Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1437, miércoles 18 de febrero de 2004

Proyecto de Acta

De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que se someterá a consideración de la Asamblea el miércoles 18 de febrero de 2004.

Comunicaciones

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
De los Congresos de Coahuila y San Luis Potosí.
Del Auditor Superior de la Federación.

Iniciativas

De Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas; y de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado Angel Paulino Canul Pacab, del grupo parlamentario del PRI.

Que adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM.

De Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del PRI.

Oficios

Del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que remite el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2003, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social.
De la Secretaría de Gobernación, tres con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
De la Secretaría de Gobernación, cinco con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite la terna propuesta por el Presidente de la República para la designación de un Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario.
De la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ricardo Francisco García Cervantes, pueda aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz de Placa de Plata que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
De la Secretaría de Gobernación, cuatro por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista, José Ramón de la Santísima Trinidad Mantilla y González de la Llave, Paulino López Bernal y Bernhard Wilhelm Tetzlaff Von Wobeser Hoepfner puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

De la Secretaría de Gobernación, dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros y se comunica que otros han dejado de proporcionarlos.
De la Secretaría de Gobernación, quince con los que remite hojas de servicio de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicitudes

De la ciudadana Fabiola Margarita Solís Aguinaco, quien solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos en México.

Dictámenes

De la Segunda Comisión, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo del 2004, a fin de que realice una visita de trabajo a Crawford, Texas, Estados Unidos de América.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Isabel Castillo González, Miren Carmele Pérez-Aguirre Salvarrey, Rubén Hernández Aguilar, Rafael Avila Rosales e Ignacio Linares Zavala para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de España.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Francisco Nicolás González Díaz, Jorge Pulido Vázquez, Felipe de Jesús Rosete Vázquez, Gustavo Carvajal Moreno y Fernando Estrada Sámano para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba para desempeñar el cargo de consul honorario de la República de Mongolia en México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Capitán de Navío Diplomado de Estado Mayor Carlos Mejía Tejeda, para aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Mario de la O Almazán para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

Presupuestos

La Cámara de Senadores, para los efectos del inciso g) del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remite los Presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos, ejercidos en los meses de diciembre de 2003 y enero de 2004 y para el mes de febrero del año en curso.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que realice las acciones necesarias para fomentar la coedición entre el Gobierno Federal y la industria editorial mexicana, a cargo del senador Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del PAN.
Con punto de acuerdo, para que la partida asignada al seguro de gastos médicos de los altos mandos de los tres Poderes de la Unión y de los órganos autónomos pase al ISSSTE, etiquetada para la compra de prótesis y medicinas, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en su caso, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria, ejerza su facultad rectora respecto del sistema bancario mexicano y sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por la venta anunciada relativa a las acciones de BBVA Bancomer, SA, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM.
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exprese su tajante rechazo a las operaciones de espionaje llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América en las delegaciones diplomáticas que se habían manifestado contra la intervención militar de ese país en territorio iraquí, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Senadores y de Diputados que lleven a cabo los trabajos necesarios para examinar la situación del sistema bancario mexicano y su contribución al desarrollo nacional, a cargo del senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del PRD.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a remitir copia del acuerdo Requisitos para la Documentación de Organismos Vivos Modificados para Alimento Humano o Animal o para Procesamiento, firmado el 29 de octubre de 2003; y se cita a comparecer al coordinador de Asuntos Internacionales de dicha dependencia, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM.

Con punto de acuerdo, sobre los medios de comunicación, a cargo del senador Ernesto Gil Elorduy, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sagarpa a explicar las razones de la firma del acuerdo trinacional celebrado con Estados Unidos de América y Canadá, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, con motivo de la convocatoria de diversos organismos internacionales a fin de incluir la participación del Senado de la República en la Campaña Mundial por la Educación, a cargo del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, para que el Ejecutivo federal dé a conocer el estado que guardan los Pidiregas en la Comisión Federal de Electricidad a enero de 2004, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Economía informe sobre las líneas de crédito contraídas con el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, "Changarros", a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Sonora a actuar con imparcialidad en torno de los detenidos en Cananea, Sonora, suscrita por los diputados Eduardo Espinoza Pérez, Eliana García Laguna y Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la directora general de la Lotería Nacional a fin de que informe a la Comisión Permanente sobre la creación del fideicomiso Transforma México, suscrita por la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, por el que es exhorta al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, a firmar y publicar el decreto para reubicar la Comisión Nacional de Zonas Aridas en la Sagarpa o, en su defecto, confirme su sectorización en la Sedesol, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del PRI.

Excitativas

A las Comisiones de Pesca, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Marina, a solicitud del diputado Eugenio Mier y Concha Campos, del grupo parlamentario del PRI.
A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud del senador Oscar Luebbert Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI.
A la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a solicitud del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del PRI.

Actas

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, de instalación de su Consejo Consultivo, efectuada el miércoles 28 de enero del año 2004.
De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, de su tercera sesión plenaria, llevada a cabo el miércoles 28 de enero de 2004.
De la Comisión de Gobernación, de su reunión efectuada el miércoles 21 de enero de 2004.

Convocatorias

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 18 de febrero, a las 9 horas.
De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a la reunión de análisis de su Mesa Directiva, que se efectuará el miércoles 18 de febrero, a las 9:30 horas.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a su reunión de trabajo con la directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, licenciada Ana Teresa Aranda Orozco, que se realizará el miércoles 18 de febrero, a las 12 horas.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 18 de febrero, a las 13 horas.
De la Comisión del Distrito Federal, a su segunda reunión plenaria informativa, que se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero, a las 13:30 horas.
De la Comisión del Distrito Federal, a la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero, a las 14:30 horas.

De la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, a su reunión ordinaria, que tendrá verificativo el jueves 19 de febrero, a las 12 horas.
De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el lunes 23 de febrero, a las 10 horas.
De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a su reunión plenaria, que se realizará el lunes 23 de febrero, a las 12 horas.

De la Comisión de Salud, a la novena reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 24 de febrero, a las 14 horas.
De la Comisión de Salud, a la segunda reunión de la Primera Subcomisión, "Administración en Salud", que tendrá lugar el martes 24 de febrero, a las 14 horas.
De la Comisión de Salud, a la sexta reunión de la Segunda Subcomisión, "Medicina Preventiva y Bioética", que se realizará el martes 24 de febrero, a las 15 horas.

De la Comisión de Salud, a la reunión de trabajo de la Tercera Subcomisión, "Asistencia Médica", que se efectuará el martes 24 de febrero, a las 17 horas.
De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a su cuarta sesión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero, a las 9 horas.
De la Comisión de Salud, a su séptima reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero, a las 11 horas.

De la Comisión de Salud, a la comparecencia de funcionarios de la Secretaría de Salud, doctora Patricia Uribe Zúñiga y doctor Roberto Tapia Conyer, que tendrá verificativo el miércoles 25 de febrero, a las 13 horas.
De la Dirección General de Bibliotecas, a la entrega de reconocimientos a los editores y a los productores de material bibliográfico y documental que cumplieron lo dispuesto en el Decreto del Depósito Legal durante 2003, que se realizará el miércoles 25 de febrero, a las 17 horas.

Avisos

De la Comisión de Desarrollo Metropolitano. La cuarta reunión plenaria, cuya realización estaba prevista para el martes 17 de febrero a las 18 horas, se cancela hasta nuevo aviso.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Se cancela la reunión plenaria programada para el miércoles 18 de febrero a las 16 horas.

Proyecto de Acta

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE QUE SE SOMETERA A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA EL MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2004

ACTA DE LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MIERCOLES ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y dos legisladoras y legisladores, a las once horas con veintidós minutos del miércoles once de febrero de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

El Presidente designa una comisión para recibir al doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y le concede la palabra para presentar el Informe de Actividades de esa institución correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil tres. El Presidente dirige un mensaje para agradecer la presencia del doctor Soberanes Fernández, solicita a la comisión designada acompañarlo cuando desee retirarse y turna el Informe referido a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo septuagésimo tercer aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Guerrero, con acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar la iniciativa del Poder Ejecutivo Federal de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energéticos. Se turna a las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Guerrero, con acuerdo en relación con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Postgraduados y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Oaxaca, con la que remite copia del acuerdo relativo a la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el once de octubre de dos mil tres. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

El Presidente informa de la recepción de una comunicación de la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, con la que remite informe de la gira de trabajo en el estado de Quintana Roo, relativo al estado que guarda el caso del pederasta Jean Succar Kuri. Se turna a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto, los legisladores:

Senadora Arely Madrid Tovilla, a nombre propio y de la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para que se declare el año dos mil cuatro como Año del Himno Nacional Mexicano. Presidencia del senador Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

Diputado Sergio Vázquez García, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales y doscientos veintitrés del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, que adiciona los artículos ochenta y dos y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Oficios de la Secretaría de Gobernación: Tres, por los que remite copias de las contestaciones de las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a los requisitos que la Ley contra el Bioterrorismo de los Estados Unidos de América establece a las empresas mexicanas exportadoras de alimentos, que se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento; a la protección y conservación de las tortugas marinas, que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento; y a la empresa comercializadora METROGAS, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.

Dos, por los que remite copias de las contestaciones del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, en relación con la entrada de llantas usadas a México y con la concesión para la construcción de una planta de gas en Valle de Guadalupe, Baja California. Remítanse a la Cámara de Senadores.

Tres, por los que remite el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y copias de las contestaciones del director general de Servicios de Salud del gobierno del estado de Veracruz sobre brotes epidémicos ocasionados por el huracán Larry, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el presupuesto de programas relacionados con zonas afectadas por desastres, todos en relación con puntos de acuerdo aprobados por el Senado de la República. Remítanse a la Cámara de Senadores.

Uno, por el que solicita autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional los días cinco y seis de marzo de dos mil cuatro, a efecto de que realice una visita de trabajo al estado de Texas, Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.

Seis, por los que remite los nombramientos que el Presidente de la República hizo en favor de los ciudadanos: Carlos Alberto de Icaza González; Luis Alfonso de Alba Góngora; Juan José Bremer de Martino; Sandra Camila Antonia Fuentes Beráin Villenave; Fernando Estrada Sámano; y Carlos Pujalte Piñeiro; como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en los Estados Unidos de América; ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza; Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Reino de los Países Bajos; y Reino de Suecia; y como Cónsul General de México en Toronto, Canadá, respectivamente. Se turnan a la Segunda Comisión.

Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica. Se turna a la Primera Comisión.

Diez, por los que solicita el permiso necesario para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión.

Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Jorge Rangel de Alba Brunel, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Mongolia, en la Ciudad de México, con circunscripción consular en la República Mexicana. Se turna a la Primera Comisión.

Quince, por los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

Cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se concede el permiso necesario a los ciudadanos: Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

Carlos Mejía Tejeda, para aceptar y usar la medalla que le confiere la Guardia Costera de los Estados Unidos de América.

Mario de la O Almazán, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

Miguel Alfredo Dutton Delorme, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

Son de primera lectura.

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Cónsul General de México en Boston, Massachussets, Estados Unidos de América. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Muñoz Ledo Chevannier y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Gutiérrez González y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley.

Siete dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Sin discusión se aprueban en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo.

Dos dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que se concede el permiso necesario a los ciudadanos:

Sergio Arturo Hernández Salcedo, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en Oaxaca, Oaxaca.

Fernando de Jesús Canales Clariond, Carlos Eduardo Represas de Almeida y Manuel González Bautista, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Son de segunda lectura. Sin nadie que solicite el uso de la palabra se aprueban en lo general y en lo particular por treinta y tres votos en pro. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Presentan proposiciones con puntos de acuerdo los legisladores:

Carlos Flores Rico, a nombre propio y del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, establezcan la tarifa eléctrica uno - E en diversos municipios del estado de Tamaulipas. Se turna a la Tercera Comisión.

Senador Héctor Larios Córdoba, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a revertir el acuerdo publicado en la Gaceta del Distrito Federal, el veintinueve de enero de dos mil cuatro, mediante el cual se establece como reservada y/o confidencial toda la información sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras viales que se llevan a cabo actualmente, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Hablan en pro los legisladores: diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México; diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelaciones de los senadores Héctor Larios Córdova y Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; y diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Contestan alusiones personales la diputada Padierna Luna; el diputado Döring Casar; y el diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, quien después de ser interrumpido por el senador Rodríguez Prats para solicitar una moción de orden que la Presidencia no considera fundada, acepta interpelaciones del senador Rodríguez Prats, del diputado Döring Casar y de la senadora Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Senador Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la metodología utilizada para la estimación de ingresos petroleros en el calendario trimestral de ingresos del sector público. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de que informe sobre el resultado y avances de las recomendaciones al Ejecutivo Federal en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, del Partido de Convergencia, en relación con la postura del Ejecutivo Federal en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la construcción del muro de seguridad que atraviesa Cisjordania. Se turna a la Segunda Comisión.

Senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la tala ilegal de bosques. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al gobierno federal para el cabal cumplimiento del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados para los programas rurales. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputado Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita al Ejecutivo Federal informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, en materia de difusión de publicidad en tiempos oficiales para los poderes federales y órganos constitucionales autónomos. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, analice y emita su opinión sobre el contenido de los informes que por mandato del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada a rendir. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a reestructurar la clasificación de tarifas eléctricas para uso industrial. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para que se incluya la píldora de emergencia y el condón femenino en el cuadro básico de medicamentos. Se turna a las comisiones de Salud y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que se instale una mesa de trabajo para la elaboración de una propuesta en relación con el voto de los mexicanos en el extranjero y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa forma el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Segunda Comisión.

Diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para recomendar a la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría a la oficina de la Presidencia de la República y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica. Hablan en pro el senador Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; y la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura a la solicitud de excitativa del diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, en relación con dos iniciativas con proyectos de decreto para crear el fideicomiso de apoyo para los ex braceros del periodo mil novecientos cuarenta y dos - mil novecientos sesenta y seis, presentadas el treinta de abril y el nueve de julio de dos mil tres. El Presidente formula la excitativa correspondiente.

En el capítulo de agenda política, la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, se refiere a la venta de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya. Para el mismo tema se concede la palabra a los senadores: Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del senador Jorge Zermeño Infante

Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática; y

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con veintidós minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles dieciocho de febrero de dos mil cuatro, a las once horas.

Comunicaciones

DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Presente

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del DV (505) aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último huei tlatonai de la Triple Alianza, que tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero de 2004, a las 10 horas, en el busto situado en el costado sur-poniente del atrio de la Catedral Metropolitana, en 5 de Mayo y Plaza de la Constitución, delegación Cuauhtémoc.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente que se sirva dictar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de la honorable Cámara de Diputados asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Dr. Enrique Semo Calev
Secretario

Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Presente

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del Día de la Bandera, que tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero de 2004, a las 8 horas, en el en el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, en la Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Dr. Enrique Semo Calev
Secretario

DEL CONGRESO DE COAHUILA

C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Av. Congreso de la Unión No. 66
Colonia El Parque
México, DF

En sesión celebrada en esta fecha, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a un pronunciamiento sobre "aeropuertos internacionales del país", el cual fue expuesto por el diputado Gabriel Ramos Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente de este Congreso acordó que dicho pronunciamiento se enviara al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los Congresos de los estados para su conocimiento y los efectos que se consideren procedentes.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de este Congreso y en cumplimiento de lo acordado por la Diputación Permanente del propio Congreso, se envía a esa H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el documento en que se contiene dicho pronunciamiento, para los efectos anteriormente indicados.

Sin otro particular, reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 9 de enero de 2004.

El Oficial Mayor del Congreso del Estado
Prof. Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)

Pronunciamiento que emite el grupo parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional, con relación a la situación que impera en los aeropuertos internacionales del país.

Las diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional tenemos claro que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, como postula el artículo primero constitucional.

Además, el artículo 16 del mismo ordenamiento supremo dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Entonces, en los aeropuertos internacionales del país hay supresión de las garantías individuales que otorga la constitución o es una franca violación al máximo ordenamiento que nos rige como mexicanos; por estarse permitiendo la revisión y hasta en algunos casos el decomiso de equipaje de los ciudadanos mexicanos por agentes de diversas corporaciones estadounidenses.

En ambos casos, lo cierto es que nuestra Carta Magna no es obedecida, ya que en el primer supuesto, supresión de garantías, no se observó el procedimiento que se establece, y en el de la violación a las disposiciones en ella contenidas, subordinándose la seguridad nacional de los mexicanos a la de los estadounidenses por una supuesta alerta de seguridad que no está fundada ni motivada, emitida por autoridad competente y hecha por escrito. Es una flagrante violación a lo protestado el primero de diciembre de 2000, donde el Presidente se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Dónde dejamos el estado de derecho que tanto pregonamos y que ahora no se aplica ni se observa por quienes tiene bajo su mando los destinos del país?; resulta que hoy es más importante la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos que la de los mexicanos, que actualmente somos considerados culpables hasta que se demuestre lo contrario.

Los motivos de seguridad incomprobados que se esgrimen no son de los que ponen a nuestros compatriotas en grave peligro o conflicto, y las medidas tomadas sí lo hacen al exponernos incluso a revisiones y malos tratos de agentes estadounidenses.

El problema no son las grandes filas y las horas que hay que padecer en manos de agentes extranjeros para poder viajar a Estados Unidos de América, sino la violación a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, por la rebeldía al artículo 33 de la Constitución de México que dispone para el Ejecutivo la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional; inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Podrán argumentarnos la firma de acuerdos y convenios gubernamentales suscritos por las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, competencia que no debe exceder en ningún momento lo que la Constitución ordena y que, además, tales convenios y acuerdos no dicen en ningún artículo que puedan los extranjeros venir al territorio nacional a realizar las tareas y funciones que corresponden a la Policía Federal Preventiva o a nuestras autoridades.

Compartimos el sentimiento y preocupación de los norteamericanos por su seguridad y ellos siempre van a encontrar apoyo, solidaridad y cooperación de los mexicanos para combatir el terrorismo, es decisión nuestra, firme, que en las medidas que los mexicanos debemos de tomar para garantizar nuestra seguridad interna, el gobierno está obligado a garantizar la seguridad de nosotros, pero lo debe hacer con un pleno respeto a nuestros derechos, evitando abusos y excesos que lastimen y ofendan a los mexicanos, en todo caso, que se aplique un trato recíproco para los que pretendan ingresar al territorio nacional.

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputado Gabriel Ramos Rivera

Saltillo, Coahuila, a 9 de enero de 2004

DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSI

H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Por este conducto les participamos que el Pleno de esta Soberanía en Sesión Extraordinaria celebrada el 29 de enero del año en curso, aprobó por unanimidad declarar este año como el del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano. Tal determinación tiene origen en la conmemoración del Sesquicentenario de la composición del Himno Patrio, cuyos detalles se contienen en la Iniciativa que al respecto presentó la Gran Comisión.

En tal virtud, respetuosamente les pedimos que de no existir inconveniente alguno para ello, esa Representación Popular se adhiera en lo procedente con similares alcances a tan significativa proclama, e instrumenten que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, a través de todas sus dependencias, consideren los términos y alcances que debidamente precisa el Decreto Legislativo No. 81, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de enero de los corrientes; por ello, adjuntamos para tal efecto fotocopias de la iniciativa de origen y del decreto precitado.

Finalmente, mucho nos honraría recibir sus consideraciones sobre dicho tema, ya que para este cuerpo colegiado sería gratamente significativo fungir como medio de comunicación institucional y eventualmente, propiciar una celebración nacional digna de nuestro Canto Patrio, por lo cual les refrendamos nuestra permanente disposición de atender sus valiosas propuestas al respecto.

Sin otro particular, propiciamos la ocasión para reiterarles la certeza de nuestro institucional reconocimiento.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Por la Diputación Permanente

Dip. Mauricio Leyva Ortiz, Presidente (rúbrica)
Dip. Jorge Arreola Sánchez, Secretario (rúbrica)

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LVII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

El 12 de noviembre de 1853, bajo la presidencia de Antonio López de Santa Anna, el Ministerio de Fomento, a cargo de Joaquín Velázquez de León, publicó una convocatoria para la creación de un Himno Nacional, que fue firmada por el Oficial Mayor, Miguel Lerdo de Tejada; ofrecía un premio "a la mejor composición poética que pueda servir de letra a un canto verdaderamente patriótico", y señalaba un perentorio plazo de veinte días para presentar el trabajo.

Francisco González Bocanegra no intentaba tomarla pluma para concursar, arguyendo que no era su estilo, que una cosa era escribir versos para la mujer amada y otra muy distinta tener la inspiración para escribir un himno a la patria. Pero Guadalupe González del Pino y Villalpando -prima suya en tercer grado-, tenía una fe inmensa en la calidad poética de su novio. Como Francisco se negaba a presentarse al certamen, a pesar de la insistencia de Guadalupe y sus amigos, ella, con un pretexto lo guió a una pieza aislada de su casa en la calle de Santa Clara (hoy Tacuba) número 6; lo encerró, y se negó a abrirle mientras no le pasara por debajo de la puerta la composición que iría al concurso.

Mucho le costó a González Bocanegra empezar a escribir su canto a la Patria. Tuvo que repasar mentalmente todas las vicisitudes que había vivido México, los logros, los fracasos, los ideales... y, despertada la inspiración, fluyeron los versos casi sin corrección, casi sin dudas... y después de cuatro horas de trabajo, esos versos, nacidos del numen creador del poeta, detenidamente pensados y sentidos en cuanto a su contenido, pasaron por debajo de la puerta cerrada de las manos del poeta a la de su musa, y de las de ella a la historia.

El fallo del jurado, compuesto por hombres tan eminentes como José Bernardo Couto, Manuel Carpio y José Joaquín Pesado, fue ratificado de inmediato por la nación entera, y el entusiasmo suscitado por los versos de González Bocanegra fue tal, que, como el concurso para elección de música se alargara, el maestro Juan Bottessini, director de la Compañía de Opera Italiana que por entonces ocupaba el Teatro Santa Anna, puso música a los versos e hizo ejecutar su composición el 17 de mayo de 1854. La interpretación estuvo a cargo de Enriqueta Sontang, soprano, y Gaspar Passolini, tenor.

En agosto de 1854 el jurado musical dio su fallo: la música premiada se debía a la inspiración de Jaime Nunó, inspector de las bandas militares, español de nacimiento, y el estreno oficial del Himno se llevó a cabo el 16 de septiembre de ese mismo año, en el teatro Santa Anna, bajo la batuta de Jaime Nunó, cantado por la soprano Balbina Steffenone y el tenor Lorenzo Salvi. A ese estreno asistieron Francisco González Bocanegra y Guadalupe González del Pino y Villalpando, ya como esposos, puesto que habían contraído matrimonio el 8 de junio de ese año de 1854.

Al correr de algunos años, González Bocanegra fue alejándose de la política, ya que el ambiente de discordia reinaba cada vez más en las altas esferas del gobierno de México. Nuevamente la sangre de los hijos de la patria se derramó en contienda de hermanos, y junto con el himno que había creado, González Bocanegra conoció los sinsabores de la oscuridad y de la persecución. Presidentes iban y venían, un día México era conservador, y al día siguiente era liberal. El gobierno conservador fue totalmente desplazado a finales de 1860, y la situación empeoró gravemente. Los conservadores, por el solo hecho de serlo, fueron perseguidos con saña por los vencedores. Jaime Nunó había salido del país desde 1856, rumbo a Estados Unidos, y Vicente Segura Argüelles, primer editor del himno, cayó asesinado en la calle.

Como se temía también por la vida de Francisco, su tío, José María Bocanegra, aunque también en peligro por su filiación conservadora, lo escondió en el sótano de su casa, en lo que hoy es esquina de Isabel la Católica y Tacuba, a sólo media calle de la casa en la que diera vida a los versos del himno nacional. Disfrazado de indio de calzón blanco, muchas noches salía a ver a Guadalupe y a sus tres hijas.

En ese, húmedo sótano lo alcanzó la epidemia de tifo que azotó a la capital de la República a principios de 1861, y allí escondido y perseguido, el cantor de la patria, entregó su alma a Dios el 11 de abril, a los 37 años, en brazos de su esposa y de su compadre, el abogado, poeta y sacerdote Andrés Davis Bradburn. Los periódicos de la capital, en breves líneas, hablaron de la muerte del "joven poeta que tanto prometía". Ninguno mencionaba el himno nacional, porque estaba prohibido... pero hay prohibiciones que el corazón de la patria no acepta...

Pasadas las fobias partidistas, el himno se enseñoreó nuevamente de la vida nacional; y los restos del poeta, humildemente inhumados en 1861 en el panteón de San Fernando, fueron trasladados por iniciativa oficial al Panteón de Dolores en 1901; en septiembre de 1932, depositados por primera vez en la Rotonda de los Hombres Ilustres, y por fin, en 1942, colocados en su sitio definitivo, al lado de los del músico Jaime Nunó, quien comparte con él la gloria de la creación del himno nacional mexicano.

Importa señalar que el himno de Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó, caído prácticamente en el olvido durante varias décadas, no volvió a interpretarse en público hasta 1901.

Hay quienes piensan en el himno como un canto sangriento. Nada más equivocado. El himno nacional mexicano alude a la legítima defensa de la patria y a la concordia entre los mexicanos. Siendo Francisco González Bocanegra hijo de un natural de Cádiz es comprensible que nuestro himno nacional sea el único himno de Hispanoamérica que no respira odio contra España. Por lo demás no cabe duda que Amado Nervo tuvo mucha razón cuando escribió que: "El Himno Nacional Mexicano solamente tiene un émulo en la Marsellesa".

Hace 50 años, con motivo del Centésimo Aniversario de la composición del Himno Nacional Mexicano, ese canto patrio fue interpretado por cien mil voces infantiles en el Zócalo de la Ciudad de México, bajo la batuta del célebre compositor potosino Julián Carrillo. El discurso oficial en torno del autor de la letra del himno nacional, correspondió al célebre y prolífico escritor potosino Joaquín Antonio Peñalosa, a invitación del entonces Secretario de Educación Don Jaime Torres Bodet y pronunciado en el Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México.

Con posterioridad y siendo Presidente Municipal de la capital potosina Don Miguel Valladares García, fue invitado a esta ciudad el Alcalde de San Juan de las Abadesas, pueblo natal de Jaime Nunó, para celebrar el hermanamiento de ciudades distantes en la geografía, pero cercanas en el tiempo y el espacio que hizo coincidir a los autores de la letra y la música de nuestro himno nacional.

El 15 de septiembre de este año 2004 se cumplirán 150 años de que se interpretó, por primera vez, nuestro glorioso himno nacional: símbolo de la patria, canto de amor y esperanza de todos los mexicanos.

Este hecho honra a todos los mexicanos y especialmente a los potosinos, porque en esta tierra - entrañablemente nuestra - vio por primera vez la luz el poeta que compuso nuestra oda heroica, nuestro himno nacional que durante 150 años ha convocado a los mexicanos a realizar esfuerzos fecundos en pro de la patria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los que suscriben, Diputados Integrantes de esta LVII Legislatura y miembros de la Gran Comisión de esta Soberanía, sometemos a la consideración del Pleno del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se declara el 2004 "Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano".

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a propósito de los 150 años de su composición, toda la correspondencia oficial del Estado y municipios de San Luis Potosí, deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda:

2004, "Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano".

TERCERO. El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, y a través de las dependencias correspondientes, llevarán a cabo durante el año de 2004 actos cívicos para difundir, entre las y los ciudadanos, las biografías de Don Francisco González Bocanegra y de Don Jaime Nunó, así como los hechos históricos relativos a id composición y devenir del Himno Nacional Mexicano.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de febrero del año 2004 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

San Luis Potosí, SLP a 2 de enero de 2004

Dip. Eugenio Govea Arcos, Presidente de la Gran Comisión (rúbrica)

Dip. José Manuel Medellín Milán,
Primer Secretario de la Gran Comisión (rúbrica)

Dip. Juan Ramiro Robledo Ruíz,
Segundo Secretario de la Gran Comisión (rúbrica)

DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION

México, DF, a 30 de enero de 2004.

Senador Carlos Chaurand Arzate
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
Presente

En atención a su oficio número III-270, del 9 de diciembre de 2003, mediante el cual hace del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación el punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Jubilados y Pensionados, aprobado en la sesión ordinaria del Senado de la República celebrada en esa fecha, nos permitimos informar a usted lo siguiente:

1. Tomamos debida nota del contenido del citado punto de acuerdo, en particular de su apartado primero: "El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 79 constitucional, investigue y determine la situación de los trabajadores pensionados y jubilados de la sociedad cooperativa Talleres Gráficos de la Nación e informe a esta soberanía del resultado de la misma".

2. Asimismo, y con objeto de contar con elementos que permitan identificar plenamente el ejercicio fiscal en que ocurrieron las presuntas irregularidades planteadas en la documental referida, esta entidad de fiscalización superior de la Federación solicitará información al Organo Interno de Control en la Secretaría de Gobernación a efecto de determinar la procedencia de incluir el asunto en la planeación del Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones sobre la Cuenta Pública 2003. De esto último, se dará cuenta a esa soberanía y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Reiteramos a usted nuestra más distinguida consideración.

El Auditor Superior de la Federación
CPC Arturo González de Aragón O. (rúbrica)

Iniciativas

DE LEY GENERAL DE PROTECCION A LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS; Y DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANGEL PAULINO CANUL PACAB, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

Angel Paulino Canul Pacab, diputado Federal de la LIX Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas; se reforman los artículos 5 y 13, se adicionan los artículos 2 con las fracciones XIX, XX y XXI, y 9 con las fracciones XII, XIII y XIV; se crean los artículos 20 y 21 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; se reforma el artículo 87 Bis y se deroga el artículo 87 Bis-1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Primero.- Se expide la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Exposición de Motivos

Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son saberes desarrollados de manera colectiva, producto de las experiencias acumuladas durante generaciones, en su estrecho contacto con la biodiversidad, y transmitidas de manera oral. Como productos de la colectividad pertenecen a la comunidad o pueblo indígena en su totalidad, y no a algún individuo en particular.

México es un país megadiverso que ocupa el quinto lugar del mundo por su riqueza biológica, después de Brasil, Colombia, India e Indonesia, lo cual significa que en el territorio nacional existen diversos ecosistemas que se distinguen por el número de especies y su variación genética. Esta característica coloca al país como un codiciado espacio para, por ejemplo, la biopiratería.

Geográficamente se encuentra en una zona de transición entre las regiones neotropicales de Sur-Centroamérica y la neoártica de Norteamérica, y por ello cuenta con 34 de los 36 microclimas identificados, cuando los Estados Unidos sólo tiene 4. De las 28 categorías de suelos, México tiene 25, en donde se identifican 14.4 por ciento de todas las especies vivas del mundo, de las cuales muchas de ellas son endémicas, región de origen de 116 especies de plantas, en particular el maíz.

La megadiversidad es un patrimonio de todos los mexicanos, el cual el Estado está obligado de preservar para las futuras generaciones, por su valor estratégico y económico, que puede y debe ser utilizada como una ventaja comparativa para impulsar el desarrollo.

Las aportaciones que los conocimientos tradicionales pueden hacer para respaldar la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad son innegables e invaluables. Algunas industrias como la fitomedicinal y la biotecnológica, dependen directamente de ellos para su desarrollo, y su importancia descansa en la facilidad con que los miembros de las comunidades realizan la recolección de muestras etnobotánicas, ahorrando tiempo y recursos.

Las comunidades indígenas desempeñan una importante función en la conservación de los recursos genéticos, la biodiversidad y en la transmisión de los conocimientos tradicionales, de enorme valor para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria, como fuente de información para la investigación y la elaboración de nuevos productos. La riqueza genética existente en los territorios de comunidades locales, que ocultan estos conocimientos, es el centro del conflicto entre comunidades y empresas, ya que para las primeras es su patrimonio, mientras que para las segundas es un insumo.

Cuando los laboratorios farmacéuticos, y las empresas agrobiotecnológicas y agroindustriales encuentran algún recurso genético de interés para fabricar un producto comercial, tratan siempre de protegerlo con una patente, con el propósito de tener el monopolio de su comercialización. Sin embargo, frecuentemente dichos recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a ellos han sido sustraídos mediante engaños del acervo cultural indígena, y sin que sus habitantes reciban ningún beneficio.

La apropiación indebida de los conocimientos y recursos de los pueblos indígenas con propósitos comerciales constituye un saqueo impune de la biodiversidad que debe ser frenado. La inexistencia de un marco jurídico que los proteja y establezca normas para acceder a ellos, favorece prácticas de biopiratería que tienen su inicio en la libre recolección de muestras de bioprospección.

El libre acceso de los bioprospectores a los territorios indígenas atenta contra sus recursos naturales y su patrimonio cultural, resultado de un largo proceso histórico realizado por las comunidades y pueblos, y los deja en estado de total indefensión ante la voracidad de las empresas agroindustriales, farmacéuticas y biotecnológicas.

La biopiratería es un negocio sumamente lucrativo para quienes la practican. El establecimiento de un régimen jurídico por parte del Estado que proteja los conocimientos tradicionales y que asegure de manera efectiva la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, contribuiría a convertir la biopiratería en una actividad económicamente inviable.

Es necesario crear un marco jurídico que reconozca y regule los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales, y que posibilite la investigación, la negociación y la inversión en torno a estos en condiciones de justicia y equidad. Sólo un marco regulatorio de esta naturaleza podrá garantizar la conservación y el aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica.

De la riqueza genética los indígenas obtienen alimentos, por medio de la caza y la recolección, tintes y colorantes, abonos, aceites y grasas, aromatizantes, condimentos, narcóticos, materiales de construcción, y medicinas. La creación de un sistema de propiedad intelectual indígena, un modelo sui generis, reconocido jurídicamente y respaldado con políticas públicas en la materia, abriría oportunidades para que los indígenas puedan impulsar sus procesos de autodesarrollo, a partir de su propia cosmovisión y sus propios intereses.

Un régimen alternativo de protección sui generis, significa que deberá ser único o especial, distinto de los regímenes de protección a los derechos de propiedad vigentes, que son a todas luces insuficientes para que los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos fluyan a las comunidades de origen.

Los elevados costos de la tramitación de derechos de propiedad intelectual establecidos en el régimen jurídico en vigor son inaccesible para las comunidades y pueblos indígenas que deseen proteger su patrimonio colectivo. La creación del registro de los conocimientos tradicionales será una estrategia para evitar su apropiación ilícita o indebida, y los protegería de probables patentes.

En mayo de 1997 el Senado de la República en coordinación con la Semarnap y la Comisión Nacional para la Conservación de la Biodiversidad (Conabio) organizaron un Seminario para analizar la posible legislación sobre el acceso a los recursos genéticos. Sus propuestas y conclusiones, inexplicablemente, fueron archivadas y sus trabajos cancelados.

Salvo los estudios de la Conabio que proponen regular el acceso y uso de los recursos genéticos, así como las acciones de fomento de la expedición de patentes o registros asociados con la denominación de origen y la propiedad intelectual que pudieran derivarse de la domesticación, selección o manipulación de flora y fauna de los pueblos indígenas -los cuales no han rebasado los ámbitos académicos-, los acuerdos de los organismos internacionales relativos a la protección de los conocimientos tradicionales, hasta ahora no han sido llevados al debate legislativo.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado por el gobierno mexicano el 13 de junio de 1992 es el primer tratado internacional que ofrece oportunidades a los países megadiversos de obtener beneficios por la utilización de sus recursos biológicos. Sin embargo, pese a que dicho Convenio declara que los Estados tienen soberanía para autorizar o negar el acceso, y participar en la distribución equitativa de los beneficios provenientes de su uso comercial, los intentos de las legislaciones nacionales se han visto entorpecidas por cuestiones relacionadas por los derechos de propiedad intelectual que reclaman los países sedes de las empresas transnacionales de las industrias farmacéuticas, agroindustriales y biotecnológicas.

Desde 1993 los organismos multilaterales han sido escenario de acalorados debates en torno a las disposiciones del Convenio, en particular en las instancias creadas ex profeso, como la Conferencia de las Partes y el Grupo de Trabajo Especial sobre la aplicación del artículo 8-J y el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), donde se han realizado acuerdos fundamentales que se han aplicado en diversos organismos regionales, al presentar legislaciones modelo para proteger los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad.

Una propuesta sobresaliente es la Decisión 391 denominada "Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos", de la Comunidad Andina de Naciones, aprobada en julio de 1996, que prevé condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso, recoge el principio de soberanía de los países miembros sobre sus recursos genéticos y se establece un procedimiento de negociación entre las partes.

Otra es la "Legislación Africana para el reconocimiento y la protección de los derechos de las comunidades locales, agricultores y obtenedores, y para la regulación del acceso a los recursos biológicos", de la Organización para la Unidad Africana (OUA), conocida también como Ley Modelo 101, aprobada en enero de 1999, que establece la norma del permiso y consentimiento previo informado de las comunidades, el pago de los derechos de recolección, el reparto de las ganancias de productos comerciales y la prohibición de patentar seres vivos.

Actualmente una docena de países del mundo, todos ellos megadiversos, han promulgado su correspondiente ley o cuentan con su iniciativa de ley de protección a los conocimientos tradicionales. En México todavía no se ha abierto el debate y la consulta a los sectores involucrados en esta materia.

La necesidad de establecer un marco jurídico para reconocer y proteger los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, está directamente relacionado al innegable valor económico que los recursos genéticos representan, ya que ofrecen las materias primas indispensables para elaborar productos de la industria alimentaria, la agrícola y farmacéutica, de alto valor comercial en los mercados y del cual los pueblos y comunidades indígenas no perciben beneficios.

Es necesario crear una normatividad que establezca reglas claras para el acceso de los recursos genéticos, que inspire confianza a las comunidades y pueblos indígenas y que los incentive a continuar trabajando en la preservación y el desarrollo de la biodiversidad. Poner a la disposición de la humanidad los conocimientos tradicionales no debe significar que éstos sean entregados de manera gratuita y sin reconocimiento alguno. Adicionalmente, es ineludible proteger de la comercialización desleal las creaciones artísticas y culturales de los pueblos indígenas.

El Estado no puede renunciar a su obligación de tutelar los derechos de los pueblos indígenas, máxime si tomamos en cuenta el conjunto de derechos indígenas plasmados en el artículo 2° de la Constitución, los cuales son el producto sus intensas movilizaciones en busca del reconocimiento de sus derechos y sus culturas. Por estos motivos se expide la siguiente

Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto reconocer, promover, preservar y proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales.

Artículo 2. Para los propósitos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Pueblos Indígenas: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° constitucional, son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas; y donde la conciencia de su identidad indígena es un criterio fundamental para definir su condición de pueblos indígenas.

II. Comunidades Indígenas: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° constitucional, son comunidades integrantes de un pueblos indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres.

III. Conocimientos Tradicionales: Todo el conjunto de prácticas y saberes colectivos de los pueblos indígenas referidos a la biodiversidad, a la salud-enfermedad y al manejo de los recursos orientados al bienestar comunitario, los cuales han sido transmitidos de generación en generación, así como sus manifestaciones artísticas y culturales, que conjuntamente con aquellos, conforman su patrimonio cultural;

IV. Biopiratería: Apropiación de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales realizadas sin el consentimiento previo y autorizado de las comunidades y pueblos indígenas, sin que exista distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, mediante la patente de propiedad intelectual que garantizan su uso monopólico y con fines de lucro;

V. Consentimiento informado previo: Autorización por escrito otorgada por los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus legítimos representantes a los interesados, en llevar a cabo actividades que impliquen acceder y aprovechar sus conocimientos tradicionales y aprovecharlos para fines y en condiciones claramente estipulados;

VI. Conadepi: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

VII. Contrato de Licencia: Acuerdo debidamente validado que celebran los pueblos y comunidades indígenas y un tercero en el que se establecen los términos y condiciones de acceso a sus conocimientos tradicionales;

VIII. Fondo Nacional: El Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales;

IX. Registro Nacional: El Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales, organismo técnico dependiente de la Conadepi;

X. Solicitud de acceso: Petición que formula el potencial usuario a los titulares del conocimiento colectivo, donde informa de manera oportuna y explícita los objetivos y probables usos con fines de aplicación comercial, industrial o científica; y

XI. Régimen sui generis: Un modelo alternativo de propiedad intelectual indígena, especial, distinto de los regímenes de protección a los derechos de propiedad vigentes, que son insuficientes para que los beneficios derivados del uso de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos asociados a ellos fluyan a pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 3. Los conocimientos tradicionales se clasifican en: I. Conocimientos generales, aquellos que manejan la mayoría de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas;

II. Conocimientos especializados, aquellos que han acumulado y desarrollado particularmente los terapeutas tradicionales, en sus diferentes tipos y modalidades;

III. Conocimientos sagrados, aquellos que son de circulación culturalmente restringida en los ámbitos mágico-religiosos de una comunidad, pueblo o grupo de pueblos indígenas.

Artículo 4. Corresponde al Estado, en sus tres órdenes de gobierno, reconocer, proteger y promover el derecho de propiedad intelectual de pueblos y comunidades indígenas sobre sus conocimientos tradicionales vinculados y los sus recursos genéticos asociados a ellos, y sobre sus manifestaciones artísticas y culturales.

Artículo 5. Quedan totalmente prohibidas en el territorio nacional las prácticas de biopiratería, y quienes incurran en estas serán sujetos de la penalización establecida en las leyes correspondientes.

Artículo 6. Esta Ley garantiza el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a acceder a la jurisdicción del Estado para proteger sus conocimientos tradicionales; asimismo, el Estado adoptará las medidas necesarias para que se asegure a aquellos contra los usos no autorizados de tales conocimientos, respetando sus sistemas normativos tradicionales..

Capítulo II
Del Registro de los Conocimientos Tradicionales

Artículo 7. Se crea el organismo técnico Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales dentro de la estructura orgánica de la Conadepi, que registrará y expedirá la titularidad de propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de la comunidad o pueblo indígena solicitante.

Artículo 8. El Registro Nacional tendrá las siguientes características y atribuciones:

I. Preservar y promover los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas para garantizar su transmisión a las generaciones futuras;

II. Instrumentar las medidas necesarias para asegurar que el acceso a los conocimientos tradicionales para usos comerciales, industriales y de investigación sólo sea posible mediante el consentimiento fundamentado previo de comunidades y pueblos indígenas;

III. Examinar y dictaminar las solicitudes de registro de los conocimientos tradiciones que los pueblos y comunidades indígenas les presenten;

IV. Otorgar la titularidad del conocimiento tradicional registrado a pueblos y comunidades expidiendo el Certificado de Registro correspondiente;

V. Capacitar y prestar asistencia técnica y jurídica a los representantes de los pueblos indígenas en los procesos de negociación de contratos de licencia y protección de sus derechos, rescate, uso y conservación de sus conocimientos colectivos;

VI. Formular programas, proyectos y acciones para fortalecer la protección de los conocimientos tradicionales;

VII. Organizar y promover eventos relacionados con la protección de los conocimientos tradicionales;

VIII. Aprobar o cancelar los contratos de licencia celebradas entre las partes; y

IX. Promover ante la Junta de Gobierno de la Conadepi el inicio de las acciones judiciales que considere pertinentes en contra de particulares, empresas o instituciones académicas, cuando tenga conocimiento fundado que estos hayan patentado productos a partir de muestras genéticas o conocimientos tradicionales sustraídos sin el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 9. Tienen personalidad jurídica para solicitar el registro de propiedad intelectual de un conocimiento tradicional, para su protección: I. Las autoridades tradicionales electas mediante procedimientos establecidos en sus sistemas normativos;

II. Las autoridades municipales de aquellos municipios en donde los Censos de Población registren 40 por ciento o más de población indígena estimada;

III. Las organizaciones indígenas que cuenten con la aprobación por escrito de las comunidades; y

IV. Los Congresos estatales.

Artículo 10. Todo pueblo o comunidad indígena podrá registrar como su propiedad intelectual los siguientes elementos del conocimiento tradicional: I. Símbolos distintivos, emblemas, diseños gráficos, artesanías y vestidos tradicionales;

II. Danzas, instrumentos musicales, canciones, cuentos, historias orales y demás manifestaciones artísticas de su autoría;

III. Plantas medicinales y tratamientos terapéuticos de uso tradicional; y

IV. Sistemas de conocimientos y prácticas de carácter agroecológico.

Artículo 11. Las solicitudes de registro de conocimientos tradicionales que se presenten ante el Registro Nacional para su inscripción deberán reunir los siguientes requisitos: I. Identificación oficial de las autoridades, representantes legítimos y acta de la asamblea de las comunidades o pueblos indígenas solicitantes;

II. Descripción amplia del conocimiento tradicional objeto de la solicitud, su nombre común o indígena, el uso que le proporciona y demás propiedades que posibiliten su plena identificación;

III. Pruebas documentales, gráficas y testimoniales que le avalen, y la presentación de una muestra del recurso del conocimiento objeto del registro; y

IV. Localización territorial del conocimiento, en el plano comunitario, municipal y entidad federativa.

Artículo 12. No podrá ser objeto de registro aquellos conocimientos tradicionales, cuando: I. Sean accesibles a cualquier persona ajena a los pueblos y comunidades que se encuentran en el dominio público;

II. Se conocen a través de los medios masivos de comunicación; y

III. Se trate de denominaciones de origen y toponimias

Artículo 13. La inscripción de todo conocimiento tradicional en el Registro Nacional será gratuita e indefinida y le otorga derecho de propiedad intelectual al pueblo indígena mientras exista.

Artículo 14. El Registro Nacional llevará acabo las acciones conducentes para verificar los datos aportados durante los trámites de inscripción presentado por los pueblos indígenas solicitantes de la inscripción, tomando en consideración las investigaciones que al respecto existan.

Artículo 15. En un plazo no mayor a 90 días naturales, el Registro Nacional expedirá en forma gratuita la titularidad de la propiedad intelectual sobre la solicitud del conocimiento tradicional presentado, mediante la emisión del Certificado de Registro a las comunidades y pueblos indígenas que la solicitaron.

Artículo 16. Cuando dos o más comunidades o pueblos registren el mismo conocimiento tradicional, el Registro Nacional notificará la misma titularidad a los cotitulares, emitiendo el correspondiente Certificado de Registro a cada una.

Artículo 17. El Certificado de Registro de un conocimiento tradicional expedido por el Registro Nacional otorga a los pueblos y comunidades indígenas los derechos colectivos de propiedad intelectual, y será entregado a sus legítimos representantes.

Artículo 18. Los pueblos indígenas se reservan los derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimientos tradicionales, y podrán decidir libremente si autorizan o no su investigación, difusión o aprovechamiento con fines científicos, comerciales o industriales.

Artículo 19. Los conocimientos tradicionales inscritos en el Registro Nacional tendrán carácter confidencial y de acceso restringido y estarán protegidos contra su revelación, divulgación o uso, sin el consentimiento otorgado por escrito de sus titulares.

Artículo 20. Los titulares del conocimiento tradicional podrán iniciar ante la autoridad jurisdiccional competente demandas judiciales contra cualquier persona física e institución pública o privada, que haya tenido acceso a estos y que los divulguen o comercialicen, sin su consentimiento informado previo y su plena autorización.

Capítulo III
De los Contratos de Licencia

Artículo 21. Ninguna persona, institución académica, nacional o extranjera, empresa privada o pública podrá realizar prácticas de bioprospección sin el consentimiento fundamentado previo concedidos por las comunidades y pueblos indígenas, garantizando una distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización, de acuerdo a los términos mutuamente convenidos.

Artículo 22. Sólo podrán otorgar el consentimiento informado previo las asambleas comunitarias mediante la aprobación de la mayoría simple de los asistentes, o los representantes de las comunidades legalmente constituidos que aprueben las solicitudes de acceso de los bioprospectores.

Artículo 23. Los pueblos y comunidades indígenas elegirán a sus representantes mediante los procedimientos y normas establecidas en sus sistemas normativos tradicionales, quienes tendrán personalidad jurídica en la recepción de solicitudes de acceso y celebración de contratos de licencia.

Artículo 24. El consentimiento informado previo de los pueblos y comunidades indígenas, para realizar investigaciones y demás actividades vinculadas a sus conocimientos tradicionales, se otorgará a particulares, empresas o instituciones académicas mediante la firma de un Contrato de Licencia, en donde se establecerán los derechos y obligaciones de las partes.

Artículo 25. No podrán ser materias de contratos de licencia:

I. Los conocimientos sagrados de los pueblos y comunidades indígenas;
II. Los conocimientos tradicionales que son del dominio público; y
III. Aquellos conocimientos que no estén inscritos en el Registro Nacional. Artículo 26. Los Contratos de Licencia deberán establecer la distribución de los beneficios entre el licenciatario y los pueblos indígenas de manera justa y equitativa, sobre la base de: I. Beneficios a corto y mediano plazo a través de pagos por adelantado a las comunidades titulares del conocimiento, que autorizan las actividades de bioprospección o de investigación;

II. Pago de derechos de recolección, sobre la base de una cantidad por cada muestra levantada en el campo;

III. Beneficios a largo plazo mediante el pago de un porcentaje de las ventas brutas derivados de la comercialización de los productos creados a partir de los conocimientos tradicionales;

IV. Términos de las transferencias de tecnologías; y
V. Monto destinado al Fondo Nacional.

Artículo 27. Cuando el conocimiento tradicional sea compartido por dos o más comunidades o pueblos indígenas, los interesados en obtener el acceso respectivo deberán buscar el consentimiento informado previo de todas las comunidades o pueblos indígenas titulares del conocimiento en cuestión, previo a celebrar el contrato de licencia correspondiente.

Artículo 28. Los beneficios obtenidos de la celebración de contratos de licencia serán canalizados a proyectos de desarrollo de las comunidades titulares del conocimiento, de acuerdo a sus prioridades y decisión adoptada por sus legítimos representantes, distribuyendo los montos en los siguientes rubros:

I. Capacitación y adiestramiento en agroecología y utilización de plantas medicinales;
II. Obras de equipamiento básico;
III. Instalación y equipamiento de farmacias comunitarias;

IV. Investigación de conocimientos tradicionales;
V. Construcción de jardines botánicos de plantas medicinales; y
VI. Equipamiento de laboratorios de investigación.

Artículo 29. El Registro Nacional se obliga a proteger todo conocimiento tradicional inscrito por sus titulares contra cualquier difusión, uso o adquisición por parte de terceros, sin el consentimiento y autorización escrita del pueblo indígena o comunidades titulares.

Capítulo IV
Del Registro y Validación de los Contratos de Licencia

Artículo 30. Quien desee llevar a cabo actividades de acceso a los recursos genéticos o a los conocimientos tradicionales asociados a éstos, deberá obtener la autorización previa de las comunidades y pueblos indígenas mediante la protocolización de un Contrato de Licencia.

Artículo 31. Los Contratos de Licencia para proyectos de bioprospección y uso de los conocimientos tradicionales deberán contener las siguientes especificaciones para ser validados:

I. Identificación de las partes contratantes;
II. Permiso de autorización expedido por la autoridad ambiental en términos de la legislación vigente en la materia;

III. Consentimiento previo fundamentado de las comunidades y pueblos indígenas titulares del conocimiento;
IV. Descripción de los conocimientos objeto del contrato;

V. Información detallada de los usos potenciales que el licenciatario le dará al recurso o conocimiento motivo del permiso de acceso, de investigación o comerciales;

VI. Transferencia de tecnología o capacitación en los términos mutuamente convenidos;

VII. Informe de la entrega de beneficios monetarios a los titulares del conocimiento correspondientes a la cantidad de muestras genéticas levantadas en el campo;

VIII. Porcentaje y montos de los beneficios que entregarán a las comunidades indígenas por productos patentados con los recursos extraídos;

IX. Inclusión de personal académico de instituciones nacionales y de miembros de las comunidades indígenas en los proyectos de investigación, cuando el usuario sea extranjero;

X. Obligación del licenciatario de informar periódicamente al Registro Nacional y a los titulares de la propiedad intelectual sobre los avances alcanzados en la investigación, industrialización y comercialización de los productos desarrollados a partir de los conocimientos objeto del contrato;

XI. Los derechos de propiedad intelectual de las patentes registradas de los productos desarrollados serán compartidos por el licenciatario y los pueblos indígenas en los porcentajes que ambas partes convengan; y

XII. Autenticidad de la documentación presentada

Artículo 32. Todo Contrato de Licencia deberá ser inscrito ante el Registro Nacional, a más tardar 30 días naturales después de firmado por los contratantes; dicha instancia verificará el cumplimiento de la distribución de los beneficios entre las partes.

Artículo 33. Los Contratos de Licencia serán validados por el Registro Nacional en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de su inscripción ante el propio Registro. Esta validación será notificada a las partes, a fin de otorgar la autorización para el acceso a los conocimientos tradicionales.

Artículo 34. Son causales de cancelación de Contratos de Licencia las siguientes:

I. Cuando las partes no establezcan explícitamente los motivos de la investigación;
II. Cuando se hubiesen utilizado datos falsos o presentado documentación apócrifa;

III. Cuando se compruebe que no está inscrito y validado en el Registro Nacional; y
IV. Cuando uno de los contratantes se inconforme por incumplimiento de las obligaciones mutuamente convenidas y así lo solicite por escrito.

Artículo 35. El Registro Nacional será la autoridad administrativa competente para cancelar los contratos de licencia, quien resolverá lo conducente tomando como fundamento las causales establecidas en el presente régimen.

Capítulo V
Del Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales

Artículo 36. Se crea el Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales de los pueblos indígenas, que tendrá los siguientes propósitos:

I. Contribuir al rescate, preservación y fortalecimiento de los conocimientos tradicionales;

II. Financiar proyectos de investigación relacionados con el fortalecimiento y rescate de los conocimientos tradicionales y la preservación de la biodiversidad;

III. Capacitar a representantes indígenas en el registro de conocimientos, procesos de negociación y elaboración de contratos de licencia; y

IV. Apoyar a las comunidades indígenas que no hayan recibido beneficios derivados de la celebración de contratos de bioprospección o de comercialización de sus conocimientos colectivos, cuando sean cotitulares de la propiedad intelectual.

Artículo 37. El Fondo Nacional se constituye con: I. El 5 por ciento del valor neto de las transacciones acordada entre las partes en los Contratos de Licencia;

II. El 0.5 por ciento de las futuras regalías, con base en el monto total de las ventas netas derivadas de la comercialización de los productos desarrollados sobre la base de los conocimientos tradicionales; y

III. Recursos que provengan del presupuesto público, de organismos multilaterales y de la iniciativa privada.

Artículo 38. El Fondo Nacional será administrado por un Comité de Representantes Indígenas dentro del Consejo Consultivo de la Conadepi, bajo supervisión y autorización de su Junta de Gobierno, la cual emitirá el reglamento del Fondo.

Artículo 39. Las comunidades indígenas tienen derecho a acceder a los recursos del Fondo mediante proyectos, que serán validados y aprobados por el Comité de Representantes Indígenas.

Capítulo VI
De la Protección del Régimen Sui Generis

Artículo 40. El Registro Nacional, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y la Autoridad Aduanal adoptará las medidas necesarias, incluyendo el decomiso, para impedir la salida del territorio nacional de recursos genéticos y sus derivados que carezca de la correspondiente autorización de los pueblos titulares.

Artículo 41. Las controversias o conflictos que pudieran generarse entre comunidades indígenas a causa de la aplicación de este régimen, serán resueltos en primera instancia mediante los mecanismos derivados de sus sistemas normativos tradicionales.

Artículo 42. En el caso de que las comunidades no hubiesen llegado a acuerdos con motivo de las controversias o conflictos a que hace referencia el artículo anterior, el Registro Nacional intervendrá en calidad de mediador, árbitro o conciliador, según sea el caso, resolviendo lo conducente sobre el asunto; incluso en los términos del artículo 16.

Capítulo VII
De las Sanciones Aplicables

Artículo 43. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos, y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas por la autoridad jurisdiccional competente, y la Conadepi será la instancia que iniciará los procesos correspondientes.

Artículo 44. A quienes violen los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, se les sancionará con una o más de las siguientes sanciones:

I. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción;

II. Decomiso de las muestras genéticas y los conocimientos tradicionales asociados a ellas que el infractor haya obtenido ilegalmente;

III. Arresto administrativo hasta por 72 horas; y

IV. Pago de indemnización a los pueblos o comunidades indígenas titulares del conocimiento tradicional, por un monto equivalente al 70% del valor comercial estimado que corresponda al conocimiento tradicional y muestra genética asociada extraído ilegalmente.

Transitorios

Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Esta Ley será difundida en el Sistema de Radiodifusoras Indigenistas y en los medios de comunicación masiva, e igualmente será traducida a las lenguas indígenas para su distribución en pueblos y comunidades, a fin que puedan entenderse sus alcances y objetivos.

Tercero.- El Gobierno Federal promoverá ante las entidades federativas y los municipios de la República Mexicana, las acciones legislativas y políticas necesarias para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 5 y 13; se adicionan los artículos 2 con las fracciones XIX, XX y XXI, y 9 con las fracciones XII, XIII y XIV; y se crean los artículos 20 y 21 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

"Artículo 2. .............

I. a XVIII. ..........

XIX. Garantizar la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas mediante el Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales, de conformidad con lo establecido en la Ley General sobre la materia;

XX. Preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas a través de la creación y administración del Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General sobre la materia; y

XXI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

...

Artículo 5. La Comisión contara con una Junta de Gobierno, como órgano de gobierno; un Director General, como órgano de administración; un Consejo Consultivo como órgano de consulta y vinculación con los pueblos indígenas y la sociedad; y un Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales, como órgano técnico encargado de cumplir las funciones que le asigna la Ley General sobre la materia

............

Artículo 9. ...........

I. a XI. ...........

XII. Nombrar al titular del Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales;

XIII. Expedir el reglamento interno del Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales.

XIV. Expedir el reglamento interno del Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales

.............

Artículo 13. El Consejo Consultivo de la Comisión analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al Director General sobre las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas. Asimismo, bajo la supervisión de la Junta de Gobierno y a través de un Comité compuesto de diez representantes indígenas integrado de entre sus miembros, el Consejo administrará el Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales, de conformidad con la Ley General sobre la materia.

El Consejo Consultivo sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante indígena.

..............

Artículo 20. La Comisión contará con un Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales, encargado de registrar los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, con arreglo a lo dispuesto en la Ley General sobre la materia; el titular del Registro Nacional será designado por la Junta de Gobierno.

El Registro Nacional se encargará de preservar, promover y proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, a través de la realización de las acciones necesarias para tal fin.

El Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales tendrá las siguientes funciones específicas:

I. Registrar y expedir el certificado correspondiente de propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General sobre la materia;

II. Aprobar o cancelar los contratos de licencia celebrados entre los pueblos y comunidades indígenas y las personas físicas o morales, públicas o privadas, para autorizar el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a ellos, de acuerdo a lo establecido en la Ley General sobre la materia;

III. Promover las acciones judiciales necesarias para castigar cualquier uso indebido de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas; y

IV. Mediar entre los pueblos y comunidades indígenas en controversias sobre la titularidad de conocimientos tradicionales específicos, recurriendo a los mecanismos conciliatorios existentes en los sistemas normativos de los propios pueblos indígenas.

Artículo 21. La Comisión constituirá y administrará, a través de un Comité integrado por representantes indígenas miembros del Consejo Consultivo, el Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General sobre la materia.

Los recursos del Fondo Nacional se aplicarán exclusivamente en la realización de todas aquellas acciones encaminadas a la conservación de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas."

Transitorios

Primero. El Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales y el Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales se constituirán dentro de los seis meses siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas promoverá la participación de instituciones académicas e instituciones públicas en este proceso.

Segundo. La Junta de Gobierno expedirá, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, los Reglamentos Internos del Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales y del Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 87 Bis y se deroga el artículo 87 Bis-1 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

.............

"Artículo 87 Bis. El aprovechamiento de los recursos genéticos asociados a los conocimientos tradicionales con fines de utilización en la biotecnología, requiere de autorización de la Secretaría.

La autorización a que se refiere este artículo solo podrá otorgarse si cuenta con el consentimiento informado previo de los pueblos y comunidades indígenas en donde se localice el recurso, mediante la protocolización de un contrato de licencia.

Asimismo, los poseedores del conocimiento tradicional tendrán derecho a una repartición justa y equitativa de los beneficios por el acceso a éstos y que se deriven de los productos desarrollados a partir de ellos, con arreglo a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 87 Bis-1.

Se deroga"

Transitorio

Único.- Los artículos primero, segundo y tercero de este Decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día 18 de febrero de 2004.

Dip. Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica)

QUE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 69 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La democracia constitucional debe asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos, así como para mejorar la aplicación de la justicia.

Hoy más de cuarenta países en el mundo cuentan con leyes e instituciones dedicadas a garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre la gestión pública.

Con la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y leyes locales de la materia en distintas entidades federativas de la República, nuestro país ha emprendido un proceso de cambio en la relación entre gobierno y gobernados, y desde luego una nueva forma de ejercicio de la función pública.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental garantiza el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales que obran en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos, constitucionales autónomos, bajo tres principios fundamentales:

1. La información de los poderes y organismos federales es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que, en los términos de la propia Ley, se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que su divulgación puede poner en riesgo asuntos de interés general del país, como por ejemplo la seguridad nacional o la salud de la población.

2. El derecho de acceso a la información es universal, lo que significa que cualquier persona, sin distinción alguna, puede solicitarla sin necesidad de acreditar interés jurídico o exponer los motivos o fines de su solicitud.

3. Los datos de las personas que obran en las instituciones públicas son confidenciales y, por lo tanto, no deben divulgarse ni utilizarse para fines distintos para los cuales fueron recibidos o requeridos, de tal manera que se garantice el derecho a la intimidad y la vida privada, y al mismo tiempo sus titulares deben tener acceso a ellos cuando los soliciten.

En el caso del Poder Ejecutivo Federal, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) es el organismo encargado de cumplir y hacer cumplir la Ley en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Con ese fin, la Ley y el reglamento de la misma establecen las atribuciones, los procedimientos y los sistemas necesarios para promover y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales que obren en las instituciones del gobierno federal.

El Capítulo III, artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental menciona lo que se considera como información reservada, entre otros, el secreto fiscal.

Lo anterior tiene por objeto guardar absoluta reserva en lo concerniente a declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con aquellos relacionados para garantizar el derecho a la intimidad y la vida privada.

El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece aquellos casos que el secreto fiscal o dicha reserva aplica como en el caso de los que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a funcionarios encargados de la administración y defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias.

Como se puede observar en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, los datos sólo pueden otorgarse tratándose de procesos relacionados a la materia penal y de pensiones alimenticias, por lo que se considera necesario ampliar dicha reserva para que autoridades judiciales o ministerio público en cualquier caso puedan solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos de domicilio fiscal de los contribuyentes.

Esta reforma tiene como finalidad que la justicia se mejore al ampliarse la reserva a otros procesos judiciales para ser congruentes con la modernización y transformación en la expedición de la justicia.

Por lo anterior, el legislador que firma al calce solicita se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad al siguiente artículo.

Artículo Unico.- Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 69. ...

...

Las autoridad judicial y el Ministerio Público en cualquier caso podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos correspondientes al domicilio fiscal de los contribuyentes.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de a Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de febrero de 2004.

Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica)

DE LEY PARA LA INSCRIPCION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO NAVA DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados integrantes del sector campesino del Partido Revolucionario Institucional de la H. Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad constitucional que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía el proyecto de decreto que crea la nueva Ley de Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, que propone dar respuesta a las demandas de múltiples sectores de la sociedad, sobre todo de los más pobres.

Exposición de Motivos

Antecedentes

En la LVIII Legislatura el honorable Congreso de la Unión aprobó el 27 de diciembre de 2000, la de Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera.

En esta Cámara de Diputados, actuando como Cámara revisora respecto de la minuta turnada por la colegisladora, se dio un intenso debate, en el que todas las fuerzas políticas aquí representadas coincidieron en la necesidad impostergable de dar solución jurídica a un intenso problema de carácter social como lo es el referente a la regularización de vehículos cuya estancia en el país es irregular por no haber cumplido con los requisitos de importación que la ley de la materia señala.

Este fenómeno, como todos sabemos, existe en todos los estados de la República, provocando que sea un asunto de nivel federal, pero sobre todo es un tema de sensibilidad política y humana, ya que los que escuchamos las demandas sociales sabemos que para muchas familias, especialmente las del campo, estos vehículos son parte de sus instrumentos de trabajo.

Cabe mencionar que después de que entró en vigor la pasada ley en cuestión, algunas empresas del mercado automotriz mexicano se sensibilizaron y aplicaron programas de financiamiento accesibles para algunos sectores de la sociedad, no así para los mas pobres, ya que no cuentan con los requisitos que demandan estas empresas del mercado automotriz mexicano y se ven obligados a optar por vehículos de procedencia extranjera.

Consideraciones

1. El esfuerzo realizado por parte del Ejecutivo y del Legislativo con la publicación del la Ley de Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera en el Diario Oficial el día 12 de marzo de 2001, resolvió en parte ya que se vio minimizada por la gran demanda y poco tiempo que tuvo de vigencia dicha ley.

2. La gran mayoría de los vehículos de estancia ilegal, que circulan actualmente en nuestro país, cumplen una función social o de carácter económico. Su internación no ha sido masiva.

3. El estado ilegal de los vehículos, en su mayor parte, va aparejada de prácticas de corrupción en la que participan desde autoridades municipales, estatales y federales, en especial por elementos policiacos que abusan de la autoridad, extorsionan y tratan de manera arbitraria a los conductores de estos vehículos.

La aprobación de esta nueva ley permitirá dar solución al urgente problema económico-social, derivado del internamiento, tenencia y tránsito de vehículos usados de procedencia extranjera, que ingresaron al país de forma ilegal. Y al igual que en la incitativa que impulso el decreto de 2001 consideramos las siguientes ventajas como producto de la inscripción:

a) Se identificarán a los propietarios de la titularidad de los vehículos.

b) Se obtendrán ingresos adicionales tanto federales como estatales; por lo que respecta al primero, en los derechos de regularización y tenencia; en cuanto al segundo, en lo que corresponde al pago de placas y engomado. Lo anterior dentro del principio establecido por el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna.

c) Se contribuiría a las garantías mínimas de seguridad pública, pues al conocer quién es el propietario del vehículo, éste se localizaría con mayor facilidad en caso de que fuese utilizado para la realización de alguna actividad ilícita.

d) Por otro lado, se apoyará al mercado de servicios automotrices, lubricantes, combustibles y refacciones, toda vez que la estancia regularizada puede llevar a sus dueños a mantener el cuidado de sus unidades.

Por lo anterior mencionado y tomando como base la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera publicada el 12 de marzo de 2001 en Diario Oficial sometemos a su consideración el decreto que crea la nueva Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera en la que se adecuan sólo los modelos y tarifas para quedar como sigue:

Nueva Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera

Artículo Primero. Para efectos de esta Ley, serán considerados propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera los que se inscriban bajo los siguientes términos:

a) Las personas que acrediten con el título de propiedad ese derecho o con los documentos idóneos que demuestren la titularidad de un vehículo de procedencia extranjera.

b) Que se trate de vehículos comprendidos entre los modelos 1970 y 1996, inclusive.

Artículo Segundo. Serán objeto de inscripción, los vehículos automotores cuyos modelos sean 1996 o anteriores y posteriores a 1970, conforme a las disposiciones vigentes en materia aduanera y que tengan las siguientes características: a) Los vehículos automotores, camionetas pick-up y vagonetas con capacidad hasta de doce pasajeros, así como los señalados en el anexo único de la presente ley.

b) Los vehículos internados en el país antes del 31 de octubre de 2003.

c) Los destinados al servicio público de transporte y carga, y cuya capacidad no exceda los 3,500 kilogramos.

Artículo Tercero. No podrán ser objeto de inscripción los vehículos siguientes: a) Los vehículos de modelo 1997 en adelante, y los vehículos 1969 y anteriores.
b) Los considerados de lujo y deportivos.

c) Los introducidos al territorio nacional a partir del 31 de octubre del año 2003.
d) Los que se encuentren embargados a la fecha de expedición de la presente ley.

e) Los tipo vivienda.
f) Los que se encuentran en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país.

Artículo Cuarto. Los interesados en inscribir los vehículos, deberán pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, a partir del ejercicio fiscal de 2004 y los subsecuentes.

Se exime parcialmente del pago de los demás impuestos y derechos que deban pagarse con motivo de la importación, a efecto de que se pague la cantidad única que se determina conforme a la siguiente tabla:

Artículo Quinto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía se coordinarán con las autoridades fiscales de las entidades federativas, para llevar a cabo la inscripción de los vehículos a que se refiere esta ley.

Los pagos a que se refiere el artículo cuarto de esta ley se efectuarán ante las oficinas que autoricen las autoridades fiscales de las entidades federativas, mismas que informarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la recaudación que por este concepto se obtenga.

Las entidades federativas percibirán como incentivo por la realización de los trámites efectuados conforme a esta Ley el total de la recaudación a que se refiere el párrafo anterior, integrando un fondo estatal especial para aplicarse en función de las prioridades de cada estado. Del monto recaudado se destinará el 40% a los municipios y se repartirá entre los mismos conforme a los criterios establecidos por los ordenamientos fiscales estatales.

Artículo Sexto. Los interesados deberán acudir a los lugares que señalen las autoridades fiscales, dentro de los 120 días naturales contados a partir de la publicación de esta ley, a fin de presentar la solicitud de inscripción en los formatos aprobados por las autoridades fiscales de las entidades federativas, quienes le asignarán la fecha en que deberán presentar:

I. El vehículo y la acreditación de propiedad del mismo, para que las autoridades fiscales de la entidad federativa correspondiente tomen las calcas de los datos de identificación del automóvil y se le adhiera la calcomanía que lo identifique como inscrito.

II. Licencia de conducir y una copia fotostática de la misma. En ningún caso se aceptarán permisos.

Los pagos a que se refiere el articulo cuarto de esta ley se efectuarán en la fecha en que el interesado presente el vehículo para que se le coloque la calcomanía.

Artículo Séptimo. El pago de las contribuciones no obliga a las autoridades fiscales correspondientes a otorgar la inscripción en los siguientes casos:

a) Si se trata de alguno de los vehículos a que se refiere el articulo tercero de esta ley;

b) Si el vehículo no es presentado para la toma de calcas dentro del plazo señalado en el artículo sexto; y

c) Si no se cumple con alguno de los requisitos señalados en esta ley.

Artículo Octavo. La inscripción de los vehículos conforme a la presente ley no otorga reconocimiento de la propiedad de los mismos. En ningún caso, una misma persona podrá inscribir más de un vehículo, en los términos de la presente ley.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia no excederá los 120 días naturales contados a partir de dicha fecha.

Artículo Segundo. Los poseedores de vehículos que no pueden ser objeto de inscripción contarán con el plazo señalado en el artículo anterior para sacarlos del país o donarlos al fisco federal o a entidades federativas.

En todos los casos, el interesado quedará liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y la ausencia del permiso de importación.

Artículo Tercero. Procederá la inscripción de vehículos embargados, cuando esta medida corresponda a créditos fiscales vinculados en función directa de su internación al país, en cuyo caso, se levantará el embargo respectivo para que el propietario pueda llevar a cabo el trámite de inscripción correspondiente en términos de ley. Una vez hecha la inscripción, quedará cancelado el crédito fiscal de referencia y, por ende, levantado definitivamente el embargo, devolviéndose el vehículo a su propietario.

Artículo Cuarto. Los gobiernos de los estados en el marco de las disposiciones legales aplicables, podrán establecer el requisito a cargo de los propietarios de contratar pólizas de seguro para dichos vehículos, para la protección de daños a terceros.

Oficios

DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON EL QUE REMITE EL INFORME SOBRE LA COMPOSICION Y SITUACION FINANCIERA DE LAS INVERSIONES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2003, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 286 C DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

México, DF, a 26 de enero de 2004.

Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Presente

Con el objeto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, el H. Consejo Técnico del Instituto, en acuerdo 200/2002 del 17 de abril del 2002, estableció los dispositivos de información para que en forma periódica, oportuna y accesible, se dé a conocer la composición y situación financiera de las inversiones de este organismo y se remita trimestralmente al honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México.

Por tal motivo y con fundamento en el artículo 268, fracciones II y XI, de la Ley del Seguro Social, me es grato acompañar un ejemplar conteniendo la información antes citada, correspondiente al 4º trimestre del 2003, en el que se incluye fundamentalmente la posición de los recursos financieros en inversión al cierre del mismo, los montos promedio, la estructura del portafolio y los rendimientos obtenidos.

Con los resultados alcanzados en el periodo que se informa, se cumple satisfactoriamente con los objetivos y metas institucionales fijados por el Consejo Técnico para este proceso, situación que se ha mantenido de esa forma durante los últimos ejercicios, debido a la eficiencia en la administración de la inversión de los recursos financieros institucionales, en la cual se ha contado con las valiosas aportaciones de los miembros de la Comisión de Inversiones Financieras del Instituto, integrada en forma tripartita por representantes del sector obrero y del sector patronal ante el H. Consejo Técnico, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular del Organo Interno de Control en el IMSS, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y funcionarios del propio Instituto.

Sin otro particular, envío a usted un respetuoso saludo.

Santiago Levy (rúbrica)
Director General

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, TRES CON LOS QUE SE REMITEN CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CAMARA DE DIPUTADOS

México, DF, a 9 de febrero de 2004

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-128, de fecha 15 de diciembre de 2003, suscrito por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 102-B-010, signado por el C. Alonso García Tames, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación al punto de acuerdo en el que solicita informar acerca del destino y aplicación de los recursos que ha solicitado por concepto de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal 2004, presentado por el diputado René Arce Islas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 10 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-70, de fecha 6 de noviembre de 2003, signado por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 315-A-00574, suscrito por la C. Cecilia Barra, directora general de Programación y Presupuesto "A" de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta a los puntos de acuerdo por los que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a instrumentar políticas para la restauración, conservación, protección y desarrollo de las ciudades mexicanas inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, presentado por el diputado Rafael Flores Mendoza.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 10 de febrero de 2004

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-20, signado el día 25 de septiembre de 2003 por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 315-A-00573, suscrito por la C. Cecilia Barra, directora general de Programación y Presupuesto "A" de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da respuesta a los puntos de acuerdo relativos a los brotes de conjuntivitis en el país, presentado por la Junta de Coordinación Política.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CINCO CON LOS QUE SE REMITEN CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CAMARA DE SENADORES

México, DF, a 9 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes.

En atención al oficio No. II-345, de fecha 4 de diciembre de 2003, suscrito por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. SJAI/043/04, signado por el C. licenciado Alejandro Ramos Flores, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, por el que da contestación al punto de acuerdo mediante el cual requiere a esa Procuraduría solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción a fin de que resuelva la controversia del juicio de amparo número 979/2002-I planteado por los bancos, y que actualmente se encuentra radicado para su revisión ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; respecto del canje de pagarés en los términos del artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 9 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número I-487, de fecha 11 de diciembre de 2003, suscrito por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DEP-0192/04, signado por el licenciado Juan Diego Jasso Farías, director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que da contestación al apartado tercero del punto de acuerdo mediante el cual solicita al Ejecutivo federal que informe sobre los procedimientos que se han seguido para dar cumplimiento al Acuerdo de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 10 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número V-44, signado por el C. senador Raymundo Cárdenas Hernández, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DEP-0210/04, suscrito por el licenciado Juan Diego Jasso Farías, director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que da contestación a los puntos de acuerdo mediante los cuales se solicita al Ejecutivo federal que se pronuncie por la defensa de los derechos humanos y laborales de nuestros connacionales que se encuentran viviendo y trabajando en Estados Unidos de América, y contra las redadas antiinmigrantes, que atentan contra esos derechos fundamentales.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 10 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número II-388, suscrito por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 326-SAT-X-2-9935, de fecha 24 de enero del año en curso, signado por el C. licenciado Alfredo García Alvarez, administrador central de Fiscalización Aduanera "2" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación a los puntos de acuerdo relativos a las acciones establecidas para combatir las conductas previstas en los artículos 102, 103, 104 y 105 del Código Fiscal de la Federación, relacionados con el delito de contrabando, así como las establecidas en los artículos 108 y 109 relacionadas con la defraudación fiscal, presentado por el senador Jorge Lozano Armengol.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 10 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número I-487, de fecha 11 de diciembre de 2003, suscrito por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número UPDDH/911/291/04, signado por el C. Ricardo J. Sepúlveda Iguiniz, jefe de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de esta Secretaría, por el que da contestación al apartado primero de los puntos de acuerdo sobre la situación de los derechos humanos en el país, elaborado bajo los auspicios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE LA TERNA PROPUESTA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA LA DESIGNACION DE UN MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

México, DF, a 11 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

El C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, somete a la consideración de ese cuerpo colegiado, la designación de un magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario.

Por lo anterior, con el presente me permito remitir a ustedes la propuesta signada por el titular del Ejecutivo federal, así como los datos curriculares de los candidatos.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

C. Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente

El artículo 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina expresamente que: "...para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente".

Con base en el dispositivo constitucional citado, el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios dispone que los magistrados serán designados por la Cámara de Senadores y en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta del Presidente de la República, a través de la lista de candidatos que éste someta a su consideración. Acto seguido el artículo 17 de la misma ley dispone que los magistrados designados durarán en su cargo seis años, abriendo la posibilidad de que sean ratificados, es decir, propuestos y designados nuevamente, caso en el cual serán inamovibles.

El Licenciado Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez fue designado como Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario el 11 de febrero de 1998, por lo que acorde con el régimen transcrito, el próximo 11 de febrero concluye dicho encargo.

Congruente con lo anterior y en uso de la facultad constitucional y legal precisada en los párrafos que anteceden, corresponde al Ejecutivo Federal determinar la procedencia de proponer o no a esa Soberanía una nueva designación del Licenciado García Villalobos como Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario.

En ese sentido, al Ejecutivo Federal le ha correspondido examinar el desempeño del licenciado García Villalobos como Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario, a fin de constatar su idoneidad para el desempeño de tan alto cargo en la administración de justicia agraria. En tales condiciones se procedió a verificar que su actuación sea acorde con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que deben regir toda función jurisdiccional. Lo anterior, a fin de establecer total certeza respecto de que tales principios han sido invariablemente observados a lo largo de todo su desempeño en el citado Tribunal, máxime que la determinación que se adopte implicaría el otorgamiento de inamovilidad en el cargo, en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En este orden de ideas es preciso señalar que el Lic. García Villalobos fue originalmente designado magistrado supernumerario del Tribunal Unitario Agrario el 16 de agosto de 1992.

Señalado lo anterior, es pertinente recordar que en los últimos años nuestro país ha realizado grandes esfuerzos para recuperar a favor del gobernado la confianza en las instituciones nacionales, señaladamente en lo que concierne a la función jurisdiccional y, por ello, una de las medidas en esta dirección ha sido la exigencia para los servidores públicos -exigencia no sólo legal, sino también en el más amplio sentido ético- de mantenerse al margen del poder político y de las contiendas partidistas, sin que ello implique vulnerar sus derechos políticos. Es indudable que el licenciado García Villalobos, durante el ejercicio de su cargo, no se ha ajustado a estas reglas, como lo demuestran algunos de sus escritos publicados en la prensa nacional (revista Siempre de 15 de junio de 2000) y que dan cuenta de un abierto proselitismo político, que incluye la invitación a la ciudadanía a votar a favor de determinado partido y a abstenerse de hacerlo a favor de otros, circunstancia que es contraria a los principios de la vida democrática conforme a los cuales se debe evitar la manipulación o inducción política en la ciudadanía por parte de quienes ostentan algún cargo público.

No debe pasar, por alto el hecho de que la ratificación de los magistrados agrarios y, en general, de los servidores públicos encargados de impartir justicia, ésta vinculada con el principio de inamovilidad, a efecto de que el juzgador dedique su vida a la solución de las controversias que se le plantean, sin que se vea obligado a participar en contiendas electorales, compromisos partidistas y grupos de presión o poder. Se trata de servidores públicos consagrados por entero a una misión y ajenos al devenir político.

Además de lo anterior, a partir de que el licenciado García Villalobos fue designado como magistrado supernumerario en el multicitado Tribunal, alternó la exigente función jurisdiccional con el desempeño de diversos cargos en el Gobierno del Distrito Federal y en la Administración Pública Federal, como lo fueron el de Director General de Servicios Migratorios, Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Subprocurador Jurídico de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y Subsecretario de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social de la citada Secretaría. El magistrado supernumerario García Villalobos pasó a ocupar los encargos antes referidos mediante la tramitación y obtención de prolongadas licencias para ausentarse de la función para la cual fue propuesto por el Ejecutivo y nombrado por esa Soberanía nacional, mismas que en su conjunto representan más de cuatro años fuera de dicho cargo.

Esta conducta demuestra desapego por la función jurisdiccional y, en todo caso, da cuenta de una ausencia de vocación para una tarea que requiere un desempeño de tiempo completo para impartir justicia entre los hombres y mujeres del campo. Con independencia de que la prolongada ausencia del cargo jurisdiccional revela la verdadera vocación del licenciado García Villalobos, el funcionamiento regular del Tribunal Superior Agrario se vio afectado por la imposibilidad de designar en su lugar al respectivo magistrado supernumerario que supliera las ausencias de los magistrados numerarios de los tribunales unitarios, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y en demérito del principio de expeditez contenido en el primer párrafo de la fracción XIX del artículo 27 constitucional.

Es importante señalar que el licenciado García Villalobos omitió citar los cargos que ha aceptado y desempeñado, como él mismo señala, en la "política activa" (revista Siempre del 15 de junio de 2000), en el curriculum vitae que envió al titular del Ejecutivo Federal mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2003, para efectos de su posible ratificación. Es evidente que esta conducta constituye una falta de probidad, cualidad ésta que debe acompañar toda actuación de quien dignamente pretende desempeñar la noble tarea, de impartir justicia.

A la falta de probidad detallada en el párrafo que antecede, se suma el hecho de que al haber aceptado los cargos públicos referidos, el licenciado García Villalobos transgredió el impedimento que establece el artículo 29 de la tantas veces citada Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, según el cual los magistrados están impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo público o de particulares. Es evidente que esta prohibición alcanza aún aquellos magistrados que se encuentren disfrutando de alguna licencia que se les haya expedido, dado que ésta no implica la pérdida de su calidad como magistrado integrante de los Tribunales Agrarios.

La situación anterior hace evidente que el magistrado García Villalobos contravino reiteradamente las disposiciones del precepto citado, en función de haber aceptado y desempeñado empleos públicos diversos al que se le había encomendado para la impartición de justicia agraria, tarea cuya jerarquía no acepta paréntesis y, mucho menos, que el magistrado abandone sus funciones jurisdiccionales para desempeñarse en algún otro empleo público.

Por lo que hace a la productividad del Tribunal, llama la atención que bajo la Presidencia del señor magistrado García Villalobos (1997- a la fecha), el costo de una sentencia se ha incrementado notablemente. En efecto, según las cifras presentadas por el propio Tribunal, mientras que durante los bienios 92-93 y 93-94 el costo por sentencia fue calculado en 19,400 y 17,150 pesos, respectivamente, el costo de una sentencia en 2002 se elevó a 502,400 pesos. Aun y cuando se argumente que tan excesivo incremento obedezca a una menor carga de trabajo, luego entonces es evidente que en los últimos años se ha carecido de una estrategia para racionalizar y eficientar los recursos humanos, materiales y presupuestarios del Tribunal.

Finalmente, no puede pasar desapercibido que entre los requisitos exigidos para ser magistrado por el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se encuentra el de gozar de buena reputación (fracción IV), cualidad que evidentemente resulta incompatible con la circunstancia de que durante el procedimiento de evaluación del desempeño del magistrado García Villalobos fueron reiteradas las opiniones en el sentido de que algunos tribunales unitarios han sido privados de plazas de secretarios de acuerdos o de estudio y cuenta, para cubrir nombramientos de asesores y auxiliares en las oficinas centrales del Tribunal Superior Agrario, en detrimento de la función jurisdiccional en los diversos distritos agrarios del país. Asimismo, destaca la asignación de recursos humanos y materiales en exceso para uso personal e inclusive que existe personal que se encuentra enlistado en la nómina de ese órgano jurisdiccional y que sin embargo no realiza funciones inherentes a las que su puesto señala.

También fueron reincidentes las quejas de magistrados del propio Tribunal sobre las decisiones administrativas infundadas que se dictan desde la Presidencia de aquél y que provocan inestabilidad entre los magistrados y el personal jurisdiccional de los tribunales unitarios, lo que se refleja, por dar un ejemplo, en los continuos cambios del personal de una sede a otra, sin mediar justificación o explicación alguna, en suma, sin reglas claras y transparentes.

De igual forma, en la pasada sesión del Congreso Agrario Permanente, efectuada el 23 de enero de 2004, se expusieron ante la Secretaría de la Reforma Agraria numerosas quejas contra la situación que guarda el Tribunal y, señaladamente, la Presidencia del mismo.

Es evidente que el cúmulo de opiniones vertidas en el proceso que nos ocupa, determina que el Magistrado García Villalobos no satisface en la actualidad el requisito legal previsto en el artículo 12, fracción IV, de la ley citada.

En las condiciones hasta aquí expuestas y si bien es cierto que la valoración integral del desempeño de un magistrado agrario comprende el análisis de aspectos tales como su desempeño académico y su formación profesional o el no haber sido sancionado por falta grave, es menester señalar que dicho análisis en el caso concreto y por positivo que éste haya resultado, no conduce al Ejecutivo Federal a adoptar una determinación distinta por no contrarrestar las cuestiones señaladas a lo largo del presente documento.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente: el Ejecutivo Federal está consciente de que no corresponde, a través de la figura de ratificación, determinar o fijar responsabilidad alguna, ya que, en su caso, tal atribución es facultad de las autoridades competentes en la materia. Por el contrario, la ratificación es una figura legal que exige un ejercicio de valoración, como el aquí hecho y con el cual queda fundada y motivada la determinación -emitida en ejercicio de la facultad discrecional otorgada por la Constitución al Ejecutivo Federal- de no proponer a esa Soberanía la ratificación del señor Licenciado Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez como magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario.

En ese orden de ideas, y con fundamento en la fracción XIX del artículo 27 constitucional y 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por su digno conducto someto a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, una lista, en estricto orden alfabético, de candidatos para ejercer el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Agrario:

a) José Francisco Abunza Aguado
b) Alejandro González Alcocer
c) Luis Modesto Ponce de León Armenta No omito señala que estos profesionistas cumplen con los requisitos que señala la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Para tal efecto, me permito adjuntar los curricula correspondientes así como la información inherente a cada uno de ellos.

Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Palacio Nacional, a 11 de febrero de 2004

Sufragio Efectivo. No reelección.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Vicente Fox Quezada (rúbrica)

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL CIUDADANO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES, PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION JUAN MORA FERNANDEZ, EN GRADO DE GRAN CRUZ DE PLACA DE PLATA QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

México, DF, a 16 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Ricardo Francisco García Cervantes, ex embajador de México en la República de Costa Rica, pueda aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de dicho país.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CUATRO POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, JOSE RAMON DE LA SANTISIMA TRINIDAD MANTILLA Y GONZALEZ DE LA LLAVE, PAULINO LOPEZ BERNAL Y BERNHARD WILHELM TETZLAFF VON WOBESER HOEPFNER PUEDAN ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS

México, DF, a 9 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 10 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. General de Grupo Piloto Aviador DEMA Paulino López Bernal pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de la Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 10 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. licenciado José Ramón de la Santísima Trinidad Mantilla y González de la Llave pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O?Higgins, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 10 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Bernhard Wilhelm Tetzlaff von Wobeser Hoepfner pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DOS POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SE COMUNICA QUE OTROS HAN DEJADO DE PROPORCIONARLOS

México, DF, a 9 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Claudia Castañeda Villarreal.
Puesto: Redactora web master.
Lugar de trabajo: Delegación de la Comisión Europea en México.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, originales del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes y la nota número 1224 de la Delegación de la Comisión Europea y una fotografía, así mismo copias simples de su currículum vitae e identificación oficial.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 10 de febrero de 2004.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Adriana Vega Cerecedo.
Puesto: Especialista en sistemas comerciales.
Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México, Distrito Federal.

Nombre: Diana de la Huerta Gastón.
Puesto: Recepcionista.
Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México, Distrito Federal.

Nombre: Diana Jiménez Liébana.
Puesto: Asistente contable.
Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México, Distrito Federal.

Nombre: María Elena Honc Navarro.
Puesto: Recepcionista.
Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México, Distrito Federal.

Nombre: Edgar López Zuazua Carmona.
Puesto: Asistente de sistemas.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Nombre: Manuel de Jesús García Bañuelos.
Puesto: Supervisor de mantenimiento.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Santiago Ramírez López.
Puesto: Maestro de inglés.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Nombre: Sabina García Alvarez.
Puesto: Secretaria.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así mismo copias simples de su identificación oficial.

Al mismo tiempo, se informa que la persona que se menciona a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno estadounidense:

Nombre: Nadia Castellanos Villanueva.
Puesto: Asistente consular.
Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, QUINCE CON LOS QUE REMITE HOJAS DE SERVICIO DE MIEMBROS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión

Presentes

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación enviando las hojas de servicio de los siguientes ciudadanos:

Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares J. Jesús Naranjo Cervantes (8215066)
Coronel de Fuerza Aérea Abastecedor de Material Aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo Jorge Tomás Smith Zamora (B-224867)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Sergio Alberto Martínez Castuera (8523709)
Coronel de Fuerza Aérea Aerologista José Ángel Mata (9431167)
General Brigadier Ingeniero en Transmisiones Militares Diplomado de Estado Mayor Arturo Alberto Jheman Zetina (6461610)
Coronel Cirujano Dentista David Casillas del Llano (7433093)
Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo José Francisco Wilfrido Escamilla Rangel (8704837)
Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Teodoro López Rodríguez (7392246)
Coronel de Fuerza Aérea Meteorólogo Diplomado de Estado Mayor Aéreo Macario Alvarez Zavala (9052012)
Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Gumaro Cabrera Osornio (B-257775)
Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Guillermo Tapia Adán (9030521)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor André Georges Foullon Van Lissum (8208339)
Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Julián Carlos Calls Barbosa (6648364)
Coronel de Infantería Ambrocio Quinto Adrián (6469542)
Coronel de Infantería Salvador García Camacho (7433533) Las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente las hojas de servicio de los citados militares, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

Solicitudes

DE LA CIUDADANA FABIOLA MARGARITA SOLIS AGUINACO, QUIEN SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE LOS PAISES BAJOS EN MEXICO

Honorable Congreso de la Unión
Dip. Juan de Dios Castro Lozano

Fabiola Margarita Solís Aguinaco, mexicana por nacimiento, licenciada en derecho, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en la calle de Comunal 15, colonia Chimalistac, CP 01050, México, DF, con todo respeto digo:

1. Soy mexicana por nacimiento, como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.

2. En oficio del 28 de enero de 2004, el señor Jan Jaap van de Velde, embajador de los Países Bajos en México, tuvo a bien designarme asesora del Departamento Económico de dicha representación diplomática, como lo compruebo con la copia del citado oficio que acompaño como anexo número 2.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37-C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso del Congreso de la Unión para prestar mis servicios a la Embajada de los Países Bajos en México, como asesora del Departamento Económico.

Protesto mi respeto.
Fabiola Margarita Solís Aguinaco (rúbrica)

México, DF, a 6 de febrero de 2004.

Dictámenes

DE LA SEGUNDA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE AUTORIZACION AL CIUDADANO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO DEL 2004, A FIN DE QUE REALICE UNA VISITA DE TRABAJO A CRAWFORD, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa de decreto por la que se solicita, autorización para que el C. Vicente Fox Quesada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos pueda ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo del 2004, a fin de que realice una visita de trabajo a Crawford, Texas, Estados Unidos de América.

En el texto de la iniciativa de decreto enviada a esta H. Comisión Permanente por la propia Presidencia de la República para los efectos de los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consigna que el objeto de la visita es atender la invitación que le ha extendido el Presidente de los Estados Unidos de América George W. Bush para llevar a cabo una visita de trabajo y avanzar en el análisis de la agenda bilateral con especial énfasis en el tema migratorio.

El titular del Ejecutivo expresa la necesidad de alcanzar una migración legal, segura y ordenada y en especial, respetuosa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes mexicanos. Asimismo, afirma que la reciente iniciativa del Presidente Bush es un paso importante para retomar el tema migratorio y porque se reconoce la aportación que hacen estos trabajadores a la economía norteamericana.

Los legisladores miembros de esta Comisión, reconocemos la importancia que el Presidente otorga al tema migratorio y que ésta será una oportunidad más para reflexionar profundamente sobre éste fenómeno en las conversaciones que sostendrá con su homologo.

Los miembros de esta Comisión estamos de acuerdo en que el tema migratorio ocupa el lugar central en las preocupaciones de los ejecutivos, sin embargo no debe perderse de vista el papel fundamental que juegan ambos congresos en la concreción de políticas públicas en esta materia. Nos pronunciamos porque se acepte la corresponsabilidad en el tema de fronteras seguras que signifique la reducción de muertes de connacionales que intentan cruzar a aquel país.

En materia de comercio, el Presidente insistirá en la necesidad de explorar nuevas vías para reactivar la economía mexicana, utilizando los actuales esquemas de integración económica hemisférica.

En virtud de lo expuesto y fundado, la Comisión que suscribe considera conveniente e importante la visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada a Crawford, Texas, Estados Unidos de América, por ello nos permitimos someter a la consideración de la H. Asamblea, la aprobación del siguiente:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo del 2004, con el propósito de atender la invitación del Presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, para llevar a cabo una reunión de trabajo en la ciudad de Crawford, Texas.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente.- México, DF, a 17 de febrero de 2004.

Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring Casar; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Sen. Demetrio Sodi de la Tijera; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez.

DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO LICENCIADO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION JUAN MORA FERNANDEZ, EN GRADO DE GRAN CRUZ PLACA DE ORO, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de febrero de 2004.

Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario; Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).

DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS MARIA ISABEL CASTILLO GONZALEZ, MIREN CARMELE PEREZ-AGUIRRE SALVARREY, RUBEN HERNANDEZ AGUILAR, RAFAEL AVILA ROSALES E IGNACIO LINAREZ ZAVALA PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIERE EL GOBIERNO DE ESPAÑA

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Isabel Castillo González, Miren Carmele Pérez-Aguirre Salvarrey, Rubén Hernández Aguilar, Rafael Avila Rosales e Ignacio Linares Zavala puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil, en grados de: Cruz con Insignia, Cruz de Plata con Insignia y Cruz de Plata, que les confiere el Gobierno de España, respectivamente.La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana María Isabel Castillo González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Miren Carmele Pérez-Aguirre Salvarrey para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Rubén Hernández Aguilar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Rafael Avila Rosales para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Ignacio Linares Zavala para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno de España.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de febrero de 2004.

DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS FRANCISCO NICOLAS GONZALEZ DIAZ, JORGE PULIDO VAZQUEZ, FELIPE DE JESUS ROSETE VAZQUEZ, GUSTAVO CARVAJAL MORENO Y FERNANDO ESTRADA SAMANO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Francisco Nicolás González Díaz, Jorge Pulido Vázquez, Felipe de Jesús Rosete Vázquez, Gustavo Carvajal Moreno y Fernando Estrada Sámano puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de la República Federal de Alemania, de Canadá, de la República de Chile y el Gobierno de la Santa Sede, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Articulo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Nicolás González Díaz para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el Gobierno de dicho país.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Pulido Vázquez para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Caballero, que le confiere el Gobierno de dicho país.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Felipe de Jesús Rosete Vázquez para aceptar y usar la condecoración de la Medalla al Valor, que le confiere el Gobierno de Canadá.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Gustavo Carvajal Moreno, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O?Higgins, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Fernando Estada Sámano para aceptar y usar la condecoración de la Orden Pío IX, en grado de Gran Cruz, que le confiere la Santa Sede.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de febrero de 2004.

DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO JORGE RODRIGO MARIO RANGEL DE ALBA PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO DE LA REPUBLICA DE MONGOLIA EN MEXICO, CON CIRCUNSCRIPCION CONSULAR EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 30 de enero de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Mongolia en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el 11 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento,

b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de la República de Mongolia serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Mongolia en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de febrero de 2004.

DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO LICENCIADO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION DE LA ORDEN PEDRO JOAQUIN CHAMORRO, EN GRADO DE GRAN COLLAR, QUE LE CONFIERE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de febrero de 2004.

Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).

DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO CAPITAN DE NAVIO DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR CARLOS MEJIA TEJEDA, PARA ACEPTAR Y USAR LA MEDALLA AL MERITO DE LA GUARDIA COSTERA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Capitán de Navío C. G. Diplomado de Estado Mayor Carlos Mejía Tejeda pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al Ciudadano Capitán de Navío C. G. Diplomado de Estado Mayor Carlos Mejía Tejeda para aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de febrero de 2004.

DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO DOCTOR MARIO DE LA O ALMAZAN PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO DE LA REPUBLICA DE FILIPINAS EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, CON CIRCUNSCRIPCION CONSULAR EN EL ESTADO DE GUERRERO

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 22 de enero de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Mario de la O Almazán pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 4 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará al gobierno de la República de Filipinas serán de carácter estrictamente consular; y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano doctor Mario de la O Almazán para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de febrero de 2004.

Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez.

DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO MIGUEL ALFREDO DUTTON DELORME PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO DE BELICE EN LA CIUDAD DE MERIDA, CON CIRCUNSCRIPCION CONSULAR EN EL ESTADO DE YUCATAN

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 22 de enero de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 4 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de Belice, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV, del apartado c), del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de febrero de 2004.

Presupuestos

LA CAMARA DE SENADORES, PARA LOS EFECTOS DEL INCISO G) DEL ARTICULO 66 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REMITE LOS PRESUPUESTOS DE DIETAS, HONORARIOS, SUELDOS Y GASTOS, EJERCIDOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2003 Y ENERO DE 2004 Y PARA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, VICENTE FOX QUESADA, QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FOMENTAR LA COEDICION ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y LA INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA, A CARGO DEL SENADOR ADALBERTO MADERO QUIROGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Quien suscribe, senador por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, ocurre a presentar punto de acuerdo por el que se solicita al C. Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que realice las acciones necesarias para fomentar la coedición de publicaciones entre el gobierno federal y la industria editorial mexicana, en atención a las siguientes

Consideraciones

Primera.- La economía mexicana en su conjunto atraviesa por un momento de elevada incertidumbre, debido, entre otras cosas, a la falta de incentivos fiscales para las industrias nacionales, situación que contrasta con la elevada competencia nacional e internacional a que están sujetas, además de que enfrentan los desajustes del mercado exterior, que impacta en el precio y el monto de sus exportaciones e importaciones, así como en el suministro de sus insumos básicos.

Pesé a que las expectativas de crecimiento no son del todo favorables, existen importantes sectores industriales que han sabido sortear las desventajas estructurales que todavía imperan en la actividad económica del país. Gracias a este ímpetu de seguir participando en el desarrollo de la industria nacional, ha sido posible mantener en funcionamiento importantes cadenas productivas que generan una gran masa de empleo y que demandan la reactivación de otros sectores productivos alimentadores de estos giros industriales.

En el anterior contexto se ubica el sector conjunto de papel, imprentas y editoriales, que ha luchado fehacientemente por no caer en el rezago tecnológico y productivo. Aunque no ha generado toda la producción que le permite su capacidad instalada, por las razones arriba señaladas; en el 2000 participó con el 4 por ciento de la producción manufacturera nacional.

Segunda.- Debemos señalar que, además del impacto que este sector tiene en la actividad productiva del país, no menos importante es su incidencia en los indicadores sociales relacionados con la promoción de la cultura y el fortalecimiento de la educación. De igual manera, la industria editorial y de artes gráficas, por ejemplo, ofrecen soluciones de comunicación y de tipo impreso a los sectores productivos más estratégicos tales como la industria automotriz, textil, de alimentos y bebidas, entre otras.

Tercera.- En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se estableció como una de las estrategias del Gobierno Federal, el fomento de la lectura en todos los grupos de población, como una actividad fundamental del desarrollo cultural y educativo en todas sus vertientes. En el mismo instrumento de planeación se determinó la necesidad de establecer un marco normativo dirigido a crear las condiciones necesarias para reforzar e impulsar la industria editorial mexicana. Producto de este impulso gubernamental es el programa integral de fomento a la lectura y el libro denominado Hacía un país de lectores, que tiene, entre otras finalidades, fomentar la producción, distribución y difusión de libros en colaboración con los sectores social y privado.

Sin embargo la industria editorial nacional se ha visto constreñida en su crecimiento por circunstancias económicas diversas, tales como el escaso número de librerías en el país, la participación y el control que ejercen las editoriales extranjeras en el mercado nacional y un régimen fiscal desfavorable, por mencionar solamente algunas de ellas. Es mínima la participación de la industria editorial privada en los planes editoriales del Estado en las instancias federal y estatal. Por lo que resulta urgente modificar esta situación que mantiene en el rezago a esta importante industria nacional.

Cuarta.- Desde que inició sus trabajos la LVIII Legislatura, la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, que me honro en presidir, ha asumido como un asunto de primera importancia, dialogar y coadyuvar en la media de sus posibilidades para ofrecer soluciones a los diversos problemas que enfrenta la industria editorial mexicana. Una de las principales demandas de este sector es que desde hace tiempo no perciben una política fiscal que estimule el crecimiento de sus empresas, por lo que la inversión en este tipo de actividades se ha venido reduciendo, afectando la creación de nuevas fuentes de empleo.

Partiendo del supuesto de que la difusión de los valores, la educación en todos sus niveles, el conocimiento científico y humanístico, así como la cultura y la recreación se realizan fundamentalmente a través de libros, revistas e impresos, debemos de considerar la industria editorial como un sector estratégico para el desarrollo social y cultural de México.

Por consiguiente, fortalecer el crecimiento de este sector productivo debe ser una de nuestras prioridades para que se garantice no sólo la fuente de empleos, sino algo todavía más trascendente, poder contar con una industria nacional que responda a los intereses y las necesidades crecientes de la población mexicana, ya que en ella se deposita el conocimiento y la información que contribuyen a que nuestro país sea libre, independiente y progresista.

En consecuencia, corresponde a los legisladores contribuir a destrabar los candados que limitan el pleno crecimiento de la industria editorial mexicana. Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno conforme a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al C. Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que realice las acciones necesarias para fomentar la coedición de publicaciones entre el Gobierno Federal y la industria editorial mexicana.

Segundo.- Cuando las dependencias u órganos descentralizados de la Administración Pública requieran editar algún libro o publicación periódica invitarán, por medio de licitación pública, a los integrantes de la industria editorial mexicana.

Tercero.- En los contratos de coedición se tratará de favorecer, aplicando un criterio de equidad, a las empresas editoriales mexicanas.

Cuarto.- El Gobierno de la República mantendrá informado al H. Congreso de la Unión sobre los contratos de coedición que lleve cabo con la industria editorial mexicana.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de febrero de 2004.

Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA PARTIDA ASIGNADA AL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DE LOS ALTOS MANDOS DE LOS TRES PODERES DE LA UNION Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS PASE AL ISSSTE, ETIQUETADA PARA LA COMPRA DE PROTESIS Y MEDICINAS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Entre las muchas prebendas que tienen los funcionarios públicos se encuentra una particularmente injusta, la del seguro de gastos médicos privados, adicional a las cuotas que se pagan al ISSSTE y que, en teoría, deberían cubrir los servicios médicos que requieran.

Originalmente, el ISSSTE atendía a todos los funcionarios, pero, después de la política aplicada para destruir este tipo de instituciones, dejándolas sin recursos suficientes, el servicio fue decayendo hasta llega la lamentable situación actual. El lugar de corregir esa situación, los altos funcionarios optaron por darse un seguro de gastos médicos de carácter privado, con cargo al erario público.

La norma que rige dicho seguro se encuentra en el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, expedido por las Secretaría de Hacienda y la de la Función Pública, de acuerdo a lo señalado en el Articulo 38 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para 2003. En el numeral 5.31.3 de dicho Manual se describen los seguros destinados a los funcionarios, señalando que "Estas prestaciones las establece el Ejecutivo Federal en consideración a las necesidades de los funcionarios públicos, con el fin de coadyuvar a su estabilidad económica y al bienestar de su familia."

En el inciso "c" de dicho numeral se describen las características del seguro comentado se señala que "El seguro de gastos médico mayores es un beneficio que cubre a los funcionarios públicos, así como a su cónyuge e hijos, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización (?) La suma asegurada básica tiene un rango de 111 a 333 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, dependiendo del nivel del funcionario, cuya prima, así como las de su cónyuge e hijos son cubiertas por la Secretaría, por disposición del Ejecutivo Federal."

Los recursos presupuestales destinados a este fin, se registran en la Partida 1406. Seguro de Gastos Médico. En el Presupuesto de Egresos para 2004, esos recursos ascienden a 559 millones 148 mil pesos, dentro del gasto directo de las Secretarías, el Poder Legislativo y los Órganos Autónomos. En los Órganos Descentralizados y entidades se estima un monto adicional por 210 millones 635 mil pesos, dando un total estimado en casi 770 millones de pesos.

Se propone hace las adecuaciones legales necesarias para cancelar esa injusta prebenda y destinar esos recursos para fortalecer las deterioradas finanzas del ISSSTE.

Punto de Acuerdo

Que los recursos presupuestales incluidos en la partida 1406 "Seguro de Gastos Médicos" que reciben mandos medios y superiores de los 3 poderes de la Unión y los Órganos Autónomos actualmente asignados a servicios privados, se transfieran en su totalidad al ISSSTE para la compra de medicamentos y prótesis y sirvan para mejorar la atención médica de los trabajadores al Servicio del Estado.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A QUE, EN SU CASO, A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EJERZA SU FACULTAD RECTORA RESPECTO DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO Y SOBRE EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR LA VENTA ANUNCIADA RELATIVA A LAS ACCIONES DE BBVA BANCOMER, SA, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se considere como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El pasado 2 de febrero, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) anunció su intención de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por 40.6 por ciento del capital de BBVA Bancomer para elevar su participación accionaria de 59.4 por ciento hasta 100 por ciento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respaldó ya la adquisición de 40.6 por ciento del capital accionario de Grupo Financiero BBVA Bancomer por parte de BBVA.

El Presidente de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González, ha valorado la OPA lanzada por la compra del accionariado en una operación estimada en 4 mil 100 millones de dólares.

El tema es de gran trascendencia internacional, según comentarios del gobernador del Banco de México, es de suma importancia lo relativo a la revisión que el Comité de Basilea está realizando y no sería de extrañar que en algún momento el Comité hiciera la recomendación de que las filiales de los bancos extranjeros estuvieran enlistadas en las bolsas de valores locales.

El Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores opina que deslistar la operación de BBVA-Bancomer restaría importancia al mercado bursátil de nuestro país.

El gobernador del Banco de México recalcó que al deslistar las acciones de BBVA-Bancomer se reduce el volumen de operación del mercado accionario mexicano y limita el flujo de información estratégica para que los analistas puedan seguir con detenimiento el desempeño financiero del banco.

Además, la vigilancia que el mercado realiza es esencial para complementar la supervisión de las autoridades, lo que se perderá con la salida de Bolsa de la acción.

El Estado debe ejercer rectoría en el sistema financiero y bancario, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo del sistema financiero, de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema, con sujeción a sanas prácticas y usos bancarios.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.

También tiene como finalidad supervisar y regular a las personas físicas y morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

La importancia de la operación debe obligar a que nuestras autoridades vigilen de cerca su desarrollo. Recordemos que Bancomer es el banco nacional más importante del país: controla 28 por ciento de los depósitos del sistema bancario nacional y 26 por ciento de la cartera crediticia.

El costo fiscal de su saneamiento vía Fobaproa y la futura sustitución de los pagares obliga a una vigilancia cercana de la operación.

Bancomer es uno de los mayores bancos de Latinoamérica y debemos evitar que en su venta se repitan los problemas que representó la operación de venta de Banamex a Citigroup, en la cual no se reportaron los gravámenes derivados de una transacción de 3 mil millones de dólares. Esa operación de compra por parte del grupo español equivale a 4 mil 100 millones de dólares.

Por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria asumió funciones que tenía encomendadas la Subsecretaría de Ingresos en lo relativo a la determinación, liquidación y recaudación de impuestos y demás contribuciones y sus accesorios, así como la vigilancia en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En el desarrollo de esa función se destaca la necesidad de garantizar la aplicación correcta y oportuna de la legislación fiscal de manera imparcial y transparente de esta operación bancaria tan importante.

La creación de una cultura de transparencia y legalidad es meta muy importante para México. Para alcanzar esos objetivos, debemos prevenir y abatir posibles actos de corrupción en el gobierno, utilizando la prevención y contando con la participación de todos los sectores de la sociedad en la promoción de una cultura de transparencia y del respeto de la ley.

En este tipo de operaciones debemos asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.

Por lo anterior, el legislador que firma al calce solicita al Pleno de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta y vote la presente proposición para que se acuerde:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en su caso, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria, ejerza su facultad rectora respecto del sistema bancario mexicano y sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por la venta anunciada relativa a acciones de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, SA.

Dado en el Salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de febrero de 2004.

Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISION PERMANENTE EXPRESE SU TAJANTE RECHAZO A LAS OPERACIONES DE ESPIONAJE LLEVADAS A CABO POR LA AGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN LAS DELEGACIONES DIPLOMATICAS QUE SE HABIAN MANIFESTADO CONTRA LA INTERVENCION MILITAR DE ESE PAIS EN TERRITORIO IRAQUI, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. En marzo de 2003, el semanario británico The Observer publicó un memorando secreto de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos dirigido a sus contrapartes en Gran Bretaña. En dicho documento se solicitaba el apoyo del gobierno británico para llevar a cabo operaciones de espionaje a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, particularmente con aquellas delegaciones diplomáticas que se habían mostrado reacias a apoyar la intervención militar de Estados Unidos al territorio de Irak. Los países a los que este memorando apunta son Angola, Camerún, Chile, Guinea y Pakistán. México se destaca en esta estrategia tanto por su cercanía a Estados Unidos como por la influencia que, junto con Chile, tiene en el desarrollo de la política internacional de América Latina.

2. De acuerdo con la información reproducida en el mencionado diario, el gobierno de Estados Unidos organizó una campaña de "trucos sucios" buscando asegurar los votos al interior del Consejo de Seguridad, incluso con países que aunque no cuentan con votos al interior del órgano multilateral, sus acciones definen en buena medida las decisiones de los países miembros del Consejo.

3. Fechado el 31 de enero de 2003, este memorando circuló cuatro días después de que el jefe del grupo de expertos de Naciones Unidas, Hans Blix, rindiera su primer reporte sobre las investigaciones de posesión de armas por parte del gobierno iraquí, como parte de los acuerdos de la Resolución 1441 de la Asamblea General de la ONU.

4. De acuerdo con declaraciones del ex embajador de México ante las Naciones Unidas y del actual embajador ante ese organismo, Enrique Verruga, México hizo primero un reclamo verbal y posteriormente, nueve meses después, una nota diplomática solicitando a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña la confirmación o negación de lo asentado en los reportes de prensa de origen.

5. Es evidente la falta de decisión política del gobierno mexicano y el desinterés de los Estados Unidos por aclarar esta vergonzosa circunstancia que pondría en riesgo las relaciones diplomáticas entre nuestros países, pero sobre todo, las que hemos establecido de común acuerdo todas aquellas naciones que formamos parte del organismo mundial. La seguridad multilateral se vería empañada desde su espacio de discusión, debate y reflexión natural, poniendo en riesgo cualquier acción conjunta a la que no bastaría la buena fe y la buena voluntad de las naciones para llevarse adelante.

6. Las declaraciones del C. Adolfo Aguilar Zínser, ex embajador mexicano ante Naciones Unidas, argumentan la negativa que el gobierno de México dio para dar seguimiento a este caso que, según, para evitar el deterioro de las delicadas relaciones que prevalecen entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la existencia de una operación encubierta que viola la confidencialidad de la labor diplomática de México es una evidente intervención del ejercicio diplomático soberano de una nación.

7. Las operaciones de espionaje significan una evidente violación de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas y al Acuerdo de entidad Sede que tiene Naciones Unidas en Nueva York. En ambos casos, México signó tales instrumentos en la búsqueda de la armonía e igualdad que requiere el trabajo diplomático para asegurar equidad y justicia en su desarrollo.

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone, a esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Uno. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exprese su tajante rechazo a las operaciones de espionaje, llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en aquellas delegaciones diplomáticas que se habían manifestado en contra de la intervención militar de Estados Unidos en territorio iraquí.

Dos. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe, a esta soberanía, porque se ha dejado pasar casi un año para reiniciar las investigaciones y requerimientos oficiales si, como lo confirman las declaraciones del ex embajador de México en la ONU, se conoció de estos acontecimientos en el mes de marzo del año pasado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2004.

Dip. Jesús Martínez Alvarez

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LAS CAMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS QUE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EXAMINAR LA SITUACION DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO Y SU CONTRIBUCION AL DESARROLLO NACIONAL, A CARGO DEL SENADOR DEMETRIO SODI DE LA TIJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, senador Demetrio Sodi de la Tijera, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De las desregulaciones económicas mexicanas quizás la bancaria haya sido la que se ha profundizado más rápido. En solo tres años la gran mayoría de las instituciones bancarias mexicanas ha pasado totalmente a manos de grupos financieros extranjeros. Como todos sabemos, en estos días, es posible que concluya la compra de Bancomer por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con lo que, a excepción de Banorte, las actividades de banca en México seguirán una lógica que tendrá su centro de decisión fuera del país.

Como en otros casos, el ingreso de capital extranjero fue inevitable por la magnitud de la crisis que enfrentó el sector en los años noventa, esos capitales pudieron tener un impacto positivo en la modernización del sistema y en la expansión del crédito pero la ausencia de regulaciones y políticas claras simplemente llevó al extremo de facilitar que el capital extranjero se hiciera del control, casi absoluto, de una actividad cuyo dinamismo es esencial para el país.

Por años, el FMI y la OCDE participaron junto con funcionarios mexicanos en el análisis y elaboración de alternativas para resolver la crisis bancaria del país y, hoy, para esas instituciones la crisis ha terminado.

Sin embargo, la actividad bancaria se ha concentrado en no más de cinco instituciones extranjeras (BBVA, Citibank, HSBC, Santander y Scotiabank ) que concentran más del 85 % de los activos totales del sistema financiero del país y aún cuando México no es el único país donde se registra este fenómeno si sobresale, dado el tamaño de su economía, por el grado de penetración alcanzado.

Además, México es un país muy poco "bancarizado". El grado de intermediación medido por la relación volumen crediticio/producto interno bruto es tan sólo de 15%, mientras que esa proporción llega a 30% en Brasil o Chile. Y es que las instituciones bancarias en México se han acomodado al fácil negocio de administrar los rendimientos del rescate bancario.

Los representantes empresariales se quejan de que por más de seis años la oferta crediticia no se expande y que las tasas de interés significan un múltiplo de las que pagan sus competidores en el extranjero, restándoles competitividad internacional.

De hecho, estudios del sector privado indican que las empresas mexicanas se financian hasta en 56% de sus proveedores y analistas de corredurías internacionales consideran que los bancos mexicanos crecerán, en los próximos años, sólo a través de la expansión de negocios no bancarios como la gestión de fondos de pensiones, seguros y valores gubernamentales.

En este escenario, es indispensable que el poder legislativo intervenga para contribuir a que la actividad bancaria, entendida como un servicio de interés público fundamental para el país, atienda las grandes tareas del desarrollo económico del país.

En el pasado reciente, el poder legislativo votó distintas iniciativas que culminaron con la apertura total del sistema bancario; ahora es indispensable que se aboque al examen profundo de la realidad de ese sector y tome las medidas que más convengan en el interés del país para que la banca cumpla con su función de captar el ahorro de los mexicanos y ponerlo al servicio de aquellas actividades productivas que crean empleos y riqueza para todos los mexicanos.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Solicitar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados que lleven a cabo los trabajos necesarios para examinar la situación del sistema bancario mexicano y su mejor contribución al desarrollo nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2004.

Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SAGARPA A REMITIR COPIA DEL ACUERDO REQUISITOS PARA LA DOCUMENTACION DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS PARA ALIMENTO HUMANO O ANIMAL O PARA PROCESAMIENTO, FIRMADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2003; Y SE CITA A COMPARECER AL COORDINADOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE DICHA DEPENDENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Luis Antonio González Roldán, diputado integrante de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución General de la República, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 171 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a esta tribuna para solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país ha ratificado diversos convenios internacionales para proteger la rica variedad natural con que cuenta. Uno de éstos es el Convenio sobre Diversidad Biológica, que tiene como objetivo la conservación de la diversidad biológica, la utilización sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado a ellos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, buscando promover un uso sustentable de sus componentes y repartir de manera equitativa los beneficios obtenidos por su empleo.

La Conferencia de las Partes de la Convención adoptó un acuerdo suplementario, conocido como Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Biotecnología.1

El Protocolo está basado tanto en el principio precautorio como en el reconocimiento de que la biotecnología moderna tiene grandes posibilidades de contribuir al bienestar humano si se desarrolla y utiliza con medidas de seguridad adecuadas para el ambiente y la salud humana.2

El 24 de mayo de 2000, el gobierno de México suscribió el citado Protocolo. El 27 de agosto de 2002, el Secretariado de la Convención de Diversidad Biológica recibió el instrumento de ratificación correspondiente.

El Protocolo de Cartagena tiene por objeto "contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos".

El hecho de que México sea un país megadiverso y centro de origen y diversificación de especies debe ser considerado por quienes dirigen el destino del país con la seriedad y responsabilidad que merece, pues la conservación del inmenso patrimonio natural con que contamos los mexicanos está en sus manos.

Tal parece que el argumento anterior fue obviado por el coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Mario Villalobos, quien suscribió un acuerdo que establece los requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento, aplicable a los países de la región de Norteamérica.

Dicho acuerdo pudo tener como fundamento las disposiciones de la Ley de Celebración de Tratados, la cual regula la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Es importante destacar que no obstante que dicha ley permite la celebración de esos convenios entre dependencias gubernamentales, no implica una violación de otros tratados que son ley vigente en nuestra legislación, como el Protocolo de Cartagena.

Al respecto, cabe señalar que las autoridades de la Sagarpa utilizan como fundamento para la celebración de dicho Convenio las disposiciones previstas en el artículo 18 de dicho instrumento, que a todas luces han sido mal interpretadas, pues en el citado artículo se establece que, a fin de evitar efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, las partes adoptarán las medidas necesarias para requerir que los organismos modificados objeto de movimientos transfronterizos intencionales considerados en el Protocolo sean manipulados, envasados y transportados en condiciones de seguridad teniendo en cuenta las normas y los estándares internacionales pertinentes.

El mismo artículo establece en el segundo párrafo que, respecto a los organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, las partes deberán acompañar la información que identifique claramente que "pueden llegar a contener" organismos vivos modificados y que no están destinados a su introducción intencional en el medio, como es el caso que nos ocupa.

Más aún: el inciso C del artículo que se comenta establece la obligación para las partes de especificar tanto la identidad como los rasgos y las características pertinentes, los requisitos para su manipulación, almacenamiento, transporte y uso seguros, y el punto de contacto para obtener información adicional.

Además de las disposiciones previstas en ese artículo, para estar en posibilidades de realizar un movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados3, resulta necesario sujetarnos a las disposiciones del artículo 6° del Protocolo, el cual establece que para el tránsito y uso confinado de los organismos vivos modificados deberá someterse cada uno de éstos a una evaluación del riesgo con antelación a la adopción de decisiones sobre la importación y del establecimiento de normas para el uso confinado dentro de su jurisdicción.

Ello implica que el contenido total de los cargamentos que contengan OVM deberá someterse a dicha evaluación y no como lo establece el acuerdo suscrito.

Aunado a la evaluación del riesgo, México -como país parte del Protocolo- debe cumplir las disposiciones del artículo 16, numeral 4°, del Protocolo, que establece la obligación de "asegurar que cualquier organismo vivo modificado, ya sea importado o desarrollado en el país, haya pasado por un periodo de observación apropiado a su ciclo vital o a su tiempo de generación antes que se le dé el uso previsto".

Otra de las obligaciones incumplidas al momento de celebrar dicho acuerdo son las disposiciones del artículo 14, que establece que las partes podrán concertar arreglos bilaterales, regionales y multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos intencionales de organismos vivos modificados, siempre que esos acuerdos sean compatibles con el objetivo del Protocolo y no constituyan una reducción del nivel de protección establecido en él.

Del análisis de las disposiciones referidas y de las declaraciones emitidas por Sagarpa en el boletín de prensa número 040/04, de fecha 11 de febrero del presente, el acuerdo "constituye un programa de trabajo elaborado por México, Estados Unidos y Canadá que tiene como objetivos respaldar el cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad en la Zona del Tratado de Libre Comercio, dar certidumbre a la industria agroalimentaria y brindar transparencia al movimiento transfronterizo de productos genéticamente modificados".

Se infiere que hay una evidente falta de cumplimiento y análisis de las disposiciones jurídicas de dicho Protocolo.

Un aspecto preocupante del acuerdo suscrito por la Sagarpa atañe al etiquetado de productos que contienen organismos vivos modificados (OVM), pues éste establece que el etiquetado no será necesario en caso de que los OVM que contenga un cargamento no sean mayores de 5% del total del mismo.

La firma del acuerdo legaliza actos que, de hecho, ya se venían suscitando fuera de todo contexto legal por contravenir las disposiciones del Protocolo de Cartagena.

Por otro lado, cabe señalar que si bien resulta importante cuidar las relaciones comerciales con nuestros principales socios comerciales, ello no implica incumplir las garantías previstas en el artículo 4° constitucional relativas a la protección de la salud y a un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar.

Más aún, no se entiende por qué la autoridad, al firmar este tipo de acuerdos, pone en riesgo el ambiente y la salud de los mexicanos, cuando otros países que no cuentan con la biodiversidad de México y que no son centro de origen y diversidad de especies imponen condiciones más estrictas, como los de la Unión Europea, donde queda libre de etiquetado el material que contenga OVM en menos de 1%.

Es preocupante y deplorable que los funcionarios de la Sagarpa afirmen que la legalidad del acuerdo queda respaldada por la ratificación del Protocolo que hiciera el Senado de la República, toda vez que -como se ha expuesto- con ese acuerdo se violan flagrantemente diversas disposiciones del mismo.

De igual forma, se considera que la declaración de la Sagarpa respecto a que "en 15 años de comercialización y consumo global de OVM no se ha reportado un solo caso de daño a la salud humana o animal vía consumo directo o a través de productos procesados" resulta indignante y carente de conocimiento.

Afirmamos lo anterior porque no se han llevado a cabo estudios de largo plazo que tengan por objeto detectar si el consumo de OVM tiene algún efecto sobre la salud o el ambiente. También, porque se pasan por alto los resultados del estudio, llevado a cabo por Reino Unido y dado a conocer en octubre de 2003, en el que se reconoce que la colaza y la remolacha de azúcar genéticamente modificadas dañaron la vida silvestre y podrían tener serios efectos de largo plazo en abejas y poblaciones de mariposas y pájaros.

Insistimos en el hecho de que aun cuando Estados Unidos y Canadá no sean partes del Protocolo, ello no impide a nuestro país tomar las medidas pertinentes para que el movimiento transfronterizo de OVM sea seguro.

Por ello, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Senado de la República, preocupados ante las posibles violaciones de las disposiciones del Protocolo de Cartagena, creemos necesario conocer dicho instrumento a efecto de estar en posibilidades de tomar las medidas conducentes en caso de que los supuestos referidos se cumplan.

Por lo expuesto, el diputado que firma al calce solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir a esta soberanía copia del acuerdo Requisitos para la Documentación de Organismos Vivos Modificados para Alimento Humano o Animal o para Procesamiento, firmado el 29 de octubre de 2003, para su conocimiento y análisis.

Segundo. Se cita a comparecer ante esta soberanía al coordinador de Asuntos Internacionales de la Sagarpa a fin de que explique ampliamente las implicaciones que conlleva el acuerdo referido en el punto anterior para el campo, el ambiente y la salud de los mexicanos.

Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de febrero de 2004.

Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica)

Notas:
1. El Protocolo se firmó en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, en 1999 y se convirtió en uno de los grandes logros de la Convención de Diversidad Biológica.
2 El principio precautorio se encuentra previsto en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo.
3 De conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, el término aceptado por la Convención es organismos vivos modificados.

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A CARGO DEL SENADOR ERNESTO GIL ELORDUY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a respetar incondicionalmente la libertad de expresión en los medios y a garantizar el derecho a la información, consagrados en los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución.

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SAGARPA A EXPLICAR LAS RAZONES DE LA FIRMA DEL ACUERDO TRINACIONAL CELEBRADO CON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y CANADA, A CARGO DE LA DIPUTADA MINERVA HERNANDEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 29 de octubre el gobierno mexicano firmó un Acuerdo con Estados Unidos y Canadá. El texto intitulado Requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento fue signado por Víctor Manuel Villalobos, coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); JB Penn, subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, y Andrew Marsland, del Ministerio de Agricultura de Canadá.

Este documento establece que el etiquetado de los productos conocidos como organismos genéticamente modificados "no es obligatorio" cuando el exportador y el importador han acordado un cargamento donde 95% de su contenido no sea de este tipo de productos.

Así, el convenio entre los socios del Tratado de Libre Comercio establece que un cargamento no es transgénico si contiene hasta 5% de organismos genéticamente modificados y estipula que la presencia no intencional de éstos en un cargamento no será causa para tener que etiquetarlo.

De esa manera, las grandes compañía productoras de transgénicos están asegurando, mediante acuerdos bilaterales o regionales, que en el mercado internacional se permita la presencia o trazas de organismos genéticamente modificados hasta en 5%, compitiendo con los porcentajes aprobados en países como los que integran la Unión Europea donde se ha fijado como máximos permisibles 0.9% o Brasil con 1%.

El acuerdo firmado por la Sagarpa y sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá señala que "el objetivo de este arreglo es clarificar los requisitos para la documentación de tal forma que se satisfagan los objetivos del Protocolo de Cartagena sin que se interrumpa la actividad comercial".

México es signatario del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en Biotecnología, el cual se firmó el 29 de enero de 2000 y fue ratificado por el Senado de la República el 30 de abril de 2002, entrando en vigor el 11 de septiembre de 2003.

Según las disposiciones de este acuerdo internacional -que no ha sido ratificado por Canadá y que es rechazado por Estados Unidos-, los 78 países firmantes deberán etiquetar todas sus exportaciones que contengan transgénicos, sobre todo aquellas designadas para tener una relación directa con el agro, como las semillas, a partir del 11 de septiembre de 2005.

El inciso B del artículo 18 del Protocolo de Cartagena establece que los organismos genéticamente modificados destinados para alimento humano o animal, o para procesamiento, deben señalar claramente que "pueden contener" transgénicos.

En el caso de los organismos genéticamente modificados destinados a la agricultura se debe especificar la identidad y las características pertinentes, los requisitos para su manipulación, almacenamiento, transporte y uso seguros.

A pesar de la obligación estipulada en el Protocolo de Cartagena de documentar toda la mercancía que contenga organismos modificados genéticamente -dados los riesgos para la salud humana y la posible contaminación de cultivos-, el arreglo entre México y sus socios comerciales señala que la presencia "no intencional" de transgénicos no será causa para etiquetar las mercancías.

El Protocolo de Cartagena se inspira en un principio precautorio internacional, el cual estipula que mientras no se tenga certeza científica de la inocuidad, tanto para la salud pública como para los ecosistemas, de los organismos modificados genéticamente, las autoridades tienen que tomar las medidas necesarias para evitar su distribución libre en el ambiente y entre los consumidores.

Es claro que este acuerdo que signó el Ejecutivo se firmó para eludir la reglamentación impuesta por el Protocolo de Cartagena en materia de etiquetado en la exportación e importación de organismos genéticamente modificados. Recordemos que son Estados Unidos y Canadá, son los dos mayores productores de alimentos transgénicos del mundo.

Este acuerdo trilateral no sólo abre la puerta para el comercio irregular de transgénicos, sino que corre el riesgo de sentar precedente y llevarse a la práctica en otras regiones del planeta. Además permitirá la transferencia descontrolada de organismos genéticamente modificados en México que es centro de origen de diversas especies.

En un comunicado emitido por el C. Víctor Manuel Villalobos informó que el acuerdo trilateral "fue diseñado para dar certeza a los productores" de la región del Tratado de Libre Comercio, señalando de manera textual: "Es un instrumento muy importante para los socios del TLC. La idea es proteger el medio ambiente y la salud humana, así como dar certeza a nuestros socios sin crear barreras comerciales".

Sin embargo, para nosotros esta es una estrategia de Estados Unidos y Canadá para eludir las normas internacionales de seguridad y expandir el marcado de maíz, soya y algodón transgénicos.

Esta soberanía no debe olvidar que en el orden jerárquico mexicano, se concede a los tratados internacionales especial grado con base en lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reza:

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

Dicho precepto establece el principio de supremacía constitucional, lo cual significa que la Ley Fundamental es precisamente la primera en jerarquía, siguiéndole en segundo lugar los tratados internacionales congruentes y concordantes con el texto de la Constitución y en tercero las leyes federales.

Con base en lo dispuesto en nuestra Ley Suprema y la Ley sobre la Celebración de Tratados de enero de 1992, podemos concluir que el acuerdo, objeto de esta proposición con Punto de Acuerdo no tiene la categoría jurídica que establece el artículo 133 constitucional y que se homologa a los llamados acuerdos interinstitucionales que se establecen en la fracción II del artículo 2 de la Ley sobre la celebración de Tratados, que al tenor literal establece lo siguiente:

"Para efectos de la presente ley se entenderá por:

II.- Acuerdo Interinstitucional: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben..."

Por ello, el acuerdo firmado por la Secretaría de Agricultura con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, para determinar la forma en que se etiquetarán las exportaciones e importaciones de organismos genéticamente modificados en la región es un instrumento que contraviene lo estipulado en el Protocolo de Cartagena, y con base en lo dispuesto por este y la ley suprema es que consideramos indispensable que el titular de la Sagarpa y el coordinador de Asuntos Internacionales comparezcan ante esta soberanía para que nos expliquen los motivos por los que se suscribió el 29 de octubre del 2003 en acuerdo titulado Requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que se dé cabal cumplimiento al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología en el Marco del Convenio de Diversidad Biológica.

Segundo. La Comisión Permanente cita a comparecer al C. Javier Usabiaga Arroyo y a Víctor Manuel Villalobos, titular y coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, respectivamente, al seno de su Tercera Comisión para que informen a esta soberanía del acuerdo suscrito el 29 de octubre de 2003.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil cuatro.

Diputados: Minerva Hernández Ramos, Víctor Suárez Carrera (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA DE DIVERSOS ORGANISMOS INTERNACIONALES A FIN DE INCLUIR LA PARTICIPACION DEL SENADO DE LA REPUBLICA EN LA CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACION, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La educación para todos es uno de las principales aspiraciones plasmadas en el artículo 3° de nuestra Constitución Política. Sin duda, la noción de justicia social está atravesada, a lo largo de nuestra historia, por una necesaria referencia a la educación como una de las principales herramientas con que cuentan las personas para su desarrollo integral.

Garantizar el derecho a la educación es, en ese sentido, una aspiración no sólo política, sino también ética del Estado y debe procurarse en todo momento, que todas las personas tengan acceso a servicios educativos de calidad.

Para nuestro país, quizá uno de nuestros principales rezagos consista en no lograr aún, la cobertura universal en educación básica ni garantizar que las niñas y los niños, una vez en la escuela, permanezcan y concluyan, como mínimo, la educación básica.

Este rezago educativo sólo podrá saldarse en la medida en que nuestro Estado destine los recursos necesarios para lograr ampliar, no sólo la oferta de los servicios educativos, sino mejorar su calidad y oportunidad.

Todos sabemos que vivimos en lo que se ha dado en llamar como la "sociedad del conocimiento"; y que enfrentar los retos que impone una economía globalizada y un mercado mundial de alta competencia requiere necesariamente del incremento en nuestros niveles y promedios educativos nacionales.

Pero aún más, también sabemos que la así llamada globalización, también ha radicalizado las distancias y brechas en términos de producción, acumulación y transmisión de conocimientos entre los países ricos y los países menos desarrollados.

En esa lógica, la brecha digital, tecnológica y educativa está incrementando los niveles de inequidad, injusticia y polarización de la pobreza a escala mundial.

Sin embargo, también este proceso de globalización ha dado la oportunidad de generar redes mundiales de solidaridad que tienen la finalidad de luchar por causas que rebasan los ámbitos nacionales, como lo es sin duda, la protección y la garantía que tienen todas las niñas y niños de recibir una educación de calidad.

En ese sentido, quien esto suscribe, ha recibido la petición de distintas organizaciones de la sociedad civil, de que el Senado de la República pueda sumarse a las actividades promovidas por la UNICEF, la OIT y la UNESCO, junto con la Organización no Gubernamental Internacional OXFAM, a fin de cooperar en la realización de la Semana de Acción de la Campaña Mundial por la Educación.

De acuerdo con los documentos oficiales emitidos por estos organismos, la finalidad de esta semana es solicitar a los gobiernos de todos los países que realicen esfuerzos para incrementar los presupuestos nacionales para la educación.

Entre las acciones recomendadas por estos organismos, se encuentra la realización, el día martes 20 de abril de 2004, de un evento en nuestro recinto legislativo, en el que niñas y niños de todo México puedan expresar sus opiniones y propuestas para que en nuestro país logre, en el corto plazo, garantizar el acceso universal a la educación básica.

Asimismo, los organismos internacionales señalados promueven la realización de la campaña denominada "Los políticos de vuelta a la escuela", que consiste en que las personalidades políticas o representantes populares, asistan a centros educativos de sus entidades, a fin de promover acciones específicas para la realización de la Semana de Acción de la Campaña Mundial por la Educación, que se desarrollará entre el 19 y el 25 de abril de este 2004.

Nuestro país siempre se ha mostrado solidario ante la comunidad internacional, más aún en cuestiones que tienen como finalidad promover el cumplimiento de los derechos humanos básicos de las niñas y los niños.

En este caso, el cumplimiento de los derechos de la infancia no sólo es un asunto de prioridad nacional, sino que se inserta en una dinámica mundial que busca, por todos los medios generar lo que la UNICEF ha llamado "un mundo apropiado para los niños".

Asimismo, para el Senado de la República, dentro de la responsabilidad que le asigna nuestra Constitución en materia de política exterior, sumarse a este tipo de acciones debe ser, no sólo un asunto de responsabilidad jurídica, sino de un compromiso ético irrevocable, que consiste en la protección de los derechos de nuestra niñas y niños.

De esta forma, por el conjunto de argumentos anteriormente señalados, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Que el Senado de la República agende, como apoyo a la Semana de Acción de la Campaña Mundial por la Educación, promovida por diversos organismos internacionales, para el día martes 20 de abril de 2004, la realización de un evento de participación de niñas y niños de todo el país, en el que puedan manifestar, ante esta H. Soberanía, sus propuestas y opiniones sobre cómo puede lograrse en el corto plazo, la educación universal en México.

Segundo: Que esta H. Soberanía integre un Grupo de Trabajo Plural, encargado de coordinar las tareas de promoción del Senado de la República, en apoyo a la realización de la Semana de Acción de la Campaña Mundial por la Educación.

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL DE A CONOCER EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PIDIREGAS EN LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A ENERO DE 2004, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Estado de los Proyectos

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 (PEF) se aprobaron 15 nuevos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) en electricidad por un monto de 45,635.5 millones de pesos que se ejercerán en los próximos 8 años. Tomando en cuenta estos proyectos, a la CFE se le han autorizado en total 166 por un monto de 273,411.8 millones de pesos; al cierre de 2003, 55 proyectos se han concluido, 25 están en construcción y los 86 restantes en las etapas de preparación (por licitar, en licitación, en adjudicación y en fallo). La inversión financiada ha incrementado su participación en la inversión de CFE en los últimos años, desplazando a la inversión pública tradicional que antes de la introducción de este esquema se cubría con empréstitos o con recursos presupuestarios (véanse cuadros 1 y 2).

Se espera que al final de este año se hayan ejercido 152,952.2 millones de pesos, monto que representa el 59.9% del total de la inversión autorizada por la Cámara de Diputados (véase cuadro 2).

Al cierre de 2003 CFE sólo ha podido contratar (proyectos adjudicados, en construcción o en operación) el 74.5% de los proyectos de inversión directa debido principalmente a retrasos en las licitaciones y modificaciones al alcance de los proyectos, lo que refleja cierto grado de improvisación. En contraste, la contratación de los proyectos de inversión condicionada ascendió al 96.4%.

Obligaciones

De acuerdo con la ley, los compromisos de pago provenientes de los proyectos de inversión directa del año corriente y del ejercicio siguiente se registran como deuda directa, en tanto que el resto como deuda contingente. El monto total correspondiente a los proyectos comprometidos, es decir, sólo los proyectos cuyos contratos se encuentran suscritos, será de 66,965.8 millones de pesos más 9,063.6 millones de intereses en 2004 (véase cuadro 3).

Sin embargo, los compromisos correspondientes al total de los proyectos autorizados de inversión directa ascenderán a 173,320.2 millones de pesos más 105,402.7 millones de pesos de intereses, que se cubrirán en un plazo de 38 años. Con base en lo autorizado en el PEF de 2004, al finalizar el año se habrán cubierto 11,906.1 y 14,316.5 millones de pesos de amortizaciones e intereses, respectivamente (véase cuadro 3).

En el caso de los proyectos de inversión condicionada, el sector público tiene la obligación de comprar energía a los productores independientes mediante un contrato de largo plazo. Ya que la infraestructura no formará parte del patrimonio federal, estos proyectos no representan una obligación de deuda para la Federación. Sin embargo, al preverse en los contratos la posibilidad de expropiar los activos por causas de fuerza mayor, existe un compromiso de tipo contingente para las finanzas públicas de pagarles una indemnización.

Si fuera el caso, se pagaría el valor actuarial de las plantas generadoras propiedad de los productores externos de energía, que disminuye conforme se acerca la fecha de conclusión de los contratos. En 2004 el monto que tendría que liquidar el Gobierno Federal por la infraestructura si ocurriera alguna causa de fuerza mayor es de 59,674.4 millones de pesos; con base en los proyectos autorizados en el PEF de 2004, esta obligación contingente alcanzará su mayor nivel en 2007 por 89,244.6 millones de pesos (véase cuadro 4).

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo también conllevan otras obligaciones de gasto. En el caso de los proyectos de inversión directa, CFE tiene que cubrir el gasto de operación y de mantenimiento para mantener la infraestructura en adición a las amortizaciones y el costo financiero. En el caso de los proyectos de inversión condicionada, existe la obligación de pagar la energía, que consiste principalmente por un cargo fijo de capacidad que se fija en los contratos más un cargo variable que está en función de la electricidad que se demande.

Si la evaluación económica y financiera de los proyectos fue la adecuada, ambos tipos de proyectos deben generar suficientes ingresos para cubrir tanto las obligaciones de deuda como los costos de operación.

Si esta premisa se cumpliera los proyectos habrían generado suficientes ingresos para cubrir todos los compromisos; incluso, habrían producido remanentes; de acuerdo con nuestro estudio, los Pidiregas en la CFE de inversión directa deben tener un remanente por 20,229.5 millones de pesos y los de inversión condicionada por 10,190.8 millones (véase cuadro 5).

Es importante conocer los remanentes por megavatio construido que producen las plantas construidas bajo la modalidad de inversión directa para contrastarlos con los de los productores independientes y con ello determinar cuál modalidad es más rentable para el país.

El sentido común económico sugiere detener la emisión de Pidiregas y que los remanentes se destinen a la reinversión para reducir el riesgo hacia las finanzas públicas, ante una variación drástica en los parámetros de referencia que se utilizaron en la evaluación de los proyectos. Entre los parámetros más importantes están el precio internacional del gas natural, los precios y tarifas del sector público y la evolución de la economía.

En el Decreto del Presupuesto de Egresos de 2004, el artículo 50 da la opción al Ejecutivo a destinar los excedentes a otros proyectos de la misma CFE o a los Pidiregas por lo que se sugiere que en los futuros presupuestos se especifique claramente en que se van a invertir los remanentes, si sólo podrán destinarse a la amortización anticipada de la deuda contraída, o a crear reservas que permitan afrontar las contingencias o a la reinversión estratégica.
1
Esto reducirá la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante eventos imprevistos, evitando afectar los programas sociales, ya que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece que éstos proyectos tienen preferencia sobre las nuevas obligaciones.

Evaluación de los Proyectos

Los proyectos autorizados hasta 2004 permitirán a CFE adicionar una capacidad de generación de 19,903 MW. Sin embargo, con base en los proyectos de generación autorizados y comprometidos, que se apoyan principalmente en los productores independientes, para el año 2008 el 23.2% de la capacidad de generación del país se llevará a cabo por los PIE?s y el 71.4% por la CFE (véase gráfica )
2

Esta situación es insostenible desde el punto de vista constitucional ya que se viola el principio de exclusividad estatal del artículo 27 al poseerse casi la cuarta parte de la capacidad de generación en manos del sector privado; esto constituye en los hechos un abandono por parte del Estado a la responsabilidad que señala la Constitución, lo que lleva a replantear el esquema de los PIE?s y a enfatizar que se ha actuado en la ilegalidad.

El país es privilegiado en relación con la abundancia relativa de gas natural; México tiene la oportunidad de sacar provecho de él para que la industria eléctrica refleje dicha abundancia en tarifas justas, que permitan a la industria ser más competitiva y a las familias, aligerar sus gastos.

Sin embargo, por la falta de inversiones públicas en la industria petrolera, la oferta de este combustible no está asegurada en el futuro, lo que nos ha llevado a incrementar nuestra dependencia del exterior. Incluso, por la misma dependencia que tenemos, el precio del gas natural no refleja la abundancia del recurso natural del país, sino la de los mercados internacionales de Norteamérica, que han mostrado gran volatilidad en los últimos años.

Esto nos lleva a considerar también la necesidad del cambio en el régimen tributario de Pemex y CFE y al sector energía en conjunto y reinvertir el 50% de esos recursos, para impulsar otras tecnologías que nos permitan diversificar en el futuro nuestras fuentes primarias de energía, por lo cual se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Solicitar a la ASF emita una opinión sobre la evaluación de cada uno de los proyectos Pidiregas para saber cuáles proyectos son rentables y cuáles están generando pérdidas. En particular, determinar si el remanente por MW construido es mayor en el caso de los proyectos de inversión directa que el de los proyectos de inversión condicionada. Si este fuera el caso, entonces los PIE ya no tienen razón de ser.

Solicitar a la ASF que haga una valoración del riesgo para las finanzas públicas que podría provenir de cambios en los parámetros utilizados en la evaluación de los proyectos, ya que no se cuenta con reservas ni fondos para afrontar los compromisos en caso de que se diera una drástica caída en los ingresos de la CFE.

Exhortar al Ejecutivo federal a detener la emisión de Pidiregas.

Reanudar las discusiones sobre la reforma a la industria eléctrica con base en los siguientes ejes que constituyen hasta ahora los puntos en común entre los grupos parlamentarios:

- Fortalecimiento institucional de la CFE y de LFC.
- Reforma de la industria del gas natural.
- Reforma del régimen fiscal de la CFE, LFC y Pemex.

Notas:
1 Artículo 50, sexto párrafo: "? Los remanentes serán destinados a programas y proyectos de inversión de las propias entidades, distintos a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto asociado a éstos".
2 Otra parte importante de la capacidad de generación provendrá de los proyectos de Autogeneración y Cogeneración (A. y C.).

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA INFORME SOBRE LAS LINEAS DE CREDITO CONTRAIDAS CON EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, "CHANGARROS", A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El día de hoy deseo compartir con ustedes desde esta alta tribuna una preocupación que ha hecho un profundo eco en el grupo parlamentario del PRI.

Me refiero a lo que la actual administración ha definido como una de sus metas fundamentales en materia económica: el apoyo al financiamiento de las iniciativas de los grupos sociales de bajos ingresos a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim).

El Pronafim funciona a través de instituciones de microfinanciamiento como canales para la distribución y ejecución del crédito en todas las regiones del país, las cuales deben pagar estos prestamos para solicitarle periódicamente, otras líneas de crédito mayores y poder apoyar a más cantidad de clientes.

Sin embargo, hace unos días se ventiló información relevante en cuanto a la situación de las líneas de crédito que ha otorgado Pronafim a través del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Finafim), en el sentido de que sólo 3 de las 66 microfinancieras que apoya el gobierno a través de este Fideicomiso, han liquidado sus líneas de crédito, información que se desprende de un informe del propio Finafim.

Para entender la gravedad de la actual situación, deseo señalarles algunos ejemplos de pago, o más bien de falta de pago al gobierno, por parte de algunas microfinancieras:

La Consultora para Negocios Agroindustriales, SC, y Santa Fe de Querétaro, que recibieron créditos por 5 millones y 500 mil pesos, respectivamente, no han liquidado ni un solo peso de la línea de crédito que se les otorgó.

Por su parte, la empresa Acción Ciudadana recibió créditos por 20 millones de pesos y sólo ha pagado un millón 416 mil pesos; es decir el 7 por ciento de los recursos que se le autorizaron. Desarrolladora de Emprendedores, ha recibido 40 millones de los cuáles sólo ha liquidado el 17 por ciento.

También tenemos que Fincomún, ha recibido 60 millones de pesos y sólo ha pagado 16.5 millones. En situación similar se encuentra la microfinanciera Admic Nacional, a la cual se le han otorgado cuatro créditos por 30 millones y sólo ha liquidado 8.8 millones de pesos.

En suma, el gobierno sólo ha podido recuperar el 22 por ciento de estos créditos, sólo 77.8 millones, de los 352.4 millones que ha canalizado a las microfinancieras en los últimos 3 años.

Por ello, los legisladores del grupo parlamentario del PRI no solo estamos preocupados por la situación financiera de este Fideicomiso, sino que también nos ha desconcertado el subejercicio, que es de 25.11 por ciento.

Señoras y señores legisladores:

Ante este inquietante panorama, los priístas nos preguntamos: ¿Por qué no se han canalizado todos los recursos? ¿Por qué sólo se ha recuperado menos de la cuarta parte de los créditos?

No obstante que los legisladores de Revolucionario Institucional reconocemos que el objetivo y la función para lo cual fue creado el Pronafim es invaluable, su funcionamiento dista mucho de la eficacia esperada, ya que por los resultados mencionados, se visualiza que es innegable el estrepitosos fracaso del citado Programa.

Además, no ha existido una información clara en torno a estos microcréditos. No sabemos a ciencia cierta cuál ha sido el impacto real que ha tenido esta canalización de recursos públicos, a cuánto ascienden los préstamos por persona, a qué tasas de interés se les está dando, y cómo se canalizan los recursos para que realmente tengan un efecto multiplicador, para que retornen los préstamos y se puedan canalizar más créditos a los millones de mexicanos que se encuentran actualmente desempleados y que su única salida es el autoempleo.

Sin lugar a dudas que en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos de acuerdo en que se apoye la iniciativa de los mexicanos que no pueden acceder a créditos por sus condiciones económicas, en un ambiente de desempleo masivo. Sin embargo, definitivamente en lo que no estamos, ni estaremos de acuerdo, es en que estos recursos no sean redituables, que no cumplan sus fines.

Porque es claro que no están cumpliendo con su principal misión de crear pequeñas empresas con futuro, ni con un esquema de empleo permanente para que exista un retorno de los recursos.

De ahí que no es, de ninguna manera aceptable que se sigan canalizando recursos a un Programa que no ha demostrado tener éxito; porque lo que hemos visto realmente es que el programa a favor de "los changarros" sigue siendo sólo retórica.

Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- Debido a las muchas dudas que han surgido sobre el financiamiento que otorga el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), a través del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Finafim), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer ante su Tercera Comisión de Trabajo, al Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, a efecto de que informe exhaustivamente a esta Soberanía la situación real que guardan las líneas de crédito autorizadas dentro del citado Programa gubernamental.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 18 días del mes de febrero de 2004.

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA A ACTUAR CON IMPARCIALIDAD EN TORNO DE LOS DETENIDOS EN CANANEA, SONORA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS EDUARDO ESPINOZA PÉREZ, ELIANA GARCIA LAGUNA Y MANUEL CAMACHO SOLIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

El 24 de agosto de 1990, la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, perteneciente al Grupo México, se adjudicó, a través de Nacional Financiera, lo que hasta entonces era la paraestatal Minera de Cananea. Al realizarse dicha operación de privatización, la empresa acordó con la sección 65 del Sindicato de Mineros que se destinaría 5% del monto total de la venta de la empresa en beneficio de aproximadamente dos mil ochocientos trabajadores que laboraban en dicha minera dedicada a la extracción del cobre. No obstante, a pesar del acuerdo celebrado entre las partes citadas, la empresa incumplió con lo pactado y se ha negado, desde el año de 1990, a cumplir con su obligación de otorgar ese 5%, razón por la cual los trabajadores han emprendido una larga lucha de resistencia para lograr el cumplimiento de lo pactado.

José de Jesús Guadalupe Calderón León, Francisco López Frasquillo y Alcibíades Macario Corella, junto con un amplio grupo de ex trabajadores de la Minera de Cananea, han realizado múltiples acciones pacíficas para exigir el cumplimiento del pago de dicho porcentaje por parte de la empresa Mexicana de Cananea. No obstante, y a pesar de que el reclamo es justo y deriva de un acuerdo celebrado entre las partes, el día 13 de enero del presente año, el Juez Mixto de Primera Instancia de Cananea, Sonora, libró órdenes de aprehensión en contra de Francisco Calderón León, Lauro Montoya Araiza, Sotero Alonso Martínez Soto, Carlos Castro González, Domingo Guerrero Domínguez, José de Jesús Guadalupe Calderón León, Francisco López Frasquillo y Alcibíades Macario Corella de las cuales han sido ejecutadas las relativas a las últimas tres personas abriéndose la causa penal 0005/2004 por la supuesta comisión del delito de extorsión. Lo anterior implica un acto de represión institucionalizada y de disuasión para aquellos trabajadores que han mantenido una postura de reclamo y exigencia de un derecho asumido y pactado entre las partes y que pretende criminalizar un conflicto de orden eminentemente laboral.

Tenemos conocimiento de que los defensores particulares de los tres detenidos han presentado ante el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sonora el recurso de apelación contra el auto de formal prisión dictado por el Juez de la causa, mismo que hasta donde sabemos no ha sido radicado en la Sala correspondiente.

Resulta fundamental evitar la criminalización de los trabajadores demandantes a causa de este conflicto laboral creado por el incumplimiento de un acuerdo tomado entre el sindicato y la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV. Por ello, creemos necesario exhortar a las autoridades estatales para que no sean cómplices de la estrategia de esta empresa cuyo objetivo actual es hacer ver el reclamo legítimo de los trabajadores como una acción delictiva, así también para que actúen con total independencia, imparcialidad y en pleno respeto al derecho de presunción de inocencia establecido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que en este caso guarda estrecha relación con los derechos humanos laborales.

Por lo antes fundado, y con el debido respeto al principio de separación de poderes establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Judicial del estado de Sonora para que actúe con imparcialidad independencia y en pleno respeto al derecho de presunción de inocencia en la resolución que emita sobre el recurso de apelación presentado en contra del auto de formal prisión emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Cananea en perjuicio de José de Jesús Guadalupe Calderón León, Francisco López Frasquillo y Alcibíades Macario Corella.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Sonora, de quien depende la Procuraduría del Estado, para que cancele las órdenes de aprehensión que no han sido ejecutadas en contra de los trabajadores de la empresa. Lo anterior para evitar que un conflicto de orden laboral adquiera tintes de represión institucionalizada y cree situaciones de inestabilidad social en la región de Cananea.

Tercero. Se exhorta tanto al gobierno del estado de Sonora como al Ejecutivo Federal a que con imparcialidad y mirando por el beneficio de los trabajadores de la zona y en pleno apego al estado de derecho, establezcan espacios de diálogo de manera coordinada con los trabajadores y ex trabajadores de la empresa que permitan avanzar en el cumplimiento de los acuerdos celebrados en 1990 en estricto apego a los derechos laborales de los trabajadores de Cananea.

18 de febrero de 2004.

Diputados: Eliana García Laguna (rúbrica), Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Manuel Camacho Solís

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL A FIN DE QUE INFORME A LA COMISION PERMANENTE SOBRE LA CREACION DEL FIDEICOMISO TRANSFORMA MEXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El 11 y 12 de febrero del presente año, el diario El Independiente, de circulación nacional, en un extenso reportaje, da cuenta de que, por iniciativa de la directora general de la Lotería Nacional, Laura Valdés Ruiz, se creó el fideicomiso Transforma México, al cual el 18 de octubre de 2001 fueron entregados 110 millones de pesos de las utilidades excedentes de esa entidad pública.

Ningún artículo de la Ley General de la Lotería Nacional la faculta para ejercer directamente los recursos que se deriven de utilidades en tareas de asistencia social, sino que éstos deberán ser enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Llama la atención que en Transforma México entre la Lotería Nacional como fideicomitente y Nafin como fiduciaria. Se presume que en ningún momento fue autorizada la creación del fideicomiso por su Consejo de Administración que, de acuerdo con la normatividad vigente, sería la instancia, en todo caso, que debería autorizarlo.

Al parecer, de acuerdo con la fuente citada, para 2002 se repitió la operación de envío de recursos al fideicomiso. La solicitud la hizo el subdirector general de Administración de la Lotería Nacional, David Tornell Romo, a la Secretaría de Hacienda. Las utilidades excedentes al 31 de diciembre del 2001 ascendieron a 227.7 millones de pesos.

Como se observa, no queda claro por qué recursos públicos de la Lotería Nacional tengan que ser destinados al fideicomiso, cuando no hay normatividad que así lo disponga.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, con el propósito de evitar suspicacias al respecto, mas aún que la señora Laura Valdés Ruiz tiene un parentesco consanguíneo con la secretaria de la fundación Vamos México, María Elena Valdés Ruiz, y que preside la primera dama del país, considero que esta situación se debe aclarar y transparentar, sobre todo si tales recursos son destinados a causas nobles.

Por ello, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo.

Unico. Sea citada a comparecer con la mayor brevedad ante esta H. asamblea permanente la directora general de la Lotería Nacional, a fin de que informe sobre la creación del fideicomiso Transforma México y el uso y destino de los recursos excedentes de esa institución pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2004.

Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LICENCIADO VICENTE FOX QUESADA, A FIRMAR Y PUBLICAR EL DECRETO PARA REUBICAR LA COMISION NACIONAL DE ZONAS ARIDAS EN LA SAGARPA O, EN SU DEFECTO, CONFIRME SU SECTORIZACION EN LA SEDESOL, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Las zonas áridas destacan, no por sus logros, sino por su falta aparente de oportunidades. En ámbitos diversos, particularmente en el gobierno, prevalece la idea de que no tiene sentido económico invertir en áreas donde las potencialidades identificadas tradicionalmente son sumamente escasas, como sucede en las regiones áridas y semiáridas.

Más de 54 por ciento del territorio nacional presenta condiciones agroclimáticas difíciles, y obliga, para responder a las demandas sociales, a multiplicar la imaginación y el compromiso con la población en pobreza extrema y marginación evidente.

Las cifras oficiales reconocen a más del 50 por ciento de la población nacional en pobreza y al 24 por ciento en pobreza extrema. En este universo, sin duda, la totalidad de la población rural asentada en las regiones áridas y semiáridas se ubica en condición de pobreza extrema.

Asimismo, información aportada por organismos internacionales especializados en el estudio de la desertización asegura que, en el caso de México, no menos de 300 mil hectáreas engruesan anualmente las estadísticas de este grave problema que desemboca inexorablemente en la pérdida de la capacidad productiva. La infraestructura básica y los servicios públicos elementales de los pueblos localizados en zonas áridas brillan por su ausencia.

La Población Económicamente Activa y, en especial, los varones en edad de trabajar emigran buscando opciones de empleo y bienestar que les son negados en sus lugares de origen.

A la marginación tradicional, se agrega la institucional. En un afán eficientista, el Ejecutivo federal propone e implementa la desaparición de entidades vitales para la supervivencia como la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, conocida por sus siglas como Conaza.

Esta disposición burocrática se disfraza a través de dos medidas: una supuesta descentralización a las entidades federativas y la sequía presupuestal como política de gobierno.

Desde mi perspectiva, la Comisión Nacional de las Zonas Aridas debe ser fortalecida por la naturaleza de los objetivos que persigue. Es una institución de primordial importancia para México, porque no es una simple institución de asistencia a los marginados recolectores, que ya será suficiente para justificarla, sino es un instrumento de recuperación de enormes espacios geográficos vitales para el país.

Por eso creo que hoy más que nunca es esencial otorgar atención a las zonas áridas, tanto por razones sociales, como por el hecho de que, contrariamente a los que piensan que no tienen destino, las zonas áridas todavía guardan recursos enormes, que por nuestro descuido avanza la agonía de su deterioro, pero si las cuidamos, bien explotadas, desempeñarían una función económica importante por su alto valor alimenticio, medicinal e industrial; por ejemplo, insecticidas, nematicidas, fungicidas, principios medicinales; fuentes de sustancias nutritivas.

Ramas de producción como la lechuguilla, la candelilla, el orégano, el sotol, el aprovechamiento de plantas forrajeras, la ganadería, la siembra de pastizales, ofrecen oportunidades insospechadas. Los bioespacios intensivos en áreas pequeñas, resuelven las carencias alimentarias y ofertan excedentes para el mercado, superiores a lo imaginado.

Sin embargo, ante la falta de crédito e inversión pública, sólo se atina a minimizar la función de la Conaza, o a mantenerla en la indefinición. El Poder Legislativo reinstala a la Conaza en su vertiente presupuestal, pero prevalece su indefinición jurídica.

Por lo que significan las zonas áridas como un problema preocupante en el momento actual, pero sobre todo por lo que anuncian para el futuro, de no enfrentar el proceso de desertización y sus terribles secuelas, me permito proponer con toda atención a esta Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Hacer una excitativa al C. Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, para que firme y publique el decreto reubicando a la Conaza en Sagarpa, o en su defecto confirme su sectorización en la Sedesol.

Segundo. Respete los montos presupuestales aprobados por esta soberanía a la Conaza.

Excitativas

A LAS COMISIONES DE PESCA, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE MARINA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO EUGENIO MIER Y CONCHA CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, en su calidad de diputado a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante esta soberanía la presente excitativa, al tenor siguiente.

Antecedentes

1. El 11 de septiembre, las Secretarías de Marina; de Comunicaciones y Transportes; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emitieron un acuerdo intersecretarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde amplían las áreas de prevención y exclusión marítima del golfo de México (sonda de Campeche), reduciendo a los pescadores de Tabasco las zonas de captura de camarón y otras especies.

2. A petición de las organizaciones pesqueras de Tabasco, invitamos a la Comisión de Pesca para que constatara los problemas que el mencionado acuerdo acarrea a esas organizaciones.

3. El 30 de octubre último, el diputado Abraham Bagdadi Estrella presentó una proposición con punto de acuerdo, en nombre de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo, para exhortar al Ejecutivo federal a modificar el acuerdo intersecretarial, a efecto de que se reestablezcan las zonas de prevención y exclusión al estado en que se encontraban antes de la publicación referida, pues a la fecha la Armada de México en tres ocasiones ha detenido y privado de la libertad a pescadores y embarcaciones, ocasionando pérdidas y afectando ingresos a cientos de familias.

Por lo anterior, le solicito, señor Presidente, que excite lo conducente a las Comisiones de Pesca, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Marina para el efecto que se dictamine, conforme a la ley, el punto de acuerdo descrito.

Dip. Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica)

A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION, DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y DE ENERGIA, A SOLICITUD DEL SENADOR OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Desde esta tribuna hago una respetuosa excitativa a las Comisiones legislativas de la Honorable Cámara de Diputados a fin de que, a la brevedad posible, dictaminen respecto de la minuta con proyecto de decreto aprobada por la Cámara de Senadores y en virtud de la cual se promueven modificaciones legales en materia de tarifas eléctricas de uso doméstico.

Refiero los siguientes antecedentes y consideraciones que sustentan la pertinencia de mi excitativa.

El 27 de marzo de 2003, en nombre del grupo parlamentario del PRI y en el mío propio, presenté una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que modifica el artículo 31 y adiciona un artículo 32 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Posteriormente, el 10 de abril, respondiendo a un clamor y a una exigencia muy extendida de la sociedad en contra de los incrementos desproporcionados e injustos en las tarifas eléctricas, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las Comisiones de Energía, de Estudios Legislativos, Primera, y la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que fueron las comisiones a cargo estudiar y dictaminar dicha iniciativa.

Siguiendo el proceso legislativo habitual, la minuta fue remitida a la honorable Cámara de Diputados, y turnada a las comisiones correspondientes, pero a la fecha no ha sido dictaminada.

La iniciativa a que me refiero, en pocas palabras -compañeras y compañeros legisladores-, permítaseme recordarlo, respondía y en mi opinión sigue respondiendo, a la necesidad urgente de legislar en materia de tarifas eléctricas de consumo doméstico, necesidad puesta en evidencia con mayor fuerza luego de que el Ejecutivo federal promulgara el impopular decreto del 7 de febrero de 2003.

Como es bien sabido, el decreto del Ejecutivo modificó significativamente los rangos tarifarios en perjuicio de muy amplios sectores sociales, principalmente de la población ubicada en las zonas caracterizadas por el clima extremoso y húmedo del país.

En estas zonas, los pagos por concepto de tarifas eléctricas se vieron incrementados desproporcionadamente y, como es comprensible, fue precisamente en esas regiones en donde mayores estragos provocó esta medida debido a la necesidad mayor de consumo eléctrico para compensar los efectos del calor y el frío.

Pero las consecuencias negativas del decreto, en mayor o menor medida, afectaron a todo el país.

Debo destacar aquí que, por la seriedad de los estudios que la sustentan, y sus méritos y ventajas evidentes -ampliamente argumentados en la exposición de motivos-, la iniciativa en referencia recibió un apoyo muy amplio y plural de los grupos parlamentarios en el Senado, y ese respaldo se reflejó en el número de votos aprobatorios.

Desde luego, entiendo ese resultado como una consecuencia positiva del trabajo colectivo, del esfuerzo de concertación, significado porque desde su elaboración inicial, en la iniciativa se lograron incorporar aportaciones retomadas de otras iniciativas y de puntos de acuerdo similares adoptados tanto por legislaturas locales, como de propuestas particulares de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y de Convergencia.

Los votos de los senadores de Acción Nacional, en su mayoría, se emitieron por la abstención y solamente se registraron menos de una decena de votos en contra.

La legislatura anterior, que culminó sus labores a finales del año pasado, no obstante el gran interés mostrado por los diputados, no tuvo oportunidad de resolver este sensible asunto dentro del período de sesiones. Como es sabido, la agenda legislativa de fin de año hubo de atender un cúmulo de tareas que hicieron especialmente difícil el desahogo de todos los asuntos.

Sin embargo, estoy convencido de la importancia que tiene que fijemos en la ley criterios justos con relación a las tarifas eléctricas de uso doméstico. El reclamo social amerita un nuevo esfuerzo de parte de todos nosotros; esfuerzo que, respetando el marco de las competencias y atribuciones, se orienta a acotar la discrecionalidad ilimitada del Poder Ejecutivo Federal en la materia y, básicamente, junto con otras medidas, restableciendo los rangos tarifarios anulados por el decreto del 7 de febrero.

Y ese es el motivo, compañeras y compañeros legisladores, de la excitativa que ahora me permito presentar.

Para concluir con mi intervención, quisiera referir los elementos principales que se contienen en la iniciativa y que justifican que esta Comisión Permanente haga una formal y respetuosa excitativa dirigida a las comisiones competentes de la Cámara de Diputados.

Toma en cuenta el nivel socioeconómico de las diferentes regiones del país para la reclasificación tarifaria.

Plantea la reclasificación de los municipios atendiendo, no al factor temperatura como actualmente acontece, sino aplicando un nuevo criterio, el criterio de Índice de Calor, que resulta de combinar el factor humedad con la temperatura del aire, para obtener así un parámetro más objetivo y real que considera el efecto de la sensación térmica.

Como ya lo he mencionado, la iniciativa restablece los rangos intermedios de consumo suprimidos por el decreto del 7 de febrero.

Amplía de seis a ocho meses el período denominado "temporada de verano" para los estados más calurosos del país. Al aplicarse por dos meses más los precios de las tarifas especiales establecidas para esa temporada, se beneficiará a las regiones más cálidas y húmedas.

Elimina, por excesiva, la Tarifa de Altos Consumos, DAC.

Asigna un descuento especial para jubilados y pensionados. Esta propuesta, se formula en la lógica de fijar precios y tarifas especiales para estos segmentos sociales, tal y como sucede ya en el caso del pago del predial, el agua y otros servicios públicos.

Elimina la aplicación de la tarifa 2, de uso comercial, para el caso de los pequeños establecimientos comerciales, de tipo familiar, ubicados en casas habitación.

Establece un trato preferencial a las regiones y municipios considerados por la Secretaría de Desarrollo Social como de pobreza extrema.

Compañeras y compañeros legisladores:

La política de precios y tarifas debe ser congruente con la naturaleza y el espíritu social de la empresa pública. Nunca antes, como ahora, se utilizó a las tarifas eléctricas como un mecanismo de recaudación y la representación popular no debe permitirlo, porque ello está afectando a la sociedad.

Recientemente, en esta misma tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Carlos Flores Rico, de Tamaulipas, planteó de nuevo el tema, al solicitar la reclasificación de varios municipios de nuestro estado.

Me sumo a su petición, porque además, ella expresa que la lucha de la población en contra de las tarifas altas de CFE, continúa.

Por su atención, muchas gracias.

A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO CARLOS OSVALDO PANO BECERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fecha 6 de noviembre del 2003, el diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, integrante del grupo parlamentario del PRI y miembro de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, presentó ante este órgano legislativo un punto de acuerdo en el que se solicita a la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura que sea creada una comisión especial que conozca, analice e informe respecto de la red delictiva Marasalvatrucha, en la frontera sur de México, en el estado de Chiapas.

Considerando

Que cuando hablamos de la frontera sur nos remitimos a la puerta de entrada del intercambio comercial con Centro y Sudamérica, como eje rector inclusive de todo el continente, sin dejar de lado la situación que prevalece en todas las demás fronteras, pero especialmente la de la frontera sur, por ser ésta por donde transitan más del 70% de los estupefacientes que circulan en nuestro país para llegar al mercado principal de consumo, la Unión Americana.

El cáncer social que vive la frontera sur respecto de los grupos delictivos de la Marasalvatrucha ha crecido, a grado tal que han conseguido que las autoridades judiciales no logren desmantelarlos, ya que su fortaleza ha llegado a incidir sobre todo en la raíz de nuestra sociedad en la juventud chiapaneca, de tal forma de que hoy en día esta organización criminal mixta de centroamericanos y chiapanecos, cuyas células se auto denominan la "13" y "18", sean la más terribles, temidas y respetadas dentro de esa red internacional de terrorismo social.

La solicitud de la conformación de la comisión especial de diputados federales para conocer, analizar e informar respecto de estos grupos de la Marasalvatrucha en la frontera sur de nuestro país, es con el propósito de atender de manera urgente este asunto del orden de seguridad nacional, toda vez que son redes delictivas que han desequilibrado la paz social en diversos países, por ejemplo, en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos y México.

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión que excite a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia dictamine y resuelva la proposición de referencia.

Dip. Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica)

Actas

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL, DE INSTALACION DE SU CONSEJO CONSULTIVO, EFECTUADA EL MIERCOLES 28 DE ENERO DEL AÑO 2004

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en el Palacio Legislativo, siendo las nueve horas del día veintiocho de enero del año dos mil cuatro, en los salones C y D del restaurante Los Cristales de esta H. Cámara de Diputados, previo citatorio que fue hecho llegar a sus integrantes y de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria números 1419 y 1422 de fechas veintidós y veintisiete de enero del año en curso, respectivamente, se realizó la instalación del Consejo Consultivo de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LIX Legislatura, bajo el siguiente orden del día.

1.- Lista de asistencia.

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez (Presidente), Francisco Luis Monárrez Rincón (secretario), Alfonso Nava Díaz (secretario), José Juan Bárcenas González (secretario), Felipe de Jesús Díaz González (integrante), Alfredo Rodríguez y Pacheco (integrante).

Asimismo, se hace constar que los diputados Lino Celaya Luría, David Ferreyra Martínez, Israel Tentory García, Arturo Robles Aguilar, Gerardo Ulloa Pérez, Daniel Ordóñez Hernández y Sonia Rincón Chanona, en su lugar mandaron a un representante.

2.- Discurso de bienvenida y exposición del carácter y objetivos del Consejo Consultivo, a cargo del Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El presidente de la Comisión, en uso de la voz, da la más cordial bienvenida a los asistentes a la instalación del Consejo Consultivo de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LIX Legislatura, mencionando a grandes rasgos que éste sea un espacio abierto donde compartir ideas y reflexiones relacionadas al asunto de las cooperativas y del mundo de la economía social para buscar entre todos los actores una mejor forma de coincidir y se cumpla con los objetivos que se plantearon concretamente:

Crear un espacio de comunicación directa y permanente entre los diputados de esta Comisión y los representantes del sector cooperativo, así como aquellos actores sociales vinculados a instituciones del gobierno así como del ámbito del mundo cooperativo, para buscar como método un consenso democrático para realizar diversas iniciativas legislativas encaminadas al fomento cooperativo y la economía social.

Utilizar este espacio del Consejo Consultivo que nos ayude al acercamiento, conocimiento y al intercambio de experiencias y de proyectos de trabajo entre los integrantes de este Consejo (legisladores, organizaciones sociales, cooperativas; líderes sociales, morales, históricos del ámbito de la economía social; instituciones académicas, universitarias, educativas, de investigación; así como las instancias del gobierno, federales, estatales y municipales) para fortalecer los procesos de integración cooperativa y las relaciones interinstitucionales.

Para cumplir con estos dos objetivos y el funcionamiento en sí de este Consejo Consultivo, es importante señalar algunas orientaciones. Constituirnos en un espacio de participación plural, abierta, sin ningún tipo de exclusión, en el que estén representadas las diferentes corrientes y expresiones organizativas del movimiento cooperativo.

Este consejo de cabida a la participación de representantes del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y municipales que estén relacionados con el tema y la problemática que aqueja a las cooperativas y al sector de la economía social.

Que el consejo consultivo sea principalmente un órgano de consulta y opinión y sus integrantes participen de manera voluntaria y de carácter honorífico.

Que todos los integrantes del consejo consultivo sean tratados con plena libertad de expresión de opinión pública con absoluta libertad con el único ánimo de respeto mutuo entre los integrantes.

Que las convocatorias a las reuniones de este Consejo, la agenda y los puntos a tratar sean responsabilidad del pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social y, en su defecto, de la Junta Directiva de esta Comisión.

En uso de la palabra, los integrantes de la Comisión y de la Junta Directiva de esta Comisión mencionaron a grandes rasgos Que la creación de este Consejo Consultivo sirva para enriquecer los trabajos propios de la Comisión.

Que sea un espacio en el que las diferentes visiones, ideas, experiencias, conocimientos confluyan para poder construir un México mejor, un país en el que se generen oportunidades para todos.

Todas las ideas y diferencias expresadas por los diferentes actores en este Consejo Consultivo serán siempre bienvenidas con el único ánimo y voluntad de construir un México mejor.

3.- Presentación de cada uno de los participantes.

1.- César Ramírez Prado.- Coordinador del Consejo Cooperativo y de Economía Solidaria del Estado de Querétaro; agrupa a once de las cooperativas más tradicionales del estado de Querétaro con un promedio de 30 años de antigüedad.
2.- Pedro Rodríguez Valderrama.- Representante de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo del Noroeste (Nuevo León); agrupa a doce cooperativas de ahorro y préstamo con 79 centros de captación.
3.- Manuel Horta Martínez.- Representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo Centro-Sur (Cuernavaca); agrupa a diecinueve cooperativas con servicio a más de 50 mil socios.
4.- Tomás Carrizales Villegas.- Gerente general de la Federación de Cooperativas Alianza (León, Guanajuato); agrupa a 24 cooperativas con más de 150 asociados con membresía.

5.- Ignacio Chichitz Miranda.- Gerente de Operaciones y Jurídico de la Federación de Cooperativas Alianza.
6.- Alma Rosa Morales.- Representante del diputado David Ferreira Martínez.
7.- Jurgen W. Heins.- Confederación Alemana de Cooperativas.
8.- Gabriela Zapata Alvarez.- Dirección de Fomento de Organizaciones Financieras de la Secretaría de Agricultura.
9.- Roberto de la Peña.- Cooperativa de Consumo Ganadero de Villahermosa Tabasco.
10.- Alfonso Martín Ruz.- Tesorero de la Cooperativa de Consumos Ganaderos.

11.- Carlos López Hernández.- Universidad Autónoma de Querétaro.
12.- Manuel Antonio Murúa Mejorada.- Coordinador de la carrera de Cooperativismo de la Universidad Autónoma de Querétaro.
13.- Jorge Alberto Martínez Ramírez.- Universidad Autónoma de Querétaro.
14.- Ursula Heimann.- Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional en México.

15.- Armando García Jiménez.- Presidente del Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias; 11 años con presencia en 29 estados con 300 mil asociados en el país.
16.- Gisela Castillo.- Gerente del Consejo Coordinador de Cajas Solidarias.
17.- Arturo Mora Cárdenas.- Representante de la Federación UNIZAP de Occidente (Guadalajara); agrupa a más de 40 entidades de ahorro y crédito con una membresía de 270 mil socios.
18.- Miguel Escobar Hernández.- Secretario del Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias.

19.- Alberto Ramírez Soto.- Gerente de la Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana; administra el fondo de 183 cooperativas afiliadas a 6 federaciones con un millón de asociados.
20.- Eduardo Miranda Esquivel.- Presidente de la Unión de Juristas de México.
21. Benito Mirón Lince.- Subsecretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Distrito Federal.
22.- Lenin Rojas.- Presidente de la Cooperativa Escolar de Producción con su sección de Consumo de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México.

23.- María de Lourdes Alvarez Torres.- Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorro de los Telefonistas.
24.- Juan Jorge Becerra Guerra.- Miembro de la Caja de Ahorro de los Telefonistas.
25. Gonzalo Mejía.- Subsecretaría del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal.
26. Marco Antonio Téllez Espinosa.- Asesor parlamentario del diputado Lino Celaya Luría.
27.- Juan Gerardo Domínguez.- Presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas de Actividades Diversas del Distrito Federal.
28.- Manuel Velásquez Hernández.- Secretariado Social Mexicano; actualmente una asociación civil; originariamente un departamento del Episcopado Nacional Católico.

29.- Fidelina Ramírez Cruz.- Miembro de la Coordinación del Secretariado Social.
30.- Florencio Eguía Villaseñor.- Cooperativas Financieras, cajas populares.
31.- Luis Ugalde Monroy.- Movimiento de Cooperativas de Querétaro.
32.- Guadalupe Zamora Bahena.- Miembro de la Confederación Nacional de Sociedades Cooperativas de Servicios Turísticos.
33.- Salvador Soto Sánchez.- Presidente de la Confederación Nacional de Sociedades Cooperativas de Transporte y Servicios Turísticos (Acapulco).

34. Bulmaro Ramírez Orozco.- Representante del diputado Israel Tentory García.
35.- Carlos Mata Torres.- Estudiante de la Universidad de Chapingo.
36.- Ana Laura Altamirano Pérez.- Miembro de la Cooperativa Prestadora de Servicios Profesionales para el Desarrollo Integral de la Universidad Autónoma de Chapingo.
37. Carolina Pérez García.- Integrante de la Cooperativa Germinal.
38. Rafael Martínez Ponce.- Presidente de la Alianza Cooperativista Nacional.
39.- Gabriel Durán. Representante de la Federación Bajío.
40.- José Guadalupe Armenta Martínez.- Integrante de la Federación Bajío.
41.- Pedro Romero Gómez.- Cooperativista morelense (Alcona).
42.- Ma. Doris Juanchí Gómez.- Bansefi.
43.- Laura Angeles Alanís.- Bansefi.
44.- Kench Gudel.- Consejero de la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural.
45.- Juan Arteaga Banda.- Miembro del Consejo Cooperativo y de Economía Solidaria del Estado de Querétaro.

46.- Arnoldo Estrada Calderón.- Unión de Cooperativas Tacámbaro.
47. Antonio Rodríguez González.- Secretario del Consejo de Administración del Gremio Unido de Alijadores del Puerto de Tampico. 93 años de su fundación.
48.- Miguel Angel Carmona Angeles.- Director del área de desarrollo y fomento cooperativo en la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural.
49.- Marín Rubio López.- Presidente del Consejo Estatal Cooperativista de Morelos, constituido por seis cooperativas.
50.- María Cristina Martínez Lira.- Miembro de la Cooperativa Fuerza Suriana de Cuautla Morelos.
51.- Elvia Mondragón Valdés.- Miembro de la Alianza Cooperativista Nacional en el Distrito Federal.
52.- Julián Vences Camacho. Diputado local del estado de Morelos.
53. Isauro Mercado Barrón.- Gerente de la Caja Popular Jesús Meza Sánchez, institución con 26 mil asociados en el estado de México, con 40 años de trayectoria en el cooperativismo.

54. Javier Arrambide Olvera.- Representante del diputado Arturo Robles Aguilar.
55. Alfredo Alvarez Cuevas.- Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul.
56.- Alfonso Pérez Arroyo.- Miembro de la Cooperativa Cruz Azul.
57. Isaac Velasco Alcántara.- Miembro de la Cooperativa Cruz Azul.
58.- Luis Juárez Cadena.- Miembro del Instituto Mexicano de Desarrollo Cooperativo.
59.- Ernesto Montiel Cazares.- Presidente del Consejo de Administración de la Confederación Nacional de Actividades Diversas de la República Mexicana.
60.- Francisco Acosta Zavala.- Representante del Ayuntamiento de Monterrey.
61.- Manuel Antonio Sandoval Padilla.- Asesor de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras.
62.- Jorge Muñoz Villanueva.- Presidente del Consejo de Administración del Consejo de la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera, con presencia en 17 estados de la República que cuentan con litoral.

63.- Felipe Osnaya Osnaya.- Presidente del Consejo de Administración de la Confederación Nacional de Sociedades Cooperativas de Transporte en General de la República Mexicana.
64.- Ramón Ortiz Rea.- Comisionado de Organización de la Confederación Nacional de Cooperativas del Transporte en General SCL.
65.- Fernando Matan Merino.- Fonaes.
66.- Julio César López Marín.- Representante del ingeniero Ramón Imperial Zúñiga, Presidente del Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular.
67.- Manuel de Jesús Tovilla.- Representante del diputado Gerardo Ulloa Pérez.
68.- José Manuel Reyes Martínez.- Representante del diputado Daniel Ordóñez Hernández.
69.- Heriberto Olfra Paniagua.- Representante de la diputada Sonia Rincón Chanona.
70.- Alberto Ruiz Chan.- Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas.
71. David Chávez Cucue.- Presidente de la Cooperativa Germinal.
72.- Juan José Rojas Herrera.- Secretario técnico de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

4.- Discusión abierta en torno al contenido del plan anual de trabajo de la Comisión y prioridades de la agenda legislativa a desarrollar.

Una vez concluida la presentación individual de los asistentes, en lo general coincidieron en que el plan anual de trabajo de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social cumple con las expectativas planteadas, en él se ve un esfuerzo de la Comisión de esta LIX Legislatura para impulsar al sector cooperativo; prueba de ello es la instalación del Consejo Consultivo que, sin duda, servirá de coadyuvante en las tareas propias de la Comisión.

Una vez que se escucharon todas las propuestas y comentarios de los asistentes en torno a las expectativas con la instalación del Consejo Consultivo se mencionó lo siguiente:

Que la creación del Consejo Consultivo sirva realmente para conocer y resolver los verdaderos problemas del sector cooperativo.

Es alentador que en esta Legislatura se tome en cuenta a todos los sectores involucrados sin distinciones.

Crear leyes que respondan a la realidad actual que vive el país que permitan desarrollar con dignidad las tareas de responder a las necesidades del sector.

Dignificar el sector cooperativo tomando en cuenta su entorno, sus principios que lo rigen y su origen.

Estudiar la posibilidad de fomentar cooperativas escolares, ya que el cooperativismo necesita de una dinámica y una práctica constante que necesita de la educación adecuada.

Propugnar por el fortalecimiento de los principios y los valores como la comunión, solidaridad, ayuda mutua, educación y vocación al servicio social entendiendo al cooperativismo como la manifestación humana de la ley que rige el universo.

Consensuar entre los diferentes actores la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley de Sociedades Cooperativas, el artículo 25 constitucional.

Crear un plantel de promotores profesionales de la organización cooperativa, cuyas labores deben caracterizarse por la capacidad de aplicación para impulsar y promover la organización cooperativa.

Que las cooperativas precisen a detalle cuáles son sus responsabilidades sociales, comunitarias, laborales, empresariales y cooperativas.

Buscar los mecanismos de entendimiento entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y los diferentes actores de la sociedad para el mejor desarrollo del sector cooperativo.

Crear un marco legal que permita un desarrollo congruente con la obligación de las cooperativas de impulsar estos cambios a través de la Cámara de Diputados.

Aprender de las cooperativas exitosas tomando el ejemplo de Dos Pinos en Costa Rica; Colgante en Colombia; Conaprol en Uruguay, y de los cafeticultores en Brasil, entre otros.

Buscar una verdadera alternativa de solución a los problemas que enfrenta a nivel de comunidad y de región el sector cooperativo.

Definir las áreas prioritarias de desarrollo, que el Estado las organice e impulse junto con el sector social.

Definir criterios de equidad social y productividad, para que sobre ellos se impulse y apoye a las empresas del sector social.

Posibilidad de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la organización del sector social y la expansión de la actividad económica del sector social.

La precisión de los productos nacionales o industriales que sean artículos de primera necesidad o la principal fuente de riqueza en las distintas regiones del país, para que las asociaciones o sociedades cooperativas de productores que los produzcan en defensa de sus intereses se vendan en exclusiva.

5.- Conclusiones y tareas.

Retornando todos y cada uno de los comentarios y sugerencias vertidos por los asistentes a la instalación del Consejo Consultivo, entre las principales tareas y conclusiones destacan las siguientes:

Encontrar mecanismos de integración entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y los diferentes sectores del cooperativismo y la economía social para fortalecer y cumplir con las necesidades que el pueblo demanda.

Encontrar un marco legal que permita un desarrollo congruente de todas y cada una de las actividades del sector cooperativo y la economía social.

Tener como prioridad del Consejo Consultivo el estudio de La Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley de Sociedades Cooperativas y el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social implemente foros y seminarios para discutir las principales tares prioritarias de la Comisión, en un espacio de participación plural, abierta sin ningún tipo de exclusión, en el que estén representadas las diferentes corrientes y expresiones organizativas del movimiento cooperativo.

Convocar a reuniones periódicas con el Consejo Consultivo para revisar las diferentes actividades y avances del programa anual de trabajo.

6.- Clausura.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Comisión, diputado Francisco J. Saucedo Pérez, siendo las trece horas con quince minutos del día y la fecha en que se actúa se dan por terminados los trabajos de la instalación del Consejo Consultivo de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LIX Legislatura.

Palacio Legislativo, a 28 de enero de 2004.

Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Presidente; Francisco Luis Monárrez Rincón, secretario; Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), secretario; José Juan Bárcenas González (rúbrica).

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL, DE SU TERCERA SESION PLENARIA, LLEVADA A CABO EL MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2004

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en el Palacio Legislativo, siendo las quince horas del día veintiocho de enero de dos mil cuatro, en el salón C del restaurante Los Cristales de la H. Cámara de Diputados, previo citatorio que fue hecho llegar a sus integrantes y de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria números 1419 y 1422, de fechas veintidós y veintisiete de enero del año en curso, respectivamente, se realizó la tercera sesión plenaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Legislatura, conforme al siguiente

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración del quórum

Una vez pasada la lista de asistencia, se contó con la presencia de los siguientes ciudadanos

Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente; Alfonso Nava Díaz, Francisco Luis Monárrez Rincón, José Juan Bárcenas González, secretarios; Humberto Aldaz Hernández, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Luis Andrés Esteva Melchor, David Ferreira Martínez, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Reyes, José Alfonso Muñoz Muñoz, Javier Orozco Gómez, Daniel Ordóñez Hernández, Arturo Robles Aguilar, Gerardo Ulloa Pérez, Adrián Villagómez García.

