El Presidente de la Mesa Directiva y los representantes de los Grupos Parlamentarios de la Comisión Permanente que funciona durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
Considerando que:
II. Si bien la regulación existente relativa a la Comisión Permanente presenta diversos vacíos, es posible colmar gran parte de ellos utilizando diversos métodos de la técnica jurídica y haciendo una cuidadosa revisión de las normas que rigen la organización y funcionamiento de las Cámaras del H. Congreso de la Unión.
III. En virtud de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es necesario definir el procedimiento para que la información producida en el ámbito del presente Acuerdo pueda ser publicada y difundida con base en los criterios establecidos.
ACUERDO que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura
Disposiciones Generales
Artículo Primero. Este Acuerdo tiene por objeto interpretar e integrar las normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen a la Comisión Permanente en lo relativo a la celebración de las sesiones; las asistencias de las legisladoras y legisladores; la formulación, integración y desahogo del orden del día; los procedimientos para las discusiones; el control de acceso a las sesiones y la difusión de los trabajos de la Comisión Permanente.
Artículo Segundo. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán resueltos por consenso de los integrantes de la Mesa Directiva.
De la Celebración de las Sesiones
Artículo Tercero. La Comisión Permanente sesionará una vez por semana los días miércoles. Las sesiones darán inicio a las 11:00 de la mañana y tendrán una duración de hasta cuatro horas. La Asamblea podrá acordar que se amplíe el tiempo de la sesión cuando existan asuntos cuyo despacho sea de especial interés, o para agotar todos los puntos previstos en el orden del día.
La Presidencia de la Mesa Directiva podrá convocar a sesiones en días diferentes al establecido, notificando a los integrantes de la Comisión Permanente cuando menos con 24 horas de anticipación. También por acuerdo de la Asamblea podrán celebrarse sesiones en días u horas distintos a los programados.
De las Asistencias
Artículo Cuarto. Para verificar que exista quórum antes de que inicie cada sesión, la Secretaría de la Mesa Directiva pasará la lista de asistencia.
Con el objeto de contar con el registro correcto de asistencias y solicitudes de uso de la palabra, los representantes de los grupos parlamentarios informarán a la Secretaría de la Mesa Directiva a más tardar antes del inicio de la sesión, los nombres de las legisladoras y legisladores que sustituirán en sus funciones a los titulares.
Una vez declarada abierta la sesión las legisladoras y legisladores que hayan pasado lista de asistencia, no podrán ser sustituidos.
De la Formulación, Integración y Desahogo del Orden del Día
Artículo Quinto. La Mesa Directiva se reunirá el día de la sesión a las 9:00 horas para acordar el orden del día correspondiente. Para el efecto deberá considerar las propuestas que reciba oportunamente de los representantes de los grupos parlamentarios, los dictámenes que le turnen las comisiones de trabajo, y en general, los asuntos que reciba de los otros dos poderes de la Unión, los poderes de los Estados, las autoridades locales del Distrito Federal y demás organismos públicos, o en su caso, de la ciudadanía.
Después de esta reunión no se podrá agendar ningún asunto, salvo acuerdo de la Mesa Directiva.
A esta reunión asistirán los representantes de los grupos parlamentarios que haya designado cada Cámara.
Artículo Sexto. La legisladora o legislador que requiera de que se incluya en el orden del día una iniciativa, proposición con punto de acuerdo, excitativa, o un punto en la agenda política, hará llegar la petición a la Mesa Directiva por conducto del representante de su grupo parlamentario, a más tardar a las 18:00 horas del día anterior a la sesión en la que se solicita que el asunto sea incorporado.
Siempre que se trate de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y excitativas, al oficio de petición se anexará el documento en versión electrónica, señalando el nombre y la firma de la legisladora o legislador que la suscribe y el trámite que solicita.
Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de obvia o urgente resolución, así deberá de señalarse expresamente.
Artículo Séptimo. La Mesa Directiva integrará los asuntos a desahogar durante las sesiones, preferentemente de acuerdo al siguiente orden:
Artículo Octavo. El Pleno podrá dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, siempre y cuando ésta haya sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. En este caso y de no haber objeción de alguna legisladora o legislador, se pondrá de inmediato a votación.
Artículo Noveno. Las comunicaciones se publicarán en la Gaceta Parlamentaria. Sólo se dará lectura a aquellas que deban seguir algún trámite reglamentario. En ningún caso se someterá a discusión o votación de la Asamblea una comunicación.
Artículo Décimo. Cuando algún legislador o legisladora solicite licencia, deberá dirigir el oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva, especificando la causa o motivo de la petición y el tiempo que permanecerá separado de su encargo.
Artículo Décimo Primero. En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social, que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general para que la Comisión Permanente, en el ámbito de su competencia emita algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.
Toda proposición con punto de acuerdo que vaya dirigida a cualquiera de las Cámaras o cuya materia no sea competencia de la Comisión Permanente, será turnada inmediatamente por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión o comisiones de la Cámara que corresponda.
Artículo Décimo Segundo. Cuando se requiera que se excite a una Comisión, el promovente deberá remitir por medio del representante de su grupo parlamentario, un oficio dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva, en el que detalle lo siguiente:
Artículo Décimo Tercero. En el rubro de agenda política se incorporarán aquellos temas de interés general, que motivan la discusión de las legisladoras y los legisladores, pero que no entrañan una proposición con punto de acuerdo o algún otro trámite posterior.
Artículo Décimo Cuarto. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a petición de los grupos parlamentarios, podrá acordar la fecha y el formato para celebrar sesiones que tengan por objeto la conmemoración de alguna efeméride.
Artículo Décimo Quinto. El tiempo de que disponen las legisladoras y legisladores para la presentación de los asuntos es el siguiente:
De las Discusiones
Artículo Décimo Sexto. Los dictámenes publicados podrán ser objeto de dispensa de su correspondiente lectura sólo si fueron distribuidos al menos antes de que se vayan a abordar en la sesión y previa consulta a la Asamblea en votación económica. En todo caso, la publicación de los dictámenes surtirá los efectos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Artículo Décimo Séptimo. En la discusión en lo general de un dictamen podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición un orador por cada grupo parlamentario en un tiempo no mayor de diez minutos.
Las demás reglas para la discusión de los dictámenes serán las que señala el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo la Mesa Directiva en consenso con los representantes de los grupos parlamentarios, determinar los términos del debate en cuanto al número de oradores y tiempo de las intervenciones.
Artículo Décimo Octavo. Las proposiciones cuya materia sea competencia de la Comisión Permanente serán turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión de trabajo que corresponda, sin que proceda discusión. Sólo podrán darse dos excepciones:
b) Cuando el trámite haya sido solicitado de obvia o urgente resolución y sea calificado así por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, en cuyo caso será leído y puesto inmediatamente a discusión y votación por la Asamblea.
Del Control de Acceso a las Sesiones
Artículo Vigésimo. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 212 del Reglamento para el Gobierno Interior, sólo con permiso del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente podrán ingresar al Salón de Sesiones personas que no sean legisladoras y legisladores. Para tal efecto, los interesados deberán identificarse previamente y no podrán portar pancartas u objetos que perturben el orden u obstruyan la visibilidad de los legisladores; de igual forma, se deberán comprometer a observar lo dispuesto en los artículos 205, 207 y 209 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
Artículo Vigésimo Primero. Para apoyar el trabajo de las legisladoras y legisladores en el interior del Recinto, cada grupo parlamentario podrá contar con el número de auxiliares que por consenso acuerden sus representantes. Este personal deberá estar debidamente acreditado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados y se ubicará en las áreas que no obstruyan la visibilidad de la sesión ni perturben el orden.
De la Difusión de los Trabajos de la Comisión Permanente
Artículo Vigésimo Segundo. En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se publicará todo lo relativo al desarrollo de los trabajos de la Comisión Permanente. Invariablemente se deberá publicar lo siguiente:
d) Los dictámenes de las comisiones y los votos
particulares que sobre los mismos se presenten;
e) Los proyectos de punto de acuerdo;
f) Los acuerdos del Pleno de la Comisión Permanente
y de las comisiones en su caso;
g) Las proposiciones y acuerdos de la Mesa Directiva y
de los coordinadores de los grupos parlamentarios.
h) Las convocatorias y el orden del día de las
reuniones de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente;
i) Los documentos que dispongan la Mesa Directiva y aquellos
cuya publicación soliciten a ésta los representantes de los
grupos parlamentarios.
Transitorio
Unico. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y tendrá vigencia durante el Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.
Salón Legisladores de la República, a los 7 días del mes de enero de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; Sen. Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Pedro Vázquez González, Representante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.
(Aprobado en votación económica. Enero 7
de 2004.)
ACTA DE LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MIERCOLES SIETE DE ENERO DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y un legisladores, a las once horas con veinticinco minutos del miércoles siete de enero dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Secretaría da lectura al acta de la sesión anterior y la Asamblea la aprueba en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Tlaxcala, con acuerdo por el que solicita al Presidente de la República, reactive y dinamice las relaciones diplomáticas y económicas de México con la República de Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, de la Cámara de Senadores.
El Congreso del estado de Baja California Sur remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo ciento noventa y uno - F a la Ley Federal de Derechos.
Presidencia del senador Jorge Zermeño Infante
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
La Secretaría de Gobernación remite las siguientes iniciativas con proyectos de decreto del Presidente de la República:
Que adiciona un párrafo tercero a la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Se turna a las comisiones de Salud, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.
Que expide la Ley de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Se turna a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Cinco, por los que solicita el permiso necesario para que los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista, Enrique Berruga Filloy, Ángel Villalobos Rodríguez, José Armando Tamayo Casillas y Manuel Martínez del Sobral y Penichet, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Cinco, por los que solicita el permiso necesario para que los ciudadanos Ximena María Cayetana Caraza Campos Barrenechea, José Luis Santiago Vasconcelos, Luis Cárdenas Palomino, Agustín Mucio Gerardo de Pavía Iturralde y Luis Ernesto Derbez Bautista, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Dos, por los que solicita el permiso necesario para que seis ciudadanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
La Secretaría da lectura a los proyectos de decreto respectivos y sin discusión se aprueban en lo general y en lo particular por treinta y dos votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Tres, por los que solicita el permiso necesario para que varios ciudadanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión y en tanto se constituye, consérvense en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Veinte, por los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión y en tanto se constituye, consérvense en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Secretaría da lectura a una proposición con punto de acuerdo en relación con las actividades de seguridad desempeñadas por agentes de los Estados Unidos de América en aeropuertos mexicanos, suscrita por legisladores de los diversos grupos parlamentarios y la Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica. Fijan su posición al respecto los legisladores: senadora Silvia Hernández Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional; diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; y diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
La Secretaría da lectura a la propuesta de la Mesa Directiva para la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente y la Asamblea la aprueba en votación económica.
La Secretaría inicia la lectura del acuerdo de la Mesa Directiva y los representantes de los grupos parlamentarios que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura y es interrumpida por el senador Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, quien solicita se dispense su lectura en virtud de haber sido distribuido entre la Asamblea. En votación económica se dispensa la lectura y de la misma forma se aprueba el acuerdo de referencia.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
Diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, en relación con los miembros del Servicio Exterior Mexicano y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así considera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba de la misma manera el punto de acuerdo. Comuníquese.
Senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Presidente de la República, a fin de que envíe una nueva terna al Senado para la designación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión se aprueba de la misma manera el punto de acuerdo. Comuníquese.
Se refiere a la promulgación del decreto que expidió la Ley Agraria del seis de enero de mil novecientos quince, el diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia. Para el mismo tema se concede la palabra a los senadores: Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; Arely Madrid Tovilla, del Partido Revolucionario Institucional; y Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática.
Habla sobre la integración de la Comisión Permanente del Congreso del estado de Coahuila, el senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional. Rectifica hechos el senador José Ernesto Gil Elorduy, del Partido Revolucionario Institucional. Contesta alusiones personales el senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional. Suben a la tribuna para el mismo tema el diputado René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, y el senador Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, del Partido Acción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría
da lectura al orden del día de la próxima sesión y
el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con treinta y cuatro
minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles catorce
de enero de dos mil cuatro, a las once horas.
Ciudad de México, a 13 de enero de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente
LIX Legislatura al Honorable
Congreso de la Unión
Presente
Respetado diputado Castro:
Con esta fecha le transmito mi atenta súplica a fin de que sirva usted de amable conducto para comunicar a la Mesa Directiva de la LIX Legislatura al Senado de la República, el reingreso a mis funciones como senador, cargo del cual soy propietario, mismo al que solicité licencia en septiembre del año 2000.
Le ruego su puntual intervención ante las instancias competentes con el objeto de que tomen nota de que reasumo el cargo y para que mi retorno surta todos sus efectos conforme a lo que ordenan la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular, le confirmo mis consideraciones distinguidas
Atentamente
Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica)
DEL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA SUR
La Paz, BCS, a 18 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión
Presente
Por instrucciones de la Mesa Directiva de este H. Congreso, me permito remitir a usted copia del acuerdo económico aprobado en la sesión pública ordinaria de este Poder Legislativo de fecha 28 de octubre de 2003.
Lo anterior en virtud de considerarlo de su alto interés y para los efectos que estime pertinentes, solicitando a usted respetuosamente que, en caso de emprender acciones en relación a dichos acuerdos, los haga del conocimiento de esta representación popular, a fin de darles el curso correspondiente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle mi más alta consideración.
El Oficial Mayor
Profr. Juan Cuauhtémoc Murillo Hernández
Dictamen
Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos
Honorable asamblea:
Dictamen que presenta la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, en relación con el acuerdo económico 887103 remitido a esta soberanía por la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, mediante el cual se solicita atentamente la adhesión de esta Legislatura a que se vigile que los comercializadores de gas LP lleven el peso bruto real y se cobre el combustible que entregan y no haya un sobreprecio, y derivado de ello solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría de Economía y al Presidente de la República que actúen como corresponda.
Antecedentes
Primero.- Con fecha 18 de marzo fue recibido por este Congreso del estado el acuerdo económico mediante el cual la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría de Economía y a la Presidencia de la República que tomen las medidas correspondientes a fin de que no exista un sobreprecio del gas doméstico en relación con el peso real que los recipientes contienen.
Segundo.- Con fecha 3 de junio del presente año, la Mesa Directiva tuvo a bien turnar a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos de esta X Legislatura dicho acuerdo económico, en el cual solicitan nuestra adhesión.
Considerandos
Primero.- La Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, de conformidad con lo ordenado en los artículos 54, fracción XII, y 55, fracción XII, de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del estado, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de cuenta.
Segundo.- La iniciativa antes citada hace referencia a una iniciativa de acuerdo económico que fue presentada previamente, en octubre del 2002, donde se denunciaba el fraude sistemático que algunas compañías de gas cometen en contra de las personas, al allegarse dinero mal habido, al "ordeñar" los cilindros de gas.
Tercero.- El iniciador argumenta que esta práctica, además de afectar el bolsillo de los consumidores, pone en riesgo a la población, pues se realiza de manera irregular, al llevarse a cabo fuera de las instalaciones de las empresas distribuidoras y sin el equipo y vigilancia adecuados. A razón de este fenómeno, aquella iniciativa de acuerdo económico contemplaba enviar al Secretario de Economía un oficio donde se le solicitaba que se expidiera una norma oficial mexicana que regulara la utilización de un sello inviolable en los cilindros de gas doméstico, para de esta forma evitar el robo del combustible, también se solicitó al Congreso de la Unión y a los Congresos locales su apoyo en este sentido.
La iniciativa fue recibida el 6 de marzo de 2002 por el Congreso de la Unión, el cual el 25 de septiembre de ese mismo año emitió un dictamen apoyando dicha iniciativa y el 10 de octubre se giró atento oficio al secretario de Gobernación, haciendo la petición oficial por parte del Poder Legislativo federal para que la Secretaría de Economía emitiera, de conformidad con la ley en la materia, la norma oficial mexicana correspondiente.
Cuarto.- El iniciador expone que se han realizado estudios donde se ha comprobado que los cilindros de más de seis meses de antigüedad forman en su interior una capa de sarro acumulable que puede llegar a pesar hasta 1.5 kilos, lo que afecta de igual manera la economía de las familias, porque acaban recibiendo menos producto del que pagaron, a pesar de que la Ley de Metrología y Normalización dispone que "los recipientes deberán ostentar visible e indeleblemente con caracteres legibles su tara", cosa que las compañías de gas no advierten, cobrando más producto del que realmente entregan.
Quinto.- Ante esta situación, el acuerdo económico en mención indica que una de las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor es verificar que los productos y servicios que se ofertan al público cumplan con las especificaciones y contenido que los mismos señalan, por lo que es ésta la indicada para proceder con la verificación del contenido real de los cilindros que contienen el gas de uso doméstico, estableciendo el peso real del recipiente y del producto, de tal manera que pueda evitarse el engaño a los consumidores.
Sexto.- Por las razones planteadas, el iniciador pone a consideración un nuevo punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor su intervención para verificar y certificar el peso bruto de los cilindros de gas LP vacíos, procediendo a marcarlos en lo individual para que dicho peso sirva de base en el llenado y garantizar que la tara real de cada cilindro corresponda con la que se oferta al público. Se solicita de igual manera a la Secretaría de Economía que intervenga en la verificación y vigilancia del contenido real de los cilindros de gas LP. Todo esto, mientras es expedida la norma oficial mexicana que garantice a los consumidores que recibirán la cantidad exacta de producto por la cual están pagando.
Séptimo.- Esta Comisión coincide con los iniciadores en el sentido de que debemos contribuir a la vigilancia y el cuidado del poder adquisitivo de las familias mexicanas y que, nosotros, como un órgano colegiado depositario de la representación popular, debemos garantizarle a los sudcalifornianos que no serán mermados en su economía, por ello compartimos también con los iniciadores la necesidad de que se ponga atención a esta situación, como uno de tantos problemas que tradicionalmente han venido afectando a los consumidores, en este caso en particular a la gran mayoría de la población que hace uso de este combustible para sus requerimientos domésticos. Sabemos que lamentablemente este asunto no es privativo del estado de Jalisco, sino que es un reclamo generalizado también en nuestra entidad, por lo que es importante ofrecer mayor certeza a las familias sobre la cantidad real del producto que compran y el precio que deben pagar por este.
De tal manera que esta Comisión de dictamen legislativo considera importante y necesario que nos adhiramos al acuerdo de la Legislatura de Jalisco y que lo avalemos en todos su términos. Asimismo, consideramos que es preciso insistir en que la Secretaría de Economía debiera expedir la norma oficial mexicana que regule la venta y distribución del gas de consumo doméstico, tal situación, que se maneja en el cuerpo de la iniciativa que motivó el acuerdo remitido a esta Legislatura.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta comisión pone a su consideración el siguiente:
Acuerdo Económico
Primero.- La X Legislatura del honorable Congreso del estado de Baja California Sur se adhiere al acuerdo económico de la Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Jalisco, mediante el cual solicita:
b) Que la Secretaría de Economía intervenga en relación con la verificación y vigilancia del peso bruto real de los cilindros de gas LP y de la tara real del contenido de los mismos.
Tercero.- Túrnese el presente acuerdo al ciudadano Presidente de la República Vicente Fox Quesada, a la Secretaría de Economía, a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.
Dado en la Sala de Sesiones "José María Morelos y Pavón", a los veintiocho días del mes de octubre de dos mil tres.
Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos
Dip. Luis Armando Díaz
Presidente
Dip. Elsa de la Paz Esquivel Amador
Secretaria
Diputado Juan Carlos Petrides Balvanera
Secretario
DEL CONGRESO DE COAHUILA
C. Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión
Xicoténcatl No. 9
Col. Centro
México, DF.
En sesión celebrada el 10 de diciembre de 2003, el Pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre "Privatización de la Lotería Nacional", la cual fue planteada por el diputado Samuel González Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.
Al tratarse este asunto y conforme a lo planteado en dicha propuesta, el Pleno del Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente:
PRIMERO.- El Congreso del estado de Coahuila, se pronuncia en contra de la privatización de la Lotería Nacional.
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, anexándole el punto de acuerdo que dio origen al presente pronunciamiento.
TERCERO.- Envíese un comunicado a los congresos de los estados del País, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde se les comunique lo anterior y se les pida que se adhieran a nuestro pronunciamiento.
CUARTO.- Hágase lo mismo con ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica de este Congreso y en cumplimiento de lo que se dispone en el apartado cuarto de este punto de acuerdo, lo anterior se hace del conocimiento de esa H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para la consideración y los efectos que se estimen procedentes.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 11 de diciembre de 2003.
El Oficial Mayor del Congreso del Estado
Lic. Prof. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
Punto de acuerdo que presenta el diputado Samuel González Pérez, del grupo parlamentario "Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional, en relación a la privatización de la Lotería Nacional.
Con su permiso diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores; señores representantes de los diferentes medios de comunicación; señoras y señores.
Durante casi dos siglos y medio: en estanquillos; en bares, restaurantes y cafés; en terminales de autobuses; en esquinas y por las calles; en oficinas públicas y privadas; en fin, por todos los lados, son ya parte de nuestra historia, de nuestra estampa nacional, los humildes billeteros de la Lotería Nacional.
233 años hace que la institución denominada Lotería Nacional para la Asistencia Pública, inició sus actividades, trayendo a los mexicanos, la ilusión de ser ricos de la noche a la mañana.
Pero, vendiendo ilusiones, a lo largo de ese trecho ha traído dos tipos de beneficio social:
En primer lugar, actualmente dependen económicamente de ella más de 20 mil familias a lo largo y ancho del territorio nacional.
En segundo lugar, como institución de beneficencia, reparte a las instituciones de atención a los más desprotegidos, cantidades importantes de dinero, sorteo tras sorteo, sin contar con los impuestos que por cada premio se lleva la Secretaría de Hacienda.
Con relación al primero, debemos considerar que el "billetero", en su carácter de comisionista, gana el 10% sobre la venta neta, lo que le permite trabajar a destajo, dependiendo de sus necesidades familiares y sus posibilidades de tiempo.
Por otro lado, le permite el autoempleo, pues un jefe de familia puede incluir a otros miembros de la familia y salir varios de ellos, simultáneamente, a vender "cachitos" de lotería, con el consiguiente incremento de ganancias para el hogar.
Tratándose del segundo, con las ganancias de la institución se atienden aspectos tan importantes como los programas de salud, tanto en medicinas como en hospitales, ambulancias, prótesis, etcétera. También se invierte en construcción y equipamiento de escuelas, así como en becas y apoyos económicos diversos.
Hoy la Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo que en su diario quehacer reitera su vocación de cambio; que se ha transformado en una institución productiva, eficiente y rentable, ejes rectores en su actual administración.
De enero a septiembre del año en curso, se habían obtenido ventas por 3 mil 623 millones de pesos, y con base en las cifras proyectadas para finalizar el año, se alcanzarán 5 mil 380 millones de pesos al mes de diciembre, 12.36% más que en el año 2000.
En concordancia con la política de austeridad del Gobierno Federal, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública es ahora una institución productiva y rentable, que ha disminuido sus gastos de operación del año 2000 al 2003, en un 20%, es decir, hoy hacemos más, con menos.
Pues bien, toda esta tradición mexicana está a punto de terminar, para convertirse en un negocio de la iniciativa privada. Para pasar a engrosar las filas de los filones de oro que los grandes monopolistas adquieren cuando se trata de privatizar las empresas nacionales.
Solamente como reflexión, hagamos el siguiente ejercicio: caractericemos a la Lotería Nacional como un negocio que actualmente goza de confianza y credibilidad en los diferentes sectores de la población. Un negocio que cuenta con una clientela numerosa y suficientemente probada para garantizar la venta de suficientes billetes como para no perder. Con una estructura profesionalizada, tanto por la vía de la capacitación, como por la vía de la experiencia, pues hay familias que tienen varias generaciones dedicándose a ello.
Ahora, reflexionemos por un momento y hagámonos la siguiente pregunta:
¿A quién se le ocurre vender un negocio próspero con la idea de ahorrar?
Bueno, pues a nuestras flamantes autoridades federales, ya que como parte de un "Programa de Ahorro y Austeridad en el Gasto Federal", el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2004, propone la desincorporación, liquidación, extinción o fusión de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
En atención a lo expuesto, solicito de ustedes su apoyo para el siguiente
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- El Congreso del estado de Coahuila, se pronuncia en contra de la privatización de la Lotería Nacional.
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, anexándole el punto de acuerdo que dio origen al presente pronunciamiento.
TERCERO.- Envíese un comunicado a los congresos de los estados del País, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde se les comunique lo anterior y se les pida que se adhieran a nuestro pronunciamiento.
CUARTO.- Hágase lo mismo con ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Saltillo, Coahuila, a 2 de diciembre del año 2003.
Dip. Samuel González Pérez (rúbrica)
C. Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión
Xicoténcatl No. 9
Col. Centro
México, DF.
En sesión celebrada el 10 de diciembre de 2003, el Pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre "Certificado de no gravidez", la cual fue planteada por las diputadas Latiffe Burciaga Neme, Martha Loera Arámbula e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Al tratarse este asunto y conforme a lo planteado en dicha propuesta, el Pleno del Congreso del estado aprobó el punto de acuerdo que se acompaña a la presente comunicación y en el cual se dispone que el mismo se haga del conocimiento de esa H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica de este Congreso y conforme a los términos de este punto de acuerdo, por medio de la presente comunicación lo hacemos del conocimiento de esa H. Cámara de Senadores, para la consideración y los efectos que se estimen procedentes.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 11 de diciembre de 2003.
El Oficial Mayor del Congreso del Estado
Lic. Prof. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
Punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso del estado, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2003, en atención a una propuesta planteada por las diputadas Latiffe Burciaga Neme, Hilda Esthela Flores Escalera y Martha Loera Arámbula, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre "certificado de no gravidez".
PRIMERO.- Que este Congreso envíe una recomendación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a sus delegaciones federales, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de igual forma a las procuradurías de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a la dirección del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado respectivamente, para que en sus visitas de inspección a las diferentes empresas de la entidad certifiquen los requisitos de contratación y recomienden que el certificado de no gravidez y los despidos a las trabajadoras por embarazo no se presenten en las empresas.
SEGUNDO.- Que sea enviado al Congreso de la Unión, tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados, para que se pronuncien en contra de la solicitud y los despidos de mujeres en caso de embarazo, asimismo, que dicha prohibición sea contemplada en el proyecto de ley que existe para la reforma laboral.
TERCERO.- De la misma manera, sea enviado a los Congresos Estatales para que a su vez se pronuncien en contra de dicha situación laboral y tomen medidas para erradicar estas prácticas nocivas para la dignificación laboral de las mujeres. Asimismo, este punto de acuerdo sea enviado al titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la dependencia que tiene para coordinar los esfuerzos de todos los ayuntamientos del país, nos apoyen con esta propuesta a favor de las mujeres de México.
CUARTO.- Que este punto de acuerdo sobre el certificado de no gravidez sea considerado por las 31 Legislaturas de los estados, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; por las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, para que en la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, se incluya en el capítulo y sus artículos correspondientes, este importante planteamiento.
QUINTO.- Que la Organización Internacional del Trabajo, a través de su oficina regional, reconsidere que en las revisiones periódicas de tratados y recomendaciones de los estados miembros como lo es México, este punto sea cumplido.
SEXTO.- Túrnese el presente punto a las presidencias municipales del estado de Coahuila, para que en sus cabildos acuerden con relación al tema e instruyan a su departamento administrativo para que no soliciten el certificado de no gravidez, ni despidan a las mujeres que estén embarazadas.
SÉPTIMO.- Instrúyase a las Comisiones de Asuntos de Equidad y Género, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento y seguimiento.
OCTAVO.- Que se pida a las centrales obreras y a todas las organizaciones laborales que estén en Coahuila, sin distingo de centrales y de militancia, que agreguen en sus contratos colectivos de trabajo, el rechazo absoluto y la prohibición del requisito del certificado de no gravidez, para que las mujeres ingresen a laborar, así como que las comisiones negociadoras de los contratos colectivos, también se integren con mujeres, para que por esta vía se siga avanzando en una política laboral justa y equitativa, con equidad de género.
NOVENO.- Que en base a la calidad, la productividad, la capacitación y el adiestramiento, el salario de las mujeres sea igual al ingreso salarial de los trabajadores varones;
DÉCIMO.- Que el Congreso establezca una línea de comunicación, para que cualquier mujer trabajadora de Coahuila, que vea pisoteados sus derechos humanos, laborales, jurídicos o sociales, se comunique a fin de que la Comisión de Trabajo del propio Congreso, intervenga inmediatamente en su defensa.
Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil tres.
Diputado Presidente
José Luis Triana Sosa (rúbrica)
Diputado Secretario
Hugo Héctor Martínez González (rúbrica)
Diputado Secretario
Jesús de León Tello (rúbrica)
Punto de acuerdo que presentan las diputadas Latiffe Burciaga Neme, Martha Loera Arámbula e Hilda Flores Escalera, del grupo parlamentario "Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el "certificado de no gravidez".
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene derechos sociales, consagrados en un documento supremo, los cuales tienen la misión de proteger a la persona, como integrante de un grupo social.
Las garantías individuales y sociales, establecidas en la norma fundamental coahuilense, preservan la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de las mexicanas y mexicanos, así como de todo residente temporal.
La igualdad del varón y la mujer ante la ley, es un principio rector de nuestra Ley Suprema que debe ser observado ante cualquier circunstancia.
Existe el principio de derecho y la legislación laboral no debe ser la excepción para considerar la igualdad de derechos laborales de la mujer, y la protección de condiciones y situaciones especiales como la maternidad.
Constantemente son desobedecidas por los empleadores estas normas, que con la finalidad de no verse presionados con las justas prestaciones laborales para las mujeres trabajadoras, les exigen como requisito o condición para el ingreso de un empleo, un certificado de no gravidez, es decir, de no estar embarazada. Cuestión no estipulada en legislación alguna y que arremete contra la dignidad de la mujer trabajadora, ya que en caso de estar embarazada no se le otorga un empleo.
Como ciudadanas y pertenecientes a la Comisión de Equidad y Género de este Congreso, una de las obligaciones que nos confiere la Carta Magna es la de procurar el bienestar de los más desprotegidos; crear condiciones de igualdad de oportunidades, y propiciar un marco jurídico de protección a las trabajadoras y trabajadores del Estado.
En nuestro estado, el Gobernador desde el inicio de su gestión y como una de las primeras acciones de gobierno, instruyó a los administrativos de las dependencias para que en el ámbito de su competencia no solicitaran ningún comprobante de no embarazo a las mujeres que solicitaran empleo o que requirieran de algún otro trámite, salvo en los casos de divorcio como requisito legal por la salvaguarda de la familia.
La Ley Federal del Trabajo protege, de manera estricta a la mujer trabajadora y su salud, especialmente durante el embarazo, constituyendo el bien jurídico tutelado el producto de la concepción, al igual que el restablecimiento físico de la madre y el período de alimentación del recién nacido, con lo que se trata de evitar cualquier abuso o menoscabo, en los derechos y prestaciones de la mujer trabajadora por el hecho de estar embarazada, estableciendo en la norma tutelar la prohibición de exigir o solicitar a las mujeres, la prestación de un certificado de no gravidez como condición indispensable para la contratación.
No obstante lo anterior, es imperativo también introducir modificaciones en la actual legislación, que permita materializar, la tan anhelada igualdad constitucional, sobre todo para regular los casos en que las mujeres desean ingresar a un trabajo remunerado y les es negado por el hecho de estar esperando a un ser vivo en su seno; es decir se evite que los empleadores o patrones exijan a las mujeres, que se quieran emplear, el requisito del certificado de no gravidez. Requisito que va en menoscabo de la dignidad y las ponen en desventaja para la obtención de un trabajo.
En pleno siglo XXI, no podernos ni debemos admitir, las posiciones y las prácticas que conciben el mundo laboral, como un espacio de exclusión de la mujer. Por el contrario, parafraseando a Alan Touraine, "uno de los retos del futuro inmediato, es aprender a convivir juntos".
Por todo lo anterior y con las facultades que otorga el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y demás relativos del citado ordenamiento, sometemos a la consideración de este pleno del Congreso del estado la siguiente propuesta de:
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- Que este Congreso envíe una recomendación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a sus delegaciones federales, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de igual forma a las procuradurías de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a la dirección del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del estado respectivamente, para que en sus visitas de inspección a las diferentes empresas de la entidad certifiquen los requisitos de contratación y recomienden que el certificado de no gravidez y los despidos a las trabajadoras por embarazo no se presenten en las empresas.
SEGUNDO.- Que sea enviado al Congreso de la Unión, tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados, para que se pronuncie en contra de la solicitud y los despidos de mujeres en caso de embarazo, asimismo, que dicha prohibición sea contemplada en el proyecto de ley que existe para la reforma laboral.
TERCERO.- De la misma manera, sea enviado a los congresos estatales para que a su vez se pronuncien en contra de dicha situación laboral y tomen medidas para erradicar estas prácticas nocivas para la dignificación laboral de las mujeres. Asimismo, este punto de acuerdo sea enviado al titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la dependencia que tiene para coordinar los esfuerzos de todos los ayuntamientos del País, nos apoyen con esta propuesta a favor de las mujeres de México.
CUARTO.- Que este punto de acuerdo sobre el certificado de no gravidez sea considerado por las 31 Legislaturas de los estados; por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.; por las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, para que en la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, se incluya en el capítulo y sus artículos correspondientes, este importante planteamiento.
QUINTO.- Que la Organización Internacional del Trabajo, a través de su oficina regional, reconsidere que en las revisiones periódicas de tratados y recomendaciones de los estados miembros como lo es México, este punto sea cumplido.
SEXTO.- Túrnese el presente punto a las presidencias municipales del estado de Coahuila, para que en sus cabildos acuerden con relación al tema e instruyan a su departamento administrativo para que no soliciten el certificado de no gravidez, ni despidan a las mujeres que estén embarazadas.
SÉPTIMO.- Instrúyase a las Comisiones de Asuntos de Equidad y Género, y a la Comisión del Trabajo y Previsión Social para su conocimiento y seguimiento.
Saltillo, Coahuila, a los 10 días del mes de diciembre del año 2003.
Atentamente
Por el grupo parlamentario "Lic. Luis Donaldo Colosio
Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional:
Diputada Latiffe Burciaga Neme
Diputada Martha Loera Arámbula
Diputada Hilda Flores Escalera
DEL CONGRESO DE OAXACA
CC. Secretarios Senadores de la Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente Acuerdo:
Transitorio: Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Remítase copia del presente acuerdo al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero para su conocimiento, al honorable Congreso de la Unión, a la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las Honorables Legislaturas de las entidades federativas de la República. Lo tendrá entendido el Gobernador del estado y hará que se publique y se cumpla. Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso del estado. Oaxaca de Juárez, Oax., 11 de diciembre 2003.- Reyna Gloria Vega Hernández, Diputada Presidenta.- Rúbrica. Abdias Nava Pacheco, Diputado Secretario.- Rúbrica. Federico Solano Valladares, Diputado Secretario.- Rúbrica".
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"
Oaxaca de Juárez, Oax., 11 de diciembre de 2003
Abdias Nava Pacheco (rúbrica)
Diputado Secretario
Federico Solano Valladares (rúbrica)
Diputado Secretario
CC. Secretarios Senadores de la Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente acuerdo:
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"
Oaxaca de Juárez, Oax., 11 de diciembre de 2003
Abdias Nava Pacheco (rúbrica)
Diputado Secretario
Federico Solano Valladares (rúbrica)
Diputado Secretario
DEL CONGRESO DE TAMAULIPAS
Cd. Victoria, Tam., a 15 de diciembre del año 2003.
CC. Diputados Secretarios
Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión
En la sesión celebrada por el Pleno Legislativo de este Congreso del estado en esta fecha se aprobó un punto de acuerdo para incentivar la colaboración del estado de Tamaulipas en la explotación de la Cuenca de Burgos.
En consecuencia, por esta vía nos permitimos transcribir el texto de los resolutivos de dicha acción legislativa:
1. Reconoce la calidad de estratégica y prioritaria de esta actividad en el desarrollo nacional.
2. Expresa su simpatía ante las expectativas de un desarrollo económico del estado basado en el trabajo, la disciplina, la responsabilidad y el consenso social.
3. Coincide en que el crecimiento que el estado impulsa y alienta está basado en un desarrollo sustentable, en el cual están presentes la participación social y el respeto a los ecosistemas de la región.
4. Sostiene que las características del desarrollo integral de Tamaulipas deben ser la permanencia, la eficiencia y la corresponsabilidad de modo tal sean un aliento a las aspiraciones de vivir mejor de los habitantes del estado.
5. Alienta el desarrollo regional como instrumento de progreso, medio eficaz de diálogo y conducto para la generación de economías de buen éxito.
6. Postula la urgencia de formular un plan de desarrollo integral de mediano y largo plazo que considere la atención de las contingencias ambientales y la incorporación de la comunidad al desarrollo, así como la transformación ordenada, paulatina y racional de la realidad social para modificar positivamente las condiciones actuales y promuevan un desarrollo en condiciones de permanencia, eficiencia y justicia social.
7. Impulsa la adopción de un programa estratégico estatal y otro regional, vinculados a los programas nacionales y al Sistema Nacional de Planeación Democrática del Desarrollo, en el cual participen los sectores social y privado y, en general la sociedad, para concretar una vinculación local y regional, a los retos del desarrollo de la Cuenca de Burgos.
8. Promueve la adopción de acciones de mediano y corto plazos dentro de los programas estratégicos para modificar positivamente las oportunidades de incorporación a las actividades productivas de todo tipo en la región y lugar que la explotación de la Cuenca de Burgos se erija en un elemento singular del cambio económico y social en el estado.
9. Postula que durante los procesos de asentamiento y desempeño de las empresas ejecutoras de los contratos de servicios múltiples y a lo largo de la vida útil de los pozos explotados deberá garantizarse el respeto a la población originaria de los municipios que comprende la Cuenca de Burgos y multiplicarse sus opciones para el desarrollo económico y social.
10. Es necesario propiciar un diálogo respetuoso entre el Gobierno del estado y los sectores productivos de los estados involucrados, y luego con la Unión Americana, para propiciar condiciones de similar trato en los procesos de producción.
Segundo.- Para la adecuada integración de Tamaulipas en el proceso de explotación de gas natural no asociado en la Cuenca de Burgos, es pertinente alentar la creación de una instancia de promoción del desarrollo, que cuente con oficinas permanentes y los recursos humanos y financieros necesarios para la atención de los asuntos a su cargo.
La instancia que se establezca podrá adoptar la forma de organización administrativa que mejor convenga a su objeto y a la disponibilidad presupuestal.
En todo caso, esa instancia estará a cargo de garantizar la permanente vinculación con los estados integrantes de la Cuenca de Burgos, la contribución de los sectores social y privado, la participación académica y científica en los procesos de toma de decisiones con impacto social y la opinión de las comunidades que sean partícipes de los procesos de cambio.
Tercero.- Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Estatal.
Cuarto.- Remítase copia de este punto de acuerdo a las cámaras del H. Congreso de la Unión; al Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Gobernación; a las Legislaturas y titulares del Poder Ejecutivo de los estados de Coahuila y Nuevo León; y a los ayuntamientos del estado".
Sin otro particular, nos es grato renovar las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Los secretarios de la Mesa Directiva
Dip. Ricardo Antonio Manssur Oudie (rúbrica)
Dip. Armando Vera García (rúbrica)
Cd. Victoria, Tam., a 15 de diciembre del año 2003.
CC. Diputados Secretarios
Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión
En la sesión celebrada por el Pleno Legislativo de este Congreso del estado en esta fecha se aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se crea una Comisión Especial de Atención, Seguimiento y Evaluación de las Acciones que Comprendan la Explotación de la Cuenca de Burgos.
En consecuencia, por esta vía nos permitimos transcribir el texto de los resolutivos de dicha acción legislativa:
En su oportunidad, la Gran Comisión informará al Pleno del cumplimiento del presente punto de acuerdo, a fin de que considere la ratificación de la integración de dicha Comisión Especial.
Artículo Segundo.- La Comisión a que se refiere el artículo anterior tendrá carácter plural y deberá quedar integrada a la brevedad posible.
Artículo Tercero.- La Comisión Especial de Atención, Seguimiento y Evaluación de la Cuenca de Burgos tiene por objeto el estudio sistemático de las acciones y actividades relacionadas con la explotación de los yacimientos de gas natural no asociados que se ubican en el subsuelo del territorio de Tamaulipas, de Coahuila, Nuevo León y Texas, E.U.A., con el propósito de promover la realización de acciones a favor del desarrollo equilibrado, sustentable y justo del estado con motivo de dicha explotación, particularmente de los municipios de Tamaulipas.
Artículo Cuarto.- La Comisión Especial de Atención, Seguimiento y Evaluación de la Cuenca de Burgos alentará el diálogo sobre su materia con las instituciones públicas del estado, la Federación y los municipios, con los organismos políticos y sociales de toda índole, con las organizaciones de empresarios, con las instituciones de educación superior y la academia, con objeto de impulsar el cumplimiento de su objeto.
A su vez, promoverá el intercambio de información y la adopción de acciones conjuntas a los ámbitos competentes de los Congresos de Coahuila y Nuevo León, sin demérito de promover el diálogo con el Congreso del estado de Texas sobre este tema.
Artículo Quinto.- La Comisión que se cree con base en este punto de acuerdo, deberá rendir un informe de su actuación al Pleno, al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones y, en su caso, plantear ante el Congreso los asuntos que sean de su competencia.
Artículo Sexto.- En caso de persistir la materia que da origen a esta Comisión al término de la presente Legislatura, deberá exhortarse a la siguiente, para que en seguimiento a los asuntos que se encuentren en trámite, tome en cuenta el esfuerzo realizado y conforme a las condiciones existentes en ese momento, pondere la posibilidad de crear una Comisión de naturaleza análoga durante el término constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del estado".
Sin otro particular, nos es grato renovar las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Los secretarios de la Mesa Directiva
Dip. Ricardo Antonio Manssur Oudie (rúbrica)
Dip. Armando Vera García (rúbrica)
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Diputado Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
Presente
Me es grato comunicar, por su muy digno conducto, a esa H. Cámara de Diputados que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró su primer periodo de sesiones correspondiente al presente año.
Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México, DF, a 2 de enero de 2004.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Lic. Mariano Azuela Güitrón (rúbrica)
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Licenciado diputado Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Ruego a usted atentamente se sirva comunicar a esa H. Cámara de Diputados, que el día de hoy el Consejo de la Judicatura Federal inició su primer período de sesiones correspondiente al presente año.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración atenta y distinguida.
México, DF, a 2 de enero de 2004.
El Presidente del Consejo de la Judicatura Federal
Ministro Mariano Azuela Güitrón (rúbrica)
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
México, DF, a 6 de enero de 2004.
Diputado Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
Por este conducto hago de su respetable conocimiento que por acuerdo G/1/2004, tomado por el Pleno de la Sala Superior en sesión de 5 de enero del presente año, fui distinguida con el cargo de Presidenta de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para el periodo 2004 - 2005.
Hago propicia la ocasión para expresarle mis mejores deseos por el año que comienza y protesto a usted las seguridades de mi más apreciable consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Presidenta
Mag. María del Consuelo Villalobos Ortiz (rúbrica)
DEL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN MEXICO
México, DF, a 8 de enero de 2004.
CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente
del Congreso de la Unión
Presentes
Me permito remitir a ustedes, para conocimiento de la honorable Comisión Permanente, la siguiente documentación:
Atentamente
Arturo Garita (rúbrica)
Secretario General de Servicios Parlamentarios
México, DF, a 19 de diciembre de 2003.
Honorable Señor
Senador Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara
de Senadores
Honorable señor senador
Me permito enviarle una carta del Sr. Presidente de la República Federal de Alemania, Johannes Rau, en la cual expresa su agradecimiento por la amable recepción que usted y todos los senadores le ofrecieron en el Senado.
De la misma manera quisiera aprovechar la oportunidad para unirme a las felicitaciones.
Con mis mejores deseos para las fiestas navideñas y un próspero año nuevo.
Atentamente
Eberhard Kölsch (rúbrica)
Embajador de la República Federal de Alemania
Traducción
Berlín, a 9 de diciembre de 2003.
El Presidente de la República Federal de Alemania
Excmo. Senador Enrique Jackson Ramírez
Presidente del Senado de la República
México, DF.
Muy distinguido señor Presidente del Senado:
Tras mi visita de Estado a México quiero expresarles a Vd. y a todos los senadores mi más cordial agradecimiento por la recepción tan amable que nos dispensaron y por haberme brindado la ocasión de pronunciar un discurso ante el Senado.
Guardo un grato recuerdo de nuestro intenso y estimulante intercambio de pareceres sobre temas internacionales. La política exterior ya no es únicamente un asunto de competencia de los gobiernos y de un reducido grupo de expertos. En nuestro mundo globalizado las cuestiones de la política exterior influyen sobre la vida de todos los ciudadanos. Por eso es tan importante que precisamente los parlamentos, en cuanto representantes de la sociedad civil, tengan una participación en las relaciones exteriores de sus estados. Me congratulo de que el Senado de la República y el Bundestag Alemán mantengan una comunicación más asidua.
Atentamente
Suyo
(fdo.) Johannes Rau
DEL EMBAJADOR DE LA FEDERACION DE RUSIA EN MEXICO
México, DF, febrero de 2003.
Excelentísimo Señor
Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
México, DF
Su Excelencia:
Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarle muy atentamente y enviarle el original del mensaje del Sr. Mironov, Presidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.
Reciba, señor Presidente, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Anexo: el citado, 1 página.
Konstantin Mozel (rúbrica)
Embajador de la Federación de Rusia
Presidente
Consejo de la Federación de la Asamblea Federal
de la Federación de Rusia
Estimado señor Presidente:
De toda mi alma le agradezco a usted y en su persona a la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos su hospitalidad y atención prestadas a la delegación del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia en el curso de la visita oficial a los Estados Unidos Mexicanos del 5 al 6 de noviembre del año 2003.
Efectuadas en el marco del programa intenso preparado por la Cámara de Senadores las reuniones con usted y señor Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la inauguración junto con usted de la Semana de la Federación de Rusia en el Senado de la República, la posibilidad que me fue ofrecida para pronunciar un discurso en la sesión del Senado del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señalaron una vez más lo importante del instrumento de las relaciones ruso-mexicanas, que son lazos interparlamentarios.
Mis colegas y yo hemos guardado los más cariñosos recuerdos de haber visitado su maravilloso país. Estuve sinceramente contento de continuar dialogando
Le pido que reciba el testimonio de mi distinguida consideración.
Sergev Mironov
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE CONVERGENCIA
Palacio Legislativo, a 9 de enero de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión
A los Senadores y Diputados Miembros de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
Presentes
Estimado señor Presidente, le solicito ser el amable conducto para que todos los señores y señoras legisladores, puedan ser enterados oficialmente de la siguiente petición:
Respetuosamente me dirijo a ustedes con la finalidad de elevar una enérgica protesta por parte de todos los grupos parlamentarios, contra quien resulte responsable de las autoridades del puerto aéreo de la ciudad de Los Angeles, California, Estados Unidos, así como al Congreso de ese país vecino, y específicamente al Presidente del Senado de Estados Unidos, senador Bill Frist, por la violación a los derechos humanos específicos del senador -Presidente del Senado de la República Mexicana- Enrique Jackson Ramírez, así como la ofensa a su investidura, vejación que nos agrede a todos los miembros mexicanos del Poder Legislativo.
Como es conocido, el senador Jackson Ramírez, el martes 6 de enero de 2003, estuvo retenido en un cuarto apartado de dicho aeropuerto hasta por 4 horas, siendo despojado de sus zapatos, cinturón, corbata y saco, acusado de ser sospechoso terrorista.
Sin caer en prejuiciosas apreciaciones, considero que eso es intolerable como legisladores. Si callamos hoy como una institución republicana que representamos, pronto todos seremos sujetos de insólitas y parecidas acusaciones.
Llamo a su solidaridad y a exigir, más que un extrañamiento a quien resultare culpable, una nota diplomática por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, así como una explicación al Presidente del Senado de Estados Unidos, quien unas horas antes del mismo día 6 de enero había sido invitado de honor, junto con su comitiva de legisladores, del senador mexicano agredido en Estados Unidos.
Atentamente
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
México, DF, a 27 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fauzi Hamdan Amad, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Honorable Asamblea:
Los suscritos, senadores de la República, integrantes de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta de modificaciones a los artículos 1º-C y 2º-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Derechos.
Conforme a las siguientes consideraciones:
Como primer punto, se considera necesario sustituir la aplicación de la tasa del 0% en el Impuesto al Valor Agregado por una tasa del 2%, ya que esta medida podrá fortalecer el control del Impuesto al Valor Agregado al atemperar los graves problemas que provocan las devoluciones del mismo con motivo de la aplicación de la tasa del 0%, lo que a su vez generará una mejor recaudación, fundamentalmente, por una mayor eficiencia.
En efecto, la aplicación de la tasa preferencial en el Impuesto al Valor Agregado, mejora su eficiencia y permite una recaudación proveniente de quienes actualmente no pagan, debiendo hacerlo. Adicionalmente, lograr una mejora en el cumplimiento del Impuesto al Valor Agregado, se traducirá también en una mejora significativa en el Impuesto Sobre la Renta. En esta perspectiva de conjunto es como se puede apreciar la importancia estratégica de mejorar la estructura del Impuesto al Valor Agregado y evitar que dicho impuesto tenga una cobertura inferior al 55% del consumo final total de bienes y servicios, que alienta la informalidad y la evasión y, en consecuencia, una deficiente recaudación tanto en este impuesto, como en el Impuesto Sobre la Renta.
Con la aplicación de la tasa del 2% propuesta a través del presente dictamen se proponen también disposiciones que facilitan la transición hacia el nuevo esquema aplicable a las contraprestaciones que tuvieron su origen en operaciones que estaban afectas a la tasa del 0%, antes de la entrada en vigor de la propuesta.
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Artículo Primero. Se reforma el artículo 1º-C, fracciones IV, V, primer párrafo, y VI, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 1º-C. ...
IV. Cuando los adquirentes cobren los documentos pendientes de cobro, ya sea en forma total o parcial, deberán manifestar el monto cobrado respecto del documento correspondiente en el estado de cuenta que emitan, con el cual los cedentes de los documentos deberán determinar el Impuesto al Valor Agregado a su cargo, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente. Para tales efectos, el Impuesto al Valor Agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquirente entre 1.15, 1.10 o 1.03, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 15%, 10% o 2%, respectivamente. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el Impuesto al Valor Agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.
VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro a que se refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo monto adicionado de las que se hubieran cobrado con anterioridad correspondientes al mismo documento sea mayor a la suma de las cantidades recibidas por el cedente como pago por la enajenación de los documentos pendientes de cobro, sin descontar el cargo financiero, e incluyendo los anticipos que, en su caso, haya recibido el adquirente deberá reportar dichas recuperaciones en el estado de cuenta del mes en el que las cobre. El contribuyente calculará el Impuesto al Valor Agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquirente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.15, 1.10 o 1.03, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 15%, 10% o 2%, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto total cobrado y la diferencia será el Impuesto al Valor Agregado a cargo del cedente.
Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, DF, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil tres.
Atentamente
Sen. Fauzi Hamdan Amad (rúbrica)
DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 40 Y 222 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR EL SENADOR ADALBERTO MADERO QUIROGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, Y ENVIADA POR LA CAMARA DE SENADORES
México, DF, a 27 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa de reformas a los artículos 40 y 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Artículo 222
El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz -y para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas-, mental, auditiva, de lenguaje -en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal- o tratándose de invidentes, podrá deducir del impuesto a su cargo una cantidad igual al 100% por el monto del Impuesto Sobre la Renta de estos trabajadores, conforme al Capítulo Primero del Título IV de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.
Artículo 40
Fracción XII, activos fijos destinados a personal con discapacidad
A) 100% construcciones
B) 100% equipo de cómputo
C) 100% maquinaria y equipo
Sen. Adalberto A. Madero Quiroga (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE PUERTOS, A CARGO DEL SENADOR FIDEL HERRERA BELTRAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben senadores de la República por el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y por el Estado de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona al artículo 38 de la Ley de Puertos, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
Los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales, en aras de fortalecer al federalismo mexicano, han compartido la necesidad de promover una mayor y efectiva participación de las entidades federativas y de los municipios en el ejercicio de las facultades, funciones, responsabilidades y recursos públicos, a fin de impulsar el desarrollo integral y equitativo de las diversas regiones del País y de lograr un mayor equilibrio en el ejercicio del poder por los distintos niveles de Gobierno.
El Congreso de la Unión, al expedir la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, ajustó los porcentajes de la transferencia no onerosa de las Administraciones Portuarias Integrales al acuerdo federalista impulsado desde el Poder Legislativo Federal, los gobiernos de los estados y el propio gobierno federal referente a la transferencia no onerosa del 49% de las acciones de las Administraciones Portuarias Integrales a los Estados y Municipios en donde se encuentren, a efecto de promover el desarrollo integral de los Puertos Mexicanos, impulsar su crecimiento y estimular el Federalismo.
Así, en el citado artículo cuarto transitorio se determinó con toda claridad que durante el ejercicio fiscal de 2004, el Gobierno Federal transferirá, de manera no onerosa, exclusivamente el 49% del capital social de las sociedades mercantiles Administraciones Portuarias Integrales a los estados y municipios donde se encuentren éstas, correspondiendo a los estados el 40% y a los municipios el 9%; razón por la que el citado numeral transitorio mereció la aprobación unánime de las diversas fracciones parlamentarias de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
Además, en el propio artículo cuarto transitorio mencionado, se previó el caso de que dos o más estados o municipios participen en una misma administración portuaria integral, señalándose que en tal supuesto el porcentaje de participación no podrá exceder del 49% del capital social de la sociedad de que se trate, dejando a éstos la responsabilidad de alcanzar un acuerdo para esos efectos. Asimismo, se reguló, con los mismos lineamientos, el caso de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco y, de manera general, se reiteró la obligación de la Auditoría Superior de la Federación de vigilar la puntual entrega no onerosa de las acciones a los estados y municipios en los términos previstos en el precitado artículo transitorio.
Es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión del pasado martes 6 de enero del presente año, resolvió sobreseer aquellas acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Procurador General de la República y por la minoría de los Diputados integrantes de la LVIII Legislatura.
Ahora bien, ante la vigencia anual de las leyes de ingresos de la Federación y por la especialización al respecto de la Ley de Puertos, consideramos que para consolidar y dar permanencia definitiva a la referida transferencia accionaria de las sociedades portuarias integrales, es procedente adicionar tres párrafos más, que serán el tercero, cuarto y quinto, al artículo 38 de dicha ley, para consignar en ellos la obligación del Gobierno Federal de transferir, de manera no onerosa, a los estados y municipios en que se encuentren dichas sociedades portuarias integrales, exclusivamente y por única vez un 49% del capital accionario de dichas sociedades, en los mismos términos, sentido y condiciones de los consignados en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004.
Finalmente, también se propone, en aras de mantener vigente el derecho de los estados y municipios de recibir la referida transferencia accionaria de las sociedades portuarias integrales que operen en sus jurisdicciones, que la citada transferencia deberá llevarla a cabo el Gobierno Federal.
En mérito de todo lo antes expuesto, presentamos a la consideración de la esta soberanía la presente iniciativa para adicionar tres párrafos, que serán el tercero, cuarto y quinto, al artículo 38 de la Ley de Puertos, en los términos del siguiente proyecto de:
Decreto
Artículo Unico.- Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 38 de la Ley de Puertos, para quedar de la siguiente manera:
"Artículo 38 ...
...
En los casos en que el Gobierno Federal sea titular o posea, directamente o a través de organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, más del 76% de las acciones de las administraciones portuarias integrales, deberá transferir de manera no onerosa, exclusivamente un 40% de las acciones a los gobiernos estatales y un 9% a los municipios en que se encuentren dichas administraciones, salvo que los estados o municipios beneficiados se opongan a recibirlas; evento en el cual quedará a salvo su derecho para hacerlo valer cuando así lo soliciten expresamente.
Cuando dos o más estados o municipios participen en una misma administración portuaria integral, el porcentaje de participación accionario conjunto de ambos no podrá exceder en ningún caso del 49% del capital social de la sociedad de que se trate, siendo responsabilidad de éstos el alcanzar un acuerdo para esos efectos.
La Auditoria Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades, vigilará la puntual entrega no onerosa de las acciones a los estados y municipios en los términos previstos en este artículo.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- De la administración Portuaria Integral del Puerto de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco, Petróleos Mexicanos realizará la transferencia, en los términos previstos en artículo 38 adicionado, de las acciones de las que es titular en dicha sociedad, en conjunto con el Gobierno Federal, a efecto de que el Estado de Tabasco tenga el 40% de las acciones de dicha sociedad y el Municipio de Paraíso el 9%.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 14 de enero del año de 2004.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica)
Sen. Oscar Luebbert Gutiérrez
QUE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 21 Y UN PARRAFO TERCERO A LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73, Y SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DEL APARTADO A) DEL ARTICULO 102, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO VAZQUEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe Sergio Vázquez García, diputado federal del estado de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Pleno iniciativa de decreto en la cual se adicionan un párrafo tercero al artículo 21 y un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 y se reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
México, junto con Argentina, encabeza la lista de países de occidente con mayor consumo de productos falsificados. Algunos reportes basados en estadísticas de comercio exterior de Estados Unidos y China, dan una idea del mercado que alcanza la piratería: durante el 2000, el país dejó de percibir cerca de 8 mil millones de dólares por evasión al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto de Importación.
La forma en que han evolucionado las organizaciones de contrabandistas es sorprendente. En menos de diez años, las mafias de China y Corea, anclaron en México, y desde aquí han extendido sus redes hasta Centroamérica, el sur de California y la Florida. Juntos obtuvieron ganancias estimadas en 33 mil millones de dólares durante el mismo año 2003, una cifra uno punto cinco veces mayor a las captaciones anuales por venta de petróleo.
El poder de las bandas que operan la delincuencia organizada es tal, que han constituido bastiones donde a la policía le es muy difícil ingresar y se han convertido en barrios donde no opera la ley, por ejemplo Tepito, donde se produce el 70% de los discos llamados "piratas" y esto genera pérdidas millonarias a la industria nacional y al fisco.
Un reporte de la Cámara de Comercio del Distrito Federal, apoyado en cifras del INEGI, concluyó que el 40 por ciento de las ventas en la Ciudad de México son de contrabando y mercancía pirata.
Las mismas estadísticas obtenidas del INEGI indican que alrededor de 9 millones de personas generan 12.5 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como 700 mil millones de pesos anuales, pero ninguno paga impuestos. La evasión al IVA es de unos 105 mil millones de pesos.
En 2003, el número de contribuyentes registrados en el Sistema de Administración Tributaria no llegaba a los 20 millones, cuando la población económicamente activa, según el INEGI, era de 40 millones de personas. De esos 20 millones, 12.3 millones eran contribuyentes cautivos, es decir, individuos a los que se les retienen los impuestos desde sus centros de trabajo.
La evasión de impuestos genera que el Gobierno Federal no tenga los suficientes recursos económicos para la prevención y persecución de los delitos de manera eficaz, a ello se suma que la comisión de delitos contra los derechos de autor, el contrabando, la venta y distribución de drogas en el país han crecido de manera alarmante.
La Procuraduría General de la República ha realizado importantes avances en el combate de los delitos que se encuentran dentro del ámbito de su competencia, no es de óbice comentario señalar que este año ha realizado sólo en los últimos 5 meses, en diversos operativos un decomiso de 123 toneladas de prendas de bisutería, lentes y bolsas, un millón de discos piratas, 255 toneladas de tenis chinos, 12 toneladas de ropa deportiva, se han realizado 453 cateos y se han detenido mil cincuenta y siete personas de los cuales 330 tenían órdenes de aprehensión por delitos federales principalmente narcotráfico y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, asimismo han sido asegurados 1,444 vehículos.
Sin embargo, estas acciones que se han realizado no han sido suficientes, delitos como el de narcotráfico a pequeña escala en tienditas se ha extendido de una manera preocupante en las zonas urbanas de baja y alta marginación, cada vez es más común la venta a pequeña escala de ropa, zapatos y artículos de procedencia extranjera sin cumplir la norma establecida y el pago de impuestos vigente en la legislación fiscal y la ley aduanera.
Estos tres delitos federales y los que determine establecer el legislador federal ordinario como concurrentes constituyen un problema de seguridad pública porque ponen en peligro la salud de las personas, la integración de las familias, la vitalidad de la economía además de la evasión fiscal y la pérdida de competitividad de las empresas y sobre todo la armonía social de cada municipio y estado, toda vez que propicia la delincuencia organizada y corrompe las estructuras de gobierno encargadas de procurar e impartir justicia.
Previendo que la delincuencia organizada ha provocado una descomposición social y ha rebasado la capacidad de la Procuraduría General de la República para la investigación y persecución de los delitos federales, en el año de 1994 el Congreso de la Unión dictaminó la Ley de Coordinación en Materia de Seguridad Pública Federal, cuyo objetivo es que en el marco de una reforma constitucional al artículo 73, fracción XXIII, Gobierno Federal, estados y municipios puedan colaborar mediante convenios en la prevención y el combate de delitos federales.
Actualmente han firmado convenios de colaboración 32 estados, y de estos sólo en los estados de Jalisco y Nuevo León han dado resultados tangibles, al reducir de manera significativa la incidencia de delitos federales; para ejemplificar lo anterior señaló que en el estado de Jalisco una vez firmado el convenio de colaboración en comento, en el año 2000 creó el programa "Jalisco Libre de Drogas" como política pública encaminada al abatimiento de los delitos contra la salud, en los años 2002 y 2003 como resultado de este programa han detenido 1,393 delincuentes, de ellos son 751 compradores y 642 vendedores; se aseguraron 14,235 toneladas de cocaína, 30,312 de marihuana, 68,208 de tonsol, 1,760,000 pastillas psicotrópicas, 697 toneladas de anfetaminas y 1,440 de pseudoefedrina. En el mismo periodo ocupo el primer lugar en aseguramiento de drogas, con 131 operativos en 20 municipios, asimismo han sido destruidas más de 8 millones de plantas de marihuana.
Sólo será posible dar resultados en materia de prevención y combate a la delincuencia si se modifica el marco normativo vigente, no debe ser cáustico y discrecional. Debe establecerse de manera obligatoria la concurrencia para que los estados no justifiquen el incremento de la delincuencia en la ineficacia de la institución que debe combatirlas.
Para tal efecto la presente iniciativa pretende realizar una serie de reformas a los artículos constitucionales mencionados al rubro a efecto de hacer concurrente la facultad de estados y Federación en la persecución de los delitos según lo establezcan las leyes federales. Sin que por esto signifique que la concurrencia mencionada en este párrafo se limite a los delitos enunciados en el presente cuerpo de la iniciativa.
Por ello, se busca reformar los artículos 21, 73 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de hacer concurrente las facultades de persecución e investigación de los delitos entre los distintos ámbitos de competencia (federal y local) según lo señalen las leyes federales.
Recordemos que los gobiernos estatales no cuentan en su estructura normativa con facultades para que dentro de sus órganos de justicia pueda investigar delitos de carácter federal, ya que de conformidad con el artículo 102 constitucional el Ministerio Público Federal tiene la potestad exclusiva en el ejercicio de la acción penal para combatir los delitos federales, con lo anteriormente expuesto se genera el desanimo de estas autoridades, ya que no esta dentro de su competencia el investigar los orígenes de éstas bandas delictivas que se han instalado dentro del ámbito de su jurisdicción.
En el marco del nuevo federalismo, los estados dentro de su estructura normativa, exigen cada vez de una manera más insistente, total independencia para la administración de sus recursos, y su vida interna, lo anterior debido a que para la población que reside en ellos, sus representantes más cercanos son los las autoridades estatales, a los habitantes de estas circunscripciones a quienes piden cuentas son a ellos y precisamente a ellos son a los que en el marco de su vida interna le exigen vivir en paz y con seguridad.
Queda claro que el municipio dentro de nuestro sistema jurídico político, es el fundamento de la organización del Estado. Sus orígenes se remontan a la necesidad misma del ser humano de agruparse para trabajar en común y resolver sus necesidades básicas, no solo desde un aspecto individual sino, ante todo, social, como lo son la de seguridad y la procuración de justicia.
Por lo tanto, es de suma importancia que la competencia pueda otorgarse en virtud de una ley federal a los estados, ya que éstos podrán tener la facultad jurídica de llevar a cabo determinadas funciones y actos de carácter procedimental y así culminarán con un excelente desempeño tanto en su función judicial como administrativa.
Nuestro marco jurídico de la concurrencia en la investigación persecución de los delitos, el artículo 102 establece que será el Ministerio Público de la Federación el competente para la investigación y persecución de los delitos federales, esto no da margen de maniobra a las entidades federativas para el combate a las figuras delictivas encuadradas en leyes federales.
Por ello esta iniciativa pretende establecer la concurrencia con los estados para que, sin esperar a que actúe la Federación investiguen y persigan delitos federales, según lo establezca la ley federal.
De conformidad con el artículo 102 constitucional que a la letra dice: "el Ministerio Público es la autoridad competente para investigar y perseguir los delitos de carácter federal". El término competente o bien la competencia de este órgano bajo la vigencia de la Constitución de 1857, fue ampliamente debatida, así como lo fue la expresión de autoridad competente.
El primer debate se dio en torno al concepto mismo de competencia, con motivo de la sentencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de abril de 1874, en un juicio de amparo en el que se impugnó una ley fiscal expedida por el Congreso y por el estado de Morelos, por no haberse integrado legítimamente éste y por haber sido promulgada por un gobernador, que había sido reelecto contra prohibición expresa.
En esa sentencia la corte sostuvo que la incompetencia por ilegitimidad o por falta de todo título legal, que con razón se ha llamado incompetencia absoluta, debe entenderse comprendida, lo mismo que otra cualquiera en el artículo 16 de la Constitución puesto que no hace excepción ni distinción alguna. Otros analistas señalan el hecho de que la competencia comprenda sólo las atribuciones otorgadas en la Constitución (competencia constitucional) o bien, que la competencia en su amplio sentido incluya todas aquellas contenidas en cada una de las leyes vigentes (competencia jurisdiccional).
El concepto de competencia jurisdiccional era muy cuestionable. En primer lugar porque, si para su primera definición se clasificaba la competencia por su fuente (constitucional), no había ninguna razón para que en la segunda clase (la competencia jurisdiccional) ya no fuese clasificada por su fuente, si no por los órganos específicos a quienes se conferían (órganos jurisdiccionales).
En materia penal, la Corte ha afirmado que la competencia es un presupuesto sin el cual no puede existir el proceso, y agrega: "el artículo 16 de nuestra Carta Magna subordina la eficacia de la actuación de las autoridades a la competencia que solamente la ley puede conferirles."
En esta tarea existen grandes desafíos para garantizar la seguridad pública, la procuración de justicia y el combate a la corrupción, a fin de abatir los índices delictivos y de criminalidad, respetando los derechos humanos. Resulta fundamental acabar con la impunidad y reafirmar el pleno respeto y vigencia del Estado de derecho para restituir con ello confianza y seguridad a las familias mexicanas. El esfuerzo del Legislativo será complementado por la acción ciudadana y la voluntad de los gobiernos estatales.
Por lo anteriormente manifestado en el cuerpo de esta iniciativa se propone para su discusión el siguiente
Proyecto de Decreto
Unico.- Se adicionan un párrafo tercero al artículo 21 y un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 y se reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 21.- ...
.............
Las Federación, los estados y el Distrito Federal tendrán competencia concurrente para investigar y perseguir delitos contra la Federación. Las leyes federales establecerán los casos específicos y las condiciones en que podrá operar esta concurrencia.
.........
Artículo 73.- ...
..............
Las leyes federales establecerán la competencia de las autoridades de los Estados y el Distrito Federal para investigar y perseguir de manera concurrente con las autoridades federales delitos contra la Federación;
Sin perjuicio de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de esta Constitución, incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos de orden federal; y por lo mismo a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas o intervenir en todos los negocios que la ley determine
..........
........
............
B ...
Unico: El presente decreto entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2004.
Dip. Sergio Vázquez García (rúbrica)
México, DF, 24 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, manifestando lo siguiente:
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del H. Senado de la República al nombramiento del C. Beltrán Guerrero. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Sin más por el momento, reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 24 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, manifestando lo siguiente:
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del H. Senado de la República al nombramiento del C. García de Alba Zepeda. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Sin más por el momento, reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 24 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, manifestando lo siguiente:
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del H. Senado de la República al nombramiento de la C. Bologna Zubikarai. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos de la interesada."
Sin más por el momento, reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 24 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, manifestando lo siguiente:
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del H. Senado de la República al nombramiento de la C. Lara Alatorre. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos de la interesada."
Sin más por el momento, reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 24 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, manifestando lo siguiente:
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del H. Senado de la República al nombramiento del C. Gutiérrez González. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Sin más por el momento, reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 24 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, manifestando lo siguiente:
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del H. Senado de la República al nombramiento del C. De Maria y Campos y Castelló. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Sin más por el momento, reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 24 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, manifestando lo siguiente:
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del H. Senado de la República al nombramiento del C. Muñoz Ledo Chevannier. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Sin más por el momento, reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 24 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, manifestando lo siguiente:
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del H. Senado de la República al nombramiento del C. Figueroa Fischer. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Sin más por el momento, reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CINCO CON LOS QUE SE REMITEN COPIAS DE LAS CONTESTACIONES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN RELACION A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CAMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 30 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL 59-II-0-130 suscrito el día 15 del actual, por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 110.35 14156/03 de fecha 24 del presente mes, signado por la C. licenciada María Jimena Valverde Valdés, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía, en el que da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita la intervención ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, para que se autorice un subsidio del 30% al precio del gas LP en cilindro y gas natural de uso doméstico, por el periodo invernal que comprende los meses de diciembre de 2003 a marzo de 2004, en el estado de Chihuahua, presentado por la diputada Martha Laguette Lardizábal.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 24 de diciembre de 2003.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Por instrucciones del secretario de Economía y con relación a su comunicado del 18 de diciembre de 2003, le informo lo siguiente, para que a su vez lo haga del conocimiento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respecto del punto de acuerdo aprobado en la sesión del 15 de diciembre de 2003.
Dentro de la metodología establecida para la determinación del precio máximo a los usuarios finales que se encuentra estipulada en el decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 27 de febrero de 2003 y reformado el 10 de julio y 27 de noviembre del año en curso en el mismo medio informativo, no se contempla la posibilidad de realizar ningún subsidio por los razonamientos que a continuación se indican:
1. La implementación de un subsidio que, al no estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, estaría prohibido y los funcionarios públicos que lo autorizaran incurrirían en responsabilidad conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;
3. Se generaría un descontento en los demás entidades federativas que también tendrían motivos para solicitar la aplicación del referido subsidio.
Sin embargo, es importante destacar que esta dependencia seguirá trabajando con el objetivo de moderar el efecto de la volatilidad del precio del gas licuado de petróleo en cada una de las 65 regiones que se han establecido para tal efecto en todo el territorio nacional, toda vez que en el precio que se ha determinado para cada una de ellas, no existe discrecionalidad arbitraria sino valoración de las condiciones de distribución del producto en cada región.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
La Jefa de la Unidad
Lic. María Jimena Valverde Valdés
México, DF, a 22 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-123, suscrito el día 9 del mes en curso por los CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me permito comunicar a ustedes que mediante el similar número 5000304574, el C. licenciado Angel Villalobos Rodríguez, subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que solicite al Gobierno de Estados Unidos de América, una prórroga de cuando menos seis meses para que las empresas mexicanas exportadoras de alimentos se inscriban en el Registro Federal y cumplan con las disposiciones que impone la nueva legislación contra el bioterrorismo, presentado por el C. diputado Juan José García Ochoa.
Por lo anterior con el presente anexo copia del oficio a que me he referido, para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 18 de diciembre de 2003.
Lic. Marco Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio No. SEL/300/3459/03, de fecha 9 de diciembre de 2003, mediante el cual da a conocer el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhortando al Ejecutivo federal para que solicite al Gobierno de Estados Unidos de América, una prórroga para las empresas mexicanas exportadoras de alimentos para cumplir con los requisitos que impone la nueva Ley Contra el Bioterrorismo.
Como resultado del intenso cabildeo realizado por el Gobierno de México desde que se emitieron las reglas preliminares, así como las reglas finales interinas sobre la Ley Contra el Bioterrorismo, las autoridades norteamericanas establecieron un periodo de capacitación y educación para los exportadores mexicanos. El 11 de diciembre de 2003, la Food and Drug Administration (FDA) y la US Customs Border Protection (CBP) publicaron la política de cumplimiento para exportadores. Dicha publicación especifica las siguientes fechas en donde da inicio dicho periodo de capacitación. Se aclara que esto no es considerado una prórroga, ya que la ley está en vigor:
2) Del 13 de marzo y hasta el 12 de mayo la CBP valorará la imposición de penas civiles pecuniarias al infractor que no cumpla con dichos requisitos en repetidas ocasiones, o que lo haya hecho en forma intencional o deliberada. El cumplimiento total de las disposiciones se espera a partir del 12 de agosto de 2004.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más distinguida y atenta consideración.
Atentamente
El Subsecretario
Lic. Angel Villalobos Rodríguez
México, DF, a 30 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. DGPL 59-II-5-162, suscrito el día 19 de noviembre último por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me permito comunicar a ustedes que mediante el similar número 326-SATIV-81395, signado el día 10 de diciembre último, el C. licenciado José Alfonso Torres Cabello, administrador central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar una Comisión Revisora para que sea verificado el marco jurídico actual referente al uso, registro y manejo residual de los betaanálogos, presentado por el C. diputado Gonzalo Moreno Arévalo.
Por lo anterior con el presente anexo copia del oficio a que me he referido, para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de diciembre de 2003.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Calle Bucareli No. 99, 10 Piso,
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc
CP 06600, México, DF
Hago referencia a su atento oficio No. SEL/300/3084/03, de fecha 19 de noviembre de 2003, mediante el cual solicita la instauración de una comisión revisora para que sea verificado el marco jurídico actual referente al uso, registro y manejo residual de los betaanálogos con fines zootécnicos.
Para efectos del artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior, el establecimiento de la revisión de las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías en relación con las mercancías a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 4 de la Ley citada deben someterse previamente a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, de la Secretaría de Economía, que es el órgano de consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Debido a que las medidas de regulación y restricción no arancelarias que actualmente deben cumplir los importadores de los betaanálogos fueron establecidas por la SSa y la Sagarpa, su revisión es competencia de estas dependencias del Ejecutivo federal, ya que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente le compete, con base al artículo 144, fracción II, de la Ley Aduanera, comprobar la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, por lo que la intervención en la que esta dependencia participa es al momento del despacho de las mercancías de su introducción o salida del país.
Por lo anterior, cuando esta medida para regular o restringir la importación de los betaanálogos sea revisada y presentada en forma conjunta o separada por la SSa y la Sagarpa a la Comisión de Comercio Exterior y la misma haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, sustituyendo a las regulaciones y restricciones no arancelarias que actualmente están en vigor, esta dependencia exigirá que los importadores den cumplimiento en los términos establecidos al momento de su despacho ante cualquier aduana del país, conforme a los artículos 35 y 36, fracción II, de la Ley Aduanera en vigor.
No omito manifestarle que estamos en la mejor disposición de establecer una estricta vigilancia en la importación de los betaanálogos al país; sin embargo, para llevar a cabo su restricción o embargo precautorio, la autoridad aduanera únicamente puede actuar en los casos en que el importador no haya dado cumplimiento a lo que establece el artículo 151, fracción II, de la Ley Aduanera.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
El Administrador Central
Lic. José Alfonso Torres Cabello (rúbrica)
México, DF, a 16 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. DGPL 59-II-3-154, suscrito el día 19 de noviembre último por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me permito comunicar a ustedes que mediante el similar número 312.-A.-002405, signado el día 10 de noviembre último, el C. Pablo S. Reyes Pruneda, director general de Programación y Presupuesto "B" de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar cabal cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, presentado por el C. diputado Rafael Galindo Jaime.
Por lo anterior con el presente anexo copia del oficio a que me he referido, para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de diciembre de 2003.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio SEL/300/3093/03 mediante el cual comunica al secretario de Hacienda y Crédito Público el punto de acuerdo del H. Congreso de la Unión para que el Ejecutivo federal instruya a todas las dependencias involucradas, dar total cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo.
Al respecto, le informo que esta Secretaría ha cumplido los compromisos adquiridos, al asignar en tiempo y forma los recursos presupuestales para los programas de desarrollo rural, conforme a lo establecido en dicho Acuerdo Nacional. Asimismo, la Secretaría participó en el proceso de revisión, aprobación y publicación de las reglas de operación de los programas del Gobierno Federal con acciones en el medio rural, en coordinación con las agrupaciones de campesinos y las dependencias responsables de la operación de estos programas.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Director General
Lic. Pablo Reyes Pruneda (rúbrica)
México, DF, 26 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL 59-II-0-123 suscrito el día 9 del actual, por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar 106.323/03, signado por el C. licenciado Israel Hurtado Acosta, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el que da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que solicite al Gobierno de Estados Unidos de América una prórroga de cuando menos seis meses para que las empresas mexicanas exportadoras de alimentos se inscriban en el Registro Federal y cumplan con las disposiciones que impone la nueva legislación contra el bioterrorismo, presentado por el diputado Juan José García Ochoa.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 17 de diciembre de 2003.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia al oficio No. SEL/300/3462/03 enviado el 9 de diciembre de 2003, al C. secretario, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, referente al punto de acuerdo remitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, según el cual dicha Cámara "exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, a la brevedad posible, solicite al Gobierno de Estados Unidos de América una prórroga de al menos 6 meses, a fin de que las empresas mexicanas exportadoras de alimentos puedan inscribirse en el Registro Federal y den cumplimiento a los demás requisitos que impone la nueva legislación contra el bioterrorismo..."
Sobre el particular, y por instrucciones del C. secretario, me permito informarle que todos los asuntos relativos a la Ley Contra el Bioterrorismo, emitida por EUA, han sido discutidos y atendidos dentro de un grupo de alto nivel (GAN) que coordina la Oficina para las Políticas Públicas de la Presidencia de la República y la Secretaría de Economía. Por lo mismo, correspondería a estas instancias de gobierno atender en forma puntual el acuerdo.
Dentro de este grupo se constituyó un subgrupo de cabildeo que mantuvo conversaciones con sus contrapartes de EUA, y en particular con la FDA (Food and Drug Administration), la agencia emisora de la ley, a fin de que se precisaran sus contenidos y alcances, y se permitiera la suficiente flexibilidad para que las empresas mexicanas se adaptaran a las nuevas regulaciones. Estas conversaciones rindieron frutos y derivaron, entre otras cosas, en el establecimiento de un plazo de transición por ocho meses (que vence el 12 de agosto de 2004), durante el cual se pondrá énfasis en las tareas de divulgación y capacitación para cumplir con los nuevos requisitos y sólo se aplicarán sanciones en forma excepcional. Por su parte, esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha participado en las tareas acordadas dentro del GAN y ha sumado esfuerzos con otras secretarías a efecto de tener una aplicación armónica de la nueva ley, que no frene los flujos comerciales ni dé lugar a congestionamientos en la frontera. En lo particular, se han instrumentado las siguientes acciones:
De igual forma, se ha instrumentado una campaña similar de información y divulgación entre las organizaciones de transporte a fin de que se preparen y cumplan con todos los requisitos que impone la nueva ley.
En apoyo a ambas campañas, se ha incrustado en la página web de la SCT (www.sct.gob.mx) una sección especial dedicada a la Ley Contra el Bioterrorismo, en la que se pueden consultar los documentos más relevantes en esta materia.
También se ha promovido la asistencia de funcionarios de la SCT y de transportistas a los cursos de capacitación impartidos por la Sagarpa en diversos estados de la República, lo mismo que a las telesesiones informativas sobre la ley, que fueron transmitidas el 18 y el 23 de agosto pasado.
En forma complementaria, en ocasión de la Reunión de la Comisión Binacional México-EUA, que tuvo lugar en noviembre 12 de 2003, las autoridades de transporte de ambos países acordaron sumar esfuerzos para tener una aplicación ordenada de la ley y mantenerse en estrecho contacto para responder en forma oportuna a cualquier contingencia que se presente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle mis más cordiales saludos.
Atentamente
El Director General
Lic. Israel Hurtado Acosta
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CUATRO CON LOS QUE SE REMITEN COPIAS DE LAS CONTESTACIONES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, Y DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN RELACION A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CAMARA DE SENADORES
México, DF, a 19 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. II-231, suscrito el 18 de noviembre del año en curso por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 300.0656, signado por el C. ingeniero Francisco López Tostado, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que da contestación a los puntos de acuerdo por los que se exhorta a que se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 por 60 millones 500 mil pesos al Plan Maestro de la Citricultura en el Estado de Colima, presentado por el senador Héctor Michel Camarena.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 12 de diciembre de 2003.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Agradeciendo de antemano la información de su oficio SEL/300/3098/03, de fecha 19 de noviembre del año en curso, dirigido al titular del despacho, mediante el cual comenta los puntos de acuerdo aprobados el 18 de noviembre por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante los cuales se exhorta a la Mesa Directiva y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación en su ejercicio 2004, se asignen recursos por 60.5 millones de pesos al Plan Maestro de la Citricultura del Estado de Colima, así como la integración de un fideicomiso conformado por representantes de los gobiernos federal, estatal y del Consejo Estatal del Limón.
En el 2003, se están ejerciendo recursos federales por 68.7 millones de pesos para impulsar el Programa Nacional de Reconversión Productiva de la Citricultura, el cual se compone de 13 proyectos desde la organización de productores hasta la promoción del consumo, buscando el desarrollo de cada uno de los eslabones que integran las cadenas en comento, a través de los planes rectores de cítricos dulces (naranja, toronja, mandarina, limón persa, entre otras), y del limón mexicano en sus diversas entidades productoras.
Los planes rectores para impulsar la competitividad, consideran apoyos de los tres órdenes de gobierno, para impulsar proyectos de investigación y transferencia de tecnología, reconversión productiva, infraestructura poscosecha, así como fortalecimiento de los sistema producto. Todos los proyectos consideran capacitación y asistencia técnica.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
El Subsecretario
Ing. Francisco López Tostado (rúbrica)
México, DF, a 19 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-193, suscrito el día 13 de noviembre último por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 412.-614 signado por el ingeniero Víctor Celaya del Toro, director general de Estudios para el Desarrollo Rural de la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que da respuesta a los puntos de acuerdo por los que se solicita, entre otras acciones, fortalecer los recursos de apoyo a los productores rurales, afectados por las contingencias climatológicas, presentado por el senador Serafín Ríos Alvarez.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Hago referencia a su atento oficio número SEL/300/3015/03, turnado a esta Dirección para su atención, con el que nos comunica los puntos de acuerdo aprobados por la H. Cámara de Senadores en su sesión del 13 de noviembre del año en curso. Al respecto me permito comentarle las acciones instrumentadas por esta dependencia en apoyo a productores afectados por fenómenos meteorológicos en el 2003.
1.- Acciones realizadas
La Sagarpa, en coordinación con los gobiernos de los estados, en el 2003 puso en operación el Programa para Reestablecer la Capacidad Productiva, así como el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC).
1.1.- Programa para Reestablecer la Capacidad Productiva
Estuvo destinado a productores agropecuarios en condiciones de riego afectados principalmente por inundaciones. Contempló apoyos para la adquisición de paquetes tecnológicos, equipos forrajeros, materiales para construcción, paquetes para la recuperación productiva de los traspatios familiares, rehabilitación de infraestructura básica, sanidad pecuaria y suplementos alimenticios.
El programa operó basado en un convenio de colaboración entre los gobiernos federal y estatal, el cual contempla un esquema de coparticipación para la aportación de los recursos (75%-25%). El presupuesto asignado está considerado en Alianza Contigo 2003, pudiéndose apoyar hasta 10 hectáreas por productor.
A la fecha se tienen convenios firmados con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Durango. Datos preliminares indican un ejercicio de 160.0 millones de pesos para la adquisición de paquetes tecnológicos, equipos forrajeros, materiales de construcción, paquetes para traspatio familiar y rehabilitación de infraestructura básica. El estado de Guanajuato ejerció el 60.7% de los recursos, Jalisco 14.1% y el restante 25.2% correspondió a los otros tres estados (anexo 1); se beneficiaron 24,692 productores en posesión de 80,839 hectáreas de cultivo y 10,754 cabezas de ganado (anexo 2).
1.2- Programa del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas
Este programa tiene como objetivo apoyar a los productores rurales de bajos ingresos que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado, que realizan actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras.
También opera basado en un convenio de colaboración entre los gobiernos federal y estatal, mediante esquema de coparticipación para la aportación de los recursos (70%-30%), pudiéndose apoyar hasta 5 hectáreas por productor.
Se han autorizado a la fecha 82.5 millones de pesos, en beneficio de 140,380 productores poseedores de 287,744 hectáreas, 2,622 unidades animal y 5 embarcaciones, asimismo se generaron 168,160 jornales en el medio rural. Cabe destacar que por las últimas contingencias del año, están en proceso de autorización solicitudes por un monto superior a los 80 millones de pesos, de estados como Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Puebla e Hidalgo (anexo 3).
II.- Acciones preventivas
2.1.- Solicitud para que el FAPRACC sea considerado como medida superveniente
Con oficio 510.-5168 del 3 de los actuales, la Sagarpa solicitó a la SHCP que en el marco de las disposiciones para racionalizar el proceso de cierre de gestión presupuestaria para el ejercicio fiscal 2003, el FAPRACC fuera considerado como medida superveniente en virtud de que se caracteriza por atender eventos atípicos e impredecibles que requieren de atención expedita. Cabe destacar que debido a que las contingencias climatológicas se concentran al final del año, esta medida permitiría utilizar una importante cantidad de recursos en este mes de diciembre.
2.2.- Solicitud para constituir un fideicomiso
La acción sustantiva para resolver los problemas relativos a insuficiencia presupuestal tiene que ver con la creación de un fondo con remanentes de ejercicios anteriores, similar al Fonden. Al respecto, vale la pena mencionar que la Sagarpa, mediante oficio número 510.-5102, fechado el 1 de diciembre del año en curso, remitió a la SHCP para su aprobación la propuesta de contrato de fideicomiso FAPRACC. A este efecto sería importante que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a discutirse en el Poder Legislativo, se contemplara la posibilidad de establecer dicho fondo.
Finalmente le informo que se contempló dentro del proyecto de presupuesto para el 2004 un monto de 309.9 millones de pesos para el FAPRACC, lo que representa un incremento de 3.3% en relación a lo programado para 2003.
Quedando a sus órdenes para cualquier información adicional, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Director General
Ing. Víctor Celaya del Toro (rúbrica)
México, DF, 30 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III- 112 de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por el C. Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 349-A- 1487 de fecha 23 del actual, signado por el C. CP Valentín Villa Blanco, Jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación a los puntos de acuerdo, por los que se exhorta a implementar los mecanismos adecuados para que, a los residentes del Municipio de Macuspana, Tabasco, no les afecte en su economía familiar el pago del peaje por el uso del Puente Grijalva, presentado por el Sen. José Moisés Castro Cervantes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
El Subsecretario
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
México, DF, a 23 de diciembre de 2003.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia a su oficio No. SEL/300/2714/03 de fecha 15 de octubre de 2003, mediante el que informa de los puntos de acuerdo aprobados en sesión llevada a cabo el 14 de octubre del año en curso, en los que exhortó a esta Secretaría y a la de Comunicaciones y Transportes a que implementen los mecanismos adecuados para que a los residentes del Municipio de Macuspana, Tabasco, no se les afecte su economía familiar a través del pago de peaje por el uso del puente Grijalva; asimismo, solicita se informe a la Cámara de Senadores sobre las acciones y mecanismos que se lleven a cabo para solucionar dicha problemática. Al respecto, me permito comentarle lo siguiente:
Las cuotas de peaje en los tramos carreteros y puentes a cargo de Capufe, se aplican con el objeto de recuperar los costos de operación, mantenimiento, conservación y modernización en que incurre el organismo por proveer el servicio.
En el caso específico de la plaza de cobro No. 38 del puente nacional Grijalva, la tarifa de peaje considera además del uso del puente un tramo carretero de aproximadamente 30 kilómetros al que Capufe da mantenimiento y conservación.
Parte de los ingresos generados en dicha plaza de cobro se han participado al Municipio para obras de infraestructura vial dentro del municipio, en beneficio de las poblaciones aledañas a la plaza de cobro, y
En la actualidad, se les otorga a los usuarios residentes aledaños a la plaza de cobro un beneficio a través de un esquema tarifario denominado "residentes", mediante el que, a propuesta de Capufe, los usuarios que cumplen con los requisitos y lineamientos establecidos, pagan el 50% de la tarifa de peaje vigente. Actualmente, 402 usuarios están inscritos en este esquema tarifario.
Atentamente
El Jefe de la Unidad
CP. Valentín Villa Blanco (rúbrica)
México, DF, 22 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. II-267 suscrito el día 25 de noviembre último, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito comunicar a ustedes que mediante el similar número 326-SAT-X-2-83046, signado por el C. Lic. Mario Córdova López, administrador central de Fiscalización Aduanera de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones encaminadas a erradicar el problema de la internación ilegal de vehículos extranjeros, presentado por el C. Sen. Carlos Villalobos Organista.
Por lo anterior con el presente anexo copia del oficio a que me he referido, para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
El Subsecretario
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
México, DF, a 12 de diciembre de 2003.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Bucareli, número 99, ler. Piso,
Colonia Juárez, Delg. Cuauhtémoc,
México, Distrito Federal.
Por instrucciones del administrador general de Aduanas, me refiero al oficio número SEL/300/3240/03 del 26 de noviembre de 2003, recibido en esta Unidad Administrativa el 5 de diciembre de 2003, con el que se exhorta a las autoridades y servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para instrumentar de manera inmediata las medidas necesarias a fin de evitar que se sigan internando ilegalmente al territorio nacional, vehículos automotores.
Sobre el particular, me permito hacerle los siguientes comentarios:
1. Medidas de combate a la introducción ilegal de vehículos
Así, dentro del Programa de Operación Aduanera, la Administración General de Aduanas ha establecido, como uno de sus principales objetivos, la realización de diversos operativos y, en general, actos de fiscalización tendientes a verificar la legal estancia de mercancías extranjeras en todo el territorio nacional.
Uno de los fines más importantes dentro de dichos operativos y acciones consiste en la verificación, en el punto de entrada y en todo el territorio nacional, de legal estancia de vehículos de procedencia extranjera.
Finalmente, le comento que hemos tomado en cuenta su solicitud a efecto de considerarla dentro de las acciones que realiza esta Unidad Administrativa para combatir la ilegal introducción de mercancías extranjeras al territorio nacional.
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE JAPON
México, DF, a 22 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. licenciado Francisco Alfonso Durazo Montaño pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno del Japón.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, 15 CON LOS QUE REMITE HOJAS DE SERVICIO DE MIEMBROS DEL EJERCITO MEXICANO PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México, DF, a 3 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación enviando las hojas de Servicios de los ciudadanos
Por lo anterior, acompaño al presente las hojas de servicios de los citados militares, con carácter devolutivo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jaime Godínez Ruiz y Capitán de Navío CG. Diplomado de Estado Mayor Fernando Alfonso Angli Rodríguez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de Chile.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jaime Godínez Ruiz, para aceptar y usar la condecoración Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le confiere el Gobierno de la República de Chile
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Navío CG. Diplomado de Estado Mayor Fernando Alfonso Angli Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Minerva, que le confiere la Armada de la República de Chile.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de enero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica);
Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica);
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica);
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo
Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González
(rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica);
Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles;
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Sen. Rómulo Campuzano
González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica);
Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González
Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez.
DE LA PRIMERA COMISION CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA QUE PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
Honorable Asamblea:
En oficios de fecha 15 de diciembre de 2003, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Amelia Guadalupe Bravo de la Fuente, Jorge Alejandro Garza López, María Elena Garza Malacara, Mónica Payró Duque, Nemesia Alejandra González Farías, Verónica Soto Avila, Luis Arturo Flores Sánchez y Marco Augusto Manrique Sánchez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, en la Embajada y Consulados de Canadá, en México, Monterrey, N.L. y Guadalajara, Jal. y en la Embajada del Reino Unido, en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 7 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, en la Embajada y Consulados de Canadá, en México, Monterrey, N.L. y Guadalajara, Jal. y en la Embajada del Reino Unido, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado C), del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Amelia Guadalupe Bravo de la Fuente, para prestar servicios como profesora de español, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Alejandro Garza López, para prestar servicios como asistente comercial, en la Embajada de Canadá, en México.
ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana María Elena Garza Malacara, para prestar servicios como médico general, en la Embajada de Canadá, en México.
ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Payró Duque, para prestar servicios como analista económico, en la Embajada de Canadá, en México.
ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Nemesia Alejandra González Farías, para prestar servicios como recepcionista, en el Consulado de Canadá en Monterrey, Nuevo León.
ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Verónica Soto Avila, para prestar servicios como asistente comercial, en el Consulado de Canadá en Guadalajara, Jalisco.
ARTICULO SÉPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Luis Arturo Flores Sánchez, para prestar servicios como agregado económico, en la Embajada del Reino Unido, en México.
ARTICULO OCTAVO.- Se concede permiso al ciudadano Marco Augusto Manrique Sánchez, para prestar servicios como agregado comercial adjunto, en la Embajada del Reino Unido, en México.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de enero de 2004.
Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica);
dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica);
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica);
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo
Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González
(rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Sen.
Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles;
Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González;
Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael
Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez;
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFUERCE POLITICAS QUE EVITEN LA DISCRIMINACION QUE SUFREN LAS MUJERES AL MOMENTO DE SOLICITAR EMPLEO EN EL GOBIERNO FEDERAL, Y QUE SEA EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS CON EL HOMBRE, A CARGO DEL SENADOR ADALBERTO MADERO QUIROGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, senador por el estado de Nuevo León integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, ocurro a presentar punto de acuerdo, mediante el cual se solicita al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva implementar, o en su caso refuerce políticas que eviten la discriminación que sufren las mujeres al momento de solicitar empleo en el Gobierno Federal, y se prefiera a ellas en igualdad de circunstancia al hombre que solicite el mismo empleo; y en atención a las siguientes:
Consideraciones
Primera.- El párrafo tercero, del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de igualdad entre los habitantes del país, prohibiendo en consecuencia cualquier tipo de discriminación por razón de origen étnico o nacional, de género, edad, capacidades diferentes, condición social, de salud, religión, o cualquiera que atente contra la dignidad humana, en los siguientes términos:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
En efecto, vivimos tiempos en los que tanto hombres como mujeres deben formar parte de la cadena productiva. Sin embargo, en la práctica, cuando una mujer se presenta a solicitar el empleo que se ofrece en las oficinas que conformar el sistema del Gobierno Federal, tanto en la administración pública centralizada como ante las empresas paraestatales, su sola condición de mujer representa una condición contraria para que le den el empleo, ya que, se aduce por medio del entrevistador, que si es madre de familia estará más proclive a faltar por la atención que debe brindar a sus hijos, y si no es madre de familia, se le niega el trabajo alegándose que al contraer nupcias dejará de trabajar.
Segunda: El sólo hecho de que las mujeres tengan a su cargo una familia, o bien que deban aportar dinero para los gastos familiares, de ninguna manera las descalifica para desempeñar empleos en igualdad de circunstancias que los hombres.
Es falso así mismo que por tener hijos menores de edad, tengan forzosamente que ausentarse del trabajo para atenderlos.
Siendo también falso que las mujeres libres de matrimonio abandonarán el empleo al contraer nupcias.
En este contexto, las dificultades con las que se encuentra la mujer trabajadora son innumerables, el Gobierno Federal como patrón las relega por el simple hecho de su género, actitud que es violatoria de la norma prohibitiva contenida en al transcrito párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política del país.
Tercera.- Debe reconocerse que las políticas laborales actuales imponen barreras y un injusto trato a las trabajadoras, ello en detrimento directo del producto interno bruto del País. Es en la actualidad un hecho notorio que las mujeres mexicanas están capacitadas para desempeñar empleos en igualdad de circunstancias a los hombres.
En este sentido, surge la necesidad de acciones que fomenten el irrestricto respeto al derecho al trabajo de las mujeres. Derechos que además se encuentran contenidos y reconocidos constitucionalmente, en los artículos 4º y 5º de nuestra Ley Suprema. Efectivamente el párrafo primero del numeral primeramente citado indica:
Artículo 4°.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Y por su parte en el también párrafo primero del diverso artículo 5° se ordena:
Cuarta.- En nuestro sistema jurídico el derecho al trabajo debe ser respetado, no se trata de cambiar la práctica discriminatoria en perjuicio de la mujer por perjudicar al hombre. Lo que se pretende es que se les dé el trato humano que merecen.
Así las cosas, deviene necesario que el C. Presidente de la República, en el ámbito de sus atribuciones gire instrucciones a la administración pública federal, tanto centralizada como de empresas paraestatales, a fin de que en caso de que se presenten un hombre y una mujer a solicitar un empleo, en igualdad de circunstancias y de capacidades sea preferida la mujer.
Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno conforme a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: El Senado de la República exhorta al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se sirva implementar, o en su caso refuerce políticas que eviten la discriminación que sufren de mujeres al momento de solicitar empleo en el Gobierno Federal, y se prefiera a ellas en igualdad de circunstancia al hombre que solicite el mismo empleo.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 14 días del mes de enero del 2003.
Sen. Adalberto Madero Quiroga.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES QUE HABRA DE INSTRUMENTAR A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION CONTENIDA EN EL ARTICULO SEXTO TRANSITORIO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, A CARGO DEL SENADOR DEMETRIO SODI DE LA TIJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Consideraciones
En diciembre del año pasado, el Congreso de la Unión dio un paso importante a favor de la protección de los productores de maíz y frijol, al incluir en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos una disposición que busca ofrecerles una protección real, consistente en la posibilidad de contar en todo momento con un comprador que pague por sus cosechas un precio mínimo.
Al inicio del TLCAN el Ejecutivo Federal se planteó operar un programa de transición hasta el 1 de enero de 2008 manteniendo un esquema de precios de garantía para maíz y fríjol. A lo largo de esos años, los precios de garantía se reducirían gradualmente, hasta alcanzar el nivel de los precios de mercado. Estas reducciones, serían compensadas con aumentos de Procampo, para mantener el nivel de ingresos que los productores tenían en 1993.
Sin embargo, ocurrió un proceso totalmente diferente: los altos costos financieros y la inflación absorbieron las ganancias obtenidas entre 1995 y 1996; hacia fines de ese año, los precios internacionales se desplomaron; y la devaluación, que antes había beneficiado a los productores con mejores precios para sus cosechas, se tornó en su contra al encarecer sus costos de producción.
Cuando los productores voltearon la mirada a la Conasupo, ésta ya sólo manejaba "precios de referencia" para un reducido volumen de compras que fue estrechándose cada vez más, hasta que finalmente esta empresa cerró sus puertas en el año de 1999.
De esta forma, un período de transición que originalmente fue contemplado para durar los 14 años, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establecía para liberar por completo las importaciones de maíz y fríjol, quedó reducido a sólo un año.
Hoy en día lo único que queda es: un apoyo de Procampo, que no llega al 70% del nivel que tenía al iniciarse el programa en 1994, cuyos recursos tienden a concentrarse en los agricultores más grandes; apoyos a la comercialización que el Gobierno Federal aplica en algunas entidades del país; y un volumen marginal de maíz, que representa menos del 3% de la cosecha nacional, que es comprado por Diconsa a precios de mercado.
Así pues, la disposición introducida en la Ley de Ingresos respecto a las compras gubernamentales de maíz y frijol a un "precio objetivo", está dirigida a atender a los productores que se encuentren al margen de los actuales programas de apoyos a la comercialización, en las regiones y/o localidades cuyos productores no alcancen los niveles de ingreso objetivo vigentes en dichos programas.
El decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación ya establece en su artículo 53, que los subsidios deberán sujetarse, entre otros, a criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y oportunidad y, en el artículo 55, los lineamientos que deberán observarse en la elaboración de las reglas de operación de los programas de subsidios, para dar cumplimiento a dichos criterios.
Más concretamente, el Decreto del Presupuesto prevé en el párrafo tercero de la fracción VII del artículo 62, que los recursos de los programas de apoyo a la comercialización "habrán de otorgarse con criterios de equidad, canalizando los apoyos de manera diferenciada, para que los productores de las diferentes regiones del país reciban ingresos semejantes por productos equivalentes."
Cabe destacar que actualmente el Decreto del Presupuesto de Egresos ya contempla, en el párrafo octavo del artículo 64-BIS C, las compras gubernamentales de leche fresca del sector social, a un "precio objetivo" que se asegura a través de las compras de Liconsa. También prevé en el inciso e) de la fracción II del artículo 61, la formación de reservas, como una de las líneas estratégicas de la política sectorial para ordenar los mercados y dar certidumbre en el ingreso de los productores agropecuarios.
Si bien ambos esquemas podrían ser instrumentados por Diconsa para los casos de maíz y frijol, está claro que a 15 años de haber iniciado el desmantelamiento de la infraestructura física y de la estructura institucional que permitía ofrecer precios de garantía para 12 productos agrícolas, el Gobierno Federal habrá de encontrar dificultades para operarlos.
Es por ello importante que en el diseño de la operación de un nuevo programa de "precios objetivos" para maíz y frijol, también se considere la participación de los compradores privados, así como la de los propios productores organizados y los Gobiernos de los Estados, donde los apoyos a la comercialización necesarios para garantizar el pago oportuno del precio objetivo, podrían ser canalizados a través de los compradores una vez que hubiesen demostrado sus compras.
Estoy conciente del esfuerzo requerido para emprender esta nueva tarea, en la que todos, gobierno y sociedad, habremos de participar. Sin embargo, también estoy cierto de que ello habrá de permitir avanzar en los propósitos del Programa Especial Concurrente, al "dar certidumbre a los apoyos gubernamentales al sector agroalimentario y pesquero a fin de disminuir la dependencia alimentaria, fortalecer el ingreso de los productores, la generación de empleos y el ordenamiento de los mercados agroalimentarios", entre otros.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en mi calidad de senador a la LIX Legislatura del Congreso, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal que:
Primero.- Informe qué acciones, adicionales a las que actualmente lleva a cabo, habrá de realizar para dar cumplimiento a la disposición contenida en el Artículo Sexto Transitorio, inciso g), párrafo segundo, punto ocho, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, donde se señala que "con relación a los granos de la dieta básica del mexicano, maíz y frijol, el Gobierno Federal actuará como comprador en alianza con el sector privado en todas las Entidades Federativas, de manera que se garantice que los precios objetivos obtenidos lleguen de manera efectiva a los productores".
Segundo.- Evalúe la conveniencia de sustituir el esquema de "ingreso objetivo" por el de "precios objetivos", en los casos en los que se estime que por esta vía se dará mayor transparencia al programa y se hará un uso más eficiente de los recursos financieros en función del propósito de asegurar al productor el pago oportuno de sus cosechas, a los niveles de ingreso que se pretenden.
Tercero.- Con base en el artículo 62, fracción XI, letra B, inciso d), relativo al "Acopio y Comercialización" del Decreto del PEF 2004 y en el párrafo noveno del artículo 64- BIS C del mismo Decreto, modifique las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos, a efecto de que:
a) La elegibilidad de las cosechas susceptibles de apoyo, ya sea vía precios o vía ingresos objetivo, se considere a partir de los precios locales o por micro - regiones y no sólo en función de los precios medios rurales por entidad federativa.
b) Flexibilice los criterios para la definición de "excedentes de comercialización", retirando el requisito de recurrencia; la condición regional de situación de excedente y la exigencia del impacto sobre precios de otras regiones, con el propósito de ampliar el universo de productores elegibles para recibir apoyos a la comercialización.
Cuarto.- Envíe su respuesta por escrito a esta Comisión Permanente más tardar el 31 de enero. Lo anterior, a efecto de poder cumplir con los tiempos dispuestos en el Decreto del PEF, en cuanto a la publicación de las asignaciones presupuestales por programa y entidad federativa, de las reglas de operación y de los objetivos y metas de cada uno de los programas que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 14 de enero de 2004.
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 30 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2004, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, para exigir al Titular del Ejecutivo Federal el cabal cumplimiento del artículo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
La Cámara de Diputados aprobó, en ejercicio de las facultades exclusivas que le otorga el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 30 de diciembre, dentro del presupuesto de Egresos de la Federación en el capítulo III, de las Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria, un artículo 30 en el que se establece un programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas, con base en los criterios que en dicho artículo se señalen.
El Presidente de la República reiteradamente ha declarado que habrá un despido de 50 mil trabajadores al servicio del Estado, según él porque ese es el mandato de la Cámara de Diputados. Sin embargo, soslaya deliberadamente el hecho de que las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal van encaminadas a los mandos medios y superiores de la estructura administrativa de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal.
Lo que la Cámara de Diputados aprobó es el cese del dispendio que hace la alta burocracia, ya que son estos sectores de la media y alta burocracia los que reciben altos salarios y prestaciones que los ponen en un nivel diferente respecto del promedio de ingresos del trabajador mexicano. Por citar tan solo un caso irrefutable y contundente, el gasto que realizó Carlos Flores representante de México ante la OCDE, que importó alrededor de 15 millones de pesos para la oficina y la representación en París.
Las declaraciones del Presidente constituyen una burla a los trabajadores y pretende responsabilizar a la Cámara de Diputados de una decisión de la que los legisladores no somos responsables.
Es un intento más por desprestigiar al Poder Legislativo y enfrentarlo al pueblo.
El Presidente de la República debe cumplir con la obligación constitucional que le impone la fracción I del artículo 89, en la parte que corresponde a la promulgación y ejecución de las leyes que expide el H. Congreso de la Unión.
El Titular del Ejecutivo Federal promulgó el 31 de diciembre pasado el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. Ahora le corresponde aplicarlo estrictamente y tal como lo mandató la Cámara de Diputados, aplicar las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal a la alta burocracia.
Compañeras y compañeros legisladores:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exige al C. Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a que dé estricto cumplimiento al artículo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 14 días del mes de enero de 2004.
Atentamente
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Pedro Vázquez González
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON EL PLAN MIGRATORIO ANUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CARGO DE LA SENADORA SILVIA HERNANDEZ ENRIQUEZ, A NOMBRE DE LA SEGUNDA COMISION DE LA COMISION PERMANENTE
Punto de Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión da la bienvenida al anuncio hecho por el Presidente de los Estados Unidos de América, Sr. George W. Bush, el pasado 7 de enero, para impulsar un plan migratorio. Esta Comisión acuerda enviar una carta a los líderes de la mayoría y minoría en cada Cámara del Congreso de ese país con el propósito de expresarles el interés del Congreso mexicano en que dicha propuesta prospere a la brevedad posible, en bien de ambos países.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días
del mes de enero de 2004.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, ATRAIGA TODOS LOS CASOS DE SECUESTRO QUE SE HAN PERPETRADO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, A CARGO DEL SENADOR ADALBERTO MADERO QUIROGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, senador por el estado de Nuevo León integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, ocurro a presentar punto de acuerdo, mediante el cual se solicita al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva en el ámbito de sus atribuciones, librar las instrucciones del caso a la Procuraduría General de la República, a fin de que ésta se aboque a la investigación y resolución de los delitos de secuestro perpetrados en el estado de Tamaulipas en los años comprendidos del 2002, a la fecha, y en atención a las siguientes:
Consideraciones
Primera.- El irrestricto respeto al derecho de la seguridad es una de las obligaciones más ineludibles del Estado de Derecho. La falta de seguridad pública, así como la impunidad representan un cáncer social que deprime la vida de las personas, obligándolas a vivir en un estado de indefensión con lo cual se merma notablemente la calidad de vida y las relaciones sociales de las personas. Vivir en una sociedad que goce de una tranquilidad y seguridad pública ha sido el principal reclamo de todos los ciudadanos mexicanos, de ahí que las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación y la encomienda de garantizar la plena libertad y los derechos de los millones de ciudadanos que aspiran a convivir con su familia en un ambiente de tranquilidad y paz pública.
La inseguridad pública es uno de los problemas que más afecta la integridad y el patrimonio de las personas. Este fenómeno por desgracia, se ha manifestado en gran escala en los últimos dos años en la frontera noreste del país. Al respecto queremos hacer patente la grave situación que hoy se vive en la zona fronteriza de Tamaulipas, producto de una elevada cantidad de secuestros de la que han sido víctimas habitantes del área metropolitana de la ciudad de Monterrey, quienes por razones de tipo económico y familiar viajan constantemente por carretera al sur de Texas, pasando necesariamente por las ciudades fronterizas del vecino estado de Tamaulipas.
La falta de seguridad y la poca eficacia de los cuerpos de policía de las fronteras mexicanas en más de una ocasión han sido cuestionadas por diversas agrupaciones de derechos humanos y por la ciudadanía en general, que ha sido víctima de la imprudencia y los excesos de aquellos grupos de policías. Sin embargo, lo que se ha vivido en los últimos meses en la franja fronteriza de Tamaulipas rebasa todos los límites de tolerancia y es un foco de alerta que de no resolverse a la brevedad posible, causará una intranquilidad generalizada, así como un pánico tremendo en la población regiomontana y norestense que necesariamente debe de cruzar por las ciudades fronterizas del vecino estado.
Sabemos que la relación que existe entre Nuevo León, Tamaulipas y el estado norteamericano de Texas va más allá de la cuestión económica, es más bien de tipo histórica, en donde se entrelazan relaciones de parentesco, de afectividad, así como de educación y cultura. Este proceso de interrelación lleva más de siglo y medio, y siempre ha generado condiciones favorables para el desarrollo de dichas entidades, por lo tanto, es obligación suprema de las autoridades de ambos lados de la frontera velar porque estos lazos de amistad y de trabajo se den siempre en un marco de seguridad y tranquilidad públicas. No puede, ni debe permitirse que grupos de criminales o personas deshumanizadas pretendan aprovecharse e irrumpir el flujo migratorio que es característico de la zona noreste del país.
En el presente caso nos encontramos que de acuerdo a datos proporcionados por la organización no gubernamental Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos A.C., del mes de enero de 2002, al mes de diciembre del año 2003, en el estado de Tamaulipas se han realizado 333 secuestros (93 en el primer año y 240 en el segundo, lo que da un alarmante incremento de 158 por ciento), de los cuales 34 han culminado con el delito de homicidio, y 232 personas se encuentran "desparecidas". Es importante destacar que la mayor parte de estos secuestros se presentaron en los meses correspondientes a los periodos vacacionales de semana santa, verano y navidad, que presumiblemente es cuando la gente trae consigo mayor cantidad de bienes y dinero.
De acuerdo a la fuente antes citada, los secuestros por comando armado en el 2002 fueron 37, y 163 en el 2003, lo que da un incremento del 341 por ciento; 15 fueron cometidos en el 2002 por grupo policiaco y 19 en el 2003, lo que reporta también un aumento de 27 por ciento; finalmente, 36 fueron realizados por desconocidos en el 2002 y 43 en el 2003, registrándose un aumento de 19 por ciento. En el reporte se establece el estado que presentan las personas que han sido secuestradas: en el 2002 fueron 67 desaparecidos y en el año siguiente 145, lo que da un brutal incremento de 116 por ciento; 4 fueron ejecutadas en el primer año y 30 en el segundo, dando un lamentable y bestial aumento de 650 por ciento; en el 2002 fueron liberadas 21 personas y 63 en el 2003, lo que representa un 200 por ciento; por último, y en contraste, en el primer año mencionado solo hubo un detenido, mientras que en el 2003 solo se detuvieron a dos delincuentes.
En cuanto a las ciudades fronterizas con mayor índice delictivo en materia de secuestros se encuentran: Nuevo Laredo, que en 2002 tuvo 41 y 150 en 2003, lo que da considerable aumento de 266 por ciento; Matamoros con 22 el primer año y 32 el segundo, dando un incremento de 45 por ciento; y Reynosa que en 2002 presentó 16 secuestros y 37 en 2003, teniendo un despunte de 131 por ciento.
Las cifras en mención representan por sí solas un estado de inseguridad para quienes habitan en el mencionado estado de la Federación y sus zonas adyacentes. Más aún, cuando de los secuestros mencionados no existe condena pronunciada por el Poder Judicial de dicho estado, es decir, resulta insultante e hiriente para el Estado de Derecho el grado de impunidad que gozan quienes se dedican a violentar la ley.
A continuación anexamos los datos que proporciona el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos A.C., con el propósito de tener una visión más completa de esta ola de secuestros que se ha apoderado la región fronteriza del estado de Tamaulipas.
Secuestros 2002
Masculino 84
Mujeres 9
Identificados 90
No Identificados 3
Total 93
Ciudad de secuestro
Nvo. Laredo 41
Reynosa 16
Matamoros 22
V. Hermoso 3
Río Bravo 4
Díaz Ordaz 2
Camargo 2
M. Alemán 3
Mier 0
Nvo. Guerrero 0
Total 93
Mes
Enero 12
Febrero 8
Marzo 0
Abril 25
Mayo 3
Junio 2
Julio 6
Agosto 10
Septiembre 2
Octubre 2
Noviembre 6
Diciembre 17
Total 93
Secuestrados por
Comando armado 37
Gpo. Policíaco 15
Desconocido 36
Identificados detenidos 9 de 5 secuestros
Situación Actual
Desaparecido 67
Ejecutado 4
Liberado 21
Detenidos por corporación 1
Secuestros 2003
Hombres 219
Mujeres 21
Identificados 196
No identificados 44
Total 240
Ciudad de secuestro
Nvo. Laredo 150
Reynosa 37
Matamoros 32
V. Hermoso 4
Río Bravo 4
Díaz Ordaz 2
Camargo 1
M. Alemán 6
Mier 1
Nvo. Guerrero 3
Total 240
Meses
Enero 17
Febrero 12
Marzo 17
Abril 22
Mayo 17
Junio 22
Julio 30
Agosto 26
Septiembre 33
Octubre 17
Noviembre 19
Diciembre 8
Total 240
Secuestrados por
Comando armado 163
Gpo. Policiaco 19
Desconocido 43
Identificados detenidos 26 de 15 secuestros
Situación Actual
Desaparecidos 145
Ejecutado 30
Liberado 63
Detenidos por corporación 2
Total 240
Actualizado al 31 de diciembre de 2003
Segunda.- La privación ilegal de la libertad se ejecuta en la gran mayoría de las ocasiones en las carreteras federales que convergen a las ciudades que se indican en la estadística transcrita. Lo que quiere decir que el secuestrado se encuentra en una condición de inferioridad e indefensión, denotándose además por el hecho de no existir condenas en contra de los secuestradores, que nos encontramos ante la presencia de una bien organizada banda de delincuentes que tienen asolado el estado de Tamaulipas.
En tales condiciones es competente para conocer de la investigación de los delitos, así como del ejercicio de la acción penal las autoridades federales, pero solamente en los casos en que la ley permita la atracción de estos delitos que son del orden común al orden federal, correspondiéndole entonces, su intervención a la Procuraduría General de la República. Efectivamente, el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada dispone que cuando tres o mas personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí solas o unidas a otras, tiene como fin o resultado cometer los delitos señalados en dicho numeral, entre los que se encuentra el de secuestro, serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada, expresándose el artículo en cita de la siguiente manera:
"Artículo 2
I. Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis, todos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal;
II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población;
IV. Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud, y
V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales."
Al que prive de la libertad a otro se le aplicará:
I. De quince a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:
b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera, o
c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquier otra.
b) Que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública, o se ostente como tal sin serlo;
c) Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;
d) Que se realice con violencia, o
e) Que la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad.
En los demás casos en que espontáneamente se libere al secuestrado, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere la fracción I anterior, las penas de prisión aplicables serán hasta de tres a diez años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días multa.
III. Se aplicarán de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, cuando la privación de libertad se efectúe con el fin de trasladar a un menor de dieciséis años fuera de territorio nacional, con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o la entrega del menor.
En caso de que el secuestrado sea privado de la vida por su o sus secuestradores, se aplicará pena de hasta setenta años de prisión.
Tercera: De acuerdo a la información que hasta ahora se dispone, resulta que una gran mayoría de personas secuestradas en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, no son oriundas de esos lugares, sino que, radican en estado de Nuevo León. Efectivamente, el paso natural para los Estados Unidos de Norteamérica es el estado de Tamaulipas, ello en consideración a que las empresas proveedoras de insumos para la industria y comercio del estado de Nuevo León, tienen sus asientos en ciudades del estado norteamericano de Texas. Por consiguiente, al tratarse de personas que tienen su domicilio en un estado de la República y son pasivos de un delito grave en diverso estado, hace también que el Ministerio Público Federal tenga competencia para conocer del delito en los términos del artículo 6, del Código Federal de Procedimientos Penales, mismo que establece lo siguiente:
Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10.
Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el juez de cualquiera de éstas o el que hubiera prevenido.
Lo que más llama la atención y que lamentablemente desata desconfianza e inseguridad, es que los principales actores de los atracos son los propios policías tamaulipecos, quienes presumiblemente organizan las bandas de secuestradores, y aprovechando su condición y las ventajas que representa su actividad, con todo descaro e impunidad cometían este delito en serie, sin que ninguna otra autoridad les pusiera un alto a sus fechorías. La libertad con que actuaron durante los últimos dos años estos malhechores hace suponer que en la ola de secuestros están involucradas, o por lo menos tenían conocimiento del caso, las más altas autoridades policiales del vecino estado de Tamaulipas. Al respecto basta analizar la manera tan contradictoria, ilegal y confusa como condujeron las averiguaciones el Ministerio Público de aquella entidad, así como las declaraciones hechas por el titular de la Procuraduría General del estado de Tamaulipas, quien denoto en todo momento falta de veracidad y profesionalismo para enfrentar los cuestionamientos que la prensa, la policía ministerial de Nuevo León y los familiares de los secuestrados le hacían sobre los recientes secuestros.
Para corroborar la falta de ética profesional y de apego a la verdad por parte de las autoridades tamaulipecas basta analizar la documentación que se anexa. De esta se deriva que las autoridades ministeriales de Tamaulipas actuaron en todo momento para desechar y generar el inejercio de la averiguación AP 922/03, iniciada por las autoridades del Ministerio Público de Reynosa a instancia de la denuncia de hechos efectuada el 14 de diciembre por Elía Concepción González Murillo, esposa del ingeniero Cervantes Espeleta y por Enrique Herrera Acuña, amigo de la familia del hoy occiso.
El caudal de irregularidades que se desarrollaron en todo el proceso la averiguación es tan abundante y confuso que solamente citaremos algunas de ellas. En primer lugar destaca la "rapidez" con que se condujo el Ministerio Público de Tamaulipas para hacer creer a la familia del ingeniero Cervantes Espeleta y a la comunidad en general, de que no se había cometido secuestro alguno y que el desaparecido ingeniero, según testimonio de varios testigos, el día que se denunció su desaparición había sido visto en la ciudad fronteriza de Reynosa en compañía de unos amigos celebrando en algunos lugares de esta localidad. Posteriormente, cuando se localiza un cadáver calcinado en el municipio de Mier, ubicado a 100 kilómetros de aquella demarcación, se presume que el cuerpo pertenece al ingeniero Cervantes, practicándose al respecto las pruebas de ADN para determinar sí el cadáver correspondía al del desaparecido. Estas pruebas en Estados Unidos se tardan como mínimo cinco días hábiles para desarrollar todo el análisis, en México se llevan quince días aproximadamente, sin embargo, un día y medio después de que se había encontrado el cadáver, el procurador general del estado de Tamaulipas, Francisco Tomás Cayuela informaba con toda seguridad a la prensa que dicho cuerpo correspondía precisamente al del ingeniero Cervantes Espeleta. Aquí la cuestión elemental es preguntarse de que elementos se valió el mencionado procurador tamaulipeco para asegurar que efectivamente se trataba del cuerpo del ingeniero Cervantes. ¿Y por qué tenía tanta prisa en cerrar el caso?
Otra cuestión que también denota un enorme cinismo e impunidad es que de inmediato que comenzaron las presiones por parte de los familiares y amigos del ingeniero Cervantes para que las autoridades tamaulipecas esclarecieran lo de su desaparición, de inmediato aparecieron testigos que manifestaron haber visto con vida e incluso acompañado al ingeniero los días en que presumiblemente ya estaba muerto. Aquí la cuestión es ¿quién los mandó atestiguar? Y por qué si eran considerados testigos de cargo, no fueron detenidos o indiciados. El colmo del asunto es que uno de esos testigo que en la averiguación aparece como "comerciante", es nada menos que un agente en activo del Ministerio Público de Tamaulipas, que además es uno de los autores materiales del secuestro. Aquí la duda es ¿quién lo mandó a declarar? ¿por qué siendo autor material del ilícito se presentó a declarar estando seguro que no sería detenido ni indiciado? Todo esto lleva a suponer que esta gente se consideraba protegida desde "arriba" por lo que no tenían el más mínimo cuidado para tapar sus fechorías. Por ejemplo, uno de los cómplices del secuestro, detenido en Mc Allen, Texas por el FBI, disponía de dinero en efectivo y de algunos bienes que eran pagados con la tarjeta de crédito del ingeniero Cervantes, usando documentación falsa y usando un automóvil BMW perteneciente a otra de las víctimas secuestradas. ¿Por qué tenía este criminal tanta seguridad para conducir en la franja fronteriza un auto declarado como desaparecido?
De hecho, debemos destacar que el asunto comenzó a sensibilizar a la comunidad, y desde luego, a inquietar a la banda de secuestradores, gracias a la oportuna y sistemática labor periodística de los medios de Nuevo León, principalmente del periódico Milenio Diario de Monterrey, rotativo que a pesar de los obstáculos que le impusieron las autoridades de Reynosa, Tamps., siempre estuvo al día de los acontecimientos y con un alto profesionalismo comenzó a documentar el móvil y las características de algunos de los secuestros.
El lamentable caso del ingeniero Cervantes Espeleta sirvió para poner al descubierto la impunidad de la que gozan los delincuentes organizados en dicha entidad de la República. Por sus prácticas y tipo de delincuentes, estos ilícitos nos hacen recordar lo sucedido en la década de los noventa en el estado de Morelos, en que el que se desenvolvían de manera abierta grupos de secuestradores, que fueron desarticulados en cuanto intervino la Procuraduría General de la República. Ahí se demostró que las más altas autoridades estaban coludidas con las bandas de secuestradores. Aunque nunca se tuvieron las cifras totales de cuántas personas fueron plagiadas en la entidad de Morelos durante los cuatros años del gobierno de Jorge Carrillo Olea, quien no concluyó su periodo constitucional debido a que fue destituido por el Poder Judicial de Morelos, para iniciar la investigación penal relacionada con la detención y los juicios que siguieron en contra de ex funcionarios de su gabinete por encubrimiento de delitos, se calcula que de 1994 a 1997 hubo casi 400 secuestros en dicho estado, siendo una de las bandas más activas la de los Arizmendi, a la que se atribuyen algunos de los plagios por los cuales se obtuvieron botines millonarios. Tan sólo en Cuernavaca, durante 1995 y 1996 se registró un promedio de dos secuestros por semana, la mayor parte de ellos nunca fue denunciado. Si recordamos que este caso causo la indignación de toda la comunidad y fue foco de atención por la magnitud de los delitos, el que hoy exponemos sobre Tamaulipas, por sus proporciones parece igualar, si es que no rebasar, los alcances sociales y políticos de los secuestros perpetrados en el estado de Morelos.
En este sentido, y retomando las experiencias antes mencionadas, resulta conveniente y necesario en aras de la seguridad nacional la intervención de la Procuraduría General de la República, una vez que esta, de las investigaciones que se lleven a cabo, encuentre sustentos legales para proceder a la atracción de tales delitos del orden común al fuero federal y de esta manera se proceda a la investigación y resolución de los delitos de secuestro perpetrados en el estado de Tamaulipas en los años comprendidos del 2002, a la fecha.
La impresión que dejan las diligencias practicadas por las autoridades policiacas de Tamaulipas son más de dudas y sospechas que de convicción de que se actuó conforme a derecho. Todas las interrogantes llevan a suponer que los ilícitos eran perpetrados con pleno conocimiento de las más altas autoridades de aquel estado. Por eso es urgente y necesario que para dirimir todo tipo de dudas y que cada quien sea tratado con todo el peso de la ley, el caso del ingeniero Cervantes Ezpeleta y de los demás secuestros sean atraídos por la Procuraduría General de la República, con el fin de que se aclaren y determinen culpables de una manera más profesional e imparcial. Como el caso particular que hemos señalado hay muchos, así que urge que cuanto antes la autoridad federal ponga freno a esta gavilla de delincuentes.
Por el bien y la seguridad de los ciudadanos del noreste y del país en general, hagamos un frente a la impunidad y la inseguridad pública. No podremos avanzar en el camino a la democracia y al progreso mientras se siga manifestando este cáncer social que tanto ha minado la tranquilidad y la estabilidad de los mexicanos.
Es necesario investigar y establecer la responsabilidad de todas las autoridades relacionadas con la ola de secuestros que han sacudido al estado de Tamaulipas. Esto es de la mayor trascendencia social para demostrar que es posible mantener un Estado de derecho y eliminar la corrupción e impunidad a través de la democracia y la justicia. Si fallamos en esto, fallaremos en devolverle a la ciudadanía la fe en la democracia y la credibilidad en las instituciones, propiciando con ello un clima de inseguridad y violencia generalizada, donde cada quien velará por su seguridad, a costa de los derechos de los demás.
Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno conforme a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, estima necesario solicitar al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva, en el ámbito de sus atribuciones, librar las instrucciones del caso, a la Procuraduría General de la República, a fin de que ésta se avoque a la investigación de los delitos de secuestro perpetrados en el estado de Tamaulipas en los años comprendidos del 2002, a la fecha.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 14 días del mes de enero del 2004.
Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA CUMBRE EXTRAORDINARIA DE LAS AMERICAS Y AL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS, SUSCRITO POR LA SENADORA LETICIA BURGOS OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita senadora, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en los dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda invitar a comparecer al secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, a efecto de que informe sobre los resultados de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en la ciudad de Monterrey los pasados 12 y 13 de enero.
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda invitar a comparecer ante las comisiones correspondientes, al secretario de Economía, Lic. Fernando Canales Clariond, a efecto de sostener un intercambio de ideas en torno al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Tercero.- Se solicita a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Desarrollo Social del Poder Legislativo, evalúar la conveniencia de realizar a la brevedad un proceso institucional de consultas sobre los alcances e implicaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para nuestro país.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 14 días del mes de enero de 2004.
Sen. Leticia Burgos García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA SITUACION DE EMERGENCIA QUE VIVEN LOS AGRICULTORES Y JORNALEROS AGRICOLAS DEL SUR DEL ESTADO DE SONORA, A RAIZ DE LAS HELADAS OCURRIDAS EN LAS ULTIMAS SEMANAS, A CARGO DEL SENADOR RAFAEL MELGOZA RADILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, senadora Leticia Burgos Ochoa, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Senador Rafael Melgoza Radillo, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
Punto de Acuerdo
Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que:
Primero.- Declare en situación de emergencia las zonas de los valles del Mayo y del Yaqui que resultaron afectadas por las heladas de los últimos días de diciembre del año pasado y agilice el otorgamiento de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender estas contingencias.
Segundo.- A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, agilice el pago de los apoyos de Procampo emergente por sequía y disponga el uso inmediato de los recursos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, (FAPRACC), con atención especial a los jornaleros agrícolas y sus familias, que ahora se han quedado prácticamente varados en esta región productora del estado de Sonora.
Tercero.- Promueva, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, la suscripción de convenios con los empleadores agrícolas, para ofrecer atención médica a los jornaleros agrícolas y a sus familias.
Cuarto.- Informe a esta soberanía en un lapso no mayor a 10 días, respecto a las medidas que se hayan tomado para apoyar a los productores afectados del sur de Sonora y, de manera especial, a los jornaleros agrícolas.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 14 de enero de 2004.
Sen. Leticia Burgos Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR UNA REUNION INTERPARLAMENTARIA ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA TRATAR EL PROBLEMA MIGRATORIO ENTRE AMBOS PAISES, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Estos días ha causado gran revuelo la "supuesta" propuesta migratoria del presidente Bush. Se han vertido opiniones en pro y en contra del "ofrecimiento" del gobierno norteamericano a los trabajadores indocumentados mexicanos en aquél país.
Podría pensarse que es una propuesta atractiva, que da un primer paso para llegar a un Acuerdo Migratorio con los Estados Unidos. En realidad creemos que es una mera cortina de humo para buscar el voto de los latinos que viven en ese país con miras a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
Especialmente el gobierno de Bush ha aprovechado la necesidad de los desempleados mexicanos para convertir el acuerdo migratorio en un anzuelo para mantener sometido al gobierno mexicano y que se apoye incondicionalmente su política imperialista ante los pueblos que poseen recursos naturales codiciados por los norteamericanos.
Por desgracia para los mexicanos el actual gobierno se ha empeñado en hacer ver que cualquier propuesta norteamericana sobre la problemática de los migrantes ha sido un triunfo, incluso personal.
Todos sabemos que esto falso, desde el gobierno de Clinton ya existían visos en busca de una salida al problema migratorio. Sin embargo, el presidente Bush dio marcha atrás y mantuvo durante mucho tiempo en un impasse este asunto.
Resulta obvio que en este momento otros intereses personales y de su gobierno hacen que proponga una aparente solución.
Es un hecho incontrovertible que los migrantes mexicanos aportan beneficios muy importantes a ambas naciones. Para nuestro vecino del norte la mano de obra de nuestros compatriotas es ocupada en actividades relegadas por los trabajadores estadunidenses, ya sea por considerarlas denigrantes o porque simplemente no les interesan, además de que muchas de ellas son muy mal retribuidas, en relación con el ingreso promedio del trabajador norteamericano.
En el caso de México son una fuente importante de divisas que alivian de manera fundamental la falta de ingresos para las familias de los migrantes. Se calcula que para el cierre de 2003 por remesas enviadas a México se habrán recibido alrededor de 14 mil 500 millones de dólares.
Por las consideraciones antes expuestas sometemos a esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, acuerda promover con el Congreso de los Estados Unidos de América una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos para analizar y proponer una solución legislativa al problema de los trabajadores migrantes.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los catorce días del mes de enero de dos mil cuatro.
Atentamente
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Pedro Vázquez González
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE MATERIA DE EXPLOTACION DE RECURSOS ENERGETICOS EN MEXICO, A CARGO DEL SENADOR DAVID JIMENEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
David Jiménez González, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de que sea considerado como asunto de urgente u obvia resolución y sea discutido y votado en esta misma sesión, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 11 de enero de 2004, durante la conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro de Canadá, señor Paul Martin, el Presidente de México, Vicente Fox Quesada, señaló que se están explorando y avanzando en definir nuevas vías para ampliar la integración de los tres países de América del Norte, en particular en materia de energía. Añadió que llegar a "tener reglamentaciones comunes, estándares comunes, puede ser algo que nos facilite obtener las metas que estamos buscando" (los tres países, suponemos).
Al respecto, la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República manifiesta su preocupación sobre la posibilidad de que una mayor integración energética con los países vecinos ocurra atendiendo poco o nada el interés nacional de México y, peor aún, que se dé al margen del marco jurídico vigente.
Nuestra preocupación tiene fundamentos reales:
En primer lugar, la política energética del Presidente George W. Bush, expuestas en su Plan Energético Nacional (2001), plantea una serie de acciones en el plano internacional que significan presiones para distintos países en menoscabo de la soberanía nacional de estos últimos. En efecto, los objetivos de la administración Bush respecto al sector energético de América Latina y otras regiones giran en torno a cuatro ejes centrales:
Garantía de suministro. Se trata de que los exportadores de petróleo y gas natural acepten dar a los consumidores estadounidenses tratamiento nacional en tiempos de escasez energética, aceptación que ya obtuvo de Canadá.
Alineación. Se busca que los países se alíen con las posiciones de los EU en materia de energía, en especial, que los países productores de petróleo no participen en la OPEP y no coopere con esa organización en el establecimiento de cuotas de producción o bandas de precios. En todo caso, que sea una cooperación de muy bajo perfil.
Desaceleración del consumo. Se trata de que los países en desarrollo especialmente de aquellos en donde se espera un crecimiento muy importante de la demanda (India, China, Brasil... ) frenen su consumo de energía para que no se ponga en riesgo la disponibilidad y los precios en el plano internacional.
Los permisos otorgados por el Gobierno Federal para instalar plantas regasificadoras de gas natural a lo largo del litoral de Baja California, que procesarán gas traído de lejanos países pero cuyo destino final será el sur de California.
Las exportaciones masivas y crecientes de petróleo crudo hacia los Estados Unidos, a las que próximamente se sumarán las de gas natural según lo plantean altos funcionarios de la presente administración.
Estos días, en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, el Presidente Vicente Fox defiende el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), acuerdo diseñado, promovido y conducido por los Estados Unidos, que no tiene otro objetivo que preservar los intereses económicos y estratégicos de la potencia unipolar en el Continente Americano.
Mediante el ALCA los Estados Unidos buscan, entre otros objetivos, imponer su agenda energética a los países latinoamericanos. Y dicho acuerdo está ampliamente dominado por factores ideológicos. Así, por ejemplo, se tratan de imponer dos ideas:
Que los hidrocarburos son un bien común de toda la humanidad como el sol, la atmósfera, el viento; en consecuencia no hay que pagar rentas al Estado por la explotación de esos recursos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración y aprobación del Pleno de esta Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Comparecencia del Secretario de Energía para que explique la política energética de la actual administración en materia de integración con los Estados Unidos. y hasta que grado se ha llegado.
Segundo.- La entrega de los acuerdos, convenios a los que ha llegado México y los EU en materia de integración energética y hasta donde se ha comprometido nuestro país y que información se ha entregado con motivo de esos acuerdos.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de enero de 2004.
Sen. David Jiménez González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PROMUEVA UN ACUERDO MIGRATORIO BILATERAL JUSTO CON SU SIMILAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCIA LAGUNA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita Diputada Federal Eliana García Laguna del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Un fenómeno demográfico que modifica directamente las relaciones entre México y Estados Unidos es la migración.
Es primordial entender que el flujo migratorio de México hacia E.U. es histórico y producto de diversos factores, entre ellos la falta de oportunidades que se presentan en el país, la crisis constante que vive México y la gran atracción de la economía estadounidense deriva de un contexto asimétrico entre los dos países.
Para México, la migración es un escape de trabajadores que representa una pérdida para el país.
Las características sociodemográficas de los indocumentados mexicanos que van a Estados Unidos muestran que el 91.6% son hombres y el 8.4% mujeres, de los cuales el 80% son menores de 30 años.
Según el Instituto Nacional de Migración indican que el 49% de los migrantes mexicanos hacia la frontera norte son originarios de cinco entidades de la República: Michoacán (15%), Jalisco (12%), Guanajuato (9%), Estado de México (8%) y Zacatecas (5%).
Los migrantes mexicanos contribuyen al funcionamiento de una economía binacional, produciendo y pagando impuestos en Estados Unidos y enviando remesas a sus familiares en México, convirtiéndose en la segunda fuente de ingresos en la República Mexicana. Las remesas que se esperan para este año son de 16 mil millones de dólares. Mientras que los mismos trabajadores indocumentados dejan a los empleadores en Estados Unidos ganancias cercanas a los 120 mil millones de dólares al año, según un estudio de la Universidad de California en San Diego.
La falta de un acuerdo migratorio justo ocasionó que durante el 2003, en su intento por cruzar la frontera de manera ilegal murieran 409 connacionales y un millón fueran detenidos.
La actual propuesta de Reforma a la ley de migración de Estados Unidos que el presidente George Bush dio a conocer, no busca mejorar las condiciones de los migrantes y desde nuestro punto de vista busca llegar a la comunidad hispana en un ambiente electoral.
La iniciativa no reconoce las garantías laborales y el acceso a las prestaciones sociales a las que el migrante debería tener derecho, al trabajar igual que cualquier ciudadano estadounidense.
La propuesta de Bush es una iniciativa unilateral, lo que debe buscar tanto el ejecutivo federal como el poder legislativo es un acuerdo migratorio justo, amplio e integral.
Es importante un acuerdo bilateral entre las dos naciones, la comunidad es mexicana, pero vive y trabaja en Estados Unidos. No podemos dejarlos a iniciativa única de las propuestas del gobierno de Estados Unidos ya que siguen siendo ciudadanos mexicanos.
Por lo antes expuesto solicitamos a esta soberanía la aprobación del siguiente.
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal promueva un acuerdo migratorio bilateral justo con su similar de Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de enero de 2004
Diputada Eliana García Laguna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE INTEGRE LEGALMENTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IPAB, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo que establece la Ley Orgánica del Congreso, la suscrita, diputada María de los Dolores Padierna Luna, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo en relación a la actual conformación y funcionamiento de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Antecedentes
Como se recordará el 12 de diciembre de 1998 el pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura aprobó la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en las consideraciones de la comisión que dictaminó esta ley se señala textualmente lo siguiente: "Vital significado tiene para los integrantes de la comisión que dictamina, resaltar la activa participación del Poder Legislativo en el proceso de evaluación y control de este organismo, dada su importancia social". Por lo anterior, la propia ley estableció en sus artículos 74 y 79 que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario sería administrado por una Junta de Gobierno que se conformaría por 7 vocales; 4 vocales independientes, el Secretario de Hacienda, el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Consideraciones
Uno. Que la mayoría de los vocales aprobados por el Legislativo en su momento ya han concluido sus labores, siendo estos, Alejandro Creel Cobian quién concluyó su labor el 31 de diciembre de 2001; Humberto Murrieta Necoechea quién concluyó su labor el 31 de diciembre de 2002; Bernardo González-Aréchiga Ramírez, quien renunció a su cargo el 1 de mayo de 2003 en repudio de la forma en que se condujeron las cosas en el Instituto; y Adalberto Palma Gómez quien concluyó su labor el 31 de diciembre de 2003.
Dos. Que el actual Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez está imposibilitado por ley para participar en la Junta de Gobierno del IPAB a través del artículo 2º transitorio que textualmente establece "Ninguna persona que haya sido Secretario de Hacienda y Crédito Público, Gobernador del Banco de México o Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en tal carácter, miembro del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro durante el 95 a 97, podrá participar en la Junta de Gobierno del Instituto ni fungir como Secretario Ejecutivo del mismo."
Tres: Que el 26 de febrero de 2003, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó, la designación hecha por el Ejecutivo Federal y nombró a Héctor Tinoco Jaramillo como Vocal del Instituto, en clara fragancia de lo ordenado por el artículo 75 de la Ley del IPAB, que señala que los vocales independientes serán aprobados por "dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión."
(TRANSMÍTASE EL VIDEO POR FAVOR)
Cuatro: Que la inclusión de los vocales independientes se realizó en virtud de que tal y como se señala en las consideraciones que la comisión dictaminó dicha ley, era de vital importancia para el Poder Legislativo tener presencia en la Junta de Gobierno del organismo que se haría cargo de asegurar los depósitos de los ahorradores y que además administraría el costoso rescate bancario.
Cinco. Que además de lo anterior, la inclusión de los vocales independientes fue necesaria en virtud de que paradójicamente quienes integrarían la Junta de Gobierno del instituto eran precisamente las mismas instituciones que instrumentaron el rescate bancario y por lo tanto podían ser hasta las mismas personas que formaron parte del Comité Técnico del FOBAPROA.
Seis. Que la palabra "independiente" estableció claramente su perfil que en suma debe ser, como su nombre lo indica: "independientes", "neutrales" y "ajenos al rescate bancario".
Siete. Que la situación de Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, Vocal independiente en funciones, viola flagrantemente el espíritu y la letra de la Ley de IPAB por haberse desempeñado como miembro y participantes en varias sesiones del Comité Técnico del FOBAPROBA.
Por lo anteriormente expuesto y visto y con fundamento en los artículos de obvia y urgente resolución, del Reglamento General para el Congreso, solicito a esta Presidencia someta a consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Poder Ejecutivo a proponer nuevos vocales para sustituir a Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo quien ni fue elegido por las dos terceras partes de los miembros de la Comisión Permanente ni cumple con los requisitos exigidos por el artículo 75 de la Ley del IPAB; y asimismo suplir el cargo que Guillermo Ortiz Martínez esta imposibilitado por ley a desempeñar en la Junta de Gobierno del IPAB.
Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL INTERVENGA EN EL JUICIO QUE SE SIGUE EN CONTRA DE LOS ECOLOGISTAS RARAMURIS ISIDRO BALDENEGRO LOPEZ Y DOMINGO RIVAS CARRILLO, PRESOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCIA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
La situación de deterioro ambiental por la que atraviesa la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, se ha agravado en últimos tiempos ante la ausencia de medidas de vigilancia y control ambiental por parte de los gobiernos federal y estatal que protejan los bosques de la tala inmoderada y el tráfico de maderas que realizan con total impunidad caciques locales presuntamente ligados a grupos de narcotraficantes.
Ante esta situación, indígenas rarámuris se han movilizado por más de 20 años para defender sus bosques y buscar alternativas de desarrollo que les permitan aprovechar los recursos naturales de manera moderada y autosustentable. La comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua, ha sido por tradición, una de las que con mayor ahínco ha protegido el entorno ambiental de la sierra, e Isidro Baldenegro uno de los principales líderes indígenas que ha defendido el entorno ecológico, logrando con su trabajo de denuncia la suspensión de los permisos de tala otorgados a empresas y caciques de la zona.
Esta labor ha afectado intereses de grupos de poder caciquil en la región y ha tenido como consecuencia que numerosos rarámuris que defienden los bosques hayan sido asesinados, entre ellos, Julio Baldenegro, padre de Isidro. La represión hacia la familia Baldenegro también se ha manifestado a través de amenazas de muerte hacia Isidro y con el encarcelamiento de sus hermanos Trinidad Baldenegro y Gabriel Palma. El 29 de marzo del 2003, agentes de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua se presentaron en casa de Isidro Baldenegro, allanando su domicilio y sin presentar orden alguna y con base a engaños y mentiras lo detuvieron junto con su vecino de nombre Domingo Rivas Carrillo, trasladándolos a la comisaría de la Policía Judicial en Parral en donde los hicieron posar con armas y drogas y los incomunicaron durante dos días. Estas actuaciones han sido la base de un proceso penal plagado de irregularidades puesto que se sustenta en la fabricación de pruebas, argumentando que fueron detenidos en flagrancia, portando armas largas y semillas de marihuana.
Es tan evidente que la detención y procesamiento de los dos indígenas rarámuris es una represalia por su trabajo ambiental y los intereses económicos afectados, que los policías judiciales que detuvieron a Isidro y Hermenegildo, se han negado a comparecer en 5 ocasiones ante el Juzgado Tercero de Distrito "A" para realizar los careos e interrogatorios pertinentes, lo que es prueba de que la pretensión de las autoridades ministeriales, probablemente coludidas con los intereses caciquiles locales, es dilatar el procedimiento y desgastar a los dos procesados.
En diciembre del 2003 y ante la evidente fabricación de delitos en perjuicio de los dos indígenas rarámuris, Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia, exigiendo al gobierno de Vicente Fox su liberación inmediata e incondicional por existir claras muestras de que su encarcelación obedece a razones de índole político y no jurídico.
De igual manera, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 20/2003 en donde documenta las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Baldenegro y por la ilegal detención e incomunicación de la que fueron objeto dichas personas, presumiendo que la detención no se realizó como lo relataron los agentes aprehensores.
La detención y encarcelamiento de Isidro Baldenegro y Domingo Rivas demuestra que la justicia lejos de aplicarse a favor de quienes más la necesitan, es utilizada para reprimir movimientos sociales legítimos y progresistas, encubriendo fuertes intereses económicos. De igual manera, es una muestra de que la política del ejecutivo federal, lejos de impulsar la participación conjunta con el sector indígena en la búsqueda de alternativas para reactivar y proteger el medio ambiente, ha olvidado e incluso reprimido a quienes, como Isidro Baldenegro, exponen sus ideas y denuncian públicamente la ausencia de políticas públicas que protejan el entorno ecológico de las zonas forestales mexicanas, en este caso la Tarahumara.
Por lo antes fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, intervenga en el proceso que se sigue en contra de los ciudadanos Isidro Baldenegro López y Domingo Rivas Carrillo, garantizando la eliminación de cualquier matiz político e implementando las medidas legales necesarias que deriven en su inmediata libertad.
Segundo. Con el debido respeto al principio de separación de poderes establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta al Lic. Octavio Bolaños Valadez, Juez Tercero de Distrito "A" con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, para que al momento de emitir su sentencia dentro de la causa penal 111/2003, lo haga con total imparcialidad e independencia y haciendo efectivo el derecho de presunción de inocencia a favor de Isidro Baldenegro López y Domingo Rivas Carrillo.
Tercero. Se exhorta, tanto a la Procuraduría General de la República, como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, inicien las investigaciones pertinentes para deslindar las responsabilidades de los agentes estatales que detuvieron ilegalmente, incomunicaron y fabricaron delitos en perjuicio de Isidro Baldenegro y Domingo Rivas y a su vez, realizar las investigaciones necesarias para detectar y consignar a los responsables de los delitos ambientales cometidos en la sierra tarahumara con independencia de otros que pudieran darse en la región.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del ejecutivo federal, para que implemente las medidas necesarias y pertinentes para evitar que se siga afectando el entorno ecológico de la Sierra Tarahumara.
Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM, CELEBREN UN HOMENAJE A LA MEMORIA DEL PROFESOR NORBERTO BOBBIO, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS RENE ARCE ISLAS Y VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos Diputados Federales René Arce Islas y Manuel Camacho Solís, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Norberto Bobbio se sorprendería de la enorme influencia intelectual y política que ha tenido en México. A través de sus discípulos y de los líderes políticos y de opinión que leyeron su obra, dejó su huella en nuestro país. No sería exagerado decir que, el Profesor Bobbio, ha sido uno de los pilares más sólidos para fortalecer la calidad del debate político en México y apuntalar la transición a la democracia.
Sus contribuciones a la filosofía del derecho y a las doctrinas políticas, lo convirtieron en uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX. Recordar y, sobretodo, discutir sus ideas políticas en el momento actual, reviste especial trascendencia cuando el proceso de transición a la democracia en México tiene, aún, la necesidad de consolidarse.
Recordar en estos momentos a Bobbio, es contribuir a consolidar las ideas y las instituciones democráticas de nuestro país. Su gran ventaja para el presente mexicano es su compromiso con la libertad que, él, no concebía posible sin la justicia.
Para recordar a Bobbio y tener presentes sus ideas en este momento que vive la Nación, proponemos el siguiente punto de acuerdo:
Unico: Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, celebren un homenaje a la memoria del Profesor Norberto Bobbio. Para ello, se llevarían a cabo, el próximo 3 de febrero, tres mesas redondas sobre la contribución de Bobbio a la filosofía del derecho, la filosofía política y la consolidación de la democracia en México.
Dip. René Arce Islas (rúbrica)
Dip. Manuel Camacho Solís (rúbrica)
Palacio Legislativo, a 9 de enero de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
Por este medio me permito comunicarle que para retomar los trabajos que la Comisión de Trabajo y Previsión Social venía desarrollando en conferencia con la Comisión correspondiente del H. Senado de la República en la LVIII Legislatura, y para imprimirles la necesaria continuidad, la Comisión a mi cargo iniciará formalmente la comunicación y contactos con la Comisión en la materia de esa Colegisladora.
Lo anterior, en virtud de que en sesión ordinaria del 6 de noviembre de 2003 de la Comisión que presido, se aprobó un punto de acuerdo cuya publicación estamos solicitando en la Gaceta Parlamentaria, y que a la letra dice:
Las diputadas y diputados presentes por unanimidad acuerdan:
Evaluar los acuerdos de las sesiones en conferencia, con la Comisión Colegisladora del Senado .. ; y
Con el propósito de aprovechar los avances del estudio y análisis realizados por la comisión de Trabajo y Previsión Social de la L VIII Legislatura y de la comisión colegisladora del Senado de la República, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión por unanimidad deciden continuar con el estudio y análisis de los antecedentes legislativos producto de las sesiones en conferencia.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterar a usted las seguridades de mi consideración más distinguida.
Atentamente
Dip. Enrique Burgos Pinto (rúbrica)
Presidente
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO, DE TRABAJO 2003-2006
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y duodécimo, letra c, del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones, las y los diputados federales integrantes de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, hemos tenido a bien aprobar el plan de trabajo de la Comisión a la que nos honramos pertenecer, mismo que contiene las líneas generales que guiarán los trabajos en pro del federalismo en nuestro país.
Introducción
El federalismo en México fue una reproducción del federalismo de Estados Unidos de América, quienes a su vez recibieron la influencia de Inglaterra, en virtud de que ese país en el siglo XVII germinaba la inquietud de encontrar un nuevo sistema, un cambio de vida, una construcción justa que contemplara los derechos individuales del hombre; pedían una constitución rígida. Más tarde, en Francia se levantaría el pueblo en protesta hacia el sistema impuesto, logrando la famosa carta de "Los Derechos del Hombre y del Ciudadano" "que también era apoyado por el pensamiento de ilustres personajes, cuyas ideas iban engrosando el libro del nuevo sistema que Estados Unidos de América definiría como: federalismo".
El federalismo surgió como una forma de limitar el poder de los reyes, y los sistemas opresivos, centralistas. En México, se adoptó el sistema federalista con el mismo sentido: el de poner límites a los poderes exorbitantes del centralismo de la Colonia.
Tomando en consideración el origen del federalismo, los integrantes de la Comisión del Fortalecimiento del Federalismo, consideramos que nuestro plan de trabajo debe contener como premisa fundamental el visualizar a los Municipios de México como una estructura de Gobierno sin subordinación a los estados, porque las autoridades son resultado del voto, la única fuente legítima de todo gobierno es la voluntad popular. Por lo tanto, coincidimos en que el municipio no es una descentralización por región de la Administración Pública Federal, porque no puede existir descentralización municipal cuando su cuerpo gobernante es elegido por el voto popular libre, secreto y directo.
Por lo tanto, el reto principal a vencer de la LIX Legislatura federal será crear un marco jurídico propicio, conveniente y adecuado que sirva para impulsar, fomentar y enriquecer un verdadero federalismo en México.
El plan de trabajo de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo fundamenta sus prioridades, objetivos y estrategias en las facultades y atribuciones que le otorga la Constitución General de la República y las leyes reglamentarias, pretendiendo que sea ésta una base de análisis y discusión colegiada de los asuntos a tratar y sobre todo que permita arribar a consensos internos, tomando en cuenta que debe ser un referente fundamental para planear las acciones y estrategias a seguir en la elaboración de proyectos de ley.
Tomando como base lo anterior presentamos para el conocimiento del pleno legislativo de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el plan de trabajo 2003-2006 que contiene los objetivos, estrategias y metas a cumplir por esta Comisión, sin dejar de observar lo que establece el artículo 45 numeral 6 inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que "el programa de trabajo de las Comisiones, será en forma anual", por lo que este ambicioso plan proyectado para la presente Legislatura será revisado al término de cada año de ejercicio legal para realizar las modificaciones y adecuaciones que se consideren pertinentes.
Antecedentes de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo
Los antecedentes con los que se cuenta sobre la creación de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo se encuentran en el Acuerdo Parlamentario que fue aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados con fecha 4 de septiembre de 1997 durante la LVII Legislatura.
Cabe mencionar que dicha Comisión, en su origen, fue denominada Especial y debido a ello su fundamento jurídico lo encontrábamos en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que indica que las Comisiones Especiales "se hacen cargo de un asunto específico y cumplido su objeto se extinguirán".
Sin embargo, en octubre del año 2000 la LVIII Legislatura le dio a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo el carácter de Comisión Ordinaria que funcionan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 numeral 3 de la Ley Orgánica y que a la letra dice:
"Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".
Misión
Generar, difundir y optimizar el marco normativo para consolidar y garantizar el desarrollo, fomento e impulso al federalismo mexicano fortaleciendo el pacto federal.
Visión
Tomando en consideración que la República Mexicana se constituyó como una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación, la visión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo será, durante la LIX Legislatura:
A partir de las propuestas presentadas por las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo el objetivo general será fortalecer el marco jurídico que coadyuve en el mejoramiento de las condiciones de los estados y municipios, comprometiéndose a velar en todo momento por que la legislación que se genere sea suficiente y adecuada a las circunstancias actuales, contribuyendo con ello a la modernización y profesionalización de la Administración Pública Municipal, respetando el ámbito de competencia y autonomía de cada estado.
Objetivos específicos
1. Establecer puentes de coordinación y cooperación con los gobiernos estatales y municipales, así como con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
2. Lograr un verdadero federalismo cooperativo donde el gobierno federal y los gobiernos estatales colaboren sostenidamente en el quehacer común de sus respectivas facultades.
3. Mejorar las condiciones de los Municipios y Ayuntamientos cuidando en todo momento por que la legislación generada sea adecuada a las circunstancias reales.
Propuestas recibidas
Elaborar un plan político a la altura de los acuerdos fundamentales que se construyan en el 2004, mismo que deberá contemplar la visión, misión y capacidad organizacional de la Comisión para actuar y procesar las decisiones fundamentales que se llevarán a cabo en los próximos meses. (Diputado César Antonio Chávez Castillo, Secretario)
Determinar si se continuará trabajando con Subcomisiones o no. En caso afirmativo, el diputado Eduardo Bailey Elizondo está interesado en coordinar los trabajos de la Subcomisión de Federalismo Hacendario.
Publicar tres tomos (uno por año de ejercicio constitucional) editados como "Temas Selectos de Federalismo", para lo que también sugiere se invite a colaborar con ensayo y monografías a legisladores locales y federales, gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado, intelectuales, investigadores y catedráticos, cuyo perfil y experiencia en la materia, pudieran proporcionar nivel a las compilaciones. (Diputado Enrique Escalante Arceo, Secretario; diputado Tomás Cruz Martínez y diputada Minerva Hernández Ramos).
Crear una agenda política del federalismo que considere al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo federal y a las entidades federativas, pero que al mismo tiempo los trascienda al expresar los acuerdos en fórmulas e iniciativas legislativas viables para ser integradas a nuestro marco jurídico constitucional y legal. (Diputado César Antonio Chávez Castillo, Secretario)
Se proponen 5 ejes rectores que articulen los trabajos de la agenda:
1) Examinar la distribución de las facultades, funciones, responsabilidades y recursos entre los tres órdenes de gobierno.
2) Apoyar los trabajos de la Convocatoria a la Convención Nacional Hacendaria para resolver el problema del financiamiento. (Diputado César Antonio Chávez Castillo, Secretario; Diputada Edelmira Gutiérrez Ríos, Conamm)
3) Analizar y en su caso suprimir las prohibiciones de las entidades federativas en materia de endeudamiento y asociación.
4) Reforma política del Distrito Federal. (Diputada Minerva Hernández Ramos).
5) Desarrollo Regional y de los Pueblos y Comunidades Indígenas. (Diputado César Antonio Chávez Castillo, Secretario).
Reformas al 115 constitucional para permitir la reelección inmediata de alcaldes. (Diputado Tomás Trueba Gracián, Diputado Eduardo Bailey Elizondo, Conamm)
Reformas al 115 constitucional para facultar al municipio y promover el desarrollo económico y la salud pública en el nivel primario. (Diputado Eduardo Bailey Elizondo, diputado Tomás Trueba Gracián).
Reformas al 116 constitucional para dejar en forma clara los servicios que el estado debe prestar. (Diputado Tomás Trueba Gracián).
De la Ley de Coordinación Fiscal modificar lo relativo al IEPS para que se dé un porcentaje mayor a los municipios en donde haya fábricas de cervezas, licor, tabaco, refrescos y embotelladoras. Quedando para la federación el 50%, un 3% extra a los municipios productores (buscar la propuesta de Orizaba-Tuxtepec). (Diputado Tomás Trueba Gracián).
De la misma Ley de Coordinación Fiscal en el capítulo de aportaciones federales retirar del ramo 33 lo relativo al municipio y repartir esa bolsa en el ramo 28. (Dip. César Antonio Chávez Castillo, Secretario; diputado Tomás Trueba Gracian; la diputada Edelmira Gutiérrez Ríos no coincide con esta propuesta).
Solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se elimine la facultad que otorga a los estados a través de sus distintos órganos de fiscalización que se establece entre el ASF y los que ejercen esa facultad, a través de una nueva dependencia de la Auditoría que aplicará auditorias aleatorias que garanticen la aplicación transparente del ramo 33. (Diputada Edelmira Gutérrez Ríos).
Desaparecer la tenencia vehicular y dejar que los municipios la cobren dejando bien claro que el 80% de lo recaudado es para ellos y el 20% a los estados. Sólo pagarán tenencia los vehículos del año y dos anteriores, en donde el municipio no pueda o no quiera cobrarla, lo hará en forma solidaria el estado (a petición del cabildo con las dos terceras partes de sus integrantes), y se quedará el estado con el 50% de lo recaudado. (Diputado Tomás Trueba Gracián, Conamm)
Establecer convenios de colaboración con instituciones nacionales a efecto de llevar a cabo programas de especialización del tema. (Diputado Tomás Cruz Martínez)
Fomentar la participación de los medios impresos, de audio y video en las actividades, propuestas y programa de trabajo de la Comisión. (Diputado Tomás Cruz Martínez)
Establecer canales de comunicación expeditos con las diversas y múltiples organizaciones sociales. (Diputado Tomás Cruz Martínez)
Crear el órgano de difusión de la Comisión y la inserción de éste en página de Internet. (Diputado Tomás Cruz Martínez)
Sugerir se adquiera el acervo bibliográfico del federalismo en el seno de la Biblioteca de la H. Cámara de Diputados. (Diputado Tomás Cruz Martínez)
Crear el Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal, como órgano de asesoría técnica, consultoría, capacitación, actualización y apoyo institucional a los municipios, dependiente del Congreso de la Unión, tenga en su órgano directivo a la representación de los propios municipios, y cuente con personalidad jurídica y patrimonio propio. (Conamm)
Reformar la Ley de Coordinación Fiscal para que, se incluya a los Municipios como parte de pleno derecho en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. (Diputado César Antonio Chávez Castillo, Secretario; Conamm).
Modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que el rubro de Seguridad Pública que actualmente otorga el 100% a los estados se modifique y que el 60% de ese 100% se asigne directamente a los municipios que tengan la Seguridad Pública preventiva a su cargo y que el 40% restante se asigne a los estados. (Diputada Edelmira Gutiérrez Ríos).
Establecer que los propios gobiernos locales coordinen la prestación del Servicio Civil de Carrera y los programas interestatales y municipales (Diputado Eduardo Bailey Elizondo).
Descentralización de las políticas de fomento agropecuario, construcción y desarrollo de infraestructura de comunicaciones, turismo y proyectos productivos (Diputado Eduardo Bailey Elizondo).
Establecimiento de un catálogo municipal y un sistema de información municipal en el INEGI en colaboración con los organismos federales, estatales y municipales vinculados con la materia. (Diputado Eduardo Bailey Elizondo).
Establecer un Sistema Nacional de Información Hacendaria entre los tres órdenes de gobierno, donde se establezca una clara transparencia de toda la información hacendaria que incida en el gasto federal, de los estados y los municipios. (Diputado César Antonio Chávez Castillo, Secretario; Conamm)
Dar participación a una representación de los municipios en el proceso previo de integración del Paquete Económico para el 2004. (Conamm)
Incorporar todos los ingresos petroleros dentro de los recursos federales participables, eliminando la exclusión actual de los derechos adicionales o extraordinarios sobre extracción del petróleo. (Conamm).
Eliminar el actual vacío legal que impide a los ayuntamientos cobrar el llamado Derecho de Alumbrado Público, DAP. (Conamm)
Analizar y legislar para que los gobiernos municipales tengan plena potestad tributaria en el seno de sus Cabildos, de acuerdo a su condición y desarrollo institucional. (Conamm)
Otorgar a los municipios las facultades de administrar integralmente el régimen de pequeños contribuyentes y destinar el total de esos recursos al fortalecimiento de sus haciendas. (Conamm)
Modificar el artículo 71 constitucional para que los gobernadores tengan derecho de iniciar leyes federales. (Diputada Minerva Hernández Ramos).
Apoyar el voto de los mexicanos en el extranjero. (Diputado Eduardo Bailey Elizondo).
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO, CORRESPONDIENTE A SU REUNION DE INSTALACION FORMAL, REALIZADA EL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2003
Siendo las 9:00 horas del día 14 de octubre del año dos mil tres, en el salón D del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de conformidad a la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 10 de octubre del presente año, para el desahogo de la siguiente orden del día:
1. Verificación de asistencia y presentación de integrantes.
Se verificó la lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. diputados: Ramón Galindo Noriega, Presidente, PAN; Enrique Ariel Escalante Arceo, secretario, PRI; Gonzalo Rodríguez Anaya, secretario, PRI; Francisco Rojas Toledo, secretario, PAN; César Antonio Chávez Castillo, secretario, PRD; Eduardo Alonso Bailey Elizondo, PRI; José Antonio Cabello Gil, PAN; Francisco Chavarría Valdeolivar, PRD; Emilio Chuayffet Chemor, PRI; José Antonio de la Vega Asmitia, PAN; Fernando Donato de las Fuentes Hernández, PRI; Ramón González González, PAN; Luis Antonio González Roldán, PVEM; Minerva Hernández Ramos, PRD; Armando Leyson Castro, PRI; Salvador Marquez Lozornio, PAN; Gelacio Montiel Fuentes, PRD; Armando Rangel Hernández, PAN; Jacobo Sánchez López, PRI; Tomás Antonio Trueba Gracián, PAN.
El diputado Ramón Galindo Noriega solicitó al diputado Gonzalo Rodríguez, secretario, que procediera a verificar el quórum, informando a los asistentes que hasta el momento en la reunión se encontraban presentes dieciocho (18) diputados integrantes por lo tanto se declaró el quórum legal para iniciar la reunión.
2. Intervención del Presidente de la Comisión, diputado Ramón Galindo Noriega (PAN).
El diputado Ramón Galindo Noriega, en su carácter de Presidente de la Comisión, antes de iniciar la reunión de conformidad con el orden del día, solicitó a los diputados asistentes que realizaran una autopresentación.
La presentación de los integrantes dio inicio con el diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, quien comenzó diciendo que es del estado de Hidalgo y es secretario de la Comisión.
Continuó el diputado Francisco Rojas Toledo, quien también es secretario y es diputado por el estado de Chiapas.
Siguió el turno al diputado César Antonio Chávez Castillo, secretario y diputado por el estado de Chiapas.
Continuó el diputado Fernando de las Fuentes, de Saltillo, Coahuila.
Prosiguió el diputado Enrique Escalante Arceo, secretario y diputado por el Distrito 01 de Campeche.
Continuó el diputado Emilio Chuayffet Chemor, diputado federal por el estado de México.
La presentación siguió su curso y tocó el turno al diputado Salvador Márquez Lozornio, quien dijo ser diputado federal por el estado de Guanajuato.
Continuó el diputado Ramón González González, quien dijo ser diputado federal por el estado de Jalisco, Distrito 03, cabecera en Tepatitlán.
Siguió la presentación con el diputado José Antonio de la Vega, diputado federal por Tabasco por el Partido Acción Nacional.
Continuó el diputado Armando Rangel Hernández, diputado federal por el II Distrito de Guanajuato, integrante del Partido Acción Nacional.
Prosiguió el diputado Tomás Cruz Martínez, diputado federal del estado de México por la V Circunscripción.
Continuó el diputado Eduardo Bailey Elizondo, del estado de Nuevo León.
Siguió el turno al diputado Jacobo Sánchez López, quien dijo ser del 04 distrito electoral del estado de Oaxaca, donde existen 90 municipios.
Prosiguió el diputado Armando Leyson Castro, quien dijo ser del IV Distrito con cabecera en Guasave, Sinaloa, del Partido Revolucionario Institucional.
Siguió el turno al diputado Ramón Galindo Noriega, quien es Presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo y proviene del estado de Chihuahua. Asimismo mencionó que para la celebración de ésta reunión se habían enviado invitaciones a todos los actores que se encuentran interesados en el tema federalista, desde el Poder Ejecutivo hasta las Asociaciones de Municipios, la Conago e integrantes de la Comisión del Federalismo en el Senado de la República, ya que el tema es apasionante y será motivo de múltiple debate y discusión.
Invitados especiales:
Siguió la presentación y tocó turno al C. licenciado Héctor Yáñez, quien es director de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Continuó el C. licenciado Ricardo Baptista González, quien es director ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México, AC (AALMAC).
Prosiguió el c. licenciado Rubén Fernández Aceves, quien es director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México, AC (AMMAC).
Continuó el licenciado Carlos Gadsden Carrasco, quien es director general del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.
Dicho lo anterior, el diputado Ramón Galindo Noriega procedió a iniciar formalmente la reunión, para lo cual dio lectura al orden del día mismo que constó de los siguientes puntos: 1) lista de asistencia y presentación de integrantes; 2) declaración de quórum; 3) lectura y aprobación del orden del día; 4) declaración formal de instalación; 5) mensaje del diputado Presidente; 6) asuntos generales; y 7) clausura de la reunión, mismo que fue votado y aprobado con lo cual se dio inicio a los trabajos de la instalación de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
Asimismo, el diputado Ramón Galindo Noriega cedió el uso de la palabra al diputado César Chávez Castillo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien inició dando la bienvenida a los diputados presentes y a los invitados de las diferentes organizaciones municipalistas y procedió a comentar tres elementos con los que se puede comenzar a trabajar y que pueden guiar a un buen término como lo es el fortalecimiento del federalismo. Estos tres elementos son: 1) seguir el principio que marca la Constitución el cual es muy importante para lograr niveles de bienestar en la sociedad y es: la paz social; 2) ser solidarios, es decir, lograr que los estados más desarrollados sean solidarios con los estados menos desarrollados logrando así una verdadera integración nacional; y 3) lograr una reforma al artículo 115 constitucional donde el municipio libre, alcance esa verdadera y real libertad. Asimismo, hizo referencia a la organización de gobernadores ya que comparten los mismos problemas nacionales que el Presidente de la República en la parte de su competencia, terminando con ello su comentario.
El diputado Ramón Galindo Noriega cedió el uso de la palabra al diputado Francisco Rojas, secretario de la Comisión e integrante del Partido Acción Nacional (PAN) quien se declaró municipalista y comenzó diciendo que el cambio de nuestro país empezó en el Municipio, aunque se ha olvidado darle ese empuje a las ciudades, a los municipios, no obstante que ahora existe una autonomía en los municipios por la reforma al artículo 115, que fue uno de los avances de la LVII Legislatura en el año de 1999, donde se deja de ver al municipio como simple administrador y comienza a tomar el papel de gobierno, todavía falta mucho por hacer y se logrará unificando criterios, haciendo un lado las diferencias ideológicas y buscando cómo fortalecer al Municipio. Asimismo, se manifestó a favor de evitar que los gobiernos estatales se vuelvan centralistas, lograr la potestad tributaria, la reelección, las nuevas formas de distribución de los recursos, así como por un federalismo responsable que fortalezca su propia economía, busque el bien común de la sociedad y sea concreto.
A continuación, el diputado Ramón Galindo Noriega procedió a presentar al diputado Emilio Chuayffet Chemor, quien en nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dirigió unas palabras a los asistentes y comenzó diciendo que las intervenciones anteriores a las de él son expresiones de un mismo tema y coinciden en el cómo profundizar y perfeccionar el federalismo. Recordó que en su época de gobernador del estado de México, a veces se reproduce a escala el modelo centralista que se quiere combatir, también recordó la implantación del federalismo en el siglo XIX y que la característica dominante del federalismo ha sido la ruta lineal y se han descubierto dos extremos: 1) la descentralización extrema, disolvente, protectora de feudos personales o de grupo y de injusticia; y, 2) el centralismo abierto o encubierto, que anula la iniciativa y la libertad con el pretexto de que quienes pueden desplegarlas o carecen de recursos o carecen de oficio y experiencia. Por lo anterior, consideró que hay que revisar no sólo los recursos sino las fuentes y las formas de integración de la voluntad nacional, revisar todo el esquema federal para hacer lo conveniente a la modernidad que reclama el país.
El diputado Ramón Galindo Noriega agradeció la participación de los tres expositores y mencionó que todos los presentes han sido llamados a cumplir con una función específica dentro de la redefinición de un nuevo destino para México. Asimismo, mencionó que el tema de federalismo y las autonomías locales se relacionan con dos premisas que hacen que fluya todo lo demás: 1) la libertad de la persona para tomar decisiones sobre su entorno y, 2) la responsabilidad que todos tenemos para sólo realizar aquellas tareas en las que haya productividad.
También invitó a los asistentes a hacer el más grande de los esfuerzos para dar cauce a las diferentes expresiones federalistas, logrando la generación de resultados que permitan avanzar y al mismo tiempo impedir que las posiciones partidarias se vuelvan obstáculos para concretar las metas. Asimismo, sugirió tres puntos importantes en las cuales ésta Comisión puede participar en pos del avance del federalismo: 1) ser eje que permita el movimiento del país hacia el nuevo esquema de libertad que reclama el ciudadano desde su lugar de vivencia y convivencia; 2) ser la plataforma que impulse a México hacia el aprovechamiento integral de la iniciativa personal y comunitaria, y 3) que todos entendemos que la meta federalista se debe definir por los espacios de libertad que desde aquí, la Cámara de Diputados, se pueda construir.
Dicho lo anterior, procedió a la instalación formal de la Comisión, por lo que el diputado Ramón Galindo Noriega, solicitó a los presentes ponerse de pie.
3. Declaración de instalación formal de la Comisión.
La instalación formal de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo fue realizada por el diputado Ramón Galindo Noriega, Presidente, quien comenzó diciendo que siendo las nueve (9) horas con cincuenta y seis (56) minutos, del día catorce (14) de octubre del año dos mil tres (2003), se declara solemnemente instalada la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados.
4. Asuntos generales.
En asuntos generales el diputado Ramón Galindo Noriega comenzó informando a la concurrencia sobre una reunión informal que sostuvieron los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión para abordar temas sobre la forma en que trabajará la Comisión.
Como punto específico, se sometió a la consideración de los diputados la propuesta de realizar las Reuniones Plenarias el segundo miércoles de cada mes, a las nueve treinta (9:30) de la mañana y trabajar con libertad de horario en los casos en que se requiera sobre todo cuando se tenga que trabajar en las iniciativas. Dicha propuesta fue aprobada.
Otro punto importante es la revisión de las iniciativas que la Legislatura anterior recibió, mismas que se acordó fueran entregadas en un disquete a todos y cada uno de los diputados integrantes de la Comisión, propuesta que también fue aprobada.
Se concedió la palabra al diputado Emilio Chuayffet Chemor quien sugirió una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para crear la figura de caducidad de la instancia o la prescripción para que en los primeros tres meses de inicio de una Legislatura, se especifique cuáles iniciativas ya no existen como interés jurídico ni como parte de la tarea legislativa que deba realizar una Comisión. Dicho punto fue considerado por el diputado Ramón Galindo Noriega, quien comentó que además de ser una propuesta bastante interesante por lo que consideró la probabilidad de que alguna Subcomisión trabaje sobre ello.
El siguiente punto de los asuntos generales fue comentar sobre la elaboración del plan de trabajo para lo cual, el diputado Ramón Galindo Noriega, sugirió que todas las propuestas o ideas que se quieran insertar en dicho documento se presenten a los secretarios o al mismo Presidente de la Comisión, en un plazo no mayor de una semana o diez (10) días como máximo, para que la Mesa Directiva las considere y se elabore un plan de trabajo integral mismo que sería presentado en la próxima reunión que celebre la Comisión a más tardar en quince (15) días, para hacer los ajustes correspondientes y se presente ante las instancias que corresponda. Dicha propuesta fue aprobada.
Asimismo, se mencionó que a partir de la elaboración del plan de trabajo se decidirá la necesidad de la integración de Subcomisiones. De igual forma, se consideró la necesidad de realizar reuniones con las instancias de gobierno u otros organismos que tienen interés en el tema para que realicen las presentaciones de los trabajos que han estado generando, como la recibida por la Asociación Mexicana de Municipios que fue elaborada por alcaldes y ayuntamientos de todo el país sin distingo de afiliación política.
El diputado Ramón Galindo Noriega concedió el uso de la palabra al licenciado Carlos Gadsden Carrasco, director general del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, quien solicitó la oportunidad para presentar el Programa Especial para un Auténtico Federalismo, que es del Poder Ejecutivo, por lo que el diputado Ramón Galindo Noriega comentó que se están considerando varias reuniones con la Secretaría de Gobernación, la Comisión respectiva del Senado de la República, con la Conago y con las asociaciones de municipios.
Dicho lo anterior y como último asunto general, el diputado Ramón Galindo Noriega procedió a presentar a el licenciado Rubén Fernández Aceves, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México, AC (AMMAC), quien presentó la agenda legislativa de reforma hacendaria y otros documentos a favor de la reforma municipal productos del consenso de las asociaciones de municipios de todo el país.
5. Clausura de la reunión.
No habiendo más asuntos que tratar, se declaró oficialmente la clausura de la sesión de instalación de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, en el mismo día en que se inició.
Diputados: Ramón Galindo Noriega (rúbrica), Presidente; Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), secretario; Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica), secretario; Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica), secretario; César Antonio Chávez Castillo (rúbrica), secretario.
Lista de asistencia
Galindo Noriega Ramón (rúbrica)
Presidente
Rojas Toledo Francisco (rúbrica)
Secretario
Rodríguez Anaya Gonzalo (rúbrica)
Secretario
Escalante Arceo Enrique Ariel (rúbrica)
Secretario
Chávez Castillo César (rúbrica)
Secretario
Cabello Gil José Antonio (rúbrica)
González González Ramón (rúbrica)
Gutiérrez Ríos Edelmira
De la Vega Asmitia José Antonio (rúbrica)
Marquez Lozornio Salvador (rúbrica)
Trueba Gracián Tomás Antonio (rúbrica)
Rangel Hernández Armando (rúbrica)
Laguette Lardizábal María Martha Celestina
Baeza Terrazas José Reyes
De las Fuentes Hernández Fernando Donato (rúbrica)
Osorio Chong Miguel Angel
Chávez Dávalos Sergio Armando
Chuayffet Chemor Emilio (rúbrica)
Bailey Elizondo Eduardo Alonso (rúbrica)
Sánchez López Jacobo (rúbrica)
Islas Hernández Adrián Víctor Hugo
González Canto Félix Arturo
Uscanga Escobar Jorge
Leyson Castro Armando (rúbrica)
Duarte Olivares Horacio
Montiel Fuentes Gelacio (rúbrica)
Hernández Ramos Minerva (rúbrica)
Chavarría Valdeolivar Francisco (rúbrica)
Cruz Martínez Tomás
Ramírez Cuellar Alfonso
González Roldán Luis Antonio (rúbrica)
A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 14 de enero de 2004, a las 11 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión con funcionarios de la Subsecretaría para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se llevará a cabo el miércoles 14 de enero de 2004, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión informativa con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Lic. Josefina Vázquez Mota, y el director del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, Lic. Pedro Borda Hartman, sobre sus programas de atención a grupos vulnerables, que se efectuará el lunes 19 de enero de 2004, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Adriana González Furlong
Presidenta
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 21 de enero de 2004, a las 13 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
6. Agenda legislativa:
a) Minuta del Senado sobre el Tribunal Superior Agrario;
b) Minuta del Senado sobre la Procuraduría Agraria;
y
c) Rezago legislativo.
7. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el lunes 26 de enero de 2004, a las 12 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión plenaria, que se efectuará el lunes 26 de enero de 2004, a las 15 horas, en los salones B y C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
Al seminario América Latina: hacia la reforma del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas, organizado conjuntamente por la Comisión y el Senado de la República, que se realizará el lunes 26 y martes 27 de enero de 2004, en las instalaciones de la honorable Cámara de Senadores ubicadas en la calle de Donceles número 14, colonia Centro.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la primera reunión de trabajo de su Primera Subcomisión, "Administración en Salud", que se efectuará el martes 27 de enero de 2004, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio F, segundo nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión plenaria, que se efectuará el martes 27 de enero de 2004, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A la reunión de instalación de su Consejo Consultivo, que se llevará a cabo el miércoles 28 de enero de 2004, a las 9 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La reproducción asistida en México y sus expectativas, que se realizará el miércoles 28 de enero de 2004, a las 9 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su tercera sesión plenaria, que se realizará el miércoles 28 de enero de 2004, a las 15 horas, en salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A su sexta reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 28 de enero de 2004, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día