ACTA DE LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MIERCOLES VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
SESION SOLEMNE
En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta legisladoras y legisladores, a las once horas con diez minutos del miércoles veinticinco de febrero de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la Sesión Solemne para recibir al Presidente de la República de Costa Rica.
El Presidente designa una comisión para recibir e introducir al recinto al Doctor Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica, y le solicita cumplir con su cometido.
A las once horas con once minutos se declara un
RECESO
A las once horas con diecisiete minutos se reanuda la sesión.
El Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputado Juan de Dios Castro Lozano, dirige unas palabras con motivo de la distinguida visita.
La Presidencia concede la palabra al Presidente de la República de Costa Rica, Doctor Abel Pacheco de la Espriella, para dirigir un mensaje a la Asamblea y acto seguido firma el Libro de Visitantes Distinguidos.
El Presidente agradece la visita y solicita a la comisión designada acompañar al Doctor Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica, cuando desee retirarse del recinto.
A las once horas con cincuenta y un minutos el Presidente levanta la Sesión Solemne y solicita a los legisladores permanecer en sus lugares para dar inicio a la sesión ordinaria.
SESION ORDINARIA
A las once horas con cincuenta y un minutos, con la asistencia de treinta y un legisladores, el Presidente declara abierta la sesión ordinaria.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.
Dos invitaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a las ceremonias cívicas conmemorativas del cuadra centésimo septuagésimo noveno aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, y del centésimo septuagésimo quinto aniversario luctuoso de Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Se designan sendas comisiones para representar a la Comisión Permanente.
Comunicación de la diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputada federal electa en el octavo distrito del estado de Chihuahua. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y sin discusión la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación de la Cámara de Senadores por la que informa la conclusión del Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura. De enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación de la senadora Leticia Burgos Ochoa por la que remite la Declaración Final del Cuarto Foro Parlamentario Mundial, celebrado en Mumbai, India. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.
La Presidencia informa de la recepción de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.
Presentan iniciativas con proyectos de decreto los legisladores:
Senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores.
Uno, por el que remite copia de la contestación del Servicio de Administración Tributaria, al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.
Cinco, por los que remite copia de las contestaciones de las secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores, relativos a: la autorización del cupo para importar azúcar refinada en dos mil tres, los santuarios de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, incendios forestales en Baja California, el proyecto de la carretera Caobas - Arroyo Negro en el sureste del país y a la propuesta del movimiento cívico denominado Vamos por Sonora en relación con las tarifas eléctricas. Remítanse a la Cámara de Senadores.
Dos, por los que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Guatemala y de Honduras. La Asamblea, en votación económica, dispensa todos los trámites a las solicitudes. La Secretaría da lectura al proyecto de decreto respectivo y sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por veinticinco votos en pro. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Tres, por los que solicita el permiso necesario para que varios ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión.
Tres, por los que solicita el permiso necesario para que varios ciudadanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión.
Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia, con circunscripción consular en el estado de Michoacán. Se turna a la Primera Comisión.
Al ciudadano Ricardo Francisco García Cervantes, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica.
A nueve ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros.
A la ciudadana Fabiola Margarita Solís Aguinaco, para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos en México.
Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Toussaint Ribot y designa una comisión que lo acompaña al rendir la protesta de ley.
Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano De Icaza González y designa una comisión que lo acompaña al rendir la protesta de ley.
Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Luis Alfonso de Alba Góngora, como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano De Alba Góngora y designa una comisión que lo acompaña al rendir la protesta de ley.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para solicitar al director general de Petróleos Mexicanos, proporcione información referente a las condiciones en que se encuentra la terminal marítima de Ciudad Madero, Tamaulipas. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se remite a las comisiones de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y análisis, la proposición con punto de acuerdo relativa a las consultas que se están realizando en diversas ciudades de los Estados Unidos de América, para recoger las opiniones y propuestas de las organizaciones de mexicanos en el exterior, a fin de incorporarlas a la propuesta de voto de mexicanos en el exterior. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para que la Secretaría de Desarrollo Social proporcione información sobre las reglas de operación que se aplicarán a los programas sociales en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo en relación con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática relacionadas con las personas con discapacidad. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se remite al Secretario del Trabajo y Previsión Social, la propuesta respecto de que se sirva implementar o en su caso reforzar, los programas y políticas públicas con enfoque de equidad de género, a fin de incrementar la participación de las mujeres en el ámbito laboral. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, información referente al cobro de la nueva tarjeta de afiliación expedida por dicho Instituto. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía, a que emita un nuevo acuerdo relativo a la importación de vehículos usados en la franja fronteriza norte del país. Sin que motive discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, información sobre las medidas para combatir la tala ilegal de árboles y el tráfico de maderas preciosas. Sin que motive discusión se aprueba en votación económica.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para invitar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las cámaras de Senadores y de Diputados, para que integren un grupo especial de trabajo que se aboque al estudio de la situación del sistema bancario nacional, del mercado de crédito, del financiamiento para la pequeña y mediana empresas y del financiamiento para el campo. Sin que motive discusión se aprueba en votación económica.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a informar sobre el cumplimiento del artículo treinta y uno del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, en lo referente a la distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Segunda Comisión con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días cinco y seis de marzo de dos mil cuatro, a efecto de que realice una visita de trabajo al estado de Texas, Estados Unidos de América. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por veintitrés votos en pro. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Cinco dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto que concede el permiso necesario:
Para que cinco ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de España.
Para que cinco ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Para que el ciudadano Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Mongolia en México, con circunscripción consular en la República Mexicana.
Para que el ciudadano Ricardo Francisco García Cervantes, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica.
La Cámara de Senadores remite, para los efectos del inciso g) del artículo sesenta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos: para marzo de dos mil cuatro, que se aprueba en votación económica; y el ejercido en el mes de enero de dos mil cuatro, de enterado.
Presentan proposiciones con puntos de acuerdo los legisladores:
Se turna a la Tercera Comisión.
Diputado René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Comisión Permanente integre un grupo plural de diputados y senadores para iniciar los trabajos hacia la construcción de un acuerdo nacional. Se turna a la Primera Comisión.
Senadora Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la atención de diversas instancias públicas al asunto de los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Hablan en pro la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática; y la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al gobierno federal, a que informe sobre el trámite y estado que guarda el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores el once de septiembre de dos mil tres, relativo a la aparición de grietas y fracturas en la ciudad de Aguascalientes. Se turna a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Senadora Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional, en relación con el memorando de entendimiento en materia de repatriación, firmado por las autoridades mexicanas y estadounidenses el veinte de febrero de dos mil cuatro. Se turna a la Segunda Comisión.
Senador Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática, para convocar al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al titular del Sistema de Administración Tributaria, a una reunión de trabajo para tratar lo relativo a la venta del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - Bancomer, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Hablan en pro los senadores Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional; y Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional; y la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática.
La Secretaría da lectura al punto de acuerdo. La Asamblea lo considera suficientemente discutido en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Diputada Rosa María Avilés Nájera, del Partido de la Revolución Democrática, para que se haga una auditoría al municipio de Puebla, en los ejercicios fiscales dos mil - dos mil tres. El Presidente informa de la recepción de la proposición de referencia y la turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Diputado Carlos Flores Rico, a nombre propio y del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Poder Ejecutivo, a que gire sus instrucciones a la Secretaría de Energía y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con el fin de que se privilegie a trabajadores mexicanos del sur del estado de Veracruz, para ocupar las plazas que se abrirán por la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas, en el municipio de Minatitlán. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Diputado Víctor Manuel Camacho Solís, a nombre del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al director general de Petróleos Mexicanos, copias de los contratos de servicios múltiples y de otros documentos relacionados, que se han firmado a la fecha y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Hablan en pro los senadores Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; y David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación del senador Rodríguez Prats. El Presidente hace una moción de orden y concede la palabra a los senadores Rodríguez Prats y Jiménez González para contestar alusiones personales. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de los diputados Rogelio Humberto Rueda Sánchez y José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la crisis política en Haití. Se turna a la Segunda Comisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para que se me otorgue licencia por tiempo indefinido, para separarme del cargo de senador de la República a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a partir de esta fecha.
Aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo, la cordialidad y el respeto que me manifestaron mis compañeros senadores integrantes de la LIX Legislatura.
Atentamente
Sen. Jorge Emilio González Martínez (rúbrica)
DEL SENADOR BENJAMIN GALLEGOS SOTO
México, DF, a 2 de marzo de 2004.
C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente
Benjamín Gallegos Soto, senador de la República a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, electo por el principio de mayoría relativa en el estado de Aguascalientes, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a usted atentamente a fin de manifestar y solicitar lo siguiente:
Con la finalidad de estar en condiciones de contender por mi partido para el proceso interno de selección de candidato a gobernador constitucional del estado de Aguascalientes, solicito al Pleno de la H. Comisión Permanente, por su conducto, que se me conceda licencia para separarme del cargo de senador de la República, a partir día de la presentación del presente, y por tiempo indefinido.
Atentamente
Sen. Benjamín Gallegos Soto (rúbrica)
DEL CONGRESO DE AGUASCALIENTES
4 de febrero de 2004.
Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
México, DF
El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en sesión ordinaria celebrada este día, aprobó un punto de acuerdo en los términos de los siguientes resolutivos:
Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que apruebe la asignación de los recursos necesarios para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Aguascalientes-Calvillo, en el estado de Aguascalientes.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a que, en su programa de modernización de carreteras para el año 2004, se incluya la ejecución de la ampliación a cuatro carriles de la carretera Aguascalientes-Calvillo, en estado de Aguascalientes.
En virtud de lo anterior, se remite copia certificada del documento que contiene el punto de acuerdo de referencia, para los efectos de su conocimiento y fines consiguientes.
Reciba las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Francisco Javier Martínez Hernández
(rúbrica)
Presidente
Dip. Javier Sánchez Torres (rúbrica)
Primer Secretario
Dip. Rafael Galván Nava (rúbrica)
Segundo Secretario
H. Congreso del Estado
Presente
A la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la LVIII Legislatura del Congreso del estado fue turnado el punto de acuerdo, propuesto por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la propuesta para exhortar al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, por lo cual, de conformidad con los numerales 36, fracción V, 74, 75, fracción III, y 78, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se tiene a bien rendir el siguiente
Dictamen
1. Con fecha 29 de diciembre de 2003, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo relativo a la propuesta para exhortar al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a la realización de la obra de ampliación de la carretera Aguascalientes-Calvillo.
2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Vigilancia, por ser de su competencia, de conformidad con lo establecido en los numerales 36, fracción V, 74, 75, fracción III, y 78, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
3. Se estima procedente por esta Comisión lo planteado por los autores del punto de acuerdo, ya que el desarrollo equilibrado de las diversas regiones que integran el país debe ser la más alta prioridad del Estado mexicano, por lo que se debe trabajar por la asignación de los recursos presupuestales que permitan dotar de infraestructura carretera, su mantenimiento y modernización que demandan amplios sectores productivos del estado de Aguascalientes, procurando resolver las necesidades del aparato productivo regional y nacional, fortaleciendo los vínculos económicos, sociales y culturales, como medio eficaz para la cohesión nacional.
4. Las vías de comunicación terrestres son indispensables para el desarrollo y el bienestar humano, y una de sus consecuencias es elevar la competitividad del Estado en el entorno regional, nacional e internacional, estimándose que dichos razonamientos cobran especial vigencia en el caso del municipio de Calvillo, por lo que se considera que deben asignarse recursos de la Federación para la modernización de la carretera Aguascalientes-Calvillo, ya que el proyecto para ampliar dicha carretera a cuatro carriles representa una inversión prioritaria y plenamente justificada para el desarrollo de la región integrada por los estados de Aguascalientes, de Jalisco y de Zacatecas.
5. La aprobación y ejecución de dicho proyecto son indispensables para satisfacer la justa demanda de los sectores productivos y de los habitantes del municipio de Calvillo, que registran más de 52 mil personas y que en gran medida se sustentan en más de 7 mil 500 hectáreas de huertos en cientos de hectáreas agave y en amplias zonas de cultivos diversos, ganadería intensiva y del turismo que viajaría con mayor seguridad, evitando los múltiples accidentes, que ocasionan lamentables pérdidas de vidas humanas, además de que la referida carretera es una de las puertas al Pacífico, ya que San Blas, Nayarit, se encuentra a sólo 350 kilómetros.
6. El estado de Aguascalientes requiere una infraestructura carretera moderna, eficiente y en buen estado, que permita la rápida movilización de sus productos, así como impulsar el desarrollo turístico y de los servicios en el importante tramo carretero de referencia, ya que alcanza un aforo diario de 5 mil vehículos. Partiendo de que los estudios relativos a esta obra se encuentran en ejecución por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se estima procedente por parte de esta Comisión que el Congreso del estado apoye, a través de la exhortación que se plantea a las autoridades citadas, a fin de que dicho proyecto se logre concretar.
Por lo anteriormente expuesto y razonando, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión a que apruebe la asignación de los recursos necesarios para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Aguascalientes-Calvillo, en el estado de Aguascalientes.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a que en su programa de modernización de carreteras para el año 2004 se incluya la ejecución de la ampliación a cuatro carriles de la carretera Aguascalientes-Calvillo, en el estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, a los 30 días del mes de enero de 2004.
Por la Comisión de Vigilancia
Diputados: Herminio Ventura Rodríguez (rúbrica),
Presidente; Ventura Vilchis Huerta (rúbrica), secretario; José
de Jesús Martínez González, José Guadalupe
Horta Pérez, José Manuel Martínez Rodríguez
(rúbrica), vocales.
DEL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA
Sen. Jesús Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión
México, DF
Por medio del presente, nos dirigimos muy respetuosamente a usted, con el propósito de hacerle llegar copia íntegra del dictamen No. 387 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en sesión ordinaria de la H. XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, celebrada el día 4 de febrero del año en curso, mediante el cual le hacemos llegar un atento exhorto para que en el ámbito de su facultades apruebe las importantes reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados, por la que se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica y por las que se legisla en materia de salud "el genoma humano".
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 4 de febrero de 2004.
Dip. Catalino Zavala Márquez (rúbrica)
Vicepresidente
Dip. José Antonio Araiza Regalado (rúbrica)
Secretario
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Dictamen No. 387
Honorable Asamblea:
Fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación, iniciativa de acuerdo económico que pretende que este H. Congreso del estado realice un atento llamado al Senado de la República, para que en ámbito de sus facultades, apruebe las importes reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados, para las cuales se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica y por la que se legisla en materia de salud "el genoma humano", presentada por la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la H. XVII Legislatura, misma que se dictamina con base en los siguientes:
Antecedentes
I. En sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre del 2003, la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la H. XVII Legislatura, iniciativa de acuerdo económico que pretende que se realice un atento llamado al Senado de la República para que, en el ámbito de sus facultades, apruebe las importantes reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados, por las cuales se crea el Instituto Nacional de Medina Genómica y por las que se legisla en materia de salud "el genoma humano".
II. Recibida que fue la iniciativa en comento, el Presidente de la Mesa Directiva, de acuerdo con la facultad conferida por el artículo 50, fracción II, inciso f, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California la turnó a ésta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para los efectos legales procedentes. Por lo que en cumplimiento de lo previsto en los artículo 62, 63 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se realizó el presente dictamen bajo los términos siguientes:
Análisis y Estudio Particular de la Iniciativa
Iniciativa de acuerdo económico que pretende que este H. Congreso del estado realice un atento llamado al Senado de la República para que, en el ámbito de sus facultades, apruebe las importantes reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados, por las cuales se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica y por las que se legisla en materia de salud "el genoma humano".
La presente intención legislativa pretende que esta soberanía realice un atento llamado al Senado de la República para que, en el ámbito de sus facultades, apruebe las reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados el pasado 2 de diciembre del 2003, respecto del decreto que adiciona una fracción V-Bis al artículo 5 y un artículo 7-Bis al Capítulo I del Título Segundo de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en el cual se crea el Instituto Nacional de Salud en México denominado "Instituto Nacional de Medicina Genómica", así como el decreto que adiciona la fracción IX-Bis al artículo 3, adición del Título Quinto Bis y su Capítulo Unico, denominado "El Genoma Humano", y el artículo 421-Bis a la Ley General de Salud.
Lo anterior, según lo manifestado por la Legisladora en su exposición de motivos, ya que es sustancial el reconocimiento a la necesidad del legislar específicamente en la materia, para evitar el uso indebido de la información genética por parte de empresas privadas y agencias gubernamentales, asegura la protección a la dignidad e integridad humana y evitar que se impongan criterios comerciales de empresas biotecnológicas que desean implantar pruebas genéticas que no conllevan beneficio personal o para la población.
El proyecto genoma humano ha sido una de las más ambiciosas tareas de la investigación biomédica de la historia. Con éste se ha logrado la secuenciación casi completa del genoma humano y la elaboración de un mapa que ubica a cada uno de los genes que forman parte de esa molécula.
En efecto, el genoma es el contenido del material genético de un organismo biológico en el juego completo de cromosomas, constituido en el ser humano por 3,200 millones de pares de bases nitrogenadas y contienen entre 60 a 80 mil genes diferentes.
Esto significa que los cerca de 40,000 genes que componen nuestra cartografía genética albergan toda la información genética en donde cerca de 1,400 de ellos son causantes de las enfermedades genéticas.
El conocimiento de este gran avance, ofrece nuevas formas de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, tal como la detección de individuos con alto riesgo genético para desarrollar ciertas enfermedades comunes.
Se podrá alcanzar un uso rutinario del análisis genotípico para mejorar el cuidado de la salud, así como evitar o retrasar la aparición de enfermedades que representen problemas prioritarios de salud.
La medicina genómica será motora de cambio hacia una medicina más individualizada, predictiva y preventiva, con lo que el diagnóstico y el tratamiento serán cada vez más específicos y efectivos.
Asimismo, será posible diagnosticar en forma rutinaria, la mayor parte de las enfermedades causadas por mutaciones en un solo gen, así como la predisposición a patologías humanas comunes, con lo que se podrán descubrir fácilmente los factores ambientales contribuyentes.
Sin embargo, esto trae aparejada una serie de cuestionamientos para el sector salud, principalmente desde el punto de la equidad y la protección de los derechos humanos y civiles, ya que el mal uso de la información genética puede dar origen a una nueva clase de privilegios.
En este sentido, la UNESCO aprobó el 11 de noviembre de 1997, en su 29 Conferencia General celebrada en París, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, definida como el patrimonio biológico de la humanidad.
Con un texto de 25 artículos, el mérito indiscutible de este documento radica en la prohibición de toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético.
Las partes en esta declaración se comprometen a proteger al ser humano en su dignidad e identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.
Frente a este escenario, el Congreso de la Unión presentó diversas iniciativas referentes a la creación del Instituto de Medicina Genómica así como la adición de un Título Quinto Bis y Capítulo Unico denominado "El Genoma Humano", y el artículo 421 Bis a la Ley General de Salud.
Con dichas iniciativas se pretende establecer un marco normativo que regule el tratamiento que se aplique al conocimiento del genoma humano, así como tomar el desarrollo conjunto que han logrado la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fundación Mexicana para la Salud, en el sentido de crear un Instituto Nacional de Medicina Genómica con la misión de contribuir a generar y aplicar el conocimiento derivado del esclarecimiento del genoma humano para mejorar la salud de los mexicanos, mediante el diseño de intervenciones costo-efectivas de prevención, tratamiento y rehabilitación utilizando productos de la investigación genómica de la frontera, donde quiera que sea generada.
Dicho Instituto llevará a cabo actividades de investigación en salud y docencia relacionadas con investigación básica y clínica en la especialidad e impulsará el desarrollo de recursos humanos de alto nivel, innovación tecnológica y la difusión de conocimiento sobre la medicina genómica.
El desarrollo de la medicina genómica sólo puede lograrse a través de una investigación científica rigurosa y sostenida, que asegure la generación de nuevos conocimientos de la estructura y función de los genes, así como el conocimiento de las variaciones genómicas de las poblaciones mexicanas y su participación en los mecanismos moleculares de las enfermedades.
La investigación clínica tendrá gran importancia para conocer el impacto de la variación del genoma humano en la salud y la enfermedad, así como el estudio de las aplicaciones de los nuevos conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas, por lo que con la creación de dicho Instituto así como la regulación de la materia, el genoma humano será asimilado y aplicado en beneficio de la sociedad.
Es necesario equilibrar, a través de marcos jurídicos eficaces, los beneficios que la medicina genética está llamada a portar, con los riesgos que puedan llegar generar, ya que si no se crean garantías adecuadas, la revolución genética puede representar un paso hacia delante para lo científico y dos hacia atrás para los derechos individuales.
En este sentido y derivado de lo anterior, esta H. Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera viable el presente acuerdo económico en análisis, ya que es necesario un marco de garantías que permita utilizar al máximo los aportes de la medicina genómica y que a la vez se protejan a las personas frente a posibles abusos.
Una vez realizado el presente análisis y estudio de la iniciativa materia del presente dictamen, se exponen los siguientes
Considerandos
Primero.- Que es facultad del Congreso del estado resolver sobre las iniciativas de ley, decretos y acuerdos económicos presentados por los diputados, tal y como lo señala el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Segundo.- Que la presente intención legislativa, pretende que esta soberanía realice un atento llamado al Senado de la República para que, en el ámbito de sus facultades, apruebe las reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados el pasado 2 de diciembre del 2003, a diversas disposiciones en las que se crea el "Instituto Nacional de Medicina Genómica", así como normatividades que regulan aspectos de genoma humano.
Tercero.- Que lo anterior, según lo manifestado por la Legisladora, ya que es sustancial el reconocimiento a la necesidad de legislar específicamente en la materia, para evitar el uso indebido de la información genética por parte de empresas privadas y agencias gubernamentales, así como para asegurar la protección a la dignidad e integridad humana.
Cuarto.- Que el proyecto "genoma humano", es uno de los mayores descubrimientos de la historia, el cual constituye toda la información genética humana contenida en los cromosomas.
Quinto.- Que derivado de dichas investigaciones realizadas, la UNESCO aprobó el 11 de noviembre de 1997, en su 29 Conferencia General, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, definido como el patrimonio biológico de la humanidad.
Sexto.- Que el mérito indiscutible de este documento radica en la prohibición de toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético, proteger al ser humano en su dignidad e identidad y garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.
Séptimo.- Que gracias a este avance en materia de salud, se ofrecerán nuevas formas de detección de individuos con alto riesgo genético pata desarrollar ciertas enfermedades comunes.
Octavo.- Que, sin embargo, el mal uso de la información genética puede dar origen a posibles transgresiones o atentados a los derechos humanos y civiles, por lo que es posible recurrir al rescate de la equidad, confidencialidad, dignidad y titularidad de la información genómica, producto de la propia individualidad de los seres humanos.
Noveno.- Que frente a este escenario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presentó diversas iniciativas, en las cuales se pretende establecer un marco normativo que regule el tratamiento que se aplique al conocimiento del genoma humano, así como tomar el desarrollo conjunto que han logrado la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fundación Mexicana para la Salud, en el sentido de crear un Instituto Nacional de Medicina Genómica con la misión de contribuir a generar y aplicar el conocimiento derivado del esclarecimiento del genoma humano para mejorar la salud de los mexicanos, mediante el diseño de intervenciones costo-efectivas de prevención, tratamiento y rehabilitación utilizando productos de la investigación genómica de la frontera, donde quiera que sea generada.
Décimo.- Que el estudio del genoma y sus potenciales aplicaciones, tiene implicaciones tan amplias que alcanzan ámbitos muy variados en áreas sociales, económicas y culturales, aparte de aquellas propias de las ciencias biológicas, Algunas de sus consecuencias pueden ser muy beneficiosas y otras probablemente dañinas para las nuevas generaciones. Por esta razón, es necesario equilibrar a través de marcos jurídicos eficaces, los beneficios que la medicina genética está llamada a aportar.
Undécimo.- Que en este sentido, y derivado de lo anterior, esta H. Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera viable el presente acuerdo económico en análisis, ya que es necesario un marco de garantías que permita utilizar al máximo los aportes de la medicina genómica y que a la vez se proteja a las personas frente a posibles abusos.
Duodécimo.- Que el presente dictamen fue aprobado por unanimidad de un total de cuatro votos, por los diputados presente integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales Fernando Jorge Castro Trenti, Ricardo Rodríguez Jacobo, Juan Manuel Salazar Castro y José Alfredo Ferreiro Velazco.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto:
Resolutivo
Unico. Se aprueba que este H. Congreso del estado mediante oficio, realice un atento llamado al Senado de la República para que, en el ámbito de sus facultades, apruebe las importantes reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados, por las cuales se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica y por las que se legisla en materia de salud "el genoma humano".
Dado en el Salón de Sesiones del Cabildo, en la Ciudad de Tecate, del Estado de Baja California, a los 19 días del mes de enero de dos mil cuatro.
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Diputados: Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente;
Ricardo Rodríguez Jacobo (rúbrica), secretario; Raúl
Felipe Luévano Ruiz (rúbrica), vocal; José de Jesús
Martín Rosales Hernández, vocal; José Alfredo Ferreiro
Velazco (rúbrica), vocal; Juan Manuel Salazar Castro, vocal.
DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih., a 19 de febrero de 2004.
C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF
En cumplimiento al acuerdo No. 819/04 1 D.P., aprobado por la Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, me permito remitirle el precitado acuerdo, en el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reforma del "Acuerdo que Autoriza la Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica", que entró en vigor el 9 de agosto del 2003; a efecto de que, en el cálculo del límite de energía anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N, se conceda para todo el país un volumen de extracción de agua adicional del 40% en el 2004, y un 20% para el 2005, tomando como base el déficit de sobreexplotación de los acuíferos más críticos. Para los efectos correspondientes, me permito remitirle copia de la iniciativa y dictamen que lo originan.
Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Rogelio Yáñez Bustillos (rúbrica)
Presidente de la Diputación Permanente del H.
Congreso del Estado
La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del estado de Chihuahua, reunida en su primera Diputación Permanente,
dentro del tercer año de ejercicio constitucional
Acuerda
Primero.- La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del estado de Chihuahua, solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reforma del "Acuerdo que Autoriza la Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica", que entró en vigor el 9 de agosto del 2003, a efecto de que, en el cálculo del límite de energía anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N, se conceda para todo el país un volumen de extracción de agua adicional del 40% en el 2004, y un 20% para el 2005, tomando como base el déficit de sobreexplotación de los acuíferos más críticos.
Segundo.- Remítase copia del presente acuerdo, así como de la iniciativa que le diera origen, al Honorable Congreso de la Unión, así como a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Energía; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas ellas del Gobierno Federal, para su conocimiento y efectos conducentes.
Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil cuatro.
Dip. Rogelio Yáñez Bustillos (rúbrica)
Presidente
Dip. Miguel Rubio Castillo (rúbrica)
Secretario
Diputación Permanente del H. Congreso del Estado
Presente
Los suscritos, en nuestro carácter de diputados a la Sexagésima Legislatura, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 68, fracción I, de la Constitución Política del Estado, comparecemos ante este alto cuerpo colegiado a presentar iniciativa de acuerdo, a fin de solicitar respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reforma del "Acuerdo que Autoriza la Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica", que entró en vigor el 9 de agosto del 2003, a efecto de que, en el cálculo del límite de energía anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N, se conceda un volumen de extracción de agua adicional del 40°/o en el 2004, y un 20% para el 2005. Lo anterior, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I.- Luego de una minuciosa evaluación sobre la situación que prevalece en el campo mexicano, ante el desmesurado incremento que han sufrido los insumos y el decrecimiento de los precios de los productos del campo en el mercado, fueron emprendidas una serie de acciones por, parte de los gobiernos estatal y federal, por conducto de sus diversos poderes, que dieron lugar a la reciente expedición de la Ley de Energía Para el Campo.
Este ordenamiento jurídico expedido por el H. Congreso de la Unión, de acuerdo con su artículo 1°, segundo párrafo, está orientado a "coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países, de conformidad con lo que establece el artículo 13, fracción IX, y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable".
En el Capítulo Segundo, relativo a las Cuotas Energéticas, se establece que será el Poder Ejecutivo federal quien establecerá el programa, mediante precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios. Además, el artículo 5° preceptúa que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional, con la prescripción de que todos los precios y tarifas de estímulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias sean iguales para todos los productores del país.
Lo anterior armoniza y es congruente con lo dispuesto en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual establece:
"Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
II.- Con base y en atención al precitado ordenamiento jurídico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinada con las dependencias del ramo, emitió el día 6 de agosto del 2003, el Acuerdo que Autoriza la Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica.
En dicho acuerdo se expresa que, conforme a los compromisos del Gobierno Federal en materia de tarifas eléctricas, "debe ofrecerse a los usuarios de la tarifa 9-CU, la posibilidad de acceder a un nivel tarifario que les permita beneficiarse de un menor cargo por energía en la medida en que administren su demanda y consuman energía en un horario nocturno". Además, señala que, para los casos de bombeo de aguas superficiales, es necesario determinar el límite de energía anual.
De tal forma, en el artículo tercero del acuerdo se establece la tarifa 9-N, llamada "tarifa nocturna para servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja o media tensión", misma que se aplica a los servicios en baja o media tensión que destinen la energía eléctrica exclusivamente para el bombeo de agua, hasta por el volumen que es utilizado en el riego de tierras dedicadas al cultivo de productos agrícolas; así como para el local donde se encuentre instalado el equipo de bombeo.
De conformidad con lo anterior, para la determinación del límite de energía anual, se toman en cuenta diversas constantes, como la carga dinámica; la eficiencia electromecánica mínima del equipo de bombeo; el consumo promedio anual y el volumen de extracción de agua.
Por su parte, se establece que la energía eléctrica consumida que exceda el límite de energía anual, será facturada con los cargos de la tarifa para servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja o media tensión (tarifas 9 o 9M), según corresponda.
III.- No obstante, y sin un ánimo de menoscabar los grandes beneficios que acciones y disposiciones como las reseñadas implican en lo general, es necesario plantear el problema que actualmente aqueja a muchos productores del estado de Chihuahua, sin prejuicio de que así ocurra también en otras partes del país:
Diversos productores de las regiones agrícolas del estado de Chihuahua, han coincidido y planteado ante esta instancia legislativa una gran preocupación, que se deriva precisamente del sistema tarifario que opera en la entidad, y que es aplicado por la Comisión Federal de Electricidad. Esto tiene su origen en una de las variables que deben tomarse en cuenta al momento de determinar el límite de energía anual, y que se refiere al volumen de extracción de agua que es concesionado por la Comisión Nacional del Agua.
Así, tenemos que, en gran cantidad de casos, sobre todo tratándose de acuíferos sobreexplotados, dicho volumen no coincide con el que realmente es extraído, muchas veces en razón de que las condiciones climáticas extremas del estado, que se traducen en 12 años de intensa sequía, así lo demandan; o bien, por un error administrativo en el volumen concesionado, imputable al productor o a la autoridad, cuando aquél fue regularizado ante la Comisión Nacional del Agua.
En razón de los anteriores argumentos, que generan un gran perjuicio a los productores locales y, seguramente a muchos más de otras zonas geográficas del país, se sustenta nuestra petición, la cual se traduce a la aplicación de una disposición transitoria para el año corriente, relativa al incremento en el volumen concesionado del 40%, considerando para ello el valor porcentual que corresponde al déficit de sobreexplotación de los acuíferos más críticos; mientras que, para el año próximo siguiente, éste volumen adicional se reduciría al 20%, para que en el 2006 pueda aplicarse a cabalidad la fórmula dispuesta en el acuerdo ya citado para el cálculo de límite de energía anual.
De concretarse la petición anterior, conseguiríamos que los agricultores estén en condiciones de cumplir con el ciclo agrícola 2004, siendo acreedores del beneficio de la tarifa preferencial en el consumo de energía, cumpliendo firmemente con el espíritu de la Ley de Energía para el Campo.
Además, que los usuarios tengan el tiempo suficiente para regularizar su situación, respecto al volumen concesionado, ya sea acudiendo ante la Comisión Nacional del Agua para revisar su expediente y ver si hay algún error en la emisión de su título; en otro caso, procediendo a la adquisición de derechos de agua para sumar mayor volumen a su concesión; o bien, que el productor opte por implementar sistemas de alta eficiencia, como sería el riego por goteo o aspersión.
Con esta acción estaríamos dando un cumplimiento cabal a la Ley de Energía para el Campo que, en resumidas cuentas, se subsume a considerar de uso estratégico para el desarrollo nacional todos los energéticos que se usan en el sector agropecuario, a través de precios preferenciales de hidrocarburos y energéticos para la actividad agropecuaria, permitiendo con ello una gran transferencia de energía del estado al campo mexicano, para que esto se convierta en productos alimenticios para satisfacer la demanda nacional y, además, aprecios competitivos en el mercado nacional y extranjero.
Consideramos que las demandas sociales justas, como la que dio origen a la multicitada ley, no deben ver mermados sus esfuerzos por problemas técnicos de aplicación de la norma al caso concreto, debiendo buscar siempre las estrategias más efectivas para que se provea a su exacta observancia, con mayor razón tratándose de un tema tan delicado como el planteado.
Es deber de las autoridades de todos los niveles, brindar apoyo incondicional al campo mexicano y; una buena manera de conseguirlo, es respaldando la presente solicitud, ante las bondades que ella brindaría.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 57, 58 y 82, fracción X, de la Constitución Política del Estado; así como en el numeral 99, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la votación económica de esta Diputación Permanente, el presente proyecto con carácter de
Acuerdo
Primero.- La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reforma del "Acuerdo que Autoriza la Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica"; que entró en vigor el 9 de agosto del 2003, a efecto de que, en el cálculo del límite de energía anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N, se conceda para todo el país un volumen de extracción de agua adicional del 40% en el 2004, y un 20% para el 2005, tomando como base el déficit de sobreexplotación de los acuíferos más críticos.
Segundo.- Remítase copia del presente acuerdo, así como de la iniciativa que le diera origen, al honorable Congreso de la Unión, así como a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas ellas del Gobierno Federal, para su conocimiento y efectos conducentes.
Económico.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes.
Dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil cuatro.
Diputados: Guillermo Márquez Lizalde, Jesús
Alfredo Velarde Guzmán, Miguel Rubio Castillo, Manuel Acosta Lara,
Oswaldo Blancas Fernández, Octavio Perea Lerma, Jesús Javier
Baca Gándara (rúbrica).
DEL CONGRESO DE OAXACA
CC. Diputados Secretarios del Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente acuerdo:
"Unico.- La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se adhiere al acuerdo emitido por el honorable Congreso del estado de Colima, en virtud de que se debe abolir la pena de muerte de nuestra Carta Magna, considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos, y convencidos de que todas las medidas de abolición de dicha pena deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida. Transitorio: Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Remítase copia del presente acuerdo al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, al honorable Congreso de la Unión y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su conocimiento y efectos correspondientes. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado. Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de enero de 2004.- Rómulo Virgilio Leyva Acevedo, diputado Presidente.- Rúbrica. Abdías Nava Pacheco, diputado secretario.- Rúbrica. Salomón Jara Cruz, diputado secretario.- Rúbrica".
Lo que nos permitimos transcribir a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El respeto al derecho ajeno es la paz."
Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de enero de 2004.
Dip. Abdías Nava Pacheco (rúbrica)
Secretario
Dip. Salomón Jara Cruz (rúbrica)
Secretario
CC. Secretarios Senadores de la Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente acuerdo:
"Unico.- La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca manifiesta que la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación apegue sus funciones a lo ordenado por el artículo 46, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal federal, toda vez que resulta violatorio y se atenta contra la soberanía del Estado de Oaxaca pretender efectuar auditorías sin fundamento legal alguno, y en contravención a las disposiciones que se refieren al control, supervisión, vigilancia y fiscalización del manejo de dichos recursos por cada autoridad y cada nivel de gobierno que expresamente establece el ordenamiento antes citado para cada etapa que la misma ley establece desde su presupuestación hasta su total erogación. Comuníquese el contenido de este acuerdo al honorable Congreso de la Unión, así como al titular del Ejecutivo federal, Vicente Fox Quesada, a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, de creerlo procedente, se adhieran al presente acuerdo. Transitorio: Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Lo tendrá entendido el gobernador del estado y hará que se publique y se cumpla. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado. Oaxaca de Juárez, Oax., a 7 de octubre 2003. Eloi Vázquez López, diputado Presidente.- Rúbrica. Jorge Zarif Zetuna Curioca.- Rúbrica. René Egremy Cruz, diputado secretario.- Rúbrica".
Lo que nos permitimos transcribir a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El respeto al derecho ajeno es la paz."
Oaxaca de Juárez, Oax., a 7 de octubre de 2003.
Dip. Eloi Vázquez López (rúbrica)
Presidente
Dip. René Egremy Cruz (rúbrica)
Secretario
DEL CONGRESO DE TLAXCALA
CC. Senadores Secretarios del H. Congreso de la Unión
Presentes
Con fundamento en lo establecido en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, me permito informarles que en sesión ordinaria pública celebra el 11 de febrero de 2004 la LVII Legislatura del estado de Tlaxcala aprobó el acuerdo por el que esta soberanía se adhiere al punto de acuerdo emitido por la LIV Legislatura del Congreso del estado de Querétaro por el que solicitan exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que apoye las funciones atribuciones y objeto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), impidiendo su desaparición como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Se anexa acuerdo de mérito.
Aprovecho la presente para enviarles un cordial y respetuoso saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de X., a 17 de febrero de 2004.
Sergio Cuauhtémoc Lima (rúbrica)
Secretario Parlamentario del H. Congreso
Punto de Acuerdo
Primero. El honorable Congreso del estado de Tlaxcala apoya y se adhiere al punto de acuerdo emitido por la LIV Legislatura del Congreso del estado de Querétaro, por el que solicitan exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que apoye las funciones, atribuciones y objeto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), impidiendo su desaparición como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.
Segundo. Se haga del conocimiento por conducto de la Secretaría Parlamentaria de este honorable Congreso del estado el presente punto de acuerdo al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de cada uno de los estados y la del Distrito Federal.
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días del mes de febrero de dos mil cuatro.
Dip. José Antonio Rosas Lezama (rúbrica)
Presidente
Dip. Froylán Mendieta Cuapio (rúbrica)
Secretario
Dip. María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi
(rúbrica)
Secretaria
DEL CONGRESO DE VERACRUZ
C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión
Presente
La Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del estado, en sesión ordinaria celebrada hoy, aprobó el siguiente
Decreto Número 598
Artículo Primero. Se crea el municipio libre de San Rafael, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al haberse satisfecho los requisitos que al efecto establece el artículo 6 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Será cabecera de este municipio la actual congregación de San Rafael y quedará integrado, además de ésta, por las localidades siguientes: Ampliación Manuel Avila Camacho, Ampliación de Pavón, El Arenal, Arroyo Zarco, La Aurora, La Bacinica, Bella Esperanza, Buenos Aires, El Cabellal, Calle Chica, Calle Grande, Cementeras del Pital, El Cocal, La Chancla, Ejido Vega de San Marcos (Cuerillo), Emiliano Zapata, La Esperanza, El Faisán, Galvarino Barria Pérez, La Gloria, Guadalupe Victoria; El Guayabal, Héctor Barrientos, Ignacio Zaragoza (La Poza), La Isla, Isla de Santa Rosa, La Laguna, Lomas de Arena, Manuel Avila Camacho, Mata de Plátano, Melchor Ocampo, Nuevo Centro de Población Presidente Benito Juárez, Nuevo Faisán, El Ojite, Oro Verde, La Pajarera, Las Palmas, El Paraíso, Paso de Telaya, Los Pasos, La Pitahaya, El Pital, El Porvenir, Puente Casitas, Puntilla Aldama, Río Mar, La Rivera de Puntilla, San Lorenzo, Santa Adelaida, Santa Elena, Solteros, El Tablazo, Tepetates, Tinoco, Tres Bocas, Tres Encinos, Ursulo Galván, Vega de San Marcos, Zacatales y Zanjas de Arena, así como todas las localidades comprendidas en la poligonal correspondiente.
Artículo Segundo. El municipio de San Rafael tendrá una superficie total de veintinueve mil ciento catorce hectáreas, cuarenta y siete áreas y sesenta y cuatro centiáreas, y los límites siguientes: al norte y noreste, con el municipio de Tecolutla; al oeste, con el municipio de Martínez de la Torre; al sur, con el municipio de Misantla; y al sur y sureste, con el municipio de Nautla, de acuerdo con la circunscripción territorial determinada por las localidades señaladas en el artículo anterior, que se indican también en el plano que se encuentra agregado en el expediente respectivo.
Artículo Tercero. Se designan para integrar el Concejo Municipal de San Rafael, que estará en funciones del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro, a los ciudadanos Germán Castagne Maitret, Presidente; Jaime Ramagnoli Piñera, vocal primero; y Estela Murillo Peralta, vocal segunda; y a los ciudadanos Emilio Ismael Prigadaá Millot, Genaro Faibre Collinot y Jaime Antonio Maasberg Collinot, como suplentes, respectivamente.
Artículo Cuarto. Comuníquese el presente decreto a los Poderes Ejecutivo y Judicial del estado, a los organismos autónomos del estado, al honorable ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los Poderes de la Unión, al Instituto Federal Electoral y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para los efectos legales procedentes.
Transitorios
Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el primero de enero del año dos mil cuatro, previa publicación en la Gaceta Oficial, Organo del Gobierno del Estado, con excepción de lo dispuesto en su segundo transitorio, que entrará en vigor el día siguiente al de dicha publicación.
Segundo. El Congreso del estado proveerá lo necesario para expedir la Ley de Ingresos del Municipio de San Rafael, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal de 2004.
Lo transcribimos a usted, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Ver., a 15 de diciembre de 2003.
Diputados: Felipe Amadeo Flores Espinosa, Presidente;
José Adán Córdoba Morales, secretario (rúbricas).
C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión
Presente
La Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del estado, en sesión ordinaria celebrada hoy, aprobó el siguiente
Decreto Número 599
Artículo Primero. Se crea el municipio libre de Santiago Sochiapan, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al haberse satisfecho los requisitos que al efecto establece el artículo 6 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Será cabecera de este municipio la actual congregación de Xochiapa y quedará integrado, además de ésta, por las localidades siguientes: Alfredo V. Bonfil, Amatlán, Arenalito, Arroyo Colorado Cruz Verde, Arroyo de Hojas, Arroyo Santa María, Augusto Gómez Villanueva, Benito Juárez, Boca del Monte, Ejido Sergio Vera Cervantes, El Medellín (Rancho), El Paraíso, El Tauro, El Trébol, El Zapote, Emiliano Zapata, Ignacio Ramírez, La Ceiba Nueva, La Guadalupe, La Laguna, La Providencia, La Unión Progreso Tatahuicapa, Lázaro Cárdenas, Mundo Nuevo, Niños Héroes, Nuevo Boca del Monte (La Ceibita), Nuevo Ideal de Arriba, Nuevo Progreso Tatahuicapa, Puebla, Rancho Hermanos Uscanga, Rancho San Miguelito, Río Lalana, Rubén Ortiz, San Cristóbal, San Francisco de Asís (Margarito Montes Parra-Dante Delgado), San Gabriel de la Chinantla, Santa Margarita Yogopi, Santa Teresa, Tatahuicapa y Vista Hermosa, así como todas las localidades comprendidas en la poligonal correspondiente.
Artículo Segundo. El municipio de Santiago Sochiapan tendrá una superficie total de cuarenta mil cuarenta y cuatro hectáreas, diecinueve áreas y dieciocho centiáreas, y los límites siguientes: al norte y noreste, con el municipio de Playa Vicente; al oeste, con el municipio de Playa Vicente; al sur y suroeste, con límite del estado de Oaxaca, de acuerdo con la circunscripción territorial determinada por las localidades señaladas en el artículo anterior, que se indican también en el plano que se encuentra agregado en el expediente respectivo.
Artículo Tercero. Se designan para integrar el Concejo Municipal de Santiago Sochiapan, que estará en funciones del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro, a los ciudadanos Jorge Méndez Martínez, Presidente; Virginia González Chávez, vocal primera; y Gelacio Ubieta Hernández, vocal segundo; y los ciudadanos Ernesto Pedro Vargas, Casimira Hernández Bonota y Francisco Prisciliano Martínez, como suplentes, respectivamente.
Artículo Cuarto. Comuníquese el presente decreto a los Poderes Ejecutivo y Judicial del estado, a los organismos autónomos del estado, al honorable ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los Poderes de la Unión, al Instituto Federal Electoral y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para los efectos legales procedentes.
Transitorios
Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el primero de enero de dos mil cuatro, previa publicación en la Gaceta Oficial, Organo del Gobierno del Estado, con excepción de lo dispuesto en su segundo transitorio, que entrará en vigor el día siguiente al de dicha publicación.
Segundo. El Congreso del estado proveerá lo necesario para expedir la Ley de Ingresos del municipio de Santiago Sochiapan, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal de 2004.
Lo transcribimos a usted, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Ver., a 15 de diciembre de 2003.
Diputados: Felipe Amadeo Flores Espinosa, Presidente;
José Adán Córdoba Morales, secretario (rúbricas).
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, III LEGISLATURA
México, DF, a 23 de febrero de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me dirijo a ustedes con el propósito de hacer de su conocimiento que en la sesión de la Diputación Permanente de este órgano legislativo celebrada el pasado 18 de febrero del año en curso, se aprobó el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Que el Pleno de esta Diputación Permanente se pronuncia en contra de la venta de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya (BBVA).
Segundo: Que esta Diputación Permanente le solicite a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que por medio de la Comisión de Vigilancia, se intervenga en una revisión detallada sobre la venta de dicho banco por el impacto económico que representa.
Anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, reitero a ustedes mi consideración atenta y distinguida.
Atentamente
Dip. René J. Bejarano Martínez (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Gobierno
México, DF, a 18 de febrero de 2004.
Dip. Roberto Carlos Reyes Gámiz
Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación
Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura
Presente
Dip. José Jiménez Magaña, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, fracción VI y VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 130 del Reglamento para su Gobierno Interior, por su amable conducto me permito someter a la consideración de la Diputación Permanente de este órgano legislativo, el siguiente
Punto de acuerdo sobre la venta irracionalmente autorizada de Bancomer a Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
El que las autoridades mexicanas avalen tan fácilmente que el BBVA obtenga el control absoluto de Bancomer, prácticamente de manera gratuita y abusiva, pues los 45 mil 200 millones de pesos que el grupo español pagará a los actuales socios mexicanos le serán resarcidos con creces vía las transferencias que el Estado entrega año con año por concepto de intereses de los pagarés del Fobaproa.
Los bancos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de autoridades incapaces de saber a dónde los quieren llevar. Este es el tema de fondo en el proceso de adquisición de Bancomer, segundo mayor banco del país, cuando, en un primer momento, el banco español Bilbao Vizcaya Argentaria propuso y llegó a un acuerdo de principio con sus accionistas principales, para inmediatamente después verse confrontado por una oferta adicional, esta vez por parte de Banamex; el mayor banco del sistema.
Con esta segunda propuesta, el país pareció entrar de lleno en las grandes ligas de la intriga y la especulación financiera internacional, en donde las ofertas y contraofertas son materia común en la práctica cotidiana de los mercados. En cierta forma, ambas ofertas se encontraron con autoridades regulatorias prestas para reaccionar ante el cambiante entorno, pero incapaces de prever y desarrollar una visión de largo plazo para el sector financiero.
El sector financiero ha sufrido los embates de la arbitrariedad burocrática desde hace décadas. Hasta el final de los sesenta, en México, los bancos se distinguieron por ser una fuente segura y confiable de financiamiento para las empresas, con lo que contribuyeron al enorme éxito en el desarrollo industrial del país.
En esos años, sin embargo, el gobierno los obligó a abandonar ese camino para convertirlos en la fuente de recursos para sus proyectos y sectores favoritos y para financiar un gasto gubernamental que creció de manera tan vertiginosa que acabó prácticamente por quebrar a la economía del país.
A principios de este año, cuando BBVA llegó a un acuerdo para adquirir Bancomer, las autoridades se vieron ante la necesidad de definirse al respecto. Cabe decir que, de acuerdo a la ley, BBVA estaba en pleno derecho de proponer la compra y los accionistas de Bancomer de aceptarla. Pero poco después llegó Banamex a complicar las cosas para ambos jugadores, pero también para las autoridades. Si los accionistas de Bancomer tuvieron la oportunidad de comparar las dos posturas que se les presentaron de acuerdo a sus méritos, sólo ellos lo saben. Pero no hay duda que el entorno político en que este proceso se dio, abrió una ventana reveladora, de cómo se toman las decisiones en México.
En el caso de Bancomer anualmente el Fobaproa alcanza sumas de 10 mil millones de pesos, sin contar las próximas amortizaciones del capital. Resulta que los contribuyentes mexicanos serán quienes habrán financiado la entrega de la banca nacional al extranjero, situación doblemente grave si se considera que el rescate bancario constituyó una operación irregular y que muchos de los pagarés en los que se apoya la estrategia de adquisición del BBVA se encuentran en litigio.
La pretensión de los nuevos dueños de Bancomer de retirar las acciones de esa institución financiera de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) redundará en un obstáculo para conocer el desempeño del segundo banco nacional. Tal circunstancia, máxime si se tiene en cuenta que el proceso de auditoría de los pagarés del Fobaproa no ha concluido, implica que el BBVA pretende tender un velo sobre su futura gestión de Bancomer, con todos los riesgos para la fiscalización de ese banco y la estabilidad de la economía nacional que ello implica. De tal manera que de ninguna manera será posible exigirle cuentas una vez en poder de capitales extranjeros. Indudablemente a éstos sólo les interesan los rendimientos de sus inversiones y no el desarrollo del país del que se benefician.
Al quedar en manos del banco español, la sucursal dejaría de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, y la afectaría al deslistar las acciones de BBVA Bancomer; se reduciría aún más el valor de capitalización del mercado accionario, en el cual la institución mexicana representa el 4.0 por ciento del total. Lo que es un asunto muy grave y delicado, porque si así sucede, ya no tendrá que rendir cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni rendir un informe trimestral de sus estados financieros, ni mucho menos hacerlos públicos como lo obliga la ley.
Lo peor, es que terminaría la facultad de la CNBV para supervisar las operaciones de este banco que se quiere vender en 4 mil 100 millones de dólares, cuando éste tiene más de 80 mil millones de dólares en un pagaré que se vence el próximo año. Por, otro lado, conforme al artículo 5° transitorio de la Ley del IPAB, Bancomer tiene que seguir bajo la supervisión de las autoridades mexicanas.
El Gobierno Federal apoya esa transacción ignorando una investigación que mantiene el fiscal anticorrupción, David Martínez Madero, quien ha presentado ante la Corte de España una denuncia contra BBVA, por la posible comisión de delito contra la hacienda pública española, a raíz de la adquisición del Multibanco Mercantil Probursa. Se acusa formalmente a BBVA en España, por haber evadido 3 mil 500 millones de pesetas durante la transacción de Mercantil Probursa, en México, el 3 de noviembre del 2003.
El Partido de la Revolución Democrática señala enfáticamente que no aprueba el fraude cometido por las autoridades sobre el Fobaproa-IPAB, que ha implicado que el Gobierno Federal reconozca de facto unos pasivos que ascienden a alrededor de 800 mil millones de pesos la extranjerización de los bancos, que ya rebasa el 90 por ciento de los mismos, se ampliará con la venta de 40.6 por ciento de las acciones de Bancomer a BBVA.
El PRD no avala dicha venta porque no se han aclarado los créditos fraudulentos del rescate bancario, que seguirán pagando los mexicanos. Por ello es importante revisar el quebranto bancario y su rescate y determinar la legalidad de las operaciones que se llevaron a cabo. Nuestro Partido insiste en este asunto desde su origen, sabemos que nos asiste la razón y por ello seguiremos propugnando porque aquellos que cometieron fraudes en perjuicio de la nación sean juzgados y que el quebranto bancario no sea asumido por el gobierno mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento al artículo 130 del Reglamento para el gobierno interior de la Asamblea Legislativa se somete a su consideración para su obvia y urgente resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que el Pleno de esta Diputación Permanente se pronuncie en contra de la venta de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Segundo.- Que esta Diputación Permanente le solicite a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que por medio de la Comisión de Vigilancia se intervenga en una revisión detallada sobre la venta de dicho Banco por el impacto económico que representa.
Atentamente
Dip. José Jiménez Magaña (rúbrica)
DE LA COMISION NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS
México, DF, a 23 de febrero de 2004.
C. Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva del H. Senado de la
República
Presente
En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, me permito enviarle el documento intitulado Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México (enero-diciembre de 2003).
Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración sobre este asunto.
Atentamente
Lic. Juan Antonio García Villa (rúbrica)
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de
Inversiones Extranjeras
La suscrita, diputada federal Marcela Guerra Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Congreso de la Unión, por conducto de su Comisión Permanente, la iniciativa de reformas a la fracción VI del artículo 2º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, hacemos a continuación la siguiente
Exposición de Motivos
Antecedentes
I. Con fecha 29 de diciembre de 1978 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que tenía por objeto regular el funcionamiento del órgano técnico de la Cámara de Diputados que tuvo a su cargo la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno Federal y la del Departamento del Distrito Federal.
II. El 30 de julio de 1999 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados de la República que dieron origen a la Auditoría Superior de la Federación como el órgano técnico de la Cámara de Diputados responsable de la fiscalización superior de la Federación.
III. El 29 de diciembre de 2000 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que abrogó la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda citada en el antecedente I anterior.
Dicha Ley se autodefine como de orden público y que tiene por objeto regular la revisión de la Cuenta Pública y su fiscalización superior.
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 79, lo siguiente:
Esa entidad de fiscalización superior de la de Federación tendrá a su cargo:
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
..."
No obstante lo anterior, una gran parte de recursos públicos quedan ajenos a los procedimientos de fiscalización en virtud de que un número importante de fideicomisos, fondos y mandatos que operan exclusivamente con fondos federales, no rinden cuentas, ya que no se incluye el resultado de sus operaciones dentro de la Cuenta Pública que presenta el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados.
Esta situación neutraliza, en los hechos, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de vigilar el origen, administración y destino de los recursos públicos, razón por la cual es importante dejar a salvo de cualquier duda la facultad de fiscalización de los recursos públicos que se administran a través de los fideicomisos, fondos y mandatos.
Mención aparte merecen los fondos, fideicomisos y mandatos privados que reciben recursos federales y que tampoco rinden cuentas, razón por la cual es indispensable que los procedimientos de fiscalización permitan conocer el destino final de los recursos federales recibidos.
Cabe señalar que el carácter público de los recursos recibidos o afectados a un fin, es dado, conforme a las normas vigentes, por su origen, destino o ambos, según sea el caso, siendo este factor determinante para la procedencia de las acciones de fiscalización.
Esta iniciativa se orienta fundamentalmente a explicitar que las atribuciones de revisión y fiscalización de la entidad de fiscalización superior de la Federación comprendan la administración y ejercicio de toda clase de recursos federales, independientemente de quién los ejerza, sin que tenga importancia la naturaleza jurídica de la entidad o persona jurídica que los ejerza, e inclusive sin que tenga trascendencia para este efecto el que la institución que los ejerza tenga o no personalidad jurídica, para incluir a los fideicomisos y fondos que no cumplan con este requisito pero que de hecho y en la práctica administran y ejercen recursos públicos federales.
El mecanismo que proponemos es la reforma de la fracción VI del artículo 2º de la ley de la materia vigente para ampliar la definición de "entidades fiscalizadas", e incluir en este concepto a los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso que administren recursos públicos federales, no obstante que dichas instituciones no sean consideradas entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social. Con ello se persigue el fin sustancial consagrado en la Constitución General de la República, de que no se evite la revisión y la fiscalización del ejercicio de toda clase de recursos públicos, independientemente de las características y naturaleza jurídica del ente o entidad que haya administrado, manejado o ejercido los recursos públicos federales.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del H. Congreso de la Unión, el siguiente
Decreto que reforma la fracción VI del artículo 2º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 2º.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:
VI. Entidades fiscalizadas: Los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales, de igual forma, los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales;
VII. a XII. ...
Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los tres días del mes de marzo de 2004.
Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 110 Y 111 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO IVAN GARCIA SOLIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Iván García Solís, diputado federal a la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por mi propio derecho y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto modifica los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la creación de la afirmativa ficta en el proceso de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
1.- Como una protección a las responsabilidades inherentes al cargo que desempeñan diversos servidores entre los que se encuentran los legisladores, existe un sistema constitucional que establece que ningún funcionario de esa jerarquía puede ser sometido a la jurisdicción ordinaria, salvo que exista una declaración de la Cámara de Diputados que resuelva si ha o no lugar a proceder contra de dicho individuo.
2.- El sistema de protección a individuos que poseen en el ejercicio de su encargo grandes responsabilidades, se da por medio de dos supuestos jurídicos: uno relativo al juicio en donde interactúan ambas Cámaras denominado Juicio Político, que es aplicado al servidor público que sea probable responsable de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. En ese supuesto, la Cámara de Diputados actúa como ente acusador y el Senado como instancia de sentencia. Su objetivo es, de comprobarse la responsabilidad, la destitución y la inhabilitación para ocupar otro cargo.
3.- Por lo que hace a la declaración de procedencia prevista en el artículo 111 de nuestra Carta Magna, es una potestad exclusiva de la Cámara de Diputados y significa que el servidor público no puede ser enjuiciado penalmente, hasta que la Cámara de Diputados, por mayoría de sus miembros, decida si ha o no lugar a proceder contra el funcionario denunciado del que el Ministerio Público de la Federación solicita su consignación.
4.- De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano "fuero constitucional era el derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la federación para que, antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal. En las reformas constitucionales publicadas en el «DO» del 28 de diciembre de 1982, se le cambió el nombre por ??Declaración de procedencia??, aunque la institución subsiste".
5.- La existencia de estos privilegios son narrados por el Maestro Elizur Arteaga Nava, quien en su obra de Derecho Constitucional cita a don Ignacio L. Vallarta que opinó: "sin el fuero político de los de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial federales, así lo creyó el Constituyente, no existiría el sistema representativo, porque con un auto de formal prisión esos poderes podían desaparecer; porque el derecho de un juez, aun suponiéndolo la más fiel expresión de la justicia, y aun sin prever que él pudiera llegar hasta ser sólo una intriga política, podría sobreponerse a la voluntad del pueblo, destruir el gobierno y trastornar todo el orden político y constitucional de la república".
6.- De acuerdo a lo anterior, el juicio político y la declaración de procedencia son figuras que protegen la función pública en el ejercicio del encargo, mientras que la primera figura es en esencia política y finca responsabilidades de diversa índole, como lo son la administrativa, civil y la penal, la segunda contiene solamente elementos específicos del orden criminal por lo que, para su procesamiento se invocan diversos ordenamientos sustantivos y adjetivos penales que permiten al legislador hacer una valoración jurídica antes de tomar la decisión.
7.- Al respecto, la declaración de procedencia antes de 1982 denominada procedimiento de desafuero, de acuerdo también al Maestro Arteaga Nava, "es un acto político, administrativo de contenido penal, procesal, irrenunciable, transitorio y revocable competencia de la Cámara de Diputados que tiene por objeto poner a un servidor público a disposición de las autoridades judiciales, a fin de que puedan ser juzgados por el o los delitos cometidos durante el desempeño de su encargo y que precisa la declaración". En el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, la declaración de procedencia es "una garantía en favor de personas que desempeñan determinados empleos o se ocupan en determinadas actividades, en virtud de la cual su enjuiciamiento se halla sometido a jueces especiales".
8.- Una vez definida la descripción, características y naturaleza jurídica de esa prerrogativa constitucional, mencionaré lo que ha resultado en su aplicación de estas figuras jurídicas. A lo largo de los años -principalmente en el siglo XX- éstas disposiciones han servido no como garantía de preservación de un Poder frente a los posibles abusos de otro, sino como arma para el ajuste de cuentas entre los grupos gobernantes. Es decir, se ha pervertido la institución del fuero imponiéndole un carácter político, y no jurídico, de modo que ha servido, durante el siglo XX y lo que va del XXI, a los intereses de los individuos en el poder, garantizándoles un manto de impunidad que cubre todo indicio, por claro que sea, de violación a la ley. Los recientes casos de legisladores implicados en cuantiosas desviaciones de fondos en PEMEX sólo es el ejemplo más reciente, ya que históricamente la remoción del fuero sólo ha procedido como venganza política del grupo en el poder, desde los primeros ajustes de cuentas a entre miembros de la clase política revolucionaria, en los primeros años veintes. Por otra parte, el procesamiento de Díaz Serrano, en 1983, si bien estuvo justificado jurídica y moralmente, por lo cual el suscrito votó a favor, en su carácter de diputado a la LII Legislatura, fue el resultado de un dictado presidencial a su mayoría camaral, y no de la aplicación estricta del Derecho, la cual habría implicado también el procesamiento del ex presidente José López Portillo, tal como el suscrito lo exigió en tribuna.
9.- El propósito de la presente Iniciativa no es abolir la figura jurídica de inmunidad parlamentaria, sino únicamente adaptarla a los tiempos que vivimos, evitando que se convierta en la tabla de salvación de legisladores o funcionarios para evadir responsabilidades reales.
10.- El sentido de la propuesta es enmarcar a esta protección bajo un espíritu esencial de justicia. Por ello consideramos necesario establecer en la misma Constitución un equivalente de la figura de la afirmativa ficta que significa que la Cámara tendrá un plazo determinado para resolver las solicitudes de declaración de procedencia en un plazo perentorio, de lo contrario, pasado el plazo se entenderá que se concede la acusación o declaración en sentido afirmativo y el funcionario quedará a disposición el juez para incoarle la causa penal, según corresponda.
11.- El motivo de esta iniciativa es eliminar la indebida inercia de esta Cámara de Diputados, que bajo la estrategia de los grupos parlamentarios de ganar tiempo o proteger al servidor público de la legítima acción de la justicia, no resuelve las demandas planteadas, lo que en los hechos se convierte en justicia denegada. Dice el principio de derecho que justicia que no es pronta y expedita no es justicia, por lo que en esta Cámara, desgraciadamente, contribuimos a dicho problema.
12.- Las estadísticas recientes nos demuestran que bajo métodos o estrategias de hacer vacío en las comisiones que llevan los procedimientos, se protege indirectamente a ciertas personas, sin hacer una valoración o evaluación imparcial sobre los hechos denunciados. La Cámara tiene registrados más de veinte casos de demandas de juicios políticos y declaración de procedencia, sin que hasta la fecha haya resuelto lo conducente. Se presenta el caso de que muchos de los funcionarios denunciados ya no ostentan el carácter de servidores públicos.
13.- Lo que se pretende con la presente iniciativa es evitar el indebido retraso a las obligaciones constitucionales que tiene la Cámara, se trata en consecuencia, de dotar constitucionalmente al mismo Poder Legislativo de instrumentos que permitan responder con eficacia y con prontitud a las demandas de la sociedad, esto sin desnaturalizar la inmunidad parlamentaria, ya que se dota a la Cámara de Diputados del medio para.
14.- La afirmativa ficta sería una figura que obligaría a la Cámara de Diputados a resolver en un término razonable, tres meses de sesiones ordinarias, las denuncias que se le planteen; de lo contrario se entenderá que se resuelve positivamente. Esta propuesta busca desalentar, con medidas severas, la posible omisión de la Cámara de Diputados, y con ello contribuir a mejorar nuestros instrumentos normativos con el fin de darle credibilidad al ejercicio legislativo. Aquí cabe ilustrar el alcance temporal del plazo propuesto: en el peor de los casos, si una solicitud procedencia es presentada por el Ministerio Público un 16 de diciembre, el plazo sólo podría extenderse hasta el 15 de octubre próximo, considerando que el segundo periodo de sesiones de cada año legislativo comienza el 15 de marzo y termina el 30 de abril, mientras que, después de un receso de cuatro meses, el siguiente periodo ordinario comienza el 1° de septiembre. Este es el caso extremo, ya que, por otra parte, si una solicitud es presentada el 1° de septiembre, el plazo expirará el 1 de diciembre del mismo año.
15.- Asimismo, la Iniciativa introduce una base para el procedimiento camaral de resolución sobre la procedencia o no de la causa penal: El procedimiento para dicha resolución será sustanciado y dictaminado por una sola comisión especializada, previo desahogo de las garantías de audiencia y defensa del inculpado. Con ello se busca dar expeditud al procedimiento, actualmente diseñado para la inmovilidad, sin poner en riesgo las garantías constitucionales del inculpado.
16.- Finalmente, y como última garantía de protección de los servidores públicos frente a un verdadero abuso por parte de otros Poderes, o como medio de corregir la inacción por causas de verdadera fuerza mayor, se faculta a la Cámara para determinar, una vez ya iniciado el proceso penal, la suspensión de éste, así como para, en caso de que dicho procedimiento ya hubiese concluido con una condena, determinar, también la suspensión de la ésta y la reintegración a la Cámara correspondiente, del inculpado, si fuese legislador federal, lo cual funcionaría como una especie de última instancia, en el ámbito parlamentario, repetimos, como garantía final frente a posibles abusos. En cualquier caso, la sola inacción ya no será suficiente para evitar un proceso penal, ahora será necesaria una declaración explícita de la Cámara.
Por todo lo anterior, y con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el suscrito, Diputado Federal, pone a consideración de esta Soberanía, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Unico: Se modifica el párrafo segundo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 111
Para proceder penalmente (...)
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, o no resuelve en un término de tres meses de sesiones ordinarias, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. El procedimiento para dicha resolución será sustanciado y dictaminado por una sola comisión especializada, previo desahogo de las garantías de audiencia y defensa del inculpado. La Cámara, en todo tiempo, podrá determinar la suspensión del procedimiento, y en su caso, la suspensión de la condena y su reintegración a la Cámara correspondiente, si fuese legislador federal.
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. . ."
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Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones pertinentes a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Federación en un plazo de seis meses.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los tres días del mes de marzo de 2004, México, DF, Recinto Legislativo de San Lázaro.
Dip. Iván García Solís (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DEL DIPUTADO JESUS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado Jesús Martínez Alvarez, a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Para consolidar la democracia es necesario contar con una legislación de vanguardia en todos los ámbitos relacionados con este propósito. Para desterrar prácticas ya reconocidas por la población como nocivas es indispensable avanzar en la regulación del registro, organización y operación de los partidos políticos. En suma, estamos proponiendo la renovación integral del sistema de partidos políticos.
Nuestra Carta Magna define a los partidos políticos como entidades de interés público porque son los instrumentos que hacen posible el derecho de los ciudadanos a ser electores, a votar y ser votados. Se constituye así una intermediación entre los derechos de los ciudadanos y la integración democrática y legítima del poder, que debe estar sujeta a reglas observables y exigibles.
Si tal es la importancia de los partidos políticos en el ejercicio práctico de la democracia, la renovación del marco legal que lo rige es imprescindible y, debido a la trascendencia que tiene el fortalecimiento de su credibilidad y prestigio ante la población, es también impostergable.
Antecedentes
En La democracia en México de Pablo González Casanova -trabajo publicado por primera ocasión en 1965- encontramos un diagnóstico del sistema político Mexicano, que ha quedado para la historia, como la foto fija de un régimen que llevó la rigidez hasta su último límite.
Fuimos un país que vivió sin independencia de los poderes Legislativo y Judicial, que no contaba con elecciones legítimas, donde todos los puestos de elección popular eran ganados por un solo partido.
Un país, donde se controlaban desde el Estado las huelgas obreras o se reprimían; donde casi todos los recursos públicos se concentraban en el poder central en detrimento de las entidades federativas y de los municipios; donde se configuró el calendario de elecciones, que continua hasta el presente, diseñado para la concentración creciente del poder presidencial y arribar a la sucesión, que se resolvía por métodos hereditarios indirectos.
Fuimos una nación sin prensa y sin medios de comunicación electrónicos libres, críticos e independientes. Un país con sindicatos y centrales campesinas cuyas direcciones eran designadas como puestos administrativos dependientes de la autoridad.
El presente
A ese México correspondió un sistema de gobierno y de representación sin partidos políticos, con poderes reales y operantes por encima de la Constitución, con leyes no escritas de mayor vigencia que las plasmadas en los códigos de entendimiento. Ese México se fue y no regresará jamás, pero quedan herencias, inercias y procedimientos discrecionales que ha llegado la hora de liquidar.
Cuando decimos hoy que la democracia no esta consolidada nos estamos refiriendo a las reminiscencias de las prácticas de aquel sistema. Han cambiado los poderes y hoy tenemos un Congreso y un poder judicial que no dependen del Ejecutivo. Tenemos elecciones legítimas y creíbles, operadas por un órgano ciudadano; medios de comunicación que no dependen económica y políticamente del gobierno.
Tenemos Partidos Políticos reales, que integran gobiernos en las entidades y los municipios, que han sido vehículo para una representación plural en todas las instancias legislativas, locales y federales. Hemos atestiguado la alternancia en el poder Ejecutivo Federal. Nadie puede negar los cambios en el entorno político mexicano. Nadie puede negar que han surgido nuevos problemas, nuevas exigencias y nuevas posibilidades.
Aquel régimen ya no es hegemónico, pero aun no ha sido sustituido por nuevas formas de relación, por las nuevas instituciones y procedimientos propios de una vida política democrática de calidad.
En ese marco de cambios, significativos en relación con el viejo régimen y teniendo presente ese marco histórico de transformaciones, venimos ante esta soberanía a hacer el recuento de los nuevos problemas que motivan nuevas propuestas de cambio legislativo.
Para Convergencia el problema central de la política mexicana de hoy, es que no hemos alcanzado a pactar el diseño y construcción de las nuevas instituciones. Ni en la vida social, ni en la política hemos consolidado las instituciones duraderas que permitan la participación de los ciudadanos bajo nuevas reglas y nuevas prácticas.
Permítanme Uds. concentrar la atención en los problemas de los partidos políticos y en la repercusión que estos tienen para el desarrollo de la democracia.
El más notable de los síntomas es la falta de credibilidad ciudadana en los partidos y en las instituciones, como el Congreso, en las que los partidos son el soporte fundamental.
Todas las encuestas, con todas las variantes metodológicas, arrojan que los partidos son las instituciones con menor aprecio de la ciudadanía.
Es muy grave que los electores no confíen en los instrumentos que son paso obligado para postular candidaturas; es muy peligroso, social y políticamente, que el abstencionismo crezca de modo continuo. En la elección federal del 2003, en la que los aquí presentes resultamos elegidos, 39 millones de mexicanos decidieron no ir a votar.
El segundo problema que debe destacarse es lo que con toda naturalidad algunos llaman "la sucesión adelantada" que, además de desdibujar a los poderes constituidos legítimamente y de otorgarles un carácter pasajero, es en realidad una carrera desbocada, sin reglas, para imponer candidaturas atropellando a los militantes, arrastrando a los partidos tras las personas, y haciendo que las propuestas y las soluciones se posterguen sin fecha.
La sucesión adelantada esta presidida por el abuso del poder público, por el manejo de dinero sin reglas, por el desprecio a los partidos y por su debilitamiento. No hay nada positivo, nada sano, nada constructivo o edificante en brincarse las pocas reglas existentes y forzar las polarizaciones que dividen, desestructuran y hacen hegemónica la ambición individual.
Pero si no fuera suficiente con la pérdida de credibilidad y la indisciplina galopante, tenemos además, que las elecciones de dirigentes y de representantes partidarios no son reconocidas y acatadas por la militancia. Asistimos a un periodo en que estalla con los peores métodos imaginables la lucha interna en las formaciones partidarias, en el que el escándalo sustituye la discusión y la decisión partidaria. Hoy se ventila en los medios, se litiga en la televisión lo que debió tener cauces, instancias, reglas y órganos apropiados para ser dirimido con métodos constructivos.
Los diferendos dentro de los partidos aumentan. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial, se han incrementado las denuncias, pasando de 13 en el año 2000, a 475 en el 2003; ciudadanos, que impugnan las decisiones de sus partidos en la elección interna de dirigentes, la postulación de candidatos y la aplicación de medidas disciplinarias. Militantes que reclaman procedimientos democráticos en la toma de decisiones, que no pueden continuar afiliados cuando el poder se concentra, cuando no hay transparencia en el manejo de recursos, ni rendición de cuentas y fiscalización.
No existen estadísticas de desafiliación a los Partidos Políticos, pero si las hubiera no serian alentadoras; los procesos de elección interna de dirigentes que se efectúan por votación directa son un problema. Son motivo de conflicto y división las candidaturas externas, las alianzas y las candidaturas comunes.
Sigue presente el inmenso costo del desprestigio acarreado por los partidos de factura familiar, por la ilegalidad en el manejo de recursos en las campañas presidenciales del año 2000. Siguen sin acordarse las reglas escritas, con imperativo y vinculación legal, que hagan de los Partidos Políticos Nacionales instituciones que practiquen la democracia y generen confianza y atracción a la ciudadanía.
Iniciativa
Por todas esas razones, proponemos hoy a esta soberanía una ley de partidos políticos, bajo el formato de reforma al COFIPE, una puesta al día del libro II, con modificaciones a los libros III y IV; que introducen las normas de segunda generación que son más urgentes, para renovar el sistema de partidos en México.
Nuestra Carta Magna define a los Partidos Políticos como entidades de interés público, porque son los instrumentos para hacer posible el derecho de los ciudadanos a ser electores, a votar y ser votados. Se constituye así una intermediación entre los derechos de los ciudadanos y la integración democrática y legitima del poder, que debe estar sujeta a reglas observables y exigibles.
La presente Iniciativa de Ley se propone llenar el vació jurídico y político que significa la carencia de una Ley de Partidos. Lo hace proponiendo, a la consideración de esta soberanía, los cambios de fondo que buscan favorecer la institucionalización de los procedimientos democráticos al interior de la vida partidaria, estableciendo nuevos requisitos para los Partidos con registro y para los de nueva creación.
Esta iniciativa de ley se propone:
Precisar los derechos y obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales, las Agrupaciones Políticas Nacionales, los Frentes y las Coaliciones: establecer sus normas de institucionalidad y definir los principios y lineamientos generales a los que deben sujetarse;
Establecer los requisitos de ley que garanticen el cumplimiento de los mandatos vinculatorios contenidos en la ley fundamental; ampliar la competencia de los órganos responsables de supervisar, auditar y reglamentar los procedimientos operativos del funcionamiento de los partidos y las demás organizaciones políticas.
Fomentar la ampliación y generalización de una cultura democrática y participativa en la sociedad mexicana.
Regular las actividades relacionadas con la organización, registro, financiamiento, funcionamiento, operación, asociación y disolución de los partidos políticos,
1. El establecimiento de los principios de Libertad, Legalidad, Pluralidad, Tolerancia, Participación, Respeto a la Diversidad, Transparencia y Rendición de cuentas, como principios generales que deben regir la organización y funcionamiento de los partidos y de toda organización política en México.
2. Un mecanismo diferente al vigente -modificado en diciembre- para el registro de partidos de nueva creación, que busca mantener abierta la formación y participación de nuevos partidos; ciudadanizando la afiliación al convertirla en un acto individual e intransferible que obliga al IFE a registrarla en sus módulos, de manera tal que se acabe con el tráfico de credenciales, la duplicidad de afiliaciones y las prácticas de acarreo a asambleas de afiliación masiva.
3. El nuevo mecanismo contempla regresar a la legislación que permite a toda agrupación política de ciudadanos solicitar el registro; deroga el requisito que otorga la exclusividad a las agrupaciones políticas nacionales con registro previo, pero adiciona el requerimiento de cumplir con una estructura representativa en la mitad de los distritos electorales federales o en 20 entidades federativas, para garantizar la madurez y sustentabilidad de los nuevos partidos.
4. Se propone que los partidos de nueva creación no reciban subsidio en dinero, sólo prerrogativas de acceso a los medios; estableciéndose el reembolso de hasta el 100% de los gastos comprobables, sólo a aquellos partidos que logren la votación necesaria para conservar el registro.
5. Con sustento en el cambio anterior, se modifica el artículo que impedía a un partido que no logró el registro en una elección, solicitándolo en la siguiente y permitiéndose el uso del mismo nombre, símbolos y colores.
6. Se hace obligatorio, para los partidos de nueva creación, el capítulo de obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales, donde se mandata a establecer capítulos específicos de las normas estatutarias que garanticen derechos de los militantes, normas escritas y democráticas en materia de elección de dirigentes y postulación de candidatos, obligación de transparencia y rendición de cuentas.
7. Se adiciona un nuevo capítulo de derechos de los militantes y los partidos. Se reconocen los derechos de los militantes a ser electores en la vida interna de sus partidos, a participar por sí o por medio de un delegado electo democráticamente, en la integración de los órganos de gobierno, en la elección de dirigentes y representantes, en la postulación de candidatos y en la modificación de los documentos fundamentales.
8. Se reconoce el derecho de todo afiliado a reclamar información sobre cualquier asunto; el de formar corrientes de opinión; el de exigir el cumplimiento de las normas de transparencia y equidad en el financiamiento interno.
9. Se establece el derecho de los afiliados, en todas las categorías que estatuyan los Partidos Políticos, a contar con acceso a un órgano independiente, imparcial y objetivo, que reciba y ventile impugnaciones para garantizar el pleno respeto de sus derechos políticos, y la eficacia y oportunidad de las instancias internas para su defensa.
10. Se adiciona un capítulo de las obligaciones de los afiliados, de los partidos y las demás organizaciones políticas. En este se consigna que todo partido y toda organización política se encuentran obligados, por el carácter vinculatorio de la norma constitucional, ha prohibir expresamente todo tipo de discriminación, a respetar las garantías individuales, los derechos humanos, la dignidad e integridad de la mujer, y hacer valer el acceso pleno a la jurisdicción del Estado para reclamar derechos.
11. Se establece la obligatoriedad de que en las normas estatutarias se incluya:
La legalidad y el derecho a formar corrientes internas, para salvaguardar la pluralidad y proteger la libertad de los militantes.
La representación proporcional en los órganos de carácter colegiado.
b). Establecer las reglas generales de la competencia interna para la elección de dirigentes y postulación de candidatos, precisando la conformación del órgano responsable de la organización del proceso electoral interno; la mecánica y plazos mínimos de emisión de la convocatoria, las modalidades permitidas de elección para cada nivel de dirigencia, de manera que sea claro en que condiciones es posible elegir: por voto directo, por votación de delegados o por un órgano representativo; los requisitos para la inscripción de candidatos, los mecanismos de escrutinio, la duración de las campañas internas, las reglas de financiamiento; incluidos los montos máximos de inversión en medios, en operación y en utilitarios.
c). Deberá establecerse un apartado que detalle las sanciones aplicables en caso de violación de la normatividad interna, especialmente de las actividades previas al inicio formal de los procesos de elección o postulación para, al regular las precampañas, evitar la inequidad y abuso que generan las transgresiones.
d). Se norma explícitamente que no pueden existir requisitos de elegibilidad interna, para la postulación de candidatos, la exigencia de establecer que estén por sobre la Constitución Política.
f).- Se mandata para que en todas las variantes de elección de dirigentes y postulación de candidatos, la votación sea individual y por cédulas.
g). Todos lo partidos políticos deben establecer, en el cuerpo de su norma estatutaria, un mecanismo con reglas claras para la selección y postulación de candidatos a puestos de representación proporcional.
14. Se establece la Prohibición a los Partidos y Coaliciones de comprar tiempo de transmisión, destinado a Campañas Electorales, apoyo de candidatos, y difusión de su imagen, lema o colores. Las prerrogativas en radio y televisión serán ejercidas por medio del IFE, en condiciones de equidad y proporcionalidad. La elaboración de los mensajes será derecho exclusivo de los Partidos Políticos.
15. Se adiciona un articulado mediante el cual los Partidos y Coaliciones quedan obligados, por los principios rectores de transparencia y el de rendición de cuentas, a informar a su membresía, y a mantener accesible y abierta la información, por cinco años, sobre la administración de los recursos públicos y privados a su cargo.
16. Se modifica la obligación de los Partidos de dedicar anualmente por lo menos el 2% del financiamiento público para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de investigación, pasando al 5 %.
17. Se modifica la norma que obliga a entregar informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, de anual a semestral, y se adiciona que es obligación de toda Organización Política, hacer de público conocimiento de sus afiliados, de sus órganos de gobierno interno, y accesibles a la opinión publica, éstos informes.
18. Se adicionan como causales para la pérdida del registro de los Partidos Políticos Nacionales:
b).- Haber incurrido en prácticas graves de defraudación electoral, tanto en los procesos de elección interna, como en los comicios federales.
c).- Haberse demostrado judicialmente el uso de recursos, provenientes de organizaciones y/o personas del crimen organizado.
d).- Haber violado gravemente las disposiciones que establecen los montos máximos de recursos susceptibles de ser destinados a las campañas.
e).- haber recibido recursos provenientes del extranjero.
f).- Haber violado de manera generalizada sus normas
estatutarias.
g).- haber participado en acciones armadas y de violencia
generalizada.
Señores Diputados y Senadores:
Para consolidar nuestra democracia es necesario que la población crea en su transparencia y en su capacidad de impulsar el desarrollo del país; que los ciudadanos confíen en los partidos políticos y éstos tengan credibilidad y prestigio frente al electorado; que los partidos políticos demuestren cotidianamente su vocación democrática en su funcionamiento interno y en su participación en los comicios constitucionales.
Estas condiciones no pueden dejarse al azar. Deben crearse por medio de un marco legal adecuado que no limite a nadie en sus derechos, pero que sí impida el abuso, la corrupción y el autoritarismo.
Resulta cuando menos paradójico que cuando ya hemos logrado la realización de elecciones legítimas y creíbles, carezcamos de los instrumentos normativos necesarios para dar certidumbre a los ciudadanos sobre el registro y la operación de los partidos políticos. Proyecto de
Tenemos que renovar y fortalecer a los partidos, y reconocer los derechos de sus militantes; tenemos que lograr credibilidad y prestigio para estas instituciones de interés público; tenemos que reconocer que la democracia, sin partidos políticos democráticos y transparentes, no tiene vigencia plena; tenemos que construir una democracia sólida desde sus cimientos, para hacer posible su ejercicio.
Todos reconocemos que el viejo régimen no tiene camino de regreso, el reto de nuestra generación consiste en darle acceso a las normas y prácticas institucionales nuevas. Este es el espíritu de la presente Iniciativa, que mediante la autorregulación partidaria, la ampliación de facultades del IFE y la participación informada de la sociedad, tiene el propósito de hacer más confiables, transparentes y sólidos a nuestros Partidos Políticos.
Por lo antes expuesto se presenta, ante esta Soberanía, el siguiente proyecto de decreto que adiciona un párrafo 4 y se modifican los párrafos 1 y 3 del Artículo 22; se adiciona un nuevo artículo 22-A; se modifica el artículo 23 en su párrafo 1 y se adicionan nueve fracciones; se modifica el artículo 24; se modifica el párrafo 1, se modifica el inciso c) en sus fracciones I, III y IV; se adiciona una nueva fracción II, recorriéndose la fracción II a la III; y se deroga el inciso d) del artículo 27; se modifica el párrafo 1, se deroga el inciso a) y sus fracciones; se modifican las fracciones II, III y se deroga la fracción V del inciso b) del artículo 28; se modifica el párrafo 1, y los incisos b) y c) del articulo 29; se modifica el párrafo 1 y se deroga el 2 del artículo 30; se modifica el artículo 31 en sus párrafos 2 y 3; se modifica el párrafo 3 del artículo 32; se modifica el Título del Capítulo Tercero; se adiciona un artículo 36-A; se adiciona un artículo 36-B; se adiciona un artículo 36-C; se modifica el titulo del Capítulo Cuarto; se adiciona un nuevo artículo 38-A; se adiciona un nuevo Artículo 38-B; se adiciona un nuevo artículo 38-C; se adiciona un nuevo artículo 38-D; se adiciona un nuevo artículo 38-E; se adiciona un nuevo artículo 39-A; se modifica el párrafo 4 y el inciso d) del artículo 41; se modifica el párrafo 1 y se adiciona un nuevo párrafo 2 del artículo 42; se adiciona un nuevo artículo 42-A; se modifica el artículo 43 en su párrafo 1; se modifican el párrafos 1, 2, 4, 8 y 14 del artículo 48; se adiciona un segundo párrafo al párrafo 5 del artículo 49 y se modifican el párrafo 7, así como la fracción VIII del inciso a) y la fracción I del inciso b); se modifica el inciso a) y sus fracciones I y II, y se adiciona una fracción III al párrafo 1; se adiciona la fracción IV al inciso b); se modifica el inciso a) del párrafo 2 y se adiciona una fracción IV al inciso d); y se modifica la fracción III del inciso g); se modifica el artículo 56 en su párrafo 4; se adicionan los incisos del i) al o) al artículo 66; se modifica el inciso k) del párrafo primero del Artículo 82; se modifica el inciso h) del párrafo 1 del artículo 92; se adiciona un párrafo 5 al artículo 135; se adiciona un inciso al párrafo primero del artículo 136; se adiciona un párrafo tercero al artículo 137; se modifica el primer párrafo del artículo 138; se adiciona un párrafo 3 al Articulo 139; se adicionan los párrafos 7, 8 y 9 al artículo 144; y se adicionan los párrafos 7 y 8 al artículo 162.
LIBRO SEGUNDO
De los partidos políticos
TITULO PRIMERO
Disposiciones preliminares
Se adiciona un párrafo 4 y se modifican los párrafos 1 y 3 del Artículo 22
ARTÍCULO 22
1. La organización o agrupación política que pretenda constituirse en partido político para participar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral.
2. . . .
3. Los partidos políticos nacionales, son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, los cuales gozan de los derechos y de las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y este Código. Contribuirán a la integración de la representación Nacional al hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público.
4. Quedaran sujetos a los siguientes lineamientos:
II. Garantizaran el cumplimiento de los mandatos constitucionales vinculatorios;
III. Fomentar la ampliación y generalización de una cultura democrática y participativa en la sociedad mexicana;
IV. Establecerán, con apego a las deposiciones de este Código, la competencia de los órganos de gobierno interno, los métodos y procedimientos democráticos de su funcionamiento; y
V. Garantizar que las actividades relacionadas con la organización, registro, financiamiento, fiscalización, funcionamiento, operación, asociación, y disolución se apegue a lo establecido en este Código.
Artículo 22-A.
I. Afiliados: Aquel ciudadano que por decisión libre ha decidido pertenecer a un determinado Partido Político, o Agrupación Política Nacional;
II. Dirigentes: aquel ciudadano que han resultado electo para una función sustantiva en los órganos de gobierno de una Organización Política;
III. Representantes: aquel ciudadano que ha sido designado para actuar como delegados a nombre de un conjunto, o de la totalidad de una Organización Política;
IV. Órganos de gobierno son todas las instancias con poder de decisión, conformadas de forma legitima, en concordancia con las normas estatutarias de cada Organización Política;
V. Órganos jurisdiccionales internos: son las instancias con las que debe contar cada partido, para desahogar diferendos entre los afiliados y sus órganos de gobierno, así como, para la aplicación e interpretación de su norma estatutaria;
VI. Órgano de control interno: Es el órgano encargado de verificar que la administración de los recursos económicos, materiales y patrimoniales, se apegue a lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Código, sus estatutos y las demás disposiciones que se establezcan;
VII. Organización Política: toda forma de asociación ciudadana con fines políticos para acceder al poder publico, o para coadyuvar con la vida democrática; sea un grupo promotor de un Partido de nueva creación, una Agrupación Política Nacional, un Partido Político Nacional, un Frente o una Coalición de Partidos;
ARTICULO 23
1. Las organizaciones políticas, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ajustarán su conducta a los siguientes principios:
II. Legalidad: Apego normativo y práctico a los procedimientos democráticos, estableciendo reglas escritas que otorguen certidumbre y disminuyan la discrecionalidad en las Organizaciones Políticas, impulsando la concordancia del funcionamiento de los partidos con el estado de derecho;
III. Pluralidad: Reconocimiento de la libertad de pensamiento, expresión, debate, organización y acción políticos al interior de las Organizaciones Partidarias, que deriva en la libertad interna de asociación, en la búsqueda de acuerdos, en la construcción de órganos colegiados y en la representación proporcional de las minorías en el funcionamiento y gobierno de los partidos;
IV. Tolerancia: Reconocimiento del mandato Constitucional que otorga los mismos derechos básicos de expresión, argumentación, propuesta, y participación a los otros Partidos, ideologías, programas y candidatos; obligando a la civilidad y el respeto del adversario;
V. Participación: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las formas organizativas, los mecanismos de toma de decisiones, la elaboración de reglas, los programas y acciones del funcionamiento partidario;
VI. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover la participación política con equidad y respeto a las diferencias;
VII. Transparencia: Es de naturaleza pública, en los términos de esta ley, la información relativa a la administración de los recursos financieros y de inversión, provenientes de prerrogativas de ley o de aportaciones de particulares a los partidos políticos, a sus Coaliciones, a sus dirigentes y candidatos. Las dirigencias, y representaciones partidarias, así como las autoridades del país, las instituciones bancarias y los particulares con responsabilidades en el manejo de recursos, garantizarán que la información sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz; y,
VIII. Rendición de cuentas: La obligación de los dirigentes y representantes de entregar periódicamente información suficiente y oportuna a los miembros de base de cada partido, a las autoridades con potestad de supervisión, a los electores y a la sociedad, en relación con el manejo de recursos, el resultado de la gestión de los responsables de funciones de dirección, de representación y de administración, así como de los órganos colegiados y jurisdiccionales.
TITULO SEGUNDO
De la constitución, registro, derechos
y obligaciones
CAPITULO PRIMERO
Del procedimiento de registro definitivo
Se modifica el artículo 24.
ARTÍCULO 24
1. Los ciudadanos Mexicanos, en ejercicio de su derecho de asociación política consagrado en el Articulo 9° Constitucional, tienen la libertad de organizarse en Partidos Políticos Nacionales, presentando para ello ante el Instituto Federal Electoral los siguientes requisitos:
b).- Acreditar, mediante el registro en los módulos del Instituto Federal Electoral, un número total de ciudadanos afiliados que no puede ser menor al 0.26 % del Padrón Electoral utilizado en la elección federal ordinaria anterior;
c).- La distribución territorial de los mismos deberá corresponder a por lo menos 20 entidades federativas, o bien 150 distritos electorales uninominales;
d).- La organización promotora del nuevo registro deberá acreditar ante el Instituto Federal Electoral la representación legal, domicilio y asamblea constitutiva, tanto de los Órganos Nacionales, como de su representación en por lo menos 20 entidades federativas o 150 distritos electorales uninominales; y,
e).- La celebración de Asambleas para acreditar el conocimiento y aprobación de los documentos básicos, y para elegir delegados a la Asamblea Nacional Constitutiva, se realizaran en los términos de los párrafos b), c) y d) de este articulo, asistiendo a ellas solo afiliados registrados previamente en el Padrón de Afiliados.
Se modifica el párrafo 1, se modifica el inciso c) en sus fracciones I, III y IV; se adiciona una nueva fracción II, recorriéndose la fracción II a la III; y se deroga el inciso d) del artículo 27.
ARTICULO 27
1. Los estatutos establecerán además de las contenidas en el Titulo Segundo, Capítulos tercero y cuarto, relativos a derechos y obligaciones de los partidos:
c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:
I. Una asamblea nacional o equivalente, que conformada por delegados electos mediante procedimiento democrático, funja como la máxima autoridad partidaria y le sean reservadas las decisiones relativas a la elección de dirigentes nacionales, la mecánica general de postulación de candidatos y las modificaciones a los documentos fundamentales.
II. Un Consejo Nacional o equivalente, que conformado por miembros electos en la asamblea nacional o su equivalente, funja como la máxima autoridad entre las sesiones de la Asamblea Nacional.
III. Un comité nacional o equivalente, que electo por procedimientos democráticos, sea el representante nacional del partido;
IV. Comités o equivalentes que sean electos por procedimientos democráticos, en las entidades federativas; y
V. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales y de campaña a que se refiere el párrafo 1 del artículo 49-A de este Código.
d) Se deroga;
e) a g) . . .
ARTICULO 28
1. Para constituir un partido político nacional, la organización política interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio del año siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumplen con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:
I. Se deroga
II. Se deroga
b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará:
I. . . .
II. Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en los incisos b), c) y e) del artículo 24;
III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su Credencial para Votar u otro documento fehaciente, en congruencia con el Padrón de Afiliados elaborado por el Instituto Federal Electoral mediante inscripción ciudadana;
IV. . . .
V. Se deroga
Se modifica el párrafo 1, y los incisos b) y c) del artículo 29.
ARTICULO 29
1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, la organización política interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto Federal Electoral la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos:
b) Las acreditaciones extendidas por las autoridades del Instituto Federal Electoral en las que conste haber cubierto los requisitos de afiliación por entidades o por distritos electorales, a que se refiere el inciso b) del articulo 24; y
c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su asamblea nacional constitutiva, así como las constancias que acrediten haber constituido las representaciones estatales y distritales a que se refiere la fracción d) del articulo 24.
ARTICULO 30
1. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización política que pretenda su registro como partido político nacional, integrará una comisión para examinar los documentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en este Código. La comisión formulará el proyecto de dictamen de registro.
2. Se deroga
Se modifica el artículo 31 en sus párrafos 2 y 3.
ARTICULO 31
1. . . .
2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro con carácter condicionado. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. La resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral.
3. El registro condicionado de los partidos políticos, cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o. de agosto del año anterior al de la elección.
Se modifica el párrafo 3 del artículo 32.
ARTICULO 32
1. . . .
2. . . .
3. El partido político que hubiese perdido su registro
podrá solicitarlo de nueva cuenta, para participar en el siguiente
proceso electoral federal ordinario, quedando en libertad de utilizar los
mismos símbolos, colores y denominación.
Se modifica el Título del Capítulo Tercero.
CAPITULO TERCERO
De los derechos de los afiliados y de las organizaciones
políticas nacionales
Se adiciona un artículo 36-A
Artículo 36-A
1. La afiliación a un partido político y la permanencia en el, son una decisión ciudadana de carácter libre e individual. Nadie puede ser obligado, contra su voluntad a registrarse, permanecer o cotizar en una Organización Política;
2. El Instituto llevará el registro de militantes de todas las Organizaciones Políticas, procediendo en sus módulos a la inscripción individual y a la elaboración y actualización de padrones municipales, distritales, estatales y nacionales; es obligación de todo partido político nacional contar con el Padrón de Afiliados;
3. Los ciudadanos tienen derecho a solicitar el registro como afiliado a un solo Partido Político. Queda prohibido el registro en más de un Partido Político Nacional; y,
4. Las altas y bajas en el registro serán un trámite personal e intransferible, pero para la inscripción se debe contar con un documento de aceptación del Organización Política a la que se ingresa.
Se adiciona un artículo 36-B
Artículo 36-B.
Es derecho de cada Organización Política aceptar o rechazar como miembro de su organización a aquellos ciudadanos que así lo soliciten, en concordancia con sus principios, ideología y normas estatutarias.
Se adiciona un artículo 36-C
Artículo 36-C.
1. Toda persona que, previa aceptación de una Organización Política, se registre como miembro gozará de todos los derechos y asumirá las obligaciones que se desprenden de la norma estatuaria; cesando derechos y obligaciones cuando de manera personal e intransferible, el ciudadano decida darse de baja en el registro y lo notifique a la organización política.
2. Son derechos políticos de todo afiliado aun partido político, votar y ser votado, participar y decidir por si o mediante representante, en la integración de los órganos de gobierno, en la formulación y reforma de los documentos fundamentales y en la postulación de candidatos.
3. Son derechos de todo afiliado a un partido político el reclamar la información sobre cualquier asunto; el de formar corrientes de opinión; el de exigir el cumplimiento de las normas de transparencia y equidad en el financiamiento interno y,
4. Es derecho de los afiliados, en todas las categorías que estatuyan los Partidos Políticos, el contar con acceso a un Órgano independiente, imparcial y objetivo, que reciba y ventile impugnaciones, para garantizar el pleno respeto de sus derechos políticos, y la eficacia y oportunidad de las instancias internas para su defensa.
Se modifica el título del Capítulo Cuarto
CAPITULO CUARTO
De las obligaciones de los afiliados y las organizaciones
políticas.
Se adiciona un nuevo artículo 38-A
ARTICULO 38-A
1. Toda Organización Política se encuentra obligada por el carácter vinculatorio de la Norma Constitucional a respetar los principios de organización democrática que establecen la prohibición expresa a todo tipo de discriminación, el respeto a las garantías individuales, los derechos humanos, la dignidad e integridad de la mujer, y el acceso pleno a la jurisdicción del Estado para reclamar derechos.
Se adiciona un nuevo artículo 38-B
ARTICULO 38-B
1. En particular, los Partidos Políticos, sus afiliados, dirigentes, representantes y candidatos, así como sus normas y órganos de gobierno; están obligados a la aplicación de los principios enunciados en el artículo 22-B de la presente ley, de las demás regulaciones contenidas en este Código y en los resolutivos que de ellos deriven los órganos facultados del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en uso de sus atribuciones.
2- En las normas estatutarias de todo partido político deberá establecerse con claridad:
b).- La legalidad y el derecho a formar corrientes internas, para salvaguardar la pluralidad y proteger la libertad de los militantes;
c).- La representación proporcional en los órganos de carácter colegiado;
d).- Debe existir un apartado del texto estatutario que consagre los derechos de los militantes a impugnar las decisiones que consideren los afecten, estableciéndose los mecanismos y procedimientos de apelación y defensa.
Se adiciona un nuevo artículo 38-C
Artículo 38-C
1. En las normas estatutarias de todo partido político deberá establecerse un mecanismo claro y transparente para la elección de dirigentes en todos los niveles de organización, siendo obligatorio para garantizar imparcialidad, honestidad, equidad, objetividad; transparencia y certidumbre:
I.- Estatuir periodos fijos para la duración y la renovación de mandos internos, así como mecanismos para la sustitución temporal ante la falta de dirigentes electos;
II. Deberá establecerse un apartado que detalle los mecanismos de revocabilidad de los puestos de dirección y representación partidaria en todos sus niveles;
III.- Establecer las reglas generales de la competencia interna:
b) La mecánica y plazos mínimos de emisión de la convocatoria,
c) Las modalidades permitidas de elección para cada nivel de dirigencia, de manera que sea claro en que condiciones es posible elegir por voto directo, por votación de delegados, o por un órgano representativo,
d) Los requisitos para la inscripción de candidatos,
f) Los mecanismos de escrutinio,
g) La duración de las campañas internas,
h) Las reglas de financiamiento, incluidos los montos máximos de inversión en medios, en operación y en utilitarios;
i) Deberá establecerse un apartado que detalle las sanciones aplicables en caso de violación de la normatividad interna, especialmente la relativa a la inequidad que generan las actividades de promoción previas al inicio formal de los procesos electorales internos;
j) En todas las variantes de elección de dirigentes, la votación será individual y por cedulas.
Artículo 38-D
1. En las normas estatutarias de todo partido político deberá establecerse un mecanismo claro y transparente para la postulación de candidatos en todos los niveles de organización, siendo obligatorio para garantizar imparcialidad, honestidad, equidad, objetividad; transparencia y certidumbre:
II.- Establecer explícitamente que no existen normas de elegibilidad interna que estén por sobre la Constitución Política;
III.- Establecer las reglas generales de la competencia interna:
a) Precisando la conformación del órgano responsable de la organización del proceso electoral interno,
b) La mecánica y plazos mínimos de emisión de la convocatoria,
c) Las modalidades permitidas de elección para cada nivel de dirigencia, de manera que sea claro en que condiciones es posible elegir por voto directo, por votación de delegados, o por un órgano representativo,
d) Los requisitos para la inscripción de candidatos,
f) Los mecanismos de escrutinio,
g) La duración de las campañas internas,
h) Las reglas de financiamiento, incluidos los montos máximos de inversión en medios, en operación y en utilitarios.
i) Deberá establecerse un apartado que detalle las sanciones aplicables en caso de violación de la normatividad interna, especialmente la relativa a la inequidad que generan las actividades de promoción previas al inicio formal de los procesos electorales internos.
j) En todas las variantes de postulación de candidatos, la votación será individual y por cedulas.
IV. Todos lo partidos políticos deben establecer en el cuerpo de su norma estatutaria, un mecanismo con reglas claras para la selección y postulación de candidatos a puestos de representación proporcional.
Artículo 38-E
1. Será facultad del Instituto Federal Electoral la supervisión del cumplimiento de los requisitos enunciados, así como la validación de la legitimidad de todos los eventos relevantes tanto de un proceso de elección de dirigentes como de postulación de candidatos.
Se adiciona un nuevo artículo 39-A
ARTICULO 39-A
1. Son obligación de todas las Organizaciones Políticas que en sus documentos fundamentales, Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, deberán contener:
II.- El compromiso de asumir la equidad de género en todas la acciones de la vida partidaria;
III.- La renuncia explicita a toda forma de asociación,
colaboración o vínculo alguno con organizaciones, negocios,
recursos y personas asociadas a actividades ilícitas, en particular
del crimen organizado.
Se modifica el párrafo 4 y el inciso d) del artículo 41
ARTICULO 41
1. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales, tanto con registro condicionado como con registro definitivo:
CAPITULO PRIMERO
De las prerrogativas y acceso
a la radio y televisión
Se modifica el párrafo 1 y se adiciona un nuevo párrafo 2 del artículo 42.
ARTICULO 42
1. Los partidos políticos, al elaborar los contenidos de programación correspondientes de sus prerrogativas en radio y televisión, deberán difundir sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales.
2. Los Partidos Políticos y las Coaliciones, no podrán comprar tiempo de transmisión, destinado a Campañas Electorales, apoyo de candidatos, y difusión de su imagen, lema o colores. Las prerrogativas en radio y televisión serán ejercidas por medio del Instituto Federal Electoral, en condiciones de equidad y proporcionalidad.
Se adiciona un nuevo artículo 42-A
ARTICULO 42-A.
1. Existirán dos clases de programación a cargo del Instituto Federal Electoral:
b) La programación correspondiente a tiempos y prerrogativas durante los procesos electorales federales.
ARTICULO 43.
1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral, tendrán a su cargo en exclusiva la contratación, difusión y monitoreo de los programas de radio y televisión de los partidos políticos, así como el trámite de las aperturas de los tiempos correspondientes, en los términos de los artículos 44 al 47 de este Código.
2. . . .
Se modifican los párrafos 1, 2, 4, 8 y 14 del artículo 48.
ARTICULO 48
1. Es derecho exclusivo del Instituto Federal Electoral contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo. Es derecho exclusivo de los partidos la elaboración de los mensajes mencionados. Los candidatos sólo podrán hacer uso de los tiempos que les asignen su partido político, o coalición, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, párrafo 1 inciso c).
2. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral solicitará oportunamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su intervención, a fin de que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, tanto nacionales como de cada entidad federativa, le proporcionen un catálogo de horarios y sus tarifas correspondientes, disponibles para su monitoreo por los partidos políticos para dos períodos: el primero, del 1o. de febrero al 31 de marzo del año de la elección; y el segundo, del 1o. de abril y hasta tres días antes del señalado por este Código para la jornada electoral. Dichas tarifas no serán superiores a las de publicidad comercial.
3. . . .
4. Los partidos políticos deberán comunicar por escrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, las estaciones, canales y horarios en los que tengan interés de les sean contratados tiempos, conforme al primer catálogo que les fue proporcionado, a más tardar el 15 de diciembre del año anterior al de la elección, por lo que hace a la campaña de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a más tardar el 31 de enero del año de la elección, para las campañas de senadores y diputados. Los partidos políticos deberán comunicar por escrito a la misma Dirección Ejecutiva, las estaciones, canales y horarios en los que tengan interés de contratar tiempos del segundo catálogo que les fue proporcionado, a más tardar el 28 de febrero del año de la elección por lo que hace a la campaña de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a más tardar el 15 de marzo del mismo año para las campañas de senadores y diputados.
5. al 7 . . .
8. Una vez concluido el procedimiento de reparto y asignación a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto procederá, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a dar a conocer los tiempos, canales y estaciones para cada uno de los partidos políticos, con el objeto de que estén en capacidad de monitorear y corregir pautas.
9 al 13 . . .
14. La Secretaría Ejecutiva del Instituto, por
conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
solicitará a los medios impresos los catálogos de sus tarifas,
y los que reciba los pondrá a disposición de los partidos
políticos para su cabal conocimiento, en las mismas fechas
previstas para la entrega de los catálogos de radio y televisión
previstas en el párrafo 3 de este artículo.
CAPITULO SEGUNDO
Del financiamiento de los partidos políticos
Se adiciona un segundo párrafo al párrafo 5 del artículo 49 y se modifican el párrafo 7, así como la fracción VIII del inciso a) y la fracción I del inciso b).
ARTICULO 49
1. al 4. . . .
5. Los partidos políticos en los términos de la fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del artículo 27 de este Código, deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el artículo 49-A de este mismo ordenamiento. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine.
Los Partidos y Coaliciones quedan obligados por los principios rectores de transparencia y el de rendición de cuentas, a informar a su membresía, y a mantener accesible y abierta la información sobre la administración de los recursos públicos y privados a su cargo, por cinco años.
6. . . .
7. Los partidos políticos con registro definitivo tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:
I. a la VII . . .
VIII. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el 5% del financiamiento público que reciba, para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de investigación.
b) Para gastos de campaña:
I. En el año de la elección, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña, un monto equivalente al financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año, excepción hecha de los partidos de nueva creación que hayan obtenido registro condicionado, mismos que quedaran sujetos a un mecanismo de reembolso, mediante el cual podrán recuperar hasta el 100%; de los gastos comprobables que les serán presupuestados para su entrega, previo haber obtenido el mínimo de votación requerido por este código para mantener el registro; y,
II. . . .
c) . . .
I. a la III . . .
Se modifica el inciso a) y sus fracciones I y II, y se adiciona una fracción III al párrafo 1; se adiciona la fracción IV al inciso b); se modifica el inciso a) del párrafo 2 y se adiciona una fracción IV al inciso d); y se modifica la fracción III del inciso g).
ARTICULO 49-A
1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:
I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del ejercicio que se reporte; y,
II. En el informe semestrales y su compendio anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos y las agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.
III. Es obligación de toda Organización Política, hacer de público conocimiento de sus afiliados, de sus órganos de gobierno interno, y accesibles a la opinión publica, estos informes.
IV. Es obligación de toda Organización Política, hacer de público conocimiento de sus afiliados, de sus órganos de gobierno interno, y accesibles a la opinión publica, estos informes.
b) y c) . . .
d) El dictamen deberá contener por lo menos:
I. a la III.
IV. El Instituto Federal Electoral se obligará a ser transparente la información rendida por las Organizaciones Políticas, garantizando su conocimiento oportuno, legible y permanente por cinco años.
e) y f) . . .
g) El Consejo General del Instituto deberá:
I. y II. . . .
III. Acordar los mecanismos que considere convenientes
para la difusión pública del dictamen y, en su caso, de las
resoluciones. En la Gaceta del Instituto Federal Electoral deberán
publicarse los informes semestrales de los partidos.
De los frentes, coaliciones y fusiones
Se modifica el artículo 56 en su párrafo 4
ARTICULO 56
1. a 3 . . .
4. No podrán realizar una coalición o fusionarse los partidos políticos nacionales durante su primera elección federal inmediata a la obtención de su registro como Partido Político Nacional.
TITULO QUINTO
De la pérdida de registro
Se adicionan los incisos del i) al o) al artículo 66
ARTICULO 66
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:
i) haber incurrido en faltas graves en la comprobación, manejo, y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados a su cargo,
j) Haber incurrido en prácticas graves de defraudación electoral, tanto en los procesos de elección interna, como en los comicios federales,
k) Haberse demostrado judicialmente el uso de recursos, provenientes de organizaciones o personas del crimen organizado,
l) Haber violado gravemente las disposiciones que establecen los montos máximos de recursos susceptibles de ser destinados a las campañas,
m) Haber recibido recursos provenientes del extranjero.
n) Haber violado de manera generalizada sus normas estatutarias.
LIBRO TERCERO
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL
Se modifica el inciso k) del párrafo primero del Artículo 82.
ARTICULO 82.
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:
k. Resolver, en los términos de este Código, el otorgamiento del registro a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en los incisos e) al o) del párrafo 1 del artículo 66 y c) al f) del párrafo 13 del artículo 35, respectivamente, de este Código, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación;
l) a z) . . .
CAPITULO SEXTO
DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS
Se modifica el inciso h) del párrafo 1 del artículo 92.
ARTICULO 92
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones:
h) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los partidos políticos nacionales, las listas nominales de electores y los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales en los términos de este Código;
i) al o) . . .
LIBRO CUARTO
De los Procedimientos Especiales en las Direcciones
Ejecutivas
TITULO PRIMERO
De los Procedimientos del Registro Federal de Electores
Disposiciones preliminares
Se adiciona un párrafo 5 al artículo 135
ARTICULO 135
1. al 4 . . .
5. El Registro de Afiliaciones de los partidos políticos nacionales, es de carácter permanente y de interés público, y tiene por objeto:
b) Auxiliar a los partidos políticos nacionales a mantener actualizadas sus estadísticas de afiliación;
c) Expedir las constancias de afiliación a partidos de Nueva Creación para el cumplimiento de los requisitos de afiliación necesarios para el registro como Partido Político Nacional, y,
Se adiciona un inciso al párrafo primero del artículo 136.
ARTICULO 136
1. El Registro Federal de Electores está compuesto por las secciones siguientes:
c) Del Padrón de Afiliaciones a los partidos políticos nacionales
ARTICULO 137
1. y 2 . . .
3. El Padrón de Afiliaciones a los partidos políticos nacionales, constara de los nombres de los ciudadanos consignados en el Padrón Electoral, que presenten solicitud de modo personal e intransferible, acompañada de un documento de aceptación del ingreso del solicitante, expedida por el partido político nacional correspondiente.
Se modifica el primer párrafo del artículo 138
ARTICULO 138
1. Las secciones a) y b) del Registro Federal de Electores se formarán, según el caso, mediante las acciones siguientes:
ARTICULO 139
1. a 2 . . .
3. Los ciudadanos que libre y voluntariamente hayan decidido su afiliación a un partido político nacional, están obligados a inscribirse de manera personal e intransferible, en el Padrón de Afiliaciones a los partidos políticos nacionales, obligándose a solicitar en los mismos términos su baja de un padrón partidario especifico cuando decidan dar por terminada su afiliación. No podrá existir afiliación del mismo ciudadano a dos o más partidos políticos nacionales.
Se adicionan los párrafos 7, 8 y 9 al artículo 144.
ARTICULO 144
1. a 6 . . .
7. Para la inscripción de un ciudadano al Padrón de Afiliaciones a los partidos políticos nacionales, se requiere acudir a las oficinas o los módulos que el Instituto Federal Electoral determine; presentar, la credencial para votar vigente, y la carta de aceptación del partido correspondiente.
8. La inscripción individual al el Padrón de Afiliaciones a los partidos políticos nacionales corresponderá a un solo partido y se registrara por sección electoral, para su posterior agregación.
9. El Instituto Federal Electoral vigilara que no exista duplicación de registros individuales y notificara en su caso a los correspondientes partidos políticos nacionales.
Se adicionan los párrafos 7 y 8 al artículo 162.
ARTICULO 162
1. a 6 . . .
7. Los partidos políticos nacionales podrán solicitar que sea dado de baja el registro de afiliación de un ciudadano que haya sido expulsado de su organización política, solo después de finiquitados de manera definitiva los recursos de defensa y apelación que al afectado asisten.
8. Se efectuaran compulsas trianuales, el año anterior cada elección federal ordinaria, para verificar que los partidos políticos nacionales han conservado el mínimo de afiliaciones requerido por este Código.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral, dispondrá de 90 días a partir de la publicación de este decreto para elaborar el programa correspondiente al Registro de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales.
TERCERO.- Los partidos políticos contarán
con un lapso de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente
decreto, para adecuar lo establecido en los artículos 38-B, 38-C,
38-D, 39-A.
&OAnbsp;
QUE ADICIONA EL INCISO C) DEL ARTICULO 5° Y UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL SENADOR FIDEL HERRERA BELTRAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Por medio de la presente se le hace llegar la iniciativa de decreto por el que se adicionan el inciso C) del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos y redacción propuesta
Exposición de Motivos
Una de las figuras procesales de mayor trascendencia en el juicio de amparo. Es la llamada "suspensión del acto reclamado". En esencia, la suspensión del acto tiene por objeto mantener viva la materia objeto del juicio, de manera que no se causen perjuicios irreparables para el quejoso ni tampoco se vea afectado el interés público. Normalmente, la suspensión del acto reclamado se materializa en un proveído de la autoridad judicial que conoce del juicio de garantías por medio del que se ordena a las autoridades responsables la paralización o cesación de cualquier acto que pudiera perjudicar al quejoso.
La suspensión del acto reclamado tiene una naturaleza cautelar, puesto que no decide en modo alguno sobre el fondo del asunto sino que constituye solamente una apreciación preliminar con respecto de la existencia de un derecho. Al dictar la suspensión, el juez no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sino que toma las medidas que resulten necesarias para que el pronunciamiento que haga respecto al fondo del asunto en el momento procesal oportuno pueda tener efectos, en virtud de que el acto de autoridad no se ha consumado de forma irreparable.
En este sentido, el profesor de la Escuela Libre de Derecho y reconocido especialista en nuestro juicio de amparo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirma lo siguiente:
"Uno de los puntos del funcionamiento del juicio de amparo que demuestra con mayor claridad su carencia de respuestas ante los retos de la complejidad del mundo moderno es, precisamente, el de la suspensión del acto reclamado. Para que un instrumento de justicia constitucional de las libertades cumpla con su finalidad protectora es menester una medida cautelar que conserve la materia de la controversia y que evite que los particulares sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. Es sabido que sin una suspensión eficaz, en muchos casos, la protección constitucional del amparo se torna inoperante. En materia administrativa su formalismo impide que actos notoriamente arbitrarios puedan paralizarse, al tiempo que permite la inejecución de actos que claramente se ajustan a la Constitución y a las leyes" (Hacia una nueva Ley de Amparo, México, UNAM, 2002, p. 81).
Teniendo presente lo anterior hay que considerar que, en ocasiones, se han producido abusos por parte de algunos particulares al utilizar la suspensión del acto reclamado como una forma de burlar el cumplimiento de un acto de autoridad. Por ejemplo, es de sobra conocida la utilización fraudulenta que han hecho algunos propietarios de giros mercantiles de alto impacto social que funcionan en las grandes ciudades (conocidos en la prensa como "giros negros") de la suspensión a fin de evitar clausuras por parte de las autoridades administrativas. Con el uso de estas estrategias procesales se pone en riesgo el interés de la sociedad en que el ordenamiento jurídico sea imparcial y completamente aplicado a todos los gobernados.
El uso indebido de esta facultad que la Ley de Amparo otorga para proteger intereses legítimos, desvirtúa su noble fin y convierte a la suspensión del acto reclamado en un "burladero" para defraudar a la ley.
Para comprender tanto el sentido que debe tener la institución de la suspensión del acto reclamado como la adición que se propone en la presente iniciativa hay que recordar que la fracción X del artículo 1 07 constitucional establece lo siguiente:
"Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público" (cursivas añadidas).
Esto es, que la autoridad juzgadora deberá tomar en cuenta frente a la solicitud del quejoso de concederle la suspensión, diversos factores que permitan utilizar este noble acto suspensorio, en una acción equilibrada y justa que mantenga incólumes a los intereses diversos de otros actores en el acto de que se trate y desde luego a los de la sociedad englobados bajo el concepto del interés público.
La forma que tiene la autoridad adicionalmente para proteger dichos intereses, es mediante el otorgamiento por parte del quejoso de una garantía, que hasta hora puede revestir cualquier forma de las permitidas por la legislación fiscal.
Sin embargo, y dada la importancia social de ciertos casos, la autoridad judicial debe tomar muy en cuenta la posible afectación de terceros que por omisión del quejoso o por alguna circunstancia no puedan ser llamados a juicio y por ende defender oportunamente sus intereses legítimos.
A luz de lo dispuesto en nuestra Carta Magna y de la experiencia que a partir de una multiplicidad de casos se ha ido acumulando en los últimos años, se considera necesario adicionar un párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo (que sería un párrafo tercero), mediante el cual se precise la garantía que deberá ofrecer el particular promovente del amparo cuando se trate de asuntos cuyo objeto de fondo se refiera a la importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios. En estos casos, para evitar fraudes procesales, conservar la materia del juicio, dar efectividad a los actos de autoridad que se ajusten a la Constitución y las leyes, preservar los intereses legítimos de los terceros perjudicados y poner a salvo el interés público, se considera necesario que la Ley de Amparo precise que la única garantía aceptable es la de depósito en efectivo ante el órgano judicial de la cantidad sobre la que versa el juicio.
De la misma forma y como medida complementaria de la anterior, se considera oportuno adicionar el inciso C del artículo 5 de la Ley de Amparo a fin de considerar necesariamente como terceros perjudicados en los asuntos que se han mencionado a las asociaciones de productores legalmente constituidas.
Para fundamentar la propuesta hay que considerar la importancia del sector de productores de granos básicos, bienes agroindustriales y agroalimentarios para la economía mexicana. No solamente se trata de un sector estratégico para el desarrollo nacional, sino que también ha sido uno de los que mayores sacrificios ha tenido que realizar para poder sobrevivir a un entorno de apertura económica que ha afectado a millones de familias. El sector mexicano de granos básicos, bienes agroindustriales y bienes agroalimentarios tiene que competir con la importación de productos subsidiados (directa o indirectamente) de otros países que han puesto en grave riesgo la forma de subsistencia de muchas familias campesinas y de obreros del campo. Si además de esa competencia, la importación de granos básicos, bienes agroindustriales y bienes agroalimentarios se apoya en estratagemas de carácter procesal para evadir la imposición de los aranceles o cuotas compensatorias que determinen las autoridades, entonces la situación que estamos enfrentando es doblemente peligrosa.
A mayor abundamiento, debemos estimar que este tipo de operaciones de importación de granos básicos, bienes agroindustriales y bienes agroalimentarios, que quedan libres de arancel por las deficiencias señaladas en la Ley de Amparo, inciden directamente en el precio de dichos bienes y con ello, dañan a toda la cadena productiva nacional: desde el campesino hasta el industrial.
La medida que se propone pondría a salvo de fraudes procesales a muchos millones de mexicanos. Según datos del INEGI que figuran en el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2003 en el sector primario de la economía mexicana trabajan más de siete millones de personas, sobre un total de poco más de 39 millones de personas económicamente activas en todo el país. Es decir, la medida propuesta puede beneficiar potencialmente a más del 20% de la población económicamente activa del país y con ello a los millones de familias que dependen de ellos. Se trata de una medida, no solamente debida, sino urgente.
En los últimos meses la sociedad mexicana ha presenciado diversas movilizaciones de los sectores productivos del país, reclamando la injusta competencia que están enfrentado por las importaciones de productos subsidiados de otros países. Los legisladores de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, sensibles a tales reclamos y en atención a los planteamientos que han recibido en diversos foros y reuniones con las partes afectadas, consideran que es momento de tomar todas las medidas prácticas incluyendo las legislativas que estén a su alcance para proteger a la economía nacional y poder servir mejor, de esa forma, a los intereses generales de todos los mexicanos.
A la luz de lo expuesto se proponen las siguientes adiciones al texto de la Ley de Amparo:
Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:
En 105 juicios de amparo en 105 que el acto reclamado tenga relación directa o indirecta con la importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios, serán terceros perjudicados necesariamente las organizaciones nacionales de productores legalmente constituidas.
Cuando el acto reclamado tenga relación directa o indirecta con la importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios, la única garantía que se aceptará para otorgar la suspensión será la que consista en depósito en efectivo realizado ante la autoridad judicial competente, por el monto total de la importación en términos de la legislación fiscal aplicable.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto de reformas entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones de rango legislativo o reglamentario que se opongan a la presente.
México, DF, a los 3 días del mes de marzo
del año 2004.
Sen. Fidel Herrera Beltrán, Dip. Carlos Blackaller
Ayala, Sen. José Bonilla Robles, Dip. Marco Antonio Torres H., Dip.
Concepción Castañeda Ortiz, Dip. Mario Zepahua Valencia,
Dip. Gonzalo Guízar Valladares, Sen. Yolanda E. González
Hernández, Sen. Erik Rubio Barthell, Sen. Noemí Z. Guzmán
Lagunes, Dip. Lázaro Arias Martínez, Sen. Gerardo Buganza
Salmerón.
QUE ADICIONA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MINERVA HERNANDEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración, de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de adición al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Durante el proceso de cambio democrático en que está inmerso nuestro país, mucho se ha mencionado sobre la intención de reorganizar el funcionamiento de los entes de fiscalización y rendición de cuentas, con el propósito de que los individuos tengan acceso a información veraz y recuperen la confianza en las instituciones encargadas de la administración de los recursos públicos, no obstante, con frecuencia se omite precisar lo que sucede cuando la información es falseada o incompleta.
Es innegable que requerimos de un Estado que contribuya a incrementar el bienestar de la sociedad, de un Estado que cueste menos y que cumpla más y mejor con sus responsabilidades. Para ello, resulta necesario contar con mecanismos que permitan controlar la acción gubernamental, que en nuestro sistema presidencialista se caracteriza por un Poder Ejecutivo fortalecido, en detrimento incluso, de los otros poderes públicos, donde de manera inherente su equilibrio sigue siendo una aspiración.
La discusión de la reforma del Congreso centra su atención en la reelección, sin embargo debiéramos también explorar algunas vías para fortalecerlo, volviendo eficaces los atributos actuales que en gran medida se quedan en lo declarativo, ya que en la opinión pública no permean los resultados, sino las prácticas aletargadas, la improvisación y el desgaste durante el proceso legislativo de asuntos trascendentes para la vida nacional, denotando que la estructura y organización de los trabajos de esta Soberanía a veces no están a la altura de los tiempos políticos de México, ni de las exigencias sociales.
El sistema constitucional mexicano en su artículo 93 prevé las investigaciones, así como los informes y preguntas a través de las llamadas comparecencias, como medios de control de gestión. En este sentido, los secretarios de despacho acuden a realizar la glosa del informe que anualmente presenta al titular del Ejecutivo, en un acto republicano necesario en un esquema de división de poderes.
Este artículo 93 ha presentado tres reformas constitucionales, que a la luz de la práctica parlamentaria parecen rebasadas. En 1974, se amplía los funcionarios susceptibles de comparecer (Jefes de Departamentos Administrativos, Directores y Administradores de Organismos Descentralizados Federales o de Empresas de Participación Estatal Mayoritaria). En 1977, mediante adición se establece la posibilidad de crear comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Y la más reciente en 1994 propone citar a comparecer al Procurador General de la República, en su carácter de Abogado de la Nación.
Es evidente que las relaciones entre los órganos de poder constituyen un relevante aspecto de la democracia, es por ello que el sistema político tiene que basarse en buena medida en mecanismos que permitan un adecuado balance en el ejercicio de poder, particularmente en el control de la gestión sobre las actividades gubernamentales y administrativas que realiza el Ejecutivo.
Los legisladores que participamos en grupos de trabajo para estudiar y enriquecer las propuestas del Ejecutivo Federal, observamos un enorme vacío ante la escasa o nula información que nos presenta el Ejecutivo a través sus Secretarios de Despacho, situación que nos coloca en riesgo de incurrir en decisiones erróneas con altos costos económicos o sociales.
Si quien acude a comparecer no informa, lo hace parcialmente o incluso falsea datos o cifras y no se deriva de éstas acciones ninguna consecuencia, entonces nuestra normatividad no está funcionando. Las comparecencias de los servidores públicos no están produciendo lo que se espera de ellas ni cualitativa ni cuantitativamente, porque los funcionarios acuden con la convicción de que se trata sólo de pasar un <<mal rato>>, durante el cual creen que su tarea es eludir cuestionamientos, evadir respuestas precisas, ignorar críticas y esperar pacientemente que concluya su tiempo para retirarse a sus oficinas y continuar con sus labores, como ha ocurrido en las últimas de ellas.
Vale señalar que la experiencia política demuestra que los gobiernos no funcionan por la buena voluntad de sus actores, sino porque existen equilibrios que acotan el actuar gubernamental, es por eso que la iniciativa que hoy presento ante esta Soberanía, plantea adicionar un párrafo al artículo 93 constitucional, pretendiendo primordialmente ejercer las atribuciones de control político, que le corresponden ejercer originalmente al Congreso de la Unión y establecer facultades reales de vigilancia del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo.
Me explico, cuando los funcionarios públicos comparezcan con el objeto de contestar las interpelaciones que se les formulen y las respuestas no reflejen razonablemente la realidad o contengan datos o cifras inciertas, se impondrán las sanciones contempladas de conformidad con el Capítulo II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece sanciones por falta administrativa que van desde una amonestación privada o pública, destitución del cargo, hasta inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público hasta por 10 años.
Con la incorporación de esta disposición se pretende acabar con la práctica del monólogo, donde cada quien informa lo que quiere y no pasa absolutamente nada, resultando grave, ya que las consecuencias que se generan no solo lesionan las relaciones de los poderes, sino que afectan directamente a la esfera jurídica de los gobernados.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:
Iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
UNICO.- Se adiciona un párrafo Tercero al artículo 93 para quedar como sigue:
ARTICULO 93.- ...
. . .
Se adiciona
Teniendo la obligación de presentarse ante cualquiera de las dos Cámaras, con el objeto de contestar las interpelaciones que se les formulen. Los funcionarios públicos llamados a comparecer que sin causa justificada se negaran a concurrir, o en el caso de que sus respuestas a las interpelaciones no reflejen razonablemente la realidad, contengan datos o cifras inciertos o falseados, se entenderá que están ocultando información y se procederá en términos del Capítulo II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
. . .
Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los tres días del mes de marzo de 2004.
Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
QUE ADICIONA EL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CARLOS BLACKALLER AYALA Y DAVID HERNANDEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales Carlos Blackaller Ayala y David Hernández Pérez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión Permanente, iniciativa de decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), al adicionar el inciso a) a la fracción I del artículo 8.
Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, hacemos a continuación la siguiente
Exposición de Motivos
Antecedentes
1. Hasta el 31 de diciembre de 2003, los actos o actividades relacionadas con la miel incristalizable no se encontraban gravados por la Ley del IEPS. Sólo se incluían, para efectos del IEPS, el alcohol y el alcohol desnaturalizado, conforme al artículo 2, fracción I, inciso b), cuya enajenación estaba exenta de dicho impuesto siempre que se cumplieran las disposiciones establecidas en las fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII, X, XI, XII y XIV del artículo 19 de dicha ley.
2. El 6 de noviembre de 2003, en la iniciativa de reformas al IEPS enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión se estimó conveniente incluir las mieles incristalizables en el esquema de control que aplicaba para el alcohol y el alcohol desnaturalizado, argumentando que el control fiscal de esos productos ayuda al control sanitario de las bebidas alcohólicas, con la salvedad de que no produciría recaudación en la medida en que se lograra su cometido.
3. Por otra parte, en el dictamen de la iniciativa, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados consideró necesario reforzar la medida propuesta por el Ejecutivo para que el impuesto correspondiente se causara sólo en la importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables y, posteriormente, se permitiera su acreditamiento, para el caso de contribuyentes formales. Para ello, eliminó la fracción III del artículo 13, que exentaba de IEPS la importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables; y agregó un párrafo al artículo 4 de la ley, que permitía la acreditación de dicho impuesto a los importadores formales.
4. Sin embargo, en la sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 22 de diciembre de 2003 se efectuó una serie de ajustes al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el argumento de que el alcohol, el alcohol desnaturalizado y las mieles incristalizables deberían quedar gravados sin lugar a exención, con el propósito de lograr el control en el proceso productivo de bebidas alcohólicas. Para ello se eliminó el inciso a) de la fracción I del artículo 8 de la ley, que exentaba del impuesto la enajenación de dichos bienes; y se amplió el párrafo que se había incorporado al artículo 4, para que los compradores de esos productos de origen nacional pudieran acreditar el impuesto.
5. Finalmente, como quedó aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, el alcohol, el alcohol desnaturalizado y las miles incristalizables quedaron sujetos al IEPS.
Consideraciones
I. Los ajustes y la aprobación de último minuto de la Ley del IEPS, en lo que puede considerarse un exceso del Legislativo, distorsionan el espíritu de la iniciativa del Ejecutivo, debido a que su propuesta de modificación del IEPS para el caso de mieles incristalizables atendía a un problema de control y no a un caso de recaudación de impuestos.
II. Esa medida provocó en forma inmediata la cancelación de compras de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables provenientes del proceso de producción de azúcar, debido a que de un día para otro su costo aumentó en 50 por ciento, lo cual afectaba el flujo de efectivo de las empresas usuarias y, en varios casos, encarecía sus costos, por no poder acreditar dicho impuesto (por ejemplo, la mayoría de los ganaderos que compra gran cantidad de mieles incristalizables opera con regímenes especiales de ISR o el monto de sus impuestos es pequeño).
III. Esa situación provocó airadas demandas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante el Congreso de la Unión, por parte de los productores nacionales de esos productos y de los diversos sectores empresariales que los utilizan como materia prima.
IV. En el caso de los ingenios del país, debido a su limitada capacidad de almacenamiento de mieles y a que desde enero la zafra se encuentra en los meses producciones altas, la medida está propiciando riesgos inminentes de derrames, con la consecuente afectación ecológica al entorno ambiental donde se ubican los ingenios.
V. Como alternativa de solución temporal, desde los primeros días de enero pasado, la SHCP se comprometió con los sectores afectados (ingenios azucareros, comercializadores de mieles y alcoholes, ganaderos, fabricantes de alcohol, de alimentos balanceados para animales, industriales de levaduras y otros) a publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto que exentara de IEPS dichos productos. Sin embargo, a la fecha esa dependencia no ha cumplido ese compromiso, agravando aún más la situación de los diversos sectores involucrados.
Por todo lo anterior, resulta urgente e indispensable que el Legislativo promueva y apruebe una reforma de la Ley del IEPS que restaure la intención y el texto en la materia que nos ocupa, conforme fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados.
Para ello se deberá adicionar el inciso a) a la fracción I del artículo 8 de la Ley del IEPS, el cual especifica que las enajenaciones de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables no pagarán el impuesto establecido, siempre que se cumplan ciertas obligaciones establecidas en las fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII, X, XI, XII y XIV del artículo 19 de la Ley del IEPS. Los beneficios de esta reforma deberán ser retroactivos al 1 de enero de 2004.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración del H. Congreso de la Unión el siguiente
Decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, adicionando el inciso a) a la fracción I de su artículo 8
Dice:
Artículo 8. ...
a) (Se deroga)
...
Artículo 8. ...
a) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, siempre que se cumplan las obligaciones establecidas en el artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII, X, XI, XII y XIV de esta ley y las demás obligaciones que establezcan las disposiciones fiscales.
b) ...
Uno. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dos. Los beneficios de este decreto serán retroactivos a las operaciones comerciales realizadas a partir del 1 de enero de 2004, siempre que se cumpla la disposición prevista.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 3 de marzo de 2004.
Diputados: Carlos Blackaller Ayala, David Hernández
Pérez (rúbricas).
DE LEY FEDERAL DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, AHORRO Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, 73, fracciones XI y XXIV, 74, fracción IV, 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de Ley Federal de Racionalidad, Austeridad, Ahorro y Disciplina Presupuestaria, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En la actualidad la política presupuestaria del Estado Mexicano debe caracterizarse por los criterios de austeridad, ahorro y disciplina en la elaboración, control y ejercicio del presupuesto.
El objetivo principal que se busca con esta iniciativa de ley es la optimización del gasto público y que no se distraiga o canalice a cosas superfluas o secundarias.
Pretende cuidar al extremo el recurso público que pagan los contribuyentes y entenderlo como una contraprestación, como un pago de impuestos a cambio de servicios y mejores niveles de vida para la población en su conjunto y no utilizar el recurso público para privilegios o canonjías especiales para altos funcionarios, legisladores o magistrados, altos directivos de los órganos autónomos o las paraestatales.
Se requiere con urgencia un enorme esfuerzo de racionalidad en el gasto; que la austeridad, el ahorro y la disciplina presupuestaria sean constantes y verificables al mismo tiempo que su falta de observancia sea sancionable.
Concentrar el presupuesto en alcanzar con eficiencia los programas propuestos por los órganos del estado, aplicando en todo momento la transparencia con la que se debe manejar y administrar cada una de las distintas partidas presupuestarias.
Se ha llegado al extremo de faltar a la población en las funciones principales por las que las instituciones fueron creadas debido a la gran discrecionalidad con que se ejerce el gasto público. Hay dispendio, hay derroche, impera la discrecionalidad y en ocasiones se incurre en actos de corrupción con el erario.
También hay poca disposición al cambio, ha resultado muy difícil transparentar el gasto y evitar distraerlo en usos innecesarios, existe mucha resistencia a cancelar privilegios y prebendas para los altos mandos de la administración de los tres poderes y demás entes federales.
Esta situación se reproduce y tal vez con mayor crudeza en los gobiernos de los estados, sus congresos locales, presidencias municipales y cabildos. Sin embargo, en respecto a la soberanía de los estados esta ley sólo sería aplicable en el ámbito federal.
Por todo ello, es importante y urgente establecer lineamientos generales que deberán seguir los Poderes de la Unión y los Entes Públicos Federales al momento de ejercer el gasto público; buscando en todo momento el bien general y no el beneficio personal.
De igual forma es necesario evitar la discrecionalidad, unificar las políticas, los criterios y los conceptos utilizados por las unidades responsables de cada uno de los Poderes de la Unión y los Entes Públicos Federales en la ejecución del gasto público.
La presente iniciativa de ley se compone en cinco títulos, 37 artículos y varias disposiciones transitorias; presenta la ventaja de dar claridad, transparencia y criterios homogéneos para aplicar medidas de austeridad y racionalidad del gasto en los órganos, dependencias y entidades ejecutoras de gasto.
La iniciativa que pongo a su consideración expresa también una convicción sincera y deseos hondos de que el pueblo mexicano tenga certeza y claridad.
En el Título Primero se establece el ámbito personal y la definición de conceptos básicos.
El Título Segundo se refiere a los lineamientos generales que deberán observarse en la elaboración y ejecución del presupuesto público, así como las partidas en las que deberán aplicarse las medidas de austeridad y disciplina presupuestarias. Algunas de ellas son servicios personales, adquisición de materiales y útiles de administración, gastos de alimentación de funcionarios, adquisición de vestuario, combustibles y lubricantes, telefonía local, de larga distancia, radiolocalizadores y celulares.
Se aplican medidas para racionalizar el gasto de servicios de asesoría, de arrendamiento, de mantenimiento y remodelación de oficinas, servicio de difusión e información; se norma la entrega de viáticos, traslados y servicios oficiales.
Se establecen criterios rigurosos en la adquisición de vehículos y equipo de transporte. Se obliga a ahorrar agua y energía eléctrica.
Queda prohibida la creación de nuevas plazas más allá de las autorizadas por el presupuesto y se eliminan los lineamientos paralelos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público u otras instancias en otros Poderes o Entes Públicos Federales.
Esta ley obliga al reciclaje de papel, uso de medios electrónicos no impresos.
Ningún servidor público podrá otorgar obsequios con cargo al presupuesto salvo por razones de protocolo ante visitas de Estado y con límites perfectamente expresos.
Los donativos o instituciones sin fines de lucro deberán reducirse al mínimo indispensable y deberán comprobarse.
En el Título Tercero se encuentran las disposiciones para que todas las dependencias y entes públicos ahorren un 5% del Presupuesto asignado sin afectar el gasto de inversión, las metas y programas comprometidas con la población. Se exceptúa a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República.
Los principales entes públicos a los que se aplica esta norma son las oficinas de enlace con el Congreso de la Unión.
El Título Cuarto se refiere a la transparencia de los resultados de la política de austeridad y disciplina presupuestarias, mismas que se ajustarán a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El Título Quinto aborda la evaluación y seguimiento de las disposiciones de la presente iniciativa, así como las sanciones en caso de incumplimiento mismas que se apegan a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Cabe señalar que esta iniciativa de ley en caso de aprobarse sería aplicable a los tres poderes de la Unión y a los Organos Autónomos del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de Ley Federal de Racionalidad, Austeridad, Ahorro y Disciplina Presupuestarias, en los siguientes términos:
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer las medidas que permitan mejorar la racionalización y reducción en términos reales del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo de los Poderes de la Unión y de los Entes Públicos Federales regulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas, promoviendo un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos aprobados en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal que corresponda y asegurando la vocación, responsabilidad y productividad en el ejercicio de la función pública.
Los criterios de racionalidad, austeridad, ahorro y disciplina establecidos en la presente Ley, deberán observarse para la elaboración y control del ejercicio anual del presupuesto que realicen los órganos, dependencias y entidades de los Poderes de la Unión y Entes Públicos Federales. Se aplicaran sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales y la Secretaría de la Función Pública interpretará y vigilará su debida observancia.
Los oficiales mayores o quienes realicen la función equivalente serán responsables de cumplir con lo previsto en esta Ley, así como las disposiciones que en la materia se establezcan en el presupuesto.
ARTÍCULO 2.- También serán sujetos de esta Ley el personal de carrera y asimilado del Servicio Exterior Mexicano; el personal docente y directivo de los sistemas de educación preescolar, básica, media superior y superior, el personal de las ramas médica, paramédica y grupos afines, así como el personal militar de las fuerzas armadas, sin perjuicio de las disposiciones legales especiales que los regulen.
ARTICULO 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
II.- Poderes de la Unión: al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo Federal y al Poder Judicial de la Federación;
III.- Poder Ejecutivo federal: a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República;
IV.- Administración Pública Centralizada o dependencias: a las Secretarías de Estado, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los Tribunales Federales Administrativos y la Presidencia de la República;
V.- Administración Pública Paraestatal o entidades: a los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, los fideicomisos públicos y las que en términos de lo dispuesto por los artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tengan el carácter de entidades de la Administración Pública Federal;
VI.- Poder Legislativo federal: a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión;
VII.- Poder Judicial de la Federación: a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal;
VIII.- Entes públicos federales: a las personas de derecho público de carácter federal con autonomía previstos en la Constitución;
IX.- Secretaría: a la Secretaría de la Función Pública;
X.- SHCP: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XI.-Organos: a los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial que realizan las funciones equivalentes a la de los oficiales mayores.
XII.- Presupuesto: al contenido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo sus anexos y tomos;
XIII.- Remuneraciones extraordinarias: a los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación y que no forman parte integrante de la remuneración ordinaria.
Forma parte de las remuneraciones extraordinarias el pago por riesgo.
El riesgo es la compensación económica adicional que sobre la remuneración ordinaria mensual se otorga a los servidores públicos que con motivo de sus funciones se encuentren en una situación que pone en peligro su vida, su salud o su integridad física;
XIV.- Racionalidad: a los criterios basados en la razón y la congruencia en la elaboración, control y ejercicio anual de los recursos públicos asignados en el presupuesto;
XV.- Austeridad: a los criterios basados en la moderación en la elaboración y control del ejercicio anual de los recursos públicos asignados en el presupuesto, así como ausencia de aspectos innecesarios y lujos en la disposición de los recursos públicos;
XVI.- Ahorro: a la diferencia que resulte entre los recursos aprobados originalmente en el Presupuesto de Egresos y el presupuesto que ejerza la dependencia o entidad para el ejercicio fiscal que corresponda, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas, y excluyendo las erogaciones adicionales que sean autorizadas con cargo a excedentes de ingresos, en los términos de las disposiciones aplicables;
XVII.- Disciplina: a los lineamientos que establezcan los oficiales mayores o quienes realicen la función equivalente en estricto apego a las disposiciones normativas y procedimientos, en el ejercicio y disposición de los recursos públicos; y
XVIII.- Presupuesto aprobado: a la totalidad de erogaciones correspondientes a una dependencia o entidad para el ejercicio fiscal que corresponda, aprobadas por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos.
Ningún servidor público de los Poderes de la Unión y de los Entes Públicos Federales a que se refiere esta Ley, podrán percibir remuneraciones mayores a las aquí establecidas.
ARTÍCULO 5.- No se autorizarán bonos o remuneraciones extraordinarias, gastos de representación ni seguros de gastos médicos privados para ningún servidor público sujeto a la presente Ley, excepción hecha de aquellos por riesgo que se otorguen a los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General Pública.
ARTÍCULO 6.- Solamente contarán con secretario particular el Titular del Poder Ejecutivo Federal, los Secretarios, Subsecretarios y puestos homólogos, quienes podrán contar con un máximo de siete, cinco y tres asesores, respectivamente.
Queda prohibida la creación de plazas de Secretario Privado o equivalente.
ARTÍCULO 7.- Con independencia de las disposiciones aplicables al del Titular del Poder Ejecutivo Federal y su familia, sólo podrán disponer con el servicio de escolta los titulares de las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, así como de la Procuraduría General de la República.
ARTÍCULO 8.- Los resultados de la racionalidad, austeridad, ahorro y disciplina presupuestaria de los sujetos de esta Ley, deberán informarse y concentrarse en un programa de ahorro y remitirse, a más tardar el último día hábil de abril de cada año, al órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados y a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría y su homóloga en la SHCP, para su consolidación y seguimiento, en su respectivo ámbito de competencia. Los programas de ahorro deberán contar con la aprobación de los titulares de los sujetos de esta Ley, así como de los órganos de éstas dos últimas.
Para la presentación de los programas de ahorro dicha Unidad de la Secretaría conjuntamente con la correspondiente en la SHCP, a través de medios electrónicos o impresos, darán a conocer a los órganos, dependencias y entidades los formatos correspondientes a más tardar en dos meses contados a partir de la fecha de vigencia de la presente Ley. Dichos formatos incluirán la base para el cálculo del ahorro por dependencia o entidad.
Para hacer efectivos los ahorros al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal que corresponda, en el programa de ahorro deberá adjuntarse la correspondiente adecuación presupuestaria debidamente formalizada, la cual incluirá las afectaciones presupuestarias calendarizadas con base mensual, pudiéndose prever las afectaciones para generar los ahorros entre los meses de enero a septiembre del ejercicio fiscal correspondiente. En el caso de las dependencias los montos correspondientes a la meta de ahorro a que se refiere el artículo 31de la presente Ley, serán traspasados al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas; por su parte, los órganos y las entidades realizarán las adecuaciones presupuestarias necesarias para reflejar la meta de ahorro respectiva en sus flujos de efectivo.
El original de la adecuación presupuestaria se presentará directamente ante la Dirección General de Programación y Presupuesto Sectorial de la SHCP, a efecto de que se realicen las afectaciones comprometidas conforme al calendario previsto en el programa de ahorro. Las entidades presentarán sus adecuaciones por conducto de su respectiva dependencia coordinadora de sector; las entidades no coordinadas sectorialmente presentarán dichas adecuaciones directamente ante la SHCP.
Los órganos, dependencias y entidades, a través de medios electrónicos, informarán a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría, los avances y resultados obtenidos, remitiendo el 15 de julio del año en curso el primer reporte de seguimiento, el cual comprenderá los meses de enero a junio; a partir del mes de julio, los órganos, las dependencias y entidades remitirán reportes dentro de los 15 días posteriores al término de cada mes.
TITULO SEGUNDO
DE LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y
DISCIPLINA
ARTÍCULO 9.- Los órganos, entidades y dependencias de los Poderes de la Unión y de los Entes Públicos Federales deberán sujetarse para la elaboración, control y ejercicio del presupuesto asignado, a los lineamientos de racionalidad, austeridad, ahorro y disciplina presupuestaria en las materias siguientes:
IV.- Adquisición de combustibles y lubricantes;
V.- Adquisición de vestuario;
VI.- Servicio de telefonía local, de larga distancia,
radiolocalizadores y celulares;
VII.- Servicios de energía eléctrica;
VIII.- Servicios de arrendamiento;
IX.- Servicios de asesoría; estudios e investigaciones;
X.- Servicios de capacitación;
XI.- Servicios de mantenimiento, conservación
e instalación;
XII.- Servicios de difusión e información;
XIII.- Servicios de traslado y viáticos;
XIV.- Servicios oficiales;
XV.- Adquisición de mobiliario y equipo de administración;
XVI.- Adquisición de vehículos y equipo
de transporte, y
XVIII.- Servicio de agua potable
ARTÍCULO 10.- Todas las erogaciones por los conceptos y partidas a que se refiere el artículo anterior, deberán sujetarse a criterios de racionalidad, economía, ahorro y disciplina.
ARTÍCULO 11.- En tanto no se autoricen nuevos programas o se amplíen las metas de los ya existentes en los órganos, dependencias y entidades de los Poderes de la Unión y Entes Públicos Federales, los gastos por los conceptos y partidas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales, así como la inflación.
ARTÍCULO 12.- Las erogaciones por concepto de servicios personales deberán ajustarse estrictamente a la estructura de sus plantillas de personal autorizadas en el presupuesto.
Queda prohibida la creación de plazas distintas a las autorizadas en el presupuesto, y la práctica de lineamientos paralelos a cargo de alguna otra instancia distinta a la Cámara de Diputados.
ARTÍCULO 13.- Las erogaciones por la adquisición de materiales y útiles de oficina deberán sujetarse a estrategias que permitan disminuir los gastos tales como: reciclaje de papel, uso de medios electrónicos no impresos, control de inventarios, mantenimiento de equipo, utilización de equipo informático y sistemas de comunicación electrónica para el envío de documentación dentro y fuera de los órganos, dependencias y entidades de los Poderes de la Unión y de los Entes Públicos Federales.
La Secretaría emitirá y pondrá periódicamente a disposición de los sujetos de esta Ley, listas de precios y proveedores que apoyen las decisiones para la adquisición de materiales de oficina.
ARTÍCULO 14.- Las erogaciones con cargo a la partida de alimentación de personas, deberán limitarse a los gastos de alimentación que se realicen fuera de las instalaciones de los órganos, dependencias y entidades de los Poderes de la Unión y de los Entes Públicos Federales, cuando sean estrictamente necesarias para el desempeño de las funciones de los servidores públicos, así como dentro de dichas instalaciones cuando sea necesario cubrir la alimentación de personas por razones de trabajo.
ARTÍCULO 15.- Los gastos realizados para la adquisición de combustibles y lubricantes deberán destinarse únicamente para los vehículos o unidades registradas en el parque vehicular del órgano, dependencia o entidad pública, integrándose para tal efecto una bitácora en la que se registre la periodicidad de los consumos y el kilometraje de cada unidad.
ARTÍCULO 16.- Los gastos por adquisición de vestuario se realizarán exclusivamente para los servidores públicos que pertenezcan a algún cuerpo de seguridad pública o de protección y seguridad en el trabajo, así como para aquellos que por la exigencia del tipo de servicios que prestan los requieran.
ARTÍCULO 17.- Los servicios de telefonía
local y larga distancia deberán restringirse al máximo y
se deberán utilizar dispositivos de protección para racionalizar
los servicios de larga distancia, quedando prohibido el pago de servicios
telefónicos de entreteni-
miento.
Los servicios de telefonía celular, radiocomunicación y radiolocalización deberán también restringirse al máximo y sólo podrán autorizarse por acuerdo del Oficial Mayor o quien realice la función equivalente, siempre y cuando sea indispensable para el desempeño de las funciones del servidor público y sin rebasar los límites máximos establecidos por los Oficiales Mayores o sus equivalentes. En todo caso, quedarán a cargo de los usuarios los gastos excedentes a las cuotas establecidas.
ARTÍCULO 18.- Los órganos, dependencias y entidades de los Poderes de la Unión y de los Entes Públicos Federales deberán elaborar un programa de ahorro de energía eléctrica estableciendo las medidas operativas y cuantificando las inversiones necesarias para reducir su consumo en sus instalaciones, debiendo observarse las disposiciones que en su caso emita la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.
ARTÍCULO 19.- En los servicios de arrendamiento de bienes inmuebles que se contraten a partir de la vigencia de la presente Ley o la renovación de contratos en esta materia, deberá evaluarse y justificarse la conveniencia de los mismos y su temporalidad a fin de adoptar las medidas conducentes para una adecuada racionalización de los recursos públicos destinados par tal efecto, debiendo observarse en todo momento lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su Reglamento.
ARTÍCULO 20.- Las contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones deberán sujetarse a lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 10 del Reglamento de dicha Ley.
ARTÍCULO 21.- Los gastos que se realicen por concepto de capacitación deberán estar precedidas por estudios que identifiquen las necesidades específicas a fin de promover el mejoramiento y superación en el trabajo de los servidores públicos que los reciban. La capacitación deberá estar relacionada directamente con las funciones y actividades del órgano, dependencia o entidad en donde el servidor público trabaje y su realización no podrá interferir significativamente con los horarios de trabajo.
ARTÍCULO 22.- Las erogaciones por servicios de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, bienes informáticos, maquinaria, inmuebles, así como servicios de instalación serán los estrictamente indispensables para garantizar el buen funcionamiento de los mismos.
El mantenimiento de vehículos y equipo terrestre deberá realizarse con la periodicidad y características del mantenimiento preventivo permanente.
ARTÍCULO 23.- El gasto por servicios de difusión e información en televisión, radio y prensa que lleven a cabo los órganos, dependencias y entidades de los Poderes de la Unión y Entes Públicos Federales, deberán limitarse exclusivamente al desarrollo y avance de sus programas, debiendo cumplir con todas las disposiciones legales en materia de adquisiciones, y no podrá rebasar el 1% del total del Presupuesto de Egresos autorizado.
ARTÍCULO 24.- Las erogaciones por concepto de viáticos y pasajes se autorizarán en términos de las disposiciones legales aplicables en el entendido de que deberán autorizarse los estrictamente indispensables para el cumplimiento de las funciones oficiales.
Los gastos de viaje deberán limitarse a los montos aprobados y establecidos en la normativa legal aplicable.
Queda prohibida la adquisición de boletos de primera clase a servidores públicos, así como la contratación de aeronaves privadas.
ARTÍCULO 25.- Las erogaciones por servicios oficiales, gastos de ceremonial y orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, o cualquier otro tipo de foro o evento análogo deberán limitarse al mínimo indispensable y observar lo dispuesto en la parte correspondiente del presupuesto.
Los servidores públicos no podrán otorgar obsequios con cargo al presupuesto, excepción hecha de aquellos que por razones de su actividad requieran de la promoción de sus bienes y servicios y sean indispensables para brindar atenciones que estén directamente relacionadas con la enajenación de productos o prestación de servicios.
Será procedente el otorgamiento de obsequios en visitas de Estado o de otra índole cuando por razones de protocolo así corresponda.
ARTÍCULO 26.- Los gastos por apoyo a instituciones sin fines de lucro, educativas, culturales y sociales, deberán reducirse al mínimo indispensable y sólo se podrán realizar a través de las dependencias o entidades que cuenten con presupuesto autorizado para tal fin, y con la aprobación expresa de la Secretaría.
ARTÍCULO 27.- Las erogaciones por adquisición de mobiliario sólo podrán realizarse cuando se cuente con el presupuesto suficiente y resulten indispensables para las funciones de los órganos, dependencias y entidades de los Poderes de la Unión y de los Entes Públicos Federales, debiéndose sujetar en todo momento a las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 28.- Los gastos por adquisiciones o arrendamientos de vehículos y equipos de transporte, sólo se realizarán para la sustitución de vehículos siniestrados, por ampliación de las operaciones o porque las condiciones que guarden los mismos se haga oneroso el gasto de mantenimiento.
Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos sólo podrán substituirse si tienen, al menos, seis años de uso y las unidades que se adquieran deberán sujetarse a los límites de precios por categoría para vehículos terrestres que emita la Secretaría.
ARTÍCULO 29.- Los órganos, dependencias y entidades de los Poderes de la Unión y Entes Públicos Federales deberán coordinarse para establecer esquemas de contratación conjunta de diversos servicios, tales como los siguientes: telefónicos, de mensajería, de agencias de viajes, así como otros servicios generales que resulten en tarifas más económicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Se prohíbe contratar servicios de mensajería y paquetería que no sean para uso oficial.
ARTÍCULO 30.- En relación con las erogaciones del servicio de agua potable, se deberán establecer programas de revisiones periódicas a las instalaciones hidráulicas, aljibes, sanitarios y tomas de agua, con el fin de corregir y evitar fugas.
Deberá evaluarse la conveniencia de cambiar los sistemas de irrigación de agua de los lavamanos y mingitorios por equipos de alta eficiencia y menor consumo de agua.
Será obligatorio el uso de agua tratada para el riego de jardines y áreas verdes de las instalaciones.
TITULO TERCERO
DEL AHORRO PRESUPUESTARIO
ARTÍCULO 31.- Los órganos, dependencias y entidades de los Poderes de la Unión y los Entes Públicos Federales deberán reducir sus respectivos presupuestos aprobados por el equivalente como mínimo al 5 por ciento de la base para el cálculo del ahorro.
Los órganos, dependencias y entidades al aplicar dicho porcentaje procurarán no afectar el gasto de inversión. Lo anterior, sin perjuicio de que éstas podrán determinar libremente los capítulos y conceptos de gasto a reducir, así como el monto de ajuste que corresponda en cada una de sus unidades administrativas, incluyendo a los órganos administrativos desconcentrados en el caso de las dependencias.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las secretarías de Seguridad Pública; a la Procuraduría General de la República; y a las áreas administrativas en las dependencias y entidades que contribuyan a generar una mayor recaudación de contribuciones, descontando el pago de devoluciones fiscales y, en su caso, los derechos sobre la extracción de petróleo e hidrocarburos; así como a las áreas de auditoria de los órganos internos de control en las dependencias y entidades.
ARTÍCULO 32.- Las medidas para alcanzar el porcentaje de ahorro establecido en el artículo anterior de la presente Ley, deberán incluir acciones para la compactación de estructuras y reducción al mínimo indispensable de los gastos de administración en los Tres Poderes de la Unión y Entes Autónomos Federales en los equivalentes de:
II. Oficinas de enlace con el H. Congreso de la Unión;
III. Oficinas que lleven a cabo funciones de comunicación social;
IV. Representaciones, delegaciones u oficinas en el exterior;
V. Asesorías y estructuras de apoyo para las unidades responsables, y
VI. Delegaciones, oficinas y representaciones estatales. Las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades coordinadas, procurarán unificar todas sus oficinas en una sola delegación estatal o regional por sector.
ARTÍCULO 33.- Los órganos, dependencias y entidades deberán enajenar los bienes muebles e inmuebles que consideren como improductivos u obsoletos, ociosos, innecesarios o de desecho, previa autorización del oficial mayor o quien realice la función equivalente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Tratándose de la enajenación de bienes inmuebles las dependencias y, en su caso, las entidades, deberán gestionar ante la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, la expedición del decreto de desincorporación y/o de autorización de la enajenación, según corresponda.
TÍTULO CUARTO
DE LA TRANSPARENCIA DE LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS
DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y AHORRO
ARTÍCULO 34.- Los Poderes de la Unión y los Entes Públicos Federales deberán cumplir con las obligaciones de transparencia en materia presupuestaria que se derive de la racionalidad, austeridad, ahorro y disciplina en los conceptos y partidas a que se refiere esta Ley, de conformidad con los artículos 7, 12 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
ARTÍCULO 35.- Los resultados de la racionalidad, austeridad, ahorro y disciplina presupuestaria de los Poderes de la Unión y de los Entes Públicos Federales, deberán hacerse públicos y transparentes para el escrutinio popular en los términos establecidos en la presente Ley, en los treinta días siguientes a la conclusión del ejercicio fiscal que corresponda.
TÍTULO QUINTO
DEL CONTROL, EVALUACIÓN Y RESPONSABILIDADES
ARTICULO 36.- La Secretaría y los órganos internos de control en los órganos, las dependencias y entidades, verificarán el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
Los órganos internos de control, en el ejercicio de sus atribuciones, y con base en las verificaciones que realicen del cumplimiento de estas disposiciones, reportarán en su caso a la Secretaría, a través del Sistema de Información Periódica, las principales observaciones que se determinen para su seguimiento y desahogo.
ARTÍCULO 37.- El incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en esta ley, dará lugar a responsabilidad en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las sanciones de otra índole que resulten en términos del ordenamiento legal aplicable.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los diputados y senadores de la LIX Legislatura seguirán percibiendo una dieta en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación que se encuentre vigente al momento de entrada en vigor de la presente Ley. Los diputados y senadores de las posteriores legislaturas percibirán una dieta atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- Los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados electorales, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del IFE, una vez que concluyan el periodo de su encargo, ajustaran sus remuneraciones atendiendo a lo señalado en el artículo 4 de la presente Ley.
ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente de la República una vez que concluya su mandato constitucional, percibirá un sueldo neto de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de la presente Ley.
ARTÍCULO QUINTO.- Se abrogan los acuerdos y todas las demás disposiciones anteriores relativas al otorgamiento de pensión y apoyos a los ciudadanos que hubiesen ocupado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 3 de marzo de 2004.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
México, DF, a 1 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-127, signado el 15 de diciembre último por los CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número STPCE/052/2004, suscrito el 20 de enero último por el C. Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, relativo al punto de acuerdo en que se exhorta a esa Secretaría a publicar en el Diario Oficial de la Federación la resolución preliminar al procedimiento de dumping con cuota compensatoria a las importaciones de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos de América, fracciones arancelarias 0203.11.01, 0203.12.01, 0203.19.99, 0203.21.01 y 0203.29.99, iniciado el 7 de enero de 2003, presentado por el C. diputado Gonzalo Alemán Migliolo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 20 de enero de 2004.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En referencia al oficio número SEL/300/3529/03, de fecha 18 de diciembre de 2003, por medio del cual se nos remite un punto de acuerdo, aprobado el 15 de diciembre en la Cámara de Diputados, en que se exhorta a esta Secretaría a publicar la resolución preliminar del procedimiento antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos de América, a través de la cual se impongan cuotas compensatorias.
Al respecto, le comunico que, una vez satisfechos los requisitos legales, la Secretaría dio inicio a la investigación en comento y en la que han comparecido diversas empresas importadoras, exportadoras y productoras nacionales, las cuales han contado hasta el momento con amplia oportunidad de presentar los argumentos y las pruebas que consideran convenientes.
Cabe mencionar que dichas empresas presentaron diversas pruebas con el carácter de superviniente, por lo que en este momento la Secretaría se encuentra analizando los argumentos y las pruebas presentados en el curso del procedimiento.
Conforme a lo anterior, la Secretaría publicará próximamente en el Diario Oficial de la Federación la resolución preliminar correspondiente, la cual puede tener la seguridad de que se emitirá con estricta sujeción a lo dispuesto en la legislación mexicana y en los tratados internacionales de que México es parte.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Adalberto Núñez Ramos (rúbrica)
Secretario Técnico
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE EL INFORME SEMESTRAL SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2004, QUE FUE APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CONSAR
México, DF, a 26 de febrero de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en atención a lo dispuesto en los artículos 5°, fracción XIII, 8°, fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 98 de su Reglamento, con el presente les acompaño copia del similar número D00/1000/019/2004, de fecha 25 del actual, suscrito por el C. Mario Gabriel Budebo, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante el cual envía una copia impresa, así como un disquete, que contienen el Informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2003, que fue aprobado en esa fecha por la Junta de Gobierno de la Consar en su cuadragésima sexta sesión ordinaria.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 25 de febrero de 2004.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
De conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le suplico que sea usted el conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5°, fracción XIII, 8°, fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 98 de su Reglamento respectivo.
Por lo anterior, anexa al presente me permito acompañar una copia del documento de forma impresa, así como en medio magnético, del Informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2003, que fue aprobado hoy por la Junta de Gobierno de la Consar en su cuadragésima sexta sesión ordinaria; y, de no existir inconveniente, deberá entregarse al H. Congreso de la Unión a más tardar en la última semana de febrero.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Mario Gabriel Budebo (rúbrica)
Presidente
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE LA SOLICITUD PARA QUE EL CIUDADANO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 23 AL 26 DE MARZO DE 2004, A EFECTO DE QUE REALICE VISITAS OFICIALES A LA REPUBLICA DE GUATEMALA, A LA REPUBLICA DE HONDURAS Y A LA REPUBLICA DE NICARAGUA, ASI COMO DE QUE PARTICIPE EN LA VI CUMBRE DEL MECANISMO DE DIALOGO Y CONCERTACION DE TUXTLA
México, DF, a 2 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Para los efectos de los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente iniciativa de decreto por el que se solicita autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 23 al 26 de marzo de 2004, a efecto de que realice visitas oficiales a la República de Guatemala, a la República de Honduras, a la República de Nicaragua y participar en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente
del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por razones de identidad cultural, proximidad geográfica, raíces históricas comunes, complementariedad económica y aspiraciones compartidas de desarrollo e integración, el vínculo con los países de América Central representa una prioridad estratégica para la política exterior de México.
La vecindad inmediata con tales países hace imprescindible que esta región constituya una zona permanente de paz, estabilidad y desarrollo. La fractura política, económica y social que afectó a algunos de los países centroamericanos en la década de los años ochentas ha quedado atrás. La solución negociada de los conflictos y la afirmación de las instituciones democráticas, sentó las bases para que México y Centroamérica iniciaran una nueva era de estrecha cooperación en todos los ámbitos de sus relaciones.
Hoy, México y los países de América Central hemos construido una firme relación basada en la amistad, el diálogo permanente, la promoción de mayores intercambios económicos, de cooperación y la adopción de proyectos comunes. En el plano regional, con la creación del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla en 1991, hemos adoptado los marcos institucionales para que los mandatarios podamos reunirnos regularmente para promover los consensos regionales y conjugar esfuerzos para promover el desarrollo económico de nuestros países.
México acompañó estas acciones con una política de cooperación técnica con Centroamérica, que ha permitido ofrecer las experiencias de nuestro desarrollo en diversas áreas. Paralelamente se suscribieron Tratados de Libre Comercio con Costa Rica, Nicaragua y el Triángulo del Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, mismos que han incrementado significativamente los flujos comerciales con beneficios mutuos durante la última década.
México y Centroamérica impulsan decididamente la integración regional en este inicio del siglo XXI. Para ese fin se instrumenta el Plan de Desarrollo Regional Puebla Panamá, adoptado en la Cumbre Extraordinaria de El Salvador en el año 2001.
México y los países de América Central hemos constituido una asociación privilegiada para la construcción de un destino común mesoamericano. Somos socios en la promoción de la integración de América Latina y en el diálogo con otras regiones a través de nuestra pertenencia común en los foros latinoamericanos.
Es en este contexto que se inscriben las visitas oficiales a las Repúblicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como mi participación en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación Política de Tuxtla.
La visita a la República de Guatemala responde a una invitación del Presidente Oscar Berger Perdomo. Guatemala es el segundo socio comercial de México en el Istmo Centroamericano. Durante el 2002, el intercambio comercial con ese país representó el 25.6% del total del comercio de México con los países de la región. El comercio bilateral se ubicó en 630 millones de dólares, con un saldo a favor para México de 397.2 millones de dólares. Al primer semestre de 2003, el intercambio con Guatemala representó el 23.7% del total del comercio de México con los países del Istmo. El comercio bilateral se ubicó en 310.6 con un saldo positivo para México de 196.2 millones de dólares.
Las expectativas en las relaciones económicas bilaterales con Guatemala son alentadoras. El Tratado de Libre Comercio, en vigor desde el 15 de marzo de 2001, ofrece nuevas oportunidades para la creación de empleos, el incremento del comercio y la mayor disponibilidad de insumos y servicios, así como la atracción de nuevas inversiones y la creación de alianzas estratégicas entre empresas de los dos países.
Actualmente, Guatemala es el sexto país de destino de la inversión mexicana en América Latina y el Caribe y el primero en Centroamérica, con un poco más de 1,400 millones de dólares, esto es, 10.9% de la inversión total de México en América Latina y el Caribe. La participación de más de 50 empresas mexicanas en el mercado guatemalteco, con inversiones directas y alianzas estratégicas, han ampliado los vínculos económicos entre las dos naciones en casi todos los sectores de la producción.
México y Guatemala comparten casi mil kilómetros de frontera común, un espacio de encuentro y de oportunidad para beneficiar a mexicanos y guatemaltecos, y de reto compartido para atender una problemática propia de países vecinos en asuntos migratorios, comerciales, salud, infraestructura, y de tráficos ilícitos.
Durante la visita que realizaré a Guatemala, me propongo iniciar un diálogo fructífero con el nuevo mandatario, que profundice la colaboración y el entendimiento político con este país vecino, tan cercano a nuestra historia y socio estratégico en la relación con Centroamérica.
México desea que sus relaciones con el nuevo gobierno de la República de Guatemala alcancen un alto nivel de diálogo y entendimiento político. De esta manera, con el Presidente Oscar Berger, promoveré acciones y compromisos para consolidar la relación bilateral en todos sus ámbitos y continuar la tarea de ordenamiento fronterizo que ambos países hemos iniciado.
Los dos Presidentes habremos de conversar asimismo sobre los temas prioritarios de la agenda internacional, a fin de reforzar las posiciones comunes que México y Guatemala mantienen en los distintos foros multilaterales, tanto regionales como mundiales.
Asimismo, inauguraré las instalaciones de la nueva sede de la Embajada de México en Guatemala, la cual albergará, bajo la directriz de Techo Unico, a las diversas representaciones que nuestro país mantiene en Guatemala y contará con un espacio digno para la promoción de la cultura y la imagen de México.
Históricamente, las relaciones de México con la República de Honduras se caracterizaron por un dinamismo menor al de otros países de la región. No obstante, ambos países han fortalecido sus nexos a través de la participación mutua en el Mecanismo de Tuxtla, la suscripción en el año 2000 del Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte, del cual Honduras es parte, y con la instrumentación del Plan Puebla Panamá, con proyectos tangibles en ese país.
La visita a la República de Honduras responde a la invitación que me formulara el Presidente Ricardo Maduro Joest. Honduras es el quinto socio comercial de México en el Istmo Centroamericano. Durante 2002, el intercambio con ese país representó el 9.5% del total con los países de la región, es decir 233.2 millones de dólares, con un saldo favorable a México de 182.4 millones de dólares. Al primer semestre de 2003, el intercambio comercial con Honduras representó el 9.2% del total del comercio de México con Centroamérica. El comercio bilateral se ubicó en 120.5 millones de dólares, cifra 15.7% mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior. La balanza comercial tuvo un saldo a favor de México por 78.5 millones de dólares.
La inversión de México en la República de Honduras alcanza los 25 millones de dólares, lo que lo ubica como el sexto país de destino de las inversiones de México en Centroamérica y decimosexto en América Latina y el Caribe.
La República de Honduras es un socio entusiasta del Plan Puebla Panamá. El primer proyecto en el rubro de la Iniciativa de Infraestructura del Plan, se inició con la rehabilitación de la carretera que comunica a Puerto Cortés, Honduras, con la frontera de Guatemala. Dicho proyecto es financiado en parte con fondos de México en el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Durante mi visita conversaré con el Presidente Ricardo Maduro Joest sobre los temas de la relación bilateral, especialmente en lo que hace a un mejor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, el cual brinda la oportunidad de incrementar flujos comerciales y de inversión. De igual manera, se evaluará el tema de frontera marítima en el marco de las negociaciones que habremos de iniciar y se buscará incrementar las relaciones de cooperación técnica y cultural. Asimismo, se revisarán los temas de la agenda regional e internacional, a fin de promover posiciones comunes.
En su conjunto, la visita a la República de Honduras brindará un nuevo impulso a las relaciones políticas, económicas y de cooperación; contribuirá a impulsar un mayor dinamismo al Tratado de Libre Comercio, y permitirá coordinar posiciones en temas de interés común, en particular con respecto a la Cumbre del Mecanismo de Tuxtla.
Por su parte, las relaciones de México con la República de Nicaragua han alcanzado un alto grado de madurez y entendimiento a lo largo de nuestra historia reciente. Recibí con particular beneplácito la distinción del Presidente Enrique Bolaños Geyer para asistir a la Cumbre del Mecanismo de Tuxtla y realizar una visita oficial a su país. La oportunidad es propicia para avanzar los temas regionales y bilaterales con Nicaragua.
México ha otorgado apoyos para el desarrollo, con algunas medidas concretas para permitir a ese país una mejor utilización de recursos financieros, en el marco del Acuerdo de San José, del cual Nicaragua también es beneficiario, con objeto de dirigirlos a la atención de otras necesidades sociales, tales como proyectos de vivienda. México apoyó de igual manera el ingreso de la República de Nicaragua a la Iniciativa del Banco Mundial sobre Países Pobres Altamente Endeudados, cuyo proceso podría culminar con la condonación de un monto significativo de su deuda.
Luego de cinco años, el Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua ha incrementado el comercio bilateral en un 56%, al pasar de 75.6 millones de dólares en 1997 a 118.1 millones de dólares en 2002. Nicaragua es el sexto socio comercial en el Istmo Centroamericano, representando en 2002 el 4.8% del total del comercio de México con la región. La balanza comercial registró en ese año un saldo favorable de 63.9 millones de dólares. Al primer semestre de 2003, el intercambio comercial alcanzó 79.9 millones de dólares, cifra 50.5% mayor a la registrada en el mismo periodo de 2002.
La inversión de empresas mexicanas en Nicaragua asciende a 174.3 millones de dólares, lo que la ubica como el cuarto país de destino de las inversiones mexicanas en Centroamérica y duodécimo en América Latina y el Caribe.
En las visitas oficiales a Honduras y Nicaragua habré de reunirme con los respectivos Poderes Legislativos. Llevaré un mensaje de amistad del pueblo de México y refrendaré el compromiso de profundizar las relaciones y la integración de conformidad con las aspiraciones que son comunes a nuestras naciones.
Asimismo, me propongo sostener encuentros con empresarios guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y mexicanos que hacen negocios en beneficio de nuestros países. Habremos de fomentar un ambiente favorable para la multiplicación de los intercambios y explorar nuevas áreas potenciales para ampliar los beneficios mutuos. Espero igualmente entrevistarme con actores políticos, personalidades del mundo cultural y líderes de opinión de las sociedades centroamericanas.
El Mecanismo de Tuxtla se ha convertido en el foro regional por excelencia entre México y Centroamérica, pues no sólo ha institucionalizado el diálogo político permanente entre los ocho países que lo integran, sino ha creado importantes espacios para los temas económicos, comerciales y financieros, así como aquellos referidos a la cooperación regional, donde se implementa el Programa Mesoamericano de Cooperación que abarca seis áreas prioritarias del desarrollo: Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente, Turismo, Salud, Educación y Prevención de Desastres.
El Mecanismo de Tuxtla se enriqueció notablemente con la inclusión del Plan Puebla Panamá, el cual encontró en el Mecanismo la estructura institucional idónea para cumplir con su objetivo fundamental en la promoción del desarrollo regional.
A dos años de la celebración en Mérida de la V Reunión del Mecanismo de Tuxtla, la VI Cumbre a celebrarse en Managua el día 25 de marzo, brindará la oportunidad de evaluar los avances logrados en sus diferentes ámbitos: en materia del Plan Puebla Panamá, se reafirmará la convicción de los países participantes para que el desarrollo humano sea el propósito primordial del Plan y esté presente en cada uno de sus proyectos, especialmente los que tengan que ver con educación, cultura y salud.
De igual manera, se revisarán los avances concretos en los proyectos de infraestructura, interconexión eléctrica, integración vial y las telecomunicaciones, en los cuales se destaca la incorporación de los criterios de sustentabilidad ambiental y participación social; se analizarán los resultados alcanzados para facilitar el tránsito de mercancías en los corredores viales del Plan, a través de la modernización de los puestos fronterizos y de las aduanas, además de promover una mayor participación de las empresas pequeñas y medianas en el comercio y el turismo regionales.
Invitaremos a los empresarios mexicanos y centroamericanos a coadyuvar a la integración mesoamericana mediante una mayor inversión y aprovechamiento de las oportunidades de negocios que el mismo Plan Puebla Panamá ha propiciado. Nos proponemos dar un impulso renovado a los mecanismos de información, consulta y participación con la sociedad civil, a fin de enriquecer la visión del desarrollo que constituye el objetivo central del Plan Puebla Panamá, y también buscaremos ampliar acciones de participación de terceros países y organismos financieros internacionales para fortalecer el financiamiento del Plan.
En el ámbito económico, comercial y financiero, se revisarán los resultados de los Tratados de Libre Comercio que México suscribió con Costa Rica, Nicaragua, así como con los países del Triángulo del Norte. Se buscarán nuevas acciones para facilitar el aprovechamiento de tales instrumentos comerciales para incrementar los intercambios de mercancías y los flujos de inversión entre los países participantes.
Se analizarán también las oportunidades de financiamiento que se desprenden del Acuerdo de San José, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, destinados tanto a proyectos de vivienda en algunos países, como a apoyar algunas iniciativas del Plan Puebla Panamá.
En el campo de cooperación regional, se evaluarán los resultados obtenidos del Programa Mesoamericano de Cooperación 2003-2004, integrado por veinticinco proyectos y esperamos adoptar el nuevo Programa Mesoamericano de Cooperación 2005-2006. En el ámbito político, reafirmaremos la voluntad de nuestros países para preservar y fortalecer el Mecanismo de Tuxtla, como instancia esencial para consolidar la Comunidad Mesoamericana de Naciones; refrendaremos el compromiso por fortalecer la democracia como base esencial del desarrollo social, político y económico, así como de la paz y la estabilidad de la región. Esperamos ampliar las coincidencias en temas de la agenda multilateral, con objeto de actuar coordinadamente y consolidar el peso específico de la región mesoamericana en el escenario internacional. Por otra parte, habré de conocer los avances del proceso de integración centroamericana, en el cual México es cada vez más participativo. De esta manera, queremos estrechar más nuestros vínculos políticos, económicos y culturales con los países de América Central.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, someto a la elevada consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de
Decreto
Artículo Unico. Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 23 al 26 de marzo de 2004, a fin de realizar visitas oficiales a la República de Guatemala, a la República de Honduras, a la República de Nicaragua y participar en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a esa soberanía las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a los dos días del mes de marzo de dos mil cuatro.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Vicente Fox Quesada (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, TRES POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, JAIME VIRGILIO NAULART SANCHEZ Y SARA GUADALUPE BERMUDEZ OCHOA PUEDAN ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 1 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Por lo anterior me permito anexar, para qué se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la notificación oficial del Gobierno de la República de Guatemala en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 1 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para que el C. licenciado Jaime Virgilio Nualart Sánchez pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 1 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la C. licenciada Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo, que suscribe, fuero turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Lic. Ardelio Vargas Fosado, Margarita Atme Abud y Carlos Alberto de Icaza González, ex embajador de México en Japón, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Cruz del Mérito Militar, con Distintivo Blanco, de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz con Insignia y de la Orden del Sol Naciente, en grado de Gran Banda, que les confieren los Gobiernos de España y de Japón, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Ardelio Vargas Fosado para aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Mérito Militar, con Distintivo Blanco, que le confiere el Ministerio de Defensa de España.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Margarita Atme Abud para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, ex embajador de México en Japón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Gran Banda, que le confiere el Gobierno de Japón.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de febrero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente;
Dip. Germán Martínez Cázares, Dip. Heliodoro Díaz
Escárraga (rúbrica), secretarios; Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Miguel
Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño
Infante, Sen. César Jáuregui Robles, Dip. Francisco Barrio
Terrazas, Sen. Rómulo Campuzano González, Dip. Víctor
Manuel Camacho Solís (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo,
Sen. Jorge Emilio González Martínez, Dip. Jesús Martínez
Alvarez.
DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA PRESTAR SERVICIOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS
Honorable Asamblea:
En oficios fechados el 11, 12 y 23 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Iván Tranquilino Ramírez Rebolledo, Susana Seijas Davies, María de Lourdes Fernández Fernández, Mónica Lorena Orozco Guerrero y Norma Izumi Hoshiko Hayashida puedan prestar servicios en la Oficia Comercial Británica, en Guadalajara, Jalisco; en la Embajada de Australia; y en la Embajada de Estados Unidos de América en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 25 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Oficina Comercial Británica, en Guadalajara, Jalisco; en la Embajada de Australia; y en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo; y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II) del apartado C) del artículo 37 constitucional.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Iván Tranquilino Ramírez Rebolledo para prestar servicios como agregado comercial en la Oficina Comercial Británica, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la Ciudadana Susana Seijas Davies para prestar servicios como encargada del área Desarrollo de Negocios en la Embajada de Australia, en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Fernández Fernández para prestar servicios como empleada administrativa (secretaria) en la Sección de Protección al Medio Ambiente de la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Lorena Orozco Guerrero para prestar servicios como colaboradora (program assistant) de un programa del Departamento del Tesoro de la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Norma Izumi Hoshiko Hayashida para prestar servicios como asistente de visas (visa clerk) en la sección de Visas de la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de febrero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente;
Dip. Germán Martínez Cázares, Dip. Heliodoro Díaz
Escárraga (rúbrica), secretarios; Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Miguel
Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño
Infante, Sen. César Jáuregui Robles, Dip. Francisco Barrio
Terrazas, Sen. Rómulo Campuzano González, Dip. Víctor
Manuel Camacho Solís (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo,
Sen. Jorge Emilio González Martínez, Dip. Jesús Martínez
Alvarez.
DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO SAMUEL HUMBERTO ARGEÑAL OLIVERA PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE MORELIA, CON CIRCUNSCRIPCION CONSULAR EN EL ESTADO DE MICHOACAN
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 23 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia, con circunscripción consular en el estado de Michoacán.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 25 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que el propio interesado prestará a la República de Honduras serán de carácter estrictamente consular; y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV) del apartado C) del artículo 37 constitucional.
Proyecto de Decreto
Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia, con circunscripción consular en el estado de Michoacán.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de febrero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente;
Dip. Germán Martínez Cázares, Dip. Heliodoro Díaz
Escárraga (rúbrica), secretarios; Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Miguel
Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño
Infante, Sen. César Jáuregui Robles, Dip. Francisco Barrio
Terrazas, Sen. Rómulo Campuzano González, Dip. Víctor
Manuel Camacho Solís (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo,
Sen. Jorge Emilio González Martínez, Dip. Jesús Martínez
Alvarez.
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE LA CIUDADANA SANDRA CAMILA ANTONIA FUENTES-BERAIN VILLANAVE COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE MEXICO ANTE EL REINO DE LOS PAISES BAJOS
Honorable Asamblea:
A las Comisiones que suscriben les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor de la ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Reino de los Países Bajos, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Segunda Comisión deseamos señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por la ciudadana Sandra Fuentes-Berain Villenave, consta que nació en la Ciudad de México el 13 de junio de 1950. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designada. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su currículum vitae se establece que terminó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1973, ascendiendo a embajadora en 1990.
Fue titular de nuestras Embajadas en Canadá, Francia y de los Consulados Generales de México en Hong Kong, cuando era posesión británica, y en dos ocasiones en Milán, Italia. En ésta última ciudad abrió una oficina de promoción de inversiones hacia México con resultados muy alentadores: 500 millones de euros de inversión en tres años. La C. Fuentes-Berain Villenave mencionó que más que recursos financieros el titular de una embajada requiere tener imaginación y voluntad como promotor económico y cultural.
Quienes integramos esta Comisión convocamos a la embajadora Fuentes-Berain a una reunión para conocer el programa de trabajo que desarrollará en caso de ser ratificada por esta soberanía, así como para intercambiar puntos de vista sobre su perspectiva sobre la relación política, económica y de cooperación científica, cultural y educativa de México con el Reino de los Países Bajos y la presencia mexicana en los organismos multilaterales que tienen su sede en la capital de esa nación.
La Embajadora designada expuso, en dos niveles, la relación de México con los Países Bajos: el bilateral y multilateral.
En el documento que nos presentó la diplomática de carrera se asienta que los Países Bajos son la sexta economía más grande de Europa y la onceava del mundo, no obstante su reducida superficie territorial y una población que no rebasa los 16 millones de habitantes. Se distingue como una de las potencias mundiales por sus inversiones en el exterior, factor de importancia vital para muchas economías demandantes de recursos, en un mercado de capitales que reduce su oferta y concomitantemente incrementa su demanda, resultando en una lucha por su atracción entre países en vías de desarrollo.
Comentó la C. Fuentes-Berain que los Países Bajos se caracterizan por sus avances tecnológicos en campos como el transporte, los derivados del petróleo, la industria química y la electrónica. Puso énfasis en la situación geográfica y la tecnología de punta neerlandesa en el sector transportes que lo convierten en puerta de entrada a Europa, aunque precisó que no ha estado exento de la crisis económica mundial, lo que ha provocado una desaceleración de sus exportaciones y el incremento en las tasas de desempleo.
Señaló la embajadora designada que en política exterior los Países Bajos han mostrado un gran interés por el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y la regional en Europa, actualmente presiden la OTAN; que privilegian el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas y el desarrollo del derecho internacional público y privado. Esto último le ha permitido convertir a la capital La Haya en el centro de gestión y deliberación de múltiples organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal, la Permanente de Arbitraje y la Conferencia de Derecho Internacional Privado, entre las más significativas.
La ex cónsul general en Milán, Italia, afirmó que los Países Bajos coinciden con México en que la ONU debe jugar un papel central en el mantenimiento de la paz, no obstante este país europeo respaldó a Estados Unidos en el conflicto con Irak. De hecho comentó que regresa al multilateralismo con mucho entusiasmo.
En el campo económico comercial, la embajadora explicó a los miembros de la Comisión que la relación bilateral con nuestro país se vio fortalecida primero con la apertura en los ochentas de México al comercio internacional y posteriormente con la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), lo que favoreció significativamente los intercambios y la inversión neerlandesa en México. Agregó que las relaciones comerciales alcanzaron en el 2003, 1200 millones de dólares con un superávit significativo para nuestro país, hecho que convirtió a esa nación en el sexto socio comercial de México dentro de la Unión Europea. Destacó que es aún más importante la relación, cuando se analiza la inversión neerlandesa en México, y ver que ocupa el segundo lugar como inversionista después de Estados Unidos de América y consiguientemente el primero dentro de la UE. Aprovechó la embajadora para trasmitir su preocupación a los miembros de la Comisión por el desenlace que pudiera tener el conflicto entre la empresa de seguros holandesa ING, establecida en nuestro país por el juicio promovido por la empresa mexicana de fertilizantes Fertinal por diferencias de pago de la póliza del seguro; quejándose la empresa holandesa de una supuesta parcialidad en el proceso judicial.
En el campo de la cooperación, la embajadora habló de las posibilidades de incrementarla pero también de formalizarla. Citó el caso de la construcción de embarcaciones, asistencia técnica a astilleros, dragado e intercambio de personal técnico. En el de la cooperación técnica y científica, comentó el reto de superar la ausencia de un marco jurídico dado que la cooperación actual se da de manera interinstitucional. Citó campos potenciales como el agrícola, tratamiento de tecnología de agua, medio ambiente, transporte marítimo y floricultura. Puntualizó que el problema se reduce a que ese país no considera a México como país en vías de desarrollo y por lo tanto no nos otorga el trato que da a otros países en vías de desarrollo.
El Tratado sobre Relaciones Culturales data de 1964 pero dijo la embajadora que es increíble que desde 1983 no se hayan reunido nuevamente las comisiones correspondientes a que hace alusión el Tratado. No obstante lo anterior hay un buen intercambio de becarios, especialistas y académicos y como muestra del éxito en este campo señaló los intercambios con la Universidad de Groningen.
La C. Fuentes-Berain señaló que las tareas de protección son prioritarias para la Embajada, no sólo de los 400 mexicanos que residen en esa nación sino debido al problema que constantemente sufren los mexicanos que entran a ese país como turistas y a quienes se les violan sus derechos humanos en el aeropuerto de Schiphol, a pesar de que cumplen con todos los requisitos legales de entrada. Comentó que algunos connacionales están en centros de readaptación holandesa debido a violaciones a las leyes en materia de posesión de narcóticos. Reiteró que en caso de ser ratificada, velará porque las autoridades neerlandesas cumplan con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que les obliga a la notificación consular.
En el ámbito multilateral, La Haya es sede de múltiples organismos multilaterales de los cuales México es parte. La embajadora designada en Países Bajos reseñó algunos de los casos más importantes para nuestro país que se ventilan en aquellos. Citó el llamado caso Avena de los 52 mexicanos condenados a pena de muerte en los Estados Unidos de América, asunto que algunos miembros de la Comisión conocen perfectamente dado que el Senado ha estado atento a las audiencias en la Corte Internacional de Justicia y les ha dado seguimiento. Mencionó el hecho que el día de ayer se hubiera fijado la fecha de ejecución de uno de los reos en Oklahoma, expresando su gran preocupación.
Reseñó los retos de México y su representante en La Haya en otros organismos como la Corte Permanente de Arbitraje, ente complementario de la Corte Internacional de Justicia al que México ha sometido sus disputas por la vía del arbitraje o a la solución judicial; las ventajas de pertenecer a la Academia de Derecho Internacional de La Haya que organiza cursos y seminarios corno el realizado el año 2002 en nuestro país y enumeró otros más como el papel de México en la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado para finalizar con la Corte Penal Internacional, las reformas aprobadas a la Constitución, por el Senado mexicano y una exhortación para que pronto la Cámara de Diputados haga lo mismo para que México pueda adherirse al Estatuto de Roma lo más pronto posible.
Está convencida de que la diplomacia en los últimos tiempos se amplía a muchos otros ámbitos y en el caso particular de Holanda hay un amplio ámbito de acción particularmente la promoción del turismo a través de la riqueza cultural mexicana.
Finalmente, la diplomática de carrera puso énfasis en alguno de los compromisos y prioridades de su programa de trabajo:
Promover la primera reunión del Mecanismo de Consulta Política entre Cancillerías.
Fortalecer los mecanismos de protección a connacionales que arriban al aeropuerto Schiphol.
Difundir las amplias posibilidades que ofrece México al inversionista holandés.
Promover la oferta de empresas mexicanas a los importadores holandeses.
Insistir en la conveniencia de establecer en Rotterdam un centro de distribución de productos mexicanos, tanto frescos como manufacturados, a través del apoyo de empresas de logística.
Promover entre inversionistas del ramo de floricultura su participación en proyectos nacionales orientados a fomentar la producción y exportación de flores hacia Norteamérica, aprovechando el TLCAN.
Impulsar las negociaciones para la actualización y firma de instrumentos jurídicos bilaterales y sus respectivos programas, que den cauce a la cooperación. Poner énfasis en el Convenio de Cooperación Técnica y Científica y respecto al cultural, negociar un aumento en el número de becas a estudiantes mexicanos.
Promover la imagen de México en los Países Bajos.
Acuerdo
Artículo Unico.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor de la C. Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Reino de los Países Bajos.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 2 de marzo del 2004.
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria;
Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro
Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica),
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño,
Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles, Sen. Demetrio Sodi de la Tijera,
Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez.
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL C. JUAN JOSE BREMER DE MARTINO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MEXICO ANTE EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano Juan José Bremer de Martino, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Comisión desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Juan José Bremer de Martino, consta que nació en la Ciudad de México, DF, el 22 de marzo de 1944. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su currículum vitae se establece que es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además del idioma español, habla inglés y alemán.
En la Administración Pública Federal se ha desempeñado como secretario privado (1972-1975) y subsecretario de la Presidencia de la República (1975-1976). Fue director general del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1976 a 1882 y subsecretario de Cultura de la Secretaría de Educación Pública en 1982.
Fue diputado federal y Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la H. Cámara de Diputados durante la LIII Legislatura.
En el exterior ha sido embajador de México ante el Reino Suecia (1982), la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1988-1990), la República Federal de Alemania (1990-1998), el Reino de España (1998-2000) y de 2001 hasta febrero de 2004 fue embajador de México ante los Estados Unidos de América.
En su desempeño como legislador tuvo oportunidad de fungir como copresidente de las delegaciones mexicanas en las XXVI y XXVII Reuniones Interparlamentarias México-Estados Unidos en 1986 y 1988. Adicionalmente, ha dictado numerosas conferencias en el extranjero, de diversos temas de la agenda internacional.
La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública que suscribe invitó al ciudadano Juan José Bremer de Martino a una entrevista en donde se analizó su perfil para el cargo propuesto por el Ejecutivo federal y el programa de trabajo que seguirá en caso de ser ratificado su nombramiento por esta soberanía. Se conversó sobre el contexto político y económico del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Asimismo, se analizaron las relaciones bilaterales con México y las coincidencias de ambas naciones. Todo ello, en el marco de propuestas concretas que el embajador designado eleva a consideración de esta Comisión.
En el documento que el embajador designado entregó a esta Comisión destaca que la relación de nuestro país con el Reino Unido tiene dos vertientes fundamentales: la que corresponde estrictamente a la relación bilateral, misma que puede y debe ser profundizada; y la que se deriva del relevante papel que juega el Reino Unido en la escena internacional. Por ello propone trabajar para profundizar y ampliar el diálogo político con aquel país buscando los temas en los que existan coincidencias y que respondan a los objetivos y prioridades de la política exterior mexicana.
Destaca la importancia que tiene el Reino Unido para México, no sólo por su peso específico en el ámbito internacional y por su peso político y económico dentro de la región europea sino por la participación en foros internacionales de los que nuestro país forma parte, así como en grupos internacionales e instituciones internacionales con influencia en la economía mundial.
La relación con el Reino Unido se caracteriza por un diálogo fluido y constructivo en el marco de instrumentos jurídicos que norman la colaboración en materia de cooperación científica, técnica y cultural, económica e industrial, salud y seguridad entre otros. En el ámbito de la relación política destacan las visitas y encuentros de alto nivel que han sostenido el Presidente de México y el Primer Ministro del Reino Unido. A éstas se suman los encuentros bilaterales en el marco de diversos foros multilaterales y reuniones en mecanismos de consultas políticas entre las cancillerías de ambos países.
El Reino Unido es la cuarta economía del mundo y el quinto país exportador a nivel mundial y, junto con Alemania y Francia, es el motor del comercio intraeuropeo. Asimismo, cuenta con una de las economías y de las monedas más competitivas del mundo. Es el 11° productor de energéticos del mundo, cuenta con amplias reservas de carbón, gas natural y petróleo. En los mercados financieros es importante no sólo por los flujos de inversión internacional que se generan, sino también por el papel multiplicador que tienen las empresas y grupos financieros establecidos en ese país.
En el plan de trabajo entregado por el C. Bremer de Martino a esta Comisión destaca la importancia que tiene para la Embajada aprovechar los contactos institucionales ya existentes para lograr un diálogo más fluido y permanente que enriquezca todas las áreas de cooperación. El fortalecimiento de la relación política será uno de los objetivos básicos de la Embajada, se buscará la promoción de los intereses de México en el Parlamento y ante el gobierno británico, así como con los gobiernos locales de Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte.
En la comparecencia, puntualizó que no se ha aprovechado totalmente la relación con el Reino Unido y que habrá que aportarle una visión de largo plazo y que a ello habrá de dedicarse en caso de ser ratificado.
Asimismo, impulsará la creación del un "Foro México-Reino Unido" propuesto por este último durante la visita del Presidente de México en noviembre de 2002; se pretende que en él participen funcionarios gubernamentales y actores políticos como parlamentarios, empresarios, académicos, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de abarcar temas políticos, económicos y sociales que permitan promover un nuevo entendimiento entre ambas naciones. Este foro deberá ayudar a repensar la relación con varios actores políticos de ambos países.
El C. Bremer de Martino destaca el valor central que tiene el diálogo parlamentario en la relación entre los países; por ello, se promoverán también visitas de funcionarios, legisladores, gobernadores y empresarios mexicanos.
En materia económica, el embajador designado expresó que a pesar de que México y el Reino Unido forman parte de los principales países exportadores e importadores del mundo, el comercio que se realiza entre ellos es aún muy reducido; el Reino Unido es el quinto socio comercial de México entre los países de la Unión Europea; es el cuarto destino de las exportaciones mexicanas a la UE y el quinto de nuestros proveedores de la región. Para el Reino Unido, México es su segundo socio comercial entre los países de América Latina. A partir de la entrada en vigor del TLCUEM, en julio del año 2000, el comercio entre ambos países se ha incrementado en un 4.3%, al pasar de 1 882.2 millones de dólares (mdd) en 1999 a 1 962.7 mdd en 2002, lo que representa el 9.1% del total del comercio de México con los países de la UE. En materia de inversiones, hasta finales del año 2002 se contaba con 49 empresas con capital británico en México, ubicadas principalmente en el DF, estado de México, Quintana Roo y Nuevo León. Una de las ventajas comparativas para México se presenta con la reevaluación del euro y la libra.
Tomando en cuenta lo anterior, el embajador designado se propone trabajar con las representaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior, de Nacional Financiera y del Consejo de Promoción Turística; fomentar visitas a nuestro país de empresarios y financieros británicos para promover las oportunidades de inversión en nuestro país, así como apoyar visitas de empresarios y financieros mexicanos al Reino Unido; mantener relaciones con las empresas británicas que tienen inversiones en México y con las cámaras de comercio regionales y apoyar la celebración de eventos que tengan como propósito la difusión y el contenido de oportunidades derivadas del TLCUEM.
En materia turística, se aprovecharán las ferias turísticas como el World Travel Market que se realizan en el Reino Unido para promover a nuestro país como un destino seguro para el vacacionista europeo y para fomentar las inversiones en esta actividad. El cuidado de la imagen de México en el Reino Unido también es importante, por ello se buscará incursionar en los mercados informativos británicos. La Embajada también continuará editando y difundiendo su gaceta informativa, ya que ha demostrado ser un medio efectivo de acercamiento con la comunidad mexicana que radica en ese país.
Para México, la cooperación internacional en materia educativa es una importante herramienta de la política exterior, ya que le significa la posibilidad de recibir y proporcionar colaboración técnica, científica, educativa y cultural, en diversas áreas y campos. Por ello, el embajador designado propone en su plan de trabajo revitalizar la cooperación institucional, abrir nuevos canales de comunicación y cooperación en el sector privado y especialmente en las fundaciones culturales y sociales, así como con los institutos de educación superior; buscar nuevos públicos y nuevos sectores, especialmente con la juventud, para difundir los valores de nuestra cultura y nuestra tradición histórica; se promoverá la visita de artistas e intelectuales mexicanos para mostrar las posibilidades que nuestro país tiene en el campo de la cultura. Asimismo, se apoyará el desarrollo de programas de becarios en las prestigiadas universidades británicas, en cifras del gobierno de ese país a la fecha el número de becarios asciende a 3 000.
La cooperación técnica y científica es un componente esencial de la cooperación internacional, mediante la cual se realiza la transferencia de conocimientos requeridos para coadyuvar a la solución de necesidades y problemas puntuales, así como para apoyar el desarrollo de habilidades, por ello la Embajada de México pondrá especial empeño y dará especial seguimiento a los temas relacionados con el desarrollo científico y de nuevas tecnologías.
Durante la comparecencia se trataron diferentes temas y en especial el camino que México debe andar para aprovechar más su relación con el Reino Unido, y especialmente en temas como derechos humanos y el papel de las organizaciones no gubernamentales en el mismo, sobre todo con Amnistía Internacional.
Para finalizar, el C. Bremer de Martino mencionó que la Embajada seguirá participando activamente junto con la Cancillería mexicana en las organizaciones internacionales de las que México es parte y que tienen sede en el Reino Unido.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los miembros de la Comisión que suscriben hemos podido constatar que el ciudadano Juan José Bremer de Martino reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo para el que fue designado por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente punto de
Acuerdo
Artículo Unico. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Juan José Bremer de Martino como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 2 de marzo de 2004.
Segunda Comisión -de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública- de la Comisión Permanente
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares
Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica),
Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui
Robles, Sen. Demetrio Sodi de la Tijera, Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen.
Jorge Emilio González Martínez.
DE LA TERCERA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO HECTOR SALDAÑA HERNANDEZ COMO MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Honorable Asamblea:
Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
Antecedentes
El pasado 4 de febrero del presente le fue turnado a la Tercera Comisión para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento del Lic. Héctor Octavio Saldaña Hernández como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que hizo el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada, con fundamento en el artículo 27, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández, consta que nació en el municipio de H. del Parral, Chihuahua, el 1º de abril de mil novecientos cuarenta y seis. En tal virtud reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requiere para desempeñar el cargo para el que ha sido asignado. A su vez se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
En su currículum se establece que estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, con cédula profesional número 485560 con fecha del 3 de febrero de 1978, con lo que salva el requisito de haber estudiado la licenciatura en derecho con título registrado cuando menos 10 años antes de dicha fecha.
Con respecto a la experiencia y práctica en materia fiscal de por lo menos 7 años que se establece como uno de los requisitos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, se respalda mediante su ejercicio profesional en dicha materia en diversas áreas desde el año de 1971 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, siendo presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en varias ocasiones.
Con el objetivo de contar con mayores elementos para la elaboración de un dictamen, la Comisión que suscribe citó al ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández.
Dicha reunión tuvo lugar el 17 de febrero de 2004, y en ella los legisladores que integramos esta Comisión que dictamina dialogamos sobre su experiencia.
Con base en el expediente anteriormente mencionado, la entrevista referida, el procedimiento y la información adicional recibida, los legisladores miembros de esta Comisión hemos podido constatar que el ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández cumple los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
En tal virtud, someternos a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- En uso de las facultades que le confiere el artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández, como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Dado en el Salón de Comisiones, el día 3 de marzo de 2004.
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente.
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica),
Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda, Dip. Dolores Padierna
Luna (rúbrica), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica),
Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Dip. Francisco Barrio
Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Dip. Luis Antonio
González Roldán, Dip. Minerva Hernández Ramos, Dip.
Pedro Vázquez González, Dip. Rogelio Rueda Sánchez
(rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Sen.
Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González.
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA PROPOSICION POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A QUE EN SU PROXIMO ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SE AVANCE EN LOS TERMINOS DE LA REFORMA MIGRATORIA
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una proposición con punto de acuerdo, presentada por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal promueva un acuerdo migratorio justo con su similar de Estados Unidos de América.
Con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a partir del análisis del documento referido, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Es un hecho irrefutable que la migración hacia Estados Unidos parte de la marginación social, la asimetría en el desarrollo económico y social de ambos países, en las diferencias salariales y de oportunidades de empleo; sin embargo, México y Estados Unidos han avanzado en la construcción de entendimientos para atender las manifestaciones del fenómeno migratorio. Para ello, se han establecido foros y mecanismos bilaterales y multilaterales para impulsar el diálogo y la cooperación en esta materia, creado un marco institucional de certidumbre que ha permitido superar problemas coyunturales.
La defensa de los derechos humanos del trabajador migrante y su familia ha sido un tema de gran importancia para los legisladores integrantes de esta Legislatura, quienes se han manifestado a través de diversas vías, incluyendo puntos de acuerdo, acciones directas frente a sus contrapartes o expresando ante actores políticos estadounidenses que la solución al fenómeno migratorio es corresponsabilidad de ambas naciones, sus diferentes niveles de gobierno y sus respectivas sociedades y que esta toma de conciencia es el primer paso para consolidar una relación política, económica y social de beneficio compartido como vecinos, socios y miembros de la comunidad internacional de naciones soberanas.
Estados Unidos está en el futuro y destino de México, tanto como nosotros en el suyo, tenemos o compartimos con ellos más de tres mil doscientos kilómetros de frontera común, que representa casi un millón de cruces de personas por día en estas fronteras. Los migrantes mexicanos contribuyen al funcionamiento de una economía binacional, produciendo y pagando impuestos en Estados Unidos y enviando remesas a sus familiares en México, convirtiéndose en la segunda fuente de ingresos en la República Mexicana.
El fenómeno migratorio es, por consiguiente, consustancial a la política exterior mexicana que tiene como propósito la defensa de los intereses de México en el exterior. La solución al fenómeno migratorio debe ser integral, no como una concesión gratuita o condicionada, en vista de la importancia que para la economía estadounidense tiene la mano de obra mexicana.
Por ello, los legisladores que integramos esta Comisión dictaminadora consideramos importante la intervención tanto del Gobierno Federal como del Poder Legislativo para buscar un mecanismo que permita alcanzar una migración legal, segura y ordenada y, en especial, respetuosa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes mexicanos. Asimismo, coincidimos en que la reciente iniciativa del Presidente Bush es un paso importante para retomar el tema migratorio, ya que se reconoce la aportación que hacen estos trabajadores a la economía norteamericana; sin embargo, creemos que este paso no es el primero ni el único medio para resolver el creciente fenómeno de la migración, ya que para lograrlo es necesario retomar las iniciativas presentadas ante el Congreso de Estados Unidos de América, pero también por parte del gobierno mexicano debe elaborarse una propuesta bilateral Ejecutivo-Congreso que ofrezca una alternativa al problema.
Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración que es necesario lograr un acuerdo integral que contemple la seguridad en la frontera, aumento en el número de visas permanentes, un esquema de trabajadores temporales, la promoción del desarrollo económico en las zonas expulsoras de migrantes y, finalmente, la regularización de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, los miembros de esta Comisión sometemos a la consideración de la honorable asamblea el siguiente punto de
Acuerdo
Artículo Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que durante el próximo encuentro que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos de América en Crawford, Texas, exprese el interés prioritario de todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía, en que se avance en los términos de la reforma migratoria que amplíe los derechos a los mexicanos migrantes.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente.- México, DF, a 2 de marzo de 2004.
Segunda Comisión -de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública- de la Comisión Permanente
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez, Dip. David Hernández Pérez
(rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Miguel
Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen.
Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico
Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles, Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge
Emilio González Martínez.
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA PROPOSICION POR LA QUE SE SOLICITA A LA DELEGACION DEL CONGRESO MEXICANO QUE PARTICIPARA EN LA 43 REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO-ESTADOS UNIDOS QUE INCLUYA EN LA AGENDA EL TEMA MIGRATORIO COMO PRIORIDAD
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una proposición con punto de acuerdo del diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en la que solicita se convoque a una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos de América para solucionar el problema migratorio entre ambos países.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de nuestra Constitución Política, y 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a partir del análisis de la comunicación referida, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.
Hasta esta fecha se han celebrado cuarenta y dos reuniones interparlamentarias entre ambos países desde que se establecieron oficialmente, en 1962. Se crearon como respuesta a una necesidad de iniciar un diálogo formal entre los Congresos, donde convergían intereses plurales, y para México fueron un foro para que los legisladores estadounidenses conocieran de manera objetiva la situación política, económica y social de México y comprendieran la posición basada en principios de la política exterior de México con respecto a su país y la región latinoamericana, en el marco de la llamada "guerra fría".
Los temas discutidos han incluido tanto los problemas bilaterales más sensibles de una relación compleja y amplia como acontecimientos coyunturales. En este contexto, la migración, como tema de discusión, siempre ha estado presente. Sin embargo, cabe resaltar que las prioridades de la agenda han ido cambiando y será hasta los noventa cuando el fenómeno migratorio ocupará un lugar central en las propuestas mexicanas. De hecho, antes de los setenta, el tema migratorio no tenía el peso específico actual, ya que el flujo migratorio estaba regulado por el Acuerdo Bracero, el cual estuvo vigente de 1942 a 1964.
Quienes integramos esta Comisión analizamos el contenido de las últimas interparlamentarias de 1999 a 2003, que se llevaron a cabo en las ciudades de Savannah, Georgia; Puebla, Puebla; Napa, California; Guanajuato, Guanajuato; y la más reciente en Nashville, Tennessee. En todas ellas, el tema migratorio ocupó la atención de ambas delegaciones y la insistencia de la parte mexicana de lograr el mejoramiento en la calidad de vida de los migrantes, el respeto por sus derechos humanos y laborales; el aumento de las visas temporales; el desarrollo regional de las zonas expulsoras de migrantes y el reconocimiento a la aportación que a la economía estadounidense hace el trabajador mexicano residiendo en ese país.
Algunos senadores miembros de esta Comisión hemos participado activamente en la organización y discusión de esta temática durante la anterior Legislatura. Así, durante la XLII Interparlamentaria, celebrada en Nashville, Tennessee, fue ampliamente discutido el tema migratorio. La delegación mexicana externó su preocupación por algunas medidas de legislación interna norteamericana que, de aprobarse, dañarían los derechos humanos de los migrantes y reconoció las iniciativas de congresistas estadounidenses cuyo espíritu coincide con las posiciones mexicanas.
Los miembros de esta Comisión estamos de acuerdo en la importancia de las interparlamentarias y que, en ellas, la parte mexicana continúe manteniendo con firmeza nuestra posición, no sólo de discutir sino encontrar respuestas a un fenómeno que es universal, estructural, que responde a las leyes de la oferta y la demanda en ambas economías y, sobre todo, en el caso de la estadounidense, se ve favorecida por la aportación del migrante mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de
Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la delegación que designe esta soberanía a participar en la 43ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse en el presente año, incluya de manera prioritaria el tema migratorio en la agenda correspondiente.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente.- México, DF, a 2 de marzo de 2004.
Segunda Comisión -de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública- de la Comisión Permanente
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez, Dip. David Hernández Pérez
(rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Miguel
Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares
Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip.
Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles, Sen.
Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo,
Sen. Jorge Emilio González Martínez.
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA PROPOSICION PARA QUE LA COMISION PERMANENTE RESPALDE LA POSTURA DE MEXICO ADOPTADA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE SEGURIDAD EN CISJORDANIA
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia para que la Comisión Permanente se pronuncie a favor de la postura que México adoptó en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la construcción de un muro de seguridad que atraviesa Cisjordania.
Antecedentes
Los miembros de esta Comisión analizamos la propuesta del ciudadano diputado Jesús Martínez Alvarez, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Convergencia, en el contexto de los alcances de la Resolución ES 10/14 de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 8 de diciembre del 2003 así como en el contexto del conflicto de Medio Oriente, cuyos antecedentes más inmediatos se ubican en la creación del Estado de Israel y el consiguiente desplazamiento de la población palestina, seguido de los conflictos bélicos regionales entre Israel y países árabes en la sexta y séptima décadas del siglo XX. En síntesis, hablamos de los múltiples intentos de Naciones Unidas y otros sujetos del derecho internacional para buscar soluciones negociadas a un conflicto que pone en peligro la paz y seguridad internacionales pero sobre todo, la vida de seres inocentes que en el año 2000 alcanzaron la cifra de 2,500 palestinos y 900 israelíes, muertes lamentables que desde esa fecha y hasta esta semana, ocupan las planas y comentarios de los medios de comunicación internacionales.
La Comisión ha hecho un repaso histórico de la posición de México a lo largo de los últimos años destacándose la verticalidad de la política exterior mexicana sustentada en los principios constitucionales de no intervención y solución pacífica de controversias, el apoyo a todas las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sustentadas en aquellos principios.
Se destacaron las últimas iniciativas de la ONU y algunos países industrializados como la llamada "Hoja de Ruta" que establece un calendario de metas específicas para avanzar hacia una solución permanente del conflicto palestino-israelí, basada en la coexistencia de dos Estados.
No escapó a la reflexión de los legisladores, la intensa labor desplegada por líderes de opinión mundial y la del Secretario General Kofi Annan, quien en enero pasado hizo un enérgico llamado a "combatir la islamofobia y el antisemitismo" advirtiendo que tolerar estas actitudes equivale a ser cómplice de ellas.
Al analizar la propuesta de punto de acuerdo del diputado Jesús Martínez Alvarez, los miembros de esta Comisión dimos lectura a la Resolución ES 10/14 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 8 de diciembre próximo pasado, en la que se solicita a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre las circunstancias jurídicas de la construcción de la barrera, que atravesará 700 kilómetros a través de Cisjordania y el margen occidental del Río Jordán y que a la fecha se ha levantado en 200 kilómetros, en las cercanías de Jerusalén y Ramallah.
Se comentó acerca de la posición que ambas partes han manifestado. Por un lado, el gobierno israelí, argumenta que el muro es una medida defensiva con la intención de frenar el ingreso de terroristas, armas y explosivos que el gobierno palestino es incapaz de detener. Israel pidió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que acepte no tener jurisdicción para pronunciarse sobre el tema solicitado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Por otro lado, la comunidad árabe y gran parte de la sociedad internacional se pronuncian contra la construcción del muro en el llamado Banco Occidental, por ser una violación flagrante a los derechos humanos fundamentales al dividir familias y ciudadanos de un mismo origen.
El tema de la construcción del muro había sido discutido antes de la resolución mencionada, cuando el bloque de naciones árabes lo puso como tema de la agenda de discusión en ese entonces la Resolución ES 10/13 en la que se afirmaba que la construcción del muro socavaba el proceso de paz y la llamada "Hoja de Ruta" o negociaciones para un acuerdo entre las partes.
La Resolución ES 10/14 contó con 90 votos a favor, 8 en contra, entre ellos los de Israel, Estados Unidos, Micronesia e Islas Marshall, y 74 abstenciones, incluidas las de los países integrantes de la Unión Europea. A favor votaron representantes de la Conferencia Islámica, México y los miembros del Movimiento de Países no Alineados. Pese a su preocupación por el impacto adverso del muro, la Unión Europea se abstuvo, por considerar que "la iniciativa es inapropiada y no contribuye a relanzar la negociación entre las partes".
México en su voto tomó en cuenta que las Naciones Unidas han insistido en que la construcción puede convertirse en uno de los principales obstáculos para reanudar el estancado proceso de paz entre la Autoridad Palestina e Israel y en un ingrediente más que alimenta el odio racial, el cual retroalimenta el terrorismo en la región, al dejar aislados a 350,000 palestinos, incluso de sus familias.
Se mencionó durante la discusión del dictamen que Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y copatrocinador del proceso pacificador en el Cercano Oriente y en particular del llamado "cuarteto" de mediadores internacionales, se ha convertido en un actor importante para que la Corte Internacional en La Haya emita una opinión desfavorable al muro.
Los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo con la posición mexicana en Naciones Unidas de privilegiar el diálogo frente a la confrontación entre las partes; a continuar las negociaciones bilaterales entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina encaminadas a reanudar cuanto antes la realización de la "Hoja de Ruta" como el único remedio eficaz para alcanzar un arreglo pacífico y justo del conflicto en Medio Oriente.
Con fundamento en el artículo 78, fracción III, de nuestra Constitución Política, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a partir del análisis de la comunicación referida, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respalda la postura que el Ejecutivo federal adoptó en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 8 de diciembre pasado en el sentido de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita una opinión consultiva sobre la legalidad de la construcción del llamado Muro de Seguridad en Cisjordania.
Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 2 de marzo del 2004.
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria;
Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez, Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares
Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip.
Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles, Sen.
Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo,
Sen. Jorge Emilio González Martínez.
DE LA TERCERA COMISION, CON PUNTOS DE ACUERDO EN RELACION CON EL EXHORTO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA REESTRUCTURACION DE LAS TARIFAS ELECTRICAS PARA USO INDUSTRIAL
Honorable Asamblea:
Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
Antecedentes
Punto de Acuerdo
1.- El día 11 de febrero del año en curso el senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional, presentó al Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo.
Unico.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a reestructurar la clasificación de las tarifas eléctricas industriales, de tal forma que la tarifa denominada "Energía Punta" quede eliminada del esquema tarifario industrial, y sólo se conserven las tarifas "Energía Base" y "Energía Intermedia" de dicha clasificación. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la debida participación de las Secretarías de Energía y Economía a aceptar, en su momento, la propuesta de reestructuración tarifaria.
2.- El día 11 de febrero del año en curso los diputados José Manuel Abdala de la Fuente y Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional de México, presentaron al Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo.
Unico.- Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía, y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en términos por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, proceda a fijar la tarifa eléctrica 1E en los municipios fronterizos de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, del norte del estado de Tamaulipas.
3.- En sesión de la Tercera Comisión, se planteó por el diputado Rogelio H. Rueda Sánchez solicitar se incorpore la tarifa de uso acuícola en los mismos términos que la vigente de riego agrícola. Ello, en virtud de que no existe una tarifa que prevea el uso de energía eléctrica en granjas acuícolas y se considera a la acuacultura como una actividad primaria, que hay que fomentar, en términos de la legislación para el desarrollo rural integral.
Consideraciones
1.- Que el abastecimiento y generación de energía eléctrica es una prioridad para cualquier nación y afecta directamente a la creación de empleos, el desarrollo regional, las finanzas públicas y el ingreso de las familias.
2.- Que por lo tanto, el desarrollo óptimo del sector eléctrico y sus actividades es fundamental para lograr el crecimiento, evitar el cierre de empresas y fomentar el bienestar de la población.
3.- Que si la venta de energía eléctrica se rige por las tarifas y una política adecuada al respecto, puede dar los incentivos necesarios para la producción, la competitividad y la rentabilidad de las empresas nacionales.
4.- Que la industria es el eje primordial del crecimiento económico del país y en México, los costos de la electricidad son mayores a los que enfrenta la competencia en el mundo.
5.- Que la clasificación tarifaria para uso industrial, de acuerdo con los horarios, marca diferencias elevadas entre los 3 tipos de tarifas ("Energía Base", "Energía Intermedia" y "Energía Punta").
6.- Que asimismo, existe heterogeneidad en las tarifas que se cobran en algunos municipios del país. Específicamente, en los municipios fronterizos de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, en el estado de Tamaulipas, las tarifas cobradas son más altas a las que corresponden por sus niveles de temperatura.
7.- Que es necesario establecer criterios más justos respecto a las tarifas en los municipios que por su clima, utilizan mayores cantidades de energía.
8.- Que por lo anterior, antes de poder tomar alguna decisión, para aumentar la competitividad de las empresas mexicanas e igualar la situación tarifaria de los municipios, se requiere de una revisión y estudio profundos de las tarifas tanto de uso industrial, como de las que se cobran en los lugares de temperaturas cálidas.
Dictamen
La Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta:
B).- A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, proceda a fijar la tarifa eléctrica 1E en los municipios fronterizos de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, del norte del estado de Tamaulipas.
C).- A la Comisión Federal de Electricidad y SHCP a establecer la misma tarifa en la acuacultura que la que está establecida en el riego agrícola.
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente.
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica),
Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda, Dip. Dolores Padierna
Luna (rúbrica), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica),
Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Dip. Francisco Barrio
Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Dip. Luis Antonio
González Roldán, Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica),
Dip. Pedro Vázquez González, Dip. Rogelio Rueda Sánchez
(rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Sen.
Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González.
DE LA TERCERA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA PROPOSICION PARA QUE EL BANCO DE MEXICO Y LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DISEÑEN UNA ESTRATEGIA PARA QUE EL EXCESO DE LIQUIDEZ SE CANALICE A LA INVERSION PRODUCTIVA
Honorable Asamblea:
Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
Antecedentes
1.- El día 21 de enero del año en curso la diputada Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente propuesta con punto de acuerdo.
Punto de Acuerdo
Unico.- Que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diseñen una estrategia para que el exceso de liquidez bancaria se canalice a la inversión productiva y ya no a la mera especulación, para que la banca múltiple se comprometa con el crecimiento económico del país y contribuya a alcanzar la meta de 3% fijada para el 2004 en los Criterios de Política Económica.
Que dicha estrategia sea presentada por el gobernador del Banco de México ante esta Comisión Permanente y se conozcan los mecanismos para hacer cumplir la obligatoriedad del sector financiero en el financiamiento de desarrollo.
Consideraciones
Debido a que el pasado día 25 de febrero del año en curso se dictaminó el punto de acuerdo presentado por el senador Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a solicitar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Senadores y de Diputados que integren un grupo especial de trabajo que estudie la situación del sistema bancario nacional, del mercado de crédito, del financiamiento para la pequeña y mediana empresa y el financiamiento para el campo y, debido a la importancia que reviste el buen desempeño del sistema bancario en la expansión de la inversión productiva, la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:
Dictamen
Punto de Acuerdo
Unico.- En alcance del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el día 25 de febrero, que exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Senadores y de Diputados, a que integren un grupo especial de trabajo que estudie la situación del sistema bancario nacional, se les exhorta a que, de crear estos grupos de trabajo incluyan el estudio de la existencia de exceso de liquidez bancaria para que, en su caso, ésta se canalice a la inversión productiva.
Dado en el Salón de Comisiones, el día 3 de marzo de 2004.
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente.
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica),
Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda, Dip. Dolores Padierna
Luna (rúbrica), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica),
Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Dip. Francisco Barrio
Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Dip. Luis Antonio
González Roldán, Dip. Minerva Hernández Ramos, Dip.
Pedro Vázquez González, Dip. Rogelio Rueda Sánchez
(rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Sen.
Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González.
DE LA TERCERA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA PROPOSICION PARA CITAR A COMPARECER AL SECRETARIO DE ECONOMIA
Honorable Asamblea:
Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
Antecedentes
1. El día 21 de enero del año en curso, la diputada Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional de México, presentó al Pleno de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo:
Punto de Acuerdo
Unico. En virtud del desconcierto que han generado las desafortunadas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno Federal encargados de impulsar la economía nacional y la creación de empleos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, para que explique a esta soberanía de manera detallada y exhaustiva sus recientes declaraciones sobre la incapacidad del Gobierno Federal para generar los empleos que requiere la población. De igual manera, cita a comparecer ante esta Comisión Permanente al secretario de Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, para que de forma puntual aclare cuál es la situación del empleo en México y explique por qué entre las áreas de la misma dependencia existen serias contradicciones en las cifras del desempleo.
2. El día 18 de febrero del año en curso, la diputada Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional de México, presentó al Pleno de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo:
Punto de Acuerdo
Unico. Debido a las muchas dudas que han surgido sobre el financiamiento que otorga el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), a través del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Finafim), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante su Tercera Comisión de Trabajo al secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, a efecto de que informe exhaustivamente a esta soberanía la situación real que guardan las líneas de crédito autorizadas dentro del citado programa gubernamental.
Consideraciones
Debido a la importancia que reviste el tema del impulso a las iniciativas productivas de los individuos y grupos sociales en condiciones de pobreza en todas las regiones del país, la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente presenta a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Dictamen
Punto de Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer, ante la Tercera Comisión, al secretario de Economía, a efecto de que informe a esta soberanía acerca la situación del empleo y el Programa de Microfinanciamiento en México.
Dado en el Salón de Comisiones, el día 3 de marzo de 2004.
Tercera Comisión -de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión Permanente
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica),
Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda, Dip. Dolores Padierna
Luna (rúbrica), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica),
Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Dip. Francisco Barrio
Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Dip. Luis Antonio
González Roldán, Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica),
Dip. Pedro Vázquez González, Dip. Rogelio Rueda Sánchez
(rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Sen.
Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González.
DE LA SEGUNDA COMISION, VEINTISEIS POR LOS QUE SE RATIFICAN GRADOS MILITARES A CIUDADANOS
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor José Ricardo Bárcena Rosiles como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 32 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Ricardo Bárcena Rosiles.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Juan Osuna González como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 27 años, 3 meses y 19 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Osuna González.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo Diplomado de Estado Mayor Aéreo Isidro Morales Aguilar, como Coronel de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 26 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, por 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Isidro Morales Aguilar.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Alfonso Rodríguez Sierra, como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 26 años, 3 meses y 5 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Alfonso Rodríguez Sierra.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano Dámaso Chávez López como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 5 días, con antigüedad en el empleo anterior de 11 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Dámaso Chávez López.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Jaime López Reyes, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jaime López Reyes.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Jaime López Reyes, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jaime López Reyes.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Justicia Militar y licenciado Marco Antonio Cue Prieto, como General Brigadier de Justicia Militar y licenciado, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 32 años, 11 meses y 1 día, con antigüedad en el empleo anterior de 9 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier de Justicia Militar y licenciado que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Marco Antonio Cue Prieto.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Angel Antonio Cabrera como General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a. la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 1 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea; la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Angel Antonio Cabrera.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo David Mascareñas Gutiérrez como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 24 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Tercera Clase correspondiente a 20 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano David Mascareñas Gutiérrez.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica Luis Gómez Sosa, como General Brigadier Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 39 años, 1 mes y 22 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial por 35 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Luis Gómez Sosa.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Francisco Aguilar Hernández, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Qué como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 5 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Francisco Aguilar Hernández.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación Lorenzo Macías Araiza, como Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que coma miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 4 días; con antigüedad en el empleo anterior de 8 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Lorenzo Macías Araiza.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Juan Manuel Díaz Organitos, como Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 29 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 9 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Manuel Díaz Organitos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor Taurino Hernández Lazcano, como General Brigadier Intendente Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 33 años, 1 mes y 19 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Intendente Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Taurino Hernández Lazcano.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip.
Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano General de Grupo Piloto Diplomado de Estado Mayor Aéreo Humberto Fernando Chapa Casas como General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 37 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, y la Especial correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Humberto Fernando Chapa Casas.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria; Dip. Carlos
Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares
Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip.
Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica),
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González
Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, Martín Terrones Calvario, como Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 27 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, por 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Martín Terrones Calvario.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria; Dip. Carlos
Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares
Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip.
Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica),
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González
Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Coronel Médico Cirujano José Antonio Torres García, como General Brigadier Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 36 años, 11 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Antonio Torres García.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria; Dip. Carlos
Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares
Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip.
Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica),
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González
Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel Médico Cirujano J. Jesús Sánchez Vega, como Coronel Médico Cirujano que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 2 meses y 28 días, con antigüedad en el empleo anterior de 12 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano J. Jesús Sánchez Vega.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria; Dip. Carlos
Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares
Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip.
Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica),
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González
Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero Industrial Carlos García Olmos, como Coronel Ingeniero Industrial que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 11 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Industrial que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Carlos García Olmos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria; Dip. Carlos
Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares
Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip.
Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica),
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González
Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Jesús Pablo Franco Martínez como General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 3 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Jesús Pablo Franco Martínez.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 2004.
Segunda Comisión de la Comisión Permanente
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo, Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica),
secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda
Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez
(rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Miguel
Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen.
Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico
Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica),
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González
Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Miguel Angel Sánchez Barrón como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
"Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del Ciudadano Miguel Angel Sánchez Barrón".
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 2004.
Segunda Comisión de la Comisión Permanente
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria; Dip. Carlos Flores
Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Dip. Rogelio Ruedas Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares
Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip.
Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica),
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González
Martínez, Sen Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe he fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Teniente Coronel Cirujano Dentista Marcelino Rodríguez Vitela como Coronel Cirujano Dentista, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 28 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase por 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
"UNICO.- Se ratifica el grado de Coronel Cirujano Dentista que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del Ciudadano Marcelino Rodríguez Vitela".
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 2004.
Segunda Comisión de la Comisión Permanente
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria; Dip. Carlos Flores
Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Dip. Rogelio Ruedas Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares
Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip.
Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica),
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González
Martínez, Sen Rafael Melgoza Radillo (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Miguel Eduardo Hernández Velázquez como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 27 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Miguel Eduardo Hernández Velázquez.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de febrero de 2004.
Segunda Comisión de la Comisión Permanente
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot
Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica),
Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico
Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles
(rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen.
Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe he fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Germán Antonio Bautista como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 32 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
"Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Germán Antonio Bautista".
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de febrero de 2004.
Segunda Comisión de la Comisión Permanente
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria;
Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro
Urista, Dip. Rogelio Ruedas Sánchez (rúbrica), Dip. David
Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy,
Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares
Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica),
Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui
Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica),
Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano Coronel de Justicia Militar y licenciado Ramón Tovar Caballero como General Brigadier de Justicia Militar y licenciado, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier de Justicia Militar y licenciado que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Ramón Tovar Caballero.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de febrero de 2004.
Segunda Comisión de la Comisión Permanente
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot
Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares
Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica),
Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui
Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica),
Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza
Radillo.
DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, PAULINO LOPEZ BERNAL, JOSE RAMON DE LA SANTISIMA TRINIDAD MANTILLA Y GONZALEZ DE LA LLAVE Y BERNHARD WILHELM TETZLAFF VON WOBESER HOEPFNER PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE EL SALVADOR, FEDERATIVA DE BRASIL, DE CHILE Y FEDERAL DE ALEMANIA, RESPECTIVAMENTE
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Paulino López Bernal, licenciado José Ramón de la Santísima Trinidad Mantilla y González de la Llave y Bernhard Wilhelm Tetzlaff Von Wobeser Hoepfner, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas: de El Salvador, Federativa del Brasil, de Chile y Federal de Alemania, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C), del artículo 37 constitucional, y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Paulino López Bernal, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano licenciado José Ramón de la Santísima Trinidad Mantilla y González de la Llave, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O?Higgins, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Bernhard Wilhelm Tetzlaff Von Wobeser Hoepfner, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el Gobierno de dicho país.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de febrero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica);
Dip. Germán Martínez Cázares, secretario; Dip. Heliodoro
Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica);
Sen. David Jiménez González; Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño; Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui
Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo
Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís;
Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez;
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).
DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA PRESTAR SERVICIOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS
Honorable Asamblea:
En oficios de fecha 9 y 10 de febrero de 2004, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Adriana Vega Cerecedo, Diana de la Huerta Gastón, Diana Jiménez Lievana, María Elena Honc Navarro, Edgar López Zuazua Carmona, Santiago Ramírez López, Sabina García Alvarez, Manuel de Jesús García Bañuelos y Claudia Castañeda Villarreal, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las embajadas de Canadá y de los Estados Unidos de América en México; en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en la Delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 18 de febrero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las embajadas de Canadá y de los Estados Unidos de América en México; en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en la Delegación de la Comisión Europea en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C), del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Adriana Vega Cerecedo, para prestar servicios como especialista en Sistemas Comerciales, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Diana de la Huerta Gastón, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso la ciudadana Diana Jiménez Lievana, para prestar servicios como asistente contable en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana María Elena Honc Navarro, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Quinto.- Se concede permiso a al ciudadano Edgar López Zuazua Carmona, para prestar servicios como asistente de sistemas en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Santiago Ramírez López, para prestar servicios como maestro de inglés en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana Sabina García Alvarez, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Octavo.- Se concede permiso al ciudadano Manuel de Jesús García Bañuelos, para prestar servicios como supervisor de mantenimiento, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Noveno.- Se concede permiso a la ciudadana Claudia Castañeda Villarreal, para prestar servicios como redactor web master, en la Delegación de la Comisión Europea, en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de febrero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica);
Dip. Germán Martínez Cázares, secretario; Dip. Heliodoro
Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica);
Sen. David Jiménez González; Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño; Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui
Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo
Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís;
Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez;
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).
DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LA CIUDADANA FABIOLA MARGARITA SOLIS AGUINACO PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE LOS PAISES BAJOS EN MEXICO
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 6 de febrero del año en curso, la licenciada Fabiola Margarita Solís Aguinaco, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar servicios como asesora del Departamento Económico en la Embajada de los Países Bajos en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 18 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la en la Embajada de los Países Bajos en México, serán como asesora del Departamento Económico, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C), del artículo 37 constitucional.
Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso a la ciudadana licenciada Fabiola Margarita Solís Aguinaco, para prestar servicios como asesora del Departamento Económico en la Embajada de los Países Bajos en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de febrero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica);
Dip. Germán Martínez Cázares, secretario; Dip. Heliodoro
Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández
Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica);
Sen. David Jiménez González; Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño; Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui
Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo
Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís;
Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez;
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A USAR LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL ARTICULO 16 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004 EN EL SENTIDO DE AUTORIZAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS NECESARIAS PARA QUE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA OBTENGA MAYOR SUBSIDIO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID HERNANDEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal David Hernández Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta al Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo federal que reasigne mayores recursos a favor de la Universidad de Guadalajara haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, así como designar una comisión de seguimiento a dicha solicitud, al tenor de los siguientes
Considerandos
La Universidad de Guadalajara está considerada como una de las más importantes del país, cuenta con 9 centros regionales en el estado de Jalisco, es la universidad a la que los trabajadores y la población de escasos recursos aspiran a que ingresen sus hijos.
De las instituciones públicas de educación superior en Jalisco, la Universidad de Guadalajara tiene inscritos al 87% (75,000 aproximadamente), además de 106,000 alumnos de educación media superior, esto representa el atender a más del 51 % de la población estudiantil de estos niveles.
En las reasignaciones de gasto 2004, la Cámara de Diputados repartió un monto de 815 millones de pesos para el Fondo de Equidad para Universidades con Costo por Alumno Debajo de la Media Nacional (SEP-ANUIES), recursos de los que la Universidad de Guadalajara no recibió cantidad alguna, sin que medie justificación para este proceder discriminatorio.
Del subsidio total anual por alumno la Universidad de Guadalajara se encuentra en el lugar 29 de 34 con $19,310, siendo la media nacional de $35,730.
La Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional recibieron en conjunto 600 millones de pesos adicionales, a pesar de ser instituciones que cuentan con un financiamiento por alumno por encima del promedio nacional.
La Universidad de Guadalajara ha contado históricamente con financiamiento federal para el desarrollo de sus labores sustantivas; sin embargo, las asignaciones del gasto público federal no han sido repartidas de manera equitativa entre las distintas instituciones de educación superior del país, con el consiguiente efecto negativo para la máxima casa de estudios de Jalisco.
La asignación de recursos federales a la Universidad de Guadalajara tiene una severa tendencia a la baja, toda vez que en 1997 el Gobierno Federal aportaba 53 por ciento del financiamiento público total de esa casa de estudios, mientras el gobierno de Jalisco otorgaba el 47 por ciento restante; en el año 2000 las aportaciones federales y estatales a la Universidad de Guadalajara tenían la misma proporción (50% cada una); en 2003 el Gobierno Federal ya aportaba menos que el gobierno de Jalisco (43 por ciento frente a 57 por ciento), situación que se recrudece en la proyección para 2004, donde la Federación sólo aportaría el 41.63 por ciento y el estado de Jalisco asumiría el 58.37 por ciento restante. Esta tendencia da muestra de la reducción sustantiva en la aportación de recursos federales a la segunda universidad pública de México.
Esta universidad presenta la principal institución de educación superior con un déficit pensionario considerado como grave, logró una reforma a su sistema de pensiones y jubilaciones, instaurando un modelo pensionario basado en las aportaciones de trabajadores e institución a un fondo solidario que permitirá aligerar la carga al Estado mexicano en la financiación futura de la seguridad social. Este esfuerzo para solucionar su problemática pensionaria representa la postura responsable que en materia financiera ha distinguido a la administración que actualmente dirige a la Universidad de Guadalajara.
Para responder a las necesidades de la Universidad de Guadalajara, el Ejecutivo federal tiene en sus manos la posibilidad de mostrar su buena fe en este asunto, y ejercer las facultades que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, que a la letra dice: "El Ejecutivo federal autorizará, en su caso, las adecuaciones presupuestarias de las dependencias y entidades, en los términos de las disposiciones aplicables.
...Cuando las adecuaciones a los montos presupuestarios ocasionen en su conjunto una variación mayor al 10 por ciento del presupuesto total del ramo o de la entidad de que se trate, o representen individualmente un monto mayor al 1 por ciento del gasto programable, se deberán reportar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, en los informes trimestrales, la cual podrá emitir opinión sobre dichos traspasos...", disposición que interpretada contrario sensu permite al Presidente de la República reasignar recursos federales en beneficio de la Universidad de Guadalajara, hasta un monto menor a 10 por ciento del presupuesto total del ramo o de la entidad de que se trate.
Por lo anteriormente expuesto, ante esta Comisión Permanente se plantea la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
Unico: Solicitar al Ejecutivo federal, que en uso de la facultad que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, en el sentido de autorizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para que la Universidad de Guadalajara obtenga mayor subsidio federal, hasta un monto que no exceda de 10 por ciento del presupuesto total del ramo, así como que se designe una comisión que dé seguimiento a la presente.
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE ASIGNE FRECUENCIAS DE TELEVISION ABIERTA PARA EL SISTEMA DE TELEVISION EDUCATIVA (EDUSAT) A NIVEL NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO NAVA DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En mi carácter de diputado federal miembro de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
"Ningún país ha conocido la prosperidad económica sin antes haber conocido el desarrollo educativo" Benito Juárez.
Está comprobado que la globalización en la que estamos inmersos, la competitividad de las naciones, depende cada vez más de la capacidad para la innovación educativa y cultural a partir de su propio desarrollo tecnológico. Como legisladores tenemos que coadyuvar a la tarea de desarrollar procesos para transformar nuestra sociedad, para esto es necesario redefinir nuevos roles que propicien cambios culturales y nuevas actitudes en nuestra sociedad.
Para lograr este fin contamos con herramientas como el Sistema Educación Televisiva (Edusat), que en diciembre de 1995 estableció por primera vez un sistema nacional de televisión educativa, basado en tecnología satelital digitalizada, con un potencial extraordinario en términos de cobertura y volumen de oferta.
La misión de la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) es brindar condiciones para que todas las personas en México puedan ejercer su derecho a la educación. Lograr un esquema de equidad en materia educativa, resulta complicado, especialmente en zonas apartadas y de difícil acceso. Esta labor se realiza por medio de Edusat.
El sistema funciona con ocho canales de programación propia, y reproduce la señal de dos canales para la educación infantil, incorporando a su oferta 9300 horas anuales a través del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILCE y coordinados con más de 50 países de todo el mundo.
Toda esta riqueza educativa se ve reducida, a ser recibida sólo en las aulas que cuentan con receptor especial y en varios casos esta señal llega por programación privada.
Esta situación resulta injusta al desproteger de la señal de cobertura a los grandes centros de población urbana y especialmente a las clases que no tienen un contrato de televisión por paga, a las que sólo les queda el recurso de los canales comerciales, que en su mayoría presentan en su programación altas dosis de descultura, violencia y antivalores.
Consideramos que actualmente no existen limitantes técnicas de frecuencias y, en su caso, si se requirieran antenas de retransmisión pueden ser utilizadas -mediante convenios- las que sirvieron en algún tiempo a la infraestructura ferroviaria.
Es urgente contribuir desde el Estado a una cultura de innovación, de transformación y cambio, lograr unir esfuerzos para combatir el rezago educativo y generar en nuestro país un atmósfera social educativa.
Con base en las anteriores consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito al Presidente poner a consideración de la Comisión Permanente su urgente y obvia resolución del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, lo antes posible, realice las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes a fin de asignar frecuencias de televisión abierta para que el sistema de televisión educativa (Edusat) pueda ser aprovechado por todos los mexicanos.
Comisión Permanente, México, DF, a 3 de marzo de 2004.
Dip. Alfonso Nava Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA ORDENAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION QUE PRACTIQUE UNA AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LOS RECURSOS FEDERALIZADOS Y DE DEUDA DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO QUE INFORME A ESTA SOBERANIA ACERCA DEL DESTINO Y LA APLICACION DE ESTOS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2001-2003, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos diputados federales en la LIX Legislatura, en nombre de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente un punto de acuerdo, a partir de las siguientes
Consideraciones
1. En los últimos seis años, la errónea política fiscal del Gobierno del Distrito Federal ha privilegiado para su financiamiento los recursos que aporta el Gobierno de la República, vía transferencias (Ramos 33 y 39) y participaciones (Ramo 28), así como al endeudamiento, en lugar de fortalecer sus ingresos propios. Por tanto, en ese lapso el saldo de la deuda pública del Distrito Federal aumentó prácticamente cuatro veces y los recursos federales se multiplicaron por tres. En cambio, los ingresos propios que genera el Distrito Federal por cuenta propia ni siquiera se duplicaron.
2. Por ello, los ingresos propios de la ciudad han perdido de manera recurrente el peso que tenían en 1997, pues disminuyeron de 58 a 53.4 por ciento al cierre de 2003. En cambio, los recursos aportados por la Federación aumentaron de manera significativa: de 32.3 a 36.6 por ciento en el mismo lapso.
3. Lo mismo ocurrió con la deuda local: se ha incrementado de manera geométrica. En sólo tres años y a partir de 2000, la deuda pública de la hacienda local aumentó en 13 mil millones de pesos, para situarse en 41 mil 634.1 millones de pesos. La relación deuda-ingresos totales se ha deteriorado drásticamente, pues de representar 29.7 por ciento en 1997, alcanzó 54.6 por ciento en 2003. En suma, el funcionamiento de la hacienda pública del Distrito Federal depende más ahora que nunca de los recursos que el Gobierno de la República le otorga.
A la incapacidad para financiar el gasto sobre bases financieras sanas, se suma un manejo discrecional, opaco e indebido de los recursos públicos, como muestra la escandalosa evidencia sobre las irregularidades cometidas por el secretario de Finanzas del Distrito Federal, apenas cesado, como efecto de una fiscalización tardía, ineficaz y opaca a cargo del propio gobierno, cuyo procurador de Justicia mantuvo en un injustificado sigilo una supuesta investigación por un fraude de 31 millones de pesos.
Cabe señalar que a la fecha el Gobierno del Distrito Federal no se ha sujetado a lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en el sentido de celebrar los convenios de colaboración para que se lleven a cabo la supervisión y revisión exhaustiva de los recursos públicos federales que se ejercen en el Distrito Federal.
El Gobierno Federal es garante de los créditos solicitados por el Distrito Federal, y corresponsable del uso que se haga de los recursos federalizados, de ahí que sea urgente que la propia Cámara de Diputados, por conducto del órgano federal, realice la fiscalización de éstos.
Por las consideraciones expuestas, los diputados federales suscritos someten a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que se instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que realice con la mayor brevedad una auditoría integral y exhaustiva de los recursos de endeudamiento y de origen federal otorgados al Distrito Federal, que deberá comprender los aspectos de desempeño, legales, financieros y programático-presupuestales, a fin de fiscalizar el destino y la aplicación de dichos recursos en el periodo 2001-2003, con objeto de transparentar el ejercicio de su gasto.
Que se informe además a esta Cámara, en particular, de la tasa de retorno de los proyectos financiados con los recursos de crédito, que ha ejercido el Distrito Federal durante ese periodo.
Segundo. Que se exhorte a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa y, en su caso, a las autoridades competentes a suscribir con la Auditoría Superior de la Federación el convenio de colaboración que ordena la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Tercero. Que se solicite respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que requiera a la Contaduría Mayor de Hacienda que practique una auditoría exhaustiva a las operaciones y el ejercicio de recursos a cargo de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, así como a la intervención que ésta tiene en los procesos de planeación, programación, presupuestación, control y ejercicio del gasto de toda la administración pública del Distrito Federal.
Diputados: Federico Döring Casar, Roberto
Campa Cifrián (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA CRISIS POLITICA EN HAITI Y EL CIERRE DE LA EMBAJADA MEXICANA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JUAN JOSE GARCIA OCHOA Y MANUEL CAMACHO SOLIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1.- Como todos ustedes saben, la República de Haití, vive momentos de grave crisis institucional, la cual se remonta al año 2000 cuando se celebraron elecciones legislativas y que la oposición calificó de fraudulentas.
2.- A partir de febrero pasado se vino desarrollando una espiral de violencia que involucró a las fuerzas de seguridad afectas al Presidente Jean Bertrand Arístide y a una oposición armada que ha aglutinado a grupos afines al aparato represivo de la ex dictadura o al narcotráfico.
3.- Que la oposición pacífica y democrática de Haití se ha visto gravemente afectada y reprimida durante el conflicto y corre el riesgo de sufrir nuevos actos violentos por parte de los grupos afines al gobierno o por los otrora grupos paramilitares y policíacos de la dictadura duvalierista.
4.- Que el 21 de febrero pasado el gobierno mexicano, por conducto la de Secretaría de Relaciones Exteriores, recomendó a la comunidad mexicana que se encuentra en territorio haitiano su salida del país, señalando expresamente que los que decidan quedarse "lo harán por su propia voluntad".
5.- El 25 de febrero pasado el gobierno mexicano, nuevamente por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó a la opinión pública que se había enviado una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a Puerto Príncipe para proceder a la evacuación de los nacionales mexicanos que aún permanecen en ese país y al personal de la Embajada de México acreditado en Haití. En dicho comunicado oficial se aclara que "la Embajada de México en Haití permanecerá cerrada temporalmente mientras no existan todas las condiciones que garanticen la seguridad del personal diplomático.
6.- Que una de las funciones básicas del personal diplomático mexicano acreditado en el extranjero es brindar una protección inmediata y activa a todos nuestros connacionales que se encuentren en situación de peligro en cualquier país, como sería el caso de la República de Haití, y esto, desde luego, no puede alcanzarse evacuando al personal acreditado y cerrando la Embajada. En otras palabras, en esos momentos de crisis y violencia en otro país, es cuando más se necesita proteger y ayudar a los mexicanos en el extranjero.
7.- Que uno de los pilares fundamentales de nuestra política exterior es el asilo diplomático para todas aquellas personas que, por motivos políticos, son perseguidos en algún país. Se trata de una institución humanitaria cuyo fin último es la protección de los derechos humanos y que, durante décadas, permitió proteger a miles de latinoamericanos cuya integridad física se vio en peligro durante la época de las dictaduras militares, tras golpes de estado o durante conflictos armados. No se pueden olvidar la enorme actividad humanitaria desplegada por nuestra diplomacia en el caso de la República Española, o de nuestras embajadas en República Dominicana, Guatemala, Chile, Argentina, Nicaragua o El Salvador. Fueron verdaderos actos de heroísmo por parte de nuestro personal diplomático que antepusieron la ayuda humanitaria a su seguridad personal.
8.- No obstante la memoria histórica anterior, con la evacuación del personal diplomático y el cierre temporal de nuestra embajada en Haití, se cancela toda posibilidad de apoyo no solo a nuestros connacionales, que por diversas razones decidieron quedarse en ese país, sino de proporcionar la ayuda humanitaria que puedan necesitar nuestros hermanos haitianos.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, ante esta crisis haitiana, gire sus instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a la brevedad posible, se regrese el personal diplomático acreditado en ese país, se reabra nuestra Embajada y se cumpla con las funciones de protección a nuestros connacionales y de ayuda humanitaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo de 2004.
Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA QUE EJERZA SU FACULTAD RECTORA RESPECTO AL PROCAMPO SOBRE EL CORRECTO CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DEL MISMO, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Tercera Comisión -de Agricultura y Fomento- de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
Preocupado por los resultados de la operación del decreto que regula el Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado Procampo, me permito dar algunos antecedentes:
Este programa fue creado por decreto presidencial de fecha 25 de julio de 1994.
Sus funciones se derivan de la responsabilidad constitucional que el Estado tiene de conducir el desarrollo nacional, mediante la planeación, coordinación y orientación de la actividad económica.
El campo y todo lo que representa desde el punto de vista social, productiva y ambientalmente, debe seguir siendo considerado como estratégico y prioritario para el crecimiento y desarrollo presente y futuro del país.
En este contexto, se observan grandes debilidades que se hacen evidentes como el poco crecimiento del sector y la grave repercusión que en el medio ambiente tienen algunas prácticas agrícolas, derivadas en parte de la falta de impulso y supervisión gubernamental.
Por lo tanto, consideramos apremiante evaluar los resultados de los sistemas de apoyos derivados del Procampo los cuales tienen como objetivo el fomento de una mayor participación en el campo de los sectores social y privado para mejorar la competitividad interna y externa; elevar el nivel de vida de las familias rurales y la modernización de tecnologías y del sistema de comercialización. Sobre todo teniendo claro que el Procampo debe tener muy en cuenta las actuales tendencias de la agricultura y el desarrollo rural en el mundo, encaminadas a lograr la sustentabilidad mediante la producción de alimentos de calidad en forma sostenible y así lograr la seguridad alimentaria, sin dejar de facilitar la conversión de aquellas superficies en las que sea posible establecer actividades que tengan mayor rentabilidad, dando certidumbre económica a los productores rurales y mayores capacidades para su adaptación al cambio, que demanda la nueva política de desarrollo agropecuario en marcha, y la aplicación de la política agraria contenida en la reforma al artículo 27 constitucional.
Es lamentable que en razón del desconocimiento por parte de los agricultores, en México aún se sigan llevando a cabo prácticas nocivas como el monocultivo y la roza de tierras agrícolas, esto es la quema de los remanentes del cultivo anterior, ya que creen que la quema ayuda a fertilizar y que la siembra sistemática o continua de un solo cultivo no perjudica sus tierras.
Si bien es necesario que los apoyos directos estén acordes con la recuperación y conservación de bosques y selvas, también es necesario el fomento a la reducción de la erosión de los suelos, propiciando la rotación de cultivos en tierras temporaleras y evitando la contaminación de aguas, desarrollando así una cultura de conservación de los recursos naturales. Favoreciendo con estos esquemas el fomento de la agroecología1 como principal generadora de agroecosistemas.2
Se reconoce que para alcanzar este escenario en los siguientes años, es necesario poner en marcha acciones que incidan en los diversos aspectos que tienen que ver con la producción agrícola como la educación, los incentivos económicos y el desarrollo de tecnologías nuevas y apropiadas.
Por ser del más alto interés nacional apoyar el desarrollo sustentable de los productores del campo, mediante un programa que eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo del sector rural, el legislador que firma al calce solicita se turne a la Tercera Comisión de Agricultura y Fomento la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que ejerza su facultad rectora respecto al programa Procampo sobre el correcto cumplimiento en las obligaciones del mismo, poniendo atención en lo referente a la protección y cuidado del medio ambiente y específicamente capacitando al agricultor generando una cultura agrícola con métodos sencillos que eviten la erosión del suelo.
Dado en el Salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 3 días del mes de marzo del 2004.
Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica)
Notas:
1 Entendemos por agroecología al estudio de los
sistemas agrarios para el logro de una actividad productiva sostenible,
es decir generadora de productos para alimentar a las actuales generaciones
y mantener las capacidades para hacerlo con las futuras generaciones.
2 Se entiende por agroecosistemas a los sistemas abiertos,
compuestos por subsistemas interdependientes que configuran una realidad
dinámica de complejas relaciones naturales, ecológicas, sociales,
económicas y culturales.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA FORTALECER LA INDUSTRIA AEREA NACIONAL, A CARGO DEL SENADOR EMILIO GAMBOA PATRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Hago uso de esta alta tribuna para abordar de nueva cuenta la sensible problemática que desde hace tiempo se encuentra lesionando severamente a la industria aérea mexicana y que, lamentablemente aún no ha sido posible resolver de forma satisfactoria.
Ha sido este tema para el Senado, y particularmente para la fracción parlamentaria del PRI, motivo de gran preocupación, por lo que tanto en abril como en septiembre pasados, manifestamos que luego de los atentados ocurridos en Estados Unidos en 2001, la industria del transporte aéreo a escala mundial ingresó en una crisis sin precedentes, cuyos efectos en nuestro país se tradujeron en pérdidas considerables para las principales aerolíneas de Cintra y para otras empresas nacionales que operan en nuestro mercado.
Aunado a lo anterior, señalamos el daño que le estaban causando otros factores como la recesión de la economía; el incremento en las primas de seguros de las aeronaves; el reforzamiento de las medidas de seguridad en terminales aéreas; el aumento en los precios de la turbosina y otros sobrecostos, que estaban colocando a las líneas aéreas mexicanas en un serio riesgo de ser sacadas de la competencia.
Fue por ello que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional estimamos que había llegado el momento para que las autoridades competentes se abocaran a mitigar la crisis, sobre todo a la luz de un mayor impacto para el sector aeronáutico nacional ocasionado por la guerra en Irak.
Por lo que exhortamos al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruyera al secretario de Comunicaciones y Transportes para convocar a los actores involucrados, con el propósito de avanzar en la solución de los problemas que enfrenta el sector aéreo en México.
De igual manera, lo invitamos a que instrumentara un paquete de apoyos a las aerolíneas nacionales que facilitaran su sobrevivencia en el corto plazo, bajo esfuerzos combinados del Gobierno Federal y de las aerolíneas nacionales.
De ahí que en mi grupo parlamentario consideremos que en esta soberanía, no solamente nosotros, sino la mayoría de las fuerzas políticas aquí representadas, hemos dado claras muestras de apoyo y de solidaridad en torno a este sector ante su preocupante crisis; pugnando por que sea una de nuestras prioridades, el salvaguardar a la industria aeronáutica nacional.
Desafortunadamente como lo hemos podido constar, a la fecha no se vislumbran alternativas de solución en el mediano y largo plazo para la industria aérea nacional, por lo cual estimamos necesario proponer que sea el propio Congreso de la Unión el encargado de convocar a los diversos sectores involucrados en esta importante industria, a fin de discutir las alternativas de acción legislativa que permitan dar viabilidad presente y futura a este sector.
El objetivo que buscamos alcanzar mediante esta propuesta, es que existan mejores servicios de transporte aéreo, calidad en el servicio, precios accesibles y conservación de las fuentes de trabajo de miles de familias mexicanas.
Asimismo, queremos que sigan operando empresas mexicanas, fuertes y sólidas, controladas por mexicanos, que permitan la prestación de un servicio público de calidad, seguro y eficiente. Buscamos fomentar el sano desarrollo de una industria aeronáutica que, para México, debe continuar siendo de la mayor prioridad.
Compañeras y compañeros legisladores:
Los priístas estamos convencidos de que sólo con decisiones colectivas, consensuadas y acordadas entre el gobierno, legisladores, empresas y trabajadores, podremos orientar la ruta que defina el destino del sector. Sostenemos que la toma de decisiones en esta materia ya no puede ser cupular ni estar concentrada en unas cuantas personas, ni en criterios únicamente financieros o bancarios? México requiere una política de estado en esta materia.
En torno al futuro de Cintra, sostenemos que el debate debe partir de una premisa fundamental:
La decisión que se adopte, tendrá mejores posibilidades de éxito si se privilegia la solidez del acuerdo político entre los actores por encima del unilateralismo y las políticas estrictamente gerenciales.
En el curso de este año, que sin duda ha sido el más difícil para las aerolíneas de Cintra, los trabajadores, todos, han hecho un gran esfuerzo en dos direcciones. La primera aportando de su sueldo, en el caso de Mexicana el 10%. La segunda aceptando revisiones salariales a través de bonos que no impactan la nómina. En cantidades inferiores a la inflación acumulada en el año, que se pagarán hasta el 2004. Con esto los trabajadores han puesto una muestra de su compromiso y de su confianza en el futuro.
Estos hechos nos comprometen a todos, Poder Ejecutivo y Legislativo, a participar con ellos para encontrar fórmulas que fortalezcan una industria de vital importancia para el desarrollo económico y de las comunicaciones del país.
Nuestra postura es de apertura respecto al proceso de construcción de las decisiones, ya que solamente a través del diálogo abierto, incluyente y tolerante es que podremos reconocer la razón que le asiste a todos los actores. Porque sabemos que sólo de esta manera podremos concretar un futuro viable para esta industria nacional.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- Ante la grave problemática que continúa aquejando a la industria aérea nacional, que lejos de solucionarse tiende a aumentar, es que se propone que el Congreso de la Unión, a través de esta Comisión Permanente instruya lo necesario para que se encargue de convocar a los diversos sectores involucrados en esta importante industria, a fin de discutir todos aquellos asuntos que contribuyan a generar soluciones estructurales y de largo plazo.
Segundo.- Que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión propongan, con base en las deliberaciones anteriores, alternativas de acción legislativa que permita dar sustentabilidad presente y futura al sector aéreo nacional.
Entre los asuntos a deliberar, se propone los siguientes:
2. Analizar exhaustivamente la crisis de la aviación nacional y las alternativas de solución de carácter integral; así como el impulso a decisiones colectivas y no cupulares, que definan una política de desarrollo de largo plazo a favor de esta industria.
3. La manera de hacer prevalecer el control de la aviación nacional en manos de mexicanos y definir los objetivos que debe cumplir este servicio público en razón del interés del Estado mexicano.
4. Hacer posible que el sector aéreo sea productivo, fuerte y confiable, y que además fortalezca su misión de servicio público.
5. Garantizar la seguridad de las operaciones y la viabilidad financiera en el sector; así como vigilar que exista una efectiva reciprocidad en la firma de tratados con otros países.
6. Definir políticas públicas y normas aplicables en la materia, para revertir los efectos de la competencia internacional, la cual se vuelve cada vez más monopólica y depredadora de mercados nacionales. Asimismo, consolidar nuestra industria para competir justa y equitativamente con el exterior.
7. Analizar el marco jurídico de la aviación mexicana para garantizar su crecimiento a largo plazo, e infundir confianza en los inversionistas. Valorar la posibilidad de mantener juntas o separadas a las dos mayores aerolíneas troncales del país, a efecto de garantizar su viabilidad y niveles de competitividad nacional y en los mercados globales.
8. Garantizar que los consumidores reciban un servicio seguro y de calidad, a la vez de preservar un justo equilibrio de la oferta y los precios, e implementar políticas para ordenar los niveles tarifarios, a fin de prevenir tanto las prácticas depredatorias como monopólicas en el mercado, fortaleciendo una sana competencia; y
9. Garantizar la soberanía sobre el espacio aéreo a través de una política aeronáutica donde se privilegie el crecimiento de empresas aéreas mexicanas.
México debe fortalecer a su industria aérea nacional tanto en términos de soberanía como en función de su desarrollo como nación, pero sobre todo en términos de que los mexicanos cuenten con un sector aéreo seguro, eficaz, sólido y accesible para todos.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente,
a los 3 días del mes de marzo de 2004.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL INFORME SOBRE DIVERSOS FIDEICOMISOS DE LOS CUALES NO RINDE CUENTAS EN LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y LAS FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Situación Financiera
Durante 2003 el déficit del sector público fue de 41,737 millones de pesos, monto menor que el observado en 2002 aun cuando incluye 16,188 millones de pesos del Programa de Separación Voluntaria (PSV). El Congreso de la Unión autorizó la contratación de endeudamiento adicional para destinarse a las liquidaciones de servidores públicos principalmente de base que se separaran de sus puestos. Según el Ejecutivo Federal, el endeudamiento adicional se compensaría en el tiempo con ahorros de la nómina.
Si se descuentan los recursos del PSV, entonces el déficit del sector público se reduce a 25,550 millones de pesos, que equivale al 0.39 del PIB, de los más bajos que se han tenido en la historia reciente.1
La composición del déficit de 2003 fue la siguiente:
Haber alcanzado un nivel de déficit como este satisface únicamente en los mercados financieros del país porque es más económico financiarse con deuda interna que con deuda externa. Al disminuir el déficit, la presión sobre los mercados financieros disminuye por lo que el acceso al crédito se abarata para los sectores sociales y productivos.
Sin embargo, preocupa la forma como se alcanzó dicho déficit: por los ingresos adicionales producto de la venta del petróleo a precios históricamente altos y no derivado de un esfuerzo de disciplina presupuestaria.
Ingresos
Durante 2003 el comportamiento de los ingresos públicos tuvo un excelente desempeño, provocado por dos factores: A) Incremento de los ingresos tributarios. B) Ingresos petroleros.
Por tercer año consecutivo, los ingresos tributarios (impuestos) continuaron creciendo. En 2003 éstos crecieron 5.3% en términos reales respecto a 2002, pasando de 616,062 millones de pesos a 678,540 millones.
Los impuestos que más contribuyeron a este crecimiento fueron el IVA y el ISR. El primero pasó de 218,442 millones de pesos en 2002 a 254,437 millones en 2003, lo que representó un aumento del 11.4% real. El segundo pasó de 318,380 millones de pesos a 336,546 millones, lo que representó un aumento del 1.1% real. Nominalmente, ambos impuestos crecieron en 54,161.8 millones de pesos.
Estos aumentos son verdaderamente significativos porque se obtuvieron en un entorno de desaceleración económica (en el caso del ISR) y de una débil recuperación del consumo privado (en el caso del IVA).
Aun cuando los impuestos aumentaron respecto a 2002, apenas se cumplió la meta programada en la Ley de Ingresos: se presupuestaron 669,329 millones alcanzándose 678,540 millones.
En 2002 no pudo cumplirse la meta programada de recaudación del ISR, ya que se habían presupuestado 364,447 millones de pesos; es decir, este impuesto tuvo una disminución de 27,901 millones.2 Afortunadamente, este faltante fue compensado con el IVA, ya que se tuvo una recaudación mayor a lo presupuestado en 29,286 millones de pesos (se presupuestaron 225,154 millones y se recaudaron 254,437 millones).3
La causa principal que explica el no cumplimiento de la meta programada del ISR, se debe a la sobre estimación que efectuó el Ejecutivo ya que el cálculo incluido en la Ley de Ingresos se hizo sobre la base de una meta de crecimiento económico del 3% que no pudo cumplirse, pues la economía creció sólo 1.2% en 2003. Un crecimiento menor se refleja en menores ventas y utilidades por parte de las empresas, y en consecuencia, en menores pagos de ISR; en contraste, preocupa que sigan siendo los asalariados quienes más soportan la carga del impuesto (53.4%), es decir, los contribuyentes cautivos.4
En relación con el notable desempeño del IVA, éste se puede explicar por dos motivos: la recuperación del consumo, especialmente del consumo privado durante 2003, que tuvo un crecimiento real de 2.4% y por una mayor eficiencia en la administración tributaria.
En relación con la administración tributaria, sigue preocupando que los juicios fiscales que pierde el SAT sean mayores que los que gana: durante 2003, el SAT ganó sólo 13,225 juicios (40%) de un total de 33,035. Esto sugiere severas fallas tanto en la aplicación de las sanciones, como en el procedimiento judicial y en la legislación.
También destacan las cuantiosas devoluciones de impuestos a favor de los contribuyentes; especialmente las del IVA, que ascendieron a 95,290 millones de pesos, monto que representó el 79.5% del total de las devoluciones efectuadas en 2003. Estas devoluciones se originan en las facilidades legales que contempla la Ley del IVA, especialmente, por la aplicación de diferentes tasas, como es el caso por ejemplo, de la tasa 0% ya que los contribuyentes tienen la posibilidad de acreditar el IVA pagado a sus proveedores por la compra de insumos.
Las devoluciones de impuestos representan un subsidio fiscal en los hechos que debe informarse detalladamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En suma, conviene resaltar que en un entorno de desaceleración económica y de una débil recuperación del consumo, el aumento en la recaudación tributaria proviene del esfuerzo de la administración fiscal, lo que sugiere entonces que el margen de maniobra de la evasión y la elusión fiscales es muy grande, por lo que es necesario agotarlo primero antes de aumentar impuestos.5
Gasto público
Durante 2003 el gasto público federal tuvo incrementos prácticamente en todos los rubros, por los incrementos en los ingresos. El gasto programable, es decir, las erogaciones destinadas a mantener el gasto de operación de los programas y proyectos del sector público, fue el que tuvo el mayor aumento. Pasó de 1,060,772 millones de pesos en 2002 a 1,211,647 millones en 2003, lo que representó un aumento de 9.3% real.
El gasto no programable, compuesto principalmente por los adeudos de ejercicios previos y las participaciones, pasó de 220,804 millones a 241,270 millones (4.5% de aumento real) y el costo financiero de la deuda (intereses y comisiones de la deuda pública más el costo de los programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca) de 178,375 millones a 190,912 millones (2.4% de aumento real).
Gasto programable
Desde la perspectiva de la clasificación económica, el gasto corriente tuvo un incremento importante: en 2002 se destinaron 862,714 millones de pesos mientras que este año se erogaron 1,009,000 millones, es decir, tuvo un incremento real del 11.9%. El gasto corriente incluye 16,188 millones de pesos que se erogaron para cubrir el PSV.6
Como en otros años, el principal rubro que explica el crecimiento del gasto corriente son los servicios personales. Éstos pasaron en un año de 478,172 millones a 533,403 millones, lo que representa un crecimiento real por 6.7%. Nominalmente, el aumento fue por 55,231 millones de pesos, es decir, el crecimiento de la nómina fue mayor que el aumento conjunto del IVA y del ISR. A la CFE, el IMSS, el ISSSTE y al Ramo 33 se destinó la mayor parte de este incremento; no obstante, el Ejecutivo Federal no explica si este fuerte incremento se debió a la creación de nuevas plazas o a cubrir incrementos salariales.
Ya que en los últimos tres años los servicios personales han tenido una expansión sin precedentes, a los que se ha destinado los ingresos adicionales provenientes de las reformas tributarias, durante 2003 se implantó el Programa de Separación Voluntaria. Este programa ofreció liquidaciones mayores a las de ley a los trabajadores para incentivarlos a retirarse del servicio público, en adición a la pensión a la que tuvieran derecho con base en sus años de servicio.
Por ello el Ejecutivo Federal informa que por la aplicación de PSV se logró un ahorro en 2003 de 1,000 millones de pesos derivado de la cancelación de 49,263 plazas; sin embargo, no detalló en cuánto tiempo se reflejará como ahorro el total del desembolso de los 16,188 millones tanto en el pago de la nómina como en los pasivos laborales.
El gasto en inversión física tuvo un crecimiento real del 16%, ubicándose en 177,367 millones de pesos cuando en 2002, se ejercieron 146,276 millones. Sin embargo, una parte importante de estos recursos no se reflejaron en obras públicas nuevas o equipamiento porque se canalizaron a dos fideicomisos que se traducirán posteriormente en proyectos nuevos: al Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra) se canalizaron 5,702 millones de pesos y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), 12,396 millones. Al descontarse estos recursos, la inversión física se ubicó en 159,269 millones, lo que representó un aumento real de apenas 3.1%. En particular, preocupa que la inversión física del Ramo 33, que es la que se destina a infraestructura social como caminos rurales, agua potable, escuelas primarias y saneamiento, fue menor en 5.1% en términos reales que lo ejercido en 2002.7
Gasto no programable
El gasto no programable está compuesto por tres rubros: A) Costo Financiero de la deuda. B) Participaciones a estados y municipios. C) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas).
Durante los últimos años, la estabilidad económica y la reducción de las tasas de interés constituyeron una fuente importante de ahorro de recursos para el sector público federal. Desafortunadamente, parte importante de los ahorros que se generaron en años previos no se reflejaron en un aumento en la inversión sino en gasto corriente.
Sin embargo, dicha fuente se agotó para este año. Por primera vez desde que inició el sexenio el costo financiero tuvo un incremento real de 2.4%, ubicándose en 190,912 millones de pesos cuando en 2002 se ejercieron 178,375 millones.
Las participaciones a entidades y municipios tuvieron un pequeño incremento real de 0.3% porque el Gobierno Federal les descontó un anticipo que les había otorgado en 2002. Cabe aclarar que la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los recursos excedentes por mayores precios de petróleo no se participan a las entidades federativas, lo que constituye una ventana de oportunidad para la Convención Nacional Hacendaria.8 No obstante, durante 2003 se acumuló un excedente por 12,396 millones de pesos principalmente por concepto de mayores derechos por hidrocarburos, que podrán utilizar las entidades federativas en infraestructura.
Finalmente, durante 2003 el Ejecutivo Federal reporta un fuerte incremento en el pago de los Adefas por 157.8% real; éstos pasaron de 5,895 millones de pesos en 2002 a 15,890 millones, lo que sugiere un acto irresponsable del Ejecutivo Federal por haber pasado gastos del año pasado a este ejercicio fiscal, dando lugar a suspicacias.9
Conclusiones
El Ejecutivo utilizó la estrategia de referenciar su propuesta de gasto para 2004 con respecto al cierre esperado de 2003 que traía incorporado los excedentes petroleros para presionar a los legisladores de aumentar impuestos, y con ello no aplicar recortes. Pero si la comparación se hubiera hecho con respecto a lo aprobado por los diputados en 2003, es decir sin incluir los ingresos extraordinarios, su propuesta mostraba que el gasto público estaba aumentando.
La principal causa que impulsa al Ejecutivo Federal a presionar al Congreso de la Unión con sus reformas tributarias tiene su origen en el hecho de que la nómina está "comiéndose" los ahorros y los ingresos adicionales provenientes de una mayor recaudación, de los ingresos petroleros y de la disminución del costo financiero de la deuda.
Los contribuyentes cautivos, especialmente los asalariados, siguen constituyendo la principal fuente de ingresos tributarios del Gobierno Federal.
El Ejecutivo Federal no informó con detalle en cuánto tiempo se reflejará en forma de ahorro el desembolso de los 16,188 que costó el PSV tanto en el pago de la nómina como en los pasivos laborales.
La inversión física tuvo una ligera recuperación por primera vez en esta Administración, pero insuficiente para ayudar a la recuperación económica.
Como las devoluciones de impuestos representan en los hechos un subsidio, aunque de tipo fiscal, éstas deben informarse detalladamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Exhortar al Ejecutivo federal a que documente a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el uso y aplicación de gasto en varios fideicomisos de la cuales no rinde cuentas en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas del Gobierno Federal.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Notas:
1 Véase cuadro 1 del anexo.
2 Otro impuesto que no cumplió con la meta programada
fue el IEPS a los combustibles. Esto porque el régimen fiscal de
PEMEX está diseñado para obtener un nivel relativamente estable
de ingresos cuando varía el precio internacional del petróleo,
de manera que cuando aumentan los ingresos por exportación de crudo
(derechos), disminuye la recaudación del IEPS. Por el contrario,
cuando disminuye el precio internacional, aumenta la recaudación
del IEPS.
3 Véase cuadro 2 del anexo.
4 Véase cuadro 3 del anexo.
5 Un estudio sobre la evasión del IVA elaborado
por el CIDE A.C. la ubicó en un nivel de alrededor de 2% del PIB
para 2001, es decir, unos 120 mil millones de pesos.
6 Véase cuadro 4 del anexo.
7 En 2002 se ejercieron 40,942 millones de pesos y en
2003, 40,638 millones.
8 El Gobierno Federal capta estos excedentes a través
del Aprovechamiento por Rendimientos Excedentes (ARE).
9 Por ejemplo, se hizo esto para no incrementar el déficit
del año pasado, que se vio afectado con el rescate de Banrural.
O previendo un aumento en los ingresos petroleros, se pasaron gastos del
año pasado a este año para reducir los ingresos excedentes
a las entidades federativas y municipios.
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PARTICIPACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A FIN DE QUE EXPLIQUE AMPLIAMENTE CUAL HA SIDO EL MANEJO DE LOS DONATIVOS OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro país, durante mucho tiempo se excluyó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) del proceso de toma de decisiones, particularmente en lo que a formulación e instrumentación de la política ambiental se refiere.
Si bien hubo momentos en los que estas organizaciones tuvieron algún tipo de injerencia en la política ambiental nacional, no fue sino hasta la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que el Gobierno Federal, a través de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca reconoció y permitió su participación tanto en el proceso preparatorio, como en la Conferencia misma.
En esa reunión el gobierno mexicano adoptó el compromiso de fomentar la participación social en la política ambiental. Este quedó plasmado en el principio 10 de la Declaración de Río, que reconoce que "el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda.
Más aún, un resultado importante de esa Conferencia en relación con el papel de las ONG fue el reconocimiento de que para resolver la problemática ambiental, éstas deben participar en la toma de decisiones y aplicación de los instrumentos de política ambiental.
De igual forma se reconoció que la participación de las ONG contribuye a adelgazar las obligaciones del aparato gubernamental al "compartir" la responsabilidad en la toma de decisiones, en la instrumentación de políticas y programas, en la aplicación y cumplimiento de las leyes ambientales.
En ese sentido, la participación de las organizaciones no gubernamentales comenzó a tener un papel más destacado en la política ambiental. Este se fortaleció con las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1996, mediante las cuales se incorporó a la legislación: el acceso a la información, la participación en el proceso de toma de decisiones, los mecanismos de escrutinio público y tutela jurisdiccional, y el interés jurídico tutelado.
No obstante los avances mencionados, la participación de las ONG en la política ambiental plantea nuevos retos. Tal vez uno de los más importantes sea la carencia de recursos económicos que les permita continuar desempeñando las actividades para las cuales se constituyeron: desde actividades de educación hasta proyectos de rescate y conservación de especies.
Si bien es cierto que a nivel internacional existen instituciones que pueden brindar apoyo económico a las ONG ambientales de países en desarrollo como México, muchas de éstas, particularmente las ONG locales, no pueden acceder a estos recursos por la sencilla razón de que los proyectos o actividades que promueven no son del interés de esas instituciones, o porque no reúnen los requisitos solicitados.
A nivel nacional tampoco se cuenta con muchas fuentes de financiamiento para ONG ambientales. Esta situación, sin lugar a duda, contribuye al deterioro ambiental al impedir que la protección de la naturaleza a nivel local se lleve a cabo.
En su momento, una política que se consideró adecuada para que las ONG pudieran cumplir con sus objetivos, fue establecer en las leyes fiscales que estas organizaciones no se considerarían como contribuyentes del impuesto sobre la renta y que podrían recibir donativos deducibles de impuestos.
Otra medida legislativa para aumentar la participación de las ONG en el desarrollo de las políticas públicas, fue el establecimiento de los denominados "donativos" en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
A este respecto, en la actualidad el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2004, establece los requisitos que se deben cumplir para que las dependencias y entidades puedan otorgar donativos, entre los cuales se encuentran: contar con recursos aprobados en sus presupuestos, ser autorizados por el titular de la dependencia o entidad (en este caso adicionalmente por el órgano de gobierno), encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales y que sus principales ingresos no provengan del PEF (los donatarios). También se establece que las dependencias y las entidades apoyadas presupuestariamente no podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos para dichos fines.
El Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente, también establece que las dependencias podrán otorgar donativos en dinero, únicamente cuando contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados y estén comprendidos en su presupuesto aprobado dentro del concepto 7500 "Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado en actividades culturas, deportivas y de ayuda extraordinaria". De igual forma, los donativos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia en forma indelegable, y serán considerados como otorgados por el Gobierno Federal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá por autorizados los donativos en dinero con cargo a sus erogaciones previstas y autorizadas en el PEF que otorguen las entidades, únicamente cuando cuenten con la aprobación del órgano de gobierno y de su dependencia coordinadora de sector, y no se podrán otorgar a favor de beneficiarios cuyos principales ingresos provengan del presupuesto, salvo los casos que permitan expresamente las leyes o cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo autorice. Finalmente el Manual en comento dispone que las dependencias serán responsables de verificar que las adecuaciones presupuestarias al concepto de gasto 7500 no impliquen incrementos en la asignación original en el presupuesto de donativos.
Por lo que respecta a los Lineamientos de Política de Gasto para la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2003, establecen en el punto 3.1.14 que las dependencias y entidades únicamente podrán presupuestar los importes estrictamente necesarios por concepto de donativos a favor de beneficiarios de los sectores social y privado o de aquellos cuyos principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, debiendo considerar la norma que ha regulado este rubro, cuya orientación ha sido la de no incremento a las asignaciones originales aprobadas en el PEF.
A partir del año 2001 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con la partida 7505, y para los años 2001, 2002 y parte de 2003 ha ejercido alrededor de $146 millones de pesos, $38 millones de pesos y $27 millones de pesos, respectivamente.
De acuerdo con información de la Semarnat bajo esta partida se han apoyado numerosos proyectos. No obstante, de un análisis de la misma, se observa una asignación arbitraria de los recursos porque en las "Reglas para la Asignación de Recursos Económicos a las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro a través de la Partida Presupuestal 7505", no especifica la necesidad de contar con los nombres de los miembros de las instituciones que han recibido donativos, y mucho menos con los nombres de las personas que participaron o participan en los proyectos realizados.
Otra preocupación importante es el hecho de que no se conoce el grado de avance o bien el resultado de los proyectos apoyados, sino únicamente los montos asignados.
Por ejemplo, durante los años 2002 y 2003 se han apoyado a organismos como el Consejo Coordinador Empresarial y Fomento Ecológico Banamex. El primero ha recibido más de $2 millones y medio de pesos entre 2002 y 2003; mientras que al segundo se le han asignado alrededor de por lo menos $1 millón y medio de pesos para el mismo periodo.
Al mencionar estos ejemplos no queremos demeritar la loable actuación que realizan estos organismos, sino llamar a su atención el hecho de que en México existen muchas ONG necesitadas de recursos para desarrollar actividades encaminadas a lograr el desarrollo sustentable de sus comunidades, pues como ya se mencionó, el acceso a estos recursos constituye uno de los principales retos de la participación social en los objetivos, planes y programas de la política ambiental nacional.
Esta situación nos invita a cuestionar bajo qué criterios se asignan los donativos a las ONG y a actuar de forma inmediata, toda vez que la normatividad no establece lineamientos claros para las asignaciones de recursos y más aún cuando se están evaluando las asignaciones para años venideros.
Por lo anteriormente expuesto, los senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura sometemos a la consideración de esta honorable ssamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Se cita a comparecer al titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que explique ampliamente cuál ha sido el manejo de los donativos otorgados a lo largo de la administración del Presidente Vicente Fox.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los tres días del mes de marzo de 2004.
Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD A FIN DE QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL DE VIH/SIDA, ASI COMO DEL CASO DE DISCRIMINACION DE LA NIÑA JAZMIN VIDAL DE JESUS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANGEL AGUIRRE RIVERO Y ROGELIO RUEDA SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, legisladores federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter al conocimiento de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
El tema que hoy presentamos es fundamental, porque es momento de refrendar nuestro compromiso por hacer respetar los derechos humanos de las personas que viven con VIH/sida y de reiterar nuestra disposición de colaborar en la prevención y control del VIH/sida, es necesario que todos nos sumemos en esta tarea, que no sólo es de los enfermos ni exclusiva de algún sector, es de todos aquellos preocupados por vivir en un mundo más sano y, sobre todo, respetuoso de los derechos humanos, ya que el VIH/sida es una enfermedad con repercusión social, de tal magnitud y complejidad que ha ido acompañada por otra epidemia, que es el miedo, la estigmatización y la discriminación.
De esta forma, es el respeto a los derechos y a la dignidad de los infectados por esta enfermedad, que no deben pasarse por alto, deben ser una realidad para que puedan hacerlos efectivos, porque mientras los infectados y enfermos continúen sufriendo discriminación y violación de sus derechos humanos, se alejarán cada vez más de las medidas de prevención que se adopten y se volverán más renuentes a recurrir a los sitios donde se les brinda ayuda, por miedo a ser objeto de señalamientos por miembros de la misma sociedad, quienes ante la ignorancia crean falsas suposiciones.
Lamentablemente, sólo nos permitimos reflexionar ante algunos sucesos, en el puerto de Acapulco, la niña de tan sólo 7 años de edad, Jazmín Vidal de Jesús, quien ha perdido a sus padres víctimas del VIH/sida, fue víctima de un acto totalmente reprochable que nos ha indignado y que reprobamos enérgicamente; resulta que esta pequeña contagiada con el virus fue expulsada de la educación preescolar por la directora del plantel, luego de ser presionada por un padre de familia, que hasta donde se sabe es médico militar, que advirtió falsamente que existía en la niña un riesgo de contagio para sus compañeros.
Fue así como intervinieron autoridades de Educación, Salud y Derechos Humanos, tanto estatales como federales, para informar a los padres de familia de la institución educativa, sobre la importancia de no discriminar a ninguna persona con VIH/sida, particularmente a la niña, además de informarles cómo se transmite esta enfermedad, ante estas gestiones se logró la comprensión y el apoyo de los padres de familia, quienes aceptaron que ante la ignorancia sobre esta problemática, cualquiera se encuentra en riesgo de cometer un acto en contra de una persona infectada.
Y no sólo es este caso, ya que existen muchos casos documentados sobre violaciones a los derechos humanos de personas infectadas, incidiendo principalmente la negativa a otorgarles educación y vivienda; la realización de exámenes de detección, sin contar con el consentimiento del interesado; el despido de los trabajadores infectados, así como el rechazo de su solicitud de empleo; el maltrato por parte de algunos profesionales de la salud y en ocasiones la negativa de estos a atender al enfermo.
Considerando que la acción principal contra el VIH/sida es prevenir nuevas infecciones, ¿cómo lograremos esto? si existe el miedo de las personas contagiadas a confesar su enfermedad, al conocer el riesgo de perder su derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a su atención médica, y en algunos casos, perder el cariño de quienes los rodean.
Por ello resulta necesario que el secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, comparezca ante las comisiones del Congreso para que explique qué está haciendo la dependencia su cargo para informar, educar y orientar a la población, acerca del VIH/sida y las formas para prevenir su contagio, pues acontecimientos como el de la discriminación de la niña Jazmín Vidal de Jesús, se deben a la falta de información y difusión por parte de las autoridades de salud.
Ante esta realidad, nuestro compromiso es coadyuvar para lograr campañas de información que ayuden a prevenir el contagio y combatir el virus del VIH/sida, para garantizar que no sean afectados los derechos y la libertad individual de los enfermos.
Por lo antes expuesto, proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico. Se cite a comparecer al secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, ante las comisiones del Congreso para que explique cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para educar y orientar a la población, acerca del VIH/sida y las formas para prevenir su contagio; asimismo que informe sobre los acontecimientos y medidas aplicadas en el caso de discriminación de la niña Jazmín Vidal de Jesús, acontecido en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Diputados: Angel H. Aguirre Rivero, Rogelio H.
Rueda Sánchez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA DETENER EL CANJE DE LOS PAGARES FOBAPROA POR DOCUMENTOS IPAB, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Entre las medidas que adoptó el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro Bancario, Fobaproa, como consecuencia de la crisis financiera 1994-1995, destaca el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), por el cual el Fobaproa adquirió los derechos de flujo de la cartera crediticia con problemas de recuperación, a cambio de inyecciones de capital de los accionistas bancarios.
Con este programa el Fobaproa adquirió los citados derechos de flujo de la cartera por un monto equivalente del doble del que aportaran como capital, compra que se garantizaría mediante la emisión de pagarés con vencimiento a diez años, con una tasa de interés capitalizable trimestralmente e igual en promedio a la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a 91 días en colocación primaria que no podrían ser negociados, cedidos, ni utilizados para operaciones de reporto. Al principio del programa se impuso una sobretasa de 4 a 6% que se iría reduciendo a -1.35% conforme transcurriera el tiempo.
Los bancos que participaron en el PCCC y que sobrevivieron a la crisis son: Banamex, Bancomer-BBV, Bital y Banorte. Estos pagarés no obstante de estar avalados por el Gobierno, representan una deuda o un pasivo contingente, dado que el Congreso de la Unión no ha autorizado como deuda pública este programa.
Las bases de capitalización firmadas entre los bancos y el Fobaproa excluyeron los siguientes créditos cuyos flujos en efectivo no podrían ser transferidos al Fobaproa:
El artículo 5° Transitorio de la LPAB señala como prerrequisito para este efecto, la suscripción de los bancos a contratos de un nuevo programa que sustituyera al PCCC y la realización de una auditoría para verificar si los créditos objeto del programa cumplían los requisitos legales.
Los créditos que no cubrieran requisitos tendrían que ser sustituidos por otros que sí los cubrieran y en el caso de que la responsabilidad de la irregularidad o ilegalidad del crédito fuera atribuible a los bancos, tales créditos debieran ser descontados del monto de los pagarés.
Este fue el contexto de la revisión efectuada por el auditor M. Mackey por instrucciones de la Cámara de Diputados quien lo contrató para revisar a fondo las operaciones del rescate bancario en su conjunto, sin embargo, el propio auditor Mackey señala en su informe que su trabajo no puede ser considerado como una auditoría propiamente dicha dado que tuvo enormes dificultades para revisar las operaciones integralmente.
En los documentos que titula "Banks Reports" hace observaciones muy importantes sobre las operaciones que los bancos pasan al Fobaproa, al grado que se decide ocultar tales documentos. También se han ocultado los documentos denominados "Working Paper" que son la comprobación de sus observaciones.
El hecho de que no se haya recibido toda la información requerida por la Cámara de Diputados imposibilita a que se pueda efectuar la revisión ordenada en el artículo 5° Transitorio de la LPAB, no obstante que el IPAB ya elaboró las "Reglas de Adhesión de los Contratos del Nuevo Programa" que sustituiría al PCCC.
La cuantía de los Pagarés emitidos por el
Fobaproa en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera de
los cuatro bancos que sobrevivieron, se detallan en el cuadro siguiente:
El vencimiento de los Pagarés de Capitalización y Compra de Cartera va de septiembre del 2005 a diciembre del 2006. En septiembre del 2002 vence el 8.2% de los pagarés, en diciembre del 2005 vence el 52.4%, en diciembre del 2006 vence el 23.2%, es decir que durante la LIX Legislatura se concentra el 83.8% del plazo de vencimiento.
Los montos que están implicados en esta operación son muy grandes y su efecto en las finanzas públicas vendría a colocar al país en una mayor vulnerabilidad y un mayor crecimiento del costo fiscal del rescate bancario, cuando la LPAB lo que establece es que las instituciones estarían dedicadas a disminuir dicho costo lo más posible. Los efectos sobre el costo financiero de la deuda serían verdaderamente significativos.
Hemos conocido de las intenciones del Gobierno Federal, en particular de la Secretaría de Hacienda, el IPAB, la CNBV y la SFP de canjear los Pagarés Fobaproa a instrumentos IPAB a espaldas del Congreso. Que dichas instituciones han tenido sendas reuniones con banqueros y que acordaron una "nueva" estrategia para lograr sustituir los pagarés al menor costo económico para los banqueros.
Que para evitar la presión con el Congreso de la Unión, se aplicaría un procedimiento simulando cumplir con el artículo 5° Transitorio de la LPAB aplicando "nuevas auditorías" a los bancos que denominarán Auditorías GEL (De gestión, de Existencia, de Legalidad), mismo nombre con que el IPAB en otro momento quiso cumplir con dicho artículo y que motivó que los banqueros se ampararan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar ser "nuevamente" auditados.
Esta vez la estrategia consistiría en llamar con el mismo nombre otro procedimiento, otras reglas que fueron acordadas entre autoridades y banqueros, a espaldas del Congreso y que llevarían a un costo fiscal de aproximadamente 4 mil millones de pesos, cifra que emana de las observaciones no solventadas ante la Auditoría Superior de la Federación y mismas que se encorchetarían para ser revisadas nuevamente por el IPAB bajo el procedimiento acordado con los banqueros y que denominarían "Revisiones GEL", éstas reducirían todavía más el monto fiscal para ser descontado de los pagarés.
Una vez que se descuenten los montos de los pagarés, se otorgaría un nuevo documento a los banqueros para sustituir el Pagaré Fobaproa. El nuevo documento tendría "plena validez jurídica" y serían pagaderos bajo el esquema de REFINANCIAMIENTOS a cargo del IPAB.
Habría que recordar que en el esquema de refinanciamientos existe un grave conflicto de interés, dado que el IPAB pide créditos a los bancos a tasas de interés mayores donde los bancos tienen un margen de intermediación mayor lo cual está conformando una nueva deuda a costa de las finanzas públicas y que este procedimiento se utiliza justamente para favorecer a las instituciones bancarias dado que el IPAB cuenta con otras formas para hacer pre-pagos como es la emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) que se contratan a tasa Cetes, tasa con la cual se hacen todas las operaciones gubernamentales pero que irregularmente, el IPAB ha preferido solicitar crédito a tasas de interés mayores a los mismos bancos a los cuales les paga con tales créditos.
Absolutamente a toda la sociedad, comenzando por legisladores, autoridades y banqueros nos urge que se resuelva este asunto del PCCC, pero nosotros pugnamos por que se resuelva con transparencia y apegado a la legalidad; que no se propicien nuevos abusos.
En breves días dará inicio el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Ese es el marco para que el Legislativo ponga una solución definitiva a este asunto de los Pagarés Fobaproa. Hasta hoy tanto el Informe Mackey, los hallazgos de Fortunato Alvarez y las observaciones del Auditor Superior de la Federación reflejan sendas irregularidades pero todas ellas y cada una por diferentes razones no han resultado ser un instrumento confiable que sirva para dar transparencia y legalidad a este relevante caso.
Se requiere una auditoría pulcra, incuestionable, que permita aclarar el Programa de Capitalización y Compra de Cartera y resolver definitivamente cuáles créditos deben ser sustituídos y cuáles deben ser descontados.
Por todo lo anteriormente expuesto, se extiende el presente
Punto de Acuerdo
Se hace un exhorto a la Junta de Gobierno del IPAB para que no haga ninguna transacción a espaldas del Congreso, único facultado constitucionalmente para dar el aval a los Pagarés Fobaproa y ser convertidos a deuda pública. Y espere al siguiente periodo de sesiones para que las Cámaras de Diputados y de Senadores decidan lo correspondiente al tema.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LOS SECRETARIOS DE GOBERNACION, DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE SEGURIDAD PUBLICA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANIA SOBRE EL EVENTUAL ENVIO DE ELEMENTOS DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA A LA REPUBLICA DE HAITI, PARA INTEGRARSE A LA FUERZA MULTINACIONAL QUE INTERVIENE EN ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ, A CARGO DEL SENADOR CESAR CAMACHO QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, senador César Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al pleno de esta Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, proporcionen a la brevedad posible información completa y precisa, respecto al eventual envío de elementos de la Policía Federal Preventiva, para sumarse a la fuerza multinacional que contribuirá al mantenimiento de la paz en la República de Haití.
I
Como es del dominio de la opinión pública internacional, en las semanas recientes la República de Haití fue escenario de enfrentamientos entre grupos opositores y fuerzas leales al Presidente Jean-Bertrand Aristide.
La crudeza de las hostilidades que se desataron desde entonces y el avance del bando rebelde, sumados a la presión diplomática de otros países, desembocaron en la salida del Presidente Aristide. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Boniface Alexander, asumió el poder de forma interina -como prevé la Constitución de ese país- anunciando que convocaría a elecciones en los próximos 90 días.
El Consejo de Seguridad de la ONU decidió enviar una fuerza multinacional hasta por tres meses, para hacer regresar la calma al país. Así lo consigna la resolución 15-29, aprobada por unanimidad. Por su parte, a fin de garantizar la seguridad de sus connacionales, Estados Unidos ya había enviado, a esa nación, 200 marines; Francia hizo lo propio para proteger los intereses de sus ciudadanos.
En ese marco, en algunos medios se ventiló que México habría ofrecido colaborar a la integración de dicha fuerza de pacificación, enviando un "grupo de elite" de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Al respecto, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Miguel Hakim, ofreció apoyar a ese país, siempre que su gobierno lo solicitase. Recordó el antecedente de El Salvador, a donde fue enviado, en 1991, un contingente para realizar tareas de capacitación.
II
Los senadores integrantes del grupo parlamentario del PRI, sostenemos que, si bien es cierto que hay antecedentes en los que México ha participado en acciones de salvamento y asistencia en otras naciones, así como en labores humanitarias y en la capacitación de elementos policiales, no es válido equiparar el caso haitiano al salvadoreño.
En El Salvador, elementos policiales mexicanos, que, en efecto, formaron parte de una fuerza multinacional para mantener la paz en esa nación centroamericana, cumplieron su cometido, una vez que se habían firmado ya los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno. Los entonces miembros de la Policía de Caminos, jugaron un papel activo y exitoso en la conformación de la Policía Civil salvadoreña.
En Haití, la ingobernabilidad representa aún un escenario peligroso para cualquier contingente mexicano, al no garantizar su seguridad. Esto podría sentar, además, un precedente para que, en futuras ocasiones, se solicite la presencia de nuestros efectivos en situaciones de conflicto en otras latitudes.
Pero, sobre todo, enviar fuerzas mexicanas a este país, implicaría el abandono de uno de los principios centrales de la política exterior mexicana -la no intervención-, que se ha mantenido, incluso en situaciones críticas y pese a presiones de diversa naturaleza.
En el mismo orden de ideas, no cuenta esta Soberanía con la información que le permita hacerse un juicio sobre las causas que motivaron a la Cancillería a retirar al embajador y cerrar la representación diplomática, lo que más allá de entendibles razones de seguridad, imposibilitó se cumpliera con la tradicional política de asilo.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita a los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, proporcionen a la brevedad, información completa y precisa sobre el eventual envío de elementos de la Policía Federal Preventiva, para sumarse a la fuerza multinacional que contribuirá al mantenimiento de la paz en la República de Haití.
Segundo.- Se solicita al Secretario de Relaciones
Exteriores, exponga y razone los motivos por los que la representación
diplomática fue cerrada, haciendo nugatorio el derecho de asilo
que, eventualmente, se hubiera podido ofrecer a quienes así lo requirieran.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE LA CAIDA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES EN LOS ESTADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MINERVA HERNANDEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La situación actual de las finanzas públicas, refleja un crecimiento económico que supera las expectativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ley de Ingresos, al mantenerse una poca oscilación del precio de petróleo y un sostenido tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar, sin embargo, en la información que la dependencia proporciona a las entidades federativas para el mes de febrero, refleja una disminución en el concepto de los derechos por extracción de petróleo en un 5.46% menos, comparado con lo recaudado para el mes de enero de este mismo ejercicio, hecho que genera incertidumbre y que requiere de una explicación sustancial.
La Ley de Coordinación Fiscal, establece claramente las contribuciones que integran la Recaudación Federal Participable, por lo que Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le ha faltado claridad y transparencia en la determinación de estas cuentas con las respectivas Entidades Federativas.
La información de cifras del comportamiento de la Recaudación Federal Participable que envía la Secretaría, al Congreso de la Unión, no ha sido suficiente ni oportuna, hecho que refleja en nuestras estimaciones, expectativas en la recaudación al no contar con las herramientas necesarias.
En este contexto, la ciudadanía a través del Gobierno Federal también ha mantenido una constante recaudación en el concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, específicamente en el rubro de "gasolinas", mismas que ventilan una caída de 51.62% para el mes febrero del año en curso, comparado con el mismo mes del ejercicio inmediato anterior y que requiere de igual forma, de una explicación en su comportamiento.
Por otro lado cifras del INEGI indican que en el mes diciembre nuestro país colocó mercancías en el extranjero por 14 mil 857 millones de dólares, valor 11.1% mayor al del mismo mes del año anterior.
En tanto, las importaciones de mercancías sumaron en el mes de diciembre 16 mil 63 millones de dólares, 10.2% mayor respecto del cierre anterior. Dentro de las exportaciones destaca que las ventas de productos manufacturados que crecieron 10.2% en el mes de diciembre, contra el mismo mes de un año anterior.
En la estructura de las importaciones el INEGI señala que las compras de bienes intermedios se elevaron 11.9% en el mes de diciembre y 2.1% durante 2003; en tanto, los bienes de consumo observaron un aumento de 8.1% en el lapso diciembre 2002-2003 e incremento acumulado de 1.6 %.
Al observar el crecimiento económico que ha anunciado en diversas ocasiones el Ejecutivo Federal, para este ejercicio, consideramos que la situación será similar y con expectativas de mejora para los primeros meses de este año comparado con el ejercicio de 2003, situación que se contrapone con la disminución del 14.22% en las cifras recaudadas por la Secretaría de Hacienda y participadas hacia las Entidades Federativas en el mes de febrero.
Las contribuciones más importantes para este país han sido el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, su recaudación que continúa en constante crecimiento y permite un breve reflejo de un flujo económico e inflacionario constante en los ingresos de los mexicanos, acto que nuevamente se contrapone a una caída en la recaudación federal participable estimada por la insuficiencia de información que la Secretaría de Hacienda proporciona a cualquier organismo para el mes de febrero de 8,935 millones de pesos, equivalente a un 9.27 % menor a lo esperado.
Como requisito fundamental para la discusión de cualquier tema relacionado con los ingresos públicos, es necesario conocer exactamente cual es el proceso por el cual estos llegan a las arcas nacionales.
Es indispensable una explicación en tiempo, veraz y en estricto apego a la realidad, con transparencia y legalidad, misma que permita reorientar las estrategias económicas emprendidas por esta está Secretaría, en beneficio de la sociedad.
El asunto del federalismo exige por un lado el replanteamiento del pacto fiscal de la Federación con los estados y que la transparencia con la que se opere este pacto fiscal, es determinante para su viabilidad.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, ponga a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente; la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en un plazo no mayor a 15 días del mes de marzo de este año, informe los motivos de la caída de las participaciones federales a los estados, en el mes de febrero, por lo que es urgente tomar las medidas necesarias, que validen permanente la información, para evitar una mayor caída en la recaudación sin criterio alguno, siendo necesario se nos expliquen de manera congruente, la situación actual y real que viven nuestras finanzas públicas.
Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los tres días del mes de marzo de 2004.
Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLUCIONAR EL DESABASTO DE GAS AMONIACO EN LA REGION NORESTE DEL PAIS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS OSCAR FELIX OCHOA Y DAVID HERNANDEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante esta alta tribuna a fin de presentar una proposición con punto de acuerdo para solucionar el desabasto del gas amoniaco en la región noroeste del país.
El abastecimiento del gas amoniaco anhidro, fertilizante básico en la actividad agrícola que demandan los estados del noroeste del país, depende de dos centros embarcadores situados en los puertos de Topolobampo, Sinaloa; y Guaymas, Sonora.
En conjunto, ambos puertos movilizan anualmente alrededor de 250 mil toneladas para atender la demanda de la región.
De esta cifra, 90 por ciento del consumo de amoniaco anhidro utilizado en la actividad agrícola a escala nacional se da en los estados del noroeste del país.
Desde abril de este año se encuentra cerrado el centro embarcador del puerto de Topolobampo, el de mayor capacidad, con 160 mil toneladas anuales. Esto se conjuga con la limitada capacidad del centro de Guaymas, de 90 mil toneladas, lo que ha provocado un virtual colapso en el abasto de ese insumo.
Esa circunstancia, al presentarse prácticamente desde el inicio del ciclo otoño-invierno, el más importante para los estados de Sinaloa, de Sonora y de Baja California, ha desarticulado el proceso productivo agrícola en la región.
Los productores han experimentado graves retrasos en la fertilización de presiembra. Otros se han visto en la necesidad de hacer uso de productos menos apropiados y más contaminantes, como los fertilizantes sólidos.
Tales productos y métodos de fertilización no sólo son de mayor costo por unidad de nitrógeno, sino de menor efectividad agronómica.
La situación de desabasto ha generado el encarecimiento en el mercado de los fertilizantes y del poco amoniaco anhidro que llega procedente de Guaymas.
Al programar y ejecutar el calendario de mantenimiento, no se ha tomando en cuenta que esto coincidiría con el periodo de mayor actividad de las instalaciones y que afectaría una actividad agrícola vital, básica y fuente primordial de empleo para miles de personas en los estados de la región.
Las repercusiones y los costos de esos yerros se endosarán, como siempre, a la factura de los productores. Los retrasos de la siembra, los cambios de las prácticas, significarán menores rendimientos, mayores costos y, por consecuencia, una considerable merma en su rentabilidad y de impacto a los consumidores
Este desabasto, en virtud de que pudo haberse evitado, no puede catalogarse menos que como una negligencia. Los precios del amoniaco anhidro continúan creciendo en forma exponencial. De noviembre de 2002 a noviembre de 2003, año en que el precio ha experimento un aumento de 89 por ciento; es decir, prácticamente el doble en un corto tiempo.
Tan sólo el aumento de este insumo ha repercutido en un incremento de 15 por ciento en los costos totales de producción por hectárea para cultivos como el maíz, y de una caída de 23 por ciento en la rentabilidad de ése y otros cultivos.
Al mismo tiempo, los precios pagados al productor han permanecido inmóviles en términos nominales y, como consecuencia, en declive en términos reales para la cosecha otoño-invierno 2003-2004; el ingreso por tonelada programado para el maíz de Sinaloa será el mismo que el de cosechas pasadas.
El crítico desabasto de amoniaco anhidro en la agricultura de los estados del noroeste del país se traduce en un serio impedimento y trastorno para la competitividad de los productores.
Si a este entorno de desventaja en el suministro oportuno y elevados precios de insumos, deficiencias e insuficiencia en infraestructura agregamos las fuertes discrepancias en los niveles de subsidios respecto a productores de otros países, el futuro no puede ser muy halagüeño para esta actividad.
Por tanto, lo menos que puede pedirse en la situación que aquí denunciamos es que las autoridades, el Gobierno Federal y, en particular, Pemex Petroquímica asuman las responsabilidades de sus actos. Sería una injusticia pretender que unos paguen por los errores u omisiones de ellos.
Existe la imperiosa necesidad de que de manera urgente se regularice el abasto del amoniaco anhidro y que se diseñe un esquema de compensación a los productores por los perjuicios que sean adjudicables al severo desabasto de este producto.
En virtud de los motivos y las consideraciones expuestos, me permito someter a la consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a Pemex Petroquímica acelerar los trabajos de mantenimiento del centro embarcador de amoniaco anhidro en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, para que se culminen con la mayor brevedad. Mientras tanto, se solicita que se definan y tomen medidas complementarias que permitan enfrentar en lo inmediato el desabasto del gas en la región noroeste del país, privilegiando su distribución para las organizaciones de productores.
Segundo. Se solicita a Pemex Petroquímica que realice una evaluación de los daños que el desabasto que prevalece ha provocado a los agricultores de la región y que, con base en dicha evaluación, diseñe, en consenso con los productores y las organizaciones de la región, un mecanismo de compensación vía precio del gas o de otras modalidades, dando con ello cabal cumplimiento a lo acordado en el ANC, que señala la obligación gubernamental de operar un esquema de apoyo del amoníaco a más tardar en diciembre pasado.
En virtud de lo expuesto, solicito que se considere turnar
el presente asunto a la Comisión de Energía, con opinión
de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Recursos Hidráulicos
de la honorable Cámara de Diputados.
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA DISPOSICION, POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, DE LOS RECURSOS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL SAR 92-IMSS ACUMULADOS EN LAS CUENTAS INDIVIDUALES ENTRE MAYO DE 1992 Y JUNIO DE 1997, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ALONSO RAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Mexicano del Seguro Social para que informen sobre la devolución de los fondos acumulados por los trabajadores entre mayo de 1992 y junio de 1997 en las cuentas individuales correspondientes a la Subcuenta de Retiro (SAR-92) de los trabajadores afiliados al IMSS, al tenor de las siguientes consideraciones.
1. El 24 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma y adiciona diversos artículos transitorios de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y otras disposiciones afines, para autorizar al Gobierno Federal a disponer de 19 mil millones de pesos, propiedad de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, acumulados entre mayo de 1992 y junio de 1997 en las cuentas individuales de los trabajadores correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro creado en 1992 y que se mantenían depositados en la Cuenta Concentradora a nombre del IMSS en el Banco de México, en tanto que se llevaban a cabo los procesos de identificación de los titulares para su registro en las cuentas individuales abiertas en las Administradoras de Fondos para el Retiro, Afores.
2. La disposición de dineros propiedad de los trabajadores dispuso que 11 mil millones de peso pasaran a ser "aprovechamientos" para el ejercicio fiscal 2002 como "aportación al patrimonio inicial de la Financiera Rural"; otros 8 mil millones se utilizaron como "aprovechamientos" para el ejercicio fiscal 2003 y que el resto (mil millones de pesos, 5 por ciento del total)se destinarían a un fondo para atender las solicitudes -previa acreditación de documentos- de envío a Afores o pago para los trabadores y/o sus beneficiarios.
3. La celeridad legislativa con que se consumó la expropiación de este patrimonio de los trabajadores no reparó en el hecho de que tal decreto es ilegal al destinar a un fin distinto las cuotas del seguro social según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 1 de julio de 1997 y el artículo 15 de la ley vigente e inconstitucional pues priva a una cantidad aún no especificada de trabajadores del producto de su trabajo y deja al descubierto la ineficiencia del sistema pensionario vigente por el hecho de que haya todavía cuentas individuales del SAR 92 que no puedan ser identificadas claramente. Ello manifiesta los graves problemas de supervisión, control, regulación y administración de los agentes públicos y privados que intervienen en el manejo de los fondos para el retiro de los trabajadores: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Consar, los bancos y la empresa privada concesionaria de la base de datos del sistema (Procesar). Pese a tan manifiestas ineptitudes y arbitrariedades parece inconcebible que el Gobierno Federal mantenga su miopía de ver en esquemas privatizadores la salida al problema de las pensiones de los trabajadores públicos federales y estatales.
A más de un año de aplicación de este inicuo decreto, sigue en la incertidumbre la devolución de fondos del SAR 92 -más intereses- y la transferencia, junto con las cuentas individuales correspondientes. Nuestro grupo parlamentario considera indispensable que el Congreso de la Unión tenga información fidedigna de los resultados de los procedimientos técnico-administrativos para la correcta e inequívoca identificación de los trabajadores titulares de los recursos aludidos y que estos les sean entregados y que una vez agotados estos procesos, en estricta aplicación de la Ley del Seguro Social, se destinen para fines de beneficio colectivo y solidario de sus aportantes, los trabajadores mexicanos, como puede ser la infraestructura y el equipamiento de instalaciones médicas o de guarderías del IMSS.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los legisladores suscritos sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un atento llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que informen al Congreso de la Unión sobre la utilización de los fondos acumulados por los trabajadores entre mayo de 1992 y junio de 1997 en las cuentas individuales correspondientes a la Subcuenta de Retiro (SAR 92) de los trabajadores afiliados al IMSS, precisando, a la fecha, cuántas cuentas individuales han sido identificadas y a cuánto ascienden los recursos devueltos a sus titulares y/o por la entrega de saldos correspondientes a las Administradoras de Fondos para el Retiro.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente, marzo 3, 2004.
Dip. Miguel Alonso Raya
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR PLUS DEL IMSS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSE MANUEL ABDALA DE LA FUENTE Y CARLOS FLORES RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados por el estado de Tamaulipas, con fundamentos en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
I. Que Nuevo Laredo es una ciudad considerada punta de lanza en el comercio mundial, al ser una de las aduanas fronterizas más importantes de Latinoamérica.
II. Que por tal motivo la población crece a pasos agigantados, sobre todo en las colonias del poniente de la ciudad, en donde se requiere sin duda alguna la construcción por acercamiento de una unidad médica familiar.
III. Que el delegado regional del IMSS en Tamaulipas, licenciado Eduardo Luque Altamirano, en el oficio 290/072000 manifestó que lo que se requiere es una unidad médica familiar de 10 consultorios con las características de la UMF plus ubicándola específicamente en el poniente de la ciudad, donde efectivamente el crecimiento poblacional se ha incrementado en los últimos años, señalando que esta delegación ya inició gestiones para que se considere en el programa de obra 2004, siempre y cuando exista presupuesto.
IV. Que el jefe del Departamento, Conservación
y Servicios Generales, ingeniero Francisco Delgado Mendiola, bajo el número
de oficio 29112611100-29-02/
000687, solicitó de manera muy atenta, que a fin
de hacer posible la construcción de dicha unidad médica se
efectué la donación de un terreno con las características
de 18,000.00 m2 para dar inicio a los trámites correspondientes.
V. Que el honorable ayuntamiento y el cabildo de Nuevo Laredo el pasado 24 de febrero del presente año acordaron la donación de un terreno con las especificaciones requeridas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo cual se ha enviado para su trámite legal ante el Congreso del estado para conseguir la donación a título gratuito del predio para dicho organismo.
VI. Que las colonias más pobladas se encuentran en el poniente de Nuevo Laredo, con distancias aproximadas de entre 10 y 12 kilómetros del centro de la cuidad donde se ubican otras clínicas para atención.
VII. Que Nuevo Laredo cuenta con casi 210,000 derechohabientes al Seguro Social, asegurados totales: 70,400, con una cobranza oportuna del 85% de 4,500 patrones y con un 99% de cobranza al segundo mes.
VIII. Que en este trabajo están involucrados tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal, asociaciones civiles y el propio Instituto, con el único fin de garantizar mejores atenciones médicas a la población necesitada.
Por lo antes expuesto, me permito presentar a esta Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que destine los recursos necesarios a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y que se pueda realizar este proyecto importante para los pobladores de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Segundo: Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta soberanía sobre el monto de los recursos que se destinarán y que se solicitan en el primer resolutivo.
Dip. José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA PROBLEMATICA DE LA CONTAMINACION DE LA BAHIA DE SANTA LUCIA DEL PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 15 de octubre del año 2003 la Comisión Permanente de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero presentó un acuerdo parlamentario relacionado con la problemática ambiental de la bahía de Santa Lucía del puerto y ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero. En especial con relación a los riegos de contaminación que implicaba el posible hundimiento de las embarcaciones denominadas "Yate Acapulco" y "Yate Hawaiano" varadas en la mencionada bahía.
El citado acuerdo parlamentario exhortaba a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, del estado de Guerrero y al Cabildo del honorable Ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como dependencias como la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República para que intervinieran en el ámbito de sus competencias en la solución de la problemática mencionada.
Igualmente se solicitaba que la cámaras de Senadores y de Diputados al Congreso de la Unión tuvieran conocimiento e intervención en la solución de la problemática expuesta.
Al recibir este acuerdo parlamentario del Congreso del estado de Guerrero, el 16 de diciembre del 2003, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, lo remite a la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento. En mi calidad de integrante de dicha Comisión me es turnado el mencionado punto de acuerdo para mi conocimiento.
Lamentablemente, se tiene conocimiento de que el viernes 16 de enero del presente año el yate Acapulco se hundió finalmente en la bahía de Santa Lucía del puerto de Acapulco. Considero, es necesario realizar una evaluación sobre las causas de dicho hundimiento, así como las medidas tomadas al respecto por las instituciones responsables, en especial del orden federal para atender dicha contingencia. Igualmente, se debe conocer los posibles riesgos y la situación actual que guarda el yate Hawaiano. Es necesario, además conocer el estado que en que se encuentra la bahía de Santa Lucía, no solo por la situación de estos yates, sino también por los problemas relacionados con la calidad de sus aguas en general, así como las estrategias y acciones que se están realizando para atender cualquier posible problema que contribuya al deterioro de la bahía.
En dicho sentido, se tiene conocimiento y existen solicitudes de grupos de pescadores y organizaciones ambientalistas, entre otros actores locales, para que se atienda no solo la problemática ecológica de la bahía de Santa Lucía, sino también la que guardan las lagunas costeras adyacentes a la bahía, que son las de Tres Palos, la de Pie de la Cuesta o Coyuca, y la Negra.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Que se integre un grupo de diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para visitar el puerto y ciudad de Acapulco. El propósito fundamental de dicha visita de trabajo será conocer el estado que guarda la bahía de Santa Lucía, incluyendo además las lagunas costeras de Tres Palos, Pie de la Cuesta y Negra, así como los problemas relacionados con la calidad de sus aguas en general. Se pretende estar al tanto de las estrategias y acciones que se están realizando para atender los problemas que contribuyen al deterioro de la bahía y las mencionadas lagunas. Con dichos elementos, y en el ámbito de sus atribuciones, se buscará contribuir por parte de esta H. Cámara de Diputados a la solución de la problemática planteada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo de 2004.
Dip. María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE MEDIANTE EL EJECUTIVO FEDERAL SE SOLICITE A ESTADOS UNIDOS DE AMERICA QUE NO SE EJECUTE A NINGUN MEXICANO SENTENCIADO A LA PENA DE MUERTE HASTA QUE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA RESUELVA DE FONDO LA DENUNCIA QUE NUESTRO PAIS PRESENTO SOBRE EL TEMA, A CARGO DEL SENADOR SADOT SANCHEZ CARREÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El pasado 17 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación de nuestro connacional Osvaldo Torres, quien fuera arrestado en Oklahoma en 1993 por asesinato.
No obstante que el señor Torres, en 1999 presentó una petición de habeas corpus bajo el argumento de que las autoridades estadounidenses que lo arrestaron no le notificaron sus derechos bajo la Convención de Viena y tampoco informaron de dicho arresto al Consulado mexicano, no procedió su apelación, primero ante un Juez Federal y posteriormente ante la Corte de Apelaciones, por lo que fue sentenciado a la pena de muerte.
Por tal razón, nuestro Gobierno apoyó la apelación del señor Torres ante la Corte Suprema y presentó un caso por separado ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Holanda, bajo el argumento de que Estados Unidos violó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Asimismo, uno de los magistrados de la Corte de Apelaciones, el juez Stephen Breyer, disintió con el fallo emitido en noviembre y manifestó que la Corte Suprema debía postergar acciones en torno a la apelación de nuestro connacional, en tanto que la Corte Internacional de Justicia decida sobre el caso presentado por México.
Abundando, y lo cito textual: "dadas las implicaciones internacionales de los asuntos surgidos, creo que son necesarios más información, análisis y consideración".
Por su parte, el juez John Paul Stevens emitió una opinión por separado expresando su preocupación, e igualmente lo cito de manera textual: "seguramente es razonable suponer que la mayoría de los extranjeros no conocen las disposiciones de la Convención de Viena, así como, según parece, muchos fiscales locales".
A pesar de todos estos argumentos, la Corte de Apelaciones de Oklahoma, decidió fijar una fecha de ejecución en contra de Osvaldo Torres para el 18 de mayo próximo, sin considerar que la Corte Internacional de Justicia había decretado medidas provisionales a favor de nuestro connacional, dentro del caso Avena y otros nacionales mexicanos México vs. EU iniciado por nuestro país ante dicho tribunal.
En este punto, debemos recordar que ese litigio fue interpuesto contra Estados Unidos por violaciones al artículo 63 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y que de obtenerse un fallo favorable, México conseguiría que 52 connacionales condenados a muerte tengan un nuevo proceso, anulándose los juicios con los que se les castigó con la pena más drástica.
Compañeras y compañeros diputados y senadores:
Los legisladores del Revolucionario Institucional, hemos sostenido invariablemente que este relevante juicio, debe sin lugar a dudas verse como una causa del Estado mexicano y no del gobierno.
Que tenemos claridad en lo que persigue en él, que es que se obligue a Estados Unidos a volver al momento previo a las sentencias y que se realicen nuevos juicios.
No fue casual que a través de las medidas adoptadas en forma unánime por la Corte Internacional de Justicia, que en febrero de 2003 el máximo tribunal internacional haya decretado acciones precautorias con las que ordenó a Estados Unidos que ninguna ejecución podía llevarse a cabo, incluidas las de Osvaldo Torres, y de otros dos mexicanos que se encuentran en la misma situación, hasta que la Corte rinda su fallo definitivo.
Por ello, la arbitraria decisión de la Corte de Apelaciones, es por decir lo menos, intencionalmente violatoria de la orden de la CIJ, y se da sin tomar en cuenta que el abogado defensor del señor Torres, así como el propio abogado general de Oklahoma, presentaron dos mociones solicitando al citado tribunal sin restricciones ni interpretaciones de cualquier índole, acatar lo dispuesto por la CIJ; además de que el Gobierno de México se unió a dicha petición mediante una carta dirigida por nuestro embajador en Washington al tribunal estatal.
Sabemos que prácticamente en todos los casos de los mexicanos sentenciados a muerte en los Estados Unidos, como este que hoy nos ocupa, las autoridades que realizaron la detención no informaron a los detenidos de su derecho a ponerse en contacto con los representantes de su consulado.
Sabemos también que, como consecuencia de esta práctica indebida, los ciudadanos mexicanos, enfrentados a un sistema judicial con que no están familiarizados, han sido juzgados y condenados a muerte sin poder beneficiarse del apoyo crucial de las autoridades de su país.
De ahí que el manifiesto incumplimiento por parte de las cortes estadounidenses de sus obligaciones internacionales al ignorar los decretos de la Corte Internacional de Justicia sea una cuestión que a los priístas nos genera una preocupación legítima y cada vez mayor, situación que condenamos enérgicamente.
La poco ortodoxa manera de interpretar las leyes internacionales y la aplicación de las mismas a conveniencia, por parte de las autoridades estadounidenses, pueda minar la integridad del derecho internacional y poner en peligro los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos extranjeros detenidos en todo el mundo.
Por todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82 de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Ante la lamentable decisión de la Corte de Apelaciones de Oklahoma de fijar una fecha de ejecución en contra del señor Osvaldo Torres, para el 18 de mayo próximo, sin considerar que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, había decretado medidas provisionales a favor de nuestro connacional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consciente del ineludible compromiso que todos los Legisladores mantienen con los mexicanos que atraviesan por el duro trance de que se les aplique la pena de muerte en los Estados Unidos de América, o en otros países, reafirma su firme intención por continuar, por todos los medios legales a su alcance, apoyando su defensa a fin de que se respeten sus derechos procesales fundamentales, garantizados por instrumentos internacionales.
Segundo. De igual manera, se suma a la enérgica condena que ya ha expresado el Gobierno Federal por la decisión de la Corte de Apelaciones de Oklahoma, a la vez que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que oficialice por la vía diplomática, el llamado que hizo el pasado lunes 1 de marzo a las autoridades federales de Estados Unidos, con objeto de que de inmediato tomen las medidas tendientes a proteger la vida del señor Osvaldo Torres, cumpliendo con lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente,
a 3 de marzo de 2004.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE EXHORTE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A ENVIAR INFORMACION DETALLADA SOBRE EL CIERRE DE CUATRO MIL EMPRESAS DURANTE EL AÑO 2003, A CARGO DEL SENADOR FERNANDO GOMEZ ESPARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Entramos a la última fase del primer trimestre del año y la mala conducción de la economía mexicana continúa haciendo mella sobre los mexicanos. La pobrísima expansión de la actividad económica, la más baja desde hace 50 años, en la primera mitad de esta administración no ha sido gratis, nos ha costado y mucho.
La gestión ineficaz de este gobierno saltó a la luz una vez más al escuchar las recientes declaraciones del Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, Sergio García de Alba, en el sentido de que durante el 2003 dejaron de operar alrededor de 4 mil empresas en el país.
Resulta que con base en la afiliación de patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en diciembre de 2002 existían 811 mil 244 establecimientos. Un año después, sólo se contabilizaron 807 mil 655 patrones. Esta diferencia, que asciende a casi 4 mil patrones registrados son las empresas que cerraron el año pasado.
Con estos datos entendemos ahora muy bien porque el empleo se encuentra en una situación tan delicada, por más que el Presidente diga lo contrario.
Comprendemos también con claridad porque la gente se encuentra tan desesperada y exige trabajo, una fuente de ingreso, aunque el Presidente pida aplausos en lugar de rechiflas en sus ya distorsionados discursos que nos tiene acostumbrados.
Esta perfectamente claro: la nula capacidad para generar crecimiento se ha traducido en el cierre de empresas, mismas que arrastran consigo a trabajadores y a sus familias. Así de sencillo es el diagnóstico.
Lo que nos sorprende de sobremanera es que el Ejecutivo siga empecinado en decir que el país avanza, que tiene rumbo, que tiene destino.
Es por demás inaceptable escuchar que a la mitad del camino se han logrado hechos contundentes y que vamos en la dirección correcta.
Y no se trata de llevar la contra nada más porque sí, como muchas veces se nos achaca. Ahí están las cifras que hablan de una realidad totalmente distinta a las que se refiere el Ejecutivo.
En este sentido, habría que hacer una clara distinción. La información sobre el desafortunado cierre de empresas proviene de las fuentes oficiales, de adentro, del propio gobierno y su equipo de trabajo.
En razón de esto, compañeras y compañeros legisladores, es evidente que se está haciendo una evaluación errónea de los grandes problemas nacionales.
Porque de otra manera no entendemos que Fox diga que los obreros están mejor que antes cuando los datos dicen todo lo contrario.
El sector manufacturero y la industria maquiladora son claros ejemplos. Una caída del empleo del -3.9 y -1.2 por ciento, respectivamente, en el 2003, nos hablan de otra situación muy diferente a la que se refiere el propio Ejecutivo.
No hay duda de que el gobierno no ha logrado entender la problemática de nuestro país. No se puede decir que los trabajadores están mejor antes cuando la tasa de desempleo es la más alta de los últimos siete años o cuando la informalidad está alcanzando niveles sin precedentes, o bien cuando el universo de empleados sin ningún tipo de prestaciones está llegando a comparativos inusitados.
El discurso de la estabilidad macroeconómica para justificar la falta de resultados está ya muy gastado, es ya a todas luces inefectivo.
Sí, es cierto que tenemos los niveles de inflación y las tasas de interés más bajas de la historia. Pero, déjenme decirles, compañeros legisladores, que sin crecimiento, sin empleo, sin crédito y con cierre masivo de empresas, esta estabilidad pasa a segundo plano, simplemente no sirve porque no es aprovechada.
La obsesión de este gobierno por una macroeconomía estable nos tiene realmente preocupados. Tal parece que la conducción del país hacia este punto se ha vuelto la única política económica de esta administración.
Hoy tenemos una gran estabilidad. Hasta en el PIB. Vaya que es estable, tan estable que no se mueve.
Las propuestas de solución las hemos presentado en esta tribuna muchas veces y las seguiremos dando tantas veces más como sea necesario. Hay que mirar al impulso de la inversión, a la reactivación del mercado interno, a la promoción de la competitividad y al fomento de las exportaciones.
No es posible y justificable que la inversión durante estos tres años haya caído casi 3 por ciento. Mientras no se recuperen los niveles de crecimiento de este importante detonador de la economía, continuaremos con el pobre desempeño del país que hemos vivido este trienio.
Mientras no se otorguen los incentivos para evitar el cierre tan desmedido de establecimientos, no veremos un mejor país y mucho menos veremos una clara recuperación del empleo.
Aquí están, pues, los focos de alerta sobre los que hay que ir y actuar en consecuencia.
Aquí está, una vez más, nuestro llamado al Secretario de Economía, al Secretario del Trabajo y al propio Ejecutivo para que se atiendan estos asuntos.
Para que se dé cauce, para que se vea acción, para que el gobierno deje ya la inmovilidad y se ponga a trabajar sobre los aspectos que pueden dar a México un crecimiento sano y sostenible.
Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 82 de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Economía, a través del Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, para que de manera responsable y oportuna nos envíe la información detallada sobre el cierre masivo de 4 mil empresas durante el año pasado, así como la política de fomento que llevará a cabo para revertir esta tendencia.
Es para todos los legisladores, fundamental contar con
dicha información. Es de suma relevancia para el Congreso tener
los elementos necesarios para poder analizar y, por consiguiente, contribuir
al remedio de los problemas que aquejan a este sector.
El que suscribe, Carlos Flores Rico, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación a emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción X bis del artículo 34, para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en la sesión del 23 de octubre de 2003.
Antecedentes
En noviembre de 2000, el Pleno de esta Cámara aprobó reformas de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; entre ellas, una que determinaba que el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad (Fonaes) dejara de ser una institución coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social y pasara a formar parte de la estructura en la Secretaría de Economía.
El pasado 23 de octubre de 2003, en nombre de diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos presentó ante el Pleno la iniciativa en que propone que el Fonaes se reintegre a la Secretaría de Desarrollo Social y se desincorpore de la Secretaria de Economía. Fue turnada a la Comisión de Gobernación para su dictamen correspondiente.
La iniciativa argumenta que, desde su creación, el Fonaes tuvo como finalidad "... apoyar las empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas y rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación y evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para destinarlos a los mismos fines..."
De acuerdo con lo manifestado en la iniciativa con proyecto de decreto, el Fonaes "tiene que ver más con una función social que con una visión meramente económica, además de ser una institución que aborda el problema de la pobreza y de la marginación con una propuesta que busca combatir las causas que generan la exclusión y marginación de amplios sectores".
Por lo anterior, muchos diputados consideramos que el Fonaes no cumple hoy día la función social que se le encomendó, pues la actual administración y la secretaría a que se encuentra adscrito no tiene como atribuciones tareas de organización y apoyo al segmento de la población que originalmente atendía.
Coincidimos con nuestros compañeros diputados que presentaron la iniciativa en el sentido de que es pertinente efectuar la reforma legal para que el Fonaes y las actividades que realiza regresen al ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual no debió salir, haberlo hecho fue un grave error que resulta necesario enmendar.
Como se mencionó, la iniciativa con proyecto de decreto propone derogar la fracción X bis del artículo 34, para ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 32
A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
VIII. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación y evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a lo mismos fines, así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y de los municipales, y con la participación de los sectores social y privado;
IX. a XVII. ...
Unico. Se excite a la Comisión de Gobernación a efecto que con la mayor brevedad haga llegar al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto referido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2004.
Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica)
A su reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 3 de marzo, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA TERCERA COMISION DE LA COMISION PERMANENTE
A su reunión con el ingeniero José María Zubiría Maqueo, jefe del SAT, y el licenciado Jonathan Davis Arzac, presidente de la CNBV, que se llevará a cabo el miércoles 3 de marzo, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
En la reunión se tratará el tema: Las condiciones tributarias de la venta de las acciones de Bancomer a BBVA.
Atentamente
Sen. Héctor Larios Córdova
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión de trabajo con una comisión del Parlamento danés, que tendrá verificativo el miércoles 3 de marzo, a las 13 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión ordinaria, que tendrá verificativo el miércoles 3 de marzo, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE GOBERNACION
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se efectuará el miércoles 3 de marzo, a las 18 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio D, tercer nivel).
Orden del Día
4. Presentación de los proyectos de dictamen siguientes:
a) Dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley
General de Bienes Nacionales;
b) Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman
el primer párrafo del artículo 32, el segundo párrafo
del artículo 33 y el artículo 36; y se adicionan los párrafos
segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el orden de los subsecuentes,
del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil; y
c) Dictamen con proyecto de decreto que deroga la fracción
I del artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental.
5. Anteproyecto de dictamen con proyecto de decreto para
conmemorar el trigésimo aniversario de la creación de los
estados de Baja California Sur y de Quintana Roo.
6. Calendarización de actividades de la Comisión.
7. Asuntos varios.
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva con los titulares de las áreas Jurídica y de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se efectuará el jueves 4 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A la reunión de instalación de la Subcomisión Específica para la Reforma al Artículo 73 Constitucional, relativa a la concurrencia de la Federación, estados y municipios en materia de pesca y acuacultura, que se realizará el jueves 4 de marzo, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio D.
Orden del Día
DE LA COMISION DE GOBERNACION
A su sesión plenaria, que se realizará el jueves 4 de marzo, a las 17 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio D, tercer nivel).
Orden del Día
4. Presentación y, en su caso, aprobación
de los proyectos de dictamen siguientes:
a) Dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley
General de Bienes Nacionales;
b) Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman
el primer párrafo del artículo 32, el segundo párrafo
del artículo 33 y el artículo 36; y se adicionan los párrafos
segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el orden de los subsecuentes,
del artículo 32 de la Ley General de Protección Civil; y
c) Dictamen con proyecto de decreto que deroga la fracción
I del artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental.
5. Anteproyecto de dictamen con proyecto de decreto para
conmemorar el trigésimo aniversario de la creación de los
estados de Baja California Sur y de Quintana Roo.
6. Asuntos varios.
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la sexta reunión del Parlamento de Mujeres de México 2004, que se realizará el viernes 5 y el sábado 6 de marzo.
Las Comisiones de Equidad y Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión Bicamaral Parlamento de mujeres de México, con fundamento en los artículo 7, inciso a), 15, 16 y 17 del Reglamento de Mujeres de México, con la participación de la sociedad civil, considerando
Que México ha establecido acuerdos, tratados y convenciones internacionales para fortalecer el ejercicio y disfrute pleno de los derechos humanos de las mujeres.
Que existe el compromiso de las legisladoras de dar continuidad a los pactos políticos firmados entre mujeres.
Que es necesario consolidar la transversalidad de la perspectiva de género en todos los aspectos de la vida nacional.
Que se han cumplido 50 años del reconocimiento del sufragio femenino.
A las mujeres mexicanas; las legisladoras federales y locales; las servidoras y funcionarias públicas; las empresarias, indígenas, campesinas, feminista, a aquellas dedicadas a la literatura y las artes; los partidos políticos; a las organizaciones civiles, gremiales, políticas y sociales; las instituciones académicas y las que atiendan asuntos de género; los medios de comunicación, y a toda persona interesada, a participar en la
Sexta Reunión Anual del Parlamento de Mujeres de México, 2004
Que se llevará a cabo los días 5 y 6 de marzo de 2004, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
El evento dará inicio el 5 de marzo a las 8 horas, en avenida Congreso de la Unión, No. 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, México, DF, CP 15969.
Objetivo
Definir las prioridades de la agenda legislativa en materia de equidad de género para la LIX Legislatura federal, fortaleciendo los vínculos entre sociedad civil y legisladoras.
Ejes Temáticos para las Mesas de Trabajo
Mesa 1. Hacienda Pública con perspectiva de
género.
1.1 Reforma Fiscal y Hacendaria.
1.2 Ley de Ingresos.
1.3 Presupuesto de Egresos.
1.4 Cuenta Pública.
Mesa 2. Procuración y administración
de justicia con equidad de género.
2.1 Reforma al Poder Judicial con perspectiva de género.
2.2 Democratización y modernización del
aparato de justicia.
2.3 Sistema penitenciario y de readaptación social.
2.4 Violencia sistémica contra las mujeres.
Mesa 3. Acciones afirmativas para el empoderamiento
de las mujeres.
3.1 En la participación política.
3.2 En la administración pública.
3.3 En la política social.
Mesa 4. Transversalidad de la perspectiva de género.
4.1 Instrumentos para la transversalidad de la perspectiva
de género.
4.2 Institutos de las mujeres: retos y perspectivas.
4.3 Incorporación de la perspectiva de género
en el Poder Legislativo.
Mesa 5. Reformas estructurales y equidad de género.
5.1 Acuerdos y tratados comerciales.
5.2 Reforma energética.
5.3 Reforma laboral.
5.4 Sistema de pensiones y jubilaciones.
5.5 Reforma a los sistemas de salud y educativo.
5.6 Reforma al sistema agropecuario.
5.7 Mujeres migrantes.
Mesa 6. Fortalecimiento, evaluación y cumplimiento
de los compromisos internacionales por la equidad de género.
6.1 Plataforma de la IV Conferencia Mundial de la Mujer
de Beijin.
6.2 Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo del Cairo.
6.3. Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres CDAW.
6.4 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Belem do Pará.
6.5 Convenios signados por México con la Organización
Internacional del Trabajo.
6.6 Impulso a la Convención Interamericana Sobre
Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nota: Para las mesas de trabajo se contará con la participación de conferencistas especializados.
Bases
Primera. La Sexta Reunión Anual del Parlamento de Mujeres de México 2004 se realizará con base en mesas de trabajo y a través de la inscripción de ponencias.
Segunda. Las ponencias corresponderán a los asuntos referidos en los ejes temáticos de esta convocatoria.
Tercera. El contenido de las ponencias deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
3. Las ponencias deberán presentarse en original,
copia y versión electrónica, anexando una hoja en la que
se especifiquen los siguientes datos:
a) Nombre de la (el) ponente;
b) Institución u organización a la que
pertenezca, así como cargo en la misma (en su caso);
c) Mesa de trabajo en la que desea participar;
d) Teléfono para contacto;
e) Dirección indicada para recibir correspondencia.
4. Las ponencias tendrán un extensión no
mayor a 10 cuartillas.
5. La lectura de las ponencias durante el Parlamento
de Mujeres de México 2004 se dará conforme al reglamento
aprobado para la realización de la 5ª reunión anual,
que establece un tiempo de 3 minutos para la exposición.
6. El formato de la cuartilla para la presentación
de las ponencias se ajustará, de preferencia, a las siguientes especificaciones:
Documentos elaborados en computadora: 29 líneas,
con interlineado de 1.5 espacios; letra Times New Roman de 12 puntos
Documentos mecanográficos: 25 líneas
de 65 golpes cada una, con interlineado a doble espacio.
Quinta. La inscripción de participantes y el registro de sus ponencias se llevará a cabo de manera directa o a través de correo electrónico u ordinario, en las oficinas de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores, ubicada en la siguiente dirección: Reforma No. 10, Torre Caballito, piso 30, oficina 12, así como piso 13, oficina 9; colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, México, DF, CP 06030, teléfonos (01) (55) 53 45 30 00, extensiones 5133, 5155, 3077, 3078, 3889; del interior de la República, sin costo, 01 800 50 10 810, extensiones 5133, 5155, 3077, 3078. Correo electrónico: parlamento2004@senado.gob.mx
Los horarios de atención a las participantes así como de recepción de ponencias serán de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Sexta. El registro de las participantes se llevará a cabo el día 5 de marzo en las mesas que para tal fin se instalarán en el vestíbulo principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, de 8:00 a 10:00 horas.
Séptima. Lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por la Comisión Bicamaral Parlamento de Mujeres de México.
Asimismo, la Comisión Bicamaral Parlamento de Mujeres de México invita a las Comisiones de Gobierno, de Equidad y Género y/o Asuntos de la Mujer de los Congresos locales, a realizar Parlamentos estatales previos al evento nacional.
Atentamente
Comisión Bicamaral
Parlamento de Mujeres de México
Senadora Rita María Esquivel Reyes
Presidenta
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo
Vicepresidenta
Senadora Aracely Escalante Jaso
Integrante
Senadora Ma. del Carmen Ramírez García
Integrante
Senadora Addy Joaquín Coldwell
Integrante
Senadora Martha Tamayo Morales
Integrante
Senadora Lucero Saldaña Pérez
Integrante
Senadora Micaela Aguilar González
Integrante
Senador Rafael G. Morgan Alvarez
Integrante
Senadora Leticia Burgos Ochoa
Integrante
Diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa
Integrante
Diputada Margarita Martínez López
Integrante
Diputada Esthela Ponce Beltrán
Integrante
Diputada María Elena Orantes López
Integrante
Diputada Blanca Eppen Canales
Integrante
Diputada Patricia Flores Fuentes
Integrante
Diputada Martha Lucía Mícher Camarena
Integrante
Diputada Angélica de la Peña Gómez
Integrante
DE LA TERCERA COMISION DE LA COMISION PERMANENTE
A la comparecencia del secretario de Economía, licenciado Fernando Canales Clariond, que se realizará el miércoles 10 de marzo, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
En la reunión se tratará el tema: Programa de Microfinanciamiento y del Empleo.
Atentamente
Sen. Héctor Larios Córdova
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
A los cursos de la Maestría en Derecho Constitucional y Parlamentario, impartidos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que iniciaron el lunes 16 de febrero de 2004.
Lunes
Impartirá el maestro Arturo Berumen Campos la
cátedra Epistemología jurídica, de 7:00 a 10:00
a.m., en el Aula Magna del Centro de Capacitación, ubicada en el
edificio F, planta baja.
Martes
Impartirá el doctor Oscar Correas Vázquez
la cátedra Sociología jurídica, de 7:00 a 10:00
a.m., en el Aula Magna del Centro de Capacitación, ubicada en el
edificio F, planta baja.
Miércoles
Impartirá el doctor Juan Antonio Cruz Parcero
la cátedra Teoría jurídica contemporánea
I, de 7:00 a 10:00 a.m., en el Aula Magna del Centro de Capacitación,
ubicada en el edificio F, planta baja.
Jueves
Impartirá la doctora Elssie Núñez
Carpizo la cátedra Seminario de tesis, de 7:00 a 10:00 a.m.,
en el Aula Magna del Centro de Capacitación, ubicada en el edificio
F,
planta baja.
Viernes
Impartirá el doctor Sergio Márquez Rábago
la cátedra Estructura política del Estado mexicano,
de 7:00 a 10:00 a.m., en el Aula Magna del Centro de Capacitación,
ubicada en el edificio F, planta baja.