Asimismo, se hace constar que los diputados Irene Herminia Blanco Becerra, Sonia Rincón Chanona, Alfredo Rodríguez y Pacheco e Israel Tentory García en su lugar mandaron a un representante.

Una vez pasada la lista de asistencia y encontrándose presentes dieciséis diputados, en uso de la voz el Presidente de la Comisión menciona que se cuenta con el quórum legal, iniciándose la sesión.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Una vez puesto a consideración el orden del día, el Presidente de la Comisión menciona si existe algún comentario al respecto o, en su caso, la inclusión de otro punto al orden del día que los diputados deseen que se trate. No habiendo ningún comentario al respecto por parte de los asistentes, se aprueba el orden del día.

3. Comparecencia del licenciado Guillermo Barnés García, comisionado del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores

El Presidente de la Comisión, en uso de la palabra, menciona que una vez que el licenciado Barnés García realice su exposición, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda así como una ronda de intervenciones de los asistentes.

A continuación, en nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, el diputado Francisco J. Saucedo Pérez, Presidente, da la más cordial bienvenida al comisionado del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Acto seguido, en uso de la voz el licenciado Guillermo Barnés García, comisionado del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, agradece la invitación que la Comisión le hizo, a efecto de informar sobre los avances del fideicomiso que, por razones del nombre y para fines prácticos, en esta reunión se denominará Fideicomiso Pago.

Asimismo, hace entrega a los asistentes de una carpeta informativa que contiene los avances y las estrategias del Fideicomiso Pago. Una vez iniciada su intervención, a grandes rasgos informó lo siguiente:

Antecedentes 2000-20002. La creación de la Ley del Fideicomiso Pago (diciembre de 2000) representó la solución legislativa del problema social y político de los ahorradores, que en ese entonces ascendían a 250 mil afectados.

Esta ley tiene como principales características resarcir a los ahorradores defraudados por las sociedades cooperativas, cajas, SAP y apoyar sociedades con insolvencia comprobada. Asimismo, el órgano rector del Fideicomiso Pago lo compone un Comité Técnico, presidido por la SHCP, con la participación de la Segob, la Secodam, la Condusef, la CNBV y las dos entidades federativas con mayor número de ahorradores defraudados: Jalisco y Veracruz.

El patrimonio del Fideicomiso Pago 2000 ascendió prácticamente a 1,785 millones de apoyo a ahorradores y 500 millones de pesos de apoyo a sociedades, siendo estos recursos federales, condicionados a suscripción de convenios con entidades federativas y negociación de aportaciones estatales en efectivo.

El pago de los ahorradores 2000-2002 se determinó en 190 mil pesos como saldo neto de ahorro límite, resarcimiento de 70 por ciento del saldo neto del ahorrador, sin intereses.

Los requisitos legales para acceder a beneficios; entre otros, que la constitución legal de la sociedad fuera antes de 2000.

Entre las decisiones estratégicas del pago ahorradores 2001-2002, se encuentran las aportaciones estatales líquidas en proporciones fijas en todos los casos, 1.75 pesos por cada 1.00 pesos aportados por la entidad federativa; cero excepciones para ahorradores y entidades federativas; pago al ahorrador mediante cheque u orden de pago nominativo; los recursos sobrantes son restituidos a entidades federativas y fideicomiso en las proporciones aportadas.

Respecto al apoyo de las sociedades, el objetivo principal fue fortalecer el esquema financiero de sociedades de ahorro y préstamo y cooperativas, teniendo como requisitos para ser beneficiadas justificar la viabilidad financiera de la sociedad, presentar programa de saneamiento, tasas de interés pactadas para sus ahorradores inferiores a 80 por ciento de Cetes y las garantías a satisfacción del Comité Técnico. Durante el periodo 2001-2002 ninguna sociedad cumplió los requisitos de ley.

Referente a los resultados cuantitativos comprendidos en el periodo 2001-2002, 119 mil ahorradores pagados a diciembre de 2002; 28 entidades federativas participaron, 32 cajas y SAP apoyadas; 1,835.5 millones de pesos de recursos federales utilizados; 1,049 millones de pesos aportados por entidades federativas; 800 servidores públicos estatales capacitados y 500 millones de pesos no aplicados para apoyo de sociedades.

Acerca de los resultados cualitativos comprendidos en el periodo 2001-2002, transparencia en la aplicación de los recursos, se realizaron cinco auditorías por la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría Interna de Nafin (Secodam), todas sin observaciones relevantes.

Durante diciembre de 2002 se realizaron reformas a la Ley del Fideicomiso y estrategias a seguir durante el periodo 2003-2005; entre otras: amplía el alcance de sus objetivos para ahorradores y sociedades, conserva la condicionalidad en el uso de los recursos federales, mantiene el Comité Técnico incorporando al Banco de México, se prolonga la vigencia del fideicomiso hasta 2005.

Se amplía el universo de sociedades objeto de apoyo. Sociedades de ahorro y préstamo, cajas de ahorro bajo la Ley de Sociedades Cooperativas, asociaciones civiles, sociedades civiles, sociedades de solidaridad social y, por vía de excepción, se incorporan sociedades mercantiles.

El patrimonio de la Ley 2002 asciende a 1,000 millones de pesos provenientes del PFP 2003, 550 millones de pesos existentes en el patrimonio del Fideicomiso al finalizar 2002, de los cuales se destinaran 1,200 millones de pesos a pago de ahorradores, 335 millones de pesos a saneamiento de apoyo a sociedades y 15 millones de pesos de honorarios del síndico e interventor en el procedimiento de quiebra.

Los ahorradores considerados por la Ley 2002. Tipo 1: ahorradores con saldo mayor de 190 mil pesos de sociedades incorporadas a los convenios 2001-2002, ahorradores de SAP, sociedades cooperativas que hayan dejado de operar (quebradas) y que cumplan los requisitos de ley. Tipo II: ahorradores de SAP, sociedades cooperativas actualmente en operación, que deban liquidarse como resultado de los trabajos de operación, sociedades en estado de insolvencia comprobada, las que dejaron de operar antes del 31 de diciembre de 2002, las constituidas a más tardar el 30 de diciembre de 1999.

Entre las prospectivas de la ley. Identificar, junto con los gobiernos estatales, la demanda de apoyo con base en la ley reformada, atender a los ahorradores que no pudieron acceder en la primera etapa por no cumplir los requisitos legales de ese entonces, atender a los ahorradores de las entidades de ahorro y crédito popular actualmente en operación, que deberán liquidarse como resultado de los trabajos de consolidación, en enero de 2004. Una vez que se conozca el reporte de las sociedades que aceptaron someterse a los trabajos de consolidación, será posible identificar la demanda potencial de apoyo.

Por último, menciona que con la Ley Federal de Actividades Auxiliares de Crédito, que fue modificada en esta Legislatura y publicada hoy, fue una decisión atinada de esta Legislatura, ya que con esos cambios de dicha ley los recursos que se encuentran en litigio, producto de los fraudes de algunas cajas, regresarán a la Secretaría de Hacienda para resarcir a la Federación y que ésta, a su vez los canalice, aunque no sea en la misma proporción, a los ahorradores defraudados.

Una vez terminada la exposición por el coordinador del Fideicomiso Pago, menciona que la información a detalle por entidad federativa se encuentra en la carpeta que entregó al inicio de la comparecencia.

Retomando la palabra, el Presidente de la Comisión agradece los comentarios vertidos por el coordinador del Fideicomiso Pago. Pregunta a los asistentes si existe alguna pregunta, duda o comentario respecto de la comparecencia que deseen transmitir.

En uso de la voz, el diputado Arturo Robles Aguilar, integrante de la Comisión, pregunta:

1. ¿Existe un avance importante hacia el pago de ahorradores defraudados?
2. ¿Qué porcentaje representa del total?

El coordinador del Fideicomiso Pago contesta que durante la primera etapa, que comprende 2000-2002, se tiene un avance muy significativo, de más de 80 por ciento, de cobertura y en la segunda etapa, que comprende 2000-2005, se está en espera de los reportes a la fecha para poder definir los avances cuantitativos.

Sin embargo, adelantándome a éstos, se tiene un avance importante, agregando que los informes a detalle, inclusive mediante gráficas, se encuentran en la carpeta que al inicio se les hizo llegar.

El diputado Alfonso Nava, secretario de la Comisión, pregunta, entre otras cosas:

1. ¿Por qué de tantos defraudados, a que se debió este fenómeno y qué estado guardan los responsables?
2. En especial, concretamente a la caja que defraudó a muchos ahorradores en el estado de San Luis.
3. Si la ampliación a la ley, en su artículo ocho transitorio, aprobado por esta legislatura el pasado 28 de diciembre, incorporando a las sociedades mercantiles, abarca también a las uniones de crédito.

El licenciado Barnés contesta referente a las dos primeras preguntas que la explicación puede ser muy variada a cada caso particular. Sin embargo, un punto importante se debió básicamente a que los bancos pasan de ser propiedad de la nación a manos privadas que como principal función éstos se dedicaron a captar la atención de los grandes corporativos sin dar mucha importancia o incentivar el ahorro popular, promoviendo con esto la creación desordenada de cajas de ahorro y muchas veces sin sustento legal.

Otro punto importante: el vacío en las capacidades, en la regulación propia, incluyendo a la Secretaría de Hacienda, que muchas veces dio permisos sin un control y organización. Afortunadamente, hoy ya se regula todo este tipo de actividades, entre otras leyes, con de Ahorro y Crédito Popular.

Respecto a los responsables de los fraudes, la mayoría se encuentra en prisión. En el caso de San Luis Potosí, si es la del Real de San Sebastián, ésta se liquidó en su totalidad con recursos del estado y la Federación. Respecto a la última pregunta, esta ley, conforme a sus características particulares, no incluye las uniones de crédito.

En uso de la voz, el diputado Juan Bárcenas, secretario de la Comisión, pregunta:

1. Con base en las cifras presentadas hoy, ¿usted aseguraría que en la actualidad existe un bajo porcentaje de defraudados no liquidados? Y, de ser posible, con la mayor brevedad hiciera llegar a esta Comisión por escrito a detalle el universo solicitado.

2. En referencia a la Ley aprobada el 28 de diciembre del año próximo pasado y publicado hoy, ¿cuál es el universo a que se va a beneficiar con esa reforma? Asimismo, que esta Comisión en esta etapa pudiera contar con los resultados por entidades.

3. Con base en los trabajos de consolidación, ¿qué instituciones de ahorro y crédito popular en sus diferentes modalidades han decidido y serán valoradas para ser sujetas de apoyo con esos recursos?

4. Si en la reforma mencionada en la anterior pregunta intervino usted directamente y el fideicomiso a que está comisionado, desde la propuesta como parte del propio Ejecutivo.

Asimismo, solicita al coordinador del fideicomiso que permanentemente mantuviera informada a esta Comisión acerca de todas las actividades de éste.

El coordinador del Fideicomiso Pago contesta referente a la primera pregunta que él simplemente contestaría que ya quedaron todos los ahorradores totalmente beneficiados, no. Lo que sí le puedo asegurar es que se atendió y se les dio la posibilidad a todos los ahorradores de las cajas sujetas a apoyo participar en el proceso en cuanto a los que quedaron pendientes, en esta segunda etapa es parte resarcir a éstos. Referente a la segunda pregunta, no se tiene a la fecha un universo de los que serán beneficiados; sin embargo, aproximadamente serán unas 50 asociaciones civiles, cajas, etcétera.

Lo anterior, a que los posibles beneficiados tienen que cumplir los requisitos de ley. En cuanto a la información solicitada por escrito con la mayor brevedad se hará llegar a la Comisión para su conocimiento. Por lo que respecta a la tercera pregunta, los trabajos de consolidación fueron contratados, y así lo establece la ley, por Bansefi, con un crédito del Banco Mundial de aproximadamente 70 millones de dólares, con objeto de que expertos alemanes, canadienses y españoles, de las cajas y de las federaciones europeas nos den a conocer durante 2004 el universo definitivo de posibles beneficiados y que en su momento se dará a conocer a esta Comisión.

Referente a la última pregunta, esta iniciativa fue presentada por el diputado del Partido de la Revolución Democrática Javier Salinas, la cual se turnó estrictamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen. En cuanto a que si su servidor participó, lamentablemente no.

No habiendo más preguntas por los asistentes, el Presidente de la Comisión, diputado Francisco Saucedo Pérez, en nombre de las diputadas y de los diputados integrantes de la Comisión agradece al licenciado Guillermo Barnés su participación e información sobre el Fideicomiso Pago en esta sesión, así como la importancia en una relación interinstitucional entre la Cámara de Diputados y el Fideicomiso, con la finalidad de abrir ya los compromisos y resolver el problema tan grave que afectó sobremanera a los sectores más empobrecidos del país y que la sociedad nos exige una pronta solución, de ahí el compromiso de la Comisión que presido de trabajar conjuntamente con el Fideicomiso Pago para obtener resultados positivos de cara a la sociedad.

Por último, el coordinador del Fideicomiso Pago agradece la invitación. Recalca el compromiso de informar periódicamente a la Comisión sobre los avances obtenidos por éste y trabajar, como mencionó el Presidente de la Comisión, de manera más participativa y con un trabajo más fluido entre ambas partes.

El Presidente de la Comisión solicita un receso de cinco minutos para despedir al coordinador del fideicomiso y continuar posteriormente con los puntos del orden del día de la sesión.

4. Definición de prioridades legislativas para el primer periodo ordinario de sesiones de 2004 (15 de marzo-30 de abril)

Una vez reanudada la sesión, el Presidente de la Comisión, en uso de la voz comenta que una de las prioridades de la Comisión en el próximo periodo de sesiones, por iniciarse el 15 de marzo y comprendidos en el plan anual de trabajo es sin duda la Ley de Sociedades Cooperativas.

Al respecto, se realizaron los contactos necesarios con la Cámara de Senadores, concretamente con el Presidente de la Comisión de Economía, para estar en posibilidades de coadyuvar para la aprobación de esta ley, con la participación de todos los interesados; incluso, se estudia la posibilidad de hacer reuniones de trabajo con los diferentes actores para contar con una ley más de consenso y sobre todo ajustada a la realidad.

5. Integración de subcomisiones

El Presidente de la Comisión, en uso de la palabra, hace del conocimiento de los presentes que, en cumplimiento del acuerdo del pleno de la Comisión tomado en la segunda sesión plenaria, del 10 de diciembre del año próximo pasado, referente a la formación de las subcomisiones, éstas quedaron integradas de la siguiente manera:

Estudios Legislativos y Análisis Jurídico, diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco (PAN).
Vinculación con el Sector Público, diputado Israel Tentory García (PRD).
Relaciones con el Sector Cooperativo y de Economía Social, diputado Adrián Villagómez García (PRI).

6. Asuntos generales

El Presidente de la Comisión informa a los asistentes que se recibieron dos invitaciones: la primera, de la Universidad de La Habana, al II Seminario Internacional sobre Cooperativas (por la colaboración y la solidaridad entre las organizaciones cooperativas), por realizarse el próximo miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de marzo de 2004, en la ciudad de La Habana, Cuba; y la segunda, de la Alianza Cooperativista Nacional (Alcona), al Curso de Formación de Formadores de Cooperativas, por efectuarse del 3 al 7 de febrero del año en curso en las instalaciones de la Alianza (Alvaro Obregón 40, quinto piso, interior 10, colonia Roma de esta ciudad). La información detallada se encuentra en las carpetas de información que se hicieron llegar a los asistentes al inicio de la sesión.

Por otro lado, el Presidente de la Comisión menciona a los presentes que los días 27 y 28 de este mes se llevó a cabo el seminario de discusión del libro América Latina, hacia la reforma del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas, en el Senado de la República, el cual fue sumamente productivo.

Por último, el Presidente hace del conocimiento de los presentes que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social ya cuenta con una página, localizada en la propia dirección electrónica de la Cámara de Diputados: http://www/cddhcu.gob.mx. Lo anterior, con la única finalidad de informar a la actual Legislatura y a la ciudadanía en general acerca de todas y cada una de las actividades que realiza la Comisión.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecisiete horas con quince minutos de la fecha y año en que se actúa, se declaró finalizada la reunión.

Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Presidente; Francisco Luis Monárrez Rincón, Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), José Juan Bárcenas González (rúbrica), secretarios.

DE LA COMISION DE GOBERNACION, DE SU REUNION EFECTUADA EL MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2004

En la sala de juntas de la Comisión de Gobernación, ubicada en el interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 10:58 horas del día miércoles 21 de enero de 2004, previa convocatoria de la Presidencia, se llevó a cabo la reunión plenaria de la Comisión de Gobernación, al tenor del siguiente

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Proyecto del programa anual de trabajo de la Comisión de Gobernación.
5. Anteproyecto de dictamen respecto de la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Bienes Nacionales.
6. Anteproyecto de dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.
7. Anteproyecto de dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 2 7 Constitucional en Materia del Petróleo.
8. Anteproyecto de dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.
9. Anteproyecto de dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
10. Anteproyecto de dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que deroga disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
11. Asuntos varios.

Estuvieron presentes los siguientes CC. diputados: Julián Angulo Góngora, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Yolanda Guadalupe Valladares Valle, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguelángel García-Domínguez, Yolanda Guadalupe Valladares Valle, José Porfirio Alarcón Hernández, Omar Bazán Flores, Fernando Fernández García, Pablo Alejo López Núñez, Patricia Garduño Morales, Jesús Porfirio González Schmal, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Daniel Ordóñez Hernández, Hugo Rodríguez Díaz.

Al no existir quórum reglamentario la reunión se dio con carácter informativo y deliberativo.

Se presentó ante los asistentes el proyecto de programa anual de trabajo. Se fijo un plazo de 10 días hábiles para presentar contribuciones, comentarios u observaciones. No se presentó ninguna intervención.

Se distribuyeron los anteproyectos de dictamen señalados dentro del orden del día para hacerlos del conocimiento de los integrantes de la Comisión e iniciar su estudio y posterior discusión. No se presentó ninguna intervención.

Se informó que no se presenta anteproyecto de dictamen de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

Dentro de los asuntos generales se presentaron las siguientes intervenciones:

Del diputado Omar Bazán Flores quien solicitó lo siguiente:

a) Que se hiciera un resumen muy ejecutivo de los trabajos de cabildeo que hasta este momento se han hecho ante la Comisión.

b) Que se considere la posibilidad de realizar una sesión especial para escuchar las opiniones de los diferentes grupos o personas interesados en los proyectos que son responsabilidad de la Comisión dictaminar.

c) Que se considere la posibilidad de crear una comisión plural de entre los diputados integrantes de la Comisión, que dé seguimiento a los trabajos de consulta sobre el tema del "voto de los mexicanos en el extranjero".

En este punto la diputada Yolanda Valladares Valle propuso que se considere el registro de asistencias a las reuniones de la Comisión de los diputados integrantes al momento de conformar la Comisión en comento.

El diputado Julián Angulo Góngora anuncia que se invitará al subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, licenciado José Francisco Paoli Bolio, para escuchar sobre los trabajos que desde el Ejecutivo se realizan respecto del tema del "voto de los mexicanos en el extranjero".

d) El diputado Omar Bazán Flores, además, propuso convocar al licenciado Gilberto Rincón Gallardo para informar sobre la situación del Consejo Nacional contra la Discriminación derivada de la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.

Al respecto, el diputado Julián Angulo Góngora comentó que la Mesa Directiva analizaría si el tema referido es competencia de la Comisión de Gobernación.

El diputado Julián Angulo Góngora informa que un grupo de particulares han solicitado ser escuchado por la Comisión en el tema de la Ley de Juegos con Apuestas y Sorteos.

El licenciado Hernán García Corral, del despacho jurídico Juristas Asesores, SC, sito en Monterrey, Nuevo León, para exponer a nombre de la Nación Oneida de indios norteamericanos del estado de Nueva York, algunas consideraciones respecto del sistema cash-less (sin efectivo) en la operación de casinos.

Participaron para formular preguntas y solicitar más información los CC. diputados: José Porfirio Alarcón Hernández, Omar Bazán Flores, Jesús Porfirio González Schmal y Hugo Rodríguez Díaz.

Del licenciado Alejandro Luna Ramos, director de Investigaciones Jurídicas de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y el licenciado Juan José Alvarado, director general adjunto de Normatividad Inmobiliaria y Bienes Muebles, ambos funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, para presentar algunas consideraciones respecto de los proyectos de Ley de Bienes Nacionales y de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, turnados a esta Comisión para su estudio y dictamen.

Los citados funcionarios se comprometieron a enviar a los integrantes de la Comisión, el documento completo donde se manifiestan los puntos incluidos originalmente en la iniciativa del Ejecutivo federal, que el Senado de la República rechazó en sus dictámenes y que se someten a reconsideración de los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

El diputado Julián Angulo Góngora informa que se formalizará una reunión con el subsecretario de la Función Pública ante esta Comisión de Gobernación.

Acto seguido la Presidencia de la Comisión da por clausurada la sesión a las 12:40 horas.

Diputados: Julián Angulo Góngora, Presidente; Francisco C. Frías Castro, secretario; Yolanda Valladares Valle, secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria; Miguelángel García-Domínguez, secretario; Máximo A. Fernández Avila, secretario (rúbricas).

Convocatorias

DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS

A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 18 de febrero, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL

A la reunión de análisis de su Mesa Directiva, que se efectuará el miércoles 18 de febrero, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Comisión, situadas en el edificio F, primer piso.

Orden del Día

1. Informe de la iniciativa que reforma la Ley General de Sociedades Cooperativas, propuesta por el H. Congreso de Jalisco.
2. Revisión del plan anual de trabajo.
3. Convocatoria a la cuarta reunión plenaria de la Comisión.
4. Convocatoria a la primera reunión de análisis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
5. Invitación al II Seminario Internacional de Cooperativas (La Habana, Cuba).
6. Invitación de la Unión Cooperativa de Tacámbaro (Tacámbaro, Michoacán).
7. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A su reunión de trabajo con la directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, licenciada Ana Teresa Aranda Orozco, que se realizará el miércoles 18 de febrero, a las 12 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Recepción y presentación de la directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, licenciada Ana Teresa Aranda Orozco, a cargo de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, Presidenta de la Comisión.
2. Presentación, a cargo de la directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, licenciada Ana Teresa Aranda Orozco, de los resultados 2002-2003 y los retos para 2004 en la atención de grupos vulnerables.
3. Sesión de preguntas y respuestas, a cargo de los diputados de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
4. Clausura. Atentamente
Dip. Magdalena Adriana González Furlong
Presidenta

DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 18 de febrero, a las 13 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio D, planta baja).

Atentamente
Dip. Francisco Rojas Gutiérrez
Presidente

DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

A su segunda reunión plenaria informativa, que se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero, a las 13:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Bienvenida y verificación de quórum.

2. Análisis sobre la situación de la reforma política del Distrito Federal.

a) Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) Iniciativa presentada por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal el 13 de noviembre de 2001 ante la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
c) Dictamen aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2001.
d) Minuta presentada ante el Pleno de la H. Cámara de Senadores el 15 de diciembre de 2001.
e) Dictamen desechado en su totalidad (aprobado en sentido negativo) por el Pleno de la H. Cámara de Senadores el 1 de octubre de 2002.
f) Minuta devuelta a la H. Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Asuntos generales.
4. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. José Agustín Ortiz Pinchetti
Presidente

DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero, a las 14:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Bienvenida y verificación de quórum.
2. Ratificación de los acuerdos tomados en las reuniones anteriores.
3. Designación de los integrantes de la Subcomisión para la Reforma Política del Distrito Federal.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la reunión. Atentamente
Dip. José Agustín Ortiz Pinchetti
Presidente

DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO

A su reunión ordinaria, que tendrá verificativo el jueves 19 de febrero, a las 12 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Ramón Galindo Noriega
Presidente

DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el lunes 23 de febrero, a las 10 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Integración de subcomisiones.
3. Programa de trabajo.
4. Proyectos de dictamen de puntos de acuerdo turnados por el H. Pleno a la Comisión.
5. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente

DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su reunión plenaria, que se realizará el lunes 23 de febrero, a las 12 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE SALUD

A la novena reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 24 de febrero, a las 14 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión.

Orden del Día

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la octava reunión de Mesa Directiva.
4. Revisión de los asuntos turnados a la Comisión de Salud.
5. Acuerdos.
6. Asuntos generales. Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente

DE LA COMISION DE SALUD

A la segunda reunión de la Primera Subcomisión, "Administración en Salud", que tendrá lugar el martes 24 de febrero, a las 14 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura, análisis y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen.
4. Acuerdos.
5. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Marco Antonio García Ayala
Coordinador de la Primera Subcomisión

DE LA COMISION DE SALUD

A la sexta reunión de la Segunda Subcomisión, "Medicina Preventiva y Bioética", que se realizará el martes 24 de febrero, a las 15 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura, análisis y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen.
5. Acuerdos.
6. Asuntos generales. Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente

DE LA COMISION DE SALUD

A la reunión de trabajo de la Tercera Subcomisión, "Asistencia Médica", que se efectuará el martes 24 de febrero, a las 17 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio F, segundo nivel).

Atentamente
Dip. Julio Boltvinik Kalinka
Coordinador de la Tercera Subcomisión

DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL

A su cuarta sesión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Dictamen de la iniciativa del punto de acuerdo económico que reforma la Ley de Sociedades Cooperativas propuesta por el H. Congreso de Jalisco.
4. Evaluación de la primera reunión de análisis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como definición de prioridades legislativas para el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente a 2004 (15 de marzo-30 de abril).
5. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente

DE LA COMISION DE SALUD

A su séptima reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero, a las 11 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE SALUD

A la comparecencia de funcionarios de la Secretaría de Salud, doctora Patricia Uribe Zúñiga y doctor Roberto Tapia Conyer, que tendrá verificativo el miércoles 25 de febrero, a las 13 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente

DE LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS

A la entrega de reconocimientos a los editores y a los productores de material bibliográfico y documental que cumplieron lo dispuesto en el Decreto del Depósito Legal durante 2003, que se realizará el miércoles 25 de febrero, a las 17 horas, en el auditorio del edificio E del Palacio Legislativo.

Atentamente
Dr. Francisco Luna Kan
Director General