modificó significativamente los rangos tarifarios, en perjuicio de un amplio sector de la sociedad, fundamental en las zonas donde el clima es extremoso y húmedo.
En las zonas mencionadas, las tarifas eléctricas se vieron incrementadas desproporcionadamente y siendo el consumo eléctrico para compensar el frío y el calor mayor, evidentemente la repercusión en la economía es notoria y lastimosa para las familias mexicanas.
Por ello convoco al Pleno de la Cámara a realizar consensos y acuerdos para avanzar y abatir el rezago legislativo. Con un ánimo constructivo, impulsemos las acciones que beneficien a la sociedad, porque ésta es la obligación que la ciudadanía nos ha conferido.
Debemos trabajar arduamente, y qué mejor señal que la aprobación de esta minuta, la cual acarreará grandes beneficios a la ciudadanía de todo el país.
Es un proyecto muy noble, justo en esta temporada, cuando las temperaturas se elevan y se requiere mayor consumo de energía eléctrica.
No dejemos que la economía de las personas más necesitadas de México se siga viendo afectada, tenemos en nuestras manos la oportunidad de aportar de manera significativa y de beneficiar en forma directa a miles de mexicanos, principalmente a los que menos tienen. No la dejemos pasar por alto.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Energía para elaborar el dictamen correspondiente a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2004.
Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza
(rúbrica)
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el martes 30 de marzo, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su sexta reunión ordinaria, que tendrá verificativo el martes 30 de marzo, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
4. Informe sobre las actividades y reuniones de la Mesa
Directiva y de las subcomisiones.
Servicio Postal y Telégrafos.
Telecomunicaciones y Satélites.
5. Propuesta de dictamen que aprueba la solicitud de información
para poder evaluar el programa Bienvenido Paisano.
6. Turnos recibidos de la Mesa Directiva.
7. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A la reunión de la Subcomisión Específica para la Reforma de los Artículos 4 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al medio ambiente, que se efectuará el martes 30 de marzo, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, edificio D, planta baja.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 30 de marzo, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
5. Relación del trabajo realizado en las sucomisiones:
a) Anteproyectos de ley y proyectos de dictamen.
b) Estudios, foros y actividades editoriales.
c) Letras de oro y consultas.
d) Rezago legislativo.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL SUR-SURESTE DE MEXICO
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el martes 30 de marzo, a las 10 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE TURISMO
A la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva del Consejo Nacional de Comisiones Legislativas en Materia de Turismo (Conletur), que se realizará el martes 30 de marzo, a partir de las 13 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 30 de marzo, a las 14 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Marco Antonio Torres Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se realizará el martes 30 de marzo, a las 15:30 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el martes 30 de marzo, a las 16 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Julio César Córdova Martínez
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR LA SITUACION DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA
A su reunión de instalación, que se realizará el martes 30 de marzo, a las 16 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres
Presidente
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 30 de marzo, a las 16 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
6. Asuntos generales:
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión plenaria, que tendrá verificativo el martes 30 de marzo, a las 17 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
4. Se someterá a consideración del pleno
la aprobación del acta de la reunión de trabajo de fecha
18 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 19 y 20
de enero de 2004.
5. Presentación a cargo del licenciado Juan Francisco
Mora Anaya, director general de Liconsa, del programa federal a su cargo,
en atención a las demandas manifestadas por los diputados de la
Comisión.
6. Informe del Taller de políticas públicas
y programas federales para las personas con discapacidad, celebrado
el 10 de febrero del año en curso en la ciudad de Mexicali, Baja
California, a cargo de la diputada federal licenciada M. Adriana González
Furlong, Presidenta de la Comisión.
7. Informe de actividades del Segundo Parlamento de las
Niñas y los Niños de México, 2004, a cargo de la diputada
federal Martha Palafox Gutiérrez, coordinadora de la Subcomisión
Organizadora.
