Palacio Legislativo, México, DF, a 31 de marzo de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
En relación con los atentos oficios de fechas 25 y 29 de marzo del año en curso, suscritos por el C. diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD, mediante el cual hizo del conocimiento de la Junta de Coordinación Política diversas modificaciones en la integración de Comisiones respecto de diputados del grupo parlamentario que coordina, me permito informar a usted lo siguiente:
En reunión de trabajo celebrada el día de hoy, los integrantes de la Junta de Coordinación Política se dieron por enterados de las comunicaciones formuladas en términos de lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 44, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los nombramientos y bajas que a continuación se precisan:
Sin otro particular por el momento, me es grato expresar a usted un cordial saludo.
Atentamente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa, que reforma la fracción VIII del artículo 32 de la Ley Federal Para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Con objeto de reducir los costos de administración y custodia que se erogan por la operación y enajenación de los bienes y empresas a disposición del Gobierno Federal, así como para homologar procedimientos que actualmente se llevan a cabo en diversas instituciones y unidades administrativas, esta Soberanía aprobó el Decreto por el que se expide la Ley Federal Para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público el 23 de octubre de 2002, publicada el 19 de diciembre del mismo año.
El nuevo organismo adquirió responsabilidades y funciones del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, del Servicio de Administración de Bienes Asegurados, de la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior Propiedad del Fisco Federal, de la Dirección General Adjunta de Cartera y Activos no Monetarios de la Tesofe y de la Unidad de Desincorporación de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP.
Uno de los efectos de los procesos de globalización y de integración regional ha sido el reconocimiento de problemas comunes a todas las sociedades. La corrupción y sus manifestaciones detienen materialmente el desarrollo y afectan el bienestar de los ciudadanos. Esta renovada conciencia global sobre los problemas comunes que aquejan a la comunidad mundial, ha motivado la creación de estrategias y mecanismos multilaterales para combatirla.
Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación y organismos de cooperación internacional han puesto de manifiesto -mediante acciones coordinadas, iniciativas e investigaciones académicas- que el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia son indispensables para asegurar el bienestar y sentar las bases de un mayor crecimiento y desarrollo justo.
Esfuerzos como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son ejemplo de que cuando la comunidad internacional logra establecer acuerdos sobre temas de interés común, se abre el camino para la cooperación.
La capacidad de atraer inversión a nuestro país y la posibilidad de generar negocios para empresas mexicanas dependen en gran medida de nuestra capacidad de mejora continúa en materia de transparencia y combate a la corrupción, tanto en el sector público como en el privado.
Las condiciones de mejora continúa en materia de corrupción cada vez son más observadas por inversionistas, calificadoras, consumidores y otras economías.
En este sentido, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE es un instrumento que señala obligaciones para los gobiernos, las empresas, los contadores públicos, los abogados y la sociedad civil de las naciones firmantes.
Los países signatarios, como en el caso de México, deben establecer mecanismos necesarios para prevenir, detectar y sancionar a los servidores públicos, a las empresas y a terceras personas que en transacciones comerciales internacionales, den o prometan gratificaciones a servidores públicos.
El combate de la corrupción y la creación de una cultura de la transparencia y la legalidad son metas muy importantes para México y para alcanzar estos objetivos, las estrategias incluyen dos tipos de acciones. La primera consiste en abatir la corrupción en el gobierno y lo mejor es la prevención, es por ello que el proceso de enajenación de bienes del sector público debe contar con una mayor transparencia e impedir realmente que los servidores públicos que por su función hayan tenido acceso a información privilegiada participen en el procedimiento de enajenación.
La segunda acción tiene que ver con lograr la participación de todos los sectores de la sociedad en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una cultura de la transparencia y del respeto a la ley.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 32 de la Ley Federal Para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:
Artículo 32. Estarán impedidas para participar en los procedimientos de enajenación regulados por esta ley, las personas que se encuentren en los supuestos siguientes:
Fracciones I. a VII. ...
Fracción VIII. Los servidores públicos que por sus funciones hayan tenido acceso a información privilegiada; y
...
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Abril
1 de 2004.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 27 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 1 DE ABRIL DE 2004
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
Exposición de Motivos
El sistema penitenciario mexicano, así como la readaptación del individuo que ha sido juzgado por ley privativa de la libertad, por haber cometido delito que lo merezca, se encuentra en un franco proceso de ineficacia, en el cual difícilmente podrá conseguirse su reinserción en la sociedad.
Por ello, la presente iniciativa busca transformar el sistema penitenciario mexicano, haciéndolo más eficiente, respetuoso de las prerrogativas esenciales de los internos recluidos en los centros penitenciarios y otorgando a éstos la garantía de prisión sustitutiva por trabajo en favor de la comunidad, consistente en prestar servicios o laborar sin remuneración en instituciones, dependencias u organismos desconcentrados o descentralizados de la Administración Pública Federal u organismos autónomos. O en empresas o instituciones públicas estatales, o de participación estatal; o privadas si son asistenciales, educativas o no lucrativas.
En este sentido, las reformas propuestas al marco jurídico de seguridad pública y penal son determinantes para lograr avances significativos en las políticas y estrategias que en materia de prevención, readaptación y reinserción social se realicen.
De los problemas de seguridad y de justicia, 90 por ciento se encuentra en las faltas administrativas y delitos menores, por lo que es imprescindible un marco legal justo que aplique la pena correspondiente, en función de la gravedad del delito, la circunstancia y la edad, evitando que los delitos menores se conviertan en privativos de la libertad, lo cual es un factor preponderante no sólo para la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles, sino para que los internos primodelincuentes recluidos por delitos menores no se contaminen con la influencia de los internos de alta peligrosidad.
La reparación del daño y el trabajo comunitario son factores fundamentales para la readaptación social, ya que las cárceles no son el lugar idóneo para que los infractores de la ley por delitos menores se reintegren a la sociedad de manera productiva.
Existen aproximadamente 45 mil internos procesados o sentenciados por delitos contra el patrimonio de las personas, que en promedio no exceden de 8 mil pesos, quines podrían ser sancionados vía la reparación del daño y la realización de trabajo comunitario para resarcir a la víctima y a la sociedad del perjuicio que les ocasionaron.
La infraestructura del sistema penitenciario nacional cuenta con 448 centros de readaptación social,1 de los cuales sólo 5 son federales, 8 del Gobierno del Distrito Federal, 347 de los gobiernos estatales y 88 de gobiernos municipales.
La población penitenciaria ha crecido de 93 mil 574 internos en 1995 a 183 mil 547 internos del fuero común y del fuero federal en 2003.2
El sistema penitenciario nacional tiene actualmente una sobrepoblación de 27.9 por ciento, 4.8 puntos porcentuales más que en diciembre de 2002, hecho que subraya la urgente necesidad de reformar dicho sistema.
Si tomamos en cuenta que el sistema penitenciario mexicano está integrado por un total de 448 centros penitenciarios en la República3 y casi todos padecen sobrepoblación, tendremos que los costos de operación de los centros penitenciarios eventualmente serán incosteables.4
Este fenómeno es producto del crecimiento del índice delictivo y la incapacidad de las autoridades para prevenir el delito, así como la práctica del endurecimiento de las penas, que ha sido vista como una respuesta del problema y que ha generado el fenómeno de sobrepoblación preventiva y penitenciaria, el aumento de corrupción y el crecimiento de prisiones de alta seguridad.
Una de las principales razones de ser del sistema penitenciario del país, mediante la privación de la libertad de quienes son sentenciados, es la readaptación social. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 18, inciso B:
Si analizamos lo anterior, observamos claramente que la prisión, más que un lugar de castigo y represión, es un lugar donde quien ha observado una conducta contraria a la ley obtendrá un correctivo, basado fundamentalmente en el trabajo y la educación, lo que permitirá su rehabilitación y su regreso a la sociedad, de la cual ha sido extirpado por quebrantar el orden público; y esto no es así, porque la realidad demuestra lo contrario.
El ocio suscita muchos problemas en las instituciones penitenciarias y, sin embargo, ese tiempo de ocio bien aprovechado puede contribuir notablemente a la resocialización del detenido. Además, el trabajo permite al individuo la continuidad de su vida familiar y social y constituye además para él una fuente de ingresos, de la cual una parte puede ser destinada a su manutención, ya que el condenado representa un alto costo para el Estado.
Infortunadamente, las medidas sustitutivas de la pena privativa de la libertad, como la condena condicional, la caución, el perdón, la represión, la amonestación, la reclusión domiciliaria, la condena de fin de semana, la detención nocturna, el trabajo obligatorio sin detención, retención del jornal o interdicción de profesión y de residencia, consideradas en el Código Penal, han tenido una aplicación muy escasa o nula.
El artículo 27 del Código Penal Federal, Libro Primero, Título Segundo, habla de la semilibertad, que implica alternación de periodos de privación de la libertad y tratamiento en libertad y del trabajo en favor de la comunidad, que consiste en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas educativas o de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales; todo esto, con sus respectivas restricciones.
El trabajo en favor de la comunidad puede ser pena autónoma o sustitutivo de la prisión o de la multa. Y en el artículo 70, Libro Primero, Título Tercero, Capítulo VI, también del Código Penal Federal, se menciona que "la prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52, en los términos siguientes:
Con el trabajo en favor de la comunidad, además de desarrollar terapias ocupacionales, los internos adquirirían la capacitación para realizar trabajos óptimos en su etapa de reinserción a la sociedad. Así, estarían trabajando antes de su reincorporación y luego de su incorporación no perderían ese hábito y sí, por el contrario, lo fomentaríamos.
La estancia en el centro de readaptación permitiría que meditaran los actos que los han llevado al interior y lo que motiva el procedimiento de reinserción a la sociedad.
La tendencia actual no es castigar la comisión del delito; la reclusión hoy día está destinada a separar al delincuente del resto de la sociedad para someterlo a un proceso orientado a que en su interior pueda incorporarse a ésta. El actual Código Penal en México castiga antes de comprobar mediante un proceso la responsabilidad jurídica porque anteponemos razones de seguridad social y no de índole jurídico-penal. La prisión se ha visto así como la mejor de las penas y se ha visto aplicada indiscriminadamente, cuando debería ser impuesta sólo en los casos en que peligre la seguridad social.
Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país. Por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente
Decreto por el que se reforma el artículo 27 del Código Penal Federal
Artículo Unico. Se reforma el artículo 27 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Capítulo III
Tratamiento en Libertad, Semiliberación y Trabajo
en Favor de la Comunidad
Artículo 27. El tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la readaptación social del sentenciado, bajo la orientación y el cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida.
La semilibertad implica alternación de periodos de privación de la libertad y de tratamiento en libertad. Se aplicará, según las circunstancias del caso, del siguiente modo: externación durante la semana de trabajo o educativa, con reclusión de fin de semana, salida de fin de semana, con reclusión durante el resto de ésta; o salida diurna, con reclusión nocturna. La duración de la semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida.
El trabajo en favor de la comunidad consiste en prestar servicios o laborar sin remuneración en instituciones, dependencias u organismos desconcentrados o descentralizados de la Administración Pública Federal u organismos autónomos. O en empresas o instituciones públicas estatales, o de participación estatal; o privadas si son asistenciales, educativas o no lucrativas.
Este trabajo se llevará a cabo en jornadas dentro de periodos distintos del horario de las labores que representen la fuente de ingreso para la subsistencia del sujeto y de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la Ley Federal del Trabajo, y con la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora.
El trabajo en favor de la comunidad puede ser pena autónoma o sustitutivo de la prisión o de la multa.
Cada tres días de prisión será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad.
La extensión de la jornada de trabajo será fijada por el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso. Por ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma que resulte degradante o humillante para el condenado.
Para aplicar este sustitutivo, la dependencia a que se encargue ejecutar la pena de prisión, además de las veces que se lo requiera el juzgador, mensualmente enviará a los juzgados y tribunales competentes una lista de los programas y lugares con disponibilidad.
Se llevará bajo la vigilancia de la dependencia a que se encargue ejecutar la pena de prisión y de la dependencia, organismo o institución donde el sentenciado preste sus servicios, la que deberá informar periódicamente a la primera acerca del trabajo del sentenciado.
...
Transitorio
Unico. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 A julio de 2003.
2 Según cifras del INEGI y de la Secretaría
de Seguridad Pública.
3 Según el Programa Nacional de Seguridad Pública
2001-2006, DOF del 14 de enero de 2003.
4 El gobierno mexicano gasta en manutención por
cada recluso el equivalente a $11.86 diarios del erario público.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de abril de 2004.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Abril 1 de 2004.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE EXHORTE A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A LLEVAR A CABO LAS VERIFICACIONES NECESARIAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA "MIGUEL HIDALGO" Y, DE NO CUMPLIR EL GRUPO CONCESIONARIO LAS OBLIGACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN ESA CENTRAL AEREA, SANCIONARLO O, EN SU CASO, REVOCARLE LA CONCESION CONFORME A DERECHO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARISOL URREA CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 1 DE ABRIL DE 2004
La que suscribe, diputada federal por el estado de Jalisco, Marisol Urrea Camarena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que lleve a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Guadalajara "Miguel Hidalgo" y, en caso de que no se cumplan las obligaciones de conservación y mantenimiento de dicho aeropuerto por parte del grupo concesionario, se sancioné o revoque la concesión conforme a derecho, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Con la Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 1995, inició la participación de la inversión privada en el sistema aeroportuario mexicano. En esta Ley se establece que, para la administración, operación y explotación de aeropuertos, se requiere de la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme a los Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano, publicados oficialmente el 9 de febrero de 1998.
El Gobierno Federal abrió este sector a la inversión privada mediante el esquema de concesiones, con los objetivos de conservar, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria; elevar los niveles de seguridad y eficiencia; y mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.
De esta manera, los títulos de concesión aeroportuaria contienen compromisos de inversión para modernizar y ampliar el sistema aeroportuario mexicano. Esta fue la razón por la cual se le otorgó al Grupo Aeroportuario del Pacífico la concesión de 12 centrales aéreas del centro pacífico y centro norte, entre las cuales se encuentra el aeropuerto internacional "Miguel Hidalgo" de Guadalajara, Jalisco.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, "corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad".
La ley también señala que los permisionarios y concesionarios podrán prestar servicios aeroportuarios, como el uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil, y a la extinción de incendios y rescate, entre otros; servicios complementarios, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, avituallamiento, almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación de aeronaves; y servicios comerciales, que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeródromo.
En principio, el permisionario o concesionario de un aeródromo de servicio al público deberá elaborar un programa indicativo de inversiones en materia de construcción, conservación y mantenimiento.
En virtud de que los aeropuertos son de gran importancia para el desarrollo económico y turístico del país, es necesario que cuenten con infraestructura, tecnología y métodos de gestión y operación adecuados para elevar los niveles de eficiencia y operatividad acordes con los estándares internacionales.
En el caso del aeropuerto internacional "Miguel Hidalgo" de Guadalajara, uno de los más importantes del país, con un aforo promedio de 20 mil pasajeros diarios, existen serias deficiencias en la conservación y mantenimiento de sus instalaciones, así como una funcionalidad y operatividad poco eficiente.
En este aeropuerto se detectan las siguientes deficiencias: desprendimiento del asfalto en la plataforma general y en las calles de rodaje; insuficiencia de puertas de contacto y salas de acceso; falta de una calle de rodaje extra para alimentar la pista de aterrizaje; infraestructura insuficiente para carga dentro del área de operaciones del aeropuerto; filtros de seguridad insuficientes e ineficientes para el número de pasajeros que circulan en el aeropuerto; necesidad de ampliar las salas de espera nacional e internacional; suciedad en las áreas interiores del aeropuerto y aduanas; e insuficiente infraestructura vial para el ascenso y descenso de personas, entre otras.
Adicionalmente, no se observan proyectos de ampliación del aeropuerto, lo que indica que en el corto plazo la oferta de servicios será insuficiente, o la existente será extremadamente ineficiente.
Con base en lo observable, puede determinarse que el concesionario Grupo Aeroportuario del Pacífico no está cumpliendo con los compromisos adquiridos mediante la concesión, ni con las obligaciones que señala la Ley de Aeropuertos.
De acuerdo con el artículo 27, fracción X, de esta ley, no cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeródromo civil es una causa de revocación de las concesiones y permisos.
Adicionalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede sancionar a los concesionarios que no presten los servicios en la forma convenida en la concesión, así como por no cumplir con las obligaciones de conservación y, mantenimiento, según lo dispuesto en las fracciones VIII y XV del artículo 81 de la ley en comento.
Es por estas consideraciones, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la autoridad responsable de vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar el funcionamiento del sistema aeroportuario mexicano, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se lleven a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Guadalajara "Miguel Hidalgo" y, en caso de que no se cumplan las obligaciones de conservación y mantenimiento de ese aeropuerto por parte del grupo concesionario, se sancione o revoque la concesión conforme a derecho.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el 1 de abril de 2004.
Dip. Marisol Urrea Camarena (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transportes. Abril 1
de 2004.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA RECOMENDAR A LAS SECRETARIAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO QUE, MEDIANTE SUS ORGANOS DESCONCENTRADOS, EXISTA MAYOR COORDINACION EN EL DISEÑO Y LA PROPUESTA DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS FISCALES, FINANCIEROS Y DE MERCADO, DESTINADOS A APOYAR LA INTERNALIZACION DE DAÑOS AMBIENTALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAUL PIÑA HORTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 1 DE ABRIL DE 2004
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Conforme al Plan Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, uno de los objetivos de la presente administración es hacer que los agentes económicos incorporen en sus decisiones los costos ambientales de sus acciones, logrando así detener y revertir la pérdida del capital natural de una manera eficiente y descentralizada.
Uno de los medios para lograr la protección ambiental es la creación de instrumentos económicos que contribuyan a un proceso de desarrollo sustentable como herramientas para una mejor gestión ambiental, acompañados de objetivos comunes para una integración efectiva entre políticas económicas y ambientales, como son: eliminación de subsidios, reestructuración de impuestos existentes e introducción de nuevos impuestos ambientales.
El diseño e implementación de políticas ambientales es una condición importante para lograr un crecimiento económico sustentable junto con la protección del medio ambiente, principalmente en países que se encuentran en un proceso de desarrollo.
La política ambiental debe reflejar las condiciones sociales, económicas y políticas del País, tomando en cuenta tanto al sector público como al privado y, más allá, la política ambiental debe caracterizarse por consistente, estable y permanente en las instituciones.
El éxito de la política se debe basar en una clara definición de objetivos y prioridades que puedan ser alcanzables y sujetos a medición, permitiendo con ello una planeación avanzada para dar soluciones cuantitativas en materia de depredación de recursos naturales, contaminación y concentración urbana, bajo estas circunstancias una estrategia de administración ambiental debe fortalecerse para incluir elementos esenciales en legislación, institucionalización, marco conceptual de aplicación, herramientas de regulación ambiental, apuntalamiento, seguimiento y mejora continua.
Un elemento indispensable para las instituciones es la coordinación y la comunicación, mismas que deben ser a nivel local, regional, nacional e internacional para continuar creando una imagen ambiental sólida y consistente con las demandas de una economía abierta y de consumidores cada vez más educados.
La base conceptual que permite la operación de una gestión ambiental es la internalización de los costos ambientales y el grupo de instrumentos económicos que ha probado ser más efectivo por su confiabilidad, duración, adaptación, crecimiento, capacidad de generar incentivos, eficiencia económica y atractivo político es el de mecanismos de mercado como cuotas, impuestos y subsidios.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Ingresos, tiene entre otras, la facultad para proponer la política de ingresos, incluyendo la política fiscal y aduanera, la de estímulos fiscales para el desarrollo de la economía nacional, la referente a productos, aprovechamientos, precios y tarifas de la Federación, en congruencia con la política de la hacienda pública y la política económica y social del país, en coordinación con otras unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria, así como de otras dependencias y entidades de la administración pública federal y, en su caso, con las entidades federativas y municipios; así como evaluar el efecto recaudatorio de las reformas que en las materias fiscal y aduanera se propongan. También, participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y otras dependencias de la Administración Pública Federal, en la formulación para aprobación superior del programa, los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, por áreas y sectores de la actividad económica, asegurando su congruencia con otros apoyos financieros del Gobierno Federal y evaluar sus resultados conforme a sus objetivos, escuchando a las dependencias coordinadoras de los sectores correspondientes; así como en la elaboración de acuerdos de concertación, programas de fomento y medidas para inducir la acción de los particulares, en lo que concierne a estímulos fiscales, y estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos de la Federación.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Instituto Nacional de Ecología, está facultada, entre otros, para participar en el diseño de instrumentos económicos fiscales, financieros y de mercado vinculados a la política ambiental, con la finalidad de que las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los operen en el ámbito de su competencia, así como crear metodologías y procedimientos para evaluar económicamente al capital natural, a través de los bienes y servicios ambientales que, presta, y cooperar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para desarrollar un sistema integrado de contabilidad ambiental y económico.
En este sentido, una política ambiental que integra los elementos descritos anteriormente será efectiva solamente si se toma en consideración el papel fundamental de la participación interinstitucional entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, misma que a través del instituto Nacional de Ecología cuenta con investigación realizada durante varios años que puede servir de base para la aplicación de los instrumentos económicos mencionados.1
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico: Se recomienda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, a través de sus órganos desconcentrados, exista una mayor coordinación en el diseño y propuesta de instrumentos económicos fiscales, financieros y de mercado, destinados a apoyar la internalización de costos ambientales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de marzo de 2004.
Nota:
1 http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/index.html
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Orta (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Abril 1 de 2004.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA QUE INTEGRE UNA COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL CASO DEL CARDENAL POSADAS OCAMPO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO ANTONIO GUZMAN PEREZ PELAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 1 DE ABRIL DE 2004
Los suscritos, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Germán Martínez Cázares y José Antonio de la Vega Asmitia, en su calidad de diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, 58, 59 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Como todos sabemos, el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y de seis personas más, ocurrido el 24 de mayo de 1993, conmocionó a los mexicanos y hoy, a más de una década, sigue indignando a la sociedad ya que, tras una investigación tan larga como ineficaz y plagada de irregularidades, no ha podido ser resuelto.
Es de señalarse que, con fecha 21 de noviembre de 2003, la Conferencia del Episcopado Mexicano dirigió una petición a cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios en la H. Cámara de Diputados, suscrita por su Presidente, el obispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, y su secretario, el obispo de Texcoco, Carlos Aguiar Retes, en representación de los obispos católicos de México, a efecto de solicitar la creación de una comisión especial de seguimiento del caso Posadas Ocampo o, de considerarse oportuno, solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise el proceso de las investigaciones, con la finalidad de conocer la verdad y de que prevalezca en todo momento el Estado de derecho, demostrándonos con ello la confianza que se tiene en que nosotros, señoras y señores legisladores, podamos contribuir eficazmente al esclarecimiento de este crimen y a levantar el velo de impunidad que se ha tendido sobre él.
En tal virtud, con fecha 15 de diciembre de 2003 su servidor presentó en esta tribuna, con el respaldo de aproximadamente 100 compañeros legisladores del PAN, del PRI y del PRD, equivalentes a 20 por ciento de esta Cámara, por cierto el mayor apoyo que haya recibido alguna de las comisiones especiales ya aprobadas, una proposición con punto de acuerdo para crear la comisión especial encargada de dar seguimiento exhaustivo a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes en el caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, proposición que en su momento fue turnada a la Junta de Coordinación Política.
La Junta de Coordinación Política ha dictaminado favorablemente la creación de diversas comisiones especiales solicitadas durante el primer periodo ordinario del primer año de la LIX Legislatura, entre las que se encuentran la Comisión para la Concordia y Pacificación, la del Canal de Televisión del Congreso, la de Bibliotecas, la de Seguimiento a los Feminicidios de Ciudad Juárez, la relativa a la Región Sur-Sureste, la de Reforma del Estado, la de la Niñez, Adolescencia y la Familia, la de Caña de Azúcar, la del Café, la de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, la de Ganadería, la de la Cuenca Lerma-Chapala y la de los Fondos de Trabajadores Migrantes.
Sin embargo, no se dictaminó favorablemente la creación de la comisión para el seguimiento del caso Posadas Ocampo, situación a nuestro juicio inexplicable, toda vez que es indudable la trascendencia de este caso y su esclarecimiento para la justicia en nuestro país, además de que la averiguación previa y las investigaciones se encuentran abiertas y se han denunciado graves irregularidades en las mismas, que fundamentan precisamente la necesidad y la oportunidad de crear esta comisión de seguimiento; y, por otro lado, el asunto en los tribunales no ha sido resuelto en definitiva.
La negativa a establecer una comisión especial en la Cámara para el seguimiento del caso Posadas Ocampo puede dar la impresión de que se quiere esconder el tema bajo la alfombra o en el archivo muerto de la Cámara, cuando existen precedentes legislativos del ejercicio responsable de las facultades de la Cámara de Diputados para la creación de comisiones especiales de seguimiento, siendo el más reciente de los casos precisamente la Comisión de Seguimiento a los Feminicidios en Ciudad Juárez.
El caso del cardenal Posadas Ocampo, hoy todavía, se encuentra abierto, por lo que la comisión especial de seguimiento que se propone es sin duda oportuna, conveniente y procedente.
Consideraciones
Toda vez que la seguridad, la justicia y la transparencia constituyen algunas de las más trascendentales obligaciones del Estado para con la sociedad mexicana, es necesario que nuestras instituciones encargadas de procurar justicia actúen con la debida responsabilidad y eficacia, hasta llegar al fondo de este asunto para conocer la verdad y el motivo real del magnicidio.
Convencidos de la necesidad de coordinar esfuerzos en nuestros diversos ámbitos de competencia para esclarecer este asunto, insistimos en la imperiosa necesidad de crear la comisión especial de seguimiento del caso del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Compañeros diputados y diputadas: debemos recordar la trascendencia de la justicia en el orden social, pues -como sostenían los autores del derecho romano- la justicia es un bien general antes que el pan, pues sin justicia el pueblo no puede digerir el trigo; antes que el arte, pues sin justicia no puede apreciarse la belleza; y antes que el éxito y los triunfos militares, porque sin justicia no puede haber orden.
Esperamos que pueda lograrse la voluntad política necesaria para la aprobación de la comisión de seguimiento, que no tiene otro objetivo que contribuir, en el ámbito de nuestra competencia y con el respeto de las facultades constitucionales conferidas a otras instancias, al esclarecimiento de este crimen que conmocionó a nuestra patria y es una cuenta pendiente de la justicia con la nación.
Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a la Presidencia dé trámite inmediato a la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Con fundamento en lo previsto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, 58, 59 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sírvase enviar la presente proposición con punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política, a efecto de determinar la creación de la comisión especial que dé seguimiento exhaustivo a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes en el caso del asesinato del cardenal Posadas Ocampo.
Se solicita a la Mesa Directiva la inserción íntegra de este texto en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2004.
Dip. Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez
(rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Abril 1 de 2004.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARIA DE ENERGIA A ESTABLECER, MEDIANTE LA COMISION REGULADORA, DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, MECANISMOS DE COORDINACION PARA PREVENIR ACCIDENTES POR PARTE DE LAS COMPAÑIAS QUE TIENEN LA CONCESION DE LA DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL JUEVES 1 DE ABRIL DE 2004
Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora a que, de acuerdo con sus facultades, se establezcan mecanismos de coordinación a fin de prevenir accidentes por parte de las compañías que tienen a su cargo la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal, sobre la base de los siguientes
Antecedentes y Consideraciones
1.- La Ley de la Comisión Reguladora establece en su artículo segundo que dicha Comisión tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente de la distribución del gas natural, así como la protección de los intereses de los usuarios, atendiendo a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y prestación de los servicios.
2.- Para el cumplimiento de su objetivo, la Comisión Reguladora tiene la facultad de solicitar a las autoridades competentes, de acuerdo a la fracción XVIII del artículo tres, la aplicación de medidas de seguridad cuando tenga noticia de un hecho que pueda poner en peligro la salud y seguridad públicas.
3.- Sin embargo, las empresas que tienen la concesión en las 16 delegaciones políticas del DF no han instalado adecuadamente sus sistemas de distribución, ni tampoco han instalado las suficientes señalizaciones para evitar que otras empresas que operan otros sistemas de redes no provoquen accidentes. Esta falta de coordinación e información ha provocado problemas a la hora del desplazamiento de tuberías. Asimismo, las empresas telefónicas, al utilizar herramientas cortantes, han roto ductos de polietileno, sobreviniendo con ello fugas en las tuberías de gas natural.
4.- Por otro lado, los propios trabajadores del Distrito Federal o de empresas contratadas que hacen reparaciones en el sistema hidráulico de la ciudad, han dañado otros sistemas de redes, incluidas las de gas, provocando con ello fugas del líquido y alarmas en zonas densamente pobladas. De acuerdo a reportes del gobierno del DF, en el año 2003 ocurrieron seis fugas y dos explosiones de gas natural. También es de resaltar las repetidas quejas de los vecinos porque las cepas permanecen abiertas durante días, sin contar estos lugares con los señalamientos respectivos.
5.- Las investigaciones que se han hecho de los accidentes, por parte de la Comisión Reguladora de Energía, no han convencido ni a las autoridades del DF ni a los afectados. Los resultados de la investigación sobre la fuga de gas en la colonia Tepepan, en Xochimilco, por poner un ejemplo, han puesto en evidencia las probables componendas entre las empresas y la propia Comisión de Energía, en virtud que los peritajes realizados no se han hecho con el suficiente profesionalismo. Por principio las irregularidades que se han detectado van desde instalaciones que no cumplen con la normatividad correspondiente, defectos en los ductos, la instalación de los mismos a profundidades no adecuadas y cercanos a otros sistemas de redes o estructuras, empaques mal hechos y, desde luego, la falta de señalizaciones.
6.- Esta situación obliga a que todas las dependencias involucradas en el sistema de protección civil tengan que coordinarse con la Comisión Reguladora y establecer, de manera conjunta, un sistema de información, colaboración y prevención que corte de raíz los riegos fatales para los habitantes de la Ciudad de México. No debemos escatimar esfuerzos en materia de prevención y seguridad de los capitalinos; todos los que habitamos esta ciudad merecemos contar con sistemas de información eficaces y con la seguridad de que no están en riesgo nuestras familias y nuestra integridad física. Es el momento y la hora de reforzar la cultura de la prevención.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora a que, de acuerdo con sus facultades, se establezcan mecanismos de coordinación necesarios, a fin de prevenir accidentes por parte de las compañías que tienen a su cargo la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2004.
Diputados: Jesús Martínez Alvarez, Luis Maldonado Venegas (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica), Jesús P. González Schmal (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Energía. Abril
1 de 2004.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION QUE APLIQUE UNA AUDITORIA TECNICA Y DE DESEMPEÑO A LA INVESTIGACION DESARROLLADA POR LA FISCALIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CASO COLOSIO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL JUEVES 1 DE ABRIL DE 2004
El pasado 23 de marzo, al conmemorar el décimo aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, la sociedad mexicana reiteró su demanda de justicia, ante el cobarde y artero crimen que hace una década impactó la vida política de México.
Quizá la más importante reflexión que hoy podemos hacer es destacar la inconformidad de una sociedad agraviada por los resultados de una investigación penal que, desde el primer momento, anticipó conclusiones, cuando ni siquiera se habían iniciado y agotado las diversas líneas de investigación.
Por todos son conocidas las investigaciones y conclusiones realizadas por la Subprocuraduría Especial de la Procuraduría General de la República para la investigación del homicidio de Colosio, un extenso y detallado informe que hoy continúa generando dudas en la sociedad, pues no ha logrado prevalecer la verdad histórica sobre la verdad jurídica.
Vale la pena recordar desde esta tribuna al Presidente Vicente Fox que, en campaña, ofreció esclarecer lo que llamó un crimen de Estado, compromiso que hoy se contrapone con la posición asumida por las dependencias competentes de su gobierno, que han expresado su negativa a reabrir el expediente de una investigación errática en sus métodos y procedimientos.
Y es que no basta honrar la memoria de Luis Donaldo Colosio con la develación de bustos de bronce, en los jardines de la Residencia Oficial de Los Pinos; se requieren acciones determinantes que contribuyan y esclarezcan su asesinato, por el bien de México y de las futuras generaciones de mexicanos.
Para Convergencia, llegar al fondo de la investigación del homicidio de Colosio es el paso indispensable para forjar un México diferente, en el que no prevalezcan la impunidad y la violación sistemática de nuestro Estado de derecho.
De ahí que, con fundamento en el artículo 79 de la constitución Política de los Estados y Unidos Mexicanos y con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, demandemos que se practique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía del Caso Colosio a través del órgano de fiscalización con que cuenta el Poder Legislativo.
Asimismo, que en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría Interna de la Procuraduría General de la República practiquen en paralelo la auditoría de desempeño a la multicitada investigación.
El resultado de las auditorías propuestas nos dará elementos suficientes para constatar que la investigación se haya ajustado estrictamente a la ley, así como determinar, con criterios técnicos, si los métodos y procedimientos aplicados por los subsecuentes fiscales del caso Colosio son los exigibles y pertinentes y, en caso contrario, nos proporcionará los elementos jurídicos indispensables para exigir la reapertura del caso.
Con base en lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que esta soberanía, mediante la Auditoria Superior de la Federación, con la acción concurrente de la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría de la PGR, en sus respectivos ámbitos de competencia, apliquen una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial el Caso Colosio y emitan el dictamen e informe procedentes.
Palacio Legislativo, a 1 de abril de 2004.
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Abril 1 de 2004.)
DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, DE SU SEGUNDA REUNION PLENARIA, EFECTUADA EL MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2004
Siendo las 16:10 horas del día miércoles 25 del mes de febrero del año dos mil cuatro, en el salón E del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 24 de febrero del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. diputados: Guillermo Martínez Nolasco, Presidente (PRI); Fermín Trujillo Fuentes, secretario (PRI); Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario (PAN); Cristina Portillo Ayala, secretaria (PRD); Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, secretario (PT); José Alberto Aguilar Iñárritu (PRI), Jorge de Jesús Castillo Cabrera (PRI), Sami David David (PRI), Florentino Domínguez Ordóñez (PRI), Abel Echeverría Pineda (PRI), Enrique Guerrero Santana (PRI), Jorge Ortiz Alvarado (PRI), María del Consuelo Rodríguez de Alba (PRI), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI), Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN), Pablo Franco Hernández (PRD), Elpidio Tovar de la Cruz (PRD).
En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el Presidente de la Comisión, diputado Guillermo Martínez Nolasco, dio por iniciada la reunión. Acto seguido, se sometió a aprobación el orden del día propuesto para la reunión. Una vez aprobado, se continuó con el desahogo de la sesión.
2. Lectura y, en su caso, aprobación? del acta de la primera reunión plenaria de la Comisión, celebrada el 10 de diciembre de 2003.
Se dispensó la lectura y se sometió a votación el acta de primera reunión plenaria de la Comisión, la cual fue aprobada por unanimidad.
3. Propuesta del programa de trabajo 2003-2006, aprobado en lo general en la primera reunión plenaria de la Comisión el 10 de diciembre de 2003, mismo que contiene las propuestas presentadas por los diputados, incluyendo la creación de subcomisiones.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, por instrucciones del diputado Presidente, consultó a la asamblea si se dispensaba la lectura del programa de trabajo de la Comisión 2003-2006 para su votación en lo particular, toda vez que en la sesión anterior habla sido aprobado en lo general. El diputado Presidente de la Comisión solicitó se sometiera a votación en lo particular el plan de trabajo 2003-2006 y preguntó si algún diputado deseaba hacer uso de la palabra.
La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del PAN, preguntó si se podrían hacer cambios en la parte relativa a subcomisiones, ya que ella deseaba cambiarse de la Subcomisión de Seguridad Social a la de Educación Militar. El diputado Presidente de la Comisión dijo que la integración de las subcomisiones había sido acordada a propuesta de los integrantes de la mesa directiva, pero que este asunto lo podían tratar posteriormente para hacer alguna permuta o anexar a un diputado en cualquier otra subcomisión.
La diputada Cristina Portillo Ayala, del PRD, expresó que no había encontrado en el programa de trabajo lo relativo a la realización de foros y que, de acuerdo con lo que se había platicado en la junta de Mesa Directiva, consideraba que era necesario organizar este tipo de actividades para nutrir el trabajo legislativo con la participación de organizaciones sociales, juristas, catedráticos y demás personalidades interesadas en el tema de la Defensa Nacional. Dijo que se había propuesto realizar un foro en la Cámara de Diputados en los próximos meses, a fin de tener una base con representatividad real para fortalecer la agenda legislativa. Concluyó pidiendo que se incluyera en la página 19 del programa de trabajo la organización de reuniones de trabajo en apoyo a la agenda legislativa de la Comisión de Defensa Nacional, y que se especificara en qué mes y en qué lugar se llevarían a cabo.
El diputado Presidente de la Comisión dijo que se tomaría en cuenta la propuesta de la diputada Portillo Ayala relativa a la realización de foros, sin embargo, señaló que la petición se encuentra considerada en el programa de trabajo. Por instrucciones del diputado Presidente, el secretario de la Comisión sometió a votación el programa de trabajo de la Comisión 2003-2006, éste fue aprobado en lo particular por unanimidad.
4. Análisis del proyecto de dictamen de la iniciativa de reformas a los artículos 85, 85 bis, 86, 87 y 90 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por el H. Congreso del estado de Puebla, en sesión celebrada por la H. Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2003.
Por instrucciones del diputado Presidente de la Comisión, el diputado secretario sometió a votación económica la dispensa de la lectura del dictamen y que se leyera únicamente el punto resolutivo. Acto seguido, después de haber sido aprobadas ambas propuestas por unanimidad, el diputado secretario dio lectura al punto único del dictamen en el cual la Comisión de Defensa Nacional acuerda que la iniciativa de reformas a los artículos citados de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, enviada por el H. Congreso de Puebla, se integre al paquete de iniciativas que se dictaminarán en conjunto en el proyecto de Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia, aprobándose por unanimidad dicho proyecto de dictamen, acordándose también comunicarlo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para los efectos legislativos correspondientes.
5. Proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite a la Secretaria de la Defensa Nacional documentación pormenorizada del caso de Herón Varela Flores y de los casos de los sentenciados a pena de muerte por un Tribunal de Justicia Militar, suscrita por integrantes del Partido Verde Ecologista de México.
Por instrucciones del diputado Presidente de la Comisión, el diputado secretario sometió a votación económica la dispensa de la lectura del dictamen y que se leyera única mente el punto resolutivo. Acto seguido, después de haber sido aprobadas ambas propuestas por unanimidad, el diputado secretario dio lectura al punto único del dictamen en el cual la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados solicitará la información respectiva con fundamento en el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y dirigirá la solicitud al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los términos acordados, aprobándose por unanimidad dicho proyecto de dictamen.
6. Análisis del proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo presentado por la diputada Cristina Portillo Ayala, del PRD, el 19 de noviembre de 2003, para que con absoluto respeto a su jurisdicción y competencia, se exhorte al Supremo Tribunal Militar para que, de confirmar la culpabilidad del Subteniente Herón Varela Flores, en el homicidio del Coronel Salvador Juárez Villa, sustituya la pena de muerte impuesta por la pena de prisión que corresponda.
La diputada Cristina Portillo Ayala, del PRD, hizo uso de la voz para señalar que el proyecto de dictamen representa un planteamiento equivocado. ya que no es en el sentido de la propuesta presentada. Agregó que nunca se solicitó la conmutación de la pena. sino que si se llegara a confirmar la culpabilidad del subteniente, se exhortara al Supremo Tribunal Militar. Consideró que la intención del punto de acuerdo está cumplida en el sentido de generar el debate al interior de la Comisión, consideró que existen avances importantes en la cuestión de la derogación de la pena de muerte tanto en la Constitución como en el Código de Justicia Militar, señalando que ya habla presentado una iniciativa anteriormente para este propósito. Respaldó el anuncio del Presidente de la República de enviar próximamente al Congreso la iniciativa de ley para derogar la pena de muerte, con la intención de no propiciar un debate desgastante sobre el particular; concluyó su intervención proponiendo a la asamblea la creación de una comisión plural que se encargue de analizar y formular un nuevo resolutivo para el proyecto de dictamen.
El diputado Guillermo Martínez Nolasco, Presidente de la Comisión, intervino diciendo que compartía la idea de la diputada Portillo Ayala; asimismo, informó que en la reunión de Mesa Directiva pasada, a la cual asistió el diputado Pablo Franco Hernández, en representación de la diputada Cristina Portillo Ayala, se acordó la elaboración de un nuevo punto de acuerdo, reorientándolo, porque el texto tácito del exhorto dice: "en caso del que Supremo Tribunal de Justicia Militar confirme la culpabilidad del subteniente Herón Varela Flores en el homicidio del Coronel Salvador Juárez Villa, sustituya la pena de muerte impuesta por la pena de prisión que corresponda", y que al analizar en la Mesa Directiva la propuesta, se concluyó que no era facultad del Tribunal sustituir la pena, acordándose replantear el punto de acuerdo para que el exhorto de conmutar la pena, que es facultad única del Presidente de la República, se solicite a través del secretario de la Defensa Nacional.
El diputado Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, del PAN, recordó que sobre este asunto, en la Reunión Plenaria anterior se analizaron las dificultades técnicas y procesales para poder dirigir un exhorto, sin embargo, el acuerdo que se sostuvo era ver cómo se podía replantear la propuesta pues tal como está en este momento simplemente acuerda en sentido negativo, por no ser el momento procesal oportuno. Señaló que, en ese sentido, adelantaría su voto en contra, ya que considera que con un planteamiento técnicamente más preciso, sí puede plantearse una exhortación sin vulnerar nuestro sistema de derecho. Agregó que el juzgador puede encontrar al inculpado inocente o culpable, aplicando la pena de muerte o la supremacía de los acuerdos internacionales y la política de México en materia del respaldo a la vida como un derecho humano esencial.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del PRD, apoyó lo expuesto por la diputada Cristina Portillo Ayala, diciendo que en su planteamiento señalaba que se exhorte al Supremo Tribunal Militar para que, aun en el supuesto de que confirme la culpabilidad, no la sentencia, apelaba al Supremo Tribunal Militar para que dictara la sentencia no el en el sentido de la pena de muerte sino en el sentido de la pena de prisión correspondiente. Finalmente, señaló que dicho exhorto se fundamenta en el contenido del artículo 822 del Código de Justicia Militar, que a la letra dice: "El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal Militar confirme, revoque o modifique la resolución apelada".
El diputado Leonel Sandoval Figueroa, del PRI, expresó que estaba de acuerdo con el planteamiento de la diputada Cristina Portillo Ayala. Agregó que se debe atender la técnica procesal, ya que desde este punto de vista no se está en tiempo, sino que habría que esperar hasta que resolviera el Supremo Tribunal Militar la apelación ya que, como se expresa en el proyecto de dictamen, todavía existe un juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito. Agregó que la redacción del punto de acuerdo se puede interpretar como si se pretendiera orientar la decisión del Tribunal. Propuso que se espere la decisión del Tribunal o se someta a votación el proyecto de dictamen.
A continuación, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la Comisión, expresó que hasta este momento existían tres posibilidades: crear una comisión, votar el documento o que la Mesa Directiva lo revise y reoriente la redacción. Solicitó autorización al Presidente de la Comisión para proponer que sea retirado de su discusión el proyecto de dictamen y se consultara a la asamblea la conformación de una comisión, propuesta por la diputada Cristina Portillo Ayala, para que se encargue de su análisis. El Presidente de la Comisión, retomando las posibilidades expuestas, propuso a la asamblea que se someta a votación la creación de una comisión plural que se encargue de revisar y reorientar el proyecto de dictamen. El secretario de la Comisión sometió a consideración la propuesta, aprobándose por unanimidad.
7.- Opinión sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 y sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, remitida por el Senado de la República.
Por instrucciones de la Presidencia, el secretario de la Comisión consultó en votación económica a la asamblea la dispensa de la lectura del proyecto de opinión, leyéndose únicamente el punto de conclusión, lo cual fue aprobado por unanimidad. Acto seguido, se dio lectura a la citada conclusión, que señala: "La Comisión de Defensa Nacional se pronuncia a favor de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 y sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y, de conformidad con el mandato de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, emite su opinión a la Comisión de Seguridad Social para que dictamine favorablemente la minuta con proyecto de decreto en los términos propuestos".
La diputada Cristina Portillo Ayala intervino para solicitar al Presidente de la Comisión que ilustrara a la asamblea sobre los beneficios que esta reforma otorgaría a los militares en situación de retiro. El diputado Guillermo Martínez Nolasco comentó que en la Legislatura pasada se presentó una iniciativa para incrementar un porcentaje de 95% a las pensiones de los militares retirados. Esta iniciativa fue vetada por el Ejecutivo y, posteriormente, se aprobaron algunos términos de la iniciativa, adecuándose las pensiones en 60 y 70%. Posteriormente, se propuso el incremento de ese desnivel que existía entre las dos iniciativas, a fin de aumentar las pensiones de 60 y 70% a 95%, siendo presentada y aprobada la propuesta por el Senado de la República. Indicó asimismo que a la Comisión de Defensa Nacional solamente se solicitó su opinión y en la reunión plenaria de la Comisión de Defensa Nacional celebrada en diciembre, a petición de los diputados, y con el argumento de que se estaba atendiendo la cuestión presupuestal, se dejó pendiente este asunto. Finalmente, se elaboró la opinión, que es la que está incluida en el proyecto de manera favorable, en la inteligencia de que la Comisión de Marina ya remitió su opinión en el mismo sentido.
El diputado Leonel Sandoval Figueroa cuestionó si las razones del Presidente para vetar la iniciativa de la pasada Legislatura fueron de carácter económico. Preguntó si existían los recursos para implementar dicho incremento a fin de que pudiera entrar en vigor a partir del l de enero de 2004.
El diputado Guillermo Martínez Nolasco, Presidente de la Comisión, respondió que la Comisión de Defensa únicamente emite una opinión y la encargada de dictaminar el asunto es la Comisión de Seguridad Social, que habrá de determinar la cuestión presupuestal e institucional. Acto seguido, se sometió a votación el proyecto de opinión, aprobándose por unanimidad, disponiendo que se turnara a la Comisión de Seguridad Social para sus efectos legislativos.
8.- Acuerdo interno de la Comisión de Defensa Nacional respecto a las intervenciones en las reuniones de trabajo de los diputados que la integran.
Por instrucciones del Presidente de la Comisión, el diputado secretario sometió a votación la dispensa de la lectura y aprobación del citado acuerdo, en un solo acto, aprobándose por unanimidad.
9.- Asuntos generales.
El diputado Leonel Sandoval Figueroa solicitó que se le proporcionara una carpeta de las iniciativas relacionadas con la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia. El Presidente de la Comisión instruyó al secretario técnico para que atendiera la solicitud.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes solicitó que se proporcione a los legisladores copia de los discursos pronunciados por el secretario de la Defensa Nacional en las ceremonias conmemorativas del Día de la Lealtad y Día del Ejército celebradas el 9 y 19 de febrero, respectivamente, a fin de poder analizarlos y, en su caso, comentarlos en una próxima reunión. Agregó que, en su condición de maestro, ha recibido comentarios, particularmente en su estado, Sonora, entre ellos, de los Consejos de Seguridad Pública, sobre la preocupación que existe por lo que sucede en la sociedad mexicana, en los estados, los municipios y las comunidades donde perdemos la batalla las instituciones de la República ante situaciones de ilegalidad, delincuencia organizada y de adicción que viven la juventud y la niñez.
El diputado Guillermo Martínez Nolasco expresó que se atendería la petición del diputado Trujillo y se pondrían a disposición de los diputados los documentos de referencia. Finalmente, y con el propósito de dar formalidad a la sesión, instruyó al diputado secretario para que revisara el cómputo de asistencia. El diputado secretario informó de la asistencia de 17 legisladores, declarando el quórum legal para validar los acuerdos tomados.
Acto seguido, el diputado Guillermo Martínez Nolasco, Presidente de la Comisión, declaró concluida la sesión, agradeciendo la asistencia de los presentes.
Diputados: Guillermo Martínez Nolasco, Presidente;
Ernesto Alarcón Trujillo, Fermín Trujillo Fuentes, Fernando
A. Guzmán Pérez Peláez, Cristina Portillo Ayala, Juan
Antonio Guajardo Anzaldúa, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISION DE GOBERNACION, DE LA REUNION DE SU MESA DIRECTIVA, REALIZADA EL MARTES 30 DE MARZO DE 2004
En la sala de juntas de la Comisión de Gobernación ubicada en el interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 17:30 horas del día martes 30 de marzo de 2004, previa convocatoria de la Presidencia, se llevó a cabo la Reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
4. Anteproyectos de dictamen:
a) Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles,
respecto del Premio Nacional del Deporte.
b) Respecto de diversos Puntos de Acuerdo relacionados
con asuntos migratorios.
5. Se da cuenta con iniciativas recibidas para su estudio
y dictamen:
a) Iniciativa que adiciona un inciso d) al artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el Dip. Juan
Manuel Vega Rayet, a nombre de integrantes del GPPRI.
b) Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, presentada por el Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos.
c) Iniciativa que reforma , adiciona y deroga diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, de la Ley de Instituciones de Crédito y del
Código Fiscal de la Federación, presentada por el Dip. Luis
Antonio Ramírez Pineda, del GPPRI.
d) Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley
de Instituciones de Crédito, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta y del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, presentada por el Dip. Víctor Manuel
Camacho Solis, a nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios del
PRD Y PRI.
e) Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión,
(para una reforma electoral democrática), presentada por el Dip.
Amadeo Espinosa Ramos a nombre de integrantes del GPPT.
6. Informe de la Presidencia:
a) Comunicado de la Comisión de Defensa Nacional.
b) Comunicado de la Comisión de Seguridad Pública.
c) Comunicado de la Mesa Directiva.
7. Se recibe por separado a los Señores Juan Villarreal
y Daniel Olivares Villagómez para ser escuchados respecto de asuntos
competencia de esta Comisión, el primero de ellos por cuanto a la
Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público y el segundo de ellos por cuanto
a la Iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.
8. Asuntos varios.
Dip. Julián Angulo Góngora. Presidente
Dip. David Hernández Pérez. Secretario
Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas. Secretaria
Dip. Miguelángel García-Domínguez.
Secretario
Los Diputados Yolanda Valladares Valle y Maximino Alejandro Fernández Ávila, justificaron oportunamente por vía telefónica su inasistencia.
La Presidencia hace la declaratoria de que existe quórum. Acto seguido se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, misma que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Asimismo se aprueba el orden del día establecido en la convocatoria.
En el desarrollo del punto cuatro, la Presidencia manifiesta que se ha enviado con anterioridad a los integrantes de la Comisión, un anteproyecto de dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, respecto del Premio Nacional del Deporte y que dictamina dos iniciativas, una enviada por el ciudadano Presidente de la República Licenciado Vicente Fox Quesada y la otra presentada por el Diputado Víctor Manuel Carrillo Rubio, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte. En este punto del Diputado David Hernández Pérez anuncia que hará llegar a la Comisión sus propuestas y algunas consideraciones al anteproyecto de dictamen.
En el mismo punto cuarto del orden del día, en el inciso b), se da cuenta con un anteproyecto de dictamen respecto de dos puntos de acuerdo que proponen la mejora de las políticas de migración, una propuesta presentada por el Diputado Omar Bazán Flores y la otra por la Diputada María Avila Serna.
En el desarrollo del punto cinco, la Presidencia informa que el mismo día de hoy a las 18:30 horas está convocada una reunión de trabajo de la Subcomisión de Asuntos en Materia Político Electoral, en donde habrá de clasificar las iniciativas, y se entre al estudio y a la elaboración de un anteproyecto de dictamen.
En el punto número seis, se informa que la Presidencia de la Comisión de Defensa Nacional envió un comunicado por el que solicita se informe si esta Comisión considera que continúa siendo competente para conocer y dictaminar en Comisiones Unidas las iniciativas que se relacionan con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, habiendo dado respuesta por escrito, que la Comisión de Gobernación sí es competente, por el turno concedido por la Mesa Directiva y además con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En el desarrollo del inciso b) se da cuenta con tres escritos de la Comisión de Seguridad Pública por los que emite opinión, uno respecto a una minuta proyecto de decreto y dos de ellos por cuanto a propuestas de punto de acuerdo.
Se da cuenta con un comunicado de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que informa que las iniciativas presentadas por separado, por las Diputadas Consuelo Muro Urista y Angélica de la Peña Gómez, respecto de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres fue modificado el turno, retirándoselo a la Comisión de Gobernación, con el objeto de que sea la Comisión de Equidad y Género exclusivamente la que tenga a su cargo el dictamen.
En el desarrollo del punto siete, se procede a escuchar las opiniones y consideraciones del señor Daniel Olivares Villagómez de la Agrupación Di no a los Casinos, sí al Turismo Nuevo, respecto de la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos. Asimismo se recibe un escrito que presenta el Licenciado Juan Villarreal y que suscribe el Licenciado Ramón Hale Weeke Director Jurídico de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, exponiendo sus consideraciones respecto a la iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En el desarrollo del punto ocho del orden del día, la Presidencia informa que se dará cuenta en la Sesión Plenaria, con una solicitud de esta Comisión para ampliar el turno respecto de la iniciativa presentada por la Diputada María Guadalupe Suárez Ponce con relación a la Ley General de Población.
Se informa que se ha elaborado un proyecto de iniciativa con proyecto de decreto por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 07 de octubre de 2004, para conmemorar el Trigésimo Aniversario de la creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo, con el que se dará cuenta al Pleno de la Comisión en la Sesión de mañana.
Habiéndose agotado los asuntos de orden del día, se da por concluida la reunión a las 19:15 horas.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle, secretaria; David
Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz
Massieu Salinas, secretaria; Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), secretario; Maximino A. Fernández Avila (rúbrica),
secretario.
DE LA COMISION DE GOBERNACION, DE SU SESION PLENARIA QUE TUVO VERIFICATIVO EL MIERCOLES 31 DE MARZO DE 2004
En la sala de juntas de la Comisión de Gobernación ubicada en el interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 09:30 horas del día miércoles 31 de marzo de 2004, previa convocatoria de la Presidencia, se lleva a cabo la Sesión Plenaria de la Comisión de Gobernación, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
4. Anteproyectos de dictamen:
a) Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles,
respecto del Premio Nacional del Deporte.
b) Respecto de diversos Puntos de Acuerdo relacionados
con asuntos migratorios.
5. Se da cuenta con iniciativas recibidas para su estudio
y dictamen:
a) Iniciativa que adiciona un inciso d) al artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el Dip. Juan
Manuel Vega Rayet, a nombre de integrantes del GPPRI.
b) Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, presentada por el Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos.
c) Iniciativa que reforma , adiciona y deroga diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, de la Ley de Instituciones de Crédito y del
Código Fiscal de la Federación, presentada por el Dip. Luis
Antonio Ramírez Pineda, del GPPRI.
d) Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley
de Instituciones de Crédito, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta y del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, presentada por el Dip. Víctor Manuel
Camacho Solis, a nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios del
PRD Y PRI.
e) Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión,
presentada por el Dip. Amadeo Espinosa Ramos a nombre de integrantes del
GPPT.
6. Informe de la Presidencia:
a) Comunicado de la Comisión de Defensa Nacional.
b) Comunicado de la Comisión de Seguridad Pública
c) Comunicado de la Mesa Directiva.
7. Asuntos varios.
Dip. Julián Angulo Góngora
Dip. David Hernández Pérez
Dip. Miguelángel García-Domínguez
Dip. Maximino Alejandro Fernández Ávila
Dip. José Porfirio Alarcón Hernández
Dip. Fernando Álvarez Monje
Dip. Pablo Bedolla López
Dip. Socorro Díaz Palacios
Dip. Patricia Garduño Morales
Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza
Dip. Pablo Alejo López Núñez
Dip. Guillermo Martínez Nolasco
Dip. Daniel Ordóñez Hernández
Dip. María Sara Rocha Medina
Dip. Hugo Rodríguez Díaz
Dip. Sergio Vázquez García
La reunión da inicio a las 10:15 horas y se procede al registro de asistencia. El Presidente informa que en virtud de que aún no se integra el quórum dará cuenta con diversos comunicados.
Informa que el Ciudadano Diputado David Hernández Pérez sustituye como integrante de la Comisión y como Secretario al Diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, quien fue nombrado Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se le da la bienvenida.
Los Diputados Eduardo Espinosa Pérez y José González Morfín, justificaron su inasistencia por escrito, así como los Diputados Jesús González Shmal y José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, por vía telefónica.
Se comunica que la Presidencia de la Comisión de Defensa Nacional envió un oficio por el que solicita se informe si esta Comisión considera que continúa siendo competente para conocer y dictaminar en Comisiones Unidas las iniciativas que se relacionan con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, habiendo dado respuesta por escrito, informando que la Comisión de Gobernación sí es competente, por el turno concedido por la Mesa Directiva y además con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Se da cuenta con tres escritos de la Comisión de Seguridad Pública por los que emite opinión, uno respecto a una minuta proyecto de decreto y dos de ellos por cuanto a propuestas de punto de acuerdo. Se informa que se les dará el trámite administrativo correspondiente.
Se da cuenta con un comunicado de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que informa que las iniciativas presentadas por separado, por las Diputadas Consuelo Muro Urista y Angélica de la Peña Gómez, respecto de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, fue modificado el turno, retirándoselo a la Comisión de Gobernación, con el objeto de que sea la Comisión de Equidad y Género exclusivamente la que tenga a su cargo el dictamen.
La Presidencia informa que se presentará una solicitud de esta Comisión para solicitar la ampliación del turno respecto de una iniciativa presentada por la Diputada María Guadalupe Suárez Ponce con relación a la Ley General de Población.
Se informa que se ha elaborado un proyecto de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 07 de octubre de 2004, para conmemorar el Trigésimo Aniversario de la creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo, y que pueden suscribirla los Diputados de esta Comisión.
Se integra el quórum y la Presidencia comunica que el acta de la sesión anterior ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, se procede a su aprobación, así como del orden del día.
En el desarrollo del punto cuarto del orden del día, se da cuenta con un anteproyecto de dictamen que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, respecto del Premio Nacional del Deporte y que tiene como antecedente dos iniciativas, una del Presidente de la República y la otra del Diputado José Manuel Carrillo Rubio Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte. Deliberan los Diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, David Hernández Pérez, Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García y Julián Angulo Góngora. Éste anuncia que se integrará un grupo de tres Diputados de esta Comisión incluido el Presidente, para establecer contacto con la Mesa Directiva de la Comisión de Juventud y Deporte a fin de dictaminar el presente asunto. A continuación se pone a votación el dictamen en comento, habiéndose aprobado por unanimidad de los presentes.
Por cuanto al anteproyecto de dictamen respecto de la propuesta de dos puntos de acuerdo en relación con la política de migración, una propuesta presentada por el Diputado Omar Bazán Flores y la otra presentada por la Diputada María Ávila Serna, deliberan los siguientes Diputados: Socorro Díaz Palacios, Julián Angulo Góngora, José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje, Guillermo Martínez Nolasco y Pablo Alejo López Núñez, aprobándose por unanimidad de los presentes el anteproyecto de dictamen, con la observación que la Diputada Socorro Díaz Palacios presentará un texto sobre la migración interior, para adicionar el anteproyecto y turnarlo a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para su consideración y votación. Se forma también un grupo de tres Diputados incluido el Presidente, para establecer contacto con dicha Comisión.
Habiéndose agotado los asuntos del orden del día y siendo las 11:30 horas, se da por terminada la sesión.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle, David Hernández
Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguelángel
García-Domínguez (rúbrica), Maximino A. Fernández
Avila (rúbrica), secretarios.
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el lunes 5 de abril, a las 9 horas, en la sala de juntas del Comité (edificio C, segundo nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A la reunión de instalación de la Comisión Especial del Sistema de Bibliotecas, que tendrá verificativo el lunes 5 de abril, a las 10:30 horas, en la sala de juntas José Luis Lamadrid Souza (edificio C, planta baja) del Palacio Legislativo.
Orden del Día
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su primera reunión extraordinaria, que tendrá lugar el lunes 5 de abril, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el lunes 5 de abril, a las 17 horas, en el salón Libertadores (edificio H, tercer piso) del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. José Manuel Carrillo Rubio
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DE GANADERIA
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 6 de abril, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Gonzalo Alemán Migliolo
Presidente
DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 6 de abril, a las 9 horas, en las instalaciones de la Comisión.
Orden del Día
DE LA SECCION INSTRUCTORA
A su reunión de instalación, que se realizará el martes 6 de abril, a las 10 horas, en el salón Protocolo, situado en la planta principal del edificio A.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, que se realizará el martes 6 de abril, a las 10:30 horas, en el restaurante Los Cristales (salón por confirmar).
Orden del Día
6. Asuntos generales:
Comentarios sobre las diversas iniciativas (4) que la
Mesa Directiva turnó a esta Comisión.
Comentarios sobre las conferencias magistrales que se
han realizado, así como de las próximas a realizar.
Estrategia de vinculación con gobernadores, Congresos
locales y presidentes municipales para la realización de los Foros
Permanentes de Consulta Ciudadana.
Otros que se consideren de interés.
7. Clausura de la sesión.
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 14 de abril, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. T. Manuel García Corpus
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DE GANADERIA
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 13 de abril, a las 8:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Gonzalo Alemán Migliolo
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La fibrosis quística, diagnóstico y tratamiento en México, que se efectuará el miércoles 14 de abril, de las 9:30 a las 13 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la undécima reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el miércoles 14 de abril, a las 15 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el jueves 15 de abril, a las 13 horas, en las instalaciones de la Comisión, edificio D, cuarto piso.
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Al foro Reforma integral del sistema de impartición de justicia en México, que se efectuará el jueves 15 de abril, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
Al desayuno con senadores polacos, con la asistencia del embajador de Polonia en México, que tendrá lugar el viernes 16 de abril, a las 9:30 horas, en el salón de reuniones de la Comisión, edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su comida con la delegación del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino, que tendrá verificativo el viernes 16 de abril, a las 14:30 horas, en el salón de reuniones de la Comisión, edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La reproducción asistida en México y sus expectativas, que se realizará el lunes 19 de abril, de las 9:30 a las 14 horas, en el teatro "Manuel Doblado" de León, Guanajuato.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
Al simposium El dolor y su tratamiento, que tendrá lugar el jueves 22 de abril, de las 8:30 a las 14 horas, en el hotel Gobernador, salón Durango, de la ciudad de Durango.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente