ACTA DE LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MIERCOLES CATORCE DE ENERO DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintisiete legisladoras y legisladores, a las once horas con diecisiete minutos del miércoles catorce de enero dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.
Comunicación del senador César Raúl Ojeda Zubieta por la que informa que se reincorpora a sus actividades legislativas. De enterado y remítase a la Cámara de Senadores.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Coahuila, con acuerdo por el que se pronuncia en contra de la privatización de la Lotería Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.
Coahuila, con acuerdo relativo a los despidos de trabajadoras embarazadas solicitando que queden prohibidos legalmente. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.
Oaxaca, con acuerdo en relación con el bloqueo económico, comercial y financiero contra la República de Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, de la Cámara de Senadores.
Oaxaca, con acuerdo en relación con el conflicto palestino - israelí. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.
Tamaulipas, con acuerdos relativos a la exploración y explotación de la Cuenca de Burgos. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.
Comunicación del Consejo de la Judicatura Federal por la que informa del inicio de su primer periodo de sesiones de dos mil cuatro. De enterado.
Comunicación de la magistrada María del Consuelo Villalobos Ortiz por la que informa de su elección como Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el periodo dos mil cuatro - dos mil cinco. De enterado.
Comunicación del Embajador de la República Federal de Alemania en México por la que remite carta del Presidente de esa nación, señor Johannes Rau, en la que agradece al Presidente de la Cámara de Senadores, senador Jesús Enrique Jackson Ramírez, la recepción que le ofreciera el Senado mexicano. Remítase a la Cámara de Senadores.
Comunicación del Embajador de la Federación de Rusia en México, por la que remite mensaje del señor Sergey Mironov, Presidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal, en la que expresa su agradecimiento al Presidente de la Cámara de Senadores, senador Jesús Enrique Jackson Ramírez, por la hospitalidad y atención prestadas a la delegación de ese Consejo. Remítase a la Cámara de Senadores.
Comunicación de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente con acuerdo relativo a la incorporación del senador Rafael Melgoza Radillo a la Segunda Comisión. Se aprueba en votación económica.
Dos oficios de la Cámara de Senadores por los que remite las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:
Que reforma los artículos cuarenta y doscientos veintidós de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional.
El senador Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo treinta y ocho de la Ley de Puertos. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Cinco, por los que remite copias de las contestaciones de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados relativos: a los precios de gas en el estado de Chihuahua, que se turna a las comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, así como al promovente, para su conocimiento; a las empresas mexicanas exportadoras de alimentos, que se turna a las comisiones de Economía y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, así como al promovente, para su conocimiento; al uso, registro y manejo residual de beta - análogos, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento; al Acuerdo Nacional para el Campo, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento; y a las disposiciones que impone la nueva legislación contra el bioterrorismo en los Estados Unidos de América, que se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.
Tres, por los que remite copias de las contestaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores relativos al Plan Maestro de la Citricultura en el estado de Colima, al apoyo a los productores rurales afectados por las contingencias climatológicas y a la internación ilegal de vehículos extranjeros. Se turnan a la Cámara de Senadores.
Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Japón. Se turna a la Primera Comisión.
Quince, con las que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Se concede permiso a ocho ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los gobiernos de los Estados Unidos de América, de Canadá y del Reino Unido, en México.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo para que comparezca el secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que precise la posición del Ejecutivo Federal en relación con la Convención Nacional Hacendaria y explique el programa de reducción de cincuenta mil plazas de servidores públicos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Desde su curul el senador Emilio Gamboa Patrón, del Partido Revolucionario Institucional, hace aclaraciones sobre la proposición de referencia y el Presidente la turna a la Primera Comisión. Posteriormente se modifica el trámite y se turna a la Tercera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite copia de la contestación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores relativo al cobro de peaje por el uso del Puente Grijalva. Se turna a la Cámara de Senadores.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
Desde su curul el senador Madero Quiroga solicita rectificar el turno dado a su proposición y el Presidente explica los fundamentos por los que no es procedente su solicitud.
Diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, para solicitar al Ejecutivo Federal a que cumpla con lo dispuesto en el artículo treinta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Tercera Comisión.
Senadora Silvia Hernández Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Segunda Comisión, en relación con el plan migratorio anunciado por el Presidente de los Estados Unidos de América y solicita trámite de urgente resolución. En votación económica la Asamblea considera de esa manera el asunto y hablan en pro la senadora Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional; y la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.
Senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Procuraduría General de la República, ejerza la facultad de atracción de casos de secuestro en el estado de Tamaulipas y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa manera el asunto y el Presidente turna la proposición a la Primera Comisión.
Continúan la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
Diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, para solicitar una reunión interparlamentaria México - Estados Unidos de América, para tratar el problema migratorio. Se turna a la Segunda Comisión.
Senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, para que comparezca el secretario de Energía a fin de que explique la política de integración energética con los Estados Unidos de América. Se turna a la Primera Comisión.
Senador Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Ejecutivo Federal a que promueva un acuerdo migratorio bilateral justo con el gobierno de los Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.
Diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la integración de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa forma el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Tercera Comisión.
Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proceso penal que se sigue contra los señores Isidro Valdenegro López y Domingo Rivas Carrillo. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Diputado Víctor Manuel Camacho Solís, a nombre propio y del diputado René Arce Islas, ambos del Partido de la Revolución democrática, para que la Comisión Permanente y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México celebren un homenaje en memoria del profesor italiano Norberto Bobbio. Se turna a la Primera Comisión.
Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el conflicto en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y hablan en pro el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; y el senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.
Se refieren a la Cumbre Extraordinaria de las Américas los legisladores: diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática; senadora Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional; senador César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional; y diputado Luis Maldonado Venegas, de Convergencia.
Habla sobre la situación de justicia y derechos humanos en México la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática. Para el mismo tema se concede la palabra a los senadores: Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; y Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría
da lectura al orden del día de la próxima sesión y
el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con un minuto, citando
para la que tendrá lugar el miércoles veintiuno de enero
de dos mil cuatro, a las once horas.
México, DF, a 15 de enero de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
Presente
Francisco A. Fraile García, senador de la República por el estado de Puebla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 63, segundo párrafo, y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le manifiesto de manera respetuosa lo siguiente:
Segundo.- Se sirva a realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.
Atentamente.
Sen. Francisco A. Fraile García (rúbrica)
DE LA DIPUTADA MARIA DEL CARMEN MENDOZA FLORES
Diputado Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Comisión Permanente del Primer
Año de Sesiones
Diciembre 2003-Marzo 2004 de la LIX Legislatura
Presente
Estimado diputado:
De conformidad con lo señalado por los artículos 62, 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47, 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar que la Comisión Permanente que usted preside tenga a bien concederme licencia para separarme del 22 al 31 de mis funciones como diputada federal, por motivos personales de naturaleza grave.
Espero contar con la aprobación a la presente solicitud.
Atentamente
Palacio Legislativo, a 19 de enero de 2004.
Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica)
DEL CONGRESO DE COLIMA
Senador Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Xicoténcatl No. 9, Colonia Centro
México, DF, CP 06018
Los diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura estatal, en sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, aprobaron un acuerdo presentado por los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el que se señala lo siguiente:
Segundo.- Se haga llegar este acuerdo a todos los Congresos de los estados a fin de que además de sumarse a nuestra protesta, tomen las medidas pertinentes para que llegado el caso, no se vulnere su soberanía ni se invadan facultades que son exclusivas de los poderes estatales, como lo señala la propia Constitución General de la República y su legislación particular.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Col., 26 de diciembre de 2003.
Diputados: Luis Avila Aguilar (rúbrica),
secretario; Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica),
secretaria.
C. Diputados Secretarios
Presentes
Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIV Legislatura, en uso de la facultad que nos confieren los artículos 22, fracción I, 82, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su caso, iniciativa de acuerdo, para solicitar la intervención del Senado de la República, a fin de que en uso de sus facultades evite violaciones a la soberanía de los estados e invasión de competencias exclusivas de éstos, fundándonos en los siguientes:
Considerandos
Segundo.- Que como consecuencia de esa petición, hicieron acto de presencia en nuestra entidad seis elementos de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, que estuvieron presentes en la sala de sesiones del Tribunal Electoral del estado, durante la celebración de la sesión el día 24 de diciembre del año en curso, lo cual al no haberlo solicitado el gobernador del estado ni estar basado en ningún acuerdo de coordinación o colaboración, es a todas luces, una flagrante violación a la soberanía del estado y una invasión de facultades que son exclusivas y reservadas para los órganos de gobierno de la entidad.
Tercero.- Efectivamente, como lo señalan tanto la Constitución Política del estado como el Código Electoral vigente, en materia electoral es una facultad exclusiva el proporcionar seguridad y el apoyo que requieran las autoridades electorales, únicamente al estado, sin que para nada se considere la participación del Gobierno Federal en este tipo de acciones, máxime como en este caso, en que en todo momento el gobierno del estado proporcionó la seguridad necesaria tanto a las instalaciones del Tribunal Electoral como a las personas de los magistrados integrantes del mismo, a petición expresa de la propia magistrada Presidenta, por lo que la autoridad ejecutiva local en todo momento cumplió cabalmente con sus responsabilidades, seguridad que incluso no hubiera sido necesaria, dado que nuestra entidad está considerada como de las más seguras y los colimenses somos una sociedad madura, políticamente informada y confiamos plenamente en las instituciones y en las leyes que rigen en nuestra vida colectiva.
Cuarto.- Ante esas circunstancias, reprobamos enérgicamente la intromisión de autoridades del orden federal en actos que son de la incumbencia única del estado, lo que indudablemente constituye una violación, reiteramos, a nuestra soberanía y una invasión de facultades reservadas tanto por la Constitución General de la República, la particular del estado y en las leyes que de ellas emanan a los órdenes de gobierno local y pedimos a esta soberanía enviar al Senado de la República, solicitud para que en uso de sus facultades intervenga y condene los actos ejecutados y a la vez, tome las medidas pertinentes para evitar que el próximo año que en diez estados se celebran elecciones locales, se repita este tipo de actuaciones irregulares y violatorias de nuestro orden constitucional por parte de la Secretaría de Seguridad Pública o de cualquier otra autoridad o funcionario federal, para lo cual también pedimos se envíe este acuerdo a los Congresos de los estados para que hagan suyo este planteamiento y vigilen que de ninguna manera se viole la soberanía y se invadan facultades que única y exclusivamente competen a dichas entidades.
Acuerdo
Primero.- Solicitar a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades intervenga ante las instancias correspondientes y haga llegar nuestra enérgica protesta por los actos ejecutados en nuestro territorio por elementos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, que violaron nuestra soberanía e invadieron funciones y atribuciones que corresponden a los poderes del estado, tomando las medidas pertinentes para que el próximo año que se celebran elecciones en diez estados de la República, no se vuelvan a repetir actos de esta naturaleza que vulneran nuestro régimen constitucional y la división de poderes.
Segundo.- Se haga llegar este acuerdo a todos los Congresos de los estados a fin de que además de sumarse a nuestra protesta, tomen las medidas pertinentes para que llegado el caso, no se vulnere su soberanía ni se invadan facultades que son exclusivas de los poderes estatales, como lo señala la propia Constitución General de la República y su legislación particular.
Colima, Col., a 26 de diciembre de 2003.
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputados: Jorge Humberto Silva Ochoa, Hilda Cevallos
Llerenas, Jesús Silverio Cavazos Cevallos, Florencio Llamas Acosta,
Martín Flores Castañeda, Luis Avila Aguilar, Mario Anguiano
Moreno, Juan Carlos Pinto Rodríguez, José Luis Aguirre Campos,
Héctor Bautista Vázquez, José Antonio Orozco Sandoval,
Carlos Cruz Mendoza, Francisco Palacios Tapia, José Cortés
Navarro (rúbricas).
DEL CONGRESO DE COAHUILA
C. Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
Xicoténcatl No. 9
Col. Centro, México, DF
En sesión celebrada el 16 de diciembre de 2003, el pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre Ley contra el Bioterrorismo, la cual fue planteada por el diputado Gregorio Contreras Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Unidad Democrática de Coahuila, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.
Al tratarse este asunto y conforme a lo planteado en dicha propuesta, el pleno del Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente:
Segundo.- Que este punto de acuerdo se comunique tanto a las Legislaturas de los estados de la frontera norte como a las Comisiones de Asuntos Fronterizos de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 16 de diciembre de 2003.
El Oficial Mayor del Congreso del Estado
Lic. Prof. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
C. Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión
Xicoténcatl No. 9
Col. Centro, México, DF
En sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2003, el pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, conoció y aprobó el dictamen que se acompaña a esta comunicación, el cual fue presentado por la Comisión de Justicia del propio Congreso, con relación a un punto de acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Guerrero, para exhortar al Presidente de la República, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, a efecto de que, en el marco de su respectiva competencia constitucional, amplíen y aceleren las acciones encaminadas a esclarecer los acontecimientos del 2 de octubre de 1968.
Conforme a los términos de dicho dictamen, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, aprobó lo siguiente:
Segundo.- Comuníquese, para su conocimiento, el presente al H. Congreso del estado de Guerrero y a los Congresos de las demás entidades federativas.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 4 de diciembre de 2003.
El Oficial Mayor del Congreso del Estado
Lic. Prof. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
Con fundamento en lo establecido por los artículos 67, fracción XX, de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza, y los artículos 17, inciso 1, 40, 42, inciso 3, y 84 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Coahuila, la Comisión de Justicia de este honorable Congreso, emite el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. Con fecha 21 de octubre del año en curso fue turnada a esta Comisión, por el pleno de este H. Congreso del estado la siguiente documentación:
b) Acuerdo parlamentario sobre los acontecimientos del 2 de octubre de 1968.
Diputados: Jesús de León Tello (rúbrica),
coordinador; Hugo Héctor Martínez González (rúbrica),
Jesús Mario Flores Garza (rúbrica), Carlos Tamez Cuéllar
(rúbrica), Miguel Felipe Mery Ayup (rúbrica), Gabriel Ramos
Rivera (rúbrica), Luis F. Salazar Fernández, Ramón
Díaz Avila (rúbrica), María B. Granillo Vázquez.
C. Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión
Xicoténcatl No. 9
Col. Centro, México, DF
En sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2003, el pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, conoció y aprobó el dictamen que se acompaña a esta comunicación, el cual fue presentado por la Comisión de Justicia del propio Congreso, con relación a un acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Jalisco, para solicitar al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, que se reconsidere la modificación del fideicomiso creado para atender a los ahorradores defraudados por diversas cajas populares, a fin de que los ciudadanos ahorradores de otras cajas populares que no fueron considerados en dicho fideicomiso, sean tomados en cuenta en un nuevo programa gubernamental.
Conforme a los términos de dicho dictamen, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, aprobó lo siguiente:
Segundo.- Comuníquese, para su conocimiento, al H. Congreso del estado de Jalisco y los demás Congresos del país.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 4 de diciembre del año 2003.
El Oficial Mayor del Congreso del Estado
Lic. Prof. Alonso Martínez Pimentel (rúbrica)
Con fundamento en lo establecido por los artículos 67, fracción XX, de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza, y los artículos 17, inciso 1, 40, 42, inciso 3, y 84 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Coahuila, la Comisión de Justicia de este honorable Congreso emite el siguiente de dictamen.
Antecedentes
1. Con fecha 21 de octubre del año en curso fue turnada a esta Comisión, por el pleno de este H. Congreso del estado la siguiente documentación:
b) Copia simple del referido acuerdo económico.
4. Que en fecha posterior y a iniciativa de diversos diputados de la Cámara en mención, se realizó un nuevo dictamen, el cual concluyó, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que en fecha 30 de diciembre del año 2002 realizó el Ejecutivo federal, de un decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores.
Considerandos
Primero.- Que el problema planteado no es privativo del estado de Jalisco, ya que los ciudadanos afectados o defraudados por las llamadas "cajas de ahorro" residen en todo el territorio nacional, con lo cual dicha situación cobra relevancia y desborda los límites de los estados.
Segundo.- Que como ha quedado previamente establecido y a pesar de los esfuerzos realizados por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo en conjunto, aún no ha sido posible el resarcir al total de los afectados, por lo que subsiste la preocupación por resolver la situación de miles de ahorradores de la República Mexicana que vieron mermado su patrimonio a raíz de los quebrantos y fraudes sufridos en sus cajas.
Tercero.- En atención a lo anterior se encuentra latente el buscar soluciones de fondo para abatir la problemática que siguen enfrentado las familias de los ahorradores de las diversas figuras que operan el ahorro y crédito popular, y las cuales han sufrido diferentes tipos de quebrantos en su patrimonio.
De la misma forma, buscan dar solución a aquellos ahorradores que no han sido beneficiados con la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, en virtud de los requisitos y alcances planteados en el mismo ordenamiento.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de Justicia propone al pleno del Congreso del estado, el siguiente
Dictamen
Primero.- El Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, comparte el criterio y la preocupación del H. Congreso del estado de Jalisco, por los razonamientos expuestos en los considerandos del presente documento, por lo que se pronuncia a favor de solicitar al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión se busquen nuevos cauces legales para resolver la problemática de ahorradores defraudados en las cajas populares del país que aún no hayan sido beneficiados con el fideicomiso.
Segundo.- Comuníquese, para su conocimiento, al H. Congreso del estado de Jalisco y los demás Congresos del país.
Saltillo, Coah., a 27 de noviembre de 2003.
Diputados: Jesús de León Tello (rúbrica),
coordinador; Hugo Héctor Martínez González (rúbrica),
Jesús Mario Flores Garza (rúbrica), Carlos Tamez Cuéllar
(rúbrica), Miguel Felipe Mery Ayup (rúbrica), Gabriel Ramos
Rivera (rúbrica), Luis F. Salazar Fernández, Ramón
Díaz Avila (rúbrica), María B. Granillo Vázquez.
CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Distinguidos señores secretarios:
Con fundamento en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, esta soberanía estatal se permite elevar a la consideración del Pleno de esa soberanía nacional, iniciativa con proyecto de decreto a efecto de que se declare:
"2004, Trigésimo Aniversario de la Creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo", y se inscriba la leyenda en los documentos oficiales de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, y de los estados de la República, así como en la de sus respectivos organismos públicos autónomos y descentralizados, y ayuntamientos locales.
Al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 8 de octubre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el cual se incorporaron como entidades federativas los hasta entonces territorios de Baja California Sur y Quintana Roo y ambos alcanzaran el estatus político y administrativo con que contaban el resto de los estados de la República Mexicana.
Con dicha resolución se atendió una serie de reclamos históricos que los sudcalifornianos y quintanarroenses habían planteado en diferentes momentos y de diversa manera, que se remontaban al surgimiento mismo de nuestro país como nación libre e independiente, en 1824. Desde ese tiempo, los habitantes de lo que hoy constituyen los estados de Baja California Sur y Quintana Roo plantearon a la autoridad nacional la solicitud de erigirse en estados libres y soberanos, pero diversas circunstancias, entre ellas la de contar con población insuficiente en número y con escasos recursos económicos y materiales para satisfacer sus necesidades, impidieron el anhelo de darse un gobierno propio que impulsara el desarrollo local y participar en forma más activa en el desarrollo nacional.
Desde la creación de la República Mexicana en 1824, hasta el momento de la publicación del referido decreto, los hoy estados de Baja California Sur y Quintana Roo recibieron distintas formas de reconocimiento constitucional, ya que en el caso de Baja California Sur se le adscribió al territorio de la Antigua California, al Departamento de la Baja California, al territorio de la Baja California y como Territorio Sur de la Baja California; mientras que, en el caso de Quintana Roo pasó por ser territorio, estado, circunscripción integrante del estado de Yucatán y territorio de Quintana Roo.
Aún con las formas otorgadas por las diferentes Constituciones Políticas de nuestro país, en ningún momento los sudcalifornianos y quintanarroenses dejaron de contribuir en la vida política, económica y social nacional, y mucho menos abandonaron la aspiración por constituirse en entidades federativas, pero adquiriendo cada vez una mayor dinámica social para autosostenerse en un futuro cercano.
Es importante recordar que, ante lo estipulado en la fracción II del artículo 73 de la Constitución expedida en 1917, que señalaba que los territorios sólo podrían dejar esta condición si contaban con una población superior al número de ochenta mil habitantes y con los recursos suficientes para su propio desarrollo social y económico, es a partir de la década de 1960 cuando ambos territorios iniciaron su despegue para cumplir plenamente con tales requisitos. Así, por ejemplo, para 1973, ambos territorios contaban con una población alrededor de los ciento cincuenta mil habitantes apoyados en crecientes actividades agropecuarias, pesqueras, industriales y turísticas, así como con una infraestructura material amplia y en aumento.
Con ello, el 2 de septiembre de 1973, el entonces presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Alvarez, promovió ante el honorable Congreso de la Unión una iniciativa a efecto de reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de erigir los estados de Baja California Sur y Quintana Roo y preparar la instalación de las instituciones propias de una entidad federativa. Entre las consideraciones que sustentaron dicha iniciativa, una fue la que sintetizó a cabalidad la reforma constitucional, al indicar que "hoy día, los territorios de la Baja California Sur y de Quintana Roo han alcanzado, con perceptible suficiencia, la madurez política y económica y el desarrollo demográfico necesario para la calidad de estados federados."
Con la propuesta del presidente Luis Echeverría inició el proceso legislativo que, durante un año, analizó y discutió la referida iniciativa y que concluyó con la decisión del Constituyente Permanente de aceptar a Baja California Sur y Quintana Roo como entidades federativas, y el respectivo decreto que se publicó, como ya se hizo mención, el 8 de octubre de 1974.
A partir de entonces, en las nuevas entidades se sucedieron diversas etapas para constituir las instituciones básicas de la vida democrática de nuestro país, concluyendo, entre otras, con la puesta en marcha de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de ayuntamientos electos por los ciudadanos sudcalifornianos y quintanarroenses, en cada caso.
Así, y a lo largo de casi tres décadas, los estados de Baja California Sur y Quintana Roo forman parte del Pacto Federal con dinámicas propias y contribuyen al engrandecimiento de la nación mexicana con singulares esfuerzos y con un fuerte ímpetu democrático.
Por lo anteriormente expuesto, y con el ánimo de recordar tan trascendente fecha en la vida de los habitantes de Baja California Sur y de Quintana Roo, así como con el propósito de preservar la memoria histórica de los sudcalifornianos y quintanarroenses, en particular, y de los mexicanos, en general, nos permitimos someter a su consideración la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto con el que se declara "2004, Trigésimo Aniversario de la Creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo."
Artículo Unico.- Se declara "2004, Trigésimo Aniversario de la Creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo," y se inscriba la leyenda en los documentos oficiales de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación de los estados de la República, así como en la de sus respectivos organismos públicos autónomos y descentralizados, y ayuntamientos locales.
Artículo Transitorio
Unico.- El presente decreto surtirá efectos a partir del día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo del estado de Baja California Sur, a los once días del mes de diciembre del año dos mil tres.
Sin otro particular, reiteramos nuestras más altas consideraciones.
Atentamente
Dip. Clara Rojas Contreras (rúbrica)
Presidenta
Dip. Sergio Ygnacio Bojórquez Blanco (rúbrica)
Secretario
QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA CONSUELO MURO URISTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita diputada, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
México en los últimos años ha sufrido grandes transformaciones económicas, políticas y sociales, que han impactado de manera diferente a las mujeres y a los hombres.
Las mujeres hemos logrado avances significativos en todos los ámbitos, sin embargo, todavía persisten en nuestra sociedad esquemas discriminatorios que expresan inequidades hacia las mujeres, como son el acceso e influencia en las esferas con poder de decisión, en el acceso y control de los procesos productivos y familiares, en el deterioro de la seguridad de las mujeres, en la creciente violencia hacia ellas y en la falta de respeto a sus derechos humanos.
En respuesta a lo anterior México se ha comprometido con diferentes instrumentos internacionales como son, entre otros: la Carta de las Naciones Unidas (California, 1945); la Declaración de los Derechos Humanos (París, 1948); la Convención Sobre Derechos Políticos de la Mujer (ONU, 1952); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966); la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993); Plataforma de Acción (Beijing, 1995); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres ( Belém Do Pará, 1996); la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (ONU, 1979) y su Protocolo Facultativo (Senado de la República Mexicana, 2001), para garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de la ciudadanía, de sus derechos humanos y de su inclusión como agentes protagónicos del desarrollo, cimentado las bases para una sociedad más justa, equitativa y democrática.
En estos instrumentos se expresa que los Estados parte, entre otras acciones se comprometen a crear el mecanismo institucional apropiado, con recursos y autoridad suficiente y al más alto nivel de gobierno, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres al desarrollo y a la construcción de la democracia en el país.
Bajo esta premisa fue creado el Programa Nacional de la Mujer y posteriormente la Comisión Nacional de la Mujer. Para dar vigencia al compromiso nacional e internacional de fortalecer el mecanismo institucional en nuestro país para el adelanto de las mujeres y para lograr colocarlo en los más altos niveles del Gobierno, con atribuciones definidas, con disponibilidad de recursos y con capacidad y competencia para influir desde la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales, con autonomía y capacidad de gestión; así se crea el Instituto Nacional de las Mujeres mediante decreto de ley que fue publicado en el mes de enero del año 2001.
A tres años de su aplicación por el Ejecutivo federal de dicho ordenamiento y siempre con el ánimo de mejorar el marco legal que favorezca el avance por la equidad y los mecanismos que coadyuven a ello, y toda vez que la ley que creó el Instituto Nacional de las Mujeres ha mostrado insuficiencias para el cumplimiento de sus propósitos, vacíos legales que impiden su eficaz trabajo, como son: los mecanismos de trabajo de los Consejos Consultivo y Social; criterios para la designación y remoción de funcionarias y funcionarios; sobre la ratificación de la Presidencia; sobre atribuciones y clasificación indebida de las consejeras en categorías de vocales propietarias, y de simplemente consejeras; el ejercicio de funciones de las invitadas permanentes que no son ámbito de su competencia; la falta de claridad del carácter colegiado de la Junta de Gobierno; y la falta de claridad de la forma en que las consejeras podrán ser suplidas, los tiempos y la transparencia en sus funciones, obligaciones y su relación institucional y de interlocución con la sociedad civil.
Una de las reformas más trascendentes de la presente iniciativa es la relativa a la integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno del Instituto, contenida en el numeral 12 de la ley, correspondiente al mismo numeral en la nueva propuesta. En ella, se inicia por señalar de manera más explícita, la calidad, funciones y alcance de las atribuciones de este importante órgano de gobierno interior del Instituto. De hecho se señala expresamente -algo que no señala la ley vigente- que la Junta de Gobierno será el máximo órgano de gobierno del propio Instituto, señalándose asimismo, que el mismo será el encargado de fijar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades a cargo del Instituto.
En esta misma materia, en la nueva propuesta se aborda el tema relativo a la integración de la Junta de Gobierno. Se propone integrar una Junta de Gobierno plural en cuanto a sus integrantes, en donde la representatividad de la sociedad civil y las instancias gubernamentales es paritaria, lo que hace que no se pierda el origen del propio Instituto.
Una adición importante que se hace en la presente iniciativa es que se incluye a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo autónomo, cuya inclusión ha venido siendo demandada por la sociedad civil, como parte sustantiva para la protección de los derechos humanos de las mujeres.
Por otro lado, se integran la totalidad de las consejeras de los Consejos Consultivo y Social como vocales propietarias, en un número de 9 respectivamente para cada Consejo, lo que arroja un total de 18 titulares de las dependencias de la administración pública, que pasarán también a formar parte de la Junta. Conforme a la legislación actual, solamente 8 de tales consejeras pueden incorporarse en calidad de vocales propietarias a dicho órgano de gobierno del Instituto.
En resumen, en la nueva propuesta, el total de integrantes de la Junta será de 36 miembros incluyendo a la Presidencia del mismo Instituto al no contemplarse la presencia de las y los representantes invitados permanentes señalados en la fracción III del artículo 12 de la ley en comento a quienes se hará referencia en las líneas siguientes.
Efectivamente, la propuesta que ahora se somete a la consideración de las diputadas y diputados ha modificado la integración de los miembros de la Junta de Gobierno, al desaparecer en la nueva propuesta las representaciones de los Poderes Legislativo y Judicial.
No se considera necesaria la inclusión de las y los representantes del Poder Legislativo, por tener ellas y ellos las facultades constitucionales y legales suficientes que les permiten en cualquier momento, y como parte fundamental de su labor, el solicitar informes periódicos y evaluar la marcha de los distintos ramos de la Administración Pública Federal, de ahí que no se considere necesaria su presencia dentro de un órgano de gobierno que al mismo tiempo están facultados para fiscalizar.
Su inclusión en su momento obedeció a criterios de seguimiento, durante las primeras etapas de vida del Instituto, una vez que esta ley fue aprobada por primera vez, pero una vez que el Instituto ya ha sido creado y una vez que la ley ha entrado en vigor prácticamente en todos sus apartados, no se considera necesario contar con representantes dentro de la Junta de Gobierno de este organismo.
Por otro lado, la exclusión de representantes del Poder Judicial en la nueva propuesta obedece a criterios de especialización, y de estricta división de poderes, pues con ello se garantiza que se respete este importante principio en las tareas de ejercicio del poder público. El Poder Judicial tiene a su cargo funciones muy específicas, como lo es precisamente la impartición de justicia, y aunque el reclamo de justicia se ha constituido en parte importante de los temas de género, sobre todo a raíz del agravamiento de la violencia en todas sus formas en contra de las mujeres, la misión de atender esta delicada problemática, recae estrictamente en los órganos encargados de administrar e impartir justicia, más que en el propio, de ahí que en la nueva reglamentación se haya propuesto la desaparición de los representantes del Poder Judicial.
En ambos casos, es decir, en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, la eliminación de los representantes, se propone en consonancia con el espíritu de un auténtico equilibrio de poderes de la Federación, que habrá de redundar en una mayor autonomía e independencia del Instituto para decidir su propio destino, y estar mejor preparado para cumplir las metas y objetivos para los que ha sido creado, que es lograr una vida más justa, igualitaria y equitativa en la que las mexicanas y los mexicanos gocen de igualdad de derechos y de acceso a las oportunidades del desarrollo.
Otra de las reformas propuestas tiene que ver con una mejor reglamentación de aquellos artículos que en la propia ley se refieren a la administración del Instituto. En la nueva propuesta se aspira a delimitar a los órganos de administración de dicho órgano. Así por ejemplo, en la actual ley, erróneamente se incluía dentro de tal categoría a los Consejos Consultivo y Social, lo que de acuerdo con la nueva propuesta se corrige por no ser en estricto sentido ambas instancias, órganos de administración, sino órganos auxiliares, coadyuvantes, de consulta y asesoría.
En su lugar, han sido incluidas dentro de los órganos de administración la Secretaria Técnica y la Prosecretaria. La existencia y carácter bajo el que subsistirán dentro de la presente ley, los consejos consultivo y social, se señala en párrafo aparte, por considerarse técnicamente más adecuado.
Por último, dentro de las reformas a que se refiere este numeral, se ha incluido dentro de esta categoría de órganos de administración a la figura de los comisarios públicos, que serán acreditados dentro de la estructura administrativa del Instituto, a los procedimientos legales aplicables, quienes cumplirán con la importante función de adecuada vigilancia en el manejo y destino de los recursos públicos a cargo del propio Instituto.
Otra de las mejoras legales que se ha propuesto en esta iniciativa tiene que ver con las facultades de la Junta de Gobierno, que incluye ahora la posibilidad de proponer la designación y la remoción de la Secretaria Ejecutiva, de la Secretaria Técnica y de la Prosecretaria del propio Instituto, mediante propuesta que haga la Presidencia del propio Instituto (fracción IX del artículo 13 de la ley actualmente vigente y que corresponde al mismo numeral en la nueva propuesta).
En el caso de los requisitos para poder aspirar a ocupar la Presidencia del Instituto se ha mejorado sólo la redacción del artículo, al ser un tanto ambigua la redacción actual, aunque los requisitos permanecen sin cambio.
Dentro de las facultades de la Presidencia, contenidas en el artículo 16 de la ley vigente, se propone adicionar dentro de las mencionadas en la fracción X, el que el o la titular de la Presidencia proponga la designación o la remoción en su caso de la Secretaria Técnica y la Prosecretaria, cargos ambos que se propone incorporar dentro de esta iniciativa.
Asimismo, se clarifica el procedimiento bajo el cual la Junta de Gobierno conformará la terna de aspirantes a ocupar la Presidencia del Instituto, señalando los supuestos de unanimidad o de mayoría que habrán de seguirse para la integración de dicha terna (artículo 17 de la ley). Por su parte en el artículo 18 de la ley, que corresponde con el mismo numeral de la nueva propuesta, se señala con una mayor claridad que el o la Presidenta del Instituto presidirá asimismo la Junta de Gobierno, hasta por un periodo de tres años, prorrogables por otros tres mediante propuesta de la propia Junta, siguiendo los mismos criterios que señala la ley para la integración de la terna, es decir, mediante consenso o mediante acuerdo de las tres quintas partes de sus integrantes.
De igual manera queda clarificado el procedimiento para las sustituciones de las consejeras de ambos consejos y para su ratificación en un periodo más
Se ha propuesto además incluir un capítulo específico dentro de la ley, el Capítulo V, que contiene la reglamentación general (atribuciones, formas de designación) de la Secretaria Técnica y la Prosecretaria del Instituto. Como se ha mencionado anteriormente, en esta propuesta se propone crear estas dos instancias, que habrán de coadyuvar a la adecuada organización de los diferentes órganos de decisión y de administración que contempla la ley para regular la vida del Instituto. Estas dos instancias habrán de coadyuvar a lograr una adecuada vinculación de los órganos típicamente administrativos del Instituto, con los organismos colegiados que la propia ley contempla, de manera especial dentro de la Junta de Gobierno, donde la Secretaria Técnica y la Prosecretaria cumplirán funciones muy importantes.
Por último, en el Capítulo VI se reglamenta lo relativo a los Consejos Consultivo y Social. En la nueva propuesta se propone fijar el número de integrantes de ambos consejos en 9 consejeras, con el fin de incluirlos en su totalidad dentro de la Junta de Gobierno, pues actualmente solamente 8 del total de integrantes de cada Consejo forma parte de dicho órgano de gobierno, lo que ha producido una situación poco deseable al contar con consejeras que son miembros de la Junta y consejeras que no lo son, lo que afecta sensiblemente el funcionamiento y coordinación de los trabajos de ambos consejos.
En resumen, las reformas y adiciones que se presentan son sólo parte de un camino por corregir para dar cumplimiento a la aspiración de las mujeres de México, de contar con un mecanismo institucional que permita desde las esferas del poder la participación de las mujeres en todos los ámbitos y realizar la reforma del Estado que el país requiere.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable Cámara la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo Primero: Se reforman los artículos 9, 10, 12, fracciones II y III, 13, 15, fracción X, 17 y 18.
Artículo 9.- El Instituto Nacional de las Mujeres se integrarán con una Junta de Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva, una Secretaría Técnica, una Prosecretaría, y las estructuras administrativas que establezca el Estatuto Orgánico.
Artículo 10.- El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:
II. ...
III. ...
IV. Secretaría Técnica
V. Prosecretaría
VI. ..
VII. Comisarios Públicos
Artículo 11.- ...
Artículo 12.- La Junta de Gobierno es el máximo órgano de administración del Instituto, encargado de fijar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades a cargo de esta entidad, y estará integrada por:
II. ...
a) Las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:
-
-
-
- Comisión Nacional de Derechos Humanos.
b) Las 9 Consejeras integrantes del Consejo Consultivo y las 9 Consejeras del Consejo Social, quienes podrán asumir su responsabilidad dentro de la propia Junta, por un periodo de tres años. En ambos casos y supuestos a que hacen referencia los incisos y párrafos del presente artículo, se procurará siempre que sean tomadas en consideración, para su respectiva incorporación a la Junta de Gobierno, a mujeres, ciudadanas mexicanas, en pleno ejercicio de sus derechos, que provengan de organizaciones sindicales, campesinas, no gubernamentales, empresariales, profesoras e investigadoras, representativas de la docencia investigación de instituciones públicas, profesionistas, empleadas, maestras y en general, mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad en los términos a que hacen referencia los artículos 25 y 27 de esta ley.
III. Se deroga
En la primera... (se deroga el párrafo)
Las y los integrantes de la Junta de Gobierno que señala el inciso a) de la fracción II del presente artículo, podrán ser suplidos por los representantes que a efecto designen, los cuales deben ser de nivel administrativo inmediato inferior al que ocupen las y los vocales titulares, en reuniones ordinarias y extraordinarias a las que sean convocadas y convocados.
En la segunda sesión de trabajo.... (se deroga el párrafo)
Artículo 13.- Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:
II. .........
III. .......
IV. ...
VI. ...
VII. Derogada
VIII. ........
IX. Designar y remover, a propuesta de la Presidencia, a la Secretaria Técnica, a la Prosecretaria, y a la Secretaria Ejecutiva.
X. .......
XI. ..........
XII. .......
XIII. ......
XIV. ....
XV. ...
XVI. ......
Los que suscribimos, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de Motivos
El más grande daño que se le ha hecho a la nación en el transcurso de los tiempos es el haber confundido los cargos públicos en la administración y en los órganos de representación popular, con la ocasión para que sus titulares obtengan fortunas mal habidas, ya por la sustracción directa a recursos del erario, ya porque mediante subterfugios ilícitos, aprovechándose del cargo, se cause un perjuicio al patrimonio público en beneficio del autor de la maniobra en su carácter de servidor público.
Por esta razón y en virtud de los innumerables medios y artificios disponibles en la función pública para traicionar la confianza ciudadana a la encomienda del manejo escrupuloso y honrado del patrimonio nacional, es que, en las diferentes épocas de la historia del país, se han expedido leyes y decretos para reglamentar el uso de los dineros públicos y establecer las sanciones que correspondan a las conductas contrarias a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Innumerables han sido desde el juicio de residencia de la Colonia, hasta nuestros días, los cuerpos normativos que han querido detener el latrocinio sistemático al bien y bienes de la nación.
En las últimas décadas se han expedido dos ordenamientos al respecto. En 1980 José López Portillo publicó la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados y en 1982 Miguel de la Madrid expidió la ley vigente denominándose Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al igual que por anticipado se hizo la reforma de los artículos 108 y demás relativos de la Constitución General de la República.
Es evidente que entre la ley de 1982 y la de 1980, existe un retroceso. El régimen de la "renovación moral", suprimió nada menos que "la acción popular" de la demanda pública por los actos u omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho y los delitos del orden común que en cambio si contemplaba la ley anterior en la que incluso, como delito especial de los cometidos por servidores públicos, se tipificaba en el mismo ordenamiento el enriquecimiento inexplicable, que posteriormente se traslada al Código Penal Federal.
En la Ley de la Madrid se tamizó la demanda ciudadana por delitos de los servidores públicos, sólo en el caso de los que son susceptibles de considerarse delitos políticos, entre los que se comprende los que lesionan el patrimonio público en el ejercicio de la función o cargo representativo y que se describen en el inciso VIII del artículo 70, suprimiéndose los del fuero común y para ejercer todavía un control más eficaz para la impunidad en estos delitos políticos, se urdió la creación de una Subcomisión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos, que se denomina "de Examen Previo" y que tiene como objeto filtrar las denuncias ciudadanas para evitar que lleguen a las secciones instructoras para incoar el procedimiento como en la ley precedente se autorizaba y ahora en cambio, dicha Subcomisión de Examen Previo, puede rechazar la denuncia y dificultar, hasta donde sea posible, el recurrir una resolución de rechazo, que pueda ser arbitraria.
La única forma posible para evitar que, con el pretexto de control mayoritario de las Comisiones de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos se excluya entre los integrantes de la Subcomisión de "Examen Previo" a diputados miembros de los partidos minoritarios que no están en el poder, es la de obligar, legalmente, la inclusión de estos, para salvar de la inoperancia la función jurisdiccional de la Cámara de Diputados. Sin la integración de diputados de partidos minoritarios la Subcomisión de "Examen Previo" se podrá degradar a la negociación y el trueque de los partidos mayoritarios en el poder, que tenderán a proteger a sus miembros acusados de delitos políticos, con protecciones recíprocas cerrando el paso a las denuncias a través de los dictámenes de improcedencia, por parte de la Subcomisión de "Examen Previo".
La conformación de este tipo de comisión "revisora" en los regímenes arraigados de democracia en Europa están, no solamente abiertos a los partidos minoritarios para su obligada participación, sino incluso la preferencia está ordenada para los diputados cuyo partido no tenga la titularidad del Poder Ejecutivo, ni la mayoría relativa en los órganos colegiados del Legislativo. Ello para garantizar al pueblo la mayor objetividad e imparcialidad en la atención de las demandas ciudadanas presentadas contra los integrantes de ambos poderes.
La experiencia lamentable en estos momentos en nuestra Cámara es la de que, a pesar de que con oportunidad Convergencia presentó la solicitud para que un diputado de su fracción formara parte de la Subcomisión "de Examen Previo" e incluso de ninguna otra para no romper el principio de proporcionalidad, la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación, en una decisión francamente antidemocrática presentó el proyecto para que se excluyera al diputado de Convergencia de dicha Subcomisión.
La LIX Legislatura no puede aceptar que el pluripartidismo de su composición, resulte infructuoso y contraproducente en las comisiones y subcomisiones claves para ayudar a acabar con el más grave lastre de nuestra vida pública que lo es la impunidad que los mecanismos de protección desde el poder, han podido conservar en grave atentado contra la nación.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; al artículo 40, inciso 5, y al 44, inciso 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 10. ...
Esta Subcomisión deberá estar integrada sin exclusión de ningún diputado miembro de las fracciones parlamentarias de los partidos minoritarios, quienes tendrán preferencia sobre los mayoritarios a fin de salvaguardar el principio de objetividad e imparcialidad en la valoración de la denuncia.
Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo al artículo 40, inciso 5), y al artículo 44, inciso 4), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 40. ...
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
QUE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 25 Y ADICIONA LOS ARTICULOS 45-A, 45-B Y 45-C A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, A CARGO DEL SENADOR FERNANDO GOMEZ ESPARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, senador Fernando Gómez Esparza, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adicionan una fracción VIII al artículo 25 y los artículos 45-A, 45-B y 45-C, de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Fondo de Investigación y Tecnología para Impulsar la Productividad y Competitividad.
Los profundos cambios y transformaciones de la realidad económica, política, social e institucional que México está viviendo en estos últimos años, inciden en el marco socio económico de nuestro país, y dado que estas realidades no avanzan de manera correlacionada, sino más bien de manera autónoma y sin sincronización, han generado distorsiones en el modelo de desarrollo económico. Provocando con ello que en la actualidad se agudice la polarización social; persistiendo problemas de rezago educacional, desnutrición, falta de servicios de salud, carencia de vivienda, desempleo, subempleo así como la marginalidad de diversos grupos humanos. El horizonte social y la calidad de vida han sufrido retrocesos, y éstos aún no han recuperado los estándares de vida de inicios de la década de los años noventa.
Sólo un reducido sector de la población se ha visto favorecido económicamente en estos últimos tiempos.
Nuestra economía creció en el año 2000 un 6.6% del PIB, en el 2001 decreció un 0.3%, en el 2002 creció únicamente un 0.9%, y en el 2003 se dio un crecimiento máximo aproximado del 1.3%. Estas variaciones, obedecen en gran medida, a nuestra dependencia de la economía de los Estados Unidos de América, lo que nos hace más vulnerables frente los fenómenos de la globalización.
Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que nuestra economía tuvo un crecimiento durante el periodo de 1996 al 2000, gracias al modelo de exportaciones establecido en el Tratado de Libre Comercio celebrado con los Estados Unidos de América y Canadá. No obstante, si este modelo se agota, es necesario complementarlo con la vigorización y el impulso del mercado interno, y no estar únicamente supeditados al comercio internacional como motor del crecimiento de la economía nacional.
Los avances que se han obtenido en estos últimos ocho años en materia económica, se reflejan en un mayor control de la inflación, mayor estabilidad cambiaria y menores tasas de interés; la autonomía del Banco Central y la disciplina fiscal han contribuido a estabilizar la economía, más no a su crecimiento.
Los niveles de productividad en México, están por debajo de las economías en desarrollo, debido principalmente a la heterogeneidad de la estructura productiva. Nuestro país, a pesar de que ha desarrollado su comercio exterior, a través de 9000 empresa exportadoras. Sin embargo, un alto valor de las exportaciones está concentrado en un número reducido de ellas que adquieren del exterior la mayor parte de sus insumos; además de no haberse creado suficientes cadenas productivas que permitan el desarrollo de la pequeña y mediana empresas.
Un aspecto muy importante de esta situación es la falta de tecnología adecuada a nuestras condiciones de producción, derivado de los pocos recursos para invertir en investigación y desarrollo tecnológico, además de contar con poca infraestructura para la difusión de innovaciones tecnológicas.
Para desarrollar el mercado interno de nuestro país, es necesario empezar a incrementar los estándares de tecnología que permitan eficientar los procesos productivos de las ramas económicas con mayor competitividad, tanto a nivel local como regional, tratando de no concentrar este tipo de actividades únicamente en las grandes metrópolis del país.
Se requiere impulsar la investigación e innovación tecnológica en todos los estados del país para impulsar las actividades productivas con competitividad, vinculando los centros de estudios superiores de las entidades con los agentes de producción, y posibles centros estatales de investigación y tecnología para impulsar la productividad y competitividad en los sectores productivos donde se tengan ciertas vocaciones productivas naturales en las diversas ramas de la economía.
Objetivos
Se plantea la creación de un Fondo de Aportación para las Entidades Federativas, para impulsar la investigación y desarrollo de tecnologías regionales que incidan en la estandarización tecnológica, abatiendo la heterogeneidad de la estructura productiva.
Dicho Fondo se estructura a través de Centros Estatales de Investigación y Tecnología (CEIT) para impulsar la productividad de diversos sectores productivos. La coordinación sería a través de los gobiernos estatales, sectores productivos e instituciones educativas de nivel superior en las entidades, favoreciendo el federalismo en la investigación tecnológica.
El Fondo estaría destinado a investigar y aplicar nuevas tecnologías en los procesos productivos; privilegiando sobre todo a la pequeña y mediana empresa; que transformen insumos originarios de la región, o que se tenga ciertas vocaciones y/o ventajas productivas.
Este Fondo daría resultados concretos, favoreciendo la producción, el empleo y el consumo; dado que las excepciones fiscales y apoyos a la producción a través del gasto público, el gobierno federal ya lo práctica con diversos resultados; asimismo con este fondo se combatiría la pobreza de manera indirecta.
Los recursos presupuestales para el Fondo de los Centros Estatales de Investigación y Tecnología (CEIT), se obtendrían a través de la redistribución tanto del fondo de aportaciones para la infraestructura social; del fondo petrolero así como de los programas de apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas, así como de recursos adicionales del presupuesto de egresos de la federación. La distribución en los estados, será en base a sus índices de desarrollo del sector industrial, ya sea de rango inferior o superior.
Los resultados de la investigación de los Centros Estatales de Investigación y Tecnología (CEIT) serán patentados y susceptibles de ser utilizados tanto por personas físicas como morales, que tengan interés en eficientar sus empresas, es decir, que sean de carácter público, comprometiéndose a que en base a resultados aporten en su momento algún recurso que fortalezca financieramente al Fondo.
Dicho Fondo, será sujeto de evaluación anual por parte de los Centros Estatales de Investigación y Tecnología (CEIT) y la Secretaría de Economía, y en función de ello, sería parte del criterio para una nueva distribución de gasto público en los subsecuentes años.
Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto
Artículo Unico. Se adicionan una fracción VIII al artículo 25 y los artículos 45-A, 45-B y 45-C, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar en los términos siguientes:
"Artículo 25. (........)
VIII. Fondo de Aportaciones para la Investigación y Tecnología para impulsar la Productividad y Competitividad."
"Artículo 45-B. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Investigación y Tecnología para Impulsar la Productividad y Competitividad reciban los estados de la Federación y el Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la investigación y desarrollo tecnológico industrial de los procesos productivos en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, destinando los recursos, de preferencia, a los centros públicos de educación superior de las diferentes entidades federativas."
"Artículo 45-C. El Fondo de Aportaciones para la Investigación y Tecnología para Impulsar la Productividad y Competitividad, se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación."
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, Distrito Federal, a 21 de enero de 2004.
México, DF, a 15 de enero de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-675 de fecha 27 de marzo último, signado por el C. senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito comunicar a ustedes que en oficio No. 311/003 suscrito el día 14 del mes en curso, por el C. arquitecto Mario S. González Torres, director general de Política Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha remitido a esta dependencia la información correspondiente al mes de diciembre del 2003, que se refiere el punto de acuerdo en el que se solicita realizar las acciones necesarias, a efecto de promover la contratación de personas que sufren algún tipo de discapacidad, presentado por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga.
Por lo anterior, anexo al presente el oficio a que me he referido y los anexos que en él se señalan en forma impresa y magnética, para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 14 de enero de 2004.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
En respuesta a su atento oficio SEL/300/887/03, referente a informar trimestralmente al Senado de la República, dentro de los primeros quince días del mes que corresponda, sobre los avances en materia de contratación de personas que sufren algún tipo de discapacidad, por instrucciones del Dr. Jaime Domingo López B., subsecretario de Empleo y Política Laboral, anexo al presente me permito enviar en forma impresa y magnética la información al mes de diciembre del 2003.
Agradeciendo de antemano la atención a la presente, nos ponemos a sus órdenes para cualquier aclaración.
Atentamente
El Director General
Arq. Mario S. González Torres (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DIEZ CON LOS QUE REMITE HOJAS DE SERVICIO DE MIEMBROS DEL EJERCITO MEXICANO PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México, DF, a 5 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicio de los ciudadanos
Por lo anterior acompaño al presente las hojas de servicio de los citados militares, con carácter devolutivo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicio de los ciudadanos
Por lo anterior acompaño al presente las hojas de servicio de los citados militares, con carácter devolutivo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno del Japón.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno del Japón.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 15 de enero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Coronel de Caballería D.E.M. Héctor Aguilar Elizalde y Teniente de Navío C.G. José Luis Lagunes Paredes puedan aceptar y usar la Medalla Especial, el Medallón y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada, y la Medalla al Logro Guardia Costera, que les confiere la Junta Interamericana de Defensa y la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Coronel de Caballería D.E.M. Héctor Aguilar Elizalde, para aceptar y usar la Medalla Especial, el Medallón y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada, que le confiere la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos de América.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Teniente de Navío C.G. José Luis Lagunes Paredes, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla al Logro Guardia Costera, que le confiere la Guardia Costera de los Estados Unidos de América.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 14 de enero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica);
Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica);
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica);
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo
Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González
(rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica);
Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles;
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Sen. Rómulo Campuzano
González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica);
Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez;
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Arturo García Gutiérrez y Manuel Gómez Millán puedan aceptar y usar las condecoraciones, que les confieren los Gobiernos de la República de Honduras y de la República Islámica de Pakistán, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Arturo García Gutiérrez para aceptar y usar la condecoración "Cruz de las Fuerzas Armadas", que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Manuel Gómez Millán para aceptar y usar la condecoración "Tamgha-e-Khidmat, que le confiere el Gobierno de la República Islámica de Pakistán.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 14 de enero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica);
Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica);
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica);
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo
Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González
(rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica);
Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles;
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Sen. Rómulo Campuzano
González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica);
Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez;
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO RUBEN ALBERTO BELTRAN GUERRERO, COMO CONSUL GENERAL DE MEXICO EN LOS ANGELES, CALIFORNIA, EUA
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones que suscriben, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Segunda Comisión desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, consta que nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 25 de noviembre de 1953. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Iberoamericana. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, al que ingresó en el año de 1981.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como Director General de Asuntos Jurídicos (1993), Protección y Asuntos Consulares (1997-1999) y de América Latina y el Caribe (1999-2001). Hasta diciembre del 2003, fungió como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona.
En la Administración Pública Federal se ha desempeñado como coordinador de Asesores del Subsecretario de Fomento Industrial de la SECOFI (1982-1984), Director General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la SECOFI (1984-1987) y posteriormente, responsable de las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas. Fungió como Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública.
Ha sido contratado por diversas organizaciones internacionales como consultor en materia de propiedad intelectual y desarrollo tecnológico.
Conforme al acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos y retomada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Segunda Comisión que suscribe invitó al ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero a una entrevista en donde se conversó sobre la situación política y económica actual de la circunscripción, en el contexto de la que vive el estado de California; de las estrategias de protección como tarea prioritaria del Consulado General, en el marco de las iniciativas locales y federales en pro y contra de los migrantes -servicios médicos, de salud y el reconocimiento de la matrícula consular de alta seguridad-. Se intercambiaron puntos de vista con el C. Beltrán Guerrero sobre los mecanismos de concertación institucionales con actores políticos federales y locales así como aquellos otros en los que la organización de la comunidad de origen mexicano juega un papel fundamental; de la coordinación necesaria de funciones y actividades entre los cuatro consulados generales de México en California.
Sin embargo antes que nada expresó su deseo de rendir cuentas sobre su tarea como Cónsul en Phoenix, Arizona, y entregó un informe de su gestión, subrayándolos aspectos medulares tales como la protección de los mexicanos. Subrayó que su prioridad siempre será la atención a la comunidad mexicana.
El Cónsul General designado dividió su presentación de manera temática iniciándola con breves comentarios sobre la situación política y económica en California; sobre el particular mencionó, al igual que sus colegas del Servicio Exterior mexicano que fueron convocados por esta Segunda Comisión, ofreciendo datos sobre la población de origen mexicano que asciende a 8, 455,926 habitantes, un 25 % del total y 70 % de la denominada hispana; que el poder ejecutivo estatal está conformado por seis funcionarios de elección popular, el gobernador de extracción republicana y el resto demócratas, según la última votación; el legislativo local con mayoría demócrata en ambas Cámaras. Respecto a la situación de la economía estatal, el diplomático de carrera destacó el gran déficit presupuestal y la caída de inversión y empleo en una economía que se catalogaba como la sexta en el mundo; elemento que ha provocado diferendos entre la Legislatura y el Gobernador Schwarzenegger, respecto a la manera de financiar ese déficit y como impactará esa reducción el gasto social y el gasto corriente.
EL C. Beltrán Guerrero puso énfasis en la relación bilateral entre México y California , de la que no puede ser ajena la situación anteriormente descrita. En materia de intercambio económico - comercial dijo que California ha sido el estado de la Unión americana que más se ha beneficiado de los intercambios bajo ese instrumento - las compras de México han desplazado a las de Japón y Canadá., lo que es un instrumento que no debe perderse de vista cuando se negocie con ese estado- así mismo, un grupo considerable de empresas mexicanas se han establecido en California para proveer el gran mercado hispano con sus productos, sobre todo, alimentarios.
Durante su exposición el Cónsul general designado mencionó que la jurisdicción de Los Ángeles es la que presenta la mayor concentración de población de origen mexicano, ya sea de ciudadanos estadounidenses de ese origen, connacionales no documentados (asciende aproximadamente a tres millones cien mil mexicanos). Por algo se dice que es la cuarta ciudad con mayor número de mexicanos después de la capital del país, Guadalajara y Monterrey. La circunscripción consular abarca 15 condados, que en términos de extensión representan casi la mitad del territorio del estado, más el condado de Kern en Nevada.
Los miembros de la Comisión solicitamos sus reflexiones sobre las iniciativas y resoluciones que ha expedido el Poder Legislativo local relacionadas con beneficios a los migrantes y el estado actual en el que se encuentran. Habló de la denominada AB 540 que ya permite que los hijos de los trabajadores indocumentados puedan inscribirse en universidades y colegios comunitarios pagando colegiaturas como residentes. El Cónsul General designado citó también las iniciativas pendientes de aprobación y que de serlo significarían mejores niveles de bienestar para los connacionales No documentados, entre ellas, la más conocida, la SB-60 que otorgaría licencias de manejo a inmigrantes sin importar su estatus migratorio que había sido firmada por el exgobernador Davis pero fue recientemente vetada por el señor Schwarzenegger. Se refirió a importante Iniciativa SB 1818, que puede llegar a contrarrestar la decisión de la Suprema Corte en el importante caso Hoffman Plastic Compounds, que como recordamos, impedía el pago de salarios a los trabajadores que hubieran mentido sobre su calidad migratoria, caso que llevó al gobierno de México a solicitar la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le fue favorable, finalmente, a la Iniciativa que permitirá el intercambio de médicos dentistas mexicanos ((AB1045).
Quienes integramos esta sobre su programa de trabajo Segunda Comisión preguntamos al Cónsul General designado y sobre el mismo le hicimos una serie de preguntas específicas.
Expresó que es el momento propicio para retomar la negociación migratoria. Los miembros de esta Comisión le preguntamos sus comentarios en concreto y a la luz de la iniciativa del Presidente Bush y con anterioridad la de diversos Congresistas.
Le solicitamos ampliara los comentarios de su programa cuando se refiere a que "la actividad de los consulados se encuentran plasmadas en programas y acciones de carácter permanente , por lo que su intensidad y eficacia no están sujetas a paréntesis especulativos sobre hipotéticos cambios legislativos" dado que en otro punto del mismo Plan de Trabajo propone promover la consolidación de reformas legislativas para que se expidan licencias de manejo a las personas que aprueben los exámenes correspondientes, independientemente de su condición migratoria.
Coincidimos en la necesidad que plantea de fortalecer los mecanismos regionales de concertación como los Mecanismos de consulta al Interior, iniciados desde los noventas y que periódicamente se vienen celebrando entre los consulados mexicanos y las autoridades migratorias norteamericanas e igualmente con su opinión de que, "es necesario reactivas las reuniones regionales de evaluación de estos mecanismos". Lo anterior afirma además reforzar ante esas autoridades la importancia de que notifiquen a los consulados sobre cualquier detención y así cumplir con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que firmaron ambos países.
Para el Cónsul designado se debe continuar con las tareas de promoción de la matricula consular, y por ende con las tareas de cabildeo con aquellos departamentos del gobierno del área metropolitana de Los Ángeles que, a pesar de la recomendación de la Junta de Supervisores del Condado, son renuentes a aceptar ese documento mexicano de alta seguridad.
La experiencia del diplomático mexicano a su paso por el área de protección de la Cancillería mexicana como la titularidad del consulado en Phoenix, le permiten aseverar que la coordinación entre los consulados mexicanos en California más óptimos resultados en las tareas encomendadas. Agregó que es importante crear una política sistemática de información de asesoría legal a través de campañas en los medios de comunicación en español, dirigida a proporcionar un conocimiento adecuado de los mas importantes derechos y obligaciones de los inmigrantes y otorgarles así una protección preventiva.
Respecto a los servicios que se prestan en materia de salud y promoción de la cultura y el deporte, el C. Beltrán Guerrero expresó su interés, en caso de ser ratificado por esta Soberanía, de reforzar las relaciones con las autoridades locales para sensibilizarlas, con miras a mejorar la calidad de esos servicios incluyendo los que resultaron de convenios binacionales.
Los integrantes de esta Comisión pedimos al Beltrán Guerrero su opinión y las estrategias que seguirá para consolidar la unidad de la comunidad mexicana en Los Ángeles, una de las mas numerosas, diversas en origen y pluralidad política en todos los Estados Unidos así como el papel que juega el Instituto de Mexicanos en el Exterior y los Clubes y Federaciones de oriundos.
Por otro lado, manifestó la necesidad de establecer un mecanismo explicito de coordinación eficaz de los consulados centroamericanos y latinoamericanos con presencia en la circunscripción del consulado General de México en Los Ángeles, con la finalidad de aprovechar la comunidad de intereses que anima a los trabajadores de todas las representaciones consulares de países latinoamericanos en la zona. Recalcó lo importante que es tener siempre presente el peso de la vecindad. La coordinación consular, es decir la articulación de los cónsules generales de California y el mejoramiento de los servicios de atención consular tomó gran parte de la exposición del C. Beltrán Guerrero.
El cónsul general designado comentó la necesidad de lograr alianzas con los consulados centroamericanos ante el planteamiento del presidente Bush que va dirigido a toda la comunidad latinoamericana. Destacó motivos de solidaridad con la población de esa región y sumar esfuerzos con otras fuerzas para orientar cualquier reforma migratoria.
La reunión a la que fue convocado por la Segunda Comisión el C. Rubén Beltrán Guerrero tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que la integramos pudimos comprobar que su programa de trabajo responde a una estrategia para las características de esa circunscripción consular.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de las Comisiones que suscriben hemos podido constatar que el ciudadano C. Rubén Alberto Beltrán Guerrero, reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo de Cónsul General de México en Los Angeles, California para el que fue designado por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89. Asimismo posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Cónsul General de México en la ciudad de Los Ángeles, California. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente punto de:
ACUERDO
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente.- México, DF, a 20 de enero del 2004.
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria;
Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro
Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica),
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto
Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica),
Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats
(rúbrica), Dip. Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui
Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica),
Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez.
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE LA CIUDADANA ALEJANDRA MARIA GABRIELA BOLOGNA ZUBIKARAI, COMO CONSUL GENERAL DE MEXICO EN SACRAMENTO, CALIFORNIA, EUA
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones que suscriben, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor de la ciudadana Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai, como Cónsul General de México en la ciudad de Sacramento, California, Estados Unidos de América, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Segunda Comisión deseamos señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por la ciudadana Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai, consta que nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 18 de febrero de 1963. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que es licenciada en Relaciones Internacionales, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, y ascendió al rango de Ministro en el mes de diciembre del año 2001. Habla inglés, italiano, griego y francés en diferentes porcentajes.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado adscrita a la Dirección General para el Pacífico (1991-1993) y a la Dirección General de Asuntos Consulares (1993). En el exterior fungió como Responsable de los Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de México en Italia (1993-2000). Desde septiembre del año 2000 está adscrita al consulado General de México en Los Ángeles, como Coordinadora para Asuntos Políticos, Económicos y Sociales.
Conforme al acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos y retomada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Segunda Comisión que suscribe invitó a la ciudadana Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai a una entrevista en donde se conversó sobre la situación política y económica del estado de California y en particular de la circunscripción en Sacramento, de las tareas de protección de los mexicanos, en particular los no documentados que residen y trabajan en los condados que componen dicha jurisdicción, exponer su Plan de Trabajo caso de ser aprobado su nombramiento por esta Soberanía.
Quienes integramos la Segunda Comisión de la Permanente tomamos en cuenta la particularidad de la circunscripción, sede de los poderes locales en el estado de California, evaluar el contexto general en el que se desenvuelven las tareas del Consulado, es decir, la situación política y económica de toda la entidad y las prioridades que en conjunto desarrollarán las representaciones consulares con los lineamientos de la Embajada en Washington y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Los factores a considerar son: el arribo al poder ejecutivo local de un nuevo gobierno emanado de otro partido, señor Arnold Schwarzenegger, la posición de diversos actores políticos, agentes económicos y liderazgos sociales que se han polarizado como defensores del migrante o aquéllos otros que a través de estereotipos combaten al migrante, desconociendo su aportación al desarrollo de California como sexta economía en el mundo.
Los miembros de la Segunda Comisión comentaron con la Cónsul General designada factores tales como el crecimiento poblacional de California superior a la media nacional, los datos censales sobre la distribución porcentual de su composición: 68% de anglosajones, 32.4% hispanos, de los cuales el 70% son mexicanos y sólo 6.7 % afroamericanos. No escapó a los comentarios vertidos durante la comparecencia el hecho que ese estado sea el principal mercado hispano en los Estados Unidos; que el voto hispano haya sufrido cambios de orientación durante la última elección estatal, que California aporta el mayor número de votos electorales en la elección presidencial.
La C. Bologna trazó el panorama político actual de California desde la perspectiva de acontecimientos recientes en el capitolio en Sacramento. Dijo que los retos para el gobernador Schwarzenegger son su habilidad para negociar con la legislatura local en manos de los demócratas, la de los miembros de ese partido en la Legislatura para negociar con los republicanos y con las demandas de sus electores de la comunidad hispana. Recordó que el principal interés de ambos poderes, el Legislativo y Ejecutivo es resolver el enorme déficit presupuestal lo que se decidió fuera a través de deuda y sin aumentar impuestos pero reduciendo el gasto corriente y algunos programas sociales. Los miembros de la Comisión preguntaron a la Cónsul General designada cuanto afectaría esto la prestación de servicios de salud o educación que se otorgan a la población de escasos recursos al margen de su estatus migratorio.
Se hizo mención por parte de los miembros de la Comisión que si bien los demócratas en ambas cámaras tienen una mayoría holgada, el sistema de composición en comités y en temas con iniciativas obliga a consensar la aprobación de iniciativas. Además es importante tomar en consideración que en Estados Unidos no es común que se vote por bloque dado que la decisión del legislador es responder al interés ciudadano en cada distrito. Por lo anterior, solicitaron a la C Bologna Zubikarai, un contacto estrecho con los legisladores locales y las agrupaciones sociales a nivel distrital.
La Cónsul General designada comentó que existen actores políticos y sociales a favor de la migración así como grupos que se oponen a ellos, que el radicalismo no es patrimonio de alguno de ellos en particular, por lo que hay que construir puentes de entendimiento con los aquellos grupos u organizaciones que visualizan el fenómeno migratorio con respeto a los derechos humanos fundamentales del migrante, la aportación que hacen a la economía de su país y los intereses de su país.
Respecto al tema económico, quienes conformamos esta Comisión estamos concientes que se vincula con la política. La situación de la economía que ha pasado de un período de recesión en los noventas, una fugaz recuperación al inicio de este milenio y la recaída de dos años a la fecha, que se demuestra por las tasas de desempleo, el déficit gubernamental, el que el papel de líder exportador en Estados Unidos le haya sido arrebatado por Texas provocando el malestar de diferentes sectores sociales que vieron la salida en la reconversión de su economía, atracción de nuevas inversiones, optar por un gobernador republicano o vincular situación de la economía con el estatus migratorio de la población a través de estereotipos.
Quienes integramos esta Segunda Comisión reconocemos que la prioridad de los consulados en el estado de California es desarrollar de manera eficiente las tareas de protección de nuestros connacionales en el exterior, sin menoscabo de otras funciones que las complementan como la promoción económica, el interés de California en que México continúe siendo el principal mercado para sus exportaciones; la función de alentar la organización de la comunidad de origen mexicano tanto de los que son residentes como de los ciudadanos de ese país para que se involucren más en los órganos públicos de decisión y finalmente, las funciones de promoción cultural, educativa y de salud además de las funciones que establece la propia Ley del Servicio Exterior Mexicano.
La C. Alejandra María Bologna comentó que la jurisdicción del consulado general de Sacramento, abarca 24 condados donde residen entre 700 y 800 mil mexicanos dedicados a tareas agrícolas, que las tareas de protección y documentación exigen el desplazamiento de quienes colaboran en esa oficina para expedirles documentos y estar en contacto con sus problemas pero que se requiere también el contacto con organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y laborales que constituyen los principales aliados de la causa del migrante hispano.
En ese contexto, la Cónsul General designada expuso de manera sucinta su Plan de Trabajo el cual gira en torno a estrategias en los campos político, de promoción económico - comercial y turística, el socio - cultural incluyendo respaldos a la educación, difusión de nuestra cultura e identidad nacionales, a la salud y el deporte.
2. Conociendo el papel de las organizaciones no gubernamentales defensoras del migrante, los clubes de oriundos y las federaciones de México americanos, y que estas responden a diferentes intereses y visiones sobre el fenómeno migratorio, la Cónsul se compromete a mantener el diálogo con todas ellas partiendo que todas tienen algo que aportar a la causa del trabajador mexicano y sus familias.
3. Trabajar conjuntamente con los clubes de oriundos y federaciones de mexicanos y México americanos de la jurisdicción e impulsar la creación de otros nuevos; intercambio de maestros y de médicos así como la difusión de iniciativas estatales que les benefician al margen de su status migratorio.
4. Las tareas de protección serán prioritarias en cuanto a la repatriación segura y ordenada de compatriotas a territorio nacional coordinándose con Vigilar y coordinar con las autoridades de la patrulla fronteriza y el Buró de Aduanas y Seguridad Fronterizas; repatriación de cadáveres con el otorgamiento de ayuda económica; mantenimiento del diálogo con las policías locales con el propósito de sensibilizarlos sobre la importancia de aplicar el derecho a la notificación consular.
5. Atención a los mexicanos internos en centros de readaptación social de la circunscripción a través de programas de asesoría jurídica, educación para adultos. Los miembros de la Comisión preguntaron si existen en su jurisdicción casos de pena de muerte. La Cónsul General designada comentó que el caso de Roberto Juárez, sentenciado a pena de muerte y que forma parte de los 54 casos que se ventilan en la Corte Internacional de la Haya.
6. Lograr niveles de eficacia de atención al público y reorientar los programas del consulado móvil para tender las necesidades de la población mexicana que habita en lugares distantes sin menos cabo de resguardar la seguridad en el proceso de expedición de la matrícula consular velando además porque esta sea aceptada el mayor número de condados e instituciones financieras.
7. En el campo de la promoción económica- comercial y de inversiones sumará al consulado a las tareas que en ese sentido desarrollan el Bancomext y Nafin tomando en cuenta la gama de oportunidades que el mercado hispano puede representar para los empresarios mexicanos por un lado, y por el otro, la comunidad de origen mexicano radicada en la jurisdicción en especial el "Programa 3x1" que potencia el desarrollo en sus comunidades de origen con el respaldo de los gobiernos federal y estatales de nuestro país.
8. Cooperación.- Se buscará la continuación de programas educativos y fomentar la relación con las universidades.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que la ciudadana Alejandra María Bologna Zubikarai reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo de Cónsul General de México en Sacramento, California para la que fue designada por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de:
ACUERDO
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la C. Alejandra María Bologna Zubikarai, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente.- México DF, a 20 de enero del 2004.
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria;
Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro
Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica),
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto
Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica),
Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats
(rúbrica), Dip. Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui
Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica),
Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez.
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO ALFONSO DE MARIA Y CAMPOS Y CASTELLO, COMO CONSUL GENERAL DE MEXICO EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, EUA
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones que suscriben les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Alfonso de Maria y Campos y Castelló, como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Alfonso de Maria y Campos y Castelló, consta que nació en México, D.F., el 9 de agosto de 1949. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Es Licenciado en Derecho (1969-1974) y Pasante en Ciencia Política (1970-1974) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se especializó en Estudios Latinoamericanos (1974-1975) e hizo estudios de postgrado en Historia (1975-1977), en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Ha sido profesor de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, investigador sobre Historia y su carrera académica es muy amplia.
En el sector público se ha desempeñado como Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo (1985-1988), y de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) (1994-2000). En la Secretaría de Relaciones Exteriores Director General para Europa en 1993. En el 2000 se reincorpora a la SRE como Director General del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior en 2001. A partir de noviembre de 2001 como Director General para América del Norte en la misma dependencia. Es miembro del Servicio Exterior de Carrera desde 1990 y actualmente tiene el rango de Consejero.
Conforme al Acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores del 22 de diciembre de 1982, para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos y retomada por esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Segunda Comisión que suscribe invitó al ciudadano Alfonso de Maria y Campos Castelló a una entrevista en donde se analizó su perfil para el cargo propuesto por el Ejecutivo Federal y el programa de trabajo que seguirá en caso de ser ratificado su nombramiento por esta Soberanía. Se conversó sobre el contexto económico y político de la circunscripción que se le encomendará que tiene como sede la Ciudad de San Francisco, California. Asimismo se analizaron los problemas de una población en su mayoría no documentada, que supera el medio millón de personas y por consecuencia la demanda de servicios consulares, particularmente de matrículas cuya demanda aumentó considerablemente a partir del 11 de septiembre de 2001 y los casos de deportación también sin cumplirse con la obligación de las autoridades estadounidenses de notificarlo al consulado.
Quienes integramos estas Comisiones Unidas coincidimos en que la importancia de esa representación consular en San Francisco, se debe entre otros factores a que forma parte de uno de los estados que son puerta de entrada de la inmigración mexicana no documentada y es un paso de corrientes que aspiran a llegar a otros puntos de la Unión Americana. Su per capita está por encima de la media de Estados Unidos y es el área que crece mas después de la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de San Francisco cuenta con una población de 776,733 personas, siendo de origen mexicano 48,935 habitantes.
El Cónsul General designado afirmó que la relación entre México y San Francisco se puede visualizar desde diferentes ángulos: el de los asuntos políticos, económicos, de cooperación, y la prestación de servicios consulares, donde las tareas de protección son prioritarias. Se refirió a la posición especial en política y su rechazo al actual gobernador.
Durante su exposición el Cónsul designado comentó que en cuanto a los aspectos políticos el Consulado General de México en San Francisco considera como asunto prioritario la defensa y promoción de los intereses de México y de los mexicanos. El Ciudadano Alfonso de Maria y Campos Castelló propone en su plan de trabajo impulsar la comunicación con y entre los actores políticos más relevantes de la circunscripción para fortalecer la cooperación y ampliar el entendimiento con México.
Las Comisiones dictaminadoras coincidimos en que es importante el establecimiento de contactos con los representantes federales y locales de esa jurisdicción como son el Alcalde, Procurador de Distrito y el Consejo de Supervisores del Condado de San Francisco. Es necesario el establecimiento de relaciones de cooperación con los grupos de interés y ONGs que tengan sede en la circunscripción, ya que estas siguen de cerca el desarrollo de los eventos políticos, económicos y sociales de México por un lado y son defensores de los derechos fundamentales de las minorías, en particular los migrantes de origen hispano.
En la relación económica, la circunscripción ocupa un lugar de importancia para México. La zona metropolitana de San Francisco cuenta con un PIB de 112.6 MMD y contribuye con 8.1% del PIB de California. San Francisco es conocido como el "triángulo de oro" con tres ejes: San Francisco al oeste, Oakland al este y San José y el Valle del Silicón al sur. Es considerada esta zona como una de las más dinámicas a nivel económico y comercial de Estados Unidos y el Pacífico por los recursos humanos, financieros y tecnológicos que tiene. Las industrias de importancia de San Francisco son la de servicios financieros, comercio internacional, comunicaciones y transportes y servicios profesionales para personas y negocios, turismo y tecnología. También son importantes la construcción, la comercialización, producción de productos de petróleo, biotecnología y la industria textil y del vestido.