8. Presentación de la regionalización 2004,
con fundamento en el programa anual de trabajo y los criterios generales
aprobados por el pleno de la Comisión el 18 de diciembre de 2003.
9. Se someterá a consideración del pleno
la creación y, en su caso, conformación de subcomisiones
ordinarias de trabajo.
10. Entrega de los pendientes legislativos a las subcomisiones
respectivas.
11. Entrega al pleno, para su consideración, de
la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Código
Penal Federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada; y la Ley que Establece las Normas
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
12. Presentación al pleno del diagnóstico
del comercio sexual infantil en México, de acuerdo con la minuta
con proyecto de decreto referida en el punto anterior.
13. Asuntos generales.
14. Clausura de la sesión.
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 30 de marzo, a las 17 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
A su reunión plenaria, que se verificará el martes 30 de marzo, a las 17 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de Jalisco, ubicada en la planta baja del edificio C.
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de trabajo de la Subcomisión del Voto de los Mexicanos en el Exterior, que se efectuará el martes 30 de marzo, a las 17 horas, en la sala de juntas de la Coordinación del Estado de Oaxaca, edificio B, cuarto nivel.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que tendrá verificativo el martes 30 de marzo, a las 17 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día El Papel de las Agencias de Noticias
2. Intervención del licenciado Eloy O. Aguilar,
director de la agencia AP.
3. Participación del licenciado Manuel Fuentes
García, director de la agencia EFE.
4. Intervención señor Klaus Blume, director
de la agencia DPA.
5. Participación del licenciado Eduardo Ruiz Vega,
coordinador del Programa Iberoamericano de Derecho de la Información,
en la Universidad Iberoamericana.
6. Planteamientos de los miembros de la Comisión
a los invitados.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
DE LA COMISION DE GOBERNACION
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se realizará el martes 30 de marzo, a las 17:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión, edificio D, tercer nivel.
Orden del Día
4. Anteproyectos de dictamen:
a) Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles,
respecto del Premio Nacional del Deporte.
b) Respecto de diversos puntos de acuerdo relacionados
con asuntos migratorios.
5. Se da cuenta con iniciativas recibidas para su estudio
y dictamen.
a) Iniciativa que adiciona un inciso d) al artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado
Juan Manuel Vega Rayet, a nombre de integrantes del GPPRI.
b) Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, presentada por el licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos.
c) Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, de la Ley de Instituciones de Crédito, y del
Código Fiscal de la Federación, presentada por el diputado
Luis Antonio Ramírez Pineda, del GPPRI.
d) Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley
de Instituciones de Crédito, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta y del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Víctor
Manuel Camacho Solís, a nombre de integrantes de los grupos parlamentarios
del PRD y PRI.
e) Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión,
(para una reforma electoral democrática), presentada por el diputado
Francisco Amadeo Espinosa Ramos, a nombre de integrantes del GPPT.
6. Informe de la Presidencia:
a) Comunicado de la Comisión de Defensa Nacional.
b) Comunicado de la Comisión de Seguridad Pública.
c) Comunicado de la Mesa Directiva.
7. Se recibe por separado a los señores Juan Villarreal
y Daniel Olivares Villagómez para ser escuchados respecto de asuntos
competencia de esta Comisión, el primero de ellos por cuanto a la
iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público y el segundo de ellos por cuanto
a la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.
8. Asuntos varios.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES, Y DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión de trabajo con la C. Xóchitl Gálvez Ruiz, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se verificará el martes 30 de marzo, a las 17:30 horas, en el salón Protocolo, ubicado en la planta principal del edificio A.
Atentamente
Dip. Angel Heladio Aguirre Rivero
Presidente de la Comisión de Comunicaciones
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS
A su reunión de instalación, que se realizará el martes 30 de marzo, a las 17:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 30 de marzo, a las 18 horas, en el auditorio del edificio H, tercer piso.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión plenaria de trabajo, que se verificará el martes 30 de marzo, a las 18 horas, en el salón de usos múltiples ubicado en la planta baja del edificio D.
