ACTA DE LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MIERCOLES VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y dos legisladoras y legisladores, a las once horas con treinta minutos del miércoles veintiocho de enero de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.
Comunicación de la diputada María del Carmen Mendoza Flores por la que informa que se reincorpora a sus actividades legislativas. De enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Colima, con acuerdo relativo a la pena de muerte, solicitando su abolición en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Chihuahua, con acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a que cesen las acciones de espionaje en esa entidad federativa, particularmente sobre la persona del gobernador. Se turna a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.
Hidalgo, con acuerdo en relación con los derechos de los migrantes mexicanos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
Hidalgo, con acuerdo en relación con la Convención Nacional Hacendaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Morelos, con acuerdo en relación con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Puebla, con acuerdo en relación con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Tlaxcala, con acuerdo por el que se adhiere al similar del Congreso del estado de Guanajuato, para solicitar se reforme la Ley de Aguas Nacionales, en materia de uso y administración de aguas para fines agropecuarios. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
El senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción trigésima al artículo treinta y cuatro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Uno, por el que remite copia de la contestación de la Secretaría de Salud al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a la enfermedad denominada de las vacas locas. Se turna a las comisiones de Salud y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, así como al promovente, para su conocimiento.
Seis, por los que remite copias de las contestaciones de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores, relativos a: la problemática de los trabajadores jubilados del extinto Ingenio Rosales, Sociedad Anónima; el pago de peaje por el uso del Puente Grijalva; la internación ilegal de vehículos extranjeros; los recursos otorgados por el gobierno federal a la asociación civil Provida; las actividades de grupos civiles armados en contra de migrantes mexicanos indocumentados en los Estados Unidos de América; y al apoyo de productores de coco y al arancel aplicable a la importación de aceite de coco. Remítanse a la Cámara de Senadores.
Uno, por el que remite los informes del cuarto trimestre de dos mil tres, del Avance Físico Financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental y del Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Tres, por los que solicita el permiso necesario para que los ciudadanos Fernando de Jesús Canales Clariond, Carlos Eduardo Represas de Almeida y Manuel González Bautista, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión.
Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Sergio Arturo Hernández Salcedo pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en Oaxaca. Se turna a la Primera Comisión.
Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Martha Irene Lara Alatorre, como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del recinto se encuentra la ciudadana Lara Alatorre y acompañada de una comisión designada, rinde su protesta de ley.
Quince dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Se aprueban en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para que comparezca el Secretario de Energía, a fin de tratar diversos temas relacionados con su ramo. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo relativo a la implementación o refuerzo de las políticas públicas que eviten la discriminación de las mujeres al solicitar empleo en el gobierno federal. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para que se declare zona de emergencia al sur del estado de Sonora, a causa de las heladas que afectan a los agricultores y jornaleros. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo en relación con el seguro de salud popular en las entidades federativas. El diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, propone modificaciones que la Asamblea admite en votación económica. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones admitidas en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo relativo a las heladas y bajas temperaturas en el país. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo relativo a la comisión de delitos contra la biodiversidad en diversos municipios del estado de Guerrero. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, celebren un evento en memoria del profesor italiano Norberto Bobbio. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para solicitar información correspondiente al caso de la indígena otomí Matilde, del estado de Querétaro. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública información relativa a la evolución de los índices de criminalidad en delitos de alto impacto social. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para exhortar al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a que vigile la contratación de deuda. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal presente sus propuestas para cubrir las dos vocalías vacantes de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Hablan al respecto la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; y el diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, en pro. Rectifican hechos la diputada Padierna Luna, en dos ocasiones, y el diputado Döring Casar. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica. La Secretaría da lectura a los dos resolutivos del punto de acuerdo y la Asamblea los aprueba en sendas votaciones económicas. Comuníquese.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que informe sobre el programa de compactación de estructuras administrativas prevista en el artículo treinta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Tres dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los ciudadanos: Francisco Alfonso Durazo Montaño, para que pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Japón; Héctor Aguilar Elizalde y José Luis Lagunes Paredes, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren la Junta Interamericana de Defensa y la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, respectivamente; y Arturo García Gutiérrez y Manuel Gómez Millán, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones conferidas por los gobiernos de las repúblicas de Honduras e Islámica de Pakistán, respectivamente. Son de segunda lectura. Sin discusión se aprueban los proyectos de decreto en lo general y en lo particular por veintiocho votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
Diputado David Hernández Pérez, a nombre propio y del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, ambos del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la terminal marítima de la empresa Petróleos Mexicanos, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Se turna a la Primera Comisión.
Diputado Víctor Manuel Camacho Solís, a nombre propio y de la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal a que tome en consideración las propuestas de mexicanos en el exterior en materia del voto de mexicanos en el extranjero. Se turna a la Primera Comisión.
Senador Emilio Gamboa Patrón, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que asigne un canal de televisión abierta para el Congreso de la Unión y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así considera el asunto en votación económica. La Presidencia concede la palabra para hablar en pro a los diputados: Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática; y Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; y con autorización de la Asamblea conferida en votación económica, a los senadores: Rómulo Campuzano González, del Partido Acción Nacional; y Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Diputado Víctor Manuel Camacho Solís, a nombre propio y de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, para que comparezca el director del canal once y explique los despidos de las conductoras del programa Diálogos en Confianza. Se turna a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Equidad y Género y de Cultura de la Cámara de Diputados.
Senador Víctor Manuel Méndez Lanz, del Partido Revolucionario Institucional, para que comparezca la Secretaria de Desarrollo Social a fin de que dé a conocer las acciones que desarrollará el gobierno como resultado del Foro Mundial Social. Se turna a la Primera Comisión.
Diputado Marcos Morales Torres, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, no cobre las credenciales de afiliación. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Primera Comisión.
Senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, para que comparezcan los secretarios de Marina y de Relaciones Exteriores, a efecto de que informen sobre el proyecto para cerrar el Golfo de México y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica y sin discusión se aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.
Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para que comparezca el Procurador General de la República, a fin de que informe sobre la Fiscalía Especializada para atender los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así considera el asunto en votación económica. Hablan en pro la diputada Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática; y el senador Rafael Gilberto Morgan Álvarez, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba.
Senador Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de dos mil dos y dos mil tres. Se turna a la Primera Comisión.
Diputado Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, para solicitar la revisión de las reglas de operación de los programas sociales. Se turna a la Primera Comisión.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría
da lectura al orden del día de la próxima sesión y
el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con treinta y siete
minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles cuatro
de febrero de dos mil cuatro, a las once horas.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente
Presente
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXXVII (87) aniversario de la promulgación de la Constitución Política, que tendrá lugar el próximo jueves 5 de febrero de 2004, a las 8 horas, en el patio poniente del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, situado en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo, me permito solicitarle muy atentamente que se sirva dictar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa honorable Comisión Permanente asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Dr. Enrique Semo Calev
Secretario
DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih., a 10 de enero 2004.
C. Presidente de la H. Cámara de Senadores
Por este conducto me permito enviarle copia del acuerdo número 814/03 I D.P., así como iniciativa que lo origina, mediante el cual la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, se adhiere al posicionamiento asumido por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, respecto a la entrada en vigor de la Ley Contra el Bioterrorismo, emitida en los Estados Unidos de Norteamérica, por considerar que ésta atenta contra la soberanía de nuestro país; además de ser violatoria del Tratado de Libre Comercio.
Asimismo, solicita al Ejecutivo del Gobierno Federal que por conducto de las secretarías correspondientes, se aboque a encontrar una solución a las barreras que la referida ley interpone a las empresas alimentarias mexicanas.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente de la Diputación Permanente
Dip. Rogelio Yáñez Bustillos (rúbrica)
La Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo de sesiones, dentro de su tercer año de ejercicio constitucional
Acuerda
Artículo Primero.- La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, se adhiere al posicionamiento asumido por el Senado de la República, respecto a la entrada en vigor de la Ley Contra el Bioterrorismo de los Estados de Norteamérica, considerándola un atentado a nuestra Soberanía Nacional, además de ser violatoria del Tratado de Libre Comercio, solicitando al Gobierno Federal de nuestro país, por conducto de las secretarías del ramo, buscar una solución a las barreras que la referida interpone a las empresas alimentarías mexicanas.
Artículo Segundo.- La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta al resto de las legislaturas locales del país a sumarse al referido posicionamiento, emprendiendo las acciones necesarias para tal efecto.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil tres.
Rogelio Yáñez Bustillos (rúbrica)
Diputado Presidente
Miguel Rubio Castillo (rúbrica)
Diputado Secretario
DEL CONGRESO DE COAHUILA
C. Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión
En sesión celebrada el 9 de enero de 2004, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza conoció y aprobó un dictamen, presentado por la Comisión de Desarrollo Social del propio Congreso, con relación a una propuesta de punto de acuerdo, planteada por el diputado Manuel Cutberto Solís Oyervides, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre Ferrocarriles Nacionales de México.
Al aprobarse ese dictamen, también se acordó que fuera enviado a los Congresos de los estados, así como a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con la solicitud de que se reconsidere el decreto que expidió en 2001 en relación con el asunto, al estimarse que queda ambigua la posible donación de los predios que están en posesión de diferentes personas, ya sea que tengan o no tengan derecho a ello, en virtud de que los bienes de dominio privado de la Federación pueden donarse a particulares, conforme a la Ley de Bienes Nacionales y a la Ley General de Asentamientos Humanos.
Finalmente, en dicho dictamen se dispone que, a través de la Oficialía Mayor de este Congreso, se comunique a las diversas instancias cuya intervención de requiere, para la atención del asunto que se trata en él.
En cumplimiento de la instrucción que se dicta a la Oficialía Mayor del Congreso, me permito enviar a usted el mencionado dictamen para su debido conocimiento y para que se considere la atención de la solicitud que se formula al H. Senado de la República.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 9 de enero de 2004.
Prof. Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
Oficial Mayor del Congreso del Estado
DEL CONGRESO DE QUERETARO
Santiago de Querétaro, Qro., a 29 de diciembre de 2003.
Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso
de la Unión
México, DF
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 fracciones I y VII y 27 fracciones V, VI y XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, comunico a usted que en sesión ordinaria de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado, celebrada el 17 de diciembre de 2003, se aprobó el acuerdo por el que la LIV Legislatura del estado de Querétaro se pronuncia a favor de que las autoridades mexicanas faciliten el regreso de nuestros paisanos a su lugar de origen, remitiéndole en vía de notificación, un ejemplar del acuerdo en cita, para los efectos que haya lugar.
Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.
Atentamente
LIV Legislatura del Estado de Querétaro
Mesa Directiva
Dip. Arturo Maximiliano García Pérez (rúbrica)
Presidente
Dip. José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica)
Secretario
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, y
Considerando
lº. Que en muchos poblados de nuestra región, las familias esperan con ansia el arribo de sus parientes "que se encuentran del otro lado"; es la ocasión para que la rica gastronomía de nuestras tierras se manifieste, para que las fiestas de los pueblos se tornen más alegres con la presencia de éstos valientes trabajadores y se anuncian varios eventos para que participen de manera armónica. Esto es sólo uno de los diversos elementos festivos que en conjunto, revelan el claro indicio del inminente arribo, como todos los años por este periodo, de la oleada de los "paisanos" que regresan a sus lugares de origen, procedentes de distintos puntos de Estados Unidos.
2º. Que otras actividades son menos evidentes, pero más redituables. Los mercados llenan los estantes de productos de consumo, las tiendas de abarrotes y bares se sobreabastecen, las mueblerías atiborran sus amplios almacenes y los expendios de materiales para construcción se surten a la capacidad máxima. Esta movilización comercial se explica por el nutrido y sostenido impulso económico que reciben las economías de nuestros municipios, tanto durante el mes de diciembre como en épocas de fiestas patronales, debido a la numerosa presencia de los migrantes.
3º. Que el fuerte arraigo de los migrantes a su comunidad obedece, a que su plataforma cultural está sustentada en el amor a su familia, religión y tierra, tras de la transculturación que experimentaron al partir a Estados Unidos; y para sentirse valorizado, el migrante recurre a esa trilogía y reconoce su origen que es la esencia de su ser. Si se toma en cuenta que el principal motivo de la inmigración es la pobreza en la que viven en su país, es entendible que cuando regresan, vengan a justificar que ellos ya tienen un éxito económico y que ya triunfaron en el extranjero, y una forma de hacerlo es dejando aquí el dinero que lograron captar allá, aunque se hayan sacrificado mucho para obtenerlo.
4º. Que en términos económicos, el importante influjo monetario de los migrantes a través de las remesas y envíos, se manifiesta de manera sustancial y sostenida en tres vertientes que mantienen la estabilidad y el desarrollo local: el ahorro bancario, los bienes inmuebles y los notables gastos que hacen cuando visitan su poblado.
5º. Que recordamos las palabras del Presidente de la República, un seis de mayo del año dos mil, cuando aspiraba a ocupar la silla presidencia¡ y declaraba: "Me siento profundamente orgulloso de ustedes y todos los inmigrantes mexicanos, son ustedes ejemplo de tenacidad, de lucha y de perseverancia, sé de la tristeza de estar alejados de sus seres queridos; sé como los extorsionan y las dificultades que tienen cuando regresan a México; sé lo difícil y lo caro que es mandar dinero a sus familias".
6º. Que para el caso que nos ocupa, se comprometió a terminar con el abuso y la corrupción por parte de las autoridades fronterizas, estableciendo fuertes sanciones a quienes incurran en faltas: "No toleraremos -decía en aquel entonces- que abusen de ustedes, vamos a impulsar una nueva cultura de servicio público para que los mexicanos seamos tratados con dignidad y calidez en los consulados y en la frontera, así como el regreso a nuestros hogares". Los resultados, a los migrantes les toca juzgarlos.
7º. Que no es la intención entrar al debate de las promesas de campaña, sino al debate de ser congruentes con una exigencia nacional de respeto íntegro a los migrantes, que después del petróleo, son la fuente más significativa de ingreso de divisas; por todo ello se presenta este punto de acuerdo que, sin duda, contará con la aprobación de la mayoría de nuestras más altas autoridades y que, además, constituye un pequeño y justo reconocimiento a nuestros paisanos.
8º. Que varios estados que colindan con nuestro territorio estatal presentan el fenómeno migratorio, como ocurre en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y estado de México; por tanto, es justa la petición de que estos estados miembros de la federación se solidaricen con este punto de acuerdo.
Por lo expuesto y fundado, esta representación popular expide el presente:
Acuerdo por el que la LIV Legislatura del estado de Querétaro, se pronuncia a favor de que las autoridades mexicanas faciliten el regreso de nuestros paisanos a su lugar de origen
Artículo Primero.- La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro se pronuncia a favor de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, Ejecutivos de los estados circunvecinos y el local, así como a los municipios del estado, para que otorguen todas las facilidades en su viaje de regreso a nuestros paisanos, que se reincorporan a sus familias en esta época de convivencia familiar.
Artículo Segundo.- El Ejecutivo del estado y los ayuntamientos de la entidad, llevarán a cabo la promoción y difusión del programa en beneficio de los migrantes y sus familias radicadas en la geografía del estado de Querétaro.
Artículo Tercero.- La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro, solicita a la Cámara de Senadores y las Legislaturas de los estados de la República, su apoyo a este acuerdo en beneficio de los trabajadores migrantes, mediante el fortalecimiento del programa "Bienvenido Paisano".
Transitorios
Artículo Primero.- Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
Artículo Segundo.- Publíquese en los periódicos de mayor circulación del estado y en el Periódico Oficial de Gobierno del estado "La Sombra de Arteaga".
Así lo tendrá entendido el ciudadano gobernador del estado y mandará se imprima y publique.
Dado en el salón de sesiones "Constituyentes de 1916-1917" Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil tres.
Atentamente
LIV Legislatura del Estado de Querétaro
Mesa Directiva
Dip. Arturo Maximiliano García Pérez (rúbrica)
Presidente
Dip. José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica)
Secretario
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DE CHILE
Presidente de la Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos
Mexicanos
Valparaíso, a 11 de diciembre de 2003.
Proyecto de Acuerdo N° 333-A
La Cámara de Diputados, en sesión 33ª, de fecha de hoy, ha prestado su aprobación al siguiente
Proyecto de Acuerdo
Considerando
Que la defensa y la promoción de los derechos que emanan de la dignidad de la naturaleza humana son obligaciones de todas las instituciones de la República, de conformidad con lo dispuesto en la Carta Constitucional y en las convenciones sobre derechos humanos suscritas por Chile, tanto en el plano doméstico como en el internacional.
Que, en el nivel mundial, existe preocupación por la existencia de graves atentados contra los derechos esenciales de cientos de mujeres mexicanas que residen en Ciudad Juárez y en Chihuahua, quienes a lo largo de los últimos 10 años han sido víctimas de horrendos delitos que, a agosto de este año, han causado la muerte de 370 mujeres, existiendo evidencia de que al menos 137 de ellas han muerto asesinadas tras horribles actos de violencia sexual. Asimismo, Amnistía Internacional lleva un registro de otras 85 mujeres que hasta la fecha se encuentran desaparecidas.
Que las muertes y las desapariciones de esas mujeres tienen patrones comunes, pues se trata normalmente de mujeres jóvenes, muy pobres, que laboran como obreras en las numerosas empresas de maquila de esa zona fronteriza con Estados Unidos de América.
Lamentablemente, durante muchos años las autoridades locales y las federales mexicanas no han sido capaces de reconocer las dimensiones de esos patrones comunes y han tratado el fenómeno como si se tratara simplemente de casos aislados de crímenes propios del ámbito privado, no generando -por tanto- acciones y políticas adecuadas para hacer justicia y reprimir esos hechos delictivos, así como tampoco para prevenir tales casos de violencia flagrante y atroz contra mujeres.
Que para Amnistía Internacional, no existe duda de que los homicidios con violencia sexual en Ciudad Juárez y Chihuahua son una de las manifestaciones más preocupantes y terribles de violencia contra las mujeres. Para este organismo humanitario, "todo parece indicar que estas jóvenes son seleccionadas por sus victimarios por ser mujeres sin ningún poder en la sociedad chihuahuense, caracterizada de por sí por altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana, debidas al narcotráfico y al crimen organizado que opera en la zona".
Que la magnitud y la gravedad de esos hechos ya han motivado a organismos especializados de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a indagar sobre la materia, por cuanto -a juicio de esas instituciones- en dichos casos se está en presencia no de simples hechos delictivos sino de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, fundadas en razones de discriminación de género, razón por la cual el Estado de México debe asumir su responsabilidad internacional, a la luz de las convenciones sobre derechos humanos vigentes en ese país del norte.
La Cámara de Diputados Acuerda
1. Expresar su honda preocupación por la grave situación de violación masiva de los derechos humanos esenciales de cientos de mujeres de Ciudad Juárez y de Chihuahua, en los Estados Unidos Mexicanos, que han muerto asesinadas, se encuentran desaparecidas o han sido víctimas, sistemática y masivamente, de violencia sexual, haciendo votos para que las autoridades del estado de Chihuahua y el Gobierno Federal mexicano colaboren activamente en el esclarecimiento de los múltiples delitos cometidos, asegurando que tan graves violaciones de los derechos humanos no queden en la impunidad.
2. Transmitir esta preocupación a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Solicitar a S.E. el Presidente de la República y, por su intermedio, a la señora ministra de Relaciones Exteriores que en los foros multilaterales sobre derechos humanos de los cuales Chile forma parte se plantee la preocupación del Estado de Chile por esos casos de graves atentados contra la vida y la dignidad de las mujeres mexicanas.
Lo que me corresponde poner en conocimiento de V.E.
Dios guarde a V.E.
Exequiel Silva Ortiz (rúbrica)
Primer Vicepresidente de la Cámara e Diputados
Adrián Alvarez Alvarez (rúbrica)
Prosecretario de la Cámara de Diputados
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico
México, DF, a 20 de enero de 2004.
CC. Marcos Morales Torres, Diputado Secretario y Amalín
Yabur Elías, Diputada Secretaria
Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Se hace referencia a su oficio número D.G.P.L. 59-II-0-76, del 6 de noviembre de 2003, dirigido al C. secretario de Gobernación, por medio del cual hace del conocimiento los puntos de acuerdo, aprobados por la H. Cámara de Diputados, relacionados con el decreto que incorpora el municipio de Caborca, Son., como parte de la región fronteriza.
Sobre el particular, me permito informarle que, el 11 de junio de 2003, personal de la Administración General de Aduanas, junto con los presidentes municipales de Caborca y de Pitiquito, visitó diversos predios situados entre las poblaciones de Pitiquito y de Altar. Derivado de esto, se evaluaron varias opciones y se eligió la ubicación más factible para instalar la garita que sustituya la de San Emeterio, remitiéndose el formato de contrato de donación de predios al presidente municipal de Caborca, a efecto de que se inicien los trámites para la donación de las 14 hectáreas convenidas.
Por último, se acordó con el presidente municipal de Caborca solicitar apoyo del gobierno del estado a fin de que se realicen la adquisición de predios y la elaboración del anteproyecto y del proyecto ejecutivo, a efecto de coordinar la obtención de recursos por parte de los involucrados para iniciar la obra.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ing. José María Zubiría Maqueo (rúbrica)
Jefe del Servicio
DEL PODER JUDICIAL DE AGUASCALIENTES
Aguascalientes, Ags., a 9 de enero de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Anexo al presente calendario de labores de 2004, aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2003, al que se sujetarán los juzgados familiares y los civiles y el Supremo Tribunal de Justicia del estado, para su conocimiento y los efectos legales conducentes.
Sin más por el momento, me despido de usted.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. María Teresa Isabel Martínez Mercado
(rúbrica)
Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado
DE LA SENADORA DULCE MARIA SAURI RIANCHO, CON EL QUE REMITE INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACION DEL SENADO DE LA REPUBLICA QUE ASISTIO A LA XII REUNION DEL FORO PARLAMENTARIO ASIA-PACIFICO
I. Participación de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en la décima segunda Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico
Entre el 12 y el 14 de enero de 2004, tuvo lugar la décima segunda Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Beijing, República Popular de China, con la participación de 88 parlamentarios de 22 países.
El APPF es el mecanismo de diálogo parlamentario más importante de la región y proporciona un espacio de desarrollo para la acción legislativa coordinada en el cumplimiento de la agenda de diálogo político, cooperación económica y liberalización comercial y financiera entre los países de la zona (Ver Anexo 1).
La participación de la H. Cámara de Senadores en la Décima Segunda Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico, se enmarca en el esfuerzo desarrollado por la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico del Senado de la República, desde su creación en octubre del año 2000 durante la LVIII legislatura del Congreso de la Unión, para revalorar estratégicamente la región y convertirla en una prioridad central de la política exterior de México.
Se enmarca, asimismo, en el propósito de ampliar la agenda parlamentaria de México en la región Asia Pacífico, asumiendo un liderazgo efectivo dentro de ella, a través de una presencia y participaciones constantes en las reuniones anuales de las asambleas parlamentarias de la zona de las que México forma parte.
En este contexto, la participación del Senado de la República en la Décima Segunda reunión del APPF celebrada del 12 al 14 de enero, ha dado continuidad al trabajo desarrollado en la Novena (celebrada en 2001 en Valparaíso, Chile), Décima (celebrada en 2002 en Honolulu, Hawai) y Décima Primera (celebrada en 2003 en Kuala Lumpur, Malasia) reuniones de este mecanismo, durante las cuales, las delegaciones parlamentarias del Congreso de la Unión han impulsado resoluciones trascendentales en la agenda de este mecanismo parlamentario.
De manera destacada, la participación del Senado mexicano en la Décima Reunión Anual (2002), permitió que México fuera parte del Comité Ejecutivo del APPF por ese año, lo que permitió convocar y organizar la reunión informal de este mecanismo que tuvo lugar del 18 al 21 de septiembre de ese año en Isla Navidad, Colima y que se realizó de manera previa a la Reunión de Líderes APEC en la ciudad de Los Cabos, vinculando por primera vez desde su creación, a ambos mecanismos de cooperación en una agenda de discusión común.
Por otro lado, la presencia sostenida del Senado de la República en la comunidad parlamentaria de la región Asia Pacífico a través de la asistencia a las reuniones anuales del APPF, ha permitido fortalecer la presencia del Congreso de la Unión en las otras dos asambleas parlamentarias de la región de las que nuestro país es miembro.
Desde junio de 2002 y hasta junio de 2004, México ocupa la Vicepresidencia de la Asamblea Parlamentaria Asia-Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED, por sus siglas en inglés), con lo cual nuestro país fue anfitrión de la Décima reunión anual de este mecanismo la cual se celebró entre el 13 y el 15 de noviembre de 2003 en la Isla de Cozumel en el estado de Quintana Roo.
Asimismo, desde agosto de 2003, México es miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización de Parlamentarios por la Asistencia Social (IPUSS, por sus siglas en inglés) asamblea parlamentaria de reciente creación y promovida por la Asamblea Nacional de la República de Corea.
Así, la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión ha avanzado en la consolidación de la presencia de los parlamentarios mexicanos como actores indispensables en el proceso de diálogo político y económico en la zona, asegurando un nivel de interlocución con los parlamentos de naciones de la cuenca del Pacífico que no existía en su actual dimensión hace apenas 3 años.
La Delegación del H. Senado de la República que asistió a la Décima Segunda Reunión del APPF celebrada del 12 al 14 de enero pasados en Beijing, contribuyó de manera decisiva al éxito del encuentro presentando seis propuestas de resoluciones y participando activamente en las negociaciones sobre otras resoluciones presentadas por las delegaciones parlamentarias de otras naciones.
En esta reunión, el Senado de la República abordó los temas más importantes y sensibles para nuestro país en el marco de la agenda de cooperación en Asia Pacífico tales como:
El reto, sin embargo, continúa siendo el de articular
y dar consistencia a las acciones políticas, económicas y
culturales que permitan consolidar el avance logrado hasta ahora en los
contactos políticos y económicos con Asia y Oceanía
y avanzar con mayor velocidad en la definición de agendas bilaterales
y multilaterales comunes que incorporen iniciativas y acciones que redunden
en un mayor acercamiento de México con la región y que representen
mayores oportunidades económicas, políticas, sociales y culturales
para nuestro país.
II. Integración de la Delegación del Senado de la República que participó en la décima segunda Reunión Anual del APPF
Con base en una invitación formulada por la Asamblea Nacional Popular de la República Popular China, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores envió una delegación de 5 Senadoras y Senadores para participar en esta importante reunión internacional, y la cual se integró de la siguiente manera:
Senadora Dulce María Sauri Riancho (PRI)
Presidenta de la Delegación
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
Asia Pacífico, Integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores,
Relaciones Exteriores América del Norte y Hacienda y Crédito
Público.
Senador Jesús Ortega Martínez (PRD)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado
de la República
Senador Wadi Amar Shabshab (PAN)
Secretario de las Comisiones de Relaciones Exteriores
Asia Pacífico y de Biblioteca y Asuntos Editoriales; Integrante
de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y Comunicaciones y Transportes
Senadora Noemí Guzmán Lagunes (PRI)
Secretaria de las Comisiones de Reforma Agraria y Reglamento
y Prácticas Parlamentarias; Integrante de la Comisión de
Relaciones Exteriores Asia Pacífico, y Federalismo y Desarrollo
Municipal
Senador Marco Antonio Adame Castillo (PAN)
Secretario de la Comisión de Educación
y Cultura, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y
de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina
y el Caribe
III. Resoluciones presentadas en lo individual por la Delegación Mexicana
La Delegación Mexicana participó activamente en la Décima Segunda Reunión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico proponiendo las siguientes resoluciones, en lo individual, que fueron adoptadas por el pleno:
1. Preservación del agua potable
Asimismo, exhorta a los parlamentos de la región a dar un seguimiento pormenorizado de los trabajos desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas en el marco del "Año internacional del agua Dulce", particularmente al Tercer Foro Mundial del Agua que tuvo lugar en Kyoto, Japón, en marzo de 2003.
De igual manera, la resolución busca que los parlamentarios de la región asumieran el compromiso de promover el aumento de la cooperación técnica y financiera en materia de conservación y protección del medio ambiente y particularmente de las reservas de agua dulce, promoviendo la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades humanas, técnicas e institucionales entre las naciones desarrolladas y las que se encuentran en desarrollo en la región.
IV. Resoluciones presentadas por la Delegación Mexicana y adoptadas por otras delegaciones
La Delegación Mexicana promovió, en lo individual, otras resoluciones que fueron apoyadas y consecuentemente adoptadas conjuntamente con otros países.
1. Desarrollo Sustentable: Financiamiento para el Desarrollo
Presentada al pleno por el Senador Jesús Ortega Martínez (PRD), la resolución reconoce la importancia de las Cumbres organizadas por la ONU a fines de los años 90?s para enfrentar la agenda para el desarrollo global en el nuevo siglo y en las cuales se definieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio que descansan en 8 grandes metas que buscan combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer.
Plantea que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio depende esencialmente del objetivo relacionado con el aumento del financiamiento para el desarrollo y del cumplimiento de los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se recogen en el llamado "Consenso de Monterrey" el cual establece y reconoce que en una economía mundial cada vez más interdependiente resulta imprescindible un enfoque integral con relación a los problemas nacionales e internacionales del financiamiento para el desarrollo.
La resolución exhorta a los parlamentarios de la región Asia Pacífico a fortalecer la acción de los mecanismos multilaterales y las asambleas partidistas y parlamentarias regionales para diseñar posiciones comunes sobre el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio y en particular sobre el seguimiento del Consenso de Monterrey.
Asimismo, exhorta a los parlamentarios de la región a vincular la visión sobre el financiamiento para el desarrollo con la agenda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial de Comercio, de manera que los flujos comerciales mundiales sean considerados como recursos para el desarrollo (sobre todo en la vertiente de los subsidios agrícolas y su relación con la suficiencia alimentaria en naciones no desarrolladas).
De manera especial, la resolución buscó el reconocimiento de que el cumplimiento de los esquemas de liberalización económica mundial por parte de naciones en desarrollo solo podrá avanzar en la medida en que se asegure la disponibilidad de recursos para el desarrollo, que permitan resolver los problemas sociales derivados de la instrumentación de políticas de liberalización comercial.
2. Globalización y las negociaciones en el seno de la OMC
Guadalajara, Jal., a 13 de enero de 2004.
Honorable Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada hoy, aprobó el acuerdo económico número 1245/04, del que le anexo copia, mediante el cual se solicita atentamente que se abrogue la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Por instrucciones de la Directiva de esta representación popular, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica)
Oficial Mayor
Ciudadanos Diputados:
La que suscribe, diputada María Esperanza Guadalupe Novoa Barragán, integrante de la LVI Legislatura del H. Congreso del estado, y con fundamento en los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política; y 85, 88 y 90, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Jalisco, se permite someter a la consideración de esta asamblea iniciativa de acuerdo económico, con base en las siguientes
Consideraciones
I. Que la Constitución Política del estado de Jalisco establece en el artículo 28, fracción I, que la facultad de presentar iniciativas de leyes y decretos corresponde a los diputados. Asimismo, el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que dichas iniciativas podrán ser de ley, de decreto o de acuerdo económico.
II. Que el objetivo primordial de los impuestos es el financiamiento del gasto público, por lo que el binomio ingreso-gasto debe ser considerado de manera conjunta, ya que los impuestos son un medio y no un fin en sí mismos. Para que un impuesto se considere apropiado, debe ser equitativo, neutral o corrector de ineficiencias, simple y administrable a bajo costo.
Analizando el sentido etimológico de esta disposición, se concluye que las tasas progresivas no son constitucionales, pues implican un tributo desproporcionado y, por ende, inicuo.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia no coincide con esta estricta interpretación etimológica, pues ha fallado en repetidas ocasiones contra la inconstitucionalidad de las tasas progresivas.
Las tasas diferenciadas, por otra parte, distorsionan la asignación de recursos, lo que se agrava cuando se aplica a los autos usados, debido a la fórmula arbitraria de ajuste que instauran las autoridades. Además, si las empresas sólo pueden deducir fiscalmente los automóviles con tasa de 2.6 por ciento, se introduce un elemento adicional de distorsión a la toma de decisiones, al penalizar la adquisición de vehículos gravados a tasa superior.
d) Administrable a bajo costo: la "eficiencia" en la aplicación del impuesto, entendida ésta en términos costo-beneficio, indica que se debe invertir la mínima cantidad de recursos para recaudar un tributo.
No obstante lo anterior, el impuesto a la tenencia sigue siendo federal, por lo que las entidades federativas carecen de facultades, por ejemplo, para condonar total o parcialmente este tributo, aun cuando la recaudación sea exclusivamente para ellas.
III. Que con fecha 30 de diciembre de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley, del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que entró en vigor el 1 de enero de 1981 y que abrogaba la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Automóviles del 28 de diciembre de 1962.
IV. Que, de conformidad con esta ley, el objeto del tributo es la tenencia o el uso de vehículos en general, se gravan no sólo los automóviles (incluidos en esta definición camiones, omnibuses y tractores no agrícolas), sino también las aeronaves, embarcaciones, veleros, motocicletas y casi todo vehículo autopropulsable. El sujeto es la persona física o moral tenedora o usuaria de algún vehículo objeto de esta ley. El artículo 1° del ordenamiento referido señala que, para efectos de esa ley, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo.
La conjunción de base gravable y tasa o tarifa determina el monto del impuesto por pagar. En el caso de esta ley, la base del tributo difiere según se trate de vehículos nuevos o usados. En el caso de los nuevos, la base gravable la constituye el valor de facturación, IVA incluido. La tasa por pagar en estos casos se determina en función del valor de factura del vehículo, para lo cual se establece una tabla con tasas que van desde 2.6 por ciento hasta 10.4 por ciento.
En vehículos usados, la ley no define la base gravable ni la tasa o tarifa, ya que se limita a determinar, vía la aplicación de factores, el monto del impuesto por pagar, tomando como referencia el monto del impuesto causado en el ejercicio anterior.
Esa peculiaridad de la ley podría ser utilizada razonablemente para alegar, en el caso de los vehículos usados, la falta de perfeccionamiento del tributo, ya que la base y la tasa no son definidas de manera explícita en la Ley, lo que en estricto sentido impide la correcta determinación del gravamen.
V. Que el multicitado ordenamiento tiene implícito un supuesto que sobresimplifica la realidad, ya que al tomar como base del impuesto el valor de factura del vehículo, presume la capacidad contributiva de su propietario. Lo anterior resulta cierto en el común de los casos, ya que si comparamos la capacidad económica de quien adquiere un vehículo compacto de bajo valor con la del que adquiere un vehículo de lujo, sin duda el resultado será como lo sugiere esta ley.
Sin embargo, se puede argumentar de manera objetiva que el valor de un vehículo no necesariamente determina la capacidad contributiva de su propietario. Basta pensar en que la misma persona que adquiere un vehículo de lujo puede también adquirir un vehículo compacto, y por este último pagará la misma tenencia que la persona de baja capacidad económica.
Si el gravamen no tiene relación directa con la capacidad de tributo del propietario del vehículo, se podría hablar, en principio, de una falta de equidad en la ley, ya que grava de manera igual a desiguales.
En la misma línea, se puede pensar en el caso de dos personas con el mismo nivel de ingreso y con el mismo gasto en automóviles. Sin embargo, uno de ellos adquiere un auto de 840 mil pesos, mientras el otro adquiere dos vehículos de 420 mil pesos cada uno. En el primer caso, la compra causaría un pago de tenencia de 8.5 por ciento, equivalente a 71 mil 400 pesos, mientras que en el segundo caso el impuesto conjunto por pagar sería de sólo 21 mil 840 pesos (2.6 por ciento).
En este caso hipotético, la ley introduce una doble distorsión. Por un lado, estaría gravando de manera desigual a iguales, sólo porque uno adquirió un solo vehículo y el otro dos, aunque el gasto haya sido exactamente el mismo y la capacidad contributiva de ambos también sea la misma. Por el otro, discrimina entre fabricantes y tipo de vehículos, lo que distorsiona la asignación de recursos de los particulares.
Otra distorsión adicional se presenta en el caso de vehículos importados cuyo precio se cotiza en dólares, ya que el valor de facturación en moneda nacional estará variando de manera conjunta con la paridad de nuestra moneda. Lo anterior puede ocasionar que en periodos de fuertes variaciones en la paridad peso-dólar, la tenencia por pagar muestre diferentes tasas para un mismo vehículo, dependiendo la cotización del dólar, lo que introduce una distorsión adicional a este tributo.
Otro problema se encuentra en el caso de personas morales o personas físicas que deducen fiscalmente su vehículo, ya que el monto de la inversión por depreciar excluye el pago del IVA, ya que esa cantidad es acreditable y no forma parte del costo. Sin embargo, la base del impuesto a la tenencia incluye este tributo. En tales casos, la ley determina una base gravable superior a la real, pues el valor de facturación sobrestima el verdadero monto de la inversión.
Adicionalmente, si los propietarios de esos vehículos son contribuyentes del Impuesto al Activo, se estaría configurando una doble imposición a estos activos, pues ambas leyes estarían gravando la tenencia de los mismos.
Lo anterior, sin considerar que en el precio de los vehículos se incluye también el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, por lo que de hecho el contribuyente se encuentra pagando impuesto sobre impuesto.
VI. Que las distorsiones que genera el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos afectan tanto los autos nuevos como los usados. En particular, los vehículos usados considerados de lujo en el año modelo de fabricación tienen una carga fiscal muy onerosa, que riñe con todo principio de equidad y proporcionalidad. En esos casos, la aplicación del impuesto a lo largo de los 10 años de vigencia que tiene la ley implica un tributo superior a 100 por ciento del valor del vehículo.
Además, resulta ilógico que el tenedor o propietario de un vehículo esté pagando durante 10 años un impuesto por tenerlo o usarlo, ya que cualquier impuesto que se genere por la adquisición de un bien debe ser cubierto con el pago inicial que se haga de él.
Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda argumentan que la administración del tributo la realizan los estados, que reciben esos ingresos, y que la corrección de esas fallas de la ley implicaría menores ingresos para las entidades federativas.
Es evidente que la recaudación con impuestos confiscatorios representa, al menos por un tiempo, mayores ingresos que con tributos equitativos que respeten la capacidad de pago del contribuyente, pero con el paso de los años se estimulan acciones de rechazo, protesta, contrabando de autos y corrupción, que contaminan la estructura impositiva y la asignación eficiente de recursos. Adicionalmente, el principio de equidad tributaria debe estar por encima de objetivos meramente recaudatorios.
VII. Que, en acta de sesión del Senado de la República de fecha 6 de noviembre de 2001, se hizo del conocimiento de los CC. senadores que el H. Congreso del estado de Nuevo León remitió punto de acuerdo, de fecha 23 de octubre de 2001, por el que se solicita la abrogación de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sustituyendo dicho ingreso a las entidades federativas en el marco de una reforma fiscal integral y redistributiva, el cual se turnó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de
Acuerdo Económico
Primero. Envíese atento y respetuoso oficio al H. Congreso de la Unión, anexándose copia del presente acuerdo, mediante el cual se le solicite que se abrogue la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Segundo. Envíense atentos y respetuosos oficios a las Legislaturas de los estados, anexándose copia del presente acuerdo, mediante los cuales se les sugiera, si así lo consideran conveniente, que enriquezcan y se sumen al contenido del presente acuerdo.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco, a 13 de enero de 2004.
Dip. María Esperanza Guadalupe Novoa Barragán
(rúbrica)
DEL CONGRESO DE JALISCO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES
Guadalajara, Jal., a 13 de enero de 2004.
Honorable Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada hoy, aprobó el acuerdo económico número 1233/04, del que le anexo copia, mediante el cual se remite iniciativa de decreto que reforma la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, adicionando un artículo 50 bis.
Por instrucciones de la Directiva de esta representación popular, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica)
Oficial Mayor
José Guadalupe Madera Godoy, diputado de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, en el ejercicio del derecho de iniciativa que me otorga la fracción I del artículo 28 de la Constitución Política y de conformidad con los artículos 85 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Jalisco, someto a su consideración iniciativa de acuerdo económico con proyecto de dictamen que reforma la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, adicionando el artículo 33 BIS, para lo cual me permito hacer la siguiente
Exposición de Motivos
I
Las banderas reflejan las obras, búsquedas y cruzadas de los hombres. Desde los tiempos más remotos han servido para reunirlos en torno de una sola idea, un gobernante, una compañía, un sentimiento, una nación. También desde los más remotos tiempos, los hombres se han valido de insignias para mostrar a otros su poder, el lugar que ocupan en una sociedad y sus creencias. Esas insignias han revestido las más diversas formas y algunas, al reproducirse en su lienzo, se constituyen en símbolo.
El uso de símbolos para unir a los hombres en tomo de una idea, una religión o una posición política es tan antiguo como la vida del hombre en sociedad.
II
Los mexicanos, igual que todos los pueblos de la tierra, se han identificado con distintas banderas en los diversos periodos de su historia. Nuevos proyectos históricos dan lugar a la sustitución de banderas anteriores, aunque se conserven en las nuevas los elementos que han servido de símbolo a los habitantes de algún lugar. Las distintas banderas que han ondeado en nuestro territorio significaron algo diferente para quienes las enarbolaban, pero siempre teniendo presente la voluntad de vivir y compartir el territorio con todas sus riquezas naturales mediante la búsqueda de la unidad de sus habitantes y el concepto de un solo proyecto de nación.
III
La nación mexicana es muy anterior al Estado mexicano. La actual Bandera Nacional es el símbolo que reunió a los hombres de las más diferentes tendencias durante el difícil proceso de constitución del Estado mexicano. Sus colores son los mismos desde 1821, y su escudo, aunque sufrió variaciones, rememora la fundación de México-Tenochtitlan, constituyendo la continuidad entre los antiguos y los nuevos mexicanos. Las generaciones de hoy somos producto de diversos cambios ocurridos esencialmente a lo largo de los últimos 200 años y base para la transformación del mañana de nuestra nación.
IV
Aun antes de la constitución del Estado nacional de que habría de ser símbolo, la Bandera Tricolor ya servía como emblema frente a otras naciones. Su necesidad, quizás, hizo posible la temprana existencia de la Bandera Nacional, ya que muy poco tiempo después de la declaración formal de independencia, el país -que apenas comenzaba a formarse- ya era visto por ojos codiciosos por varias de las naciones que se disputaban la supremacía política y económica de aquellos tiempos. Pero esos emblemas se denominan nacionales sólo cuando sirven para identificar una nación y, más concretamente, un Estado-nación.
V
En nuestra Bandera cabe la historia de México, ya que nació del resultado de nuestro paso e interrelación con los Estados del mundo, de la cotidiana lucha por realizarnos en la medida de nuestros ideales de patria libre, soberana e independiente, en el goce pleno de los derechos y de las libertades.
VI
Suma de símbolos, ella misma: sus colores se pueden leer, tienen significado. El verde, el blanco y el rojo, como en la plástica antigua, connotan, son letras que traducidas componen esta sacrosanta palabra: patria. El paso, el saludo a la Bandera nos estremecen, entusiasman, deciden a morir por sus colores. La Bandera es la mortaja en que se envuelve al que muere por verla flotar libre y entera. La Bandera es la patria toda, en sus sueños, en sus realizaciones. En su origen y concepción se mezclan el mito, la leyenda, la fábula, que sumadas dan el concepto de patria, de nacionalidad, de identidad colectiva. Símbolo eterno del Anáhuac, luego de Nueva España y ahora y para siempre, ¡México!
VII
Que siendo la Bandera Tricolor uno de los símbolos de la nación mexicana que representa las aspiraciones del pueblo desde que nació a la vida independiente e insignia que ha reunido a los hombres y las mujeres de las más diversas tendencias y posiciones políticas, eclesiásticas y sociales durante el difícil proceso de la constitución del Estado mexicano; requiriéndose en todos los casos un mínimo de identidad en la tradición histórica, la organización social y familiar y, sobre todo, en el anhelo de construir una estructura política y administrativa más igualitaria. Así, hoy nuestra Bandera es hilo de continuidad entre los antiguos y los nuevos mexicanos.
VIII
Que a partir de la vida independiente del país se han dictado diversos mandamientos legislativos o administrativos que regulan, de manera fragmentaria, tanto las características como el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Para tal fin, se expidió una nueva Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1984 y en cuyo artículo 1° se establece que dichos emblemas son los símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos y que dicha ley es de orden público y regula sus características y difusión, así como el uso del Escudo y la Bandera.
IX
Que la propia ley fija las características, uso y difusión, culto y respeto que a ellos todos los mexicanos y los extranjeros debemos profesar, por lo que es de vital importancia que tanto las autoridades civiles y militares como las judiciales y las eclesiásticas procuren la buena observancia de dicha normatividad, evitando que sean alterados, denigrados o utilizados en circunstancias o eventos ajenos a los fines que la ley señala.
X
Que históricamente hoy somos un país más fuerte, más complejo, con recursos naturales abundantes y mexicanos mejor preparados; contamos con una infraestructura productiva más desarrollada, con una historia asimilada y valores y tradiciones que nos dan raíces y un pueblo joven y solidario en torno de la unidad nacional. Por ello es importante impulsar a México como un país fuerte, unido y democrático que demanda respeto entre los propios mexicanos, entre gobernantes y gobernados, y entre las naciones, para lograr un mundo capaz de entregar a las generaciones futuras perspectivas y certidumbre para su desarrollo.
XI
Precisamente por todo lo referido, nuestro lábaro patrio, sus colores y escudo no pueden ser propiedad o patrimonio exclusivo de un grupo religioso, político, empresarial o cívico alguno, pues en ese símbolo nacional están contenidas todas las pasiones, las ilusiones, las esperanzas y el futuro del pueblo mexicano y no sólo de determinados sectores o grupos sociales.
XII
Por ello, la presente iniciativa se propone hacer un llamado a las Legislaturas de los estados que forman la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a todas las autoridades del país y a los representantes del honorable Congreso de la Unión para que, siendo la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales las más vivas y vibrantes expresiones de nuestro histórico y glorioso pasado, se afirme su permanencia, la cual recoge la tradición de nuestros antepasados indígenas y la expresión cromática de nuestra esencia libertaria, al fundar una vigorosa civilización cuyas expresiones son el basamento de nuestra nacionalidad e identidad colectiva; y se prohíba la utilización de los colores nacionales en su conjunto, la Bandera y el Escudo, así como el Himno Nacional como logotipos, emblemas o identificadores de partidos y asociaciones políticas o eclesiásticas particulares, y se cancelen los permisos comerciales a todo tipo de organizaciones y grupos civiles cuyos fines o intenciones son exclusivamente lucrativos, publicitarios o propagandísticos, que al comercializar los símbolos patrios los denigren y ofendan al no ceñirse a lo establecido en el espíritu de la ley y su respectivo reglamento, menoscabando y deteriorando su significado y valor nacional y, consecuentemente, perjudicando los intereses de los mexicanos, en su conjunto, en detrimento de nuestra nación.
XIII
Por tales motivos es urgente e indispensable que, siendo Escudo, Bandera e Himno Nacionales los emblemas que dan singular fisonomía a nuestra patria, sean éstos venerados, honrados y respetados, evitando su deformación como puede ser la introducción de otros elementos, su mutilación o utilización indebida, causándoles agravio, como en ocasiones ha ocurrido con fines y provecho particulares y puramente publicitarios, comerciales, propagandísticos o de manipulación ideológica, partidaria o religiosa y se observe permanente la ley por todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas del país, impidiendo su violación, por lo que
Considerando
I
Que los símbolos patrios, en las diferentes etapas de revolución y evolución histórica de la nación mexicana, han contribuido enormemente para unir a todos sus habitantes y territorio pero en la actualidad y dado el proceso democrático, participativo y plural de nuestro sistema de gobierno se hace obligatorio que dichos símbolos sirvan exclusivamente para unir e identificar toda nuestra nación, sin distinción de credos, posiciones políticas o etnias, evitando que sean usados de manera particular, como se menciona en los puntos XI, XII y XIII de la exposición de motivos de esta iniciativa.
II
Que siendo el Congreso de la Unión la representación popular de la República federal denominada Estados Unidos Mexicanos, y estando dentro de sus facultades la de legislar sobre las características y usos del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, de conformidad con el artículo 73, fracción 29 B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente que se reconozcan los anteriores argumentos y razonamientos, a fin de que, aunque sea tarde, se reforme la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, adicionándole un artículo 50 bis, que prohíba el uso de los colores nacionales en su conjunto, en las circunstancias indebidas anteriormente manifestadas.
III
Que daño, deterioro, detrimento, menoscabo, perjuicio y agravio son palabras que reúnen conceptos que se refieren al mal que se puede causar a cualquier persona o que se sufre de otras y que, aplicadas al mal uso de nuestros símbolos patrios, significan todo dicho o hecho que ofende y denigra, con la agravante de que, al tratarse de emblemas nacionales, no sólo se lesiona la representatividad de grupos y la integridad de los individuos que aglutinan sino la identidad nacional, lo que nos une e identifica a todos los mexicanos; es decir, nuestras raíces y convicciones, los ideales, nuestras luchas y avances en busca de un México mejor: la fama y honra de la nación mexicana, tanto internamente, cuanto más en el extranjero.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 88, 94 y 96 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del estado de Jalisco, someto a la elevada consideración de ustedes, ciudadanos diputados, el siguiente proyecto de
Acuerdo Económico con Proyecto de Dictamen
Primero. La LVI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco tiene a bien poner a consideración del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establece el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa de decreto que reforma la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, adicionando un artículo 50 bis, con la finalidad de que se usen los colores de la Bandera Nacional en su conjunto exclusivamente para identificar la nación mexicana, para lo cual se hace la siguiente propuesta de reforma y adición:
Unico. Se adiciona el artículo 50 bis a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 50 bis
Se prohíbe el uso de los colores nacionales en su conjunto, así como el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales cuando sean utilizados como logotipos, emblemas o identificadores de partidos y asociaciones políticas o religiosas, a fin de evitar su deformación, como puede ser la introducción de otros elementos, su mutilación o uso indebido, con fines y provecho particulares y puramente publicitarios, propagandísticos o de manipulación ideológica, religiosa, partidaria o sectaria.
Segundo. Envíese atento oficio a las honorables Legislaturas de los estados integrantes de la nación mexicana, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la finalidad de que se sumen al proyecto de reforma y adición del artículo 50 bis de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para evitar el uso indebido de los símbolos patrios.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"2004, Año del Centenario del Natalicio de Agustín
Yánez"
Guadalajara, Jalisco, a 13 de enero de 2004.
Dip. J. Guadalupe Madera Godoy (rúbrica)
DEL CONGRESO DE JALISCO, QUE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 333 DE LA LEY GENERAL DE SALUD
Guadalajara, Jal., a 13 de enero de 2004.
Honorable Congreso de la Unión
La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada el día de hoy, aprobó el acuerdo económico número 1227/04 del que le anexo copia, mediante el cual se aprueba remitir Iniciativa de Ley que reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud.
Por instrucciones de la directiva de ésta representación popular, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor
Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica)
"2004 Año del Centenario del Natalicio de Agustín Yáñez"
Ciudadanos Diputados:
El que suscribe, diputado Luis Angel Meraz Ríos, con base en la facultad que me confiere el artículo 28 fracción L de la Constitución Política del estado de Jalisco, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en los artículos 85, 88 y 90 tercer párrafo, someto a la consideración de este H. Congreso, iniciativa de acuerdo económico que remite al H. Congreso de la Unión, una iniciativa de ley que reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud, para lo cual presento la siguiente
Exposición de Motivos
I. La vida es el valor fundamental y primario que posee el ser humano, ya que sin ésta cualquier otro derecho inherente a la naturaleza de la persona o adquirido por los acuerdos dentro de una sociedad carece de sustento. Por ello, con independencia de las concepciones filosóficas, religiosas o humanistas que sobre el origen, sentido y destino final de la vida se tengan, desde los tiempos más antiguos siempre se ha considerado de vital importancia la protección a la misma, por lo que su interrupción violenta, en la mayoría de los casos, se considera como el acto más bajo que puede cometer el hombre. Indisolublemente unido al derecho a la vida de que gozan todos los seres humanos, se encuentra el de disfrutar de una calidad acorde a su naturaleza, entendida ésta como el conjunto de los satisfactores materiales y espirituales que permitan el desarrollo integral de la persona. Para lograr la consecución de lo anterior, el ser humano requiere gozar de salud, entendida ésta como un estado de completo bienestar físico, mental y social, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Bajo este contexto, la salud no se entiende solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino como una situación, integrada por factores de diverso tipo, que posibilita al hombre el desarrollo de sus potencialidades para su beneficio propio y de los demás. Relacionando los conceptos antes manejados, se puede afirmar que el valor fundamental de la vida sólo se logra en plenitud cuando su titular, es decir, los hombres y mujeres, disfrutan de las condiciones de salud que les permitan conservar la vida el mayor tiempo posible en condiciones dignas para su desarrollo personal y en comunidad.
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana es parte integral del derecho a la salud que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tan es así, que la Ley General de Salud, ordenamiento reglamentario del artículo cuarto constitucional, establece estos dos factores como una de las finalidades de la protección a la salud. Si bien cualquier enfermedad deteriora, en mayor o menor medida, la salud de la persona, existen padecimientos crónico-degenerativos cuya consecuencia es la insuficiencia de algún órgano vital para la conservación de la vida. En estos casos, cuando los tratamientos médicos han resultado infructuosos, la única solución es la remoción del órgano afectado y el trasplante de otro órgano que permita la falla tisular u orgánica. Gracias a los avances médicos y tecnológicos, lo que hasta hace algunos años se consideraba prácticamente imposible, hoy en día es una realidad cada vez más frecuente, ya que el transplante de órganos se presenta como una oportunidad invaluable para los pacientes afectados con estos padecimientos, permitiéndoles en la mayoría de las ocasiones condiciones cercanas a la normalidad, transformando sustancialmente la calidad de vida del trasplantado y permitiéndole desarrollar sus actividades cotidianas prácticamente sin complicaciones. De manera muy general, el trasplante se puede definir como la intervención quirúrgica que permite la sustitución de tejidos u órganos enfermos por otros sanos, procedentes de quienes hayan perdido la vida o de un ser humano vivo y siempre que sean compatibles con el receptor, lo cual se determina mediante análisis del tipo de sangre, exámenes físicos, entre otros. Actualmente, es posible realizar trasplantes de corazón, riñones, hígado, páncreas, pulmón e intestino, así como tejidos entre los que se encuentra la médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardiacas, cartílago, tendones y vasos sanguíneos, arteriales y venosos. En México, el trasplante de órganos se encuentra regulado legalmente en la Ley General de Salud, a través del Sistema Nacional de Trasplantes integrado por el Centro Nacional de Trasplantes, el Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Trasplantes. Este Sistema contempla los lineamientos, políticas y procedimientos que permitan la actuación oportuna y eficaz de las distintas instituciones y centros hospitalarios autorizados por la Secretaría de Salud para realizar este procedimiento médico, los cuales deben contar con un comité interno de trasplantes y un coordinador de estas acciones, encargado de ser el enlace para coordinar el programa.
III. La otra cara de la moneda de los trasplantes, sin los cuales éstos no pueden llevarse a cabo, es la donación de los órganos o tejidos. Como se mencionaba precedentemente, la donación puede realizarse en vida o una vez fallecida la persona. En nuestro país, los donadores después de la vida pueden ser las personas entre dos meses de edad sin límite de edad, siempre que los órganos y tejidos se encuentren sanos, dependiendo de las causas de la muerte y de la valoración que realicen los médicos. La donación en vida puede efectuarse por hombre y mujeres entre 18 y 60 años, siempre que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil. En ambos supuestos, se requiere el consentimiento expreso o tácito del donante, con excepción de los casos en que el fallecido no cuente con un documento legal que señale su decisión de no donar y la familia decida lo contrario: Una vez que existe un donador, comienza la identificación de los posibles receptores para cada órgano y tejido de aquellas personas que se encuentren en la lista de espera operada por el Centro Nacional de Trasplantes; consistente en un registro electrónico donde se inscribe a los pacientes que requieren de esta intervención quirúrgica. A través del registro, se identifica al receptor más adecuado, dependiendo del órgano, la gravedad del receptor, la compatibilidad sanguínea e inmunológica y medidas corporales.
Lamentablemente, la demanda de trasplantes supera a los donantes dispuestos a realizar este acto de altruismo. En nuestro país, en el tiempo transcurrido del año 2003, se han realizado 328 trasplantes; sin embargo, la lista de quienes esperan algún órgano asciende a los 5,088. Como se puede observar, la diferencia es sumamente alta, lo que reduce drásticamente las oportunidades de supervivencia de los pacientes. Aún falta mucho para que la cultura de la donación sea una constante. El miedo, los prejuicios, la falta de información e incluso el propio marco legal obstaculizan su consolidación. En cuanto a este último factor, nuestro país presenta un retraso con relación a otras naciones.
En específico, en lo referente a la donación en vida. Si bien las disposiciones jurídicas contenidas en la Ley General de Salud contemplan la donación en vida de pacientes relacionados por consanguinidad, parentesco civil o por afinidad, en cualquier otro caso sólo se permite la donación de médula ósea, por ser un tejido renovable. Actualmente, muchos países establecen la posibilidad de que donadores no directamente relacionados con el receptor realicen de manera voluntaria este acto. Tan sólo en Estados Unidos, por citar un solo ejemplo, existen más de noventa programas de trasplantes que permiten este supuesto, obteniendo éxitos bastante considerables, sobre todo cuando se trata de donación de riñón: Una de las razones para prohibir este tipo de donación es el riesgo de que se promueva el comercio de órganos y que la donación de éstos con fines de trasplantes no se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, obteniendo un beneficio económico por la disposición de su cuerpo. Se está consciente de este riesgo; sin embargo, éste puede ser reducido al mínimo mediante una cuidadosa selección de los donantes en cada situación particular, a través de los comités internos de cada hospital autorizado, tal como sucede en los países donde sí se permite esta forma de donación. Bajo este contexto, se abre la posibilidad de que personas a quienes unen lazos de amistad puedan tener la oportunidad de salvar la vida de la otra persona o incluso de aquellos que, sin estar relacionados por ningún vínculo afectivo, son conscientes de la necesidad de órganos que se tiene y están dispuestos a compartir voluntariamente su vida. Tan sólo en México, el ochenta y cinco por ciento de los trasplantes se llevan a cabo a partir de un donador vivo relacionado; si se abre la posibilidad de que se pueda donar no estando directamente relacionado, se aumentará la esperanza de recibir un órgano para aquellos que lo necesitan. Con esta medida; la cultura de la donación se verá reforzada, en beneficio de cada uno de nosotros, que algún día podríamos estar en esta situación y requerir de un órgano para seguir viviendo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso, el siguiente punto de
Acuerdo Económico
Unico. Con base en el derecho de .iniciar leyes en materia federal que confiere el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a las legislaturas de los Estados, este H. Congreso del estado de Jalisco aprueba remitir al H. Congreso de la Unión, iniciativa de ley que reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud, de acuerdo al siguiente texto
Iniciativa de ley que reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud.
Unico.- Se reforma la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 333.- ...
VI. Tener parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, o ser cónyuge, concubina o concubinatario del receptor. Cuando se trate de transplante de médula ósea no será necesario este requisito.
Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco, a 15 de diciembre de 2003.
Dip. Luis Angel Meraz Ríos (rúbrica)
DEL CONGRESO DE JALISCO, QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS
Guadalajara, Jalisco, a 13 de enero de 2004.
Honorable Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada el día de hoy, aprobó el acuerdo económico número 1237/04 del que le anexo copia, mediante el cual se le solicita atentamente sea contemplada la reforma de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a efecto de que sean incorporadas las cooperativas escolares de educación básica, en sus diversas modalidades, como el caso particular del estado de Jalisco, en donde se denominan centros de atención y servicio.
Por instrucciones de la directiva de ésta representación popular, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Relección.
El Oficial Mayor
Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica)
"2004 Año del Centenario del Natalicio de Agustín Yáñez"
Compañeras y Compañeros:
J. Guadalupe Madera Godoy, diputado de esta LVI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la Constitución Política del estado de Jalisco, así como en los artículos 85 y. 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo a bien someter a consideración de esta H. representación popular iniciativa de acuerdo económico con base en los siguientes:
Considerandos
I
Conforme a lo dispuesto por el artículo 28, fracción I de la Constitución Política de nuestro estado, es facultad de los diputados presentar iniciativas a la consideración del Pleno del Congreso del estado, así mismo los artículos 85 y 87 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo establece que dichas iniciativas podrán ser de ley, de decreto y de acuerdo económico.
II
La relación gobierno-sociedad exige hoy en día crear nuevos espacios de interacción abierta a la construcción colectiva, debido al sin numero de actividades escolares v extraescolares que se llevan acabo en los planteles de nuestras escuelas debe promoverse una política de transparencia que logre en la medida de lo posible una transformación en la administración y la aplicación de los recursos y beneficios económicos que estas generan, todo en pro de los educandos.
III
Una de estas actividades es la cooperativa escolar, la cual debe funcionar de acuerdo la Ley General de Sociedades Cooperativas y del reglamento de cooperativas escolares; sin embargo, durante mucho tiempo se ha dejado de manera discrecional el funcionamiento de éstas, generándose varios problemas, como favoritismos, mala administración y aplicación de los recursos.
IV
El problema más grave surge a raíz de que la nueva Ley de Sociedades Cooperativas no contempla fa figura jurídica de los comités escolares de consumo y producción, como lo hacia anteriormente la misma ley, razón por la cual se debe implementar de manera inmediata mecanismos jurídicos que regulen las actividades relacionadas con la función que están desarrollando estos.
IV
Con esta visión la Secretaría de Educación Jalisco actualmente cuenta con la Dirección General de educación extraescolar mediante la cual se atiende este región tan importante del sector educativo.
V
Preocupándose y pensando en una figura que propicie nuevas alternativas en la comercialización de productos al interior de las escuelas, la cual propicie el desarrollo, la buena aplicación de recursos y el buen funcionamiento de las cooperativas escolares, tratando así de transparentar y erradicar vicios, viejas costumbres y favoritismos se inicio en este año escolar 2003-2004 con el proyecto de los Centros de Atención y Servicios (CAS), creando una dirección especial que controle, audite y de atención a dichos organismos.
VI
CAS es un proyecto que incluye la participación de maestros, padres de familia y el alumnado de cada plantel educativo.
Representa a un instrumento de autogestión escolar para el desarrollo de los hábitos de cooperación, previsión, orden y disciplina en la comunidad escolar.
Su función es obtener recursos aplicando el 70% de éstos a prioridades establecidas por la Secretaría de Educación, para mejorar y facilitar el aprendizaje de los educandos; el restante 30% será restituido a todos los alumnos de cada escuela al finalizar el ciclo escolar.
VII
Con estas consideraciones y pensando en el buen funcionamiento de todas las cooperativas de todos los plantes de nuestro el país, se hace necesario el valorar dicho modelo como proyecto nacional, no esperemos que la falta de argumentos y figuras legales lleguen a crear una ola de problemas que después tengan mayor costo para poder resolverlos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 28, fracción I de la Constitución Política de nuestro estado, 85 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, someto a la consideración de los miembros de esta. Asamblea la siguiente iniciativa de
Acuerdo Económico
Primero. Envíese atento oficio al titular del Poder Ejecutivo federal licenciado Vicente Fox Quesada solicitando valore la posibilidad de instruir al secretario de Educación Pública, Dr. Reyes Tamez Guerra, a efecto de que promueva e instituya la creación del acuerdo que contempla la figura y el funcionamiento legal de los Centros de Atención y Servicios (CAS) o cooperativas escolares de educación básica.
Segundo. Solicítese al H. Congreso de la Unión la viabilidad de que sea contemplada la reforma de la Ley General de Sociedades cooperativas a efecto de que sean incorporadas las cooperativas escolares de educación básica en sus diversas modalidades y figuras legales que cada entidad federativa tiene implementada, como el caso particular del estado de Jalisco en donde se denominan Centros de Atención y Servicio (CAS).
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"2004, Año del Centenario del Natalicio de Agustín
Yáñez"
Guadalajara, Jalisco, a 13 de enero de 2004.
Dip. J. Guadalupe Madera Godoy (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTICULO 3º, FRACCIONES I, II Y III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y ADICIONA LOS ARTICULOS 7º Y 8º DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, SUSCRITA POR LOS SENADORES ELIAS MORENO BRIZUELA Y MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD Y PRI, RESPECTIVAMENTE
Los suscritos senadores, Elías Miguel Moreno Brizuela y Miguel Angel Navarro Quintero integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional respectivamente con fundamento en el artículo 73 fracción XXX, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa por la que se reforma el artículo 3° fracción I, II, y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; adiciona una fracción XIII al artículo 7° y adiciona una fracción IV al artículo 8° de la Ley General de Educación al tenor de los siguientes antecedentes y posteriores consideraciones.
1. Antecedentes:
La prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas relacionadas, de manera evidente, con la carencia de una formación educativa adecuada, en cuanto a la nutrición correcta, se ha venido presentando como un fenómeno exponencial, expansivo, que ha tenido un fuerte impacto en las causas Morbimortalidad en el mundo, así como una relación indudable en cuanto a la incapacidad laboral relativa o absoluta y se ha convertido en el mayor consumidor de recursos de los diferentes servicios de salud.
Resulta del todo paradójico el hecho de que los países en vías de desarrollo presenten, en su mayoría, prevalencias equilibradas en lo que se refiere a cuadros de Desnutrición Calórico -protéica y Obesidad, determinado, con ello, de manera automática las consecuencias del profundo desconocimiento que padecen en cuanto a la disposición, valores nutricionales, preparaciones adecuadas y equilibradas de los recursos alimentarios, que si bien, pueden no tener una distribución del todo equitativa, seguramente serían mejor aprovechados al contar con una adecuada instrucción al respecto.
Al llevar a cabo un análisis relativo a los contenidos didácticos que nuestras Instituciones imparten, en la actualidad, referentes a Educación Nutricional, no fue posible localizar, en la descripción curricular de las áreas de educación elemental, primaria, media y media superior, asignaturas obligatorias dedicadas a la instrucción en nutrición, aunque, en la mayor parte de los casos, se encuentran contenidos aislados que tienen como objetivo fundamental la orientación, en este sentido.
En nuestro país, como en la mayor parte del mundo, existe la disposición de Licenciaturas en Nutrición, con desarrollos académicos del todo formales, incluyendo la posibilidad de cursar post-grados de alta especialización en estos terrenos, sin embargo, la revisión curricular nos lleva a pensar que los elementos de prevención de las co-morbilidades de la malnutrición, no se encuentran implementadas como objetivo básico de la mencionada preparación profesional.
La Medicina Mundial ha venido enfrentando, al menos en los 2 últimos decenios la enfermedad crónico-degenerativa, con ofertas fundamentalmente asistenciales, que contemplan la detección, diagnóstico y tratamiento de este tipo de padecimientos, determinando, con ello, una capacidad de respuesta terapéutica cada vez más afortunada, sin embargo, no ha sido posible limitar, con estas medidas la expansión, verdaderamente epidémica y geométrica a la que hemos hecho alusión.
Una revisión de los contenidos del Congreso Internacional de La Sociedad Norteamericana de Investigadores en Obesidad (NASSO), llevado a cabo en octubre 11-15 en la Ciudad de Fort Lauderdale, Florida, USA, refleja que la totalidad de los mismos se dedican a conocer, diagnosticar y tratar mejor el problema de la Obesidad, pero no a prevenirlo.
Algo similar ocurre al revisar los trabajos del 63 Congreso Anual de la Asociación Americana de diabetes (ADA), llevado a cabo entre el 13 y 17 de junio de 2003, donde solamente se dedican a la prevención 2 estudios de un total de 2,485 trabajos. Se hace mención de estas reuniones porque son conocidas como las mayores del mundo, en cuanto a la obesidad y diabetes, respectivamente.
En este contexto resulta más que evidente que de continuar con estas tendencias, tendremos, cada vez, un mejor conocimiento en cuanto a las causas de las enfermedades, una mejor manera de detectarlas y diagnosticarlas y un armamentario terapéutico cuantitativa y cualitativamente más afortunado, sin embargo, las circunstancias que determinan el crecimiento epidemiológico no se modifican, de esta manera.
Los fenómenos de transición demográfica, la modificación alimentaría que nuestro País comparte con otros en el mundo y el aumento de la población geriátrica, también compartido, no son fáciles de manejar y son elementos sociológicos determinados por circunstancias que, habitualmente, se encuentran fuera del control del estado.
Existen modelos sumamente interesantes de progresión epidemiológica rápida en cuanto a obesidad y diabetes tipo 2, como los indios pimas norteamericanos o los nativos de las Islas Nauru, a partir de los cuales se puede establecer el impacto del cambio alimentario para la expresión génica, que había permanecido sin florecimiento patológico hasta la exposición a maneras diferentes de comer, dando lugar a teorías como la del "Gen Ahorrador", en todo caso, en retrospectiva, parece que la lata incidencia de enfermedades relacionadas con la mala nutrición, en estos pueblos podría haberse evitado.
En nuestro País se reconoce, por las Autoridades de Salud, el rápido avance epidemiológico que han tenido las enfermedades de alguna manera determinadas por falta de nutrición adecuada, como la obesidad que aumento en prevalencia de 40.5% en 1993 a 48.6% en 2000 (punto de corte IMC 27 Kg /m2) con un crecimiento aproximado al 310% en 30 años.
Existe además, el reconocimiento de la causalidad o el agravamiento de algunas enfermedades, como la Hipertensión, la Dislipidemia, la Osteoporosis, la Enfermedad Macrovascular o las enfermedades Hepáticas Crónicas, determinado por la Obesidad, resultante, a su vez, de la deficiente nutrición.
Justificación:
El análisis de las principales causas de mortalidad en Nuestro País, parece justificar plenamente la necesidad de implementar, sin demora, una estrategia de control sanitario:
b) El análisis de la mortalidad en el primer año de vida establece que la desnutrición es responsable del 2.0% de las muertes, en este período, ocupando el 5° lugar de nuestro país.
c) Durante el período pre-escolar (1-4 años de edad), la desnutrición ocupa el 6° lugar como causa de muerte, provocando el 4.7% de las defunciones en este grupo de niños.
d) La revisión de la etapa escolar (5-15 años de edad) refleja que la desnutrición, en esta etapa, determina los fallecimientos del 1.7% apareciendo en el 10° lugar de mortalidad.
e) El grupo de mujeres en edad adulta (16-65 años) presenta diferentes características, ya que las 3 principales causas de muerte y 4 de las primeras 6 tienen, de alguna manera, relación de morbi-mortalidad con problemas nutricionales y se establece la participación de la malnutrición en el 34.5% de la mortalidad, solamente analizando las 6 principales determinantes de la mortalidad.
f) Las cuatro primeras causas de fallecimientos en el grupo de adultos mexicanos se correlacionan con problemas nutricionales, sobre todo con obesidad y constituyen el 36.6% de todas la causas de muerte.
g) Cuando se examinan las 8 principales causas de muerte en la edad post productiva (mayores de 65 años) se encuentra que seis de ellas pueden ser modificadas, de manera sustancial mediante una correcta nutrición. Este grupo el 46.6 % de las defunciones son provocadas por patología que tiene relación con status nutricional.
h) Independientemente del grupo estudiado y eliminando la distinción de género el 16.8% de los fallecimientos en México tienen una correlación clínica directa con alteraciones de la nutrición.
i} En otro contexto, la prevalencia poblacional de anemia, sin distinción del lugar de residencia, en mujeres mexicanas de 12-49 años de edad es de 17.3 %, la deficiencia de hierro en mujeres no embarazadas este mismo grupo es de 66.6% (de moderada a grave) el 29.7% deficiencia de zinc, 29.65% deficiencia de vitamina E, el 39.65% deficiencia de vitamina c y el 4.55% deficiencia de ácido fólico.
j) La desnutrición calórico proteica se refleja en el déficit del desarrollo estatural, esperado, por edades, encontrando un promedio de 16.7% en hombre y de 17.86% en mujeres entre los 0 y 5 años de edad; el grupo de 5 a 11 años muestra una talla baja en el 16.1 de los varones y de 21.5 en las mujeres.
En el Grupo de adultos las principales causas de mortalidad se correlacionan de manera directa con la aparición y el grado de obesidad presente, por lo tanto este problema merece ser atendido bajo el siguiente análisis:
La obesidad es una enfermedad crónica, recidivante, con una gran heterogeinidad en cuanto a su etiología, lo cual implica que en la mayor parte de los casos sea imposible conseguir la curación y debe señalarse como objetivo razonable del tratamiento, el manejo paliativo que se refiere a la reducción de pesos y el mantenimiento de la mismo con el mayor, tiempo posible. Existen estudios epidemiológicos que apoyan la aseveración de que la obesidad es una enfermedad de alta prevalecía y de incidencia de incremento progresivo. La deficinión objetivo el problema requiere: establecer parámetros , comunes, prácticamente sin costo económico, relativamente sencillos de llevar a cabo y cuya fidelidad estadística permita una apreciación del problema, lo mas precisa posibles, es por estas razones que la comunidad sanitaria internacional, ha adoptado como variable definitoria en obesidad el denominado índice de Masa Corporal (IMC o índice de Quetelet), que resulta de dividir el peso en kilogramos entre el cuadro de la talla en metros, expresando su resultado en términos de kg /M2
El IMC es de utilidad por que ofrece una estimación indirecta pero accesible para el diagnostico de la obesidad, validad por diversos estudios que demuestran un aumento de mortalidad al incrementarse los valores de este índice por arriba de cierto puntos de corte.
Los diferentes grupos de investigación a nivel mundial utilizan valores diverso de IMC para definir su población obesa, los cuales varían entre 27 y 30 kg/m2 . Después de revisar la evidencia publicada tanto a nivel nacional como internacional y tratando de establecer una uniformidad clínica y epidemiológica el grupo de consenso en obesidad de la fundación mexicana para la Salud, recomienda considerar como obeso, (para la población mexicana) a todo sujeto portador de IMC de 27 o mayor.
Esta recomendación ha suido aceptada por autoridades de salud pública del país y publicada en los contendos de la NOM-174 SSA-1-1998 para el manejo integral de obesidad, que en la parte correspondiente a definiciones, número 4.10 señala: "Obesidad a la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Se determinan la existencia de obesidad en adultos, cuando existe un lMC mayor de 27 y en población de talla baja menor de 25" Para efectos de apreciación de talla baja se recomendó un punto de corte de 1.50 mts.
En nuestro país un trabajo recientemente publicado, muestra que un 59.6% de adultos jóvenes presenta un IMC mayor de 25 y un 23% de IMC > 30 mientras que en el adulto mayor de 60 años presenta un IMC mayor de 25 y un 15.6 % tiene un IMC mayor de 30.
En cuanto a la población femenina las mujeres entre edades de 30 a 59 años presentan un IMC mayor de 25 en un 76.7%, en tanto que un 57.2% mayores de 60 años presentan IMC mayor de 25. El 19% de mujeres mayores de 60 años presentan un IMC mayor de 30.
En lo referente a obesidad severa (IMC mayor de 35), se encuentra presente en el 3.4% de varones con menos de 59 años y un 2.8% de mayores de 60 años. En el grupo de las mujeres se presenta en adulto joven en un 8.5% y en ancianas 5.8%. La prevalencia de obesidad se incrementa con la edad hasta la óta década en ambos sexos y luego disminuye progresivamente.
Los reportes de la Secretaria de Salud en México en relaciona mortalidad en 2001 determinan que las primeras 5 causas de muerte en México, en orden de importancia: diabetes mellitas (tasa 31.65%) Cirrosis y otras enfermedades criónicas de hígado (tasa 27.51%) enfermedades isquémicas del corazón (tasa 18.75%) Accidentes de tráfico (tasa 16.30) y homicidios (tasa 9.66).
Existen amplias evidencias de correlación fisiopatología entre la obesidad y la diabetes, así como las enfermedades crónicas hepáticas, de tal manera que se puede considerar al exceso de peso como un componente de extrema importancia en la generación de muerte en nuestro País.
En cuanto a la diabetes, se considera que existen, en la actualidad entre 8 y 10 millones de mexicanos con diabetes y se pronostica una cifra cercana a los 11.7 millones para el año de 2025, de acuerdo con los cálculos de proyección demográfica.
Como resultado de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000 se encontró que la diabetes estaba presente en 8.18% de los encuestados, el promedio del IMC en esta población era de 29.2 kg/m2, el 75% de los diabéticos presentó IMC>25 kg/m2 y entre lo más importante, el 13% eran menores de 40 años.
La infiltración grasa del hígado o hepatoesteatosis no alcohólica se encuentra fuerte correlacionada con obesidad. Entre el 69% y 100% de los obesos son portadores y en el grupo de diabéticos encontramos prevalencia de esta patología entre el 20 al 81 %.
Existen, así mismo, evidencias de correlación entre diabetes tipo 2 y carcinoma hepatocelular, en el cual se presenta, igualmente con mayor frecuencia en portadores de IMC>25.
En la mayor parte de los Países de Europa y América, los costos económicos directo e indirecto, referente a obesidad, implica entre el 4 y el 10% de los gastos totales de los sistemas de salud por año.
Gradualmente, los médicos, autoridades sanitarias y gobiernos, han empezado a reconocer la importancia de la obesidad como enfermedad crónico degenerativa y recidivante, que requiere manejo a largo plazo.
La correlación proporcional entre el incremento del IMC y las cifras de morbimortalidad en todos los grupos de población ha sido establecido de manera definitiva.
Al analizar las posibles causas del fenómeno epidemiológico geométrico de la obesidad, la respuesta parece radicar en la modificación de los estilos de vida, que se representan de manera notable en los países occidentales y también en otros en fase de desarrollo (occidentalización).
Al parecer la explicación no se reduce a un simple patrón de sobre alimentación, incluso se ha identificado, en muchos Países una declinación en el consumo energético nutricional. Además, en nacionales desarrolladas el consumo de grasas de origen animal se ha mantenido o aún disminuido en los años recientes, lo cuál no parece corresponder al aumentó de la prevalencia de obesidad. Quizá la variable alterada de manera más significativa sea la reducción de la actividad física. La actividad física incrementada, en sujetos identificados como de riesgo potencial para incremento de peso puede ayudar a prevenir tales incrementos, en forma coordinada con la racionalización de las estrategias nutricionales. Además, el ejercicio físico, parecer tener un importante papel en la distribución de la grasa corporal reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, reduce el impacto de las consecuencias metabólicas de la obesidad visceral y ayuda a mantener el peso corporal en los sujetos que han conseguido reducción previamente.
Entre los factores que más importancia han tenido en la reducción drástica de la actividad física han sido frecuentemente citados 2: el automóvil y la televisión.
La fuerza motriz muscular humana ha sido rápidamente desplazada por el automóvil y los vehículos de tracción motorizada a partir de los inicios del siglo XX. El gasto energético dependiente de la movilización estrictamente muscular y personal ha sido minimizado por la mayor parte de la gente en la sociedades post-industriales.
La televisión fue desarrollada y rápidamente difundida, sobretodo, a partir del inicio de la Segunda mitad del siglo XX alcanzando un nivel de penetración prácticamente universa, inicialmente sobretodo, en los países envías de desarrollo, pero últimamente en todos los países.
Las horas que la población consume en atención al televisor aumenta rápidamente, al grado de alcanzar, en los Estados Unidos un promedio de aproximadamente 3 horas por persona, constituyendo el tercer más importante espacio de tiempo personal después del sueño y el trabajo o la escuela.
Los desarrollos tecnológicos televisivos han aumentado
el atractivo. Cada vez se ofrecen más y mejores colores, claridad
y canales, a si como conexiones con videojuegos, a través de la
red que requieren pro-
gresivamente menos actividad, incluyendo control remoto
para el cambio de canales y los niveles de sonido.
Los investigadores en obesidad han mencionado a la televisión como el contribuyente mayor para el incremento de peso corporal.
El tiempo gastado en la televisión ha sido directamente correlacionado con el incremento de peso corporal en estudios de niños y adultos. La televisión influye en el peso corporal a través de la reducción del gasto calórico determinado por la disminución de la actividad física, pero también por el aumento del consumo de nutrientes calorigénicos.
Además de la reducción de la actividad física per se, la televisión desplaza otras actividades que pudieran tener un mayor gasto energético.
El consumo energético se incrementa por que la publicidad televisiva enfatiza el consumo de alimentos de alto contenido graso y energético.
Los niños son la parte de la población más vulnerable a la penetración televisiva. Los niños son los mayores usuarios de la televisión (de 2 a 4 horas diarias, promedio en EU). La televisión programa toda estrategia que tiene como objetivo la niñez, con una verdadera profunsión de anuncios relativos a la comida, particularmente dulces, cereales, frituras y refrescos.
La compra de comida de los niños, generalmente y cuando los medios económicos lo permiten se encuentran fuertemente influenciada por la publicidad televisiva.
El grupo de la Unidad de Investigación en Metabolismo del Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde" llevó a cabo recientemente (agosto 2003), una encuesta aleatoria en un grupo de 90 tapatíos con un rango de edades entre 4 y 29 años, con promedio de grupo de 14.6 años de edad, 58 del sexo femenino y 32 del sexo masculino, encontrando un índice de masa corporal IMC (promedio de 23.97, para el grupo, con 23 sujetos (25.55%) con IMC > 25 y 27 sujetos (30%), con IMC> que 25.
Las horas reportadas de observación televisiva fue de 2.66, promedio para el grupo, con 3.06 horas /tv para el grupo con IMC> 27 y 2.42/tv, para el grupo con IMC>de 27, estableciendo, estos resultados, una diferencia de 21.6 % más de horas /tv para el grupo de obesos.
En cuanto al ejercicio físico moderado (bajo rendimiento) el grupo reporta llevar a cabo 1.17 horas promedio de actividad de esta naturaleza al día; en el grupo IMC< 27 se comunica 1.59 horas diarias de actividad, mientras que en el grupo con IMC>27 se encontró que practican 0.44 horas diarias es decir, una diferencia de 76 % desfavorable al grupo de obesidad.
Por otra parte, el mismo grupo (levó a cabo una observación televisiva dirigida, en un día la azar del mes de agosto de 2003 entre las 12:00 hrs y 19:00 hrs (las más socorridas por los niños) encontrando una proyección de 46 comerciales orientados a lamenta de productos para el control de peso corporal, con una duración de 97.5 min. En total promedio de 2.11 min. Por comercial en 11 canales de tv abierta y privada. Ninguno de los productos anunciados llenan los requerimientos establecidos por la norma oficial mexicana NOM-174-SSA-1998 para el manejo integral de la obesidad.
4. Conclusiones:
A partir de los datos expuestos en este documento parece claro que
1.- Las alteraciones nutricionales se4 relacionan, en forma directa con las principales causas de mortalidad en México.
2.- Las características antropométricas, la calidad de vida y el desarrollo social de los mexicanos dependen en gran medida de su forma de alimentación.
3.-La progresión epidemiológica de las actuales principales causas de mortalidad no ha sido modificada por las estrategias sanitarias empleadas hasta el momento.
4.- Las posibilidades de llevar a cabo una prevención efectiva, que permita limitar el aumento de estos problemas de salud pública en nuestro país parece depender, de manera definitiva de la educación nutricional estructurada desde las edades más tempranas de nuestra población.
5. Propuesta de Decreto:
Se reforma el artículo 3° constitucional para quedar como sigue:
Todo individuo tiene derecho a recibir educación del Estado -Federación, estados y municipios- impartirá educación primaria y secundaria, primaria y secundaria son obligatorias.
La educación que imparte el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, dedicando especial interés al aspecto nutricional y fomentará en él a la vez el amor ala patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Se reforma el inciso D de la fracción segunda del artículo 3° constitucional para quedar como sigue:
d).- Fomentará el correcto comportamiento nutricional en el educando dotándolo de la información necesaria para las correctas prácticas alimentarías, establecidas por el progreso científico y las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud relacionadas con la alimentación correcta del ser humano.
Se reforma la fracción tercera del artículo 3° constitucional para quedar como sigue:
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudios de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República. Será obligatorio incluir, en las estructuras curriculares de la educación pre-escolar, primaria, secundaria y de educación superior, la asignatura de Educación Nutricional, considerando, en sus contenidos, las diferentes etapas y sus particulares características de aprendizaje, teniendo, como objetivo final, la mejoría integral de la Nutrición en la República Mexicana.
Será reglamentada la inclusión de mensajes visuales y auditivos que tengan incidencia en aspectos de salud, en México, respetando respetar, tanto los aspectos deontológico así como legales existentes y que tengan que ver con los referidos mensajes, en los diferentes medios comunicación.
Se reforma la fracción XIII del artículo 7° de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7°
Para cumplir cabalmente con la fracción III del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Secretarías del Estado, involucradas en este aspecto educativo, tomarán las medidas para su cumplimiento y promoverán los convenios necesarios con las Entidades Públicas y Privadas relacionadas con esta prioridad de Salud Pública.
Se reforma la fracción VI del artículo 8° de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 8°. Fomentará el correcto comportamiento nutricional en el educando, dotándolo de la información necesaria para las correctas prácticas alimentarias, establecidas por el progreso científico y por las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaria de Salud relacionadas con la correcta alimentación del ser humano.
Sen. Elías Miguel Moreno Brizuela (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Salud y Seguridad
Social
Sen. Miguel Angel Navarro Quintero
Secretario
QUE REFORMA LA DENOMINACION DEL CAPITULO III DEL TITULO DECIMO SEGUNDO, ASI COMO LOS ARTICULOS 219, 220 Y 301; Y ADICIONA LOS ARTICULOS 219 BIS, 220 BIS Y 307 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72, 73 fracción XVI y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60, 64 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:
Exposición de Motivos
En cuestión de pocos años, se ha generado, de manera dinámica, un nuevo mercado de bebidas, para los consumidores mexicanos. Se trata de las llamadas bebidas energéticas o "Energy Drinks". Estas, se parecen a cualquier refresco que conozcamos, ya que comparten como ingredientes básicos el agua carbonatada y el azúcar.
Es en la década de los 80 cuando aparecen en Europa, la mayoría de las marcas relativas a tales bebidas, y las cuales ya encontramos en el mercado mundial, donde existen alrededor de 22 marcas diferentes.
Las bebidas energéticas o energizantes, son sustancias estimulantes que inicialmente fueron utilizadas por deportistas debido a la carga energética que estas generan. Buscaban incrementar la resistencia física, lograr un nivel de concentración mayor, evitar el sueño, proporcionar sensación de bienestar, así como estimular el metabolismo.
El nombre de bebidas energéticas, remite al apodo que se les tenía a las anfetaminas1, la similitud se debe principalmente, al hecho de que estas evitan el sueño y la fatiga, función o efecto principal que proporcionan estas bebidas.
Su principal peculiaridad es incorporar cafeína y vitaminas, así como, en algunos casos, taurina, inositol, minerales, extracto de guaraná y otros componentes. Lo que mas les caracteriza es la aportación de compuestos con efectos a nivel metabólico.
La energía que aportan procede de azúcares sencillos (sacarosa, glucosa o fructosa), que suponen entre el 11% y el 12% de su contenido. Aportan también vitaminas y minerales (electrolitos) en cantidad suficiente para que 100 mililitros cubran y en algunos casos superen, la cantidad diaria recomendada de alguna vitamina, como la B6. En otras vitaminas (C, B2, niacina...), aun siendo menor, la cantidad es muy apreciable.
La cafeína estimula el sistema nervioso central y puede aumentar el rendimiento muscular e incrementar la utilización de los ácidos grasos como fuente de energía, ahorrando glucógeno.
Ello explica que el Comité Olímpico Internacional defina la cafeína como sustancia dopante2. La cafeína se elimina con la orina entre 3 y 6 horas después de haber sido ingerida, y no se acumula en el organismo.
Los expertos fijan el consumo moderado de cafeína en 300 miligramos al día, lo que equivaldría a tres tazas de café. Se admite que cantidades diarias de cafeína inferiores a 200 Mg., puede llegar a ser benéficas para el organismo, ya que induce sensaciones de bienestar y alerta. No obstante, cuando se toma en exceso (mas de 300 Mg.) médicos expertos en la materia, advierten que una sobredosis de cafeína puede producir taquicardia, temblores, insomnio, náuseas, diarrea, alucinaciones y vómito, entre otros síntomas.
Por lo que 150 o 200 Mg. de cafeína diarios, son considerados una cantidad tolerable para el organismo3.
El contenido de cafeína, en estas bebidas alcanza hasta los 340 mg/litro y que duplica, sin duda, al de los refrescos de cola ya que los niveles de las bebidas energizantes resultan equiparables a 2.5 latas de estas bebidas.
Otro componente que encontramos comúnmente en este tipo de bebidas es el guaraná, planta que crece en Venezuela y Brasil. Su componente esencial es la guaranina, sustancia químicamente idéntica a la cafeína. La semilla de guaraná contiene un 5,8% de cafeína (en promedio, el café de la variedad arábica tiene un 1,2% de cafeína4.
También contiene teofilina y teobromina, sustancias de efecto excitante similar al de la cafeína. Estas semillas contienen fibra vegetal, almidón, agua, resina, pectinas, ácido tánico y saponinas. El carácter graso de la semilla del guaraná y sustancias como el ácido tánico o las saponinas hacen que la liberación de la guaranina se haga más lentamente que la de la cafeína.
Otra sustancia es la taurina, un aminoácido esencial condicionado (nuestro organismo es capaz de sintetizarlo, pero puede encontrarse en cantidad insuficiente) que participa en el metabolismo de las grasas facilitando la absorción, transporte y utilización de los ácidos grasos con el fin de obtener energía.
Este tipo de Bebidas están Orientadas a un público básicamente joven (entre 18 y 40 años), descritas por la mercadotecnia como aptas para incrementar la resistencia física, mejorar la concentración, proveer de sensación de bienestar y estimular el metabolismo. Sin embargo hoy en día su consumo no solamente se reduce a mayores de edad, ya que cada vez son mas los consumidores menores de edad los que adquieren estas bebidas y los cuales no tienen un conocimiento pleno de los efectos y alcances de las mismas.
Ultimamente se ha observado su creciente venta en actividades asociadas, al consumo de alcohol. Las bebidas energizantes no son ideales para consumir con alcohol. Los informes médicos reportan que esta practica resulta contraproducente, pues son demasiados estimulantes juntos. La cafeína y el alcohol son diuréticos, por lo que al combinarlos es posible sufrir de deshidratación.
En este sentido, de acuerdo a una investigación realizada (5), la combinación de bebidas energéticas con vodka es peligrosa y potencialmente fatal, ya que al mezclar los estimulantes que contienen estas bebidas, con los elementos depresores del alcohol, pueden ocasionar fallas cardiopulmonares y cardiovasculares.
En ningún caso el uso de estas bebidas cafeinadas con alcohol, disminuyen sus efectos y, al contrario de lo que muchos piensan, una taza de café no contribuye a permanecer sobrio.
En cuanto a su consumo se calcula que tan solo en los Estados Unidos en el año 2001, las consumieron un total de 7.5 millones de personas. En México, estudios de la facultad de medicina de la UNAM, indican que un 60 % de los alumnos en este país hacen uso de estas.
En México, al no haber una normatividad al especifico para este tipo de productos se incurre en una cierta discrecionalidad al momento de su comercialización y consumo. Por lo que se debe especificar para su comercialización y venta, de forma clara, visible y destacada que estas son Bebidas cafeinadas ya que, estimulan el sistema nervioso central por la acción de la cafeína.
En otras partes del mundo al existir una normatividad mas especifica sobre este tipo de bebidas, advierten que no son recomendables para menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes y gente sensible a la cafeína. Por ejemplo Red Bull en Chile informa "No recomendada para diabéticos o personas sensibles a la cafeína" advertencia que en nuestro país no se hace.
Estás bebidas pueden provocar cambios metabólicos ocasionales que alteran la utilización de las reservas de energía de nuestro organismo, aumentando el empleo de las grasas y ahorrando glucógeno (forma de almacenar los hidratos de carbono); además del efecto estimulante de la cafeína.
El consumidor no debe ingerir despreocupadamente estos productos, especialmente si se trata de personas con sensibilidad a la cafeína o que sufran problemas de hipertensión o problemas cardíacos.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente
Decreto por el que se reforman la denominación del Capitulo III del Titulo Décimo Segundo, así como los artículos 219, 220 y 301, y se adicionan los artículos 219-Bis, 220-Bis y 307-Bis todos a la Ley General de Salud.
Artículo Unico.- Se reforman la denominación del Capitulo III del Titulo Décimo Segundo, así como los artículos 219, 220 y 301, y se adicionan los artículos 219-Bis, 220-Bis y 307-Bis todos a la Ley General de Salud para quedar como sigue:
CAPITULO III
Bebidas alcohólicas o cafeinadas
Artículo 217
...
Artículo 218
...
Artículo 219
Para los efectos de esta Ley, se consideran bebidas cafeinadas aquellas que contengan cafeína en una proporción mayor de 150 miligramos por litro.
Artículo 219-bis
Toda bebida cafeinada, deberá ostentar en los envases:
II. La leyenda "Bebida Cafeinada" en forma clara visible y destacada, y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal, y
III. La leyenda "Estimulante del sistema nervioso central", en forma clara visible y destacada, y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.
Artículo 220
En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas o cafeinadas a menores de edad.
Artículo 220-Bis
En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender en locales para consumo, bebidas alcohólicas y bebidas cafeinadas de manera conjunta.
TITULO DECIMOTERCERO
Publicidad
CAPITULO UNICO
Artículo 300
...
Artículo 301
Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, bebidas cafeinadas y el tabaco, así como los productos y servicios que, se determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad.
Artículo 307-Bis
Tratándose de publicidad de bebidas cafeinadas deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
II. No deberá atribuirse a éstas un valor superior o distinto al que tengan en realidad.
III. No deberá presentarlas como productores de bienestar o salud;
IV. No se podrá asociar a estos productos con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, o hacer exaltación de prestigio social, virilidad o femineidad;
V. No se podrán asociar estos productos con actividades creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, ni emplear imperativos que induzcan directamente a su consumo;
VI. No se podrá incluir, en imágenes o sonidos, la participación de niños o adolescentes ni dirigirse a ellos;
VII. En el mensaje, no podrán ingerirse o consumirse real o aparentemente los productos de que se trata.
VIII. En el mensaje no podrán participar personas menores de 18 años;
IX. En el mensaje deberán apreciarse fácilmente, en forma visual o auditiva, según el medio publicitario que se emplee, las leyendas a que se refiere el artículo 219-Bis de esta Ley.
Las disposiciones reglamentarias señalarán los requisitos a que se sujetará el otorgamiento de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.
...
Dado en el salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de febrero de 2004.
Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica)
Notas:
1 Droga de uso habitual durante los años 60 y
70. Algunos de sus efectos son la inhibición del sueño y
del cansancio.
2 En concentraciones mayores a 12 microgramos por milímetro
en pruebas de orina. Olympic movement anti-doping code. Appendix A.
3 Revista del consumidor. España. www.consumer.es
4 Diario del Consumidor. España, 2003. www.consumer.es
5 Universidad Ball State en Muncie, Indiana, Estados
Unidos.
México, DF, a 16 de enero de 2004.
C. Senador Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 13 de junio de 2003, en el cual se establece la obligación para esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar en el Diario Oficial de la Federación la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, envío a usted el "acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de diciembre de 2003".
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. José Francisco Gil Díaz (rúbrica)
DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE MEXICO, SOBRE LA POLITICA MONETARIA QUE LA INSTITUCION SE HA PROPUESTO SEGUIR EN EL EJERCICIO 2004, ASI COMO EL INFORME SOBRE LA INFLACION OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2003
México, DF, a 27 de enero de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco de México, envío a esa H. Comisión la exposición sobre la política monetaria que la institución se ha propuesto seguir en el ejercicio 2004, así como el informe sobre la inflación octubre-diciembre de 2003.
Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda, en los términos establecidos en los ordenamientos aplicables.
Atentamente
Guillermo Ortiz (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE EL INFORME DE EVALUACION A LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL INCISO A) DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 54 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004
México, DF, a 27 de enero de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Se recibió en esta Secretaría el oficio número STPCE/055/2004, de fecha 26 del actual, signado por el C. licenciado Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, en el que solicita que, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, se hagan llegar las evaluaciones de los programas a cargo de la Secretaría de Economía que se establecen en el anexo 13 del citado Presupuesto de Egresos.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como los anexos que en él se mencionan, para los fines procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 26 de enero de 2004.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Con fundamento en la fracción X del artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, le solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de que se envíe a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, el informe de evaluación relativo al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2003 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y los objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía señalados en el anexo 13 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2003. Los fondos y programas son éstos:
Lo anterior, toda vez que, de conformidad con el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes de la Unión.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente.
Lic. Adalberto Núñez Ramos (rúbrica)
Secretario Técnico de Planeación, Comunicación
y Enlace
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE LA PROPUESTA DEL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA LA RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO HECTOR OCTAVIO SALDAÑA HERNANDEZ COMO MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
México, DF, a 27 de enero de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Con fundamento en el artículo 27, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos proponer los nombramientos de magistrados del Tribunal.
Por lo anterior agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de esa Comisión Permanente la propuesta de ratificación del nombramiento del C. licenciado Héctor Octavio Saldaña Hernández como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Lo hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, adjuntando al presente el original de la propuesta, suscrita por el C. Presidente de la República, y los datos curriculares del interesado.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE COMUNICA QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DESIGNO AL CIUDADANO JUAN MAURICIO TOUSSAINT RIBOT COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MEXICO EN LA REPUBLICA PORTUGUESA
México, DF, a 2 de febrero de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Para conocimiento de la honorable Comisión Permanente, me permito enviar nombramiento expedido en favor del C. Juan Mauricio Toussaint Ribot como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Portuguesa.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Lic. Arturo Garita (rúbrica)
Secretario General
México, DF, a 17 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el 10 del mes en curso, manifestando lo siguiente:
"En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Juan Mauricio Toussaint Ribot embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Portuguesa.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación del H. Senado de la República al nombramiento del C. Toussaint Ribot. Con ese fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."
Lo transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en él se menciona.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL CIUDADANO LICENCIADO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION DE LA ORDEN PEDRO JOAQUIN CHAMORRO, EN GRADO DE GRAN COLLAR, QUE LE CONFIERE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
México, DF, a 3 de febrero de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integre en su expediente, copia simple de la comunicación oficial de la citada Asamblea, que expresa el deseo de conferir la condecoración de referencia.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL CIUDADANO CARLOS MEJIA TEJEDA PUEDA ACEPTAR Y USAR LA MEDALLA AL MERITO DE LA GUARDIA COSTERA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
México, DF, a 21 de enero de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Capitán de Navío CG. DEM. Carlos Mejía Tejeda, pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS MIGUEL ALFREDO DUTTON DELORME Y MARIO DE LA O ALMAZAN PUEDAN DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 22 de enero de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Miguel Alfredo Dutton Delorme, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.
Por lo anterior me permito anexar, originales de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso, copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de la carta de vecindad, de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Belice.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 22 de enero de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Mario de la O Almazán, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.
Por lo anterior me permito anexar, originales de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad; copias certificadas del acta de nacimiento y del pasaporte; así como copias simples de su currículum vitae y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Filipinas.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, QUINCE CON LOS QUE REMITE HOJAS DE SERVICIO DE MIEMBROS DEL EJERCITO MEXICANO PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación enviando las hojas de servicio de los ciudadanos
Por lo anterior, acompaño al presente las hojas de servicio de los citados militares, con carácter devolutivo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Honorable Asamblea
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Licenciados Fernando de Jesús Canales Clariond, Carlos Eduardo Represas de Almeida y Manuel González Bautista, puedan aceptar y usar las Condecoraciones que en diferentes grados les confieren los Gobiernos del Japón y de la República de Chile, y el Ministerio de Defensa de España, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la Fracción III, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y el Artículo 60, Segundo Párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Licenciado Fernando de Jesús Canales Clariond, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, en grado de Gran Cordón, que le confiere el Gobierno del Japón.
ARTICULO SEGUNDO.-Se concede permiso al ciudadano Licenciado Carlos Eduardo Represas de Almeida, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Bernardo O?Higgins, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.
ARTICULO TERCERO.-Se concede permiso al ciudadano Licenciado Manuel González Bautista, para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, que le confiere el Ministerio de Defensa de España.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 3 de febrero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica);
Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica);
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica);
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo
Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González
(rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica);
Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles;
Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González;
Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael
Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip.
Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).
DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO SERGIO ARTURO HERNANDEZ SALCEDO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO DE FRANCIA EN OAXACA, OAXACA
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnada la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Sergio Arturo Hernández Salcedo, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en Oaxaca, Oaxaca, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción IV, del apartado c), del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO.-Se concede permiso al ciudadano Sergio Arturo Hernández Salcedo, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en Oaxaca, Oaxaca, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 3 de febrero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica);
Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica);
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica);
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo
Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González
(rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica);
Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles;
Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González;
Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael
Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip.
Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).
DE LA SEGUNDA COMISION, QUINCE CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE RATIFICAN GRADOS MILITARES A CIUDADANOS
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano Teniente Coronel Cirujano Dentista Roberto Martínez Badillo, como Coronel Cirujano Dentista, que el Ejecutivo de la Unión, envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, ha prestado sus servicios a la Nación Mexicana durante 29 años, 3 meses y 2 días, con antigüedad en el empleo anterior de 9 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel Cirujano Dentista, que el titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió en favor del ciudadano Roberto Martínez Badillo.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 14 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David
Hernández Pérez; Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot
Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan
José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring
Casar (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica);
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo;
Sen. Jorge Emilio González Martínez.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano Guillermo Jesús Grijalva Larrañaga como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos ha prestado sus servicios a la Nación Mexicana durante 33 años, 3 meses y 2 días, con antigüedad en el empleo anterior de 14 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª. Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
UNICO: Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano Guillermo Jesús Grijalva Larrañaga.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 14 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David
Hernández Pérez; Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot
Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan
José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring
Casar (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica);
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo;
Sen. Jorge Emilio González Martínez.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano Justino Nicolás Célis García, como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejercito y Fuerza Aérea mexicanos ha prestado sus servicios a la Nación Mexicana durante 30 años, 3 meses y 2 días, con antigüedad en el empleo anterior de 11 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª. Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
UNICO: Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano Justino Nicolás Célis García.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 14 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David
Hernández Pérez; Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot
Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan
José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring
Casar (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica);
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo;
Sen. Jorge Emilio González Martínez.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel Ingeniero Industrial Abel Llamas Zamorano como Coronel Ingeniero Industrial, que el Ejecutivo de la Unión, envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, ha prestado sus servicios a la Nación Mexicana durante 34 años, 2 meses y 9 días, con antigüedad en el empleo anterior de 10 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Industrial, que el titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano Abel Llamas Zamorano.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 14 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David
Hernández Pérez; Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot
Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan
José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring
Casar (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica);
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo;
Sen. Jorge Emilio González Martínez.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero Industrial, Marco Antonio Sánchez Romero, como Coronel Ingeniero Industrial, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1977, fue ascendido como Subteniente de Artillería, por acuerdo del Secretario del Ramo, el 1o. de septiembre de 1981;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos ha prestado sus servicios a la Nación Mexicana durante 26 años, 3 meses y 1 día, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2ª. Clase por 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Industrial, que el titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano Marco Antonio Sánchez Romero.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 14 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta
(rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica);
Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro
Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David
Hernández Pérez; Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot
Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan
José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring
Casar (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica);
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo;
Sen. Jorge Emilio González Martínez.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo José Luis Irineo Saldívar, como General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 2 meses y 28 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase y la "Especial", correspondiente a 35 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano José Luis Irineo Saldívar.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo José Manuel Angulo García, como General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 2 meses y 28 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial correspondiente a 35 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano José Manuel Angulo García.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Gerardo Rubén Serrano Herrera, como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 0 meses y 11 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase y la "Especial" por 35 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
"Unico. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Gerardo Rubén Serrano Herrera."
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Noé Sandoval Alcázar, como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 0 meses y 11 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Noé Sandoval Alcázar.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Harold Henry Rabling Torres, como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 38 años, 10 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase, y la "Especial", correspondiente a 35 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Harold Henry Rabling Torres.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Angel Leónidas Wade Trujillo, como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 40 años, 10 meses y 5 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Extraordinaria correspondiente a 40 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Angel Leónidas Wade Trujillo.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Carlos Valle Mosqueda, como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 42 años, 10 meses y 7 días, con antigüedad en el empleo anterior de 9 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase y la "Extraordinaria" por 40 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
"Unico. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Carlos Valle Mosqueda."
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Néstor Mayrén Solano, como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 37 años, 9 meses y 28 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Néstor Mayrén Solano.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Amado Onésimo Flores Morales, como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 0 meses y 12 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial correspondiente a 35 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Amado Onésimo Flores Morales.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Guillermo Esteban Virgen, como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 9 meses y 28 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase, correspondiente a 35 años de servicio ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Guillermo Esteban Virgen.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2004.
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos
Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip.
Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández
Pérez, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez
Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica),
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio
Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Sen. Rafael Melgoza Radillo.
DEL GRUPO PLURAL DE LEGISLADORES DE LA COMISION PERMANENTE SOBRE EL CONFLICTO EN TLALNEPANTLA, MORELOS
Introducción
El grupo plural de legisladores, nombrado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en su sesión del 21 de enero para investigar los hechos ocurridos en Tlalnepantla, Morelos, reunió toda la información disponible sobre los antecedentes, actores principales y contexto: revisó las notas periodísticas, la documentación oficial y no oficial sobre el tema; se entrevistó con legisladores locales, funcionarios del gobierno estatal, el secretario de Gobernación y líderes sociales involucrados, observó los videos remitidos por el Congreso local y el gobierno del estado y realizó un recorrido por la cabecera municipal con la finalidad de elaborar un informe que permita tener elementos objetivos para analizar en su contexto la preocupante polarización social, agudizada por un conflicto postelectoral de carácter político.
El grupo, integrado por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda del PRI; el senador Marco Antonio Adame Castillo del PAN; los diputados Dolores Padierna del PRD; Luis Antonio González Roldán del PVEM; Pedro Vázquez González del PT y Luis Maldonado Venegas de Convergencia, recogió testimonios que sitúan los antecedentes del conflicto en la elección municipal del 6 de julio.
El resultado electoral de la elección dio el triunfo al candidato del PRI, C. Elías Osorio Torres, 405 votos; el PAN obtuvo 402 votos; el PVEM, 397; el candidato C. Conrado Pacheco, elegido por "Usos y Costumbres" indígenas en marzo pasado, y quien contendió por el Partido Fuerza Ciudadana, obtuvo 340 votos y el PRD, 272 votos, de un padrón electoral conformado por 3,490 ciudadanos. (Instituto Electoral de Morelos)
El informe sobre lo ocurrido en Tlalnepantla, Morelos, que ha llevado a la ruptura del tejido social, integra un diagnóstico sobre su realidad socioeconómica y política; recoge las diferentes versiones de los hechos, sustentadas con documentos o testimonios; señala las contradicciones de los diferentes actores en conflicto, la participación de grupos externos a la comunidad y describe la actuación de las autoridades (Gobierno de Morelos, Congreso local, Tribunal Estatal Electoral y Gobierno Federal) a partir de 3 ejes:
Tlalnepantla es un municipio mayoritariamente campesino, ubicado en el noreste de Morelos. Con una presencia indígena de alrededor del 10% de su población, tiene alrededor de 6 mil habitantes, de los cuales el 90% se dedica al cultivo del nopal. Está considerado por la Sedesol como uno de los tres municipios de la entidad que padece de pobreza extrema, con altos índices de analfabetismo y deserción escolar y está conformado por cinco barrios, que mantienen su herencia cultural precolombina y sus valores comunitarios.1
Este municipio cuenta con recursos forestales que ocupan el 61% de su superficie los cuales no han sido explotados ante la mejor opción económica que le representa la siembra de nopal, actividad que, sin embargo, no ha contribuido a una mejor distribución de la riqueza. Según datos proporcionados por el gobierno del estado, el 58.27% de la población económicamente activa percibe ingresos menores a un salario mínimo regional; el 32.16% de una a tres veces éste y el restante no está especificado.
Situado a 50 kilómetros del Distrito Federal, Tlalnepantla ha convivido de manera pacífica con sus vecinos de Tlayacapan, Totolapan, Tepoztlán y Milpa Alta, y preserva su identidad campesina con la práctica de usos y costumbres que incluyen la elección de sus autoridades locales.
Hasta el año 2000 así había sido en Tlalnepantla. Históricamente la designación del candidato a Presidente Municipal se realizaba a través de una asamblea general por el método de elección abierta. El ciudadano electo era registrado como candidato del PRI de común acuerdo con este partido.
El escenario cambió en el 2003. El 11 de abril se realizó la asamblea general para designar candidato, con la participación de aproximadamente 600 ciudadanos del municipio. Para esta fecha al menos cinco partidos políticos ya habían llevado a cabo sus procesos internos para la designación de candidatos. Conrado Pacheco, quien resultó electo por "Usos y Costumbres" se registró bajo las siglas de Fuerza Ciudadana.
Evolución del conflicto
En este informe son varias las fechas importantes que evidencian el desarrollo de los acontecimientos; sin embargo, hay dos sucesos que determinan la polarización social en Tlalnepantla:
2) La incursión de la fuerza pública en el municipio, en las primeras horas del 14 de enero, el cual dejó como resultado un muerto, varios heridos y el desplazamiento de familias enteras a las comunidades vecinas.
30 de marzo.- Conrado Pacheco es electo por una asamblea candidato a presidente municipal, mediante la práctica de "Usos y Costumbres".
Todos sus simpatizantes esperaban su participación en los comicios bajo el registro del PRI, como tradicionalmente se había hecho en anteriores procesos electorales. Sin embargo Conrado Pacheco se registra bajo otras siglas.
6 de julio.- Se realiza la elección municipal con los resultados ya descritos.
13 de julio.- El Instituto Estatal Electoral de Morelos da constancia de mayoría a Elías Osorio como presidente municipal electo. El tribunal desecha el recurso de apelación presentado por el PAN y legitima la elección semanas más tarde.
19 de octubre.- Se realiza una asamblea en la cual se rechaza a Elías Osorio Torres como presidente municipal, atribuyéndole incumplimiento y malos manejos en su gestión anterior. (1994-1997)
1 de noviembre.- Elías Osorio, el candidato ganador de la elección toma protesta de su cargo en la calle, ante la ocupación del palacio municipal por el grupo inconforme.
3 de noviembre.- Alrededor de 800 personas, que dicen ser de Tlalnepantla se manifiestan en la Cámara de Diputados de Morelos. Se entrevistan con la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado Javier López Sánchez y gestionan que los reciba el subsecretario de Gobierno Germán Castañón Galaviz. Plantean su inconformidad y acuerdan con diputados y el representante del ejecutivo que los primeros revisarán la documentación que solicita la destitución de Elías Osorio y el gobierno estatal no dará recursos económicos al ayuntamiento mientras no se resuelva su situación jurídica.
13 de noviembre.- El grupo opositor a Elías Osorio solicita al gobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal, la desaparición y/o la suspensión definitiva del ayuntamiento de Tlalnepantla, invocando el artículo 41 de la constitución local, que establece como una de sus causales el hecho de que éste se encuentre "imposibilitado" para el ejercicio de sus funciones.
26 de noviembre.- El grupo opositor, conformado por alrededor de 600 personas marcha a Cuernavaca para exigir al Ejecutivo estatal la desaparición de poderes en el municipio. Nadie los recibe en el Palacio de Gobierno y deciden bloquear la Autopista del Sol, a la altura del poblado de Chamilpa por aproximadamente 50 minutos. En respuesta el gobierno de Morelos ordena un operativo policíaco donde es evidente el exceso de la fuerza pública. La inconformidad se extiende y el grupo disidente comienza a recibir apoyos externos manifiestos.
27 de noviembre.- Una comisión se reúne con diputados del Congreso local y el subsecretario de Gobierno Germán Castañón, sin llegar a ningún acuerdo político:
17 de diciembre a 7 de enero.- Se instalan en la ciudad de Cuautla, Morelos, cuatro mesas de concertación política entre las autoridades estatales y los grupos en pugna sin que se llegue a ningún acuerdo. Participan el subsecretario de gobierno Germán Castañón Galaviz, Elías Osorio y los diputados locales Cecilio Xoxocotla, del PRI; Anacleto Pedraza del PRD y Eleuterio Santibáñez del PAN, así como el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Coronato. En la reunión del 7 de enero participa también Conrado Pacheco.
8 de enero.- El presidente municipal solicita a la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos el ingreso de la fuerza pública para sacar a los grupos externos que intervienen en el conflicto. Continúa el patrullaje policíaco en los caminos de acceso a la población.
11 de enero.- El grupo opositor a Elías Osorio declara a Tlalnepantla como municipio autónomo y organiza comisiones para prestar los servicios básicos a la población.
13 de enero.- Los integrantes del Concejo Popular Autónomo, integrado por representantes de los cinco pueblos y dos comunidades de Tlalnepantla proponen la realización de una elección extraordinaria si se declara la desaparición de poderes en el municipio. Hay rumores sobre el ingreso de la fuerza pública y se colocan barricadas a la entrada de la cabecera municipal. Cerca de la medianoche el grupo afín al presidente municipal intenta recuperar la alcaldía.
14 de enero.- En las primeras horas de este día se registra un enfrentamiento entre los dos grupos y Elías Osorio solicita el ingreso de la policía al pueblo. En ese operativo muere el campesino Gregorio Sánchez Mercado; hay varios heridos y decenas de personas aprehendidas. Se reportan cateos en las casas de los señalados como sospechosos de pertenecer al grupo disidente y familias completas se desplazan hacia las comunidades vecinas.
15 de enero.- Diputados integrantes de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PVEM y Convergencia solicitan al diputado Rodolfo Becerril Straffon, presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos la desaparición de poderes en el ayuntamiento de Tlalnepantla.
Actores principales
El Congreso de Morelos.- Gestiona un encuentro de los grupos en pugna con autoridades del gobierno estatal. Son diferentes las posturas de los legisladores en torno al uso de la fuerza pública el 26 de noviembre y, mientras el PAN reconoce el uso de la fuerza pública para restablecer el orden; los demás partidos condenan el hecho. Asimismo, ante el ingreso de la policía a Tlalnepantla, en la madrugada del 14 de enero, y la polarización del conflicto, solicita la "desaparición de poderes" en el ayuntamiento y nombra una comisión plural de legisladores integrada por los diputados Luis Angel Cisneros Ortiz del PAN, Cecilio Xoxocotla Cortés del PRI; Anacleto Pedroza Flores del PRD; Rosalío González Nájera del PVEM y Kenia Lugo Delgado de Convergencia para investigar lo sucedido y deslindar responsabilidades.
En su informe al Congreso de Morelos este grupo entrega la minuta de un recorrido por la cabecera municipal en el cual la población entrevistada pide que no se permita más el arribo de personas ajenas al municipio, provenientes, según ella, de la delegación Milpa Alta; el pueblo de San Salvador Atenco, municipio de Texcoco, estado de México; así como activistas del conflicto sobre el Casino de la Selva en Cuernavaca; y del Consejo General de Huelga (CGH) de la UNAM.
También solicitan que continúe la presencia policíaca para seguridad de la población.
El gobierno del estado de Morelos.- El 3 de noviembre se entrevista por primera vez con el grupo de Conrado Pacheco, a quien le ofrece no entregar recursos económicos al ayuntamiento hasta no definirse su situación jurídica. Envía a la fuerza pública a desalojar la Autopista del Sol el 26 de noviembre y promueve la primera mesa de concertación política con los grupos antagónicos el 17 de diciembre. Ante la falta de acuerdos en las mesas de diálogo, ordena un patrullaje preventivo y, en las primeras horas del día 14, ordena el ingreso de la policía al pueblo, ante las llamadas de auxilio del presidente municipal, para restablecer el orden y frenar el enfrentamiento armado entre los dos grupos.
El Tribunal Estatal Electoral.- Desecha los recursos jurídicos interpuestos por el PAN, valida la elección constitucional del 6 de julio y otorga constancia de mayoría al candidato del PRI, Elías Osorio Torres.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos.- Promueve la realización de cuatro mesas de diálogo entre las partes y envía a un visitador al municipio para que recabe denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.
Testimoniales
En cumplimiento del mandato dado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el grupo plural de legisladores, designado para recabar información sobre lo ocurrido en Tlalnepantla, Morelos se entrevistó con legisladores locales y funcionarios del gobierno estatal en Cuernavaca el 27 de enero. El día 28 los legisladores recibieron, en las instalaciones de la Cámara de Diputados en San Lázaro, a un grupo de desplazados del municipio, acreditados como opositores al presidente municipal. El 29 visitó en Tlayacapan a otro grupo, alojado en la casa del diputado perredista Anacleto Pedroza y, en su recorrido por Tlalnepantla, recogió los testimonios de vecinos del lugar; de la directora de la escuela primaria, la doctora encargada del Centro de Salud, el director de la secundaria local y la madre del campesino muerto Gregorio Sánchez Mercado.
En ese orden se presentan algunos testimoniales que refieren la versión particular del conflicto y/o evidencian las contradicciones sobre lo sucedido en Tlalnepantla, sobre todo en las primeras horas del día 14 cuando la policía entró al pueblo.
Entrevista con Legisladores locales
En la reunión, a la cual acudieron los coordinadores de las fracciones parlamentarias de todos los partidos representados en el Congreso del estado sobresalen los siguientes testimonios:
Luis Angel Cisneros Ortiz, diputado del PAN, integrante de la comisión especial nombrada por el Congreso local para investigar los hechos en Tlalnepantla: "La información disponible que tiene esta Comisión es que es un conflicto entre dos grupos, no entre partidos. La cronología de los hechos permite afirmar que hubo intervención de grupos ajenos".
Javier Estrada González del PVEM: "Nosotros no estamos contra la elección sino contra el candidato. Los policías anteriores nunca entregaron las armas. El grupo opositor a Elías Osorio ha tenido el respaldo político y la asesoría técnica de diputados del PRD. El gobierno del estado no fue pronto para atender el conflicto y éste se le salió de control".
Guillermo López Ruvalcaba, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de Morelos: "Tlalnepantla es la historia de un problema que no se atiende y se hace grande. Lo usual era elegir al candidato a la presidencia municipal por usos y costumbres, pero por alguna razón el anterior presidente municipal jugó para que saliera Conrado y no Elías Osorio, quien tiene antecedentes y se desaparece del pueblo por varios años. Es un conflicto dentro de la comunidad, no entre los partidos. El Tribunal desecha los recursos interpuestos por el PAN y Elías recibe su constancia de mayoría. El 5 de noviembre el grupo opositor toma por asalto al Congreso y obtiene el compromiso de que se abordará el conflicto; sin embargo el día 13 el Congreso le da con la puerta en las narices. El gobierno interviene hasta que toman el Congreso. Nosotros acordamos que se respetara el proceso electoral. El 26 de noviembre la manifestación llega a Cuernavaca y nadie los recibe. Yo hablé tres veces con el subsecretario de Gobierno, pero ellos están en un evento político social al norte. El grupo decide bloquear la carretera y después de una hora los agarran a palazos. La orden de reprimirlos fue con la carretera ya desalojada. Los 59 detenidos fueron liberados, pero no había condiciones de gobernabilidad y, el 27 de noviembre el PAN, PRD, PVEM y Convergencia tomamos un punto de acuerdo para solicitar la desaparición de poderes, dado que se cumplía con uno de los requisitos de que no había condiciones de gobernabilidad. Del 26 de noviembre al 16 de diciembre el Gobierno del estado no contesta las cartas ni dialoga con los opositores. El 15 de diciembre decenas de patrullas en la noche se instalan en las afueras y un helicóptero sobrevuela el poblado. 45 días después de iniciado el conflicto se inició la mesa de diálogo. En la tarde noche del 13 de enero la policía sí entró armada al pueblo y disparando. La plaza estaba vacía, hubo varios detenidos y, al otro día el inventario de armas que se reportó fue de un rifle de diábolos, un tanque de gas y 2 piedras.
"El presidente municipal niega que el pidió la intervención de la fuerza pública que afirma que si los del pueblo corrieron es porque algo deben. Rafael Martínez, funcionario del gobierno ha dicho que, o se salen o les avienta las órdenes de aprehensión. Nunca se planteó la mesa de diálogo. El pueblo ha tenido 400 o 500 policías. Los grupos ajenos no son el factor decisivo. La gente está asustada. La gente quiere declarar, pero no hay condiciones. Los reporteros desmienten la versión de la policía. Dicen que ésta entró echando balazos. Al PRD no le interesa tener la alcaldía, pero no iba a quedar cruzado de brazos ante la falta de operatividad del gobierno del estado. El problema con el gobierno es que no sabe qué está pasando y actuó sin información".
Juan Salgado Brito, diputado del PRI: "Después de lo sucedido el 26 de noviembre el PRI reprobó el uso de la fuerza pública para dirimir un conflicto político y social. Condenó la brutalidad con que se condujo la policía. La operación política tardía sugiere la conveniencia y urgencia de investigar para el deslinde de responsabilidades.
"¿Qué falló en Tlalnepantla? En la actividad política los instrumentos son la información y la inteligencia para atender los conflictos. Hubo en ese municipio una violación de garantías constitucionales que mandan a la fuerza pública no atropellar los derechos de los ciudadanos.
"Una investigación pertinente sobre los hechos debe responder las siguientes preguntas:
- ¿Existe una averiguación previa que haya motivado a la fuerza pública para intervenir en Tlalnepantla?
- ¿Qué, cómo y porqué se manipuló la escena del crimen.
"Necesitamos contar con la información de las fuerzas de seguridad pública sobre las armas que llevaban; saber dónde están las armas y manuales para sostener que era un centro de entrenamiento guerrillero, porque hay contradicciones entre lo expresado por el gobernador y el jefe de la seguridad pública. Necesitamos que presenten la bitácora electrónica de la policía ministerial para ver que instrucciones se giraron.
"Necesitamos recuperar la fuerza institucional del Congreso del estado y la confianza en el gobierno, que está conformado por tres poderes".
Javier López Sánchez, diputado del PAN: "Las fracciones parlamentarias tomamos, por unanimidad un punto de acuerdo que celebra la presencia de este grupo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para ayudar a resolver el conflicto. Durante casi tres meses las partes en conflicto se comunican vía periódicos. El 13 de enero por la tarde el presidente municipal Elías Osorio y la diputada Maricela Sánchez, del PRI reúnen cerca de mil personas en la parte alejada del pueblo y Osorio anuncia por la radio que, acompañado de sus seguidores "iría a sacar de la greña a sus opositores". La fuerza pública entra al pueblo no para darle posesión a Osorio, sino para atender el enfrentamiento y a solicitud expresa del presidente municipal para restablecer el orden".
Jaime Alvarez Cisneros, diputado de Convergencia Democrática: "Todos hemos sido actores activos en este conflicto. Ha sido factor de polarización la actuación de algunos legisladores como los diputados Anacleto Pedroza y Fidel Demédicis del PRD".
Rosalío González Nájera, diputado del PVEM: "Pedimos la separación del compañero Anacleto Pedroza de la Comisión porque él participó activamente".
Cecilio Xoxocotla, diputado del PRI: "Falta información del gobierno para esclarecer los hechos. En los videos que hemos visto hay cortes, ruidos, palabras que no se entienden. Las dos de la mañana es clave para saber qué pasó".
Javier Estrada González, diputado del PVEM: "Fuera los partidismos. Nos interesa la gobernabilidad. Hasta que los actores políticos no saquen las manos esto va a continuar".
Reunión con funcionarios del Gobierno de Morelos
Los legisladores nombrados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para recabar información sobre los hechos en Tlalnepantla recogieron también las versiones de los funcionarios del gobierno de Morelos: el secretario y el subsecretario de Gobierno, el procurador de Justicia, el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la Policía Ministerial. Estos son sus testimonios:
Eduardo Becerra Acosta, secretario de Gobierno: "Esto nace de un conflicto postelectoral. Hicimos varios intentos de negociar y buscamos que el presidente municipal cediera algunos espacios. Azuzados por líderes campesinos toman la carretera. Los desalojamos. Hay detenidos y el gobierno no presenta los cargos. La mesa empieza a tener avances y, ya con la presencia del Mosh (dirigente del CGH de la UNAM) y gente de Salvador Atenco, con más presión y apoyo, el grupo de Conrado rompe la mesa de diálogo.
"Emplazamos para una semana después y el 11 de enero hacen su manifiesto de municipio libre. El gobierno declara que la última instancia jurídica es la desaparición de poderes.
"Hay presencia de organismos ajenos al municipio y amenazas al interior de la población, cuya mayoría no participa porque están temerosos y amenazados.
"Utilizando una asamblea en la que se multa con $200 a quien no asiste, con un máximo de 60 votos se elige a Conrado en marzo pasado y él decide no contender por el PRI.
"El presidente municipal presta los servicios desde una sede alterna. Reunido en el campo de futbol, alrededor de las cinco de la tarde del 13 decide tomar pacíficamente las instalaciones. Al interior del palacio municipal hay armas. Dimos instrucciones al secretario de seguridad pública que subiera una fuerza de seguridad importante. Fue precisa la instrucción de que entraran pacíficamente. Los grupos estaban enfrentados en la presidencia municipal y di órdenes de que se acercaran sin armas. Al poco tiempo el secretario de seguridad pública me habló diciendo que se escuchaban detonaciones de armas, que aparentemente había enfrentamiento de los grupos. Decidí que entrara la policía porque las cosas se estaban poniendo feas.
"Después me avisan que estaban siendo emboscados y que van a replegarse para no responder al fuego. Les pido que busquen una parte por donde entrar. La comunicación la mantenemos por una hora y media. Les pido que se replieguen, que no confronten, y me reportan que también les estaban disparando desde el otro lado. Cuando la policía llega a la plaza no hay nadie. La gente corre a resguardarse. Se junta el grupo del presidente municipal y toman la alcaldía. Hay bombas molotov tiradas. Hay reporte de 3 policías heridos y no había a la vista nadie malherido o que hubiera fallecido.
"No hubo cateos en Tlalnepantla. Las personas detenidas fueron señaladas por la gente. Hubo flagrancia. Somos respetuosos de los derechos humanos y constitucionales. La participación de grupos ajenos, que quieren ganar visibilidad nacional son los que enturbian e impiden llegar a acuerdos. No entramos a desalojar el palacio. No entramos disparando. La instrucción fue precisa. El grupo especial tenía rifles de alto poder que no son disparados cuando son emboscados. La policía tiene la obligación de preservar la vida de la gente y su propia vida. El juez encuentra que los delitos son fundados y no tenemos un poder judicial a modo al que podamos instruir sobre la disminución de las fianzas".
Germán Castañón, subsecretario de Gobierno: "Antes de la instalación formal de la mesa de diálogo hubo acercamientos con ambas partes. Tuvimos 4 encuentros en Cuautla y en el primero se tomaron varios acuerdos:
"Los habitantes se comprometían a liberar los caminos y el Ejecutivo se comprometía a no girar órdenes de aprehensión contra el grupo opositor. Las partes se comprometían a conducirse con respeto. En la segunda sesión, el 22 de diciembre, ambas partes hacen propuestas y el grupo opositor nunca tiene planteamientos distintos a la salida de Elías Osorio. La otra parte ofrecía una especie de cogobierno. El grupo de Conrado nos solicitaba una postura del gobierno y, dada la naturaleza del conflicto, no era pertinente que el gobierno fijara una posición que tensara más las cosas.
"Desde el 7 de enero el grupo opositor estaba violentando los acuerdos y bloqueando los accesos a la comunidad y el 9 de enero, -después de 3 horas de plática-, el grupo opositor da lectura a una acta donde señala que abandona la mesa de diálogo. Les pedimos que reconsideren y no se comprometen a nada. Para entonces ya hay gente de la Unión Popular Francisco Villa y de San Salvador Atenco. Los citamos para el 14 de enero, pero este encuentro ya no se da".
Eduardo Becerra Acosta, secretario de Gobierno: "El 80% de la población está al interior del municipio y se encuentra trabajando, se reactiva la cosecha de nopal, que en estos momentos cuesta de $2,000 a $800 la tonelada. Hay una asistencia del 50% en las escuelas. La población está muy amedrentada y nos pide que no salga la policía. Están amenazados de que si no apoyan entran grupos ajenos a la población. Hay alrededor de 200 desplazados. Los servicios básicos los está dando la presidencia municipal y, con apoyo del gobierno del estado, les entregamos despensas, cobertores, láminas de cartón; están entrando las brigadas de salud y el DIF mandó sicólogos a las escuelas para que atiendan a los niños afectados por el enfrentamiento. Buscamos cerrar heridas sociales".
Guillermo Adolfo Avila Terán, procurador de Justicia de Morelos: "No podemos prejuzgar si no tenemos los elementos. Ante la solicitud de dictámenes periciales de las diligencias, el artículo 63 del Código de Procedimientos Penales, no permite que el ministerio público expida constancias a quienes no tienen injerencia en el conflicto. Sobre la muerte de Gregorio Sánchez los exámenes periciales revelan que falleció a la una de la mañana. El proyectil fue accionado desde la Presidencia Municipal hacia fuera del pueblo. El señor, mal herido, fue arrastrado del lugar; posteriormente fue llevado con un médico que se negó a recibirlo. Lo llevaron a Cuautla donde falleció y alrededor de las 5 de la mañana notifican que ahí había un cadáver. Hay elementos de prueba con testimoniales de que a este señor no lo privó de su vida ningún elemento policíaco".
Reuniones con grupos desplazados
El 28 de enero el grupo identificado con Conrado Pacheco visitó en la Cámara de Diputados a los miembros del grupo plural. Estuvieron Alfredo Lima Zavala, Benyocef Laguna Aranda, Rolando Alvarado Colín, Benito Juárez Avila, Constantino Estrada, Plutarco Emilio García, Raymundo Rodríguez, Alvaro Urreta y Elías Osorio. Estos son sus testimonios:
Alfredo Lima Zavala: "Cuando entró la fuerza pública miles de compañeros tuvieron que huir hacia el monte. Somos 16 personas los que estamos al frente de este movimiento. Nosotros fuimos nombrados en una asamblea de carácter general. A ninguno le gusta estar desplazado de su domicilio por la negligencia de un gobierno que no ha querido asumir su responsabilidad. Somos 400 desplazados en Santa Ana Tlacoteno; 350 en San Lorenzo Tlacoyuca y alrededor de 1200 en Tlayacapan. Hemos tenido el apoyo y la solidaridad de los vecinos y de organizaciones que nos proveen lo necesario.
"El Gobierno del estado tiene un doble discurso: El 13, en la mañana, declara que no va a entrar la fuerza pública y ese mismo día, por la noche, se monta un dispositivo para entrar a la comunidad.
"Para justificarse simulan un enfrentamiento en el pueblo. La gente de Elías Osorio iba armada. Nosotros sólo teníamos palos para defendernos. No hubo ningún detenido por parte del grupo de Osorio, salvo el que quemó la patrulla. Se nos ha acusado de formar parte de grupos guerrilleros, pero eso no es cierto. Las órdenes de aprehensión están inválidas para otros, pero no para nosotros".
Benito Juárez Avila: "Es lamentable que se diga que Gregorio Sánchez murió en fuego cruzado. Cuando comenzaron a disparar estábamos en una reunión Ahora nos piden diálogo y que regresemos, pero cómo volver si ya nos apalearon. El gobierno tiene poder y nosotros no. Jamás hemos participado en algún conflicto. Somos 100% campesinos. Nos dedicamos al nopal. Para nosotros el candidato que salía por usos y costumbres era el ganador. Nunca pensamos que la ley eran los garrotes".
Benyocef Laguna: "Yo soy comerciante. Jamás me he metido en ningún problema. Las instancias ya fueron agotadas en Morelos. Desde la semana pasada estamos solicitando una mesa de diálogo, pero en la ciudad de México y con autoridades federales. Queremos que esté Estrada Cagigal, no sus subsecretarios y que participen también intelectuales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pedimos que salga la fuerza pública de todo el municipio, no sólo de la cabecera municipal. Que se termine el hostigamiento contra el Concejo municipal y el comité de barrios. Estamos dispuestos al diálogo, pero que se nos den garantías".
Alvaro Urreta Fernández "El impacto económico para los productores de nopal ha sido muy fuerte. Este conflicto coincide con los tiempos en que el nopal tiene un mejor precio en el mercado. Tenemos 20 años abriendo mercados en la Central de Abastos y ocho de exportar hacia California, Chicago y Nueva York, Estados Unidos Todo eso se está cayendo. La gente de Osorio está cortando nuestro nopal. Hasta ahora tenemos pérdidas por alrededor de 8 millones de pesos".
Plutarco Elías García: "Los desaciertos, las contradicciones han creado una gran desconfianza en el futuro. Pedimos a los diputados de esta comisión la mayor objetividad y profundidad en la investigación y pensar en lo que ha significado la ruptura del tejido social y cultural de esta comunidad indígena".
Constantino Estrada: "Que nos investiguen quienes somos. El gobierno ha manejado para que no se escuchen nuestras denuncias. Días antes de la represión el centro de salud lo cerraron y no es cierto que a Gregorio Sánchez lo haya matado gente del pueblo".
El jueves 29 el grupo de legisladores visitó a desplazados en Tlayacapan. Familias completas (hombres, mujeres y niños) se encontraban realizando actividades cotidianas en la casa del diputado Anacleto Pedroza. Estos son algunos de sus testimonios:
Gabriela Mayanín: "Yo salí corriendo por el monte y a mis hijos los sacó mi suegra. Me los vine a encontrar hasta San José: No es justo lo que el gobierno nos está haciendo. Dicen que regresemos pero tenemos mucho miedo".
Juana Laguna: "Tengo un hijo de 7 años que vio como se llevaban a mi esposo y ahora cada que ve a un policía se abraza de mis piernas y llorando me pregunta si a mi también me van a llevar".
Melita Mendoza: "La gente tuvo que salirse de ahí por la persecución de la policía. A muchos compañeros inocentes que no debían nada los encarceló la policía. Queremos que se retire la fuerza pública del pueblo, si no, no vamos a regresar. Aunque la policía no haga nada, nosotros tenemos miedo".
Justiniano González: "La policía entró armada y disparando a la comunidad. Nosotros no teníamos armas, lo único que teníamos eran palos. Nuestra principal demanda es que salga Osorio y su gente".
Jazmín Rondero: "Tenemos miedo porque sabemos que todos tenemos órdenes de aprehensión. No vamos a regresar si en el pueblo sigue la policía. A nadie le gusta estar fuera de su casa, pero más vale nuestra vida".
Visita a Tlalnepantla
En su recorrido por Tlalnepantla, los legisladores platicaron con gente de la población, los maestros de la primaria y secundaria y la doctora encargada del centro de salud. Estos son sus testimonios:
Onorina Zavala, vendedora ambulante: "Los del grupo de Conrado estaban atrincherados. Nosotros íbamos pacíficamente gritando que queríamos paz y diálogo y ellos comenzaron a disparar".
Plutarco Medina, productor de nopal: "Estamos contentos de que está aquí la fuerza pública. Eso nos da tranquilidad. Hay mucha gente de fuera y queremos que se vayan porque antes el pueblo estaba tranquilo".
Petra Luna, comerciante: "Yo tengo una tiendita enfrente del Palacio y me la dejaron toda agujereada. El grupo de Conrado me robó toda la mercancía".
En el Centro de Salud, su encargada, la doctora Josefina Martínez señala: "El centro de salud no se cerró ningún día. El 13 y 14 yo no estuve aquí, pero la pasante me reportó que ningún herido se presentó aquí a solicitar atención médica. Las autoridades nos han prestado su apoyo: nos han traído agua y han recogido la basura. Estamos trabajando de manera normal y dando la atención dentro de nuestras posibilidades".
Raquel López Portillo, directora de la única escuela primaria, tiene frente a ella un pizarrón con los índices de asistencia: Ese día (29 de enero) sólo el 41% de los alumnos asistió a la escuela.
Dice: "Empezamos con 12 niños y poco a poco están regresando. Tratamos de que los niños se vuelvan a integrar, pero nos preocupa cuando regresen los otros. Les hemos pedido a los papás que no platiquen del conflicto delante de sus hijos porque ellos lo viven como si fuera un problema también de ellos. A los que faltan los estamos esperando. Hemos tenido apoyos del DIF, de Salud, pero queremos que sea permanente, no nada más ahora por lo del conflicto. En la escuela cada maestro tiene su punto de vista, pero no lo externa".
En la secundaria del lugar, situada en lo alto del pueblo, el director Tomás Uscanga lamenta la escasa asistencia de sus alumnos, sólo 125 de 265 y dice a los legisladores:
"Hemos pedido a los maestros que sean muy cuidadosos para no etiquetar a ningún grupo. No queremos que los muchachos se confronten entre ellos. Ahora hay mucho ausentismo y deserción, pero confiamos en que las cosas se resuelvan. La situación ha sido muy tensa. Al principio teníamos que entrar y salir en caravana, porque la policía es muy arbitraria. El día del conflicto coincidió que teníamos asamblea sindical y la escuela estuvo cerrada. No sabemos si se va a perder el ciclo escolar.
"Sí hemos sido hostigados por la gente de Conrado. Nos tiraron una pipa de agua que nos traía el municipio y entraron por la fuerza a la escuela. Hubo aquí un enfrentamiento a golpes delante de los alumnos y éstos comienzan a tomar partido y lo externan. Nos han dicho que si abrimos la escuela es para apoyar al presidente municipal y eso no es cierto. Nosotros estamos para enseñar, no nos interesa involucrarnos en ningún conflicto. El gobierno ofreció transporte gratis para los alumnos que vienen de lejos y no ha cumplido"
A la salida del pueblo, el grupo de legisladores encontró a la señora Virginia Mercado, madre del campesino muerto la madrugada del 14 de enero, Gregorio Sánchez Mercado. La señora, de 78 años sollozó frente a la iglesia del pueblo:
"Fue la policía quien mató a mi hijo. Ellos entraron disparando contra nosotros. No es justo que ahora quieran meter a la cárcel a un inocente. Mi esposo y yo ya estamos muy viejos y enfermos. No sé que va a hacer mi nuera con 4 hijos. Queremos justicia".
Documentos recibidos por este grupo plural en relación con el conflicto de Tlalnepantla, Morelos
2.- Cronología de los hechos acontecidos en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, que consta de 42 apartados en dos tomos y que envió el Gobierno del estado.
3.- Compendio documental con la cronología de los acontecimientos relacionados con el conflicto en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, entregado por el Congreso del estado de esa entidad.
4.- Minuta de las 4 mesas de concertación sostenidas por los grupos en conflicto, enviada por el Gobierno del estado
5.- Documento entregado por la Comisión Especial del Congreso del Estado para investigar el asunto de Tlalnepantla, Morelos
6.- Averiguación previa APSC/7ª. / 271/04-01 acumulada a la CT/5ª. /137/04-01, entregada por la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos.
7.- Documento enviado por la Secretaría de Seguridad Pública, que incluye la bitácora de escucha de radio de las corporaciones policíacas relacionada con los eventos del 13 y 14 de enero en ese ayuntamiento.
8.- Cronología de los hechos suscitados con relación al homicidio de Gregorio Sánchez Mercado, entregada por la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos.
9.- Tarjeta informativa en relación con el homicidio de Gregorio Sánchez Mercado, entregada el 28 de enero del 2004 por la comisión especial del Congreso local.
10.- 4 videos enviados por el Congreso y el Gobierno del estado sobre los hechos del 13 y 14 de enero, así como la visita de la comisión de legisladores locales a ese municipio.
11.- Casettes con testimonios recibidos por el grupo parlamentario del Congreso de la Unión abocado a recopilar la información sobre el conflicto en el municipio de Tlalnepantla, Morelos.
12.- Relación de familias desplazadas en Tlayacapan, Morelos.
En los videos que nos fueron proporcionados por el Congreso local se observaron los siguientes acontecimientos:
Video 1: Duración aproximada 22 minutos
Es un video editado en blanco y negro, confuso, en el cual aparece un grupo considerable de personas, las cuales manifiestan un comportamiento hostil, algunos portan palos, y hay agresiones verbales entre los grupos.
Se escuchan detonaciones que, al parecer, pueden ser de arma de fuego o petardos; se alcanzan a distinguir pequeñas nubes de humo y no aparece ninguna persona en el cuadro que la cámara está enfocando.
Se oyen varios gritos de: "fuera los fuereños" y "queremos paz".
Hay un corte, aparece el piso de la parte de afuera de la presidencia municipal, y ligeramente se alcanza a ver a un policía.
Se escuchan personas gritando consignas contra "La Zorra" (Elías Osorio).
En este video se alcanza a escuchar claramente a una persona gritando: ¡"Están disparando a dar; les pueden dar a las mujeres"!
Video 2: Duración aproximada 6 horas (varios días)
Este video refleja una serie de acontecimientos entre el 19 de octubre del 2003 hasta el 15 de enero del 2004.
Toma de protesta de Elías Osorio con sus colaboradores,
en la calle.
Trifulca posterior a la toma de protesta (sin violencia).
Entrevista de Televisa a Elías Osorio, donde señala
que el conflicto lo organizaron personas externas al municipio, principalmente
de Milpa Alta. Pide protección para quienes van a llevar los apoyos
del Programa Oportunidades.
Reunión de apoyo a Elías Osorio en el Congreso
local, la diputada local Maricela Sánchez del PRI en su favor y
describe que la elección es completamente legal.
Discurso de Elías Osorio manifestando su inconformidad
en la calle.
En el Congreso local trabajadoras del municipio de Tlalnepantla
y sus familias se quejan de secuestro ante los diputados locales.
Se observa un Volkswagen con altavoces exhortando a una
junta en la mañana en el centro del pueblo para iniciar una marcha
a Cuernavaca.
Se observa una vista del Palacio Municipal en la cual
hay actividad de los manifestantes.
Inicia al parecer la marcha hacia Cuernavaca.
Reunión en un restaurante de la prensa con un diputado
del PVEM, a favor de Elías Osorio y la legalidad.
Reunión de simpatizantes de Elías Osorio
en el deportivo del pueblo por la noche. Habla del presupuesto del municipio
y en ese momento lo entrevistan por teléfono.
Traslado al Palacio Municipal de las personas que apoyan
a Elías Osorio; se observa un enfrentamiento verbal entre dos grupos.
Hay un corte en la secuencia del video de dos horas aproximadamente
(de la 1:27 a las 3:12 de la mañana). Los 4 videos tienen cortes
de secuencia.
Se ve la plaza casi vacía.
Incursión de la policía al palacio. Se
escuchan disparos, se ven casquillos y se presume la explosión de
bombas molotov. Hay un policía herido en la pierna.
Entrevistan al jefe de la policía; habla de que
los disparos fueron de la población que tenía tomado el palacio.
Revisión del palacio municipal, encuentran armas
de fabricación casera.
Visita de los diputados locales al municipio del conflicto. Se entrevista a diferentes personas de la población. La mayoría ofrece testimonios a favor de Elías Osorio y algunos en contra y se aprecia un ambiente tenso pero con paz.
En apariencia se ven familiares del hoy occiso Gregorio Sánchez quienes dan su opinión, pero sus declaraciones no se pueden escuchar nítidamente debido a que el video tiene un problema de audio.
Video 4 (proporcionado por el Ejecutivo local)
Muestra la declaración ministerial de Carlos Cedeño como testigo del homicidio, en el que hace una descripción de los hechos. Se observan contradicciones.
Conclusiones del informe elaborado por el Grupo Plural de Legisladores para investigar los hechos sucedidos en Tlalnepantla, Morelos.
1. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al establecer el punto de acuerdo que crea este grupo plural, recoge la honda preocupación de la sociedad ante un asunto delicado que ha trastocado el tejido social de una comunidad y pone a prueba el alcance de nuestras leyes; y aún cuando el problema se circunscribe a un municipio de productores rurales, donde el 90% de los campesinos se dedica al cultivo del nopal, el Congreso de la Unión, a través de su Comisión Permanente, no desdeñó, ni la petición que se hizo desde esta tribuna, ni la demanda de los protagonistas. En este caso concreto, asumió su función política como lo que es: eje central del análisis y de la discusión democrática de los grandes temas que se relacionan con la vida de la nación.
El grupo plural de legisladores realizó su encomienda con apego estricto a sus facultades, por lo que circunscribimos nuestra acción, a la tarea de investigar con toda objetividad los hechos, desde la realidad, a partir de la voz de los que se sienten afectados; de todos los que querían aportar alguna idea, alguna queja, alguna recomendación. Recogió las respuestas de los funcionarios gubernamentales y legisladores locales, del propio secretario de Gobernación, para cumplir con amplitud, el mandato con el que nos responsabilizó esta Soberanía.
2. El diagnóstico del problema, que se desprende de los antecedentes que obran en este informe, nos hace concluir que estamos frente a un conflicto de intereses económicos por el control y la venta del nopal que se cultiva en aproximadamente 600 hectáreas, y de dominio político, donde el asunto electoral refleja la complejidad de esa confrontación añeja.
3. La Comisión Plural de legisladores federales cumplió su cometido de investigar en el escenario mismo de los acontecimientos, el fundamento y razón de quienes solicitaron nuestra presencia; fue respetuosa de las expresiones de los partidos políticos; de los dirigentes que le plantearon soluciones desde su propia posición ideológica. Algunos urgiendo una condena; otros reclamando acciones que constitucionalmente esta Comisión no está facultada para recomendar.
4. En las actuales condiciones sociales de Tlalnepantla, se requiere desde nuestra perspectiva, de una autoridad municipal, que no sea cuestionada; que sea capaz de construir la vuelta a la normalidad y dé tranquilidad social a la población; que propicie la integración de todos a sus actividades cotidianas, empezando por quienes hoy han sido desplazados y temen por su seguridad y libertad fuera de la comunidad. Por eso, este conflicto, más allá de cualquier interés partidario, sólo puede ser resuelto mediante el diálogo, la tolerancia y la negociación, en el marco constitucional que establece la soberanía del estado de Morelos, de tal manera que compete al Congreso y al Gobierno del estado de Morelos, con el concurso de las autoridades federales competentes, dentro del ámbito de sus facultades constitucionales y legales la solución de este problema político, que puede encauzarse si se restablece la confianza en el gobierno estatal por parte de los grupos en conflicto. Un paso importante hacia este objetivo, se lograría a partir de que las instancias especializadas revisen cuidadosamente la documentación recabada, con datos más precisos que lleven al esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos en el municipio, originados por la no ratificación del presidente municipal electo por "Usos y Costumbres" en la elección constitucional del 6 de julio pasado, la cual fue calificada de válida por el Tribunal Estatal Electoral.
Hacemos notar que el gobierno del estado de Morelos desestimó, en un principio, al grupo inconforme con la elección constitucional. Ordenó el uso de la fuerza pública, que actuó con desmesura al intervenir en el conflicto, al grado de que se detuvo incluso a menores de edad y se provocó el éxodo de una parte de la población.
5. Lo que consideramos pertinente sugerir, es que se exhorte a las autoridades del Gobierno de Morelos a reestablecer las condiciones de gobernabilidad que conduzcan al diálogo entre las partes; se dé seguridad y confianza a quienes pueden ser perseguidos o sospechan que tienen órdenes de aprehensión, y se garantice la tranquilidad pública de la región, es decir, la gobernabilidad de la Entidad. Que la Procuraduría del estado declare cuáles son las órdenes de aprehensión vigentes y, al mismo tiempo, agote a la brevedad posible las averiguaciones que deslinden la responsabilidad sobre los hechos de violencia ocurridos en el municipio.
Por otra parte, de acuerdo con propuestas, sugerencias y peticiones de una gran mayoría de los entrevistados, surgió la recomendación de que por la profundidad de las posturas radicalizadas entre grupos de la población, y dada la polarización existente, el proceso productivo detenido y la vida social inhibida, se considera muy importante la intervención de la Secretaría de Gobernación para que, respetando la soberanía de la Entidad, promueva el diálogo entre los confrontantes y los convoque a dialogar con las autoridades morelenses, y garantice la tranquilidad pública de la región; además de exhortar al gobierno del estado para que ordene a la fuerza pública que respete las garantías individuales y mantenga un papel imparcial dentro del conflicto que contribuya a la reconciliación intercomunitaria. A la Procuraduría del estado para que investigue a fondo el homicidio ahí perpetrado y al Congreso Local para que actúe de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y funciones políticas.
Es aconsejable que en todo el proceso de negociación, conciliación y concertación, las instancias competentes de Derechos Humanos agoten, en relación a sus funciones, la investigación de posibles violaciones, para evitar la impunidad en los hechos violentos ya acontecidos y contribuir a que retorne la paz social y el diálogo entre los confrontados.
Asimismo, se pide a la Secretaría de Agricultura no sólo que investigue y ponga fin al intermediarismo y acaparamiento de la producción de nopal, una de las causas de conflictos y divisiones en ese municipio, sino dé orden al proceso productivo; acuda con apoyos crediticios y técnicos y active la economía de la región, en la explotación sustentable de vastos recursos naturales hoy prácticamente inexplotados, que ayudaría a sacar a Tlalnepantla de la lista de los municipios del país en pobreza extrema.
6.- La política, el arte de la conducción con apego a la legalidad, es la mejor alternativa para la solución de los conflictos. Por ello, los legisladores integrantes de esta Comisión Plural, expresan su disposición de mantener la atención y seguimiento de los acontecimientos del municipio de Tlalnepantla, estado de Morelos.
Salón de Sesiones, a 3 de febrero de 2004.
Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda, PRI (rúbrica)
Sen. Marco Antonio Adame Castillo, PAN
Dip. Dolores Padierna Luna, PRD (rúbrica)
Dip. Luis Antonio González Roldán, PVEM
(rúbrica)
Dip. Pedro Vázquez González, PT (rúbrica)
Dip. Luis Maldonado Venegas, Convergencia (rúbrica)
Notas
1 Información obtenida de la monografía
proporcionada por el gobierno del estado en un documento que se anexa al
informe.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA COMBATIR EL NARCOTRAFICO Y SUS RESULTADOS ALCANZADOS PARA DETENER LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y CONSUMO, A CARGO DEL DIPUTADO HELIODORO DIAZ ESCARRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ustedes la proposición con punto de acuerdo siguiente:
Consideraciones
No podemos dejar de reconocer que la problemática del narcotráfico y de la drogadicción es compleja.
Esta se relaciona con el tipo de sociedad de consumo imperante, así como con la economía y hasta con el medio ambiente. Tiene relación también con la política, con la salud y con el crimen que, con demasiada frecuencia, acompaña al comercio y al uso de las drogas.
La debilidad de nuestros sistemas de seguridad pública, de procuración y de administración de justicia y la facilidad con que el narcotráfico ha penetrado a las instituciones públicas, lo han hecho florecer en nuestro país.
Para su auge han puesto su cuota, la corrupción de cuerpos policiales, agentes del Ministerio Público y jueces; la globalización y la laxitud de la normatividad financiera; que ofrecen herramientas hechas a la medida de las narcomafias, algunas de las cuales poseen la organización y el alcance de las grandes empresas multinacionales.
Sin embargo, la complejidad y dimensiones del problema del narcotráfico, no pueden ser pretexto para que el órgano competente para combatirlo y erradicarlo se abandone en el.
Para que se limite a explicar sus causas y efectos, en vez de hacer algo por encontrar remedios y soluciones, en bien de la paz pública y la seguridad nacional.
Es cierto que los conflictos que periódicamente aparecen en las zonas productoras, nos avisan que se están haciendo inversiones en la producción de estupefacientes. Lo sabemos.
La Procuraduría General de la República ha reconocido, a través del Subprocurador de Investigaciones Especiales contra la Delincuencia Organizada, que la violencia recrudecida a últimas fechas es resultado de que las organizaciones del narcotráfico luchan por extender sus (sic) territorios. Con ello descubre el hilo negro.
En territorios que, vale decir, son extraídos a la influencia soberana del estado; en tierra de nadie, o mas bien de ninguna autoridad y si de narcotraficantes, se cultiva a discreción, se siembra y cosecha la droga para su posterior comercialización.
Extensión de territorios, disputa de mercados, eliminación de competidores, podrían ser causa de que, solamente en Sinaloa en 2003, según han dado cuenta los medios de comunicación, haya habido al menos 325 ejecuciones, que se suman a las cuarenta y una ocurridas en enero del presente año. Situación similar se presenta relativamente en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y otros estados.
Sin embargo, no obstante que en esas causas se pudiera explicar la ola de violencia, nada hay que explique y mucho menos justifique la apatía, el desinterés y la indolencia de la PGR ante el fenómeno.
Simple y sencillamente, ante la escalada criminal, se ha cruzado de brazos, ha dejado hacer a las mafias y a sus sicarios.
Hasta ahora nada se sabe de investigaciones y mucho menos de detenciones realizadas al respecto. Fiel a su sistema, seguramente el Gobierno Federal alegará que el homicidio es un delito del fuero común y, por tanto, que su persecución compete al gobierno de Sinaloa, sin ver que se trata de delincuencia organizada, y por tanto, es de su responsabilidad investigar y perseguir los crímenes.
Ante esto, se hace necesario que la Procuraduría General de Justicia informe a esta soberanía sobre las acciones que está ejecutando para perseguir a la delincuencia organizada y al narcotráfico en nuestro país y, de manera especial, los delitos cometidos por los cárteles de Sinaloa y las medidas que implementará para prevenir nuevos crímenes vinculados al narcotráfico, en ese estado y en toda la República.
En razón de lo expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita al Procurador General de la República, informe detalladamente a esta Comisión Permanente sobre las acciones que la institución a su cargo está ejecutando para combatir a la delincuencia organizada y a los cárteles del narcotráfico en el país y los resultados hasta ahora obtenidos para detener la producción, la comercialización y el consumo de drogas.
Segundo.- Se solicita al Procurador General de la República, informe detalladamente a esta Comisión Permanente sobre las acciones que la institución a su cargo está ejecutando, en lo particular, para investigar o perseguir o coordinar la investigación o persecución de los homicidios cometidos presuntamente por cárteles, mafias o grupos de narcotraficantes del estado de Sinaloa, en 2003 y 2004, y las medidas que implementará para prevenir nuevos crímenes vinculados al narcotráfico, en ese estado y en toda la República.
Tercero.- Se solicita al Procurador General de la República, informe detalladamente a esta Comisión Permanente sobre las acciones que la institución a su cargo está ejecutando para combatir el narcomenudeo en el país, así como la evolución que, en términos estadísticos, este ilícito ha tenido en los últimos tres años.
Palacio Legislativo, a 3 de febrero de 2004.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION AUDITE LOS GASTOS EN PROMOCIONES DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, Y PARA QUE ESTA SOBERANIA ORDENE AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE DICHA INSTITUCION UNA EVALUACION Y, EN SU CASO, SANCION DE LAS POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMENTALES EN LAS QUE HAYA INCURRIDO EL RECTOR, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROGELIO ALEJANDRO FLORES MEJIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
Los ciudadanos que representamos, y a los cuales nos debemos, tienen el derecho de saber en qué se gasta cada peso de los impuestos que recauda el gobierno, y qué beneficios públicos concretos trae consigo la inversión de dichos recursos. Esta es la convicción del gobierno de Vicente Fox, y así lo hemos asumido los legisladores, no sólo de Acción Nacional, sino de todos los partidos representados en esta honorable asamblea.
Por ello, en su momento se legisló en materia de acceso a la información pública. Uno de los propósitos fundamentales de la Ley del derecho a la información, es el de otorgarle poder al ciudadano para interpelar a aquellas instituciones públicas que hagan mal uso de los recursos del gobierno en el desempeño de las funciones que les fueron encomendadas.
Es precisamente el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Una Universidad Pública que ofrece servicios a más de cincuenta y dos mil estudiantes de nivel medio superior y superior y que recibe el 80% de subsidio del Gobierno Federal y el 20% del Gobierno del Estado.
Quien preside esta honorable institución, el Rector Enrique Doger Guerrero, es un reconocido militante priista en la entidad poblana, que aspira además a una nominación a la candidatura del PRI por la presidencia municipal de Puebla.
Recientemente, asistió en calidad de miembro del Consejo Político a la elección interna para elegir al dirigente municipal del PRI en el Municipio de Puebla. Este hecho, provocó que diversos sectores de la sociedad civil, y al interior de la misma institución, exigieran al Rector su dimisión del cargo, toda vez que la Ley Orgánica de la Universidad establece como causa de destitución del Rector la de ser dirigente de algún partido político en el momento de su elección o durante el ejercicio de su cargo.
Como consecuencia de. sus aspiraciones políticas, el rector ha estado utilizando de manera indiscriminada los recursos de la Universidad para promover su imagen personal con fines político-electorales. Los Poblanos somos testigos de cómo de manera sistemática y cotidiana, promueve su imagen en todos los medios de comunicación electrónicos y escritos en la entidad a través de promocionales, spots de radio y televisión, espectaculares, y demás medios alternativos de comunicación.
Al utilizar de forma desmesurada los recursos económicos pertenecientes a la Universidad para promover su imagen personal, el rector incurre en una serie de faltas administrativas y estatutarias, toda vez que esta actividad no es prioritaria para la consecución de los objetivos académicos que dictan los estatutos de la institución.
Su actividad proselitista va en detrimento del patrimonio edificado y de la calidad de los servicios educativos que ofrece la Universidad. Es evidente ya el deterioro de las instalaciones de la Universidad, y las malas condiciones salariales en las que laboran poco más de mil catedráticos contratados por hora clase, a quienes no se les ha podido contratar bajo el argumentando de la falta de recursos, pese a que en la nómina de la Universidad, aparecen funcionarios que trabajan para el Gobierno del Estado.
Además, el presupuesto que en su momento aprobó el H. Consejo Universitario, no se aplica en la forma autorizada para actualizar y modernizar los laboratorios en distintas escuelas y facultades.
Aunado a ello, el Estatuto orgánico de la Universidad, obliga en su artículo 48, fracción primera, a que el Consejo Universitario celebre sesiones ordinarias durante la segunda quincena de cada mes. No obstante, en el lapso de seis años que el rector Enrique Doger lleva en su cargo, sólo se han convocado a cuatro sesiones ordinarias, violando abiertamente el estatuto. Este hecho también es una falta procedimental y estatutaria grave que es sancionable con la remoción de su cargo.
De acuerdo con la Ley vigente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, emitida por el H. Congreso del Estado, los objetivos de dicha Universidad Pública son específicamente los de "contribuir a la prestación de servicios educativos en los Niveles Medio Superior y Superior; realizar investigación científica, tecnológica y humanística y coadyuvar al estudio, preservación, acrecentamiento y difusión de la cultura".
Dentro de los objetivos que establece la Ley que rige a la máxima casa de estudios en el estado de Puebla, en ningún momento se menciona la promoción mediática del Rector, ni de la institución.
De conformidad con el artículo séptimo de dicha Ley, "la Universidad tiene la obligación de aplicar sus recursos en la consecución de su objetivo; administrándolos con probidad, transparencia, eficiencia y eficacia".
En los hechos, hemos visto lo contrario.
El Gobierno Federal y los legisladores de Acción Nacional, estamos empeñados en maximizar los recursos públicos en beneficio de la sociedad.
Estamos plenamente conscientes de la Autonomía Universitaria. Somos respetuosos de ella, pero también sabemos que no debemos confundir autonomía con soberanía.
En México no puede, ni debe de haber islas de poder soberano protegidas con la bandera de una falsa autonomía. El transparentar el uso de los recursos públicos y vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, son valores esenciales de la democracia.
Es por ello que el Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta con autonomía técnica y de gestión a la de la Cámara de Diputados, para fiscalizar en forma posterior, los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos de los entes públicos federales, así como los recursos federales que ejerzan los particulares.
Además, la fracción primera de dicho artículo constitucional, y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, faculta a ésta Honorable Asamblea para requerir a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero.- Que ésta Honorable Asamblea, ordene que la Auditoria Superior de la Federación, audite los gastos realizados en promocionales, anuncios, spots en televisión y radio, desplegados en prensa, espectaculares y demás relativos a la promoción personal del Rector y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del periodo de Enero del año 2003 a la fecha, y en caso de encontrar irregularidades, que se apliquen las sanciones correspondientes.
Segundo.- Que ésta Honorable Asamblea, solicite a la contraloría general de la Universidad Autónoma de Puebla, un informe detallado sobre los gastos realizados en promocionales, anuncios, spots en televisión y radio, desplegados en prensa, espectaculares y demás relativos a la promoción personal del Rector y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del periodo de Enero del año 2003 a la fecha, y en caso de encontrar irregularidades, aplique las sanciones correspondientes.
Tercero.- Que ésta Honorable Cámara de Diputados ordene al Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, tomar las medidas que considere pertinentes con el fin de valorar, y en su caso, sancionar las posibles faltas administrativas y procedimentales en las que ha incurrido el rector Enrique Doger Guerrero en detrimento del patrimonio y de la consecución de los objetivos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2004.
Dip. Rogelio Flores Mejía (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LAS PRESIONES PARA ABRIR LAS IMPORTACIONES DE CARNE PROCEDENTES DE PAISES QUE NO ESTAN LIBRES DE RIESGOS SANITARIOS, SUSCRITA POR LOS SENADORES CESAR RAUL OJEDA ZUBIETA Y RUTILIO CRUZ ESCANDON CADENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, César Raúl Ojeda Zubieta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Senador Rutilio Cruz Escandón, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en los siguientes:
Considerandos
La reciente detección de un caso de Encelofatía Espongiforme Bovina, coloquialmente conocida como la enfermedad de las "vacas locas", en un rancho del estado de Washington, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate relativo a la vigencia de los estados-nación, ante los alcances y riesgos de un sistema agroalimentario globalizado.
Desde que se conoció el primer caso de "vacas locas" en Canadá, el 20 de mayo de 2003, la mayoría de los expertos consideraron que sería sólo cuestión de tiempo para que este mal se propagara hacia Estados Unidos e incluso, México.
La intensa integración de los sistemas agroalimentarios de estos tres países, exacerbada a lo largo de los diez años transcurridos desde la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha propiciado la movilización del ganado y las carnes y productos cárnicos, en función de los costos de las distintas fases de los procesos productivos y de las posibilidades de mercado.
El 23 de diciembre de 2003, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos reconoció públicamente la existencia del primer caso de "vacas locas" en su territorio.
Hasta noviembre de 2003, las exportaciones de carne de Estados Unidos habían aumentado 6.6% en términos de volumen y 20% en términos de valor a las exportaciones de 2002, superando con mucho las expectativas para este año. El escenario del mercado internacional de carnes ha cambiado sustantivamente desde entonces.
Una treintena de países ha suspendido o restringido sus compras de carne de bovino a los Estados Unidos. Desde entonces, la administración norteamericana se ha movilizado en distintos frentes para presionar a Japón y México, sus principales compradores con 34% y 25% del valor exportado respectivamente, a que reabran sus mercados.
Sin embargo, han avanzado muy poco. El pronóstico de sus ventas externas para 2004 ha caído en más de 90% y Canadá, que adquiere el 24% de sus exportaciones, es hasta ahora su único comprador importante, si bien sólo compra carne deshuesada y de animales menores a 30 meses de edad, que teóricamente no habrían desarrollado este mal.
Durante sus comparecencias ante el Comité de Agricultura del Senado, el 24 de diciembre de 2003 y de la Cámara de Diputados, el 21 de enero de este año, Ann Veneman, la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, ha asegurado que su dependencia ha tomado todas las medidas técnicas y científicas necesarias para restaurar la confianza en la sanidad de la carne norteamericana, a partir de las cuales presiona a países como Japón y México para que reabran sus mercados. Todo ello, en contraste con las estrictas disposiciones de su ley contra el bioterrorismo.
Hasta antes de la última reunión que sostuviera con su homóloga norteamericana el 16 de enero de este año, el titular de la Sagarpa, Sr. Javier Usabiaga, se había mantenido firme en su posición de acatar la normatividad mexicana respecto a la prohibición de importar ganado y/o carne de países en los que se registren casos de "vacas locas".
Sin embargo, a últimas fechas, las declaraciones del Sr. Usabiaga, dejan ver una creciente disposición a adoptar una posición similar a la que se siguió con Canadá, luego de conocer la existencia de este padecimiento, restringiendo las importaciones a carne deshuesada, de animales menores a treinta meses de edad.
La mayor parte de los países que mantienen la prohibición de importación de carnes y otros productos cárnicos procedentes de Estados Unidos, esperarán cuando menos hasta el mes de marzo para conocer y comprobar las medidas que este país está instrumentando en torno a los siguientes aspectos:
a) La cobertura y dimensión del programa de detección del ganado infectado con EEP y cómo habrán de instrumentarlo;
b) Cómo se asegurará el cumplimiento de la prohibición del uso de desechos de vacuno como alimento para el ganado.
c) Si se tomarán medidas de control adicionales para evitar el uso de materiales especificados de riesgo en la elaboración de alimentos forrajeros y de otros productos y no sólo para consumo humano.
d) Si se requerirá de una orden federal o estatal para que los ganaderos y rastros notifiquen ganado con problemas de desequilibrio.
Hasta ahora, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha sido incapaz de ubicar a 72 de las 97 vacas adquiridas a Canadá, entre las cuales se encontraba el animal infectado que se localizó en Washington en diciembre de 2003. Los 60 millones de dólares solicitados hace dos semanas al Congreso, apenas serán suficientes para identificar 40 mil animales por año, el doble de lo que se viene verificando.
Los propios consumidores norteamericanos se quejan de que el Departamento de Agricultura de su país está más preocupado por los intereses de la industria ganadera que por la salud de los consumidores.
Sometida a un mayor escrutinio durante los últimos días, la ganadería de Estados Unidos ha dado muestras de problemas de listeria en la carne que se distribuye para su consumo doméstico. Varios embarques ya han sido rechazados por las cadenas norteamericanas.
Las fallas no sólo atañen al sistema sanitario, sino que trascienden al propio sistema financiero, poniendo en entredicho la transparencia y legalidad de la Cámara de Compensaciones de la Bolsa de Chicago. Legisladores y consumidores norteamericanos se preguntan por qué si el problema se detectó desde el 9 de diciembre, la noticia se difundió hasta el día 23, lo que habría permitido que ciertos inversionistas y especuladores se beneficiaran al tener información privilegiada.
Esta no es la primera vez que las importaciones de carne procedentes de Estados Unidos han presentado situaciones de riesgo para la salud humana y la sanidad de los hatos en México. El 10 de octubre de 2003, la Sagarpa anunció la suspensión de importaciones ante un posible caso de fiebre aftosa; esta prohibición, sin embargo, duró menos de 24 horas.
En este sistema altamente competitivo, se ha privilegiado el precio por sobre la calidad. Los ganaderos se han visto obligados a utilizar como forraje desechos alimenticios, anabólicos y antibióticos, entre otros, que favorecen la transmisión de enfermedades como la Encelopatía Espongiforme Bovina y/o tienen efectos sobre la salud humana.
En México, la situación especulativa que se está generando respecto a los precios internos de la carne, constituyen ciertamente una presión que el Gobierno de México debe resolver, más no a costa de poner en riesgo la salud de los mexicanos y el futuro de una de las principales actividades económicas del sector rural.
Es por demás extraño que en las regiones ganaderas del Sureste del país se esté dando una compra masiva de becerros y aún de vientres, con lo que se crearía una sensación de desabasto que podría orillar al país a autorizar importaciones de carne de países sudamericanos, como Brasil, Argentina y Uruguay, hasta ahora no considerados libres de fiebre aftosa.
México no puede continuar arriesgando la salud de los consumidores ni el futuro de la actividad ganadera nacional.
Dado que hasta ahora no hemos tenido conocimiento de la respuesta del Ejecutivo federal a la propuesta con punto de acuerdo presentada en este recinto el día 7 de enero del año en curso, por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a esta Comisión Permanente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorte al Ejecutivo federal a acatar estrictamente la Ley Federal de Sanidad Animal; la NOM-030-ZOO-1995, relativa a las especificaciones y procedimientos para la verificación de carne, canales, vísceras y despojos de importación en puntos de verificación zoosanitaria, privilegiando la verificación en puertos y fronteras; la NOM-060-ZOO-1999, que prohíbe la importación de productos de origen bovino cuando el país de procedencia se encuentre afectado por la encelopatía espongiforme bovina; así como las medidas de emergencia para prevenir la introducción de la fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el 5 de abril de 2002.
Segundo.- Solicite la comparecencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ante esta Comisión Permanente, a efecto de que explique lo siguiente:
b. Qué compromisos se han asumido con el Gobierno de los Estados Unidos respecto a la reanudación de las importaciones de carne de res y los demás productos cárnicos sobre los cuales se aplicó una prohibición temporal.
c. Si México ha considerado la posibilidad de importar carne, productos cárnicos y derivados, de países sudamericanos como Uruguay, Argentina y Brasil, que actualmente no son reconocidas como libres de fiebre aftosa.
d. Qué reservas se han tomado para asegurar la sanidad e inocuidad de la leche y productos lácteos que se vienen importando de diversos países sudamericanos.
Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS SECRETARIAS DE ECONOMIA, Y DE SALUD A QUE REVISEN DIVERSAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, EN RELACION CON EL CONSUMO Y COMERCIALIZACION DE LAS LLAMADAS BEBIDAS ENERGETICAS, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Salud y a la Comisión de Economía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
En cuestión de pocos años, se ha generado, de manera dinámica, un nuevo mercado de bebidas, para los consumidores mexicanos. Se trata de las llamadas bebidas energéticas o "Energy Drinks". Estas, se parecen a cualquier refresco que conozcamos, ya que comparten como ingredientes básicos el agua carbonatada y el azúcar.
Es en la década de los 80 cuando aparecen en Europa, la mayoría de las marcas relativas a tales bebidas, y las cuales ya encontramos en el mercado mundial, donde existen alrededor de 22 marcas diferentes.
Las bebidas energéticas o energizantes, son sustancias estimulantes que inicialmente fueron utilizadas por deportistas debido a la carga energética que estas generan. Buscaban incrementar la resistencia física, lograr un nivel de concentración mayor, evitar el sueño, proporcionar sensación de bienestar, así como estimular el metabolismo.
El nombre de bebidas energéticas, remite al apodo que se les tenía a las anfetaminas1, la similitud se debe principalmente, al hecho de que estas evitan el sueño y la fatiga, función o efecto principal que proporcionan estas bebidas.
Su principal peculiaridad es incorporar cafeína y vitaminas, así como, en algunos casos, taurina, inositol, minerales, extracto de guaraná y otros componentes. Lo que mas les caracteriza es la aportación de compuestos con efectos a nivel metabólico.
La energía que aportan procede de azúcares sencillos (sacarosa, glucosa o fructosa), que suponen entre el 11% y el 12% de su contenido. Aportan también vitaminas y minerales (electrolitos) en cantidad suficiente para que 100 mililitros cubran y en algunos casos superen, la cantidad diaria recomendada de alguna vitamina, como la B6. En otras vitaminas (C, B2, niacina...), aun siendo menor, la cantidad es muy apreciable.
La cafeína estimula el sistema nervioso central y puede aumentar el rendimiento muscular e incrementar la utilización de los ácidos grasos como fuente de energía, ahorrando glucógeno.
Ello explica que el Comité Olímpico Internacional defina la cafeína como sustancia dopante2. La cafeína se elimina con la orina entre 3 y 6 horas después de haber sido ingerida, y no se acumula en el organismo.
Los expertos fijan el consumo moderado de cafeína en 300 miligramos al día, lo que equivaldría a tres tazas de café. Se admite que cantidades diarias de cafeína inferiores a 200 Mg., puede llegar a ser benéficas para el organismo, ya que induce sensaciones de bienestar y alerta. No obstante, cuando se toma en exceso (más de 300 Mg.) médicos expertos en la materia, advierten que una sobredosis de cafeína puede producir taquicardia, temblores, insomnio, náuseas, diarrea, alucinaciones y vómito, entre otros síntomas.
Por lo que 150 o 200 Mg. de cafeína diarios, son considerados una cantidad tolerable para el organismo3.
El contenido de cafeína, en estas bebidas alcanza hasta los 340 mg/litro y que duplica, sin duda, al de los refrescos de cola ya que los niveles de las bebidas energizantes resultan equiparables a 2.5 latas de estas bebidas.
Otro componente que encontramos comúnmente en este tipo de bebidas es el guaraná, planta que crece en Venezuela y Brasil. Su componente esencial es la guaranina, sustancia químicamente idéntica a la cafeína. La semilla de guaraná contiene un 5,8% de cafeína (en promedio, el café de la variedad arábica tiene un 1,2% de cafeína4).
También contiene teofilina y teobromina, sustancias de efecto excitante similar al de la cafeína. Estas semillas contienen fibra vegetal, almidón, agua, resina, pectinas, ácido tánico y saponinas. El carácter graso de la semilla del guaraná y sustancias como el ácido tánico o las saponinas hacen que la liberación de la guaranina se haga más lentamente que la de la cafeína.
Otra sustancia es la taurina, un aminoácido esencial condicionado (nuestro organismo es capaz de sintetizarlo, pero puede encontrarse en cantidad insuficiente) que participa en el metabolismo de las grasas facilitando la absorción, transporte y utilización de los ácidos grasos con el fin de obtener energía.
Este tipo de Bebidas están Orientadas a un público básicamente joven (entre 18 y 40 años), descritas por la mercadotecnia como aptas para incrementar la resistencia física, mejorar la concentración, proveer de sensación de bienestar y estimular el metabolismo.
Ultimamente se ha observado su creciente venta en actividades asociadas, al consumo de alcohol. Las bebidas energizantes no son ideales para consumir con alcohol. Los informes médicos reportan que esta practica resulta contraproducente, pues son demasiados estimulantes juntos. La cafeína y el alcohol son diuréticos, por lo que al combinarlos es posible sufrir de deshidratación.
En este sentido, de acuerdo a una investigación realizada (5), la combinación de bebidas energéticas con vodka es peligrosa y potencialmente fatal, ya que al mezclar los estimulantes que contienen estas bebidas, con los elementos depresores del alcohol, pueden ocasionar fallas cardiopulmonares y cardiovasculares.
En ningún caso el uso de estas bebidas cafeinadas con alcohol, disminuyen sus efectos y, al contrario de lo que muchos piensan, una taza de café no contribuye a permanecer sobrio.
En cuanto a su consumo se calcula que tan solo en los Estados Unidos en el año 2001, las consumieron un total de 7.5 millones de personas. En México, estudios de la facultad de medicina de la UNAM, indican que un 60 % de los alumnos en este país hacen uso de estas.
En México, al no haber una normatividad al específico para este tipo de productos se incurre en una cierta discrecionalidad al momento de su comercialización y consumo. Por lo que se debe especificar para su comercialización y venta, de forma clara, visible y destacada que estas son Bebidas cafeinadas ya que, estimulan el sistema nervioso central por la acción de la cafeína.
En otras partes del mundo al existir una normatividad mas especifica sobre este tipo de bebidas, advierten que no son recomendables para menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes y gente sensible a la cafeína. Por ejemplo Red Bull en Chile informa "No recomendada para diabéticos o personas sensibles a la cafeína" advertencia que en nuestro país no se hace.
Estás bebidas pueden provocar cambios metabólicos ocasionales que alteran la utilización de las reservas de energía de nuestro organismo, aumentando el empleo de las grasas y ahorrando glucógeno (forma de almacenar los hidratos de carbono); además del efecto estimulante de la cafeína.
El consumidor no debe ingerir despreocupadamente estos productos, especialmente si se trata de personas con sensibilidad a la cafeína o que sufran problemas de hipertensión o problemas cardíacos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía se revise la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y Servicios, Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales, y la NOM-051- SCFI-1994, Especificaciones generales de Etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, y en su caso sean actualizadas para que los consumidores puedan tomar adecuadamente sus decisiones de compra.
Segundo: Se recomienda a la Secretaria de Gobernación, para que a través de la Subsecretaria de Normatividad de Medios se regule la publicidad de los productos conocidos como bebidas energizantes, a fin de que se informe sobre las consecuencias que tiene para la salud el consumo de estos productos, principalmente para mujeres embarazadas, personas que sufren de diabetes, padecimientos cardiacos, etc.
Tercero: Se recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor lleve a cabo un estudio y pruebas con el objeto de informar sobre las características y calidad de estos productos, así como también verificar si cumplen con la normatividad respectiva.
Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 4 días del mes de febrero de 2004.
Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica)
Notas:
1 Droga de uso habitual durante los años 60 y
70. Algunos de sus efectos son la inhibición del sueño y
del cansancio.
2 En concentraciones mayores a 12 microgramos por milímetro
en pruebas de orina. Olympic movement anti-doping code. Appendix A.
3 Revista del consumidor. España. www.consumer.es
4 Diario del Consumidor. España.2003. www.consumer.es
5 Universidad Ball State en Muncie, Indiana, Estados
Unidos.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE INVESTIGUEN LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION VAMOS MEXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio de la cual se crea un grupo plural de legisladores para que conozcan de las imputaciones que se hacen a la Fundación "Vamos México", por irregularidades cometidas en su desempeño.
No sería de nuestro interés inmiscuirnos en las actividades de una persona moral de derecho privado que opera bajo las disposiciones de la legislación civil y que se constituye como asociación de este tipo, si no fuera porque la Fundación "Vamos México" opera bajo una óptica no sólo de hacer el bien, sino de centrar los reflectores de los medios de comunicación y de la opinión pública en las actividades de su presidenta.
La Asociación Civil "Vamos México" se constituye el 24 de septiembre del año 2001, casi dos meses y medio después de que la titular de la misma contrajera nupcias con el Presidente de la República.
Es pertinente recordar que una de las obligaciones del Estado mexicano es proveer el bienestar de sus ciudadanos, máxime que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran consagrados en su artículo 4° una serie de derechos a favor de los gobernados, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna y decorosa y el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades, entre otras.
Sin embargo, el Estado mexicano lejos de satisfacer las necesidades antes señaladas, ha impulsado una serie de políticas económicas que agudizan las contradicciones sociales y depauperizan cada vez más a la población; el desempleo ha crecido de manera vertiginosa de hecho es lo único que en el país ha crecido.
Ahora bien, de manera subsidiaria a la responsabilidad del Estado grupos de particulares han constituido asociaciones civiles que tienen el mérito de actuar en sectores específicos de la sociedad, donde el gobierno no lo hace. Y son múltiples las vicisitudes que estas asociaciones encuentran para contar con recursos que siempre son escasos respecto del reto que afrontan, niños con cáncer, niños con parálisis cerebral o que padecen otras enfermedades por citar sólo algunas.
Pero ese negro panorama no es para la Fundación "Vamos México", ésta nació y opera desde el poder. Recursos públicos son utilizados para que la esposa del Presidente de la República realice actividades privadas.
Por ejemplo, sin que se sepa si fue en carácter de esposa del Presidente o como presidenta de "Vamos México", la señora Marta Sahagún dio una declaración en la residencia oficial de Los Pinos, utilizando la infraestructura de comunicación social de la Presidencia de la República.
Esos son los ejemplos en donde no existe claridad de ¿en dónde termina lo privado y empieza lo público, o bien dónde termina lo público e inicia lo privado?
Los integrantes de la clase empresarial mexicana son donantes de "Vamos México", quizás no porque les interese la filantropía sino para quedar bien con la presidenta de dicha Fundación, quien además es esposa del Presidente de la República.
El domingo pasado el diario Financial Times dio a conocer un reportaje en el que detallan operaciones de esta fundación, según el cual existen serias irregularidades en el manejo de los recursos con los que opera "Vamos México". Como dato adicional es necesario mencionar que según fuentes del periódico citado fue presionado por la oficina de la señora Marta Sahagún para no publicar el informe sobre las finanzas de dicha fundación.
No está establecido con claridad en que se han utilizado los recursos que ha obtenido la fundación a través de distintas donaciones desde que entró en operaciones. En los años que ha operado el monto recibido en donaciones es mucho mayor al que ha erogado para apoyar programas de asistencia de otras organizaciones de la sociedad civil.
En 2001 los ingresos de la fundación fueron de 76 millones 129 mil pesos y los gastos de operación y administración fueron 24 millones 798 mil pesos, lo que da un saldo positivo de 51 millones 331 mil pesos que no se sabe en que fueron utilizados. Para 2002 se da una situación similar al tener ingresos por 85 millones 252 mil pesos y gastos por 24 millones 798 mil pesos, quedando un saldo favorable de 51 millones 798 mil pesos.
Reiteramos, es importante aclarar estos hechos pues la pecularidad de esta fundación es que surge desde el poder, actúa desde el poder y es el principal bastión de lanzamiento de la esposa del Presidente a una eventual candidatura a la Presidencia de la República, y esos no son precisamente los fines que una asociación civil tiene en los estatutos que le dan origen ni mucho menos en las disposiciones del Código Civil que la regulan.
Compañeras y compañeros legisladores:
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente u obvia resolución sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Unico.- La Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión crea un grupo plural de Legisladores
para que conozcan de las imputaciones hechas a la Fundación "Vamos
México" por presuntas irregularidades cometidas en su desempeño.
Dicho grupo plural rendirá un informe a esta Comisión Permanente
una vez que considere que ha concluido su encomienda.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE APLIQUE DE MANERA URGENTE Y COMO MEDIDA DE EFECTO EQUIVALENTE UN DIFERIMIENTO EN MATERIA DE INVERSION EN EL AUTOTRANSPORTE DE CARGA EN EL MARCO DEL TLC, SUSCRITA POR LOS SENADORES HUMBERTO ROQUE VILLANUEVA Y EMILIO GAMBOA PATRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que aplique de manera urgente y como medida de efecto equivalente, un diferimiento en materia de inversión en el autotransporte de carga en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con base a lo siguiente:
La industria nacional del autotransporte de carga en nuestro país es una actividad estratégica de la que dependen casi 4 millones de mexicanos, moviliza anualmente un total de 410 millones de toneladas de las cuales 292 millones corresponden a mercancías tanto de importación y exportación. La industria mexicana del autotransporte de carga está integrada por cerca de 8,000 empresas y 72,000 hombres camión que, con un parque vehicular de 435,000 vehículos, participan con el 3.6% del Producto Interno Bruto nacional.
Es de vital importancia para México que el cumplimiento de los tratados internacionales, se traduzca en un beneficio sustantivo que propicie el desarrollo de nuestro país, fortaleciendo una industria nacional competitiva tanto en el ámbito interno como internacional, en condiciones que generen una competencia sana y equitativa entre los prestadores de servicios, pero principalmente que se traduzca en la generación de más y mejores empleos para nuestros ciudadanos.
Es deber de esta soberanía evitar que se ocasione a nuestro país daños irreparables en su sector de autotransporte que puedan hacer desaparecer esta industria nacional y aumente aún más, el creciente desempleo que padecemos.
Para el logro de estos objetivos, es urgente la intervención de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para mantener un principio elemental de equidad y reciprocidad en materia de inversión con nuestros socios comerciales, mismo que se ha visto afectado ante el desfasamiento en el calendario de apertura convenido en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que de no corregirse, generará un daño irreparable a la industria nacional del autotransporte de carga en México.
Antecedentes
Primero. Con motivo de la firma del Tratado de Libre Comercio del América del Norte suscrito por Canadá, Estados Unidos y México que tuvo lugar el 17 de diciembre de 1992, se convino el establecimiento de un calendario de apertura tanto en materia de servicios como de inversión, en lo que respecta únicamente al transporte internacional de carga, es decir, aquel que inicia en el territorio de un país y termina en el territorio de otro país miembro de dicho tratado.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entró en vigor el 1º de enero de 1994 con el siguiente calendario de apertura en materia de inversión:
Siete años después de la fecha de entrada en vigor del TLCAN, es decir desde el 1 de enero del 2001, hasta un 51% de inversión extranjera en empresas mexicanas.
Diez años después de la fecha de entrada en vigor del TLCAN, es decir a partir del 1 de enero del 2004, hasta un 100% de participación extranjera en empresas mexicanas.
Segundo. El Gobierno de los Estados Unidos de América desde el 18 de diciembre de 1995, impuso en forma unilateral, una moratoria tanto a la prestación de servicios como a la inversión a los transportistas mexicanos, motivo por el cual el Gobierno Mexicano promovió, de conformidad con el capítulo XX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte denominado "Disposiciones Institucionales y Procedimientos para la Solución de Controversias" la integración de un panel arbitral que el 6 de febrero del 2001, resolvió que dicha prohibición era un incumplimiento de los Estados Unidos de América y una medida en contra de los objetivos del TLCAN.
Tercero. En la resolución del Panel de Controversias, quedó establecido que los Estados Unidos de América deberían llevar a cabo las acciones necesarias para que sus prácticas en materia de inversión y servicios, se ajustaran a los compromisos adquiridos y en particular, en su numeral 302 del apartado de recomendaciones, señala que los argumentos de los Estados Unidos para negar la inversión a los nacionales mexicanos para invertir en empresas en los Estados Unidos para realizar servicios de transporte de carga internacional, eran inaplicables en virtud de que tanto México como los Estados Unidos, habían coincidido que tales inversiones no tenían ninguna relación con el tema de la seguridad de los camiones mexicanos.
Cuarto. No obstante que la resolución final del Panel de Controversias estableció que la moratoria impuesta en forma unilateral por los Estados Unidos de América desde el 17 de diciembre de 1995, es una medida incompatible con el TLCAN, no es sino hasta el 27 de noviembre del 2002, en que la Unión Americana levantó parcialmente la moratoria en materia de inversión y sin embargo, persiste a la fecha la restricción para la prestación de servicios transfronterizos por empresas mexicanas, es decir, que transcurrieron 6 años con 11 meses y 10 días para que el Gobierno Estadounidense procediera en forma parcial y permitiera formalmente, la realización de inversiones de mexicanos en empresas estadounidenses.
Pese a la resolución del panel transcurrieron casi 7 años en el que los transportistas mexicanos estuvieron impedidos arbitrariamente para constituir empresas en los Estados Unidos o invertir en empresas norteamericanas de transporte, en una notoria inequidad para los transportistas de nuestro país y en un evidente incumplimiento a los objetivos del TLCAN que en su artículo 102, numeral 1 incisos b) y c) dicen:
"Artículo 102. Objetivos
1. Los objetivos del presente Tratado, desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes:
b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;
c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;
d) ..."
"Contienen elementos discriminatorio y discrecionales, en tanto no aplican a autotransportistas de Estados Unidos y Canadá, aunado al hecho de que, se presentan obstáculos adicionales en materia de seguros, impuestos estatales y normas de seguridad en la fabricación de vehículos que se interponen a una apertura fronteriza efectiva; por lo que una apertura bajo tales condiciones sería inequitativa para los autotransportistas mexicanos".
El oficio puntualiza la negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a las reglas impuestas por los Estados Unidos y solicita a la Secretaría de Economía que, de no existir una solución convenida a la controversia, se considere proceder a la suspensión de beneficios en el sector, en virtud de que han transcurrido en exceso el plazo de 30 días de la recepción del informe final, plazo en el cual el Gobierno Estadounidense debió haber dado cumplimiento a la resolución del panel.
Sexto. Ante esta situación, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) con la representatividad gremial que le confiere la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, solicitó a la Secretaría de Economía el 5 de junio del 2003, proceder a la aplicación de las suspensión de beneficios de efecto equivalente en el sector del autotransporte de carga tanto en materia de servicios como de inversión, de conformidad con lo dispuesto por el propio tratado.
La Secretaría de Economía mediante oficio 100.2003 00633 de fecha 30 de junio del 2003 da respuesta al escrito de Canacar señalando en su parte conducente:
Séptimo. En vista a lo expuesto anteriormente, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga presentó el pasado 26 de noviembre del 2003, mediante escrito D.G. 441/2003, a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al titular del Ejecutivo Federal la argumentación jurídica respecto a las violaciones que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte presenta en contra de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la contradicción que enfrenta respecto de los compromisos multilaterales asumidos por México en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la resolución del Panel de Controversias y los principios elementales de derecho internacional.
Considerando
Primero. Que no se ha implementado el transporte internacional de carga previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Segundo. Que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha incumplido con sus compromisos de apertura tanto en materia de servicios como de inversión, en una evidente inequidad y falta de reciprocidad, que son contrarios al espíritu del tratado.
Tercero. Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, busca promover condiciones de competencia leal en una zona de libre comercio y sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos, impidió desde el 18 de diciembre de 1995 el acceso a su mercado a los transportistas mexicanos, tanto en materia de servicios como de inversión.
Cuarto. Que los Estados Unidos de América ha incumplido con la resolución final del Panel de Controversias; que ha transcurrido en exceso el plazo de 30 días previsto en el TLCAN, para dar cumplimiento a la resolución y que las reglas de acceso impuestas por el Gobierno Estadounidense, han sido rechazadas por las autoridades mexicanas por considerarlas discriminatorias.
Quinto. Que a la fecha, el Ejecutivo Federal de nuestro país no ha adoptado ninguna medida que restrinja la inversión extranjera en cualquiera de sus modalidades en el autotransporte de carga mexicano, lo que representa una importante desventaja competitiva para nuestros transportistas y amenaza con afectar las fuentes de empleo que genera esta actividad.
Que existe el grave riesgo de que empresas extranjeras de autotransporte de carga estadounidenses se apoderen del mercado nacional del autotransporte de carga mexicano del que dependen más de 4 millones de familias y es responsable de la movilización del 84% de la carga, tanto nacional como de importación y exportación.
Sexto. Que es facultad del Gobierno Mexicano, de conformidad con nuestros derechos en el TLCAN, adoptar medidas de efecto equivalente que efectivamente propicien condiciones para una competencia leal con nuestros socios comerciales, hasta en tanto no se logre un acceso efectivo y equitativo del autotransporte mexicano.
Séptimo. Que la falta de una intervención oportuna del Poder Legislativo puede ocasionar una afectación sustantiva a las fuentes de trabajo que genera la industria del autotransporte de carga ante la penetración masiva de la inversión extranjera en una actividad prioritaria para el desarrollo nacional.
Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, en su calidad de administradora del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con las facultades que se le confiere a nuestro país en el propio tratado, proceder de manera inmediata a aplicar, como medida de efecto equivalente, la restricción a la inversión extranjera por parte de empresas o personas físicas estadounidenses en el autotransporte de carga mexicano y en consecuencia, abstenerse de autorizar en forma expresa o mediante positiva ficta cualquier genero de inversión ya sea directa o neutra.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, informar a la H. Congreso de la Unión, respecto de las autorizaciones que en forma expresa o por positiva ficta hayan sido expedidas desde el año de 1995 hasta la fecha y así mismo, informar respecto de aquellas solicitudes que hayan sido presentadas y que se encuentren en trámite, con el propósito de que sean revocadas toda vez que no ha sido implementado el transporte internacional en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, con las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, abstenerse de expedir permiso o autorización alguna a cualquier personas física o moral que en su composición accionaria, ya sea en forma directa o neutra, cuente con inversión extranjera.
Cuarto. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, informar a la H. Congreso de la Unión, respecto de las autorizaciones o permisos que en forma expresa o por positiva ficta hayan sido expedidas desde el año de 1995 hasta la fecha y así mismo, informar respecto de aquellas solicitudes que hayan sido presentadas y que se encuentren en trámite, con el propósito de que sean revocadas, toda vez que como se ha expuesto no existe el transporte internacional y por ende, no es permisible la inversión extranjera en esta actividad.
Asimismo, informar a esta soberanía respecto del resultado de la inspección practicada a la empresa Trans Mex Inc., SA de CV, empresa que cuenta con participación accionaria de la estadounidense Swift Transportation Co.
Quinto. Aplicar un diferimiento a la entrada en vigor del artículo 6 transitorio, fracción III, de la Ley de Inversión Extranjera que adoptó el mismo calendario de apertura que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que en su parte conducente dice:
"Transitorios:
Sexto. Están reservados de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros las actividades de transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y de carga entre puntos del territorio de México y el servicio de administración de centrales camioneras de pasajeros y servicios auxiliares.
Sin embargo, en las actividades mencionadas la inversión extranjera podrá participar de conformidad con las disposiciones siguientes:
II. A partir del 1º de enero del año 2001, hasta el 51% del capital social de sociedades mexicanas, y
III. A partir del 1º de enero del año 2004, hasta el 100% del capital social de sociedades mexicanas sin necesidad de obtener la resolución favorable de la Comisión."
Sexto. Se aplique en forma inmediata el diferimiento a la inversión extranjera en el autotransporte de carga mexicano, por un periodo mínimo equivalente al que aplicó el Gobierno Estadounidense a los transportistas mexicanos, siempre y cuando el transporte internacional esté debidamente implementado por nuestros socios comerciales.
Señores Congresistas, la aplicación de la
anterior medida de efecto equivalente, permitirá restablecer los
plazos originalmente pactados para la apertura en materia de inversión
con nuestros socios comerciales. La medida que se solicita es totalmente
congruente con la facultad que tiene el Estado Mexicano, de conformidad
con nuestros derechos en el TLCAN, de adoptar medidas de efecto equivalente
en tanto no se logre un acceso efectivo y equitativo al autotransporte
de nuestro país al territorio de sus socios comerciales.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA ACTUALICE LA ESTADISTICA ALUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PUBLIQUE DICHAS CIFRAS NACIONALES EN UNA EDICION ESPECIAL, A CARGO DEL SENADOR ADALBERTO MADERO QUIROGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, senador por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, ocurro a presentar punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática actualice la estadística alusiva a las personas con discapacidad, y publique dichas cifras nacionales en una edición especial, y en atención a las siguientes
Consideraciones
Primera.- Desde los albores de la modernidad el Estado mexicano ha procurado contar con estadísticas confiables y sistemáticas que le permitan conocer la realidad social y económica de todo el territorio nacional, para de esa manera, diseñar políticas públicas que fomenten el crecimiento y el desarrollo del país. De esta manera, como fechas relevantes baste señalar que en 1882 se crea la Dirección General de Estadística, en 1895 se levanta el primer censo de población, y finalmente el 25 de enero de 1983 se constituye el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) como órgano desconcentrado, con autonomía técnica y capacidad financiera, diseñado para fortalecer las actividades de captación, procesamiento, presentación y difusión de la información estadística y geográfica que el país demanda, así como determinar la política que en materia de información debe seguir la Administración Pública Federal.
México pertenece al grupo de países que basan su desarrollo en el uso de la información y en el conocimiento organizado y diseminado electrónicamente al contar con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica sustentado en una Red Nacional de Información, que facilita la toma de decisiones de todos los sectores de la sociedad con base en la información oportuna y confiable.
Heredero de una larga tradición en la generación de estadísticas económicas y sociales, el INEGI ha sido punta de lanza para realizar un diagnóstico veraz y confiable de las variables más importantes del crecimiento demográfico de México. La información proporcionada por este órgano ha permitido atacar los puntos más críticos en materia de desarrollo social, tales como salud, trabajo, vivienda, entre otros. A pesar de estos grandes esfuerzos, la capacidad desplegada por el INEGI no alcanza a cubrir hoy en día toda la demanda de información que se requiere para conocer y actuar debidamente sobre los grupos más vulnerables de la población.
Pese a que en los últimos censos nacionales de Población y Vivienda se ha dedicado un apartado especial a las personas con discapacidad, dicho levantamiento censal es muy limitado en cuanto a las variables que coteja, y sobre todo, las cifras absolutas que proporciona no parecen corresponder a la realidad actual, ya que sí se confrontan dichos datos con los que ofrecen otros centros de información, se encuentran sendas diferencias y desproporciones que únicamente contribuyen a generar confusiones y falsas apreciaciones sobre la situación de estos importantes sectores de la población.
Por tal motivo, hoy es conveniente que el INEGI actuando con la responsabilidad y profesionalismo que lo caracterizan, elabore una estadística más confiable de las personas con discapacidad que habitan en todas las entidades del país.
Segunda.- Las personas con discapacidad constituyen un grupo altamente susceptible a la discriminación, a la falta de oportunidades y a la limitación de sus derechos fundamentales. Estas personas no sólo enfrentan dificultades para acceder a los espacios arquitectónicos, urbanos y físicos en general, sino también se les limitan las oportunidades sociales de salud, educación, trabajo, seguridad social y otros bienes sociales y derechos que son esenciales para garantizar las condiciones de una vida digna. Forman por todo esto, un grupo empujado de manera recurrente a la marginación social. Por consiguiente, los desafíos que enfrentan tienen en general un carácter social y estructural que difícilmente se soluciona con iniciativas individuales, requiriéndose en todo caso la acción institucional de los gobiernos y las diversas agrupaciones sociales.
Debemos reconocer que en la actual Administración se han logrado importantes avances, como la creación de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para las Personas con Discapacidad, y la constitución del Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad, que constituye la instancia máxima para impulsar, orientar y vigilar que los programas sectoriales e institucionales a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, encaucen sus esfuerzos y actividades hacia la atención y resolución de los problemas y necesidades de las personas con discapacidad.
Sin embargo, si estas dependencias funcionan sobre la base de datos incompletos o sin actualizar, los resultados de sus programas sólo se cumplirán parcialmente afectándose gravemente la integridad y los intereses de estas personas y de sus familias. De esta forma, aún sin proponérselo, el gobierno federal y las agrupaciones sociales seguirán postergando el cabal cumplimiento constitucional de integrar a todas las personas con discapacidad a una vida digna.
Una muestra de que las cifras sobre la población mexicana que sufre alguna discapacidad no pueden considerarse confiables, se presenta cuando se comparan los datos que al respecto ofrecen, por un lado, el INEGI, y por el otro, la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con el INEGI, en México, el 2.3 por ciento de la población equivalente a 2 millones 300 mil habitantes, la componen las personas con alguna discapacidad. Cabe recordar que una persona puede tener más de una discapacidad como es el caso de los sordomudos, por lo que resulta necesario determinar sí el levantamiento censal considera a una sola persona en la cuantificación de más de dos variables. La OMS estima, por otro lado, una prevalencia de 10 millones de mexicanos con diversos padecimientos físicos y/o mentalesconforme a los indicadores establecidos por dicha organización. Asimismo, se calcula que anualmente más de 100 mil personas llegan a sufrir alguna incapacidad, situación que les dificulta o imposibilita realizar sus actividades cotidianas, principalmente las de tipo laboral. Así en el Programa Nacional de Salud 2001 - 2006, se señala que las mexicanas y los mexicanos tienen en promedio diez años de vida saludable, como resultado de alguna disfuncionalidad.
Como podrá advertirse hay una exagerada diferencia entre los datos que brindan estas respetadas instituciones, lo que invariablemente conlleva a una confusión y, desde luego, a implementar políticas de desarrollo sin una base confiable de datos. Siendo el INEGI el órgano sobre el que se sustenta el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y la Red Nacional de Información, le corresponde la tarea de mejorar y mantener actualizada la estadística sobre las personas con discapacidad.
Tercera.- Para que las instituciones públicas y privadas brinden una solución efectiva a las necesidades más apremiantes de las personas con discapacidad, es necesario que aquellas cuenten en primera instancia, con un registro oportuno y confiable de la población y de los lugares que demandan una atención especializada. La única manera de garantizar que los recursos se orienten debidamente a estas personas, es detectando su ubicación, la cantidad real de población, la clasificación adecuada de los tipos de discapacidad, así como las condiciones del entorno en que se desenvuelven. Sólo así se lograrán importantes avances en la lucha por integrar a la personas con discapacidad a una vida digna y de calidad.
El INEGI es coordinador de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica (SNEIG) y por lo tanto, está plenamente comprometido con la captación y actualización de información geográfica y/o estadística de México, recurriendo a los medios tecnológicos más adecuados para ponerla a disposición de la sociedad en sistemas de fácil consulta y operación.
De acuerdo a la Ley de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, corresponde al INEGI generar estadísticas de interés nacional, con base en el levantamiento de censos, encuestas y la explotación de registros administrativos.
Por consiguiente, resulta urgente y necesario hacer un respetuoso exhorto a la Presidencia del INEGI a fin de que implemente las medidas necesarias para actualizar las cifras de las personas que sufren algún tipo de discapacidad en el territorio nacional. Por otra parte, con el fin de lograr una amplia difusión y transparencia de estas cifras nacionales, se requiere que el Instituto publique, además de en los censos generales de población y vivienda y salud, una edición especial que contenga toda la estadística actualizada y confiable sobre los ciudadanos mexicanos con discapacidad. De esta manera, se garantiza que todos los sectores involucrados con la atención y rehabilitación de estas personas dispongan de una información más accesible y tangible, además de la que el INEGI brinda por medios electrónicos.
Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno conforme a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática actualice la estadística alusiva a las personas con discapacidad, y publique dichas cifras nacionales en una edición especial.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de febrero del 2004.
Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE SIGUEN EN CONTRA DE SEIS CIUDADANOS DE ORIGEN VASCO, ACUSADOS DE PERTENECER A LA ORGANIZACION TERRORISTA VASCA ETA, A CARGO DEL SENADOR RUTILIO CRUZ ESCANDON CADENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito senador, Rutilio Cruz Escandón Cadena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado a las instancias correspondientes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a fin de que en los procesos judiciales seguidos contra distintas personas de origen vasco, apeguen sus actuaciones a las normas y procedimientos legales vigentes de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.
Segundo.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que investigue las posibles violaciones a las garantías procesales de los seis ciudadanos de origen vasco que permanecen detenidos en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de febrero de 2004.
Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL GOBIERNO DE MEXICO NO ATIENDA LA SOLICITUD DE EXTRADICION FORMULADA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL, RESPECTO DE ORIUNDOS DEL PAIS VASCO QUE SE ENCUENTRAN LEGALMENTE EN MEXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna con el propósito de presentar el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución para que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicite al Poder Judicial de la Federación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México a que suspendan el trámite de solicitud de extradición que el Gobierno de España solicitó a su similar de México en 2003.
La solicitud de la Audiencia Nacional de España presentada por medio de la Embajada de España en México en contra de Juan Carlos Artola Díaz, Erneste Alberdi Elejalde, Asier Arronategui Duralde, José María Urquijo Borde, María Asunción Gorrochategui Vázquez y Félix Salustiano García Rivera, el 22 de agosto de 2003 imputa a estas personas la comisión de delitos en España, paradójicamente esta presunta participación se da mucho tiempo después de que ellos viven en México, con lo cual en todo caso, y si fueran responsables de la comisión de algún delito, tendrían que ser juzgados en México.
Pero hasta donde se tiene conocimiento ni la Procuraduría General de la República, ni ninguna procuraduría general de justicia de los estados o del Distrito Federal, han solicitado a ningún juez una orden de aprehensión en contra de ellos.
Estas personas originarias del País Vasco, en la península ibérica, llevan tiempo en nuestro país y se han incorporado de manera honesta a la actividad productiva.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República actúo de manera ilegal en su detención, tan es así que un juez federal les otorgó el amparo.
Paradójicamente el gobierno español pretendió que fueran extraditados ciudadanos mexicanos por nacimiento y por naturalización sin que se logrará ese propósito.
A nadie escapa la peculiar situación política de España y del País Vasco en particular la pretensión del Gobierno de Aznar de que todo vasco es miembro de ETA y por tanto terroristas, es similar a la del Gobierno de George W. Bush, en donde toda persona o país que no esté a favor de sus afanes imperialistas es, automáticamente, simpatizante de los terroristas.
Así como Bush, Blair y Aznar se equivocaron al librar una invasión en contra del pueblo y gobierno iraquí, esgrimiendo como molino de viento las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía el gobierno iraquí, así se equivoca el gobierno español al pretender la extradición de estos ciudadanos vascos que viven en México.
A mayor abundamiento la solicitud de extradición se basa en la presunta comisión de delitos de asociación ilícita e integración en organización terrorista; allegamiento de fondos con fines terroristas; blanqueo de capitales procedente de actividades terroristas y, falsedad documental.
Bastaría tan sólo una simple lectura de los ordenamientos jurídicos mexicanos para rechazar la solicitud del gobierno español, el artículo 15 constitucional y la Ley de Extradición Internacional son claras en cuanto a que no se concederá ninguna extradición cuando el delito haya sido cometido dentro del ámbito de la jurisdicción de los tribunales de la República, así lo establece la fracción IV del artículo 7° de la ley de la materia.
Suponiendo, sin conceder, que los delitos que invoca el gobierno español se hubieran cometido, el lugar de comisión es el territorio nacional y, en todo caso aquí donde deberían ser juzgados. Y como señalamos anteriormente no ha existido ninguna solicitud de aprehensión ni de la PGR, ni de las procuradurías de los estados o del Distrito Federal por la sencilla razón de que dichos delitos no fueron cometidos por los ciudadanos vascos detenidos en nuestro país.
Pero más aún, tal y como lo exige la ley de la materia en el artículo 16, fracción II, el gobierno español no entregó pruebas fehacientes que acreditaran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los reclamados.
Más aún si consideramos que el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1980 y que los delitos que se les imputan a los ciudadanos vascos privados de su libertad fueron cometidos, presuntamente, después de la publicación de este tratado, y antes de la modificación que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril del 2001, por lo que su aplicación es a todas luces retroactiva, en flagrante contravención a lo que dispone el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".
En consecuencia el ordenamiento jurídico mexicano no consiente la aplicación retroactiva de la modificación al texto original del Tratado de Extradición México-España, por lo que su aplicación es ilegal.
Indudablemente la persecución del Gobierno de Aznar hacia estos ciudadanos vascos tiene eminentemente motivaciones de carácter político, y no podemos sustraernos de este entorno. Máxime que la presencia del juez Baltasar Garzón en nuestro país la semana pasada y sus declaraciones tienen una motivación eminentemente política, el que haya declarado que los obstáculos que supuestamente enfrentó para poder ingresar al interrogatorio de los ciudadanos vascos es porque el Gobierno del Distrito Federal simpatiza con la ETA es la estupidez más grande que el supuesto prestigio que ganó al solicitar al gobierno inglés la extradición de Augusto Pinochet a España.
En consecuencia la actitud de la justicia federal mexicana y de la Secretaría de Relaciones Exteriores debe ser la de rechazar la solicitud del gobierno español.
Compañeras y compañeros legisladores:
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Unico.- La Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al
C. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito
Federal a que ordene la inmediata libertad de los ciudadanos vascos detenidos
en virtud de la solicitud presentada por el gobierno español y a
la Secretaría de Relaciones Exteriores a que rechace esta solicitud.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL A ELABORAR O ACTUALIZAR Y PUBLICAR A MAS TARDAR EL 15 DE FEBRERO, COMO LO DISPONE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO Y SUS PRODUCTORES, A CARGO DEL DIPUTADO ROGELIO RUEDA SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Rogelio Rueda Sánchez, integrante de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución en atención a la siguiente
Exposición de Motivos
Las condiciones adversas por las que atraviesa el campo mexicano no solo han ocasionado el deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de los productores rurales sino también han amenazado la viabilidad de sus actividades productivas. De ahí la importancia de la oportunidad y eficacia con que se les otorgan a los productores los apoyos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los programas de apoyo al campo son diversos, variados y complejos. Entre otros se encuentran los señalados en el anexo 15 del Presupuesto de Egresos, mismo que se agrupan en distintas vertientes como lo son la Reconversión Productiva, la Integración de Cadenas Agroalimentarias, la Atención a Factores Críticos, así como la Atención a Grupos y Regiones Prioritarias.
De ahí que contar con las Reglas de Operación necesarias para el desarrollo de estos programas con la mayor oportunidad y simplificación posibles sea de vital importancia.
En efecto, el artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación señala en su fracción III que "Las reglas de operación de todos los programas (del anexo 15) deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 15 de febrero de 2004".
Es de observar que tales reglas no solo son necesarias para el ejercicio expedito de los programas, sino también para su control y evaluación. Como le señala el mismo dispositivo del Presupuesto la SAGARPA deberá enviar a la Cámara de Diputados un informe trimestral sobre el presupuesto ejercido, y que esto debe hacerse a más tardar 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre de que se trate.
Asimismo, aquellos programas que componen el denominado Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable contemplados en el anexo 17 del Presupuesto requieren también de reglas de operación para su ejercicio. Tal y como lo dispone el artículo 64-BIS C en el caso de programas que ya cuentan con reglas estas serán modificadas solo en los estrictamente necesario para cumplir con lo señalado en el articulo 55 (contar con reglas de operación oportunamente publicadas), y podrán ser simplificadas para garantizar el ejercicio expedito de los programas.
Los programas del anexo 17 comprenden vertientes de suma importancia tales como Alianza para el Campo, Apoyos a Precios y Comercialización, y Apoyo al Ingreso tales como PROCAMPO. Es de observar, que al igual que en el caso de los programas del anexo 15, también en estos hay la obligación de rendir informes trimestrales a la Cámara de Diputados.
Es en tal virtud que, en el marco de colaboración entre Poderes, en este caso el Legislativo y el Ejecutivo, es oportuno el que con una intención propositiva se haga un respetuoso recordatorio preventivo a las dependencias del Ejecutivo, principalmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que en tiempo y forma se cuente con las reglas de operación de todos los programas mencionados debidamente publicadas.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de los tiempos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la publicación de las reglas de operación de los programas señalados en los anexos 15 y 17 de dicho Presupuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la aprobación, bajo el trámite de urgente y obvia resolución, del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con una intención propositiva y respetuosa, exhorta a las dependencias del Ejecutivo Federal, principalmente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a elaborar o en su caso actualizar, simplificar y publicar a más tardar el 15 de febrero, tal y como lo dispone el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, las reglas de operación de los programas de apoyo al campo y sus productores contemplados en los anexos 15 y 17 del mencionado Presupuesto.
México, DF, Salón Legisladores de la República, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de febrero del 2004; Comisión Permanente del primer receso del primer año de funciones constitucionales de la LIX Legislatura.
Atentamente.
Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A QUE EMITA UN ACUERDO QUE PERMITA SUPRIMIR DE MANERA DEFINITIVA LA ENTRADA DE LLANTAS USADAS A MEXICO, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Economía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
El pasado día 20 de agosto de 2003, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, adoptó por unanimidad el siguiente punto de acuerdo:
Exhortar a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Administración General de Aduanas, para que instrumenten las acciones que permitan suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas a México.
En respuesta, la Administración General de Aduanas señaló que no puede impedir la entrada de llantas usadas a México mientras éstas ingresen al amparo de un permiso previo de importación. No obstante, el Administrador General de Aduanas giró instrucciones para que se actuara, en forma coordinada con otras dependencias, para cumplir el punto de acuerdo expedido por el H. Congreso de la Unión.
Por otra parte, la Secretaría de Economía respondió al punto de acuerdo señalando que existen acuerdos interinstitucionales entre los gobiernos de México y Estados Unidos para el reciclaje de llantas usadas; que la restricción a la importación de llantas usadas sería violatoria del artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio1 y del artículo 309 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.2 De manera conjunta, señaló que existe la posibilidad de enfrentar este problema mediante la emisión de una norma técnica de calidad de llantas usadas, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las personas.
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dirigió a su vez un exhorto a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, colabore en la consecución de los objetivos ambientales previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección del Ambiente (LGEEPA), así como en la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
En el referido exhorto, la Semarnat reconoce, confirma y abunda sobre los hechos que el H. Congreso de la Unión esgrimió como base para emitir el punto de acuerdo de fecha 20 de agosto de 2003. Entre otros, reconoce, confirma y abunda sobre lo siguiente:
2. Los operadores de rellenos sanitarios actualmente rechazan recibir llantas usadas para su disposición final, debido al espacio que ocupan y a que concentran gases, que las hacen flotar rompiendo las capas de recubrimiento de los rellenos. Lo anterior, contribuye a su acumulación indiscriminada en tiraderos clandestinos.
3. La llanta usada, de importación para su consumo directo, tiene un 75% menos de vida útil respecto de la llanta nueva importada y la llanta de producción nacional.
4. Las agrupaciones fronterizas de llanteros manejan inadecuadamente, desde el punto de vista ambiental, las llantas que en Estados Unidos son consideradas desechos, resultando además difícil, para las autoridades, la identificación de los generadores primarios.
El primer argumento es el siguiente:
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), han firmado acuerdos interinstitucionales de cooperación ambiental para el reciclaje de llantas usadas. Asimismo, existe conjuntamente entre los dos países el Programa Nacional de Sociedad Tecnológica Fronteriza, mediante el cual fomentan el desarrollo de tecnologías para convertir las llantas recicladas de desecho en un proceso con valor potencial, como puede ser transformarlas en combustible para la generación de electricidad.
Al respecto, es importante señalar que los acuerdos interinstitucionales a los que hace referencia dicha dependencia no existen. Ninguna entidad gubernamental mexicana, ya sea en el orden federal o en el local, ha celebrado acuerdos, con agencias de gobierno en los Estados Unidos, tendientes a atender el grave problema ambiental y de salud que representa la inadecuada disposición de las llantas usadas que se importan a México. Tampoco, se han celebrado acuerdos interinstitucionales tendientes a evitar el envío de residuos en forma de llantas a México.
La única excepción a lo anterior, es el programa "Frontera 2012" que se limita, hasta el año 2010, a proponer la limpieza de tres sitios infestados de llantas. Con ello, sólo se abordan las consecuencias del problema, pero no se atacan los orígenes del mismo.
El segundo argumento es que
La restricción a la importación de llantas usadas sería violatoria del artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como del artículo 309 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Efectivamente, el artículo 309 del TLCAN prohíbe que México adopte o mantenga prohibiciones o restricciones a la importación de bienes provenientes de los Estados Unidos, salvo que dichas prohibiciones o restricciones se encuentren previstas en alguno de los casos de excepción del artículo XI del GATT. Como lo señala la Secretaría de Economía, la importación de llantas de desecho no se encuentra contemplada dentro del artículo XI del GATT.
Sin embargo, el propio TLCAN establece en su artículo 104, que las disposiciones contenidas en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, están por encima de las disposiciones de del propio TLCAN, incluyendo el artículo 309.
Precisamente, para impedir que los desechos peligrosos y otros desechos fueran exportados desde los países generadores hasta otros que no contaran con la infraestructura necesaria para disponer adecuadamente de ellos, es que México suscribió el Convenio de Basilea el 22 de marzo de 1989.
Este instrumento internacional, del cual hoy alrededor de 130 países del mundo son parte, reconoce plenamente el derecho de México a prohibir la importación hacia sus territorios, de residuos peligrosos y otros desechos. Además, impone la obligación a México de "impedir la importación de desechos peligrosos y otros desechos si tiene razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente racional" [artículo 4(2)(g)].
Así, por virtud de este tratado, México puede impedir la importación de llantas de desecho a México provenientes de los Estados Unidos, toda vez que este país no es parte del Convenio de Basilea. Este convenio textualmente dice "ninguna Parte permitirá que los desechos peligrosos y otros desechos se exporten a un Estado que no sea Parte o se importen de un Estado que no sea Parte" [artículo 4(5)] (énfasis añadido).
Por tanto, impedir la importación de llantas de desecho es consistente con un tratado internacional del cual México es parte y que prevalece sobre el texto del TLCAN, por lo que la restricción en la importación de tales bienes de desecho no transgrede los compromisos comerciales internacionales de México.
Más aún, el Ejecutivo Federal está facultado, por virtud del artículo 4° de la Ley de Comercio Exterior (LCE), a establecer medidas para regular o restringir la importación de mercancías, a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente. Del mismo modo, la Secretaría de Economía cuenta con facultades, con base en el artículo 5 fracción III de la propia LCE, para estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de restricción no arancelarias a la importación de mercancías.
Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación de mercancías pueden establecerse en los casos que señala el artículo 16 de la LCE, entre los cuales se encuentran:
b) Para atender a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte; y
La importación de residuos de otros países en forma de llantas usadas hacia el territorio nacional, puede restringirse en su totalidad con base en todas las hipótesis de manera conjunta o incluso por separado.
En particular, las llantas usadas que ingresan al país son productos de desecho que carecen de mercado sustancial en su país de procedencia. Por esta razón llegan a nuestro país anualmente alrededor aproximadamente tres millones de llantas de desecho, agravando sustancialmente el problema de la disposición inadecuada de estos desechos.
Otros países que tampoco cuentan con la infraestructura necesaria para disponer adecuadamente de las llantas de desecho que se generan en sus territorios, han optado por prohibir la importación de llantas usadas. Tales son los casos de Argentina y Brasil.
El tercer argumento es el siguiente:
Existe la posibilidad de establecer una norma de calidad que tendría que aplicarse indistintamente a productos nacionales e importados. En este sentido, sería necesaria la creación de una norma oficial mexicana donde se regule la calidad de las llantas usadas que aún tengan vida útil y que se comercialicen, así como que se establezcan las especificaciones o los requisitos mínimos del producto. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las personas.
El problema derivado de la importación de llantas de desecho no puede solucionarse con la emisión de una norma oficial mexicana que establezca parámetros de calidad para estos productos.
Las llantas neumáticas están formadas por diversos compuestos de hule, capas de cuerdas textiles y alambres que en conjunto, cuando están nuevas, tienen una alta resistencia a la flexión, desgarre, desgaste por abrasión y calentamiento excesivo.
Conforme las llantas se usan surgen deterioro interno, las cuerdas se "fatigan" por lo que pierden su capacidad de mantener los componentes en su lugar y la resistencia a la deformación; los compuestos de hule se "degradan" por la flexión, cambios de temperatura y exposición a la intemperie así como pierden su adherencia con los textiles y alambres.
El deterioro es aún mayor cuando las condiciones de uso de las llantas no son las adecuadas como puede ser baja o alta presión, golpes (banquetazos), velocidades de manejo (frenado y arranque brusco), mala alineación y balanceo así cómo fallas mecánicas del vehículo (amortiguadores, frenos y suspensión en malas condiciones) que provocan un desgaste irregular.
Por tanto, aun cuando se emitiera una norma oficial mexicana que estableciera requisitos de calidad para las llantas usadas, sería imposible constatar si cada llanta de desecho que se importa a México cumple o no con tales requisitos, con el consecuente riesgo a la vida e integridad física de los mexicanos que hace uso de dichos productos.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Exhortar a la Secretaría de Economía a que emita un acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior así como en los Tratados Internacionales aplicables, que permita suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas a México; o, en su defecto, que tome las medidas que estime pertinente para alcanzar el objetivo mencionado.
Dado en el Salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 3 de febrero de 2004.
Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica)
Notas:
1 El artículo XI, párrafo 1, establece:
"Ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá - aparte
de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas - prohibiciones ni
restricciones a la importación de un producto del territorio de
otra parte contratante o a la exportación o a la venta para la exportación
de un producto destinado al territorio de otra parte contratante, ya sean
aplicadas mediante contingentes, licencias de importación o de exportación,
o por medio de otras medidas".
2 El párrafo 1 del artículo 309 del TLCAN
establece: "Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna de
las Partes podrá adoptar o mantener ninguna prohibición ni
restricción a la importación de cualquier bien de otra Parte
o a la exportación o venta para exportación de cualquier
bien destinado a territorio de otra Parte, excepto lo previsto en el artículo
XI del GATT, incluidas sus notas interpretativas. Para tal efecto, el Artículo
XI del GATT y sus notas interpretativas o cualquier otra disposición
equivalente de un acuerdo sucesor del cual formen parte todas las Partes,
se incorporan en este Tratado y son parte integrante del mismo".
CON PUNTO DE ACUERDO, EN TORNO A LA DEFORESTACION Y DETERIORO AMBIENTAL QUE SE PRESENTAN EN LA CIUDAD DE MEXICO Y SUS ZONAS CONURBADAS CON LOS ESTADOS DE MEXICO, PUEBLA Y MORELOS, A CARGO DEL SENADOR DAVID JIMENEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La creciente deforestación que amenaza día a día la ciudad de México y su zona conurbada, es un problema que trae como consecuencia el deterioro del ambiente, contaminación, escasez de agua, fertilidad del suelo y otro muchos problemas relevantes en el país.
Para una urbe en donde circulan diariamente 3.6 millones de vehículos y viven 16.8 millones de personas, es indispensable contar con políticas y medidas que den sustento y viabilidad a esta gran ciudad.
Con preocupación vemos que día a día se lleva a cabo con la complacencia de las autoridades Federales, Estatales y del Distrito Federal una gran y despiadada tala clandestina de árboles y bosques en las zonas que rodean el Distrito Federal, tal es el caso del Cerro del Chiquihuite, el Desierto de los Leones, el Ajusco, el Cerro de la Estrella y todas las áreas protegidas que están en completo proceso de destrucción.
En el tercer informe de gobierno del C. Presidente Vicente Fox Quezada, en el anexo correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, se nos dijo que el Gobierno Federal ubicó el tema forestal y su relación con el agua como un asunto prioritario para la seguridad nacional, y que la Semarnat, en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como los sectores social y privado, además de un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales, emprendieron acciones dirigidas a fortalecer el desarrollo sectorial, También se nos informó que las principales acciones trazadas son: El Programa Nacional de Reforestación (Pronare), Programa de Desarrollo Forestal (Prodefpor), Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan), y otra serie de proyectos encaminados a disminuir y evitar tal deforestación.
Lamentablemente lo que vemos en la ciudad de México, en las delegaciones Cuajimalpa, Tlalpan, Tlahuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras, así como en los estados de Morelos, Puebla y Estado de México, se están talando y acabando con los pulmones de la Ciudad de México y las áreas verdes de estos Estados de la República. ¿Qué tanto hacen las autoridades forestales locales como las federales para frenar esta destrucción?
Es necesario e importante que el Congreso de la Unión, esté debidamente informado de manera cierta y oportuna de los programas, proyectos y acciones que se llevan a cabo, así como las medidas y sanciones que se aplican a estos hechos condenables.
Por todo lo anterior, someto a su amable consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los programas, proyectos y acciones, así como las sanciones que se han efectuado a las personas que han incurrido en estas conductas de deforestación y deterioro ambiental que se presenta en la ciudad de México y su zona conurbada con los estados de Mexico, Puebla y Morelos.
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de febrero de 2004.
Sen. David Jiménez González
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA A INSTRUMENTAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA REDUCIR EL PRECIO DEL GAS NATURAL EN MEXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Marcela Guerra Castillo diputada federal de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el tenor de las siguientes
Consideraciones
Es de todos sabido el incremento descomunal del que ha sido objeto el gas natural en los últimos meses, sobre todo a partir de enero de 2004. El alto precio de este energético ha ocasionado el cierre de miles de empresas del sector manufacturero, en específico en los sectores químico, petroquímico, textil, de aceites, vidrio y siderúrgico, entre otros.
En el norte de México es donde más ha impactado el incremento en comentario y en consecuencia se ha desalentado al sector industrial, generándose una menor inversión. Tal situación no es permisible.
Es incongruente que en México el gas natural tenga uno de los precios más altos del mundo y al mismo tiempo cuente con reservas probadas de gas natural que se calculan en 22 billones de pies cúbicos (equivalentes a 4,460 millones de barriles de petróleo crudo) que al ritmo de producción actual son suficientes para satisfacer la demanda de gas natural del país durante los próximos 22 años.
México, siendo país productor e importador de gas natural cuenta con precios por encima de otros países, incluso no productores. En contraste, a pesar de este aumento de precios no se ha logrado aumentar la producción de gas natural, ni mejorar la calidad del suministro.
Los competidores de México cuentan con un menor costo y una mejor calidad en la producción y en el suministro de gas natural.
En México se debe invertir en la exploración y producción de gas natural para evitar la importación de este energético, contando con un suministro abundante de gas natural, que nos dé estabilidad de precios mejorando la competitividad del país en un entorno global.
La premisa debe ser asegurar el abasto nacional a precios competitivos antes de su exportación.
El alza en los precios del gas natural se contrapone a los objetivos que persigue la Secretaría de Energía, a quien compete conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional.
Así como proporcionar a la población un acceso pleno a los insumos energéticos, a precios competitivos; con empresas públicas y privadas de calidad mundial, operando dentro de un marco legal y regulatorio adecuado; con un firme impulso al uso eficiente de la energía y a la investigación y desarrollo tecnológicos; con amplia promoción del uso de fuentes alternativas de energía; y con seguridad de abasto.
Por tanto, la Secretaría de Energía a través de la Comisión Reguladora de Energía, es la encargada de regular de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del gas y de electricidad, con apoyo de personal especializado y sistemas administrativos modernos, a fin de alentar la inversión productiva y garantizar un suministro confiable, seguro y a precios competitivos de energéticos en beneficio de los usuarios.
No podemos mantener, como precio de referencia, el establecido en Norteamérica, el cual se ha convertido en la región de mayor costo de gas natural en el mundo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y por la urgencia que esta situación amerita, someto a consideración del Pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a:
"Primero: Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a implementar mejores mecanismos para la fijación de precios de gas natural más competitivos, a fin de promover una disminución en el precio actual del gas natural; y realizar mayores inversiones y en la exploración y producción de gas natural, para evitar la importación de este energético y, en consecuencia, contar con un suministro abundante de gas natural que nos proporcione la estabilidad en los precios, mejorando la competitividad del país en un entorno global y promoviendo tarifas preferenciales a los consumidores nacionales, para así fomentar el desarrollo de este sector de la industria energética en México.
Segundo: Se solicita que esta Proposición se comunique de inmediato al Lic. Felipe calderón Hinojosa, Secretario de Energía, exhortándolo para que en su próxima comparecencia ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente, a realizarse el 9 de febrero del mes y año en curso, exponga los programas y medidas a adoptar para evitar continúen los incrementos en el precio de gas natural."
"En virtud de la importancia y gravedad del asunto materia de esta Proposición, así como ante la proximidad de la comparecencia del Secretario de Energía a que se refiere el Punto Segundo propuesto, se solicita que se tramite como asunto de Urgente Resolución, en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para ello se presenta oportunamente ante la Mesa directiva, acompañado de una versión electrónica"
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de febrero de 2004.
Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica)
A su reunión de trabajo, con la presencia de los CC. licenciado Carlos Abascal Carranza, doctor Santiago Levy Algazi y doctor Gilberto Calvillo Vives, que se efectuará el miércoles 4 de febrero, a las 8:30 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Sen. Héctor Larios Córdova
Presidente
DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS
A su sexta reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 4 de febrero, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, DE GOBERNACION, Y DE RELACIONES EXTERIORES
A su reunión de trabajo en Comisiones Unidas, para la presentación del informe del subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, doctor Francisco José Paoli Bolio, sobre los foros y las mesas de trabajo que dicha dependencia realiza a fin de conocer la opinión ciudadana respecto a una posible reforma legislativa que permita el voto de los mexicanos en el extranjero, la cual tendrá verificativo el miércoles 4 de febrero, a las 9:30 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente de la Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios
Dip. Julián Angulo Góngora
Presidente de la Comisión de Gobernación
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Atención a Grupos Vulnerables, encargada de la organización del Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2004, la cual tendrá lugar el miércoles 4 de febrero, a las 11 horas, en las instalaciones de la Comisión (edificio D, planta baja).
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
Asu reunión plenaria, con la comparecencia del profesor Nelson Vargas Basáñez, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que se realizará el miércoles 4 de febrero, a las 11 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE MARINA
A la reunión de trabajo de las Mesas Directivas de las Comisiones de Marina, de Pesca, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, que tendrá lugar el miércoles 4 de febrero, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, a las 13 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
8. Agenda legislativa:
a) Puntos de acuerdo. Discusión y, en su caso,
aprobación.
b) Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal y a la Ley Agraria.
9. Asuntos generales.
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su segunda reunión plenaria informativa, que se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, a las 13:30 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Orden del Día
3. Propuesta de la Mesa Directiva respecto a las iniciativas
y a las proposiciones pendientes de la LVIII Legislatura.
4. Propuesta de la Mesa Directiva respecto a las iniciativas
y a las proposiciones turnadas en la presente Legislatura.
5. Informe sobre las iniciativas y las proposiciones
turnadas en la presente Legislatura.
6. Creación de la Subcomisión para la Reforma
del Distrito Federal y proceso de designación de sus integrantes.
7. Presentación del Foro sobre la reforma política
del Distrito Federal.
8. Presentación del Taller sobre práctica
parlamentaria.
9. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su séptima reunión extraordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, a las 14 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su tercera sesión ordinaria, que se realizará el miércoles 4 de febrero, a las 15 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de la subcomisión encargada de la organización del Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2004, que se realizará el miércoles 4 de febrero, a las 17 horas, en las instalaciones de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL
A su reunión extraordinaria, que se realizará el miércoles 4 de febrero, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 10 de febrero, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 10 de febrero, a las 10 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión plenaria, que se realizará el martes 10 de febrero, a las 10 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria de trabajo con funcionarios de la Consar, que se llevará a cabo el martes 10 de febrero, a las 11 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su cuarta reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 11 de febrero, a las 12 horas, en el salón Protocolo de la Comisión.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión extraordinaria con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero, a las 17 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
A su sesión de trabajo, que se realizará el miércoles 11 de febrero, a las 17 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su sesión ordinaria, que tendrá lugar el jueves 12 de febrero, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día