En cuanto a las exportaciones de San Francisco hacia nuestro país son del 3%, lo que equivale aproximadamente a 400 millones de dólares. San Francisco junto con los 13 condados de la circunscripción consular exportan a México productos de la industria electrónica y computacional, maquinaria y productos metálicos, alimentos frescos, semi-procesados y vino, derivados de petróleo, plásticos y productos de hule, así como películas de largo metraje. El Cónsul General designado en caso de ser ratificado, se propone en este rubro fortalecer la cooperación comercial entre su circunscripción y nuestro país, además de promover el desarrollo de programas de apoyo para medianas y pequeñas empresas mexicanas; así como facilitar el encuentro de importadores de productos mexicanos y empresas productoras de nuestro país, en especial aquellas que se generan por las necesidades de consumo de las comunidades mexicanas residentes en esa zona. Hay que insistir que México es el principal mercado para los productos de California, al captar $16,076.3 millones de dólares, es decir, 17.4% del total de las exportaciones lo que constituye una poderosa arma de negociación en los campos político-migratorio económico y comercial.
La cooperación gira en torno a la educación y a la cultura. El estado cuenta con 35 universidades de primer nivel y en este sentido, el Ciudadano Alfonso de Maria y Campos Castelló hizo referencia a la promoción del intercambio cultural, artístico y educativo, ya que San Francisco es uno de los principales atractivos culturales de Estados Unidos. Es importante mencionar la existencia de una fundación encargada del proyecto para la construcción del Museo Mexicano en esa ciudad y su desarrollo como una entidad cultural. Fortalecer el intercambio académico estudianti y de investigadores con las universidades de Berkeley y de California en San Francisco son otros de los compromisos que se compromete a asumir el C. De Maria y Campos.
En cuanto a los asuntos consulares y de protección destacó el papel de la matrícula de alta seguridad que actualmente sólo es aceptada en los condados de San Francisco y Napa. Durante el primer semestre de 2003, fueron expedidas 21,962 matrículas consulares de alta seguridad principalmente a mexicanos provenientes de Michoacán (23.83%), Jalisco (21.64%) y Guanajuato (7.03%). En materia de protección, el Consulado General ha atendido, 3084 casos sobre defensa de derechos humanos y asuntos penales, migratorios, laborales, civiles y administrativos.
El Cónsul General se ha puesto como meta fortalecer las labores de protección y atención a nuestros connacionales, mediante la mejora en los servicios y la negociación con autoridades competentes.
Los integrantes de esta Comisión hacemos hincapié en que se debe dar seguimiento a las iniciativas y propuestas de ley, federales y estatales, que puedan aplicarse en la circunscripción y que tengan algún impacto en la población de origen mexicano y difundir la información entre la comunidad. Los miembros de la Comisión preguntaron al diplomático mexicano sobre el impacto que tendrán iniciativas favorables y desfavorables que se aprobaron en la Legislatura estatal como el no reconocimiento de la Matrícula Consular Mexicana (la cual fue vetada por el Gobernador Gray Davis); Aceptación de identificaciones expedidas por gobiernos extranjeros (hablamos de todas las identificaciones consulares, no sólo la matrícula consular mexicana) y licencias de manejo para inmigrantes indocumentados (el nuevo Gobernador Schwarzenegger sometió ante el Congreso local una iniciativa para revocar esta Ley y los demócratas con mayoría en ambas Cámaras, no hicieron nada ya que la iniciativa pudiera irse a referéndum, donde se hubiera perdido permanentemente. California fija los estándares para todo Estados Unidos y es la vanguardia en muchas.
El Ciudadano Alfonso de Maria y Campos Castelló de ser ratificado, buscará el acercamiento con la Comisión de Derechos de los Migrantes que sostiene el gobierno de San Francisco con el fin de fortalecer las labores de protección y atención a nuestros connacionales; además de la difusión en los departamentos de policía y fiscales de distrito la importancia de la notificación consular, sobre todo en los casos que puedan involucrar la pena de muerte.
Finalmente de Maria señaló que se fortalecerán los mecanismos institucionales para la detección y seguimiento de los problemas migratorios; además de dar continuidad al Programa de Repatriación Segura y Ordenada de Mexicanos, particularmente en los casos de mujeres, menores y discapacitados; y en general atender los casos de violaciones de derechos humanos de mexicanos, así como de los procesos a mexicanos condenados a pena de muerte, o cuya sentencia pudiera llegar a la imposición de pena capital.
El C. De Maria y Campos dio la bienvenida a la iniciativa del Congreso mexicano, en particular del Senado, para sumarse a la estrategia del Estado Mexicano y su involucramiento en el tema migratorio. Mostró su preocupación por el programa de trabajadores temporales anunciado por el presidente Bush, dado que las empresas familiares, inclusive de no documentados en ese Estado, podrían aprovechar este programa sin cumplir con los requisitos de ley.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los Senadores miembros de las Comisiones que suscriben hemos podido constatar que el ciudadano Alfonso de Maria y Campos y Castelló reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo de Cónsul General de México en San Francisco, California, para el que fue designado por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89. Asimismo posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser Cónsul General de México en San Francisco, California.
En tal virtud nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de
ACUERDO
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la Fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano ciudadanoAlfonso de Maria y Campos y Castelló como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente.- México DF, a 20 de enero del 2004.
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria;
Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro
Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica),
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto
Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica),
Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats
(rúbrica), Dip. Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui
Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica),
Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez.
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO BRUNO FIGUEROA FISCHER, COMO CONSUL GENERAL DE MEXICO, EN SAN JOSE, CALIFORNIA, EUA
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones que suscriben, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Bruno Figueroa Fischer, como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de América, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Segunda Comisión desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Bruno Figueroa Fischer, consta que nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 24 de octubre de 1965. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que es egresado de El Colegio de México y cuenta con una maestría de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, al que ingresó en el año de 1987. Actualmente tiene el rango de Ministro. Habla inglés, francés y alemán.
En el exterior fungió como Jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Austria, y Representante Alterno ante los organismos internacionales con sede en Viena. De 1993 a 1997 fue agregado de prensa en la embajada de México en Francia, y asesor del Subsecretario de América del Norte.
En la actualidad se desempeña como asesor del Secretario de Relaciones Exteriores.
Conforme al Acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos y retomada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Segunda Comisión que suscribe invitó al ciudadano Bruno Figueroa Fischer a una entrevista en donde se conversó sobre el estado actual de las relaciones bilaterales con la ciudad de San José, California, así como de las funciones que puede desarrollar el Consulado de nuestro país en esa región en el contexto las cualidades específicas que caracterizan a la región. Durante la entrevista se habló sobre la situación política, económica y social de la circunscripción y de los mecanismos para consolidar las relaciones y explorar otros campos de colaboración en beneficio de los mexicanos que radican en esa ciudad.
Durante su intervención, el Cónsul designado mencionó la importancia que el Estado de California tiene para México en su relación con los Estados Unidos debido a que no sólo es el Estado que tiene una mayor población de personas de origen mexicano, sino que también es el principal mercado para los productos de California.
Destacó asimismo el hecho de ser California el principal Estado de la Unión Americana por el tamaño de su economía y su población, y la sexta economía a nivel mundial. El Estado tiene un PIB de 1, 359.3 mil millones de dólares. La economía estatal es líder en la producción de manufacturas de alta tecnología, productos agrícolas y en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y la biotecnología.
Sin embargo mencionó que, en la actualidad la economía de California enfrenta tres problemas; el fuerte déficit en las finanzas públicas que obliga a realizar aumentos en el costo de los servicios gubernamentales, así como a disminuir el empleo y los contratos que genera dicho sector; el incremento en los costos de los seguros de compensación que disminuyen el empleo y; el aumento en los costos de los negocios, ocasionado por el alza en la contribución a los seguros de desempleo y la eliminación del crédito a la inversión de manufacturas.
En lo que se refiere a la política fiscal, el Cónsul designado mencionó que California enfrenta una de sus peores crisis en finanzas públicas; se espera que los ingresos impositivos desciendan a 65.8 mil millones de dólares en el año fiscal 2003-2004, lo que generará un déficit de aproximadamente 34 mil millones de dólares, tema éste que forma parte de la discusión en la Legislatura estatal y en la agenda del Gobernador.
El 70% de las exportaciones estatales se componen de computadoras y productos electrónicos, maquinaria industrial, equipo de transporte y productos químicos. Sin embargo, entre enero y septiembre del 2003, las exportaciones de California disminuyeron 2.5% respecto a las observadas en el mismo periodo del 2002, para ubicarse en los 60, 058. 4 millones de dólares.
Nuestro país es el principal mercado para los productos de California, al captar 16, 076.3 millones de dólares en mercancías del Estado, 17.4% del total de sus exportaciones. El comercio con México, de manera directa o indirecta, proporciona aproximadamente 240 mil empleos en ese Estado. Las importaciones de equipo eléctrico y electrónico, equipo de transporte y maquinaria industrial, así como las de computadoras, representan más de la mitad de los envíos.
Tocó el tema migratorio que para México es prioritario y dentro de éste mencionó la matricula consular. El C. Figueroa Fischer afirmó que ésta tiene una gran aceptación en el Estado de California y manifestó su interés por hacer el seguimiento de las diversas iniciativas de ley que afectan a los migrantes mexicanos que residen en ese Estado. Entre ellas citó la proposición 38 que se refiere al sistema escolar público y privado; la AB540, importante iniciativa que permite a indocumentados acceder a universidades y colegios comunitarios del Estado y que entró en vigor tras haber sido aprobada por el Poder Legislativo y firmada por el anterior Gobernador; la SB1818, que busca el castigo severo a los empleadores que violen la ley laboral que otorga a los trabajadores el derecho de afiliarse a sindicatos, organizarse y participar el contratos colectivos de trabajo; la AB-522, que pretendía que todas las ciudades y condados de California aceptaran la matrícula consular, finalmente vetada por el ex Gobernador Davis y la SB-60 sobre licencias de manejo para inmigrantes indocumentados presentada por el Sen, Gil Cedillo y que debía entrar en vigor el 1° de enero pasado; sin embargo el actual Gobernador presentó una iniciativa ante la Legislatura para revocar esta ley.
Señaló también que las reuniones del Mecanismo de Consulta al Interior, desde la puesta en operación del Departamento de Seguridad del Interior, no han sido regulares ni fructíferas, ya que en pocas ocasiones asiste el Director de Distrito.
Durante su exposición, el Cónsul General designado mencionó que la jurisdicción de San José, California es considerada la 23° zona metropolitana de los Estados Unidos pero la séptima de California. Genera 91.5 millones de dólares y contribuye con 6.5% al PIB estatal. Es asiento de una gran población de origen mexicano dado que tradicionalmente la región se ha dedicado a la agricultura, al procesamiento y exportación de frutas, vegetales y producción de vinos. Otro ámbito de la actividad económica es la producción de lácteos, pescado enlatado, químicos, aluminio, pinturas, fósforos y fibra de vidrio. Pero también, la región metropolitana de San José es conocida como el centro de la innovación ya que tiene la mayor concentración de empresas tecnológicas en el mundo.
Los miembros de la Segunda Comisión analizamos el plan de trabajo que expuso el Cónsul General designado bajo el cual pretende orientar las acciones a desarrollar como titular de nuestro Consulado en la ciudad de San José señalando tres prioridades: atención a mexicanos a través de eficientar el trabajo consular; la articulación de los intereses de México con las autoridades locales y tres, promoción de los mexicanos en cuestiones educativas.
Proteger los intereses de México y de sus nacionales en su circunscripción. En la actualidad el universo de mexicanos asentados en la misma es de aproximadamente 750 000 mexicanos migrantes de primera generación. Sus características laborales y socioeconómicas determinan el trabajo de protección que deberá realizar el Consulado General a su cargo. Dividió a la población mexicana en tres segmentos; uno que se dedica a la agricultura y radica en la parte sur del de la circunscripción; otro compuesto por los mexicanos que laboran en las ciudades, en particular en San José y que trabaja en el sector de la construcción y servicios y un tercero compuesto por estudiantes mexicanos en centros de educación superior y de profesionistas mexicanos que laboran en empresas de la zona.
En lo que se refiere a la tarea de estrechar la relación bilateral con las autoridades locales en todos sus rubros, el ciudadano Figueroa Fischer mencionó que, hasta el momento, el Consulado mantiene relaciones con legisladores locales importantes, con autoridades estatales encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, y que pretende reforzar los puentes de comunicación y colaboración con las organizaciones que se dedican a la protección de los derechos de los mexicanos.
Para el Cónsul designado se debe continuar con las tareas de promoción de la matrícula consular; actualmente este instrumento tiene un reconocimiento amplio por autoridades de los 4 condados de la circunscripción, dos ciudades, entre ellas San José, 5 departamentos de policía, y 6 bancos. Sin embargo, el Consulado seguirá trabajando para que la matrícula sea reconocida por la totalidad de las ciudades de la circunscripción, todos los departamentos de policía y otras instituciones. Paralelamente se deben difundir entre los connacionales los beneficios de contar con ese documento de identidad, para incrementar el número de demandantes de la misma.
Al hablar de la prestación de los servicios consulares, se comprometió a intensificar los llamados consulados móviles para otorgar servicios y protección más eficientes y rápidos a los connacionales que residen en poblaciones distantes y que, por algún motivo, no pueden acudir a la sede de la represención.
Comentó su interés en reforzar el apoyo de abogados consultores a las labores de protección, ya que los dos abogados actualmente vinculados al Consulado resultan insuficientes para desahogar todas las diligencias legales. En este aspecto de protección y ayuda a connacionales, el C. Figueroa reconoció que de los 1404 casos existentes siguen pendientes de resolución 1130, por lo que manifestó que una de las labores prioritarias del Consulado será atender esa situación y precisar los casos para determinar si por negligencia no fueron notificados como concluidos, o no se les dio la atención adecuada para su resolución.
El C. Figueroa Fischer mencionó la existencia de 30 connacionales sentenciados a la pena máxima en el estado de California, entre ellos está un mexicano que originalmente fue procesado en San José y que actualmente se encuentra en una penitenciaria en San Francisco, de nombre Roberto Juárez.
El C. Figueroa Fischer mencionó que la población migrante de la circunscripción, provenientes principalmente de los estados de Michoacán, Jalisco y Oaxaca, constituye un grupo vulnerable y que la separación de sus familias contribuye a que se presenten problemas mentales o de adicciones, y a las enfermedades de transmisión sexual; por ello, el Consulado dará un seguimiento puntual a los distintos programas de salud existentes.
Promover la cultura, la economía y el turismo de nuestro país dentro de la circunscripción fueron otros de los puntos esenciales de su plan de trabajo. Consolidar los programas ya existentes e incrementarlos en colaboración con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
El C. Figueroa Fischer reconoció que existe una relación con los clubes y líderes comunitarios y se comprometió a mantener e intensificar los vínculos con las 15 asociaciones mas importantes en la región, así como con los dos consejeros electos en la circunscripción del Consejo Consultivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior.
En materia de educación, Figueroa mencionó que existen rezagos severos en esta materia para la comunidad mexicana, debido a que la adaptación escolar es muy difícil y el grado de deserción es elevada, por lo que el Consulado tratará de restablecer el programa de intercambio de maestros mexicanos que permite a los educadores de las principales zonas expulsoras de migrantes de la región pasar un verano completo con las comunidades y reforzar así el aprendizaje de quienes lo requieran. Debe aprovecharse la vanguardia en tecnología.
El cónsul designado termino su intervención hablando sobre como darle forma a la iniciativa del presidente Bush y la obligación del consulado de ayudar a que se cristalice la mejor propuesta. Hizo también una explicación sobre los deberes de los cónsules.
La reunión a la que fue convocado por la Segunda Comisión el C. Bruno Figueroa Fischer tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que la integramos pudimos comprobar que su programa de trabajo responde a una estrategia para las características de esa circunscripción consular. Quienes integramos de manera plural esta Comisión reconocemos la importancia del Consulado de San José, California y esperamos un buen desempeño dada su escasa experiencia en el trabajo consular.
La Comisión estima que el Cónsul designado posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Cónsul General de México en la ciudad de San José, California. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de:
ACUERDO
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Bruno Figueroa Fischer, como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de América.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente.- México DF, a 20 de enero del 2004.
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación
Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica),
Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria;
Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro
Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica),
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto
Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica),
Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats
(rúbrica), Dip. Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui
Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica),
Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez.
DE LA PRIMERA COMISION CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA QUE PUEDAN ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jaime Godínez Ruiz y Capitán de Navío CG. Diplomado de Estado Mayor Fernando Alfonso Angli Rodríguez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de Chile.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jaime Godínez Ruiz, para aceptar y usar la condecoración Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le confiere el Gobierno de la República de Chile
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Navío CG. Diplomado de Estado Mayor Fernando Alfonso Angli Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Minerva, que le confiere la Armada de la República de Chile.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de enero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica);
Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica);
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica);
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo
Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González
(rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica);
Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles;
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Sen. Rómulo Campuzano
González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica);
Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González
Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez.
DE LA PRIMERA COMISION CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA QUE PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
Honorable Asamblea:
En oficios de fecha 15 de diciembre de 2003, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Amelia Guadalupe Bravo de la Fuente, Jorge Alejandro Garza López, María Elena Garza Malacara, Mónica Payró Duque, Nemesia Alejandra González Farías, Verónica Soto Avila, Luis Arturo Flores Sánchez y Marco Augusto Manrique Sánchez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, en la Embajada y Consulados de Canadá, en México, Monterrey, NL y Guadalajara, Jal. y en la Embajada del Reino Unido, en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 7 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, en la Embajada y Consulados de Canadá, en México, Monterrey, NL y Guadalajara, Jal. y en la Embajada del Reino Unido, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado C), del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Amelia Guadalupe Bravo de la Fuente, para prestar servicios como profesora de español, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Alejandro Garza López, para prestar servicios como asistente comercial, en la Embajada de Canadá, en México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana María Elena Garza Malacara, para prestar servicios como médico general, en la Embajada de Canadá, en México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Payró Duque, para prestar servicios como analista económico, en la Embajada de Canadá, en México.
Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Nemesia Alejandra González Farías, para prestar servicios como recepcionista, en el Consulado de Canadá en Monterrey, Nuevo León.
Artículo Sexto.- Se concede permiso a la ciudadana Verónica Soto Avila, para prestar servicios como asistente comercial, en el Consulado de Canadá en Guadalajara, Jalisco.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso al ciudadano Luis Arturo Flores Sánchez, para prestar servicios como agregado económico, en la Embajada del Reino Unido, en México.
Artículo Octavo.- Se concede permiso al ciudadano Marco Augusto Manrique Sánchez, para prestar servicios como agregado comercial adjunto, en la Embajada del Reino Unido, en México.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de enero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica);
dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica);
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica);
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo
Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González
(rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Sen.
Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles;
Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González;
Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael
Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez;
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL TOME, A TRAVES DEL FONDEN, MEDIDAS URGENTES PREVENTIVAS Y DE APOYO EN LAS REGIONES Y PERSONAS AFECTADAS POR LAS HELADAS Y BAJAS TEMPERATURAS, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En las últimas semanas, prácticamente todo el país ha estado enfrentando los efectos de 28 frentes fríos que no sólo han provocado enfermedades o daños en el medio rural, sino que lamentablemente han ocasionado que rápidamente ascienda a 80 el número de personas que han fallecido por hipotermia o por los precarios sistemas de calefacción.
La mayoría de las personas que han muerto son originarias de los estados de Chihuahua, Sonora e Hidalgo; sin embargo, la alerta que está provocando una situación meteorológica extrema, como la que actualmente nos está afectando, se ha ido extendiendo a casi todo el territorio nacional.
Los legisladores priístas ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sabemos y reconocemos, que el Sistema Nacional de Salud está desplegando un esfuerzo preventivo de las enfermedades causadas por las bajas temperaturas, las cuales se enfocan en forma prioritaria a niñas y niños menores de dos años, así como a adultos mayores de 65.
No obstante, una gran proporción de los mexicanos parece no tener acceso a la información precautoria ni a la atención de los daños que está causando un escenario con temperaturas que llegan hasta los 12 grados bajo cero, como ocurre principalmente en el norte del país.
De ahí que, una primera demanda que obligadamente tenemos que hacer los legisladores al Ejecutivo federal desde esta tribuna, es que fortalezca las unidades médicas necesarias para que atiendan de inmediato a las víctimas del frío en México.
Por otra parte, en mi partido consideramos que es necesario subrayar que amplias regiones rurales están siendo afectadas por heladas tardías e inesperadas, debido a lo cual muchos campesinos han perdido sus cultivos y han tenido que emigrar del campo para guarecerse de las calamidades del clima.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional todavía falta el embate de 18 masas heladas más, para sumarse a las 28 que ya han causado estragos sanitarios y agropecuarios.
Es por ello, que se vuelve necesaria la urgente aplicación de los mecanismos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues es innegable que las condiciones meteorológicas a que nos estamos refiriendo generan gastos que la Federación, los estados y los municipios, deben encarar y cuyos presupuestos no tienen previstos los recursos suficientes para mitigar los daños que están sufriendo las familias en su vida, alimentación, vestido, albergue, patrimonio productivo y demás bienes de supervivencia.
Por otro lado, no consideramos necesario justificar de manera exhaustiva todas y cada una de las razones por las cuales se requiere el apoyo del Fonden a la población afectada por estos desastres naturales, ya que la normatividad aplicable considera como fenómenos hidrometeorológicos atípicos, a las nevadas, granizadas o heladas que causan severos daños no previsibles.
Compañeras y compañeros legisladores:
Las cifras de las entidades que están padeciendo con mayor rigor estos problemas varían de acuerdo a una u otra fuente de información. En algunos casos se indica que el frío afecta a 22 entidades y en otras se dice que el descenso de las temperaturas afectará el norte, el noroeste, noreste y centro del país.
Sin embargo, para nosotros lo importante no es la diferencia en las cifras; lo importante es que las autoridades especializadas valoren los efectos negativos de la actual temporada invernal atípica y orienten los recursos existentes para auxiliar a la población afectada lo antes posible a fin de evitar mayores daños y pérdidas y principalmente mayores decesos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, me permito someter a la alta consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico.- Ante los graves daños que ha ocasionado la actual temporada invernal en nuestro país, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que por conducto de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Salud, se apliquen los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a fin de atender de manera urgente a la población afectada por las bajas temperaturas y heladas atípicas causadas por los frentes fríos pasados y por la que seguramente se verá también afectada por los frentes que todavía se esperan durante lo que resta de la temporada invernal. De igual manera, le solicita que haga llegar a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los daños a la vida, la salud, la vivienda y al patrimonio productivo, sufridos por las familias afectadas.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 21 días de enero de 2004.
Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS QUE NO SE HAN INCORPORADO AL SEGURO DE SALUD POPULAR, LO HAGAN A LA BREVEDAD POSIBLE Y SUSCRIBAN EL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD, A CARGO DEL SENADOR ADALBERTO MADERO QUIROGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, senador por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, ocurro a presentar punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados que todavía no se incorporan al Seguro de Salud Popular, a que a la brevedad suscriban dicho convenio con la Secretaría de Salud, para que la población no derechohabiente de esas entidades cuente con un seguro público de salud, en atención a las siguientes:
Consideraciones
Primera.- La salud de la población es requisito indispensable para alcanzar el desarrollo económico y social. En nuestro país, la salud es un derecho contemplado en la Constitución Política en su artículo 4 que al respecto señala: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". Por otro lado, las recientes reformas a la Ley General de Salud establecen el derecho de todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, por consiguiente, dichos ordenamientos permiten garantizar el acceso a todos los mexicanos a un marco de seguridad social, el cual comprende el bienestar físico y mental del ser humano, la asistencia para el adecuado desarrollo, y el mejoramiento de su calidad de vida.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos institucionales por garantizar el acceso de toda la población a los servicios de salud que ofrece el gobierno en sus diferentes niveles, el incremento demográfico, las crisis económicas y la falta de una eficiente planeación y manejo financiero a largo plazo, han sido factores adversos para lograr la plena incorporación de toda la población trabajadora y de escasos ingresos a los sistemas de salud. En nuestro país, la población que ha contado con un seguro público de salud es la derechohabiente de la seguridad social. El resto de la población no asegurada, ha recibido servicios de salud a través de la Secretaría de Salud. Si bien en ambos esquemas se trata de atender la salud de todos los mexicanos, la falta de un sistema de aseguramiento para la población no asegurada ha provocado que su patrimonio sea más vulnerable a los costos asociados al mantenimiento de la salud.
La población no asegurada incurre con frecuencia en gastos de bolsillo, aun cuando acude a los servicios de salud de la Secretaría, ya que cubre gastos por concepto de cuotas de recuperación y compra de medicamentos, los cuales implican un costo mayor al de un prepago como lo es con el Seguro. La población que no cuenta con ningún tipo de seguro, sigue representando una proporción importante de la población total ya que según algunas fuentes de información representan alrededor del 43% del total de los habitantes del país y otras como el Censo de Población y Vivienda 2000, reportan hasta un 57.8% de población no asegurada. Esta población no está afiliada a la seguridad social fundamentalmente por su situación laboral y/o porque su bajo poder adquisitivo le impide pagar el seguro de salud familiar del IMSS o adquirir un seguro privado.
Esta alta proporción de no asegurados ha repercutido en que el gasto de bolsillo represente más de la mitad del gasto total en salud, lo cual a su vez implica que la gente pague cantidades desproporcionadas de su ingreso por atender su salud. Los altos costos de la atención médica frecuentemente provocan que la familia posponga o renuncie a la atención, y en caso de cubrir los costos, hacen que la familia enfrente dificultades financieras. Según la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, cada año entre 2 y 3 millones de familias emplean más de la tercera parte de su ingreso para solventar sus gastos en salud, mientras que 1.2 millones cruzan la línea de la pobreza por los gastos que tienen que enfrentar en salud. Este gasto de bolsillo cuyo desembolso se destina principalmente a la compra de medicamentos y consultas médicas afecta sobre todo a las familias de bajos ingresos. Este gasto de bolsillo que empobrece a las familias tiende a ser mayor como porcentaje del gasto total para las familias más pobres que para las familias con mayores recursos, de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Salud en el 2000, el 85 por ciento de estas familias que se empobrecen no están aseguradas. Esto quiere decir que contar con un seguro reduce el riesgo de empobrecerse.
Según datos de la Encuesta Nacional de Satisfacción de los Servicios de Salud 2000, los altos costos se han convertido en el principal problema del sistema. Uno de cada cuatro mexicanos ha pospuesto su atención médica por problemas económicos. Conforme a dichas estadísticas, quienes postergan más la atención médica son los enfermos y discapacitados (36%), los analfabetas (29%), los mayores de 65 años (35%), la población de bajos ingresos (25%) y quienes no están afiliados a alguna institución de seguridad social (28%).
En la actualidad, las familias mexicanas enfrentan dificultades financieras para cubrir los costos de consulta externa, exámenes de laboratorio, estudios de gabinete, medicamentos, hospitalización y urgencias. A pesar de que las familias acudan a instituciones públicas para recibir atención médica, usualmente tienen que desembolsar recursos para adquirir medicamentos y pagar cuotas de recuperación por la atención recibida. Además, frecuentemente las personas deciden atenderse en el sector privado y consecuentemente enfrentan dificultades financieras.
A partir del 2002, el gobierno de la República para enfrentar el reto de brindar protección financiera a la población no asegurada y de acuerdo al Plan Nacional de Salud 2001-2006, instrumenta en coordinación con los gobiernos estatales, el Seguro Popular de Salud, como parte de una estrategia integral estructurada en la nueva política social. Este será el instrumento que permitirá a la Secretaría de Salud ofrecer un modelo de aseguramiento que permita reducir el gasto de bolsillo y fomentar una atención oportuna y de calidad a la población que ha quedado rezagada del Sistema de Salud.
Segunda.- El Seguro Popular de Salud, según el gobierno federal, es el instrumento que permitirá enfrentar el reto establecido en el Programa Nacional de Salud 2001-2006 para brindar protección financiera a todos los mexicanos, ofreciendo una opción de aseguramiento público en materia de salud a familias y los ciudadanos que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social.
El Seguro Popular de Salud es público y voluntario y su costo será cubierto mediante un subsidio federal proveniente de recursos fiscales del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y cuotas de los beneficiarios por concepto de afiliación. La cuota de afiliación al Seguro Popular de Salud es progresiva según el nivel de ingreso de cada familia y complementa el subsidio federal para cubrir el costo del seguro.
Con la afiliación al Seguro Popular de Salud se protegerá financieramente a la población actualmente no asegurada, mediante el otorgamiento de un catálogo explícito de beneficios médicos. La afiliación al Seguro sustituye el pago de cuotas de recuperación por concepto de servicios médicos, por un pago anticipado según el nivel de ingresos de las familias. El Seguro Popular de Salud posibilitará que familias con capacidad limitada de pago puedan adquirir un seguro de salud que incluye un amplio catálogo de intervenciones y los medicamentos asociados a dicho catálogo.
Los beneficiarios del Seguro Popular de Salud, al reducir los gastos de bolsillo, podrán destinar los recursos que hubieran necesitado para solventar dicha eventualidad, a otras actividades productivas y/o al mejoramiento de su nivel de vida. De esta manera, el Seguro Popular de Salud se alinea con otros programas sociales que buscan generar las condiciones necesarias para que la población más vulnerable pueda mejorar su estado socioeconómico.
Según estimaciones proporcionadas al inicio de este año por el secretario de Salud, Julio Frenk, el Seguro Popular pretende dar cobertura a 48 millones de personas en los próximos años y poner énfasis en los sectores marginados del país. Señaló que en diciembre del 2003, el Presidente de la República entregó la credencial número 600 mil del Seguro Popular, con la cual se logró duplicar la meta establecida para ese año. Refirió que nueve de cada 10 familias beneficiarias por este seguro pertenecen a los deciles más pobres de la distribución de ingresos. El 60 por ciento de estas familias, destaco, son encabezadas por mujeres solas.
De acuerdo con el Gobierno federal, hasta ahora estos son los logros más importante del Seguro Popular: 2.5 millones de personas cuentan con la cartilla de Seguro Popular, 623 mil familias en 24 estados cuentan con la cobertura y 600 mil familias están bajo protección social.
Para la instrumentación del Seguro Popular el gobierno federal suscribirá un acuerdo de coordinación con los gobiernos estatales participantes, ya que la prestación de los servicios incluidos en el Seguro es responsabilidad de los servicios estatales de salud. A ellos les corresponderá llevar a cabo las acciones de identificación de grupos a beneficiar, de difusión y afiliación y de administración del padrón de asegurados en su entidad, integrar y mantener actualizado el padrón de asegurados, contratar al personal, que en su caso se requiera, para realizar las actividades inherentes a la operación del seguro, así como garantizar la capacidad de insumos y el suministro de medicamentos para su oferta oportuna y de calidad, entre otras responsabilidades.
Por lo tanto, es urgente que los mandatarios estatales cuanto antes, realicen las acciones más pertinentes a fin de que el sector salud de sus entidades se coordine con la SSa para que la población no derechohabiente de dichas entidades pueda acceder al Seguro Popular. Debe quedar claro que la implementación de este nuevo esquema de salud social depende fundamentalmente de la iniciativa de las autoridades estatales, son ellas las que deben de solicitar la instrumentación del Seguro Popular, de ahí que conminamos a las entidades que todavía no lo han hecho, a suscribir el convenio de coordinación antes mencionado.
Los beneficios sociales de esta alternativa de seguridad social han quedado demostrados en las primeras cinco entidades donde se instrumentó, en donde se afiliaron 59 mil 484 familias. Los datos específicos de cada entidad son los siguientes: Aguascalientes, 11 mil 63 familias, Campeche, 9 mil 741, Colima, 11,490, Jalisco, 13,838 y Tabasco con 13 mil 352 familias incorporadas. Como se observará, la integración de miles de personas al sistema de salud se ha efectuado de manera rápida y con una amplia cobertura, por consiguiente, reiteramos a los gobiernos estatales firmar a la brevedad el citado convenio de coordinación.
Tercera.- La integración rápida y eficaz al Seguro de Salud Popular por parte de los gobiernos estatales, conllevaría al beneficio de las miles de familias que todavía carecen de un seguro médico, dándoles mayor seguridad y evitando los gastos catastróficos que merman gravemente el presupuesto familiar. Por otra parte, se generaría mayor inversión para el desarrollo de la infraestructura y la planta laboral de las instituciones de salud pública. Por consiguiente, es tiempo de que las más altas autoridades de las entidades federativas gestionen la firma del convenio para quedar incorporadas al Seguro de Salud Popular para beneficio de las familias que no son derechohabientes.
Vivimos una época en que la democratización es el común denominador de todas las acciones de gobierno, por lo tanto, la salud no puede quedar rezagada. La democratización de los servicios de salud permitirá que los mexicanos contemos con un sistema más cercano a la gente, que responda con calidad a sus necesidades y expectativas, que proteja a toda la población de los gastos médicos excesivos y que permita la participación de la gente en las decisiones que afectan su salud y que haga posible que los usuarios cuenten con una mayor libertad para elegir al prestador del servicio médico.
La salud tiene siempre un elemento de incertidumbre. Nadie sabe cuándo se va a enfermar o sufrir un accidente grave. Si estos acontecimientos impredecibles se enfrentan sin un seguro de salud, se corre el peligro de incurrir en gastos excesivos. Situación que resulta más gravosa para las familias de bajos ingresos.
La salud es una condición básica para alcanzar la auténtica igualdad de oportunidades. Es un principio fundamental de justicia social y un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo social sustentable. Las actuales políticas públicas en materia de salud deben de resolver de manera integral tres factores básicos: equidad, calidad y protección financiera, sólo así se podrá modernizar el sistema de salud nacional.
Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno conforme a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de los estados que todavía no se incorporan al Seguro de Salud Popular, a que a la brevedad suscriban dicho convenio con la Secretaría de Salud, para que la población no derechohabiente de esas entidades cuente con un seguro público de salud.
Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA FORTALECER LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL DE LOS LEGISLADORES FEDERALES EN LA CONVENCION NACIONAL HACENDARIA, A CARGO DE LA DIPUTADA MINERVA HERNANDEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Minerva Hernández Ramos, legisladora federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:
Uno de los temas pendientes dentro de la agenda nacional, es sin duda, la gran reforma hacendaria, para alcanzar un auténtico federalismo fiscal en la recaudación, distribución y aplicación de los recursos públicos, financiamiento del desarrollo, solidez del patrimonio, relaciones intergubernamentales y simplificación administrativa.
A pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado por concretarla, no se han alcanzado los consensos necesarios entre las diversas fuerzas políticas representadas en este Congreso de la Unión.
Como bien sabemos, el 28 de octubre del año pasado, el titular del Poder Ejecutivo federal emitió la convocatoria para la realización de una Convención Nacional Hacendaria, misma que fue ratificada por los gobernadores de los estados y el Congreso de la Unión.
Reconocemos el intenso trabajo realizado durante dos años por la Conferencia Nacional de Gobernadores, gracias a su empeño, voluntad e inclusión políticas estamos muy próximos a celebrarla.
Ante algunas opiniones poco optimistas vertidas en torno a las expectativas y resultados de esta Convención, el PRD no puede dejar de reconocer que estamos frente a una oportunidad inmejorable para arribar quizá a uno de los más importantes acuerdos nacionales.
No hay que olvidar que en las primeras décadas del México posrevolucionario se organizaron tres convenciones nacionales con el propósito de estructurar y articular un sistema fiscal nacional, destacándose importantes cambios legislativos resultado de la Tercera Convención Nacional Fiscal celebrada en el año de 1947.
Más allá de las posiciones ideológicas, los legisladores representados en este Poder, debemos reivindicar el propósito fundamental de la Convención, que es la de constituir un foro plenamente representativo de la pluralidad política y social de la República en el que se analicen y determinen cuales serán las propuestas de reforma legales y administrativas más viables para construir una política hacendaría de estado y dar a la vez vigencia a un auténtico federalismo.
Considerando que la convocatoria referida establece dentro del rubro denominado "Bases para la realización de los trabajos", particularmente en la base tercera, que dispone: "Participarán los servidores públicos designados por los Poderes de la Unión, las entidades federativas, conforme a sus propios acuerdos; y la mesa directiva de la Conferencia Nacional de Municipios de México"...
Es necesario que por lo que toca a este Congreso de la Unión, se garantice la participación efectiva en este magno foro de discusión, análisis y consenso, de todos los grupos parlamentarios representados en él, toda vez que el objeto de llevar a cabo esta Convención, es establecer y mantener un diálogo estrecho entre los Poderes de la Unión, los ordenes de gobierno, el sector empresarial, el académico, en fin una amplia gama de actores políticos, con el propósito de elaborar una propuesta consensuada, única, que beneficie al país, y en la que evidentemente, el Legislativo tiene la última palabra al traducirla en leyes concretas.
Sin embargo, ante los escenarios políticos, económicos y sociales en los que se encuentra el país, donde el Ejecutivo Federal, ha manifestado constantemente una campaña publicitaria de desprestigio contra el Congreso, por no haber aprobado las reformas fiscales que a decir del Presidente de la República, eran las más adecuadas para el crecimiento económico de México, en las que nos queda claro que las convicciones aparentes de la iniciativa pueden estar con las clases populares, pero las convicciones reales definitivamente no están con los más necesitados.
El Ejecutivo federal, habla de un estancamiento económico en el país, debido a una frustrada reforma fiscal, que nuevamente pretende impulsar en la Convención Nacional Hacendaria, pudiendo empañar los trabajos de la misma.
Compañeras y compañeros legisladores:
En virtud de que en la convocatoria no se establecen los lineamientos de integración e interacción por parte del Congreso de la Unión, y en el ánimo de garantizar la plena participación de los legisladores en la construcción de un nuevo pacto federal, debemos por principio tomar conciencia de la dimensión de este reto, sabemos de antemano que los obstáculos son mayúsculos y los intereses son infinitos.
Es por ello, que debemos enfatizar en el diálogo, en los acuerdos que generen consensos, con un amplio proceso participativo que determine las prioridades nacionales.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, ponga a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que se incluya a los integrantes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de todos los grupos parlamentarios representados en esta LIX Legislatura, en las mesas de trabajo de la primera Convención Nacional Hacendaria a celebrarse el próximo 5 de febrero del año en curso.
Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los veintiún días del mes de enero de 2004.
Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EJERZA LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 97 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO A LA GRAVE Y SISTEMATICA VIOLACION DE GARANTIAS INDIVIDUALES POR PARTE DE LAS CORPORACIONES POLICIACAS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
De nueva cuenta tenemos que referirnos a los hechos sangrientos ocurridos en el estado de Morelos.
Después de la irrupción violenta de la policía, de la muerte de un campesino e innumerable número de heridos, todo parece indicar que el autor intelectual de ese nefasto hecho, permanecerá olvidado y sin la pena que le corresponda.
El gobernador del estado de Morelos Sergio Estrada Cajigal, el Gobierno estatal y el Gobierno federal están instrumentando medidas que tienden a mantener impunes ese crimen de Estado.
Las policías del estado de Morelos violaron en perjuicio de los habitantes del municipio de Tlalnepantla las garantías individuales consagradas en diversos artículos constitucionales, entre los que destaca, el artículo 1º, el 14 y 16, toda vez que resintieron indistintamente actos de molestia y privación, sin que mediara mandamiento escrito de autoridad competente o sentencia de un órgano jurisdiccional.
Con el cinismo al que ya nos tienen acostumbrados en sus declaraciones públicas mantienen su postura prepotente y autoritaria señalando que actuaron conforme a derecho, desconociendo de un plumazo todos los acuerdos previos que sostuvieron con los grupos opositores al impuesto alcalde de Tlalnepantla.
El descaro ha sido tan evidente que el gobernador Estrada Cajigal no tuvo ningún empacho en afirmar que en las inmediaciones del citado municipio hay un campo de entrenamiento para guerrilleros. Sin que, obviamente, lo haya demostrado.
Por su parte, el secretario de Gobernación Santiago Creel, sostuvo que se están realizando las investigaciones relativas al caso, sin que haya de por medio, una condena a hechos tan lamentables como los ocurridos a principio de este año.
Por lo contrario, apoyó a Estrada Cajigal diciendo que el Gobierno federal no va a tolerar que nadie venga a establecer nuevas formas de gobierno, cuando tal y como lo hemos señalado, no hay ninguna evidencia de que exista tal campo de entrenamiento.
En esa lógica, lo que se puede esperar es que un hecho tan lamentable y vergonzoso como es el relativo a la masacre de Tlalnepantla quede impune.
Por otra parte, sin pretender abundar en el desgobierno de Sergio Estrada Cajigal debemos señalar que el pueblo de Morelos no merece un trato como el que se le ha dado.
Las muestras de repudio al gobernador por parte de la ciudadanía han sido noticia nacional e internacional.
Si el gobierno de Fox proclama que en su gobierno no hay impunidad éste es un caso en donde veremos la voluntad política del Presidente, en hechos, no en palabras.
Compañeras y compañeros legisladores
Por las consideraciones expuestas y con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.
Artículo Unico.-
Que la Comisión Permanente solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad que le confiere el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la grave y sistemática violación de las garantías individuales por parte de las corporaciones policíacas en el municipio de Tlalnepantla, Morelos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el
día 21 de enero de 2004.
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA INDIGENA OTOMI DEL ESTADO DE QUERETARO, A CARGO DEL SENADOR SADOT SANCHEZ CARREÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Punto de Acuerdo
La Comisión Permanente exhorta al Gobierno y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Querétaro, a fin de que se preserve la integridad física y los derechos humanos de la indígena otomí, asimismo se ejerciten las acciones que correspondan para que se sancione a los respondables de los hechos de que fue víctima.
Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION SOLICITE QUE EL IPAB DISMINUYA EL COSTO FISCAL DEL RESCATE BANCARIO, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna, legisladora federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:
Como todos sabemos, la Ley de Protección al Ahorro Bancario mandata al IPAB a reducir el costo fiscal del rescate bancario, sin embargo en los hechos está engrosando la deuda pública a través del mecanismo de refinanciamento de pasivos.
El IPAB cuenta con tres instrumentos básicos para financiar los pasivos derivados del rescate bancario que se describen claramente en la ley:
b) La venta de activos administrados por el IPAB (estos ingresos han sido menores cada año: en 2000 los ingresos rebasaron los 25 mil millones de pesos y en 2004 se estima recibir poco más de 3 mil mdp.)
c) El presupuesto que autoriza la Cámara de Diputados en el Ramo 34 para pagar los intereses reales.
El IPAB ha venido emitiendo bonos con vencimientos a 3 y 5 años con una sobretasa de 0.8% promedio. Esta sobretasa es mayor a la que el Gobierno Federal coloca su deuda en el mercado de valores que es a tasa Cetes.
El IPAB no debe refinanciarse con ninguna sobretasa porque ello encarece la deuda y propicia un incremento del costo fiscal, cuando el objetivo del IPAB, de acuerdo al mandato de ley es lo contrario.
Otro componente del refinanciamiento de los pasivos son los créditos bancarios los cuales pagan sobretasas mayores a las del mercado de valores. Esta medida trae sólo beneficios a los banqueros en detrimento, una vez más, del erario público.
En el informe del IPAB aparecen ejemplos muy significativos de estos créditos a tasas de interés muy altas.
El 19 de julio del 2002 el IPAB contrató un crédito simple con Serfin por 8 mil 936 millones de pesos, la tasa aplicable a este crédito fue de TIIE más .25 puntos porcentuales, con pago de intereses cada 28 días a un plazo de vencimiento de 10 años. La amortización del principal de este crédito se pactó en 10 pagos semestrales a partir de enero del 2008. Cabe señalar que los recursos obtenidos de este crédito se utilizaron para realizar pagos anticipados a favor de Banamex por 6 500 millones de pesos y a Banorte por 2 500 millones de pesos.
Las operaciones de este refinanciamiento alcanzaron al cierre del 2002 $419,994 millones de pesos, el crecimiento de este rubro es constante año con año en virtud de que el IPAB ha venido sustituyendo pasivos heredados del Fobaproa con las emisiones de bonos y con nuevos créditos contratados con los mismos bancos a los que se les pagan los intereses reales de la deuda del rescate bancario. Así, con la convalidación del IPAB los bancos siguen ganando jugosas cantidades adicionales a las heredadas por el fracaso bancario con cargo a las finanzas públicas.
Ante ello, presento a ustedes el siguiente
Punto de Acuerdo
Que la Tesorería del IPAB se abstenga de colocar los Bonos de Protección al Ahorro (BPA?s) y los Bonos de Protección al Ahorro con Pago Trimestral (BPAT) con tasas de interés distintas a los Cetes que es la tasa a la que coloca sus bonos de deuda el Gobierno Federal, dado que las sobretasas que ha venido autorizando aumentan la deuda pública y elevan el costo fiscal del rescate bancario lo cual contraviene los objetivos que tiene señalados en la Ley el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CITAR A COMPARECER AL SECRETARIO DEL TRABAJO, A FIN DE QUE INFORME A ESTA COMISION SOBRE LAS ACCIONES QUE VIENE EJECUTANDO O PREVE EJECUTAR EL EJECUTIVO FEDERAL CON RELACION A LA SITUACION DEL EMPLEO EN LA NACION, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
He pedido el uso de la palabra para referirme al tema del desempleo, que es, sin duda, la expresión intolerable de medidas económicas que han polarizado la distribución del ingreso y acentuado las desigualdades sociales.
No son pocas las noticias que llaman nuestra atención de la gravedad de esta crisis silenciosa, ocultada por la fantasía oficial que nos habla de estar generando un empleo cada 15 segundos pero desmentida dramáticamente por los datos del INEGI que sostiene que la tasa de desempleo abierto se elevó a 3.8%, que equivale aproximadamente a 1 millón 200 mil personas, de las más altas de los últimos años, obligando a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a reconocer que en los últimos tres años se han perdido alrededor de 400 mil empleos, sin contar entre ellos, a los todavía 50 mil trabajadores al servicio del Estado, en cuyo futuro cercano pende la amenaza del despido. Si se considera la cifra oficial de quienes se han quedado sin empleo en este sexenio, significa que diariamente 365 mexicanos engrosan las filas de los sin trabajo, o lo que es lo mismo: cada hora 15 trabajadores dejan de ser activos de nuestro desarrollo.
Estos datos constituyen por sí mismos, una requisitoria contra la política de empleo del gobierno de la República, que no ha podido dar una respuesta contundente a la fuga de maquiladoras o al cierre de empresas en nuestro país que agravan el desempleo.
Ante este panorama, a los despedidos, a los desempleados, a los profesionistas, campesinos, y burócratas mal pagados; a la impaciencia de millones de jóvenes y mujeres en busca de empleo, no les queda otra alternativa que la informalidad, es decir, el ambulantaje.
La economía informal -que conforma una población superior a los 10 millones de personas, según diversas estimaciones-, es la respuesta popular, espontánea y creativa, ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones más elementales de los pobres.
De la población total, solo 41.5 millones conforman la Población Económicamente Activa. Menos del 60% de ellos están registrados en algún sistema de seguridad social como trabajadores o en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como contribuyentes. Del otro 40%, no sabemos con certeza a qué se dedican.
Los jóvenes son el sector más afectado por el flagelo del desempleo y la precariedad ocupacional. De los 33.6 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad que existen en el País, solo 16 millones tienen un empleo, pero el 70% de ellos trabajan sin contrato y el 92% no tiene ninguna prestación adicional al salario, según datos del Instituto Mexicano de la Juventud. En esas mismas circunstancias se encuentra el millón de niños jornaleros y los dos millones de mujeres campesinas explotadas en tareas agobiantes y riesgosas, en los modernos campos agrícolas, con salarios indignantes.
Los temas del desempleo, la discriminación laboral, la pobreza, la migración y el arraigo y fortaleza que adquiere la informalidad de la economía, que es ocupación, pero no empleo, son aspectos que interactúan entre sí y que no pueden ser estudiados ni solucionados de manera aislada. Son problemas crecientes que están dañando profundamente el tejido social a nivel nacional y que implican un riesgo latente de conflictos políticos y sociales que debilitan al Estado en su conjunto. Esto simplemente no lo podemos permitir.
Ante ello, ¿Qué ha hecho el gobierno para evitar cifras tan desmoralizantes? Nada se soluciona silenciando o negando la crisis; la inseguridad; la desestabilización social, la desesperación que genera este grave problema. Por eso sería conveniente que el gobierno nos explique claramente cuáles son los resultados de programas como Chambatel y Chambanet, becas para desempleados, ferias de empleo, entre otros, porque son programas donde todavía no se siente su impacto social.
Estas son, señores legisladores, algunas reflexiones sobre nuestra realidad laboral que ha repercutido, sin duda alguna, en la paralización de la economía, la reducción del universo fiscal de causantes, la contracción del mercado interno y una sensible baja en las aportaciones a la seguridad social.
Por esas consideraciones y con fundamento en nuestro Reglamento, solicito a esta Soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Unico: Citar a comparecencia al Secretario del Trabajo, para que informe a esta Comisión sobre las acciones que viene ejecutando o prevé ejecutar el Ejecutivo Federal con relación a la situación del desempleo.
Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE EL EXCESO DE LIQUIDEZ QUE HAY EN LA BANCA COMERCIAL SE CANALICE A FINANCIAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PAIS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna, legisladora federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto:
Antecedentes
Hace ya varios años, desde el crisis de 1994-1995 en que la banca no participa en forma significativa en los esfuerzos de financiamiento del crecimiento del país. Tenemos una banca parasitaria y especulativa.
La banca terminó por extranjerizarse, ya sólo queda Banorte y otros bancos nuevos, pero más del 85% de la banca múltiple es extranjera. Se nos dijo cuando se tomó esa decisión que los extranjeros eran económicamente más fuertes y traerían sus capitales para fortalecer, mediante el crédito, a sectores estratégicos para el desarrollo del país y que se disminuirían los márgenes de intermediación bancaria.
Todo lo contrario: los créditos a la agricultura han caído en 88%, a la industria en un 67%, a los servicios en 70% y la banca de desarrollo ha disminuido su cartera de crédito en 50%.
Por si fuera poco, en el Presupuesto 2004 quedó autorizada la cantidad de 113 mil 697.1 mdp. para la Inversión Física Neta, una cifra muy pequeña si se quiere alcanzar la meta de crecimiento económico de 3% comprometida.
Pero además, en los últimos meses se ha presentado un fenómeno en la banca derivado de las decisiones tomadas en 1996 con las Afores y en 1998 con el IPAB: se está dando un exceso de liquidez en la banca múltiple.
El impresionante crecimiento del 90% de las Afores en los últimos cinco años, los prepagos y los intereses del rescate bancario que les ha entregado el IPAB, las enormes ganancias provenientes de las excesivas cuotas que cobran a los usuarios y el crédito al consumo que es muy rentable pero de alto riesgo?todo ello ha provocado un importante exceso de liquidez que lejos de apoyar los esfuerzos de inversión productiva, la banca ha optado por colocar los recursos en papel especulativo.
Ahora que las medianas y pequeñas empresas e industrias, el sector agropecuario y de servicios están demandando apoyos crediticios para atender el mercado nacional, ahora que los grandes corporativos exportadores atraviesan por una crisis de demanda ante la sustitución que hizo Estados Unidos de preferir las mercancías chinas y no las mexicanas, es cuando se requiere que el sector financiero invierta grandes cantidades de recursos para el financiamiento de la inversión productiva.
Sin embargo, a la banca en México (tal vez por ser extranjera) parece no interesarle nuestro país, están canalizando los recursos hacia la especulación, colocando inmensas cantidades en papel a través del mercado de valores con ganancias envidiables para el sector financiero, pero que no ayudan a la reactivación del crecimiento económico al que están obligados.
En el objetivo de que el país crezca deben estar comprometidos todos los sectores. Hoy día existen condiciones idóneas para que la banca comercial canalice hacia el campo, la industria, los servicios y todos los renglones estratégicos: además del exceso de liquidez, el Congreso modificó la legislación para facilitar la recuperación de créditos y para mejorar la información a través del buró de crédito, se saneó el sistema bancario. Ahora hay tasas de interés con tendencia hacia la baja, que deben aprovechar tanto el sector público como el sector productivo nacional, más que el sector extranjero como ocurre.
Todo ello combinado podría derivar en una proliferación de crédito dirigido al sector productivo y generar un círculo virtuoso de crecimiento económico.
Ante ello propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diseñen una estrategia para que el exceso de liquidez bancaria se canalice a la inversión productiva y ya no a la mera especulación, para que la banca múltiple se comprometa con el crecimiento económico del país y contribuya a alcanzar la meta de 3% fijada para el 2004 en los Criterios de Política Económica.
Que dicha estrategia sea presentada por el Gobernador del Banco de México ante esta Comisión Permanente y se conozcan los mecanismos para hacer cumplir la obligatoriedad del sector financiero en el financiamiento del desarrollo.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR SE HAGA LA ACLARACION DE QUE EL PROGRAMA SISTEMA FINANCIERO RURAL INCLUIDO EN EL ANEXO 15 DEL PEF 2004 CORRESPONDE AL PROGRAMA DE APOYO PARA ACCEDER AL SISTEMA FINANCIERO RURAL Y POR LO TANTO LA PARTIDA DE FONDOS DE GARANTIA DEL ANEXO 17 DEL MISMO PEF 2004 SE CONSIDERE COMO PARTE DEL PROGRAMA DE APOYO PARA ACCEDER AL SISTEMA FINANCIERO RURAL, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS BLACKALLER AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículo 55, fracción II, 58, fracciones I, II y III, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 34, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Dentro del subtítulo Aspectos Financieros y de Seguro del Anexo 17 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, se incluye la partida correspondiente a Fondos de Garantía por 500 millones de pesos, a la vez que, en el Anexo 15 del propio PEF 2004 (Programas Sujetos a Reglas de Operación), se incluye el programa denominado Sistema Financiero Rural, por lo que se presupone que mediante dicho programa será operada la referida partida Fondos de Garantía.
Nuestra preocupación radica en que el Programa Sistema Financiero Rural no existe como tal y ello obligaría a elaborar Reglas de Operación, lo que tomará bastante tiempo en perjuicio de los productores del campo y peor aún, el subejercicio de este importante programa. Por lo anterior debería considerarse hacer las aclaraciones pertinentes a efecto de que el Programa Sistema Financiero Rural incluido en el Anexo 15 del PEF 2004, sea considerado como Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural (PAASFIR), cuyas Reglas de Operación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003 y cabe mencionar que los resultados de este programa definitivamente han sido de gran beneficio.
En un cierre preliminar el PAASFIR canalizó durante el ejercicio 2003, recursos por más de 380 millones de pesos, atendiendo a 130 Fondos de Garantía, en beneficio de más de 90 mil productores agropecuarios. Mediante estos apoyos se detonaron créditos de avío, refaccionario y simple por más de 3,300 millones de pesos, incluyendo 780 mil pesos que fueron canalizados a través de la Financiera Rural, en beneficio de 624 acreditados.
Una vez expuesto lo anterior, respetuosamente propongo:
Artículo Primero.- Hacer la aclaración de que el Programa Sistema Financiero Rural incluido en el Anexo 15 del PEF 2004, corresponde al Programa de Apoyo para acceder al Sistema Financiero Rural, cuyas reglas de operación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de junio de 2003.
Artículo Segundo.- Que la partida Fondos de Garantía por 500 millones de pesos del Anexo 17 del PEF 2004 se canalice para su ejercicio al Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural.
Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, A EFECTO DE QUE SE INSTALE UN MODULO DE SERVICIOS MEDICOS Y DE QUIMICOS CLINICOS PARA QUE DIAGNOSTIQUEN, TRATEN, PREVENGAN Y CANALICEN A LOS HABITANTES EXPUESTOS A LA CONTAMINACION DEL CROMATO HEXAVALENTE EN LA REGION DE LECHERIA, MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SUSCRITO POR EL DIPUTADO SANTIAGO CORTES SANDOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe C. profesor Santiago Cortés Sandoval, diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del GPPRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo mediante el presente al Pleno de esta Comisión Permanente de la H. Cámara de Diputados para solicitar a mis compañeras diputadas y compañeros diputados tengan a bien aprobar la siguiente:
Propuesta con puntos de acuerdo, por los que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Ejecutivo del estado de México y al H. ayuntamiento de Tultitlán, México; para que se apeguen o en su caso adecuen sus respectivas legislaciones y expidan los ordenamientos necesarios a efecto de que se instale coordinada y permanentemente un módulo de servicios médicos y de químicos clínicos con equipos específicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación y personas afectadas por el cementerio tóxico de cromato hexavalente de la región de Lechería, municipio de Tultitlán, México. Y también se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que formulen, gestionen y expidan las circulares necesarias en que se declare a la región de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México como "zona de emergencia ambiental".
Antecedentes
La empresa Cromatos de México, se constituyó en 1958, en la colonia Lechería, municipio de Tultitlán, México. De 1970 a 1975, por su productividad se elevaron los niveles de contaminación, provocando muertes y enfermedades en niños, principalmente.
En 1976, la Secretaría de Recursos Hidráulicos confirma la existencia de cromo hexavalente hasta en 5.0 miligramos por litro, 100 veces más de lo permitido. La empresa, se cierra en 1978, por los altos índices de contaminación provocados en el ambiente.
En 1982, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; confirman mediante un estudio muestra en 160 adultos y niños, los altos niveles de cromo en pelo y orina.
En 1983 la empresa Cromatos de México, construye un contenedor de concreto sobre 16,000 m2, para cubrir 120,000 toneladas de cromo hexavalente.
A partir de 1999 el contenedor se agrieta, dejando escapar el contaminante en forma aeróbica y permitiendo que en el suelo y subsuelo se filtren por las lluvias los contaminantes precipitados, que dañan mantos acuíferos y afectan zonas urbanas e industriales.
Estudios, análisis y medidas
En investigaciones de instituciones académicas nacionales, entre ellas la de Baez-Pedrajo et al, 1977, "Determinación del cromo en dos poblaciones humanas no ocupacionalmente expuestas", recomiendan declarar la zona como de emergencia ambiental.
Y debido a que los resultados de análisis químicos clínicos han demostrado que las concentraciones de cromo en la orina y pelo en una muestra de 300 habitantes de esta zona están por arriba de la norma aceptada en los Estados Unidos de América.
Estos expertos recomiendan la urgente instalación de un sistema sensor de factores ambientales en la zona. Ya que a sus habitantes tan sólo les bastan 15 años de estar expuestos a esta contaminación para que contraigan males cancerígenos. Por lo que se constituyó una ...
Comisión tripartita para la rehabilitación de los afectados
Integrándose con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa; el gobierno del estado de México y el gobierno municipal de Tultitlán; la cual por convocatoria pública licitó la participación de laboratorios especializados para que cotizaran la rehabilitación de la zona. Y a la fecha únicamente dos empresas extranjeras han presupuestado sus estudios de diagnóstico preliminar.
Sin llegar a la implantación de recomendaciones, estudios o métodos serios que impidan el incremento de la contaminación y por ende la mortandad del género humano.
Enfermedades y muertes
De acuerdo a los citados estudios y análisis científicos las afectaciones en salud humana causadas por el cromo hexavalente, prevalecen desde 1979 hasta la fecha, rebasando la suma de 1000 casos de muertes que entre niños y adultos se tienen detectados, por causas de:
Por lo expuesto y fundado propongo al Pleno de esta H. Cámara de Diputados tenga a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo por urgente y obvia resolución:
Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Ejecutivo del estado de México y al H. Ayuntamiento de Tultitlán, estado de México; para que se apeguen o en su caso adecuen sus respectivas legislaciones y expidan los ordenamientos necesarios a efecto de que se instale coordinada y permanentemente un cuerpo médico y de químicos clínicos con equipos específicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación y personas afectadas por el cementerio tóxico de cromato hexavalente de la región de Lechería, municipio de Tultitlán, México.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que formulen, gestionen y expidan las circulares necesarias en que se declare a la región de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México como "zona de emergencia ambiental".
Diputados: Santiago Cortés Sandoval, Dolores
Padierna Luna, Minerva Hernández Ramos, Rafael García Tinajero,
José Luis Cabrera Padilla, Marcelo Herrera Herbert (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE ENERGIA A QUE INFORME SOBRE LAS GASOLINERAS OPERADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS, A CARGO DEL SENADOR DAVID JIMENEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que con fecha 14 de enero de este año presenté ante esta H. Comisión Permanente un punto de acuerdo, en el que se solicita la comparecencia del C. secretario de Energía para que explique la política energética de la actual administración y hasta qué grado se ha llegado; así como la entrega de los acuerdos, y convenios a los que han llegado México y los Estados Unidos en materia energética y hasta dónde se ha comprometido nuestro país y qué información se ha entregado.
Con motivo de la noticia que el día de ayer 20 de enero se publicó en el diario Milenio en primera plana y a ocho columnas, en la que se publica que la empresa British Petroleum ya opera gasolineras en nuestro país, en el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades, mismas que operan a través de otras empresas registradas con prestanombres de mexicanos; lo que hace se considere que a la brevedad se cite al C. Secretario de Energía para que explique lo relacionado a la comercialización, distribución y explotación de combustibles, así como éste y otros temas relacionados con los energéticos que es urgente e importante abordar con el titular de la Secretaría de Energía.
Deseo reiterar nuestra preocupación para que a la brevedad posible, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia dictamine el punto de acuerdo que presenté en la sesión del día 14 de enero y se cite al C. Secretario de Energía, para tratar los asuntos relacionados con esa dependencia.
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Primera Comisión, dictamine la cita para que el C. Secretario de Energía comparezca ante esta Comisión para tratar los asuntos relacionados con su ramo.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de enero de 2004.
Sen. David Jiménez González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, A FIN DE QUE SE INFORME SOBRE LA ATENCION E INSTRUMENTACION QUE LE HA DADO AL EXHORTO REALIZADO POR LA COMISION PERMANENTE EL 13 DE AGOSTO DEL 2003, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna, legisladora federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Antecedentes
1.- El Programa de Capitalización y Compra de Cartera implementado por el Fobaproa durante el Rescate Bancario, ha sido severamente cuestionado tanto por su legalidad como por su operatividad y eficacia por este Congreso.
2.- La propia ley que le dio origen al IPAB, en su capitulo de antecedentes se cuestiona fuertemente la manera en como el gobierno enfrentó la crisis bancaria, de manera adicional se afirma siguiente: "la asunción de las obligaciones solidarias en los contratos de compra de cartera, al igual que el aval otorgado en los pagarés que documentan tal compra de cartera, y las operaciones derivadas del programa de saneamiento financiero, se hicieron al margen de la Constitución".
3.- Es precisamente por lo anterior que el Congreso, otorgó un mandato al IPAB y estableció un mecanismo "especial" para que los pasivos originados por los Programas de Capitalización y Compra de Cartera puedan ser asumidos por el IPAB y hasta ese entonces puedan ser avalados por este Congreso.
4.- Dicho mecanismo se encuentra claramente señalado en el articulo quinto transitorio de la Ley del IPAB y entre otras cosas establece la necesidad de realizar auditorías y revisiones a las operaciones de capitalización y compra de cartera.
5.- Debido a que de la revisión del Informe Mackey se desprende que su trabajo no puede ser considerado como una auditoría entre otras cosas; por las limitaciones que tuvo en cuánto al acceso a la información, por la ausencia de un dictamen y por que el propio Mackey establece que su trabajo no puede ser considerado como una auditoría, y a consecuencia de una recomendación realizada en 1999 por la Contaduría Mayor de Hacienda, el 14 de Mayo del 2002, la Junta de Gobierno del IPAB decidió proceder con apego a lo dispuesto por el articulo quinto transitorio y proceder con las auditorías.
6.- Esto originó que los 4 bancos (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte) un amparo en contra del IPAB e indirectamente en contra del mandato del Congreso Mexicano.
7.- Ante esta situación, desde el año 2002, la SHCP ha buscado mecanismos para llegar a un acuerdo con los bancos, para que retiren sus amparos y permitan ser auditados, a cambio de modificar el grado de profundidad y contenido de las auditorías que la propia Junta de Gobierno del IPAB aprobara en mayo del 2002.
Considerando
B) Que muchos de los señalamientos del Auditor Superior de la Federación, ya habían sido advertidos por el propio Organo de Control Interno del IPAB,
C) Que los señalamientos de ambos órganos de fiscalización permitirían la reducción en el costo fiscal del rescate bancario, reduciendo la presión a las finanzas públicas permitiendo con ello, canalizar recursos al sector social y productivo.
D) Que el cabal cumplimiento del artículo quinto transitorio es un requisito indispensable para que se pueda dar el "canje" de pagarés y por lo tanto el Congreso respalde esos nuevos pagarés emitidos por el IPAB.
E) Que la disminución en el valor de los pagarés de Fobapra no representaría como se ha dicho por parte de diversas autoridades financieras un nuevo "quebranto" para las instituciones bancarias ya mencionadas, en virtud de que la misma ley del IPAB establece claramente en su artículo 28, los requisitos para dar apoyos financieros a las instituciones bancarias que así lo requieran.
F) Que para disipar los intentos de la SHCP, el 13 de Agosto del 2003 la Comisión Permanente de este Congreso aprobó de manera unánime un exhorto al IPAB a fin de que se diera un estricto cumplimiento al articulo quinto transitorio de la Ley del IPAB.
G) Que en dicho acuerdo solicitaba textualmente lo siguiente: "Se exhorta al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a convocar a las instituciones bancarias participantes en el programa de capitalización y compra de cartera, para que cumplan con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se dé el debido procesamiento de los documentos de trabajo del informe de Mackey (incluyendo los reportes de los bancos "bank reports"), y la continuación de las revisiones de gestión fiduciaria, de legalidad, de identidad, de objeto, existencia y legitimidad de las operaciones materia del programa; apegándose para ello, al artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y a las bases del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del IPAB el 14 de mayo del 2002 y a la legislación común aplicable.
H) Que a 5 meses de haber realizado dicho exhorto, es fecha que el IPAB no ha informado sobre la instrumentación de la solicitud que le hiciera la Comisión Permanente.
I) Que en vez de ello, funcionarios de Hacienda, de la CNBV y banqueros, señalan los avances para un "acuerdo" respecto del quinto transitorio.
J) Que el único camino a seguir es el de un estricto apego a la ley y al interés público, y no debe permitirse ningún acuerdo que busque violentar el mandato del Congreso.
Punto de Acuerdo
Unico: Se solicita la comparecencia del secretario ejecutivo y de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a fin de que se informe sobre la atención e instrumentación que le ha dado al exhorto realizado por esta Comisión Permanente el 13 de agosto del 2003.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE UNA COMISION DE LEGISLADORES DE LA COMISION PERMANENTE TOME CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CAMACHO SOLIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, legisladores y legisladoras federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguientes proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
Como es del conocimiento de la opinión pública, durante la semana pasada continuaron suscitándose graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores del municipio de Tlalnepantla, estado de Morelos.
Dichas violaciones a las garantías individuales y los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Tlalnepantla, se refieren a la vulneración de sus derechos básicos sobre seguridad jurídica, estricta legalidad y respeto a la integridad personal.
Los hechos de Tlalnepantla no están suficientemente claros para la opinión pública nacional. Por la información disponible, parece tratarse de un asunto que pudo haberse prevenido si hubiera mediado un adecuado y permanente diálogo político previo y si la autoridad hubiera actuado con la debida prudencia. Una vez ocurridos los hechos de violencia, las declaraciones contradictorias y sin fundamento han contribuido a crear un clima de confusión y de provocación que debe prevenirse.
Resulta especialmente grave que el gobernador haya insistido en atribuir la responsabilidad de los hechos de violencia a supuestas organizaciones guerrilleras sin que medie prueba alguna. La Secretaría de Gobernación ha fijado su posición al respecto. El secretario de Gobernación, Santiago Creel, afirmó hace dos días que "con toda claridad (sostengo) que no tenemos pruebas ni información ni evidencia de esa situación" (la posible vinculación con grupos guerrilleros).
En consecuencia, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no es insensible a la evidente vulneración de los derechos humanos y las garantías individuales, así como de la necesidad de restablecer la tranquilidad y el orden en el municipio.
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión nombra a un grupo plural de legisladores para que conozcan de los hechos ocurridos en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, y rindan un informe a esta soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2004.
Dip. Manuel Camacho Solís (rúbrica)
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 21 de enero de 2004, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 21 de enero, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO
A su reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 21 de enero de 2004, a las 10 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Atentamente
Dip. Fernando Fernández García
Presidente
DE LA COMISION DE GOBERNACION
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 21 de enero de 2004, a las 10 horas, en la sala de juntas de la Comisión, sita en el edificio D, tercer nivel.
Orden del Día
5. Anteproyecto de dictamen respecto de la minuta proyecto
de decreto por el que se expide la Ley General de Bienes Nacionales.
6. Anteproyecto de dictamen relativo a la minuta proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras
y Servicios Relacionados con las Mismas.
7. Anteproyecto de dictamen relativo a la minuta proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en Materia del Petróleo.
8. Anteproyecto de dictamen relativo a la minuta proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Protección Civil.
9. Anteproyecto de dictamen relativo a la minuta proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios,
Estímulos y Recompensas Civiles.
10. Anteproyecto de dictamen relativo a la minuta proyecto
de decreto que deroga disposiciones de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
11. Asuntos varios.
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su tercera reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 21 de enero de 2004, a las 12 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
A su reunión plenaria, que se celebrará el miércoles 21 de enero de 2004, a las 12 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Gustavo Madero Muñoz
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A su sexta reunión plenaria, a la que acudirá la Asociación de Cruceros del Caribe, que se llevará a cabo el miércoles 21 de enero de 2004, a las 12 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 21 de enero de 2004, a las 13 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
6. Agenda legislativa:
a) Minuta del Senado sobre el Tribunal Superior Agrario;
b) Minuta del Senado sobre la Procuraduría Agraria;
y
c) Rezago legislativo.
7. Asuntos generales.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 21 de enero de 2004, a las 17 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dip. José Angel Ibáñez Montes
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación
Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el miércoles 21 de enero de 2004, a las 18 horas, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el edificio F, cuarto nivel.
Atentamente
Dip. Enrique Burgos García
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión ordinaria, que se realizará el jueves 22 de enero de 2004, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Presidida por el diputado Enrique Burgos García.
Atentamente
Dip. Enrique Burgos García
Presidente
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Al taller Planeación Estratégica, que se efectuará el viernes 23 y el sábado 24 de enero de 2004, en el salón Bugambilias, Jiutepec, Morelos.
Orden del Día
23 de enero de 2004
1. Registro de participantes
Hora: 9:00-10:00
2. Inauguración y exposición de motivos
Hora: 10:30-11:00
3. Definición del propósito (beneficiarios,
necesidades y recursos) de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Hora: 11:00-12:30
4. Creación del valor y definición del propósito
vinculado a la estrategia
Hora: 12:30-12-50
5. Receso
Hora: 12:50-13:00
6. Definición de la misión y visión
de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Hora: 13:00-14:00
7. Conferencia El estado de la ciencia en México
(Dr.
José Antonio de la Peña)
Hora: 14:00-15:00
8. Comida
Hora: 15:00-16:00
9. Conferencia El futuro de la ciencia en México
(Dr.
René Drucker)
Hora: 16:00-17:00
10. Instalación de mesas de trabajo:
I. Legislación
II. Presupuesto y fiscalización
III. Promoción y comunicación
Hora: 17:00-17:10
11. Análisis FODA por mesa de trabajo
Hora: 17:10-18:40
12. Receso
Hora: 18:40-18:50
13. Identificación de factores críticos
de éxito (FCE)
Hora: 18:50-19:50
14. Conclusiones
Hora: 18:20-19:00
24 de enero de 2004
15. Presentación de conclusiones por mesa de trabajo
Hora: 9:00-10:00
16. Consenso de fuerzas y debilidades
Hora: 10:00-10:20
17. Consenso de oportunidades y amenazas
Hora: 10:20-10:40
18. Consenso de factores críticos de éxito
Hora: 10:40-11:00
19. Receso
Hora: 11:00-11:15
20. Análisis de vulnerabilidad
Hora: 11:15-12:15
21. Correlación fuerzas, oportunidades, debilidades
y amenazas (FODA y FCE)
Hora: 12:15-13:45
22. Planteamiento de valores
Hora: 13:45-15:00
23. Comida
Hora: 15:00 -16:30
24. Planteamientos estratégicos
Hora: 16:00-17:30
25. Receso
Hora: 17:30-17:45
26. Condiciones para el plan de trabajo
Hora: 17:45-18:35
27. Acuerdos finales
Hora: 18:35:18:55
28. Clausura y anuncio de seguimiento
Hora: 18:55-19:10
Atentamente
Dip. Julio César Córdova Martínez
Presidente
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el lunes 26 de enero de 2004, a las 12 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión plenaria, que se efectuará el lunes 26 de enero de 2004, a las 15 horas, en los salones B y C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
Al seminario América Latina: hacia la reforma del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas, organizado conjuntamente por la Comisión y el Senado de la República, que se realizará el lunes 26 y martes 27 de enero de 2004, en las instalaciones de la honorable Cámara de Senadores ubicadas en la calle de Donceles número 14, colonia Centro.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la primera reunión de trabajo de su Primera Subcomisión, "Administración en Salud", que se efectuará el martes 27 de enero de 2004, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio F, segundo nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 27 de enero de 2004, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Ramón Galindo Noriega
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la séptima reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 27 de enero de 2004, a las 14 horas, en el salón Adel restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A la primera reunión de su Tercera Subcomisión, "Asistencia Médica", que tendrá lugar el martes 27 de enero de 2004, a las 14 horas, en la sala de juntas de la Comisión, edificio F, segundo piso.
Atentamente
Dip. Julio Boltvinik Kalinka
Coordinador de la Subcomisión
DE LA COMISION DE SALUD
A la quinta reunión de su Segunda Subcomisión, "Medicina Preventiva y Bioética", que se efectuará el martes 27 de enero de 2004, a las 15:30 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión plenaria, que se efectuará el martes 27 de enero de 2004, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A la reunión de instalación de su Consejo Consultivo, que se llevará a cabo el miércoles 28 de enero de 2004, a las 9 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La reproducción asistida en México y sus expectativas, que se realizará el miércoles 28 de enero de 2004, a las 9 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 28 de enero de 1994, a las 9:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su tercera sesión plenaria, que se realizará el miércoles 28 de enero de 2004, a las 15 horas, en salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.Atentamente
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Comparecencia del licenciado Guillermo Barnés García, comisionado del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
4. Definición de prioridades legislativas para el primer periodo ordinario de sesiones del año 2004 (15 de marzo-30 de abril).
5. Integración de subcomisiones.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE SALUD
A su sexta reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 28 de enero de 2004, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día