Orden del Día
DE LA COMISION DE GOBERNACION
A la reunión de la Subcomisión de Materia Política Electoral, que se realizará el martes 30 de marzo, a las 18:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DEL COMITE DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS
A su reunión de trabajo, que se efectuará el martes 30 de marzo, a las 18:30 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Carlos Noel Tiscareño Rodríguez
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su undécima reunión ordinaria, con la participación de la licenciada Graciela Aguilar Antuñano, coordinadora general de la Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario (Sagarpa), y la licenciada Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Tratados Comerciales e Internacionales, quienes comentarán el Tratado de Libre Comercio con Japón, que se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo, a las 8:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
5. Relación del trabajo realizado en las subcomisiones:
a) Anteproyectos de ley y proyectos de dictamen.
b) Estudios, foros y actividades editoriales.
c) Letras de oro y consultas.
d) Rezago legislativo.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE ENERGIA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 9 horas, en el salón Heberto Castillo, situado en el tercer piso del edificio B.
Orden del Día
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 31 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón B del restaurante LosCristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE GOBERNACION
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión, edificio D, tercer nivel.
Orden del Día
4. Anteproyectos de dictamen:
a) Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles,
respecto del Premio Nacional del Deporte.
b) Respecto de diversos puntos de acuerdo relacionados
con asuntos migratorios.
5. Se da cuenta con iniciativas recibidas para su estudio
y dictamen.
a) Iniciativa que adiciona un inciso d) al artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado
Juan Manuel Vega Rayet, a nombre de integrantes del GPPRI.
b) Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, presentada por el licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos.
c) Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, de la Ley de Instituciones de Crédito, y del
Código Fiscal de la Federación, presentada por el diputado
Luis Antonio Ramírez Pineda, del GPPRI.
d) Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley
de Instituciones de Crédito, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta y del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Víctor
Manuel Camacho Solís, a nombre de integrantes de los grupos parlamentarios
del PRD y PRI.
e) Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión,
(para una reforma electoral democrática), presentada por el diputado
Francisco Amadeo Espinosa Ramos, a nombre de integrantes del GPPT.
6. Informe de la Presidencia:
a) Comunicado de la Comisión de Defensa Nacional.
b) Comunicado de la Comisión de Seguridad Pública.
c) Comunicado de la Mesa Directiva.
7. Asuntos varios.
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su quinta sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
6. Asuntos generales:
a) Informe del II seminario de cooperativas, La
Habana, Cuba;
b) Visita Mondragón; y
c) Informe de la misión a Cooperativas Pesqueras
de la Laguna de Tres Palos, Acapulco, Guerrero.
DE LA COMISION DE MARINA
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Dictamen Legislativo de la Minuta de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que se realizará el miércoles 31 de marzo, a las 10 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A su octava reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo, a las 11 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Orden del Día
5. Aprobación de dictámenes:
6. Informe de subcomisiones.
7. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
A su sesión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo, a las 11 horas, en el salón Protocolo del edificio A, planta principal.
Orden del Día
5. Despedida del CP Arturo González de Aragón
y funcionarios que lo acompañan.
6. Formato para el análisis del informe de resultados
recibido (propuestas y discusión).
7. Revisión del marco jurídico de fiscalización
(propuestas y discusión).
8. Constitución de subcomisiones proyectadas (propuestas
y discusión).
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A su sexta reunión plenaria con ANCSAC, FANOSA y ONNCCE, que tendrá lugar el miércoles 31 de marzo, a las 11 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
4. Participación de las siguientes organizaciones:
5. Aprobación del plan de trabajo 2003-2006.
6. Sobre la creación de subcomisiones de dictamen,
para revisar el rezago parlamentario.
7. Asuntos generales:
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Al foro Prospectiva de la agroindustria nacional de la caña de azúcar, que se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo, a las 12 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión de trabajo con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión de trabajo en conferencia con la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República, para avanzar en el mandato del artículo quinto transitorio de la Ley General de Desarrollo Social, que se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo, a las 16 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Atentamente
Dip. Beatriz Zavala Peniche
Presidenta
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A la última del ciclo de mesas redondas Reformas urgentes al marco jurídico del Congreso mexicano, que se llevará a cabo en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México el miércoles 31 de marzo, en el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo.
Mesa 3. Administración Interna.
Miércoles 31 de marzo de 2004, a las 10:00 horas
Moderador: Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez.
Ponentes:
Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
Al ciclo de mesas redondas Gobernabilidad: Cultura de la legalidad e ingeniería parlamentaria, que se llevarán a cabo los días 31 de marzo, de las 10:30 a las 20 horas, y 1 de abril, de las 17:30 a las 19:30 horas, en el auditorio Sur de la Cámara de Diputados.
Programa
Gobernabilidad: Cultura de la legalidad e ingeniería
parlamentaria
Auditorio Sur, H. Cámara de Diputados
Primer día: Cultura de la legalidad
Miércoles 31 de marzo de 2004
Bienvenida y presentación
10:15 horas
Diputado Norberto Corella Torres (Presidente del CESOP)
Inauguración de los trabajos del ciclo de mesas
redondas
Con la representación de la Mesa Directiva: diputado
Antonio Morales de la Peña (Vicepresidente de la Mesa Directiva)
Cultura de la legalidad y valores democráticos
10:30 - 12:00 horas
Constitución: Reglas y desempeño
institucional
12:00 - 13:30 horas
Encuestas y comprensión de la democracia
13:45 - 15:15 horas
Presentación del libro: Cultura de la Constitución.
17:30 - 19:00 horas
Segundo día: Gobernabilidad (eficacia legislativa)
e ingeniería parlamentaria
Jueves 1 de abril de 2004.
17:30 horas
Presentación: Ulises Beltrán, División de Estudios Políticos, CIDE.
2. Sistemas y reglas en una comparación internacional.
Andre Blais, Département de Science Politique,
Université de Montréal, Canadá.
3. México: Las reformas necesarias.
María Amparo Casar, Coordinación de Asesores
de la Secretaría de Gobernación, México.
4. Nueva Zelanda: De la uninominalidad a la representación
proporcional.
Jack Vowles, Department of Political Studies, University
of Auckland, New Zealand.
5. Japón: De la representación proporcional
a la uninominalidad.
Ken'ichi Ikeda, Department of Social Psychology, The
University of Tokyo, Japón.
6. El presidencialismo en América Latina.
Gabriel Negretto, División de Estudios Políticos,
CIDE, México.
7. India: Gobernabilidad en la democracia más grande
del mundo.
Sandeep Sashtri, Professor and Dean of Research and Social
Science International Academy for Creative Teaching, MATS University, Bangalore,
India.
8. Reformas y gobernabilidad en Europa, con acento en
Alemania.
Helmut Schmidt, Mannheimer Zentrum für Europäische
Sozialforschung (MZES), Universität Mannheim, Alemania.
Bernard Wessells, Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB) Reichpietschufer, Berlín, Alemania.
19:30 horas
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A la presentación del libro Recomendaciones para el desarrollo y consolidación de la biotecnología en México, organizada junto con las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de Ciencias, y la Comisión Instersecretarial de Biodiversidad y Organismos Genéticamente Modificados, que se verificará el miércoles 31 de marzo, a las 17:30 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Programa
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión de trabajo con el licenciado Herbert Taylor, coordinador general del Plan Puebla Panamá, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su quinta reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 1 de abril, a las 11 horas, en el salón de reuniones de la Comisión.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, para la integración de la Coordinación Interinstitucional, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 18 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, para la integración del Comité Solidario, que se llevará a cabo el viernes 2 de abril, a las 11 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La fibrosis quística, diagnóstico y tratamiento en México, que se efectuará el miércoles 14 de abril, de las 9:30 a las 13 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente