De conformidad con lo que dispone el artículo 2, numeral 2, inciso c, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones:
CC. Secretarios
Cámara de Diputados
Presentes
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.- Se exhorta el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada, para que al hacer referencia a los diputados y diputadas de esta honorable Cámara de Diputados lo haga con el respeto que merecen todas y cada uno de los integrantes de esta soberanía.
Segundo.- Se apercibe a los ciudadanos Lic. Francisco Gil Díaz Miranda, secretario de Hacienda y Crédito Público y la C. Xóchitl Gálvez Gutiérrez, directora general para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de que llamar al incumplimiento de las normas expedidas por esta honorable Cámara de Diputados, conlleva a caer en el desacato.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el segundo día del mes de diciembre del año dos mil cuatro.
Dip. Francisco Barrio Terrazas
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús E. Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado en votación nominal. Diciembre 2 de 2004.)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A QUE ACATE LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y HAGA PÚBLICA LA RELACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS AL MARGEN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
CC. Secretarios
Cámara de Diputados
Presentes
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el Inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la materia objeto del presente, misma cuyo original se anexa, presentada por el Diputado Pablo Franco Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual fue analizada por este órgano de gobierno en sesión de trabajo celebrada el 1º de diciembre del presente, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en acatamiento a los dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a la brevedad haga pública, en los términos que previstos por esa Ley, una relación de los servidores públicos designados en toda la Administración Pública Federal para puestos de director general, director de área, subdirector, jefe de departamento, enlaces, adjuntos y sus homólogos, cualquiera que sea la denominación, realizados a partir de la entrada en Vigor de la Ley del Servido Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, adjuntando una relación de los concursos, procedimientos y criterios aplicados para ello.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el primer día del mes de diciembre del año 2004.
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
Dip. Emilio Chuayffet Chermor (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
C. Pablo Franco Hernández, diputado federal a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad al artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, me permito someter a la consideración de esta asamblea soberana la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero.- El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala como uno de los compromisos del Ejecutivo de la Unión, consolidar la Administración Pública Federal a través de la profesionalización de servidores públicos que garanticen la continuidad y operación de los planes y programas de gobierno.
Segundo.- En cumplimiento a dicho compromiso, el 10 de abril del 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, misma que entró en vigor el 10 de septiembre del mismo año.
En el artículo segundo transitorio se estableció un plazo de 180 días para que el titular del Ejecutivo federal publicara el reglamento de la ley, el cual igualmente fue publicado en la citada gaceta gubernamental el 2 de abril del año en curso.
Tercero.- Es el caso que aprovechando la vacatio legis de la ley, o sea el término de 180 días para que ésta entrara en vigor, el Ejecutivo realizó múltiples despidos injustificados de directores generales, directores de área, delegados estatales, jefes de departamento y otros funcionarios de rangos análogos nombrando inmediatamente a sus sucesores sin apegarse a los concursos públicos abiertos señalados en la Ley del Servicio Profesional.
Cuarto.- Una vez terminado el plazo de los 180 días mencionados, continuaron los despidos de servidores públicos de mandos medios y superiores, justificándose en un acuerdo administrativo emitido por el secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de este año.
En el artículo cuarto del acuerdo, la mencionada dependencia estableció: "que se aprueben temporalmente durante 2004, puestos de libre designación conforme a lo siguiente: hasta un 3% de los puestos de cada uno de los rangos que comprende el Sistema..." En este párrafo la Secretaría de la Función Pública se autorizó a sí misma un plazo extra para designar puestos de libre designación, en virtud de que el término de los 180 días no le fue suficiente para realizar todos los despidos deseados.
Por si fuera poco, en una fracción II del mismo artículo, de motu propio la Secretaría se autoriza a designar libremente a titulares de delegaciones, representaciones u oficinas de las dependencias en las entidades federativas, sin ceñirse al proceso estipulado en la Ley del Servicio Profesional.
Quinto.- Dicho acuerdo contraviene disposiciones de la Ley del Servicio Profesional, en virtud de que ésta solamente autoriza a realizar nombramientos en casos excepcionales... cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan circunstancias que pueden provocar pérdidas o costos adicionales importantes... y en el caso que nos ocupa, no se actualizan tales situaciones.
Sexto.- Por las consideraciones vertidas, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Profesional, los nombramientos autorizados sin apegarse a los procesos de ingreso previstos en la misma, deben ser nulos de pleno derecho. Asimismo, de acuerdo al citado transitorio, deben ser causa de responsabilidad del servidor público que los hubiera autorizado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía popular, la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, que en acatamiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a la brevedad haga pública, en los términos previstos por esa ley, una relación de los servidores públicos designados en toda la Administración Pública Federal para puestos de director general, director de área, subdirector, jefe de departamento, enlaces, adjuntos y sus homólogos, cualquiera que sea la denominación, realizados a partir de la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, adjuntando una relación de los concursos, procedimientos y criterios aplicados para ello.
Segundo.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo provisto en el último párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, anule los nombramientos de directores generales, directores de área, subdirectores, delegados estatales y demás servidores públicos realizados posteriormente a la entrada en vigor de la citada ley sin ceñirse a los procesos establecidos en la misma.
Tercero.- Que el titular del Poder Ejecutivo federal instruya a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que suspendan la autorización de nuevas designaciones sin ceñirse a los procesos establecidos en la ley de la materia.
Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que de inmediato inicie los procesos de responsabilidades a que haya lugar, derivadas de los nombramientos señalados en esta proposición, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre del 2004.
Atentamente
Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica)
(Aprobado en votación económica. Diciembre
2 de 2004.)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA, POR EL QUE LAS FUERZAS POLÍTICAS REPRESENTADAS EN ESTA CÁMARA DE DIPUTADOS EXPRESAN SU RECHAZO AL LINCHAMIENTO OCURRIDO EL PASADO 23 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC DE ESTA CIUDAD, EN EL QUE PERDIERAN LA VIDA DOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
CC. Secretarios
Cámara de Diputados
Presentes
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, misma cuyo original se anexa, presentada por el diputado Raúl Leonel Paredes Vega, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual fue analizada en la sesión de trabajo de este órgano de gobierno, celebrada el 1° de diciembre del presente, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados expresan su rechazo al linchamiento ocurrido el pasado 23 de noviembre en la delegación Tláhuac de esta ciudad, en el que perdieran la vida dos integrantes de la Policía Federal Preventiva.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el primer día del mes de diciembre de dos mil cuatro.
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a que las fuerzas políticas representadas en esta H. Cámara de Diputados expresen su rechazo al linchamiento ocurrido el pasado 23 de noviembre en la delegación Tláhuac de esta ciudad, en el que perdieran la vida dos integrantes de la Policía Federal Preventiva
Honorable Asamblea:
El que suscribe, diputado federal Raúl Leonel Paredes Vega, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes
Considerandos
Es preocupante cómo cada día se multiplican en los noticiarios nacionales e internacionales las notas acerca de un desafortunado fenómeno social que se manifiesta peligrosamente en nuestra sociedad y me refiero al linchamiento, que es básicamente de origen norteamericano; en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, momento en que ocurrieron muchos linchamientos en Estados Unidos, especialmente victimizando individuos de raza negra.
El linchamiento involucra tres aspectos principales: la crueldad, la cobardía y la inutilidad de su práctica.
Es cruel porque se mata lentamente, minando las fuerzas del agredido con golpes sucesivos, postrando a la víctima paulatinamente y dejándola sentir lentamente el dolor y la muerte. En ocasiones este acto se termina con la incineración, que pareciera ser un premio a los vencedores.
Es cobarde porque se reúnen varios hombres y atacan a uno, dos o, como máximo, tres, actitud absolutamente pusilánime. La falta de coraje salta a los ojos cuando observamos el hecho de que el linchamiento es siempre precedido por la reunión de los verdugos, nunca actuando aisladamente.
Y es inútil porque la violencia jamás será combatida con violencia.
Por otro lado, el aumento de la violencia, aliado a la falta de confianza de la población en el castigo de los infractores, motiva actos de esta naturaleza. La creencia de que la policía no puede dar cuenta de la violencia o al menos de reducirla acarrea el deseo de tomar la justicia en propia mano, sin aguardar que lo haga la autoridad.
En ese punto resulta exactamente el mayor error de quien participa de un linchamiento (y de quien lo aplaude o lo acepta). El grupo agresor acusa, defiende, juzga y ejecuta, sin que sea dada al "acusado" (por sí mismo o por tercero) oportunidad de defenderse, además de impedir a las autoridades la posibilidad de aplicar el debido proceso legal y según el cual es vedado el juicio a un ciudadano sin que le sea asegurado un proceso legalmente constituido, garantizando al acusado su derecho a la más amplia e irrestricta defensa.
La socióloga Jacqueline Sinhoretto define los linchamientos como "prácticas colectivas de ejecución sumaria de personas consideradas criminales". Su característica diferenciadora de otro tipo de ejecución sumaria es su carácter de acción única; es decir, el grupo linchador se forma en torno de una víctima, o grupo de víctimas, y después de la acción se disuelve. Por eso se dice de los linchamientos que son acciones espontáneas y sin previa organización.
Se observa que este fenómeno, además de infortunado por todo lo dicho, también lo es por la auténtica posibilidad de no matarse a un culpable, sino eliminar a un inocente, hecho bastante probable a la vista de la precipitación y rapidez con que ocurre la acción.
Todo esto nos debe llevar a la siguiente reflexión: si errores judiciales ocurren no obstante el referido proceso de ley, ¿qué pensar de este tipo de sentencias sumarlas?
En el error cometido por un juez, el sentenciado posee la posibilidad incluso de una reparación civil, sin hablar de la devolución de la libertad física (si aún es posible, evidentemente). Al contrario, en el error perpetrado por los linchadores no existe ningún tipo de reparación del daño y sí, en cambio, se tienen el dolor y la impotencia de los familiares de las víctimas.
Otro dato escalofriante en todos los linchamientos es la falta de castigo de los perpetradores, por ser difícil la identificación, por la falta de testigos disponibles o, aún peor, por el poco interés en averiguar el delito pues, a lo que parece, la muerte del supuesto autor de un crimen es mucho más cómoda que el trabajo de averiguar la responsabilidad penal de los autores. La falta de castigo, como es lógico, lleva a la repetición de los actos ilícitos.
Por lo que respecta a nuestro país, el pasado 23 de noviembre una multitud enardecida de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, DF, golpeó y quemó vivos a Víctor Mireles Barrera y Cristóbal Bonilla Colín, y dejó malherido a un tercer agente, de nombre Édgar Moreno Nolasco. Estos tres agentes estaban bajo el mando de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal Preventiva.
El pretexto para este acto fue que los agentes eran secuestradores, según aseguraron algunos vecinos. Mientras por radio y televisión se daba seguimiento a este hecho, los policías afirmaban que estaban investigando narcomenudeo en la zona, proporcionando en ese momento teléfonos a los medios para que se comprobaran sus argumentos. Sin embargo, estos dos agentes están muertos, y es importante tomar en consideración lo fácil que es azuzar a una multitud para que cometa ese tipo de actos, bajo el ingenuo argumento de que "si la justicia no actúa, el pueblo tiene que actuar". Jamás la violencia será combatida con más violencia. Es importante que nos sumemos a la reflexión y busquemos vías para que este tipo de actos cese.
Por lo anteriormente expuesto, el de la voz propone a esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Que las fuerzas políticas representadas en esta H. Cámara de Diputados expresen su rechazo al linchamiento ocurrido el pasado 23 de noviembre en la delegación Tláhuac de esta ciudad, en el que perdieran la vida dos integrantes de la Policía Federal Preventiva.
Segundo. Exhortar al Presidente de la República y al Jefe del Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, finquen responsabilidades, en su caso, a los funcionarios responsables de impedir el mencionado linchamiento.
Dip. Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica)
(Aprobado en votación económica. Diciembre
2 de 2004.)
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la Comisión de Participación Ciudadana, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.
Exposición de Motivos
La participación ciudadana es indispensable para la construcción de un país incluyente, moderno y democrático; nos corresponde a nosotros, como servidores públicos, circunscribir su participación por un bien común.
En México ha ocurrido, en innumerables ocasiones, que la ciudadanía, a través de asociaciones civiles, religiosas o incluso políticas, rebasen cualquier expectativa de solidaridad, atendiendo sus necesidades y la de sus vecinos, conectándose con los más afectados ante un desastre natural o ante los abusos perpetrados por terceros.
Ya desde 1985, la sociedad civil esbozó su capacidad de respuesta solidaria cuando un sismo sacudió la capital. La capacidad de respuesta institucional se vio desbordada ante tanta desventura y fue la ciudadanía quien dejó manifiesto su capacidad y vocación de servicio para vencer la adversidad y procurar el bien común.
La sombría apatía de algunos gobiernos al no resolver problemas cotidianos que afectan la calidad de vida de su electorado permite que las dificultades, que alguna vez fueron banales, cobren fuerza y complejidad en el tiempo.
La pobreza, el desempleo, la marginación o el deseo ancestral de vivir mejor, son demandas que la colectividad no puede saber, en todo momento, como satisfacer y requieren de orientación.
Detrás de los grandes conflictos, como el agrario, que tanto afecta el campo mexicano, pueden existir elementos que encontraron fortaleza en la apatía de sus gobiernos y han derivado en cacicazgos, narcotráfico, grupos paramilitares, movimientos armados o luchas de poder entre comunidades. Estos elementos hacen sumamente complejo encontrar una solución ciudadana consensuada, hecho que puede con facilidad solventar un escenario de participación con violencia, donde lejos de solucionar conflictos los agraven.
En algunas urbanizaciones, antes de que los grandes conflictos se apoderen del escenario, las asociaciones de residentes han encontrado un medio optimo de comunicación y cooperación económica que les permite resolver problemas cotidianos que aquejan a su comunidad.1 Problemas de seguridad, recolección de basura, alumbrado, bacheo, señalización y estética urbana, son aparentemente insignificantes pero su abandono deriva en anarquía.
Estas asociaciones, al atender y resolver problemas que afectan a su población, logran una plusvalía de su patrimonio, así como una sensible mejora en su calidad de vida y la de sus vecinos, mejorando con ello la integración de su identidad social.
La participación ciudadana ha tomado un nuevo cause en 17 estados de la República,2dado que se ha implantado el programa Iniciativa Ciudadana 3x1.3 Este programa impulsa las iniciativas ciudadanas que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, efectúan proyectos que mejoren las condiciones socioeconómicas de la población, sobre todo en comunidades con alto índice de migración y en condiciones de pobreza extrema.
Con estas acciones, se logró aumentar la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno con los migrantes mexicanos interesados en la superación de la pobreza en sus comunidades de origen. Infortunadamente, otros más de 100 millones de mexicanos que no han emigrado al norte siguen adoleciendo, día a día, las carencias que aquejan a sus comunidades sin un programa integral de desarrollo que los incluya.
Debemos comprender que la demanda ciudadana se resume en el primitivo deseo que tenemos de vivir mejor, mejor en todo. Como parte de las aspiraciones genéricas de todo individuo figura el vivir en un lugar más limpio y dotado de hermosura, con mejores servicios, con árboles y jardineras, con parques, plazas y fuentes, con zonas donde los vecinos puedan conocerse e intercambiar ideas, con espacios donde sus hijos puedan jugar y crecer sanamente.
Ciertamente, es fácil argumentar que dentro de las necesidades que un gobierno municipal debe satisfacer a través de obra pública, figuran asuntos más urgentes que el embellecimiento estético de la mancha urbana; sin embargo, eso no significa que el contenido estético y la planeación urbanística carezcan de importancia,4 sino que los recursos son tan limitados que no permite atender todas las necesidades que demanda la sociedad.
Irónicamente, el presupuesto permite sufragar otros gastos tal vez menos importantes o innecesariamente efímeros; tal es el caso de los altos costos publicitarios de las contiendas político-partidistas en tiempos de campaña.
La estrategia proselitista de atraer el voto ciudadano a través de inundar las calles con carteles persuasivos, pone de manifiesto el hecho de que los recursos económicos destinados a la democratización de México, pueden llegar a cualquier rincón del país, sin embargo, los recursos destinados a esa forma de "democratización" ensucian el paisaje, no informan a la ciudadanía y luego de la contienda electoral se convierten en toneladas de basura infructuosa, sin que el ciudadano haya recibido nada útil a cambio del gasto de ese recurso.
Si los aspirantes a ocupar puestos de elección popular, en lugar de saturar a la ciudadanía con agotadoras jornadas mediáticas, se hicieran difusión a través del reconocimiento público por la ejecución de proyectos de mejoramiento estético urbano de los barrios o colonias que pretende gobernar; el contexto democrático de nuestro país sería mucho más evolucionado, veraz y representativo de quiénes son en realidad los aspirantes a gobernar.
Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la importancia del embellecimiento urbano radica en el hecho de que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes, aumenta la actividad turística,5 artística y cultural,6 genera empleos temporales7 y fijos,8 da plusvalía al patrimonio de los ciudadanos, contribuye a una mejor integración ciudadana,9 con lo que se aumenta la vigilancia vecinal y por tanto la seguridad, incentiva las actividades deportivas10 y la derrama económica que todo esto signifique.
La inserción de la sociedad civil, la iniciativa privada y los partidos políticos en el patrocinio de proyectos de pequeña y mediana envergadura que tengan por objeto el mejoramiento estético y funcional del urbanismo de los asentamientos humanos; podría resolver problemas locales de manera inmediata sin tener que depender de un presupuesto federal determinado que siempre parece ser insuficiente.
La falta de recursos económicos puede ser sustituida por la voluntad de hacer las cosas. La sociedad, los sectores productivos y la clase política, podrían otorgar la independencia económica que nos falta para que pequeños proyectos con gran porvenir se puedan realizar y mejorar sensiblemente la plusvalía de una localidad.
La creación o reforestación de parques, el embellecimiento con fuentes, esculturas, relojes solares o monumentos conmemorativos, la instauración de jardineras en banquetas y camellones, la reparación y construcción de banquetas, glorietas, cruces peatonales, el rescate de monumentos históricos, el uniformar, asfaltar, delimitar e iluminar terminales de autobús, la creación de carriles exclusivos para transporte público, la iluminación de edificios, monumentos y fuentes; son tan solo algunos ejemplos de proyectos que se podrían emprender con la participación ciudadana, la iniciativa privada, partidos políticos, asociaciones civiles y/o recursos de los tres niveles de gobierno.11
Por todo esto, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México creemos oportuno hacer las reformas necesarias para que la ciudadanía, los poderes públicos y la iniciativa privada puedan patrocinar ordenadamente, so reconocimiento público, proyectos de obra pública que tengan por objeto el embellecimiento estético y la funcionalidad de la mancha urbana, por lo que sometemos a su consideración la siguiente iniciativa de
Decreto por el que se adiciona una fracción I, recorriendo las existentes un dígito, para quedar en XVI fracciones, al artículo 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos; se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción III, recorriendo las existentes un dígito, para quedar en XII fracciones, al artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y se reforma el inciso o) del artículo 38 y se adiciona un tercer párrafo al numeral 3 del artículo 182-A, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo Primero. Por el que se adiciona una fracción I recorriendo las existentes un digito para quedar en XVI fracciones al artículo 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:
Artículo 9
Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
Durante los tiempos de campaña electoral y fuera de ellos, se podrán ofrecer proyectos de embellecimiento urbano a todos los partidos políticos sin distinción, quienes, a cambio de su reconocimiento público, tengan a bien patrocinar.
Artículo Segundo. Por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción III recorriendo las existentes un digito para quedar en XII fracciones al artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 117
Las delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, licitación de proyectos de obra pública para su patrocinio por terceros, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes.
El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales.
Los jefes delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones:
II. Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás disposiciones aplicables, dentro del marco de las asignaciones presupuestales;
III. Formular, administrar y presentar a la ciudadanía, proyectos de obra publica que tengan por objeto el mejoramiento estético y funcional de los asentamientos humanos y en los que, de manera tripartita, bipartita o individual puedan participar; el gobierno, la sociedad o la iniciativa privada; donde toda participación privada será sujeta de reconocimiento público en los términos estipulados en cada proyecto.
Durante los tiempos de campaña electoral y fuera de ellos, se podrán ofrecer proyectos de embellecimiento urbano a todos los partidos políticos sin distinción, quienes, a cambio de su reconocimiento público, tengan a bien patrocinar.
Artículo Tercero. Se reforma el inciso o) del artículo 38 y se adiciona un tercer párrafo al numeral 3 del artículo 182-A ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 38
...
o) Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña, para el patrocinio de proyectos de obra pública de mejoramiento estético y funcional en los asentamientos humanos, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 de este código;
Artículo 182-A
3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos por los siguientes conceptos:
Para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.
Para el patrocinio de proyectos de obra pública municipal que tengan por objeto el mejoramiento estético y funcional de los asentamientos humanos y cuya recompensa sea el reconocimiento público proselitista.
Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Tal es el caso de municipios como Atizapán de
Zaragoza, donde la corrupción y la falta de voluntad tienen en total
abandono las colonias que no se han podido organizar para atender las obligaciones
que corresponden a su gobierno.
2 Principalmente en los de más alta migración.
3 Según información de la Sedesol, www.sedesol.gob.mx
4 Dado que es un factor directamente proporcional a la
plusvalía patrimonial del inmueble situado en dicha zona.
5 Es más atractivo para un turista conocer un
lugar hermoso sobre uno que no lo es. París es la ciudad europea
de mayor afluencia turística debido a su hermosura.
6 La actividad artística y cultural necesita espacios
públicos para su difusión.
7 Para la construcción de la obra pública
de embellecimiento.
8 El comercio con turistas y con la sociedad que frecuente
los parques, las plazas o los jardines.
9 Al crear ágoras.
10 En parques o canchas destinados a tal efecto.
11 Según la envergadura del proyecto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dos días del mes de diciembre de 2004.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinadores; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social,
del Distrito Federal, y de Gobernación. Diciembre 2 de 2004.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 7 DE LA
LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2004
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma Artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La banca comercial en nuestro país a pesar de todos los esfuerzos hechos en los últimos años por el Estado para sanearla y ponerla en niveles de operación aceptable, sigue operando de manera poco transparente y no es funcional a las necesidades de los usuarios y de una economía como la nuestra.
Desde la perspectiva de los usuarios la banca mexicana es ineficiente, poco flexible, no toma en cuenta el contexto socioeconómico y de operación de los agentes económicos, cobra altas comisiones por todo tipo de servicios que presta y a pesar de esto, para los banqueros representa un negocio con altos niveles de rentabilidad.
Esta situación no debe continuar, no es aceptable, ni es benéfico para nuestra economía ya que condiciona su competitividad, como legisladores debemos propiciar el fortalecimiento de un sistema bancario que cumpla eficientemente con sus funciones básicas como son: captar eficientemente el ahorro del público, que pague tasas de interés reales y canalice crédito en forma expedita y a precios competitivos, de tal manera que se de un efecto multiplicador en la economía, detonando más inversión, empleo, consumo. Nuestro país lo necesita urgentemente.
El rescate bancario ha tenido costos altísimos desde el punto de vista fiscal y ha afectando seriamente nuestras finanzas públicas.
A la banca nacional y extranjera que opera en nuestro país, hay que reconocerlo, se le han destinado cantidades inmensas de recursos con el fin de alcanzar el saneamiento del sistema financiero y mejorar su operación.
A pesar de esto la banca sigue siendo ineficiente y poco competitiva, desde la perspectiva del usuario del sistema bancario privado, esto se refleja en las altas comisiones que la banca cobra por todo tipo de servicios y ha olvidado importantes segmentos del mercado crediticio para volverse una banca fundamentalmente comisionista, con altos niveles de rentabilidad derivados del bajo riesgo de mercado que asume por los servicios que otorga.
Ante esta abierta política de desregulación que ha beneficiado a la banca privada y que se traduce en una ampliación deliberada de los márgenes que tienen los bancos para fijar el cobro de comisiones, como legisladores debemos oponernos y estamos obligados a reorientar este proceso con el fin de crear mercados realmente competitivos y eficientes al interior del sistema bancario con el único fin de beneficiar a los usuarios de los servicios bancarios.
La insolvencia de los bancos es parte de una historia que no debe repetirse, pero tampoco debemos permitir una operación tan ineficiente como la actual de la banca privada nacional. Hoy tenemos una sistema bancario fundamentalmente transnacional, con altas ganancias, que asume poco riesgo, que presta poco y no a todos los sectores y actividades, y que cada día cobra comisiones más altas.1
Los usuarios de los servicios bancarios en nuestro país son víctimas de un mercado bancario que podemos caracterizar como de oligopólico,2 los bancos se ponen de acuerdo, fijan tasas, segmentan el mercado y acuerdan el nivel de cobro de comisiones.
En este contexto, el usuario esta imposibilitado de optar por otras alternativas y otro tipo de ofertas competitivas de tal manera que este tipo de servicios se tengan a costos bajos y con un nivel de comisiones competitivo acompañado de mejores tasas de interés a los ahorradores.
El mercado bancario se define por el lado de la oferta, el usuario sólo es un espectador, es un sujeto pasivo, las practicas las negocian y establecen sólo entre los banqueros. En este sentido los usuarios como consumidores de este servicio son sólo víctimas de las decisiones y las políticas de los banqueros. Por ello es necesario que como legisladores involucremos a las instituciones encargadas de la regulación del sector bancario como son: el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, de tal manera que todas ellas intervengan autoricen, regulen y vigilen el nivel de comisiones que cobra la banca privada nacional.
Como legisladores estamos obligados a proteger al usuario de los servicios bancarios y debemos posibilitar mercados competitivos en el sector.
Reiteramos, los usuarios del sistema bancario son, en el mercado, un sujeto pasivo y esto se refleja en el hecho de que "la banca comercial elevó en 11 millones el número de cuentas bancarias en sólo cuatro años al pasar de 23 a 34 millones y duplicó el de tarjetas de crédito; en tanto que las cuentas para el retiro ya suman 33 millones. Los mexicanos ya manejan 67 millones de cuentas financieras".3
A pesar de la alta rentabilidad de la banca comercial, ésta aún no enfrenta el reto de llevar financiamiento suficiente a la sociedad, ni a las pequeñas y medianas empresas, tampoco da crédito suficiente, cobra mucho por los servicios que presta y a cambio no paga tasas de interés competitivas. La consecuencia de estos problemas se traduce en una oposición permanente a bajar el cobro de las comisiones por todos los servicios que presta.
Como podemos ver el problema de la falta de competitividad del sistema bancario persiste.
De acuerdo a cifras proporcionadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta H. Cámara de Diputados, los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario siguen creciendo en monto y en su impacto económico, pasaron de 699,300 millones de pesos en 1998 a 821,305 millones de pesos en el 2003, esta última cifra representa el 12.2 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país.
Ante esto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone crear esquemas jurídico-regulatorios que propicien mercados eficientes y un sistema bancario competitivo, que baje el costo de las comisiones que tienen que pagar los usuarios de los servicios bancarios.
Una banca costosa e ineficiente para cualquier país es un problema grave. En México lo que tenemos actualmente es una banca múltiple que ya no es fundamentalmente nacional.4 Tenemos una banca comisionista que vive de otorgar crédito al Estado con riesgo nulo, altas ganancias y que se niega a abrir al público usuario y a difundir la información sobre el nivel de cobro de comisiones de cada uno de los servicios, en suma tenemos una banca poco transparente, poco competitiva internacionalmente5 con altos niveles de rentabilidad.
En este contexto y con el fin de posibilitar el crecimiento y fortalecimiento de una banca sana que detone crecimiento económico y círculos virtuosos en la economía, promoviendo el crédito, la inversión, el empleo, el ingreso, el consumo y el ahorro, los diputados que integran la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, sometemos para su aprobación a ésta H. asamblea , la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto qué reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Decreto
Artículo 7:
Las entidades financieras deberán informar al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, cada vez que pretendan establecer o modificar las Comisiones que cobran por los servicios de pago que ofrecen al público, con al menos cinco días hábiles de anticipación a su entrada en vigor. Lo anterior lo deberán efectuar en la forma y términos que el propio Banco de México señala en las disposiciones de carácter general que emita al efecto.
En dichas disposiciones el Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros definirán e instrumentarán los mecanismos para que las entidades financieras den a conocer al público en general, las Comisiones que cobran.
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 2 días del mes de diciembre de 2004.
Notas:
(1) Dentro del total de los ingresos de la banca privada
nacional las comisiones, en los últimos cinco años, de reprersentar
sólo 13 por ciento de sus ingresos han pasado a un actual 39 por
ciento. Fuente: Condusef.
(2) Oligoplio: Situación de mercado en la que
sólo unos pocos vendedores tienen el control del mercado.
(3) Información proporcionada por Manuel Medina
Mora, Presidente de la Asociación de Banqueros de México,
en su participación en el foro de la OCDE sobre Políticas
públicas para un mejor desempeño económico. El Financiero,
noviembre 4 del 2004, página 4.
(4) La banca extranjera en nuestro país controla
el día de hoy el 88 por ciento del mercado nacional. Fuente
SHCP
(5) La tasa de interés que cobra HSBC por una
tarjeta de crédito en Inglaterra es de 16 por ciento, en México
es de 76 por ciento, el Banco BBVA en México por este mismo servicio
cobra una tasa de 80 por ciento anual y en España es sólo
de 25 por ciento. Fuente: Condusef.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica),
coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador;
Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador;
Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez
Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María
Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino
Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos,
Alejandro Agundis Arias, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio
Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica),
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica),
Raúl Piña Horta (rúbrica).
QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO
AL ARTÍCULO 17 Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 23 DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2004
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Economía la presente iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 y una fracción X al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La globalización de la economía y el comercio no se reflejan solamente en mayores ingresos económicos, sino también en mayores exigencias por parte de los compradores y consumidores, con respecto a los productos que un país decide importar. Debemos continuar creando conciencia de la crisis que el medio ambiente está enfrentando en todo el mundo, quizás en parte por falta de información e interés de la comunidad. Hoy en día la mayoría de los tratados internacionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), incluyen cláusulas ambientales, con las cuales se busca dejar claro que, a pesar de estar motivados por el crecimiento económico, se reconoce el alto precio que tiene para humanidad el deterioro del medio ambiente, y por lo tanto se quiere incentivar el comercio dentro de los límites del desarrollo sostenible.
En México, los instrumentos económicos vigentes en materia ambiental aún no desarrollan toda su potencialidad y existen numerosas oportunidades donde pueden obtenerse tanto mejores y más eficientes formas de aprovechamiento de nuestros ecosistemas y recursos naturales, como menores volúmenes de contaminación si se utilizan adecuadamente los instrumentos económicos.
Se debe propiciar la sustitución de insumos; el mejoramiento, ahorro y cambio de combustibles y fuentes de energía; la incorporación de procesos y tecnologías más limpias; la reducción, reutilización, neutralización, reciclaje y adecuada disposición final de los residuos generados; la necesidad de evitar la transferencia de contaminantes entre medios receptores; y la incorporación de los agentes económicos en programas de autorregulación ambiental.
En la economía global actual las iniciativas de los gobiernos de los países industrializados están creando presiones de mercado para grandes compañías y pequeñas para que adopten las normas ISO 14.001, o dejarlas fuera de los mercados principales.
Básicamente la adopción de estas normas obliga a las compañías a afectar al tema ambiental una estructura específica para poder conseguir las mejoras ambientales que se exigirán y para bajar los costos ambientales a través de estrategias como por ejemplo la prevención de la contaminación.
En breve, las normas ISO 14.001 configurarán un sistema que esencialmente privatizará las regulaciones ambientales, ya que las exigencias ambientales del comercio internacional serán una prioridad aun mayor que el cumplimiento de las regulaciones legales locales. Como consecuencia de ello, se potenciará el autocontrol de los establecimientos industriales en el cuidado del medio ambiente y se valorizará la figura de la Auditoría Ambiental ya sea interna como externa. En otras palabras, puede considerarse a las normas ISO 14.001 como un sustituto de los tradicionales programas de regulación ambiental.
El cumplimiento de esta norma permitirá declarar públicamente que la empresa cumple con toda la legislación ambiental y obtener como uno de los beneficios la revalorización "verde" o "ecológica" de sus productos y/o marcas.
Durante los pasados dos años, la situación económica de México ha restringido severamente la capacidad del gobierno y de la industria para continuar avanzando, al mismo o mayor ritmo del que se tenía, sobre los aspectos críticos de la calidad ambiental. A pesar de estos retos, México continúa dando una alta prioridad a la protección y la mejora ambiental a través de una mezcla interesante de iniciativas ambientales obligatorias y voluntarias.
El gobierno debe incrementar su apoyo hacia mejoras ambientales en las pequeñas y medianas empresas, basándose en la prevención y en las mejoras de las eficiencias de operación ya que el 90% de las empresas mexicanas son consideradas como pequeñas y medianas. Estas empresas enfrentan por lo general la carencia de los recursos más básicos y de una conciencia ambiental.
Algunas de las grandes compañías se han estado preparando para conformar sus programas ambientales de acuerdo con las norma ISO 14001, como líderes de este esfuerzo están los mayores exportadores, quienes anticipan un valor adicional o un "premio" por parte de los clientes en los mercados de los países industrializados.
Los mecanismos de defensa de los seres vivos y los procesos de degradación, pueden verse rebasados ante la abundante introducción al comercio y al ambiente de grandes volúmenes de diversas sustancias, muchas de ella nuevas, y con propiedades peligrosas, por lo que se requieren fortalecer los mecanismos para lograr su manejo seguro y prevenir riesgos.
La Producción más Limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integral a procesos, productos y servicios, de manera que se aumente la eficiencia ambiental y se reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente. Es aplicable a:
Productos: reducción de los impactos negativos a lo largo del ciclo de vida de un producto, desde la extracción de la materia prima hasta su disposición final.
Servicios: incorporación de las consideraciones ambientales dentro del diseño y presentación del servicio.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como visión ser una institución fuerte y confiable, en donde la aplicación de la Ley Ambiental responde al ideal de justicia que la población demanda, en una sociedad en la que cada uno de sus miembros es guardián de una amable convivencia entre el ser humano y la naturaleza.
Su misión es procurar la justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la Ley, desterrando a la vez impunidad, corrupción, indolencia y vacíos de autoridad, haciendo partícipes de esta lucha a todos los sectores de la sociedad y a los tres niveles de gobierno, bajo los más puros principios de equidad y de justicia.
La Profepa también tiene a su cargo la auditoría ambiental que es la identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de una empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y prácticas con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos tanto normados como los no normados en materia ambiental y poder en consecuencia, detectar posibles situaciones de riesgo a fin de emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya lugar.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza.
Dicha ley al regular las adquisiciones del Sector Público, tiene un gran impacto como instrumento económico para modificar conductas y adoptar normas de producción y comercialización de bienes y servicios que permitan un desarrollo sustentable.
La intención es otorgar preferencia a aquellos productos que desde que se extraen de la corteza terrestre, se sintetizan o procesan en las industrias, se transportan, almacenan, comercializan, utilizan, reciclan o convierten en residuos que se tratan o confinan, tengan un manejo eficiente y ambientalmente favorable.
Debemos continuar fortaleciendo instrumentos económicos vigentes en materia ambiental y seguir desarrollando su potencialidad y numerosas oportunidades para obtener mejores y más eficientes formas de aprovechamiento de nuestros ecosistemas y recursos naturales, como menores volúmenes de contaminación.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 y una fracción X al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar en los siguientes términos:
Artículo Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 17 para quedar:
Artículo 17.-
...
Adicionalmente, la Secretaría de Economía, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinará aquellos productos que desde que se extraen de la corteza terrestre, se sintetizan o procesan en las industrias, se transportan, almacenan, comercializan, utilizan, reciclan o convierten en residuos que se tratan o confinan, tengan un manejo eficiente y ambientalmente favorable con objeto de que se reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente.
Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción X al artículo 23 para quedar:
Artículo 23.-
...
Fracción X. Promover acciones que propicien la proveeduría con empresas que cumplan con los requisitos de auditoria ambiental establecidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Diciembre
2 de 2004.)
QUE ADICIONA LA FRACCION IX AL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2004
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
Exposición de Motivos
"El envejecimiento de la población es uno de
los grandes triunfos del desarrollo, en el sentido de que por primera vez
en la historia de la humanidad la
mayoría de las personas puede esperar sobrevivir
hasta la tercera edad."
Gro Harlem Brundtland, directora general de la Organización Mundial de la Salud, 1999.
El envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos de la humanidad y también uno de los mayores desafíos. Vivimos en una era signada por un envejecimiento global sin precedentes, acelerado e inexorable. Nunca antes tanta gente había vivido tantos años. Llegar a una edad avanzada, hasta hace poco prerrogativa exclusiva de los países ?desarrollados?, constituye ahora un beneficio común del desarrollo a nivel mundial. El envejecimiento se ha convertido en uno de los temas globales decisivos que determinarán el futuro de las sociedades del mundo.
A nivel internacional, el envejecimiento ha figurado en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas desde la aprobación del Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento por los estados miembros de la ONU en Viena en 1982(1). Este plan recomendó a los Estados tomar las medidas necesarias en sectores tales como el empleo y la seguridad económica, la salud y la nutrición, la vivienda, la educación y el bienestar social. Además consideró a las personas de edad como un grupo de población diverso y activo con aptitudes diversas y necesidades especiales en algunos casos.
En 1991 la Organización de las Naciones Unidas decretó una serie de principios en favor de las personas de edad. Éstos fueron aprobados y establecían normas universales para las personas de edad en cinco ámbitos principales:
Durante estos años la ONU identificó que en los países en desarrollo, el ritmo de envejecimiento es más rápido; pues se prevé que en los próximos 50 años la población de personas de edad se cuadruplique. Por ello y en opinión de la Organización esas naciones tienen que hacer frente a restricciones de recursos, al mismo tiempo que se confrontan los retos simultáneos de desarrollo y envejecimiento de la población. En las próximas décadas la revolución demográfica ejercerá su influencia sobre todos los ámbitos de la vida cotidiana y afectará, por ende, a hpmbres, mujeres y niñas y niños.
El 4 de diciembre de 2000, por recomendación del Consejo Económico y Social, la Asamblea General decidió convocar la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Madrid, España del 8 al 12 de abril de 2002. Esta reunión se celebró con motivo del 20° aniversario de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que tuvo lugar en Viena en 1982.
La finalidad de esta Asamblea fue la de crear una nueva estructura para el envejecimiento y transformarla en políticas específicas. Asimismo, se examinaron los resultados de la primera Asamblea Mundial y se inicio el proceso de actualización del Plan de Acción Internacional de 1982 y la elaboración de un plan internacional a largo plazo sobre el envejecimiento. Su punto de partida se basó en que la tendencia global de vivir más años era un logro histórico que debía reflejarse tanto en el manejo de nuestras economías como en la organización de nuestras sociedades y en la vida de la gente.
A pesar de la existencia de estos compromisos y de las metas planteadas por los países pareciera que al tema del envejecimiento aún no se le da la importancia que requiere. Aún estamos lejos de responder a las medidas establecidas en el marco internacional como es la estricta aplicación de los contenidos de la Declaración de Derechos Humanos respecto a la plena inclusión de las personas mayores en la vida social y económica, así como del aprovechamiento de sus capacidades y experiencias y la defensa de sus derechos ante cualquier tipo de discriminación.
Cerca de dos terceras partes de la población mundial de personas adultas mayores viven en países en desarrollo y a diferencia de los Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), éstos países están envejeciendo antes de alcanzar la prosperidad. Las cumbres sobre desarrollo de la ONU que tratan temas que se encuentran directamente vinculados con el tema del envejecimiento como el desarrollo social, la pobreza, mujeres y población, revelan cierta indiferencia frente a las personas adultas mayores, quienes aparecen como un grupo especial que requiere apoyo asistencial.
Actualmente el envejecimiento a escala mundial impone mayores exigencias económicas y sociales a todos los países y no solamente una atención secundaria.
En la actualidad, una de cada diez personas en el mundo tiene 60 y más años y para el año 2050 se prevé que esta proporción se duplicará. Adicionalmente, la propia población mayor está envejeciendo: los mayores de 80 y más años constituyen el 11% de la población de 60 y más años. Otra característica de este envejecimiento es que la mayoría de las personas mayores son mujeres (55%), situación especialmente notoria entre quienes tienen 80 y más años (el 65% de las cuales son de sexo femenino). Según las proyecciones vigentes del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, las personas de 60 o más años son casi un 7.5% de la población total; es decir, uno de cada trece latinoamericanos es adulto mayor y se estima que en el año 2020 dicho grupo será un 12% de la población.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) en México existen 7.9 millones de individuos longevos. Los adultos mayores tiene un crecimiento medio anual de 3.30 por ciento a 3.56 por ciento, por lo que el índice de envejecimiento es de 61.89 por ciento a nivel nacional. El Conapo prevé que en nuestro país para el año 2005 habrá 8.1 millones de ancianos, en 2025 se incrementará a 18.4 millones y en 2050 serán 36.2 millones.
Por otra parte, el Conapo establece que 54.80 por ciento de los individuos de 60 años y más viven en zonas urbanas por sobre 45.20 por ciento que están en áreas rurales. Las entidades federativas que tienen una mayor proporción de adultos mayores son Zacatecas (8.70 por ciento), Distrito Federal (8.50 por ciento); Nayarit (8.50 por ciento), Tabasco (8.50 por ciento), y Oaxaca (8.40 por ciento). Por otra parte, el Estado de México(5.40 por ciento), Chiapas (5.40 por ciento), Baja California (5.20 por ciento) y Quintana Roo (3.70 por ciento) son los estados con menor cantidad de ancianos en el país. El mayor grupo de edad dentro de este sector es el que considera a los habitantes de 60 a 69 años, que representa el 55.50 por ciento de la proporción total. El restante 44.50 por ciento tiene 70 años y más. En lo laboral, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indica que 7.70 por ciento de los adultos mayores es económicamente activo, lo que representa 7.80 por ciento de la población económicamente activa total.
Adicionalmente, el INEGI señala que 41.50 por ciento de todas las personas mayores de 60 años en nuestro país vive con alguna discapacidad, sea motriz (55.10 por ciento), visual (30.50 por ciento), auditiva (21 por ciento), mental (3.70 por ciento), de lenguaje (1.40 por ciento) u otra (0.40 por ciento). El 16.28 por ciento de los ancianos mayores de 70 años requiere apoyo por sus necesidades especiales, independientemente de si son de sexo masculino (16.48 por ciento) o femenino (16.76 por ciento).
El índice de dependencia de las personas longevas en México es de 12.14 por ciento, de éstas 23.10 por ciento vive en un núcleo familiar.
Los adultos mayores enfrentan diversos problemas y conflictos interdependientes entre sí porque si bien en cierto que tienen causas distintas, actúan en conjunto para minar la calidad de vida de los ancianos. Estas problemáticas tienen como factores generales los siguientes. En materia de salud, la problemática general del adulto mayor obedece a factores genéticos, a los derivados del proceso de envejecimiento y a factores ocasionados por la acción del ambiente sobre las personas, así como a las dificultades para mantenerse sano y realizar diversas actividades. Las enfermedades no transmisibles provocan 59 por ciento de todas las muertes, y la probabilidad de sufrir alguna discapacidad crece drásticamente a edades avanzadas. En México, entre 1980 y el año 2000 las enfermedades transmisibles disminuyeron de 13 a cerca de 6 por ciento como causas de muerte de la población total de ambos sexos, al tiempo que las no transmisibles alcanzaron porcentajes cercanos o superiores a 90 por ciento.
Como podemos ver, los adultos mayores son un grupo vulnerable de la población que requiere la protección de las Instituciones del Estado y de la sociedad, porque enfrentan circunstancias como discapacidad, abandono, maltrato, violencia, indigencia, enfermedades degenerativas y crónicas, así como falta de recursos para vivir con dignidad.
Por lo anterior es que debemos responder a las necesidades de las personas adultas mayores y al mismo tiempo, reconsiderar el papel que, tanto las mujeres como los hombres de edad avanzada, desempeñan en nuestra sociedad. Las personas de edad avanzada ofrecen valiosos recursos y realizan una importante contribución a la estructura de nuestras sociedades.
Sabemos que las personas adultas mayores tienen necesidades especiales pero también habilidades especiales y una experiencia única. Las mujeres y los hombres mayores en todas partes contribuyen con recursos, destrezas y experiencia a sus familias, comunidades y naciones. Por ello la promoción de medios favorables para el desarrollo social de las y los adultos mayores es una de las metas centrales que debemos tener. Un medio que potencie sus capacidad y su desarrollo debe ser una realidad. El cambio en las estructuras de edad y el giro en las relaciones de dependencia requieren intervenciones de política social para responder y apoyar la mayor longevidad y sus beneficios más amplios para la sociedad.
La tercera edad tiene que ser lo más segura y productiva posible. Sin estas condiciones, las personas mayores no podrán beneficiarse de esos años adicionales tan plenamente como podrían, y sus derechos humanos estarían siendo vulnerados.
Una meta central de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague 1995, fue "la promoción de un medio ambiente favorable para el desarrollo social". Dicha meta rige igualmente para las personas mayores, que tienen derecho a vivir en un medio ambiente que potencie sus capacidades, cualesquiera que sean sus circunstancias personales.
El entorno en que viven las personas de edad se torna sumamente importante a medida que envejecen, pues los lugares que se consideran como adecuados pueden convertirse en una carrera de obstáculos para las personas de edad. A medida que las personas de edad envejecen, la discapacidad se torna más común y la movilidad más y más limitada, con lo cual se reduce la accesibilidad.
Existen dos conceptos que suelen utilizarse cuando se elaborar o ejecutan políticas para proporcionar un entorno seguro y propicio para los ancianos así como un acceso preferente a los servicios: el envejecimiento activo y sus espacios. El envejecimiento activo significa envejecer pero permanecer activos. Las personas que son miembros productivos de la sociedad son más saludables, viven más tiempo y tienen una mejor calidad de vida. Las políticas nacionales y locales pueden hacer mucho para dar oportunidades y ayudar a los individuos para que envejezcan manteniéndose activos. Al mismo tiempo que las personas adultas mayores son más activas y tienen una mejor calidad de vida, también son más independientes y pueden satisfacer sus propias necesidades. El envejecimiento en su propio espacio se refiere más específicamente a entornos adecuados, propicios y seguros para todas las personas.
Zonas adecuadas, entornos seguros y propicios y acceso y atención preferente a los servicios son necesidades básicas para que las personas adultas mayores tengan una mejor calidad de vida. Al envejecer rápidamente la población y, como consecuencia de ello, al reestructurarse la sociedad humana, el tema del los entornos seguros y servjcios preferentes se hace uno de los más importantes para las personas de la tercera edad. La mayoría de las personas mayores desea seguir participando como miembros activos de sus sociedades, trabajando y viviendo lado a lado con sus familias y comunidades. Desean ser involucradas en los programas de desarrollo, contribuir con su experiencia y conocimientos acumulados y aprender destrezas nuevas para mantenerse a sí mismas y apoyar a sus familias.
Los gobiernos cumplen un rol central en la promoción de dichos objetivos, fortaleciendo el desarrollo en todas las etapas de la vida e impulsando instituciones sociales basadas en los principios de reciprocidad e independencia. La vulnerabilidad por razones de edad y de género requiere atención especial y acciones focalizadas.
Los Principios de las Naciones Unidas para las Personas Mayores representan un marco global que debe guiar las prácticas sobre el envejecimiento. Los cinco temas clave(2) responden a las cinco preocupaciones medulares expresadas por las personas mayores, y pueden sentar las bases para políticas y programas que sean inclusivos, se basen en valores y representen modelos de desarrollo sostenibles.
El envejecimiento afecta las políticas de dos maneras. Primero, las buenas políticas pueden ser fácilmente socavadas si no toman en cuenta los radicales cambios demográficos que están teniendo lugar en la actualidad. La composición cambiante de las poblaciones genera nuevas oportunidades y retos. Una política adecuada reconoce el valioso recurso humano que representa el incremento del número de personas mayores, fortalece su rol de enriquecedoras de la calidad de nuestras sociedades y protege sus derechos a vivir decentemente hasta el final de sus vidas. Segundo, existen poderosas razones económicas, sociales y éticas para propiciar un cambio radical en las políticas y opiniones sobre las personas mayores en sociedades que están envejeciendo. No nos podemos dar el lujo de ignorar la contribución al desarrollo económico y social que realizan cientos de millones de personas mayores. Más importante aún, como un asunto de equidad y ciudadanía, las necesidades de las personas mayores deben ser abordadas dentro del contexto de los derechos humanos. Es necesario poner fin a la desatención de los derechos más fundamentales de las personas mayores.
Por ello y debido a las condiciones, circunstancias, tendencias y problemas que enfrentan los adultos mayores, la política social debe fortalecerse, en particular las políticas de asistencia social, con la finalidad de asistir, proteger y acompañar a los adultos mayores que viven en condiciones de riesgo, fragilidad y falta de protección.
Las políticas públicas relativas a la tercera edad deben desarrollarse en consonancia con los estándares y normas de derechos humanos, y deben responder a los compromisos internacionales suscritos para promover el desarrollo social. Políticas de apoyo a las personas mayores que responden a dichos principios han sido recientemente desarrolladas y aprobadas a nivel nacional por diversos gobiernos de países en desarrollo y organizaciones internacionales.
Unos entornos físicos que tengan en cuenta a las personas ancianas pueden establecer la diferencia entre independencia y dependencia para todas las personas, pero son de especial importancia para las que están envejeciendo. Por ejemplo, los ancianos que viven en un entorno inseguro o en zonas con múltiples barreras físicas son menos proclives a salir y, por tanto, son más propensas al aislamiento, a la depresión, y también a tener un peor estado físico y más problemas de movilidad.
En las zonas tanto rurales y como urbanas son necesarios unos servicios de transporte accesibles y asequibles para que las personas de todas las edades puedan participar plenamente en la vida familiar y comunitaria. Esto es de especial importancia en el caso de los ancianos que tienen problemas de movilidad. El entorno físico entraña riesgos que pueden provocar lesiones debilitantes y dolorosas en las personas mayores. Las lesiones como consecuencia de caídas, incendios y accidentes de tráfico, son las más frecuentes.
La situación que viven las personas de edad avanzada en nuestro país requiere, sin duda, reforzar el compromiso existente, es necesaria una política pública que vele por la salud y seguridad social de los adultos en plenitud, mejore la atención en las instituciones sanitarias, aumente la dotación de medicamentos, ponga énfasis en la medicina preventiva y desarrolle programas culturales.
El aumento de la población de adultos mayores es un hecho indiscutible y por ello, se ha convertido en una preocupación pública. La sociedad debe garantizar a todos sus miembros un conjunto de derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona humana. La familia es el núcleo básico de la formación de las personas y de la solidaridad social y ella debe ser apoyada con acciones concretas por parte del Estado.
El incremento de la expectativa de vida, gracias a los adelantos médicos, científicos y tecnológicos representa, para México, el desafío de generar nuevas formas de relación, que contemplen una sociedad en la cual el respeto, la solidaridad, la justicia y la equidad sean prioridad.
Es necesaria una sociedad que promueva que los adultos mayores sigan manteniendo su autonomía e independencia y que les permita estar vigentes y dar un pleno sentido a su vida. Debemos responder a las necesidades de las personas adultas mayores y al mismo tiempo, reconsiderar el papel que, tanto las mujeres como los hombres de edad avanzada, desempeñan en nuestra sociedad y así poder brindarles una mejor calidad de vida a través de la creación de zonas adecuadas, entornos seguros y propicios y el acceso y atención preferente a los servicios.
Por todo ello el Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente
Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 5 del Capítulo II denominado "De los Derechos", de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Articulo Único.- Se adiciona una fracción IX al artículo 5, del Capítulo II denominado "De los Derechos", de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Capítulo II
De los Derechos
Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
a. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público.
b. Los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado.
c. A contar con asientos reservados en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros.
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 2 días del mes diciembre de 2004.
Notas
(1) La ONU ha estudiado la cuestión de las personas
adultas mayores desde 1948, cuando la Asamblea General aprobó la
resolución 213 (III), relativa al proyecto de declaración
de los derechos de la vejez. Sin embargo, el tema fue abordado de forma
indirecta por la Asamblea y por los organismos interesados en las cuestiones
sociales. En 1977 se retomó el problema de forma directa al hacer
énfasis en que era necesario organizar una asamblea mundial sobre
las personas de edad y en 1978 se acordó que dicha conferencia tuviera
lugar en 1982.
(2) El derecho a independencia, dignidad, atención,
autorrealización y participación.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables. Diciembre 2 de 2004.)
Quienes suscribimos, diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa Protect Arizona Now en el estado de Arizona, con base en las siguientes
Consideraciones
Desde los años cincuenta, el Gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo diversas acciones para desalentar el paso de los migrantes ilegales a su territorio. Este proceso ha ido evolucionando paulatinamente hasta llegar a leyes como la Ley 187 (Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante) de 1996, que aumentó la vigilancia fronteriza, volvió inaceptables como inmigrantes autorizados por periodos de tres a diez años a aquellos que sean detectados como migrantes ilegales.
Otras medidas para disuadir y controlar el mismo son las operaciones puestas en marcha entre 1993 y 1997 como la Operación Guardián en el área de San Diego, California; la Operación Interferencia, en Nogales, Arizona; la Operación Portero, en el Paso, Texas; la Operación Salvaguardia y Río Grande, en la frontera con el estado de Texas.
Ante este escenario, el objetivo central del gobierno norteamericano, a través de los citados mecanismos de control, es impedir el paso de ilegales hacia su país, sustentados en la hipótesis de que entre más duras sean las medidas, menor será el grado de migración hacia esos estados y sus ciudades; aún cuando éstas abiertamente violenten los derechos humanos de las personas.
La iniciativa Protect Arizona Now ("Protege Arizona Ahora") fue aprobada en plebiscito ciudadano en el estado de Arizona con el 56% de votos a favor, durante las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos de América, a pesar de las múltiples manifestaciones en contra de organizaciones de la defensa del migrante, de la propia gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, y de otros muchos líderes políticos y religiosos locales, nacionales e internacionales.
Su puesta en marcha implicará la restricción o negación de los servicios en materia de educación, seguridad, recreación, cultura y salud a cualquier persona que no demuestre la nacionalidad estadounidense con documentos oficiales.
La iniciativa establece también que todo individuo debe comprobar la ciudadanía estadounidense para registrarse como votante, exige a empleados estatales y municipales la verificación de identidad de quienes soliciten servicios públicos que no sean de índole federal para comprobar su estatus migratorio, notificando por escrito a las autoridades correspondientes de cualquier violación a la ley de inmigración que fuese descubierta, so pena de una sanción de hasta cuatro meses de cárcel y una multa de hasta 750 dólares.
La iniciativa no sólo es profundamente inhumana e ilegal a la luz de compromisos multilaterales en materia de derechos humanos que obligan internacionalmente a Estados Unidos sino que, claramente, constituye una serie de disposiciones discriminatorias que ponen en riesgo el indispensable entendimiento bilateral en materia migratoria.
Para el senador demócrata Robert Canell, la propuesta 200 en Arizona "es una iniciativa muy mal escrita y será enfrentada en las cortes, ya que algunos de sus estatutos podrían ser anticonstitucionales". El mismo senador Canell ha advertido que "negar el acceso a hospitales a los ilegales, otro rubro que marca la Propuesta 200, es contradictorio con la Ley Federal, ya que ésta indica que a nadie se le debe impedir entrar a un centro de salud pública". Finalmente, Canell ha manifestado que "la mayoría de los legisladores estatales que votaron a favor de esta iniciativa no supieron realmente lo que estaban aprobando".
Para México, la aprobación de esta propuesta implica un gravísimo retroceso en múltiples aristas de la relación bilateral, pero preocupa particularmente a esta Cámara de Diputados por la regresión que implica en un tema que es de su mayor interés: la invalidación en ese estado de la Unión Americana de la aceptación de la matrícula consular como medio de acreditación válida para nuestros hermanos migrantes en el momento que solicitan les sea proporcionado algún servicio público.
En una declaración abiertamente racista, Kathy Mckee, principal promotora de esta propuesta, señaló que los migrantes indocumentados destruyen la cultura y el idioma de los estadounidenses, violan las leyes del país, contribuyen a aumentar la criminalidad y hacen uso de servicios y asistencia pública que son pagados con dinero de los contribuyentes estadounidenses.
La extraordinaria aportación cultural y económica que nuestros connacionales hacen a Estados Unidos está fuera de toda duda y, por tanto, el derecho que tienen a hacer uso de los servicios de salud y educación, seguridad, cultura y recreación en ese país.
Los retos del fenómeno migratorio entre México y Arizona no son atendidos por esta iniciativa, pues no resuelve el problema de fondo que plantea el hecho de que el estado de Arizona sea uno de los tres más importantes puntos de cruce de indocumentados a Estados Unidos y el estado de la Unión Americana que concentra a poco más de 400 mil de ellos.
La operatividad de la propuesta representa, evidentemente, en su ejecución, una multiplicidad de dificultades de carácter ético, práctico y político. No obstante, no podemos desestimar la eventual implementación de esta disposición, la cual implicaría un flagelo más de los que por sí enfrentan nuestros connacionales en Estados Unidos.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la propuesta Protect Arizona Now en Arizona, Estados Unidos, por considerarla una iniciativa profundamente racista, discriminatoria e inhumana, que no contribuye a un deseable entendimiento bilateral en materia migratoria.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los consulados mexicanos en Arizona utilice todos los recursos administrativos y judiciales pertinentes para hacer valer, en todo momento, el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en esa localidad.
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reconoce las declaraciones sobre el particular que han hecho la gobernadora demócrata Janet Napolitano, el senador federal republicano John McCain, los representantes federales republicanos Jim Kolbe y Jeff Flake y los alcaldes de Phoenix y Tucson rechazando esta propuesta. Asimismo, celebramos la disposición y el interés que ha mostrado la coalición denominada "No on 200: Arizonians for Real Immigration Reform", presidida por el ex procurador general de Arizona Grant Woods, el Consejo Nacional de la Raza y todas aquellas organizaciones y personalidades en Arizona que proponen reformas de fondo para resolver los problemas de cientos de miles de inmigrantes en aquel estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.
Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo de Unanue Aguirre, Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos, secretarios; María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argáiz (rúbrica), Alejandro González Yáñez (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández.
(Aprobada. Diciembre 2 de 2004.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE PRONUNCIA ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LA EVENTUAL APROBACIÓN DE LA INICIATIVA HR-10 EN EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER GUÍZAR MACÍAS, EN NOMBRE PROPIO Y DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2004
Quienes suscribimos, diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa "HR-10" en el Congreso de Estados Unidos con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado 8 de octubre, la Cámara de Representantes debatió y aprobó, con 282 votos a favor y 134 en contra, la denominada ley HR-10 que dice implementar las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre del gobierno estadounidense mediante la reforma a todos los servicios de inteligencia y espionaje de Estados Unidos.
La propuesta, además de no permitir el uso de la matrícula consular como forma de identificación en Estados Unidos le daría poderes extraordinarios al gobierno federal para minar derechos inalienables de los migrantes en ese país.
Entre otras disposiciones, ésta ley determina la expulsión de extranjeros sin darles derecho a una revisión administrativa o judicial de sus casos, restringe el derecho de asilo, autoriza deportaciones mientras está pendiente un proceso de apelación en una corte de inmigración, establece la revocación de visas y otros documentos de viaje por el Departamento de Estado y prohibe a las agencias federales aceptar licencias de manejo u otros documentos de identidad emitidos por un estado de la Unión Americana.
Está previsto que el próximo lunes 6 de diciembre, último día de sesiones del Congreso en pleno de Estados Unidos, el Senado estadounidense discuta esta iniciativa. De aprobarse, constituiría un retroceso considerable en materia de regularización migratoria en Estados Unidos que afectaría distintas áreas sensibles para los migrantes en el vecino país.
Destaca, entre ellas, la que tiene que ver con la matricula consular. Según datos de la embajada de México en Estados Unidos, las matriculas son aceptadas en la actualidad en 377 ciudades, 163 condados, 178 instituciones financieras y 1180 departamentos de policía. En 33 estados al menos una autoridad acepta la matrícula como identificación oficial y en al menos 12 es aceptada como una de las pruebas de identidad requeridas para obtener la licencia para conducir.
Para fortalecer la matrícula consular, el pasado 5 de noviembre de 2004 esta Comisión presentó al pleno de esta soberanía el dictamen por el que se reforma el artículo 3 de la ley de nacionalidad a fin de incluir a la matrícula consular como uno de los documentos probatorios de la nacionalidad mexicana.
Estos esfuerzos podrían verse seriamente mermados por iniciativas como ésta que denotan una falta de consideración a la buena voluntad, a la seriedad y al empeño que ha impreso el Estado mexicano a la cooperación bilateral emitiendo matrículas consulares de alta seguridad que cumplen con los estándares internacionales en la materia y que cuentan con los elementos suficientes para ser considerados como válidos en el mundo.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-10 en el Congreso de Estados Unidos por constituir una disposición que contraviene al derecho internacional y a las diversas convenciones internacionales que consagran los derechos de los migrantes en el mundo.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un atento llamado a las autoridades estadounidenses involucradas en la aprobación y eventual implementación de esta ley para que consideren el daño que ocasionarían a nuestros migrantes y, por tanto, a ambos países, con la entrada en vigor de esta disposición.
Tercero. La Cámara de Diputados manifiesta que la seguridad fronteriza es una preocupación plenamente compartida por México y, por ello, nuestra matrícula consular cuenta con los elementos de seguridad suficientes para confiar en su validez.
Cuatro. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta que nuestros migrantes mexicanos en los Estados Unidos merecen un trato digno y respetuoso toda vez que viajan a ese país buscando mejores condiciones de vida a través de su reconocido y arduo trabajo por lo que no corresponde considerarlos como delincuentes ni terroristas.
Quinto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de los consulados mexicanos, utilicen todos los recursos administrativos y judiciales pertinentes para hacer valer, en todo momento, el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2004.
Diputados: Adriana González Carrillo, Presidenta (rúbrica); Gustavo de Unanue Aguirre, Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos, secretarios; María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argáiz (rúbrica), Alejandro González Yáñez (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández.
(Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.
Diciembre 2 de 2004.)
Palacio Legislativo, a 24 de noviembre de 2004.
Durante décadas todos los mexicanos que hemos tenido alguna relación con la Universidad Nacional Autónoma de México pudimos contemplar los murales de la Escuela Nacional Preparatoria, de San Ildefonso, en el Centro Histórico del DF. Ese fue el primer mural que pintara Diego Rivera, el principal creador del muralismo mexicano y uno de los pilares de la escuela mexicana de pintura.
Además de los murales que existen en los pasillos de ese edificio colonial, el principal conjunto de imágenes creadas por Rivera se encuentra en el salón conocido con el nombre de El Generalito.
Así, el grupo parlamentario de Convergencia rinde un homenaje de reconocimiento a ese gigante de la pintura universal, cuyas obras pictóricas dieron la vuelta al mundo, en vida de él, y hasta la actualidad.
Pero todavía más. Su clara posición de artista identificado con las mejores causas de la humanidad, intelectual socialista y militante comunista definido hasta los últimos días de su existencia, como miembro del Partido Comunista de México, significan para el grupo parlamentario de Convergencia la presencia de un artista popular, que concitaba las iras de clase por sus posiciones sociopolíticas definidas.
Fue miembro también de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Sus artículos periodísticos y sus conferencias estéticas con posturas críticas de izquierda lo volvieron un hombre polémico vertical en sus concepciones. Su amistad con León Trotsky, desahuciado por el stalinismo gobernante en la Unión Soviética, hizo que fuera acusado de revisionista, sin que por ello abjurara de su ideología de clase.
Ello motivó que varias de sus obras pictóricas fueran censuradas por sus propios contratantes extranjeros, particularmente en edificios de Estados Unidos de América. El grupo parlamentario de Convergencia ve en la vida y en la obra de Diego Rivera, al gigante estético, siempre en busca de caminos alternativos para su pintura y la consolidación de un estilo genérico que estableciera un arte comprometido con las causas del pueblo mestizo moderno, y con la perpetuación de identidad a través de darle vida a su rechazo al imperialismo avasallante.
Tan enorme es su aportación pictórica que, por ejemplo, uno de los murales más visitados por turistas extranjeros son los que se encuentran en la escalera central del Palacio Nacional y en sus pasillos. Donde sin ninguna taxativa o impedimento de sus concepciones plasma ahí su interpretación de la conquista sobre las culturas indias y la presencia de los creadores del comunismo realmente existente, que dio paso a la Revolución Socialista Soviética y fundó la Unión Soviética.
Otro más paradigmático, es el mural conocido como Un domingo en la Alameda, que hoy ha sido rescatado y restaurado luego de los sismos de 1985, y cuenta con un edificio exclusivo para su preservación, justo en la Alameda Central del Centro Histórico.
Asimismo, se pueden contemplar sus murales del Palacio de Bellas Artes, junto a otros de los grandes pintores: José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. De entre sus obras escultóricas inigualables debe destacarse el Anahuacalli, edificio que estuvo pensado como un albergue y talleres para artistas de escasos recursos económicos.
El grupo parlamentario de Convergencia quiere dejar constancia explícita de identificar al gran artista comunista mexicano hasta él fin de sus días, porque su inmensa riqueza incalculable, entre otros valores una enorme colección de piezas arqueológicas de todas las culturas precolombinas de Mesoamérica, quizás sólo comparable al acervo del Museo Nacional de Antropología e Historia, la de Diego Rivera abarca varios miles de piezas, las cuales, junto con ese magnífico Museo Anahuacalli, fueron heredadas íntegramente en vida del pintor "al pueblo de México".
Lo cual puede considerarse como una clara donación de clase, como una lección dada a muchos de sus detractores, quienes lo combatieron en vida por sus posiciones iconoclastas e ideológicas.
Diego Rivera falleció en la Ciudad de México un 24 de noviembre hace 47 años. El grupo parlamentario de Convergencia rinde un tributo a su memoria y a la enorme aportación que hiciera al arte universal.
Atentamente
Dip. Jesús Martínez Álvarez
CON MOTIVO DE LA PRESENTACION ANTE EL PUEBLO DE MORELOS DEL PLAN DE AYALA, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Palacio Legislativo, a 30 de noviembre de 2004.
Seguramente todos recordamos la anécdota expresada por el General Emiliano Zapata, cuando convocó a todos quienes estaban interesados en conocer su llamamiento para exigir las reivindicaciones campesinas en el estado de Morelos, y en general en el sur del país, diciéndoles: "Esos que no tengan miedo que pasen a firmar".
De ese modo el grupo parlamentario de Convergencia quiere recordar justamente esa referencia a lo que históricamente íbamos a conocer como el Plan de Ayala, manifiesto que se expidió el 28 de noviembre de 1911, con el significado de ser expuesto un año más tarde del estallamiento de la Revolución de 1910.
Por razón natural, del origen terrateniente burgués de don Francisco I. Madero, las demandas en general de los indios y campesinos marginados se habían soslayado en el Plan de San Luis, que esgrimiera el maderismo, el cual ponía el acento solamente en la democratización del pueblo mexicano, mediante el énfasis del lema: "Sufragio efectivo, no reelección".
El grupo parlamentario de Convergencia, por todo ello, señala que el general Emiliano Zapata desde un principio, aun cuando ya había sido elegido Francisco I. Madero como presidente de la República, el zapatismo se mantuvo en armas, a partir de aquella célebre entrevista en Cuernavaca entre ambos personajes, donde Madero quiso apaciguar al zapatismo, mediante su presencia frente al Caudillo del Sur.
El Plan de Ayala, redactado con el auxilio ideológico de un profesor como Otilio Montaño, y un ideólogo agrarista y juarista combativo como Antonio Díaz Soto y Gama representa a juicio del grupo parlamentario de Convergencia con los planteamientos eminentemente agraristas, la urgencia de respetar las reivindicaciones históricas documentadas, con ordenanzas y títulos de la Corona de España, que databan desde la época de la Conquista.
En los cuales se reconocían con linderos diagramados los derechos de las comunidades indígenas que habían sido despojadas por los encomenderos, desconociendo esos derechos a título de la encomienda dada justamente por los reyes españoles.
Avalada por los virreyes o visitadores (prácticamente inspectores de los reyes españoles), éstos quienes muchas veces ni siquiera llegaban a su destino porque o eran asesinados o morían en el camino desde España, y, si desembarcaban en Veracruz, no llegaban vivos a la Ciudad de México o llegaban disminuidos por enfermedades naturales, por el clima y la alimentación o finalmente cuando llegaban ya habían sido cooptados, mediante el cohecho (de ahí nació la mordida típicamente mexicana), por los encomenderos herederos de los soldados de la Conquista.
Todo ello hizo, en opinión del grupo parlamentario de Convergencia, que los pueblos indios sobrevivientes y remontados, no pudieran siquiera exponer sus demandas contra la expoliación que les hacían los españoles, tanto los peninsulares como los criollos.
Durante los 300 años que tardó la Conquista, los pueblos indios fueron sometidos a un genocidio esclavista atroz. Esta situación hizo que, de 156 reinos indios antes de la Colonia, con su territorio, idioma, cultura, religión, usos y costumbres -hoy que se han puesto de moda con lo más deleznable de ellos-, a la fecha queden sólo algunos focos localizados de 59 núcleos étnicos amestizados, y desde luego en la mayoría de los casos sin sus tierras reconocidas documentalmente y aún con litigios agrarios posrevolucionarios.
De manera que el lema de "Tierra y Libertad", que presidiera la connotación de demanda del Plan de Ayala, hasta la fecha siga siendo vigente, conforme el espíritu de la Declaración de Principios del Partido Político Nacional Convergencia.
La lucha por la ejecución del Plan de Ayala dio un giro social congruente para que en el tema específico, 6 años después al triunfo de la Revolución Mexicana, en la promulgación de la Constitución General de la República los contenidos visionarios del artículo 27 lo remarcaban.
Por ejemplo, lo inalienable que eran las tierras ejidales, justo para defenderlos ante el generalizado despojo que por su ignorancia le hacían a los pueblos indios y núcleos de campesinos marginados, amenazadas siempre -como hasta la fecha-, por los caciques al servicio de los hacendados prerrevolucionarios, herederos directos de los encomenderos de la Conquista.
Resumiendo, en el grupo parlamentario de Convergencia consideramos que el Plan de Ayala es y seguirá siendo un documento histórico, alfa y omega en la lucha por la tierra, tanto que la Universidad Autónoma Chapingo, ésta una hacienda expropiada por el agrarismo posrevolucionario, tiene por lema una interpretación moderna del lema de Zapata: "Enseñar la explotación de la tierra, no del hombre".
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR)
DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 Y 48, Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XXXVII AL ARTÍCULO 3º; Y LOS ARTÍCULOS 47 BIS Y 47 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, CON LA FE DE ERRATAS)
DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 314, FRACCIÓN II, Y 350 BIS 6 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR)
Para dar cumplimiento a la obligación de rendir un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados respecto de los resultados de sus labores, prevista en el numeral cuarto de su acuerdo de creación, esta Comisión Especial emite el siguiente
Informe
Antecedentes
1. La averiguación SE/001/95 del Caso Posadas fue reabierta desde el 12 de junio de 2001 a petición del Congreso de Jalisco al procurador de la República y se están agotando 8 líneas de investigación surgidas a raíz de su reapertura.
2. El 21 de noviembre de 2003 la Conferencia del Episcopado Mexicano dirigió a los coordinadores de los grupos parlamentarios una solicitud en la que señalaba que:
Nuestra intención es únicamente conocer la verdad para que se haga justicia, ya que en nuestra patria han sido varios los crímenes que quedan impunes, lo cual impide que la impartición de la justicia se haga de manera clara y transparente, conforme a la ley y prevalezca en todo momento el estado de derecho. Sólo la verdad nos va a llevar a la justicia, condición sin la cual no podrá haber perdón y reconciliación para una auténtica paz.
Es esta la razón por la que solicitamos, de acuerdo con las facultades que les asisten, nombren una Comisión Especial de Seguimiento del Caso Posadas, y si lo consideran oportuno, que la propia Cámara solicite en los términos del artículo 97 constitucional, 2º párrafo, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise el proceso de investigación, el cual adolece de varias irregularidades.
De esta manera se terminaría con las polémicas estériles que se han venido dando en los medios y se daría una mayor credibilidad en los resultados de la investigación.
4. La Comisión Especial tuvo 6 reuniones ordinarias de trabajo, en las que se analizó información y se entrevistó a diversas autoridades, entre las que se encuentran: el procurador general de Justicia del estado de Jalisco, licenciado Gerardo Octavio Solís Gómez, el licenciado Joaquín Chan González, coordinador de división y fiscal a cargo del Caso Posadas; el licenciado Espiridión Medina García, subprocurador B; así como el doctor Mario Rivas Souza, director del Servicio Médico Forense del estado de Jalisco; así también el General Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República; el licenciado Alejandro Ramos Flores, subprocurador Jurídico; el licenciado Gerardo Higuera Bernal; subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; el licenciado Abigai Vargas Tirado, coordinador general de Investigaciones contra el narcotráfico y delitos vinculados; el licenciado Carlos Luque Luna, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; la licenciada Marisela Morales Ibáñez, coordinadora general de Investigación; el licenciado José Carlos Beltrán, secretario particular del señor procurador; el licenciado Nabor Carrillo, coordinador de asesores.
De las reuniones de trabajo celebradas con los funcionarios descritos, cuyas actas se anexan al presente informe, sobresalen los siguientes:
Aspectos relevantes
Reunión con el licenciado Gerardo Octavio Solís Gómez, procurador general de Justicia del estado de Jalisco.
5. El procurador hizo alusión a la sentencia de primera instancia dictada en mayo de 2004 mediante la cual se absolvió a dos de los inculpados y el resto fueron condenados a penas privativas de libertad, por diversos delitos relacionados, que oscilan entre los 80 y los 318 años, quedando en 40 años, que es la pena máxima permitida en el estado; refirió también que quedan aproximadamente 30 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse.
Asimismo, procedió a enunciar a los sentenciados y las penas que recibieron:
Santiago Niebla Rivera.- 32 y 18 años respectivamente.
Alvaro Osorio Ozuna (El Nahual).- 30 y 17 años
respectivamente.
José Rosalío Beltrán Medina.- es
omisa la C. Juez.
Manuel Alberto Rivera.- 30 y 18 años respectivamente.
José Guadalupe Armenta Valdez (El Vinillo).- Absuelto
Juan Carlos Mendoza Castillo (El Paisa).- Absuelto.
Juan Enrique Vascones Hernández.- 23 y 15 años
respectivamente.
Humberto Rodríguez Bañuelos (La Rana).-
Aún no ha sido sentenciado pues se acaba de cerrar la instrucción.
Se espera que a fin de año haya sentencia.
De igual manera, a solicitud de la Comisión informó que todos estos sujetos sentenciados fueron aprehendidos por la PGR 12 de ellos; por la PGR con el auxilio de la Procuraduría de Jalisco 3 de ellos; por la Procuraduría de Jalisco con el auxilio del Capitán Horacio Montenegro, de la 5ª Región Militar, 4 de ellos; por la Procuraduría de Jalisco, 2 de ellos; y por el Capitán Montenegro, 1 de ellos; asimismo, que se encuentran pendientes 10 órdenes de aprehensión, conforme a la relación anexa a este informe.
6. Asimismo, a pregunta de la Comisión, informó el procurador, que en lo que corresponde al trabajo de las 8 líneas de investigación sobre el complot, que sigue la PGR, la Procuraduría de Jalisco no ha intervenido prácticamente en ninguna, y que considera normal que no se les invite porque están muy hechos a la teoría de la confusión. Asimismo, expresó que la Procuraduría del estado no se ha metido a fondo para no contaminar un criterio que debe ser objetivo, que sólo si se les solicita algo lo envían, para no influir en el ánimo de quien investiga, de la PGR, que es la que tiene las investigaciones.
7. Explicó también que respecto de Alberto Ballardo Robles, el "Gori", primer detenido en el caso y a quien de acuerdo con la información de las despachadoras de Aeroméxico, el día de los hechos no le pudieron dar el pase de abordar por encontrarse borracho y que posteriormente fuera aprehendido en un hotel del centro comercial Plaza del Sol, que no ha sido posible notificarle el auto de sujeción a proceso dictado por la Juez 4º de lo Penal, al no encontrarlo en el centro correctivo No. 1 por haber sido trasladado a Estados Unidos, por lo que se encuentra suspendido su proceso.
8. El señor procurador consideró que pudiera haber un punto nebuloso, pero que los procedimientos fueron normales y que estuvieron bien llevados: autopsias, balística, posición de vehículos, cateos, castigos, etcétera; lo que confirma el juez con sus sentencias condenatorias y un par de absolutorias que fueron impugnadas; agregando que a la PGR le ha faltado hacer la investigación necesaria para quitar las dudas en lo que la propia intervención del doctor Jorge Carpizo no fue lo más afortunada, pues se vio muy gráfico y muy poco técnico.
9. Respecto de la posible inducción en la declaración de diversos detenidos durante la intervención que tuvo personal de la 5ª Región Militar y el Capitán Horacio Montenegro en apoyo de la PGR y la Procuraduría del estado y hasta cuándo duró este auxilio o apoyo, durante los primeros días de la investigación, el señor procurador respondió no contar con la información precisa.
10. El doctor Mario Rivas Souza, director del Servicio Médico Forense del estado de Jalisco, manifestó que al hacer el estudio del cuerpo del Cardenal, dijo que había tatuajes de pólvora en la barbilla del Cardenal, lo que indica la distancia de los disparos, de cuando mucho un metro y medio, como quedó asentado en su informe, abocándose a señalar la causa de la muerte sin señalar a nadie como culpable y que lo único que sabe es que fueron dos personas las que participaron, uno que asesinó al Cardenal y otro a su chofer, estando el auto parado y el Cardenal bajando la pierna para descender.
Reunión con el general Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, subprocuradores y equipo de trabajo.
Sistematización de la Información
11. Se informó a la Comisión que, en atención a la instrucción del señor procurador para determinar si había estado influenciado el proceso en algunas de sus líneas, se llevó a cabo la sistematización de la información que consiste en reunir toda la información disponible de modo que una sola hoja es sometida a un estudio profundísimo para luego armar todo lo actuado, de tal suerte que al cabo de un periodo muy largo, sujeto a verificaciones y reverificaciones se pudo lograr este proceso de sistematización, toda vez que al Ministerio Público le interesa tener la certeza de que no falta ningún dato, nombre, cuenta, vehículo, arma, placas, hechos, etcétera. Las gráficas presentadas no tienen nada que no esté ministerialmente fundamentado. Cada detalle está dentro de una foja. Si se escoge un dato en particular, el sistema dará las referencias que existen en el expediente.
Fojas desaparecidas
12. Por parte de la Comisión se preguntó si este programa comprende las mil fojas desaparecidas y ajustadas del informe de la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, a lo que se respondió que las fojas que no están no pueden ser tomadas en cuenta; que el faltante resultó cuando precisamente el Centro de Inteligencia descubrió que faltaban con base en el trabajo de tamización y es así como tomó un camino relacionado pero paralelo; que al detectar el faltante de las fojas mencionadas, se dio vista al Ministerio Público para iniciar la averiguación correspondiente, así como de la desaparición de la declaración del ex Nuncio Girolamo Prigione.
El subprocurador Alejandro Ramos agregó que cuando se descubrió que faltaban 1000 fojas, al proceder contra los responsables se argumentó en constancia que obra en el expediente, que como había documentación duplicada, se depurarían diversas fojas y la licenciada Marisela Morales expresó que la PGR solicitó copia de dichas fojas al juzgado y que ya fueron repuestas las que faltaban.
Bitácoras
13. A pregunta de la Comisión respecto de las supuestas irregularidades o contradicción de declaraciones, respecto de las bitácoras de los vuelos acontecidos el día de los hechos, la Procuraduría expresó que sólo hay confusión respecto de un documento, que todos los demás concuerdan, y que esa confusión se debe a un error involuntario, toda vez que los formatos no establecen las horas zulu (del meridiano de Greenwich) sino únicamente la hora local. A este respecto, cabe señalar que el Seneam (Sistema de Navegación Aérea Mexicano) respondió originalmente que no contaba con la información oficial de los vuelos del 24 de mayo de 1993, porque sólo se guardaba por cinco años, pero que posteriormente y en una inspección ocular en las oficinas del aeropuerto de Guadalajara la misma persona que había dicho que no existía esa información entregó al Ministerio Público las bitácoras de los vuelos con los horarios de los mismos de acuerdo con la hora zulu o internacional y las ubicaciones de los pasajeros y que esta información había sido anotada conforme correspondía, aunque después el mismo trabajador expresó en otra declaración que lo había hecho así por órdenes de su jefe, quien ya había fallecido y que estaba equivocada.
Asimismo, se planteó por la Comisión la posibilidad de otras pruebas adicionales a las declaraciones de los pasajeros de dichos vuelos que pudieran clarificar la hora de salida de los mismos, tales como las constancias de abastecimiento de combustible de los aviones, puesto que estos no pueden ser cargados con mucha anticipación a su salida.
Avión Militar que habría llevado al Chapo de Guadalajara al DF
14. La licenciada Marisela Morales, fiscal del caso, señaló que ha quedado desvirtuado lo declarado por el ex Comandante Fulvio Jiménez Turegano, en cuanto al supuesto traslado en un avión militar del Chapo Guzmán, después del crimen y en la ruta de Guadalajara a México; que Jiménez Turegano es prófugo de la justicia y los elementos que dio no permiten continuar con la investigación.
Presunta participación del CISEN
15. La fiscal Marisela Morales manifestó a la Comisión que, respecto de dos videograbaciones que Florentino Cuervo López, jefe de seguridad del aeropuerto recogió el día del crimen a personas que dijeron ser agentes de seguridad del Cisen, y que fueron enviadas a la PGR por el fiscal Federal Alejandro Arenas, que dichas personas eran de seguridad del aeropuerto, no del Cisen y que no refieren en su declaración haber traído cámaras. El subprocurador Alejandro Ramos manifestó a la Comisión que las declaraciones del almirante Wilfredo Robledo y José Luis Figueroa, funcionarios del Cisen en aquel entonces, no resultan procedentes puesto que nadie los cita y no puede llamarse a declarar a todos.
Presuntas Amenazas al Cardenal Posadas
16. Con relación a las supuestas amenazas al Cardenal Posadas durante una reunión en Los Pinos, según declaración de un amigo de la infancia del Cardenal, en el sentido de que el Cardenal fue amedrentado por José Córdova Montoya para guardar silencio a cambio de apoyos para su Diócesis, la fiscal Marisela Morales informó a la Comisión que en posterior declaración, se retractó el testigo y que ya se había efectuado la declaración de Andrés Massieu, que era secretario particular del Presidente Carlos Salinas sin que se aportara ningún elemento al respecto.
Supuesta vigilancia a la casa del Cardenal, incluso desde un helicóptero.
17. La fiscal expresó que aunque están pendientes declaraciones de trabajadores de la biblioteca contigua a la casa del Cardenal y de vecinos, la declaración original de una empleada de la biblioteca que refiere la supuesta vigilancia está desvirtuada porque en la ampliación de la declaración hay contradicciones.
Supuesta autoría material de Gustavo Luhrs Tijerina y Miguel Silva Caballero
18. El informe oficial de la PGR señala respecto de la supuesta participación de los ex comandantes Gustavo Luhrs Tijerina y Miguel Silva Caballero, quienes aparecieron ejecutados y encajuelados con posterioridad a los hechos, no está acreditada en la indagatoria, no existiendo registros en los archivos de la Policía Judicial Federal de la existencia de una persona Laura o Norma Angélica Azcárraga Martínez que pudiera haber referido su participación y que se encuentra acreditado que fue Edgar Nicolás Mariscal Rábago quien disparó y privó de la vida al Cardenal Posadas, quien ha sido sentenciado por ello.
Supuesta presencia de Rodolfo León Aragón, director de la Policía Judicial Federal en el lugar del crimen.
19. Respecto a esta línea de investigación apoyada por la declaración de Juan Enrique Vascones Hernández, gatillero de los hermanos Arellano Félix que dijo al MP que el 23 de mayo de 1993 le habló Rodolfo León Aragón a Ramón Arellano Félix para citarlo en un lugar que después supo era el aeropuerto de Guadalajara y que al día siguiente lo vieron a la entrada de vuelos internacionales junto con sus agentes en el pasillo donde llegan los taxis, por lo que Ramón Arellano le dijo "vámonos" e inmediatamente abordaron el vuelo a Tijuana; la fiscal Marisela Morales informó a la Comisión que las primeras declaraciones de testigos no señalan a León Aragón y que en su calidad de indiciados declaran lo que les favorece y no se auto incriminan por lo que no hacen prueba contundente sus declaraciones, que el director de la Policía Judicial se enteró de los hechos por vía telefónica y que en las bitácoras no aparece que haya volado a Guadalajara, sino hasta al día siguiente.
Al efectuarse la reunión de trabajo con la PGR no había sido posible recabar la declaración de Rodolfo León Aragón por encontrarse prófugo y amparado, según lo informó la licenciada Marisela Morales, sin embargo la PGR dio a conocer con posterioridad, en este mismo mes de noviembre de 2004, la declaración ministerial de León Aragón quien resultó exonerado en el denominado maxiproceso y compareció para negar todo vínculo con el homicidio del Cardenal Posadas.
Presunto espionaje telefónico al Cardenal Posadas
20. Esta línea de investigación está aún pendiente, según la última información de la PGR, ya que no ha sido posible obtener la declaración de Idilio Monsivais, quien presuntamente había ordenado las intervenciones telefónicas, según la declaración de José Luis Thirión Muñoz, quien se encuentra preso en La Palma y manifestó hacer intervenciones telefónicas para el gobierno y el secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, habiéndose encontrado grabaciones a algunos eclesiásticos pero no al Cardenal Posadas Ocampo. El subprocurador Alejandro Ramos Flores explicó que no necesariamente se trata de una intervención sino posiblemente de una simple grabación telefónica.
Jesús Alberto Ballardo Robles, "El Gori", el primer detenido
21. Respecto de la conveniencia de que esta persona sea presentada ante el juez penal que lleva el caso Posadas, por haber sido el primer detenido, cuya primer declaración fue importante para la hipótesis de la confusión y que posteriormente fue facilitado a los Estados Unidos, país en el que hasta donde se conoce no hay cargos en su contra, y que en una segunda declaración ante el Ministerio Público Federal en diligencia levantada en una prisión de Estados Unidos, da otra versión de los hechos y del crimen; la fiscal Marisela Morales informó a la Comisión que ya se han realizado dos peticiones en ese sentido por el Procurador Rafael Macedo de la Concha y que las respuestas no han sido satisfactorias, argumentando que todavía está declarando en ese país, y que se hará otra petición.
Consideraciones finales
22. El subprocurador Gerardo Higuera Bernal, expresó a la Comisión que están conscientes de que el crimen del Cardenal Posadas es un lamentable hecho de hace ya muchos años, un hecho inédito, siendo entendibles las dudas en la sociedad y es legítimo que como servidores públicos se entienda que se tenga que responder a estas inquietudes y satisfacerlas, el esfuerzo de la PGR ha sido permanente, enorme y que es la información que se ha compartido en la reunión de trabajo con la Comisión.
23. Es importante señalar que los diputados Federales integrantes de esta Comisión no tuvimos acceso directo a la investigación, es decir, que no pudimos leer directamente la averiguación previa, y esto obedece a que las atribuciones de la investigación corresponden única y exclusivamente al Ministerio Público y se impone la reserva legal del caso.
24. Asimismo, debe hacerse mención de que consta que desde los primeros momentos hubo irregularidades que no fueron debidamente investigadas y que afectan el esclarecimiento del homicidio, tales como el robo o desaparición de los boletos del estacionamiento del aeropuerto, la cruz pectoral del Cardenal, casquillos y muestras de la balacera en el aeropuerto, videos y cintas de audio, etcétera; así como que, por otro lado, a lo largo de estos once años, cinco ex procuradores de la República han coincidido en que el homicidio del Cardenal Posadas Ocampo fue resultado de una confusión.
25. Los diputados integrantes de la Comisión Especial hemos reiterado en las reuniones de trabajo que las facultades y atribuciones con que contamos son solamente de seguimiento a las investigaciones y de ninguna manera pretender suplantar al Ministerio Público ni tampoco podemos ser investigadores de los investigadores.
26. Toda vez que la Procuraduría General de la República ha externado que aún se encuentra trabajando la línea de investigación relativa al presunto espionaje telefónico, esta Comisión considera oportuno exhortarla para que continúe los trabajos de investigación a fin de que pueda concluir su investigación y, en consecuencia, se propone a esta honorable Cámara prorrogar el mandato de esta Comisión Especial hasta por 6 meses más, a fin de que pueda cumplir su encomienda de seguimiento exhaustivo a las investigaciones del caso del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, esto es, hasta el 30 de mayo del año 2005, en que deberá presentar un informe complementario a este honorable Pleno.
Palacio Legislativo a 30 de noviembre de 2004.
Comisión Especial de seguimiento exhaustivo a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes en el caso del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo
Diputados: Fernando Guzmán Pérez
Peláez, Presidente; Francisco J. Guízar Macías, Rafael
Candelas Salinas, secretarios; Jesús Lomelí Rosas, Ramón
González González, Jorge L. Sandoval Figueroa, Jorge Legorreta
Ordorica, Jesús González Schmal (rúbricas)
Al foro Una legislación en materia de desaparición forzada de personas, que se efectuará el viernes 3 de diciembre, a partir de las 9 horas, en el lobby del edificio E.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
A los miembros de la sociedad civil, pequeños propietarios, empresarios, ganaderos, mineros, comuneros, ejidatarios, sindicatos, organizaciones de trabajadores, organizaciones productivas y de servicios, especialistas, académicos de instituciones de educación superior, organizaciones de profesionales, representantes de los tres niveles de gobierno y de los Poderes Judicial y Legislativo, a la sesión pública de conclusiones de los Foros de consulta ciudadana para el análisis de la cuenca de Burgos, efectuados en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, que se realizará el lunes 6 de diciembre, a partir de las 11 horas, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Orden del Día
4. Lectura de conclusiones de los foros realizados en
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, que serán canalizados
a los gobiernos federal, estatales y municipales, y a los Poderes Legislativo
y Judicial locales y federales, por los secretarios de la Mesa Directiva
de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.
Desarrollo sustentable. Diputada Norma Patricia Saucedo
Moreno.
Desarrollo regional. Diputado Sergio Arturo Posadas Lara.
Análisis jurídico y alternativas legislativas.
Diputado Pedro Vázquez González.
Desarrollo social. Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno.
Producción y suministro. Diputada Rosa María
Avilés Nájera.
5. Palabras del licenciado José Natividad González
Parás, gobernador constitucional del estado de Nuevo León.
6. Palabras del licenciado Tomás Yarrington Ruvalcaba,
gobernador constitucional del estado de Tamaulipas.
7. Palabras del licenciado Enrique Martínez y
Martínez, gobernador constitucional del estado de Coahuila.
8. Clausura de la sesión pública de conclusiones
de los Foros de consulta ciudadana para el análisis de la cuenca
de Burgos.
Atentamente
Dip. Humberto Cervantes Vega
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A la reunión de su Junta Directiva, que se llevará a cabo el lunes 6 de diciembre, a las 12 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
DE LA COMISION DE PESCA
A la reunión del Grupo de Trabajo sobre la iniciativa de la Ley General de Pesca y Acuacultura, que se realizará el lunes 6 de diciembre, a las 15 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Francisco Javier Obregón Espinosa
Presidente
DE LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
A su cuarta reunión ordinaria, que se realizará el martes 7 de diciembre, a las 9 horas, en la sala B del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión plenaria de la Subcomisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, que se realizará el martes 7 de diciembre, a las 14 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE GOBERNACION
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Gobierno, que se efectuará el martes 7 de diciembre, a las 18 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A su reunión, que se efectuará el martes 7 de diciembre, a las 18 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto del acta correspondiente a la sesión plenaria de la
Comisión, de fecha 27 de mayo de 2004.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de dictamen por el que se reforman la fracción VIII
del artículo 73, y el inciso e) de la fracción V de la base
primera del Apartado C del artículo 122; se adiciona un segundo
párrafo al inciso e) de la fracción V de la base primera
del apartado C del artículo 122 y un inciso f) a la fracción
II de la base segunda del apartado C del artículo 122, pasando el
actual inciso f) a ser el g), y se derogan la fracción III de los
apartados A y B del artículo122, y el segundo párrafo del
inciso b) de la fracción V de la base primera del apartado C del
artículo 122, todos, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo quinto al artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Corte Penal Internacional).
7. Entrega del proyecto de dictamen relativo al proyecto
de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo
55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(requisitos de elegibilidad de legisladores).
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la reunión.
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A su decimotercera sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 8 de diciembre, a las 9 horas, en el salón D del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
4. Iniciativas legislativas por dictaminar:
a) Iniciativa de decreto que adiciona el Título
III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracción VIII del
artículo 95 del Código Fiscal de la Federación y el
artículo 389 Bis A del Código Penal Federal; y
b) Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos
artículos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
5. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 8 de diciembre, a las 9 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
4. Discusión de los proyectos de dictamen de las
iniciativas presentadas por los legisladores siguientes:
Diputada Guadalupe Suárez Ponce.
Diputado Elpidio Tovar de la Cruz.
5. Asuntos generales.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A su reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 8 de diciembre, a las 10 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería
Dip. Julio César Córdova Martínez
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
DE LA COMISION JURISDICCIONAL
A su reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 8 de diciembre, a las 10 horas, en el salón F del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 8 de diciembre, a las 12 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Salvador Martínez Della Rocca
Presidente
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo, que se verificará el miércoles 8 de diciembre, a las 14:30 horas, en el salón D del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 8 de diciembre, a las 15 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su séptima reunión plenaria, que tendrá lugar el martes 14 de diciembre, a las 10:30 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Se convoca a los CC. Diputados el próximo 14 de Diciembre de 2004 a las 10:30 horas, en el salón "B" del edificio "G" del Restaurante los Cristales.
En virtud de configurar el quórum correspondiente para llevar a efecto nuestra Séptima Reunión Plenaria, toda vez que no se ha podido reunir en dos ocasiones por falta del mismo, se convoca en este día de sesiones.
Se recuerda a los CC. Diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal que, de acuerdo con la práctica que se sigue en esta Comisión, se da un término de 20 minutos de espera para que haya quórum y, en su caso, iniciar la sesión.
La reunión se llevará a cabo bajo el siguiente:
Orden del Día
4. Dar cuenta del Proyecto de modificación del
Estatuto del Distrito Federal para dotar de personalidad jurídica
y patrimonio a las Delegaciones.
5. Dar cuenta de la Propuesta con Punto de Acuerdo mediante
el cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita se realicen
acciones que incrementen sustancialmente el Presupuesto de Salud asignado
al Gobierno del Distrito Federal.
6. Dar cuenta del Punto de Acuerdo de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal relativo a la desconcentración educativa integral
para el Distrito Federal para que no solo se transfiera a las entidades
locales los servicios educativos, sino también la administración
de los recursos financieros necesarios para una educación pública
de calidad.
7. Dar cuenta del Punto de Acuerdo para reiterar al Congreso
de la Unión el exhorto a que se incluya al Distrito Federal en el
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio
fiscal de 2005. Remite la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
8. Dar cuenta de la iniciativa que reforma el inciso a)
del sexto párrafo, del artículo 37 del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, presentada por el Dip. Jorge Legorreta Ordorica del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
9. Dar cuenta de la iniciativa que adiciona un artículo
Décimo Séptimo Transitorio al Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
10. Fecha de instalación y programa de trabajo
para las diversas subcomisiones.
11. Informe sobre las Conferencias Magistrales durante
el mes de septiembre.
12. Asuntos generales.
13. Clausura.