DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, POR EL QUE SE PROPONE LA ELABORACION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA DEL L ANIVERSARIO DE LA INCORPORACION A LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA DEL DERECHO DE LAS MUJERES MEXICANAS A VOTAR Y SER ELEGIDAS, PRESENTADO Y APROBADO EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone la elaboración de una placa conmemorativa del L aniversario de la incorporación a la Constitución General de la República del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser elegidas
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene como atribución proponer a la consideración del Pleno proyectos de Punto de Acuerdo.
II. Que el 17 de diciembre de 2002, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se declara el 2003 como año de los derechos políticos de las mujeres mexicanas, en cuyo artículo segundo se establece que la Cámara de Diputados realizará durante el año 2003, a través de sus comisiones y órganos de gobierno, una serie de actos públicos, como foros, seminarios legislativos y exposiciones artísticas, con objeto de exaltar, reflexionar y recordar la conquista de los derechos políticos y sociales de las mujeres en México y el mundo.
III. Que el día 16 de octubre del presente se realizó una Sesión Solemne para conmemorar el L aniversario de la incorporación a la Constitución General de la República del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser elegidas, como consecuencia del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con base en la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Leticia Gutiérrez Corona, a nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo.
IV. Que esta Junta de Coordinación Política considera importante que quede huella de la celebración, a medio siglo de distancia, de que el 17 de octubre de 1953 fueron reformados los artículos 34 y 115 constitucionales con objeto de reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser electas para cargos de representación popular en el ámbito municipal, estatal y federal, acontecimiento de gran relevancia en la historia moderna de nuestro país, por ser el parteaguas del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres y que, consecuencia de ello, las mujeres han formado parte de la Cámara de Diputados desde la XLII hasta la actual Legislatura.
Esta Junta, con fundamento en las facultades que le otorga el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente
Acuerdo
Primero. Se acuerda la elaboración de una placa conmemorativa del "L aniversario de la incorporación a la Constitución General de la República del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser elegidas". Dicha placa enlistará los nombres de las legisladoras integrantes de la XLII a la LIX Legislaturas de la Cámara de Diputados.
Segundo. Para estos efectos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Equidad y Género, acordará el lugar para su colocación, la fecha y hora para su develación, así como la organización logística que resulte pertinente.
Tercero. Se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para otorgar los apoyos logísticos necesarios para la realización del evento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de octubre de 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.)
Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús E. Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia
(Aprobado en votación económica. Octubre
30 de 2003.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 115, FRACCION II, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA PREVENIR, TRATAR Y CONTROLAR LA OBESIDAD EN MEXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
La suscrita, diputada federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto, que modifica la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Entre las garantías sociales tuteladas en la Constitución, la protección de la salud es una de las más relevantes, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho a la prevención, control y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, pero que ciertamente son mortales, como la obesidad, al derivar ésta en otras enfermedades de consecuencias graves, como la diabetes mellitus y los efectos secundarios y complicaciones que ésta origina en los seres humanos.
Las estadísticas oficiales nacionales reportan de manera alarmante que sólo en México 35 millones de personas son víctimas de la obesidad y que es ésta la causa más importante para padecer de diabetes mellitus. En la mayor parte de los estudios realizados, el sobrepeso se señala como un factor que genera un riesgo mayor de desarrollar diabetes.
La Encuesta Nacional de Salud 2000 señala que hay una prevalencia de obesidad mayor de 60 por ciento en los pacientes con diabetes, contra aproximadamente 50 por ciento entre la población total mayor de 20 años.
La prevalencia de obesidad en la población en términos generales es de 24.4 por ciento. Sin embargo, son notables las cifras cuando se combinan sobrepeso y obesidad, pues en este caso 64.2 por ciento de la población encuestada tenía ya sea sobrepeso u obesidad. En los últimos 10 años se ha duplicado el número de casos de obesidad en México y triplicado durante el mismo lapso el número de casos de niños obesos, cuyas edades fluctúan entre 6 y 15 años.
Ahora bien, la prevalencia de obesidad en la población diabética es de 40.1 por ciento (este porcentaje supera la prevalencia global de la obesidad de 24.4 y de 36 por ciento mundial de obesidad en diabéticos), situación que contrasta con la prevalencia de obesidad en la población no diabética, que es de 26.9 por ciento. Lo anterior representa un riesgo aproximado de 1.8 veces más de desarrollar diabetes si se tiene obesidad.
Es posible afirmar entonces que la prevalencia de sobrepeso y obesidad, entre otros factores, contribuye a determinar la presencia de diabetes mellitus, entre otros padecimientos, en los individuos.
Además, la evidencia comprueba que una reducción del peso va aparejada con una disminución de los niveles de glucosa en la sangre.
Las estadísticas oficiales a escala nacional en cuestión de diabetes mellitus son alarmantes:
De la población mexicana de entre 20 y 69 años, 11 por ciento padece de diabetes mellitus, lo que equivale aproximadamente a un total de 6.5 millones de habitantes.
De cada 100 pacientes, 14 desarrollan padecimientos renales y 10 sufrirán neuropatías; y las complicaciones de embolia son 2.5 veces más frecuentes en personas con diabetes que en la población general.
De los problemas de pie diabético, 30 por ciento termina en amputación; y de cada cinco pacientes, dos mostrarán problemas de ceguera. La presencia de dichas complicaciones incrementa en más de 3.5 veces el costo de tratamiento.
Cada año se detectan 250 mil nuevos casos de diabetes mellitus en México.
Los costos directos e indirectos de la diabetes oscilan entre mil y 3 mil 300 millones de pesos al año.
Cada enfermo de diabetes mellitus gasta alrededor de 520 mil pesos al año como consecuencia de la enfermedad, de los cuales de 30 a 65 por ciento corresponde tan sólo a gastos de hospitalización.
Solamente el Instituto Mexicano del Seguro Social gastó durante 2002 más de 2 mil 720 millones de pesos para la atención de enfermos de diabetes mellitus.
No obstante la existencia y vigencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad, la transición epidemiológica en México indica el incremento exagerado de ese padecimiento en los últimos años.
La salud debe ser atendida y entendida no sólo como un valor biológico sino como un bien social y cultural, tutelado por la Constitución, regulado por la Ley General de Salud y vigilado por el sistema nacional de salud.
Por ello se hace necesaria e indispensable una eficaz campaña de prevención, tratamiento y control de esa enfermedad como la obesidad, ya sea por medio de folletos, campañas permanentes, programas y actividades de educación o sistemas permanentes de vigilancia y pláticas de orientación médica especializadas y gratuitas, destacando la importancia del cuidado de la salud, que se fomente el interés y bienestar social de todos los mexicanos, principalmente de los menores de edad, sin distingo de clase social; que se encauce a todos los mexicanos, con independencia de los niveles socioculturales y económicos, pues las enfermedades no hacen distingos.
Compañeros diputados: la presente iniciativa tiene como objeto fomentar la prevención, el tratamiento y el control de la obesidad, siendo esta última una de las causas que inciden más en la generación de diabetes mellitus y otros padecimientos, cuya prevalencia es alarmante y, a la vez, causante de la muerte de enorme número de personas en México.
Por ello, la Secretaría de Salud debe contar con las facultades necesarias para prestar servicios básicos de salud a la población mexicana que presenta claros síntomas de sobrepeso y obesidad, así como para fortalecer los programas de educación y de nutrición que tienen por objeto promover hábitos de alimentación adecuados para cada individuo y, ante todo, para establecer programas y llevar a cabo actividades cuyo propósito sea prevenir, tratar de modo adecuado y controlar la obesidad en el país.
Es necesario dotar a la Secretaría de Salud de elementos y facultades para que, por la prevención y el control de la obesidad, los índices de prevalencia de la diabetes mellitus disminuyan significativamente en el país y se eviten complicaciones severas y muertes prematuras.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud
Unico. Se modifica la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
II. Normar el desarrollo de los programas y las actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimenticios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.
III. a VIII. ...
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2003.
Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Salud. Octubre 30 de
2003.)
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 248 Y 464 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A FIN DE SANCIONAR EL USO DE BETAANALOGOS PARA ENGORDA DE ANIMALES QUE DEN ORIGEN A PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GONZALO MORENO AREVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
El suscrito diputado Gonzalo Moreno Arévalo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, con fundamento en lo que se establece en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición de iniciativa con carácter de decreto para solicitar la reforma a los artículos 248 y 464 de la Ley General de Salud que sanciona el uso de betaanálogos para engorda de animales que den origen a productos de consumo humano, para lo cual se presenta la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro país se ha establecido como una práctica común la utilización de los betaanálogos, como compuestos de la alimentación ganadera, el uso indiscriminado de estas sustancias ponen en riesgo latente la salud de los consumidores; esta situación ha llamado la atención de las autoridades estatales, federales, de los propios productores y engordadores, mas sin embargo, hasta la fecha también es de todos conocido que estos productos se siguen utilizando indiscriminadamente.
En la actualidad existe un círculo vicioso para la utilización de estos productos modificadores del metabolismo con fines zootécnicos, formado entre el carnicero, el introductor, el finalizador del ganado y el proveedor del producto, sin que a la fecha realmente se sancionen enérgicamente.
Infortunadamente, la falta de una correcta adecuación de la legislación existente, ha permitido que las autoridades encargadas de la revisión y sanción de la utilización de estos productos no puedan establecer los castigos para cualquiera de los integrantes del círculo mencionado.
Resulta necesario establecer la normatividad que permita desaparecer la demanda para el uso de betaanálogos, y por ende terminaría la venta clandestina de estos productos. Logrando el correcto desempeño de todos los integrantes de la cadena productiva en este tipo de acciones, contando con su real y efectiva participación como no demandantes de canales, producto del uso de aditivos alimenticios, de parenterales modificadores del metabolismo animal de ambos con fines zootécnicos, se podrá poner fin a la necesidad de incluir en el proceso de producción, el uso de este tipo de sustancias.
De esa manera, con las modificaciones que se presentan a continuación se establecen penas especificas para las personas que en cualquiera de los procesos de la cadena productiva administren a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano, sustancias no permitidas por las normas emitidas por las autoridades competentes, que generen riesgo para la salud de las personas o en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados por las mismas autoridades.
Con esto se pretende que se pueda erradicar de manera integral la utilización de estos productos que, como señalé, representan un riesgo inminente para la salud pública de todos los integrantes de nuestra sociedad.
Considerandos
Primero. Que consecuentemente se sigue dando un problema de "círculo vicioso" identificado como una demanda por parte de cierto grupo de tablajeros en el sentido de preferir o requerir canales de bovino producidas bajo el efecto de este tipo de aditivos alimenticios y que esto ha obligado a los ganaderos a enfrentar una competencia desleal entre los que prefieren acatar las disposiciones gubernamentales al respecto, y los que no;
Segundo. Que representa un riesgo para la salud pública el mal uso de aditivos alimenticios modificadores del metabolismo con fines zootécnicos;
Tercero. Que las funciones y por ende responsabilidades de la Sagarpa ante la sociedad mexicana han sido ampliadas al encargársele a esta secretaria el renglón alimentario, incluyendo la inocuidad;
Cuarto. El reconocimiento por parte de la Sagarpa que para lograr el adecuado desempeño de sus funciones y responsabilidades, es imperioso que se coordine con otras instituciones, como la Secretaría de Salud y la de Economía;
Quinto. Que las expectativas de la sociedad mexicana hoy en día demanda una mayor y mejor atención a la inocuidad alimentaría en un enfoque de gran visión, integrando a todos los procesos involucrados en la cadena;
Sexto. Que bajo la normatividad y legislación actual no existe un marco que obligue a instituciones y dependencia alguna a implementar un sistema de monitoreo, control y vigilancia que garantice el uso del producto bajo las condiciones en las que se autorizo; y
Séptimo. Que con la integración de un párrafo al artículo 248 de la Ley general de Salud, se incluirá en el Código penal la utilización de los betaanálogos no autorizados como un delito contra la salud, logrando que bajo el procedimiento penal sea considerado como un delito grave evitando la libertad bajo fianza.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la siguiente
Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 248 y 464 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 248. Queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247 de esta ley, con relación a las sustancias incluidas en la fracción I del artículo 245.
Además, queda prohibido el uso de betaanálogos no autorizados por las normas emitidas por las autoridades competentes, que tengan como fin el uso zootécnico para animales que den origen a productos de consumo humano.
Artículo 464. A quien adultere, contamine, altere o permita la adulteración, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, medicamentos o cualquier sustancia o producto de uso o consumo humano, con inminente peligro para la salud, que se determinara con el peritaje correspondiente, que realicen las autoridades competentes, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate.
Se impondrá la misma pena al que realice cualquiera de las siguientes conductas:
2. Sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al consumo humano, sabiendo que se les han administrado las sustancias mencionadas en el numero anterior
3. Sacrificar animales de abasto a los que se hayan aplicado tratamientos terapéuticos mediante sustancias de las referidas en el apartado 1º.
4. Despachar al consumo público las carnes o productos de los animales de abasto sin respetar los periodos de espera en su caso reglamentariamente previstos.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia
y Derechos Humanos. Octubre 30 de 2003.)
QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 1º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EVITAR LA DISCRIMINACION HACIA LAS PERSONAS ZURDAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BRAVO CARBAJAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
El suscrito Diputado Federal Francisco Javier Bravo Carbajal, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente iniciativa de adición al tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo las siguientes
Consideraciones
Presento ante esta soberanía iniciativa de adición al artículo 1°, de las garantías individuales, de nuestra Carta Magna.
La noción de garantía es entendida como la consagración de un derecho, derechos naturales inherentes al ser humano, anteriores y superiores que el Estado reconoce, como lo es garantía económico-social y cultural, ante ello tenemos actualmente en este artículo, la declaratoria de ellos en su párrafo tercero, que manifiesta:
Cuando se habla en México acerca de las minorías y de discriminación, en lo general nos referimos a las minorías en relación a preferencias sexuales, raciales o religiosas, sin embargo nos olvidamos de la minoría zurda, una minoría discriminada, rechazada por el simple hecho de ser diferente.
En México existen alrededor de diez millones de zurdos, lo cual es una minoría relativa, si analizamos que es comparativo a la población total de tres países sudamericanos.
Esa diferencia a la que se hace alusión, es una diferencia notoria, la persona zurda utiliza el sistema antihorario, esto es, contrario al sistema tradicional, visualizan y ejercen mayor presión y coordinación motriz de derecha a izquierda, sufriendo rechazo y discriminación por su preferencia de lateralidad.
Es señalada en centros e instituciones escolares, centros de trabajo y han sido condenados por una serie de mitos a lo largo de la historia, como presagios de mala suerte por culturas como la griega, la hebrea y romana. Lo contrario a diestro es siniestro con este simple juego de palabras se ha malentendido la zurdez, imperando una discriminación latente.
Hoy en día instituciones escolares oficiales, particulares y religiosas no permiten que los niños se persignen con la mano izquierda o que hagan saludo a la Bandera con la mano izquierda, argumentando falta de respeto.
Todo esto es prejuicio, lo que conlleva a discriminación y rechazo social, por ello es importante establecer claramente esta preferencia de lateralidad de esta gran minoría, en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A razón de lo expuesto, el suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pongo a consideración de esta soberanía, la pertinencia de adicionar la frase "prejuicio o rechazo social, motivados" posterior al enunciado "Queda prohibida toda discriminación"; "lateralidad" posterior al enunciado de "la religión, las opiniones, las preferencias", e "integridad física o mental o autoestima" posterior al enunciado "o menoscabar los derechos y libertades"; contenidos en el tercer párrafo del artículo 1° constitucional, y se propone mejorar la redacción del citado párrafo mediante la supresión de artículos, notoriamente innecesarios.
En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo correlativo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente
Iniciativa que reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sigue:
Artículo Unico.- Se adiciona el tercer párrafo del artículo 1° constitucional en el segundo renglón que a la letra dice:
Artículo 1°.- ...
Está prohibida...
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Para quedar como sigue:
Artículo 1°.- ...
...
Queda prohibida toda discriminación, prejuicio o rechazo social, motivados por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, lateralidad, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos, libertades, integridad física o mental o autoestima de las personas
Transitorio
Unico.- Este decreto entrará en vigor ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de octubre de 2003.
Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Octubre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARIA DE ECONOMIA, COMO ADMINISTRADORA DEL TLCAN, A QUE INTERVENGA DE MANERA URGENTE PARA DIFERIR LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS DISPOSICIONES, CON 22 REGLAS, QUE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA REQUIERE QUE LOS TRANSPORTISTAS MEXICANOS CUMPLAN DESDE SU ENTRADA EN LAS CIUDADES FRONTERIZAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA NORA ELENA YU HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
Como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos acordó permitir servicios de transporte de pasajeros y de carga a través de la frontera y en los estados fronterizos a partir de 1995. En ese año, el gobierno de Estados Unidos retrasó, de manera arbitraria y violando a todas luces el Tratado de Libre Comercio, la apertura de la frontera.
Nuestro país interpuso un panel de arreglo de controversias del TLCAN, que falló el 6 de febrero de 2001 que la exclusión general de camiones mexicanos de Estados Unidos viola nuestros compromisos bajo el TLCAN. Dado ese fallo, México ahora tiene derecho a ejercer represalias contra las exportaciones de Estados Unidos en una cantidad de pérdidas en dólares equivalente a las causadas por la medida de Estados Unidos. México calcula que esas pérdidas posiblemente sean de mil millones o dos mil millones de dólares anuales. Además, se ordenó al gobierno estadounidense permitir la entrada de unidades de empresas mexicanas.
Pero México ha tratado de encontrar fórmulas satisfactorias que permitan seguir dando continuidad y vigencia a los propósitos que originaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; no obstante, ante la falta de compromisos serios por alcanzar un acuerdo en esta materia, señores, este H. Congreso de Unión no puede dejar de pronunciarse sobre este tema.
Es el caso que, hace aproximadamente tres años, el estado de Texas, por medio de su Congreso, aprobó que el Departamento de Transporte del estado (Texdot) comenzara a realizar los estudios para la construcción de dos puntos de inspección en la cabecera de los puentes Comercio Mundial y Colombia, NL.
De antemano, los transfer mexicanos pasaban por una revisión mecánica por parte de Departamento de Transporte y del Departamento de Seguridad Pública del estado de Texas, que ocupaban las instalaciones de la aduana estadounidense; así, era una seguridad que todos los camiones que se internaran en territorio americano serían revisados.
La intención, al principio, era construir puntos de inspección solamente en dos aduanas (según ellos un plan piloto); cuando los transportistas manifestaron su intención de demandar por la cercanía de otras aduanas (Miguel Alemán, Reynosa y Piedras Negras), el gobierno estatal buscó fondos federales para poder construir ocho puntos más y cubrir el resto de los cruces entre Texas y México.
En mayo de 2001, el Departamento de Transporte publicó un anteproyecto de reglas que describen los requisitos de documentación, inspección y seguridad propuestos para los camiones mexicanos que traten de ingresar en Estados Unidos, con el fin de permitir el acceso a partir del 1 de enero de 2002. La Cámara de Representantes y la de Senadores han adoptado distintas medidas para bloquear la apertura de la frontera. La solicitud de créditos de 88 millones de dólares del Departamento de Transporte para duplicar el número de inspectores de seguridad y mejorar las instalaciones de inspección fue bloqueada el 26 de junio, cuando la Cámara de Representantes agregó disposiciones para prevenir el trámite de las solicitudes de compañías camioneras mexicanas. La versión del Senado, que fue aprobada el 1 de agosto, sometería a los camiones mexicanos a una amplia variedad de requisitos que podrían retrasar la apertura de la frontera dos años o más.
El año pasado (2002) mediante un reglamento se establecieron 22 reglas que los transportistas mexicanos deben cumplir, después de que ellos mismos violaron y no cumplieron lo establecido en el TLCAN.
Por razones incompresibles, se ha explicado a dicha autoridad que una cosa son los camiones que no salen de las zonas comerciales de las dos ciudades (fronterizas) y otra los camiones de carretera. Todos sabemos que los camiones de carretera tienen un mantenimiento constante por parte de los transportistas mexicanos, y más que cumplen las leyes estadounidenses, y los famosos transfer son camiones más económicos, pero también cumplen dichos requisitos, pero consideramos que se les debe dar un tratamiento diferente.
Se presentó una iniciativa cuyo párrafo B dice que en los puentes de carga que en el año fiscal que concluyó en agosto de 2002 donde hayan cruzado más de novecientos mil camiones, los municipios podrán escoger el lugar más adecuado para construir estas instalaciones. Las únicas tres ciudades que reunían este único requisito son Pharr, Laredo, y El Paso. Esta iniciativa fue vetada por el gobernador Perry, el domingo 22 de junio de 2003.
Esta acción del gobernador ocasionará que entre en vigor el reglamento que contiene las 22 reglas que deben cumplir los transportistas mexicanos, que incluyen una auditoría, la verificación de las licencias de conductor de vehículos motorizados comerciales de México, la verificación del vehículo, así como e1 llenado y envío de diversas formas de solicitud.
Estos requisitos provocarán un paro generalizado de más de treinta mil camiones que hacen el servicio de transfer, ya que sólo podrán cumplir todos estos requisitos alrededor de novecientas empresas transportistas, ocasionando así un encarecimiento en el servicio, además de un severo perjuicio a las maquiladoras y en general a las empresas que utilizan insumos mexicanos, y un freno a las exportaciones mexicanas.
Como pueden notar, el exceso de medidas, que incluyen la entrada en vigor de la Ley Contra el Bioterrorismo, trae consigo únicamente la discriminación en el transporte, ya que pocos transportistas podrán cumplir las nuevas normas que Estados Unidos ha establecido para las líneas transportistas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando la importancia de la problemática que enfrentan los transportistas mexicanos, me permito solicitar a esta honorable asamblea que sea considerado de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, en su carácter de administradora del TLCAN, que trabaje de manera conjunta con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, así como con la Cancillería, a fin de que solicite al gobierno de Estados Unidos la prórroga de la entrada en vigor de estas disposiciones o, en su caso, la revisión y disminución de trámites y requisitos para los transportistas mexicanos.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de octubre del año 2003.
Diputados: Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), María Martha Laguette Lardizábal (rúbrica), Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Ramón Galindo Noriega (rúbrica), Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), Eduardo Olmos Castro, Alfredo Gómez Sánchez, Jesús María Ramón Valdez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala, Juan Manuel Dávalos Padilla, José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica p.a.), Julio Lujambio Moreno (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Baltazar Hinojosa Ochoa (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), Fernando de las Fuentes Hernández (rúbrica), Esthela Ponce Beltrán (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Economía. Octubre
30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL CONGRESO DE CHIAPAS A QUE ANALICE LA PERTINENCIA DE REFORMAR LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA PARA QUE SE RESPETE EL DERECHO A VOTAR Y SER VOTADO DE TODO CIUDADANO CHIAPANECO, POR NACIMIENTO O POR RESIDENCIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proposición con punto de acuerdo para que el Pleno de la H. Cámara de Diputados realice un exhorto al H. Congreso de Chiapas a efecto de que analice la pertinencia de reformar los artículos correspondientes de la Constitución Política de ese estado, a fin de que se respete el derecho a votar y ser votado de todo ciudadano chiapaneco, por nacimiento o por residencia, conforme a las siguientes
Consideraciones
El estado de Chiapas, en un acto esencialmente democrático, se sumó a la República Mexicana el 14 de septiembre de 1824.
Esta decisión demuestra per se la voluntad plena e inconfundible que, desde ese momento, asumieron los chiapanecos para integrarse de manera consciente a la nación mexicana.
Esa decisión se tomó con pleno conocimiento de los derechos y las obligaciones que se asumían al formar parte de la Federación.
A través de su historia, Chiapas, mi estado, ha vivido junto con la República Mexicana la serie de vaivenes que nuestra historia de reformas nos ha impuesto, como parte integrante de la Federación.
En el acontecer de la vida interna de México, el estado de Chiapas ha compartido las carencias, vicisitudes y triunfos de nuestra historia como país.
En los últimos años, Chiapas también ha compartido los grandes logros democráticos de México: el voto de las mujeres; la representación proporcional para diputados, regidores y senadores; y, recientemente, la integración de la primera minoría en el Senado de la República.
Muchos chiapanecos ilustres han figurado y siguen figurando en la vida política de nuestro país sin distinción especial por ser originarios de un estado de la República.
A riesgo de olvidar a algunos, sólo quisiera recordar, a manera de ejemplo, la aportación que el doctor Belisario Domínguez hizo a nuestra vida democrática; es, sin duda, excepcional.
Por otra parte, muchos chiapanecos han ocupado encargos de elección popular en otros estados de la Federación, tanto en presidencias municipales de Veracruz como en diputaciones locales de Guerrero, sólo por mencionar algunos donde ellos ejercieron el derecho constitucional a ser votados.
En 1980, la Constitución de Chiapas fue reformada: el Congreso local, ante la realidad de ese momento y fundamentándose en la situación geográfica limítrofe del estado, descartó la posibilidad de que el encargo de gobernador pudiera ser ejercido por una persona perteneciente a otro país, debido sobre todo a la cercanía de la entidad con Centroamérica, ya que podía ponerse en riesgo el uso de los recursos energéticos en ese estado.
En ese tiempo, el Congreso argumentó que "una persona ligada por lazos sanguíneos y al suelo" gobernaría con mayor pasión y convicción política para defender con sus decisiones a Chiapas. Y aprobó la reforma, que se refería exclusivamente al encargo de gobernador, pues no mencionaba a los miembros de los ayuntamientos o del Congreso estatal.
Es importante destacar que la exposición de motivos de la reforma mencionada dejaba abierta la posibilidad de que, en un futuro, con el cambio de la situación social, la gubernatura de Chiapas pudiera ser ocupada por cualquier ciudadano mexicano, sin distinción del estado de la República donde hubiere nacido.
En tal sentido, debemos acotar que la ciudadanía chiapaneca es el vínculo jurídico-político por virtud del cual los ciudadanos chiapanecos pueden participar en la lucha por el poder, en el proceso democrático de asignación de servidores públicos y en el ejercicio de las atribuciones fundamentales de los órganos estatales.
Ahora bien, nos referimos al vínculo jurídico de la ciudadanía porque el Estado es rector de éste, es el que establece las normas para hacer posible dicha calidad de ciudadano en una persona nacional.
En tal virtud, la Constitución de Chiapas establece expresamente que quienes hayan nacido en el estado o sean hijos de padre o madre chiapanecos que hayan nacido fuera del territorio de la entidad; los que hayan cumplido 18 años y que tengan un modo honesto de vivir o; y quienes tengan más de cinco años residiendo de forma consecutiva en el estado son considerados ciudadanos chiapanecos en pleno goce de sus derechos políticos, lo cual significa que tienen derecho, entre otras cosas, a votar y ser votados.
No obstante, nos encontramos con que, para ser electo en cualquier encargo de elección popular, la propia Constitución de Chiapas establece como requisito ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, dejando de lado la posibilidad de quienes hayan adquirido la ciudadanía chiapaneca por cualquiera de los otros medios que esa Constitución establece para contender por ese tipo de encargos.
Lo anterior pone en entredicho la voluntad manifiesta, que siempre ha caracterizado al pueblo y gobierno chiapanecos, como parte integrante e indisoluble de la nación mexicana, del respeto de los derechos políticos de todo ciudadano.
La intención de utilizar esta tribuna es reconocer el compromiso de la Cámara de Diputados de hacer grandes esfuerzos para lograr consensos y acuerdos que garanticen y faciliten el goce de los derechos de todo mexicano.
Empero, también es cierto que tenemos la obligación de opinar sobre los asuntos de importancia que se viven en las distintas entidades federativas, evidentemente con franco respeto de la soberanía de éstas.
Nuestra intención no es intervenir o lacerar la soberanía del Estado Libre y Soberano de Chiapas o la de su Congreso. Simplemente deseamos que se respeten los derechos político-electorales de los ciudadanos chiapanecos para acceder a encargos de elección popular.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que el Pleno de la H. Cámara de Diputados, respetuoso del pacto federal contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice un atento exhorto al H. Congreso de Chiapas a efecto de que analice la pertinencia de reformar los artículos conducentes de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas a fin de que se respete el derecho a votar y ser votado de todo ciudadano chiapaneco, por nacimiento o por residencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2003.
Dip. Janette Ovando Reazola (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Octubre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE ENTREGUE, A TRAVES DE LAS SECRETARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, DE SALUD, Y DE EDUCACION PUBLICA, UN INFORME DETALLADO, SE INSTITUYAN PROGRAMAS PARA COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SE APLIQUE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-190-SSA1-1999, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MENDEZ SALORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a las Comisiones de Seguridad Pública, de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
La "violencia familiar" es un serio problema de seguridad y salud públicas; este hecho no se reconoció hasta hace muy poco tiempo en México y la información con que se cuenta es escasa. Todo parece indicar que en América Latina es un fenómeno que va en aumento y afecta a una proporción cada vez más amplia de la población.
Es un problema que no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres, se ha demostrado que también las mujeres pueden ser violentas, a pesar de que, en la mayoría de los casos, la violencia es ejercida por los hombres.
En el mundo, cada año ocurren un millón seiscientas mil muertes violentas.1 Debido a ello, en 1996, la Asamblea Mundial de la Salud declaró la "violencia familiar" como uno de los principales problemas de salud pública.
En México sufren de agresión familiar al menos veinte por ciento2 de las familias. De esta cifra, la tercera parte de mujeres reconoció que a lo largo de su vida había sufrido algún tipo de agresión por diversas personas cercanas a ella. La información oficial emitida por la Secretaría de Salud señala que en 1.3 millones de hogares mexicanos se detectó algún tipo de violencia familiar.
En México, como en muchas partes del mundo, la violencia familiar tiene un trasfondo cultural complejo, lo que dificulta la adecuada planeación y ejecución de acciones para su prevención, detención y atención.
Es un problema para el cual se deben desarrollar programas de acción que respondan a esta complejidad, para contrarrestar el fuerte impacto que genera en la salud, la economía y el desarrollo social en nuestro país.
En el caso de los adultos mayores, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores reportó que en el año 2002 se presentaron dieciocho mil denuncias ante el Ministerio Público por violación a los derechos de adultos mayores en todo el país, y que el cinco por ciento del total que habita en la Ciudad de México sufre de "violencia familiar", perpetrada en la mayoría de los casos por sus familiares más cercanos.
En el caso de los niñas y los niños mexicanos, la llamada dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), durante el año 2000, reportó veintiocho mil quinientos noventa y nueve casos de menores maltratados. Tenemos conocimiento, por medios empíricos, de que ésta es la primera causa que preocupa a los menores. En foros públicos ellos han argumentado que saben que se portan mal y que tienen que regañarlos, pero que es suficiente con que les digan que no lo hagan o que les den solamente una pequeña nalgada, pero nada más. Esta conceptualización de los hechos es de suma importancia para verificar que la violencia familiar es un fenómeno recurrente, y como más grave acepción podemos inferir que lo más seguro es que los padres de estos niños hayan sufrido violencia familiar, y lo más seguro es que estos niños, el día de mañana, también la practiquen, y esto no porque no tengan la capacidad de vivir de forma distinta sino, más bien, porque no conocen otra forma de hacerlo.
En el tema de "violencia familiar", las muertes físicas apenas son la punta del iceberg de una compleja problemática de la que se tiene poca información, y que en la mayoría de los casos no provoca la muerte de la víctima, pero sí daños severos a su salud.
Además de las lesiones físicas directas, las víctimas de la violencia corren mayor riesgo de sufrir problemas psíquicos y comportamientos de muy diversa índole, como depresión, abuso de alcohol, ansiedad y comportamiento suicida, además de problemas reproductivos, por ejemplo, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y disfunciones sexuales.
En México la mayoría de los casos de suicidio son consecuencia de haber vivido en un medio ambiente que siempre presentó síntomas de violencia familiar.
En relación con la violencia contra la pareja, además de la agresión física, comprende relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual, los maltratos psíquicos, entre ellos la intimidación, la humillación y los comportamientos controladores, como aislar a una persona de su familia y amigos o restringir su acceso a la información y la asistencia.
Por estas mismas razones en México se presenta un problema jurídico y social más grave, las víctimas, en el ochenta y cuatro por ciento de los casos, se sienten amenazadas y piensan que es un asunto privado, en el cual nadie debe intervenir.
Acorde con el estudio realizado en nuestro país por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aproximadamente la mitad de las mujeres que han sufrido agresiones físicas también han sido objeto de abusos sexuales por parte de su pareja, independientemente del estado civil que tengan con ella, dato que nos indica que el problema de violencia familiar no solamente es una acción que se presenta en hogares legalmente constituidos. En relación con la temática de la violencia sexual, el veintitrés por ciento de las mujeres aseguraron haber sido víctimas de un intento de violación o de una violación consumada por parte de su pareja a lo largo de su vida.
Las razones que sustentan los perpetradores de violencia familiar son que existe desobediencia por parte de la mujer, porque le pregunta al hombre acerca de dinero o de sus amistades femeninas, por no tener la comida preparada a tiempo, por negarse a tener relaciones sexuales y por la sospecha del varón de que la mujer le es infiel.
Entre enero y marzo de 2003 se realizó la Encuesta Nacional de Usuarios de los Servicios de Salud; en los resultados de dicha encuesta sobresale que del total de mujeres que sufrieron violencia en el año previo a la aplicación del cuestionario, el noventa por ciento declaró que sufría agresión psicológica; el cuarenta y cinco por ciento, física, y el treinta y dos por ciento, sexual.
Sin embrago, los diferentes tipos de agresión están relacionados en el veintiuno por ciento de los casos, donde la víctimas informaron que habían sufrido estas tres formas de violencia.
Desde su publicación, el 9 de marzo de 2000, en el Diario Oficial de la Federación, se aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, relativa a los criterios para la atención de la violencia familiar, específicamente para detectar y prevenir las causas de las agresiones contra mujeres.
Hasta la fecha solamente el diez por ciento de los médicos conoce el contenido de la norma, mientras que el veinte por ciento sólo sabe que existe, dato que nos indica que la mayoría del personal de la Secretaría de Salud desconoce y, por tanto, no aplica los conceptos de la norma.
Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el interés fundamental es respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.
Por todo lo anterior solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, entregue un informe detallado en materia de violencia familiar y una propuesta para la prevención del delito que contenga la forma de fortalecer el trabajo en relación con la protección de los derechos de las víctimas que sufren violencia familiar.
Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo federal a que,
por conducto de la Secretaría de Salud, instruya y capacite a su
personal de clínicas y centros de servicio público en materia
de la Norma Oficial Mexicana-NOM-
190-SSA1-1999.
Tercero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, revise de inmediato la currícula escolar e incluya el tema de violencia familiar de forma intensiva. Asimismo, a capacitar a su personal en las escuelas para que detecte en los pupilos la problemática y sepa conducirla de forma adecuada y con las instancias que correspondan.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de octubre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
Notas:
1 Organización Panamericana de la Salud (OPS).
2 www.jornada.unam.mx/2003/jul03/030711/045n1soc.php?origen=index.htlm&fly=1
(Turnada a las Comisiones de Seguridad Pública,
de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Equidad
y Género. Octubre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER MEDIDAS PARA HOMOLOGAR LOS PRECIOS DE LA GASOLINA EN LAS CIUDADES Y LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN LA FRONTERA SUR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS OSVALDO PANO BECERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de homologar los precios de la gasolina de las demás ciudades y municipios que forman la frontera sur, según los antecedentes y las consideraciones siguientes.
Antecedentes
En 1992, 1993 y 1994 se han considerado las homologaciones de los precios de la gasolina para las ciudades y los municipios de la frontera norte.
Asimismo, se da otro caso de excepción con el municipio de Othón P. Blanco, del sur de Quintana Roo, en abril de 2002. El más reciente es el del 1 de diciembre de 2002 para la franja fronteriza norte, sus ciudades y municipios, que homologa los precios de la gasolina con los de California, Arizona, Nuevo México y Texas, Estados Unidos. Esos antecedentes existen en las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión.
Consideraciones
Los argumentos de consideración presentados para lograr esas homologaciones de los precios de la gasolina se basan fundamentalmente en la realidad económica de los municipios que han sido beneficiados en las diversas épocas, a fin de estar en condiciones de competencia comercial y de sustentar el desarrollo de los sectores de la sociedad y de los habitantes de dichas ciudades y municipios fronterizos con Estados Unidos de América.
En cuanto a la homologación de los precios de la gasolina en el municipio de Othón P. Blanco con los de Belice, se expusieron los mismos argumentos para que lograran los quintanarroenses la homologación sobre los precios de gasolina.
Por ello, los demás municipios de Campeche, Tabasco y Chiapas que forman la frontera sur solicitan el mismo trato que otorgó el Ejecutivo federal a esta localidad quintanarroense.
El precio de la gasolinas en Estados Unidos, Belice y Guatemala, colindantes con nuestro país, es mucho más bajo que los del resto de la República en las zonas no homologadas.
Por lo mismo, seguramente el principio que dio base a esa homologación es el de la igualdad para la competencia comercial, pero se nos olvida que la igualdad se encuentra a la par de la equidad y la justicia, y que si se homologa para las zonas fronterizas, esta homologación se encuentra inconclusa: faltan 21 municipios de Tabasco, Campeche y, sobre todo, Chiapas, que también forman la frontera sur.
Si el apoyo del desarrollo económico y el sostenimiento del comercio local de esas ciudades fue argumento suficiente para aprobar la homologación del precio de la gasolina en los municipios fronterizos que hoy gozan de este trato, entonces la miseria que presentan los demás municipios de la frontera sur basta para considerar que también merecen ese trato de igualdad, equidad y justicia para permitirles desarrollarse, haciendo que la homologación los auxilie, y de esa manera dejar atrás la falta de atención, denegada por años a la frontera sur por parte de la Federación.
El apoyo que urge por cuestiones eminentemente del mismo orden económico, político y social en Tabasco, Campeche y Chiapas, todos ellos de la frontera sur, da a México y a la Federación el producto hidrocarburo como materia prima, y a la fecha no gozan sus zonas fronterizas de la homologación del precio de la gasolina, como si no contara ser entidades productoras y aportadoras de recursos naturales (petróleo), soporte de la economía del país.
En cuanto a la competitividad en que estamos inmersos frente al TLC, esos 21 municipios fronterizos se encuentran desprovistos de incentivos reales que les permitan enfrentar esa dinámica de globalización, por lo cual consideramos que merecen la homologación.
Es tan palpable la banda diferencial entre los precios de las gasolinas mexicana y guatemalteca, que sería un soporte sustancial para reestimular la economía e incrementar la industria del turismo, por ser zonas ecológicas de gran visita nacional e internacional.
También permitiría abaratar el transporte de sus productos agrícolas, pues son municipios que se dedican al comercio y a la explotación del campo.
Lo que se solicita ya se experimentó en Chihuahua y permitió mantener la economía de esas ciudades fronterizas, situación expresada por el secretario de Hacienda y Crédito Público el 20 de julio de 2002 en su comparecencia ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente: "... La intención del Ejecutivo federal de homologar el precio de la gasolina en un corto plazo con la finalidad de brindar apoyo a la población de la frontera norte..."
Es precisamente lo que necesitan esos municipios de la frontera sur: apoyo de la Federación para que arraiguen a los habitantes, a la población de esas zonas a sus tierras y a su origen, a sus costumbres y a sus familias para que no emigren y abandonen el campo, las ciudades y los municipios por falta de apoyo.
Por lo expuesto y con el propósito de que los 21 municipios restantes de la frontera sur cuenten con la homologación del precio de la gasolina y se encuentren en igualdad, equidad y justicia respecto a las otras localidades del país que cuentan con el principio de competencia, frente a los precios de gasolinas de las zonas fronterizas de Estados Unidos, Belice y Guatemala, pongo a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte al jefe del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de su competencia, dicte instrucciones al secretario de Hacienda y Crédito Público para que aplique los mismos criterios correspondientes de reducción del precio de la gasolina en todos los municipios de la frontera sur del país, observando que los precios estén ligados a los correspondientes con los vigentes en las zonas fronterizas de Guatemala.
Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2003.
Diputados: Angel Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Ady García López (rúbrica), Javier Rogelio Rodríguez (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Oscar Rodríguez Cabrera, Félix Arturo González Canto, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Amalín Yabur Elías, Eugenio Mier y Concha Campos, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Angel Paulino Canul Pacab, Yucatán, Roger David Alcocer García, Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes, Julián Nazar Morales (rúbrica), Florencio Collazo Gómez (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), César Amín González Orantes, Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Sami David David, Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), Emilio Zebadúa González (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Energía. Octubre
30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA LIX LEGISLATURA A QUE EL ESTUDIO, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004 SE REALICEN CON UNA ORIENTACION SOCIAL, SOLIDARIA Y SUBSIDIARIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GUILLERMO ENRIQUE TAMBORREL SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
El suscrito Guillermo Tamborrel Suárez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura y en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás reglamentos aplicables, comparece ante esta Soberanía para presentar una proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:
A lo largo de las próximas semanas habremos de atender la obligación y facultad constitucional de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ello me permito llamar su atención.
En México, con la contribución de los distintos partidos políticos, sus grupos parlamentarios, organismos ciudadanos y en sí con el empuje tenaz de la ciudadanía hemos alcanzado la democracia.
Hoy el voto cuenta y se cuenta, por ello, hoy el reto del Estado es alcanzar una democracia eficaz que, en síntesis, genere bien común. Para ello se hace indispensable potencializar todos los recursos de la nación; los humanos, los económicos, y los materiales en aras de verdaderamente ofrecer a las mexicanas y los mexicanos una oportunidad digna de desarrollo integral.
Por lo anterior, y en uso de nuestras atribuciones, me parece fundamental que orientemos el Presupuesto de la Federación con un enfoque social, solidario y subsidiario. Es imprescindible que dejemos atrás resentimientos, prejuicios e intereses de grupo, aun y cuando existen casos en que éstos son legítimos, ya que no podemos anteponer sentimientos o compromisos personales o de grupo a los intereses supremos de la nación.
Las razones son muy sencillas, las necesidades de las mexicanas y los mexicanos son muy grandes, los rezagos en muchos sentidos, y desde hace mucho tiempo, quizá siglos, y a pesar de los innegables avances, siguen siendo enormes, y los recursos son dolorosamente escasos para atenderlos a todos ellos.
Por ello, es imperioso que luchemos todos unidos, hombro a hombro, por fortalecer nuestras instituciones y multiplicar todos nuestros recursos. Solo así, unidos, lograremos abatir la miseria, la injusticia, la inseguridad, la falta de servicios médicos y de una educación de calidad, entre otras muchas cosas, y en las que lamentablemente todavía viven muchos compatriotas.
Por ellos, por los que más han esperado, por los menos favorecidos, por los que por una causa u otra o no han sido escuchados, quizá porque la misma miseria ancestral que los lacera también les resta fuerza y ahoga su grito, o porque no han sido atendidos a plenitud porque simple y trágicamente los recursos no han alcanzado.
Por ellas y ellos hoy estoy aquí. Estoy para convocarlos respetuosamente a que en su tarea de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de la Federación para el próximo año, lo hagan teniendo en mente:
A las niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos más elementales no acaban de ser respetados y atendidos por todos.
A los casi dos millones de seres humanos que padecen alguna discapacidad severa y que no todos cuentan con los aparatos indispensables para atenuar dicha discapacidad. A pesar de los esfuerzos y logros nos siguen faltando escuelas integradoras para ofrecer un espacio educativo a aquellos que padecen una discapacidad moderada, por mencionar otro ejemplo.
A los más de 7 millones de adultos mayores o en plenitud, que desde hace décadas carecen de apoyos, como una pensión digna.
Por todos ellos, que lo único que requieren es una oportunidad laboral acorde con sus circunstancias o bien el impulso en capacitación, en recursos económicos para iniciarse como microempresarios exitosos.
Compañeras y compañeros legisladores, por todas y todos ellos respetuosamente los exhorto a que:
2. Fomentemos los programas de desarrollo social que contengan una clara perspectiva de apoyo a los más desprotegidos.
3. Impulsemos las obras de infraestructura que las ciudadanas y los ciudadanos libre e informadamente decidan llevar a cabo. Apoyemos y promovamos su participación en la toma de decisiones, en la definición de los programas de obra.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2003.
Dip. Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Octubre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA CREACION DE LA COMISION ESPECIAL DEL CAFE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARCELO HERRERA HERBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
Quien suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta la propuesta con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión especial del café, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Primero.- Que de la cafeticultura viven 3.5 millones de mexicanos, de los cuales 500 mil son productores, y de ellos el 70% son indígenas.
Segundo.- Que el café se produce en 12 entidades del país: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro y Tabasco.
Tercero.- Que desafortunadamente los países productores no reciben todos los beneficios de la venta; en el 2000, sólo recibieron nueve mil millones de dólares, de 65 mil millones que se obtuvieron ese año. Para el 2002, el valor superó los 70 mil millones de dólares, de los cuales los países exportadores recibieron cerca de 5 mil millones y los productores sólo 1,400 millones.
Cuarto.- La producción de café de calidad depende en primer término de que implique un mejoramiento de la calidad de vida de los productores. Además, el impulso a la actividad cafetalera evitaría o disminuiría el flujo migratorio hacia Estados Unidos; con ello se evitarían, incluso, muchas muertes en la frontera norte.
Quinto.- Que a partir de 1993 se constituyó el Consejo Mexicano del Café. Desafortunadamente, su labor no ha sido suficiente, pues se requieren reformas de fondo que sólo el Poder Legislativo puede impulsar, mediante una reglamentación específica y la promoción de programas, así como la supervisión de los ya existentes.
Sexto.- Ante la iniciativa de diputados de Brasil, de Colombia y de los países centroamericanos de impulsar la búsqueda de medidas para atender la crisis de bajos precios, en México la Cámara baja debe contar con una contraparte que fortalezca los lazos con sus homólogos centro y sudamericanos; además debe jugar un papel importante para diseñar e instrumentar nuevos esquemas de cooperación a nivel internacional.
Séptimo.- Que la cafeticultura también favorece la protección ambiental, por ejemplo, en el golfo de México, el cinturón cafetalero sirve para la fijación de los suelos, captación de oxígeno y retención de agua, es decir, contribuye al equilibrio ecológico y de la biodiversidad.
Octavo.- Que después del periodo de precios internacionales altos (1994-1999), se tiende a una fuerte caída de los precios. En los últimos años, una sobreoferta anual de sólo 4% disminuyó los precios de exportación en más de un 50%, por lo que el descontrol relativamente pequeño de la oferta propició que los mecanismos especulativos de las bolsas derrumbaran los precios.
Noveno.- Que las grandes compañías solubilizadoras a nivel mundial, como Nestlé, Kraft Food, Sara Lee, etcétera, más que mejorar la calidad, incluso no han vacilado en promover el uso café dañado en países productores.
Décimo.- Que la crisis cafetalera y la desesperación de los productores propician el recrudecimiento de viejos conflictos por tierras en las comunidades o entre comunidades. Por otra parte, favorece la incorporación de más hectáreas a cultivos ilícitos como la marihuana y la amapola.
Undécimo.- Que el café es nuestro principal producto agrícola de exportación: México aporta el 5% de la producción mundial, ocupando el quinto lugar entre los principales productores.
Por lo tanto, y en consideración de los problemas por los que atraviesa la cafeticultura mexicana, en nombre de mi grupo parlamentario y del mío propio, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que sea creada la comisión especial del café.
Segundo.- Que la Junta de Coordinación Política integre y presente al Pleno de esta soberanía una propuesta plural de diputados que habrán de integrar la comisión especial del café.
Tercero.- La comisión especial del café contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos, asimismo, habrá de rendir de manera periódica un informe de sus actividades.
Señoras y señores legisladores, se justifica pues la formación de una comisión especializada, que interactúe con los productores, con los comercializadores e industriales, con los gobiernos federal y de los estados, y que sea un factor de apoyo en la definición e instrumentación de las medidas necesarias para el desarrollo de la cafeticultura mexicana.
La necesidad de crear la comisión especial del café en la presente Legislatura, estriba en formular junto con la sociedad, las políticas públicas encaminadas a superar la crisis de esta noble actividad, además tendría entre otras, las siguientes
Tareas
Dip. Marcelo Herrera Herbert (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Octubre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE ESTABLEZCA MEDIDAS Y PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PROTECCION DE ESPECIES MIGRATORIAS QUE ARRIBAN EN ESTA EPOCA AL TERRITORIO NACIONAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JACQUELINE ARGÜELLES GUZMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Nuestro país es reconocido como uno de los más ricos en diversidad ecosistémica, ya que presenta una gran variedad de vegetación y fauna.
En nuestro país podemos encontrar desde extensiones territoriales donde casi no se presenta vegetación, como sucede en las partes más áridas de los desiertos o cerca de las nieves perpetuas, hasta zonas ricas en flora y fauna, como la selva Lacandona, que constituye uno de los ecosistemas más importantes y representativos del trópico húmedo. Estas características han favorecido la reproducción de especies nativas y migrantes.
La migración es uno de los grandes misterios de la naturaleza: cada temporada las nuevas generaciones de animales siguen la ruta que tomaron sus antepasados desde hace miles de años. Las migraciones entre sus moradas invernales y estivales representan uno de los fenómenos más espectaculares, bellos y misteriosos del mundo natural. Algunos científicos opinan que ésta es una información que se hereda genéticamente, otros sostienen que simplemente se guían por los campos electromagnéticos y las corrientes de viento; sin embargo, cada año especies como la mariposa monarca;1 las ballenas gris y jorobada, las tortugas marinas y algunas especies de patos y aves, entre otros animales, recorren miles de kilómetros hasta llegar al territorio mexicano.
Otras especies se conocen como migratorias transitorias, ya que sólo atraviesan México sin detenerse, tanto en su vuelo hacia el sur, en otoño, hacia sus áreas de hibernación, como en primavera, hacia el norte, a sus áreas de nidificación.
Sin embargo, si bien estas especies concluyen su travesía en el territorio de otros países, a lo largo de este trayecto las aves descansan en pequeños estanques y lagos que encuentran a su paso, en este caso, en nuestro país.
Así, este fenómeno migratorio comprueba que la vida silvestre no reconoce las fronteras políticas ni geográficas, por lo tanto, la sobrevivencia y continuidad de las especies migratorias dependen del estado de su hábitat en los dos polos de su migración, y en los lugares que visitan durante su trayecto.
Para ejemplificar y demostrar la importancia que reviste contar con los hábitats y programas adecuados para el arribo de las especies migrantes, cabe mencionar que nuestro país recibe anualmente 21 especies de cetáceos,2 los cuales arriban al territorio en el mes de noviembre.
En cuanto a aves, cerca de un tercio de las especies de aves registradas para nuestro país son migratorias, como las gavias, zambullidores, albatros, fardelas, pelícanos, sucas, cormoranes, patos, gansos, milanos, halcón peregrino, grullas, gallaretas, chorlitos, playeros y zarapitos. Adicionalmente, 41 especies de aves acuáticas migran a territorio mexicano.
De las 29 especies de patos que existen en Norteamérica, forman parte de las 284 variedades de aves que migran entre México, Estados Unidos y Canadá, en época invernal.
En general, sus áreas de reproducción se encuentran en Norteamérica (Alaska, Canadá y Estados Unidos) pasando el otoño y el invierno en México. Su arribo a nuestro país se inicia a finales de agosto y principios de septiembre, prolongándose la llegada hasta noviembre. El vuelo de regreso a sus áreas de anidación lo efectúan de marzo a mayo.
Un gran problema que se presenta una vez que han arribado las especies, es la depredación de éstas por falta de vigilancia. Como ejemplo, vemos que en la laguna de Santiaguillo, considerada para miles de aves acuáticas migratorias como un paraíso, las especies se enfrentan cada temporada a los cazadores furtivos que practican con ellas el tiro al blanco.
Según un informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), "la mitad de las regiones con mayor biodiversidad se están degradando; la fragmentación de los hábitats y las pérdidas de bosques amenazan a muchas especies migratorias." Entre las especies migratorias que se encuentran amenazadas tenemos la mariposa monarca, la cual ha visto perturbadas sus áreas de descanso por las obras de construcción en las costas de California y la tala de los bosques de oyamel en México.
A pesar de que México cuenta con una biodiversidad privilegiada que lo ha colocado en el cuarto lugar del mundo; los frágiles ecosistemas con que cuenta se han visto dañados por diferentes factores y mermados por la mano del hombre, ocasionando que miles de especies se encuentren en peligro de extinción. Lo que nos toca a la especie humana es cuidar ese destino, comenzando con los lugares que están en nuestro país y se encuentran cerca de nosotros.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en esta época de arribo de especies migratorias invernales al país se establezcan medidas y programas especiales en la protección de los hábitats para las especies de carácter migratorio, como son la mariposa monarca, la ballena gris y jorobada, la tortuga marina y algunas especies de patos y aves, entre otros animales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de octubre del 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
Notas:
1 La mariposa monarca llega a finales de octubre, después
de recorrer más de 4 mil kilómetros desde Canadá.
2 Ballena franca, ballena azul, rorcual de aleta, ballena
gris, rorcual de Sei, rorcual de Bryde, ballena minke, ballena jorobada,
cachalote, cachalote pigmeo, cachalote enano, ballena picuda de Baird,
ballena picuda de Cuvier, ballena picuda de Gervais, zifio japonés,
ballena picuda de Perú, calderón pequeño, orca pigmea,
orca, falsa orca y calderón.
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Octubre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE EN LAS NEGOCIACIONES CON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PUGNE POR UN MERCADO EQUITATIVO DE EDULCORANTES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LAZARO ARIAS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
Los suscritos, diputados federales integrantes del sector campesino y cañero de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y de Convergencia, interesados en la agroindustria azucarera, someten a esta soberanía propuesta de punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
El 1 de enero de 2002, con la finalidad de proteger la agroindustria azucarera nacional, las Cámaras de Diputados y de Senadores decidieron aplicar un gravamen de 20 por ciento, por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a las bebidas que utilizan edulcorantes distintos del azúcar.
El 5 de marzo de 2002, el Presidente Vicente Fox Quesada emitió un decreto que suspende la aplicación de dicho impuesto durante seis meses, que dio origen a una controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 12 de julio de 2002, la SCJN resolvió que el IEPS no viola los principios de equidad tributaria que la Constitución prevé por dar un trato diferenciado a las bebidas que no son endulzadas con azúcar, dejando sin efectos el decreto presidencial.
Por otro lado, la Segunda Sala de la SCJN, a mediados de este mes, estableció que el gravamen es de carácter constitucional.
En actitud retadora y sin respeto de los poderes en México, senadores estadounidenses amenazan congelar las inversiones hacia nuestro país; y con una clara postura intervencionista, ignorando la autonomía de los Poderes de la Unión, exigen al Ejecutivo federal la eliminación del IEPS.
¿A quiénes representan esos senadores, que tanto ruido hacen? Sin duda, a las compañías beneficiadoras de maíz y productoras de jarabe de maíz alto en fructosa que tienen negocios subsidiarios en México.
La primera compañía con intereses en el ramo es Arsher-Daniels, una de las comercializadoras de granos y cereales más grandes del mundo y procesadora de productos derivados de éstos, que pretende demandar a México por la vía del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Su subsidiaria en territorio nacional es Almidones Mexicanos.
La segunda es Corn Products International, uno de los mayores refinadores mundiales de mieles de maíz, que controla en México la mayoría de las acciones de Arancia Corn Products. Demandó a México por presuntas violaciones del TLCAN por 325 millones de dólares.
Ambas empresas, además de jarabe de maíz de alta fructosa, etanol y almidones, producen glucosa, dextrosa, alta maltosa, gluten, aceite vegetal, alcohol etílico, milo, maltodextrina y harinas de maíz. Esas empresas tienen salida inmediata mientras que la agroindustria de la caña ¡no!
La capacidad instalada de las dos empresas no es superior a 500 mil toneladas de jarabe de maíz alto en fructosa y la inversión en riesgo de la industria de fructosa representa 400 millones de dólares y 700 empleos directos.
Mientras, en la agroindustria azucarera se generan 440 mil empleos y, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, vale 20 mil millones de dólares.
Se calcula que de 1997 a 2002, dichas empresas dejaron de pagar el arancel del TLCAN por una cuota de maíz con tasa cero que representó del gobierno mexicano un subsidio acumulado de 1,099 millones de dólares. En contrapartida, el producto mexicano que dejó de exportarse a Estados Unidos equivale a 1 millón 65 mil toneladas de azúcar, cuyas pérdidas para México representaron 390 millones de dólares.
Por otro lado, en voz de los representantes azucareros estadounidenses se nos señala que no están dispuestos a otorgar una cuota mayor de 300 mil toneladas de azúcar y, que por razones geopolíticas, esto representa una decisión de Estado para ellos.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en las negociaciones con Estados Unidos, pugne por un mercado de edulcorantes equitativo y exija que se respete la autonomía de los Poderes de la Unión.
Segundo. Se mantenga por esta honorable Cámara el IEPS en materia de edulcorantes, como política de Estado, hasta en tanto no se logre una negociación de equilibrio y justicia para los dos países.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2003.
Diputados: Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Arturo Robles Aguilar, María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, Rogelio Humberto Ruedas Sánchez, María Elena Orantes López, Julián Nazar Morales (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), César Amín González Orantes (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Francisco Monárrez Rincón, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Angel Heladio Aguirre Rivero, Marcelo Tecolapa Tixteco, Emilio Badillo Ramírez, Roberto Pedraza Martínez, Gonzalo Rodríguez Anaya, Jorge Romero Romero, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Enrique Guerrero Santana, Arturo Osornio Sánchez, José Rangel Espinoza, Gaspar Avila Rodríguez, Alfredo Gómez Sánchez, José Eduviges Nava Altamirano, Armando Neyra Chávez, Guillermo del Valle Reyes, María Hilaria Domínguez Arvizu, Adrián Villagómez García (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Eviel Pérez Magaña, José Porfirio Alarcón Hernández, Víctor Hugo Islas Hernández, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos, Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz, María Sara Rocha Medina, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Oscar Félix Ochoa, José Lamberto Díaz Nieblas, Rafael Galindo Jaime, Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Angel Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Carlos Manuel Robiroza Ramírez (rúbrica), Humberto Filisola Hacez, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Cruz López Aguilar, Oscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez, Ubaldo Aguilar Flores, Juan Bustillos Montalvo (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica), Martín Vidaña Pérez, Roger David Alarcón García, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Graciela Larios Rivas, Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Francisco Javier Guízar Macías, Rosalina Mazari Espin (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Heliodoro Díaz Escárraga, Francisco Alberto Jiménez Merino, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, José Luis Briones Briseña, Abraham Velázquez Iribe (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, Jorge Uscanga Escobar, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Diego Palmero Andrade (rúbrica), J. Miguel Luna Hernández (rúbrica), Inelveo Moreno Alvarez, Rogelio Franco Castán (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Economía. Octubre
30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL GASTO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, PRESENTADA POR LA DIPUTADA CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
Próximamente, el Congreso de la Unión analizará el paquete de iniciativas económicas para el ejercicio fiscal de 2004 y esta Cámara abordará de forma exclusiva el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En el marco de este proceso los legisladores hemos mantenido una firme posición para defender e incrementar los recursos que se destinan a las funciones sociales del Gobierno Federal, que de 1995 a la fecha han observado una tendencia creciente para alcanzar en 2004 el 10.4% como proporción del Producto Interno Bruto y el 62% del gasto programable. Empero, esta tendencia muestra signos de estancamiento para 2003, ya que detuvo su crecimiento al permanecer igual que año anterior como proporción del producto nacional.
Esto nos ubica por debajo del esfuerzo presupuestal que como proporción del PIB realizan países como Panamá, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua o Venezuela.
El gasto que se destina a superar la pobreza se ha mantenido anclado desde hace más de 10 años y se mantiene oscilante entre el 1% como proporción del PIB y entre el 10% y 12% del Gasto Programable.
La composición del gasto muestra además las prioridades del mismo, ya que los programas contenidos en la vertiente de generación de opciones vinculados con la superación productiva de la pobreza sufrieron una reducción del 27% en términos reales, y la vertiente de generación de capacidades se encuentra dominada por un solo instrumento, en detrimento de otros programas, como los correspondientes a salud (ampliación de cobertura, IMSS-Oportunidades, salud y nutrición para los pueblos indígenas) y alimentación (desayunos escolares, abasto de leche y tortilla) que observaron una disminución.
Independientemente de la línea para medir la magnitud e intensidad de la pobreza y del debate que se genera al respecto, lo cierto es que la pobreza en cualquiera de sus modalidades afecta a más de la mitad de los mexicanos y que ello por sí mismo es motivo preocupación que reclama la acción coordinada de las instituciones del Estado.
Por ello nos generan preocupación los anuncios de los funcionarios de la SHCP que refieren reducciones al gasto social para el próximo año, ya que si bien es cierto que la superación de la pobreza no depende exclusivamente del gasto público, si requiere de un esfuerzo presupuestal creciente y sostenido para financiar las políticas públicas orientadas a generar condiciones para la integración al desarrollo nacional de los mexicanos excluidos.
En este sentido, nos parece necesario fortalecer los programas para la superación productiva de la pobreza, ya que ahí se encuentra una vía de largo aliento para revertir la desigualdad económica, social y territorial.
También consideramos necesario fortalecer los programas alimentarios y de salud, ya que no se puede priorizar un solo instrumento para combatir la pobreza y dejar fuera a mexicanas y mexicanos que habitan principalmente en las áreas urbanas.
Existe consenso entre los diferentes actores políticos en que la lucha para superar la pobreza debe ser colocada en el centro de las preocupaciones nacionales, que no habrá proyecto nacional con futuro si no se actúa con visión de Estado para revertir las desigualdades sociales que excluyen a millones de mexicanos del desarrollo y los condena a vivir en la marginación, la pobreza y el hambre.
La democracia política y la alternancia deben posibilitar la recuperación de las responsabilidades sociales del Estado como vía para combatir la desigualdad y la exclusión, deben afianzar las bases de una sociedad justa, solidaria, diversa e incluyente, ya que, como señaló el ilustre constituyente Ponciano Arriaga en 1857: "el pueblo no puede ser libre, ni republicano y mucho menos venturoso por más que cien constituciones y millares de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad."
Por ello en este nuevo escenario democrático debemos avanzar en un cambio de estrategias que redimensione el papel del Estado y de la sociedad, que precise las facultades y atribuciones de los distintos órdenes de gobierno para evitar la dispersión de las responsabilidades y compromisos que deberá asumir cada uno frente a los mexicanos.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer e incrementar las asignaciones presupuestales para las funciones de desarrollo social en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2004, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables.
Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer los programas productivos y alimentarios para superar la pobreza en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2004.
Tercero: Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo federal para su conocimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2003.
Diputados: Clara M. Brugada Molina, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Joel Padilla Peña, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Carlos Flores Rico, Quintín Vázquez García, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Cristina Díaz Salazar, Margarita Martínez López (rúbricas).
(Aprobado. Comuníquese. Octubre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y A LA DE LA DEFENSA NACIONAL A QUE APLIQUEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A PESCADORES DEL ESTADO DE GUERRERO QUE CONTAMINAN LOS ECOSISTEMAS MARINOS CON POLVORA Y CIANURO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA AVILA SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En las costas de Guerrero, especialmente en las de Acapulco, la pesca con cianuro y con dinamita es práctica común por parte de pescadores furtivos y criminales en la forma de capturar productos del mar. Este tipo de pesca está prohibido porque destruye el ecosistema submarino, su diversidad y daña los arrecifes y corales.
La pesca con dinamita o con cianuro tiene un efecto negativo en la vida marina en general y es factor de incidencia en el fenómeno denominado marea roja.
Algunos pescadores usan diariamente en las costas de Guerrero artes prohibidas. La pesca con dinamita es la más extendida, ya que, a decir de los mismos pescadores, la dinamita la consiguen hasta en las boticas, incurriendo tanto vendedores como compradores en un delito.
Así se menciona en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que a la letra dice:
Artículo 86.- Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de dos a doscientos días de multa a quienes sin el permiso respectivo:
Las explosiones se oyen todas las noches en la costa, y algunos pescadores afirman que sin ellas la cantidad de pescado capturado ya no es rentable.
Por otro lado, la pesca con cianuro consiste en triturar unas tabletas de cianuro de sodio dentro de un contenedor con agua, se bucea alrededor de una zona determinada que puede ser un arrecife de coral y, al encontrar un cardumen, se le rocía un chorro de la mezcla, que en la mayoría de los casos atonta o mata a los peces y es más fácil su captura con la red.
La pesca con cianuro comenzó en los años 60 para abastecer el comercio internacional de acuarios, pero desde comienzos de los años 80 apareció un comercio mucho mayor abasteciendo pescado fresco de los arrecifes a los restaurantes.
El comercio estimula el uso de cianuro, ya que con hilo y anzuelo se puede estar todo un día para sacar uno o dos peces de buen tamaño, y con cianuro se pueden sacar docenas.
Según pescadores, se han vertido ya algunas toneladas de cianuro en aguas guerrerenses, lo cual podría resultar devastador.
El cianuro mata los pólipos de coral y las algas, convirtiendo a los arrecifes de coral en desiertos marinos.
Se estima que un metro cuadrado de arrecife es destruido por cada pez que se caza utilizando cianuro.
Además, el número de peces obtenidos aumenta masivamente con el uso del cianuro, dando como resultado una sobrepesca crónica.
Los comerciantes y los pescadores acaparan todo y, cuando se acaba, simplemente se mudan a otra parte.
Por todo lo anterior presentamos al Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice una evaluación de los daños al ecosistema en las costas de Acapulco, derivados del uso de explosivos y cianuro para la pesca.
Segundo.- Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales investigue a fondo el caso para que se coordinen acciones con otras dependencias, a fin de sancionar a los responsables de dicho daño.
Tercero.- Que se investigue la procedencia de los explosivos, en virtud de que son sustancias que requieren permiso especial por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para su comercio.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de octubre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, de Seguridad Pública, y de Defensa Nacional. Octubre
30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LAS RELACIONES MEXICO-CUBA Y LA SEGURIDAD EN LA REGION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ALBERTO AGUILAR IÑARRITU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
Los suscritos, diputados integrantes de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que nos confiere la ley y considerando la importancia que tiene para el país la estabilidad política en nuestra región inmediata para la paz y el desarrollo, sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, sobre las relaciones México-Cuba y la seguridad en la región.
1.- Al inicio del mes de octubre del presente año, el Presidente George W. Bush manifestó públicamente la decisión de su administración de endurecer el bloqueo contra la República de Cuba. Asimismo, el día 27 de octubre, en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en la Ciudad de México, el secretario de Estado adjunto, Roger Noriega, refrendó la postura sobre Cuba de la administración Bush, lo cual, sin duda, tensa el clima de paz en nuestra región.
2.- Estos pronunciamientos coinciden con el loable proceso de recomposición de las relaciones bilaterales entre nuestro gobierno y el de Cuba, de cuyos primeros resultados nos congratulamos.
3.- En atención a la tradicional política exterior del Estado mexicano, de respeto a la soberanía de las naciones y de solución negociada y pacífica de los conflictos, expresamos al Ejecutivo nuestra preocupación por la alteración de los equilibrios regionales.
4.- La política de bloqueo contra Cuba, lejos de contribuir al entendimiento entre los países de la región, dificulta las relaciones de respeto mutuo y no coadyuva al avance de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo libertario y con justicia social a que todos los pueblos tenemos derecho.
5.- Consideramos necesario que México vuelva a jugar su tradicional papel de interlocutor respetuoso entre los dos países amigos y sus gobiernos, encaminado a restaurar y fortalecer las bases de una seguridad regional multilateral e integral, que se apoye en la soberanía de los Estados y propicie la cooperación, la paz y el desarrollo.
6.- En este contexto, durante su visita a nuestro país, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos de América, Roger Noriega, acusó a la política exterior de México de sustentarse en "un cinismo manufacturado", que impide al país fijar su misión en el escenario político global y manifestó que, para superar sus problemas actuales, los países del área dependen "sólo del liderazgo estadounidense".
7.- Las buenas relaciones entre vecinos, como entre todas las naciones, se basan en la interlocución respetuosa. Estamos ciertos de que México necesita redefinir su papel en el mundo y, en especial, actualizar y escribir el marco jurídico de su doctrina de seguridad nacional para reforzar su trabajo diplomático en favor de bilateralizar la agenda en la materia con Estados Unidos e impulsar su multilateralización a nivel de las naciones de todas las regiones del mundo.
Teniendo en cuenta los anteriores considerandos, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
1.- Respaldamos las acciones del Ejecutivo federal encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba y rechazamos toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra región inmediata y nuestra integridad soberana.
2.- Rechazamos, por improcedentes, las declaraciones vertidas por el secretario de Estado adjunto, Roger Francisco Noriega, por considerarlas ajenas al espíritu constructivo que debe prevalecer en la relación entre dos vecinos y socios comerciales, cuyos destinos en materia de seguridad, migración y desarrollo económico están estrechamente vinculados.
3.- Solicitamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores un pronunciamiento respecto de ambos puntos antes referidos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2003.
Compañeras y compañeros:
Qué bueno que reconsidere sus recientes declaraciones. Sin embargo, no deja de preocuparnos que apunten a privilegiar soluciones ásperas en la gestión de las diferencias o del uso de la fuerza en el debate de las controversias.
Nos dicen mucho del clima complejo que se está propiciando en nuestra región inmediata. Nosotros, en el Poder Legislativo, somos el foro apropiado para actualizar nuestra doctrina de seguridad nacional y definir su marco jurídico.
Es necesario comenzar ya, porque los acontecimientos se siguen agolpando y se reducen los márgenes para nuestra participación soberana en el debate mundial.
Para contribuir a hacer del siglo XXI una era de justicia, libertad, igualdad y solidaridad para el desarrollo y la paz o para competir con el siglo XX y repetir o hacer mayores los horrores de sus guerras, injusticias y destrucción ambiental.
Si queremos convivir en la diversidad, regidos por el derecho y la cooperación, para tutelar los derechos humanos, la consolidación de la democracia, la equidad y la sustentación de los recursos naturales, entonces es necesario comenzar por restituir el orden multilateral.
Este punto de acuerdo se inscribe en esa consideración y se pronuncia por rechazar toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra región inmediata y nuestra integridad soberana.
Dip. José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Octubre 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE MODIFIQUE EL ACUERDO INTERSECRETARIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE SEPTIEMBRE ULTIMO, RELATIVO A LAS AREAS DE PREVENCION Y EXCLUSION MARITIMA DE LA SONDA DE CAMPECHE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
México cuenta con un vasto potencial pesquero en sus más de 11 mil kilómetros de litoral e importantes cuerpos de aguas interiores, que podrían generar empleos, divisas y alimentos nutritivos y económicos para la población mexicana si éstos fueran aprovechados ordenadamente y de manera sustentable.
Empero, el sector ha permanecido relegado de las prioridades del Estado mexicano. Para robustecer la afirmación, basta observar que del presupuesto total que recibe la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el sector pesquero se ejercen sólo 890 millones de pesos, lo cual representa 2 por ciento del presupuesto total de la dependencia.
Con esa cifra es posible darse una idea de la poca importancia que el sector pesquero tiene para la presente administración.
Otros indicadores muestran el abandono del sector: se estima que en México poco más de 260 mil hombres se dedican a la pesca, quienes logran volúmenes de captura de un poco más de un millón de toneladas, que representan alrededor de 1 por ciento del Producto Interno Bruto, muy abajo de lo que corresponde al potencial pesquero del país.
La situación de la pesca en el país es lamentable, y Campeche no escapa a esta realidad. Los volúmenes de captura pasaron de 51 mil toneladas en 1997 a 44 mil 341 en 2002. La captura de camarón descendió de 6 mil 262 toneladas en 1997 a 4 mil 887 en 2002.
La inversión pública en 2000 fue en el sector pesquero de 8 millones 800 mil pesos; y en 2002, de sólo 2 millones 300 mil pesos. El financiamiento del sector muestra igual desplome: pasó de 17 millones que recibió de Fira-Fopesca en 2001 a poco más de 2.5 millones de pesos en 2002.
El difícil panorama de la pesca en Campeche se agravará más por el acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, suscrito por las Secretarías de Marina; de Comunicaciones y Transportes; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el cual se amplía en gran medida la zona de prevención y de exclusión en la sonda de Campeche, pretextando la seguridad de las instalaciones petroleras.
Con ello, mediante el acuerdo se impide que en una zona de 65 mil kilómetros cuadrados los barcos camaroneros y pesqueros, casi todos de Campeche, realicen actividades de pesca, con el supuesto de impedir la posibilidad de ataques terroristas.
La medida, dictada por dichas dependencias del Ejecutivo federal, afecta directamente a 12 mil familias de pescadores de Campeche, que este año se verán impedidos a pescar frente a sus litorales, sobre todo el camarón, de cuya pesquería la entidad recibe una cantidad importante de ingresos.
En realidad, la implantación de las medidas de seguridad en el área de las zonas de prevención y exclusión en la sonda de Campeche es sólo un argumento para tratar de ocultar la grave contaminación y los daños que ha ocasionado Pemex a la ecología en la sonda de Campeche por la perforación de los 600 pozos petroleros instalados en la zona, pues el lodo usado en su perforación, sumamente contaminante, acabó ya con el pasto marino, sitio de anidación y reproducción del camarón rosado, principal recurso pesquero que se reproduce en la zona.
Mediante el acuerdo secretarial se pretende también ocultar los daños al entorno marino que ocasionan la actividad de las 225 plataformas petroleras en la sonda, que han tomado las aguas campechanas como su basurero industrial, lo cual deberá revisarse a la luz de la nueva Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, recién aprobada en la Cámara de Diputados y publicada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de octubre.
Lo que se busca realmente con la ampliación de la zona de prevención y exclusión marítima es ocultar la contaminación, evitar que los barcos pesqueros, al realizar su actividad de arrastre, enreden sus equipos con restos materiales de las plataformas o que el lodo que usan en la perforación, sumamente contaminante y que Pemex dice que retira cuando concluyen los trabajos de perforación, pero que ya cubre el lecho marino, se impregne en las redes y quede al descubierto el daño ecológico.
En Campeche, Pemex está acabando con la captura del camarón y con la forma de vida de miles de mexicanos, pues de un área de 90 mil kilómetros cuadrados que ocupa la sonda de Campeche, en 65 mil kilómetros cuadrados no pueden realizarse actividades pesqueras.
En la sonda de Campeche, en 38 mil kilómetros cuadrados se ubica la mejor zona de pesca; y esos 38 mil kilómetros quedaron dentro de la zona de prevención y exclusión, con lo que se impide la captura del recurso con el acuerdo que hoy impugnamos, que abarca una superficie mayor que el propio estado.
Al ampliarse la zona de prevención y exclusión, sin que antes se haya consultado al sector pesquero de Campeche o que se hayan analizado medidas compensatorias contra el daño que le ocasionarían, de un plumazo se acaba con la principal pesquería de altamar de la entidad, con sus obvias consecuencias económicas y sociales.
No desconocemos que la medida tiene por objeto proteger la actividad petrolera, lo cual representa una cuestión de seguridad nacional, conforme a la legislación interna y a los acuerdos internacionales signados por nuestro país.
Sin embargo, la forma en que se emitió el acuerdo ocasiona un grave daño a la economía de Campeche y un menoscabo para los sectores sociales que se benefician de la actividad pesquera.
Consideramos una responsabilidad ineludible de la Cámara de Diputados exigir al titular del Poder Ejecutivo federal la reconsideración de los términos en que fue dictada la medida, que afecta directamente el desarrollo social y económico de Campeche y del país en general, y que se verifique la afectación de los recursos naturales de la región de que hablamos.
Por lo expuesto, ante esta soberanía me permito presentar a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que se modifique el acuerdo intersecretarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, mediante el cual las Secretarías de Marina; de Comunicaciones y Transportes; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación amplían las áreas de prevención y exclusión marítima de la sonda de Campeche, reduciendo a los pescadores de Campeche las zonas de captura de camarón y otras especies en el golfo de México, a efecto de que se restablezcan las zonas de prevención y exclusión a la situación en que se encontraba antes de la publicación del acuerdo referido para evitar que se afecte a la población de Campeche, principalmente a la dedicada a la pesca.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Sagarpa a que, en tanto se resuelve el problema que ocasiona a la pesca del camarón la ampliación de las zonas de prevención y exclusión en la sonda de Campeche, implante medidas compensatorias para resarcir daños a los pescadores afectados, mediante el establecimiento de programas de maricultura, acuacultura y obras de infraestructura que permitan elevar la competitividad del sector pesquero de Campeche y den valor agregado a la producción pesquera.
Cámara de Diputados, a 30 de octubre de 2003.
Diputados: Yolanda Valladares Valle, Francisco Javier Obregón Espinoza, Oscar Rodríguez Cabrera, Enrique Escalante Arceo, Guadalupe Fonz Sáenz, Marbella Casanova Calam, Rogelio Franco Castán, Marcelo Herrera Herbert, Sebastián Calderón Centeno, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Alejandro Moreno Cárdenas, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Abraham Bagdadi Estrella, Adrián Chávez Ruiz (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Octubre 30 de 2003.)
A su reunión extraordinaria, que se llevará a cabo el martes 4 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su reunión con motivo de la mesa de trabajo La Corte Penal Internacional, cuya ponente será la licenciada Patricia Olamendi Torres, subsecretaria para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el martes 4 de noviembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION JURISDICCIONAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 4 de noviembre, a las 12 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión plenaria extraordinaria, que se realizará el martes 4 de noviembre, a las 16 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A la conferencia magistral "El genoma humano en el siglo XXI", que se llevará a cabo el martes 4 de noviembre, a las 16 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo nivel).
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, a las 10 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE PESCA
A su reunión de trabajo con el ingeniero Ramón Corral Avila, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, a las 10 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Obregón Espinoza
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la tercera reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Comisión, edificio F, segundo nivel.
Orden del Día
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 5 de noviembre, a las 12 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ENERGIA
A la comparecencia del ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, que se efectuará el miércoles 5 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Francisco Salazar Díez de Sollano
Presidente
DE LA COMISION DE ENERGIA
A la comparecencia del ingeniero Raúl Muñoz Leos, director general de Petróleos Mexicanos, que se realizará el jueves 6 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Francisco Salazar Díez de Sollano
Presidente