Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de marzo de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
Presente
En relación con los atentos oficios de fechas 16 y 23 de marzo del año en curso, suscritos por el C. diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD, mediante el cual hizo del conocimiento de la Junta de Coordinación Política diversas modificaciones en la integración de Comisiones respecto de diputados del grupo parlamentario que coordina, me permito informar a usted lo siguiente:
En reunión de trabajo celebrada el día de hoy, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, se dieron por enterados de las comunicaciones formuladas en términos de lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 44, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los cambios que a continuación se precisan:
Sin otro particular por el momento, me es grato expresar a usted un cordial saludo.
Atentamente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Marzo 25 de 2004.)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, POR EL QUE SE SOMETE A LA CONSIDERACION DEL PLENO LA INTEGRACION DE LA SECCION INSTRUCTORA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS LIX LEGISLATURA
CC. Secretarios
H. Cámara de Diputados
Presentes
La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de los siguientes:
Considerandos
I. Que de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de esta H. Cámara de Diputados dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
II. Que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución", así como "conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren".
III. Que la Junta de Coordinación Política, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 numeral 1 inciso b), en correlación con el inciso c) del mismo numeral de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está facultada para presentar al Pleno proyectos de puntos de acuerdo.
IV. Que el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la letra establece:
"Al proponer la Gran Comisión de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las Comisiones, cuatro integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.
Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Gran Comisión, de entre los miembros de las Comisiones respectivas."
V. Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en correlación con el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta H. Cámara de Diputados integró la Comisión Jurisdiccional el 30 de septiembre de 2003, por lo que a la fecha, considerando la sustituciones realizadas por los Grupos Parlamentarios, está conformada de la siguiente manera:
Mesa Directiva
Presidente: Dip. Federico Barbosa Gutiérrez
Secretaria: Dip. Consuelo Muro Urista
Secretario: Dip. Sergio Vázquez García
Integrantes
Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara
Dip. Enrique Burgos García
Dip. Horacio Duarte Olivares
Dip. Alvaro Elías Loredo
Dip. Rogelio Franco Castán
Dip. Cuauhtémoc Frías Castro
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Dip. José González Morfín
Dip. Pablo Alejo López Núñez
Dip. Germán Martínez Cázares
Dip. Rosalina Mazari Espín
Dip. María Sara Rocha Medina
Dip. Manuel Velasco Coello
VI. Que atendiendo a las disposiciones citadas anteriormente, esta Junta de Coordinación Política, ha considerado oportuno presentar a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la integración de la Sección Instructora, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en consecuencia, este órgano legislativo esté en aptitud de ejercer las facultades que constitucional y legalmente le corresponden, para sustanciar en lo conducente las solicitudes de declaración de procedencia, así como del procedimiento de juicio político, enmarcados en los artículos 111 y 110 de nuestra Constitución, respectivamente.
Atendiendo a los fundamentos y motivaciones expuestas en los considerandos, esta Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Acuerdo
Primero.- La H. Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en correlación con el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda integrar la Sección Instructora encargada de sustanciar los procedimientos inherentes al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Segundo.- Para los efectos del presente instrumento, la Sección Instructora quedará integrada por los siguientes Diputados Federales:
Presidente: Dip. Horacio Duarte Olivares
Secretaria: Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Integrante: Dip. Francisco Cuauhtémoc Frías
Castro
Integrante: Dip. Alvaro Elías Loredo
Tercero.- La Sección Instructora se instalará en el lugar que les sea asignado y se les proveerá de los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Cuarto.- Aprobado el presente acuerdo por el Pleno de la Cámara de Diputados, publíquese en la Gaceta Parlamentaria, y a efecto de que entre en vigor, publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de marzo de 2004.
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Francisco Barrio Terrazas
(rúbrica a favor de su instalación, en
contra de la forma como se está integrando)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario Convergencia
México, DF, a 23 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:
Artículo 99.- En contra de las resoluciones de la Comisión Nacional dictadas fuera del procedimiento arbitral, con fundamento en las disposiciones de esta Ley, se podrá interponer por escrito recurso de revisión.
La interposición del recurso de revisión será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 23 de marzo de 2004.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Lydia Madero García (rúbrica)
Secretaria
(Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público, y de Justicia y Derechos Humanos. Marzo 25 de 2004.)
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se turne a las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
Exposición de Motivos
Para dotar de un marco jurídico acorde con las necesidades del México actual, con exigencias tan diversas como la conservación de los bosques y del agua, y el combate de la criminalidad y la delincuencia, sean los adecuados; y el que todos los mexicanos tengan las mismas condiciones y oportunidades para su desarrollo, debemos primordialmente plasmarlo en el llamado "Plan Nacional de Desarrollo".
Debemos mostrar ante los ojos de la sociedad el gran valor de la actividad del Congreso de la Unión; en el que no se legisla más al amparo de intereses particulares y mezquinos, sino anteponiendo los de la nación, que deben constituir nuestra guía fundamental.
Debemos orientarnos a resolver, en alguna medida, los problemas de nuestro país; creemos que los resultados, hasta ahora, no han sido suficientes, ya que nuestra actividad no debe limitarse sólo a resultados parciales, sino profundizar en las causas de la problemática nacional, para dar, por fin, cauce y satisfacción a las legítimas aspiraciones de bienestar, seguridad, justicia y paz de los mexicanos.
El avance democrático, ha sido importante, pero permanece aún sujeto a condicionamientos y actitudes obtusas, de los que todavía se niegan a aceptar el cambio que dio el país hacia una democracia plena. La búsqueda de consensos para hacer del sistema político un régimen plural en el que cada fuerza política participe en la toma de decisiones, empieza a perfilarse como el sistema que tendremos en este siglo.
Como lo hemos manifestado y realizado, la actividad del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha sido intensa, y enfocada a dar cauce, precisamente, a las aspiraciones legítimas de los mexicanos. Pero hay que reconocer que no se han podido resolver los graves problemas que sufre nuestro país y esto es debido principalmente, a la poca coordinación que existe entre los Poderes de la Unión.
Si bien sabemos que la responsabilidad en la administración del país no está depositada exclusivamente en una sola autoridad, también es cierto que las mayores responsabilidades y facultades para la conducción de la nación recaen en el Presidente de la República.
La tarea de los legisladores no ha terminado aún, como tampoco la del Ejecutivo federal. La participación de unos y otros en la construcción de un México dinámico, plural y participativo será lo que logre la transición democrática, el desarrollo sustentable y el crecimiento anhelado; para eso se tendrán que abandonar las viejas prácticas excluyentes que todavía aparecen en diversas ocasiones.
En este sentido, consideramos pertinente la participación real, de los diputados y senadores, en la vigilancia del Plan Nacional de Desarrollo, para poder así, ser un auténtico contrapeso de las acciones del Ejecutivo federal.
Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de
Decreto mediante el cual se reforman los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley de Planeación
ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación sustentable y democrático del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación, respetando siempre el medio ambiente. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo sustentable, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal, los cuales deberán realizarse bajo criterios ambientalmente sustentables.
La ley facultará al Ejecutivo, en coordinación con los gobiernos de los estados de la Federación, para que establezca los procedimientos de participación, consulta y verificación popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la facultad de intervenir, revisar y verificar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo conforme lo señale la ley.
ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 20 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:
Capítulo III
Participación Social en la Planeación
Artículo 20
En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrán lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se refiere esta ley.
Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los cuales por medio de sus comisiones deberán emitir opinión anual de los avances, así como de posibles recomendaciones.
...
Transitorio
Unico. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días de marzo de 2004.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
y de Hacienda y Crédito Público. Marzo 25 de 2004.)
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y REFORMA LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE MARZO DE 2004
Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El pueblo mexicano luchó durante décadas para romper con las ataduras que le impuso el Estado autoritario que emanó de la revolución mexicana, que junto con su partido se convirtieron en poderosos instrumentos para cancelar el desarrollo de la democracia en nuestra nación.
Sólo con la fuerza de las movilizaciones sociales que protagonizaron las fuerzas democráticas y el pueblo en general se hizo posible que se derrumbara el poder totalitario y monolítico de más de setenta años de dominación política.
La crisis económica de los años setenta y ochenta se convirtió en otra fuerza muy poderosa para el derrumbe del bloque político que había hegemonizado al Estado mexicano y a muchas de sus instituciones que ya no se correspondían con la nueva realidad del país.
Una de esas instituciones tenía que ver con la realización de los procesos electorales para renovar el ejercicio del poder en los tres niveles de gobierno, que de forma sistemática y permanente era cuestionada por la sociedad porque no respondía a criterios de transparencia y de democracia.
Para el pueblo, quedaba claro que el gobierno era juez y parte en los procesos electorales, ya que por ley centralizaba la responsabilidad de organizar y vigilar los comicios, lo cual le permitía tener condiciones para realizar fraudes electorales. Por ello, la cultura del fraude se convirtió en una norma de la cultura política de nuestro país.
Los fraudes electorales más sonados del siglo XX en México fueron los de 1929, contra don José Vasconcelos, quien contendió contra Pascual Ortiz Rubio; y en 1940, contra Juan Andrew Almazán, quien contendió contra el candidato del PRM, Manuel Avila Camacho.
El de 1946, contra Miguel Enríquez Guzmán, quien contendió contra el candidato del PRI, Miguel Alemán Valdez. Estos fraudes electorales fueron una prueba fehaciente del carácter antidemocrático y el contubernio político que envolvía a los gobiernos en turno en materia de procesos electorales y elecciones.
Sin embargo, el fraude electoral de 1988 fue el más escandaloso en la historia del siglo XX en México porque confirmó de forma nítida y contundente que las decisiones del pueblo no eran respetadas, al grado de que el Gobierno en turno hizo que deliberadamente fallara el sistema de cómputo, para ganar tiempo y modificar el resultado electoral.
Los fraudes electorales y los escándalos que le acompañaban, hicieron necesario construir una institución política que fuera autónoma e independiente del gobierno para que los procesos electorales no sembraran duda ni incertidumbre de la voluntad del pueblo en las urnas. Se trataba de ciudadanizar la democracia electoral en México.
Esto sólo fue posible con la creación del Instituto Federal Electoral como resultado de las reformas constitucionales realizadas en 1989, que mandataban la creación del IFE que entró en funciones en 1990.
Asimismo, se expidió una nueva ley electoral representada por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que se llevó a cabo en agosto de 1990. Justo es decirlo, la tutela del Gobierno Federal hacia el IFE prevaleció hasta 1996, cuando con la reforma electoral de ese año se dotó de autonomía al citado Instituto.
Desde ese entonces la normatividad constitucional y legal en la materia ha experimentado tres importantes reformas, la de 1993, 1994, y 1996 que han tenido como propósito fundamental dotar de mayor autoridad al IFE para convertirlo en garante de la voluntad del pueblo y en la transparencia de los procesos electorales.
La reforma de 1993 facultó a los órganos del IFE para la declaración de validez y la expedición de constancias para la elección de diputados y senadores. Asimismo, estableció topes a los gastos de campaña de las elecciones.
Con la reforma de 1994 se incrementó el peso e influencia de los consejeros ciudadanos en la composición y procesos de toma de decisiones de los órganos de dirección, otorgándoles la mayoría de los votos, así como la ampliación de las atribuciones de los órganos de dirección a nivel estatal y distrital.
Con la reforma de 1996 se reforzaron la autonomía e independencia del IFE al desligar, totalmente, al Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto dentro de los órganos de dirección exclusivamente a los consejeros ciudadanos.
Con el paso de los años y al calor de los procesos electorales ha sido evidente que la normatividad en la materia fue rebasada totalmente por una serie de eventos que quedaron fuera de la legislación electoral.
Uno de ellos tiene que ver con la exigencia de reformular la asignación de diputados de representación proporcional, de tal manera que evite la sobrerrepresentación y la subrepresentación. Se trata de garantizar que la distribución proporcional de los representantes populares debe ser igual para todos los partidos que integran el Congreso de la Unión. Es decir, que cada partido represente su fuerza electoral ciudadana en función del porcentaje de votación que obtenga en cada elección.
También es necesario acotar la injerencia de los órganos electorales en la vida interna de los partidos y las organizaciones políticas. Se trata de garantizar el respeto a la autonomía de estos entes de interés público para que sean ellos los que decidan su propia forma de organización y funcionamiento, sin que ello represente abandonar sus obligaciones establecidas en esta ley.
Otro aspecto por modificar en la ley vigente es la prohibición expresa de la publicidad gubernamental de los tres niveles de gobierno en tiempos de campañas electorales, para que no sea utilizada para promover la imagen del partido en el gobierno y con ello buscar la atracción del voto ciudadano hacia ese partido, porque pone en desventaja a los demás partidos políticos contendientes.
Un nuevo elemento que debe incorporarse en la presente Ley electoral es la urgencia de incrementar el tiempo del Estado en los medios de comunicación a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, con el propósito de reivindicar el principio de igualdad y equidad entre todos los actores políticos.
Por otra parte, resulta necesario prohibir el financiamiento de origen privado a los partidos políticos, porque ha sido la puerta para casos como el de los Amigos de Fox porque, además, viola los topes de campaña, al no haber forma de fiscalizar dichos recursos.
Con el fin de alentar la participación de la sociedad en los procesos electorales y en la conformación de la representación nacional es de vital importancia recuperar la figura de las candidaturas comunes.
Esta figura se estableció en la ley electoral de 1977 y fue la base jurídica fundamental para que en 1988 el Frente Democrático Nacional agrupara a diversas organizaciones políticas que postularon a un solo candidato a la presidencia de la República, logrando una gran participación de la ciudadanía; en concordancia con lo anterior, se debe incorporar la figura de candidatos independientes para que los ciudadanos que cuenten con arraigo popular, pero que no tienen partido puedan participar en la competencia electoral y aspirar a puestos de elección popular.
En ese mismo tenor, es importante flexibilizar la conformación de las coaliciones, para que no haya ni un mínimo, ni un máximo en el registro de fórmulas de candidatos, por que la ley vigente, establece mínimos y máximos para la elección de Presidente de la República, senadores y diputados.
También creemos que es necesario que en el Cofipe se establezcan sanciones más severas para quienes violen el tope de financiamiento de las campañas políticas durante los procesos electorales con la invalidación de la candidatura, en el curso del mismo proceso electoral, así como imponer sanciones, en el mismo proceso electoral, a quien violente los topes de campaña.
Nuestra propuesta de reforma constitucional del artículo 41 establece la prohibición expresa de que el Consejero Presidente y los consejeros electorales y distritales desempeñen empleos, cargos o comisión en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación o en los órganos constitucionales autónomos previstos en nuestra Carta Magna y con el propósito de hacer compatible esta disposición con lo que se estipula en el Cofipe, también proponemos que está disposición debe quedar asentada en dicho Código.
Asimismo, en concordancia con la reforma constitucional que proponemos al artículo 41, fracción II, inciso a), proponemos la modificación a la fórmula de financiamiento a los partidos políticos para hacerla igualitaria en un 50 por ciento y el restante 50 por ciento en forma proporcional a su votación nacional emitida en la elección de diputados inmediata anterior.
La experiencia del proceso electoral de 2000, cuando el PRI y la Alianza por el Cambio, integrada por los Partidos Acción Nacional, y Verde Ecologista de México, rebasaron los topes de campaña y recibieron financiamientos ilícitos, que sembraron duda sobre los resultados de esas elecciones, son una muestra clara del porqué este país necesita regular de forma precisa, las sanciones que se deben aplicar a quienes violen las leyes electorales.
Creemos que ha llegado la hora de avanzar en la construcción de nuevas reglas para centralizar, organizar y vigilar los procesos electorales y las elecciones federales, para convertir al IFE en un verdadero garante de la democracia en nuestra nación.
Por esa razón, las nuevas reglas electorales tienen que ser precisas en cuanto a regular los tiempos de las precampañas políticas que es una ausencia notable en la ley vigente.
En el México contemporáneo, las campañas políticas se inician de manera real antes de lo que la legislación dispone. Por tanto, se hace necesario regular los tiempos de estas precampañas, para que se incluya lo que se gaste en ellas en el tope del financiamiento de las campañas políticas establecidas por ley.
El actual Presidente de México, Vicente Fox Quesada, es un claro ejemplo de un candidato que anduvo promoviendo su candidatura a la Presidencia de la República por más de tres años e incluso, en fecha reciente, declaró abierta la sucesión presidencial, a más de tres años de que concluya su mandato.
Esa experiencia fue repetida por diversos candidatos a cargos de elección popular en los diferentes niveles de gobierno, sin que hubiera ningún tipo de normas que regulen los tiempos y los recursos que se utilizan en las precampañas electorales. Creemos que ha llegado la hora de proponer reglas claras en este ámbito.
Otra ausencia en el Cofipe la representa el debate obligatorio entre los candidatos a cargos de elección popular. Esto serviría para alentar la participación del pueblo en los procesos electorales, además de que permitiría conocer el fondo de las propuestas que tienen los candidatos a cargos de elección popular para resolver los grandes problemas nacionales, estatales y regionales.
Para evitar que los partidos políticos rebasen los topes de campaña y que ello redunde en un mayor uso de los tiempos en medios de comunicación masivos, se propone que sea solo el IFE el que tenga el derecho exclusivo de contratar esos tiempos para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales y con ello evitar ventajas relativas de los partidos entre sí.
En ese mismo sentido, la competencia electoral exige en el contexto actual, garantizar en la ley que regula los medios de comunicación, el acceso igualitario de todos los partidos políticos, para que junto con el Gobierno Federal dispongan de un porcentaje determinado del tiempo que los concesionarios de radio y televisión otorgan al Estado mexicano, tal como se establece en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión vigente.
Compañeras y compañeros diputados:
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se adiciona un inciso l) al artículo 36; se adiciona un numeral 5 al artículo 45; se adiciona un inciso e) al artículo 58; se adicionan los incisos c) y d) del numeral 10 del artículo 58; se adicionan los incisos d) y j) al artículo 66; se adiciona un párrafo 4 al artículo 77; se adiciona un numeral 5 al artículo 182; se adiciona un numeral 6 al artículo 182-A; se adiciona un numeral 7 al artículo 190; se reforma el numeral 1 del artículo 13; el inciso a del numeral 1 y numeral 3 del artículo 47; se reforman los párrafos 1, 2, 7 y 9 del artículo 48; se reforman los incisos a) y b) del numeral 10 del artículo 58; se reforma el párrafo 1, así como el inciso c) del párrafo primero del artículo 59; se reforman el numeral 1, inciso a), y el numeral 7, inciso a), fracción V, párrafos 1 y 2 del artículo 49; se reforman los incisos a) y b) del artículo 58; se reforma el numeral 6 del artículo 190; se derogan los párrafos 3, 4, 5, 6, 8 y 14 del artículo 48; se derogan los incisos b), c), d) y e) del numeral 1 del artículo 49 todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 13.
1. Para la primera asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se utilizará la siguiente fórmula de representación pura consistente en designar a cada partido político el número de diputados que le corresponda hasta por el 3 por ciento de la votación nacional emitida del total de diputados que integran la Cámara de Diputados; para la asignación de los diputados de representación proporcional restantes que correspondan a cada partido político, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:
Artículo 36.
1. ...
a) a k) ...
1. a 4. ...
5. Queda prohibido que durante el tiempo que dure el proceso electoral, el Gobierno Federal realice difusión de cualquier programa gubernamental o la difusión de cualquier obra pública en cualquier medio de comunicación.
Artículo 47.
1. ...
b) a c) ...
3. El tiempo de transmisión y el número de promocionales a los que se refieren, respectivamente, los incisos a) y c) del párrafo 1 de este artículo, se distribuirán entre los partidos con representación en el Congreso de la Unión, de la siguiente manera: 50% en forma igualitaria, y 50% restante en forma proporcional a su fuerza electoral.
Artículo 48.
1. Sólo el Instituto Federal Electoral tendrá el derecho exclusivo de contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto de los partidos o candidatos independientes durante las precampañas y las campañas electorales conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo. Los candidatos sólo podrán hacer uso de los tiempos que les asignen su partido político, o coalición o en su caso el IFE a los candidatos independientes en función del costo promedio de campaña que para tal efecto se establezca, así como en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, párrafo I, inciso c).
2. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral solicitará oportunamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su intervención, a fin de que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, tanto nacionales como de cada entidad federativa, le proporcionen un catálogo de horarios y sus tarifas correspondientes, disponibles para su contratación por el Instituto Federal Electoral para dos periodos: el primero, del 1 de febrero al 31 de marzo del año de la elección; y el segundo, del 1 de abril y hasta 3 días antes del señalado por este código para la jornada electoral. Dichas tarifas no serán superiores a las de la publicidad comercial.
3. (se deroga)
4. (se deroga)
5. (se deroga)
b) (se deroga)
7. El reparto y asignación de los canales, estaciones y tiempos a contratar por el Instituto Federal Electoral, del primer catálogo deberá finalizar a más tardar el 15 de enero del año de la elección para la campaña de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a más tardar el 28 de febrero del mismo año, para las campañas de senadores y diputados. Para el segundo catálogo, el reparto y asignación de los canales y tiempos a contratar por cada partido político, para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, deberá concluir el 15 de abril del mismo año.
8. (se deroga)
9. El uso de los tiempos contratados por el Instituto Federal Electoral en los términos de este código en los medios de cobertura local, los mensajes alusivos a sus candidatos a Presidente, diputados y senadores, sólo podrán transmitirse durante los periodos de campaña a que se refiere el artículo 190, párrafo I, de este código.
10. a 13. ...
14. (se deroga)
Artículo 49.
1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá la siguiente modalidad:
b) (se deroga)
c) (se deroga)
d) (se deroga)
I. a V. ...
- El 50% de la cantidad que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión.
- El 50% restante se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados inmediata anterior.
VI. a VIII. ...
b) ...
I. a II. ...
c) ...
I. a III. ...
Artículo 58.
1. a 9. ...
10. ...
b) Para la elección de diputados, de igual manera deberá registrar las fórmulas de candidatos que considere conveniente.
c) La coalición podrá registrar las fórmulas de candidatos comunes que considere conveniente para la elección de diputados y senadores. Asimismo, podrá registrar una fórmula para la elección de Presidente de la República.
d) Los ciudadanos que deseen participar en la elección de cargos de representación popular podrán registrar su candidatura de manera independiente y sólo deberán cumplir los requisitos que marca el presente código para aspirar a los cargos de elección popular.
e) Dos o más partidos políticos podrán postular a un mismo candidato a cualquiera de los cargos de elección popular, con la sola condición de que el candidato acepte, los votos a favor de cada uno de los partidos se sumarán a la votación total a favor del candidato común.
1. La coalición por la que se postula candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no obliga a que los partidos políticos deban postular a la totalidad de candidatos a diputados federales y senadores de la República por ambos principios.
c) Disfrutará de las prerrogativas en materia de radio y televisión y podrá recibir del Instituto Federal Electoral tiempos en estos medios como si se tratara de un solo partido político. En los casos en que por disposición de este código se tome en cuenta la fuerza electoral, se considerará la del partido coligado que haya obtenido la mayor votación en la última elección federal; y
d) ...
Artículo 66.
1. ...
i) Violen el tope de campaña establecido en esta ley.
j) Se invalide en el curso del mismo proceso electoral la candidatura de quien rebase el tope de financiamiento de campaña, si se llegase a comprobar dicha violación.
1. a 3. ...
4. El Consejero Presidente, y los consejero electorales y distritales al término de su gestión, natural o anticipada, durante 6 años no podrán desempeñar empleo, cargo o comisión en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en el Poder Judicial de la Federación, así como los en los órganos constitucionales autónomos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 182.
1. a 4. ...
5. Se entiende por precampaña el conjunto de actividades que con el fin de obtener la postulación a un cargo de elección popular realicen los militantes o simpatizantes de un partido político.
Las precampañas al interior de un partido político se realizarán dentro de los plazos siguientes:
Los partidos políticos están obligados a incluir el gasto de actividades de precampaña en sus informes de gastos de campaña.
El Consejo General expedirá los lineamientos de gastos de precampaña, que quedarán incluidos en los gastos de topes de campaña.
Queda prohibido a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos la realización de actividades de proselitismo que tienda a difundir la imagen a un aspirante a precandidato fuera de los plazos de inicio de precampañas, atendiendo a las fechas de registro de candidatos previstas en este código. Cualquier infracción a la presente disposición se sancionará con la cancelación de registro del aspirante que haya obtenido el triunfo para ser registrado como candidato.
Artículo 182-A.
1. a 5. ...
6. Los partidos políticos deberán contabilizar sus gastos de precampañas para ser considerados como partes del tope máximo de gastos de campañas.
Artículo 190.
1. a 5. ...
6. El Instituto organizará de manera obligatoria como mínimo tres debates públicos para la elección de Presidente de la República. Dicho debate deberá ser moderado por una personalidad académica o profesional de probada solvencia moral y sobrada capacidad en su ámbito laboral. Asimismo, el Instituto apoyará su difusión en los diferentes medios electrónicos de comunicación masivos e impresos.
7. Los precandidatos a cargos de elección popular podrán realizar precampañas políticas para aspirar a representar a sus partidos en las elecciones que se celebren conforme a lo establecido en la presente ley. Para tal efecto, el tiempo de precampaña en ningún caso deberá exceder el tiempo establecido para las campañas oficiales, tal como se establece en el numeral 1 de este artículo.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos que deberán distribuirse en los siguientes porcentajes: 50 por ciento al Gobierno Federal para que los dedique a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Otro 50 por ciento deberá destinarse para que los partidos políticos difundan sus programas y plataformas electorales.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días de marzo de dos mil cuatro.
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Alejandro González Yánez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan A. Guajardo Anzaldúa, Oscar González Yáñez (rúbrica), Joel Padilla Peña (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
de Gobernación, y de Participación Ciudadana, con opinión
de la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Marzo 25 de
2004.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 88 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MENDEZ SALORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE MARZO DE 2004
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino A. Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.
Exposición de Motivos
La globalización ha propiciado que las relaciones entre Estados se hayan vuelto más intensas y estrechas, obligando con frecuencia al titular del Poder Ejecutivo a realizar, en su carácter de Jefe de Estado, viajes fuera del país, a efecto de cumplir con las atribuciones que la propia constitución le da en el ámbito de las relaciones exteriores.
El encuentro con otros jefes de Estado, con directivos de organismos internacionales, o simplemente, con líderes políticos de otros países, forma parte cotidiana de la agenda presidencial, por razones plenamente justificadas, todas ellas relacionadas con el interés colectivo de la nación. Ya que en materia de política exterior, el Poder Ejecutivo debe colmar las atribuciones que la Constitución y las leyes secundarias le otorgan y ampliarlas, en la medida que ello abone en la ruta de la transformación democrática.
No obstante, para poder ausentarse en cualquier caso del territorio nacional el Ejecutivo debe, de conformidad con el artículo 88 Constitucional, solicitar y obtener el permiso previo de parte del Congreso de la Unión. No obstante y si bien, esta disposición se justificó en sus orígenes1 para impedir que el gobierno se quedase sin su instancia máxima de decisión y que el Ejecutivo se mantuviese alejado del conocimiento de los problemas nacionales; hoy en día, ante el impresionante avance de las telecomunicaciones, carece de sustento.
Puesto que la ausencia del territorio nacional del Presidente de la República no implica que el Poder Ejecutivo federal quede sin la instancia que es capaz de adoptar decisiones para afrontar problemas imprevistos o repentinos. La ausencia del territorio nacional del Presidente por períodos cortos se ha convertido en una actividad rutinaria, que al realizarse no rompe los vínculos del titular del Ejecutivo con la Administración Pública Federal ni con el conocimiento de lo que pasa en el país.
Sin duda, el asunto de los viajes al extranjero del Presidente de la República ha cobrado especial relevancia a partir de la alternancia en el Poder Ejecutivo y de la pluralidad en el Poder Legislativo.
Es por ello, que proponemos reformar la disposición constitucional en comento para facilitar al Ejecutivo el desarrollo de una actividad que, como ésta, se ha vuelto habitual; además de adelgazar la de por sí ya abultada agenda de actividades del Poder Legislativo, limitando la obligación del Presidente de la República de solicitar permiso para viajar al extranjero solamente en aquellos casos en que la ausencia deba prolongarse por más de treinta días, bastando en el caso contrario simplemente dar aviso al Congreso o a la Comisión Permanente, según corresponda.
No obstante, para garantizar el pleno conocimiento por parte de los legisladores de la agenda y utilidad de los viajes que realiza el Ejecutivo, la propuesta establece la obligación del Presidente de hacer explícito en el documento de notificación de un viaje -cuando éste sea menor a treinta días- o en la solicitud de autorización para viajar al extranjero -en ausencias mayores a treinta días- los beneficios que el mismo traerá aparejados para nuestro país.
Por lo tanto, en atención a lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados del Partido Verde Ecologista de México, proponemos la siguiente reforma del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometiendo a esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de
Decreto mediante el cual se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Unico.- Se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 88.- El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional por más de treinta días sin el permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso.
En el supuesto de que la ausencia sea menor a treinta días, bastará que el Presidente de aviso del mismo, según corresponda, al Congreso o a la Comisión Permanente.
En todo caso, el Ejecutivo, al dar aviso al Congreso, deberá justificar su utilidad; así como posteriormente enviar un informe que contenga los logros alcanzados, como las actividades oficiales que realizó durante su ausencia del territorio nacional.
Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de marzo de 2004.
Nota:
1 El artículo 112 de la Constitución de
1824, señalaba las restricciones a las facultades del Presidente,
en la fracción quinta mencionaba que tanto dicho funcionario como
el vicepresidente no podían, sin permiso del Congreso, salir del
territorio de la República durante su encargo, y un año después.
En la Constitución federal de 1857 el supuesto fue regulado de una manera más rígida: "El Presidente no puede separarse del lugar de la residencia de los poderes federales, ni del ejercicio de sus funciones sin motivo grave calificado por el Congreso, y en sus recesos, por la Diputación Permanente".
Diputados:. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Marzo 25 de 2004.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE MARZO DE 2004
Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41, fracción II, inciso a, y el párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Desde que las reglas del juego político se transparentaron con la aprobación en 1990 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que mandató la creación del Instituto Federal Electoral, así como la reforma constitucional electoral de 1996 que otorgó autonomía al IFE, los procesos electorales cobraron credibilidad en nuestro país.
Sin embargo, es preciso señalar que la autonomía del IFE y la creación de las nuevas reglas del fuego político fue el resultado de las transformaciones que se operaron en la sociedad mexicana desde los años sesenta del siglo XX.
Entre los factores de esta transformación se encuentran el proceso de concentración urbana y el mayor desarrollo cultural de nuestro pueblo, que se convirtieron en factores de peso para que la sociedad mexicana se volviera más crítica y participativa.
Por lo tanto, cuando arribamos al siglo XXI, el México moderno requiere de nuevas instituciones en todos los ámbitos que se correspondan con el nivel alcanzado por su desarrollo industrial, urbano y cultural.
En este contexto, para poder cumplir con el papel que le asigna la Constitución a los partidos políticos, en correspondencia con las nuevas exigencias que plantea el desarrollo logrado por la sociedad mexicana, se requiere conformar un sistema político con reglas claras y equitativas, pero también con criterios de eficiencia y racionalidad.
En este sentido, es de vital importancia modificar la fórmula del financiamiento a los partidos políticos, que conforme a la Ley vigente es de 30 y 70 por ciento, la cual consideramos que no refleja la equidad que debe existir en toda competencia electoral, en un contexto caracterizado por la competitividad en todos los ámbitos de la realidad nacional.
En ese sentido, proponemos que el nuevo esquema de financiamiento a los partidos políticos debe ser igualitaria en un 50 por ciento y el restante 50 por ciento en forma proporcional a su votación nacional emitida en la elección de diputados inmediata anterior.
Por otra parte, estamos a favor de que se prohíba por un tiempo determinado al Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales a nivel federal, así como distrital, para que no puedan acceder a cargos públicos ni de representación popular para evitar la partidizacion de dichos consejeros y garantizar su total imparcialidad y reforzar la credibilidad de las instituciones electorales del país.
La nueva democracia que espera la sociedad mexicana exige cambios de fondo a las leyes electorales, porque es la única manera de hacer corresponder el nivel de desarrollo que ha alcanzado su participación política y garantizar el respeto de sus decisiones.
Compañeras y compañeros diputados:
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41, fracción II, inciso a, y el párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero: se reforma el artículo 41 fracción II, inciso a, y el párrafo cuarto de la fracción III, para quedar como sigue:
Artículo 41. Fracción II inciso a. El 50 por ciento de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 50 por ciento restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
...
...
"El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales..." El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales al término de su gestión, natural o anticipada, durante 6 años no podrán desempeñar empleo, cargo o comisión en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial de la Federación, así como en los órganos constitucionales autónomos previstos en esta constitución.
Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil cuatro.
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan A. Guajardo Anzaldúa, Oscar González Yáñez (rúbrica), Joel Padilla Peña (rúbrica), Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales,
con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
Marzo 25 de 2004.)
QUE REFORMA EL TITULO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE MARZO DE 2004
Un grupo de diputados federales militantes del Partido Revolucionario Institucional comprometidos con las reformas que requiere México, hemos trabajado en la elaboración de una iniciativa para la revisión y en su caso reforma integral del Titulo Cuarto de la Constitución y al artículo 61 de la misma, en materia de responsabilidad de servidores públicos.
Sostenemos que el avance democrático del país pasa necesariamente por la revisión de las normas que precisan los principios y valores a que debe sujetarse la actuación de los servidores públicos, así como de las leyes que regulan sus responsabilidades y determinan las vías para sancionarlos, cuando incurren en una falta política, administrativa o penal.
La reforma que impulsamos asume que los servidores públicos tenemos un compromiso mayor con la sociedad y que nuestro actuar debe ser ejemplar.
Sostenemos también que la transición democrática se ha visto afectada por los abusos y la imposibilidad de sancionarlos, en razón de una normatividad limitada y deficiente y de que la misma es aplicada por órganos que no atienden solo a lo jurídico, sino fundamentalmente a lo político.
Es necesario pues modificar la ley para contribuir a transformar la realidad, por ello, proponemos una revisión integral al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos y a los procedimientos para sancionarlos en caso de que se aparten de los principios y vulneren las normas que deben regular su actividad.
Hace más de dos décadas que este Título se reformó de manera integral.
Hoy es necesaria una nueva revisión de este apartado fundamental de nuestra Carta Magna, para precisar el compromiso de los servidores públicos con los principios y valores.
Principios
Por ello, se hace explícita en la reforma propuesta la obligación de los servidores públicos de desempeñar su función apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y se agrega el de equidad, que debe ser también norma sustantiva en el actuar.
Fuero, inviolabilidad y desafuero
La violación o el no apego a estos principios debe generar necesariamente una sanción, sin afectar la función de los órganos constitucionales.
La protección constitucional a quienes tienen a su cargo estas funciones está hoy en el debate público.
Es incontrastable que algunas de las instituciones vigentes, han perdido credibilidad y prestigio, y aún más, la sociedad les da una connotación negativa.
Es el caso del fuero constitucional que protege a los servidores públicos de alto rango y en particular a los legisladores.
El abuso y deformación de esta figura -indispensable sin duda para garantizar la integración y la autonomía del Parlamento- han llevado a los ciudadanos a darle una valoración negativa y en muchas ocasiones de rechazo.
La confusión entre inviolabilidad y fuero, entre libertad plena de expresión y de voto de los parlamentarios y protección constitucional para que solo se proceda en su contra previa autorización de la Cámara de Diputados, afecta a ambas figuras constitucionales, por lo que es indispensable diferenciarlas para prestigiarlas.
En todo caso, el interés del Parlamento es su autonomía y la plena libertad de sus integrantes, su inviolabilidad, pero también debe interesarle la aplicación expedita y oportuna de la ley cuando alguno de ellos la quebrante.
El fuero no debe ser un obstáculo político insalvable para que la autoridad proceda en contra de quien presuntamente actuó fuera de la ley y cometió un delito.
En todo caso, conviene al prestigio del propio parlamento un actuar eficaz de la autoridad, en la medida en que no afecte las facultades constitucionales del órgano legislativo o su propia integración.
Es igualmente inconcuso que los procedimientos de desafuero ante este órgano legislativo necesariamente están condicionados por razones de carácter partidista y atienden a motivaciones que no siempre son las estrictamente legales.
Por ello se propone que sea un órgano ajeno el que analice la procedencia del desafuero desde una perspectiva estrictamente jurídica y que, en el caso del Congreso, las Cámaras conserven una potestad final de actuar cuando se pudiera afectar su integridad.
Así, esta facultad quedaría en manos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, previa querella de la Procuraduría General de la República, y respetando la garantía de audiencia del inculpado y las reglas del debido proceso, emitiría una declaratoria analizando la existencia del delito, la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita, que son los mismos elementos jurídicos que analizan los órganos instructores de esta Cámara en los procesos de desafuero.
Este procedimiento, estrictamente jurídico, desarrollado ante un órgano jurisdiccional en un lapso no mayor de treinta días, generaría certidumbre y la plena convicción de imparcialidad.
Se propone también en la iniciativa precisar en la Constitución que cuando el servidor público goce de licencia, no se requerirá declaratoria de desafuero para proceder en su contra. Esto resolvería la polémica jurídica en torno a este tema.
Se presenta también una propuesta de adición al artículo 61 para abrir la posibilidad de que un legislador sea detenido si comete un delito grave y es sorprendido en flagrancia.
Igualmente, se plantea precisar el lapso en que tiene vigencia la protección del fuero en el caso de los legisladores y al efecto se propone que éste se inicie desde el momento en que se expidan las correspondientes constancias de mayoría y validez o de asignación que les acrediten como tales, hasta el día en que concluya su función.
Responsabilidad penal del Presidente de la República
En el caso de la responsabilidad penal del Presidente, se propone precisar que podrá ser encauzado por traición a la patria y delitos graves del orden federal y del orden común, para resolver el debate constitucional al respecto.
Se plantea también cambiar el proceso para la aplicación de sanciones penales, de tal manera que éste no continúe a cargo de las Cámaras del Congreso, sino que pase al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que, al recibir la querella correspondiente, analizará la procedencia de la misma y en su caso continuará la tramitación del juicio hasta concluirlo.
El método de sustitución que se propone en el caso extremo de una sentencia condenatoria es encargar la titularidad del Ejecutivo al Presidente del Senado de la República en tanto el Congreso hace uso de sus facultades de sustitución.
Juicio Político
En el juicio político se mantiene la potestad del Congreso para actuar como órgano de acusación y sentencia y se incorpora la posibilidad de instaurarlo contra el Presidente de la República, en el caso de que sus actos atenten de manera reiterada contra la Constitución, la soberanía nacional, la seguridad interna del país, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los demás poderes de la unión y el ejercicio de los derechos políticos individuales y sociales.
Con lo anterior nuestro país dejaría atrás una de las últimas expresiones del presidencialismo omnímodo, para asumir que el Ejecutivo puede equivocarse y que su actuación negativa puede ser sometida a juicio por la representación nacional, al extremo de poderlo remover del cargo.
En prácticamente todos los países democráticos con régimen presidencial existe esta figura.
Se plantea que en el extremo de la remoción del titular del Ejecutivo, opere un sistema de sustitución inmediata en la persona del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto el Congreso no determina la sustitución temporal o definitiva en términos de los artículos 84 y 85 de la Constitución.
Responsabilidad patrimonial
Para prestigiar la política y dar esperanza a los ciudadanos, es preciso fortalecer valores, recuperar principios y apegar la conducta de todos a la legalidad.
Los fenómenos de corrupción, de abuso del fuero, la exposición pública de la arbitrariedad y la impunidad, han lastimado gravemente a la política.
Hay una severa exigencia social en la dirección de asumir el servicio publico como tal, alejado de visiones patrimonialistas y corruptas.
Se exige apego a la ley y transparencia, en particular en lo que se refiere a las cuestiones patrimoniales.
Por esta razón, en la iniciativa se propone precisar a nivel constitucional la obligación de los servidores públicos de presentar una declaración patrimonial juramentada, como requisito previo para tomar posesión del cargo.
Esta declaración contendría dos elementos adicionales: sería publicada y contendría la autorización expresa para dejar sin efecto el secreto bancario, fiduciario o fiscal que protege los bienes y derechos del declarante.
Régimen de incompatibilidades
Hay también un severo reclamo social contra la confusión y el conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública.
Por ello, se propone regular en un artículo un régimen de incompatibilidades, de tal manera que el servidor público no pueda desempeñar otro cargo o empleo público o privado incompatible, ni gestionar en nombre propio o ajeno ante las entidades de la administración publica, asuntos en los que el servidor publico tenga directa o indirectamente interés económico, o celebrar contratos con cualquier institución publica o privada vinculada de alguna manera a intereses públicos.
Se plantea considerar como causal de juicio político y por tanto de destitución del cargo el incurrir en alguno de estas conductas.
Sanciones
Se propone adicionalmente hacer más estricto el régimen de sanciones, de tal manera que, cuando se afecte intencionalmente el patrimonio del Estado, los plazos de prescripción se dupliquen y no proceda ni el indulto, ni la amnistía, ni la conmutación de la pena.
La iniciativa pretende iniciar un debate a fondo sobre el sistema de responsabilidad de los servidores públicos, para prestigiar la política, para fortalecer la democracia, para responder con eficacia al claro reclamo social.
En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución, los suscritos diputados federales presentamos la presente
Iniciativa de reformas y adiciones al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 108 a 114, y al artículo 61 de la misma Norma Suprema, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se reforma el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Título Cuarto
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos
y Patrimonial del Estado
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Titulo son servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los servidores del Instituto Federal Electoral, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la entidad de fiscalización superior de la Federación, del banco central y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, o en la del Distrito Federal.
Los servidores públicos deben desempeñar su función apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y eficiencia; serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Los gobernadores de los estados, los integrantes de los ayuntamientos, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Las Constituciones de los estados precisarán, en los mismos términos de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios.
Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes bases:
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
No procederá el juicio político por la mera expresión de ideas;
II. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Dichas sanciones consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como penas económicas que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones. No podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencias de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción II de este artículo. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años y se duplicarán si afectaron el patrimonio del Estado.
III. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación respectiva y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.
La responsabilidad por delitos cometidos por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal. Nunca serán inferiores a tres años y se duplicarán en el caso de delitos intencionales que hubieren causado una afectación patrimonial al Estado.
Los plazos de prescripción se interrumpirán en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 110.
En delitos intencionales cometidos contra el patrimonio del Estado no procederá amnistía, indulto ni la conmutación de la pena.
IV. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente.
V. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.
VI. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá ningún trámite previo para proceder en su contra.
El Presidente de la República sólo podrá ser sometido a juicio político por actos que atenten de manera reiterada contra:
Conociendo de la acusación, la Cámara de Senadores erigida en jurado de sentencia, practicará las diligencias correspondientes con audiencia del acusado y con el voto de las dos terceras partes del total de senadores integrantes de esa Cámara dictará resolución.
Si ésta fuera condenatoria, el Presidente de la República quedará separado de su cargo y su lugar lo ocupará el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta en tanto el Congreso ejerza las facultades de sustitución que le otorgan los artículos 83 y 84 de esta Constitución.
Si la resolución fuere absolutoria el expediente se archivará y se ordenará dar amplia difusión a la misma.
En el caso de juicio político en contra de los demás servidores públicos, el procedimiento será similar, pero sólo se requerirá mayoría absoluta del número de miembros presentes en la sesión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Las resoluciones de ambas Cámaras son definitivas e inatacables.
Los gobernadores de los estados, los diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de tres meses a partir de iniciado el procedimiento.
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los servidores públicos mencionados en el artículo anterior se requerirá declaratoria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa querella de la Procuraduría General de la República.
No es necesaria dicha declaratoria en el caso de los magistrados de circuito y jueces de distrito, magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
La declaratoria se limitará a establecer la existencia del delito, la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita.
El Presidente de la República solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del fuero federal y del fuero común.
Si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que hay elementos suficientes para enjuiciar al Presidente de la República, lo comunicará a la Cámara de Diputados y al Senado de la República y seguirá conociendo de la causa hasta dictar resolución definitiva.
Si la resolución fuere condenatoria, el Presidente de la República quedará separado de su cargo y el Presidente del Senado de la República ocupará su lugar hasta en tanto el Congreso ejerza las facultades de sustitución que le otorgan los artículos 83 y 84 de esta Constitución.
Si la resolución fuere absolutoria el expediente se archivará y se ordenará dar amplia difusión a la misma.
En el caso de senadores y diputados federales, la declaratoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comunicará a sus respectivas Cámaras para que éstas, en su caso, procedan a remover el fuero constitucional a los inculpados, quedando así a disposición de las autoridades competentes.
En lo que se refiere a los demás servidores públicos la declaratoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá como efectos la remoción del fuero constitucional y la separación de su cargo.
Para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto la declaratoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
Tanto las declaratorias como las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán el carácter de definitivas e inatacables.
En todos los casos se respetarán las garantías del inculpado y las reglas del debido proceso.
Las declaratorias acerca de la remoción del fuero deberán, salvo caso excepcional, dictarse en un lapso no mayor de treinta días a partir de la fecha en que se presente la querella respectiva.
No se requerirá declaratoria cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 110 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo o goce de licencia.
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones o a sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 110, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.
Si el proceso penal respectivo culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
Artículo 112. Los servidores públicos deberán presentar al inicio y al término de su gestión una declaración patrimonial, bajo protesta de decir verdad. No podrán tomar posesión del cargo para el cual hubieren sido electos o designados, hasta no hacerlo.
Dicha declaración contendrá la autorización para que, de ser necesario, quede sin efecto el secreto bancario, fiduciario o fiscal que protege sus bienes y derechos.
La declaración patrimonial será publicada en la forma y términos que determine la ley respectiva.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos y no puedan justificar su procedencia lícita. La sanción será el decomiso, la privación de la propiedad de dichos bienes y las otras penas que correspondan.
Artículo 113. Los servidores públicos no podrán desempeñar otro cargo o empleo público o privado incompatible con su responsabilidad.
Será causal de juicio político el hacerlo, así como gestionar en nombre propio o ajeno ante las entidades de la administración pública, asuntos en los que el servidor público tenga directa o indirectamente un interés económico y celebrar contratos con cualquier institución pública o privada que administre, maneja o invierta recursos públicos, o sea contratista del Estado o reciba donaciones de éste.
Se exceptúan el ejercicio de la cátedra universitaria y la adquisición de bienes y servicios que se ofrezcan a los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Artículo 114. La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa y regular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
No podrán ser arrestados desde el día en que se expidan las correspondientes constancias de mayoría y validez o de asignación que los acrediten como tales, hasta cuando concluya su función, salvo el caso de delito grave cometido en flagrancia, entonces se dará cuenta a la Cámara respectiva y al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que procedan conforme lo dispone el artículo 111 de esta Constitución.
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Transitorios
Primero. La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su aprobación por el Constituyente Permanente.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación en materia de responsabilidad de servidores públicos en un lapso que no exceda de seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta reforma.
Tercero. En el lapso en que se reforman las leyes reglamentarias seguirán aplicándose las normas constitucionales y legales vigentes a la fecha.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.
Diputados: Miguel Angel Yunes Linares, Rafael Moreno Valle, José Angel Ibáñez Montes, Moisés Jiménez Sánchez, Angel Aguirre Rivero, José Adolfo Murat Macías, Guillermo Aréchiga Santamaría, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Francisco Suárez Dávila, Bernardo Vega Carlos, Francisco Rojas Gutiérrez, Evelia Sandoval Urbán, Oscar Pimentel González, Roberto Campa Cifrián, Esthela Ponce Beltrán, Oscar Martín Ramos Salinas, Humberto Martínez de la Cruz, Juan Bustillos Montalvo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, Pablo Anaya Rivera, Gonzalo Guízar Valladares, Concepción Castañeda Ortiz, José Alfonso Muñoz Muñoz, Héctor Gutiérrez de la Garza, Margarita Martínez López, María del Carmen Izaguirre Francos, Marco A. Torres Hernández, Lázaro Arias Martínez, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Alfonso González Ruiz, Humberto Cervantes Vega, Marcela Guerra Castillo, Ivonne Ortega Pacheco, Jesús Zúñiga Romero, Fermín Trujillo Fuentes, José Luis Briones Briceño, Florentino Domínguez Ordóñez, Jesús Aguilar Bueno, Jorge Romero Romero, Miguel Angel Osorio Chong, Oscar Bitar Haddad, Ernesto Alarcón Trujillo (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Marzo 25 de 2004.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SALUDA AL PUEBLO ESPAÑOL, PARTICULARMENTE A SU PRESIDENTE ELECTO, SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, Y AL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, POR SU TRIUNFO EN LOS COMICIOS DEL 14 DE MARZO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE MARTINEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE MARZO DE 2004
Las y los legisladores suscritos, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, PRI, PVEM y Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
2.- Que el pueblo español vivió la peor de sus tragedias en más de medio siglo, con los recientes atentados terroristas perpetrados el pasado 11 de marzo, en los que 200 personas perdieron la vida.
3.- Que es un atentado cuyas principales víctimas fueron jóvenes obreros, estudiantes y empleados; un atentado brutal y sanguinario que bajo ningún concepto puede ser aceptado y menos justificado.
4.- Que tres días después, el pueblo español, en un acto de madurez, debió ir a las urnas para emitir su voluntad soberana en medio del dolor.
5.- Que el proceso electoral por el que hoy las verdaderas fuerzas amantes de la paz en el mundo celebran la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno de España, se ha dado en el marco de la democracia que permite a su pueblo escoger libremente a sus gobernantes, dando base y sustento a lo que conocemos como principio de autodeterminación de los pueblos, valor de la política interna y externa de un país, y una de las principales garantías para la democracia y la paz en el mundo.
6.- Que el triunfo del candidato del Partido Socialista Obrero Español es el resultado del repudio del pueblo a la participación del gobierno español en la guerra de Estados Unidos contra Irak.
7.- Que a pesar de la incesante manipulación informativa, el pueblo español hizo patente que guarda una concepción amplia del terrorismo al que el mundo, y particularmente ellos, recientemente se han enfrentado, asumiendo que se trata de un flagelo con múltiples causas, orígenes y formas de aplicación; todas ellas condenables.
8.- Que el pueblo español ha demostrado en esta jornada electoral su capacidad para hacer valer los principios y valores que mayoritariamente comparten, así como su poder para juzgar a sus gobiernos y remover a las opciones políticas que han traicionado la confianza que anteriormente depositaran en ellos.
9.- Que el nuevo gobierno ha manifestado que considera la lucha contra el terrorismo como una prioridad inmediata, así como su intención de combatirlo trabajando arduamente en favor de la unidad y la paz de su pueblo. Asimismo, ha manifestado su plena voluntad por el diálogo interno y externo.
Punto de Acuerdo
Primero: Esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa sus condolencias y solidaridad fraterna al hermano pueblo de España, por la muerte de civiles, como consecuencia de los condenables actos terroristas perpetrados el pasado 11 de marzo.
Segundo: Saluda al Presidente electo de España, señor José Luis Rodríguez Zapatero, y hace votos porque el nuevo gobierno sepa cumplir los compromisos asumidos para lograr la paz y la unidad que reclama ese pueblo hermano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.
Diputados: José Alberto Aguilar Iñárritu,
Jorge Martínez Ramos, Jorge Kahwagi Macari, Jesús González
Schmal (rúbricas).
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
Dip. Julián Angulo Góngora
Presidente de la Comisión de Gobernación
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo que establece el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 9 de diciembre de 2003.
Se turna a la Comisión de Equidad y Género.
México, DF, a 23 de marzo de 2004.
Amalín Yabur Elías (rúbrica)
Diputada Secretaria
Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Diputada Secretaria
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo que establece el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 9 de diciembre de 2003.
Se turna a la Comisión de Equidad y Género.
México, DF, a 23 de marzo de 2004.
Amalín Yabur Elías (rúbrica)
Diputada Secretaria
Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Diputada Secretaria
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada por la diputada Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 21 de enero de 2004.
Se turna a la Comisión de Equidad y Género.
México, DF, a 23 de marzo de 2004.
Amalín Yabur Elías (rúbrica)
Diputada Secretaria
Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Diputada Secretaria
Dip. Julián Angulo Góngora
Presidente de la Comisión de Gobernación
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada por la diputada Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 21 de enero de 2004.
Se turna a la Comisión de Equidad y Género.
México, DF, a 23 de marzo de 2004.
Amalín Yabur Elías (rúbrica)
Diputada Secretaria
Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Diputada Secretaria
Dip. Agustín Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona un artículo 170-A a la Ley Federal del Trabajo y adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 9 de diciembre de 2003.
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
México, DF, a 23 de marzo de 2004.
Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Diputada Secretaria
Marcos Morales Torres (rúbrica)
Diputado Secretario
Dip. Enrique Burgos García
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona un artículo 170-A a la Ley Federal del Trabajo y adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 9 de diciembre de 2003. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
México, DF, a 23 de marzo de 2004.
Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Diputada Secretaria
Marcos Morales Torres (rúbrica)
Diputado Secretario
Sesión de Instalación
8 de octubre de 2003
1. Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente (PRD)
2. Francisco Luis Monárrez Rincón, secretario
(PRI)
3. Alfonso Juventino Nava Díaz, secretario (PRI)
4. José Juan Bárcenas González,
secretario (PAN)
5. Daniel Ordóñez Hernández (PRD)
6. Luis Felipe Madrigal Hernández (PRI)
7. Israel Tentory García (PRD)
8. Sonia Rincón Chanona (PRI)
9. José Alfonso Muñoz Muñoz (PRI)
10. Alfonso González Ruiz (PRI)
11. Gaspar Avila Rodríguez (PRI)
12. Alfredo Rodríguez y Pacheco (PAN)
13. Irene Herminia Blanco Becerra (PAN)
14. Huberto Aldaz Hernández (PAN)
15. Gerardo Ulloa Pérez (PRD)
16. Valentín González Bautista (PRD)
17. Felipe de Jesús Díaz González
(PAN)
18. Luis Andrés Esteva Melchor (PAN)
19. Arturo Robles Aguilar (PRI)
Primera Sesión Plenaria (Primera Convocatoria)
Reunión de Información
23 de octubre de 2003
1. Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente (PRD)
2. José Juan Barcenas González, secretario
(PAN)
3. Huberto Aldaz Hernández (PAN)
4. Irene Herminia Blanco Becerra (PAN)
5. Luis Andrés Esteva Melchor (PAN)
6. Manuel Gómez Morín Martínez del
Río (PAN)
7. Valentín González Bautista (PRD)
8. Daniel Ordóñez Hernández (PRD)
9. Javier Orozco Gómez (PVEM)
10. Sonia Rincón Chanona (PRI)
11. Alfredo Rodríguez y Pacheco (PAN)
12. Israel Tentory García (PRD)
13. Gerardo Ulloa Pérez (PRD)
Primera Sesión Plenaria
26 de noviembre de 2003
1. Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente (PRD)
2. Francisco Luis Monárrez Rincón, secretario
(PRI)
3. Alfonso Nava Díaz, secretario (PRI)
4. José Juan Bárcenas González,
secretario (PAN)
5. Huberto Aldaz Hernández (PAN)
6. Gaspar Avila Rodríguez (PRI)
7. Irene Herminia Blanco Becerra (PAN)
8. Felipe de Jesús Díaz González
(PAN)
9. Luis Andrés Esteva Melchor (PAN)
10. Manuel González Reyes (PAN)
11. Cruz López Aguilar (PRI)
12. José Alfonso Muñoz Muñoz (PRI)
13. Daniel Ordóñez Hernández (PRD)
14. Javier Orozco Gómez (PVEM)
15. Arturo Robles Aguilar (PRI)
16. Alfredo Rodríguez y Pacheco (PAN)
17. Gerardo Ulloa Pérez (PRD)
Segunda Sesión Plenaria
10 de diciembre de 2003
1. Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente (PRD)
2. Francisco Luis Monarrez Rincón, secretario
(PRI)
3. Alfonso Nava Díaz, secretario (PRI)
4. José Juan Barcenas González, secretario
(PAN)
5. Huberto Aldaz Hernández (PAN)
6. Gaspar Avila Rodríguez (PRI)
7. Irene Herminia Blanco Becerra (PAN)
8. Lino Celaya Luría (PRI)
9. Luis Andrés Esteva Melchor (PAN)
10. José Julio González Garza (PAN)
11. José Alfonso Muñoz Muñoz (PRI)
12. Daniel Ordóñez Hernández (PRD)
13. Sonia Rincón Chanona (PRI)
14. Alfredo Rodríguez y Pacheco (PAN)
15. Israel Tentory García (PRD)
16. Gerardo Ulloa Pérez (PRD)
17. Adrián Villagómez García (PRI)
Tercera Sesión Plenaria
28 de enero de 2004
1. Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente (PRD)
2. Alfonso Nava Díaz, secretario (PRI)
3. Francisco Luis Monárrez Rincón, secretario
(PRI)
4. José Juan Bárcenas González,
secretario (PAN)
5. Huberto Aldaz Hernández (PAN)
6. Concepción Olivia Castañeda Ortiz (PRI)
7. Luis Andrés Esteva Melchor (PAN)
8. David Ferreira Martínez (PRD)
9. Manuel Gómez Morín Martínez del
Río (PAN)
10. Manuel González Reyes (PAN)
11. José Alfonso Muñoz Muñoz (PRI)
12. Javier Orozco Gómez (PVEM)
13. Daniel Ordóñez Hernández (PRD)
14. Arturo Robles Aguilar (PRI)
15. Gerardo Ulloa Pérez (PRD)
16. Adrián Villagómez García (PRI)
Cuarta Sesión Plenaria
24 de febrero de 2004
1. Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente (PRD)
2. Alfonso Nava Díaz, secretario (PRI)
3. Francisco Luis Monárrez Rincón, secretario
(PRI)
4. José Juan Bárcenas González,
secretario (PAN)
5. Huberto Aldaz Hernández (PAN)
6. Lino Celaya Luría (PRI)
7. Felipe de Jesús Díaz González
(PAN)
8. Luis Andrés Esteva Melchor (PAN)
9. David Ferreyra Martínez (PRD)
10. Valentín González Bautista (PRD)
11. José Julio González Garza (PAN)
12. Alfonso González Ruiz (PRI)
13. José Alfonso Muñoz Muñoz (PRI)
14. Daniel Ordóñez Hernández (PRD)
15. Alfredo Rodríguez y Pacheco (PAN)
16. Israel Tentory García (PRD)
17. Gerardo Ulloa Pérez (PRD)
18. Adrián Villagómez García (PRI)
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE SU NOVENA REUNION PLENARIA, QUE TUVO LUGAR EL MIERCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos d) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se citó a los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería a reunión plenaria de trabajo el 5 de noviembre de 2003, en la sala de juntas de la Comisión de Agricultura a las 15:00 horas, para desahogar los asuntos de su competencia, bajo el siguiente
Orden del Día
Diputados: Cruz López Aguilar, Juan Manuel Dávalos Padilla, Mario Ernesto Dávila Aranda, Diego Palmero Andrade, Antonio Mejía Haro, Julián Nazar Morales, Lázaro Arias Martínez, José María de la Vega Lárraga, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio, Javier Castelo Parada, Marcelo Herrera Herbert, Víctor Suárez Carrera, Gonzalo Moreno Arévalo, Gaspar Avila Rodríguez, Esteban Valenzuela García, Arturo Robles Aguilar.
Asimismo, se contó con la presencia de los siguientes CC.
Diputados: María Hilaria Domínguez Arvizu, Gonzalo Alemán Migliolo, Rogelio Rueda Sánchez. Tomando la lista de asistencia se registró un total de 17 diputados integrantes de la Comisión, más tres diputados interesados en la reunión, por lo que se declaró la existencia del quórum necesario para iniciar la sesión de trabajo.
De acuerdo con la rotación de la Secretaría para conducir las reuniones, corresponde el turno al diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que el diputado Presidente de la Comisión le solicitó conducir los trabajos de la presente reunión.
En su oportunidad, el diputado Presidente de la Comisión expresó a los asistentes a la reunión que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, existían algunas inconsistencias entre el anexo 1 y el anexo 17 correspondiente al Programa Especial Concurrente del propio decreto, por lo que se está trabajando los equipos técnicos de las comisiones del sector rural con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para lograr finalmente asentar con claridad la reasignación de los 10,800 millones de pesos en el programa especial concurrente y concuerde las cifras asentadas entre el anexo 1 y el anexo 17 así como el anexo 20, 21 y el 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos.
También se estableció por los diputados integrantes a la reunión mantener un contacto permanente con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que el Gobierno Federal cumpla a cabalidad los compromisos que se desprenden del propio Decreto de Presupuesto como lo es entre otras cosas la publicación de las reglas de operación que tendrían que estar publicadas en el Diario Oficial el próximo 15 de febrero del año en curso.
Finalmente, los diputados integrantes de la Comisión y asistentes a la reunión establecieron tener contacto con funcionarios de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, para conocer la situación actual, problemática y futuro del sector azucarero, así como de los ingenios expropiados por el Gobierno Federal y los ingenios que han sido recuperados por los particulares vía los amparos que interpusieron.
El desarrollo de esta reunión de trabajo se llegó a los siguientes
Acuerdos
1. Sostener una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para que, junto con los legisladores de la Comisión, se elabore un calendario con la finalidad de dar seguimiento a los compromisos que con el sector rural se mandatan en el decreto de Presupuesto de Egresos y que deberán ser cumplimentados por las distintas dependencias del Ejecutivo federal.
2. Que por conducto de la Presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería se cite al titular o encargado del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), para que explique la situación que actualmente guarda el sector azucarero en el país.
3. Llevar a cabo una reunión con expertos en la materia que den una visión de largo plazo sobre el desarrollo integral del sector azucarero.
Agotados los asuntos en cartera del orden del día, se clausuró la reunión a las 17:35 horas.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, firman al calce por la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3, numeral 2, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la H. Cámara de Diputados, se instruye a la Secretaría
Técnica publicar la presente acta en la Gaceta Parlamentaria.
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE SU SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA, LLEVADA A CABO EL MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2003
En la Ciudad de México Distrito Federal y de conformidad con lo establecido en los artículos 44 numeral 1; 45, numeral 6, incisos d) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos así como el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; se citó a los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería a reunión extraordinaria de trabajo para hacer la entrega formal del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2004 del Sector Rural, elaborado en Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Asuntos Indígenas, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pesca, Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el día 10 de diciembre de 2003 en el salón Legisladores a las 10:00 horas, bajo el siguiente
Orden del Día
Diputados: Cruz López Aguilar, Gonzalo Ruiz Cerón, Mario Ernesto Dávila Aranda, Diego Palmero Andrade, Antonio Mejía Haro, Julián Nazar Arias, Gaspar Avila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor, Juan Manuel Vega Rayet, Esteban Valenzuela García, Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García, Arturo Robles Aguilar, Javier Castelo Parada, José María de la Vega Lárraga, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Monterrubio, Valentín García Bautista, Marcelo Herrera Herbert, Enrique Torres Cuadros, Víctor Suárez Carrera.
Tomando la lista de asistencia se registró un total de 21 legisladores integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por lo que se declaró el quórum necesario para iniciar la reunión.
Al evento asistieron los integrantes de las Mesas Directivas de las Comisiones de Asuntos Indígenas, Desarrollo Rural, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Pesca, Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria, así como algunos de sus miembros.
Asimismo, estuvieron presentes secretarios de Desarrollo Agropecuario del país, legisladores locales e integrantes de las organizaciones de productores rurales y campesinas.
En la presentación del proyecto de presupuesto rural, el diputado Cruz López, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, externó que el proyecto que se presenta ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, refleja el esfuerzo que por ves primera se realiza en la Cámara, de integrar un proyecto conjunto entre las Comisiones que integran el sector rural.
Enfatizó que este documento que se entrega, es un proyecto que se le pueden sumar ideas, propuestas, alternativas, para que, cuando se llegue a la discusión en el pleno, sea un documento enriquecido y sobre todo refleje cantidades que permitan dar un verdadero impulso en el campo de México.
Lo que se está impulsando como Comisiones Unidas, es que dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos para el 2004, vaya el desglose del presupuesto especial, esto es el Programa Especial Concurrente, establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esto es muy indispensable porque se considera en las Comisiones Unidas que se necesita invertir y determinar cuál será la estructura programática de este Programa Especial Concurrente, para ello se trabajo en siete vertientes que son: Desarrollo Productivo, Empleos, Capacidades, Bienestar Rural, Combate a la Pobreza, Aspectos Agrarios y Ambiente y Recursos Naturales.
Por su parte, el Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural consideró altamente satisfactoria la reunión ya que ratifica el espíritu de trabajar en unidad en las distintas tareas que se tienen como legisladores, prueba de ello es la realización del Foro Nacional sobre el Presupuesto en el cual se vio reflejado el trabajo técnico y el consenso político que ha permitido llegar a una propuesta como la que se esta presentando en este momento.
En su intervención, el diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, dejó sentado que la propuesta que se esta entregando a la Comisión de Presupuesto es susceptible de ajustarse y de perfeccionarse por lo que la Comisión a la que representa en este evento entregará a la brevedad un documento en alcance al primero, para que pueda ser analizado y discutido en el seno de las Comisiones que integran el sector, y posteriormente enviado a la Comisión de Presupuesto para su inclusión en el documento final.
El diputado Francisco Obregón Espinoza, Presidente de la Comisión de Pesca, resaltó que el sector pesquero en nuestro país ha sido muy desfavorecido por las políticas del gobierno y que en la propuesta del Ejecutivo Federal para este importante sector en el presupuesto, no refleja la realidad de lo que se necesita para proyectos productivos y de inversión, por ello considero que se tiene una muy valiosa oportunidad al hacer este tipo de ejercicio y que permitirá apoyar al sector pesquero desde el Poder Legislativo.
Por su parte, el diputado Margarito Fierros Tano, secretario de la Comisión de Reforma Agraria, indicó que es indispensable trabajar en forma conjunta todas las comisiones del sector, y que al igual que en las otras áreas, el sector agrario es indispensable para el desarrollo de las comunidades y ejidos que existen en el país, por lo que en la propuesta que se está entregando a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se busca que en los programas para el sector agrario tengan una ampliación que se destinará directamente para que se de capacitación a los integrantes y representantes de los núcleos agrarios con el objeto de identificar sus potencialidades productivas, lo cual les permita adoptar formas de organización complementarias como lo son las cooperativas agrarias para llevar a cabo la elaboración de proyectos productivos que reditúen en favor de la gente que integra este importante sector.
En su oportunidad, el diputado local por Jalisco Ricardo Chávez, y en representación de los congresos estatales del sector agropecuario hizo un reconocimiento público a los diputados integrantes de las Comisiones Unidas del Sector Agropecuario, así como agradecer que les haya permitido a las legislaturas de los estados presentar propuestas y alternativas para la integración del Presupuesto de Egresos para el 2004 orientado al sector rural, enfatizando que dicho ejercicio de trabajo sea constante para los subsecuentes presupuestos rurales.
Finalmente, el señor Gustavo Sánchez en representación de las Organizaciones de Productores Rurales y Campesinos, agradeció el esfuerzo de las Comisiones Unidas del sector por incluir en la propuesta de presupuesto las observaciones y consideraciones que diversas organizaciones de productores enviaron a la Cámara de Diputados y esperando que en lo sucesivo se pueda ampliar la consulta a las organizaciones con mayor tiempo para las discusiones y análisis del presupuesto del próximo año.
Acuerdo
Una vez que las Comisiones Unidas del Sector han entregado formalmente el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004 para el Sector Rural, se estará trabajando conjuntamente con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública hasta que se vea reflejado dicho presupuesto para el sector en el dictamen con proyecto de decreto que deberá someter la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera del orden del día, se clausuró la reunión a las 14:35 horas.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, firman al calce por la mesa directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería:
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3, numeral 2, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la H. Cámara de Diputados, se instruye a la Secretaría
Técnica publicar la presente acta en la Gaceta Parlamentaria.
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, DE SU REUNION ORDINARIA EFECTUADA EL SABADO 20 DE DICIEMBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día veinte de diciembre del año dos mil tres, se reunieron en el Salón "B" del edificio de los Cristales de este Recinto Parlamentario los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para llevar a cabo la reunión ordinaria de trabajo correspondiente al mes de diciembre.
La reunión fue presidida por el diputado José Ángel Ibáñez Montes, y los diputados secretarios de esta Comisión, agradeciendo la asistencia de los integrantes de la misma.
Con la asistencia de 19 diputados, se reiteró el contenido del orden del día, de acuerdo a lo circulado en la convocatoria e invitaciones hechas a los integrantes de la Comisión, como sigue:
Orden del Día
Segundo punto.- El diputado Presidente, José Ángel Ibáñez Montes, señaló que con relación al segundo punto del orden del día, se había hecho llegar a todos los integrantes de la Comisión, una lista de solicitudes de auditoría que la Mesa Directiva había analizado previamente, aclarando que no todas la solicitudes son enviadas a análisis, ya que algunas no aportan los elementos mínimos suficientes, para hacer la solicitud formal, por lo que se puso a consideración del Pleno de la Comisión una relación de cinco auditorias, preguntando en tal sentido, si con los elementos aportados estarían en la disposición de optar por la afirmativa, para que fueran remitidas a la Auditoría Superior de la Federación para su análisis y procedencia, pidiendo que lo indicaran en la forma acostumbrada, aprobándose por mayoría.
Tercer punto.- El diputado Presidente, José Ángel Ibáñez Montes, comentó que en lo referente a la aprobación del Programa de Auditorias que realizará la Unidad de Evaluación y Control, se había remitido previamente a todos los asistentes, por lo que si algún diputado, solicitaba que se aclarara alguna duda se encontraba presente el licenciado Roberto Michel Padilla Titular de la Unidad, quien podría proporcionar información adicional al respecto.
La diputada Edelmira Gutiérrez Ríos, precisó que, en la parte donde se menciona el seguimiento de observaciones, recomendaciones y aplicación de sanciones de la Auditoría Superior de la Federación, se hacía hincapié que faltaba por hacer cobranzas en la Comisión Nacional del Agua, por los derechos de perforación de pozos, mencionando algo así como cuatro mil millones de pesos, preguntando al respecto, si se ha actuando al respecto.
El licenciado Roberto Michel Padilla, manifestó, que la revisión tenía por objeto dar un seguimiento completo a todas la observaciones que están vigentes, y ver cuáles han sido solventadas, y también las razones por las cuales algunas no hayan podido ser solventadas, de manera que a partir de esa revisión se pueda proporcionar al Pleno de la Comisión una visión de conjunto de la últimas cuentas públicas, para que se conozca a detalle el estatus en el que se encuentra las que no hayan sido solventadas.
La diputada Edelmira Gutiérrez Ríos, comunicó que le gustaría tener una información más precisa al respecto, por lo que iba a esperar el informe y la atención que se le estaba dando al asunto del cobro.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas, expuso que, siendo la Unidad de Evaluación y Control el órgano técnico de la Comisión, y siendo el 2004 el primer año completo de operaciones de la Unidad, estos cinco meses de vida han servido para conformarla como lo que debe de ser, por lo que por primera vez se está ante lo que sería un programa anual, mismo que va a ser aprobado por el Pleno de la Comisión, por lo que sugería, que el Titular de la Unidad hiciera una presentación sucinta de su programa.
El diputado Presidente, José Ángel Ibáñez Montes, comentó que, las cinco revisiones que se pretende sean aprobadas por la asamblea, serían las primeras en que la Unidad de Evaluación y Control iniciaría el proceso de revisión del cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, en ese mismo sentido, cuestionó a la asamblea, si no existían más dudas al respecto, preguntando si se aprobaba el Programa de Auditorias de la Unidad de Evaluación y Control en comento, pidiendo que lo indicaran en la forma acostumbrada, aprobándose por mayoría.
Cuarto Punto.- El diputado Presidente, José Ángel Ibáñez Montes, indicó que, en asuntos generales, informaba que la Mesa Directiva de la Comisión celebró una reunión el día 10 de diciembre, acordándose dentro de la misma, citar al Auditor Superior de la Federación, para que informe sobre el estado que guarda el proceso de solventación de las observaciones de la Cuenta Pública 2001 y el fincamiento de responsabilidades a que hubiera lugar, asimismo, se acordó que las reuniones de la Comisión, durante el primer receso, se efectuarían bajo el siguiente calendario:
Diputados: José Angel Ibáñez Montes (rúbrica), Presidente; Roberto Campa Cifrián, secretario; Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), secretario; Homero Díaz Rodríguez, secretario; Salvador Vega Casillas (rúbrica), secretario; Dolores Padierna Luna (rúbrica), secretaría; Manuel Velasco Coello, secretario; Joel Padilla Peña (rúbrica), secretario; Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretario.
Lista de Asistencia
Diputados: José Angel Ibáñez
Montes (rúbrica), Presidente; Roberto Campa Cifrián (rúbrica),
Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), Rafael Sánchez
Pérez (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica),
Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica),
Joel Padilla Peña (rúbrica), Jesús Emilio Martínez
Alvarez (rúbrica), secretarios; Angel Heladio Aguirre Rivero, Manlio
Fabio Beltrones Rivera, César Chávez Castillo, Blanca Amelia
Gámez Gutiérrez (rúbrica), Marcela Guerra Castillo
(rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías, Edelmira
Gutiérrez Ríos (rúbrica), Guillermo Huízar
Carranza, Mario Moreno Arcos (rúbrica), Eduardo Olmos Castro, Miguel
Angel Osorio Chong, Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Angel
Pasta Muñuzuri (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas
(rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica),
Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), Gabriela Ruiz del Rincón,
Tomás José Ruiz González, Javier Salinas Narváez
(rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés, Guillermo Zorrilla
Fernández (rúbrica).
DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL, DE SU QUINTA REUNION PLENARIA, REALIZADA EL MIERCOLES 4 DE FEBRERO DE 2004
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:40 horas, del día 4 de febrero del año dos mil cuatro, acuden a la 5ª reunión ordinaria en el salón B del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, los miembros de la Comisión de Desarrollo Rural de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con la convocatoria enviada a los diputados y diputadas para el desahogo del orden del día.
El diputado Miguel Luna Hernández inicia la sesión dando la palabra al secretario diputado Ramón González González.
El diputado Ramón González González, da inicio a la sesión del Pleno de la Comisión de Desarrollo Rural, presentando el siguiente orden del día:
Para la reunión del día de hoy se consideran cinco puntos:
Contándose con el quórum necesario para darle formalidad a la reunión.
Punto dos.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de trabajo anterior: El C. diputado Ramón González y González somete a consideración la propuesta del acta de la reunión de trabajo anterior, que se encuentra integrada en una de las carpetas que fueron entregadas con antelación a la reunión, pregunta si hay alguna modificación que hacer o se puede votar para aprobarla. Se procede a la votación.
Acuerdo CDR/040204/01:
Se acuerda aprobar el acta de la reunión de trabajo anterior.
Tercer punto.- Propuesta del programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural 2003-2006.
Diputado Miguel Luna Hernández.- Para explicar este punto nos vamos a auxiliar de una exposición gráfica, aunque el material ya lo tienen ustedes desde la semana pasada; el programa es para tres años y queda abierto para algunos puntos emergentes que surgieran en el lapso de cualquier año.
Se expone el programa de trabajo, destacando los objetivos, el marco normativo, la integración de la Comisión por número de miembros y grupo parlamentario, la integración de subcomisiones, de las cuales se proponen cuatro temas en las que pueden participar de acuerdo a sus intereses; también se contempla en el número seis del programa, los principios que guiarán el trabajo de la Comisión a lo largo de los tres años de gestión y finalmente en el número siete, se encuentran las líneas de acción. Asimismo, se incluyen las iniciativas que quedaron pendientes de la Legislatura anterior y que son un compromiso de la presente. Con respecto a los tratados comerciales internacionales, la Cámara de Senadores ha estado presente; la propuesta de Desarrollo Rural Sustentable es que las demás comisiones que tienen que ver con el campo, participemos conjuntamente con la Cámara de Senadores e integrarnos a estos trabajos.
En cuanto a los aspectos de gestión, también se tratarían dentro de las subcomisiones para realizar los trabajos pertinentes.
Diputado Francisco Chavarría Valdeolivar.- El documento es conceptuoso, ambicioso; sin embargo, no encuentro el programa, el cronograma está presentado en barras, necesitamos una propuesta más concreta, más específica para no perdernos, necesitamos precisiones en el documento.
Diputado Miguel Luna Hernández.- Sí vamos a ser más específicos, nos va a ayudar un grupo de asesores.
Diputado Lázaro Arias Martínez.- Estoy de acuerdo con que el programa debe de ser más específico, hacia dónde queremos ir. Necesitamos hacer una programación con fechas para realizarlos dictámenes, porque ésta es la esencia de las Comisiones, y se están acumulando.
La integración de las subcomisiones es algo extraordinario. Necesitamos una programación sencilla de lo que vamos a hacer, con plazos para ser más productivos.
Diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera.- Es un buen documento, pero necesitamos ver qué es lo que resulta prioritario. En marzo inicia el periodo de sesiones y nuestra prioridad es legislar, con lo cual tenemos buena productividad. Otro trabajo importante es la cuestión de presupuesto; los campesinos se preguntan si van a llegar a tiempo los programas, qué autorizaron, cuáles son los nuevos programas, qué pasa con las reglas de operación. Con respecto a los foros, en algunos estados ya están trabajando los Consejos Estatales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, es importante trabajar por ese lado.
Diputado Miguel Luna Hernández.- El programa que les presentamos efectivamente es muy abierto, es un plan muy amplio, bien pensado, bien diseñado; lo que falta es la calendarizar las actividades. Lo anterior debe incluir etapas e ir haciendo evaluación del mismo programa. Creo que hay muchas cosas pendientes, al respecto como para poder hacerlo conocer en este momento. Necesitamos ser específicos, pero de manera general si no hay inconveniente, aprobemos el plan y entremos a trabajar en las especificidades. Es por ello que se proponen las subcomisiones, y cada una deberá diseñar su plan de trabajo, que también va a ser muy amplio. ¿Podemos aprobar el plan de trabajo?
Diputado Ramón González González.- Aquí la aprobación sería en general y posteriormente se vería la programación concreta de las actividades.
Diputado Miguel Luna Hernández.- Para la próxima semana tendríamos la calendarización de las actividades y la integración de las subcomisiones, con su calendario respectivo para trabajar. Se procede a la votación para aprobar el plan de trabajo.
Acuerdo CDR/040204/04:
Se aprueba el programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural 2003-2006.
Diputado Ramón González González.- El siguiente punto es el análisis del presupuesto rural para el 2004.
Diputado Miguel Luna Hernández.- Aquí pido el apoyo de uno de los asesores.
Asesor Emilio López Gámez.- Como ustedes saben, un esfuerzo encomiable y otras comisiones hermanas, fue el logro de un vínculo entre las Comisiones Unidas relacionadas con el medio rural y el trabajar sobre un presupuesto que cumpliera con las demandas de los actores rurales del sector privado y social, y que tomara en cuenta las particularidades de las instituciones y las condiciones en las que actualmente estamos. Algunos logros sustanciales fueron no solamente incrementar el presupuesto a partir del proyecto que presentó el Ejecutivo. Comisiones Unidas participó con iniciativas importantes, con el foro de Presupuesto Rural para el 2004, en donde se convocó a los actores del medio rural en un ambiente plural y se reflexionó sobre una propuesta de presupuesto. Con este trabajo se consiguieron no solamente cambios cuantitativos como el aumento de 10,800 mdp, sobre la propuesta inicial del Ejecutivo, sino cualitativos, en el sentido de una redistribución interna de este presupuesto. Se le dio mayor énfasis a la parte productiva.
Estamos conscientes de que no basta que tengamos un buen presupuesto 2004, que no basta que se haya generado un incremento sustancial importante para el Presupuesto; la prueba de fuego es lo que tiene que ver con la operación del mismo, que los recursos lleguen a los productores, que las reglas de operación sean accesibles.
Sin embargo, tenemos algunas limitaciones, pues no se logró un presupuesto multianual, como se estipuló en el Acuerdo Nacional para el Campo, firmado el 28 de abril entre las principales organizaciones campesinas. Hay que señalar que es importante dar seguimiento y desarrollar un planteamiento metodológico de parte de nuestra Comisión y de las Comisiones Unidas, en lo referente al presupuesto multianual.
Dentro de las limitaciones, en los objetivos estratégicos que aparecen en el decreto hay deficiencias, en particular en el anexo 17, que implica un listado de programas, pero no se especifican montos por Secretaría, lo cual permite que los funcionarios del Ejecutivo tuvieran un conflicto a ver cómo quedan los programas organizados y dónde quedan consolidados. Este es un trabajo pendiente que se tiene que hacer por parte de nosotros.
Otro asunto importante es el de las instituciones de investigación y capacitación, que estaban en un proceso de desincorporación y a través de la reflexión de la importancia que tienen para México, lográndose que permanezcan el papel que siguen jugando actualmente. Sin embargo, también es un compromiso pendiente el dar seguimiento al trabajo de investigación, educación y capacitación que realizan, para que resuelva parte de la problemática que presentan.
En las carpetas que se le hizo llegar, pueden analizar con mucho más detalle los aspectos importantes del Presupuesto, cuál es el caso de la reasignación total de los 10,800 mdp, dónde van quedando esas cantidades adicionales al proyecto de Presupuesto. En cuanto al plan de trabajo, como se ha comentado acertadamente, se necesita de un trabajo más particular.
Diputado Miguel Luna Hernández.- Con respecto al Presupuesto, un tema que se encuentra en debate es que no va a ser posible entregar lo que nosotros habíamos aprobado; lo que está generando una serie de cuestionamientos. Nos han llegado copias de oficios a la Presidencia de la Comisión, acompañados de una gran controversia.
En los últimos minutos de la aprobación del Presupuesto, nos dimos cuenta que en lo del anexo 17 quedaba muy suelto. Lo único que pude hacer fue meter una propuesta sin su aprobación y a nombre propio, en último momento, pero no se aprobó. Lo tenemos aquí por escrito y les hacemos llegar unas copias. Esto es lo que se va a discutir en estos días, tanto en la Secretaría de Hacienda como en la de Agricultura. Ellos dicen que como el Congreso no les señaló con cuentas cómo se iba a manejar esta reasignación, no lo va ejercer. Todavía es tiempo de decir cómo se debe ejercer, por lo que es importante trabajar en Comisiones Unidas. La propuesta es que se discuta nuevamente el anexo 17, recuperar los 10,800 mdp y buscar el procedimiento en la Mesa Directiva para tener un sustento jurídico y Hacienda no evada su responsabilidad de asignar el Presupuesto acordado.
Diputado Marcelo Herrera Herbert.- Lo que realmente pasó es que la Secretaría de hacienda escamoteó la asignación de 10,800 mdp, diciendo que la propuesta de decreto no estaba terminada adecuadamente, para la aplicación de todos los recursos en cada una de las secretarías. Estoy de acuerdo en lo que se acaba de proponer, de operar su asignación a través de un documento elaborado por las Comisiones Unidas. Se tiene un mes y medio de atraso, sobre todo es difícil en el caso de los nuevos programas, que son 12 y necesitan la elaboración de reglas de operación que debieron ser publicadas, pero que no fue así porque no había presupuesto.
Para este trabajo se sugiere que la convocatoria sea para las siete comisiones, asistir todos y dilucidar la transparencia final de la aplicación de los 10,800 mdp.
Diputado Eugenio Mier y Concha Campos.- Yo creo que el Ejecutivo se va a salir con la suya, el 31 de enero debió presentarse el calendario-presupuesto y no se presentó el del anexo 17, lo más seguro es que el 15 de febrero no se publiquen las reglas de operación. No se debe permitir la reducción del presupuesto para el desarrollo rural.
Según la prensa, en unos días el Ejecutivo va a presentar una controversia contra la Cámara, porque nosotros no tenemos derecho a hacer modificaciones al presupuesto que ellos presentaron. Tendremos que radicalizar nuestra postura y demostrarle al Ejecutivo que lo que hicimos fue por el bien de México.
Diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera.- En primer lugar, en Comisiones Unidas se debe elaborar el documento necesario (para que se respete el Presupuesto). Por supuesto que los diputados tenemos la facultad de cambiar lo que sea necesario. Yo pediría que sacáramos un acuerdo para radicalizar las acciones y sacar adelante el presupuesto para el campo. Una vez que se tenga el documento y se trabaje en Comisiones Unidas y retomar que, para el caso del campo, cada tres meses los funcionarios vinieran aquí y nos expliquen en qué y cómo se está gastando el presupuesto y si no, por qué no esta llegando el dinero al campo; si es por ineficiencia, definir que a ese funcionario se le sancione o se le separe del cargo.
Diputado Lázaro Arias Martínez.- Relacionado con el Presupuesto, en la reunión con Agricultura se presentó Francisco López Toledano y Antonio Ruiz, y por la Secretaría de Hacienda el licenciado Pablo Reyes, fue una reunión muy acelerada. Agricultura presentó un presupuesto de 36,373.3 mdp, todo con base en los oficios que Hacienda les envió a cada una de las Secretarías, y se armó una inconformidad, porque los diputados no habíamos definido hacia dónde había que aplicarse.
El licenciado Pablo Reyes dijo que estaba dispuesto, nada más que la Cámara indique qué va hacer con estos recursos y en 15 minutos emite los oficios de autorización. Esperemos que así sea. Es necesario acudir a la reunión de Comisiones Unidas para hacer acorde el Presupuesto que nosotros dimos con el de Hacienda y la ciudadanía no nos tache de mentirosos.
Diputado Marcelo Tecolapa Tixteco.- También estoy de acuerdo en que nos radicalicemos y obligar al Presidente a que cumpla lo expresado, de que el Ejecutivo propone y el Congreso dispone, y que esperamos que este recurso sea aplicado en el campo, porque así lo requieren las circunstancias.
Diputado Miguel Luna Hernández.- Efectivamente, ya estamos trabajando en Comisiones Unidas e incluso ya elaboramos un escrito dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, si quieren se los leo (procede a la lectura, destaca):
Las Comisiones Unidas lograron incorporar el Presupuesto de Egresos 10,800 mdp adicionales al sector rural, de los cuales a la fecha no se ha cumplido la publicación de su calendarización, contemplada en el artículo 19 del decreto de Presupuesto de Egresos de 2004.
Se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que explique la omisión al cumplimiento de las asignaciones presupuestales, para el 12 de febrero a las 11 horas, en el Salón Verde de esta Cámara (se enuncia el soporte jurídico).
Firman presidentes de las Comisiones Unidas, falta el Presidente de la Comisión de Agricultura, pero se lo damos al diputado Lázaro Arias, para que lo firme.
Diputado Ramón González González.- También en la Comisión de Reforma Agraria, sacamos un acuerdo para que venga a comparecer el Secretario y nos explique la situación.
Diputado Miguel Luna Hernández.- Yo saludo que haya venido alguien aquí a la Comisión de Agricultura, pero yo creo que no es el método, porque es una controversia entre un poder y otro, necesitamos seguir el procedimiento que establece el Congreso para llamar a otros de otro poder. Además de que es mejor convocar las siete comisiones, tiene más fuerza que una. Apoyamos a la Comisión de Agricultura desde afuera, pero creo que se debe dejar sentado el precedente de que hay una violación flagrante a un esfuerzo que hicimos todos en esta iniciativa de Presupuesto y que Hacienda desconozca lo aprobado.
No podemos permitir la falta de respeto al Poder Legislativo. Vamos a invitarlos, pero que sea la Cámara y su Mesa Directiva quien convoque a Hacienda.
Vamos a esperar la contestación y estar pendientes, para que todos pudiéramos concurrir y tener a Gil Díaz a comparecer.
Asuntos Generales
Diputado Miguel Luna Hernández.- Hay un asunto general que queremos poner a consideración de todos ustedes. Con nuestra oposición al segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos 2004, hay que llamarlos para que se reestructuren institucionalmente y que rindan cuentas de su trabajo, porque les asignamos un presupuesto del erario público y no informan qué están haciendo. Para que expongan su plan de trabajo, que hagan una reforma institucional para que jurídicamente queden establecidas sus facultades y funciones, y justifiquen los recursos que gastan. También les vamos a decir en qué estamos de acuerdo y en qué no, tenemos que trabajar muy cercanamente, y no dejarles manga ancha para que hagan lo que quieran. Se van a calendarizar las visitas de cada uno de ellos y se presenten aquí, en la Comisión.
Diputado Marcelo Herrera Herbert.- Sería conveniente que la Comisión de Desarrollo Rural hiciera que las instituciones, a manera de conferencias planteara su incidencia en el campo y su importancia en el sector.
Diputado Miguel Luna Hernández.- Si no hay más asuntos se da por terminada la reunión, esta reunión vale para el mes enero y se va a convocar para la de febrero.
Siendo las 19:00 horas del 4 de febrero de 2004, se da por terminada la sesión extraordinaria de trabajo.
Diputados: J. Miguel Luna Hernández (rúbrica),
Presidente; Ramón González González (rúbrica),
Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Lázaro Arias Martínez,
Pascual Sigala Páez (rúbrica), secretarios.
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, DE SU REUNION ORDINARIA EFECTUADA EL MIERCOLES 11 DE FEBRERO DE 2004
En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las diecisiete horas del día once de febrero del año dos mil cuatro, se reunieron en el Salón "B" del edificio de los Cristales de este Recinto Parlamentario los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para llevar a cabo la reunión ordinaria de trabajo correspondiente al mes de febrero.
La reunión fue presidida por el diputado José Angel Ibáñez Montes, y los diputados Secretarios de esta Comisión, agradeciendo la asistencia de los miembros de la misma, a la que se convocó de conformidad con el calendario de sesiones, aprobado para este primer receso
Con la asistencia de 16 diputados, se reiteró el contenido del orden del día, de acuerdo a lo circulado en la convocatoria e invitaciones hechas a los integrantes de la Comisión, como sigue:
Orden del Día
Segundo punto.- Creación de un grupo de trabajo,
que dé seguimiento al desarrollo y resultados de la Convención
Nacional Hacendaria.
Tercer punto.- Programa General de Trabajo 2004, de la
Unidad de Evaluación y Control.
Cuarto punto.- Asuntos Generales.
Aprobándose el orden del día por mayoría.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, comentó en primer término, que la Mesa Directiva de esta Comisión acababa de realizar una reunión de trabajo como regularmente se ha venido haciendo.
Primer punto.- El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, solicitó la autorización de la asamblea para que se retirara, dado que había perdido vigencia, ya que estaba contemplado desde la reunión del 21 de diciembre del año próximo pasado, misma que no se pudo llevar a efecto por falta de quórum, manifestando que al proceder de esta manera no se afectaba de ninguna forma los quehaceres parlamentarios porque solamente se trataba de una opinión de esta Comisión, a un tema que fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, previa votación, agradeció su aprobación.
Segundo punto.- El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, señaló que dadas las diferentes acciones que deben desarrollarse en esta Comisión se ha planteado la posibilidad de que participen todas las diputadas y diputados que la integran, en ese sentido y dada la relevancia de los temas que deben abordarse en la Convención Nacional Hacendaria, se juzgó pertinente en la Mesa Directiva, proponer a la consideración de los integrantes de la Comisión, el que se constituya un grupo que dé seguimiento a estos trabajos, que conozca sus resultados y que informe de los mismos al resto de los integrantes, poniendo a la consideración de la asamblea, si están de acuerdo en que se integre este grupo de trabajo, determinando para ello la forma de integración.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, ofreció el uso de la palabra para comentarios al respecto.
El diputado José Luis Flores Hernández, preguntó, si la Mesa Directiva, tenía una propuesta para integrar el grupo de trabajo, y éste, cómo se integraría a la estructura que ya existe en la Convención Nacional Hacendaria, ya que hay cuando menos tres diputados en cada mesa de trabajo; asimismo señaló que es obligación de los integrantes de la Comisión estar enterados de lo que está ocurriendo en esa Convención, para poder actuar en consecuencia cuando los diferentes planteamientos lleguen a la Cámara de Diputados.
La diputada María de los Dolores Padierna, señaló que en la Convención Nacional Hacendaria la mesa siete se titula de Transparencia y Rendición de Cuentas, indicando que es un tema muy ligado al trabajo en la Comisión de Vigilancia, del mismo modo, expuso que ésta es una gran oportunidad para que los integrantes de esta Comisión, puedan aportar ideas, de cómo mejorar el sistema de fiscalización en el país y cómo lograr una verdadera rendición de cuentas, también expresando que los trabajos son abiertos y que las y los legisladores pueden intervenir y opinar.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, manifestó que la Mesa Directiva no tenía propuesta para integrar este grupo, ni la mecánica para hacerlo, pero ya que es un tema vinculado con el quehacer esencial de esta Comisión se quiso plantear de manera abierta, para que quien quiera sumarse, pueda hacerlo, expresando también que esto, es el inicio de una serie de actividades que se están planteando y que más adelante se presentarán de manera más esquemática y objetiva; posteriormente, dijo que la Mesa Directiva tiene una serie de asuntos en los que es menester que los integrantes de esta Comisión vayan asumiendo una posición para su estudio, como ejemplo, de lo anterior, indicó que, revisando las comisiones homólogas de los congresos estatales, éstas se llaman de diversas formas, consecuentemente los órganos de fiscalización superior de los estados tienen denominaciones variadas, por lo tanto su normatividad deberá de ser muy diversa, por lo que partiendo de estas consideraciones, se ha observado que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, en el artículo 1º, se asignan responsabilidades a la Auditoría Superior de la Federación, que en opinión de esta Comisión, están al margen del marco constitucional y legal de las funciones de la misma, ya que ésta revisa la Cuenta Pública y no el ejercicio de los recursos públicos en el momento de su ejercicio; por lo que se piensa que a partir de esa consideración, ésta sea una primera tarea que la Comisión deberá de asumir, para analizar que enmiendas o qué tareas de perfeccionamiento se tendrán que emprender a la normatividad de la fiscalización superior, sobre el mismo tenor, expuso otro ejemplo; la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en su artículo 30 dice que a más tardar el 31 de marzo la Auditoría Superior de la Federación entregará a la Cámara de Diputados, el informe de la Cuenta Pública del año anterior; sin comprender por qué siempre la Auditoría Superior de la Federación y la Contaduría Mayor de Hacienda, han escogido el último día del plazo para hacerlo, cuando la ley dice: "? hasta el 31", enseguida, declaró que, con una mesa que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas en el seno de la Convención Nacional Hacendaria, habrán de ocurrir muchas aportaciones y muchos planteamientos que estén relacionados con esta temática, por lo que la Mesa Directiva consideró que debe haber tres ó cinco diputados encargados de recopilar este tipo de aportaciones y hacerlas del conocimiento de la Comisión, y en la próxima reunión presentarlas según el acuerdo que hemos tenido en la reunión de la Mesa Directiva, junto con el proyecto para la realización de un foro nacional sobre fiscalización, su actualización, su perspectiva de mediano y largo plazo; estos temas son los que se quieren abordar desde un enfoque académico para evitar la politización, en ese sentido, hizo alusión a que, el 27 de enero se votó en el Pleno la realización de una auditoría a los recursos del Ramo 33, en el estado de Oaxaca, por lo que se presentó la representación de la Auditoría Superior de la Federación para tales efectos, encontrándose con que el Ejecutivo y el Legislativo del Estado de Oaxaca, declararon que no era procedente y que se estaba violentando su soberanía, por lo que señaló que, estos son temas sobre los que sin pretender una confrontación se deben, desde el punto de vista académico, tratar de promover su discusión, su debate, pretendiendo ampliar el propósito de la formación de esta Comisión y sus objetivos.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas, expresó que, no tenía la menor duda de que es conveniente y necesario que la Comisión de Vigilancia participen en los trabajos de la Convención Nacional Hacendaria, pero habrá que ver el cómo, subrayando que ya la Diputada Padierna había dado alguna indicación al respecto; acotando que detrás de las mesas de trabajo hay equipos de especialistas que van a procesar todas las aportaciones que ciudadanos, organizaciones sociales, académicos universitarios y en un proceso de seis meses, tiempo en el que realmente se constituye la Convención Nacional Hacendaria, exponiendo que la democracia que los mexicanos quieren para el futuro de México, no se entiende sin una verdadera rendición de cuentas; posteriormente recalcó que, desde el punto de vista operativo organizacional, en la Convención Nacional Hacendaria está desbalanceada la presencia de los diputados, poniendo por ejemplo que el Presidente de la Comisión de Hacienda, es uno de los pocos que están en la mesa correspondiente, el Presidente de la Comisión de Presupuesto, es uno de los pocos diputados que están en la mesa de gasto, sin embargo, la Comisión de Vigilancia no tiene representación, en la mesa respectiva, que es la mesa siete, por lo que aunque de manera informal, habría que garantizar una presencia, poniendo de manifiesto su coincidencia con el diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, en que hay aspectos cruciales, que es importante que se aclaren, inclusive en el contexto de la rendición de cuentas y del esquema que hoy día tenemos montado en el ámbito federal, no solamente lo relativo al artículo 1º del Presupuesto de Egresos de la Federación, que es claramente algo fuera de lugar, y son cosas que se quedan ahí, se hacen costumbre y simplemente se quedan, además comentó que, la experiencia es que las comisiones en la Cámara de Diputados son generalmente espejos de las dependencias del Gobierno Federal, es decir si el Ejecutivo tiene una Secretaría de Gobernación, hay una Comisión de Gobernación y así sucesivamente, derivado de esto, en las primeras sesiones de este año legislativo, hicimos el cambio del nombre de la Comisión en la Cámara de Diputados, de la que se llamaba Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y el cambio fue porque había cambiado el nombre de su contraparte en el Ejecutivo, entonces, el nombre de la Comisión en la Cámara, se llamó, de Economía, posteriormente señaló que, manifiesta lo anterior, con relación a que la Comisión de Presupuesto se llama además, y de Cuenta Pública, por lo que haciendo un segundo análisis, "y Cuenta Pública", obedece a que se quedó este nombre cuando existía la Secretaría de Programación y Presupuesto, que tenía imputada la responsabilidad de la fiscalización y de la cuenta pública, apuntándolo con el ánimo positivo de hacer la revisión jurídica correspondiente, probablemente ha llegado el momento de revisar el nombre de la Comisión de Presupuesto y dejarla en eso, Comisión de Presupuesto, porque existe la Comisión de Vigilancia, precisamente para hacer la revisión de la Cuenta Pública, la ley de vigilancia dice: "la Comisión -dos puntos- igual a, Comisión de Vigilancia", de ninguna manera alude a la Comisión de Presupuesto, y cuando define las atribuciones de la Comisión de Vigilancia, en una de ellas dice, turnar copia del informe de resultados que rinda el Auditor Superior de la Federación, respecto de la cuenta pública correspondiente que haya revisado, no dice, que la Comisión de Presupuesto tenga que hacer un dictamen de la cuenta pública, y sin embargo, en el ánimo de mucha gente, todavía está el que la Comisión de Presupuesto tiene que dictaminar la cuenta pública, esto es importante, porque ya viene la presentación de la cuenta pública del ejercicio 2002, de igual manera externó que, probablemente también habría que revisar el plazo de 45 días que tanto ruido arman en algunos ámbitos estatales, para contestar a las observaciones del auditor, de manera que al término de los 45 días el auditor recibe los puntos de vista del ente observado respecto del conjunto o de la observación a la que haya sido sujeto y al final da su opinión, y es cuando emite el informe de resultados; sucediendo que aparentemente había 300 mil millones de pesos de desvíos, diciendo después que, "es que yo no dije eso, simplemente dije que las observaciones....", derivado de esto metemos a todo el país, y a la opinión pública a un desgaste innecesario, ya que como vimos en la última comparecencia del Auditor Superior de la Federación al seno de esta Comisión de Vigilancia, se dio por resultado que el 99.90 % de lo observado estaba solventado; lo que quiere decir que eventualmente los 45 días a nivel federal, hay que hacerlo como lo hacen algunos estados, como parte del procedimiento y que el informe se rinda a la Comisión de Vigilancia, hasta cuando está solventado, concluyendo que, éstos son sólo algunos de los elementos que aconsejan la participación que se deben dar en el seno de la mesa 7 de la Convención Nacional Hacendaria, ya que seguramente van a participar especialistas en el tema y que la Comisión de Vigilancia, a través de sus diputados facultados, aunque de manera relativamente informal, pueda no solamente beneficiarse, sino beneficiar a los trabajos de la convención.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, manifestó al respecto que, tenemos más elementos, que hacen suficiente la consideración de crear esta Comisión, nuevamente poniéndolo a consideración de la asamblea, pidiendo que los que estén por la afirmativa lo indiquen en la forma acostumbrada, asimismo, solicitó que con relación a la mecánica de conformación, los integrantes de la Comisión propusieran quiénes asistirían, tomando en consideración que la Mesa Directiva plantea que sea una Comisión de seguimiento, que integre los productos que se generen y realice un reporte en este sentido, pero que haya una responsabilidad específica en algún diputado de la Comisión de ir haciendo ese trabajo, también indicó que la Mesa Directiva consideró que esta responsabilidad se podría repartir entre sus integrantes, pero se pensó que sería mejor traerlo a la consideración de los integrantes.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas, le señaló que, como él participa en la mesa de deuda, se pone a las órdenes de la Presidencia de la Comisión, para traer toda la información posible y entregarla a la Mesa Directiva lo que tenga que ver con deuda y en lo que pueda recopilar de otras mesas, expresando también que no le parecía mala idea que la Mesa Directiva pudiera darse a esa tarea, además de los que en forma personal se quieran adherir al grupo.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, expresó que estaban en espera de propuestas que quisieran unirse al grupo de trabajo.
El diputado Miguel Angel Rangel Avila, comentó que, él de la misma manera que el diputado Manuel Pérez Cárdenas, participa en algunas mesas, por lo que va estar de manera permanente acreditado como parte del grupo del PAN, ofreciendo poner a disposición de la Comisión, toda la información posible, pero considerando que debería haber algún integrante de la Comisión que asista de manera permanente a las sesiones de la mesa número siete.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, indicó que, si no había voluntarios que se inscribieran, la Mesa Directiva designará a uno de sus integrantes para que participe en representación de la mesa en esta Convención Nacional Hacendaria, del mismo modo manifestando que, con eso se le daría tratamiento al punto y se pasaría al tercero.
El diputado Carlos Hernán Silva Valdés, solicitó la palabra a la presidencia para manifestar que, antes de pasar al tercer punto, solicitaba la anuencia de la mesa para retroceder al punto primero del orden del día, que se refiere al Dictamen de Opinión para la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque consideró que no se desahogó suficientemente.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, Consultó a la asamblea si no existía inconveniente.
La asamblea, manifestó que no existía inconveniente alguno.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, declaró que quedando concluido el punto número dos, se regresaba al primer punto, cediendo la palabra al diputado Carlos Hernán Silva, Valdés.
El diputado Carlos Hernán Silva Valdés, informó que coincidentemente forma parte de la Comisión de Medio Ambiente, la cual sostuvo una reunión plenaria el día anterior, en la que se debatió, y se aprobó el Dictamen de Opinión, que se incluye como Punto Número Uno de la Orden del Día de esta reunión ordinaria, por lo que señaló, no es extemporáneo, debido a que aunque ese dictamen de opinión de la Comisión de Vigilancia se debió haber presentado en el mes de diciembre, la Comisión de Medio Ambiente apenas el día de ayer dictaminó su punto de acuerdo, por lo que se considera que refuerza el exhorto que hace la Comisión de Medio Ambiente, que por cierto va dirigido a la Secretaría de la Función Pública, en ese sentido ese sería el primer argumento para no considerarlo extemporáneo, también expuso que se debería de considerar, que no le parecía conveniente que la Mesa Directiva se arrogue las facultades de la asamblea, ya que como se comentó al inicio de la sesión, recién se había reunido y que en el seno de la misma, habían considerado que convenía retirar el dictamen de opinión, sin embargo, consideró que valdría la pena que se le diera curso al turno que manda la mesa directiva, de otro modo quedaría falto de seguimiento.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, señaló que tal decisión obedecía a que era del conocimiento de la Comisión, que ese tema ya había sido dictaminado por la Comisión de Medio Ambiente, por lo que la Mesa Directiva consideró, que no era un elemento imprescindible para que la Comisión de Medio Ambiente dictaminara, estimando que sería extemporáneo en virtud del tiempo que había transcurrido, y que hacerlo en este momento, cuando ya había dictaminado la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mostraría impuntualidad, motivo por el cual se planteó retirarlo de la discusión de esta sesión de la Comisión de Vigilancia, cosa que en su momento se puso a la consideración de la asamblea.
El diputado Carlos Hernán Silva Valdés, pidió la palabra, especificando como cuarto argumento que el exhorto es a la Contraloría Interna de la Secretaría de Medio Ambiente, en el sentido de que agilice e informe del estado que guardan las investigaciones, lo que va en concordancia con lo que decía el diputado Manuel Cárdenas, y el diputado Presidente, en cuanto a que una de las funciones fundamental de la Comisión es garantizar la rendición de cuentas; además de que el acuerdo que aprobó la Comisión de Medio Ambiente, está dirigido a la Secretaría de la Función Pública, en cuanto a que dicte inmediata resolución administrativa, para fincar responsabilidades a los servidores públicos de la Dirección General de Vida Silvestre, por lo que consideró que no estaría de más, ya que sería parte de la función esencial de la Comisión de Vigilancia, insistiendo, que se reconsiderara, y en su momento se votara, para que así constara.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, expresó, que lo que cabría hacer sería plantear nuevamente la pregunta a la asamblea, si ratifica su voluntad de retirar este punto de la orden del día, o entrar a su discusión.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, puntualizó que, este punto les había sido enviado para la reunión del 10 de diciembre y nuevamente el día 3 de febrero, cuando aún no se tenía conocimiento de que la Comisión de Medio Ambiente estaba dictaminando al respecto.
