Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Congreso de Tabasco.
De la Junta de Coordinación Política.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política, con proyecto de acuerdo para la constitución de la Sección Instructora.
Minuta
Con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. (Turno a Comisión)
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite contestación del subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación a los puntos de acuerdo, aprobados por la Comisión Permanente, referentes a los tiempos acumulados y los porcentajes de utilización de los tiempos sociales de ley en radio y televisión a partir del 1 de enero de 2004. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos diputados
De Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Franco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el régimen federal de la República Mexicana, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley de Planeación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma tanto el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para una reforma electoral democrática, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentarias, a cargo del diputado Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 102, 103 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de obligar a diputados y a senadores a rendir un informe anual de actividades a sus representados, a cargo del diputado Miguel Angel Osorio Chong, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 323 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el Titulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de servidores públicos, a cargo del diputado Miguel Angel Yunes Linares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Debate pactado
Sobre la reforma electoral.
Dictamen de primera lectura
De las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo en relación con la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a lograr niveles suficientes de bienestar con equidad en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo en relación con la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a facilitar la incorporación de personas con capacidades diferentes a los diversos programas que opera y, en particular, en los programas Oportunidades y Hábitat.
Dictámenes negativos
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para formular un atento exhorto al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, respetando su autonomía, a dejar sin efecto el decreto que reforma el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado el 15 de enero y el 11 de febrero de 2004, que violenta la autonomía municipal, a cargo del diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se saluda al pueblo español, particularmente a su Presidente electo, señor José Luis Rodríguez Zapatero, y al Partido Socialista Obrero Español, por su triunfo en los comicios del 14 de marzo, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a la sociedad sobre el estado de contaminación que guardan las playas mexicanas, así como acerca de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno de México que se abstenga de votar contra una resolución en materia de derechos humanos en Cuba, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y, de no cumplir el grupo concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento en esa central aérea, se le sancione o, en su caso, se le revoque la concesión conforme a derecho, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para recomendar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público que, mediante sus órganos desconcentrados, exista mayor coordinación en el diseño y la propuesta de instrumentos económicos fiscales, financieros y del mercado destinados a apoyar la internalización de daños ambientales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política que integre una comisión especial de seguimiento al caso del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a retirar las reservas impuestas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dar trámite y respuesta a la petición de las comisiones relacionadas con el campo sobre la reasignación de 10 mil 800 millones de pesos de presupuesto para dicho sector, suscrita por integrantes de diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado J. Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de los ingresos netos de Pronósticos Deportivos que se enteran a la Tesorería de la Federación, 8% se destine al fomento del deporte en los municipios del país, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice los fondos federalizados asignados al estado de Colima, con objeto de transparentar su ejercicio, y en especial los destinados al pago electrónico de la nómina, suscrita por los diputados Antonio Morales de la Peña y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos de América y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Energía a establecer, mediante la Comisión Reguladora, de acuerdo con sus facultades, mecanismos de coordinación para prevenir accidentes en las compañías que tienen a su cargo la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo a instruir a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para establecer nuevas tarifas al suministro y la venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y crear una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en la misma entidad federativa, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para formular un atento exhorto a las Secretarías de la Función Pública, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría General de la República, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen el Servicio Postal Mexicano por el presunto robo de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América a migrantes mexicanos por concepto de pensión y devolución de impuestos, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Pleno de la Cámara de Diputados a honrar la memoria de las víctimas de los atentados de Madrid y de la invasión de Irak; y al titular del Ejecutivo federal, a adoptar una política exterior activa que contribuya al fin de la ocupación estadounidense y evite las guerras en el mundo, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que practique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación efectuada por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República del Caso Colosio, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la instalación de plantas regasificadoras en Baja California, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a cumplir plena y oportunamente diversos aspectos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, mediante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, investigue y proceda legalmente en el caso de importación de azúcar al país, imponiendo las sanciones aplicables, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, en nombre de diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades educativas federales y a las locales que verifiquen que las instituciones que imparten el nivel de preescolar cumplan lo establecido en la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a no deshacerse de capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar oportunamente acerca de los recursos a que se refiere el artículo 7, fracción XI, de la Ley de Ingresos, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional contra la corrupción y a trabajar con sujeción a su declaración de principios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un foro nacional de consulta, análisis y discusión sobre este sector, a fin de contar con elementos suficientes para la generación de una iniciativa de ley que rija en el sector, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los gobiernos Federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira a coordinarse a fin de impulsar el proyecto Fénix en esta demarcación, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de Guerrero a aprobar la propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la sociedad civil, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, mediante el cual la Cámara de Diputados acuerda la comparecencia de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para explicar clara y puntualmente sus acciones frente a los casos de discriminación de que fueron objeto niños y niñas que viven con VIH/sida en escuelas de nivel básico, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, a cargo del diputado Alfredo Fernández Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a atender a ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán que realicen las acciones necesarias a efecto de evitar la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en dicha entidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para citar a comparecer a los secretarios de Educación Pública, y de Salud ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a destinar 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Mexicali, Baja California, a pagar los recibos de energía eléctrica durante el próximo verano, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para definir el futuro de México, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar que se reabra la investigación sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Excitativas
A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Salud, y de Seguridad Social, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Agenda política
Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre los resultados de la reunión de la Cepal, que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora, en relación con la reforma del Código Electoral del estado para la asignación de 50% de todas las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efemérides
Sobre el LXVI aniversario de la expropiación petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Convergencia.
Sobre el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, y de Convergencia.
Sobre el X aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el XCI aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, que se cumple el 26 de marzo, a cargo del diputado Jesús Zúñiga Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el Día Forestal Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el Día Meteorológico Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con veintiún minutos del martes veintitrés de marzo de dos mil cuatro, con la asistencia de trescientos doce diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Sendas comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo, con las que informan de actividades propias de sus respectivas legislaturas. De enterado.
Comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:
Una, con acuerdo relativo a la instalación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal y a la designación de su Presidente. De enterado.
Oficio de la Comisión Permanente con el que remite seis expedientes que contienen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo pendientes de resolver en la Tercera Comisión:
Para solicitar la comparecencia de la titular de la Lotería Nacional, a fin de que informe sobre la creación del fideicomiso Transforma México y el uso y destino de los recursos excedentes de esa institución. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En relación con la exportación de melón mexicano a los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Economía.
Para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reforme el Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, del nueve de agosto de dos mil tres. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.
Para que la Secretaría de Desarrollo Social ejerza directamente los recursos presupuestarios del Programa de Vivienda Rural. Se turna a la Comisión de Vivienda.
En relación con el Programa de Apoyos Directos al Campo. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería.
Una, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión Jurisdiccional. De enterado. Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, reclama el trámite de la Presidencia y se adhieren a él los diputados Miguel Ángel Yunes Linares, Tomás José Ruiz González y José Ángel Ibáñez Montes, del mismo Partido. Para hablar en pro de la reclamación, se concede la palabra al diputado Gutiérrez de la Garza, y durante su intervención solicita que la Secretaría haga precisiones sobre la firma de la comunicación de referencia y el Presidente instruye se obsequie la solicitud. El Presidente consulta si se ratifica el contenido de la comunicación y desde su curul el Presidente de la Junta de Coordinación Política así lo hace. En pro de la reclamación habla el diputado Yunes Linares y acto seguido contesta alusiones personales el diputado Gutiérrez de la Garza. El Presidente fundamenta el trámite dictado. Desde su curul el diputado Yunes Linares, en dos ocasiones, solicita aclaraciones de procedimiento y en relación con la comunicación de referencia, que el Presidente hace. Hablan desde su curul los diputados: Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para ratificar la autenticidad de la comunicación; y Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, para hacer comentarios sobre el procedimiento de sustitución de integrantes en comisiones. El Presidente hace las aclaraciones respectivas. También desde su curul el diputado Gutiérrez de la Garza reitera sus comentarios sobre la comunicación en cuestión. La Asamblea, en votación económica, no admite la reclamación de trámite del diputado Gutiérrez de la Garza. Para alusiones personales se concede la palabra al diputado Yunes Linares, quien es interrumpido por el Presidente para hacerle una moción de orden.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Dos, por los que remite copias de las contestaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Dirección General de Petróleos Mexicanos Explotación y Producción, a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, relativos a la enfermedad denominada de las vacas locas, que se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Salud y de Economía, así como al promovente, para su conocimiento; y a los contratos de servicios múltiples firmados hasta la fecha por la empresa Petróleos Mexicanos, que se turna a la Comisión de Energía y al promovente, para su conocimiento.
Uno, por el que solicita el permiso necesario para que dos ciudadanos puedan prestar servicios y comunica que un ciudadano ha dejado de prestarlos, en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México. Por lo que se refiere a la solicitud de permisos, se turna a la Comisión de Gobernación, y por lo que respecta a quien ha dejado de prestar servicios, se turna a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.
Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisiones Unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
María del Carmen Mendoza Flores, del Partido Acción Nacional, que reforma la fracción quinta del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona la fracción segunda del artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que adiciona el artículo segundo y reforma el artículo tercero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
José Porfirio Alarcón Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga la fracción segunda del artículo doscientos veintidós y reforma los artículos doscientos veintidós, doscientos veintidós bis, doscientos veintitrés y doscientos veinticuatro del Código Penal Federal y adiciona el artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Patricia Flores Fuentes, del Partido Acción Nacional, que reforma la fracción quinta del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona la fracción octava del artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de los diputados: Emilio Zebadúa González, del mismo Partido; José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia; que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y adiciona el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
Federico Barbosa Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma la fracción vigésima del artículo treinta y dos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Luis Antonio Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; reforma la Ley de Instituciones de Crédito y adiciona el Código Fiscal de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
El Presidente informa de la recepción de una solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se incluya en el orden del día un minuto de silencio por el décimo aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y la Asamblea, en votación económica, aprueba la solicitud y acto seguido guarda el minuto de silencio.
En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de Ley General de Bienes Nacionales. Es de segunda lectura. A nombre de la Comisión, fundamenta el dictamen el diputado Julián Angulo Góngora, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña
Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, se recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos veintisiete votos en pro, uno en contra y una abstención. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo treinta y dos; el párrafo segundo del artículo treinta y tres y el artículo treinta y seis; y adiciona los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriendo el orden de los subsiguientes, del artículo treinta y dos de la Ley General de Protección Civil. Es de segunda lectura. El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos veintinueve votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Se devuelve al Senado para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que deroga la fracción primera del artículo veintidós de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es de segunda lectura. Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión la diputada María Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, se recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos catorce votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Es de segunda lectura. Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión el diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos diecinueve votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Se devuelve al Senado para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentan proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:
Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, exponga las acciones que está realizando en relación con los actos de corrupción de diversos servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México y de las delegaciones. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar información a la Secretaría de Educación Pública, sobre los avances para dar cumplimiento a la reforma constitucional que hace obligatoria la educación preescolar. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Energía, a que implemente un programa de modernización, productividad y eficiencia en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con el fin de homologar indicadores de la industria eléctrica paraestatal. Se turna a la Comisión de Energía.
Diputado Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, en relación con las medidas de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos de América a la comunidad científica de Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El Presidente levanta la sesión a las dieciséis
horas con diecinueve minutos, citando para la que tendrá lugar el
jueves veinticinco de marzo de dos mil cuatro, a las diez horas.
Villahermosa, Tabasco, a 26 de febrero de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión
Presente
En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 19, párrafo quinto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 20 y 21 del Reglamento Interior del H. Congreso del estado, nos permitimos hacer de su conocimiento que, en sesión de fecha 26 de febrero de 2004, la Quincuagésima Octava Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco llevó a cabo la elección de la tercera Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos durante marzo de 2004, quedando integrada de la forma siguiente:
Presidenta: Dip. Dora María Scherrer Palomeque
Vicepresidente: Dip. Pascual Bellizzia Rosique
Secretario: Dip. José Luis Sánchez
López
Prosecretario: Dip. Marco Antonio Leyva Leyva
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestras atentas y distinguidas consideraciones.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
H. Congreso del Estado de Tabasco
Dip. Jorge Luis González Marín (rúbrica)
Presidente
Dip. José Luis Sánchez López (rúbrica)
Secretario
México, DF, a 19 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-381, de fecha 25 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño copia del similar número SNM/011/2004, signado por el C. licenciado Ricardo García Cervantes, subsecretario de Normatividad de Medios de esta propia Secretaría, por el que da contestación a los puntos de acuerdo referentes a los tiempos acumulados y los porcentajes de utilización de los tiempos sociales de ley en radio y televisión a partir del 1 de enero de 2004, tanto en los tiempos fiscales como en los denominados tiempos de Estado, presentado por el diputado Carlos Flores Rico.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 15 de marzo de 2004.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Presente
En atención a su oficio SEL/300/482/04 de fecha 24 de febrero del corriente año, con el cual acompañó copia del dictamen del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en su sesión del 25 de febrero de 2004, me permito enviarle el proyecto de respuesta correspondiente, mismo que sería del tenor siguiente:
Asimismo, el penúltimo párrafo del artículo en cita dispone que el pago en especie del impuesto es el establecido en la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas de Diversos Impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, siendo determinado la forma de cubrirlo por el decreto del Ejecutivo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002, ascendiendo su importe estimado, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para 2004, al equivalente a 2,540.2 millones de pesos.
El último párrafo del artículo 1° de la ya citada Ley de Ingresos de la Federación para 2004, dispone expresamente que la aplicación de los recursos se hará de acuerdo a lo establecido en los artículos correspondientes del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
A propósito del pago en especie de este impuesto, el artículo 31 del Presupuesto de Egresos para 2004, contempla la distribución de los tiempos en los siguientes porcentajes: 40% al Poder Ejecutivo federal; 30% al Poder Legislativo federal, asignándose en partes iguales ala Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10% al Poder Judicial Federal y 20% a los entes públicos federales creados por disposición expresa de la Constitución.
Considerando el marco normativo señalado anteriormente, con la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos, con fecha 1 de enero de 2004, el Ejecutivo federal instruyó a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a efecto de desarrollar las acciones necesarias para la operación eficaz de los mecanismos que fueren requeridos, destacando la recepción oportuna de los materiales por parte de los entes autorizados para ello, que permitan la elaboración de las pautas y la distribución para la difusión a cargo de los concesionarios de radio y televisión a nivel nacional.
Es conveniente señalar que el tiempo aire por el equivalente diario de 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio, no es acumulable, y que de no proporcionar materiales a los concesionarios para su difusión en forma diaria, trae el efecto de liberarlos de su obligación de pago.
La Secretaría de Gobernación ha llevado
a cabo las acciones necesarias para la distribución porcentual,
a partir de los materiales que han sido entregados para su difusión
por parte de los usuarios de estos tiempos, de acuerdo con los cuadros
siguientes para radio y televisión, del 1 de enero al 14 de marzo
de 2004.
Por disposición expresa del artículo 59
de la Ley Federal de Radio y Televisión, la obligación a
cargo de los concesionarios y permisionarios de transmitir en forma diaria
y gratuita, con duración de 30 minutos continuos o discontinuos,
precisamente están destinados a difundir temas educativos, culturales
y de orientación social, y la Secretaría de Gobernación
ha enviado periódicamente en forma trimestral a la Cámara
de Diputados informes sobre la utilización de los tiempos oficiales.
En relación con la recepción y difusión de materiales provenientes de usuarios diferentes al Poder Ejecutivo federal, a continuación se destacan las solicitudes, la campaña y el inicio de transmisiones:
La Secretaría de Gobernación ha realizado las gestiones necesarias para hacer del conocimiento de los representantes de todos los usuarios los mecanismos y requerimientos técnicos para la utilización de los tiempos oficiales. Dicha información se detalla a continuación:
2. RTC entregará oficio de autorización del uso del tiempo oficial incluyendo una clave de registro para la identificación de la campaña.
3. Una vez obtenida la clave de registro el usuario enviará a RTC los materiales correspondientes a los medios electrónicos ubicados en el Distrito Federal. Por su parte RTC entregará al solicitante los oficios correspondientes a los medios ubicados en las demás entidades federativas.
4. Los materiales deberán estar claramente identificados con el nombre de la campaña, duración y nombre (s) de la (s) versión (es) y deberá coincidir con los datos de la solicitud.
5. Los materiales deberán tener una duración exacta de 20 o 30 segundos y cumplir con los formatos, características técnicas y requisitos emitidos por RTC, de acuerdo a lo señalado en los incisos C) y D) siguientes.
6. La pauta de transmisión en el Distrito Federal, inicia los lunes de cada semana, los materiales a difundirse, deberán ser entregados a RTC por lo menos seis días hábiles previos al inicio de la transmisión.
7. La pauta de transmisión en provincia es quincenal, inicia los lunes, los materiales a difundirse deberán ser entregados a los medios con un mínimo de dos días hábiles previo al inicio de la transmisión, debiendo obtener acuse de recibo y remitir copia de este último a RTC.
8. Las pautas de radio y televisión se programan con una semana de diferencia. Para la difusión de una campaña en el Distrito Federal, se requiere para televisión un D3 y de 6 Betacam SP. Para radio, se requiere un copiado de 61 discos compactos.
2. RTC entregará oficio de autorización del uso del tiempo oficial incluyendo una clave de registro para la identificación del programa.
3. Una vez obtenida la clave de registro el usuario enviará a RTC los materiales correspondientes a los medios electrónicos ubicados en el Distrito Federal. Por su parte RTC entregará al solicitante los oficios correspondientes a los medios ubicados en las demás entidades federativas.
4. Los materiales deberán estar claramente identificados con el nombre del programa y duración, los cuales deberán coincidir con los datos de la solicitud.
5. Los materiales deberán tener una duración exacta de 5, 10, 15 o 20 minutos y cumplir con los formatos, características técnicas y requisitos emitidos por RTC, de acuerdo a lo señalado en los incisos C) y D) siguientes.
6. La pauta de transmisión en el Distrito Federal, inicia los lunes de cada semana, los materiales a difundirse deberán ser entregados a RTC por lo menos seis días hábiles previos al inicio de la transmisión.
7. La pauta de transmisión en provincia para programas, se envía dependiendo las necesidades de difusión, inicia los lunes, los materiales a difundirse deberán ser entregados a los medios con un mínimo de dos días hábiles previo al inicio de la transmisión, debiendo obtener acuse de recibo y remitir copia de este último a RTC.
8. Para la difusión de un programa en el Distrito Federal, se requiere para televisión cuatro D3 y 6 Betacam SP. Para radio, se requiere un copiado de 61 discos compactos.
Formatos de audio
Para la difusión a nivel nacional de una campaña se requiere:
2. 21 discos compactos que deben ser entregados a RTC, para las emisoras de Televisa e IMER en el interior del país.
3. Adicional a lo anterior, se requiere un CD que debe ser proporcionado a RTC, para su incorporación a la página de RTC y esté a disposición de las 711 estaciones de radio que reciben vía Internet.
Radio:
61 discos compactos.
Televisión:
Los canales 2, 4, 5 y 9 de la empresa Televisa, requieren:
Para campañas: un d3 por cada versión.
Para programas: un d3 por versión, por cada canal.
Los canales 7, 11, 13, 22 y 40 requieren:
Una copia en formato betacam S/P por cada canal, ya sea
para programas o campañas.
Por otra parte, a esta fecha la Secretaría de Gobernación no ha recibido por conducto de la Secretaría de la Función Pública información proveniente de las dependencias y entidades sobre las erogaciones llevadas a cabo para actividades relacionadas con la comunicación social a través de la radio y la televisión. Dicha información debe proporcionarse a la Cámara de Diputados en forma trimestral, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión lo siguiente:
Segundo.- Tener por desahogada la solicitud de información a la Secretaría de Gobernación sobre los tiempos de Estado en radio y televisión a partir del 1 de enero de 2004.
Tercero.- Tomar debida nota de que a esta fecha no se ha recibido información de la Secretaría de la Función Pública sobre las erogaciones por concepto de aire destinadas a los rubros de publicidad, propaganda y comunicación social, provenientes de la dependencias y entidades, al tenor de los dispuesto por el artículo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, en virtud de que esa información se proporciona en forma trimestral.
Mucho agradeceré sus comentarios sobre este particular.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Ricardo García Cervantes (rúbrica)
Subsecretario de Normatividad de Medios
La que suscribe, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto que expide la Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En 1993 México firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que incluyó al sector agropecuario. En ese año se inició una desgravación lineal a 10 años de los aranceles al huevo, pollo y cerdo. En el caso de maíz amarillo o forrajero, que es exclusivamente de consumo animal, la desgravación se fijó a 15 años.
En vista de que México no es autosuficiente en la producción de este grano y depende de las importaciones de Estados Unidos de Norteamérica, era evidente desde ese momento que habría un periodo entre los años 1993 y 2008 muy vulnerable y desventajoso para los productores nacionales, donde éstos tendrían que absorber los costos del arancel del maíz o, en su defecto, consumir sorgo, que es de una calidad nutricional muy inferior al maíz amarillo, y competir con los productos americanos libres o casi libres de aranceles.
En la actualidad el Gobierno de México otorga a los productores nacionales, a manera de paliativo, cupos muy limitados para la importación de maíz amarillo libre de arancel. No será hasta el año 2008 en que el acceso a tan preciado ingrediente podrá llegar alas bodegas de nuestros productores a precios internacionales.
Otro factor que le resta competitividad a México es la presencia de enfermedades en las granjas tecnificadas, que reducen los parámetros productivos de los animales y encarecen los costos de producción por la aplicación de tratamientos antimicrobianos. Dichas enfermedades son difíciles de controlar, debido a que comúnmente alrededor de estas granjas existen focos de infección.
Entre los más comunes están: los pequeños productores que tienen un nulo control sanitario, que no se apegan a las campañas zoosanitarias; los asentamientos humanos irregulares aledaños a las granjas también son un foco de contaminación, porque no cuentan con servicios sanitarios, drenajes y manejo de basura, y generalmente tienen animales de traspatio, que no se apegan a la normatividad de las campañas zoosanitarias, así como cernideros de gallinaza y cerdaza; tianguis de venta de animales, mataderos y rastros, entre otros.
Hablando del aspecto sanitario, para que un animal pueda crecer libre de enfermedades se tienen que dar varias condiciones. Que provenga de una fuente sana; que las condiciones de limpieza dentro de la granja sean las adecuadas; contar con un programa de vacunación, tener una logística de flujo de vehículos y personal correcta, y que las condiciones del espacio aledaño a las granjas sea limpio y libre de contaminantes, para reducir el riesgo de infección en los animales.
La razón de ello es que la transmisión de muchas enfermedades bacterianas y virales se pueden dar a través del aire, moscas e insectos y roedores, por lo que las medidas de bioseguridad que se tomen dentro de las granjas no son suficientes para garantizar que los animales no se infecten y enfermen. Es necesario que la zona que rodea a las granjas esté también libre de contaminantes.
Si los avicultores y porcicultores contaran con una legislación que les diera certidumbre sanitaria, podrían contrarrestar algunas de las desventajas competitivas que tienen con los países con los que nuestro país ha firmado tratados comerciales, con lo cual haríamos a México un centro atractivo para la inversión pecuaria. Esta legislación tendría que ofrecer además un cinturón de protección sanitaria alrededor de las explotaciones existentes o por establecerse.
Entre las amenazas a la avicultura y porcicultura nacional más inminentes están:
Discrecionalidad del Ejecutivo en la asignación
de cupos de importación.
Sistema aduanero deficiente.
Prácticas desleales de comercio y distorsiones
de mercado por subsidios externos.
Falta de integración en la cadena productiva.
Falta de participación de los productores en el
diseño e instrumentación de políticas públicas.
Falta de reconocimiento internacional a nuestro estatus
sanitario.
El primer productor internacional de carne de cerdo es China, abasteciendo el 50% del mercado mundial. México ocupa el décimo lugar, aportando sólo el 1% de ese mercado. Sólo como un ejemplo, el estado de Puebla ocupa el quinto lugar nacional, contado con una población tecnificada de 40,000 vientres, produciendo 60,000 cerdos mensualmente, con un promedio de 90 Kg que equivale a un total de 5?400,000 Kg de carne, que a precio actual de 14.80 /Kg arroja un saldo mensual de 79?920,000.
Es desmotivante para los avicultores y porcicultores invertir en la construcción de granjas en lugares aislados, con inversiones millonarias en instalaciones, equipos y animales sin ninguna garantía de que al lado no se vayan a establecer otras granjas, cernideros de excretas, plantas procesadoras, rastros o colonias habitacionales sin sistemas de drenaje y con animales de traspatio, que comprometan la bioseguridad de la granja.
Desde el punto de vista productivo, sabemos que para que los animales manifiesten su máximo potencial genético, velocidad de crecimiento, conformación muscular, calidad de canal, conversión alimenticia, producción de leche o huevo, etcétera, se deben dar las condiciones idóneas de nutrición, medio ambiente y salud. Si alguna de ellas falla, se pierde eficiencia productiva, los costos aumentan y se corre el riesgo de quedar fuera de la competencia.
Actualmente no existe una legislación que garantice a los productores que el medio ambiente alrededor de sus granjas esté libre de riesgos de infecciones para sus animales. Por ejemplo, hoy en día, si un empresario desea realizar una inversión millonaria en una unidad de producción pecuaria tecnificada en una región aislada, corre el riesgo de que el día de mañana se instale un vecino con tres animales sin control sanitario, ni una adecuada alimentación y, por lo tanto, es muy probable que esos animales puedan enfermar en cualquier momento y se convierten en un riesgo potencial de infección a dicha explotación.
El riesgo potencial al que se enfrenta nuestro país es que, al desaparecer la planta productiva nacional, desaparece la competencia y, como consiguiente, los precios al consumidor estarán sujetos a los establecidos por los brokers del mercado internacional.
En materia sanitaria existen normas oficiales que no se cumplen ni se acatan por todos los que están sujetos a estas disposiciones. Las autoridades acechan a los productores debidamente registrados como empresas y que están afiliados a asociaciones pecuarias o avícolas, pero no así a quienes trabajan fuera del marco de la ley y mucho menos a las explotaciones de traspatio.
Es más, la responsabilidad de estas explotaciones, en cuanto al cumplimiento de la normatividad zoosanitaria, recae en buena medida en los productores integrados, ya que la Sagarpa sugiere a las asociaciones a participar económicamente en las campañas de vacunación de animales de traspatio.
Si México quiere mantenerse dentro de los primeros lugares a nivel mundial en calidad de sus productos en materia de avicultura y porcicultura, deberá establecer una legislación armónica y congruente que por un lado exija la calidad de los productos y por otro ofrezca las condiciones para lograrlo.
Es por ello que presentamos, en atención a lo que disponen el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta honorable asamblea la presente iniciativa de ley, con el propósito de expedir la Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, para quedar de la siguiente manera:
Artículo Unico. Se expide la Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas, para quedar como sigue:
Ley General para la Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas
Capítulo Primero
Disposiciones Generales, Aplicación y Objeto
de la Ley
Artículo 1.
La presente Ley es de orden público e interés social, sus disposiciones son de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases para el desarrollo, fomento, prevención y protección sanitaria de la actividad avícola y porcícola, así como la regulación de los asentamientos que se consideran de riesgo sanitario para las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas que cuenten con los permisos correspondientes para realizar de forma permanente su actividad.
Serán de utilidad pública la protección y mejoramiento sanitario de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.
Artículo 2.
La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, en cuanto no prevean en forma expresa en esta Ley.
Artículo 3.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá:
III. Avicultura: Actividad destinada a la incubación,
cría, explotación y mejoramiento de las aves de corral.
IV. Porcicultura: Actividad destinada a la cría,
explotación y mejoramiento de los cerdos.
V. Avicultor: Persona física o moral que se dediquen a la incubación, a la cría, explotación y mejoramiento de las aves de corral.
VI. Porcicultor: Persona física o moral legalmente constituidas que se dediquen en forma permanente o accidental, a la cría, mejoramiento y explotación de los cerdos.
VII. Granja: Caseta o conjunto de casetas, corral o conjunto de corrales donde se alojan en ellas animales domésticos o silvestres.
VIII. Explotación avícola y/o porcícola: Lugar físico donde se cría, explota, mejora genéticamente, se produce o genera un bien o producto destinado para consumo humano, recreativo, deportivo u ornato.
IX. Asentamiento de riesgo sanitario: Instalación provisional o permanente de colonos o de alguna actividad que pueda ocasionar alguna contaminación que repercuta en la salud y productividad de los animales.
X. Consultoría: Servicio que consiste en la transferencia de conocimientos, metodologías y aplicaciones, con el objetivo de mejorar la calidad de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.
XI. Avance sanitario: Conjunto de medidas zoosanitarias para avanzar que tienen por objeto, controlar, disminuir y eliminar la incidencia y prevalencia de una enfermedad en campaña nacional.
XII. Medidas zoosanitarias: Conjunto de acciones encaminadas al diagnóstico, prevención, control y erradicación de alguna enfermedad que se presente en los animales.
XIII. Capacitación: Servicio que consiste en la impartición de cursos, talleres y metodologías, con el objetivo de mejorar la calidad sanitaria de los productos y subproductos de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.
XIV. Programas: Esquemas para la ejecución de acciones y participación de la Federación, las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios.
XV. Acciones de fomento: Actividades económicas, jurídicas, sanitarias, de capacitación, que contribuyan al desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas, que establezca el reglamento de esta Ley.
XVII. Norma. Las normas oficiales mexicanas expedidas por un organismo competente en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
XVI. Comisión: Comisión para la Protección y Desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.
XVII. Comisión Estatal: Comisión Estatal para la Protección y Desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.
XVIII. Reglamento: El Reglamento de esta Ley.
Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley, toda persona física o moral que se dedique en forma habitual o accidental a:
c) El sacrificio, proceso, comercialización de
productos y subproductos de origen animal.
d) La producción y comercialización de
alimentos para consumo animal.
e) La eliminación de desechos orgánicos
que presenten un riesgo sanitario.
f) La utilización de abonos orgánicos la
gallinaza, cerdaza o aguas residuales porcinas.
g) Al establecimiento de ferias, palenques, exposiciones de animales, zoológicos y los demás que establezca el Reglamento.
Son objetivos de esta Ley:
a) Las bases para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas a la protección y prevención sanitaria, y la regulación de los asentamientos considerados como de riesgo sanitario.
b) Los mecanismos para la evaluación y actualización de las políticas, programas e instrumentos destinados al mejoramiento sanitario de las granjas y explotaciones cuya actividad preponderante sea la avicultura y porcicultura.
c) Las bases para la participación de la Federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal, de los municipios, y de las asociaciones o uniones avícolas y porcícolas, para el desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.
II. Promover.
a) La creación de una cultura en materia zoosanitaria
y sanitaria.
b) El establecimiento de servicio de asistencia sanitaria.
c) Un entorno favorable para que las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas obtengan productos higiénicos y una inocuidad alimentaria.
d) Apoyos para el desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas en todo el territorio nacional, basados en la participación de las asociaciones y uniones avícolas y porcícolas.
e) Esquemas para la modernización e innovación de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.
f) La creación y desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas sea en el marco de la normatividad ecológica.
g) La implementación de medidas zoosanitarias de manera permanente.
Los avicultores y porcicultores pueden ser personas físicas o morales que se constituyan con apego a las disposiciones de esta Ley, así como de otras leyes en cuanto les sean aplicables.
Artículo 7.
El domicilio de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas, será el local donde se ubique el establecimiento en que realicen sus actividades objeto del permiso otorgado por las autoridades correspondientes.
Capítulo Segundo
Del Desarrollo y Fomento de la Actividad Avícola
y Porcícola, y de la Prevención y Protección Sanitaria
Artículo 8.
La Secretaría tendrá en materia de desarrollo, protección y prevención sanitaria de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas:
II. Impulsar un entorno favorable para el desarrollo y crecimiento de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.
III. Instrumentar y coordinar programas de protección sanitaria, para la obtención de productos avícolas y porcícolas higiénicos.
IV. Diseñar esquemas de seguimiento e identificación de los programas de desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas.
V. Elaborar programas integrales que tiendan al mejoramiento de las especies avícolas y porcícolas,
VI. Promover con las entidades federativas, municipios y el Distrito Federal, la celebración de convenios destinados al cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
VII. Evaluar conjuntamente con las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal, los resultados de los convenios a que hace referencia el inciso anterior.
VIII. Establecer las sanciones administrativas a los avicultores o porcicultores, así como a las personas físicas o morales que violen la presente Ley.
IX. Establecer las medidas zoosanitarias a que hace referencia la Ley Federal de Sanidad Animal.
La Secretaría, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal, vigilará que:
b) Todos los asentamientos humanos y pecuarios que se dediquen a las actividades mencionadas en el artículo 4 de esta Ley, que se encuentren a menos de 5 Km de distancia de una granja o explotación avícola o porcícola, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en esta materia, para poder continuar con su actividad. El mismo requisito se aplicará a los asentamientos humanos que exploten animales de traspatio.
c) Los predios agrícolas que se encuentren a menos de 5 Km de una granja o explotación avícola o porcícola que cumpla con las normas oficiales mexicanas sanitarias vigentes que deseen utilizar como abono orgánico la gallinaza deberá estar tratada de acuerdo al proceso establecido en las normas vigentes. Queda prohibida la utilización de cerdaza o aguas residuales porcinas como abono orgánico.
La Secretaría elaborará los programas correspondientes en el marco de la normatividad aplicable, tomando en cuenta los objetivos y criterios establecidos en la presente Ley, así como los acuerdos que tome la Comisión.
Artículo 11.
La Secretaría, en el ámbito de su competencia, promoverá la participación del sector avícola y porcícola para facilitar a las explotaciones avícolas y porcícolas el acceso a Programas previstos en la presente Ley.
Artículo 12.
La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, y prevención sanitaria, así como de esquemas que faciliten el acceso al financiamiento alas explotaciones avícolas y porcícolas.
Los esquemas podrán ser acordados con las asociaciones y uniones avícolas y porcícolas, los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal, y de los municipios, así como con las entidades financieras.
Artículo 13.
Los programas a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, deberán contener entre otros:
II. Los instrumentos, mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutaran las líneas estratégicas,
III. Las líneas estratégicas para el desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas,
IV. Los criterios para establecer campañas permanentes para buscar apoyos de prevención, control y protección de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas que indudablemente tienen permiso para desarrollar esta actividad. Asimismo, para erradicar enfermedades que impiden el desarrollo de mejores condiciones sanitarias a la avicultura y porcicultura nacional,
V. Líneas para elevar la producción y mejoramiento de la calidad sanitaria de los productos de origen avícola y porcícola.
La planeación y ejecución de las acciones de fomento y desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas debe atender los siguientes criterios:
III. Promover mecanismos de medición de avances
para evaluar el impacto de las políticas de apoyo,
IV. Dirigir los esfuerzos de acuerdo con las necesidades
regionales, estatales y municipales.
V. Propiciar esquemas de apoyo a través de la concurrencia dé recursos de la Federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios, así como del sector privado enmarcado en las asociaciones y uniones avícolas y porcícolas.
La Secretaría promoverá la participación de las asociaciones y uniones avícolas y porcícolas; a través de los convenios que celebre, de acuerdo a lo siguiente:
III. La investigación enfocada a la protección
y prevención sanitaria de las granjas y explotaciones avícolas
y porcícolas,
IV. La modernización, innovación y desarrollo
tecnológico,
V. La formación y capacitación de recursos humanos para elevar la producción y mejoramiento de la calidad sanitaria de los productos de origen avícola y porcícola,
VI. Promover las tareas de investigación y de aplicación de técnicas de mejoramiento, y avance sanitario.
Artículo 16.
Se creará una Comisión para el Fomento, Protección y Desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas, con el objeto de impulsar el avance de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas, a través de las acciones previstas en la presente Ley. La Comisión se encargara de estudiar y analizar las necesidades y la problemática que enfrenta el sector avícola y porcícola del país, para proponer medidas que alienten su crecimiento y consolidación de sus productos.
La Comisión será el conducto a través del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal coordinen su actuación para el otorgamiento de los beneficios que se determinen conforme a esta Ley. El Ejecutivo federal proveerá lo conducente para que la Secretaría, en el ejercicio de sus atribuciones realice los actos y adopte las medidas que permitan alcanzar los fines y objetivos de esta Ley.
Artículo 17.
La Comisión se integrará por:
III. El subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
IV. El subsecretario de Planeación y Política
Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
V. Por 12 representantes de las Secretarías de
Desarrollo Rural, o su equivalente en el Distrito Federal y en las entidades
federativas,
VI. El presidente de las asociaciones avícolas,
VII. El presidente de las asociaciones porcícolas,
VIII. El presidente de las uniones avícolas,
IX. El presidente de las uniones porcícolas.
Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente, en el caso de las dependencias de la Administración Publica Federal, deberá tener al menos el nivel de director general o su equivalente.
En la ausencia del Presidente de la Comisión, el subsecretario asumirá dichas funciones.
Artículo 18.
La Comisión contará con un secretario técnico, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; y se coordinará con las Comisiones Estatales en lo conducente.
Artículo 19.
La Comisión se reunirá cuatrimestralmente de manera ordinaria, de acuerdo con el calendario que se apruebe en la primera sesión ordinaria, pudiendo celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran.
La Comisión sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad mas uno de sus miembros, siempre que se cuente con la asistencia del presidente o en su caso su suplente, y que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal.
Las resoluciones se tomaran por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el presidente el voto de calidad en caso de empate.
El presidente, a través del secretario técnico, convocará a las sesiones ordinarias con un mínimo de diez días hábiles de anticipación. En el caso de las extraordinarias se convocara con cinco días hábiles de anticipación.
El domicilio de la Comisión será en el Distrito Federal, y sesionara en las instalaciones de la Secretaría.
Artículo 20.
La Comisión tendrá por objeto:
II. Fomentar y promover la vinculación de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas con la gran empresa,
III. Desarrollar mecanismos para que las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas reciban capacitación en las áreas de tecnología, procesos de producción, procesos sanitarios y ambientales, comercialización y financiamiento,
IV. Estudiar y proponer medidas de apoyo para la prevención y protección sanitaria de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas, así como el desarrollo de las mismas,
V. Coordinarse con el Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal, para el establecimiento de medidas de protección sanitaria,
VI. Coordinarse con la Secretaría para acordar el procedimiento para la imposición de las sanciones establecidas en la Ley,
VII. Fomentar una cultura zoosanitaria.
Artículo 21.
En las entidades federativas y en el Distrito Federal, se podrán instalar una Comisión Estatal para el Fomento, Protección y Desarrollo de las Granjas y Explotaciones Avícolas y Porcícolas, quien estudiará y propondrá en el ámbito regional, estatal y municipal, medidas de apoyo para el desarrollo y protección sanitaria de las explotaciones avícolas y porcícolas.
La Comisión Estatal estará sujeta a los lineamientos que emita la Comisión.
Artículo 22.
La Comisión Estatal será presidido por el secretario estatal de Desarrollo Rural, o su equivalente en cada entidad federativa o Distrito Federal, quien informara periódicamente a la Comisión los resultados obtenidos en el desarrollo de sus actividades.
Para que sesione válidamente la Comisión Estatal deberá contar con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que se cuente con la asistencia del secretario técnico de la Comisión Estatal, o su suplente. Dicha Comisión se reunirá cuatrimestralmente de manera ordinaria, de acuerdo con el calendario que se apruebe en la primera sesión ordinaria del ejercicio, pudiendo celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran.
La Comisión Estatal contará con un secretario técnico, que será el delegado de la Secretaría en el Distrito Federal, o en la entidad federativa de que se trate, quien tendrá la función de dar seguimiento a los acuerdos que de ella emanen.
Por cada uno de los miembros propietarios, se deberá nombrar un suplente, en el caso del Gobierno Estatal o del Distrito Federal, deberá tener al menos un nivel jerárquico inferior inmediato al del propietario.
Artículo 23.
La Comisión Estatal se integrará:
II. El secretario estatal de Desarrollo Rural, o su equivalente en el Distrito Federal y en la entidad federativa de que se trate,
III. El subsecretario estatal de Desarrollo Rural, o su equivalente en el Distrito Federal y en la entidad federativa de que se trate,
IV. Regidor de desarrollo rural, o su equivalente en el Distrito Federal, y en el municipio de que se trate,
V. Regidor de Medio Ambiente, o su equivalente en el Distrito Federal, y en el municipio de que se trate,
VI. Inspector regional y municipal de Ganadería, o su equivalente en el Distrito Federal, y en el municipio de que se trate,
VII. El presidente de la Asociación Regional de
Avicultura,
VIII. El presidente de la Unión Regional de Avicultura,
IX. El presidente de la Asociación Regional de
Porcicultura,
X. El presidente de la Unión Regional de Porcicultura.
La Comisión Estatal tendrá por objeto:
II. Evaluar y proponer medidas para la protección sanitaria y desarrollo de las granjas y explotaciones avícolas y porcícolas,
III. Discutir y analizar las propuestas que realicen los municipios, y en el caso del Distrito Federal, sus delegaciones, para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
Artículo 25.
Constituyen infracciones ala presente Ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere:
III. Realizar actividades que conlleven un riesgo sanitario,
IV. Abstenerse de respetar lo establecido en el artículo
9 de la presente Ley,
V. Aplicar los apoyos que reciban a fines distintos para
los que fueron autorizados,
VI. Realizar cualquier actividad que pudiera generar
un riesgo sanitario, o provoque un brote de enfermedad a la salud pública,
vegetal o animal,
VII. No permitir el acceso de inspectores sanitarios al
lugar donde realicen la actividad que regula la presente Ley,
VIII. Abstenerse de dar a las autoridades sanitarias,
los informes que les soliciten,
IX. No cumplir con cualquier otra obligación que
le corresponda en los términos de la presente Ley.
Cuando una persona física o moral que cometa alguna de las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, la Secretaria, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión, impondrá, según sea el caso, las siguientes sanciones:
II. Multa. en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo 25 de esta Ley; se multará hasta por el equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,
III. Cuarentena a los animales. En el caso de presentarse una plaga u enfermedad contagiosa en las aves y cerdos, debidamente establecido por la autoridad de salubridad competente, o sea catalogada como un foco de infección,
IV. Clausura del establecimiento o granja. En el caso de infracción reiterada o causa grave. Se considera infracción reiterada el que una persona física o moral que hubiese sido previamente suspendido, se hiciera acreedor a una nueva suspensión, sin importar cuales hayan sido las disposiciones de esta Ley cuya observancia hubiere violado. Se considera como causa grave incurrir en cualquiera de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, IV, V, y VII del artículo 25 de la presente Ley.
Artículo 27.
En contra de las resoluciones que se dicten conforme a esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, procederán los medios de impugnación establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Transitorios
Primero.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.
Dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá instalarse la Comisión a que se refiere la presente Ley.
Tercero.
En las entidades federativas o en el caso del Distrito Federal, que exista algún consejo con características similares a una Comisión Estatal, podrán asumir el carácter de estos llevando a cabo el objeto y las funciones establecidas en esta Ley, realizando las adecuaciones legales correspondientes.
Cuarto.
El reglamento de esta Ley, deberá expedirse en
un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada vigor
de la presente Ley.
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA FORTALECER EL REGIMEN FEDERAL DE LA REPUBLICA MEXICANA, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
Quienes suscribimos, diputados integrantes a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta H. Cámara de Diputados esta iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el régimen federal de la República Mexicana.
Exposición de Motivos
En la Constitución mexicana vigente existen diversos principios esenciales a los que algunos estudiosos de la ciencia constitucional y de la ciencia política denominan "decisiones políticas fundamentales", las cuales pueden ser entendidas como los elementos ideológicos y estructurales que determinan nuestros caracteres definitorios como Estado y como sistema político.
Entre estos elementos ocupa un lugar indiscutible el régimen federal, el cual se identifica con el nacimiento de nuestra República soberana y, en muchos sentidos también, con las diversas etapas históricas del desarrollo de nuestro sistema constitucional y con innumerables luchas políticas promotoras de la democratización del poder y de la consolidación de las instituciones públicas de nuestro país.
A lo largo del siglo XIX, como es de sobra conocido, el establecimiento y la preservación de la forma de Gobierno Federal se identificó con el avance y el desenvolvimiento político de nuestra nación, mientras que su sustitución por un régimen de centralización de las atribuciones constitucionales en los poderes públicos nacionales siempre se consideró como sinónimo de retroceso y de imposición de estructuras contrarias a la voluntad mayoritaria del pueblo de México.
Este elemento de nuestro régimen político se estableció también en la primera Constitución de contenido social de toda la historia, promulgada en nuestro país en 1917, determinándose en sus normas un sistema de distribución del ejercicio del poder conforme al cual las competencias constitucionales de los órganos federales son expresas, mientras que las que ejercen las entidades federativas son implícitas.
Consecuentemente, es indiscutible que el Estado mexicano y su sistema republicano no pueden entenderse histórica ni estructuralmente sin hacer referencia a la forma de Gobierno Federal.
Ahora bien, es un hecho que nuestro sistema federal nació y se ha desarrollado del centro hacia la periferia, lo cual significa que tanto en el Siglo XIX, como en el XX, la forma de gobierno federal del Estado mexicano ha estado asociada a la descentralización del poder político, aspecto que es necesario tomar en cuenta para entender la génesis y la problemática de este elemento estructural de nuestro régimen constitucional.
En efecto, el federalismo mexicano, no obstante sus deficiencias estructurales y terminológicas, representó en el pasado y representa ahora, un elemento del régimen de gobierno compatible con un sistema político democrático, desde el momento en que su esencia consiste en la distribución del poder en un sentido territorial. Sin embargo, uno de sus defectos congénitos consiste en que tanto las determinaciones jurídicas relativas a la asignación de competencias entre el Estado y las entidades federativas, como las decisiones políticas concernientes al fortalecimiento del federalismo han provenido, en la mayoría de los casos, del propio nivel de gobierno federal.
Esto significa que en la construcción y en el desarrollo de este aspecto de nuestro régimen político, tradicionalmente han sido actores principales los órganos federales y actores secundarios las entidades federativas, lo cual se debe a diversas circunstancias, entre las cuales destacan tanto las inercias históricas centralizadoras como las estructuras constitucionales y políticas en las que se basa el régimen federal mexicano.
Lo paradójico de esta situación consiste en que los niveles de gobierno local y municipal, que son los que requieren de un mayor fortalecimiento político, jurídico, económico y financiero del que depende en gran medida el ejercicio autónomo de sus atribuciones, son simultáneamente los que tienen menos capacidad constitucional y legal para promover los cambios estructurales que necesita nuestro sistema federal, el cual, entre otras razones, por ésta sigue caracterizándose por sus normas y por sus prácticas centralizadas.
En los últimos tiempos hemos sido testigos de importantes esfuerzos de organización política a favor del federalismo mexicano, de los cuales la Conago y la Convención Nacional Hacendaria son dos ejemplos productivos y genuinamente federalistas, cuyo éxito se debe, en gran medida, a que provienen precisamente de las entidades federativas, revirtiendo la tendencia centralizadora tradicional de conformación de nuestro régimen federal y representando casos propios de un auténtico proceso federalista que se origina en las entidades locales que reclaman legítimamente la ampliación de su competencia autónoma y el fortalecimiento estructural de la que actualmente les asignan las normas constitucionales federales.
Seguramente, del esfuerzo común que realizan en estas instancias los tres niveles de gobierno de nuestro país y los órganos ejecutivos y legislativos federales y locales, surgirán propuestas concretas tendientes a la renovación y al fortalecimiento del régimen federal mexicano.
En forma paralela a estos trabajos, es indispensable realizar modificaciones a las normas constitucionales y legales que regulan el sistema federal mexicano con el propósito de ampliar la participación de algunos de los actores principales de este proceso de renovación federalista, cuya capacidad jurídica para proponer cambios y adiciones a la constitución y a las leyes federales no existe o es muy limitada.
En efecto, como todos sabemos, tratándose de las entidades federativas, sólo uno de sus órganos puede presentar iniciativas de leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, a lo que debe agregarse que en el caso concreto del Distrito Federal esta posibilidad está actualmente cancelada, a nuestro juicio, sin justificación alguna.
Consecuentemente, quienes suscribimos está iniciativa de revisión constitucional proponemos la modificación del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar el derecho de presentar iniciativas de leyes y decretos en materia legislativa federal y, por extensión, de reforma y adición constitucional conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Constitución federal, a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el objeto de que los órganos legislativos y de gobierno de todas las entidades federativas de nuestra República adquieran la capacidad jurídica de participar en el proceso de renovación y fortalecimiento del sistema federal mexicano, impulsando los cambios al orden jurídico federal que estimen convenientes para este propósito.
En tales condiciones se propone la modificación del artículo 71 de la Constitución de la República, estableciéndose en su fracción II la atribución de los gobernadores de las entidades federativas y del jefe de Gobierno del Distrito Federal para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión; determinándose en su fracción III la atribución de los miembros del Congreso General para estos mismos efectos, la cual actualmente aparece en la fracción II de este precepto; y adicionándose una fracción IV, en la que se otorga esta misma atribución a las Legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Igualmente, se adecua el párrafo final de este precepto a la modificación anterior, estableciéndose que las iniciativas presentadas por los gobernadores de las entidades federativas, por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se sujetarán al mismo trámite inicial que se determina para las que provienen del Presidente de la República y de las Legislaturas locales.
Consideramos que de esta manera, tanto la totalidad de los órganos legislativos locales como los gobiernos de las entidades federativas estarán en aptitud de actuar a favor de la construcción del auténtico régimen federal democrático que requiere nuestra nación, no sólo políticamente, como lo han hecho exitosamente hasta ahora, sino también legalmente, proponiendo la modificación de las normas constitucionales y de diversas leyes federales, sin la cual es imposible cumplir el objetivo que sin duda los anima a todos, sin distinciones partidarias, consistente en el diseño de un auténtico federalismo mexicano en todos los órdenes del ejercicio del poder político.
Conforme a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución federal, proponemos a la consideración del H. Congreso de la Unión y en su momento, de los H. Congresos de las entidades federativas, por conducto de esta Cámara de Diputados federal, la siguiente iniciativa de
Decreto por el que se reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Unico. Se reforma y se adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 71.- El derecho de iniciar leyes compete
II. A los gobernadores de las entidades federativas y al jefe de Gobierno del Distrito Federal.
III. A los diputados y senadores del Congreso de la Unión.
IV. A las Legislaturas de las entidades federativas y ala Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Artículos Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Segundo.- Las iniciativas de ley o decreto que hayan sido presentadas conforme al texto anterior del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos seguirán tramitándose hasta su votación definitiva, en los términos previstos por esta Constitución y por las leyes aplicables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.
Por la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo:
Diputados: Ramón Galindo Noriega, Presidente
(rúbrica); César Chávez Castillo, secretario (rúbrica);
César Amín González Orantes, secretario; Gonzalo Rodríguez
Anaya, secretario (rúbrica); Francisco Rojas Toledo, secretario
(rúbrica); Minerva Hernández Ramos, integrante (rúbrica).
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER UN REGIMEN DE DISCIPLINA Y ETICA PARLAMENTARIAS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura del Congreso General, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 11, 23, 46, 48, 67, 85, 90, 109 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Diferentes acontecimientos suscitados en los últimos años han generado un debate entre la sociedad sobre la necesidad de acotar el fuero constitucional y el mandato político del que gozan los legisladores dentro de un marco legal de disciplina y ética parlamentaria.
Si bien las Mesas Directivas de las Cámaras cuentan entre sus obligaciones las de velar por el fuero y la libre expresión de los legisladores en el desempeño de sus funciones, también es cierto que vigila por el orden de las sesiones; precisamente para salvaguardar la libre expresión parlamentaria.
La Directiva, pues, tiene la obligación de velar por la libre expresión de los legisladores y a la vez de guardar un sano equilibrio entre ésta, que es un valor fundamental de la práctica parlamentaria, y el respeto a los demás legisladores. Parafraseando a Jeremy Bentham, "de los chispazos del debate parlamentario surge la luz que nos conduce a la verdad", no debemos olvidar que finalmente el derecho es una norma de moral social provista de sanción política.
Aunque el cargo de los diputados y senadores es un mandato popular, esto no implica que no son responsables por sus actos y omisiones, aun cuando esto no constituya un delito penal.
La disciplina y la ética son valores que deben de normar el accionar de los legisladores en todo momento, ya que son representantes de la sociedad y tienen un encargo que debe de llevarse con responsabilidad y compromiso.
La conducta de los diputados y senadores debe de sustentarse en estos valores que garanticen la honorabilidad, credibilidad y profesionalismo, sin lacerar en ningún momento la imparcialidad, independencia e inviolabilidad de los legisladores.
Los diputados de la nación y los senadores de la República estamos obligados a guardar la investidura que como tales nos ha otorgado el pueblo de México, nuestra vida pública está sujeta al escrutinio de la ciudadanía, así es en los países normalmente democráticos y México no tiene por qué ser la excepción.
Tanto en el desarrollo de las sesiones, como en el interior del Recinto parlamentario, es necesario que los legisladores se guarden respeto entre sí, a los miembros de los otros Poderes, a los funcionarios y servidores de las Cámaras, y a los invitados que asistan a la sede del Congreso; deben procurar llevar sus intervenciones con respeto, tanto en Pleno como en reuniones de comisión; evitar el insulto, la injuria, la amenaza y la descalificación contra sus compañeros o contra cualquier funcionario público. Que el debate de las ideas sea la forma de dirimir las controversias, que gane quien tenga la razón y el derecho de su lado.
En los debates y las votaciones de las Cámaras deben privar el respeto, evitar los altercados, las disputas y las discusiones fuera de orden.
Para ello es necesario dotar a los Presidentes de las Cámaras de las facultades necesarias para poder imponer el orden y el respeto dentro de la Asamblea, así como establecer en la Ley las sanciones a las que pueden hacerse acreedores los legisladores.
Adicionalmente a lo anterior, para evitar conductas impropias de los diputados y senadores fuera de sus respectivos Recintos parlamentarios es necesario establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos mecanismos que ayuden a las Cámaras a normar la vida pública de sus integrantes, para garantizar la imagen de los legisladores.
De esta manera se pretende establecer un órgano en cada Cámara que se centre en conocer sobre el comportamiento de sus integrantes en su vida pública, y de haber faltas a los principios de honorabilidad, profesionalismo y los valores de ética y disciplina aplicar sanciones de acuerdo con un criterio previamente establecido.
Previendo esta situación y siguiendo la experiencia de otros Congresos, Asambleas y Parlamentos del mundo, sería apropiado establecer en las Cámaras del Congreso General una Comisión, para el caso del Senado de la República, y un Comité, para la Cámara de Diputados, de Disciplina y Etica Parlamentarias.
En las respectivas instancias, esta Comisión y Comité se abocarían a conocer de las faltas en las que incurran los legisladores en su vida pública, estudiarlas, y en su caso proponer la sanción conducente al Pleno de la Cámara de que se trate.
Para profundizar este marco de disciplina y ética parlamentaria, es necesario que las Cámaras del Congreso General elaboren conjuntamente un Código de Conducta de los Legisladores que contenga las reglas generales del comportamiento que deben de guardar, tanto diputados como senadores dentro y fuera del Recinto parlamentario, y deberán expedir separadamente, un Reglamento del Código de Conducta para los Diputados, en la Cámara baja; y un Reglamento del Código de Conducta para los Senadores, en la Cámara alta.
De esta forma, los criterios de disciplina y ética para ambas Cámaras serán homogéneos en el Código de Conducta de los Legisladores, y las formas de interpretación, de aplicación, y las sanciones conducentes estarán de acuerdo con las particularidades de cada Cámara del Congreso.
Concluyendo, un comité y una comisión, según el caso, de ética y disciplina parlamentaria para cada una de las Cámaras del Congreso no es sino una instancia interna para dar cauce al sano equilibrio entre dos valores que nos parecen fundamentales: la libertad y el respeto mínimo entre pares y compañeros.
No debemos olvidar que la institución del fuero en sus momentos fundacionales guarda a las instituciones parlamentarias en su conjunto y que los individuos que forman parte de estas poseen como tales una garantía constitucional adicional pero a la vez como proyección de su sentido de pertenencia a éstas.
En su conducta pública el individuo potestado por el fuero, no puede ser más allá de lo que la garantía exige para el buen funcionamiento de las instituciones. Los individuos de las cámaras pues, están obligados a una conducta pública que se corresponda a los altos fines de las instituciones de las que forman parte.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del honorable Congreso General, por conducto de la Cámara de Diputados, la presente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentarias
Artículo Unico. Se adicionan y reforman los artículos 5, 11, 23, 46, 48, 67, 85, 90, 109 y 120, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 5°.
3. El Presidente del Congreso tendrá las mismas facultades que establecen los párrafos tres al ocho del artículo 23 de la presente ley, y para estos efectos se entenderá por diputados: legisladores, y por Cámara: Congreso.
4. Los diputados y senadores observarán en su vida pública lo establecido por el Código de Conducta de los Legisladores y su respectivo reglamento en cada Cámara.
3. Además, corresponde al Presidente aplicar y proponer las sanciones a los miembros de la Cámara por incurrir en faltas a la presente ley, al reglamento, alterar el orden de la sesión, faltar al respeto de algún miembro de la Cámara y provocar o participar en disputas o altercados. Los diputados podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones:
a) La llamada al orden;
b) La llamada al orden con mención en el acta;
c) La censura; y
d) La censura con expulsión temporal.
4. Sólo el Presidente podrá llamar al orden y se aplicará esta sanción a todo orador que lo perturbe. Ningún diputado que no estando autorizado a hablar haya sido llamado al orden, podrá obtener la palabra para justificarse hasta que finalice la sesión, salvo que el Presidente acuerde lo contrario.
5. Será llamado al orden con mención en el acta todo diputado que en la misma sesión ya hubiere sido llamado al orden. Asimismo, será llamado al orden con mención en el acta, todo diputado que haya dirigido a uno o más de sus colegas injurias, provocaciones o amenazas. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante un mes, de una cuarta parte de la dieta correspondiente a los diputados.
6. La censura se decretará contra todo diputado que, tras una llamada con mención en el acta, no haya acatado el llamado del Presidente o que haya provocado una alteración de orden en el Pleno. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante un mes, de la mitad de la dieta correspondiente a los diputados.
7. Se decretará la censura con expulsión temporal del Recinto Legislativo contra todo diputado que se haya resistido a la censura simple o que haya sido sometido a ella dos veces; que haya recurrido a la violencia en sesión; que se haya hecho culpable de ultrajes contra la Cámara o su Presidente; que se haya hecho culpable de injurias, provocaciones o amenazas contra el Presidente de la República, los secretarios de Estado, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, o los senadores de la República. La censura con expulsión temporal llevará aparejada la prohibición de participar en los trabajos de la Cámara y de volver a presentarse en el Palacio Legislativo hasta que expire el octavo día de sesión siguiente a aquél en que se hubiere dictado la medida. En caso de negativa del diputado de atender al requerimiento de abandonar la Cámara en Pleno que le haya hecho el Presidente, se suspenderá la sesión. En este caso y asimismo en el caso de que se aplique la censura con expulsión temporal por segunda ocasión a un diputado, la expulsión se extenderá a dieciséis días de sesión. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante dos meses, de la mitad de la dieta correspondiente a los diputados, y de los senadores, en el caso del artículo 5° de esta ley.
8. La censura simple y la censura con expulsión temporal se decretarán por el Pleno, a propuesta del Presidente, por mayoría simple de los presentes y sin debate alguno. Tendrá en todo caso derecho a ser oído o a que se oiga a uno de sus colegas en su nombre, el diputado contra quien se solicitare una de estas dos sanciones disciplinarias.
4. Para vigilar el cumplimiento del Código de Conducta de los Legisladores y el Reglamento del Código de Conducta para los Diputados y proponer las sanciones conducentes al Pleno, se formará el Comité de Disciplina y Etica Parlamentarias, que se mantendrá de Legislatura a Legislatura. Dicho Comité se integra por siete diputados, el Presidente de la Cámara, los Presidentes de las Comisiones Jurisdiccional, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el Presidente de la Mesa de Decanos y tres diputados propuestos por la Junta de Coordinación Política.
5. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el pleno podrá constituir "grupos de amistad" para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. Su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron, pudiendo desde luego ser establecidos nuevamente por cada Legislatura.
a) a f) ...
g) Ejecutar las sanciones impuestas a los diputados que se establecen en los párrafos del tres al ocho del artículo 23 de la presente ley, y aplicar las privaciones a las dietas de los diputados que sean sancionados.
2. Además, corresponde al Presidente aplicar y proponer las sanciones a los miembros de la Cámara por incurrir en faltas a la presente ley, al reglamento, alterar el orden de la sesión, faltar al respeto de algún miembro de la Cámara y provocar o participar en disputas o altercados. Los senadores podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones:
a) La llamada al orden;
b) La llamada al orden con mención en el acta;
c) La censura; y
d) La censura con expulsión temporal.
3. Sólo el Presidente podrá llamar al orden y se aplicara esta sanción a todo orador que lo perturbe. Ningún senador, que no estando autorizado a hablar, haya sido llamado al orden podrá obtener la palabra para justificarse hasta que finalice la sesión, salvo que el Presidente acuerde lo contrario.
4. Será llamado al orden con mención en el acta todo senador que en la misma sesión ya hubiere sido llamado al orden. Asimismo, será llamado al orden con mención en el acta, todo senador que haya dirigido a uno o más de sus colegas injurias, provocaciones o amenazas. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante un mes, de una cuarta parte de la dieta correspondiente a los senadores.
5. La censura se decretará contra todo senador que, tras una llamada con mención en el acta, no haya acatado el llamado del Presidente o que haya provocado una alteración de orden en el Pleno. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante un mes, de la mitad de la dieta correspondiente a los senadores.
6. Se decretará la censura con expulsión temporal del Recinto Legislativo contra todo senador que se haya resistido a la censura simple o que haya sido sometido a ella dos veces; que haya recurrido a la violencia en sesión; que se haya hecho culpable de ultrajes contra la Cámara o su Presidente; que se haya hecho culpable de injurias, provocaciones o amenazas contra el Presidente de la República, los secretarios de Estado, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, o los diputados federales. La censura con expulsión temporal llevará aparejada la prohibición de participar en los trabajos de la Cámara y de volver a presentarse en el Palacio Legislativo hasta que expire el octavo día de sesión siguiente a aquel en que se hubiere dictado la medida. En caso de negativa del senador de atender al requerimiento de abandonar la Cámara en Pleno que le haya hecho el Presidente, se suspenderá la sesión. En este caso y asimismo en el caso de que se aplique la censura con expulsión temporal por segunda ocasión a un senador, la expulsión se extenderá a dieciséis días de sesión. Esta sanción llevará aparejada la privación, durante dos meses, de la mitad de la dieta correspondiente a los senadores.
7. La censura simple y la censura con expulsión temporal se decretarán por el Pleno, a propuesta del Presidente, por mayoría simple de los presentes y sin debate alguno. Tendrá en todo caso derecho a ser oído o a que se oiga a uno de sus colegas en su nombre, el senador contra quien se solicitare una de estas dos sanciones disciplinarias.
3. Para vigilar el cumplimiento del Código de Conducta de los Legisladores y el Reglamento del Código de Conducta para los Senadores y proponer las sanciones conducentes al Pleno, se formará la Comisión de Disciplina y Etica Parlamentarias, que se mantendrá de Legislatura a Legislatura. Dicha Comisión se integra por 7 senadores, el Presidente de la Cámara, los presidentes de las comisiones Jurisdiccional y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el Presidente de la Mesa de Decanos y tres senadores propuestos por la Junta de Coordinación Política.
I. a IX. ...
X. Disciplina y Etica Parlamentarias;
XI. Distrito Federal;
XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;
XIII. Energía;
XIV. Equidad y Género;
XV. Estudios Legislativos;
XVI. Federalismo y Desarrollo Municipal;
XVII. Gobernación;
XVIII. Hacienda y Crédito Público;
XIX. Jurisdiccional;
XX. Justicia;
XXI. Marina;
XXII. Medalla Belisario Domínguez;
XXIII. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;
XXIV. Puntos Constitucionales;
XXV. Reforma Agraria;
XXVI. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;
XXVII. Relaciones Exteriores;
XXVIII. Salud y Seguridad Social;
XXIX. Trabajo y Previsión Social; y
XXX. Turismo.
a) a g) ...
h) Ejecutar las sanciones impuestas a los senadores que se establecen en los párrafos del dos al siete del artículo 67 de la presente ley, y aplicar las privaciones a las dietas de los senadores que sean sancionados.
i) Las demás que se deriven de esta ley, del reglamento y de los acuerdos de la Mesa Directiva de la Cámara.
2. El Presidente de la Comisión Permanente tendrá las mismas facultades que establecen los párrafos tres al ocho del artículo 23 de la presente ley, y para estos efectos se entenderá por diputados: legisladores, y por Cámara: Comisión Permanente.
Artículo Primero. El Código de Conducta de los Legisladores a que se refiere el artículo único del presente decreto deberá ser elaborado y presentado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a consideración del Pleno, en un lapso no mayor a 60 días posteriores a la publicación del presente decreto.
Artículo Segundo. La Cámara de Senadores deberá emitir el Código de Conducta de los Legisladores en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la recepción de la minuta.
Artículo Tercero. El Código de Conducta de los Legisladores deberá contener las bases para la elaboración del Reglamento del Código de Conducta de cada Cámara del Congreso. El proyecto deberá ser elaborado por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su respectiva Cámara en un plazo no mayor de 45 días posteriores a la aprobación del Código de Conducta de los Legisladores.
Artículo Cuarto. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 25 de marzo de 2004.
Dip. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 102, 103 Y 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Sabiendo la importancia que tiene para nuestro país el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México en materia de derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos.
Conociendo la necesidad de implementar mecanismos de exigibilidad en el sistema no jurisdiccional en la defensa de los derechos humanos, de manera progresiva, para preservar la integralidad de los mismos, en especial de los derechos laborales consagrados en más de 182 convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y así darle competencia a los organismos públicos de protección de los derechos humanos en materia de derechos laborales. En razón generar mecanismos de justiciabilidad en el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, dándole competencia a los organismos públicos de protección de derechos humanos en materia de derechos políticos electorales y así dar cumplimiento a las propuestas normativas emanadas del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México realizado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en México.
Para consolidar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas e incrementar los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, y hacer progresivo el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del Estado Mexicano.
Sabiendo la importancia que reviste que las leyes secundarias y generales, así como las emanadas de las legislaturas locales respeten los derechos humanos, se propone un mecanismo de protección para darle competencia a los tribunales federales de conocer sobre las controversias que se susciten cuando una ley o un acto de autoridad viole derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
Considerando que el sistema de ombudsman mexicano, no lo representa una persona, sino que está integrado por todos los titulares de los organismos públicos de protección de derechos humanos del país y, son estas autoridades, los que tienen mayor sensibilidad y conocimiento acerca de la defensa y promoción de los derechos humanos, por lo que se hace indispensable otorgarles la facultad de promover los acciones de inconstitucionalidad en contra de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, leyes y reglamentos federales y locales, indistintamente.
Reconociendo que el sistema de ombudsman mexicano, tiene una representación social en materia de la defensa y protección de los derechos humanos, por ello, se hace necesario establecer mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad colectivos, en consecuencia es indispensable otorgar la facultad de presentar denuncias y quejas ante los organismos estatales, nacionales e internacionales.
Con el propósito de establecer un mecanismo constitucional que induzca la homologación de las leyes que regulan los organismos públicos de protección de los derechos humanos del país, otorgando un plazo razonable a las legislaturas locales para realizar las modificaciones correspondientes a las leyes cumpliendo con los principios otorgados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y así dar autonomía plena a los citados organismos públicos de las entidades federativas, es decir, de gestión, presupuestal y la elección de sus titulares y consejeros a propuesta de la sociedad civil, entre otros.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente
Iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Primero.- En el artículo 102 (apartado) B, párrafos segundo, tercero y quinto, y la adición del párrafo noveno, para quedar como sigue:
Artículo 102.
(Apartado)
B ...
(Párrafo segundo)
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán ante las autoridades respectivas recomendaciones públicas, no vinculatorias y, denuncias y quejas ante las autoridades del ámbito local, nacional o internacional.
(Párrafo tercero)
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos jurisdiccionales.(Párrafo quinto)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros, los cuales deberán ser ciudadanos de la sociedad civil, propuestos por organizaciones de la misma, que serán elegidos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La Ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuesto y ratificados para un segundo periodo.
(Párrafo noveno)
Las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al establecer la regulación de los organismos de protección de los derechos humanos, garantizarán su autonomía plena siguiendo las disposiciones y procedimientos que esta Constitución establece para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Segundo.- En el artículo 103, fracción I, para quedar como sigue
Artículo 103.
(Fracción primera)
Tercero.- En el artículo 105, fracción II, inciso g), para quedar como sigue:
Artículo 105. ...
(Fracción segunda)
II. ...
.......
(Inciso g)
g) El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los titulares de los organismos públicos de protección de los derechos humanos de cada una de las entidades federativas, en contra de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, leyes o reglamentos federales o locales que vulneren la protección constitucional de los derechos humanos.
QUE ADICIONA UN ARTICULO 11 BIS A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON OBJETO DE OBLIGAR A DIPUTADOS Y A SENADORES A RENDIR UN INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES A SUS REPRESENTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Miguel Angel Osorio Chong, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 BIS a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de introducir al cuerpo normativo la rendición de cuentas por parte de los legisladores.
Exposición de Motivos
Un Estado democrático como el nuestro, no se puede concebir en la actualidad sin un principio fundamental: la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas es un principio que constituye el ejercicio de una obligación democrática por parte de los que integramos el sistema político y de representación del Estado Mexicano. Dicho principio junto con el de transparencia, son pilares en la construcción de un país donde se respeten las instituciones, donde se exija el cumplimiento de obligaciones y, sobre todo, donde se actúe siempre con apego a la legalidad.
De esta forma, encontramos que uno de los elementos más importantes para los Estados democráticos modernos es, sin lugar a dudas, el relacionado con la transparencia en su actuar y, por otra parte, la relativa a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes hacia sus representados. La transparencia es uno de los elementos que confiere la obligación que el poder público abra y ponga a disposición la información de las Instituciones publicas a los ciudadanos.
Esto se puede lograr mediante sistemas que garanticen que los gobernados gozarán de la facultad de evaluar a su propio desempeño, otorgándole lo necesario para formularse un juicio más razonado e informado. De esta manera, los destinatarios de dicha información podrán revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar si es que se hallan anomalías en ésta.
En el proceso de reestructuración institucional en el cual ahora se encuentra inmerso México, la rendición de cuentas por parte de los legisladores es un tema de suma importancia puesto que una sociedad democrática supone la evaluación ciudadana sobre su gobierno, y ésta, para que sea efectiva, requiere que el ciudadano tenga los elementos suficientes para hacer de su juicio un asunto razonado e informado.
En la medida en que los ciudadanos conozcan aspectos sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan sus representantes, contarán con elementos para ejercer su derecho de evaluarla. De ahí que la rendición de cuentas sea una condición necesaria para el pleno desarrollo democrático del Estado y para que los poderes públicos informen a la ciudadanía sobre su desempeño. Por lo tanto, a más y mejor información que los órganos del Estado brinden, el ciudadano estará en mejores condiciones para valorar su gobierno y para tomar mejores decisiones.
Dentro de este contexto, es importante señalar que México es uno de los Países más avanzados en cuanto al tema de transparencia y rendición de cuentas y se debe destacar que ha suscrito distintos Convenios y Tratados Internacionales en dicha materia; asimismo construyó cimientos más sólidos al haber aprobado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Junio de 2002, provocando necesariamente que México se encuentre en uno de los primeros lugares en la búsqueda de consolidar Instituciones transparentes y donde sus representantes sean capaces de informar al pueblo acerca de su trabajo.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es el instrumento más importante para hacer del dominio público situaciones, manejos o información que no se divulgaba. Sin embargo, la aprobación de una Ley de Acceso a la Información en México, no es en sí misma suficiente para generar una garantía en la práctica y en los usos de los sujetos obligados, sino que la ley debe concebirse como un instrumento -desde luego imprescindible- para la concepción de una verdadera política pública de transparencia y de rendición de cuentas, que comprenderá otras medidas complementarias, y, sobre todo, una auténtica voluntad política para impulsar el principio de transparencia.
Hacer una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para imponer la obligación a los Legisladores para que rindan o publiquen un informe anual acerca de sus actividades parlamentarias en sus respectivos distritos, tiene la finalidad de que al obligarse a rendir cuentas a sus representados, fomenten el conocimiento verás del actuar de sus representantes y esto conduce necesariamente a legitimar su presencia en el Congreso de la Unión y así tener un vínculo más estrecho con los ciudadanos que los eligieron, presentando los avances o resultados estando en contacto directo con las necesidades y peticiones de la sociedad.
Por esta razón, esta iniciativa coincide con los objetivos de la Ley Federal de Transparencia, al vincular la interacción del legislador con el electorado teniendo como resultado tener legisladores responsables y comprometidos, que ofrezcan beneficios significativos derivados de su trabajo constante y productivo al interior del Congreso, de su distrito o de cualquiera de los escenarios en los que se desenvuelva, que se reflejen sus acciones en los beneficios directos a la ciudadanía y por lo tanto a la soberanía.
Compañeros diputados, no es posible pensar en temas como la reelección legislativa cuando no estamos cerca de nuestros electores, no podemos hablar de continuidad cuando los ciudadanos no conocen el trabajo de sus representantes. En efecto, tenemos que transparentar la política para apuntalar la dignificación de la misma.
Los legisladores tenemos una responsabilidad fundamental, venir a esta tribuna con el mandato que nos ha conferido el pueblo de México, con la consigna de trabajar, esforzadamente, por representar la voluntad de los que nos han electo. Esto es una demanda de la ciudadanía en general, es hoy cuando nos exigen una mejor representación de sus intereses y, sobre todo, una mayor credibilidad acerca de los trabajos parlamentarios. Es tiempo de ser responsables para con nuestros ciudadanos, es tiempo de darles la oportunidad de ser calificados por ellos, es tiempo de rendir cuentas de lo que hacemos en este Congreso.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea
Proyecto de Decreto
Por medio del cual se adiciona un artículo 11 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Unico.- Se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 11 Bis.-
Los diputados y senadores estarán obligados a presentar un informe de actividades legislativas a los ciudadanos del distrito electoral, entidad federativa o circunscripción electoral al cual representen, sujetándose a los siguientes lineamientos:
II.- Los diputados y senadores electos bajo el principio de representación proporcional, deberán presentar de manera breve y por escrito, un informe de sus actividades legislativas, el cual podrá rendirse ante los Congresos locales de cada Estado y ante el Cabildo de los Ayuntamientos a que corresponda la circunscripción a la cual representen, para que éstos lo pongan a disposición de los ciudadanos;
III.- Dichos informes deberán presentarse anualmente, a partir de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de cada año;
IV.- La información que deberá contener dicho informe se limita a las siguientes actividades parlamentarias:
a) Iniciativas presentadas;
b) Puntos de acuerdo presentados;
c) Asistencias;
d) Actividades en comisiones parlamentarias de las que
sea miembro;
e) El sentido de su voto en las leyes y reformas aprobadas
en el Congreso; y
f) Gestiones atendidas;
Unico.- El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
QUE REFORMA EL ARTICULO 323 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, fundándose en lo establecido en la fracción II del artículo 71 constitucional, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 323 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Sin temor a equivocarme, sostengo que la vida es lo más preciado que tenemos; así que las figuras delictivas contenidas en nuestros códigos relativas a las conductas que contra ella atentan merecen una especial atención.
Tratándose de delitos que traen como consecuencia la privación de la vida del ser humano, no debemos de ninguna manera dar marcha atrás a las penas que el Estado impone y mucho menos tratándose de la privación de la vida del padre, de la madre o de cualquier ascendiente consanguíneo en línea recta, descendientes, hermanos, cónyuges, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, tal y como lo señala el delito de homicidio en razón de parentesco o relación. La persona que llega a cometer este tipo de delito es un ser carente de conciencia de especie para con el núcleo social más sólido e inmediato como lo es la familia.
Por lo anterior, encontramos que en la vida jurídica del Código Penal Federal, al regular la privación de la vida, en las distintas modificaciones se ha incrementado la penalidad para el homicidio calificado y con las reformas del decreto fechado el 10 de enero de 1994 se derogaron los artículos que contemplaban el parricidio y el infanticidio, intitulándose el Capítulo IV del Título Décimo Noveno del Código Penal Federal "Homicidio en Razón del Parentesco o Relación".
Al determinar la penalidad para la recién creada figura homicidio en razón del parentesco o relación, en mi opinión no fueron debidamente valoradas las condiciones particulares y se olvidaron de que se trataba de un delito especial de acuerdo con las condiciones personales existentes entre víctima y victimario.
En las precitadas reformas se estableció como penalidad aplicable al nuevo delito de "homicidio en razón del parentesco o relación" prisión de 10 a 40 años. Debo señalar que el delito de referencia, así como el de homicidio genérico, puede cometerse en muy variadas formas, tal y como lo establece el Código Penal, penalizándose de acuerdo con su forma de ejecución, pudiendo ser homicidio atenuado por estado de emoción violenta, riña, duelo, que se sanciona según el caso de 2 a 12 años de prisión; homicidio simple intencional, sancionable con una pena de 12 a 24 años de prisión y el calificado el cometido con alguna agravante, ya sea premeditación, ventaja, alevosía o traición, que es sancionado con una pena de 30 a 60 años de prisión.
Al privar de la vida a una persona con que tenemos un lazo de parentesco o relación, se lesiona la fe o la seguridad expresa o tácita surgida de las relaciones que inspiran confianza; verbigracia, entre ascendientes, descendientes o cónyuges.
En la descripción de la nueva figura delictiva se incluyeron las conductas que configuraban el parricidio (privación de la vida a un ascendiente) y el infanticidio (privar de la vida a un hijo dentro de las 72 horas de su nacimiento), derogándose los artículos que los contenían, pues dicho capítulo solamente consta de un artículo, el 323, que a la letra dice:
Algunas corrientes doctrinarias del derecho penal no distinguen marcadamente entre penas y medidas de seguridad, englobándolas en el rubro sanciones, ya que ambas implican una restricción a la liberad personal y están orientadas a la readaptación del delincuente, de tal forma que la imposición de estas sanciones no es inmediata porque se haya cometido el delito, sino que su finalidad es que no se lleguen a realizar otros.
Creo firmemente que todas las condiciones que acontecen para que el delito de homicidio sea atenuado, simple intencional o calificado, se pueden presentar en el delito de homicidio en razón de parentesco o relación.
En los últimos años se ha lanzado una gran campaña contra la violencia hacia el seno de la familia. Desgraciadamente, nos damos cuenta de que las conductas que se han presentado no quedan en simples lesiones, sino que van hasta "la muerte de algún integrante de la misma", acontecimientos que, tristemente, han acaecido en los núcleos familiares, a los que no podemos substraernos, pues en últimas fechas nos hemos enterado de hechos sangrientos en los que han participado cónyuges, concubinarios, hijos, padres, sucesos que han terminado en fatales consecuencias. Lo más lamentable es que se han presentado con personas entre quienes se supone debe haber convivencia armónica basada en el mutuo respeto.
Incluso, es del conocimiento de todos que también se integró en la codificación penal la figura de la violencia intrafamiliar, considerando que las leyes son expresiones tardías de la realidad, ya que la situación imperante en la sociedad fue de tal trascendencia, requiriéndose que algunas conductas reiterativas en las familias fueran consideradas como delito, dadas las graves consecuencias que estaban ocasionando en sus integrantes más débiles.
Así que en cada caso particular existe infinidad de circunstancias que el juzgador deberá valorar debidamente para la individualización de la pena. Claro está que las sanciones privativas de la libertad personal no erradicarán por completo la comisión de los delitos porque en ello inciden otros factores de tipo social y cultural que deben surgir y ser fortalecidos en el seno del hogar y consolidados con la formación escolar, pero -como se dijo en líneas anteriores- las penas son para evitar que se sigan cometiendo delitos. Es lo que se debe tener como prioridad en su aplicación cuando el juzgador la determine al caso concreto que esté resolviendo.
Tomando en cuenta que mi propuesta se refiere concretamente a la penalidad prevista para la comisión del delito de "homicidio en razón del parentesco o relación", si el homicidio cometido en un desconocido es grave, la circunstancia de realizarse en el seno familiar, esté formalizado o no, sea dentro de un matrimonio o concubinato, que para el caso es lo mismo, lo hace aún más grave, pues se da entre los integrantes de un núcleo en que debe existir mutua atención, respeto y buen trato, ya que si privar de la vida con alguna agravante a un desconocido está establecida una determinada penalidad que por las circunstancias particulares es de 30 a 60 años de prisión, privar de la vida a una persona con que se tiene parentesco o relación estrecha, como lo es el concubinato, dicha conducta delictiva debe ser sancionada con la misma severidad prevista para el homicidio calificado, pero también con más humanidad cuando haya circunstancias que así lo ameriten, tratándolo como el homicidio atenuado, figuras delictivas a que me he referido en líneas anteriores.
En tal orden de ideas, propongo reformar el artículo 323 del Código Penal Federal, a fin de que la penalidad aplicable a la comisión del "homicidio en razón del parentesco o relación" sea de 2 a 60 años de prisión.
Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforma el artículo 323 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 323. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de dos a sesenta años. Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los Capítulos II y III anteriores
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.
Dip. María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su discusión y resolución, constitucional, la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Estas Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 2 fracciones XIX y XXX; 45; numeral 6, incisos f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 57, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General, someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 7 de octubre del 2003, se recibió del Senado de la República la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y en esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el turno correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria para su estudio y dictamen.
Durante los trabajos de análisis, estudio y discusión de la Minuta con Proyecto de Decreto, se recibieron opiniones y propuestas tanto de legisladores federales integrantes de las comisiones, como de especialistas, investigadores y titulares de instituciones agrarias del Poder Ejecutivo; con base en las cuales se fue conformando el presente documento para su discusión y análisis en Comisión.
OBJETO DE LA MINUTA
La Minuta, propone adicionar un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a efecto de establecer que los magistrados que concluyan o estén próximos a concluir su encargo de seis años por el que fueron designados, deberán ser incluidos de manera obligatoria en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para que el órgano legislativo competente resuelva sobre su ratificación. Si a juicio del Ejecutivo Federal fuere improcedente la ratificación de alguno de los magistrados, deberá expresar de manera fundada sus motivos, razones o circunstancias con base en lo que al respecto establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo al artículo vigente, el Titular del Ejecutivo Federal puede o no considerar a los magistrados en funciones, de manera discrecional; con la propuesta, se garantiza la posibilidad de ratificación de los magistrados en funciones que están por concluir su encargo.
De esta manera el Legislador desea proporcionar seguridad a aquellas personas que habiéndose dedicado a una carrera temática, como la agraria, encuentren la cobertura jurídica para ser postulados nuevamente para permanecer en su cargo.
Además, la población campesina de nuestro país podría verse beneficiada al contar con magistrados cada vez mas experimentados en el trabajo de los órganos de justicia agraria.
Para el caso de que a juicio del Ejecutivo Federal, no proceda la ratificación de alguno de los magistrados, deberá expresar de manera fundada los motivos, razones o circunstancias, que hubiere considerado, con base en lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al efecto.
En la Minuta en comento destaca el interés del legislador de evitar que las personas que han sido designadas pare ejercer el cargo de magistrados agrarios y lo han hecho correctamente, sean desplazados de la función sin un dictamen de evaluación de su desempeño que funde y motive la decisión de ratificarlo en tal ejercicio o la negativa a ello.
CONSIDERACIONES
El artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, vigente, ya establece la posibilidad de ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario.
De la Minuta en comento se desprenden básicamente los siguientes aspectos:
La garantía propuesta, presenta trascendencia cuando la ratificación está referida a los funcionarios del Poder Judicial, ya que es lógico afirmar que donde no existe garantía de permanencia, de manera plena e indiscutida, los funcionarios judiciales adolecen de independencia.
Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria consideran que el objeto de la Minuta en comento es, contribuir a fortalecer y especializar la impartición de justicia agraria en nuestro país.
Por último, estas comisiones consideran:
Que el objeto de la Minuta es proporcionar constancia de transparencia al proceso por el cual se ratifica a los Magistrados agrarios.
Que la Minuta no pretende coartar la decisión del Titular del Ejecutivo Federal, porque él puede proponer a otros aspirantes que reúnan las características necesarias para cubrir las vacantes de magistrados agrarios, además de los magistrados salientes.
Que la Minuta tampoco tiene por objeto obligar al Senado de la República a ratificar a los magistrados salientes, ya que tienen la libertad de decidir sobre la lista propuesta por el Ejecutivo a las personas que ocuparán los cargos.
Por lo anterior expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, convencidos de la necesidad de la adición propuesta en la Minuta referida, turnada por el Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para quedar como sigue:
Artículo 17. Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados serán inamovibles.
Los magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Los magistrados que estén próximos a cumplir con el periodo de seis años por el que fueron designados, deberán ser incluidos en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para que el órgano legislativo competente resuelva sobre su ratificación. Si a juicio del Ejecutivo Federal no procede la ratificación de alguno de los magistrados, expresará fundadamente los motivos, razones o circunstancias, que hubiere considerado con base en lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al efecto.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
POR LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
Así se acordó y votó en Sesión Plenaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada en fecha 21 de enero de 2004. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:
Diputados: T. Manuel García Corpus, Presidente (rúbrica); Rubén Alfredo Torres Zavala, secretario (rúbrica); Margarito Fierros Tano, secretario (rúbrica); José Lamberto Díaz Niebla, secretario (rúbrica); María Hilaria Domínguez Arvizu, secretaria (rúbrica); Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, José Jesús Vázquez González, Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Elpidio D. Concha Arellano (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz, Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).
Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos:
Diputados: Rebeca Godínez y Bravo, Presidenta
(rúbrica); Leticia Gutiérrez Corona, secretaria (rúbrica);
Fidel René Meza Cabrera, secretario (rúbrica); Miguel Angel
Llera Bello, secretario (rúbrica); Francisco Valdéz de Anda,
secretario (rúbrica); Gilberto Ensástiga Santiago, secretario
(rúbrica); Félix Adrián Fuentes Villalobos, secretario
(rúbrica); Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), María
Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), José
Rangel Espinoza (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel
Sandoval Figueroa (rúbrica en contra), Marcelo Tecolapa Tixteco
(rúbrica), Carlos Vega Bernardo (rúbrica), Miguel Angel Yunes
Linares (rúbrica), Gustavo de Unanue Aguirre (rúbrica en
contra), Fernando Guzmán Pérez Peláez (rúbrica),
Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica),
Leticia Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcenas, Margarita Zavala
Gómez del Campo (rúbrica), Diana R. Bernal Ladrón
de Guevara (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez
(rúbrica), Juan García Costilla, Víctor Manuel Camacho
Solís, Jaime Miguel Moreno Garavilla.
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA PROPOSICION POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A INCORPORAR EN LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, CONTEMPLADAS EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, A LA SIERRA MADRE DEL SUR QUE COMPRENDE LOS ESTADOS DE CHIAPAS, OAXACA Y GUERRERO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, a lograr niveles suficientes de bienestar con equidad en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, utilizando políticas y acciones de ordenación territorial y de desarrollo urbano y vivienda, para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas, presentada el 4 de diciembre de 2003, por el Diputado Manuel Velasco Coello, en nombre de diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
2. Que, en esa misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Desarrollo Social".
2. Que la producción se concentra en la Sierra Madre del Sur, participando en ella pequeños productores mixtecos, zapotecos y nahuas, junto con sus familias, lo que les representa ingresos, diarios, de entre 100 y 120 pesos.
3. Dichos estados, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son los más pobres y tienen la mayor concentración de pueblos indígenas de nuestro país.
4. Las comunidades indígenas ubicadas en esos estados son las más pobres; las más aisladas y las que menos acceso al gobierno y a los servicios sociales tienen.
5. Una de las características más relevantes que obstruyen el desarrollo es la falta de integración física y la dispersión poblacional en esa región.
6. Que otro de los problemas que inciden es el de la tenencia de la tierra ya que existe duplicación y hasta triplicación de títulos de propiedad lo que genera conflictos y violencia.
7. Que ha sido una preocupación fundamental del Gobierno Federal emprender acciones destinadas a la superación de la pobreza y la marginación de los diferentes sectores y regiones de la geografía nacional.
8. Que, el punto de acuerdo en comento aborda diversas materias que lo mismo se enmarcan en la necesidad de impulsar medidas y acciones destinadas al desarrollo social de los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca así como, en particular, de las comunidades indígenas de esas entidades y los problemas de la tenencia de la tierra en ellas.
DICTAMEN
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incorporar en las Zonas de Atención Prioritaria, contempladas en la Ley General de Desarrollo Social, a la región de la Sierra Madre del Sur que comprende los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil cuatro.
Diputados: Beatriz Zavala Peniche, Presidenta;
Carlos Flores Rico, Sonia Rincón Chanona, Armando Rangel Hernández,
Julio Boltvinik Kalinka, secretarios; Ubaldo Aguilar Flores, Francisco
Xavier Alvarado Villazón, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc,
Clara Marina Brugada Molina, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Francisco
Amadeo Espinosa Ramos, Rafael Flores Mendoza, Armando Leyson Castro, Felipe
Medina Santos, María del Carmen Mendoza Flores, Eugenio Mier y Concha
Campos, Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes, Mario Moreno
Arcos, Juan Carlos Núñez Armas, Maki Esther Ortiz Domínguez,
Miguel Angel Osorio Chong, Martha Palafox Gutiérrez, Juan Fernando
Perdomo Bueno, Renato Sandoval Franco, María Guadalupe Suárez
Ponce, José Luis Treviño Rodríguez, Gerardo Ulloa
Pérez, Quintín Vázquez García, Wintilo Vega
Murillo (rúbricas).
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA PROPOSICION POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A FACILITAR LA INCORPORACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE OPERA Y, EN PARTICULAR, EN LOS PROGRAMAS OPORTUNIDADES Y HABITAT, DE SER EL CASO, MEDIANTE LA MODIFICACION DE LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS MISMOS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a garantizar la incorporación de las personas con capacidades diferentes a los programas sociales, estableciendo cambios a las reglas de operación programáticas que sean pertinentes, en particular a los programas Oportunidades y Hábitat, presentada el 4 de diciembre de 2003, por el Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados dictó el turno de la misma a esta Comisión.
2. Anualmente, según indica la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, alrededor de 142 mil personas se incorporan a dicho sector.
3. Que México ha suscrito diversas convenciones e instrumentos internacionales en materia de no discriminación entre las que destacan, por su carácter vinculante, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
4. Que, en la actualidad, la Secretaría de Desarrollo Social aplica diversos programas destinados a la superación de la pobreza y al desarrollo social de amplios sectores de la población pero se requiere de mayor precisión para enfocarse a la atención de grupos con capacidades diferentes.
5. Que, la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada el 21 de enero pasado, tuvo como uno de los temas a tratar en el orden del día el análisis de las reglas de operación de los diversos programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y, remitir un documento con las observaciones correspondientes formuladas por los CC. Diputados a dicha dependencia.
6. Que el Punto de Acuerdo en comento involucraba observaciones a las reglas de operación de los programas Oportunidades y Hábitat, por lo que se integró al documento arriba señalado.
7. Que dicho documento de observaciones fue remitido el pasado 12 de febrero a la Secretaría de Desarrollo Social
DICTAMEN
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a facilitar la incorporación de personas con capacidades diferentes a los diversos programas que opera y, en particular, en los programas Oportunidades y Hábitat, de ser el caso, mediante la modificación de las reglas de operación de los mismos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil cuatro.
Diputados: Beatriz Zavala Peniche, Presidenta;
Carlos Flores Rico, Sonia Rincón Chanona, Armando Rangel Hernández,
Julio Boltvinik Kalinka, secretarios; Ubaldo Aguilar Flores, Francisco
Xavier Alvarado Villazón, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc,
Clara Marina Brugada Molina, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Francisco
Amadeo Espinosa Ramos, Rafael Flores Mendoza, Armando Leyson Castro, Felipe
Medina Santos, María del Carmen Mendoza Flores, Eugenio Mier y Concha
Campos, Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes, Mario Moreno
Arcos, Juan Carlos Núñez Armas, Maki Esther Ortiz Domínguez,
Miguel Angel Osorio Chong, Martha Palafox Gutiérrez, Juan Fernando
Perdomo Bueno, Renato Sandoval Franco, María Guadalupe Suárez
Ponce, José Luis Treviño Rodríguez, Gerardo Ulloa
Pérez, Quintín Vázquez García, Wintilo Vega
Murillo (rúbricas).
Febrero 03, 2004
HONORABLE ASAMBLEA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diversos Diputados presentaron iniciativas de reformas y adiciones a al Código Fiscal de la Federación, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, las cuáles se relacionan a continuación:
Iniciativa que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, del Diputado Marcos Pérez Esquer del Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 22 de octubre de 2002.
Iniciativa que adiciona la fracción IV del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, de la Diputada Adela del Carmen Graniel Campos del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 21 de noviembre de 2002.
Iniciativa que reforma el artículo 208, fracción 1ª del Código Fiscal de la Federación, de la Diputada Mónica Leticia Serrano Peña, del Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 26 de noviembre de 2002.
Iniciativa que adiciona la fracción al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, de la Diputada Adela del Carmen Graniel Campos del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 08 de abril de 2003.
Iniciativa que adiciona un artículo 19-Bis al Código Fiscal de la Federación (para crear la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente), del Diputado Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 24 de abril de 2003.
Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Seguro Social, del Dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 04 de abril de 2002.
DICTAMEN
DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS:
Refiere la iniciativa del Diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN, que no considera aceptable el hecho de que algunos delitos fiscales, sean considerados al mismo tiempo de querella y graves.
Argumenta que el hecho de que algunos delitos fiscales se hayan calificado como graves a partir de la reforma de 1999, tiene un sólido fundamento: la comisión de delitos fiscales atenta contra el sistema educativo y de salud del país, contra la buena calidad de los servicios públicos de la comunidad y contra la viabilidad del Estado. Por ello se califica de graves estos ilícitos y consecuentemente ya no se otorga el beneficio de la libertad bajo caución; sin embargo, por absurdo jurídico, se les otorga su libertad absoluta si confiesan y pagan o garantizan el pago de las contribuciones exigidas.
Por lo anterior, comenta el Diputado Pérez Esquer, resulta necesario eliminar la atribución legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para pedir el sobreseimiento de los procesos penales en el caso de delitos fiscales considerados graves, ya que no hacerlo, implicaría mantener el statu quo por el cual la consignación judicial de los acusados por la comisión de delitos fiscales, se convierte en un mecanismo corrupto y corruptor a favor de autoridades fiscales, e incuba graves injusticias contra la sociedad en general y contra los ciudadanos indebidamente acusados de delitos fiscales en particular.
Propone entonces, incorporar la prohibición expresa para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no pueda pedir el sobreseimiento de los procesos penales, cuando el procesado no tenga derecho a obtener su libertad provisional bajo caución por tratarse de delitos fiscales graves, mediante decreto que reforme el artículo 92 del Código Federal de la Federación.
Por su parte, la Diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Grupo Parlamentario del PRD, expone que las personas físicas y morales dedicadas a la actividad empresarial en México son propietarios de unidades económicas con poca capacidad productiva y que es evidente que prevalece la micro empresa, es decir, empresas de un tamaño muy reducido y con un elevado riesgo financiero.
Asimismo, al revisar en dónde trabajan las personas y específicamente cuántos empleados hay en el lugar en el que realizan su actividad, se observa que un 41% de la población económicamente activa labora en empresas que tienen entre dos y diez trabajadores, lo qué habla de la importancia que las pequeñas empresas ocupan en la generación de empleos.
La iniciativa que la Diputada Granel Campos presenta para reformar y adicionar el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, tiene el propósito de que se otorguen estímulos fiscales a pequeños y medianos empresarios, con el propósito de impulsar la industria y el comercio interno, así como de que se continúe generando y se conserve el empleo de miles de mexicanos.
El Gobierno Federal señala, podría otorgar estímulos fiscales en la adquisición de inmuebles, simplificación administrativa para el uso del suelo y agua, así como exenciones en el impuesto sobre nóminas, predial y en el impuesto sobre activos.
La misma Diputada Granel Campos, presenta otra iniciativa con el objetivo de reforzar la legislación vigente en materia de expedición de comprobantes fiscales y en este contexto facilitar la comercialización del ganado. En este orden de ideas, propone la modificación del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
Para tal planteamiento expone que las leyes de ganadería de los estados de la República Mexicana establecen que la manera de comprobar la propiedad de los animales para casos de compra-venta es con la factura respectiva.
Es común, indica en su iniciativa, que la movilización se realice de, manera irregular, lo que no garantiza que los animales sean de la persona que factura, ocasionando entre otras cosas, el abigeato que atenta contra el patrimonio del ganadero.
Con esta propuesta se pretende: regular que facture ganado sólo quien sea el legítimo propietario de los semovientes, y así coadyuvar a la disminución de Abigeato que tanto afecta el patrimonio de los ganaderos y la producción ganadera nacional.
El Diputado Rafael Hernández Estrada, del Grupo Parlamentario del PRD, expone que la mayoría de los contribuyentes que pagan sus impuestos se encuentran en virtual indefensión jurídica, pues se trata de trabajadores independientes y de micro y pequeños empresarios, todos con bajos ingresos, que sufren la arbitrariedad de una autoridad fiscal que no respeta sus derechos.
Agrega que el Código Fiscal de la Federación, en su Título Segundo, de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, en ninguno de sus artículos hace referencia a la garantía, que le reconoce al contribuyente la legislación internacional, de contar con una defensa oportuna, calificada, eficiente y gratuita para la efectiva defensa de sus derechos.
La inexistencia en nuestra legislación fiscal de un medio de defensa accesible a los contribuyentes, así como las garantías que el Estado, en términos de los tratados internacionales signados por nuestro país, debe ofrecer a los ciudadanos para la efectiva defensa de sus derechos, obligan a la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Para tal efecto, la propuesta contempla la adición de un artículo 19-bis al texto vigente del Código Fiscal de la Federación.
La Diputada Mónica Leticia Serrano Peña, del Grupo Parlamentario del PAN, expone en su iniciativa que en diciembre de 2000 se aprobó por la Cámara de Diputados una reforma al Código Fiscal de la Federación, con relación al artículo 208, en su fracción 1ª, y una adición a su último párrafo. En ese entonces se consideró, entre otras cosas, que las reformas eran encaminadas a agilizar el procedimiento de las controversias que se siguen ante el Tribunal Fiscal de la Federación, ya que con ellas los particulares se ven beneficiados con facilidades que, además de otorgarles mayor seguridad jurídica, dan celeridad al desarrollo de algunas etapas del juicio contencioso administrativo.
Al paso de casi dos años de haber aprobado dicha reforma, considera que la finalidad que se perseguía de dar mayor celeridad en el desarrollo del juicio contencioso administrativo, no se ha cumplido. Por ello, se propone que uno de los objetivos en materia de impartición de justicia es regular con mayor precisión y claridad los aspectos relativos al procedimiento contencioso administrativo.
Al respecto, con objeto de seguir avanzando en la reducción de costos administrativos a favor de los contribuyentes, la Diputada Serrano Peña sugiere establecer, como uno de los requisitos que debe contener la demanda, que sea el domicilio del demandante el lugar para recibir notificaciones, para así liberarlo de la obligación que actualmente tiene de citar domicilio en la sede de la Sala Regional competente. Propone para ello, reformar el artículo 208 del Código Fiscal de la Federación.
La Diputada Petra Santos Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD, argumenta que los trabajadores migrantes, particularmente aquellos que por su necesidad de trabajo o estudio cruzan la frontera varias veces a la semana y que emplean para dicha acción un automóvil comprado en Estados Unidos, enfrentan infinidad de problemas con el personal de aduanas, los cuales comúnmente actúan, desfavorablemente con este tipo de migrantes mediante el decomiso de su vehículo y con el fincamiento de responsabilidades administrativas y fiscales en su contra, al no poder comprobar las condiciones de residencia en los Estados Unidos, tal como lo establece el Código Fiscal de la Federación.
La magnitud del problema, señala, es sumamente grave, ya que el decomiso de los automóviles de estos mexicanos que viven en la frontera norte es tal, que desde Tijuana Baja California, hasta la frontera de Tamaulipas, pasando por Ciudad Juárez y Piedras Negras, ha provocado la existencia de más de 20 mil procedimientos administrativos en materia aduanera, iniciados en un 99% contra personas con estatus de emigrado.
Esta situación de decomiso de autos, afecta el patrimonio de muchos miles de mexicanos que están luchando por sobrevivir en condiciones sumamente difíciles en la franja fronteriza, por lo que se busca a través de esta iniciativa, permitir el uso dentro de la región fronteriza por los parientes del propietario del vehículo, sin salir de la frontera. Para esto, propone adicionar una fracción VI Bis al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación.
Por lo que hace a la Iniciativa presentada por el Dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, propone la inclusión del concepto de empresa del sector social y de la economía y/o familiar, así como que la Secretaría de Hacienda tenga como límite un plazo de dos años para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
PRIMERA.- Esta Comisión considera que no es procedente dictaminar favorablemente las iniciativas de mérito, ya que se refieren a diversos aspectos de un mismo ordenamiento, siendo que el mismo fue ya modificado y evaluado por la nueva legislatura en el período anterior de sesiones, aprobándose diversas reformas a dicho cuerpo legal, por lo que no se estima oportuno en este momento proceder a un nuevo examen de sus diversas disposiciones.
Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, ya que las iniciativas en cuestión, proponen reformas totalmente diversas y hasta contradictorias sobre un mismo ordenamiento legal; debiendo al respecto considerarse que los ordenamientos legales, en general y, con mayor razón, las leyes fiscales, deben respetar en todo caso, los principios fundamentales de la hermenéutica jurídica, por lo que no se considera conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir "parches legales", es decir, modificaciones aisladas y fragmentarias que atentaran contra los principios referidos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de la Asamblea el siguiente:
RESOLUTIVO
PRIMERO.- Se declaran no aprobadas. las Iniciativas materia de este Dictamen.
SEGUNDO.- Archívese el expediente.
Palacio Legislativo, Salón de Sesiones, 3 de febrero de 2004.
Diputados: Gustavo Madero Muñoz, Presidente
(rúbrica); Francisco Suárez y Dávila, secretario (rúbrica);
Juan Carlos Pérez Góngora, secretario (rúbrica); José
Felipe Puelles Espina, secretario (rúbrica); Diana Rosalía
Bernal de Guevara, secretaria (rúbrica); Alejandro Agundis Arias,
secretario; Oscar González Yánez, secretario; Jesús
Emilio Martínez Alvarez, secretario (rúbrica); José
Alarcón Hernández, José Arturo Alcántara Rojas,
Angel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica),
Enrique Ariel Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández
(rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco
Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos
(rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica),
José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores
Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso
Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier
Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño,
Migel Angel Toscano Velasco (rúbrica), José Trejo Reyes,
Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra
Calderón, Emilio Zebadúa González (rúbrica).
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE NO SE APRUEBA LA INICIATIVA DE
REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
Febrero 03, 2004.
HONORABLE ASAMBLEA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diversos Diputados presentaron iniciativas de reformas y adiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, las cuales se relacionan a continuación:
Iniciativa de Reforma al artículo 2°, fracción I, inciso G, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Diputado Salvador Cosio Gaona del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 8 de abril de 2003.
Iniciativa de Reformas a Diversas Disposiciones Fiscales, del Dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia por la Democracia, de fecha 20 de marzo de 2001.
DICTAMEN
DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS
Refiere la primera iniciativa del Diputado Cosio Gaona que en diciembre del 2000 el Ejecutivo Federal planteó gravar los polvos que al diluirse permitieran obtener refrescos, no importando si utilizaban o no fructuosa sino en forma general, exentando únicamente aquellos que en su elaboración utilizaran azúcar de caña.
Con ello, agrega la iniciativa, el Ejecutivo Federal proponía corregir diversas definiciones aplicables al citado impuesto. La discrepancia existente en la Ley publicada para el ejercicio fiscal de 2002, consistió en el hecho de que por una parte se gravaba al refresco que estuviese elaborado con edulcorantes distintos del azúcar de caña y, por otro lado, se definía al refresco como aquel que contuviera únicamente fructuosa.
El impuesto especial aprobado a la producción y venta de polvos que utilizan edulcorantes artificiales en su composición y que utilizan para preparar bebidas saborizadas, subraya la iniciativa, resulta injusto, inadecuado, lesivo a la economía nacional, ruinoso para las clases económicas más necesitadas, altamente perjudicial para el altísimo número de mexicanos que padecen de diabetes y sobrepeso, por lo que se debe ser derogado, precisando que ello abatiría los costos y aumentaría el consumo, provocando un aumento de recaudación a los otros gravámenes que existen, beneficiando a la economía nacional y a las clases más necesitadas.
Mas adelante el propio Diputado Salvador Cosío Gaona, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una segunda iniciativa argumentando que el impuesto al agua natural y mineral gasificada ha ocasionando reclamos de las industrias restauranteras, hoteleras y refresqueras, por el efecto negativo en el consumo, por el incremento a los precios y la baja en el consumo, originando perdidas de ingresos, y por supuesto, baja en la recaudación.
Al aplicar la tasa del 20% del Impuesto Especial a las aguas naturales y gasificadas, señala, se afecta a la industria nacional, así como a las instalaciones que proporcionan servicios tanto al turismo nacional como extranjero, por lo que propone sea derogado el impuesto a estas bebidas aprobado en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2003.
El Dip. José Manuel del Río Virgen del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia para la Democracia, propone la modificación al articulo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
PRIMERA.- Esta Comisión considera que no es procedente dictaminar favorablemente las iniciativas de mérito, ya que se refieren a diversos aspectos de un mismo ordenamiento, siendo que el mismo fue ya modificado y evaluado por la nueva legislatura en el período anterior de sesiones, aprobándose diversas reformas a dicho cuerpo legal, por lo que no se estima oportuno en este momento proceder a un nuevo examen de sus diversas disposiciones.
Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, ya que las iniciativas en cuestión, proponen reformas totalmente diversas y hasta contradictorias sobre un mismo ordenamiento legal; debiendo al respecto considerarse que los ordenamientos legales, en general y, con mayor razón, las leyes fiscales, deben respetar en todo caso, los principios fundamentales de la hermenéutica jurídica, por lo que no se considera conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir "parches legales", es decir, modificaciones aisladas y fragmentarias que atentaran contra los principios referidos.
SEGUNDA.- Es improcedente la reforma propuesta en las iniciativas que se dictaminan, ya que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios grava este tipo de productos, no por contener fructuosa en su elaboración, sino por estar elaborados con caña de azúcar, esto significa que, fuera de la exención relativa y dados los principios de generalidad del impuesto, todos los polvos que se utilicen para la preparación de refrescos o bebidas hidratantes, causarán el gravamen aun cuando no empleen fructuosa y si es que tampoco utilizan la caña de azúcar. Así, cualquier refresco, polvo, jarabe o concentrado que utilice cualquier tipo de endulcorante diferente a la caña de azúcar ( aun cuando no sea fructosa) pagará el gravamen por lo que se estima que, contrariamente a lo que se aduce en la iniciativa presentada, exentar del impuesto especial a los polvos que no utilizan fructosa violaría la generalidad y equidad del gravamen pues los refrescos elaborados con este tipo de endulcorantes distintos al azúcar y a la fructosa, se encuentran igualmente gravados.
Esta Dictaminadora considera que los planteamientos presentados en ambas iniciativas fueron contemplados en la discusión que dio como resultado la aprobación de la tasa del 20% a los refrescos y jarabes que estén elaborados con edulcorantes distintos de la caña de azúcar, además, para mayor seguridad del consumidor se incorporó una nueva definición con el propósito de determinar, que jugos y néctares no pagan el impuesto correspondiente al refresco, señalando que deberán contener un mínimo de 20% de jugo o pulpa de fruta o 2° brix de sólida provenientes de la misma.
TERCERA.- En cuanto a la reforma a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, propuesta por el Dip. José Manuel del Río Virgen, cabe recordar que esta medida fue considerada por el Legislativo en la reforma fiscal aprobada en el ejercicio fiscal del 2002.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de la Asamblea el siguiente:
RESOLUTIVO
PRIMERO.- Se declaran no aprobadas las Iniciativas materia de este Dictamen.
SEGUNDO.- Archívese el expediente.
Palacio Legislativo, Salón de Sesiones, 03 de febrero de 2004.
Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica),
Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Juan
Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe
Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón
de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Oscar González
Yánez, Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica),
secretarios; José Alarcón Hernández, José Arturo
Alcántara Rojas, Angel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés
Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, José Luis
Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas
(rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica),
Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías
(rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María
de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica),
Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda,
Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman
Leaño, Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), José
Trejo Reyes, Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús
Vizcarra Calderón (rúbrica), Emilio Zebadúa González
(rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA ORDENAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION AUDITE LOS FONDOS FEDERALIZADOS ASIGNADOS AL ESTADO DE COLIMA, CON OBJETO DE TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE SU GASTO, Y EN ESPECIAL LOS DESTINADOS AL PAGO ELECTRONICO DE LA NOMINA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANTONIO MORALES DE LA PEÑA Y JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten, con carácter de obvia y urgente resolución, a la consideración de esta soberanía un punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. Que la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos deben ser una constante en un Estado que se precie de ser democrático. Como representantes populares e integrantes del Poder Legislativo, debemos poner atención en la fiscalización de dichos recursos para vigilar su correcta aplicación y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes de comprobarse irregularidades en su aplicación. Los ciudadanos que representamos, y a quines nos debemos, tienen el derecho de saber en qué se gasta cada peso de los impuestos que recauda el gobierno y qué beneficios públicos concretos trae consigo la inversión de dichos recursos.
2. Que, el pasado 11 de marzo, elementos de la Policía Federal Preventiva detuvieron en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, al C. Manuel Mejía Rosas, quien traía consigo 82 tarjetas bancarias de Pagomático Internacional, de Banamex, que utiliza el gobierno del estado de Colima para el pago de la nómina de los trabajadores a su servicio.
3. Que el detenido, Manuel Mejía Rosas, declaró ante los elementos de la Policía Federal Preventiva que trabajaba en el gobierno del estado y que un empleado lo instruía o le ordenaba hacer retiros de aproximadamente 15 mil pesos quincenales de cada tarjeta y que el monto total de los retiros ascendía aproximadamente a entre 800 mil y 1.5 millones de pesos quincenales, siendo que se trasladaba a Puerto Vallarta para realizar más retiros.
4. Que, en la agencia del Ministerio Público de Puerto Vallarta, el indiciado declaró que la licenciada Concepción Llerenas Tejada, coordinadora administrativa de la Secretaría de Administración del gobierno del estado de Colima, con quien laboraba, era quien le ordenaba sacar el dinero de las tarjetas, que al reverso tenían anotado con bolígrafo el NIP para acceder a los cajeros automáticos donde sacaba el dinero y quien le dijo que no le pasaría nada, ya que el secretario de Finanzas y el gobernador sabían de todo esto, realizando esto desde julio o agosto de 2003.
5. Que, sin duda, esas declaraciones demuestran que, por lo menos desde mediados de 2003, se han presentado serias irregularidades, desvíos de recursos públicos y hechos delictuosos que dañan gravemente las finanzas públicas del estado de Colima.
6. Que el gobierno del estado de Colima funciona en mayor parte por los recursos recibidos de la Federación, por lo que no es válido que éstos sean sustraídos para destinarlos a fines no públicos y presupuestados o para favorecer de manera ilegal a determinadas personas.
7. Que, ante esos acontecimientos, es urgente y necesario que la Auditoría Superior de la Federación practique una revisión a los recursos federales asignados al gobierno del estado de Colima, poniendo especial atención a los utilizados en el pago electrónico de la nómina.
Por las consideraciones expuestas, sometemos, con carácter de obvia y urgente resolución, a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
"Unico. Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que realice con la mayor brevedad una revisión a los recursos de origen federal otorgados al estado de Colima, a fin de trasparentar el gasto y fiscalizar el destino y la aplicación de dichos recursos públicos, sobre todo practicando una revisión exhaustiva a los recursos destinados al pago electrónico de la nómina y, en su caso, se deslinden las responsabilidades que correspondan."
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.
Diputados: Antonio Morales de la Peña, Jorge
Luis Preciado Rodríguez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE ESTABLEZCA EL PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA LA MUJER EN AREAS DESPROTEGIDAS DE LAS ZONAS URBANAS DEL PAIS, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país.
Consideraciones
La sociedad mexicana, en virtud del proceso de urbanización, ha concentrado la mayoría de la población en las ciudades y metrópolis. En este espacio urbano, por ende, se da la mayor concentración de la población femenina, que constituye ya en el país alrededor de 53.6 millones de mujeres.
Fenómenos socioculturales y económicos estructurales de la sociedad mexicana han generado cinturones de miseria en las grandes y las pequeñas ciudades del país. En ellos, mujeres en pobreza extrema tienen la responsabilidad de la manutención familiar; por tanto, se constituyen en jefas de familia, con cónyuge o sin él, y requieren programas sociales que impulsen acciones orientadas a promover el desarrollo de sus capacidades y faciliten su ingreso en la fuerza productiva con mayor capacidad de desempeño laboral, facilitando así su ingreso en la actividad productiva y ello les permita incrementar su nivel de bienestar y el de sus dependientes económicos.
Las mujeres que habitan en las zonas urbanas en pobreza extrema son sectores de la sociedad mexicana que presentan el mayor rezago tanto económico como social y productivo, que reclaman una urgente y especial atención del gobierno mediante una política social integral.
La encuesta Lo que dicen los pobres, presentada por la Sedesol el 14 de octubre de 2003, señala que entre las demandas prioritarias está la de que requieren "... mayores oportunidades de capacitación, proyectos productivos que mejoren el ingreso y una mejor alimentación..."
En el mismo tenor, la investigación resalta la mención de que las mujeres pobres carecen de oportunidades y de acceso a alternativas de capacitación, al señalar "... las mujeres apuntan como principal (causa) de discriminación el estar embarazada o tener hijos, porque no hay redes de apoyo para que se capaciten..."
La encuesta de la Sedesol mencionada refleja las percepciones que este sector de la sociedad tiene sobre temas como la pobreza, sus soluciones, la importancia del patrimonio, el valor de la familia, la mujer y las posibilidades de un mejor futuro.
Las condiciones que enfrentan las mujeres pobres del país, que carecen de oportunidades y de acceso a alternativas de capacitación, se traducen en limitaciones para superar su condición de pobres y constituyen un deterioro de la consolidación democrática del país, al constituirse en una clara discriminación de género.
En la citada encuesta, 44% de los encuestados consideraba que una mujer enfrenta más problemas que el hombre debido a cuatro motivos fundamentales "... cuidado de los hijos, menores oportunidades de desarrollo, discriminación sexual y conductas de machismo..."
Realizada una investigación de los diversos programas y organismos que han sido creados en los diversos niveles del Gobierno Federal, estatal y municipal, en la Gaceta Parlamentaria, Biblioteca Legislativa, Area de Programas Sociales del Instituto de Estudios Legislativos del Senado de la República y otros organismos e institutos que se abocan al tema de la mujer, se encontró que no existe ninguno que se oriente a las mujeres que habitan en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país.
Sólo encontramos la existencia del Programa de Capacitación Integral para la Mujer del Medio Rural, que es factible ampliar en su cobertura y aplicación a las mujeres en pobreza extrema, marginación o ambas condiciones de las zonas urbanas del país.
El Programa de Capacitación Integral para la Mujer en las áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país estaría focalizado a beneficiar con una política social integral, que contemple la formulación de estudios, proyectos productivos y de desarrollo humano con estructuras operativas ágiles, eficaces y eficientes, a las mujeres vulnerables que habitan en zonas urbanas del país, incluyendo a las mujeres madres solteras, niñas, jóvenes y mujeres de la tercera edad, mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres migrantes e indígenas en las zonas urbanas, y víctimas de delitos.
El programa deberá enmarcarse en el contexto de una política social integral que contemple la capacitación de la mujer, el desarrollo de su liderazgo y gestión social en beneficio de su entorno comunitario, así como su capacitación y sensibilización con perspectiva de género, para que se conviertan en promotoras sociales de defensa de los derechos humanos de las mujeres, contemplar asimismo la prevención de la violencia interfamiliar, la prevención de adicciones e iniquidades de género, el desarrollo de proyectos productivos con impacto en el seno familiar y comunitario de las zonas urbanas desprotegidas o bajo desarrollo.
Con base en lo expuesto anteriormente, me permito presentar a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a este
honorable Pleno y a la Junta de Coordinación Política de
la Cámara de Diputados que se establezca el programa de capacitación
integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas
del país.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A PETROLEOS MEXICANOS, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A QUE ATIENDAN A EX TRABAJADORES DE PETROLEOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ALONSO RAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos a atender las peticiones de la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros sobre el cumplimiento de sus derechos relativos a la seguridad social, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. A la Comisión de Seguridad Social se ha dirigido, con formalidad y respeto, un grupo de trabajadores despedidos, viudas y jubilados de Petróleos Mexicanos, habitantes de las zonas petroleras de la costa del golfo de México, agrupados en la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros, con sede en Villahermosa, Tabasco, a fin de solicitar nuestra intervención, en la calidad de representantes populares, para que la paraestatal cumpla sus obligaciones en materia de seguridad social.
Dicha coalición agrupa a 750 viudas, en su mayoría de la tercera edad y sin pensión; 950 trabajadores liquidados sin pensión y sin servicios de salud; y 900 jubilados, a los que la empresa no ha cumplido la entrega de prestaciones en especie y en dinero de los seguros de salud, vivienda y retiro que, de acuerdo con las leyes del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como del contrato colectivo de trabajo, debería cumplirse por parte de Pemex.
Hasta el momento, las autoridades de la paraestatal se han negado a recibir a los representantes de esos trabajadores y han presentado, a decir de éstos, una actitud poco receptiva a la situación, cada vez más difícil, de esos ex trabajadores y sus familias, provocada por el incumplimiento de sus derechos y garantías.
2. El relato de esa injusticia es largo; y la impunidad con que está operando Pemex, inaudita. La paraestatal ha omitido la suscripción de los convenios con el IMSS y el Infonavit, a fin de compartir responsabilidades y pagar las contribuciones a que están obligados, otorgando ambos Institutos y Pemex a sus trabajadores los servicios y las prestaciones constitucionales y legales que comprende la seguridad social.
El problema radica en que, por no cotizar al IMSS durante el tiempo de trabajo al servicio de Pemex, los trabajadores sufrieron un perjuicio respecto de la posibilidad de obtener pensiones de vejez o de cesantía en edad avanzada, las que, a partir de la vigencia de la nueva Ley del Seguro Social, corresponde al Gobierno Federal asumir la obligación de garantizar pensiones mínimas.
En el caso de Infonavit, de forma similar, aunque la empresa otorgue casas en comodato o arrendamiento, esto no la exime de contribuir al fondo de vivienda, en los términos del artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, y de entregar al trabajador o a sus beneficiarios, en el caso de incapacidad total permanente, jubilación o muerte, los depósitos que el patrón constituyó en su nombre. Esa obligación se produce también cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral y cuente con 50 años de edad.
En ambos casos, los despedidos, las viudas, los jubilados y los que se encuentren en las hipótesis descritas tienen pleno derecho a recibir sus aportaciones del fondo de vivienda y el pago de al menos una pensión por invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez o muerte. Y los institutos mencionados, el Gobierno Federal y Pemex deben compartir esa responsabilidad.
3. El régimen de excepción en que actúa Pemex ha quedado de manifiesto: no ha cumplido las leyes del Seguro Social y del Infonavit, no ha celebrado con el IMSS y el Infonavit estudios de valoración de prestaciones contractuales conforme a derecho ni ha celebrado los convenios de subrogación de servicios a fin de garantizar la seguridad social a los trabajadores y sus familias.
La anterior no es una simple falta. Estamos ante un posible delito de fraude fiscal, por concederse exenciones de pago de cuotas de seguridad social conforme al Código Penal y a las leyes de seguridad social.
A la fecha, y por la intervención directa de la Legislatura anterior, se concedió el servicio médico a las viudas, pero sigue pendiente la petición de que se les otorgue una pensión conforme a la ley.
La lucha de la coalición se asemeja a una guerra: de 1993 a la fecha han caído 150 de sus integrantes, cuyos padecimientos y miserias pudieron haberse aliviado mediante la prevención y la atención médicas o mediante un ingreso permanente, ambos garantías que la Constitución y las leyes prevén para los trabajadores que construyen la riqueza de la nación.
El Partido de la Revolución Democrática sostiene que, por principios de justicia y humanidad, casos de iniquidades como éste merecen la atención más puntual y urgente de los legisladores. Mientras la sociedad no sea capaz de brindar una situación y un futuro dignos a los enfermos, a los accidentados, a los viejos, a las viudas y a los huérfanos, no podemos pensar en un país de que podamos estar orgullosos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el legislador suscrito somete a consideración de este honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado al director general de Petróleos Mexicanos, ingeniero Raúl Muñoz Leos; al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Santiago Levy Algazi; y al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, licenciado Víctor Manuel Borrás Setién, a fin de que atiendan con prontitud y sujeción a derecho las peticiones formuladas por la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros respecto al cumplimiento de sus garantías y derechos relativos a la seguridad social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2004.
Dip. Miguel Alonso Raya
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CITAR A COMPARECER A LOS SECRETARIOS DE EDUCACION PUBLICA, Y DE SALUD ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZAN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 53 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que propone la comparecencia en ésta Cámara de los secretarios de Educación Pública, y de Salud ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 22 de marzo recibimos en esta Cámara a un grupo de padres de familia encabezados por el Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, asociación civil, quienes desde hace años vienen buscando y apoyando la solución de diversos problemas, en especial, algunos relacionados con la educación y salud de la niñez.
En la citada reunión escuchamos con preocupación denuncias de padres de familia que han sido obligados e incluso coaccionados por maestros o directores de escuelas en distintos puntos del país, con la amenaza de que sus hijos no serán recibidos nuevamente a clases, si éstos no son atendidos por un psiquiatra, psicólogo o neurólogo, y sean obligatoriamente medicados, porque supuestamente algunos maestros diagnostican que los niños tienen problemas de conducta que afectan al resto de los alumnos.
Destaco que esta no es una denuncia aislada, ni es problema de un pequeño grupo, y tampoco de relaciones entre padres y maestros, es una realidad que todos podemos constatar por los valerosos testimonios de padres y madres que obran en los archivos documentales de la Cámara, dando a conocer una situación que nos parece sumamente grave, porque atenta contra la salud de los infantes, al prescribirles medicamentos que supuestamente les corregirán algún problema de conducta, y porque estamos confiados en que la Secretaría de Educación Pública debería ser la primera defensora para que los niños de este país estén al margen del uso de cualquier tipo de droga.
De esta denuncia que hoy someto a su consideración, se desprenden las siguientes interrogantes:
Basados en qué legislación, norma o disposición oficial, escuelas o maestros señalados en las denuncias determinan la suspensión de un niño en tanto es sometido a la evaluación de un psiquiatra y, peor aún, con qué base legal solicitan el consentimiento de los padres para que obligatoriamente el niño sea medicado, y sólo así pueda ser recibido nuevamente en la escuela.
Con qué autoridad algunos maestros obligan a padres y madres a que sus hijos sean evaluados única y exclusivamente por el psiquiatra, psicólogo o neurólogo recomendado de la escuela; es oportuno señalar que existen constancias y denuncias ante instancias de defensa de los derechos humanos, que si los padres acuden a un psiquiatra de su confianza, y no el que dispone la escuela, el niño corre el riesgo de ser suspendido definitivamente y en consecuencia tendrá que buscar el ingreso en una nueva.
Los padres y nosotros también, debemos preguntarnos por qué estas denuncias no han sido puntualmente atendidas por las autoridades educativas, cuando los medicamentos prescritos oscilan en la franja de los tranquilizantes, antidepresivos, sedantes y medicamentos para la hiperactividad, algunos de ellos considerados estupefacientes por la Ley General de Salud.
De acuerdo con las denuncias del Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, algunos de los medicamentos prescritos y aplicados a niños son los conocidos como metilfenidato o ritalin, melleril, haldol, prozac, palix, zoloft y el estimulante del sistema nervioso central Cilert o Pemolina.
Hay que precisar que el artículo 234, Capítulo Cinco, denominado "Estupefacientes", de la Ley General de Salud, considera al metilfenidato como estupefaciente, al igual que la cocaína, la morfina, el opio y la heroína; y de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas, la DEA, el metilfenidato o ritalin se clasifica como una droga del grupo II, el mismo que para la morfina, el opio y la cocaína.
Adicionalmente, debo destacar que el artículo 467 de la Ley General de Salud señala: "Al que induzca o propicie que menores de edad o incapaces consuman, mediante cualquier forma, substancias que produzcan efectos psicotrópicos, se le aplicará de siete a quince años de prisión".
Señoras y señores diputados:
Debemos preguntarnos qué están haciendo las Secretarías de Educación Pública, y de Salud para supervisar esta situación y cumplir exhaustivamente y a fondo, revisiones sobre las conductas, como en este caso, de algunas autoridades escolares cuya principal responsabilidad es la educación de nuestros hijos y, fundamentalmente, de evitar a toda costa que el cáncer mundial de las drogas los alcance.
En virtud de lo expuesto, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Unico: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de Educación Pública, y de Salud para acudir a esta honorable Cámara y comparecer ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, con el propósito de conocer las denuncias señaladas y los secretarios expongan cuáles serán las medidas que habrán de instrumentar a fin de evitar de forma definitiva la repetición de estos hechos y, a su vez, en el marco de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuáles serán las investigaciones o sanciones que habrá de aplicar la Secretaría a quienes se les compruebe dichas prácticas en contra de los infantes y padres de familia que presenten denuncias.
Dip. Omar Bazán Flores
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACION DE LA COMISION ESPECIAL PARA DEFINIR EL FUTURO DE MEXICO, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ALBERTO GARCIA CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Fernando Alberto García Cuevas, en representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para definir el futuro de México, bajo el tenor de las siguientes
Consideraciones
El futuro no puede ser conocido totalmente en él estricto sentido de la palabra, no se puede predecir, pero si construir y orientar los cambios que se presentan, pensar estratégicamente en el mañana y navegar por un destino favorable, eso si lo podemos hacer.
Nuestro país está en crisis, no sólo económica por falta de inversión y oportunidades suficientes para todos los mexicanos, sino también política, por la falta de credibilidad en las instituciones, lo que hace que se interrumpa el avance, el crecimiento y el desarrollo nacional. Lo más grave es que la crisis a la que nos enfrentamos esencialmente es de valores, de principios y de falta de convergencia de voluntades comprometidas con la nación.
Es necesario ponernos de acuerdo sobre qué país queremos, cuál es el tipo y calidad de nación que debemos tener para todos los mexicanos, y las próximas generaciones. Necesitamos planificar el futuro de la República, saber a ciencia cierta cuánto vamos a lograr, y cuál es la parte que a cada quien nos corresponde hacer.
Definir el rumbo a dónde llevar al país, en el ámbito regional, nacional e internacional. No podemos seguir contemplando un mundo que cambia a pasos agigantados y nosotros mantener a México como adormecido, en medio de pugnas políticas que desaceleran el paso y no permiten la definición del rumbo.
Debemos reconocer la urgente necesidad de convocar a todos los actores políticos, intelectuales, organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, medios de comunicación, universidades, asociaciones religiosas, partidos políticos, instituciones públicas, gobiernos estatales, y municipales, iniciativa privada, y sociedad civil, a efecto de proponer proyectos e información que permitan integrar un gran diagnostico nacional para el análisis prospectivo de nuestra situación actual, y que sea el punto de partida para proponer desde la Cámara de Diputados -que finalmente es el centro neurálgico de la República- líneas de acción gubernamental y social que nos involucren a todos y propicien con orden, el compromiso con la República, debemos incidir en el presente con acciones estratégicas y una visión de largo plazo para construir el futuro deseable.
Otras naciones del mundo tienen planes nacionales de visión del futuro por veinte o treinta años, sus gobiernos y sociedades saben lo que a cada quien le corresponde hacer, para alcanzar y materializar su destino, en México no vemos más allá de lo que se realiza durante los periodos de gobierno, sufriendo las consecuencias de lo que se deja de hacer; existe una incipiente planeación gubernamental, que básicamente se refiere a obras, servicios y diversos programas sociales, que promueven los diferentes gobiernos para atender las demandas inmediatas de los ciudadanos.
Es necesario integrar información, diagnóstico, prospectiva y generación de líneas de acción institucionales, con transparencia democrática y claridad hacia toda la ciudadanía. No hay que olvidar que el caos se ordena a sí mismo y se muestra como que todo está bien, que no pasa nada, debemos atrevernos a hacer las cosas de manera diferente, no requerimos de una brújula que nos conduzca sino de un mapa que nos indique el destino -futuro- y los caminos más favorables.
En México y en el mundo hay tiempos fatales:
¿Cuántos años más dispondremos de nuestro petróleo y mantos acuíferos?
Al ritmo actual de crecimiento de la población, ¿cuántos pobres tendremos en el año 2025, cuántos desempleados, enfermos y desatendidos por el sistema de salud?
¿Cuántos campesinos quedarán en el 2025 mientras el campo se siga empobreciendo o se siga alquilando para el narcotráfico?
¿Cuántas micro y medianas empresas nacionales sobrevivirán a los vientos de la globalización?
¿Cuántos millones más de connacionales serán expulsados debido a la falta de oportunidades?
¿Quién puede asegurar cuáles son las expectativas que tendrán los niños de hoy cuando cumplan 25 años, y qué les diremos a nuestros jóvenes que ahora tienen 25 años?
¿Habrán alcanzado una calidad de vida digna?
¿Quién nos puede responder estas preguntas? cómo nos debemos poner de acuerdo para orientar el rumbo, previniendo y haciendo lo necesario para salir adelante en un mundo de implacable competencia.
No podemos eludir nuestra responsabilidad, hemos invocado que queremos un México justo para todos donde el desarrollo abrace a todos los mexicanos, el objeto de la comisión especial será el de definir cuál es el futuro de México que queremos con una visión de largo plazo y un esfuerzo integral de los diversos sectores de la población, a partir de la concentración de información para la elaboración de un diagnóstico global y consecuentemente la generación de líneas de acción y tiempos para su cumplimiento. La duración de la misma será en función del cumplimiento de los objetivos.
Por ello someto a esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que solicita:
Unico.- Se constituye una comisión especial para definir el futuro de México, con base en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
La comisión especial para definir el futuro de México se integrará de manera plural con un máximo de 22 diputados, teniendo entre otras funciones rectoras las de:
b) Diseñar responsablemente el futuro del país con proyectos, propuestas y recomendaciones de todos los actores políticos con una visión de largo plazo.
c) Definir escenarios nacionales con anticipación para aprovechar y potencializar los recursos del país con la mirada puesta en el porvenir, y una visión de futuro.
Dip. Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE SE REABRA LA INVESTIGACION SOBRE EL MAGNICIDIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO AVILA NEVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Pedro Avila Nevárez electo en el quinto distrito del estado de Durango, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo.
"Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, la corrupción y la impunidad", esas fueron las palabras del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta aquel mítico 6 de marzo de 1994, parteaguas de lo que seguiría y, sin embargo, 10 años después podríamos seguir repitiéndolas una y una y una vez más.
¿Hasta cuándo sabremos la verdad del caso Colosio? Es una pregunta que se hace la sociedad mexicana día a día, una sociedad "con hambre y sed de justicia, una sociedad agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abusos de las autoridades, o por la arrogancia en las oficinas de gobierno". Sí, estas son las palabras del malogrado candidato a la Presidencia de la República.
¿Por qué retomo estas palabras? Porque los mexicanos necesitamos urgentemente vivir una época de mayor apertura, de mayor participación democrática, de mayor igualdad, de mayor justicia...
No podemos seguir permitiendo que la sociedad olvide, porque corremos el riesgo de convertirnos en una sociedad sin tiempo y sin memoria, estamos perdiendo la capacidad de asombro, ya no nos sorprende nada, y eso mis compañeros diputados, como representantes del pueblo, no lo podemos permitir...
Es en este sentido y ante el justo reclamo de justicia de la familia Colosio y en particular de su padre, el senador Luis Colosio Fernández, no se han recibido respuestas a las siguientes cuestiones:
Cuál es el nombre y cargo del o los responsables de las investigaciones actualmente, así como los informes, datos o resultados que hayan arrojado las investigaciones realizadas por la policía a la fecha.
En atención a qué, durante el trámite de la averiguación previa respectiva, diversas personas estuvieron fungiendo como responsables de su integración, se considere la posibilidad de realizar una revisión de las actuaciones practicadas a efecto de evaluar el desarrollo de la investigación.
Por qué no se han continuado ni se han profundizado las líneas de investigación sobre el asesinato.
¡Ya basta! La sociedad mexicana necesita tener los elementos que le den certidumbre como consecuencia de una investigación clara, profunda y sin perjuicios.
¡Ya basta! Las pesquisas se sustentan en declaraciones, muchas de ellas contradictorias, por lo que la investigación es insuficiente a todas luces.
¡Ya basta! Tenemos en la investigación más de 174 tomos, más de 68,293 fojas, más de 293 anexos, más de 1993 declaraciones, más de 551 solicitudes de información a dependencias, más de 982 investigaciones, más de 326 dictámenes judiciales, 4 fiscales especiales nombrados, 18 homicidios presuntamente vinculados al atentado, 26 líneas de investigación, más de 20 reuniones de las comisiones legislativas sobre el caso, 13 videograbaciones del evento en Lomas Taurinas, 20 instituciones nacionales y extranjeras que apoyaron la investigación, y con todo esto no tenemos todavía una respuesta...
En conclusión, señor Presidente:
¿Tenemos la seguridad de que lo que nos han informado es totalmente cierto?
¿Tenemos acceso a toda la información, incluyendo aquella clasificada como confidencial?
¿Por qué esta información es considerada confidencial?
¿En dónde quedó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información?
¿Qué está contenido ahí que los mexicanos y en específico los familiares del licenciado Colosio no podemos saber?
¿A quién se protege, o a quién quieren que no se dañe?
¿Por qué funcionarios de la PGR recientemente establecieron ante compañeros legisladores que no existe una petición formal ante la autoridad acompañada de nuevos elementos, que sustenten la procedencia de la reapertura del caso?
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito proponer a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se realiza atenta excitativa al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría General de la República, se aboque una vez más a la revisión y reapertura en su caso de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, toda vez de que a la fecha persisten dudas al respecto.
México, DF, a 23 de marzo de 2004.
Dip. Pedro Avila Nevárez (rúbrica)
DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL
REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE
LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA
DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL
ASISTENCIA DE LA SESION ORDINARIA DE 23 DE MARZO DE
2004
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PARLAMENTARIO |
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POR CEDULA |
COMISION |
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JUSTIFICADA |
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Listado de Asistencia día 23 de marzo de 2004 doc
Listado de Inasistencias día 23 de marzo
de 2004 doc
Nota: Las diferencias
que existen entre las listas de asistencia y el número de votos
pueden variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
Dentro de 6 días
se publicarán las inasistencias justificadas respecto a la presente
lista.
DE LA COMISION DE SALUD, DE SU SEPTIMA REUNION PLENARIA, LLEVADA A CABO EL MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2004
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del 25 de febrero de 2004, en las instalaciones del salón D del restaurante Los Cristales de la H. Cámara de Diputados de este Recinto Legislativo de San Lázaro, se reunieron los siguientes ciudadanos diputados:
José Angel Córdova Villalobos, Presidente; José Javier Osorio Salcido, María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero, secretarios; Raúl Rogelio Chavarría Salas, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña, Jaime Fernández Saracho, José Luis Treviño Rodríguez, María Angélica Díaz del Campo, Raúl Piña Horta, José Luis Naranjo Quintana, Marco Antonio García Ayala, Martha Palafox Gutiérrez, Irma S. Figueroa Romero, Hugo Rodríguez Díaz, José Porfirio Alarcón Hernández.
Como primer punto del orden del día, se verificó la asistencia, contando con el quórum legal para dar inicio a la reunión, con la lectura de la siguiente
Orden del Día
Enfatizaron que dicho programa tiene un Consejo formal presidido por la Secretaría de Desarrollo Social en el que concurren los secretarios de Educación, Salud y Hacienda con un Comité Técnico con los subsecretarios de estas mismas secretarías y el director del IMSS.
El Programa, refirieron los funcionarios, tiene un enfoque de desarrollo humano realizando transferencias en especie, el cual comprende un apoyo para alimentación y un apoyo en efectivo de 155 pesos mensuales, complementado con las becas educativas o el incentivo por asistencia escolar, que está vinculado directamente para la asistencia regular de los niños a la escuela.
Igualmente comentó el funcionario que las familias reciben un paquete básico de salud que comprende trece líneas de acción: 1.- Saneamiento básico a nivel familiar. 2.- Planificación familiar. 3.- Atención prenatal, del parto y puerperio, y del recién nacido. 4.- Vigilancia de la nutrición y el crecimiento infantil. 5. Inmunizaciones. 6.- Manejo de casos de diarrea en el hogar. 7.- Tratamiento antiparasitario a las familias. 8.- Manejo de infecciones respiratorias agudas. 9. Prevención y control de tuberculosis pulmonar. 10.- Prevención y control de hipertensión arterial y diabetes mellitus. 11.- Prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones. 12.- Capacitación comunitaria para el autocuidado a lesiones. 13.- Detección y control del cáncer cérvico-uterino.
Este paquete básico esencial de salud, el cual reciben las familias del Programa Oportunidades es de manera gratuita y el programa funciona mediante un proceso de selección a partir de encuestas de estudios socioeconómicos y cuenta también el programa con un sistema de evaluación para verificar los resultados.
Durante el año 2003 la cobertura fue de 4,240,000 hogares beneficiados, de los cuales 2,990,344 corresponden a zonas rurales, 741,211 a zonas semiurbanas y 508,446 a zonas urbanas.
Los resultados que se han documentado en las investigaciones realizadas por el Instituto Internacional de Políticas Alimentarias, con sede en Washington, así como por el Instituto Nacional de Salud Pública en nuestro país refieren que hubo una mejora del peso y talla de niños menores de 5 años en 16%, es decir, 1 centímetro más por año, una reducción de enfermedades en niños menores de 5 años en el orden del 12 %, una mejora de la alimentación en el hogar al aumentar su gasto en alimentos en 13%, y una reducción de la mortalidad materno-infantil del 11%.
El proyecto para el 2004 en la cobertura pretende lograr la meta sexenal de 5 millones de hogares con la atención en nuevas localidades rurales y zonas metropolitanas.
Posterior a la presentación del Programa Oportunidades y dando seguimiento a la orden del día referente al punto número 4, el diputado Presidente dio lectura al acta de la sesión anterior, aprobándose por unanimidad, para posteriormente pasar al punto número 5 de la orden del día, dando lectura al dictamen referente al punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al ayuntamiento de Tultitlán, estado de México, a efecto de que se instale un módulo de servicios médicos y químicos clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación del cromato hexavalente en la región de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México, aprobándose por unanimidad.
Posteriormente el diputado Presidente se refirió al dictamen que reforma la Ley General de Salud adicionando el artículo 295 Bis para los requisitos de importación de medicamentos, haciendo mención que dicho proyecto fue trabajado en conferencia con la Mesa Directiva de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores y la Mesa Directiva de la Comisión de Salud de esta Cámara; al respecto el diputado Hugo Rodríguez Díaz hizo referencia que dicho dictamen tiene un problema estructural en relación a las compras de medicamentos que realiza el IMSS, por lo que se difirió su aprobación para ser estudiado detalladamente. Igualmente el diputado Hugo Rodríguez solicitó se le concedieran 15 minutos en la próxima reunión plenaria para exponer sus puntos de vista como médico y legislador respecto a este dictamen.
Posteriormente se dio lectura la dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 216 y 221 de la Ley General de Salud, referente al etiquetado de suplementos alimenticios.
Al respecto el diputado Presidente de la Comisión de Salud dio lectura al resolutivo del dictamen el cual desecha la iniciativa por considerar que la Ley General de Salud establece con toda claridad las definiciones del alimento, medicamento y suplemento alimenticio. Por otra parte el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y la Norma Oficial Mexicana son suficientemente específicos al respecto, en su forma de reglamentar la comercialización, producción y etiquetado de dichos productos. Por otra parte se consideró que la prohibición de incluir una leyenda, como la que responsabiliza a quienes consumen y recomiendan estos artículos, es una forma de librar de obligaciones al mismo productor, que es quien lo recomienda en primera instancia, aprobándose por unanimidad.
Posteriormente se dio lectura al dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para la instrumentación de programas que difundan la Norma Oficial Mexicana para la Prevención de la Violencia Familiar, aprobándose por unanimidad.
Referente al dictamen de la iniciativa para la creación de la Ley General para la Protección a la Salud de los Fumadores y no Fumadores, el diputado Presidente solicitó se revisara para su posible aprobación en la próxima reunión plenaria al igual que el expediente número 20, referente al decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud para exentar de cuotas a los niños menores de 2 a 6 años.
Igualmente solicitó el Presidente de la Comisión que se revisara para su presentación en la próxima reunión plenaria el dictamen que incluye dos minutas del Senado para regular la salud visual y detección de la sordera como materia de salubridad general.
Por último, se informó de la iniciativa presentada por el Congreso local del estado de Jalisco para reformar la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud, haciendo referencia el diputado Presidente que dicha reforma ya fue presentada y aprobada por el pleno de la Comisión de Salud y de la Cámara de Diputados de esta LIX Legislatura, por lo que se aprobó archivar dicho proyecto dando puntual contestación al Congreso local del estado de Jalisco.
Al término de la reunión los diputados integrantes de la Comisión de Salud acudieron a la comparecencia de los funcionarios de la Secretaría de Salud para dar cumplimiento al acuerdo celebrado por los miembros de la Comisión de Salud en relación con la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los Servicios de Planificación Familiar.
Término de la reunión: 13:20 horas.
Diputados: José Angel Córdova Villalobos,
Presidente; Javier Osorio Salcido, secretario; Pablo Anaya Rivera, secretario;
María Cristina Díaz Salazar, secretaria; Rafael García
Tinajero, secretario (rúbricas).
A la Primera jornada oftalmológica y de optometría, que se efectuará del 23 al 25 de marzo, de 10 a 18 horas, en el pasillo lateral del edificio A.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su sesión plenaria, que tendrá lugar el jueves 25 de marzo, a las 8:30 horas, en la sala de juntas del sector obrero (edificio B, primer nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión plenaria, que se realizará el jueves 25 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el jueves 25 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Roberto Pedraza Martínez
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el jueves 25 de marzo, a las 11:30 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su tercera reunión plenaria, que tendrá lugar el jueves 25 de marzo, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A la visita del doctor Carlos Sola Ayape, profesor e investigador de nacionalidad española del Departamento de Humanidades del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, quien ha sido invitado a dar una conferencia sobre "El reto de la gobernabilidad en España tras los atentados del 11 de marzo", el jueves 25 de marzo, a las 16:30 horas, en el salón Protocolo de la Comisión.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el jueves 25 de marzo, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el martes 30 de marzo, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MEXICO
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el martes 30 de marzo, a las 10 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 30 de marzo, a las 17 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que tendrá verificativo el martes 30 de marzo, a las 17 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
El Papel de las Agencias de Noticias
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su quinta sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
6. Asuntos generales:
a) Informe del II seminario de cooperativas, La
Habana, Cuba;
b) Visita Mondragón; y
c) Informe de la misión a Cooperativas Pesqueras
de la Laguna de Tres Palos, Acapulco, Guerrero.
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión de trabajo con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, que se efectuará el miércoles 31 de marzo, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A la última del ciclo de mesas redondas Reformas urgentes al marco jurídico del Congreso mexicano, que se llevará a cabo en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México el miércoles 31 de marzo, en el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo.
Mesa 3. Administración Interna.
Miércoles 31 de marzo de 2004, a las 10:00 horas
Moderador: Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez.
Ponentes:
Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
Al ciclo de mesas redondas Gobernabilidad: Cultura de la legalidad e ingeniería parlamentaria, que se llevarán a cabo los días 31 de marzo, de las 10:30 a las 20 horas, y 1 de abril, de las 17:30 a las 19:30 horas, en el auditorio Sur de la Cámara de Diputados.
Programa
Gobernabilidad: Cultura de la legalidad e ingeniería
parlamentaria
Auditorio Sur, H. Cámara de Diputados
Primer día: Cultura de la legalidad
Miércoles 31 de marzo de 2004
Cultura de la legalidad y valores democráticos
10:30 - 12:00 horas
Constitución: reglas y desempeño
institucional
12:00 - 13:30 horas
Encuestas y comprensión de la democracia
13:45 - 15:15 horas
Comida: Restaurante Los Cristales.
15: 30 horas
Presentación del libro: Cultura de la Constitución.
17:30 - 19:00 horas
Segundo día: Gobernabilidad (eficacia legislativa)
e ingeniería parlamentaria
Jueves 1 de abril de 2004.
17:30 horas
Presentación: Ulises Beltrán, División
de Estudios Políticos, CIDE.
1. Dimensiones teóricas del problema.
Josep M. Colomer, División de Estudios Políticos,
CIDE.
2. Sistemas y reglas en una comparación internacional.
Andre Blais, Département de Science Politique,
Université de Montréal, Canadá.
3. México: Las reformas necesarias.
María Amparo Casar, Coordinación de asesores
de la Secretaría de Gobernación. México.
4. Nueva Zelanda: De la uninominalidad a la representación
proporcional.
Jack Vowles, Department of Political Studies, University
of Auck1and, New Zealand.
5. Japón: De la representación proporcional
a la uninominalidad.
Ken'ichi Ikeda, Department of Social Psychology, The
University of Tokyo. Japón.
6. El Presidencialismo en América Latina.
Gabriel Negretto, División de Estudios Políticos,
CIDE, México.
7. India: Gobernabilidad en la democracia más grande
del mundo.
Sandeep Sashtri, Professor and Dean of Research and Social
Science International Academy for Creative Teaching, MATS University, Bangalore,
India.
8. Reformas y gobernabilidad en Europa, con acento en
Alemania.
Helmut Schmidt, Mannheimer Zentrum für Europäische
Sozialforschung (MZES), Universität Mannheim. Alemania.
Bernard Wessells, Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB) Reichpietschufer, Berlín, Alemania.
Clausura del evento
19:30 horas
Diputado Presidente: Juan de Dios Castro (por confirmar)
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión de trabajo con el licenciado Herbert Taylor, coordinador general del Plan Puebla Panamá, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 9:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, para la integración del Comité Solidaro, que se llevará a cabo el viernes 2 de abril, a las 11 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, para la integración de la Coordinación Interinstitucional, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 18 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La fibrosis quística, diagnóstico y tratamiento en México, que se efectuará el miércoles 14 de abril, de las 9:30 a las 13 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente