• De la Junta de Coordinación Política, sobre la glosa del III Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la organización administrativa, así como la de comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presentada por diversos grupos parlamentarios en la sesión del jueves 4 de septiembre de 2003.

• Con punto de acuerdo, para que se adicione un punto quinto como alcance al documento con punto de acuerdo presentado en la sesión del 2 de septiembre, sobre la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento exhaustivo a las investigaciones para el esclarecimiento de los homicidios perpetrados contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por diversos grupos parlamentarios en la sesión del jueves 4 de septiembre de 2003.

 
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a que asuma, en la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la defensa de los intereses del sector rural de nuestro país en la discusión del Capítulo Agropecuario; y solicitarle también que los acuerdos y reglas que se adopten en la OMC sean vistos y sancionados por el Senado de la República, presentada por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del jueves 4 de septiembre de 2003.

 
• Con punto de acuerdo, a fin de que el Gobierno Federal libere de inmediato los recursos del Fonden para atender la situación que afrontan los habitantes de Baja California Sur por el paso del huracán Ignacio, presentada por el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT, en la sesión del jueves 4 de septiembre de 2003.

 
• Con punto de acuerdo, en relación con el caso del ciudadano Lorenzo Llona Olalde, presentada por el diputado Francisco Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 4 de septiembre de 2003.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre la glosa del III Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada

La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b), y 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Acuerdo

Primero.- Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7º, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el análisis del informe presentado por el Presidente de la República se llevará a cabo, en lo conducente, en las sesiones ordinarias del próximo martes 9 y jueves 11 de septiembre del 2003.

Segundo.- Para estos efectos, el martes 9 se abordarán los temas de política económica y política social, y el jueves 11, política interior y política exterior.

Tercero.- En dichas sesiones, para cada uno de los temas los grupos parlamentarios podrán intervenir en dos rondas de hasta por 10 minutos cada una, en cuyo caso se realizarán en orden creciente en razón del número de diputados que integran cada grupo.

Cuarto.- Comuníquese a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo, México, DF, a 2 de septiembre de 2003.

Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica)
Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Jesús E. Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia

(Aprobado en votación económica. Septiembre 4 de 2003.)
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL TITULO SEGUNDO DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOBRE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, ASI COMO LA DE COMISIONES Y COMITES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, PRESENTADA POR DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales Elba Esther Gordillo Morales, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Convergencia, someten a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando a esta honorable asamblea se le pueda dar el trámite de urgente resolución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Exposición de Motivos

Como ocurre al inicio del ejercicio constitucional de cada Legislatura, son necesarios algunos arreglos inmediatos que permitan el desarrollo adecuado de las actividades legislativas y parlamentarias, en concordancia con la integración de la Cámara y tomando como base los propósitos coincidentes de los grupos parlamentarios para facilitar el desahogo de las diversas materias y asuntos incluidos en la agenda legislativa.

Para el logro de tales fines y para asegurar la mayor productividad y eficacia de los trabajos encargados al órgano del Estado cuya misión es proveer de leyes y de certidumbre jurídica a la nación, resulta indispensable tener dispuesta la organización administrativa, así como la de comisiones y comités.

En este contexto se ubica la necesidad de que la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados se encuentre preparada desde el inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional para afrontar el cumplimiento de sus responsabilidades, razón que ha motivado a los coordinadores de los grupos parlamentarios que suscribimos la presente iniciativa para integrar diversos grupos de trabajo que garanticen, con acuerdos de consenso, que no se diferirá el momento de arranque de las tareas que nos ha encomendado con sus votos el pueblo mexicano.

Dichos grupos de trabajo han venido analizando materias de importancia sobresaliente, como la de ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso para tener la posibilidad de resolver todas las iniciativas que se presenten y eliminar el rezago, y que implica la existencia de otros mecanismos de carácter procedimental, legal y reglamentario, cuyas iniciativas ya se encuentran en preparación.

Por ahora, esta iniciativa tiene la finalidad de lograr los siguientes objetivos:

Por lo que se refiere a la propuesta de esta iniciativa relacionada con el número y la denominación de las comisiones, se trata de dotar a la Cámara de órganos internos responsabilizados de la materia concerniente a la seguridad pública, a la cual la ciudadanía atribuye importancia prioritaria entre sus demandas, cuya eficaz respuesta por parte del Estado depende en buena medida de los mecanismos legales y presupuestarios que corren a cargo, respectivamente, del Congreso General y de la Cámara de Diputados.

Por ser el deber primario e inmediato del órgano gubernamental dar seguridad a la población del país, se ha constituido en una preocupación central de la administración pública y de los legisladores.

Por esa razón, el Congreso reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y creó la Secretaría de Seguridad Pública, separando la materia correspondiente de las que atiende la Secretaría de Gobernación. Pese a ello, en la Cámara de Diputados se mantuvo la denominación de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, lo que obligó a la LVIII Legislatura a constituir la Comisión Especial de Seguridad Pública, a fin de dar singularidad y especialización al tratamiento legislativo de esta área.

Como puede advertirse, el conjunto de las asignaturas que deben ser atendidas al respecto justifica que en esta oportunidad se incorpore a la lista de comisiones ordinarias la de Seguridad Pública, modificando con ello la denominación de la actual Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, para quedar solamente con el nombre de Comisión de Gobernación.

Con finalidades similares de congruencia se propone el cambio de denominación de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, para designarla Comisión de Economía, dándole paralelismo con el nombre de la dependencia del Gobierno Federal correspondiente, y a la que se mantienen como materias de su competencia las relativas a artesanías, comercio y patrimonio y fomento industrial, según dispone el cuadro correspondiente al inciso a) de la fracción IV del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, los grupos de trabajo y los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integramos la LIX Legislatura consideramos de la mayor relevancia atender lo concerniente al fenómeno, cada vez más recurrente en el país, de la urbanización de las metrópolis, que trasciende los ámbitos del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, mostrando su presencia en varias otras ciudades de la República, en cada vez más entidades federativas.

Esa preocupación no es reciente, pues Legislaturas anteriores han avizorado la integración de grupos dirigidos a atenderla y es compartida por la administración pública, el sector privado y los grupos y las organizaciones interesados en el ambiente y el equilibrio ecológico, así como por los académicos, intelectuales e instituciones educativas y de investigación científica.

La urbanización de las metrópolis es un fenómeno que distinguirá nuestro siglo, frente al cual nuestra Legislatura debe preparar sus mecanismos e instrumentos de atención, a fin de perfeccionar las medidas legislativas necesarias que permitan preservar y mejorar los recursos naturales y el ambiente, así como las relaciones entre el hombre, la naturaleza y su medio físico y social. Esto necesita leyes debidamente sustentadas, que instrumenten diversas normas de nuestro texto constitucional. En tal afán se crea la Comisión Ordinaria de Desarrollo Metropolitano.

La formación numérica de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, aunada a la necesidad de establecer alianzas y consensos para las votaciones en el Pleno y en el seno de las propias comisiones, permite avizorar la posibilidad de empates al determinarse mediante el voto de los legisladores sus dictámenes y resoluciones. Esta muy probable circunstancia ocasionaría estancamiento o parálisis en la actividad legislativa, lesivos para la eficacia del trabajo y la imagen de la Cámara, a lo que debemos responder con los procedimientos y mecanismos más sencillos pero suficientes que los superen.

El artículo 160 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo destinado a las votaciones, determina: "Si hubiere empate en las votaciones que no se refieran a elección de personas, se repetirá la votación en la misma sesión; y si resultare empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata". Aunque la práctica parlamentaria puede permitir que las reglas aplicables al Pleno rijan igualmente para las comisiones, el problema para éstas no queda resuelto debidamente, pues es previsible la persistencia de la decisión en grupos de menor número de miembros.

En razón de lo dicho, los que suscribimos esta iniciativa consideramos necesario retomar en la Ley Orgánica textualmente el contenido del artículo 160 del reglamento antes citado, adicionando además que, en caso de persistir el empate, el asunto sea resuelto en el Pleno, el cual contará con esta misma norma si dentro de él se refleja igualmente la paridad en los votos.

Todo lo que se expresa en este tema es fundamental para promover el acuerdo en la formación de las comisiones, pues se asegura, cualquiera que sea el número de integrantes de las mismas por cada grupo parlamentario, la eliminación de un mecanismo frecuente de retraso y obstrucción en el procedimiento legislativo.

Por lo que toca a la creación del Comité de Administración de la Cámara, es conveniente recordar que su eliminación de la ley vigente por la LVII Legislatura se fundó en que la materia administrativa debería estar a cargo de la Junta de Coordinación Política, lo cual se desprende del artículo 34 de la propia ley, que enumera sus atribuciones, y del cuadro concerniente a las transferencias de materias y competencias entre los antiguos comités y nuevos órganos o áreas que debían asumir sus tareas, el cual forma parte igualmente del inciso a) de la fracción IV del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica.

La experiencia de la anterior Legislatura, así como la importancia y diversidad de asuntos que obligadamente debe atender la Junta de Coordinación Política, órgano de dirección fundamental de la Cámara, es factor que aconseja la necesidad de crear un órgano que la auxilie en la resolución de las complejas cuestiones de la administración de este órgano legislativo que recupere la vieja tradición del Comité de Administración pero que, al mismo tiempo, se vincule con la Junta, que tiene el poder administrativo originario, como instrumento que dé racionalidad, seguridad, eficacia, transparencia, rapidez, certeza y honradez a las decisiones de este carácter.

Por último, aunque la Ley Orgánica actual otorga al Pleno la facultad de integrar comités, es de relevancia que el Comité de Administración que se propone adquiera la permanencia que le proporciona su inclusión en la ley, en razón de la importancia de las materias a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Unico. Se reforma y adiciona el artículo 34; se reforman las fracciones V a XXXVI y se adicionan dos fracciones al artículo 39; se adiciona un numeral 7 al artículo 45; y se reforma y adiciona el artículo 46, todos del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 34.

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de septiembre de 2003.

Diputados: Elba Esther Gordillo Morales, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yánez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Convergencia (rúbricas).

(Se le dispensaron los trámites y se puso a discusión y a votación de inmediato. Se aprobó. Se turna a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Septiembre 4 de 2003.)
 
 

México, Distrito Federal, a 2 de septiembre de 2003.

C. Diputada Elba Esther Gordillo Morales
Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente

Apreciable diputada Elba Esther Gordillo:

Los abajo firmantes, diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias e integrantes de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, comparecemos ante usted para solicitarle muy atentamente se sirva incluir en el orden del día de la próxima sesión, la lectura del presente comunicado, mediante el cual solicitamos se adicione un punto quinto como alcance al documento de punto de acuerdo que presentamos en la sesión del Pleno de fecha 2 de los corrientes, sobre la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento exhaustivo a las investigaciones que las autoridades competentes realizan, tendientes al esclarecimiento de los múltiples homicidios perpetrados contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nuestra propuesta de punto adicional para ser añadido al documento de punto de acuerdo de referencia, quedaría redactada como a continuación se señala:

Quinto: La Comisión Especial a que hace referencia el punto primero del presente documento, deberá llevar a cabo sus funciones estableciendo una estrecha coordinación con la Oficina del Comisionado Especial que el Presidente de la República designe para el seguimiento de las investigaciones que las autoridades competentes realizan, para el esclarecimiento de los múltiples homicidios perpetrados contra mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, a que hace referencia el presente punto de acuerdo.

Asimismo, solicitamos que la presente comunicación sea leída en el Pleno de la sesión ordinaria correspondiente y posteriormente sea turnada a la comisión o comisiones que corresponda para su dictaminación o resolución respectiva.

Sin otro particular, agradecemos a usted por las atenciones que se sirva brindar a la presente solicitud.

Atentamente

Diputados: Eliana García Laguna, Partido de la Revolución Democrática; Margarita Zavala Gómez, Partido Acción Nacional; Esthela Ponce Beltrán, Partido Revolucionario Institucional; Alejandro González Yáñez, Partido del Trabajo; Jesús Emilio Martínez Alvarez, Partido Convergencia; María Avila Serna, Partido Verde Ecologista de México (rúbricas).

(Turnado a la Junta de Coordinación Política. Septiembre 4 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO A QUE ASUMA, EN LA CUMBRE DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC), LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SECTOR RURAL DE NUESTRO PAIS EN LA DISCUSION DEL CAPITULO AGROPECUARIO; Y SOLICITARLE TAMBIEN QUE LOS ACUERDOS Y REGLAS QUE SE ADOPTEN EN LA OMC SEAN VISTOS Y SANCIONADOS POR EL SENADO DE LA REPUBLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Dentro de unos cuantos días se celebrará en Cancún la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Las resoluciones que ahí se tomen, indudablemente tendrán hondas repercusiones económicas y sociales en los países en vías de desarrollo, particularmente en su sector agropecuario. Como representantes populares, no podemos, ni debemos, estar ajenos a decisiones que afectan directamente la soberanía de nuestras naciones.

Por eso me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a que en la V Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la delegación mexicana defienda:

Sustentados en esos argumentos, en 1994 suscribimos con Canadá y Estados Unidos de América, el TLCAN, con el propósito explícito, entre otros, de promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; en ese mismo año se firmó el Acuerdo Agrícola de la Ronda de Uruguay que constituye el marco normativo de la OMC.

Así se fue formando un círculo de hierro de diversos acuerdos, que reducen el marco de autonomía del gobierno para la toma de decisiones, y empujan a los campesinos por el camino de la pobreza y sumisión a los dictados de los países ricos y de las poderosas transnacionales, que han hecho de los alimentos un gigantesco negocio desprovisto de ética y alejado de las necesidades de los pueblos.

Sabemos muy bien que en Cancún, aparte de las representaciones formales de los 142 gobiernos que integran la OMC, habrá un contingente conformado por más de 250 grupos de presión que defienden los intereses de las empresas transnacionales más poderosas del mundo. Nos preocupa cómo puedan influir estos grupos en las decisiones que se tomen en materia de alimentación, subsidios, normas sanitarias y ambientales, control sobre las inversiones extranjeras y propiedad intelectual.

Salvo honrosas excepciones, dudamos que estén representados legítima y cabalmente los intereses de los productores más pobres y necesitados, como es el caso de los campesinos que producen granos básicos en áreas de temporal y en economías de subsistencia. Así, quedan marginados de estos foros los más numerosos y los que sufren con mayor fuerza la pobreza, la dependencia y la ausencia o debilidad de los apoyos estatales.

Planteamos estas exigencias porque vemos con preocupación creciente, señores diputados, el papel sustantivo que juega la OMC en la construcción del nuevo orden mundial. Por eso los campesinos y los países pobres del mundo reclaman una OMC que no sea una caja de resonancia de los intereses hegemónicos de países industrializados y de sus transnacionales, queremos una OMC que mida los efectos de sus regulaciones sobre la población y la economía de los países pobres o en desarrollo, queremos una OMC que no permita la paradoja de que los países pobres vendan con restricciones y los obliguen a comprar sin restricciones.

Es necesario cambiar las reglas del juego que hasta ahora han prevalecido. Ya no se debe permitir que domine en ese foro la agenda secreta de las transnacionales y los intereses de los países ricos.

Por eso, con agrado, saludamos con una actitud solidaria, la decisión de los 16 países del tercer mundo, que reclaman el cese definitivo de toda clase de subvenciones a las exportaciones, la reducción de las subvenciones que se otorgan a la producción, y una mejora en el acceso a los mercados por parte de los productores de los países pobres. La nueva propuesta aspira a reformar la agricultura para establecer un sistema comercial justo, con la participación de los productores. Procura armonizar los diversos intereses del mundo en desarrollo, mediante la adopción del concepto de trato especial y diferenciado para esas naciones, y de la autorización para aplicar disposiciones de protección en casos de productos considerados estratégicos.

Si los subsidios de los países ricos no pueden suprimirse, ni bajan sus barreras aduaneras y arancelarias para nuestros productos, no tiene sentido ningún acuerdo en Cancún que deje intacto o sólo disfrace el actual dumping que los países ricos practican con sus políticas proteccionistas. No podemos permitir que continúe y aun se profundice una situación aberrante que, como lo señaló un ilustre diplomático brasileño, muestra la absurda situación de que, mientras más de la mitad de la población del mundo vive con menos de dos dólares por día, las vacas de la Unión Europea reciben, en promedio, subsidios por 2.50 dólares por día, entregados por sus gobiernos.

Por estas razones, propongo, con las propuestas que he planteado a la consideración de esta soberanía, se solicite al titular del Poder Ejecutivo federal que los acuerdos y reglas que se adopten en la OMC, dado su carácter obligatorio, sean vistos y sancionados por el Senado de la República, de acuerdo con el artículo 133 de nuestra Constitución.

4 de septiembre de 2003.

Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica)

(Turnado a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial; en tanto se designa ésta, consérvese en la Dirección de Proceso Legislativo. Septiembre 4 de 2003.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL GOBIERNO FEDERAL LIBERE DE INMEDIATO LOS RECURSOS DEL FONDEN PARA ATENDER LA SITUACION QUE AFRONTAN LOS HABITANTES DE BAJA CALIFORNIA SUR POR EL PASO DEL HURACAN IGNACIO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente punto de acuerdo, a fin de que sea considerado de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California Sur fue azotado en días pasados por el huracán Ignacio, lo que ha provocado severos daños en toda la entidad. Recordemos que, desafortunadamente, no es la primera vez que el pueblo sudcaliforniano es víctima de fenómenos naturales de gran impacto. En 2001, la entidad fue severamente dañada por el huracán Juliette.

El meteoro tuvo efectos del 22 al 27 de agosto de 2003, afectando los cinco municipios de la entidad: Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto.

El Gobierno Federal llevó a cabo una reunión de trabajo en la entidad, con los alcaldes de dichos municipios, distintos delegados de las dependencias federales y titulares de las zonas militares, para efectuar una evaluación preliminar de los daños materiales causados por el huracán Ignacio y emprender las acciones necesarias a fin de atender los saldos del desastre natural.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Presidencia de la República, se registran importantes daños en la infraestructura de comunicaciones de la entidad y un muy importante número de viviendas y comunidades rurales de distintos municipios quedaron incomunicadas, sin poder recibir de manera pronta la ayuda de los tres órdenes de gobierno.

Cabe destacar que las labores de reconstrucción emprendidas a raíz de los daños causados por el huracán Juliette, que estaban a punto de concluirse, han sufrido nuevamente enormes perjuicios. En muchos casos se vuelve a la situación original que se tenía en 2001; podemos decir que se tendrá que recomenzar de cero.

En el campo se perdieron 2 mil hectáreas de cultivo de maíz y 500 hectáreas de hortalizas, lo que lesiona severamente a los productores de esos cultivos. Hasta el momento no hay una estimación del monto que representa esa pérdida.

El 1 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural a efecto de que sean liberados y aplicados los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), considerados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año. Este es el primer paso formal a fin de que el Gobierno Federal, en coordinación con el estatal, empiece las tareas de rescate y reconstrucción de los municipios de la entidad.

Por otra parte, tenemos conocimiento de que el Gobierno Federal inició acciones para las tareas de recuperación de carreteras y de viviendas y la dotación de víveres para las poblaciones afectadas, medidas insuficientes para atender de manera integral todos los problemas derivados de los daños causados por el huracán Ignacio.

De acuerdo con el boletín emitido por el área de comunicación social de la Presidencia de la República de fecha 28 de agosto de 2003, la Secretaría de Desarrollo Social destinó 5 millones de pesos, de los cuales 3 millones son para el Programa de Empleo Temporal y 2 millones para mejoramiento y recuperación de vivienda. Este monto es mínimo si consideramos que los daños se registraron prácticamente en todo el estado.

Como lo constatan los hechos reseñados, la situación en Baja California Sur es complicada. Por ello resulta necesario que esta soberanía, dentro de las atribuciones que la ley le confiere, solicite la inmediata liberación de recursos públicos para atender a las familias damnificadas y reparar los daños causados a la entidad.

En Legislaturas anteriores hemos discutido, en esta honorable asamblea, las desgracias que han lastimado otras entidades de la República Mexicana. Basta recordar los daños causados por el huracán Paulina en Guerrero para saber por lo que está pasando el pueblo sudcaliforniano.

Para los diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara abajo firmantes, es impostergable la necesidad de que el Ejecutivo federal, a través de las dependencias encargadas de cuantificar los daños, actúe de manera pronta para tener el monto total de dichos daños y éstos sean financiados por medio de los recursos del Fonden.

Por las consideraciones anteriores, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Articulo Unico. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, libere de inmediato los recursos necesarios a cargo del Fonden para atender las contingencias y los daños en los municipios y las comunidades afectados por el huracán Ignacio, en Baja California Sur.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de septiembre de 2003.

Diputados: Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Jesús Emilio Martínez Alvarez, Isidro Camarillo Zavala, Luis Maldonado Venegas, Jorge Legorreta Ordorica, Narciso Agúndez Montaño, Francisco Javier Obregón Espinoza, Adrián Chávez Ruiz, Pablo Gómez Alvarez, Inti Muñoz Santini, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Joel Padilla Peña, Francisco Amadeo Espinosa, Manuel Velasco Coello, Gilberto Ensástiga Santiago, María Elba Garfias Maldonado, Pablo Franco Hernández, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbricas).

(Aprobado en votación económica. Septiembre 4 de 2003.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON EL CASO DEL CIUDADANO LORENZO LLONA OLALDE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO SAUCEDO PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Ahora, los padres de la patria,
decid en nombre de la patria
que sancionáis la violación
más inicua de la moral,
y el olvido más completo
de todo sentimiento de justicia.

José Martí

El ciudadano mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde fue detenido el pasado día 26 de abril en la ciudad de Zacatecas, donde vivía y trabajaba. Se le acusa de haber cometido una acción armada que costó la vida de tres personas, dentro de la organización ETA en España, en el año 1981.

Lorenzo Llona Olalde llegó a nuestro país el 19 de diciembre de 1980. Se refugió, como otros miles de vascos, de la represión del gobierno español: la tortura, la cárcel, los grupos paramilitares. En México comenzó una nueva vida. Se casó con una mexicana en 1982, tuvo tres hijos mexicanos y en 1993 obtuvo la nacionalidad. Su entrada en el país, como lo ha sido toda su estancia, fue totalmente legal.

El pasado mes de marzo, Lorenzo Llona recibió la visita de policías españoles y mexicanos que lo presionaron para que colaborara con ellos en proporcionarles información sobre el grupo de exiliados políticos que residen en México. Lorenzo Llona se negó y le advirtieron que esa respuesta tendría consecuencias funestas para él y su familia. La amenaza se cumplió el 26 de abril con su detención.

A Lorenzo Llona Olalde se le acusa de haber participado en una acción que nunca pudo haber cometido pues se hallaba en México cuando ocurrieron los hechos que se le imputan. Cuenta con todos los documentos que acreditan su estancia en el país en la misma fecha en que era llevada a cabo la acción armada en el pueblo de Tolosa, España. Esta se produjo el 24 de junio de 1981, misma fecha en que a Lorenzo le fueron expedidos los recibos para la obtención del formato FM3. Lorenzo realizó el pago en persona el 25 de junio de 1981, a raíz de una notificación del 29 de mayo de 1981. Migración hizo esta notificación a Lorenzo Llona Olalde en Querétaro y le comunicaba que ya estaba la autorización para que trabajara en el país y que debía realizar los pagos correspondientes.

Ese mismo día, aprovechando su viaje de Querétaro al Distrito Federal, realizó trámites en la Secretaría de Hacienda y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Su esposa ha localizado a media docena de personas, entre jefes y compañeros de trabajo, que confirman la obtención de un empleo como gerente de ventas en una maderería que comerciaba en el Bajío y que están dispuestas a testificar que se presentó todos los días a trabajar, sin ausentarse.

La detención de Lorenzo y la petición de extradición enviada por el gobierno español son injustificadas.

La defensa de Lorenzo Llona Olalde ha presentado ya una solicitud de amparo contra la decisión del juez de lo penal, Lic. Ranulfo Castillo, que en días pasados decidió dar el visto bueno a la petición de extradición por parte de las autoridades españolas. La defensa ha exhortado al Presidente Vicente Fox a que no ejecute la orden de extradición.

El proceso de extradición contra Lorenzo Llona se encuentra en fase definitoria. El caso está ahora en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que deberá decidir en los próximos días.

En estos momentos podemos confiar en que se estime el recurso interpuesto en favor del preso político y se analicen al detalle las pruebas de descargo presentadas y que el juez no tomó en cuenta. En esos documentos aparece incluso su huella digital.

De conformidad con el artículo 7 del Tratado de Extradición celebrado entre México y España, el Presidente de la República está facultado para impedir que un connacional sea extraditado, si lo considera conveniente. Por ello, a través de este punto de acuerdo nos dirigimos directamente al Presidente Vicente Fox.

De concretarse la extradición de Lorenzo Llona, nuestro país estaría cediendo parte importante de su soberanía ante la presión del gobierno español.

Cada día que pasa la justicia mexicana se resquebraja, pues mantiene preso a un ciudadano mexicano por naturalización, sin juicio alguno.

Por lo antes expuesto, los firmantes, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de la Unión para detener el proceso de extradición del ciudadano Lorenzo Llona Olalde, de conformidad con el artículo 7 del Tratado de Extradición celebrado entre los gobiernos de México y España, y que por consecuencia traería su inmediata libertad.

Diputados: Francisco Saucedo Pérez, Pablo Gómez Alvarez, Eduardo Espinoza Pérez, Iván García Solís, Eliana García Laguna, Rocío Sánchez Pérez, Jorge Martínez Ramos, César A. Chávez Castillo, Inti Muñoz Santini, Angélica de la Peña, Miguel Alonso Raya, Salvador Martínez Della Rocca, Alfonso Ramírez Cuéllar, Bernardino Ramos Iturbide, Daniel Ordóñez Hernández, Edgar Torres Baltazar, Tomás Cruz Martínez, Juan García Costilla, Francisco Chavarría Valdeolivar, Gerardo Ulloa Pérez, Yadira Serrano Crespo, Jazmín Zepeda Burgos, Javier Salinas Narváez, Héctor M. Bautista López, Cristina Portillo Ayala, Gelacio Montiel Fuentes, Juan Pérez Medina, Pedro Vázquez González, Alejandro González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Joel Padilla Peña, Jesús Martínez Alvarez, Luis Maldonado Venegas, Jesús Porfirio González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbricas).

(Turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; en tanto se designa ésta, consérvese en la Dirección de Proceso Legislativo. Septiembre 4 de 2003.)