El diputado Roberto Campa Cifrián, comentó que, de ninguna manera en la reunión de la Mesa Directiva se tomó un acuerdo por encima del Pleno de la Comisión, se acordó el modo de planteárselo al Pleno de la Comisión y es lo que el Presidente ha hecho en el primer punto.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, confirmó lo anterior, pidiendo a la asamblea indicaran en la forma acostumbrada si se discute el Dictamen de Opinión.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas, solicitó que se diera lectura al Dictamen de Opinión, para conocer cómo quedó elaborado y posteriormente discutirlo.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, dio lectura al Dictamen de Opinión.
El diputado Roberto Campa Cifrián, preguntó al diputado Carlos Hernán Silva Valdés, si podría hacer del conocimiento de la asamblea el acuerdo al que se llegó ayer en la Comisión de Medio Ambiente.
El diputado Carlos Hernán Silva Valdés, manifestó que no lo tenía a la mano, dando una idea en el sentido que lo habían elaborado en esa Comisión de la que también forma parte.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, solicitó a los integrantes de la Comisión, manifestaran si estaban de acuerdo con el Dictamen de Opinión, para que en su caso se pase a firma, para su posterior remisión.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, posterior a la votación, señaló que, se aprobó por mayoría.
Tercer Punto.- El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, indicó que en lo concerniente al Programa General de Trabajo 2004 de la Unidad de Evaluación y Control, éste les fue remitido a los integrantes de la Comisión con fecha 3 de febrero del año en curso, y que siendo un documento que en apego a la normatividad, corresponde a la Comisión su aprobación, solicita que, en virtud de que les fue remitido con anterioridad, en votación económica señalen si se dispensa su lectura; por lo que posterior a la votación, indicó que, se dispensaba su lectura, procediendo a preguntar a la asamblea si el Proyecto General de Trabajo 2004 de la Unidad de Evaluación y Control se aprobaba en lo general.
El diputado Carlos Hernán Silva Valdés, comentó que, en lo referente a la Cuenta de la Hacienda Pública 2001, no estaba consignado el informe respectivo, señalando que el licenciado Roberto Michel, había declarado que ese informe estaba contenido en el Informe Anual de Gestión 2003, lo cual al parecer, no es así, señalando que debería estar en algún documento, ya fuese el Programa General de Trabajo u otro, exponiendo que está contenido el correspondiente a 2002 y 2003, insistiendo en que se pudiera incorporar el informe de la Cuenta Pública 2001.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, cedió la palabra al licenciado Roberto Michel.
El licenciado Roberto Michel, agradeció al presidente el uso de la palabra, manifestando que, se efectuaron reuniones con al finalidad de revisar el Proyecto de Programa, enriqueciéndolo con comentarios muy útiles para su elaboración, del mismo modo comentó que efectivamente, el análisis al informe de la Revisión de la Cuenta Pública del 2001 es un documento que en su Informe Anual de Gestión está señalando como un documento concluido, queriendo decir con esto, que en este momento se encuentra en discusión interna de la Unidad, y que en los próximos días estará terminado, puntualizando que, no se consideró necesario incorporarlo al Programa de Trabajo del año 2004, pero el mismo será sometido a la consideración de la Comisión.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, indicó que, si no existían en lo general objeciones, solicitaba la aprobación de la asamblea, al Proyecto General de Trabajo 2004 de la Unidad de Evaluación y Control, de manera general y posteriormente revisar las particularidades, pidiendo se sirvieran indicarlo.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas, manifestó que, se estaba ante un hecho muy importante, ya que la Unidad de Evaluación y Control, vería en el Ejercicio 2004, su primer año completo de labores; por lo que no se puede dejar de señalar este hecho importantísimo, por primera vez la Comisión de Vigilancia, va a contar con este instrumento tan importante de apoyo; en ese mismo sentido recalcó que, la ley dice que la Auditoría Superior de la Federación, no ha de tener área de control propia, con la que si cuenta, misma que debe pasar a la Unidad de Evaluación y Control, siendo esto una decisión que se debe tomar, preguntando si eso está reflejado en el programa de trabajo.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, comentó que previo a revisar este tipo de particularidades y agotada la inquietud del diputado Manuel Pérez Cárdenas, preguntó a la asamblea si aprobaban en lo general, el Proyecto General de Trabajo 2004 de la Unidad de Evaluación y Control, solicitando lo indicaran levantando la mano, posterior a la votación, concluyó que se aprobaba en lo general, para posteriormente solicitar a la asamblea si en lo particular había algún comentario.
El licenciado Roberto Michel Padilla, expuso que, efectivamente, una de las tareas de la Unidad está relacionada con las acciones de auditoría interna de la Auditoría Superior de la Federación y en algún artículo transitorio del reglamento de la Unidad se señala que una vez que la Unidad entrara en funciones, las acciones que hasta ese momento estaba llevando a cabo el órgano interno de control de la Auditoría Superior de la Federación, tendrían que ser retomadas por la Unidad de Evaluación y Control, en ese sentido se llevó a cabo la entrega-recepción de esas funciones, pero se tiene entendido que no ha desaparecido todavía esa Unidad en la Auditoría Superior de la Federación, por lo que debe quedar claro es que dichas funciones fueron entregadas formalmente con un acta de entrega-recepción.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas, preguntó si se tenía un informe para los miembros de la Comisión, señalando que derivado de esa entrega recepción de funciones se generaban varias interrogantes, solicitando información al respecto.
El licenciado Roberto Michel, explicó que, este órgano tenía en la Auditoría 38 personas, de las que ninguna pasó a formar parte de la plantilla de la Unidad, las funciones que fueron recibidas se continúan haciendo, lo que no se puede precisar es si estas 38 personas fueron despedidas o reasignadas a otras tareas.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, comunicó, que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con lo que señala la Ley, tiene autonomía técnica y de gestión, de modo que discutir un asunto sobre el que no se tiene decisión, sería irrelevante.
El diputado Carlos Hernán Silva Valdés, estimó que, ya que se acababa de aprobar en lo general el Proyecto del Programa de la Unidad de Evaluación, y que se estaba tratando en lo particular, quiso reiterar que es inexplicable que no esté consignado lo relativo a la Cuenta Pública 2001, en el Programa de Trabajo y que en el Informe de Gestión Anual, esté referenciado de una manera muy genérica, queriendo dejar constancia y proponer que o bien el Informe de Gestión Anual, o el Proyecto de Programa, consignara necesariamente que esta Unidad de Evaluación hizo el análisis al informe de resultados de la Cuenta Pública 2001.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, determinó que se tomaría debida nota a esa recomendación, proponiendo hacer llegar a todos los integrantes de la Comisión, una Nota Técnica al respecto.
El diputado Carlos Hernán Silva Valdés, valoró que la Cuenta de la Hacienda Pública 2001 es sumamente importante sobre todo, por los problemas que se tuvieron en su momento, proponiendo que se sometiera a votación si se consigna o no, el análisis de la unidad en estos documentos.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, sometió a votación si se consigna o no, en los términos en que el diputado lo planteó, preguntando que los legisladores que estaban por la afirmativa, lo indicaran, lo que, previa votación, se declaró que no se incluyera.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, preguntó a la asamblea si se aprobaba en lo particular el Proyecto General de Trabajo 2004 de la Unidad de Evaluación y Control, dado que no existían más solicitudes para intervenciones en lo particular, solicitando que los integrantes que estuvieran por la afirmativa lo expresaran levantando la mano, derivado de esto, previa votación, declaró que era aprobado por mayoría.
Cuarto punto, relativo a asuntos generales.
El diputado Presidente, José Angel Ibáñez Montes, preguntó a la Asamblea si existen asuntos generales que tratar, manifestando que al no haber asuntos generales que tratar, se daba por terminada la reunión siendo las 18:40 horas del día de su inicio.
Diputados: José Angel Ibáñez Montes (rúbrica), Presidente; Roberto Campa Cifrián, secretario; Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), secretario; Homero Díaz Rodríguez, secretario; Salvador Vega Casillas (rúbrica), secretario; Dolores Padierna Luna (rúbrica), secretaría; Manuel Velasco Coello, secretario; Joel Padilla Peña (rúbrica), secretario; Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretario.
Lista de Asistencia
Diputados: José Angel Ibáñez
Montes (rúbrica), Presidente; Roberto Campa Cifrián (rúbrica),
Homero Díaz Rodríguez, Rafael Sánchez Pérez
(rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), Dolores Padierna
Luna (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Joel Padilla
Peña, Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica),
secretarios; Angel Heladio Aguirre Rivero, Manlio Fabio Beltrones Rivera,
César Chávez Castillo (rúbrica), José Luis
Flores Hernández (rúbrica), Blanca Amelia Gámez Gutiérrez
(rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Francisco Javier
Guízar Macías, Edelmira Gutiérrez Ríos, Guillermo
Huízar Carranza (rúbrica), Francisco Luis Monárrez
Rincón, Mario Moreno Arcos, Eduardo Olmos Castro, Miguel Angel Osorio
Chong, Arturo Osornio Sánchez, Angel Pasta Muñuzuri, Manuel
Pérez Cárdenas (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez
(rúbrica), Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), Gabriela
Ruiz del Rincón (rúbrica), Javier Salinas Narváez,
Carlos Hernán Silva Valdés.
A las reuniones de trabajo de su Mesa Directiva, que se realizarán el lunes 29 de marzo, a las 16 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales; y el martes 30 de marzo, a las 15:30 horas, en el salón A del mismo restaurante.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el martes 30 de marzo, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
Asu sexta reunión ordinaria, que tendrá verificativo el martes 30 de marzo, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
5. Propuesta de dictamen que aprueba la solicitud de información
para poder evaluar el programa Bienvenido Paisano.
6. Turnos recibidos de la Mesa Directiva.
7. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 30 de marzo, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentemente
Dip. Iván García Solís
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MEXICO
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el martes 30 de marzo, a las 10 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE TURISMO
Ala toma de protesta de la nueva Mesa Directiva del Consejo Nacional de Comisiones Legislativas en Materia de Turismo (Conletur), que se realizará el martes 30 de marzo, a partir de las 13 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR LOS PROBLEMAS DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 30 de marzo, a las 14 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Marco Antonio Torres Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 30 de marzo, a las 17 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que tendrá verificativo el martes 30 de marzo, a las 17 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
El Papel de las Agencias de Noticias
DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 30 de marzo, a las 18 horas, en el auditorio del edificio H, tercer piso.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión plenaria de trabajo, que se verificará el martes 30 de marzo, a las 18 horas, en el salón de usos múltiples ubicado en la planta baja del edificio D.
Orden del Día
DEL COMITE DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS
A su reunión de trabajo, que se efectuará el martes 30 de marzo, a las 18:30 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Carlos Noel Tiscareño Rodríguez
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su undécima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo, a las 8:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
5. Relación del trabajo realizado en las subcomisiones:
a) Anteproyectos de ley y proyectos de dictamen.
b) Estudios, foros y actividades editoriales.
c) Letras de oro y consultas.
d) Rezago legislativo.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 31 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón B del restaurante LosCristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su quinta sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
6. Asuntos generales:
a) Informe del II seminario de cooperativas, La
Habana, Cuba;
b) Visita Mondragón; y
c) Informe de la misión a Cooperativas Pesqueras
de la Laguna de Tres Palos, Acapulco, Guerrero.
DE LA COMISION DE TURISMO
A su octava reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo, a las 11 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Orden del Día
5. Aprobación de dictámenes:
A la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Turismo,
presentada por el senador Víctor Manuel Méndez Lanz.
A la iniciativa de modificaciones y adiciones a la Ley
Federal de Turismo, en sus artículos 9, 10, 11 y 12, presentada
por el diputado Enrique Martínez Orta Flores.
6. Informe de subcomisiones.
7. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Al foro Prospectiva de la agroindustria nacional de la caña de azúcar, que se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo, a las 12 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión de trabajo con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A la última del ciclo de mesas redondas Reformas
urgentes al marco jurídico del Congreso mexicano, que se llevará
a cabo en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México el miércoles
31 de marzo, en el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo.
Mesa 3. Administración Interna.
Miércoles 31 de marzo de 2004, a las 10:00 horas
Moderador: Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez.
Ponentes:
Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
Al ciclo de mesas redondas Gobernabilidad: Cultura de la legalidad e ingeniería parlamentaria, que se llevarán a cabo los días 31 de marzo, de las 10:30 a las 20 horas, y 1 de abril, de las 17:30 a las 19:30 horas, en el auditorio Sur de la Cámara de Diputados.
Programa
Gobernabilidad: Cultura de la legalidad e ingeniería
parlamentaria
Auditorio Sur, H. Cámara de Diputados
Primer día: Cultura de la legalidad
Miércoles 31 de marzo de 2004
Cultura de la legalidad y valores democráticos
10:30 - 12:00 horas
Constitución: Reglas y desempeño
institucional
12:00 - 13:30 horas
Encuestas y comprensión de la democracia
13:45 - 15:15 horas
15:30 horas
Presentación del libro: Cultura de la Constitución.
17:30 - 19:00 horas
Segundo día: Gobernabilidad (eficacia legislativa)
e ingeniería parlamentaria
Jueves 1 de abril de 2004.
17:30 horas
Presentación: Ulises Beltrán, División de Estudios Políticos, CIDE.
1. Dimensiones teóricas del problema.
Josep M. Colomer, División de Estudios Políticos,
CIDE.
2. Sistemas y reglas en una comparación internacional.
Andre Blais, Département de Science Politique,
Université de Montréal, Canadá.
3. México: Las reformas necesarias.
María Amparo Casar, Coordinación de Asesores
de la Secretaría de Gobernación, México.
4. Nueva Zelanda: De la uninominalidad a la representación
proporcional.
Jack Vowles, Department of Political Studies, University
of Auckland, New Zealand.
5. Japón: De la representación proporcional
a la uninominalidad.
Ken'ichi Ikeda, Department of Social Psychology, The
University of Tokyo, Japón.
6. El presidencialismo en América Latina.
Gabriel Negretto, División de Estudios Políticos,
CIDE, México.
7. India: Gobernabilidad en la democracia más grande
del mundo.
Sandeep Sashtri, Professor and Dean of Research and Social
Science International Academy for Creative Teaching, MATS University, Bangalore,
India.
8. Reformas y gobernabilidad en Europa, con acento en
Alemania.
Helmut Schmidt, Mannheimer Zentrum für Europäische
Sozialforschung (MZES), Universität Mannheim, Alemania.
Bernard Wessells, Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB) Reichpietschufer, Berlín, Alemania.
Clausura del evento
19:30 horas
Diputado Presidente: Juan de Dios Castro (por confirmar)
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión de trabajo con el licenciado Herbert Taylor, coordinador general del Plan Puebla Panamá, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, para la integración de la Coordinación Interinstitucional, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 18 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, para la integración del Comité Solidario, que se llevará a cabo el viernes 2 de abril, a las 11 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La fibrosis quística, diagnóstico y tratamiento en México, que se efectuará el miércoles 14 de abril, de las 9:30 a las 13 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente