Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva
Presentes
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de Coordinación Política se permite hacer de su conocimiento el presente punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que durante la reunión de la Junta de Coordinación Política celebrada el día de hoy los representantes de todos los grupos parlamentarios pusieron de relevancia que mañana, 11 de septiembre de 2003, es el aniversario de dos acontecimientos que en su momento cimbraron al mundo por las repercusiones que ambos trajeron consigo, tanto al país en que tuvieron lugar, como al mundo entero: el golpe de Estado en Chile, y los atentados terroristas en las ciudades de Nueva York y Washington, por lo cual se consideró necesario y oportuno que los representantes de la nación, en el Pleno de esta Cámara de Diputados, recordaran de manera solemne dichos eventos.
Segundo. Que este 11 de septiembre se recuerda un crimen contra la democracia en América Latina: hace treinta años un golpe de Estado segó la vida del Presidente constitucional de Chile, doctor Salvador Allende Gossens, y apagó en la República de Chile una luz que irradiaba esperanzas de democracia, pluralismo y justicia social hacia todo el continente.
Salvador Allende, quien fuera Presidente del Senado Chileno electo en tres ocasiones y que hiciera de esa tribuna pilar en su defensa de la democracia en Latinoamérica, fue asesinado en el Palacio de la Moneda, en una de las peores expresiones de intolerancia, intervención extranjera y terrorismo en América.
Motivados por los lazos de amistad que unen a nuestros pueblos, los miembros de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General recordamos el 30 aniversario luctuoso de un legislador y estadista que luchó hasta el último momento de su vida por los mismos valores democráticos que enorgullecen este Congreso.
Tercero. Que este 11 de septiembre se cumple el segundo aniversario de un crimen de lesa humanidad: los atentados terroristas contra el pueblo de Estados Unidos de América y otras nacionalidades, incluyendo la mexicana.
Hace dos años el mundo entero presenció con estupor cómo un grupo terrorista convertía la aviación civil en un arma para atacar objetivos civiles indefensos, cubriendo de luto a familias y naciones; en ese sentido es de lamentar que familias mexicanas fueran lastimadas en lo más profundo, al sufrir en carne propia la irreparable pérdida de sus seres queridos en estos acontecimientos trágicos.
Los ataques del 11 de septiembre dejaron al descubierto la necesidad de definir y acordar una agenda compartida para prever, condenar y combatir el terrorismo en todas sus expresiones.
Al inicio del siglo XXI, la humanidad no debe permitir retrocesos a la obscuridad de la barbarie; por el contrario, todos estamos obligados a empeñar nuestro mejor esfuerzo para reformular el diálogo multilateral y fortalecer la paz.
Motivados por los lazos de amistad que nos unen con Estados Unidos de América, los miembros de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso General, recordamos el segundo aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y hacemos votos porque el mantenimiento de la paz y seguridad mundiales sea el camino para el progreso compartido de nuestros pueblos.
En ese sentido, y en uso de las atribuciones antes citadas, esta junta de Coordinación Política se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. Que en la sesión ordinaria del día 11 de septiembre de 2003 se guarde un minuto de silencio para recordar de manera solemne dos acontecimientos: el 30 aniversario del golpe de Estado en Chile, que costó la vida al Presidente Salvador Allende; y el segundo aniversario de los atentados terroristas en las ciudades de Nueva York y Washington.
Segundo. Hágase del conocimiento de la Cámara de Diputados de la República de Chile el presente punto de acuerdo en lo relativo al 30 aniversario del golpe de Estado en ese país y la muerte del Presidente Salvador Allende.
Tercero. Hágase del conocimiento de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América el presente punto de acuerdo en lo relativo al segundo aniversario de los atentados terroristas en la ciudades de Nueva York y Washington.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de septiembre de 2003.
Por la Junta de Coordinación Política
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica)
Presidenta de la Junta de Coordinación Política
y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado en votación económica. Septiembre
11 de 2003.)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA,
POR EL QUE SE CREA EL COMITE DE ADMINISTRACION
Exposición de Motivos
Según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene, entre otras atribuciones administrativas, la facultad de elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara, así como asignar los recursos humanos, materiales, financieros y los locales que corresponden a los grupos parlamentarios y también, según lo dispone el artículo 30 del mismo ordenamiento, a los diputados que no forman parte de ellos.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política asume las funciones del Comité de Administración que funcionó hasta el 31 de agosto del 2000. Dicho Comité tenía como funciones principales conocer y poner a consideración de la Junta de Coordinación Política sus opiniones y dictámenes en todo lo relativo a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Cámara, así como sobre políticas, programas y lineamientos relativos a las prerrogativas y subvenciones a los grupos parlamentarios y a los diputados, obras públicas y servicios de todo tipo.
La Junta de Coordinación Política ha asumido por unanimidad el criterio de que los trabajos de la H. Cámara de Diputados se ajusten sistemáticamente a estrictos parámetros de transparencia, racionalidad, pertinencia e impacto social en el uso del conjunto de los recursos a su disposición, de manera que en todos los ámbitos e instancias se mejoren los procesos de trabajo legislativo cualquiera que sea su naturaleza específica y alcance y se favorezca una continua mejoría y eficacia del desempeño de la propia Cámara, de los grupos parlamentarios, de las comisiones y de los legisladores, para cumplir con una debida rendición de cuentas.
Es intención de la Junta de Coordinación Política que el Comité de Administración le provea de los elementos de análisis técnicos y normativos que, en interpretación de una amplia demanda social, coadyuve a la realización de una profunda reforma al interior de la Cámara de Diputados para mejorar la eficacia con la que cumple sus funciones constitucionales.
De acuerdo con los principios generales de organización administrativa conviene contar con una instancia que apoye la toma de decisiones en las tareas administrativas de la Junta de Coordinación Política, por lo que resulta procedente crear un órgano que mediante instrucciones dadas por la propia Junta, coadyuve a una mejor administración de la Cámara de Diputados.
Este órgano, denominado Comité de Administración, quedará establecido institucionalmente, en caso de aprobarse la iniciativa recientemente presentada para su creación, adicionando un párrafo al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General, misma que se encuentra en el Senado de la República para sus efectos relativos.
Por las razones anteriores, se propone la creación del Comité de Administración de la Cámara de Diputados y se establecen los lineamientos para su funcionamiento. Por ello, los suscritos integrantes de la Junta de Coordinación Política en esta LIX Legislatura, en los términos del artículo 34 y del párrafo primero del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. El Comité de Administración tiene por objeto apoyar a la Junta de Coordinación Política en todo lo relacionado con sus atribuciones administrativas.
Con ese carácter podrá elaborar resoluciones, acuerdos, normas, políticas y lineamientos; formulará el anteproyecto anual de presupuesto de egresos de la Cámara y supervisará todo lo relacionado con su ejercicio, control y evaluación, vigilando el uso más eficaz de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de la Cámara, incluyendo los relacionados con las prerrogativas, apoyos y subvenciones de los grupos parlamentarios, apoyos a las comisiones y comités y los que, en su caso, correspondan a los diputados. Participará, también, en la supervisión de lo relacionado con obras y servicios de cualquier naturaleza, viajes nacionales e internacionales y viáticos, y las otras facultades que le asigne la Junta de Coordinación Política.
El Comité promoverá las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados y de cualquier otro ordenamiento que fortalezca el desempeño y la rendición de cuentas de la Cámara, en estrecha coordinación, en todo lo que proceda, con la Auditoría Superior de la Federación.
La Junta de Coordinación Política instruirá al Comité de Administración sobre los asuntos a su atención, quien los resolverá mediante acuerdos específicos y de cuyo cumplimiento informará formalmente a la Junta.
Segundo. El Comité de Administración se integrará por dos diputados de cada grupo parlamentario, designados por su respectivo coordinador; el primero con carácter de titular y el segundo con carácter de sustituto. Este último podrá acudir a todas las reuniones con derecho de voz, pero sólo ejercerá el voto cuando no asista el titular. En todo caso, el propio coordinador podrá solicitar la sustitución de un miembro, en los términos previstos por el artículo 44, numeral 2, de la Ley Orgánica.
Tercero. El Comité actuará de acuerdo con un programa de trabajo anual que será aprobado por la Junta de Coordinación Política dentro de los primeros 30 días de cada año de ejercicio constitucional. El Comité informará a la Junta de manera mensual.
Cuarto. El Comité de Administración será presidido anualmente por un diputado perteneciente al grupo parlamentario de quien presida la Junta de Coordinación Política.
Quinto. El Presidente tendrá facultades para convocar a las reuniones del Comité, que serán ordinarias para el seguimiento de asuntos programados y extraordinarias cuando por su urgencia o relevancia deba resolverse sobre asuntos que así se consideren. Las ordinarias deberán celebrarse por lo menos una vez al mes, mediante citatorio escrito remitido por lo menos con tres días de anticipación y debidamente recibido. El citatorio a reuniones extraordinarias será también por escrito debidamente recibido, y convocadas con la mayor antelación posible a la fecha de su celebración. En ambos casos los citatorios deberán consignar el orden del día correspondiente. En caso de que el Presidente no convoque a la sesión ordinaria prevista, o a una extraordinaria solicitada, éstas deberán realizarse a convocatoria de por lo menos tres miembros del Comité.
Sexto. El Comité de Administración tomará sus decisiones por consenso. En caso de no lograrse éste, el Comité adoptará sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el sistema de voto ponderado, según el cual uno de los diputados, representando a su grupo parlamentario, ejercerá tantos votos como integrantes tenga su correspondiente grupo. El quórum requerido será el de la presencia de la mayoría de los votos posibles.
Séptimo. El Comité de Administración, para cumplir con las facultades que le han sido asignadas, podrá organizarse en los subcomités o grupos de trabajo que estime conveniente crear, definiendo la integración y tareas específicas de los mismos.
Para apoyar sus tareas, el Comité contará con un secretario técnico. El Comité determinará su organización y funcionamiento y los recursos que requiera para cumplir con su responsabilidad.
Octavo. Todo lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.
Artículo Transitorio
El Comité de Administración comenzará a operar en apoyo de la Junta de Coordinación Política el mismo día que se adopte este acuerdo.
Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica)
Presidenta de la Junta de Coordinación Política
y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari
(en representación, rúbrica del Dip. Manuel
Velasco Coello)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado en votación económica. Septiembre
11 de 2003.)
Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de septiembre de 2003.
CC. Diputados de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presente.
En la sesión ordinaria del día de hoy, el Pleno de esta H. Cámara de Diputados aprobó revocar los anuncios realizados el jueves 4 de septiembre de erigirse en Jurado de Procedencia para conocer de los dictámenes de la Sección Instructora, relativos a los expedientes SI/11/02 y SI/08/02; por lo tanto, quedan sin efectos las convocatorias para las sesiones del día 17 de septiembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano (rúbrica)
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto, y con fundamento en el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputado federal.
Por tal motivo, solicito a usted que realice los trámites conducentes que devienen del presente acto jurídico y se llame a mi suplente.
Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar.
Atentamente
Dip. Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica)
(Aprobada en votación económica. Septiembre
11 de 2003.)
QUE ADICIONA EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA INTRODUCIR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GENERO EN LA INTEGRACION DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2003
La suscrita diputada federal, Martha Lucía Mícher Camarena, en representación de las diputadas y los diputados federales que suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, exponemos ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), relativo a la incorporación del principio de equidad de género en la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La contribución del IFE a la democratización del país ha sido invaluable. Su presencia ha permitido realizar elecciones creíbles, transparentes y democráticas. Es resultado de la suma de luchas populares y electorales que se dieron a lo largo de cincuenta años para acabar con el fraude y la manipulación electoral del gobierno en turno. Su creación obedece, también, al agotamiento del sistema electoral mexicano que nunca garantizó la legitimidad de los gobernantes surgidos de elecciones permanentemente cuestionadas.
El IFE es, así, una pieza clave en el camino hacia la verdadera democracia y el ejercicio pleno de los derechos políticos ciudadanos, demostrando su efectividad institucional al sustituir a una Comisión Federal Electoral desgastada e inoperante que actuaba como juez y parte al depender del Poder Ejecutivo.
El IFE se constituye a través de la reforma constitucional de 1990 que enuncia las facultades y funciones del nuevo Instituto, sucediéndose las reformas de 1993 y 1994 siendo en ésta donde se crean las figuras de los Consejeros Ciudadanos que son elegidos por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, hasta 1996 no se logra la reforma que otorga autonomía y ciudadaniza el IFE, a través del Consejo General que de conformidad al artículo 73 del Cofipe es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar por la observancia de los principios fundamentales que deben regir en todo proceso electoral, que son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad en todas las actividades del Instituto Federal Electoral.
La formación del Consejo Electoral, integrado con elementos de probado profesionalismo y en un marco de pluralidad política se ha mostrado como componente imprescindible para brindar certeza, credibilidad y legitimidad a los procesos electorales de 1997, 2000 y 2003. Los nueve consejeros del IFE, actualmente en funciones, se encuentran próximos a cumplir con la temporalidad que les ordena su mandato constitucional, por lo que esta H. Cámara de Diputados deberá designar a los siguientes consejeros ciudadanos.
No obstante que las designaciones realizadas por la Cámara, hasta el momento, han cumplido con los principios de profesionalismo y pluralidad consideramos conveniente incluir entre estos principios el de equidad entre los géneros, al momento de la integración de este órgano colegiado.
En este momento de los nueve consejeros ciudadanos que integran el Consejo Electoral solamente una mujer fue designada para ocupar el cargo, Jacqueline Peschard Mariscal, cuya capacidad, compromiso y desempeño es la muestra de la existencia de mujeres con el mismo potencial que los hombres para desempeñarse como consejeras.
La iniquidad de género que se observa en el IFE se reproduce en los órganos electorales estatales de los cuales sólo en uno, el estado de México, la presidencia es ocupada por una mujer y únicamente en Sonora el número de integrantes es equitativo en cuestiones de género.
Existen estados como Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas en donde no se cuenta con ninguna mujer como consejera, en tanto que en los restantes estados participa una sola mujer en los órganos electorales.
En la actualidad, la ley electoral del estado de Chihuahua es la única que prevé que el Instituto Electoral sea integrado sin exceder 70% de ciudadanos del mismo género, siendo así la única legislación que cumple cabalmente con la disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133, donde se reconocen los tratados, las convenciones y los acuerdos internacionales como actos jurídicos que obligan al Estado mexicano a su observancia.
Entre los compromisos contraídos internacionalmente se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), cuyo Protocolo Facultativo fue ratificado por el Senado el 14 de diciembre de 2001; disponiéndose en el artículo séptimo de la Convención lo siguiente:
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales."
En cuanto al contexto normativo nacional, debemos atender a la reciente Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que define el concepto de discriminación en su artículo 4 en cuanto a "toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social, o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua o religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas".
Es menester referirse a la viabilidad constitucional de la reforma que se propone, toda vez que el artículo 105 Constitucional en su inciso f) tercer párrafo establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse los casos y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, ante lo cual cabe aclarar que la modificación que se pretende no interviene de ningún modo en el desarrollo natural y preestablecido de los procesos electorales por venir.
No se trata de una modificación que altere la sustancia de los procesos electorales, ni la estructura administrativa del Consejo General, así como tampoco afecta la esfera competencial ni las funciones del mismo, se trata en sí, de una modificación que incidirá el género de los integrantes del consejo mas no en sus capacidades o desempeño, por lo que la vacatio legis establecida por el artículo 105 Constitucional a las modificaciones fundamentales no aplica para la presente propuesta.
El caso que nos ocupa es una muestra clara de segregación de las mujeres para el ejercicio del poder y la toma de decisiones, el honorable Congreso de la Unión se ha pronunciado mediante de un punto de acuerdo aprobado el pasado 27 de agosto dentro de los trabajos de la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura, a favor de incluir el principio de equidad de género, entre los criterios a observarse en la próxima elección del Consejero Presidente y Consejeros Electorales, con el objeto de permitir la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos que serán ocupados.
Por ello sometemos a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente
Iniciativa de reforma que adiciona cuatro párrafos al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para introducir el principio de equidad de género en la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de la siguiente forma:
Artículo Primero. Se adicionan cuatro párrafos al numeral 5 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 74.
5. Los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios. Asimismo, se designarán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. La designación será realizada conforme a la normatividad y procedimiento aplicable en materia de votación en la Cámara de Diputados.
En las propuestas formuladas por los grupos parlamentarios deberá observarse el principio de equidad entre los géneros, de tal forma que se garantice la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos que serán ocupados.
En todo caso, en el nombramiento de las y los Consejeros Electorales, incluido el consejero Presidente o Presidenta, no se podrá exceder de dos tercios de integrantes del mismo género.
En relación con las y los consejeros suplentes, deberá asegurarse que de cada bloque de tres, sólo dos de ellos correspondan a un mismo género.
En el caso de los consejos locales del IFE en cada una de las 32 entidades de la República y en los 300 Consejos Distritales se aplicará la misma fórmula de integración del Consejo General.
Toda contravención a esta disposición
es nula e impugnable con arreglo a la presente ley.
Artículo Primero. La Cámara de Diputados garantizará que la aplicación de la presente reforma sea efectiva en el próximo nombramiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral a instalarse en noviembre del presente año.
Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 11 días del mes de septiembre de 2003.
Diputados: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Miguel Agustín Alonso Raya (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica), Héctor Bautista López, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Julio Boltvinik y Kalinka, Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Marbella Casanova Calam (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), César Antonio Chávez Castillo (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Horacio Duarte Olivares (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), David Ferreira Martínez, Margarito Fierros Tanos (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Rogelio Franco Castán, Pablo Franco Hernández (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Eliana García Laguna (rúbrica), Amalia García Medina (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Iván García Solís (rúbrica), Elba Garfias Maldonado (rúbrica), Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María Marcela González Salas (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), María Marcela Lagarde de los Ríos (rúbrica), J. Miguel Luna Hernández, Sergio Augusto Magaña Martínez, Susana Manzanares Corona (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Salvador Martínez Della Rocca (rúbrica), Horacio Martínez Meza (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Francisco Mora Ciprés (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Marcos Morales Torres, Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Francisco J. Obregón Espinoza (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Omar Ortega Alvarez (rúbrica), José Agustín Ortiz Pinchetti (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica), Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Bernardino Ramos Iturbide (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Zeferino Torreblanca Galindo (rúbrica), Rafael Tinajero Pérez (rúbrica), Edgar Torres Baltasar (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Emilio Zebadúa González (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública. En tanto se designa la Comisión, consérvese
en la Dirección General de Proceso Legislativo. Septiembre 11 de
2003.)
Con fundamento en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 65, 70, 78 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer el presente punto de acuerdo para que las áreas correspondientes del Ejecutivo federal se aboquen a atender de manera inmediata las solicitudes de los agricultores, ganaderos, cafeticultores, floricultores y fruticultores que, a través de sus representantes directos, deseen conocer las condiciones en que productores de otras regiones de México o de otros países están produciendo y comercializando sus productos. Asimismo, que se proporcionen con oportunidad los apoyos correspondientes a los cafeticultores, conforme a los siguientes
Considerandos
En el estado de Puebla, para el ciclo agrícola 2001 se tuvieron, en números redondos, 983 mil hectáreas sembradas, de las cuales sólo 867 mil se lograron cosechar, correspondiendo a esta última cantidad 243 mil hectáreas de riego y 624 mil de temporal.
Ahora bien, no obstante que la producción agrícola en la zona norte del estado es de apenas 9 por ciento respecto a la de la entidad y que un porcentaje importante está dedicado al autoconsumo, un grupo de agricultores está interesado en dedicar un determinado número de hectáreas a productos de exportación, por lo cual desean contar, aparte del apoyo técnico correspondiente, con la posibilidad de conocer directamente lo que sus homólogos de otros países hacen al respecto.
Con relación a la producción de café, en el país se cultivan 760 mil hectáreas en 12 entidades y 391 municipios, pero es de subrayarse que 80 por ciento de esos productores se encuentra en condiciones difíciles.
Nuestro país es uno de los principales productores en el mundo, con una producción anual promedio de 360 mil toneladas, de las cuales se exporta 85 por ciento. Su valor representa 8.5 del PIB agrícola, por lo que constituye una importante fuente de divisas.
A esa actividad se dedican más de 282 mil productores, de los que 66 por ciento es indígena. Se considera que más de 3 millones de mexicanos dependen de esta agroindustria.
Es de destacarse que las plantaciones de café y los cultivos asociados constituyen un importante generador de servicios ambientales, ya que éstos permiten evitar la erosión y facilitan el escurrimiento hidrológico, la fijación de carbono y la biodiversidad.
Sin embargo, la producción nacional de este producto sigue presentando muy bajos rendimientos por hectárea y una limitada participación de los productores en el valor agregado, fundamentalmente por el fuerte minifundio, la carencia de insumos y la falta de equipo e infraestructura de alta productividad y de equipamiento para participar en la cadena producción-consumo.
Los cafeticultores mexicanos han venido atravesando por una de las peores crisis, debido a la disminución de los precios internacionales, por la sobreoferta mundial. Por ello es importante que la LIX Legislatura prosiga los trabajos realizados por el Grupo de Trabajo de Cafeticultura, creado por la anterior Legislatura, para que se emprenda la formación de un proyecto que considere medidas económicas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, así como el análisis de iniciativas orientadas a normar jurídicamente la actividad de esta agroindustria.
En el estado de Puebla se tiene una superficie sembrada de café de más de 70 mil hectáreas; y la zona norte del estado es la que cuenta con el mayor número de éstas, pues comprende 60 por ciento de ellas, con más de 46 mil hectáreas de café.
Sobre las condiciones de desarrollo que guarda la zona norte del estado, basta señalar que, del total de la superficie fertilizada en la entidad, que para el año agrícola de 1999-2000, ascendió a cerca de 732 mil hectáreas, los municipios de la zona norte lograron fertilizar sólo 10 mil hectáreas. De 143 mil hectáreas sembradas con semilla mejorada, sólo 6,463 se tuvieron en la parte norte. De 137 mil hectáreas de superficie con asistencia técnica, en el norte apenas si se tuvieron 8,544 hectáreas. De una superficie atendida con servicios de sanidad vegetal de 113 mil hectáreas, en el norte se tuvieron sólo 6,459 hectáreas. Y de una superficie mecanizada de más de 311 mil hectáreas, la parte norte no contó con ninguna.
Los cafeticultores poblanos han expresado de manera reiterada su preocupación por el hecho de que los tratados comerciales internacionales han impuesto nuevas competencias para el café mexicano, que demandan con urgencia una política integral en materia de comercio exterior que haga frente a dichos problemas y que se considere en ella una capacitación permanente y la posibilidad de que grupos de productores, de modo directo, puedan observar los adelantos tecnológicos logrados en otros países y los procesos de comercialización respectivos.
Diversos grupos de fruticultores y floricultores de la zona norte del estado de Puebla también han manifestado su deseo de mayor asistencia técnica y comercial para ampliar el mercado de sus productos.
Hasta finales de 2000, la entidad contaba con una población ganadera y avícola de cerca de 797 mil bovinos, 454 mil ovinos, 852 mil caprinos, 397 mil equinos, más de 1.3 millones de porcinos y más de 61 millones de gallináceas.
Algunos grupos de ganaderos de la zona norte del estado (donde se incluye sólo ganado bovino, ovino, caprino y equino), que representan 22 por ciento del total de la entidad, también están interesados en ampliar las normas de calidad existentes para mejorar sustancialmente los índices de producción.
Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados promuevan ante la Sagarpa que se amplíe la asesoría técnica y la capacitación a los grupos de productores agrícolas, ganaderos, cafeticultores, fruticultores y floricultores de la zona norte del estado de Puebla y de otras regiones del país que así lo soliciten.
Segundo. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se establezca una partida especial, a efecto de que las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; y de Relaciones Exteriores faciliten el traslado de los grupos de productores que deseen conocer de otras experiencias en diferentes países, a efecto de que puedan aplicar estos conocimientos en proyectos productivos de mayor alcance para la región.
Tercero. Que la Sagarpa y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pongan oportunamente en operación el Fondo de Estabilización de Precios del Café, a efecto de garantizar en condiciones óptimas la comercialización de este producto.
Cuarto. Que, tomando como punto de partida el padrón nacional de productores, que urge concluir, se apliquen con oportunidad los programas de apoyo establecidos para la presente cosecha, y que esta LIX Legislatura prosiga con las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo de Cafeticultura.
Quinto. Que, con base en las acciones hasta hoy llevadas a cabo por la Secretaría de Economía, se redoblen las medidas orientadas a establecer, con la rigurosidad del caso, las restricciones a las importaciones de café procedentes de países con los que México no tiene celebrados convenios de libre comercio, en tanto no queden establecidas, de manera clara, las bases para una política de importaciones de este grano, entre los productores y los industriales nacionales.
Debido a la importancia de los puntos puestos a consideración y a que, en el caso de los productores cafetaleros, la cosecha inicia en este mes de septiembre, solicito de la manera más atenta al ciudadano Presidente de la H. Cámara de Diputados que el presente punto de acuerdo se someta a consideración del Pleno como de urgente y obvia resolución, agradeciendo de antemano la atención prestada.
Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, México, DF, a 11 de septiembre de 2003.
Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
(Aprobada en votación económica. Septiembre
11 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION
CON LAS PERSONAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES EN LOS ESTADOS
DE GUANAJUATO, JALISCO, QUERETARO Y ZACATECAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
RAUL ROGELIO CHAVARRIA SALAS, EN REPRESENTACION DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea considerada de urgente y obvia resolución por esta honorable asamblea.
El de la voz, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y en nombre de los diputados panistas de los estados de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas nos permitimos manifestar lo siguiente:
Dadas las circunstancias de desastre provocadas por las lluvias torrenciales ocurridas en los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Zacatecas, nos vemos en la urgente necesidad de solicitar ante esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo, basado en la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos días del mes de agosto y hasta la fecha, los estados mencionados se han visto afectados por intensas lluvias, ocasionado pérdidas humanas y materiales, y dejando a muchas familias sin un techo donde vivir.
Para las familias que perdieron a sus seres queridos, nuestro más sentido pésame.
Para las decenas de miles de ciudadanos que perdieron sus casas o sus bienes, adquiridos con tanto esfuerzo, nuestra más amplia solidaridad.
A los miembros de la población, a los rescatistas, a los grupos voluntarios y a las asociaciones civiles que están colaborando para restituir las condiciones de vida en los estados les reconocemos profundamente su participación, así como el esfuerzo que ya están desplegando autoridades federales, estatales y municipales. En casos como el presente, es ejemplar y motivante ver cómo la solidaridad y el compromiso que los ciudadanos muestran con su comunidad, ellas y ellos son el principal aliciente para evitar que los daños causados por desastres naturales sean mayores y sus consecuencias se prolonguen.
Hoy ya hay familias enteras que se enfrentan al desamparo. Los damnificados se suman por miles, los recursos estatales y municipales son insuficientes para enfrentar este tipo de contingencia. Y dado que la temporada de lluvias todavía no concluye, lamentablemente podemos prever que habrá todavía más, muchos más daños.
Por ello es necesario emprender acciones preventivas y de reconstrucción inmediata.
Sabemos de la preocupación del Ejecutivo federal por colaborar y resolver con las entidades federativas, con rapidez, los problemas presentados por esta contingencia, que afecta a las familias más vulnerables, pero para ello son indispensables recursos económicos derivados del Fondo de Desastres Naturales.
Solicitamos que las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Salud, y de Defensa Nacional, en los términos de sus atribuciones, sigan actuando con presteza y a través del Fondo de Desastres Naturales apoyen con mayor prontitud a la restauración de la infraestructura material y se tomen medidas para la construcción de obras, que en la medida de lo posible y lo razonable prevengan situaciones como la que hoy padecemos los estados.
Por todo ello, nos permitimos presentar la siguiente proposición de
Punto de Acuerdo
Primero.- Que el Ejecutivo federal, a través de las secretarías mencionadas anteriormente, intervenga, con la finalidad de apoyar a la ciudadanía afectada en lo siguiente:
b) A los distintos albergues que se han habilitado por la autoridad y mediante brigadas de asistencia social.
c) Así como ayudar a la reconstrucción de todos los bienes perdidos y dar apoyo necesario a los damnificados.
Tercero.- Solicitamos la pronta y eficaz aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para el rápido suministro de comida, medicinas, ropa y calzado.
Cuarto.- Apelamos a la solidaridad de los diferentes grupos parlamentarios representados en este recinto para que se sumen a este acuerdo.
Diputados: Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica), Germán Martínez Cázares (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Manuel Enrique Ovalle Araiza (rúbrica), Guillermo Enrique Tamborrell Suárez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda (rúbrica), José Julio González Garza (rúbrica), Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Alfonso Moreno Morán (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), Armando Rangel Hernández (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Rubén Alfredo Torres Zavala, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Antonio Cabello Gil (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Lorena Torres Ramos (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política,
Septiembre 11 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR
UNA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE VIGILAR QUE NO SE DESVIEN RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL ESTADO DE TABASCO DE 2003, PRESENTADA
POR DIPUTADOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, PAN, CONVERGENCIA Y
PT, EN LA SESION DEL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Las y los suscritos, diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo, cuyos miembros firman al calce de este punto de acuerdo, venimos a poner del conocimiento del Pleno una proposición con punto de acuerdo, con fundamento en los siguientes
Hechos
En los últimos comicios federales, Tabasco fue uno de los estados ganados por el Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, esta tribuna ha recogido testimonios y pruebas fehacientes de cómo el PRI ha venido utilizando las necesidades del pueblo para mantenerse en el poder en el estado de Tabasco. El condicionamiento del voto a cambio de apoyos del gobierno estatal, a los que la población tiene derecho, está documentado.
Cabe recordar que en los procesos electorales estatales de los años 1994 y 2000, a cambio del voto, el PRI entregó despensas, molinos, bicicletas, máquinas de escribir y de coser, becas educativas, cheques de Procampo y créditos para vivienda. Durante el desarrollo de ambos comicios se utilizaron recursos federales destinados al desarrollo social para promover a los candidatos, lo anterior lo pudieron constatar los legisladores del Grupo Plural creado en la Cámara de Diputados en la LVII Legislatura.
Es importante destacar que, en las elecciones anteriores a 1988, el PRI obtenía votaciones de 95 por ciento del total. Sin embargo, a partir de esa fecha, se registra una caída permanente de la votación de ese partido en la entidad. En los comicios para elegir gobernador en 1994, se atribuyó a Roberto Madrazo el 57.5 por ciento de los votos emitidos, mientras que en 1997 el PRI obtuvo una votación del 51.6 por ciento en la elección federal y del 50.0 por ciento en la local.
En los comicios federales del año 2000, el estado de Tabasco fue uno de los ganados por el PRI; sin embargo, sólo alcanzó el 39.4 por ciento de los votos, perdiendo uno de los dos distritos que comprende la capital, Villahermosa.
Finalmente, se debe destacar que durante los comicios federales de julio pasado, en Tabasco, el PRI alcanzó el 47.7 por ciento de los votos, para lo cual utilizó todos los medios a su alcance para mantenerse en el poder: dispendio de recursos públicos; control férreo de los medios de comunicación; uso clientelar de programas sociales; utilización de trabajadores, equipo, vehículos y recursos del gobierno estatal como apoyo a las campañas políticas de los seis candidatos a diputados federales.
Asimismo, el empleo de las estructuras corporativas de sindicatos y organizaciones vinculadas históricamente con el Revolucionario Institucional, y una compleja red en la que se mezclan indistintamente funcionarios públicos locales y federales, funcionarios electorales, representantes populares, gobernantes, caciques regionales y operadores políticos del grupo madracista. En Tabasco, el 6 de julio pasado se presentaron irregularidades y el proceso resultó una "elección de Estado".
El partido de Estado no ha terminado de desaparecer; existe y funciona todavía en las entidades federativas donde no se ha desmantelado y en donde no se ha dado la alternancia en el poder, de manera que la vieja estructura política es determinada por la simbiosis entre partido y gobierno, dirigidos éstos por turbios caciques que hacen uso del dinero público, además de los recursos que les proporcionan ciertos grupos de empresarios o banqueros.
Ante los próximos comicios, que se llevarán a cabo en Tabasco el 19 de octubre entrante, el PRI repite la estrategia: utiliza las necesidades de la gente para impulsar candidatos y existen evidencias de que se quiere vulnerar una vez más la voluntad ciudadana y la dignidad del pueblo tabasqueño.
Durante las anteriores Legislaturas se crearon comisiones especiales para vigilar el uso de recursos públicos federales en las elecciones de Veracruz y Tabasco en 1997, Nayarit, Guerrero y Coahuila en 1999 y los comicios federales del año 2000 y 2003. Ante estas instancias, acudieron ciudadanos y organizaciones civiles a denunciar el condicionamiento de la entrega de apoyos federales a la emisión del sufragio.
La responsabilidad de los diputados que integraron dichas instancias de la Cámara de Diputados fue la de interponer el peso moral de la representación popular para inhibir la comisión de ilícitos. No es, ni debe ser función de una Comisión de este tipo suplantar a autoridades ministeriales y electorales en la persecución de supuestos delitos electorales.
La creación y el trabajo de las comisiones especiales constituyen una aportación de la Cámara de Diputados al fortalecimiento de nuestra democracia, al contribuir, dentro las facultades y atribuciones que la ley le concede, al ejercicio del sufragio en forma libre y consciente, para que la atención a las carencias del pueblo no sea un medio para condicionar la participación cívica.
En este país y desde el Poder Legislativo impulsamos el respeto y la vigencia de los derechos humanos. ¿Y qué pasa con los derechos políticos de los electores mexicanos, los cuales, al no respetarse, afectan más trascendentalmente a la comunidad -sea nación, estado o municipio- que al propio individuo, que de inmediato resiente la transgresión?
Hay que recordar que los derechos políticos, fundamentalmente, consisten en la facultad de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, de votar y ser elegidos en elecciones auténticas y de tener acceso a todo ello en condiciones generales de igualdad.
Cuando se violan los derechos políticos, más que afectar a personas individuales, se afecta a la pieza maestra que estructura la integración de los Poderes de la Unión, de los estados y, en su caso, de los municipios. Cuando se viola el voto, se atenta contra la estructura fundamental de la nación. Se afecta, en suma, el futuro de todos los mexicanos. Mantener esta situación afecta gravemente derechos fundamentales de los ciudadanos.
Cuando en la mayor parte de México se vive el momento de la democratización, que es el de la devolución de la soberanía al pueblo, donde los partidos políticos alcanzan cierto nivel de igualdad de oportunidades en las contiendas electorales, donde las elecciones son libres, transparentes, pero también equitativas, y es el momento en donde los derechos políticos electorales están garantizados constitucionalmente.
Actualmente, y de cara a la renovación de las 17 presidencias municipales y del Congreso local, no hay certidumbre y garantías, en Tabasco no hay legalidad en los actos de la administración, porque no se da el imperio de la ley. Todavía no somos un régimen democrático, ése es el momento al que no hemos arribado, particularmente en Tabasco. Contamos con leyes, sí; con un orden jurídico, sí; pero este orden jurídico no es emanado de elecciones transparentes y equitativas, lo que nos hace suponer que contamos con un Estado de derecho débil.
Honorable Asamblea:
El respeto a la voluntad ciudadana es el camino para construir un país justo, incluyente, digno y democrático. Convocamos a las legisladoras y legisladores comprometidos con la sociedad a que respondan al pueblo que representan.
Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados firmantes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracciones V y VIII, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 39.1, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- El Pleno de la H. Cámara de Diputados acuerda la constitución inmediata de una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales durante el proceso electoral del estado de Tabasco a desarrollarse el 19 de octubre de 2003.
Segundo.- Para efectos de este acuerdo, el proceso electoral del estado de Tabasco comprende todos los actos relativos a la preparación de la elección, la jornada electoral del 19 de octubre del año 2003, sus resultados y declaraciones de validez de la elección de dicha entidad.
Tercero.- La comisión especial durará en funciones el periodo necesario a fin de cubrir en su totalidad el proceso electoral y el tiempo suficiente para la elaboración del informe final.
Cuarto.- La comisión especial objeto del presente acuerdo se integrará por diecisiete diputados, de los cuales cinco serán designados por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tres serán designados por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, seis serán designados por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno será designado por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, uno será designado por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, uno será designado por el grupo parlamentario de Convergencia por la Democracia.
Diputados: Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, María Guadalupe Morales Rubio, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Lucio Galileo Lastra Marín, Lizbeth Rosas Montero, Susana Guillermina Manzanares Córdova, Luis Maldonado Venegas, Angélica de la Peña Gómez, Rogelio Franco Castán, José Luis Cabrera Padilla, Edgar Torres Baltazar, Nancy Cárdenas Sánchez, Cristina Portillo Ayala, María Marcela González Salas y Petricoli, Martha Lucía Mícher Camarena, Víctor Suárez Carrera, Eduardo Espinoza Pérez, César Antonio Chávez Castillo, Salvador Martínez Della Rocca, Carlos Hernán Silva Valdés, María de los Dolores Padierna Luna, Emilio Zebadúa González, Angélica Díaz del Campo, Arturo Nahle García, Iván García Solís, Rafael Flores Mendoza, Antonio Mejía Haro, Ana Lilia Guillén Quiroz, Agustín Rodríguez Fuentes, Clara Marina Brugada Molina (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Septiembre 11 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION A QUE, EN SUS
RESOLUCIONES, CUMPLA EL MANDATO CONTENIDO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO
41 CONSTITUCIONAL EN EL SENTIDO DE QUE EL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION
ELECTORAL EN MEXICO RESPETE SIEMPRE LA DEFINITIVIDAD DE LAS ETAPAS DE LOS
PROCESOS COMICIALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO,
EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 11
DE SEPTIEMBRE DE 2003
Los diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión que firmamos al calce, integrantes de los grupos parlamentarios de Convergencia por la Democracia, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se considere como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El pasado miércoles 4 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución que afecta sensiblemente la vida interna de los partidos políticos, particularmente al Partido Verde Ecologista de México y, todavía más, lesiona el principio de certeza, esencial para el Estado de derecho.
En dicha resolución, los magistrados del Tribunal fueron más allá de lo que le solicitaron las partes, violentando el principio de legalidad que establece claramente que una autoridad sólo puede hacer lo que la ley le dicta y que, en este caso, impone al Tribunal la obligación de ceñirse a las reclamaciones de quienes solicitan su intervención. Lamentablemente, se vuelve más frecuente la tendencia del Tribunal a manifestarse contradictoriamente. Nunca antes fue puesta en duda en el Instituto Federal Electoral ni en el Tribunal Electoral la inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, por eso resultan poco comprensibles los argumentos esgrimidos por el Tribunal, para declarar parcialmente ineficaces los estatutos referidos, cuando para otros efectos y en muchos otros juicios, su validez nunca estuvo en entredicho.
Por eso hacemos un llamado para que el Tribunal no violente el propósito de la reforma de 1996, que le dio forma actual y no es otra que desterrar dudas, incertidumbres y conflictos en los procesos electorales.
No queremos complacencias, pero tampoco arbitrariedades, queremos hacer un llamado para que el Tribunal, frente a cuestiones que son vitales para la gobernabilidad democrática, haga valer el Estado de derecho en cualquier circunstancia y dé certidumbre a los actos electorales y a los protagonistas políticos. Ya la Corte ha tenido que zanjar las contradicciones en las que el Tribunal ha incurrido, por sostener para casos análogos criterios diversos.
Los magistrados deben responder a las expectativas que ha depositado la ciudadanía en los órganos encargados de vigilar y procurar el correcto desarrollo de la actividad democrática.
Por todo lo anterior, el grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, en sus resoluciones, dé cumplimiento al mandato constitucional contenido en el párrafo cuarto del artículo 41 de nuestra Carta Magna, en el sentido de que el sistema de medios de impugnación electoral en México debe respetar siempre la definitividad de las distintas etapas de los procesos comiciales y evite con ello intervenir en la vida interna de los partidos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estadios Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de septiembre de 2003.
Diputados: Manuel Velazco Coello, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, María Avila Serna, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Fernando Espino Arévalo, Jesús Emilio Martínez Alvarez, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Raúl Piña Horta, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Leonardo Alvarez Romo, María de la Luz Arias Staines, Luis Antonio González Roldán, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, José Manuel Carrillo Rubio, Armando Leyson Castro, Wintilo Vega Murillo, Germán Martínez Cázares (rúbricas).
(Aprobado en votación económica. Septiembre
11 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A QUE LIBERE RECURSOS
ADICIONALES PARA COMPENSAR A LOS AGRICULTORES DE LOS DISTRITOS DE RIEGO
026 Y 050, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS HUMBERTO MARTINEZ DE LA CRUZ,
EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2003
Los suscritos, diputados federales por los estados de Tamaulipas y Coahuila, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta soberanía exponemos:
Durante el ciclo agrícola 2001-2002, los productores rurales de los distritos de riego 025, bajo Río Bravo; 026, bajo Río San Juan, IV y V unidades, y 050, Acuña-Falcón, no se beneficiaron con el servicio de riego, ya que el Ejecutivo federal dispuso del agua que les correspondía para abonar el adeudo por este concepto, con Estados Unidos de América, originándoles un quebranto económico cuantificado en 2,295 pesos por hectárea, además de que para cubrir la demanda de agua de uso doméstico de la zona fronteriza fue necesario disponer de agua del distrito 026.
En diversas ocasiones, el tema ha sido analizado y motivado diversos pronunciamientos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, ambos cuerpos colegiados, que han efectuado acciones de apoyo a los agricultores de estos distritos de riego.
Concretamente, la Cámara de Diputados incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, recursos por 460 millones de pesos destinados a cubrir el daño patrimonial referido, adicionados al presupuesto de la Sagarpa, e instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para pagar a los agricultores las cantidades correspondientes.
Los apoyos económicos establecidos, de acuerdo con la información disponible, fueron aplicados para ese fin, en beneficio de los productores del citado distrito, ya que mediante oficio número 312.A.-000268, de fecha 11 de febrero de 2003, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigido al titular de la Sagarpa, se señaló que estos recursos deberían destinarse únicamente al distrito de riego 025.
El gobernador del estado de Tamaulipas, licenciado Tomás Yárrington Ruvalcaba, informó oportunamente a la Sagarpa el destino de la compensación que por la cantidad antes citada de 460 millones de pesos realizó esa dependencia a los productores del distrito de riego 025, y de las economías obtenidas, que ascienden a un millón novecientos treinta y siete mil cuatrocientos dieciocho pesos, que serán aprovechadas para compensar a los usuarios de los distritos 026, IV y V unidades y 050, las cuales, no obstante, sólo representan aproximadamente el 10% de la necesidad de compensación a productores rurales de ambos distritos, por daños en 8,800 hectáreas, a razón de 2,295 pesos por hectárea, a la vez que ha solicitado a la citada dependencia gestionar ante las instancias competentes, el apoyo que permita cumplir con la justa demanda de nuestros productores.
El gobernador del estado de Coahuila, licenciado Enrique Martínez y Martínez, en reiteradas ocasiones, ha expresado mediante acciones oficiales de gobierno, su solidaridad y apoyo a los productores rurales afectados, y realizado las gestiones pertinentes ante dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, tendientes a resolver la problemática de las familias de los productores, que han resentido los efectos adversos en su economía, a la vez que han visto disminuida su capacidad productiva, en detrimento también de la economía regional. En atención a que en la multicitada partida presupuestal de 460 millones de pesos, no se consideró a los productores de las unidades IV y V del distrito de riego 026 y del 050, Acuña-Falcón, igualmente afectados por los pagos de agua a Estados Unidos, el Senado de la República, a través de sus Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Hacienda y Crédito Público, con fecha 29 de abril del presente año, expidió un dictamen relativo al asunto, en cuyo segundo punto resolutivo, y en lo conducente se determina solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que de las economías obtenidas de la partida presupuestal por 460 millones de pesos, establecida para compensar a los agricultores por los volúmenes de agua que la Federación dispuso para acreditarlos a Estados Unidos y que afectó la disponibilidad de los ciclos agrícolas 2001-2002, se destinen para la aplicación hacia ese mismo efecto, a los distritos de riego 026, unidades IV y V, y 050, Acuña-Falcón, estableciendo que si esos recursos no fueran suficientes, se solicite que éstos sean complementados con recursos provenientes de transferencias de otras partidas presupuestales no ejercidas.
No obstante lo anterior, y con base en la información disponible, a la fecha no ha habido disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Sagarpa, para proceder a la compensación a los productores afectados.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando fundado dar trámite a este asunto como de obvia y urgente resolución, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo
Primero. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que destine y libere a la brevedad posible, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los recursos adicionales, suficientes para compensar a los productores de los distritos de riego 026, unidades IV y V, y 050, Acuña-Falcón, por los volúmenes que la Federación dispuso para acreditar a Estados Unidos y que afectó la disponibilidad del ciclo 2001-2002; y
Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, una vez efectuado lo anterior, en coordinación con las autoridades estatales competentes, se realice la entrega de las cantidades correspondientes a los agricultores afectados.
Diputados: Oscar Pimentel González, Jesús María Ramón Valdés, Jesús Zúñiga Romero, Ricardo Rodríguez Rocha, Eduardo Olmos Castro, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Laura Martínez Rivera (rúbricas).
(Aprobado en votación económica. Septiembre
11 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE SE OTORGUE UN PRECIO
ESPECIAL EN LA VENTA DE GAS LICUADO DE PETROLEO A LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES, PARA USO DOMESTICO, APLICABLE EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA, PRESENTADA
POR EL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMENEZ, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2003
El suscrito, diputado Emilio Serrano Jiménez, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de otorgar un precio especial en la venta de gas licuado de petróleo (LP) para uso doméstico a las personas adultas mayores, aplicable en todo el territorio nacional, conforme a los siguientes
Antecedentes
I. Que, de acuerdo con el artículo 7º, fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica, corresponde a la Secretaría de Economía, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias, determinar mediante acuerdo los precios máximos que correspondan a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o para el consumo popular.
II. Que mensualmente el Ejecutivo federal publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece el precio máximo del gas LP que rige para ese periodo.
III. Que desde 1946 se inició la comercialización del gas LP como una alternativa para sustituir la utilización de combustibles vegetales, como el carbón y la leña en las casas habitación de las zonas urbanas; en la actualidad, el gas LP es el combustible utilizado por más del 95 por ciento de los hogares mexicanos.
IV. Que a partir de 1994 se inició un proceso de agresivo encarecimiento del producto. En ese año, sufrió un incremento del 22.4 por ciento: en la Ciudad de México, el cilindro de 20 kilogramos se vendió a 18.22 pesos, actualmente tiene un precio de 128.40;
V. Que un proceso de elevación de precios de tales características ha dañado la economía familiar y ha rebasado desproporcionadamente el ingreso de obreros, jornaleros, campesinos, burócratas, discapacitados, jubilados y, en general, de todos los trabajadores mexicanos. Basta destacar que de 1994 a la fecha el salario mínimo se ha incrementado en alrededor de un 86 por ciento y el precio al público del gas LP ha aumentado en 605 por ciento.
VI. Que el precio regulado por la Secretaría de Economía de diciembre de 1999 a septiembre de 2003, tuvo un incremento del 53 por ciento. El precio sigue elevándose, sin una regulación eficiente, en perjuicio de las clases más desprotegidas, incluyendo de manera especial a las personas adultas mayores.
VII. Que Pemex vende dicho producto a las gaseras a 0.55 pesos el kilogramo y el costo de operación es de 1.75 pesos, lo que suma 2.30 pesos. Si las gaseras lo venden al público a 6.42 pesos, tienen una ganancia de más del 300%.
Considerandos
1.- En la reglamentación vigente sobre la comercialización de bienes y servicios básicos, se ha considerado que, por razones de orden público e interés social, es necesario establecer que el gas LP se sujete a un precio máximo de venta al consumidor.
2.- Dicho energético es indispensable para la vida de una familia. A pesar de ser un producto imprescindible, aún hay miles de familias en zonas urbanas que carecen de este servicio, por las condiciones de miseria extrema. Por la vía legislativa, insistiremos, en lo personal y como partido, en presentar una iniciativa que plantee soluciones a este problema.
3.- La transición demográfica por la que atraviesa México al disminuirse la natalidad e incrementarse la esperanza de vida, ha significado el envejecimiento de la población, con las implicaciones económicas, sociales y políticas que acarrea.
4.- Esto es más sensible en relación con el consumo que hacen las personas adultas mayores de este producto, quienes, habiendo entregado su vida, energía y esfuerzo a la sociedad, ven mermadas sus capacidades productivas y sus posibilidades de ingreso.
5.- México tiene alrededor de 7 millones de personas adultas mayores de 60 años y más. De esta población específica, de acuerdo con cifras oficiales, solamente alrededor del 25% goza de una pensión de vejez y de jubilación con un ingreso de 1,230.00 pesos mensuales en promedio.
Las necesidades de esta población son mayores que las del resto, por estar expuesta a enfermedades crónicas degenerativas, lo que aumenta sus requerimientos y encarece su atención a la salud. Añádase que sus capacidades y habilidades han disminuido y que, al ser víctimas de discriminación laboral, e incluso del abandono familiar, sus oportunidades de acceso a un ingreso digno y suficiente son casi nulas.
6.- Las personas adultas mayores deben contar con la garantía de un ingreso que les permita tener una calidad de vida digna y decorosa, por lo que nos permitimos proponer a esta honorable asamblea que se exhorte al Presidente de la República a que gire sus instrucciones a efecto de que se adopten las medidas pertinentes, a fin de que se otorgue a las personas adultas mayores el beneficio de una reducción del 50 por ciento del precio de venta del gas LP.
Con las facultades que corresponden el titular del Poder Ejecutivo puede instruir al secretario de Economía, a efecto de que en el acuerdo mensual por el que se determina el precio máximo al público por el gas LP se establezca una reducción del 50 por ciento a las personas adultas mayores.
En mérito de lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio constitucional de división de poderes, exhorta al C. licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que, en el ámbito de sus facultades, instruya al secretario de Economía, a efecto de que en la fijación del precio máximo al consumidor de gas licuado de petróleo (LP), incluyendo los servicios y costos involucrados en su entrega al usuario final, se establezca una reducción del 50 por ciento en beneficio de las personas adultas mayores.
Segundo.- Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por persona adulta mayor la mujer o el hombre que exhiba credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, acta de nacimiento o credencial de elector mediante la que acredite que tiene 60 años o más.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2003.
Diputados: Emilio Serrano Jiménez, Pedro Vázquez González, Jorge Kahwagi Macari, Jaime Moreno Garavilla (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
En tanto se designe la Comisión, consérvese en la Dirección
General de Proceso Legislativo. Septiembre 11 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LAS AUTORIDADES FEDERALES COMPETENTES A TOMAR MEDIDAS PRECAUTORIAS
PARA GARANTIZAR PRECIOS DEL FRIJOL, ANTE LA INMINENCIA DE LA COSECHA DE
ESTE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO ULISES ADAME DE LEON, EN NOMBRE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2003
Utilizo este espacio para buscar en esta soberanía el apoyo para un punto de acuerdo sobre la comercialización del frijol remanente del ciclo 2002 y el que está saliendo del ciclo 2003, pero remarco en el de los estados del centro y del norte que, después de un año, no han podido vender su cosecha y, por lo mismo, se acumula mucha tensión entre los productores.
Considerandos
En los últimos días hemos escuchado una cantidad importante de discursos que, con vehemencia, se refieren a la pobreza y -particularmente- a la que está creciendo en el campo de México. No cabe duda de que ésta es la preocupación fundamental del Gobierno de la Republica y de los otros niveles de gobierno, igual que entre todos los legisladores. El discurso y el reto son detener el avance de la pobreza en el campo.
Hoy, como nunca, el tema del campo está de moda, y lo está de verdad: todos los días se firman acuerdos, se arrancan programas y se manifiestan grupos, pero para los campesinos, los de a de veras, éste es el tema de siempre.
Escuchamos las voces de los líderes de los países pobres, como el nuestro, que piden el cese de los subsidios desmedidos a los productos del campo, pero los grandes no escuchan, solamente nosotros los atendemos. Al final, habremos seguido una instrucción, pero nos habremos quedado sin campesinos.
Los que no obedecieron serán dueños del control de los alimentos. En mi opinión, no deberíamos ser tan buenos.
La sociedad ha sido testigo de cómo los productores han dejado de creer y defienden su patrimonio con lo que tienen o con lo que pueden, porque es el de sus hijos. Hay muchos casos e, incluso, algunos se han vuelto célebres: el de los piñeros de Veracruz y Oaxaca, el de los cafeteros de Chiapas, los meloneros de Tlahualilo y los lecheros de traspatio de Lerdo, en Durango, los macheteros de San Salvador Atenco y hasta los caballos de San Lázaro y antes que los de Cancún, los desnudos de los 400 pueblos.
Pero otros están esperando acercarse al centro de la República o, desde sus comunidades, hacerse notar por los medios de comunicación. En nuestros estados se hallan desesperados los productores de carne de cerdo y de res, los productores de maíz y de forrajes, los forestales madereros y los del semidesierto... Y cuidado, mucha atención a los productores de frijol de Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, San Luis, Guanajuato y Durango.
Estos productores ya empezaron a manifestarse y quieren ser menos pasivos.
La pregunta es obligada: ¿para qué dejar que esto suceda si todos coincidimos en que los productores de frijol son, junto con los ixtleros, los más pobres entre los campesinos?
Para nosotros, a diferencia de los estadounidenses, el frijol no es un buen negocio, no es una gran empresa, sino una forma tradicional y sencilla de llevar la vida. Es sin duda una actividad que promueve la estabilidad nacional y tal vez hasta sea fuente de la seguridad del país.
Debemos demostrar, pues, que hay congruencia entre lo que hemos dicho toda la semana y lo que hacemos realmente.
Algunos hemos pensado que hay desaciertos en la comercialización interna del frijol, pues hay que saber que en verdad somos grandes consumidores, pero ya no los primeros en el mundo. Nos hemos convertido en el mercado blanco más interesante del planeta por lo desordenado, por no tener controles de calidad y porque aquí todo se vende.
Hay que hacer notar también que desde hace tiempo México no es autosuficiente en producción de frijol: poco a poco fuimos perdiendo nuestra superficie y nuestro interés, pero la población creció. Hoy, nuestra producción promedio apenas si es de 400 kilogramos por hectárea, en no más de 4 hectáreas por productor, que invierte alrededor de 2,300 pesos por hectárea por ciclo.
Con esos números, el precio promedio nunca debe ser menor de seis pesos por kilogramo. Y sí lo es, y por mucho.
Me pregunto: si México produce de 700 mil a 900 mil toneladas por año y consume 1 millón 200 mil -es decir, nos faltan de 300 mil a 500 mil toneladas para garantizar el abasto- y si los cupos apenas si son de 70 mil, ¿por qué el frijol de Zacatecas, de Nayarit, de Sinaloa o de Durango tiene cerca de un año en las bodegas o en las casas de los productores sin poder venderse a ningún precio? ¿Por dónde entra el frijol que compite con el nuestro? ¿Quién está jugando con nosotros para permitir que el frijol que se importa de Norteamérica a un precio superior a 5.50 se venda antes que el nuestro?
El frijol de nosotros tiene la misma calidad y presentación y no se vende por encima de tres pesos; y -créanlo, señores legisladores- hoy en Zacatecas y Durango hay ofertas de compra de 1 peso con 50 centavos, y "si queremos".
¿Quién se queda con los ocho pesos de margen entre el productor y el consumidor? ¿Quién permite que en los anaqueles de los centros comerciales haya sólo frijol pinto americano, negro Michigan o peruano todo el año cuando, por el volumen concertado de importación y por su ritmo de consumo, en un mes debería terminarse?
Escuché con atención al Presidente Fox en su discurso de Cancún y me pareció congruente. Creo que está en su papel, y lo festejo, como el resto de los mexicanos, pero algo raro sucede más abajo.
¿Por qué el Banrural y otro banco privado pretenden subastar a partir de hoy las casi 20 mil toneladas de frijol de Durango en 1 peso con 50 centavos para cobrarse así los 23 millones que facilitó para financiar la comercialización del producto de 2002?
No hay que ser experto para saber que si ese producto es subastado y comprado por una sola persona o por un grupo, va a ofertarse como lote en las grandes cadenas comerciales del país hasta en tres o cuatro pesos. Esa señal la recibirá el mercado como si hubiese frijol en exceso.
Habrá una sensación de saciedad. Sólo por eso, el frijol que se produzca en el próximo ciclo en el país podría venderse por debajo de su costo de producción e, incluso, a dos pesos, como en este año.
Para el ciclo 2003, en el que ya se inició la cosecha, habrá nuevamente una producción alta y se juntará con el remanente del año anterior y será también un pretexto para que los acaparadores fijen ofertas por debajo del costo real. Vender en dos pesos es perder más de tres pesos por kilogramo; y otro año de pérdidas, como el anterior, obligará a que más de medio millón de frijoleros busquen otra cosa que hacer, pero ¿en dónde?
Para generar un empleo, se requiere una inversión importante. Hagamos las cuentas de lo que se requiere para generar otro medio millón. En Durango, hay 40 mil productores de frijol, en Zacatecas 100 mil; ¿cómo enfrentaríamos esa demanda?
Por todo lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales, integrantes de distintos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
1. Que se pida al Banrural que detenga en este momento el proceso que ha iniciado para subastar el frijol de Durango. Entendemos que es parte del finiquito de la institución, pero ese frijol no debe salir al mercado. Debe implantarse una estrategia como la que hace el gobernador de Durango a la Sagarpa para dejar ese frijol como reserva, para no enviar una mala señal al mercado. Por 20 mil toneladas arriesgaremos más de 1 millón.
2. Que se exhorte a la Sagarpa a que considere en su proyecto de egresos para 2004 un apoyo directo a la comercialización del frijol, sin trámites imposibles, un apoyo directo, como lo tienen el maíz, el sorgo o el trigo. Aunque el frijol no cotice en la bolsa de Chicago, es el cultivo más social que tenemos. Hagamos cuentas: un peso por kilogramo, este año son mil millones, menos de 20 por ciento de los apoyos directos que reciben los otros productos. Cuando Estados Unidos retire sus subsidios, nosotros también los retiraremos.
3. Solicitar, en su momento, a los compañeros diputados que van a integrar las Comisiones de Presupuesto y de Agricultura en esta Legislatura que no omitan considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 un apoyo suficiente y directo a la comercialización del frijol, que tenga esquemas más simples y ágiles que los que con buena voluntad se han generado, pero que, por lo tortuoso de su operación, en ningún estado han cumplido su objetivo.
Para la economía de la nación, tal vez el frijol no es un producto estratégico, pero para la estabilidad social del país, bien vale la inversión.
Firman la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución los siguientes legisladores:
Diputados: Fernando Ulises Adame de León, Francisco Luis Monárrez Rincón, Jaime Fernández Saracho, Pedro Avila Nevárez, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Hilaria Domínguez Arvizu, Cruz López Aguilar, Sara Rocha Medina, Wintilo Vega Murillo, Antonio Mejía Haro, Rafael Flores Mendoza, Arturo Nahle García, Amalia García Medina, Guillermo Huízar Carranza, Luis Medina Lizalde, José Isabel Trejo Reyes (rúbricas).
(Aprobada en votación económica. Septiembre 11 de 2003.)